El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha negado este miércoles que una Catalunya independiente hubiera gestionado mejor la crisis sanitaria y ha devuelto a JxCat su acusación de hacer sólo política “simbólica” y “sin utilidad real”. Sánchez ha citado como ejemplo el “DNI catalán” que impulsa el expresident Carles Puigdemont, del que ha dicho que “no sirve para ningún trámite, pero eso sí, cuesta 9 euros”. “Eso sí que es una política de utilidad real para su partido político”, ha ironizado Sánchez en respuesta a la diputada Míriam Nogueras.

Según el jefe del Gobierno, la pandemia ha supuesto “un salto cualitativo en la integración de la Unión Europea”, y una de las lecciones que se puede extraer es que los problemas globales necesitan “soluciones globales”. “España es el vector para que Catalunya pueda desplegar todas sus posibilidades”, ha dicho, tras lo que ha añadido que los socialistas “creemos en una España federal en una Europa federal”.

Sánchez ha hecho estas manifestaciones en su turno réplica en respuesta a la intervención de la portavoz de JxCat, Míriam Nogueras, que ha acusado al presidente español de “vender humo” y le ha reclamado, entre otras cosas, que actúe como le pide la patronal Pimec y no permita que accedan a los fondos europeos las grandes empresas que tienen deudas con las pymes.

El presidente del Gobierno también ha respondido al portavoz del PDeCAT, Ferran Bel. Lo ha hecho para reiterar que la intención del Gobierno es levantar el estado de alarma el 9 de mayo “porque entendemos que las comunidades autónomas tienen suficientes instrumentos y garantías para poder hacer frente a la pandemia”.

En todo caso ha afirmado que su Gobierno “no puede poner en manos de las comunidades autónomas una serie de restricciones a las libertades y derechos fundamentales sin ningún tipo de restricción del poder judicial, porque puede suponer un retroceso en la calidad democrática de nuestro país”.

La librería Les Voltes, situada en el pleno centro de Girona, siempre fue uno de los puntos neurálgicos del activismo catalanista e independentista en el final del franquismo. De ese establecimiento, regentado por Feliu Matamala, salieron algunas campañas muy recordadas en defensa de la lengua catalana, como el “en català, si us plau” de los años 70. Fue esa misma librería la que acogió en 1982 una campaña impulsada por el párroco y activista Josep Dalmau para expedir un carné de nacionalidad catalana. “Se trataba de algo testimonial, no se pretendía que fuese oficial ni que sustituyera al DNI”, explica Joan Matamala, actual responsable de la librería. “Era una campaña para mantener [encendida] la llama”, resume el librero, que afirma que todavía los reparten, con el diseño original y están a punto de llegar a los 100.000 documentos distribuidos.

Han pasado cuarenta años desde que mossèn Dalmau tuviera aquella idea, pero los intentos del independentismo catalán por deshacerse del carné de identidad español no han hecho más que multiplicarse. “Estás cansado de la cancioncilla de ¿qué pone en tu DNI? Pues sí, Identidad Digital Republicana”. Con este eslogan se anuncia en webs el nuevo carné que ha presentado estos días el Consell per la República (CxR), la entidad privada controlada por Carles Puigdemont desde Bélgica. Una tarjeta que la entidad da a sus socios (previo pago de 6 euros o 12 en formato físico) y que otorga a cada portador un número de ID y un código QR, que permite identificarse ante el propio Consell per la República y, también, ante las empresas o entidades privadas que se adhieran a la iniciativa.

Aunque sus impulsores visten el carné con una pátina institucional, lo cierto es que no permite hacer trámites con la administración. Su utilidad es, según la nota de prensa del CxR, además de poder participar en los espacios de deliberación de la entidad, “crear comunidad, cohesión y conciencia de colectividad”. Un “espacio de soberanía y de empoderamiento ciudadano”, indican, “fuera del control del Estado español”.

El CxR sugiere una pseudo oficialidad que no acaban de concretar. El coordinador del Consell, el eurodiputado Toni Comín, ha apuntado en sus intervenciones ante los medios que, aunque tiene una limitada función acreditativa, su principal valor es “político”. “Sirve para identificarse ante las organizaciones, empresas, medios de comunicación o entidades de la sociedad civil que quieran reconocerlo como documento de identificación, como documento digamos oficial, en sustitución del DNI español”, explicaba Comín en TV3. “Pero yo creo que lo más importante es el valor político, porque esto es como si la papeleta del 1 de octubre se hubiera transfigurado en forma de carnet, porque al final ser miembro del Consell es mantener vivo ese voto”, añadía.

El DNI.cat y la explosión del carné 'souvenir'

Ni la que el mossèn Dalmau lanzó en la librería Les Voltes de Girona hace cuatro décadas ni la más reciente del Consell per la República de Puigdemont han sido las únicas intentonas independentistas por conseguir un documento de identidad solo catalán. Tras Dalmau, fue el Partit per la Independència, una escisión de ERC liderada por Àngel Colom y Pilar Rahola, el que en 1998 rescató la iniciativa y repartió documentos acreditativos de la “nacionalidad catalana”. Diferentes grupúsculos independentistas editaron también en aquella época sus propios carnets que, aunque únicamente acreditaban la membresía de dichas organizaciones, tenían la estética de un documento de identidad catalán.

En el año 2004, finalmente, se lanzó una de las iniciativas más conocidas y que tuvieron más eco: la Asociación DNI.cat. Impulsada por el informático de Terrassa Salva Puig, esta tarjeta se reivindicaba como “documento nacional de identidad de los Países Catalanes” y como una actualización del clásico carné de Dalmau. “Aprovechando los recursos que actualmente nos proporciona la tecnología, ponemos a su disposición DNI.cat, desde donde podrá conseguir un nuevo formato, más moderno y de dimensión estandarizada (8,24 cm. X 5,4 cm.)”, afirmaban desde la organización. Con todo, DNI.cat ya reconocía de entrada que se trataba de un documento sin validez legal y pensando para hacer activismo, pues afirmaba que la tarjeta serviría “en un futuro, siempre dependiendo del número de usuarios, para pedir su legalidad”.

Con todo, había una importante diferencia entre el carné de Dalmau y el de Puig. Mientras que el primero había rechazado elaborar un registro de las personas que recogían su carné, porque entendía que eso hubiera sido tanto como tener una lista de militantes independentistas o catalanistas, DNI.cat sí afirmaba tener previsto elaborar “un registro de los datos introducidos para futuras renovaciones y / o rectificación de los datos, que pasarán a formar parte de un archivo completamente confidencial”. En el año 2013, en declaraciones a Nació Digital, el responsable negaba cualquier problema de privacidad. “Solo yo tengo acceso”, indicaba, “por lo que decidimos no imprimirlos en una rotativa sino hacerlo con nuestra impresora aunque ello supusiera gastarse más de 4.000 euros para que tuviera suficiente calidad”.

Según su creador, el DNI.cat había conseguido 'colar' en algunos trámites no oficiales, como reservas de hoteles o tramites menores en el extranjero. Sin embargo, lo que sí consiguió aquella tarjeta fue iniciar un boom de documentos 'souvenir'. A finales de la década y en los primeros compases del procés, diferentes empresas vendían fundas de DNI y de pasaportes con simbología catalana, junto con el 'merchandising' más clásico que incluía fundas para el móvil, prendas de ropa, etc. Aún hoy puede encontrarse a la venta una de las fundas de pasaporte que hicieron fortuna en aquella época.

Una identidad digital de la Generalitat

Una década y media después de aquello, mucho han cambiado las cosas, tanto en Catalunya como en la esfera tecnológica. La relación con administraciones, empresas y entidades a través de la red son hoy algo común y para ello han surgido diversas formas para acreditar la identidad. La más habitual es el registro como usuario, mediante un nombre y una dirección de correo, que sirve como validación. Pero hay trámites que requieren mayores niveles de seguridad y, por tanto, identidades digitales más robustas. Para esto, la Generalitat dispone desde el año 2003 de una firma electrónica que expide a través del consorcio Administració Oberta de Catalunya (AOC), que permite hacer todo tipo de trámites con la administración catalana, ayuntamientos y, de forma más reciente, también con muchos organismos del Estado.

Sin ir más lejos, con uno de los certificados de la AOC se puede presentar la declaración de la renta ante la Agencia Tributaria, exactamente igual que con el eDNI o con la Firma Electrónica Fábrica de Moneda y Timbre, los dos certificados digitales más comunes utilizados por la administración central.

Sin embargo, en el año 2019, la Generalitat trató de dar un paso más y presentó el proyecto IdentiCAT, un nuevo modelo de identidad digital que va mucho más allá del certificado y que estaba planteado como un verdadero DNI electrónico. Lo revolucionario del proyecto, según lo presentó el departamento de Polítiques Digitals, era que gracias a la tecnología blockchain los usuarios eran los únicos dueños de sus datos y por tanto podían usarlos sin estar depositados ante la administración, que simplemente se encargaba de validar el modelo. La Generalitat hablaba de una “identidad digital autosoberana”, con la cual los ciudadanos catalanes se podrían identificar ante cualquier organismo, hacer transacciones electrónicas y, llegado el caso, votar.

Pero el Gobierno central apagó pronto las expectativas de la Generalitat de hacer el “DNI catalán”, mediante un decreto con el que anunciaron que ponían “punto final” a la “república digital catalana”. La nueva regulación prohíbe el uso de tecnologías de registro distribuido para sistemas de identificación, por lo que deja en punto muerto la plataforma presentada por la Generalitat, que utilizaba blockchain. Junto a esto, el Gobierno obligaba a que cualquier base de datos con censos ciudadanos estuviesen situadas dentro de las fronteras de España, al tiempo que se facultaba para tomar el control de la infraestructura de Internet sin autorización judicial, en caso de necesitarlo.

Las identidades digitales, cada vez más descentralizadas

El DNI español nació como proyecto mediante un decreto de 1946, después de más de un siglo en el que los ciudadanos utilizaban para identificarse cédulas de seguridad o “pasaportes interiores” que expedían las policías, diputaciones provinciales o diversas instituciones. De hecho, hasta 1962 no fue obligatorio tener un documento nacional de identidad, que fue expedido por primera vez el 20 de Marzo de 1951 en Valencia. En la actualidad, las firmas digitales y el DNI electrónico permiten hacer casi cualquier trámite desde una computadora, validando nuestra seguridad de forma telemática. Sin embargo, el concepto ha cambiado poco desde aquellos primeros documentos del XIX que se utilizaban como salvoconductos para circular por el territorio.

La diferencia entre un billete de 20 euros y un vale de 20 euros en un comercio es que el primero está respaldado por uno o varios estados, mientras que el segundo tiene tanta credibilidad como se le quiera dar a su emisor y portador. Esta simplificación sirve para entender la diferencia entre un DNI y el carnet de un club privado. El primero es unánimemente aceptado y tiene validez universal, mientras el segundo solo vale entre quienes lo reconocen. Lo mismo ocurre con las firmas digitales. Las hay centralizadas, como el eDNI, pero cada vez más instituciones aceptan otras, siempre que las consideren seguras y confíen en su gestión, como puede ser el IDCat del consorcio AOC, dependiente de la Generalitat.

La nueva tendencia hacia la descentralización de las identificaciones digitales ha vivido una revolución gracias a la tecnología blockchain, que permite fragmentar la información para hacerla inaccesible a terceros y da el control total al usuario. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se refirió al proyecto de una nueva identidad digital europea el pasado mes de septiembre, cuando presentó sus planes para la transición tecnológica del continente. Un pequeño paso que podría ser clave para impulsar la digitalización de la administración y la economía y que superaría tanto los certificados digitales nacionales como aquellos emitidos por organizaciones privadas.

El Archivo Provincial de Álava, en Vitoria, acoge desde este miércoles y hasta el próximo 15 de noviembre la exposición 'El DNI y los españoles: 75 años de historia común (1944-2019)' una muestra que recorre la evolución y las curiosidades de los 75 años que lleva expidiéndose este documento de identificación. La muestras, organizada por Dirección de la Policía, con la colaboración de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), y que está apoyada por la Delegación del Gobierno en Euskadi y la Diputación de Álava, a través de su Departamento de Cultura y Deporte, da respuesta a cuestiones como a quién se le expidió el primer documento de identidad o si es posible recibir un número de DNI que perteneció a un fallecido.

En la presentación de la exposición ha participado el delegado del Gobierno en Euskadi, Denis Itxaso, el Jefe Superior de la Policía en el País Vasco, José Moisés Pérez Cornejo, la Diputada Foral de Cultura, Ana del Val, y María Dolores Herrero, comisaria de la exposición. Itxaso ha explicado, según informa Europa Press, que esta muestra “recorre la evolución y las curiosidades de los 75 años que lleva expidiéndose el documento que identifica a los españoles y ayuda a desmontar algunas leyendas urbanas”. “Es evidente que la identidad de uno no se refleja en un documento, no cabe en una tarjeta. La identidad es algo muy complejo y compuesto, que muta en el tiempo y que refleja nuestros anhelos, nuestros miedos y aspiraciones. Eso forma parte de la esfera emocional de la vida, a todo aquello a lo que pertenecemos”, ha destacado Itxaso.

No obstante, ha señalado que el DNI “representa nuestros derechos de ciudadanía, un documento que es igual para todos, como iguales somos ante la Ley e iguales deben ser nuestras oportunidades de acceso a los servicios públicos del Estado del Bienestar”. “El DNI nos permite acceder a derechos. Con él en la cartera sabemos que el Estado cuenta con nosotros, nos ha contado y estamos registrados”, ha insistido. La diputada foral Ana del Val, por su parte, ha destacado que esta exposición “forma un viaje por la pequeña historia de cada uno y la de todas y todos en conjunto”. “No se nos ocurría mejor espacio que el Archivo Provincial, que contiene las grandes historias individuales y colectivas del territorio, para poder ser expuesto para toda la ciudadanía. Una nueva muestra, por cierto, de colaboración entre instituciones de la que sólo cabe congratularnos”, ha señalado del Val.

Historia compartida

Los organizadores de la muestra han destacado que la exposición presenta una historia compartida por este documento de identidad y los españoles con sus respectivas dinámicas de cambio. “El protagonista es un documento vivo, superviviente como los españoles a una época un tanto oscura, en tránsito desde el franquismo a la España de Felipe VI” señalan. 'El DNI y los españoles: 75 años de historia común (1944-2019)' hace un recorrido desde su creación en 1944 hasta la actualidad pasando por los precedentes históricos del documento, la guerra, postguerra, dictadura, transición y democracia, mostrando incluso su futuro próximo.

La muestra se configura en torno a cinco espacios que cuentan con material recopilado por la propia Policía Nacional, pero también por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT). Desde 1985 Policía y FNMT, en su producción, potenciaron seguridad y servicio y en el año 2006, la FNMT-Real Casa de la Moneda lanzó la versión 1.0 del DNI electrónico. Su evolución condujo a la actual versión 3.0 en 2015, y fue premiado como el mejor documento de seguridad de Europa un año después. El DNI es, además, “la llave para el acceso a multitud de servicios de la era digital”, e identifica al ciudadano de modo seguro en la red, gracias al desarrollo de Apps. La colaboración entre la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y el Cuerpo Nacional de Policía “se proyecta hacia el futuro” con proyectos como el DNI Exprés y el DNI electrónico 4.0.

La Policía Nacional reinicia este miércoles de forma gradual y progresiva el servicio de cita previa para obtención o renovación de DNI o pasaporte a través de la página oficial www.citapreviadnie.es, para todos aquellos territorios que se encuentren en la Fase II del Plan de transición hacia la nueva normalidad.

A medida que el resto de territorios vayan entrando en dicha Fase, se irán incorporando paulatinamente al sistema de cita previa para la obtención o renovación de sus documentos de identidad.

Se recuerda que todos los ciudadanos deben acudir a su cita puntualmente, provistos de mascarilla, con el importe exacto en metálico de la tasa (12 euros DNI y 30 euros pasaporte) y de forma individual, salvo para expediciones a menores o personas que necesiten acompañamiento.

Además, se recuerda que la validez de todos los Documentos Nacionales de Identidad que hayan caducado desde la entrada en vigor del estado de alarma el pasado sábado 14 de marzo se prorrogará durante un año, hasta el día 13 de marzo de 2021.

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias abre la sede electrónica a quien carezca de certificado electrónico en el caso de procedimientos básicos mediante el sistema Cl@ve Pin, para cuya tramitación bastará tan solo con introducir el número del DNI y su fecha de caducidad.

Con esa información se enviará una clave al móvil, lo que permitirá el acceso a fin de presentar solicitudes de procedimientos sencillos que no requieran grandes medidas de seguridad. También permite llevar a cabo gestiones que requieran mayor seguridad, tales como ver el estado de un procedimiento, recibir notificaciones o resoluciones, o acceder a trámites más sensibles. En estos casos, el sistema añade también usuario y contraseña, indica la Consejería.

Para darse de alta en el sistema Cl@ve Pin hay que introducir el número y otros datos del DNI desde la página web de la sede electrónica del Gobierno de Canarias, contactada con la web de la Agencia Tributaria, tras lo que se recibirá una carta con la clave en su casa. Si además se quiere activarlo en nivel medio de seguridad, se deberá confirmar el registro en una oficina.

El sistema se ofrece en el marco de la coordinación electrónica de medios de autenticación con otras administraciones como la Agencia Tributaria o la Seguridad Social.

Cerca de 400 procedimientos ya disponibles

Hasta la fecha se han dado de alta en este mecanismo de autenticación 364 procedimientos. Entre otros, se incluyen el reconocimiento y la renovación de la Prestación Canaria de Inserción, la presentación de Solicitud y Méritos de listas supletorias del Servicio Canario de la Salud o la admisión de alumnado en centros docentes públicos y privados concertados en Educación Secundaria Obligatoria.

El despliegue de estos mecanismos ha tenido lugar con el impulso de las direcciones generales de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías y de Modernización y Calidad de los Servicios en escasas semanas.

Esta iniciativa se suma a otras medidas tecnológicas de soporte a los servicios del Gobierno de Canarias como el despliegue de más de 12.000 redes privadas virtuales para que los empleados y empleadas públicas trabajen de forma no presencial, la ampliación de los canales de comunicación telefónica, o la ampliación de las salas de conferencia online.

Asimismo, el Ejecutivo autonómico ha puesto en marcha otras medidas tecnológicas adoptadas para el seguimiento de la COVID-19, tales como el despliegue de visualizadores de casos casi en tiempo real, el desarrollo de sistemas de información sanitarios y de otros recursos actualizados, o una 'app' de triaje junto con el Estado.

Estas actuaciones reflejan el compromiso del Gobierno de Canarias con el mantenimiento y normal desarrollo de los servicios públicos en situación del estado de alarma, tal y como se adoptó en el Acuerdo de Gobierno del 15 de marzo de 2020.

El Consejo de Ministros ha acordado este martes prorrogar durante un año la validez de los Documentos Nacionales de Identidad (DNI) que caduquen desde la entrada en vigor del estado de alarma el pasado sábado 14 de marzo.

Esta medida viene recogida en el Real Decreto-Ley de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, aprobado este martes en Consejo de Ministros.

“Queda prorrogada por un año, hasta el día trece de marzo de dos mil veintiuno, la validez del documento nacional de identidad de las personas mayores de edad titulares de un documento que caduque desde la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19”, señala el texto legal.

También se indica que “la prórroga de la validez del documento nacional de identidad permitirá que puedan renovarse, conforme al procedimiento actual, los certificados reconocidos incorporados al mismo por igual periodo”.

El pasado 14 de marzo, la Dirección General de la Policía informó de que se había suspendido la expedición de documentos y la cita previa salvo por motivos de urgencia debidamente justificados.

Igualmente, quedan anuladas las citas previas ya concertadas hasta el momento. En las oficinas de documentación solo se atenderá la expedición de documentos por motivos de urgencia debidamente justificados. Una vez que se restablezca la normalidad, todos los ciudadanos afectados deberán concertar de nuevo una cita previa.

“Es un mentiroso compulsivo”. En estos términos define el comisario principal José Luis Sebastián Montesinos, ya jubilado, al funcionario de la oficina de expedición del DNI en la Supercomisaría de Las Palmas de Gran Canaria que ha denunciado públicamente retrasos y mal funcionamiento en ese servicio. “Su productividad estaba por debajo de la media”, recuerda quien por entonces ejercía de secretario general de la Jefatura Superior de Policía de Canarias y por lo tanto responsable del funcionamiento administrativo del cuerpo. “Si la media de un trabajador en ese servicio era expedir 23 carnés de identidad al día, él sólo expedía 18”, asevera Montesinos.

“Venía a trabajar en pantalón corto y cholas, y se le reprendió porque en un servicio de atención al público un funcionario no puede presentarse de esa guisa. Como no le gustó la reprimenda, al día siguiente vino en falda”, recuerda el comisario principal.

A Javier Cruz, ahora liberado sindical, se le abrió expediente por desobediencia a su jefa, como él mismo reconoce, “y esta ha sido su respuesta”.

Montesinos niega que la oficina de expedición del DNI de la Supercomisaría sufra retrasos y colas. “Es la única de España que atiende los sábados, y si en agosto no se abría por la tarde no era por falta de presupuesto para pagar horas extraordinarias, sino porque, en el ejercicio de su libertad, los funcionarios decidieron que ese mes no cubrirían ese turno de tarde. Empezando por él”, sostiene quien fuera secretario general desde 2016 a 2019.

“Este señor es un mentiroso compulsivo”, afirma cabreado el comisario. “¿A qué viene sacar ahora el certificado que se expidió de broma en una comida de navidad de hace dos años?” Se refiere Montesinos al que ha enseñado el funcionario a los medios informativos en el que se puede leer “Mi puto sindicalista” en un certificado de broma firmado por la que era su jefa directa en el servicio, la que acabó expedientándolo.

Un funcionario que ha desempeñado durante diez años su labor en el equipo de expedición de DNI en la Jefatura Superior de Policía de Canarias, ubicada en la comisaría provincial de Las Palmas, asegura que la Dirección General de la Policía le ha abierto un expediente disciplinario después de protestar contra las colas y los tiempos de espera que se dan en verano.

Javier Cruz, también delegado de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Las Palmas, denunció públicamente que en julio y agosto los usuarios en Gran Canaria que quisieran renovar el DNI obtenían su cita para septiembre, dada la imposibilidad de los funcionarios de realizar horas extra para paliar el déficit de personal.

En el expediente disciplinario, en el que constan cinco escritos, se le acusa de desobedecer órdenes de superiores, de abandonar su puesto de trabajo, de mostrar “falta de respeto a los compañeros”, incitar “a los ciudadanos a poner quejas relativas al servicio”, realizar “exceso de gestiones particulares durante la jornada de trabajo” o no comunicar “las liberaciones sindicales”, lo que provoca “bajo rendimiento en su productividad”.

Sin embargo, Cruz sostiene que los problemas comenzaron a finales de 2017, tras un presunto caso de acoso laboral que tuvo lugar en Canarias, pero que finalmente no se tradujo en condena. Tanto él como la delegada sindical de la comisaría provincial de Santa Cruz de Tenerife presentaron quejas recriminando la tardanza de la administración en la elaboración del informe correspondiente o pidiendo evitar la cercanía física de ambos en el lugar de trabajo.

Después de esta situación, la delegada sindical de Santa Cruz de Tenerife, quien trabajaba expidiendo DNI en la comisaría provincial de Santa Cruz de Tenerife, pidió en 2018 la prolongación del servicio activo pero, durante ese proceso, se le abrió un expediente disciplinario por desobedecer órdenes y se le denegó su petición, por lo que se vio obligada a jubilarse forzosamente. Sin embargo, recurrió ante el contencioso-administrativo, que estimó sus demandas un año después y le restituyeron en su puesto en otra comisaría junto con todo el sueldo que no había percibido en ese tiempo.

El delegado sindical en Las Palmas recuerda que el conflicto con sus superiores comenzó cuando le apercibieron, el 18 de julio de 2018, por ir al trabajo en pantalón corto y sandalias, algo que, asegura, hacía en cada periodo estival. Además, le advirtieron de que si persistía en esa vestimenta, se daría conocimiento al departamento de expedientes disciplinarios. Ante esto, Cruz decidió interponer un recurso de alzada, que le fue denegado por la administración alegando que aún no se había producido apertura de expediente, y acudió al contencioso-administrativo.

El juzgado, sin entrar al fondo del asunto, exigió en marzo a la Jefatura Superior de Policía de Canarias que conteste al recurso de alzada, respuesta que aún no se ha producido, según el delegado sindical de CSIF.

Durante el verano de 2018, Cruz también denunció públicamente a través del sindicato las colas que se estaban produciendo para la expedición del DNI en Gran Canaria. El funcionario recuerda que reclamó a sus superiores la posibilidad de pedir a Madrid hacer horas extra para mitigar las esperas, puesto que en una mesa de trabajo que tuvo lugar en la capital española le comunicaron que estas “se dan si se piden”, pero cuando lo trasladó a sus superiores, asegura que no atendieron sus demandas.

Tras regresar de sus vacaciones en noviembre, sus superiores le comunicaron que ya no iba a continuar prestando servicios en el equipo de expedición de DNI y le reubicaron en archivos alegando “necesidades del servicio”, según explica. Lo acató y en febrero recibió la noticia de que le habían abierto un expediente disciplinario por unos hechos acaecidos el 7 de noviembre, antes de irse de vacaciones.

En el documento se recogen, entre otros, un escrito de su jefa de equipo de DNI, quien le achacaba una “actitud nada profesional” y una forma de dirigirse a ella “que rozaba la mala educación”. Los hechos que traslada surgen a raíz de un fallo informático que impidió seguir expidiendo documentos. Según esta versión, la jefa le pidió a Cruz que se encargara de mostrador, que informara de esta situación a los afectados y que no se les podía atender, pero cometió “una falta grave” al hacer “como si con él no fuera el asunto” para, a continuación, desobedecer la orden y abandonar su puesto de trabajo, obligando a otro jefe de sección de DNI a atender a los ciudadanos.

Ante esta tesitura, Cruz considera que estas denuncias en realidad son una obstrucción a sus labores sindicales y recuerda que en noviembre de 2017 la misma jefa de equipo le regaló “un certificado de equipo” con un texto que rezaba: “A mi puto sindicalista”. Según el funcionario, resulta incomprensible que “si no era malo ese día, como es posible que el 8 de noviembre de 2018 (día en el que la jefa redactó la denuncia) fuera lo peor y faltase a mis obligaciones”.

La Jefatura Superior de Policía de Canarias no ha contestado a las preguntas formuladas por Canarias Ahora.

Dos de las diez oficinas de expedición del Documento Nacional de Identidad (DNI) con peor producción en España están en Canarias: una, en San Sebastián de La Gomera y otra, en Tuineje (Fuerteventura), según datos del anuario estadístico del Ministerio del Interior. En concreto, la oficina de La Gomera produjo 2.341 DNI, ubicándose en la tercera por la cola, y Tuineje, 3.826, siendo la novena peor.

La oficina de La Gomera, que se abrió en 2017, es un punto de expedición fijo, al que funcionarios de DNI móvil de Santa Cruz de Tenerife se desplazan dos días a la semana y hacen turnos de diez horas y media, de manera que los residentes en la Isla no se vean obligados a trasladarse a Tenerife o La Palma para realizar el trámite.

En Fuerteventura ya existía una oficina para expedir DNI, pasaporte y tarjetas de extranjería en Puerto del Rosario, con cinco funcionarios. Pero en diciembre de 2017 abrió otra en Tuineje, en la que se invirtió más de 70.000 euros, el Ayuntamiento del municipio cedió un local (la Casa de la Cultura de Gran Tarajal) y se destinaron tres trabajadores fijos del Cuerpo Nacional de Policía, de lunes a viernes con turnos de cinco horas y media, en lugar de funcionarios de los cuerpos generales, cuyo sueldo es inferior.

A la inauguración de la oficina de Tuineje acudieron la por entonces delegada del Gobierno en Canarias, Mercedes Roldós, quien reconocía que el Ministerio del Interior había hecho un “esfuerzo importante en la dotación de equipamiento, que es caro”; el que fue alcalde del Ayuntamiento de Tuineje, Salvador Delgado, de Coalición Canaria e inhabilitado por prevaricación urbanística, que la catalogaba como “una reivindicación de la población del sur de la Isla” y el jefe superior de Policía en el Archipiélago, José María Moreno, asegurando que prestaría “un magnífico servicio” y descargaría a la ya existente en Puerto del Rosario.

Según la memoria del análisis del impacto normativo del proyecto, se cifraba en 50.000 personas los potenciales usuarios a los que se destinaría este servicio. Sin embargo, sumando el número de residentes entre Tuineje y Pájara, alcanza los 25.614 habitantes (el 31% de la población total de Fuerteventura) y, añadiendo a la población extranjera, son 33.068 personas.

Además, la oficina de Tuineje está entres las diez peores del anuario estadístico de Interior porque ha producido por debajo de los 5.000 DNI y 1.500 pasaportes en 2018, si bien la mayoría de las otras oficinas que están a la cola son fronterizas, es decir, abarcan más funciones además de la expedición de documentación. Si bien, para ser realmente rentable, una oficina debe producir 10.000 DNI al año.

Unos meses después de su apertura, Moreno declaró que en la oficina de Tuineje se expedían una media de 30 DNI diarios y el comisario del Cuerpo Nacional de Policía en Puerto del Rosario, Francisco Tarifa, después de haberse jubilado, la catalogó en una entrevista de “rotundo éxito”. Sin embargo, desde su apertura, el 4 de diciembre, hasta final de 2017, se tramitaron 183 DNI y 36 pasaportes en 17 días trabajados, es decir, una medida de 10 documentos y dos pasaportes al día. Además, en todo 2018, la media es de 15 DNI diarios.

Aunque la expedición de DNI y pasaportes ha aumentado desde que se abrió la oficina de Tuineje en Fuerteventura, esta ha supuesto un incremento levemente superior al 10%, sumando conjuntamente unos 16.851 DNI y 4.919 pasaportes producidos en 2018 entre las dos oficinas de Fuerteventura.

Según fuentes policiales, con la oficina de Puerto del Rosario era suficiente para atender los trámites de expedición del DNI población de la Isla y, para las personas que no pudiesen desplazarse para realizar los trámites, bastaría con unidades móviles.

En los próximos meses, está previsto que abra otra oficina de expedición de DNI en Valverde (El Hierro) solamente los martes durante cinco horas, según la Policía Nacional.

José María ya existe. José María ya es alguien en esta sociedad que, quizá sin saberlo, le ha dado la espalda durante sus 43 años de vida. José María acaba de obtener su Documento Nacional de Identidad (DNI), un trámite accesible y cómodo para muchos pero que a él le ha costado media vida simplemente porque nadie lo había intentado lo suficiente. La otra media vida la empieza ahora, documento en mano con el que poder, sin ir más lejos, gestionar que algún organismo valore oficialmente qué grado de discapacidad tiene y, con ello, poder acceder a una pensión no contributiva de invalidez. De momento, es ahora, con 43 años, aunque siga preso, cuando puede empezar una nueva vida de acuerdo a su situación real.

“Quiero verla y quiero hablarle de su hijo”. A un lado del teléfono, el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu. A otro, desde Valencia, Josefina, la madre de José María, al que daba por muerto desde hacía muchos años. Ni para ella existía. La emoción de aquella mujer al saber, a través de una persona desconocida para ella pero que mucho ha tenido que ver con la 'resurrección' de su hijo, que tal reencuentro podría producirse tantos años después, sin pedirlo, la describe con detalle el propio Defensor a este periódico.

Y lo hace apenas unos días después de visitarle en la cárcel de Morón de la Frontera (Sevilla II), donde José María cumple condena, una de las muchas que le ha impuesto el sistema judicial y que le ha hecho cumplir el sistema penitenciario, el único que desde los 16 años conoce José María y que todavía le retiene pese a que la Justicia ya ha reconocido que quizás la prisión no es el lugar adecuado para una persona como él, con sordera prelocutiva, que no sabe hablar, no puede oír, no conoce el lenguaje de signos, ni sabe leer o escribir.

En su flamante DNI pone que nació el 9 de septiembre de 1975 pero, según el Defensor, su madre recuerda bien, por los crespones negros que inundaron las calles, que José María, uno de sus 16 hijos, nació justo el día en que murió el dictador, el 20 de noviembre de 1975, un par de meses después de lo que dice el Libro de Familia. Ese documento, vital en esta persecución de los orígenes de José María, pudo conseguirlo una trabajadora social de la prisión de Morón cuyo empeño, el mismo que el del propio Maeztu, le hizo tirar del hilo de un posible hermano en Utrera, también preso.

Un culpable sin derecho a protesta

Una nota manuscrita, con una dirección bastante ilegible y numerosas faltas de ortografía, situó a la posible progenitora a cientos de kilómetros de la chabola de Palmete, en Sevilla, donde José María pasó los años 90 mientras salía y entraba de la cárcel, siempre por pequeños delitos (hurtos, principalmente) y en más de una ocasión por servir de “chivo expiatorio” de las malas andanzas de sus hermanos y la imposibilidad de que “el mudito”, como le llamaban, pudiera delatar al culpable ni decir ni palabra de que realmente él no había hecho nada, que él pasaba por allí. Su expediente penitenciario y sus múltiples DNI, todos falsos, iban haciendo el resto. José María proviene de una familia totalmente desestructurada y un sistema que no supo o no pudo saber más allá de contar con un culpable sin derecho a la protesta.

Con todo, la pista valenciana era la correcta. Dos matrimonios, un padre que no reconoció al hijo y un traslado desde Sevilla hasta el levante español provocaron que su madre perdiera contacto con José María, que se quedó con su padre en el sur. La familia procedía de Málaga, pero su futuro empezaba a escribirse en la ciudad del Turia, donde vive la madre de José María y donde sobrevive con la venta ambulante. Y allí se plantó Jesús Maeztu, que aprovechó unas jornadas de defensores del pueblo en Alicante el pasado mes de octubre para visitar a Josefina.

Un hotel cualquiera de Valencia. Finales de octubre. Congoja al principio, un chal como detalle de confianza y una “confesión” después. En medio, tres horas de conversación, el relato de toda una vida y la emoción de saber que aquel hijo aún vivía. Josefina, de 75 años como Maeztu, encontró, eso sí, una primera forma bien mundana de acercarse a su hijo, propia de una madre cualquiera: le dio 50 euros para que “por favor” el Defensor se los hiciera llegar a su hijo. Así consta, como ingreso, en el extracto de cuentas de peculio del pasado día 26 de julio, cuando Maeztu visitó en la cárcel por segunda vez a José María: “Ingreso familiar (madre). Defensor Pueblo”.

Según el relato del Defensor, y de algunos abogados que han seguido su particular historia, a José María le tocó vivir desde siempre un aislamiento y un rechazo total de su entorno más directo que, pese a todo, no tendría por qué corresponderse con el cariño y la “ilusión” con que ha recibido su DNI y ha agradecido, a su manera, noticias de su madre o de una hermana con síndrome de down, nueve años menor que él, a la que recientemente ha podido ver en fotografía. “No se la separaba del corazón”, recuerda Maeztu, quien alaba su ternura frente a las “cargas negativas” que podría haber ido acumulando mientras el sistema (“y algunos errores”, como reconocía una de sus múltiples abogadas de oficio) solo le hacía, valga la redundancia, acumular condenas.

Ninguna visita en la cárcel

Aquellas huellas de su pasado no predominan en su carácter. Parece como si no le hubieran afectado, apunta Maeztu, quien cuenta con no pocas “historias de barrio” a sus espaldas desde el año 69, como reconoce. “José María no existía para la sociedad, ni para su familia, ni para el Estado”, señala el Defensor. Primero unos voluntarios de un parroquia de Amate y luego Cáritas Diocesana de Sevilla fueron los que dieron los primeros pasos para que José María fuera alguien aunque casi nadie le había advertido. Ni siquiera en la cárcel, donde nunca nadie le visitó, más allá de algún abogado voluntarioso y del propio Maeztu, quien aprovechó su visita a Sevilla II para tratar con la subdirección médica algunas cuestiones sanitarias como los traslados a las consultas, la atención a presos con enfermedad mental, el funcionamiento del Servicio de Orientación Jurídico-Penitenciaria o la actuación abierta sobre el ejercicio del derecho al voto en las prisiones.

El caso es que José María ya tiene formalmente nombre, el mismo por cierto que el de algunos hermanos suyos, según le confesó su madre al Defensor en aquella larga conversación (“como eran tantos...”, decía). Pero sobre todo tiene DNI, con el que “se le abre la puerta” de muchas posibilidades y de obtención de ayudas, como dice Maeztu, que se congratula de que la 'pata' administrativa de esta particular historia haya tenido un final feliz.

José María cuenta con DNI desde el 5 de julio, pero Maeztu recuerda su “alegría” al leer la carta de la Delegación del Gobierno de un par de días antes, cuando a la Defensoría se le comunicó que las múltiples gestiones habían tenido efecto y que la fase de expedición del documento llegaba a su fin. De la exclusión total a la existencia, al final de una etapa de vacío.

Nunca nadie se preocupó de él y ahora puede convertirse en acicate para que, como es intención de la Defensoría, el lenguaje de signos pueda llegar verdaderamente a más personas en el “agujero negro” que es la prisión para ese colectivo. Todo depende, como en esta historia y como en muchas otras, de la voluntad de unos pocos que quieran avanzar en el camino. “Él no ha tenido Justicia”, resume el Defensor, que apuesta por “recuperar su dignidad” y por que la 'pata' judicial que ha acompañado a José María durante su primera media vida pueda también solventarse en un lugar más apropiado a sus características.

A causa de su sordera prelocutiva no sabe hablar, no puede oír, no conoce el lenguaje de signos, ni sabe leer o escribir, pero el sistema judicial y penitenciario sigue siendo el único que le sigue pidiendo cuentas a José María, una persona sin filiación conocida hasta ahora y cuya particular historia hizo pública eldiario.es Andalucía hace aproximadamente un año. Y cuando una luz en forma de informe médico forense recoge oficialmente sus “anomalías importantes tanto sensoriales como psíquicas”, su “deterioro cognitivo apreciable en los últimos años” (la mayoría, en prisión) o sus “muy importantes problemas de comunicación”, son los propios entresijos de ese sistema, a veces inexplicables, los que no le dejan escapar de él para poder recibir una atención de acuerdo a su discapacidad y a su indiscutible situación de exclusión social, aumentada al estar inmerso desde 1991 en el “agujero negro” de las personas sordas en prisión. José María sigue en la cárcel, según ha podido saber este periódico, pese a que un reciente auto ha suspendido una de las penas de prisión que se le impuso y pese a que el sistema reconoce el peligro que corre “si no se le tutela adecuadamente”.

La cuestión es que la Audiencia de Sevilla ha estimado este mes de abril un recurso de apelación interpuesto por Lorena Lozano, su abogada de oficio en una de las causas que José María tiene abiertas, todas ellas por delitos contra la propiedad. El tribunal ha acordado la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad a la que fue condenado por un juzgado tomando como referencia un informe médico forense, emitido meses antes, donde se deja clara constancia de sus limitaciones físicas y cognitivas y donde se advierte de que el contexto penitenciario no es el más adecuado para una persona de sus características.

La exploración psicopatológica a la que le sometió el médico forense del Servicio de Psiquiatría del Instituto de Medicina Legal de Sevilla puso de manifiesto una “limitación sensorial severa consistente en sordomudez que impide cualquier tipo de entrevista”, según recogía el doctor, quien añadía que se trata de “un sujeto ante el que no es posible realizar una entrevista estructurada y que impresiona por una limitación importante en sus capacidades sensoriales que lleva a muy importantes problemas de comunicación”. Como conclusión, “anomalías importantes tanto sensoriales como psíquicas, impresionando de deterioro cognitivo avanzado en sujeto con muy escasa formación”. Deterioro cognitivo es un concepto que se utiliza en términos judiciales para determinar si alguien es o no consciente de sus actos y de las consecuencias de los mismos.

Entre sus conclusiones, el médico forense señalaba que José María “requiere de control de su propia vida por entidad adecuada para mantener su situación actual, sin que sea posible conocer las consecuencias tanto en el consumo de sustancias como de su propia existencia si no se le tutela adecuadamente”. La referencia en el informe a “su situación actual” obedece a que, en el momento en que se redactó, se hallaba amparado por Cáritas, donde recibía tratamiento, así como terapia conductual y sesiones de aprendizaje de lenguaje de signos. Posteriormente, entró en prisión justo a la salida del juicio por otro procedimiento abierto.

Por otro lado, el informe aludía a “consumo de sustancias” debido a una documentación previa que constaba en el historial médico de José María relativa a que el consumo de hachís y cocaína le había producido un “déficit intelectivo ligero”, si bien el médico forense concluyó tras la exploración que “no se observan datos objetivos indicativos de situación de intoxicación aguda ni signos ni síntomas de abstinencia a drogas”.

“Deficiencias psíquicas y físicas”, dice la Audiencia

Pues bien, pese a aquel informe, el Juzgado de lo Penal número 11 de Sevilla había dictado en noviembre de 2018 un auto por el cual entendía que no había lugar a la suspensión extraordinaria de la pena de prisión impuesta, de acuerdo con la Fiscalía, y decidió su entrada en prisión. Ha sido la Audiencia Provincial la que le ha concedido el beneficio de la suspensión de la pena “especialmente teniendo en cuenta el deterioro cognitivo sufrido en los últimos años a consecuencia de dicha adicción y el menor riesgo de reiteración delictiva por hallarse en un centro adecuado para el tratamiento de las deficiencias psíquicas y físicas que sufre”. Pero, al tener otras causas pendientes y otras sentencias por cumplir, José María sigue en la cárcel.

El caso es que, anteriormente, en el acto del juicio, según recuerda la letrada Lorena Lozano, se llegó a una conformidad para que se le suspendiera la pena de prisión y José María siguiese siendo tratado por Cáritas. Pese a lo hablado entre las partes, “justo a la salida del juicio se lo llevaron a prisión por otro procedimiento”, recuerda indignada la abogada, que le acompañó a comisaría para interesarse por su situación. La abogada señala que fue la Policía la que le contó con más detalle la historia de José María. “A cuenta de que no tiene identidad, se está comiendo todos los marrones de su familia”, le dijeron los agentes a la abogada, que comprobó las diferentes filiaciones, “todas falsas”, que constaban en su documentación policial y judicial.

Lorena Lozano puso de manifiesto en el mismo acto del juicio que “las actuaciones adolecían de defectos de nulidad”, a lo que se propuso la prestación de conformidad por parte del encausado con petición posterior de la suspensión de la pena “con la práctica certeza de su concesión a la vista de la situación del encausado”. Pese a ello, dice en referencia a lo dictado por el juzgado en primera instancia, “nada” de lo que se alegó entonces fue tenido en cuenta, “con la consiguiente vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva”, arrastrando a José María “a una situación de indefensión al no tener en cuenta sus importantísimas limitaciones cognitivas y comunicativas”.

La abogada apeló contra “todas las irregularidades del procedimiento” a través de un recurso, ahora estimado. Según sus argumentos, tanto la exploración del médico forense, así como sus declaraciones ante la Policía y en el propio acto de la vista, se habían realizado “sin la presencia de un traductor de lenguaje de signos, aún habiendo advertido esta circunstancia por esta parte y habiendo sido corroborado por el propio juzgador en el acto de la vista, mi patrocinado es absolutamente incapaz de comunicarse ni de entender lo que se le pregunta”. “Así ha ocurrido en otros procedimientos, al menos en los que yo he podido comprobar

“Todos los procedimientos que se han llevado contra esta persona tienen defectos de nulidad por su situación y está cumpliendo prisión con procedimientos nulos porque, según consta en los expedientes, se supone que ha dado su conformidad a una serie de hechos sin entender nada de nada, porque no había intérprete, ni en sede policial ni sede judicial. Todos los letrados que le han llevado deberían recurrir uno por uno. En mi procedimiento no había causa de nulidad porque la comunicación en sede judicial se pudo llevar a cabo gracias a la intervención de la traductora”, explica la abogada. “Por mi procedimiento no entra en prisión pero, ¿qué pasa con todos los demás casos cuando realmente sus indudables características son las que hizo constar el médico forense en su informe?”, se pregunta, abogando por su participación en un procedimiento de incapacitación a través de un letrado específico y, paralelamente, llevar su caso al completo al Tribunal Constitucional por una “flagrante vulneración de derechos fundamentales”.

Da su conformidad sin intérprete

Pese a todo lo que decía el informe médico forense, en el juzgado se le había tomado declaración “como si tal cosa, sin la intervención de un traductor que haya podido explicarle de qué se le acusa, en qué consiste la imputación y en qué consiste el acto que se estaba llevando a cabo, siquiera la propia conformidad que se dice expresó en el acto del juicio”, denunció la abogada en su recurso.

La letrada hizo mención en su escrito, estimado por la Audiencia, al trabajo de Cáritas: “Tal es su situación de exclusión que mi mandante ni siquiera tiene filiación conocida, siendo la entidad Cáritas la que, tras conocer su extrema situación, ha intervenido intentando resolver este y otros muchos problemas que acompañan a este hombre desde el principio de su vida. Sin apoyo familiar alguno y sin medios de supervivencia, mi cliente ha superado los obstáculos que la vida le ha ido poniendo cometiendo, no lo negamos, algunos errores que le han llevado a la situación en la que se encuentra ahora, pero también algunos aciertos que le han puesto en manos de una institución que le ha dado cobijo y ayuda para afrontar sus dificultades”.

Concluía la abogada que “el hecho de permanecer en prisión supone una grave lesión tanto a nivel personal como social, teniendo en cuenta su incapacidad de comunicarse por ninguna vía, lo que agravará aún más su exclusión social, impidiendo su reinserción en una sociedad que le da de lado cuando por fin confía en alguien que está dispuesto a ayudarle”, en alusión a Cáritas. “Es evidente que el cumplimiento de la pena de prisión en el presente caso daría al traste con el proceso de reinserción social”, denunció la abogada ante la Audiencia, logrando la suspensión de la condena aunque no la salida de prisión de José María, que sigue preso del sistema judicial y penitenciario.

La última luz que se le ha abierto a José María ha llegado en forma de Documento Nacional de Identidad, con el que ahora podrá regularizar su situación personal y administrativa. El Defensor del Pueblo Andaluz, que ha mediado en los últimos meses para resolver esta cuestión, ha confirmado a este periódico que el pasado 5 de julio se le hacía llegar su DNI. Los anteriores intentos por darle identidad por parte de Cáritas se habían visto constantemente interrumpidos por sus continuas entradas y salidas de prisión. Pero la lucha por conseguir identidad merecerá otro capítulo de esta particular historia.

En el mes de mayo del año pasado, eldiario.es/andalucia difundía la historia de Luis –conocido como Joselito en Córdoba, donde vive desde hace años- una persona sin DNI, que no figuraba en el Registro Civil, en ninguna parroquia constaba partida de su nacimiento ni estaba inscrito en ningún otro registro oficial. No podía acceder a ningún tipo de gestión oficial, ninguna tramitación de ayuda y estaba totalmente excluido del sistema. Oficialmente, no era nadie, no tenía identidad, no existía. Hasta ahora.

Joselito –al que llaman así por su aspecto aniñado como el niño cantor de 'El pequeño ruiseñor'- tiene desde la pasada semana su Documento Nacional de Identidad (DNI). El camino de invisibilidad hasta llegar a este punto ha sido largo y duro, lleno de incertidumbre. Y ahora ha podido obtener el DNI gracias a la labor de las entidades sociales –Cruz Roja y la Fundación RAIS- que han trabajado con él en los últimos años.

Estas entidades, junto a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, se habían topado en este tiempo con la dificultad de no poder prestar ayuda a alguien que no existe para el sistema. Su primer contacto en Córdoba fue Cruz Roja, que lo atendía en la calle, donde vivía, solo con la ayuda de emergencia: comida, abrigo y poco más. Su caso llegó a los Servicios Sociales municipales y se encontraron con la imposibilidad de tramitarle ninguna ayuda porque, oficialmente, no existía. Y, por fin, pudo contar con la ayuda de la Fundación RAIS –que trabaja con personas sin hogar-, que le facilitó un piso en el que vive desde hace unos dos años, porque para ellos no era imprescindible su identificación sino la situación de vulnerabilidad social en la que se encontraba.

Después de llevar el caso de Joselito a la comisión provincial que trata situaciones sociales especiales, se vio que la única forma de poder dar una identidad a este hombre sería hacer una inscripción tardía en el Registro Civil. Y eso es lo que se ha conseguido hacer ahora. A finales de 2018, Joselito quedó inscrito en el Registro Civil, después de la toma de huellas de la Policía científica y otras pruebas forenses, además de un completo informe de las entidades sociales que estaban trabajando con él.

Con ese trámite, Joselito tuvo ya en sus manos una partida de nacimiento, donde pone su nombre y su edad -nació en 1976-. Tras ello, obtener el DNI ha sido el último eslabón de la cadena de registros oficiales, donde ha jugado un papel fundamental la posibilidad que la Fundación RAIS dio a Joselito de poder contar con un domicilio. Esta entidad ha certificado que, efectivamente, él vive allí, que es su domicilio, para hacer constar su dirección en el DNI y para poder tramitar también su empadronamiento ante el Ayuntamiento.

“Han sido meses de mucha incertidumbre. Muy duros para él”, cuenta una de las trabajadoras sociales de la Fundación RAIS que cada semana hace un seguimiento de la situación de Joselito y que ha seguido todo el proceso de su identificación oficial. “Antes era una persona sin derechos”.

Eso, precisamente, es lo que destaca el propio Joselito, ya con su DNI en el bolsillo, desde hace pocos días. “Estoy muy contento. Antes sin el DNI no tenía derecho a nada. Todo era muy difícil sin papeles”, explica.

Siente como un auténtico alivio tener su documentación encima, por si le para la Policía, cuenta: “Me pedían el DNI y antes yo decía que no tenía, no saben quién eres, había que dar muchas explicaciones...”. Toda clase de explicaciones para algo que era inexplicable: que una persona que tenían delante, no existía para nadie.

Hasta el 4 de agosto de 2016 cualquiera se pudo topar con Manuel Pérez Villar, Francisco Hidalgo Estévez o José Javier Esteban Alonso. En los tres casos tenía delante, en realidad, al comisario Villarejo. Al día siguiente de su jubilación, el Ministerio del Interior dio de baja las tres “identidades supuestas” del policía. Un rastreo de la actividad de Villarejo en los últimos años y algunas revelaciones de la investigación que le mantiene en la cárcel permiten concluir que el uso de esos tres DNI falsos contravino toda la normativa vigente. Casi 900 “identidades supuestas” viajan a día de hoy en las carteras de miembros de los servicios de información e investigación, según revelan a eldiario.es fuentes policiales.

El DNI de Villarejo a nombre de Francisco Hidalgo caducó el 20 de enero de 2016, pero el policía no lo comunicó en ese momento y se lo devolvió a Interior el día de su jubilación, ocho meses después. Llegado el día, el comisario alegó “que lo tiene en algún lugar de su domicilio sin que sepa dónde”. Así consta en el documento reservado al que ha tenido acceso este medio [ver imagen de arriba]. Se trata de la nota con la que la Dirección de la Policía informa a la Secretaría de Estado de Seguridad de la cancelación de las identidades falsas de Villarejo. En el caso del otro DNI, el que supuestamente pertenecía a un tal José Javier Esteban Alonso, Villarejo alegó que lo había “extraviado”. Sin mayor comprobación, sus superiores decidieron introducir el carnet falso en la aplicación de “objetos perdidos”.

Esas fueron las excusas del policía y así las dio por buenas la Dirección de la Policía. El 3 de noviembre de 2017 quedó demostrado que lo alegado no era cierto. Los agentes de Asuntos Internos que registraron ese día su mansión de Boadilla del Monte encontraron ambos documentos con las “identidades supuestas”. Habían transcurrido 15 meses desde su jubilación. Sobre Villarejo ya pesaba la acusación de liderar una organización criminal en el marco de la Operación Tándem.

El de los carnets falsos de Villarejo fue uno de los asuntos que pusieron en conocimiento de Fernando Grande-Marlaska los funcionarios del Ministerio a su llegada al departamento el pasado junio. El titular de Interior ordenó paralizar la expedición de nuevas identidades supuestas hasta que no estuviera redactada una nueva instrucción que regulara con más restricciones y controles su uso por parte de los investigadores. Hace unos diez días, las unidades antiterroristas y contra el crimen organizado han recibido la nueva instrucción, cuyo contenido se ha declarado secreto.

Hasta ese momento, cientos de identidades supuestas funcionaban bajo otra instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad, dictada en 1997. Aquella norma ya establecía unos límites que el caso Villarejo demuestra que no se aplicaban. “Estos DNI -dice la instrucción del Gobierno de Anzar- se concederán con carácter absolutamente restringido y exclusivamente para servicios concretos y determinados, en los cuales la revelación de la verdadera identidad podría poner en peligro su integridad física y el curso de las investigaciones, quedando totalmente prohibida su utilización para fines ajenos al servicio”, reza en su tercer punto. El documento por el que la Policía da cuenta de la supuesta baja de las identidades de Villarejo alude directamente a este texto normativo. 

¿Qué servicio “concreto y determinado” cumplía Villarejo cuando intentó contactar con un periodista en octubre de 2012 haciéndose pasar por el abogado Manuel Villar? ¿Y cuando el policía se presentó al empresario Javier de la Rosa, con ese mismo nombre, en diciembre de 2012, en los inicios de la Operación Catalunya? Así intentó obtener el policía información de la familia Pujol del otrora empresario referente del pujolismo. El Pequeño Nicolás declaró ante la Policía que el comisario debía 200.000 euros a De la Rosa, de un pago de 400.000, a cambio de que el empresario tirara de la manta en las investigaciones a la familia Pujol. Un abogado de nombre Manuel Villar propició que De la Rosa se presentara a finales de 2012 ante la Policía para declarar que había ayudado a Jordi Pujol i Soley abrir una cuenta en Suiza. Luego, De la Rosa se desdijo. 

El comisario hoy encarcelado no devolvió el DNI con el nombre de Manuel Pérez Villar a la División de Documentación hasta el 30 de abril de 2014, por lo que pudo utilizar la identidad falsa por un periodo de tiempo muy superior al que establecía la propia normativa de Interior, un máximo de seis meses. Como el resto de las casi 900 identidades falsas, todas constan en un archivo secreto de la citada División policial. 

A las restricciones que imponía la anterior instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad había que sumar lo que recoge al respecto la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal. En su artículo 282 bis., el texto ya señala que será el juez, “mediante resolución fundada”, quien establezca cuándo un miembro de la policía judicial puede utilizar una identidad supuesta en su trabajo como “agente encubierto”. “La información que vaya obteniendo el agente encubierto deberá ser puesta a la mayor brevedad posible en conocimiento de quien autorizó la investigación”, dice la Ley Orgánica.

Toda la actividad de Villarejo y del resto de policías implicados en la Operación Catalunya se caracterizaba, sin embargo, por escapar de cualquier control judicial. La misión durante el mandato de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior consistía en una búsqueda prospectiva de posibles delitos de corrupción en un sector determinado, los políticos que lideraban la apuesta secesionista y su entorno familiar.

El comisario Villarejo mantuvo sus identidades falsas operativas en los últimos años de servicio, destacado en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía que albergó esa Operación Catalunya. A día de hoy cumple prisión provisional acusado de liderar una organización criminal con la que se enriqueció mientras era policía en activo, utilizando las prerrogativas de su condición de funcionario público, con placa, pistola y las citadas “identidades supuestas”.

Una nueva norma

Consultado el Ministerio del Interior sobre los cambios introducidos en los últimos días, un portavoz asegura que la nueva instrucción pretende establecer los requisitos para conceder esas identidades en actividades operativas correspondientes a investigaciones “exclusivamente de terrorismo y delincuencia organizada”, toda vez que la regulación en caso de agentes encubiertos, testigos protegidos y agentes del CNI era ya la adecuada. Se trata, añade el Ministerio, de una actualización que conlleva el suficiente “respaldo jurídico” a la adjudicación y uso de las identidades falsas.

Entre los motivos de la nueva instrucción están las reformas que han sufrido “varias normas procesales”, lo que dejaba en una situación “endeble” la anterior instrucción, añaden. La misma fuente excusa no dar más detalles sobre su contenido por tratarse de materia clasificada.

En el caso del servicio de espionaje español, la Ley orgánica que lo regula incluye una alusión al “uso de medios y actividades bajo cobertura” y acredita a sus miembros para que pidan a la Policía la “expedición de las identidades, matrículas y permisos reservados que resulten precisos y adecuados a las necesidades de sus misiones”.

Visto para sentencia un juicio contra el hombre sin identidad: "La cárcel no es lugar donde deba estar el acusado", alega su defensa al pedir la eximente completa o algún tipo de atenuante por un robo cometido en julio de 2015

El Ministerio Público mantiene su petición de condena con agravante de reincidencia

El abogado de Europcar Portugal acude desde Lisboa a la vista para diez segundos de testifical pese a que hizo constar por escrito al juzgado que no reclamaba daños al vehículo de matrícula portugesa

Solo sigue existiendo para la administración de justicia, que le sigue pidiendo cuentas pese a que desde varias instancias le consideran “inimputable”. El hombre sin DNI, que ni oye ni habla ni sabe leer ni escribir, ha declarado este lunes como acusado en el Juzgado de lo Penal número 11 de Sevilla por un robo con fuerza cometido a finales de julio de 2015. Trasladado desde la cárcel donde cumple condena, el acusado ha dicho, con la ayuda de una intérprete, que no recuerda lo sucedido pero que, si lo hizo, pide perdón pero que era por necesidad.

La Fiscalía de Sevilla le pide, y ha mantenido en su informe final, once meses de cárcel con agravante de reincidencia. Su abogada de oficio ha considerado, aun teniendo en cuenta los hechos, que “la cárcel no es lugar donde deba estar el acusado”, por lo que ha solicitado su libre absolución con la eximente completa, o incompleta, de su responsabildad penal, o subsidiariamente atenuante por sus crircunstancias vitales.

Desde que hace algo más de dos meses eldiario.es Andalucía publicó la historia de José María (así le llaman todos pese a que no consta en documento oficial alguno, como ha reconocido la Policía), la única novedad en su vida es que le han cambiado de centro penitenciario (de Sevilla I a Sevilla II en Morón), sin que nadie sepa bien por qué. Sin DNI, ni prestación, ni afiliación en la Seguridad Social, no puede acceder a ningún tipo de ayuda y está excluido de todos los sistemas salvo el judicial.

Cáritas Diocesana de Sevilla y el Defensor del Pueblo Andaluz siguen de cerca el caso de este hombre, también el conocido despacho de abogados de Fernando Osuna, que trata de recopilar los procedimientos judiciales en los que está inmerso José María para poder atenderle, para lo que necesita aún ciertas autorizaciones. La compleja maquinaria judicial provocó que la Asociación Cultural de Personas Sordas de la Provincia de Sevilla tuviera conocimiento de este juicio el pasado viernes, a través de la anterior abogada de Cáritas. La nueva representante del organismo se desplazó al juzgado n situ y fueron avisados los abogados de oficio que le atendieron en el momento de su detención, hace casi tres años, y que le han representado en la vista oral.

“Ya le conozco”, ha comentado el juez al inicio del juicio en referencia al acusado, se sobreentiende que de otro juicio anterior, y se ha limitado a conocer las posturas de las partes, inflexible la del fiscal, más condescendiente la de su defensa ateniéndose a las circunstancias personales del acusado. En ese sentido, la intérprete ha trasladado al tribunal que su diversidad sensorial le proviene desde la infancia y que el contexto en el que creció estaba ligado a las drogas y a los robos, declarando el acusado que nunca consumió sustancias, si bien ha admitido que bebía alcohol, y que sufrió ostracismo por parte de su familia.

“Aislamiento” e “incomunicación total”

Más rocambolescas han sido las dos testificales. El agente de la Policía Nacional que contempló los hechos (robo de un GPS, un cargador y unos auriculares en un coche en la Avenida de la Palmera) ha señalado que el acusado huyó por el parque de María Luisa y que hizo caso omiso a sus llamadas de advertencia. “Luego ya supimos entendimos por qué no se paraba”, ha comentado.

Por su parte, el representante legal de Europcar Portugal, propietario del vehículo dañado, ha comentado al tribunal que no reclama daño alguno ya que el seguro se ocupó de ello en su momento. Antes del juicio ha indicado a este periódico que se había tenido trasladar “500 kms'” desde Lisboa pese a que había informado de ello al juzgado, que también le indicó que su testimonio no se podía recoger por videoconferencia, por lo que tuvo que desplazarse para unos 15 segundos de participación en el juicio.

Fuentes cercanas a este hombre han insistido en la situación de “aislamiento” y de “incomunicación total” desde su nacimiento, una cuestión que se ha visto reflejada en las manifestaciones de propio acusado a través de la intérprete, que se esforzaba con gestos y mímica para llevar al tribunal lo que quería decir. “Él subsistía como podía”, ha remarcado la intérprete. “No le ha gustado nunca tener que robar ni delinquir pero era lo que ha visto desde pequeño”, ha dicho en la última palabra concedida para el acusado.

La defensa ha insistido en que no existe prueba de cargo para condenar a José María y que, en todo caso, “durante el juicio ha quedado claro que este hombre tiene sus capacidades mermadas por toda la situación que ha vivido desde pequeño” y que le ha mantenido, con entradas y salidas de la cárcel desde que es mayor de edad“, en ”un estado de precariedad, indigencia y alejado de la sociedad“.

La Policía Nacional ha detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un menor de 16 años tras presuntamente haberse identificado con un DNI falso en el que figuraba como mayor de edad para entrar en las discotecas, según manifestó a los agentes.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias en un comunicado, al joven, que ha sido detenido como presunto autor de un delito de falsedad documental, se le solicitó su DNI cuando estaba consumiendo sustancias estupefacientes con otros jóvenes en un parque público del barrio de Las Alcaravaneras.

Los hechos se desencadenaron tras las llamadas de varios ciudadanos al teléfono 091 comunicando que en un parque público del barrio de Las Alcaravaneras, un grupo de jóvenes se encontraba consumiendo sustancias estupefacientes.

Los funcionarios policiales procedieron a identificar a los jóvenes que se encontraban en el lugar, momento en que uno de ellos mostró un DNI con signos de falsificación.

Al ser interpelado por los agentes, el mismo manifestó que se trataba de una falsificación que utilizaba para acceder como mayor de edad a las discotecas y les mostró su verdadero DNI.

A comienzos del mes de abril, se difundía a través de eldiario.es/andalucia la historia de José María, una persona sorda, sin DNI, ni prestación, ni afiliación en la Seguridad Social, que no puede acceder a ningún tipo de ayuda y está excluido de todos los sistemas salvo el judicial. Oficialmente es literalmente un ‘Don Nadie’, no tiene identidad, no existe para el sistema.

Por inverosímil que parezca, el caso de José María no es el único. Hay más personas en la misma situación, en un limbo entre lo oficial y la realidad.

El hombre que aparece en la fotografía que ilustra esta información es uno de ellos. No existe oficialmente para nadie. No tiene DNI, no consta en el Registro Civil, en ninguna parroquia existe partida de su nacimiento ni está inscrito en ningún otro registro oficial. Vive desde hace años en Córdoba. Oficialmente, para la administración, no es nadie. Pero, evidentemente, eso no es cierto.

Es Joselito. Así le conocen quienes han tratado con él, dicen que por su aspecto aniñado y parecido físico con el niño cantor de 'El pequeño ruiseñor'. Él se hace llamar así, aunque cuenta que su nombre verdadero es Luis, que tiene 41 años y que nació en El Puerto de Santa María (Cádiz). Pero eso no consta en ningún sitio, nos dicen desde Servicios Sociales, Cruz Roja y la Fundación RAIS.

Sin identidad oficial alguna, está excluido de todos los sistemas. Sin documentación, no puede empadronarse, no puede acceder a una ayuda, no se le puede tramitar ninguna prestación, ni una pensión, ni una vivienda…..porque es nadie para el sistema. “Nunca he tenido documentación. Ninguna. Me gustaría tenerla”, nos dice.

Quienes a lo largo del tiempo han conocido a Joselito y han querido prestarle ayuda se han topado con el problema de su falta de identidad oficial. En Córdoba, su primer contacto fue el equipo de calle de Cruz Roja. Lo atendían en la calle, donde vivía y la única ayuda que podían prestarle era la de urgencia: comida, abrigo y poco más. En 2015, aconsejado, Joselito fue a la Policía Nacional para decir que tenía extraviado el DNI y así consta en el único papel oficial que tiene, donde pone lo que Joselito le contó a la Policía: que en realidad se llama Luis, que nació en 1976 y que es natural de El Puerto. Pero sigue sin constar en ningún registro oficialmente así.

El caso de este hombre también fue detectado por los técnicos de los Servicios Sociales municipales. Y se toparon, igualmente, con la imposibilidad de tramitarle ninguna ayuda porque, oficialmente, no existe. “Hay un ser humano al que no se puede identificar. Está aquí, existe. Y no se le puede ayudar”, dicen sobre la impotencia de tener las manos.

Llevaron el caso de Joselito a la comisión provincial que trata situaciones sociales especiales y se vio que la única forma de poder dar una identidad a este hombre sería hacer una inscripción tardía en el Registro Civil. Acudieron entonces con la idea a Fiscalía, para ver las posibilidades de realizarla, pero, de momento, no ha habido progreso en esa dirección. Quienes han atendido a Joselito no han parado de hacer indagaciones en busca de su identidad. Llamadas a parroquias para dar con su partida de nacimiento y búsquedas en todos los registros oficiales. Siempre han tenido la misma respuesta: no existe para el sistema.

Fuera de ese sistema oficial, Joselito ha encontrado ayuda para salir de la calle. La ha encontrado en la Red CoHabitas y la Fundación RAIS, que trabaja con sin techo, proporcionando un hogar para que esas personas en extrema exclusión social tengan una vivienda y, a partir de ahí, puedan reiniciar el camino de inserción en la sociedad que les deja al margen. Era el caso de Joselito hasta que, hace año y medio, la Fundación RAIS le proporcionó un piso, porque para ellos no es un requisito indispensable la identificación de una persona.

Joselito recibe cada semana la visita en su piso de Alba. Es la encargada, desde la Fundación, de tratar con él, de supervisar su adaptación a esta nueva vida y es el hilo que le mantiene unido a quienes están en alerta para prestarle ayuda. “Era una persona en situación extrema de vulneración. Si no se le presta ayuda porque no tiene un DNI, lo estamos invisibilizando aún más”, relata Alba, que cuenta también como la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) está en esa red de respaldo para intentar visibilizar a Joselito a ojos del sistema oficial.

Él cuenta cómo ha cambiado su día a día: “Es muy distinto a la vida que llevaba antes. Tengo un sitio para vivir, para ducharme…”, relata con sencillez. “La gente me ayuda”, agradece, porque cada día sigue saliendo a la calle y se hace con lo que la gente le da. Es el modo de vida que ha tenido desde que recuerda, en el último escalón de la invisibilización social.

Las redes, a veces invisibles a ojos del resto de la sociedad que tejen en el día a día los colectivos y técnicos de servicios sociales que se dedican a prestar ayuda social, son las que se encuentran con estas personas pero se ven de manos atadas. Los conocen, los ven, los tratan….pero no pueden gestionar ninguna ayuda para quienes no son nadie a ojos del sistema. Ellos son invisibles en una sociedad donde todo se exhibe.

Los socialistas de Los Llanos de Aridane, a través de su concejala Amparo Martín, han solicitado en sesión plenaria que el grupo de Gobierno realice “las gestiones oportunas ante las administraciones competentes a fin de obtener un servicio de cita previa similar al existente en otros puntos de nuestra geografía”.

“Debido al servicio desplazado de la oficina de expedición de DNI y pasaportes, nuestros vecinos y vecinas disponen de dos opciones para realizar estas acciones: pedir cita electrónica para acudir a Santa Cruz de La Palma, haciendo los trámites en la capital, o probar suerte acudiendo a las citas que se proporcionan cuando periódicamente se trasladan a nuestro municipio a dar este servicio”, aseguran.

Sin embargo, subrayan, “en el caso de Los Llanos de Aridane existe un número determinado de atenciones, quedando fuera quienes lleguen tras haberse llenado el cupo determinado, algo que sucede constantemente ya que la demanda es muy alta, pues de una fecha a la siguiente en la que se vuelve a dar el servicio, hay un amplio margen de tiempo, dando lugar a que muchas personas no puedan ver cubierta su necesidad del servicio viéndose forzadas a esperar a la siguiente vez (pudiendo encontrarse con el mismo problema), o pidiendo cita para ir a Santa Cruz de La Palma”.

“Solicitamos al Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane que realice las gestiones pertinentes y se pueda buscar una solución que haga que nuestros ciudadanos y ciudadanas, no solo de Los Llanos, sino de municipios limítrofes puedan acudir a gestionar estos trámites sin todas las trabas que supone no tener una oficina fija destinada a este servicio incluyendo la posibilidad de solicitar cita previa vía telemática”, dicen.

La portavoz municipal quiere manifestar “la buena predisposición y profesionalidad del personal desplazado a Los Llanos de Aridane no siendo responsables los mismos de la situación originada por la imposibilidad de solicitar cita previa, esperando que las gestiones del grupo de Gobierno redunden en beneficio de la ciudadanía”.

El Bufete Osuna se ha interesado por llevar el caso de José María, el hombre sin identidad que desde 1991 solo existe para el sistema penitenciario, para tratar de dar solución a la situción que vive dese hace tiempo. En prisión y con varias causas pendientes, nadie sabe quién es a ciencia cierta pero Cáritas Diocesana de Sevilla no ceja en su empeño de documentarle para que avance en los procesos educativo y sanitario que trata de iniciar con él.

Se trata de un despacho con una veintena de letrados en Sevilla, Huelva, Córdoba, Huelva y Badajoz especialista en casos de paternidad como el del Cordobés o el del marido de la 'duquesa roja'. “Es n caso muy peculiar”, señala a eldiario.es Andalucía el abogado Fernando Osuna, que asegura que desde el lunes por la mañana mantienen contacto con Cáritas para “estudiar con detenimiento el caso y ver si podemos llevarlo”.

“Se podría hacer ADN con alguien que se sospeche que pueda ser familiar suyo e incluso contratar un detective para que averigüe algo, porque la Policía muchas veces estas cosas no las investiga”, apunta. Su despacho está especializado en temas que tienen que ver con paternidades dudosas y utilizan las pruebas de ADN para descubrir quiénes son los progenitores de sus clientes.

El despacho defiende el precepto constitucional de que cualquier nacido tiene derecho a tener unos apellidos y saber quienes son sus padres, según comentó a El Español en este reciente reportaje. En el caso de José María, su familia no le reconoce y Cáritas no ha podido encontrar el mínimo de dos personas que le reconozcan como tal, un requisito imprescindible para obtener en el registro civil una inscripción fuera de plazo.

La Delegación del Gobierno en Andalucía, según pudo comprobar este periódico, emitió un reciente informe en el que se hace mención a las “múltiples gestiones” realizadas por la Policía desde junio de 2017 en las que se ha intentado localizar a su madre para poder determinar el lugar de inscripción de su nacimiento. Los datos apuntaban a su inscripción en un registro civil en Ejea de los Caballeros (Zaragoza) pero se concluyó que no se correspondía con José María.

Así las cosas, el pasado 20 de febrero la Comisaría Provincial de Sevilla informó que, en coordinación con Cáritas, se iban a realizar las gestiones para la solicitud de inscripción tardía ante el juzgado pero, dado que actualmente está en prisión, los trámites están en suspenso hasta que salga en libertad. “Una vez se obtenga la inscripción, se podrán continuar los trámites necesarios para expedirle el DNI”, señaló la Delegación.

El Bufete Osuna se encarga del caso de una mujer enterrada en un cementerio de Málaga y cuyo nombre coincide con el de una vecina de la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra que quiere demostrar que está viva y que sus restos no son los depositados en dicho cementerio.

El Gobierno central deja en las manos de la buena voluntad de los funcionarios de prisiones que la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad se cumpla en las cárceles españolas. El funcionario, además de buena voluntad, debe saber lenguaje de signos, presuponiendo además que la persona presa conozca ese lenguaje. Todo ello pese a que el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, impone varias obligaciones respecto a las personas sordas, también en prisión.

Las personas sordas en prisión no dejan de ser sordas. Las personas presas no tienen limitados ningún derecho que no se encuentre restringido en una sentencia y mantienen todos sus derechos. Una persona con discapacidad es titular de los derechos que vienen en el citado Real Decreto, sin limitación. Este lunes trascendía públicamente el caso de José María. Más allá de que la Policía no le pueda expedir un DNI y otras circunstancias personales que agravan su caso, esta persona es sorda y además nadie le enseñó a hablar. Aunque se trate de un solo ejemplo, este periódico pudo comprobar en la cárcel de Sevilla que el funcionario que se encontraba presente en la comunicación entre éste y su abogada no hizo intento alguno de facilitar el entendimiento. Fue un joven preso, que conocía de la calle a José María, el que hizo de improvisado intérprete y que supo traducir con más suerte algunos de sus gestos y sonidos.

Desde la Administración Penitenciaria “se están tomando medidas” para cumplir lo establecido en la normativa vigente hace más de cuatro años, según dice textualmente el Ejecutivo en las respuestas oficiales hechas llegar a la senadora andaluza de Podemos Maribel Mora la pasada semana después de una batería de preguntas sobre la atención a las personas sordas en prisión. También informa el Gobierno, sin dar fechas, que “se está ultimando un protocolo de actuación y se prevé la firma de un convenio”.

“Desde octubre de 2017 se vienen realizando reuniones de trabajo con diferentes

asociaciones, con el objetivo de concretar los términos del citado protocolo de actuación, cuya puesta en marcha se prevé en breve plazo“, dice el Gobierno central. El Gobierno viene a reconocer en sus respuestas que tiene que aplicar el mencionado Real Decreto pero ”no han previsto nada de nada de su aplicación“ sino que ”están empezando a hablar con dos colectivos“, explica Mora.

La senadora preguntaba en concreto por una queja presentada ante la Oficina de Atención a la Discapacidad en relación a las dificultades y carencias que padecen las personas presas con discapacidad auditiva. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en el mes de octubre de 2016, remitió a la referida oficina un informe en el que reconocía no contar con ningún tipo de convenio que permitiera disponer de profesionales especialistas en este tipo de discapacidad. A raíz de aquella respuesta, la Oficina recomendó a Instituciones Penitenciarias la creación de un grupo de trabajo dirigido a suscribir un convenio que pudiera satisfacer las especiales necesidades de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

“En la medida de lo posible”

El Gobierno explica que, mientras, desde los centros penitenciarios, “en función de sus recursos materiales y humanos y siempre cumpliendo lo establecido en la legislación penitenciaria, se hace todo lo posible”. En otra respuesta señala que “en el caso de que haya algún interno o funcionario que conozca el lenguaje de signos, se facilita, en la medida de lo posible, que pueda hacer de interprete”.

Mora también se interesaba por el número total de personas sordas que se encuentran privadas de libertad, solicitando el desglose del dato por centros penitenciarios. Pero el Ejecutivo afirma que “no existen registros específicos del número total de personas sordas que están en centros penitenciarios”. En este sentido, se indica que “las personas presas afectadas por esta discapacidad son atendidas convenientemente cuando lo precisan”.

La senadora explica que la situación de las personas presas con discapacidad auditiva es “especialmente dramática”. “No son informados adecuadamente de sus deberes y derechos; deben recurrir a una comunicación gestual y básica con los profesionales y funcionarios del centro penitenciario o de la administración de Justicia que genera continuas distorsiones; por regla general, no están incluidos en programas de tratamiento o terapéuticos en razón a su incapacidad para la comunicación; no tienen posibilidad de reclamar protección o denunciar abusos de forma directa; no perciben los avisos sonoros; permanecen ajenos a las alertas, alarmas o indicaciones grupales; se les sanciona en el marco de un procedimiento que no comprenden y, en muchas ocasiones, por conductas directamente imputables a su discapacidad e incapacidad de comprensión; se encuentran, en definitiva, en una situación de grave vulnerabilidad”.

La labor de las entidades

El Gobierno central indica que “desde cada centro penitenciario se puede facilitar la entrada al establecimiento de personas o entidades que trabajen con discapacidad auditiva y que pueden realizar esa labor, cumpliendo con la normativa penitenciaria vigente”, señalando que “el programa de tratamiento de cada interno se ajusta a sus necesidades específicas”.

En concreto, dice el Ejecutivo que, en el caso de aquellos con discapacidad auditiva, “dentro de lo establecido legalmente y teniendo en cuenta los recursos materiales y humanos disponibles en cada centro penitenciario, se hace lo posible para poder atender a sus carencias”. Esto, en un marco en el que las organizaciones sindicales y y hasta del Defensor del Pueblo reclama más personal para las prisiones. “No hay que hacer lo posible, hay que cumplir la Ley. Son un organismo público y con servicios públicos”, apunta Mora.

También se informa de que “se está trabajando conjuntamente con la Confederación Estatal de Personas Sordas y la Confederación Española de Familias de Personas Sordas. El objetivo de dicha colaboración es valorar y mejorar las condiciones de accesibilidad, así como disminuir las vulnerabilidades y carencias que presentan las personas con discapacidad sensorial que se encuentran en prisión”. A juicio de la senadora, en las prisiones “podrían entrar entidades pero, para que entren, tienen que tener un convenio”. Y ha sido el año pasado, cuatro años después de la normativa, cuando han empezado a contactar con dos entidades y aún no hay convenio, según la información oficial.

A través de ese futuro convenio sin fecha ni plazo de aprobación, “se pretende garantizar que todas las personas sordas dispongan de interpretes de lengua de signos, así como de otros medios de apoyo a la audición y a la comunicación oral (por ejemplo, carteles luminosos, bucles magnéticos, etc.), y que el programa individualizado de tratamiento de cada interno con discapacidad auditiva se encuentre más adaptado a su situación personal”, concluye el Gobierno en una de sus respuestas.

La insistencia de la senadora en conocer la información hizo que el Gobierno respondiera que “en la actualidad no se puede garantizar que todos los presos con discapacidad autidiva cuenten con intérpretes de lengua de signos. No obstante, en el caso de que haya algún interno o funcionario que conozca el lenguaje de signos, se facilita, en la medida de lo posible, que pueda hacer de interprete”.

Sin DNI, sordo de nacimento, sin casa, sin historial sanitario, sin ayuda. Tiene entre 45 y 50 años y no consta en registro oficial alguno salvo para la administración de justicia. Los recientes intentos por darle identidad por parte de Cáritas Diocesana de Sevilla se ven constantemente interrumpidos por sus continuas entradas y salidas de prisión pese a que, por muchas razones, la organización piensa que debería ser considerada como persona inimputable. Sufre ostracismo por parte de su propia familia y no se consigue encontrar a dos personas que le reconozcan como tal, un requisito imprescindible para obtener en el registro civil una inscripción fuera de plazo.

Le visitamos en la cárcel. No sabe hablar. Trata de comunicarse con gestos y sonidos que repite sin cesar. Apenas se le entiende que roba para comer, para sobrevivir, y que aún le quedan muchas cuentas pendientes con la justicia, la única que le ha dado identidad, hasta cinco distintas. Está hecho a la cárcel, en la que entró por primera vez en 1991. Más delgado que la última vez, según dice su abogada, es difícil pensar en su día a día en prisión, sin poder comunicarse, sin oír nada.

José María (así le conocen) no consta. No existe para ningún sistema excepto para el judicial. En las diversas sentencias que han caído en su contra le asignan hasta cinco números de DNI diferentes. Correr es lo único que hace en el patio de la cárcel. Es analfabeto funcional. “No sabemos quién es porque no está registrado en ningún sitio”, explican desde Cáritas, que le acompaña desde hace un par de años por su periplo judicial, principalmente por delitos contra la propiedad (robo de chatarra), ninguno grave. Con un entorno familiar ligado a la droga, asegura que él solo fuma cuando puede pero que de droga nada quiere saber. Lo corrobora su larga trayectoria judicial, en la que nunca se le ha aplicado el atenuante de toxicomanía.

En ocasiones los jueces han presentado como prueba la declaración del detenido, es decir, firmar el pertinente 'lee y conforme' del final de los escritos. “¿Con qué se va a conformar, si no puede comunicarse, ni oye ni habla?”, inciden desde Cáritas, que lamentan la falta de garantías policiales y procesales respecto a José María y, sobre todo, la imposibilidad de que acceda a los sistemas educativo y sanitario como cualquier otro ciudadano al carecer de cualquier tipo de documentación. El Defensor del Pueblo Andaluz, ya al tanto de este caso, también está tratando de solucionar el problema.

La Delegación reconoce “múltiples gestiones” sin éxito

Sin acceso a ningún tipo de ayuda, salvo la justicia gratuita, “su proceso de inclusión educativo y sanitario es imposible porque el acompañamiento se ve continuamente interrumpido”, explica Mariano Pérez de Ayala, director de Cáritas. Ahora mismo cumple una condena de diez meses y tiene una veintena de causas pendientes. La abogada le ha asistido ya en once juicios. “Cuando sale de los juzgados, mira asustado hacia todos lados para ver si el furgón le lleva otra vez a la cárcel”, comentan desde Cáritas.

Desde 1991 ha vivido al margen de la sociedad, entrando y saliendo de la cárcel cada cierto tiempo, hasta que llegó en abril de 2016 al Centro Amigo, un recurso de Cáritas para personas en situación de exclusión social, en la calle Santísimo Cristo de las Tres Caídas de Sevilla, derivado allí por un voluntario. Malvivía en chabolas o en naves abandonadas, y se encontraba en una situación de exclusión severa. Ya allí, un día fueron a buscarle un par de agentes de la Policía Nacional por un tema judicial. Desde entonces, Cáritas no ha parado de buscar su identidad a través de todos los organismos posibles, pero la Policía ya les ha dicho oficialmente que nunca ha tenido DNI.

La Delegación del Gobierno en Andalucía, según ha podido comprobar este periódico, emitió un informe en el que se hace mención a las “múltiples gestiones” realizadas por la Policía desde junio de 2017 en las que se ha intentado localizar a su madre para poder determinar el lugar de inscripción de su nacimiento. Los datos apuntaban a su inscripción en un registro civil en Ejea de los Caballeros (Zaragoza) pero se concluyó que no se correspondía con José María.

Así las cosas, el pasado 20 de febrero la Comisaría Provincial de Sevilla informó que, en coordinación con Cáritas, se iban a realizar las gestiones para la solicitud de inscripción tardía ante el juzgado pero, dado que actualmente está en prisión, los trámites están en suspenso hasta que salga en libertad. “Una vez se obtenga la inscripción, se podrán continuar los trámites necesarios para expedirle el DNI”, señaló la Delegación.

Un implante a la espera

“En alguna sentencia se le ha asignado un DNI pero la Policía nos ha dicho que no es el suyo. En prisión le constan otros distintos. A veces se le ha identificado como Jesús María, pero es un hermano suyo. Todo es una cadena de errores”, explica Cáritas. No tiene una hoja histórico penal, ni se le podía poner en búsqueda y captura hasta que Cáritas ha entrado en juego hace un par de años, notificándole a la entidad las resoluciones respecto a José María. “Es un caso kafkiano. No existe para el sistema pero sí para el sistema judicial. Los jueces no pueden juzgar a una persona que no saben quién es”, recalca Mariano Pérez de Ayala.

Cáritas quiere que cumpla con sus penas si ha cometido algún hecho delictivo pero que pueda disfrutar de sus derechos como cualquier otro ciudadano. La organización lamenta la “desinformación judicial” y el “desinterés” por parte de los trabajadores sociales de la cárcel hacia su persona. Actualmente se le está tratando de poner un implante coclear para que pueda escuchar, pero “todo se para cuando vuelve a entrar en prisión”. “Es una situación sangrante”, lamentan.

Desde Cáritas se ha enviado un reciente escrito a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Colegio de Abogados donde se recoge que José María vivía en un asentamiento sin ningún tipo de ayuda ni familiar ni institucional, presentando una situación de exclusión severa. También se hace constar que el año pasado fue intervenido de una perforación gástrica y que durante su ingreso se solicitó una interconsulta al servicio de otorrinolaringología del Virgen del Rocó donde se le diagnosticó sordera profunda prelocutiva previa a la adquisición del lenguaje. Desconoce, evidentemente, el lenguaje de signos.

“Al carecer de DNI, no cuenta con ninguna prestación, no tiene afiliación en la Seguridad Social, ni cuenta corriente, por lo que no podemos aportar ningún documento que acredite su exclusión salvo este informe”, señala el director de Cáritas, que recalca la “implicación e interés por todas aquellas actividades y talleres” que se le ofrece desde Cáritas cuando no está en prisión y a quien se trata de conseguir documentarle para “garantizarle su derechos”.