Una banda azul de pavimento antideslizante recorre las calles de pizarra como un hilo rojo de Ariadna, esa guía que en el mito de Teseo permitía orientarse dentro del laberinto, y que en Pescueza acompaña a quienes ya no pueden confiar en su equilibrio. Se trata, sin duda, de una importante intervención urbana, pero también de un gesto de ternura colectiva, una estrategia organizada para evitar la dependencia y la soledad. En esta localidad cacereña, la vejez ha dejado de ser la antesala de la institucionalización —ese traslado forzoso a una residencia de mayores que rompe los vínculos, desarraiga y convierte el final de la vida en un proceso de separación— para convertirse en el eje de un modelo asistencial que ha devuelto vida, empleo y esperanza a un municipio que se negaba a desaparecer ante la impasividad imperante de las instituciones que siguen aferradas a modelos asistenciales más rígidos y centralizados. Menos humanos.

Y es que envejecer sin abandonar el propio hogar es el corazón del proyecto que ha transformado este pequeño pueblo del Valle del Alagón, donde apenas viven 151 personas y más del 60% supera los 60 años. Aquí, la respuesta al envejecimiento no ha sido desplazar a las personas a las residencias geriátricas más cercanas, sino adaptar el propio entorno para que puedan seguir viviendo donde siempre han vivido, con dignidad, autonomía y la compañía elegida, la que siempre han tenido, dando fondo y forma a este laboratorio de humanidad y demostrando que cuidar también es innovar.

Ese cambio de rumbo en la dinámica de cualquier localidad se materializó en el programa 'Quédate con nosotros', gestionado por la Asociación Amigos de Pescueza, nacida en 2011 con una idea sencilla pero radical: que nadie tenga que marcharse de su pueblo ni siquiera de su casa por hacerse mayor. Desde entonces, Pescueza ha tejido un sistema de cuidados que combina urbanismo adaptado, servicios asistenciales profesionales, participación vecinal y una ética clara: cada persona decide cómo quiere ser cuidada. Aquí no se prohíbe nada. Quien quiere ir a pescar, va. Quien quiere participar en talleres, participa. La libertad no se negocia para que la vida pueda seguir siendo vida y no un sucedáneo. Y para no caer en la temible infantilización que sufren la mayoría de las personas mayores.

A cielo abierto

Y es que Pescueza ha convertido su casco urbano en una especie de residencia a cielo abierto. Pasamanos en las fachadas, viviendas adaptadas, calles accesibles y servicios de proximidad que permiten que vecinos de más de 90 años sigan haciendo vida en su pueblo. Porque el modelo va mucho más allá de la intervención urbana. Se articula en torno a una plataforma integral de servicios que cubre necesidades sociales, sanitarias y emocionales: un Centro de Día municipal con atención sanitaria y actividades socioculturales; un Centro Residencial con una Unidad de Convivencia para diez personas, donde la vida se organiza como en un hogar; ayuda a domicilio y teleasistencia reforzada con sensores de movimiento y sistemas de televigilancia que permiten actuar rápido sin arrancar a nadie de su hogar; talleres de envejecimiento activo, ocio, formación y actividades comunitarias; asistencia jurídica, apoyo en gestiones y acompañamiento emocional; servicios cotidianos como transporte al médico en un coche eléctrico, compras o visitas a otras localidades; e incluso iniciativas que conectan el pueblo con el resto del mundo, como el intercambio de cartas con alumnado de un centro educativo francés.

Todos estos protocolos humanizados se sostienen con el enfoque de Atención Integral Centrada en la Persona, que prioriza la autonomía, respeta los ritmos individuales y rechaza cualquier forma de sujeción física o química. En Pescueza, cuidar es un acto de garantía de derechos, no un simple mecanismo de control.

Pero quizás y por si todo esto fuera poco, lo más interesante y esperanzador es que el proyecto funciona porque todo el pueblo se ha implicado. La Asociación Amigos de Pescueza, con 125 socios y 10 voluntarias y voluntarios, trabaja junto al Ayuntamiento, un equipo profesional de 15 personas —psicología, enfermería, terapia, animación sociocultural, auxiliares— y el apoyo de la Junta de Extremadura, la Diputación y Obra Social Caixa. La corresponsabilidad es la clave: aquí nadie se siente solo porque nadie cuida solo, ni es cuidado solo. La comunidad participa, decide, acompaña. El cuidado se convierte en un asunto global y estructural. Si alguien quiere vivir en su casa y sólo ir a comer con otras personas, se puede. Si quiere que le lleven la comida a casa, también. A cada persona, según sus deseos y necesidades.

Referente de gestión pública

Lo que resulta evidente es que el compromiso y la humanidad no son conceptos abstractos, sino valores encarnados por personas con nombres y apellidos: Cristina Iglesias, Agustina Fernández y José Vicente Granado.

Lo que hace unos años comenzó como una apuesta arriesgada y una visión de futuro dentro del ayuntamiento se ha convertido hoy en un auténtico referente de gestión pública que atrae la atención de todo el país. Este proyecto innovador, lejos de limitarse a una simple reforma local, ha trascendido por completo las fronteras del municipio, transformando de manera positiva la dinámica institucional de la localidad. En la actualidad, sus calles y dependencias municipales viven un constante ir y venir de delegaciones oficiales, técnicos y representantes que llegan con un propósito claro: comprender, aprender y replicar una fórmula de éxito que está revolucionando la gestión del bienestar social y el desarrollo económico.

Para comprender plenamente la magnitud de esta iniciativa, Cristina Iglesias se encarga de desglosar la realidad actual y el día a día de un modelo que ya está completamente consolidado. Según explica Iglesias, el verdadero éxito del proyecto no se mide únicamente en cifras o en indicadores técnicos, sino en el cambio profundo que ha experimentado la calidad de vida en el municipio. Detalla cómo las familias se han beneficiado directamente de los nuevos servicios, cómo se ha dinamizado la economía local y de qué manera se ha logrado fijar población, devolviendo el optimismo a las calles. Para ella, el mayor logro ha sido demostrar que un pueblo puede ser sinónimo de vanguardia y modernidad, logrando que los propios vecinos y vecinas se sientan orgullosos de un sistema público que funciona y que se ha convertido en el auténtico corazón de la comunidad.

Sin embargo, para entender este presente tan brillante es imprescindible viajar al pasado, un capítulo que Vicente Granado rememora con la precisión de quien vivió el nacimiento de una idea desde la absoluta nada. Cuando Granado ocupaba el sillón de la alcaldía (PSOE), lo que hoy genera admiración nacional era solo un boceto cargado de incertidumbres. Según relata el exregidor, el proyecto se puso en marcha en un contexto complejo, caracterizado por la escasez de recursos y el escepticismo inicial de quienes veían la propuesta como algo utópico o demasiado ambicioso para las capacidades del municipio. Granado recuerda aquellas primeras reuniones a puerta cerrada, los intensos debates técnicos para encajar las piezas legales y las largas jornadas dedicadas a tocar puertas en otras administraciones en busca de una financiación que no siempre era fácil de conseguir.

El inicio del proyecto requirió, en palabras del propio exalcalde, una enorme dosis de valentía política y firmeza para no dar marcha atrás ante los primeros obstáculos presupuestarios. Fue bajo su mandato cuando se diseñó la estrategia original, se gestionaron las primeras e imprescindibles subvenciones y se firmaron los convenios pioneros que sirvieron de cimientos. Granado rememora con especial viveza el momento en que se colocó la primera piedra, tanto física como simbólica, de un engranaje que buscaba romper con la inercia del estancamiento local. Para él, sembrar esa semilla requería una visión que superara los réditos políticos inmediatos, y ver hoy que aquel esfuerzo inicial ha florecido de esta manera es la mayor recompensa a los desafíos que marcaron el comienzo de todo.

La consolidación y el crecimiento de este modelo han alcanzado tal envergadura que la agenda institucional del Ayuntamiento se ha visto completamente reconfigurada. En la actualidad, tanto Cristina Iglesias como Vicente Granado trabajan codo con codo junto a la actual alcaldesa, Agustina Fernández, formando un equipo de anfitriones que personifica la continuidad, el relevo y el compromiso institucional del municipio. La expectación que genera su modelo de gestión es tan alta que, prácticamente todos los meses, este equipo se encarga de recibir a comitivas venidas de todos los puntos de la geografía española, coordinando agendas para dar respuesta a una demanda de información que no para de crecer.

Estas visitas abarcan un amplio espectro de la sociedad y la política nacional. Por un lado, alcaldes y alcaldesas de otras localidades de España recorreren el municipio buscando soluciones sostenibles y eficaces aplicables a sus propios territorios, especialmente aquellos que luchan contra la despoblación. Por otro lado, portavoces de diversas asociaciones sectoriales se suman a estos encuentros, atraídos por las sinergias público-privadas y la innovación social que el proyecto ha sabido estructurar de manera pionera. El nexo común entre todos los que viajan hasta la localidad es un diagnóstico idéntico: coinciden en que lo que se ha construido aquí es el verdadero camino a seguir para asegurar el porvenir de sus propias regiones, estudiando sobre el terreno un modelo que ya consideran la hoja de ruta del siglo XXI para garantizar el desarrollo sostenible de sus pueblos y mejorar la calidad de vida de todos sus vecinos y vecinas.

Mejores números

Y gracias a estas personas y otras más, los resultados son más que visibles. Más de sesenta personas han sido atendidas en los distintos servicios, se han creado trece empleos directos en un municipio con escasa población activa y, tras años sin registrar nacimientos, han vuelto a nacer criaturas en el pueblo. La soledad no deseada se ha reducido y la calidad de vida general ha mejorado. En un territorio marcado por la despoblación, Pescueza ha invertido la lógica: reforzar los cuidados como infraestructura básica, no solo como política social, sino como política de territorio.

Y luego están los nombres realmente importantes, los de las protagonistas de esta historia. Herminia Sansón, a sus 87 años, es el alma y la voz del centro de día de Pescueza, convirtiéndose de forma natural en la encargada de atender a los medios de comunicación y responder con soltura a todo lo que le preguntan. Aunque es totalmente independiente, se levanta sola a las siete de la mañana y no necesita cuidados especiales, decidió acudir al centro porque a lo único que le teme es a la soledad, una realidad que aprendió a sobrellevar tras quedar viuda hace 24 años y sufrir la dolorosa pérdida de un hijo. Su casa está en la misma calle del centro, lo que le permite ir y venir a su antojo para disfrutar de actividades como el bingo o la lectura, una de sus grandes pasiones que practica con devoción y sin necesidad de gafas. Herminia, que vivió durante décadas en Barcelona trabajando duro en la limpieza de colegios, despachos y peluquerías, mantiene allí a su única hija; sin embargo, ha encontrado en sus vecinas y en el centro de día a su otra familia. Su vitalidad es tan desbordante que cada fin de semana se va sola a pescar durante un par de horas, aguantando de pie como nadie y regresando al pueblo para repartir peces entre todos, demostrando que la edad es solo un número cuando se tienen ganas de vivir y compartir.

Mientras Herminia es entrevistada, Julián, que no suelta la mano de su pareja Agustina, se ríe y asegura que nunca ha visto a nadie aguantar tanto tiempo de pie como ella. Aun así, él también quiere presumir de su buen estado de forma, recordando que cada día coge su coche para desplazarse y hacer recados. Tiene 94 años y su mujer 96. Casi toda su vida la pasaron en el País Vasco, pero decidieron volver a su pueblo tras jubilarse porque, como dice Julián, la tierra es la tierra. Agustina no tiene ganas de hablar pero la mano suave y arrugada de Julián, le guía por la vida.

Ausencia de marco legal

Sin embargo, no todo es idílico y el proyecto se mueve siempre en un terreno incierto. La falta de un marco legal que reconozca figuras como la del 'pueblo-residencia' obliga a esta iniciativa a competir en desigualdad con el modelo tradicional de residencias geriátricas. En España, el sistema de dependencia se sigue articulado en torno a prestaciones económicas y plazas residenciales, con escaso desarrollo de alternativas comunitarias en entornos rurales. La sostenibilidad del modelo pasa por adaptar la normativa y garantizar una financiación estable que no penalice la innovación social en el medio rural. Desde el municipio se denuncia la falta de un respaldo institucional global y permanente, lo que dificulta consolidar y ampliar el sistema que tiene más que demostrado su éxito.

El futuro del proyecto también depende de implicar a las generaciones intermedias —especialmente entre los 35 y los 65 años— y de consolidar una red profesional formada en este enfoque holístico humanista. Pescueza no está sola: municipios como Romangordo, en la misma provincia cacereña o Boltaña en Huesca, son algunos de los ejemplos que han comenzado a explorar modelos similares en un país que envejece y se vacían sus pueblos. Mientras tanto, Pescueza continúa desarrollando su propuesta, vinculando cuidados, empleo y vida comunitaria. El Festivalino, considerado el festival musical más pequeño del mundo y que ha celebrado su XIX edición en abril, forma parte también de esa estrategia: cultura, cuidados y territorio como herramientas contra el abandono.

Enmienda a la totalidad

Lo que está en juego en Pescueza va más allá de un modelo asistencial. Es una enmienda a la totalidad a la forma en que se han organizado los cuidados en España durante décadas. Frente a un sistema que ha tendido a externalizar la vejez, trasladándola a residencias, muchas de ellas en manos de grandes operadores, este lugar en el mundo plantea que envejecer en casa no es un privilegio, sino un derecho que debe ser garantizado desde lo público y desde lo cercano. La experiencia interpela directamente a las políticas públicas: ¿deben los cuidados organizarse en torno al mercado o en torno a la comunidad?; ¿es más eficiente concentrar o redistribuir?; ¿qué papel deben jugar los pequeños municipios en la arquitectura del Estado del bienestar?

En Pescueza, la respuesta ya está en marcha. No se trata solo de evitar que la gente se marche, sino de construir condiciones para que quedarse sea posible. En un país que envejece y se vacía, cuidar pasa necesariamente por atender pero también por decidir qué modelo de sociedad queremos desarrollar y sostener. Y aquí, en este rincón de Cáceres, esa decisión ha tomado forma de calles y casas adaptadas, puertas abiertas y vidas que continúan donde nacieron: En este último hogar a cielo abierto. Con la dignidad, respeto y cariño que se merecen todas y cada una de las personas que habitan esta tierra.

A primera hora de este viernes, Julio recibió la noticia que más ha temido en estos meses. Varios agentes de la Policía llegaban a su casa, en la que vive desde hace años, para llevar a cabo una orden de desahucio. Él y otros pocos residentes se habían convertido en los últimos habitantes de los apartamentos San Fernando, unos pisos municipales que el Ayuntamiento prestaba a personas mayores para garantizar servicios asistenciales. En septiembre de 2024, unas obras de rehabilitación en el edificio expulsaron a otros 61 ancianos que vivían en el bloque. Desde entonces, solo cuatro usuarios han permanecido allí.

Julio Gómez tenía hasta ahora dos ventajas, a las que no pueden acceder pasados los 70 años: una vida en compañía y sensación de autonomía personal. Desde que entró en los apartamentos de la calle Jerte número 1, al lado de La Latina, encontró un balance entre la convivencia de barrio y el espacio propio de un piso individual.

Se inauguraron en los años ochenta como un modelo alternativo a las residencias tradicionales, y se abrieron plazas para usuarios mayores de 65 y con distinto grado de autonomía. Esta mañana, al percatarse de lo que ocurría, Alejandro –otro residente que también ha sido notificado– contactó con sus vecinos y un grupo se movilizó para acudir hasta allí.

“Estamos avisando a todo el vecindario para que, una vez más, impida este desalojo forzado. Os emplazamos a venir y cubrir este abuso a nuestros mayores por parte del ayuntamiento. Ojalá podáis acudir: la dirección es calle Jerte, 1”, reza el mensaje difundido desde una asociación de la zona. Una de las vecinas que asistieron a la llamada, también miembro de la Asociación Vecinal La Chispera, afirma a Somos Madrid que a Julio iban a reubicarlo en una residencia, y que la irrupción de esta mañana se había producido “sin previo aviso”.

Fuentes municipales citadas por Europa Press aluden a que hasta ahora solo han recibido autorización judicial para el desalojo de uno de los residentes. Los otros tres, de momento, permanecerán allí hasta que el Juzgado resuelva la orden solicitada de cara a una reforma integral del edificio.

Almeida defiende que el desalojo es necesario para la obra

Las tensiones comenzaron el pasado verano, cuando el Ayuntamiento notificó a los residentes la necesidad de desalojar los apartamentos para acometer obras de rehabilitación que, según el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida, eran “absolutamente necesarias”, y venían a solventar problemas estructurales y de seguridad. El consistorio ofreció entonces alternativas en residencias públicas y centros municipales repartidos por distintos puntos de la región, aunque los vecinos protestaron por el cambio radical que eso supone en sus vidas, a una edad en la que renovar vínculos y rutinas no siempre es sencillo.

Sin embarlo, la mayoría acabó aceptando abandonar temporalmente los apartamentos. Algunos mostraron su malestar por las condiciones del traslado, y otros denunciaron incrementos en el coste de su nueva plaza residencial o alertaron de las consecuencias psicológicas de enfrentarse a un entorno conocido. Asociaciones vecinales como La Chispera o Cavas-La Latina defendieron durante meses que las obras podían ejecutarse por fases, sin necesidad de vaciar completamente el edificio, apoyándose en informes de técnicos independientes del Ayuntamiento.

Por su parte, los residentes aseguraron no tener “garantías” reales de poder regresar una vez terminadas las obras, sugiriendo sus sospechas ante un posible cambio de uso para el inmueble. Desde el área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad han defendido reiteradamente que todos los residentes podrán volver a sus apartamentos cuando concluyan los trabajos de rehabilitación, previstos inicialmente para 14 meses, y que lo harán “en las mismas condiciones económicas”. Pero las dudas persisten entre vecinos y plataformas sociales.

Cada año que pasa España envejece cada vez más. Los números lo confirman. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2024, la proporción de habitantes de 80 y más años se sitúa en torno al 6% de la población total y la de mayores de 90 años representa el 1,3%. Unas cifras que está previsto que continúen subiendo en la próxima década.

Con los años, mantener la fuerza física, el bienestar emocional y la claridad mental se vuelve más importante que nunca. El Decenio del Envejecimiento Saludable de la Organización Mundial de la Salud (2021-2030) describe cuatro áreas de acción clave: cambiar las actitudes frente el envejecimiento, crear entornos amables con las personas mayores, brindar atención integral y centrada en la persona y garantizar el acceso a la atención a largo plazo.

Esta perspectiva examina también el yoga, una práctica mente-cuerpo que integra posturas físicas y regulación de la respiración y atención plena como una intervención segura y adaptable para adultos mayores.

“Además de ser una camino de crecimiento interior y aquietamiento mental, resulta muy saludable para todo tipo de personas de edad avanzada: ayuda a la salud ósea, gracias al movimiento y la fuerza que las posturas de yoga requieren”, nos explica Nuria Parera, profesora de yoga, que admite además que “favorece la movilidad gracias al cuidado de las articulaciones que, especialmente a esta edad, tienden a atrofiarse debido a la falta de actividad física”. 

Además del aval de la OMS como herramienta para un envejecimiento activo, varias investigaciones demuestran que el yoga puede optimizar nuestro bienestar físico, emocional y mental y aportan datos que muestran que su práctica tiene efectos positivos en el envejecimiento celular, la movilidad, el equilibrio, la salud mental y la prevención del deterioro cognitivo.

La práctica de yoga puede marcar así una diferencia significativa en la calidad de vida porque apoya el hecho de sentirse más conectados y arraigados con su rutina diaria. También puede ser una excelente manera para que las personas mayores hagan ejercicio y alcancen el bienestar porque está al alcance de individuos de distintas capacidades y niveles de movilidad. 

El poder del yoga para personas mayores

Mantenerse activo mediante el yoga ayuda a prevenir caídas, mejorar la movilidad y favorecer una mejor calidad de vida en general. Pero es más que ejercicio: es una práctica que combina movimientos suaves, respiración consciente y relajación. Además de los beneficios físicos, el yoga ayuda al sistema nervioso ya que, explica Parera, “gracias a la respiración lenta y consciente que favorece, previene o atenúa la ansiedad o estado depresivo. Esta respiración, además, incide en el cerebro, influyendo en la capacidad cognitiva, entre otros factores”, añade la profesora. 

Existen evidencias de que el yoga tiene propiedades que mejoran el estado de ánimo e investigaciones que dicen que el yoga ayuda a reducir la ansiedad y es un método eficaz para afrontarla: incluso reconocen que puede considerarse una terapia complementaria a la vía médica en el tratamiento de los trastornos de ansiedad.

“No debemos olvidar que el yoga es una práctica energética y, practicado adecuadamente, también contribuye a que las personas que lo practican ganen en vigor y vitalidad, tengan la edad que tengan”, afirma Parera.

Yoga y personas mayores, ¿mejor juntos?

Otra razón por la que el yoga beneficia a las personas mayores al mejorar su estado de ánimo es el simple hecho de que puede ser también una actividad grupal. Muchas personas viven solas o les resulta difícil socializar tanto como antes, y reunirse con otras personas en una clase puede mejorar de manera considerable su estado de ánimo. 

“Como seres gregarios que somos, y teniendo en cuenta que muchos mayores se sienten solos, el hecho de tener el hábito de acudir a una clase regular y encontrarse con el profesor y otras personas con las que socializar ayuda a que se sientan parte de un grupo, cultiven relaciones afectivas y se sientan más acompañados”, reconoce Parera.

La suma de todos estos beneficios contribuye a que “cada persona que practica, establezca una mejor relación consigo mismo y tenga una mejor imagen de sí mismo. A esta edad, ¿qué mejor que lograr todo esto?”, afirma Parera.

Practicar yoga cuando se tiene casi un siglo

El yoga, por tanto, es para todos, sin importar la edad. Es más que la práctica física de posturas, conocidas como asanas. Incluye meditación y ejercicios de respiración, ofrece muchas modificaciones y variaciones para todos, con accesorios para facilitar la práctica. 

“A esta edad, la práctica se vuelve mucho más amable, tanto física como mentalmente”, aclara Parera, que admite que, “sobre todo para aquellas personas que no han practicado en décadas anteriores, su práctica debe consistir en movimientos y ejercicios muy suaves y amables, en los que no se busca intensidad física, sino movilidad y ternura”.

“Se huye de la exigencia para invitar a la persona a que tome conciencia, a través de sus sentidos, y respire con lentitud, favoreciendo un estado mental que les ayuda en su vida y su día a día”, reconoce Parera.

E, insistimos, la puede practicar todo el mundo. Como afirma Parera, “si la persona que guía la práctica tiene la preparación adecuada, es totalmente seguro”. En algunas circunstancias, la clase puede tener que adaptarse a las necesidades de cada persona. Es posible que, “en la mayoría de los casos, se practique sentados en una silla, que servirá de apoyo y referencia en los movimientos”, matiza Parera.

O incluso tumbados, “con movimientos más amplios o más sutiles, se puede practicar yoga y obtener los beneficios físicos, mentales, emocionales y energéticos que esta disciplina provee”, afirma Parera.

Es importante tener en cuenta que, “en yoga, se deja de lado todo juicio y exigencia, para convertirse en una herramienta que proporcione salud y mejora de la calidad de vida de las personas”, concluye Parera.

“La negociación está agotada”. Los sindicatos negociadores del Convenio de Residencias y Centros de Día de La Rioja, CCOO, UGT, USO y CSIF, denuncian que la patronal “se niega a asumir el acuerdo firmado el pasado mes de marzo ante la Inspección de Trabajo sobre el descanso semanal”. Al parecer sigue sin aceptar “un fin de semana de cada tres completo”. Esto significa que “de cada tres fines de semana, un tercio o un 33 pro ciento deben ser de descanso, 17 fines de semana completos al año”. Frente a esto, el actual convenio establece un descanso de un fin de semana de cada cuatro, 13 fines de semana al año.

Aun así, la Patronal ha ofrecido a las formaciones sindicales añadir un fin de semana más de descanso al año en 2027, y 2028, es decir, llegar a los 15 fines de semana de descanso al año dentro de dos años. Una propuesta “insuficiente y muy alejado del acuerdo alcanzado de 17 fines de semana de descanso anuales”.

Tras la reunión de este miércoles, las formaciones sindicales reiteran que la propuesta de la patronal sigue “alejada de la realidad que viven las trabajadoras y trabajadores del sector, así como de la palabra dada por la Patronal el 4 de marzo”. Una reunión que dicen ha terminado “nuevamente sin avances reales para las plantillas”.

La patronal “sigue sin asumir lo acordado y firmado” y califican su propuesta de “ridícula e insultante para un colectivo exhausto, castigado por la sobrecarga física y emocional, la falta de conciliación y unas condiciones laborales profundamente precarias”. Advierten de que las trabajadoras “no pueden seguir esperando años para conseguir avances mínimos mientras soportan ritmos inasumibles, falta de descanso y una presión constante”.

Asimismo, la parte social asegura que la actitud de la patronal “pone en riesgo la negociación y aleja cualquier posibilidad de acuerdo. Parece que se están escudando en el descanso para no firmar unas subidas salariales que urgen ser aplicadas y que, al igual que el descanso, ya se habían acordado”.

Aun así, mantienen su voluntad de llegar a un acuerdo, pero dudan de que la patronal esté en la misma sintonía. “La negociación está agotada”, ha dicho la patronal “pretendiendo abocarnos a tener que constituir una nueva mesa negociadora”.

“No vamos a aceptar migajas, las trabajadoras merecen dignidad, reconocimiento y derechos”, aseguran las formaciones sindicales que consultarán con los profesionales los próximos pasos a seguir.

Andalucía necesitaría 36.327 plazas residenciales para llegar al estándar recomendado del 5% de plazas por cada 100 personas mayores y alcanzar el cómputo ideal de 83.022 camas en toda la autonomía. A fecha de 2024, cuenta con 46.695 plazas y se sitúa por debajo de la media nacional, un 2,81% frente al 4,05%, además de distribuirse de forma desigual en las ocho provincias andaluzas. En paralelo, se señala que entre 2019 y 2022 se produjo el cierre de 24 residencias, lo que provocó un estancamiento en el número de unidades disponibles.

La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) pide a la Junta una inyección económica que acelere la construcción de nuevas infraestructuras para dar cobertura a los usuarios y, sobre todo, en previsión de la mayor demanda que experimentará el sistema ante el paulatino envejecimiento de la población. Por tal motivo, piden un plan de “choque inmediato” con 5.000 nuevas plazas concertadas de “carácter urgente” y planificar una estrategia para alcanzar en 2030 la media nacional del 4,05% “en coordinación con fondos estatales y europeos”, ya que el coste alcanzaría los 65 millones de euros anuales.

Así lo recoge un informe publicado por el ente este lunes bajo el título Plazas residenciales para personas mayores en Andalucía. Análisis 2006 - 2022 y diagnóstico actual, en el que se describe la evolución que ha experimentado el sistema de dependencia. Entre las primeras conclusiones, se extrae que, entre 2006 y 2017, Andalucía lideró la creación de nuevos centros, un 34% a nivel estatal, y aportó el 16,35% de las nuevas plazas en España. Sin embargo, en el último periodo entre 2019 y 2022, se cerraron 24 centros mientras que se abrían 150 instalaciones en el país.

A partir de la serie publicada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) —una fuente que no es oficial dado que las competencias están transferidas a las comunidades pero que sirve de baremo—, Sevilla fue la provincia más afectada con la eliminación de 12 unidades, por encima de Málaga (-9), Cádiz (-2), Jaén (-1) y Almería (-1), mientras que Córdoba sumó una instalación y Granada y Huelva no experimentaron ningún cambio entre 2019 y 2022 frente a la franja cronológica que va desde 2006 a 2017. En vista de las cifras, la organización advierte que se tardaría alrededor de 29 años en cumplir con el estándar del 5%: “El déficit estructural no quedaría extinguido hasta 2055, y ello sin contar el crecimiento demográfico previsto”, subraya el ente en un comunicado.

Por otra parte, la distribución de plazas en las ocho provincias andaluzas se reparte de forma desigual conforme a las necesidades de la población: Sevilla acumula la mayor parte de las plazas, 9.651, aunque hay un déficit de 8.916; en cuanto a Málaga, hay 7.961 pero se necesitarían habilitar 8.455 camas más; y en tercer lugar quedaría Córdoba, con 6.048 plazas a las que habría que sumar 2.318 con relación a la densidad de población de mayores de 65 años. A continuación, estarían Cádiz (5.783 plazas), Granada (5.765 plazas) y Jaén (5.107), a las que habría que añadir 5.961, 3.872 y 1.766, respectivamente. Por debajo de ese umbral quedarían Almería (3.833) y Huelva (2.547), en donde habría que destinar un refuerzo para compensar la falta de 2.320 plazas y 2.719 plazas en cada caso.

457 días de espera y 1.963 fallecidas sin la prestación recibida

FOAM establece, a partir de los datos recopilados en el Instituto Nacional de Estadística y en el Imserso, que Andalucía es la comunidad autónoma con el mayor déficit absoluto de plazas residencias para personas mayores de 65 años en 2024, ya que representa el 37,5% de la estadística nacional. Asimismo, se destaca que el 49,60% de las plazas andaluzas existentes se concentran en macroresidencias de 100 o más plazas.

En cuanto al tiempo medio para obtener una resolución, se alarga a los 457 días frente a los 325 de media, aunque el máximo que establece la ley es de 180 días. Es decir, hasta abril de 2026, fallecieron 1.963 personas sin haber recibido la prestación aunque tuvieran el derecho reconocido.

Cabe recordar que la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales publicaba un análisis basado en el primer censo de centros residenciales en España que realizó el Ministerio de Derechos Sociales en abril de 2024, con los últimos datos disponibles. A tenor de lo observado, se computa que el 64,3% de las plazas en Andalucía corresponden a financiación pública, unas 30.006, y unas 16.689 a la privada, lo que tiene un peso del 35,7%. En visión del eje cronológico, la creación de camas experimentó un parón, sobre todo entre 2010 y 2016, donde se pasó del 2,08% al 1,88%. Esta cifra por fin se rebasó en el período entre 2017 y 2022 cuando se alcanzó el 1,94%. Sin embargo, en 2022 el índice cayó al 1,92% y, seguidamente, al 1,79% en 2023, subiendo dos puntos al 1,81 en 2024. Un comportamiento en dirección opuesta a la media nacional, ya que se alcanzó un 2,84% de financiación pública tras un crecimiento continuado desde 2018.

134 millones de fondos Next Generation

Por tanto, la creación de plazas para personas mayores en Andalucía, que sufrió un estancamiento entre 2022 y 2023, disminuyendo de 45.732 a 42.545, coincidiendo con el segundo mandato del Gobierno popular de Juanma Moreno, se ha sostenido, sobre todo, en la esfera privada dado que creció la financiación entre 2023 y 2024 en ocho centésimas (pasando de 0,93 a 1,01), momento en el que se sumaron más de 4.000 nuevas camas. Así, se consiguió lograr el máximo histórico en la serie andaluza con 46.695 plazas residenciales.

Es más, solo seis comunidades cumplen con la ratio de 5 plazas residenciales por cada 100 personas mayores de 65 años en España: Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón, Asturias, La Rioja y Cantabria, pero solo dos lo alcanzan con financiación pública, que serían las dos castillas.

Por su parte, la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad responde a este medio que el período analizado se queda en 2022 y que, desde entonces, la inversión en la construcción y reforma de centros de día y residenciales para personas mayores y con discapacidad se ha reforzado con la creación de más de 5.000 nuevas plazas. Además, destacan la línea de 134 millones de euros a cargo del fondo europeo Next Generation que está destinada a entidades locales y del tercer sector y tiene como fecha fin de ejecución este año 2026, con la que se pretende dar oxígeno al sector para revertir la demanda histórica en la asistencia a personas mayores.

La mayor esperanza de vida habla de cómo las personas mayores viven más, pero también de cómo “menos niños y menos jóvenes mueren”. “En el tema del envejecimiento hemos asumido muchos marcos como ciertos y, no es que sean absolutamente falsos, pero no cuentan toda la verdad”, advierte Irene Lebrusán (Madrid, 1984), doctora en Sociología, profesora en la Universidad Autónoma de Madrid e investigadora en el CENIE. En medio de la escalada de los discursos de enfrentamiento intergeneracional, la especialista llama la atención también sobre las “trampas” en algunos debates, como aquellos que solo ponen en la diana el gasto en pensiones, pero ignoran o invisibilizan otras muchas realidades, como por ejemplo lo que aportan las personas mayores —principalmente las mujeres— en cuidados no remunerados.

Lebrusán, que fue investigadora postdoctoral en la Universidad de Harvard y ha centrado gran parte de su carrera en estudiar el envejecimiento y la vivienda, responde en esta entrevista con elDiario.es sobre algunos de los debates más recurrentes acerca de los retos económicos de una población más envejecida. Como el aumento de gasto —sobre todo en pensiones, pero también en dependencia y cuidados— y la sostenibilidad de esta situación con una pirámide poblacional con menos jóvenes.

España está ante “el mayor logro que puede conseguir cualquier sociedad”, destaca la investigadora, como uno de los países del mundo con más esperanza de vida al nacer, de 84 años, solo por detrás de Suiza y Japón, según la OCDE. “Y en un contexto en el que deberíamos estar muy orgullosos y dando palmas, porque sobreviven más personas a todas las edades, porque incluso personas con enfermedades tienen mayor calidad de vida y viven más años, lo que se destaca siempre es lo negativo. Para mí la pregunta es cómo puede ser que en ese marco estemos únicamente pensando en cuestiones tan negativas y con números que muchas veces son falsos”, añade. O, como poco, tramposos.

Por ejemplo, Irene Lebrusán destaca cómo habitualmente hay voces que reclaman la necesidad de aplicar reformas de pensiones, como si no se estuvieran ya aplicando multitud de cambios en las últimas décadas. “La edad legal de jubilación ya no es 65 años en general, avanza hasta los 67 años. Ya está aumentando”, recuerda.

Cuando se habla de lo “altas” que son las pensiones y lo “bajos” que son los salarios, se suele poner el foco en la insostenibilidad de las primeras respecto a los segundos. Lebrusán pide mirar también en la otra dirección: “¿De quién depende que los salarios sean muy bajos? Ese planteamiento no lo veo nunca. O sea, se está culpabilizando al Estado de algo que no tiene que ver con él”.

La socióloga también advierte que se suele abogar por que las personas mayores alarguen sus carreras laborales, “que se trabaje durante más años”, pero no se analiza qué condiciones laborales tienen las empresas para este colectivo. Ni tampoco se cuestiona a las empresas —muchas de ellas multinacionales— que despiden de manera masiva a trabajadores de edades avanzadas, expulsándoles al paro en un momento en el que es muy complejo que vuelvan a reengancharse al mercado laboral.

“A mí me parece bien que se prepare el clima laboral, es decir, que las empresas se adecúen a la permanencia de personas de más edad en el mercado de trabajo, de tal manera que esas personas que lo deseen puedan trabajar en mejores condiciones”, subraya Lebrusán. En cualquier caso, hay personas y trabajos que no pueden extender sus carreras laborales, por su penosidad o su estado de salud, recuerda la investigadora.

“Ojo, que las personas mayores cuidan”

La investigadora destaca otra cara de la moneda que es mucho menos destacada en los medios y debates públicos: lo que aportan las personas mayores. “Muchas veces se plantea el debate solo en términos de gasto, pero no en términos de cuál es la aportación de las personas mayores en edad de jubilación”, subraya Lebrusán.

“Se dice siempre: a las personas mayores hay que cuidarlas. Ojo, las personas mayores cuidan”, destaca la socióloga, que subraya el gran peso de cuidados familiares que recae en las personas de más de 65 años, “sobre todo en las mujeres”, que cuidan tanto de personas aún más mayores (por encima de los 80 años) como de bebés y otros menores. “¿Cuál sería el coste de esas personas mayores, mujeres, que están realizando esa labor de cuidados?”, llama la atención Lebrusán.

¿Cuál sería el coste de esas personas mayores, mujeres, que están realizando esa labor de cuidados?

Esta semana, el Centro Internacional sobre el Envejecimiento (CENIE) ha presentado precisamente un informe —El Derecho al Cuidado y la Economía de los Cuidados en España— que mide esta realidad y que estima que el cuidado informal equivale a unos 3,2 millones de empleos a tiempo completo y, en los últimos 20 años, las horas dedicadas se han multiplicado por 2,5. “Ponerlo en valor significa reconocer un volumen cercano al 4% del PIB”, destacó en la presentación del estudio el economista Jorgé Uxó, uno de sus directores, junto a Nacho Álvarez, profesor en la Universidad Complutense y ex secretario de Estado de Derechos Sociales.

Los cuidados en manos de estas mujeres mayores, no remunerados y a menudo invisibilizados, son un elemento indispensable para “esa supervivencia de la sociedad y para que sigamos teniendo nuevos efectivos que entren en el mercado laboral”.

Así que Lebrusán lanza una pregunta al debate público: “¿Cuánto contribuyen las personas mayores a la conciliación laboral y familiar que permiten no solo que las familias sobrevivan, sino que las propias empresas continúen con sus horarios, que no se adecuan a las necesidades sociales generales? Esto tampoco lo hemos contabilizado”.

Y no solo es una cuestión de cuidados. Reconociendo la jubilación y los cuidados como un derecho de las personas mayores, estos también generan actividad y riqueza, en su condición de consumidores, pero también como usuarios de un sistema que crea empleos en la economía. El mencionado estudio del CENIE estima que por cada euro público invertido en el sistema de dependencia en 2023, se generó 1,6 euros a la economía española. Además, calcula una recaudación a las arcas públicas de casi la mitad (49 céntimos) en impuestos y cotizaciones sociales.

Los prejuicios sobre productividad y el autoedadismo

Por otro lado, las personas mayores están trabajando cada vez más años, como muestra la edad efectiva de acceso a la jubilación, en aumento en los últimos años (65,2 años en abril cuando en 2019 era de 64,4 años).

“Otra de las trampas es que se asume que las personas mayores son menos productivas. Error”, sostiene la investigadora, que cita un estudio para el CENIE de la Universidad de Salamanca y de Oxford Economics que constató la mayor productividad y resiliencia de las empresas que conservaron a su personal sénior en la pasada crisis financiera. “La cuestión es que se asumen muchos prejuicios sin ponerles datos en realidad, ni números”, subraya Lebrusán.

“Si no cambiamos esas ideas, acabamos cayendo también en autoedadismo. Es decir, nos saboteamos, nos acabamos limitando a nosotros mismos porque tendemos a asumir que no podemos hacer cosas con determinadas edades. Y, así, nos encontramos con las crisis de los 40, los 50... Esas ideas de: como tengo 50 años ya no puedo, por ejemplo, ponerme a estudiar piano. Bueno, pues a lo mejor no acabas siendo un pianista profesional, pero quién dice que no puedes ponerte a estudiar piano a los 50 años”, explica la socióloga. “Ese autoedadismo nos impide desarrollar todo nuestro potencial”, remata.

En el ámbito de las empresas, también se interiorizan muchos prejuicios, que acaban penalizando a los trabajadores por su edad. Por ejemplo, cuando las compañías se centran en lo que los empleados más mayores no pueden hacer, en lugar de en aquello en lo que sobresalen gracias a su mayor experiencia, así como en la riqueza del intercambio y el trabajo conjunto con trabajadores más jóvenes. “Pero lo que hacemos es dividirnos más, alejarnos más y eso en realidad genera una pérdida, que también es una pérdida económica”, advierte Lebrusán.

La investigadora defiende analizar “la imagen completa” en los debates sobre el envejecimiento y las personas mayores, reconociendo además sus matices y desigualdades, y no “desplazar responsabilidades a grupos poblacionales que en realidad tienen que ver con el sistema económico”. Ese que establece qué salarios tenemos, a qué hora salimos del trabajo y la imposibilidad de asumir el coste de la vivienda. “Se plantean unos enfrentamientos que son falsos. Que el jubilado de tu barrio esté peor no significa que tú vayas a estar mejor. Esto no va de quitárselo a unos para dárselo a otros. No funciona así”, argumenta la socióloga.

El Grupo Municipal Socialista de Ciudad Real ha insistido este viernes en su petición de información con la publicación de la documentación relativa a los gastos asumidos por el  Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo (IMPEFE), un organismo autónomo municipal público, relativos al Congreso de Mayores de la Unión Europea celebrado el pasado mes de noviembre, vinculado con el Partido Popular Europeo, en el que también estaba la Diputación Provincial entre los colaboradores.

El presidente nacional del partido Alberto Núñez Feijóo fue el encargado de clausurar aquel XXX Congreso de la Unión Europea de Mayores (ESU) celebrado el 7 de noviembre de 2025 en la sede de la Cámara de Comercio, y anunciaba entonces una iniciativa para garantizar la actualización de las pensiones en 2026, incluso con prórroga presupuestaria. Al evento también asistieron el presidente del PP regional Paco Núñez y el presidente del PP en la provincia, Miguel Ángel Valverde.

La nueva petición llega, según ha argumentado la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Sara Martínez, tras constatar “la falta de transparencia y la forma arbitraria de actuar” del alcalde, Francisco Cañizares, y su equipo de gobierno, según asegura en un comunicado.

La respuesta dada hasta ahora “no aclara las dudas”

La edil socialista ha apuntado que el pasado 8 de mayo registraron una solicitud de información para esclarecer distintos extremos relacionados con estos gastos.

Sin embargo, ha asegurado, la respuesta remitida por el equipo de gobierno el 14 de mayo “lejos de aclarar las dudas, evidencia nuevamente la opacidad con la que se está gestionando este asunto”.

En dicha respuesta, el equipo de gobierno sostiene que en el Consejo Rector del IMPEFE celebrado el 27 de enero de 2026 ya se informó de los expedientes relativos a contratos menores vinculados a la colaboración con el citado congreso, afirmando además que los representantes socialistas “quedaron enterados” sin formular reparos.

Desde el Grupo Municipal Socialista desmienten esa versión y explican que fue durante el análisis de la liquidación presupuestaria del IMPEFE presentada en el Consejo Rector del 2 de marzo, cuando detectaron que determinadas cifras no cuadraban.

Por ello, ese mismo día solicitaron formalmente el desglose detallado de varias partidas presupuestarias para poder revisar la documentación económica.

Fue precisamente durante esa revisión de facturas, cuando tuvieron conocimiento de las facturas ahora cuestionadas.

Además, los socialistas denuncian que en los Consejos Rectores del IMPEFE no se facilita relación de facturas desde el pasado mes de octubre, lo que ha impedido acceder a esa información “en tiempo y forma”, dificultando así la labor de fiscalización y control que corresponde a la oposición.

“El señor Cañizares y su equipo pretenden ahora justificar su falta de transparencia trasladando la responsabilidad a la oposición, cuando la realidad es que han ocultado información relevante y han actuado de manera absolutamente arbitraria”, ha declarado Sara Martínez.

Por todo ello, el PSOE municipal ha reiterado formalmente su solicitud para acceder al expediente completo relacionado con los gastos imputados al Plan Estratégico del IMPEFE de fecha 6 de noviembre de 2025 relativos a este congreso, incluyendo informes de necesidad, propuestas de gasto, contratos menores, memorias justificativas, informes de Intervención, posibles reparos, documentos contables, órdenes de pago, convenios o acuerdos de colaboración y el programa oficial del evento utilizado para justificar el desembolso de dinero público.

Piden saber quién asistió a “la cena pagada con fondos públicos”

Asimismo, han solicitado conocer la relación de asistentes “a la cena sufragada con fondos públicos, aunque sea mediante identificación anonimizada por cargos o entidades”.

Martínez reitera que continuarán “vigilando hasta el último euro del dinero público” y exigiendo transparencia, rigor y responsabilidad en la gestión municipal.

“Las instituciones públicas no pueden utilizarse al servicio de intereses partidistas ni gestionarse desde la opacidad. Los vecinos y vecinas de Ciudad Real merecen un gobierno transparente, serio y respetuoso con el dinero de todos”, concluye la edil.

La semana pasada le tocó a Calahorra y esta a Arnedo. El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha inaugurado este lunes el nuevo Centro de Día de Arnedo, que duplica sus plazas públicas hasta alcanzar las 40 y mejora su cobertura con atención especializada y personalizada además de reforzar la red de recursos de atención a la dependencia en Rioja Baja, contando con un equipamiento sociosanitario avanzado y tecnologías aplicadas a la rehabilitación, la estimulación cognitiva y la terapia ocupacional.

Al igual que en Calahorra, el anterior gobierno socialista de La Rioja ya ideó la construcción de un nuevo centro de día en Arnedo. En noviembre de 2011, el exconsejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública, Pablo Rubio, y el entonces alcalde de Arnedo, Javier García, anunciaron la construcción de un nuevo centro de día con capacidad para 40 usuarios junto a la entonces directora general de Dependencia, Discapacidad y Mayores, María Somalo y la concejala de Servicios Sociales, Rosa Herce. De hecho, esta última, hoy diputada del PSOE La Rioja denunció a finales de mayo el retraso en la apertura de este nuevo recurso “de forma deliberada”. La apertura estaba programada para el 1 de mayo (finalmente se ha realizado el 11). “El Ejecutivo regional ha tenido esta instalación cerrada durante dos años”, decía la alcaldesa socialista, Rosa Herce, además de recordar “el sello socialista” de este recurso y calificar este retraso de “cálculo tacticista y electoralista”.

Un nuevo edificio moderno y adaptado

El nuevo Centro de Día se ha construido en una parcela contigua a la residencia ‘Ciudad de Arnedo’, en la avenida Cruz Roja, y cuenta con una superficie construida de 879,28 metros cuadrados, además de una zona ajardinada de 148,78 metros cuadrados.

El edificio se organiza en dos volúmenes diferenciados. La zona exterior, orientada hacia la calle, concentra los espacios de servicios, despachos, salas técnicas, almacenes y cocina; mientras que la zona interior, abierta al jardín, alberga las salas destinadas a los usuarios, como comedor, áreas de descanso, fisioterapia y terapia ocupacional.

El centro dará cobertura no solo a Arnedo, sino también a una decena municipios del entorno como Herce, Santa Eulalia, Préjano, Arnedillo, Munilla, Enciso, Muro de Aguas, Villarroya, Zarzosa o Tudelilla, reforzando así la atención sociosanitaria en toda la comarca de Rioja Baja.

A este respecto, la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, ha destacado que “los fondos europeos aterrizan en el territorio y se traducen en servicios útiles y cercanos para la ciudadanía”, en referencia a la apertura del nuevo centro de día de Arnedo. Asimismo, ha agradecido la implicación de todas las administraciones para hacer realidad este proyecto y ha subrayado que esta nueva infraestructura prestará un servicio fundamental no solo a Arnedo, sino a toda su comarca.

Las nuevas instalaciones incorporan equipamiento sociosanitario avanzado y tecnologías aplicadas a la rehabilitación, la estimulación cognitiva y la terapia ocupacional, con el objetivo de mejorar la autonomía personal y prevenir el deterioro funcional de las personas mayores con distintos grados de dependencia. Entre otros recursos, el centro dispone de sillones geriátricos anatómicos, grúas de movilización e higiene, bicicletas estáticas, equipos de electroestimulación, ejercitadores respiratorios y dispositivos específicos para fisioterapia y rehabilitación.

Además, la ampliación de plazas lleva aparejada la incorporación de nueve nuevos profesionales: un médico-psicólogo, un fisioterapeuta, un terapeuta ocupacional, dos enfermeras y cuatro auxiliares-gerocultores más. En total, el centro contará con una plantilla de 17 trabajadores. 

“Hemos multiplicado por dos la capacidad de atención hasta las 40 plazas y de manera acorde a esta ampliación, se aumenta el personal con nueve profesionales sociosanitarios más”, ha recordado el presidente. Entre los servicios que se prestarán destacan la atención sanitaria y de enfermería, fisioterapia, terapia ocupacional, apoyo social y familiar, higiene y cuidados personales, administración de fármacos, comedor y transporte adaptado.

Por su parte, la alcaldesa de Arnedo, Rosa María Herce, también ha puesto en valor la colaboración entre administraciones para hacer realidad una infraestructura beneficiosa para Arnedo y toda la comarca del Valle del Cidacos. En este sentido, Herce ha subrayado que este nuevo recurso público “contribuirá a mejorar la calidad de vida de las personas mayores” y ha defendido la importancia de dotar a los municipios de servicios públicos que permitan fijar población y garantizar una atención digna y cercana a los vecinos, especialmente a los más vulnerables.

El reciente anuncio de un acuerdo entre el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) y los sindicatos UGT, CCOO, SIEP y TU para reforzar las plantillas de los centros de dependencia en la región —que preveía la incorporación de nuevos efectivos para aliviar la carga de trabajo— no ha sido bien recibido por la totalidad del personal público vinculado a este sector. Los trabajadores del Centro de Atención a la Dependencia (CAD) de Laredo no solo consideran la medida insuficiente, sino que la califican como un “parche” que no resuelve su crisis estructural. Por ello se concentrarán este sábado, 9 de mayo, a las 14.00 horas, a las puertas del edificio para reclamar soluciones “reales” ante “la grave falta de personal” que sufre el servicio.

Anjana González, técnica auxiliar del CAD de Laredo, es una de las voces que lidera esta movilización que ha nacido, según subraya, desde la propia base de los trabajadores y no desde las cúpulas sindicales. “Encima de que han firmado menos de lo que se nos ofrecía en primera instancia, no estamos de acuerdo”, explica González en referencia al acuerdo que otorga ocho ‘acúmulos’ más uno en el centro de día, frente a los nueve técnicos sociosanitarios que se habían planteado inicialmente en las reuniones con el ICASS.

'Acúmulos' frente al problema de la temporalidad

El núcleo del conflicto reside en la naturaleza de las contrataciones. Para la plantilla de Laredo, la fórmula del “acúmulo de tareas” es una solución de corto recorrido para un problema crónico. “Lo que necesitamos son efectivos reales, no un 'acúmulo' que sea un parche que me dure seis meses y luego me lo vuelvan a quitar y me encuentre en la misma situación o peor”, ha lamentado González en declaraciones a elDiario.es.

En el argot administrativo, según ha explicado, estos 'acúmulos' sirven para cubrir picos de trabajo, pero no consolidan una plaza estructural o vacante. Mientras tanto, el centro sigue lidiando con bajas y vacaciones que quedan sin cubrir, obligando a los profesionales actuales —unos 71 técnicos y auxiliares de una plantilla total cercana a las 200 personas— a asumir turnos interminables sin respetar los descansos mínimos. “Estamos agotados física y mentalmente”, reza una carta enviada por los trabajadores a los medios de comunicación.

El riesgo añadido de la falta de enfermeras

La situación es especialmente alarmante en el área de enfermería. La falta de estas profesionales está provocando un efecto dominó que pone en riesgo tanto a los trabajadores como a los residentes. Según ha denunciado González, cuando no hay enfermeras disponibles, la responsabilidad de tareas críticas recae sobre el personal auxiliar y técnico sociosanitario, quienes no poseen la cualificación legal para desempeñarlas.

“Es grave. La gente se piensa que es un tema muy sencillo, pero es que un mínimo error puede provocar algo grave”, advierte la trabajadora. González pone como ejemplo reciente una sentencia judicial por homicidio imprudente contra un auxiliar de enfermería en la Comunidad de Madrid por un error en el suministro de medicación, un riesgo que, aseguran, planea sobre su día a día debido a la sobrecarga asistencial.

Actualmente, el CAD de Laredo atiende a 121 residentes permanentes, a los que se suman unos 20 usuarios del centro de día. A pesar de que existen habitaciones vacías que no se ocupan por la falta de personal, la presión sobre las empleadas y empleados no cesa, afectando directamente a la calidad del servicio que reciben los dependientes.

Una protesta unánime de toda la plantilla

Lo que hace singular este conflicto es su carácter asambleario. Aunque cuentan con el asesoramiento legal de sindicatos como CSIF o SUC -que han reclamado también más empleados de servicios en el CAD de Sierrallana y se han negado a firmar el acuerdo del ICASS-, los trabajadores recalcan que la gestión de las protestas es propia. “Esto no ha salido de parte de los sindicatos, ha salido de los trabajadores”, ha insistido Anjana González, señalando que incluso la dirección del propio centro de Laredo apoya sus reivindicaciones ya que “son testigos directos de la falta de efectivos”.

Los trabajadores de Laredo sienten que sus necesidades específicas han sido ignoradas en la mesa de negociación por parte de los sindicatos firmantes (UGT, CCOO, SIEP y TU). “No estamos nada de acuerdo en lo que ha firmado el comité porque no ha tenido en consideración lo que los trabajadores estábamos pidiendo”, ha sentenciado González.

Tras años trabajando bajo mínimos, el objetivo de la concentración de este sábado es dar visibilidad al problema. “Hemos visto el momento de dar un golpe en la mesa”, afirma González. “Ya se ha escuchado nuestro grito de socorro y no vamos a parar hasta que no mejore. No sé a dónde nos llevará todo esto, pero que no vamos a parar lo tenemos clarísimo”, ha añadido.

La movilización de Laredo busca no solo presionar al ICASS para que convierta los “parches” temporales en plazas estructurales, sino también alertar a la sociedad cántabra sobre la precariedad de un sector público que debería ser garante de la dignidad en los cuidados de la tercera edad y la dependencia.

La gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio en Logroño ha llegado al pleno municipal. El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño ha defendido este jueves la prestación de este servicio en Logroño frente a las crítica de buena parte de la oposición por la “privatización” y el “mal servicio”.

Así se ha puesto de manifiesto durante el debate de una moción, planteada por el Grupo Mixto Podemos “para recuperar la calidad, la estabilidad y el control público del SAD en Logroño”. Una propuesta que ha sido rechazada con el 'no' de PP y Vox, la abstención de la concejala no adscrita Eva Loza y el voto a favor de PR+, Podemos y PSOE.

En defensa de su moción, la portavoz de Podemos Amaia Castro ha subrayado que “el Servicio de Ayuda a Domicilio es un servicio esencial del Ayuntamiento, del que dependen más de 2.000 familias, ”un servicio que no puede depender de un fondo que busca el beneficio económico“, citando ”numerosas quejas que están llegando por parte de los usuarios“.

Frente a eso, ha reclamado “reafirmar los principios del SAD, con criterios de continuidad asistencial, atención centrada en la persona o estabilidad de equipos”; “reforzar la inspección y el control municipal del contrato”; “habilitar un canal de comunicación y seguimiento con los usuarios y sus familias”; “actuar ante los incumplimientos de la empresa adjudicataria”; y “avanzar hacia la remunicipalizacion del SAD”.

En respuesta a la moción, desde el PR+ se ha reclamado la financiación “necesaria” y tener en cuenta “a las empresas de aquí”. Por parte de VOX, reconociendo “preocupación” por problemas en el servicio, ha considerado la propuesta como “simplista” e “ideológica”. El PSOE, por su parte, ha planteado la creación de una ordenanza específica y de una empresa municipal de servicios sociales “para una mejor gestión directa”.

La concejala de Servicios Sociales, Patricia Sáinz, ha dicho que “genera profunda tristeza escuchar el mensaje que están lanzando, parece que es un desastre y nada más lejos de la realidad, está ayudando a muchas personas y con una gestión muy buena, los logroñeses pueden venir con confianza, estamos viviendo aumento de horas y de usuarios”. Ha reconocido la edil que una de las quejas principales de la prestación del servicio es el cambio de personal, señalando que “el mercado ahora mismo no nos ofrece personas formadas”, aunque ha citado acciones “en las que estamos trabajando para poder contar con más personal”.

A ello ha sumado que “estamos implantando el SAD de cercanía, con lo que se está intentando poner solución al cambio de personal”, un proceso que “se está haciendo poco a poco”. “Todo cambio asusta, hemos estado haciendo acompañamiento personalizado para llevar adelante ese cambio y se han reconducido practicamente todas las situaciones”, ha asegurado Sáinz, quien ha incidido para finalizar en que “la valoración del servicio donde se ha ido implantando es positiva”.

Balbina, Jacinto, Carmen, Félix o Eladia son algunos de los 62 centenarios que han acudido al homenaje que se les ha rendido este jueves en el Ayuntamiento de Zaragoza. Forman parte del grupo de 205 personas empadronadas en la ciudad que nacieron en 1926, hace cien años.

En total, 47 mujeres y 15 hombres han acudido hasta el salón de Recepciones de la casa consistorial, acompañados de un familiar, para protagonizar este acto en el que se les ha entregado un ejemplar de la portada del Heraldo de Aragón del día en que nacieron, una publicación especial bajo el nombre ‘Centenarios de Zaragoza 1926-2026’ y una insignia de plata con el escudo de la ciudad.

Entre ellos también se encuentra Jesús, que acaba de cumplir cien años y que conserva el recuerdo de una infancia marcada por la guerra. Tenía apenas 12 años cuando se vio obligado a abandonar su pueblo, Bielsa, y cruzar de noche a Francia. “Nos quitaron los animales, nos quemaron la casa y tuvimos que cruzar a otro país”, rememora. A pesar de haber regresado pronto a España, no olvida las dificultades de aquella etapa: “Lo que pasamos fue horroroso, pero aquí estoy”.

Balbina vino a Zaragoza en 1950, con 24 años, cuando se casó con su marido Santiago. Sus diez hijos han nacido en Zaragoza, ciudad que la acogió y donde ha desarrollado su vida, aunque sin olvidar sus raíces. Hoy ha sido la encargada de soplar las velas en representación de todos los asistentes. Lo ha hecho junto a Jacinto, que, visiblemente emocionado, aseguraba que este era “un gran homenaje” y “un orgullo”. El secreto para llegar en tan buenas condiciones a los cien años, apunta: “Comer poco y andar mucho”.

La celebración de este año ha contado con una invitada especial, Esther, nacida el 16 de abril de 1921 y que ya ha cumplido 105 años. Nació en Soria, aunque a los nueve años se mudó a Zaragoza: “Soy maña”, dice con una sonrisa. Vive sola, aunque cuenta con ayuda en casa, y destaca que lo importante es “llegar con la cabeza bien; lo demás ya vendrá”.

Carmen es otra de las asistentes. Asegura que no sabía que se organizaba este acto y que le hizo “mucha ilusión”. Su consejo para alcanzar su edad es claro: “Vivir tranquila, sin nervios, hacer las cosas con calma y trabajar en lo que uno puede”. Recuerda además una vida de esfuerzo: “He estado toda la vida recogiendo olivas, de rodillas; así hemos vivido”.

Félix también insiste en el trabajo como motor: “Hay que trabajar, trabajar y trabajar” y recuerda anécdotas de la Guerra Civil Española, cuando “las mozas me sacaban a bailar a los 14 años”. En la misma línea, Eladia reivindica el valor del trabajo dentro del hogar: “Lo importante es ser trabajador y buena persona. Yo he trabajado mucho en casa y eso también es trabajo”.

Las historias de vida de estos centenarios reflejan también grandes cambios sociales, muchos coinciden en señalar ese contraste: una ciudad que “ha cambiado muchísimo” y que hoy poco tiene que ver con la que conocieron en su juventud.

La longevidad en España es una de las más elevadas del mundo, un fenómeno que ha ido en aumento en las últimas décadas gracias a la mejora de las condiciones de vida y la atención sanitaria. En España actualmente hay más de 16.000 personas centenarias, según los datos del Instituto Nacional de Estadística.

La alcaldesa, Natalia Chueca, ha felicitado a todos los homenajeados y les ha dado las gracias por su contribución a las transformaciones que se han producido en España y en Zaragoza: “Vosotros habéis construido esta Zaragoza mucho antes de que muchos de nosotros naciéramos. Habéis visto cambiar las calles, los barrios, las plazas, habéis levantado familias, trabajado sin descanso, superado tiempos difíciles y ayudado a sacar adelante esta ciudad”. Para la alcaldesa, la cifra de centenarios refleja “la calidad de vida” de la ciudad: “Tener centenarios es probablemente la mejor demostración de todo aquello que queremos seguir siendo”.

Es la tercera vez que el Ayuntamiento organiza este homenaje, que tiene como finalidad reconocer a las personas mayores y su papel en el tejido familiar, económico y social. En particular, a quienes han superado el siglo de vida, un grupo que no deja de crecer.

Por su parte, la concejala delegada del Mayor, Paloma Espinosa, ha reivindicado este día como de “celebración y agradecimiento”: “Me siento especialmente feliz de poder felicitarles y compartir esta celebración, para reconocer y agradecer todas aquellas cosas que siguen realizando y han contribuido a que todos vivamos algo mejor”.

El Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) nace como un pilar del sistema de bienestar, diseñado para garantizar la autonomía de personas dependientes en su propio hogar. Un servicio que abarca un conjunto de prestaciones sociales dirigidas a personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia que, por sus circunstancias personales, ven dificultada la realización de las tareas básicas de la vida diaria y necesitan apoyo para mantener su autonomía e independencia personal en su entorno habitual, que es el domicilio. Es la definición de servicio de ayuda a domicilio, porque en Logroño, la realidad que atraviesan las trabajadoras dista mucho de la teoría. Y es que tras la fachada de una labor social indispensable, se esconde un sector cien por cien feminizado que lucha contra la precariedad laboral, el intrusismo de tareas y una desprotección alarmante frente a los abusos de los usuarios y la falta de supervisión empresarial.

Y aunque cuando hablamos de servicio de ayuda a domicilio pensamos en personas mayores, las trabajadoras en Logroño atienden a un espectro más amplio: menores, personas con discapacidad, autismo o enfermedades raras. Su función principal es la atención personal (higiene, movilización, acompañamiento a centros de salud o colegios) y un apoyo doméstico básico.

Según el Ayuntamiento de Logroño, el perfil de las personas usuarias son, en su mayoría, personas mayores o con discapacidad con reconocimiento de su situación de dependencia. Pero hay otros tres perfiles que reciben una atención específica del servicio porque también se trabaja con familias en situación de desprotección de menores, con una atención que llega a más de 40 familias. También a personas en situación o riesgo de exclusión, con apoyos personales, domésticos o de terapeutas, una ayuda que llega a unas 50 personas usuarias. Y además, “también hay un nivel adicional que aporta el servicio en caso de Logroño con una importante vocación preventiva”, recoge textualmente la web del Ayuntamiento logroñés: “la atención a personas mayores que, sin tener reconocimiento de dependencia, se detecta que son vulnerables a situaciones de aislamiento, soledad o de falta de autonomía personal, perfil en el que se atienden a en torno a 100 personas”.

"Si el usuario es un menor, el servicio es para el menor. No para limpiar la casa a fondo, ni para bajar la basura de toda la familia, ni para pasear a la mascota

Trabajadora del SAD en Logroño

El problema surge cuando la línea entre “auxiliar sociosanitaria” y “empleada de hogar” se difumina intencionadamente por parte de las familias y la falta de control de las empresas adjudicatarias. “Nos tienen como la chica de la limpieza y ya está”, lamenta una trabajadora con 23 años de experiencia que le permiten negarse a realizar una serie de labores como limpiar lámpara, planchar la ropa o incluso lavar la ropa de toda la familia. “Si el usuario es un menor, el servicio es para el menor. No para limpiar la casa a fondo, ni para bajar la basura de toda la familia, ni para pasear a la mascota”.

Las labores que deben realizar estas trabajadoras lo marca el programa de atención individual (PIA) un informe elaborado por Servicios Sociales que determina qué prestaciones y servicios tiene que recibir la persona en función del grado de dependencia asignado. Y en ocasiones, cuenta otra trabajadora con nueve años de experiencia, “cuando el PIA marca que a ese usuario hay que bañarlo, llegamos al domicilio y nos encontramos con que ya lo ha bañado la hija que, a cambio, nos pide que lavemos las cortinas”. Abusos que denuncia se dan, sobre todo, entre las trabajadoras nuevas. “Otra compañera me contaba ayer mismo que en el PIA establece atención para el marido, sin embargo, esta trabajadora tiene que atender a los dos. Otras veces, nos obligan a planchar la ropa de todas las personas que viven en el domicilio, no solo la del usuario del servicio”.

Y además e estos abusos laborales, muchas de las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio en Logroño denuncian situaciones de acoso y racismo

Indefensas ante acoso, agresiones verbales y racismo

Hay quienes llaman a la oficina diciendo: no me mandes a esta negra, que a mí las negras no me gustan

Trabajadora del SAD en Logroño

La vulnerabilidad de estas mujeres se acentúa al trabajar a puerta cerrada. El testimonio de las trabajadoras logroñesas revela situaciones de extrema gravedad que, a menudo, quedan diluidas en informes internos sin consecuencias reales. Denuncian episodios de acoso sexual y tocamientos: “Hay usuarios que se aprovechan... te echan la mano, te tocan el culo. Y como es una persona vulnerable, parece que tienes que tragar”, relatan. Denuncian violencia verbal. “Son habituales insultos como vaga, estúpida o tonta cuando nos negamos a realizar tareas que no nos corresponden como limpiar lámparas o mover muebles pesados”. Y también racismo. “Hay quienes llaman a la oficina diciendo: no me mandes a esta negra, que a mí las negras no me gustan”.

Desde CCOO La Rioja, el secretario general de Hábitat , Javier García, habla incluso de problema. “Con estas trabajadoras y las empleadas del hogar nos encontramos con la inviolabilidad del centro”. Y sí, reconoce que han tenido problemas de acoso. “Los hemos denunciado, hemos denunciado a la empresa, pero sin no se deja por escrito, cierran los ojos y miran hacia otro lado. Por esta razón, insistimos a las compañeras que dejen todo por escrito para que haya una trazabilidad y poder acudir a Inspección de Trabajo, como hemos hecho, cuando la empresa no hace nada”. Ante situaciones más graves, asegura que han acudido a Fiscalía y Guardia Civil. Como último responsable del servicio, el Ayuntamiento de Logroño lo tiene claro. La concejala de Servicios Sociales, Patricia Sainz, asegura que “si nos llega una incidencia de este tipo, actuaríamos y nos pondríamos en contacto con la empresa para ver qué ha pasado”. Rioja2 ha intentado también hablar con la empresa que gestiona este servicio, pero hasta el momento, no hemos recibido respuesta.

La amenaza del “Modelo Holandés”: más carga, menos control

Y otra de las preocupaciones del sector en Logroño, la última, es la implantación de un nuevo método de organización importado de Holanda (conocido como Buurtzorg), que el Ayuntamiento pretende instaurar. Buurtzorg es una empresa privada sin ánimo de lucro, que tiene contratadas 8.000 enfermeras, atiende a 65.000 personas y genera un 8 por ciento de beneficios que revierten en la propia organización. Además, tiene una tasa de absentismo del 3 por ciento (la media holandesa es del 7 por ciento) y unos niveles muy elevados de satisfacción de las personas usuarias.

En Logroño, el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, explicaba en octubre de 2025 que con “este nuevo modelo somos sensibles a una de las demandas más habituales de los usuarios: reducir en la medida de lo posible el cambio de auxiliares que les atienden”. Y la implantación de este modelo “no solo va a propiciar que esto sea posible, sino que supone un auténtico cambio en el concepto del recurso: el paso de una atención centrada en la organización del servicio a una atención centrada en la persona, en cada una de las 2.030 personas que son usuarias del recurso”.

Y en esa misma comparecencia ante los medios de comunicación, Escobar detallaba que este nuevo modelo, conocido de forma coloquial como ‘superislas', se estaba poniendo en marcha en tres zonas de la ciudad; una por cada uno de los lotes que componen el contrato del servicio. En octubre del pasado año, la primera zona en la que se iba a implantar este modelo incluía las calles situadas detrás del Ayuntamiento: Paseo de la Constitución, Congreso, El Coso, Avenida de Navarra, San Bernabé, Capitán Gaona, Rodancha, Muro de Cervantes y San Mateo. La segunda de las zonas comprende el barrio de Varea. Completa la terna el área de los alrededores de la antigua estación de autobuses, las vías Pío XII, Avenida de España, Belchite, Galicia, Pino y Amorena, Oviedo, Ingeniero de la Cierva, además del parque del Carmen. Sin embargo, este nuevo modelo es para el representante de CCOO La Rioja “una marca blanca precarizada porque bajo este sistema, grupos de auxiliares deberán autogestionar sus horarios y sustituciones”.

En definitiva, con salarios que apenas superan el Salario Mínimo Interprofesional y jornadas que las mantienen ocupadas prácticamente durante todo el día, las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio de Logroño exigen un “cambio drástico en la negociación del próximo convenio”.

Piden un reconocimiento profesional: “No somos limpiadoras, somos trabajadoras a las que se nos exige el certificado de profesionalidad en atención sociosanitaria”. Piden mejoras salariales: “un sueldo acorde a la responsabilidad física y emocional que conlleva el cuidado de grandes dependientes”. Y piden igualmente protocolos de protección y medidas efectivas ante el maltrato y el acoso en los domicilios. “Nos gusta nuestro trabajo, si no, no estaríamos aquí. Es duro física y psicológicamente”, concluyen estas dos trabajadoras que también esperan que el gasto público llegue a quienes sostienen este servicio de cuidados en Logroño.

Un servicio con 2.030 personas usuarias en Logroño

El Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Logroño atiende a 2.030 personas, en su mayor parte (1.820) en situación de dependencia. Se prestan 11.700 horas semanales de atención por parte de 420 auxiliares que desempeñan su labor a lo largo de toda la semana. Se trata de un servicio que en los últimos años ha tenido un crecimiento exponencial tanto de personas usuarias como de profesionales que lo atienden. De lunes a viernes, la prestación se organiza en hasta cuatro turnos diarios; con todo, hay labores que se atienden también en fines de semana y festivos.

Además de la labor de los auxiliares, el servicio incluye apoyos técnicos tanto en la parte sociosanitaria (terapeuta ocupacional, apoyo psicológico) como en otras asistencias (ayudas técnicas, limpiezas extraordinarias o comidas a domicilio).

El servicio completo tiene un coste anual para el Ayuntamiento de Logroño que asciende a 10.328.313,08 euros sumando los tres lotes en que se distribuyen los contratos. En la financiación de dicho importe, el Ayuntamiento cuenta con una subvención de 4.500.000 euros del Gobierno de La Rioja. Desglosando esos importes por hora de servicio, el coste efectivo por hora de atención para el Ayuntamiento asciende a entre 20,27 y 21,62 euros si es en laborable y a entre 25,07 y 26,93 euros si es en festivo (la mínima diferencia va en función del lote en el que se incluye cada caso). Para los usuarios, se establece una escala de precios en función de sus ingresos, de la que resultan importes de entre 0 y 10,40 euros por la hora.

Un servicio al que se destinan más de diez millones de euros y “muy sensible porque se dedica a cuidar de las personas”, reitera la responsable de Servicios Sociales en Logroño, “por lo que desde el Ayuntamiento velamos y controlamos el servicio. Lo que nos compete a nosotros es estar encima del servicio porque es extremadamente sensible, otra cosa es ya la relación de las trabajadoras con la empresa”.

El Ayuntamiento de Logroño ha puesto en marcha la Oficina de Atención a las Personas Mayores. Este nuevo servicio se ubica de forma provisional en uno de los locales exteriores del Mercado de San Blas, en la calle Hermanos Moroy, estando prevista su sede definitiva en el nuevo espacio intergeneracional que se está ejecutando en la antigua estación de autobuses. No obstante, esta apertura provisonal estaba prevista para finales del año pasado.

La concejala de Políticas de Familia, Servicios Sociales y Discapacidad, Patricia Sainz, ha visitado esta mañana las instalaciones y ha destacado que “el Ayuntamiento cumple así el compromiso de ofrecer a nuestras personas mayores una atención más cercana, acompañándoles e informándoles de todas aquellas cuestiones municipales que puedan ser de su interés”.

La concejala ha recordado que Logroño forma parte de la Red de Ciudades Amigables con las Personas Mayores, iniciativa promovida por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Asimismo, cuenta con el Plan de acción del proyecto ‘Logroño, Ciudad Amigable con las Personas Mayores’, que recoge diferentes medidas encaminadas a favorecer el envejecimiento activo, la autonomía personal, la prevención de la soledad no deseada y la atención y el apoyo a las personas mayores en todos los ámbitos.

Entre las iniciativas que atenderá la Oficina se encuentran las siguientes

Horario y profesionales que prestarán servicio en la oficina

El equipo de profesionales, bajo la dirección de la Sección de Familia y Apoyo a la Unidad de Convivencia, está compuesto por una trabajadora social, una animadora sociocultural y una gestora administrativa.

El horario de atención será de lunes a jueves de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00 horas y viernes de 10:00 a 13:00 horas.

Juliana, Mercedes, Isabel y Concepción son vecinas de Belchite, todas ellas mayores de 80 años, y forman parte del programa Familiados TV, pensado para fomentar la socialización, el bienestar emocional y el envejecimiento activo de las personas mayores. En una de sus llamadas semanales, moderadas por una trabajadora social, se dan contratiempos como que la cámara de Mercedes esté apuntado al techo o que Isabel empiece a relatar que se ha hecho daño en el brazo y que es probable que no se conecte a la próxima llamada. 

Sus historias reflejan trayectorias distintas. Mercedes y Concepción no nacieron en Belchite, pero aseguran estar “contentísimas” en el municipio y no se plantean marcharse. Juliana e Isabel, en cambio, sí tienen raíces en la localidad. Juliana nació en el pueblo viejo, donde vivió hasta los diez años y del que guarda “muchos recuerdos”, mientras que Isabel nació ya en el nuevo Belchite. Tras mudarse de niña a Zaragoza, regresó años después: “Mi ilusión era volver y he tenido un marido que ha querido hacerlo conmigo. Estoy muy contenta”, explica.

Ellas son cuatro de las diez personas que integran este programa piloto, organizado en dos grupos de cinco participantes. La mayoría de participantes son mujeres, un perfil habitual en este tipo de programas debido a su mayor esperanza de vida y a trayectorias vitales más vinculadas al ámbito doméstico, lo que incrementa el riesgo de aislamiento en edades avanzadas. El funcionamiento es sencillo: reciben una llamada a través del televisor de su casa, que responden con un mando a distancia. Así, no necesitan aprender a usar dispositivos nuevos. Cada grupo participa en dos sesiones semanales de aproximadamente una hora, dinamizadas por la trabajadora social Pilar Ramírez.

El proyecto se desarrolla en un contexto marcado por el envejecimiento. En España, más del 20% de la población supera los 65 años; en Aragón, el porcentaje asciende al 22%, y en Belchite alcanza el 35% de sus cerca de 900 habitantes. La comarca es, además, la más envejecida de la provincia, lo que la convierte en un entorno idóneo para este tipo de iniciativas.

El alcalde de Belchite, Carmelo Pérez, destaca que se trata de “una prueba piloto que creemos que viene muy bien a nuestros vecinos para que no estén tan solos”. “Muchas veces no pueden salir todo lo que les gustaría y este acompañamiento les ayuda”, señala. El programa comenzó en marzo, tras la instalación del sistema, y el consistorio ha colaborado en su puesta en marcha. “Estamos orgullosos de que empresas privadas se interesen por nuestros municipios y por la gente mayor”, añade.

Familiados TV es una iniciativa de intervención psicosocial impulsada por la entidad de innovación social Familiados, participada mayoritariamente por la cooperativa farmacéutica Novaltia. El programa está dirigido a personas mayores de 65 años con autonomía, sin deterioro cognitivo significativo, pero con vínculos sociales reducidos, y busca prevenir o tratar la soledad no deseada.

Su director, Fernando García, subraya que este fenómeno “no es exclusivo de los mayores, pero en su caso tiene efectos especialmente relevantes”. “No es lo mismo soledad que aislamiento: la soledad es un sentimiento ligado a la pérdida de la red social o del propósito vital”, explica. En este sentido, recalca que el programa no se limita a analizar el problema, sino que “está diseñado para intervenir y medir la mejora del bienestar psicológico y social”.

La metodología se basa en la creación de grupos homogéneos y en sesiones guiadas por profesionales, apoyadas en una tecnología accesible —la propia televisión— que permite tanto la interacción grupal como el intercambio de contenidos. El enfoque está inspirado en las teorías del psicólogo Carl Rogers, centradas en favorecer que las personas desarrollen sus propias capacidades de mejora.

La dinamización corre a cargo de Pilar Ramírez, trabajadora social, que estructura las sesiones en bloques temáticos. En el denominado “blanco y negro”, se recurre a recuerdos del pasado —desde la colada en el río hasta acontecimientos históricos como la llegada del hombre a la Luna— para poner en valor la experiencia vital de los participantes. El bloque “verde y azul” aborda vivencias emocionales, como el primer viaje al mar o los bailes de juventud, mientras que el “rosa y amarillo”, más centrado en la actualidad social y el entretenimiento, suele despertar menos interés.

“Son personas con un problema de soledad no deseada detectado y vemos claramente que el programa funciona”, señala Ramírez. Según explica, las sesiones ayudan a mejorar la autoestima, estimulan la memoria y favorecen la creación de vínculos entre vecinos que, aunque se conocían, ahora comparten experiencias más profundas. “Se establecen lazos sociales y ya no están tan solos”, resume.

El proyecto, aún en fase piloto, busca demostrar que este tipo de intervenciones pueden mejorar de forma medible la calidad de vida de las personas mayores en entornos rurales, donde el envejecimiento y la dispersión geográfica agravan el riesgo de aislamiento.

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha inaugurado este lunes el nuevo Centro de Día para Personas Mayores Dependientes de Calahorra, una infraestructura completamente nueva que duplica su capacidad hasta alcanzar las 60 plazas. Apertura que llega con algo de retraso porque a principios de 2022 ya se hablaba de este nuevo recurso para las personas mayores y se apuntaba una fecha de apertura: año 2024.

El entonces consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública, Pablo Rubio, y la exalcaldesa, Elisa Garrido, hablaban ya del nuevo centro de día junto a la exdirectora general de Dependencia, Discapacidad y Mayores, Carmen Benito. “El nuevo centro de día tendrá más de 1.300 metros cuadrados para 60 plazas más una zona exterior y ajardinada de más de 500 metros cuadrados. En su construcción se invertirán 4,2 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation. El plazo de ejecución es de 18 meses y se prevé que esté en funcionamiento en 2024, decían hace cuatro años.

Así es el nuevo centor de día

El nuevo centro sustituye al anterior ubicado en la calle Paletillas y se traslada a un edificio de nueva construcción junto a la residencia ‘Los Manitos’ y el Hospital Universitario de Calahorra. Esta nueva infraestructura permite dar respuesta al aumento de la demanda detectada en la zona y amplía la cobertura a municipios como Pradejón, El Villar de Arnedo y Aldeanueva de Ebro.

Con una superficie total de 3.373 metros cuadrados, el centro dispone de espacios especializados para la atención integral: áreas de terapia ocupacional, fisioterapia, atención sanitaria, comedor, zonas de descanso, servicios de podología y peluquería, así como zonas exteriores ajardinadas.

El centro incorpora equipamiento sociosanitario avanzado y tecnologías aplicadas a la rehabilitación y la estimulación cognitiva, con el objetivo de prevenir el deterioro funcional y promover la autonomía personal. La inversión en equipamiento asciende a 278.167,32 euros.

Entre los servicios que se prestan destacan la atención sanitaria y de enfermería, fisioterapia, terapia ocupacional, apoyo psicosocial, dinamización sociocultural y transporte adaptado. Además, el refuerzo de plazas conlleva la incorporación de 12 nuevos profesionales, fortaleciendo el equipo asistencial.

La construcción y puesta en marcha del centro ha supuesto una inversión total de 4,19 millones de euros, financiados en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con fondos europeos Next Generation. La gestión del servicio ha sido adjudicada a SOCIALCORE, S.L., e incluye mejoras como programas de innovación tecnológica, formación continua y apoyo a familiares y cuidadores.

Capellán ha subrayado que este nuevo centro supone “una muy buena noticia para Calahorra, para el entorno y para toda La Rioja. Hoy observamos por fin la materialización y la puesta ya en servicio del Centro de día de Calahorra, un espacio que ofrece cuidado a las personas mayores, rehabilitación activa y muchos servicios próximos a su entorno vital”. 

Durante la inauguración, el presidente ha estado acompañado por la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín; la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz; la directora general de Dependencia, Discapacidad y Mayores, Ana Zuazo; y la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, entre otras autoridades.

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, ha destacado la importancia de los fondos europeos para fortalecer los servicios sociales: “Estos recursos nos permiten situar a las personas en el centro, acercando servicios fundamentales como los centros de día al entorno más cercano de nuestros mayores”, ha destacado. Por su parte, la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, ha celebrado la apertura de las nuevas instalaciones destacando que este proyecto “atiende las necesidades reales de los calagurritanos” y reafirma el compromiso del Gobierno regional con el municipio. 

Innovación y atención personalizada con 12 nuevos profesionales

El centro incorpora equipamiento sociosanitario avanzado y tecnologías aplicadas a la rehabilitación y la estimulación cognitiva, con el objetivo de prevenir el deterioro funcional y promover la autonomía personal. La inversión en equipamiento asciende a 278.167,32 euros.

Entre los servicios que se prestan destacan la atención sanitaria y de enfermería, fisioterapia, terapia ocupacional, apoyo psicosocial, dinamización sociocultural y transporte adaptado. Además, el refuerzo de plazas conlleva la incorporación de 12 nuevos profesionales, fortaleciendo el equipo asistencial.

La construcción y puesta en marcha del centro ha supuesto una inversión total de 4,19 millones de euros, financiados en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con fondos europeos Next Generation. La gestión del servicio ha sido adjudicada a SOCIALCORE, S.L., e incluye mejoras como programas de innovación tecnológica, formación continua y apoyo a familiares y cuidadores.

Hay lugares que no se miden en metros cuadrados, sino en vida compartida. El Hogar del Pensionista de Almorox (Toledo) es uno de ellos: un espacio que hoy late como el corazón de sus jubilados y que demuestra, cada día, que la soledad no tiene cabida cuando existe comunidad.

Conocer el Hogar del Pensionista de Almorox desde dentro me otorga una perspectiva única sobre lo que significa, de verdad, 'hacer pueblo'.

Tras haber pasado por su secretaría hace años, observo hoy con una mezcla de orgullo y asombro cómo este centro se ha convertido en un organismo vivo, un ejemplo de resistencia y alegría que demuestra que, cuando hay voluntad, entrega y una gestión honesta, la soledad no tiene ninguna oportunidad.

Una revolución de manos y corazones

Hace poco más de una década, cruzar el umbral del Hogar era entrar en un feudo de silencios masculinos y fichas de dominó. Hoy, la fotografía es otra, radicalmente distinta y mucho más humana.

Nada de esto sería posible sin el trabajo constante, discreto y absolutamente imprescindible de la Junta Directiva, con su presidenta actual, Soledad García Parro, y Antonio de Gregorio Sen anteriormente a la cabeza; así como de todos los componentes de estas Juntas, los que ya no están y los que continúan. Su dedicación diaria, su capacidad de escucha y su compromiso firme han sido el eje sobre el que ha girado esta transformación. No hablamos de una labor puntual, sino de una entrega continuada que sostiene cada actividad, cada decisión y cada avance del Hogar.

Junto a esta dirección ejemplar, la realidad es que el centro vibra gracias a una red de socios y socias que son el verdadero cimiento del proyecto. Es de justicia destacar el papel de las mujeres, que hemos pasado de ser meras espectadoras a convertirnos en motor activo de la vida del centro. Pero no estamos solas: existe un auténtico ejército silencioso de colaboradores que siempre está dispuesto a arrimar el hombro, colocar sillas, recoger mesas o resolver cualquier imprevisto.

Aquí no solo se participa: se construye comunidad. Donde otros verían problemas, este grupo encuentra soluciones. Y ante cada dificultad —como las surgidas con la barra del bar u otros retos— siempre ha prevalecido la unión y el sentido del bien común.

La contabilidad de la ilusión

Sostener un calendario tan intenso exige algo más que buena voluntad: requiere una gestión impecable. Y ahí, nuevamente, la Junta Directiva demuestra su valía. Con recursos limitados —cuotas mínimas de los asociados y subvenciones de la Diputación y alguna otra ayuda— realizan un auténtico ejercicio de equilibrio para que no falte nada y para que cada socio sienta que forma parte de algo valioso.

Se organizan excursiones culturales y de playa, celebraciones de Reyes, Día del Padre, Día de la Madre, Carnavales o una Feria de Abril que desborda color y alegría. En muchas de estas ocasiones, los socios reciben pequeños obsequios que, más allá de su valor material, son un gesto de cuidado y cercanía.

La oferta es tan amplia como viva: concursos, meriendas, excursiones y bingos sociales en los que los premios consisten en alimentos, productos de limpieza y objetos variados, útiles para el día a día y especialmente valorados por todos. Y, por supuesto, esos bailes de los sábados con cantantes estupendos que ya son un orgullo para Almorox.

El buen hacer del Hogar ha despertado el interés de otros pueblos, hasta el punto de que las Juntas Directivas de otros Hogares del Pensionista se acercan para conocer de primera mano su funcionamiento y poder trasladar este modelo a sus localidades. No es casualidad: la organización, la participación y el ambiente que aquí se vive nos han convertido, sin exagerar, en un referente y en la sana envidia de muchos pueblos cercanos.

Mientras tanto, cada tarde, en las mesas del Hogar, se sigue “arreglando lo humano y lo divino”, compartiendo conversaciones, viendo los toros o el fútbol o ayudando a salvar la brecha digital con paciencia y compañerismo, como sucede muchas veces.

El éxito que exige respuestas: ya no cabemos

Pero todo este éxito tiene una consecuencia que ya no se puede ignorar: el Hogar se ha quedado pequeño. El espacio actual es claramente insuficiente para las aproximadamente 600 personas, socios y socias, que forman parte de este proyecto.

No estamos ante una incomodidad puntual ni ante una queja menor. Estamos ante una realidad evidente y constante. Hay sábados en los que simplemente no se puede estar, no se puede bailar con comodidad, no se puede disfrutar como se merece con unos 140 personas juntas.

Este problema no nace de la casualidad, sino del éxito de una gestión ejemplar. Cuando un proyecto funciona, crece. Y cuando crece, necesita que las instituciones respondan. Por eso, ya no basta con reconocer la labor del Hogar: es imprescindible actuar.

El Ayuntamiento debe dar un paso al frente y ofrecer una solución real y digna. No es un capricho, es una necesidad urgente. Este centro no es un local cualquiera: es un espacio de vida, de salud emocional, de convivencia y de dignidad para muchas personas.

Limitar su crecimiento por falta de espacio sería, sencillamente, dar la espalda a una de las iniciativas más valiosas del pueblo.

Un agradecimiento necesario

Gestionar todo esto sin recibir nada a cambio, robando tiempo a la familia y enfrentándose a la burocracia, es un acto de generosidad que Almorox debe reconocer sin reservas.

Aunque, como bien se dice, “nunca llueve a gusto de todos”, la inmensa mayoría del pueblo sabe que detrás de este éxito hay un trabajo titánico, encabezado por unas Juntas Directivas ejemplares cuyo compromiso ha sido clave.

Valorar el Hogar es entender que es el corazón que mantiene joven a la población jubilada de Almorox. Es el lugar donde cada céntimo se convierte en una sonrisa y donde cada mesa compartida es una victoria contra el tiempo.

Porque cuando un pueblo se une para vivir mejor, lo mínimo que merece es un espacio a su altura.

La Policía Nacional ha detenido a dos personas en Albacete como presuntos autores de un delito continuado de estafa, falsedad documental, usurpación de estado civil, blanqueo de capitales y grupo criminal. Los arrestados aprovechaban su actividad profesional en una empresa de venta a domicilio para engañar a personas de avanzada edad, con discapacidad o en situación de especial vulnerabilidad, alcanzando un fraude total de 187.185 euros.

Los agentes especializados en la investigación de delitos relacionados con la delincuencia económica y fiscal detectaron un patrón común en dos denuncias que se recibieron en la Comisaría de Albacete.

En ambas coincidía que los autores eran dos comerciales que se personaban en los domicilios mostrando un trato “extremadamente cercano y afectuoso”, ofreciendo productos a precios muy inflados, bajo la promesa de regalar otros artículos o “enmascarados” como si se tratase de promociones exclusivas.

Durante sus visitas, aprovechaban para hacerse con los datos personales y fotografía de la documentación personal de las víctimas, de la que hacían uso para solicitud de préstamos sin el consentimiento de sus titulares.

Visitas recurrentes para contratos de crédito

Posteriormente, los detenidos visitaban de forma recurrente los domicilios bajo el pretexto de renegociar la financiación de los productos que habían comprado, firmar documentos para cerrar el expediente o hacerles rellenar algún documento adicional. Estas excusas, eran en realidad “artimañas” para hacerles firmar nuevos compromisos de pago o contratar a su nombre nuevos contratos de crédito.

Tras un exhaustivo análisis de las cuentas de destino de las dos denuncias recibidas, los investigadores lograron localizar a otras 13 víctimas más tanto en Albacete como otras localidades de la provincia.

Muchos de los afectados desconocían que estaban pagando créditos bancarios por productos que, en la mayoría de los casos, ni siquiera habían recibido. Otros intuían que habían sido estafados pero “por miedo, o bien por desconocimiento sobre cómo actuar”, optaron por pagar las cuotas y olvidarse del tema, pero se encontraban con que esas cuotas “nunca terminaban, surgían nuevas cuotas a nombre de financieras distintas, no siendo conscientes de la magnitud del engaño hasta que revisaron sus movimientos bancarios”.

Los estafadores llegaban hasta tal punto de que, en el caso de clientes que fallecían, no dudaban en ponerse en contacto los familiares para reclamarles el pago de deudas pendientes, las que abonaban al desconocer cualquier extremo al respecto.

La Declaración de la Renta introduce cada año cambios y matices que afectan de forma distinta según el perfil del contribuyente. En el caso de las personas mayores de 65 años, el sistema fiscal recoge un conjunto de medidas específicas que pueden reducir de forma significativa la carga tributaria. Estas ventajas no siempre son evidentes en el borrador, por lo que conviene revisarlas con detalle antes de confirmar la declaración.

En muchos casos, los ingresos de este colectivo proceden principalmente de pensiones o de ahorros acumulados durante su vida laboral. Por ese motivo, la normativa del IRPF contempla exenciones, mínimos más elevados y tratamientos especiales en determinadas operaciones económicas. Conocer estas particularidades permite ajustar correctamente la declaración y evitar pagar más de lo debido.

Rendimientos del trabajo

Dentro del IRPF, se consideran rendimientos del trabajo la mayoría de las prestaciones que perciben los mayores de 65 años. En este apartado se incluyen las pensiones procedentes de los regímenes públicos de la Seguridad Social y de clases pasivas, derivadas de situaciones como jubilación, incapacidad, accidente, enfermedad o viudedad, siempre que no estén exentas.

También forman parte de esta categoría las prestaciones abonadas por mutualidades obligatorias de funcionarios, colegios de huérfanos u otras entidades similares. A esto se suman los importes que reciben los beneficiarios de planes de pensiones, así como los derivados de contratos de seguros vinculados a mutualidades de previsión social. Igualmente, se integran las prestaciones de planes de previsión social empresarial, planes de previsión asegurados y seguros de dependencia regulados en el marco de la atención a la dependencia.

Rentas que no se declaran en el IRPF

Existen determinadas prestaciones y ayudas públicas que no deben incluirse en la declaración. Entre ellas, figuran las relacionadas con el acogimiento de personas mayores de 65 años o con discapacidad.

También están exentas las ayudas económicas concedidas por administraciones públicas a personas con discapacidad igual o superior al 65% o mayores de 65 años destinadas a cubrir gastos de residencia o centros de día, siempre que el resto de sus ingresos no supere los 16.800 euros. A esto se añaden determinadas prestaciones por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez reconocidas por la Seguridad Social o por entidades equivalentes, así como las pensiones por inutilidad o incapacidad permanente en determinados regímenes.

En el caso de personas con discapacidad, tampoco tributan determinadas prestaciones percibidas en forma de renta procedentes de sistemas de previsión social, hasta un máximo anual de 25.200 euros. Las cantidades que superen ese límite sí deben declararse. Además, quedan fuera del IRPF algunas ayudas públicas vinculadas a la dependencia y a cuidados en el entorno familiar.

Venta de la vivienda habitual

Las personas mayores de 65 años no tienen que tributar por la ganancia patrimonial obtenida al vender su vivienda habitual. Este beneficio se aplica siempre que el inmueble tenga esa consideración en el momento de la transmisión o en los dos años anteriores. La exención también se mantiene en los casos en los que se transmite la nuda propiedad y se conserva el usufructo vitalicio sobre la vivienda, lo que permite seguir utilizando el inmueble mientras se ha realizado la operación.

Transmisión de otros bienes y renta vitalicia

En la venta de otros elementos patrimoniales, como pueden ser activos financieros o inmuebles distintos de la vivienda habitual, también existe una ventaja fiscal. Las ganancias pueden quedar exentas si el importe obtenido se destina a constituir una renta vitalicia asegurada. Para ello, la reinversión debe realizarse en un plazo de seis meses desde la transmisión. Además, la cantidad máxima que puede destinarse a este fin es de 240.000 euros por contribuyente. Este mecanismo permite transformar el patrimonio en ingresos periódicos.

Hipoteca inversa

Las cantidades que se perciben a través de una hipoteca inversa no tributan en el IRPF. Este producto permite disponer de dinero utilizando la vivienda habitual como garantía, sin necesidad de venderla. Siempre que la operación se ajuste a la normativa que regula este tipo de instrumentos financieros, las disposiciones realizadas no se consideran renta a efectos fiscales.

Mínimo personal y familiar

El mínimo del contribuyente es, con carácter general, de 5.500 euros anuales. Esta cantidad se incrementa en función de la edad. En el caso de personas mayores de 65 años, el aumento es de 1.150 euros anuales, al que se suman otros 1.400 euros adicionales cuando se superan los 75 años. La normativa prevé que este mínimo se mantenga incluso en el ejercicio en el que se produce el fallecimiento. En declaraciones conjuntas, el otro cónyuge no genera derecho a este mínimo, aunque sí se tiene en cuenta el incremento por edad si corresponde.

El IRPF también contempla reducciones cuando el contribuyente convive con ascendientes, como padres o abuelos. Para aplicar este beneficio, el familiar debe tener más de 65 años —o una discapacidad reconocida—, convivir con el contribuyente al menos la mitad del año y no superar los 8.000 euros de ingresos anuales, excluidas las rentas exentas. Además, no debe presentar declaración con rentas superiores a 1.800 euros. Si se cumplen estos requisitos, el mínimo es de 1.150 euros anuales por cada ascendiente mayor de 65 años, que aumenta en 1.400 euros adicionales si supera los 75 años.

Mínimo por discapacidad

Las personas con discapacidad pueden aplicar reducciones adicionales en función del grado reconocido. Cuando el grado es igual o superior al 33% e inferior al 65%, el mínimo asciende a 3.000 euros. Si además se acredita la necesidad de ayuda de terceras personas o movilidad reducida, se añaden otros 3.000 euros.

En los casos de discapacidad igual o superior al 65%, la cuantía se eleva a 9.000 euros, con un incremento adicional de 3.000 euros por gastos de asistencia, lo que sitúa el total en 12.000 euros. Estas reducciones también pueden aplicarse a ascendientes si generan derecho a ello y cumplen los requisitos establecidos.

María y su familia estuvieron más de un año esperando para recibir una ayuda que les permitiese afrontar con más recursos la discapacidad de su hijo. “Te hacen pasar momentos de angustia, es un desgaste increíble”, lamenta ella. La media desde que se solicita una prestación hasta que se obtiene una respuesta fue de 246 días, según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad para el primer trimestre de este año. Y, desde que se recibe una respuesta favorable hasta que finalmente se obtiene, pasan otros 62. En total, el tiempo medio para hacer efectivo un derecho legal alcanza los 329 días.

Los datos del último Panel del Servicio para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) arrojan algunas mejoras. Hay récord de personas con derecho a prestación, más de 1,6 millones; las listas de espera se han reducido en 12 días respecto a marzo de 2025; y el total de gente esperando, ha caído un 16,6%. Pero muchas voces piden huir del triunfalismo. “Está muy bien que se reduzca la espera en 12 días, pero cuando llevas años esperando, da un poco de rabia”, apuntan desde la Plataforma Estatal de Cuidadoras Principales.

Según los últimos datos disponibles, 1,66 millones de personas reciben en España algún tipo de prestación por dependencia. Como muestra el siguiente gráfico, son apenas unos pocos miles más que en 2025, pero un 90% más que hace una década. Precisamente, en 2015 se incluyó en la ley a los usuarios de grados menos dependientes, lo que amplió los potenciales receptores.

Para el presidente de la Asociación estatal de directoras y gerentes de servicios sociales, José Manuel Ramírez, “es normal que todos los meses se incremente el número de personas atendidas, cuando hay 270.000 en lista de espera”. Va más allá, porque el Ministerio solo incluye en el conteo a aquellas personas que superan el umbral de los 180 días esperando. Tampoco se tienen en cuenta, por ejemplo, las revisiones.

Las personas en lista de espera se dividen en dos grupos: las que están pendientes de ser valoradas y las que lo están de recibir la prestación. En el año 2025, el total se redujo en 12.158 personas, pero cada mes unas 10.000 personas piden entrar en el sistema de dependencia, lo que tensiona la tramitación. Con todo, la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, ponía en valor la “capacidad del sistema para responder más rápido de lo que la demanda está creciendo”, porque “mientras las solicitudes crecen a un ritmo del 7,3%, las personas atendidas lo hacen a un 9,8%”.

Esa “capacidad” del sistema se traducía a finales de marzo en 329 días de espera —casi once meses— de media estatal. Pero hay comunidades donde las familias esperan mucho más y otras donde los trámites van más ligeros. Según los últimos datos disponibles, Murcia es quien más hace esperar a sus personas con dependencia, 553 días de media, y Castilla y León, la que menos, con 116.

Desde 2023, la mayoría de comunidades han hecho esfuerzos por agilizar los tiempos de tramitación de la prestación concedida. Sin embargo, en general, han subido los días de espera hasta obtener una respuesta, con lo que el saldo medio ha mejorado en apenas una semana.

En el siguiente gráfico se puede ver la evolución de ambos indicadores y del total, comunidad a comunidad. Por ejemplo, en ese periodo, Asturias redujo en 62 días (hasta los 62) el tiempo de tramitación de la prestación concedida, pero ahora hay que esperar 164 días más (308) para llegar a ese momento, por lo que el retroceso ha sido más que notable, pasando de 260 a 375 días. En el caso de Madrid, esta región ha empeorado en todos los indicadores.

Esos días los reflejan las estadísticas, pero los cuentan las familias. “Acceder a los recursos es burocracia, papeleo, obstáculos y tiempo, mucho tiempo, en el que tienes que poder seguir manteniéndote, con la dificultad que esto supone en la vida cotidiana para la supervivencia de las personas”, explica Silvina Funes, la presidenta de la Plataforma Estatal de Cuidadoras Principales, un colectivo eminentemente feminizado y para quién “superar estos obstáculos es como los juegos del hambre”.

30.000 muertes al año

La espera tiene su cara más amarga en las personas que fallecen sin haber recibido una prestación a la que tienen derecho. Solo en el primer trimestre de este año fueron unas 9.000, entre las que esperaban la valoración o la ayuda en toda España. En 2025, sumaron más de 32.700 y en 2026, 34.250.

Al margen de los tiempos, hay otro factor que preocupa en el marco de la atención a la dependencia. Una deriva 'low cost', que carga a las familias. Del total de 2,4 millones de prestaciones totales a final del primer trimestre del año, “el 57% se dan ya en los hogares y en el entorno más cercano”, destacaba el Ministerio de Derechos Sociales. Es decir, la mayor parte de esas ayudas van destinadas a familiares que cuidan y suponen 172,5 euros de media para dependientes de grado I; 276,6 euros para los de grado II; y 383,6 euros para los de grado III.

“Vamos hacia un sistema de bajo coste, con servicios de baja intensidad y prestaciones económicas muy bajas. Con 260 euros al mes no se puede decir que se está atendiendo este tema”, considera Ramírez. Un informe de Comisiones Obreras, publicado en febrero de 2025, ya alertaba de que el sistema estaba dominado por “prestaciones baratas y basadas en cuidados no profesionales”, aunque se reduzcan las listas de espera.

El caso de María pone de manifiesto una de las reivindicaciones que comparten todas las voces consultadas: aliviar a las familias de trámites burocráticos que frenan las ayudas. Ella solicitó la valoración en diciembre de 2022. En febrero de 2023 le pidieron un documento, que entregó en marzo por sede electrónica. Cuando un año después preguntó por el estado de su solicitud, le dijeron que faltaba ese papel. No era cierto. “Me dieron cita urgente y me pagaron los atrasos, pero un año después”, recuerda. Entre media, tuvo que afrontar, entre otros gastos, unos 300 euros mensuales solo para llevar a su niño a un especialista, porque los tenía: “En ese momento trabajábamos los dos y los padres de mi pareja estaban en casa, pero imagínate una familia en otra situación”.

Otro de los handicaps que presenta la normativa actual es la incompatibilidad de algunas prestaciones. “Es como si vas a una operación y te hacen elegir entre el cirujano y el anestesista”, ejemplifica Silvina Funes. En la práctica, los datos ya “apuntan a un cambio de modelo”, explicaba el pasado viernes la secretaria de Estado, porque el número de prestaciones por persona pasó de 1,28 en 2021 a 1,44 en 2026. “Las personas que entran en el sistema combinan más cuidados, apoyos más adaptados a su situación y sus decisiones”, afirmó.

El Ministerio de Derechos Sociales trabaja en una reforma de la ley de dependencia, que tiene “dos orientaciones principales: eliminar las incompatibilidades de las prestaciones y ampliar la cartera de servicios y reforzar recursos con gran potencial para transformar el modelo, como la asistencia personal, los centros de día o la ayuda a domicilio”.

Para la presidenta de la Fundación Pilares de la Autonomía Personal, Pilar Rodríguez, el sistema de autonomía y dependencia sí ha dado un salto en los últimos años. Sobre todo, tras los recortes del año 2012, a consecuencia de la crisis económica, que no terminaron de revertirse hasta 2023, con Ione Belarra al frente del departamento de Derechos Sociales. En este sentido, Rodríguez, que fue una de las autoras del libro blanco sobre dependencia previo a la norma de 2006, considera que ha habido un esfuerzo por “analizar la calidad de las prestaciones y comprobar si con ellas se resuelve realmente el problema de las familias, porque el peso de los cuidados todavía recae sobre las mujeres”.

Desde el Ejecutivo buscan avanzar en la idea de la desinstitucionalización. Tiene sus ventajas e inconvenientes, porque permite a las personas permanecer en sus hogares, pero sin los recursos suficientes supone, en muchos casos, una carga incompatible con la propia vida para las cuidadoras. “Ninguna economía del mundo es capaz de asumir en exclusiva el coste que supone la dependencia, mientras muchas familias quieren seguir cuidando, pero sin sobrecargarse de una manera excesiva”, explica Rodríguez.

Según un reciente estudio de Fedea, con datos de 2024, España continúa “rezagada respecto al contexto europeo”. “El esfuerzo financiero destinado a cuidados de larga duración se sitúa en torno al 0,9-1% del PIB, una proporción notablemente inferior al promedio de la OCDE, que alcanza el 1,8%”, indica el trabajo. La financiación es otra de las vías de mejora que reclaman las entidades y asociaciones y que para la Asociación estatal de directoras y gerentes de servicios sociales se encuentra en este momento paralizada, porque el aumento en el gasto corresponde a mayor número de prestaciones, pero no tanto a que estas se incrementen.

Desde las familias, han reclamado también que la nueva ley incorpore un reconocimiento económico y laboral de las cuidadoras y que se reduzca la carga que asumen en solitario. “Somos nosotras las que sostenemos el sistema, gracias a nuestro trabajo, y nuestras renuncias”, explica Patricia, también de la plataforma, que destaca que, en muchas ocasiones, son ellas quienes renuncian a trabajo remunerado, salario, cotizaciones y pensión.

“No haces nada con una prestación o una teleasistencia. Hay que ir sumando atributos, una serie de pocos que hacen un todo para la persona que realmente lo necesita”, coincide Rodríguez, que pide tener una visión más holística: “Necesitamos un ecosistema de cuidados en el entorno comunitario de salud, de servicios sociales, farmacia, elementos asociativos en los barrios, políticas preventivas... Vamos a vivir muchos años y vamos a necesitar más cuidados, así que tenemos que meternos en la cabeza que esto es cosa de todos”.

La esperanza de vida en Extremadura se situó en 83,1 años en 2024, lo que supone un ligero incremento de 0,1 años respecto al año anterior, según los datos publicados por el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX).

Por sexo, persiste una notable brecha: las mujeres alcanzaron una esperanza de vida de 86 años, frente a los 80,4 años de los hombres, una diferencia de 5,6 años en la región.

Por provincias, en Badajoz la esperanza de vida se situó en 82,8 años. Entre los municipios de más de 2.000 habitantes, Fregenal de la Sierra registró el dato más alto, con 85 años, mientras que La Albuera presentó el más bajo, con 78,8 años.

En la provincia de Cáceres, Sierra de Fuentes destacó como el municipio de mayor longevidad entre los de más de 2.000 habitantes, con una esperanza de vida de 87,1 años. En el extremo opuesto se situó Alcuéscar, con 76,7 años.

El IEEX elabora esta estadística a partir de los datos demográficos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que permiten analizar la evolución de la longevidad en la comunidad autónoma.