Como cada martes, Toledo celebra un popular mercadillo al que acuden cientos de personas. Hoy se han encontrado con un puesto que ofrecía banderas o tazas con símbolos preconstitucionales o azulejos con el rostro de Franco o Primo de Rivera como si fueran placas para el callejero con el nombre de 'Avenida del Generalísimo' o la de 'José Antonio'.

El tenderete se ha instalado en el aparcamiento del barrio de Santa Teresa, en un espacio público que cuenta con el correspondiente permiso municipal, en este caso del Ayuntamiento que gobiernan PP y Vox en la capital.

Así, además de los puestos de fruta, verdura, alimentos no perecederos, ropa u otro tipo de productos y artículos, quienes han transitado este martes por el mercadillo tenían la oportunidad de llevarse 'merchandising' con simbología franquista, pese a que está expresamente prohibido por ley la exaltación de este tipo de símbolos.

Los artículos referentes a la dictadura se entremezclaban con bufandas repletas de escudos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, calcetines de Vox o llaveros con cruces de Borgoña. También había retratos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, junto con la frase 'Me gusta la fruta'.

A priori, este puesto es el mismo que se instaló también el pasado mes de agosto en la localidad madrileña de Majadahonda, según narraba La Marea, que mostraba imágenes de los mismos artículos que se podían comprar este martes en Toledo.

Durante la tramitación de la nueva ordenanza que regula la venta ambulante en la ciudad, el portavoz de IU-Podemos, Txema Fernández, planteó varias alegaciones, entre las que pedía no permitir la venta de productos que incumpla con la Ley de Memoria Democrática, una petición que no fue tenida en cuenta y no se incorporó a la normativa municipal.

“Queríamos impedir lo que ya se está permitiendo, que es la venta de productos que ensalzan el fascismo y el franquismo; sin embargo, el Gobierno local no lo ha consentido”, indicó Fernández en aquel momento.

El pasado mes de agosto, el PCE de Ciudad Real exigía la retirada de los objetos con “simbología fascista” en la feria de la capital, pues advertían de que se podría estar incurriendo en un “presunto delito”, según lo tipifica la Ley de Memoria Democrática de 2022.

Al respecto, citaban el artículo 35 de dicha ley, en el que se señala como elementos contrarios a la memoria democrática los elementos situados en la vía pública “en los que se realicen menciones conmemorativas en exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar y de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura, y las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial”.

PP y Vox argumentan que el puesto se instala desde hace “mucho tiempo”

El portavoz municipal, Juan José Alcalde, ha argumentado que el tenderete se instala ocasionalmente en el mercadillo “desde hace mucho tiempo”, incluso ya en la anterior legislatura. “Viene de vez en cuando, paga su tasa y tiene autorización”.

También el concejal de Promoción Económica y Empleo, Juan Marín, de Vox, ha dicho a SER Toledo que “vender fotos de Franco y Primo de Rivera no es ilegal porque no es una apología como tal del franquismo”. Ambos han señalado que han consultado a la Policía Local y a técnicos municipales y, según su versión, “no pueden imponerle ninguna sanción”.

En Santiago de Compostela, el año se divide en dos largas estaciones: la de los helados y la de las castañas. Desde hace más de medio siglo, el encargado de marcar el cambio es el mismo hombre: Manuel Prieto quien, desde su privilegiado emplazamiento en Porta Faxeira —entre la Alameda y la rúa do Franco, la recta de meta hacia el Obradoiro—, alterna los conos de sabores con los humeantes cucuruchos de papel. Medio siglo en la calle han convertido a Manolo en un testimonio viviente del cambio climático que se ha acelerado en la última década. Antes, siempre se veía obligado a tomarse unas vacaciones entre el fin de la venta de un producto y el arranque del siguiente. Ahora, a 14 de octubre y con más de 25 grados en la capital gallega, todavía continúa colocando bolas artesanas sobre los barquillos.

La anécdota que vivió hace apenas unos días demuestra lo anómalo de una situación que está dejando de serlo. Un hombre se acercó a su carrito preguntándole, entre sorprendido y enfadado, dónde estaba “el de las castañas”. “'Éste es su sitio, pero ¿dónde está?”. Manolo, cuyo carácter bromista es más que conocido entre los vecinos, creyó que esta vez la broma se la gastaban a él. “Pensé que estaba de carallada, pero no”. Al final, ante tanta insistencia, tuvo que ponerse serio. “Soy yo”, le contestó. “Pero, entonces, ¿qué haces con los helados...?”, respondió su incrédulo interlocutor.

Al contrario de lo que hacen colegas suyos en otras ciudades gallegas, a Manolo no le gusta vender las castañas “tempraneras” y prefiere esperar a que avance el mes antes de ir a buscarlas “a ese sitio” concreto que no revela, aunque no oculta que, a menudo, su producto viene de la Ribeira Sacra —la cuenca del Sil y el Miño en el sur de lugo y el norte de Ourense— e incluso de Portugal. Por eso no es raro que su inconfundible locomotora humeante todavía no haya aparcado en Porta Faxeira. Lo extraño es que todavía continúe la venta de helados. Los dos carritos de La Imperial funcionan estos días sin pausa: el suyo y el que su mujer, Ofelia, coloca a unas decenas de metros de allí, en plena Alameda.

“Es por el cambio climático, que dicen si hay o no... ¡carallo si lo hay!”, asegura sin dudarlo. En su medio siglo largo apostado en el casco histórico —desde que, con trece años, comenzó a acompañar a su padre en la Praza do Toural— , ha visto cómo el verano no ha dejado de prolongarse o, más técnicamente, que el otoño se ha vuelto más cálido. Lo habitual, recuerda, era que los helados desapareciesen antes del final de septiembre, cuando el tiempo ya se ponía “enrevesado”, con la llegada de las lluvias y la bajada de las temperaturas.

En su memoria, el punto de inflexión se produjo “hace unos ocho años”, tras un verano de larga sequía. El calendario le da la razón. En aquel año 2017, los montes gallegos vivieron uno de los otoños más trágicos de su historia. En un único fin de semana, entre el viernes 13 y el lunes 16 de octubre, ardieron 50.000 hectáras, murieron cuatro personas y las llamas dejaron imágenes dantescas rodeando poblaciones enteras y llegando a correr por las calles de los barrios de Vigo, la mayor ciudad de Galicia.

Manolo cuanta con un aliado incuestionable en su periplo callejero: José Ángel Docobo, director del observatorio de la Universidade de Santiago (USC), que lleva el nombre de Ramón María Aller. En los días de tiempo revuelto, Docobo avisa al castañero del tiempo que se va a encontrar, con una precisión que afina casi al minuto: “Me ha llegado a decir: 'Quédate una hora más pero luego márchate, que empieza a llover', y tenía razón”.

Los registros de Docobo coinciden con la memoria de Manuel. Tanto 2017 como 2018 fueron años muy secos y cálidos en la ciudad. En el primero, Santiago alcanzó los 30 grados los días 8 y diez; en el segundo, la sequía se inició en junio y se prolongó hasta el 10 de octubre, cuando empezó a llover con fuerza.

Sin embargo, este profesor emérito prefiere hablar de fenómenos “puntuales”. Recuerda que en octubre de 2024 se recogieron 390 litros por metro cuadrado y, el año anterior, 424. Éste está siendo un año seco pero, si en noviembre y diciembre lloviese en los parámetros habituales —“aunque no tiene pinta”—, Compostela se movería en la media de los 1.600 a 1.900 litros por metro cuadrado que se registran en un ejercicio normal. “No debemos llamar por la lluvia, porque aquí ya viene sola”, ironiza Docobo, que añade: “En Santiago sabe llover”.

Mientras eso sucede, Manolo se dedica a poner fin a sus existencias de helados. “Son los últimos días. Ya me dijo Docobo que el viernes, tararí, que cambia o conto, entran borrascas y empieza a llover”. Pero el director del observatorio matiza: “Hay que ir viendo, porque el anticiclón está muy fuerte e igual aguanta hasta el domingo”. El tiempo —el cronológico, pero también el meteorológico— dirá si el fin de semana Manuel puede ya acercarse a “ese sitio” que él sabe a recoger las que podrían ser las primeras castañas de la temporada... o todavía prolonga, un poco más, los paseos del carrito de La Imperial.

Un grup d'amics fondeja a Cala Comte (Sant Josep), enfront de s’illa d’es Bosc, on hi ha ja desenes d'embarcacions quan tiren l'ancora aquesta tarda d'agost. És una de les platges de visita obligada durant les vacances a Eivissa, un lloc que cada estiu rep milers de visitants pel seu espectacular paisatge configurat per aigües turqueses, embarcadors i quiosquets color terracota. Navegant és fins i tot millor, perquè el trànsit que es genera per a accedir no sols a aquesta, sinó també a les veïnes Cala Bassa i Cala Tarida, posa a prova la paciència de qualsevol.

Poc després de fondejar, al costat de la petita barca que han llogat, passa una llanxa de reduïdes dimensions, amb infinites granadures i capitanejada per un home que els ofereix tot tipus de cocktails: caipirinha, mojito, daiquiri, pinya colada... Deixen anar un riure de sorpresa i neguen amb el cap: “No, gràcies”. El venedor ambulant marxa amb un somriure, dona canya al motor i s'acosta a una altra embarcació que està a pocs metres. Un dels nois, tots residents, li pregunta amb incredulitat al seu amic: “Això és legal?”.

Els ‘bars flotants’ han proliferat aquesta temporada turística no sols al litoral eivissenc, sinó també a Formentera, i ‘fan l'agost’, literalment, amb els navegants que posseeixen o lloguen barques d'esbarjo per a passar el dia. El fenomen ha arribat fins a les xarxes socials, on influencers que han visitat les illes aquest estiu s'han topat amb aquests venedors il·legals i ho han compartit amb la seva comunitat. Un d'ells, l'andalús Paco Abreu, que acumula més de 250.000 seguidors a Instagram ha pujat un vídeo en el qual apareix l'embarcació pirata, decorada amb motius tropicals i que funciona amb dues plaques solars que té instal·lades en la part superior: “Estem enmig del Mediterrani, se m'havia antullat un xopet i ha passat aquesta barca que ven de tot”.

Preus en funció de la mida del vaixell

L’instagramer paga 13 euros per un mojito de maracujà i explica que, en el seu cas, aquest ha estat el preu establert perquè l'embarcació en la qual naveguen no és molt gran. Encara que el propi venedor els acaba d'explicar que si haguessin surat en un iot de major tamany els hauria augmentat el preu.

Un cambrer del Sunset Ashram, un dels beach clubs amb vistes privilegiades a la posta de sol i abarrotat de turistes, relata a eldiario.es que fa una setmana una patrulla de la Policia Local de Sant Josep es va acostar per a preguntar-lis si coneixien o tenien algun tipus d'informació sobre aquest venedor. Li van respondre amb una negativa. El veuen gairebé diàriament però a través dels 200 metres de distància de la costa on es troben embarcacions més i menys grans amb turistes que passen el dia fondejats a les platges d'aquesta part del litoral.

La cambrera del quiosquet de Cala Escondida, una altra de les Platjes de Comte -i un dels enclavaments nudistes que encara sobreviuen a l'illa- també l'observa fer viatges diàriament, però a penes li dona temps a fixar-se amb l'enrenou de clients. Davant la pregunta d'aquest diari sobre si els propietaris del quiosquet el consideren competència deslleial, respon que no. “Al final ell està a la mar i nosaltres a la platja”, valora la treballadora.

El Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques de la Guàrdia Civil (GEAS) té coneixement de les activitats il·legals de l'home però no han aconseguit donar amb ell durant els seus serveis. La idea és dur a terme la deguda inspecció quan l’enxampin in fraganti, encara que no fa falta més que esperar al voltant d'una hora a Cala Comte perquè el venedor ambulant aparegui amb la distingida embarcació i comenci el seu recorregut habitual entre les barques fondejades per a oferir tot tipus de cocktails als navegants.

Els agents no aconsegueixen identificar-lo

Des de l'Oficina Perifèrica de Comunicació (OPC) del cos de seguretat apunten que els incessants avisos a l'estiu i la necessitat de prioritzar altres casos han impedit actuar contra el pirata. D'altra banda, fins que els agents no aconsegueixin identificar-lo, no es pot determinar el nombre d'il·legalitats que està cometent. “Poden ser una infinitat d'infraccions”, apunta una representant de l'institut armat. De fet, la velocitat de l'embarcació a l'hora de navegar pel port de Sant Antoni, cap a on es dirigeix en moltes ocasions, i la poca distància de seguretat mantinguda amb la resta de barques, són dos dels aspectes preocupants de la seva activitat. elDiario.es s'ha posat en contacte amb l'Ajuntament de Sant Antoni per a consultar si tenen constància d'aquestes activitats en el litoral de la seva competència, sense obtenir resposta per la seva part abans de la publicació d'aquest reportatge.

El municipi, això sí, presumia a finals de juny d'haver erradicat “pràcticament” la venda ambulant en les seves costes a través de la unitat en Platges de la Policia Local, com va publicar Diario de Ibiza. El servei, que porta cinc anys en marxa, pretén reforçar la seguretat i tenir un efecte dissuasiu sobre aquesta mena de venedors amb patrulles que circulen amb moto d'aigua per via marítima i amb bicicleta elèctrica per la franja costanera de Sant Antoni.

Sant Antoni presumia a la fi de juny d'haver erradicat “pràcticament” la venda ambulant en les seves costes a través de la unitat en Platges de la Policia Local. El servei pretén reforçar la seguretat i tenir un efecte dissuasiu

L'àrea de cobertura va des de es Pouet (a la badia de Portmany) fins a la zona de Cala Saladeta, de més difícil accés, incloent-hi els passejos marítims per on s'abarroten els turistes. El Consistori va informar que tan sols en les primeres tres setmanes de servei, entre el 2 i el 24 de juny, ja s'havien tramitat un total 25 denúncies que van acabar amb la confiscació de material destinat a la venda il·legal. D'altra banda, el cap del cos municipal de Policia, Alejandro Ponce, va recordar que a pesar de no tenir competències directes en la mar, es col·labora amb altres autoritats quan la situació ho requereix.

Marge limitat d'actuació

La Policia Local de Sant Josep, que té competència sobre Cala Comte, assegura tenir “controlada” la figura d'aquest venedor ambulant de mojitos. No obstant això, assenyala que les competències dels agents en l'àmbit marítim són limitades i que les actuacions que duen a terme són en coordinació amb la Guàrdia Civil. Sobretot, perquè no existeix un operatiu permanent, sinó que es fan tan sols intervencions puntuals quan es disposa de suficients efectius, afegeixen des de l'Ajuntament.

Així i tot, el balanç és contundent: 56 denúncies interposades, 134 troballes registrades i més de 800 quilos de material retirat, entre el qual predominen bosses de marques falses, ombrel·les, pareos i peces de roba. També s'han detectat casos de venda de fruita tallada, entrepans i begudes, principalment aigua i refrescos. A més, en alguns arenals de Sant Josep s'ha identificat la presència de dones que venen vestits, la majoria d'origen espanyol o sud-americà. Però les actuacions en l'àmbit institucional no són suficients. Encara que fins ara no s'han presentat denúncies per la venda de cocktails en alta mar, l’Ajuntament insisteix en que l'erradicació d'aquesta pràctica passa també per la implicació ciutadana, recordant que “l'oferta depèn principalment de la demanda”.

A Santa Eulària, el Grup d'Acció Preventiva (GAP) de la Policia Local ha aixecat des de l'inici de la temporada 50 actes d'aprehensió, com ha detallat un portaveu del Consistori a eldiario.es. Els objectes intervinguts inclouen pareos, ulleres de sol, bijuteria, roba i aliments, com a fruites i begudes alcohòliques preparades. Els productes peribles són destruïts immediatament per motius sanitaris, mentre que la resta es manté en custòdia fins a la seva eliminació definitiva, ha explicat el mateix portaveu.

Els agents patrullen diàriament les platges més conflictives en aquest sentit: Cala Llenya, Cala Llonga, Es Canar, Cala Nova i Es Figueral, on és frenètica l'activitat de venedors ambulants. El regidor de Seguretat, Juan Carlos Roselló, subratlla a eldiario.es que l'objectiu és “protegir el benestar de veïns i visitants” i que la venda il·legal suposa un risc per a la salut pública i per a la seguretat en els espais turístics. I a pesar que la pressió policial ha reduït la presència de venedors ambulants en comparació amb anys anteriors, la imatge de mojitos, fruites o bosses que s’ofereixen entre tovalloles segueix sense desaparèixer del tot a les platges de l'illa.

El regidor de Seguretat, Juan Carlos Roselló, subratlla a eldiario.es que l'objectiu és “protegir el benestar de veïns i visitants” i que la venda il·legal suposa un risc per a la salut pública i per a la seguretat en els espais turístics

Reforç de la vigilància marítima

El Govern també ha intensificat aquest estiu el control sobre l'activitat nàutica a les Pitiüses. Des de juny s'han aixecat 29 actes; 19 a Eivissa i 10 a Formentera, per irregularitats vinculades al xàrter nàutic. Entre les infraccions més habituals detectades pels inspectors figuren operar amb declaracions responsables caducades o directament inexistents, no incloure el número de registre balear en els contractes o fins i tot vendre bitllets en embarcacions no autoritzades per a aquest fi, han assenyalat des de la institució balear.

El director general de Ports i Transport Marítim, Antoni Mercant, ha assegurat en declaracions a Radio Ibiza que l'objectiu és “dissuadir les pràctiques irregulars” i protegir tant la legalitat com el medi marí. Per a això, enguany s'ha desplegat un dispositiu sense precedents: a més de més personal i recursos tècnics, l'operatiu incorpora un dron que sobrevola la costa deu hores al dia durant tot l’agost que permet detectar irregularitats en temps real i actuar amb major rapidesa.

Les inspeccions, que s'estendran a les quatre illes en col·laboració amb els ajuntaments i Consells, inclouen la vigilància de fondejos, el control de xàrters sense autorització i la recollida de dades per a futures actuacions. Alguns dels espais més sensibles són els que abasta el Parc Natural de ses Salines, com per exemple, s’Estany des Peix de Formentera. Encara així, de moment, la venda il·legal de mojitos es continua produint amb total impunitat a les platges pitiüses.

Un grupo de amigos fondea en Cala Comte (Sant Josep), frente a s’illa d’es Bosc, donde hay ya decenas de embarcaciones cuando echan el ancla esta tarde de agosto. Es una de las playas de visita obligada durante las vacaciones en Eivissa, un lugar que cada verano recibe miles de visitantes por su espectacular paisaje configurado por aguas turquesas, embarcaderos y chiringuitos color terracota. Navegando es incluso mejor, porque el tráfico que se genera para acceder no solo a esta, sino también a las vecinas Cala Bassa y Cala Tarida, pone a prueba la paciencia de cualquiera.

Poco después de fondear, junto a la pequeña barca que han alquilado, pasa una lancha de reducidas dimensiones, con infinitos abalorios y capitaneada por un hombre que les ofrece todo tipo de cocktails: caipirinha, mojito, daiquiri, piña colada... Sueltan una risa de sorpresa y niegan con la cabeza: “No, gracias”. El vendedor ambulante se marcha con una sonrisa, da caña al motor y se acerca otra embarcación que está a pocos metros. Uno de los chicos, residentes todos ellos, le pregunta con incredulidad a su amigo: “¿Esto es legal?”.

Los ‘bares flotantes’ han proliferado esta temporada turística no solo en el litoral ibicenco, sino también en Formentera, y hacen el ‘agosto’, literalmente, con los navegantes que poseen o alquilan barcas de recreo para pasar el día. El fenómeno ha llegado hasta las redes sociales, donde influencers que han visitado las islas este verano se han topado con estos vendedores ilegales y lo han compartido con su comunidad. Uno de ellos, el andaluz Paco Abreu, que acumula más de 250.000 seguidores en Instagram ha subido un vídeo en el que aparece la embarcación pirata, decorada con motivos tropicales y que funciona con dos placas solares que tiene instaladas en la parte superior: “Estamos en medio del Mediterráneo, se me había antojado un chupito y ha pasado esta barca que te vende de todo”.

Precios en función del tamaño del barco

El instagramer paga 13 euros por un mojito de maracuyá y explica que, en su caso, ese ha sido el precio establecido porque el tamaño de la embarcación en la que navegan no es muy grande. Aunque el propio vendedor les acaba de explicar que si hubieran flotado en un yate de mayor tamaño les habría aumentado el precio.

Un camarero del Sunset Ashram, uno de los beach clubs con vistas privilegiadas a la puesta de sol y abarrotado de turistas, cuenta a elDiario.es que hace una semana una patrulla de la Policía Local de Sant Josep se acercó para preguntarles si le conocían o si tenían algún tipo de información acerca de este vendedor. Le respondieron con una negativa. Lo ven casi a diario pero a través de los 200 metros de distancia de la costa donde se encuentran embarcaciones más y menos grandes, a bordo de las cuales hay turistas que pasan el día fondeados en las playas de esta parte del litoral.

La camarera del chiringuito de Cala Escondida, otra de las Platja de Comte -y uno de los enclaves nudistas que todavía sobreviven en la isla- también lo observa hacer viajes diariamente, pero apenas les da tiempo a fijarse del trabajo con el ajetreo de clientes. Ante la pregunta de este diario sobre si los propietarios del chiringuito lo consideran competencia desleal, responde que no. “Al final él está en el mar y nosotros en la playa”, valora la trabajadora.

El Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS) tiene conocimiento de las actividades ilegales del hombre pero no han logrado dar con él durante sus servicios. La idea es llevar a cabo la debida inspección cuando le pillen in fraganti, aunque no hace falta más que aguardar alrededor de una hora en Cala Comte para que el vendedor ambulante aparezca con la distinguida embarcación y empiece su recorrido habitual entre las barcas fondeadas para ofrecer todo tipo de cocktails a los navegantes.

Los agentes no logran identificarlo

Desde la Oficina Periférica de Comunicación (OPC) del cuerpo de seguridad apuntan a que los incesantes avisos en verano y a la necesidad de priorizar otros casos han impedido actuar contra el pirata. Por otro lado, hasta que los agentes no consigan identificarlo, no se puede determinar el número de ilegalidades que está cometiendo. “Pueden ser un sinfín de infracciones”, apunta una representante del instituto armado. De hecho, la velocidad de la embarcación a la hora de navegar por el puerto de Sant Antoni, hacia dónde se dirige en muchas ocasiones, y la poca distancia de seguridad mantenida con el resto de barcas, son dos de los aspectos preocupantes de su actividad. elDiario.es se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Sant Antoni para consultar si tienen constancia de estas actividades en el litoral de su competencia, sin obtener respuesta por su parte antes de la publicación de este reportaje.

El municipio, eso sí, presumía a finales de junio de haber erradicado “prácticamente” la venta ambulante en sus costas a través de la unidad en Playas de la Policía Local, como publicó Diario de Ibiza. El servicio, que lleva cinco años en marcha, pretende reforzar la seguridad y tener un efecto disuasorio sobre este tipo de vendedores con patrullas que circulan en moto de agua por vía marítima y en bicicleta eléctrica por la franja costera de Sant Antoni.

Sant Antoni presumía a finales de junio de haber erradicado “prácticamente” la venta ambulante en sus costas a través de la unidad en Playas de la Policía Local. El servicio pretende reforzar la seguridad y tener un efecto disuasorio

El área de cobertura va desde Pouet (en la bahía de Portmany) hasta la zona de Cala Saladeta, de más difícil acceso, incluyendo los paseos marítimos por donde se abarrotan los turistas. El Consistorio informó que tan solo en las primeras tres semanas de servicio, entre el 2 y el 24 de junio, ya se habían tramitado un total 25 denuncias que terminaron en la incautación de material destinado a la venta ilegal. Por otro lado, el jefe del cuerpo municipal de Policía, Alejandro Ponce, recordó que a pesar de que no tienen competencias directas en el mar, se colabora con otras autoridades cuando la situación lo requiere.

Margen limitado de actuación

La Policía Local de Sant Josep, que tiene competencia sobre Cala Comte, asegura tener “controlada” la figura de este vendedor ambulante de mojitos. Sin embargo, señala que las competencias de los agentes en el ámbito marítimo son limitadas y las actuaciones que llevan a cabo son en coordinación con la Guardia Civil. Sobre todo, porque no existe un operativo permanente, sino que se hacen tan solo intervenciones puntuales cuando se dispone de suficientes efectivos, añaden desde el Ayuntamiento.

Aun así, el balance es contundente: 56 denuncias interpuestas, 134 hallazgos registrados y más de 800 kilos de material retirado, entre los que predominan bolsos de marcas falsas, sombrillas, pareos y prendas de ropa. También se han detectado casos de venta de fruta cortada, bocadillos y bebidas, principalmente agua y refrescos. Además, en algunos arenales de Sant Josep se ha identificado la presencia de mujeres que venden vestidos, la mayoría de origen español o sudamericano. Pero las actuaciones en el ámbito institucional no son suficientes. Hasta ahora no se han presentado denuncias por la venta de cocktails en el mar, pero el Ayuntamiento insiste en que la erradicación de esta práctica pasa por la implicación ciudadana, recordando que “la oferta depende principalmente de la demanda”.

En Santa Eulària, el Grupo de Acción Preventiva (GAP) de la Policía Local ha levantado desde el inicio de la temporada 50 actas de aprehensión, como ha detallado un portavoz del Consistorio a elDiario.es. Los objetos intervenidos incluyen pareos, gafas de sol, bisutería, ropa y alimentos, como frutas y bebidas alcohólicas preparadas. Los productos perecederos son destruidos de inmediato por motivos sanitarios, mientras que el resto se mantiene en custodia hasta su eliminación definitiva, ha detallado un portavoz del equipo de gobierno.

Los agentes patrullan diariamente las playas más conflictivas en ese sentido: Cala Leña, Cala Llonga, Es Canar, Cala Nova y Es Figueral, donde es frenética la actividad de vendedores ambulantes. El concejal de Seguridad, Juan Carlos Roselló, subraya a elDiario.es que el objetivo es “proteger el bienestar de vecinos y visitantes” y que la venta ilegal supone un riesgo para la salud pública y para la seguridad en los espacios turísticos. Y a pesar de que la presión policial ha reducido la presencia de vendedores ambulantes en comparación con años anteriores, la imagen de mojitos, frutas o bolsos ofrecidos entre toallas sigue sin desaparecer del todo en las playas de la isla.

El concejal de Seguridad, Juan Carlos Roselló, subraya a elDiario.es que el objetivo es “proteger el bienestar de vecinos y visitantes” y que la venta ilegal supone un riesgo para la salud pública y para la seguridad en los espacios turísticos

Refuerzo de la vigilancia marítima

El Govern también ha intensificado este verano el control sobre la actividad náutica en las Pitiusas. Desde junio se han levantado 29 actas; 19 en Eivissa y 10 en Formentera, por irregularidades vinculadas al chárter náutico. Entre las infracciones más habituales detectadas por los inspectores figuran operar con declaraciones responsables caducadas o directamente inexistentes, no incluir el número de registro balear en los contratos o incluso vender billetes en embarcaciones no autorizadas para este fin, han señalado desde la institución balear.

El director general de Puertos y Transporte Marítimo, Antoni Mercant, ha asegurado en declaraciones a Radio Ibiza que el objetivo es “disuadir las prácticas irregulares” y proteger tanto la legalidad como el medio marino. Para ello, este año se ha desplegado un dispositivo sin precedentes: además de más personal y recursos técnicos, el operativo incorpora un dron que sobrevuela la costa diez horas al día durante todo agosto, lo que permite detectar irregularidades en tiempo real y actuar con mayor rapidez.

Las inspecciones, que se extenderán a las cuatro islas en colaboración con los ayuntamientos y Consells, incluyen la vigilancia de fondeos, el control de chárteres sin autorización y la recogida de datos para futuras actuaciones. Algunos de los espacios más sensibles son los que abarca el Parque Natural de ses Salines, como por ejemplo, s’Estany des Peix de Formentera. Aun así, por el momento, la venta ilegal de mojitos se sigue produciendo con total impunidad en las playas pitiusas.

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha decidido archivar definitivamente la investigación judicial por la muerte Mamouth Bakhoum, el senegalés de 43 años que trabajaba en la venta ambulante en la capital hispalense y que murió ahogado el pasado 29 de diciembre tras caer al río Guadalquivir a raíz de una persecución por parte de varios agentes de la Policía Local. “La causa decisiva y eficiente de la caída al río y el posterior ahogamiento de Mamouth no está en la actuación de los agentes sino en la conducta de aquel”, sentencia la Sala.

En auto fechado este 15 de julio, al que ha tenido acceso SevillaelDiario.es y contra el que no cabe recurso alguno, se acuerda desestimar el recurso de apelación interpuesto por la familia del fallecido contra el doble carpetazo en la fase instructora tanto en enero como en abril, y que ahora la Audiencia confirma “en su integridad” dada su “extensa y ajustada argumentación” con la que ya descartó la existencia de los delitos que planteaba la familia (un delito de imprudencia grave con resultado de muerte, o subsidiariamente un delito de imprudencia menos grave con resultado de muerte, así como de un delito de omisión del deber de socorro y de un delito de prevaricación).

La Audiencia repasa el ya conocido relato de los hechos hasta el momento en que Mamouth “se aproximó poco a poco a la zapata del río y, sin atender las advertencias de los agentes de que se tranquilizara y tuviera cuidado con sus movimientos, se agarró al noray de amarre, sin desprenderse de los hatillos, y se deslizó, ofreciéndole los agentes la mano para que se agarrara, cosa que no hizo, soltándose y cayendo al agua con los hatillos a las 16.29 horas”.

De todo ello “no se desprende indicio alguno de la presunta comisión de un delito de homicidio imprudente por parte de los agentes de la Policía Local que procedieron al seguimiento y al intento de detención de una de las personas que se dedicaban a la venta ambulante de material supuestamente falsificado”, dice el auto, zanjando que “la actuación de los agentes se considera adecuada, prudente y diligente”.

El “comportamiento arriesgado y peligroso de Mamouth”

Así resume el caso el auto: “Se trataba de una venta ambulante ilícita de productos presuntamente falsos, con lo que los agentes al perseguir e intentar detener a uno de los implicados en dicha venta se limitaron a cumplir su deber policial, siendo su actuación perfectamente legítima. En la conducta de los agentes de la policía local no se aprecia ni excesos, ni desproporción. Éstos se limitaron a rodear a la persona que perseguían, pidiéndole que se tranquilizara y que tuviera cuidado con sus movimientos, al tiempo que se le aproximaban, y fue él, quien sin atender a los requerimientos policiales, optó por seguir con su huida agarrarse al noray de amarre, sin desprenderse de los hatillos, que portaba, rechazando la mano que le ofrecieron los agentes, terminando por caer al río”.

Asimismo, la Audiencia insiste en que la actuación de los agentes “rodeando y acercándose a Mamouth no supone la generación de riesgo ilícito o prohibido, ni conlleva la omisión de un deber objetivo de cuidado en el ejercicio de su actuación policial”. “La causa decisiva y eficiente de la caída al río y el posterior ahogamiento de Mamouth no está en la actuación de los agentes sino en la conducta de aquel. El que Mamouth optase por agarrarse al noray de amarre sin desprenderse de los hatillos para evitar que los agentes le dieran alcance y que a continuación cayera al río y se ahogara no era un riesgo previsible, como tampoco lo sería que una persona en una persecución por la acera cruzase la calzada justo en el momento de pasar un vehículo por ella, y en todo caso, tiene su origen no en la conducta desplegada por los agentes sino en la decisión tomada por Mamouth”, ejemplifica el auto.

“El hecho de que éste pudiera encontrarse cansado por la huída y nervioso ante la posibilidad de que los agentes le dieran alcance y le intervinieran la mercancía, no permite achacar a los agentes el comportamiento arriesgado y peligroso de Mamouth, ni permite colegir que los agentes con su actuación generaran un riesgo ilícito o prohibido”, insiste la Audiencia, que añade que “no hubo omisión del deber objetivo de cuidado en el ejercicio de su actuación profesional por el hecho de perseguirle y rodearle”. “No cabe, por tanto, hablar de indicios de la comisión de un delito de homicidio por imprudencia por parte de los agentes de la policía local al no apreciarse el más mínimo atisbo de negligencia en su actuación”, señala el auto.

Por otra parte, “tampoco” entiende la Audiencia que exista “el menor indicio del delito de omisión del deber de socorro” ya que “hubo una inmediata prestación del socorro necesario y posible por parte de los agentes de la Policía Local. ”Es cierto que en el lugar de los hechos, al producirse la caída al río de Mamouth, había seis agentes de la policía local, pero resultaría absurdo exigir que todos ellos se hubieran lanzado al río, no solo por no ser operativo y el riesgo que conlleva tal acción, sino porque ya se habían lanzado dos compañeros para prestar el socorro debido a la víctima“, explica el auto.

Hechos, atestados, vídeos e informes

Por último, “la omisión que se denuncia, de haberse producido, de lo que no existe el menor indicio, no entendemos que integre el delito de prevaricación” al que también aludía la familia ya que “no existe el menor dato de que de forma consciente y voluntaria se hubiera omitido o se hubiera retrasado la llamada al 061, exigiendo el tipo penal que la conducta se lleve a cabo a sabiendas de la ilegalidad”. También señala el auto en ese punto que “los bomberos, tras rescatar a Mamouth B., le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y le realizaron un electrocardiograma siendo negativo, certificando su fallecimiento, con lo que el retraso en la llegada del 061 resultaría irrelevante”.

La Audiencia defiende el papel de la jueza instructora al acordar el sobreseimiento de las actuaciones “tras valorar jurídicamente los hechos denunciados, el examen de los atestados, los videos aportados y los informes médicos del fallecido, sin que aprecie motivo alguno para continuar con la tramitación de la causa y seguir practicando diligencias de investigación, al carecer los hechos de relevancia penal, con lo que la práctica de nuevas diligencias [como pedía la familia] solo prolongarían innecesariamente la instrucción, sin que tal decisión conlleve la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva”.

La continuidad de las lluvias y el intenso calor de inicios de verano han lastrado las ventas de los mercadillos extremeños en lo que va de año, con importantes descensos durante el primer semestre en relación a los seis meses anteriores.

El presidente de la Asociación de Comerciantes Autónomos de Extremadura (Acaex), Julián Cruz, ha expresado a EFE que la continuidad de las lluvias durante los primeros meses del año “ha sido muy perjudicial” para los mercadillos, pues restó jornadas de actividad, así como afluencia de público.

Las precipitaciones dieron paso al intenso calor, ha manifestado Cruz, con lo que también se redujeron las horas de los mercadillos “al ser imposible estar en los momentos de mayor incidencia del sol”.

Junto a estos perjuicios coyunturales se producen otras problemáticas que se han convertido ya “en estructurales”, como la posibilidad de que las grandes superficies y las tiendas tradicionales extremeñas puedan establecer descuentos en cualquier momento del año y la competencia del comercio electrónico.

Cruz ha manifestado que las ventas durante el primer semestre fueron un 50 por ciento inferiores en relación a los seis meses anteriores.

“Si el cliente encuentra grandes rebajas en las tiendas físicas y online, y las condiciones climatológicas restan además afluencia de público, los mercadillos pueden verse abocados a la desaparición en la comunidad autónoma si no se actúa”, ha dicho.

En este marco, la asociación ha pedido a la Junta de Extremadura que impulse la normativa necesaria que permita ampliar el periodo de vigencia de las autorizaciones municipales por los puestos hoy instaurado, que se prorrogó durante un periodo de siete años.

Cruz ha explicado que municipios andaluces o madrileños ya permiten prórrogas de 14 años, y en Barcelona de 15, gracias a las normativas autonómicas.

De la misma forma se solicita que se permita el traspaso del puesto a familiares de hasta tercer grado para incentivar de esta forma el relevo generacional.

En el caso de los municipios se pide que los ayuntamientos extremeños rebajen las cuotas establecidas por contar con los puestos y que se impulsen iniciativas para el impulso del sector.

En este sentido, la asociación ha solicitado al Ayuntamiento de Badajoz que instale una estructura en el espacio del mercadillo dominical del polígono industrial El Nevero que permita disponer de un techo o de un toldado para minimizar los efectos del calor y permitir así que la actividad no disminuya durante los domingos de verano.

El pasado mes de abril te contábamos la historia de Adrián, el panadero que sirve a domicilio en pueblos riojanos aunque pierde dinero. “El día que deje de subir, no lo hará nadie” aseguraba este joven que lleva 13 años repartiendo pan y otros productos de primera necesidad por los pueblos de los valles del Jubera y de Ocón de La Rioja. Comenzó a los 18 años. Desde entonces no ha dejado de recorrer esta zona de La Rioja a pesar de que el negocio no es rentable. “Vivo en Galilea y conozco a todo el mundo de la zona, he estudiado con los nietos y nietas de las personas mayores que cada día compran el pan”. Y ese es uno de los motivos por los que sigue recorriendo estos pueblos de La Rioja. “Me considero parte del valle”. Afortunadamente, Adrián Blanco Martín cuenta con otra línea de negocio que le permite llegar a final de mes y pagar las facturas. Y, afortunadamente también, la próxima cuesta de enero será menos empinada.

Y es que el Ayuntamiento de Ocón ha aprobado una moción para ayudar a este repartidor ambulante y garantizar la pervivencia de este servicio en esta zona de La Rioja. En concreto, el pleno aprobó instaurar una ayuda económica, en el próximo presupuesto, para contribuir al mantenimiento del servicio de pan y alimentación. El objetivo, compensar una parte de los gastos que conlleva este servicio en los pueblos que componen el valle y asegurar bienes de consumo esenciales para nuestros vecinos y reconocer además el servicio prestado“, explica el portavoz del grupo municipal Por La Rioja en el Ayuntamiento, Rubén Gil Trincado.

Una ayuda que llegará en enero cuando más necesaria es. Y es que el invierno es duro, confesaba Adrián. “En el pueblo en el que más vendo son diez barras, de hecho hay pueblos como San Bartolomé en el que solo vive un matrimonio y al que cada día le llevaba su barra de pan”. El invierno ha sido muy duro“, insistía.

Pero además de habilitar esta ayuda, aún sin cuantificar, el Ayuntamiento de Ocón también le ha dado un tirón de orejas al Gobierno de La Rioja al que instan a “poner en marcha las medidas anunciadas para el mantenimiento de servicios básicos en el medio rural, como fórmula para el asentamiento de la población e impedir el cierre de negocios que son fundamentales para la vida en nuestros pequeños pueblos”. Y es que en su argumentación, la formación política argumentaba que “los pequeños municipios como el Valle de Ocón vienen sufriendo el cierre, recortes y desaparición de diferentes servicios básicos como los financieros, venta ambulante, correos, bares, atención sanitaria o educativa desde hace años”.

Carencias, reza la moción, “que recrudecen el problema de la despoblación y frenan a las familias que estén pensando asentarse en el medio rural”. Y uno de esos frenos aseguran que es la pérdida del comercio ambulante “que sirve al vecindario algo tan básico como los alimentos para el día a día. Se han perdido comerciantes ambulantes que durante años han prestado estos servicios por lo que ha empeorado la calidad de vida”. Por esta razón reclaman medidas concretas y efectivas “para frenar estos recortes y cierres”. Medidas que ya se han sido aprobadas en este ayuntamiento. “Debemos dar ejemplo y dentro de nuestra capacidad, liderar acciones de apoyo a los autónomos que prestan un servicio esencial durante todo el año a pesar de que en muchas ocasiones no tengan beneficios y sean más bien servicios sociales de atención al vecindario como es el caso del panadero que cuida y atiende a los municipios del Valle”, recoge la moción.

El miércoles 11 de junio, el día festivo por San Bernabé, los feriantes y vendedores ambulantes del recinto ferial de Logroño apuraban las últimas horas de unas fiestas cortas cuando se desencadenó una fuerte tormenta. Fuertes rachas de viento, una tromba de agua e incluso granizo cayeron en minutos sobre este epicentro festivo. Carolina estaba trabajando en su puesto de juguetes y artesanía cuando un árbol de grandes dimensiones cayó encima y lo destrozó todo.

Lo más importante son los daños personales y afortunadamente ella está bien, aunque lamenta: “Por lo menos estoy con vida, pero igual nos tendría que haber pasado algo para que el Ayuntamiento hiciera algo”, afea el poco apoyo que ha sentido de la administración. En primer lugar, Carolina cree que deberían haberles avisado de las previsiones meteorológicas y los riesgos e incluso suspender la actividad como medida preventiva.

La tormenta arrasó todo en el puesto de Carolina, en el contiguo que estaban sus padres y en muchos de los compañeros de la fiesta de San Bernabé. “He perdido casi todos los productos que tenía expuestos, se mojaron, macharon o rompieron, pero lo he tenido que tirar casi todo”, cuenta sin poder todavía cuantificar a cuánto ascienden esas pérdidas. A ello se suma la propia estructura del puesto, que calcula en unos mil euros. Lo había renovado hace muy poco tiempo y la caída del árbol lo destrozó por completo entre rotura de hierros y cartones mojados e inservibles.

Carolina recuerda que en el momento de la tormenta se quedó en shock y solo quería salir del susto. Al día siguiente, cuando volvió a su puesto con la intención de recogerlo todo, la Policía Local no les permitió estar allí. “Yo pensaba que el Ayuntamiento de Logroño nos dejaría un día para recoger e intentar salvar algo, pero la Policía Local nos dijo que nos teníamos que ir y que nos iban a multar si vendíamos. Yo no quería vender, queríamos secar y arreglar las cosas”, dice con decepción.

Ante la situación, asegura no haber tenido ninguna noticia del Ayuntamiento de Logroño, que cree “se ha lavado las manos”: “Yo acudí al Ayuntamiento ayer y me derivaron de una unidad a otra sin respuestas, al final solo pude dejar un escrito y no sé si recibiré respuesta”.

Por su parte, el Ayuntamiento de Logroño ha asegurado a Rioja2 que hay un atestado de Policía Local y, por tanto, el seguro de Logroño Deporte se hará cargo de la situación, ya que el árbol que cayó estaba en Las Norias. Afirman que desde el seguro se pondrán en contacto con la damnificada cuando se realice la tramitación.

Mientras tanto, Carolina se ha tenido que volver a Valencia, donde reside, dejando en Logroño su carro y habiendo perdido su medio de vida: “Vivimos de esto, es nuestro pan, cada fin de semana estamos en los mercados con este puesto que me ha costado mucho esfuerzo tenerlo bonito para que un día venga un árbol y lo pierda todo”.

Mamouth Bakhoum, el senegalés de 43 años que trabajaba en la venta ambulante en Sevilla, estaba “exhausto y sin saber nadar, no volvió a salir a flote” aquella fatídica tarde del pasado 29 de diciembre en la que fue perseguido por la Policía Local durante 1,6 kilómetros hasta ser víctima de un “cercamiento”, como la propia instructora ha reconocido, antes de caer al río Guadalquivir y morir ahogado.

Su familia, a través de su representación legal, confía en que la Audiencia Provincial reabra una investigación judicial que ya ha sufrido un doble carpetazo, ya que considera que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de imprudencia grave con resultado de muerte, o subsidiariamente un delito de imprudencia menos grave con resultado de muerte, así como de un delito de omisión del deber de socorro y de un delito de prevaricación.

Así consta en el recurso subsidiario de apelación, presentado contra el primer auto de archivo y al que ahora ha tenido acceso SevillaelDiario.es, que viene a concluir que “en la concatenación de riesgos producida por la conducta de los agentes, el riesgo de que toda la persecución provocara, dadas las circunstancias en que se produjo, la muerte del Sr. Bakhoum era altamente previsible”. La familia y la comunidad senegalesa de Sevilla ha venido insistiendo en numerosas movilizaciones en que las instituciones tienen responsabilidad en la muerte de Mamouth.

El recurso ya está tramitado desde hace tiempo pero, mientras la Audiencia lo estudia, el TSJA ha tomado en una importante decisión en una derivada de aquella trágica muerte: ha archivado la querella de la Fiscalía por las opiniones de un diputado andaluz respecto a aquellos hechos.

Los jueces, al margen de legitimar la libertad de expresión de José Ignacio García (Adelante Andalucía), entran de lleno en el debate abierto por el diputado, vislumbrando un profundo conocimiento y una clara empatía respecto a la situación de desprotección que padecen y denuncian los inmigrantes en este país, y los manteros en particular.

Los jueces del TSJA argumentan que la expresión “racismo institucional”, pronunciada por el diputado andalucista, “no es en absoluto un insulto ni una ofensa ni una injuria, sino un concepto político de muy larga tradición acuñado en la lucha contra las desigualdades por razón de raza, etnia u origen (...) utilizado reiteradamente como lema por los movimientos de apoyo al colectivo de inmigrantes que se dedican a la venta ambulante no autorizada (coloquialmente 'manteros') para criticar la consideración de tal actividad como delito y la política de represión de la misma. Es, digamos, equiparable a expresiones como ”Justicia machista“ o ”patriarcal“.

El auto resume el caso en una frase rotunda, donde concluye que sin la persecución policial la muerte del mantero senegalés no se habría producido: Se trata de “un legítimo, aunque a su vez criticable, ejercicio de la libertad de expresión por un diputado dando voz a una reivindicación de carácter político y protestando por una actuación de la Policía Local sin la que no se habría producido el trágico suceso”, concluye.

Pero, centrándonos en el recurso que ahora analiza la Audiencia, según el relato de los hechos de la familia (que, salvo matices, es coincidente con lo expuesto por la jueza instructora del caso), hubo por parte de los agentes “falta de previsión del riesgo” que “una persecución de tan larga duración podría provocar en el estado físico” del senegalés. “Al acercarse a él, una vez alcanzado, los agentes debieron prever la posibilidad de que tratara de colgarse del puente, como efectivamente hizo. Especialmente, cuando este se colgó del puente para escapar de sus captores, la previsión del riesgo debió haberse agudizado, pues ambos pudieron prever que una persona agotada, cargada de bolsas, podía caer con facilidad al agua”, expone el recurso contra el auto de 23 de enero por el que se acordó el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones.

“El grado de previsibilidad de la situación de riesgo resultaba más que representable al constatar que el Sr. Bakhoum llevaba varios kilómetros huyendo de los agentes y no hizo ademán de entregarse en el puente; la posibilidad de que se colgara de este se hizo más que evidente cuando lo rodearon y no se entregó, y finalmente resultó perfectamente constatable cuando se colgó de este, sin que los agentes depusieran su actitud ni hicieran nada por ayudarle”, detalla la familia en el extenso escrito sobre el que ahora deberá decidir la Audiencia de Sevilla.

“Extremo agotamiento”

Lo último que ha dicho la jueza es que “de lo actuado hasta la fecha, no consta ni tan siquiera indiciariamente esa relación de causalidad que se invoca, entre la persecución y cercamiento policial de la víctima en los bajos del puente y la caída al río de esta tras agarrarse al poste de amarre y deslizarse, falleciendo por ahogamiento, basada tan sólo en simples conjeturas sobre el modo de producirse los hechos y sobre la supuesta previsión del resultado por los agentes, al hallarse la víctima agotada por la larga persecución y por ir cargada con los hatillos, lo que según la recurrente aumentaba el riego de caer con facilidad al agua, manifestación no avalada en dato objetivo alguno”.

Bakhoum fue perseguido por los funcionarios de policía local desde la Avenida de la Constitución hasta el Muelle de Nueva York, aproximadamente una distancia de 1,6 km. Según su familia, “no pudo luchar por su vida, bien porque, efectivamente 'no sabía nadar', bien porque, previsiblemente, su condición física en ese momento, después de haber huido durante 1,6 km y tras colgarse del noray de amarre sujetando las dos bolsas con las manos, era de extremo agotamiento”.

Su representación legal no oculta que el senegalés había sido condenado en diciembre de 2022 por un delito de atentado y dos de lesiones por unos hechos muy similares a los ocurridos ahora dos años más tarde, con indicios de comisión de delitos contra la propiedad intelectual/industrial. En el atestado levantado en aquella ocasión, se hace mención a que cuatro días antes Bakhoum había sido denunciado por delitos contra la propiedad intelectual/industrial en atestado anterior a ese. “Estos hechos confirman la probabilidad de que la Unidad de Policía Turística de la Policía Local del Ayuntamiento de Sevilla, a la que pertenecían los agentes que requieren la identificación del señor Bakhoum el pasado 29 de diciembre y que inician su persecución, lo conocieran con antelación a esos hechos y, por lo tanto, tuvieran también conocimiento de sus antecedentes penales”.

La familia del senegalés fallecido considera que estaríamos ante “una acción voluntaria no intencional o maliciosa por parte de los agentes” que participaron en el acto final de la persecución “contra un conjunto de individuos de los que los agentes sospechaban que podían estar realizando venta ambulante no autorizada”. “No son los dos agentes presuntamente implicados en el acorralamiento de la víctima quienes intentan agarrarle y luego rescatarle, sino solo uno de ellos”, detalla el escrito.

“Como consecuencia de la conducta de los agentes”

A su juicio, “cabía prever la posibilidad de que el cercado no desistiera de su intento de fuga, habida cuenta de las implicaciones que para él podía suponer la entrega voluntaria: no solo una detención o una infracción administrativa, circunstancias ambas que condicionarían sus posibilidades de regularización administrativa de manera determinante, sino también la pérdida de los bienes que portaba, hecho relevante si se tiene en cuenta la precaria condición económica de quien se ve obligado a vender productos en la calle sin licencia”.

“No resultaba difícil contemplar la posibilidad de que el Sr. Bakhoum intentara huir, ni tampoco la de que lo hiciera, estando acorralado donde lo estaba, colgándose por el puente. De hecho, la constancia a través de las comparecencias en los dos atestados policiales de los llamamientos a que 'se tranquilizara' indica con claridad que los agentes percibían su nerviosismo y desesperación, así como percibieron su intención de no entregarse voluntariamente”, recoge el escrito.

“La actuación realizada por los agentes resultaba peligrosa, no permitida y al margen de las técnicas de detención que pudieran contemplarse en los diferentes protocolos policiales”, teniendo en cuenta que “en su deber objetivo de cuidado se les exigía la adopción de las medidas necesarias para no crear un peligro de muerte para el sujeto pasivo de su acción. Pero no las llevaron a cabo, sino que fueron las empleadas las causantes, por exceso, de la muerte”.

“Se trata de funcionarios policiales y los hechos se refieren a una detención en la que intervienen con un modus operandi peligroso causante de la muerte”, dice el escrito, que apunta que “los funcionarios estaban formados, debían estarlo, en el protocolo de detención/retención de una persona acorralada. Son agentes de la policía local, profesionales cualificados con exigencia de conocimiento de las técnicas de detención o reducción de personas que puedan ejercer una resistencia a una detención y con una preparación exigible acerca de cómo deben actuar y cómo ”no deben actuar“. No eran un particular que actuara con desconocimiento de técnicas de detención. Sabían hasta dónde podría llegar y del riesgo de que sucediera lo que sucedió, tal y como se produjeron los acontecimientos. Existió la infracción de un deber de cuidado interno”.

En resumen, “se produjo el resultado nocivo, concretamente, la muerte del Sr. Bakhoum, ahogado en el río Guadalquivir, como consecuencia de la conducta de los agentes (persecución previa, que agotó las capacidades físicas del Sr. Bakhoum y cercamiento en torno a la orilla del río en el muelle, en situación desesperada), con conocimiento del peligro o sin él, como causa eficiente de la reacción de la víctima, y, con ella, la producción del resultado lesivo”.

Segundo carpetazo judicial a la muerte de Mamouth Bakhoum, el senegalés de 43 años que trabajaba en la venta ambulante y que murió ahogado en el río cuando trataba de huir de unos agentes de la Policía Local de Sevilla. La titular del Juzgado de Instrucción 17, en un auto fechado este 15 de abril, ha desestimado el recurso de reforma y subsidiario de apelación contra el auto de 23 de enero de 2025 por el que se acordó el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones.

La familia de la víctima, que considera que loshechos pueden ser constitutivos de un delito de imprudencia grave con resultado de muerte, o subsidiariamente un delito de imprudencia menos grave con resultado de muerte, así como de un delito de omisión del deber de socorro y de un delito de prevaricación, tiene previsto acudir a la Audiencia Provincial para continuar recurriendo e insistir en que las instituciones tienen responsabilidad en la muerte de Mamouth.

“De las diligencias de investigación practicadas sobre las circunstancias en que se produjo el fallecimiento de Mamouth Bakhoum, tras su ahogamiento en el río Guadalquivir, al que cayó tras la huida y persecución por parte de agentes de la policía local que lo sorprendieron en la Avenida de la Constitución, junto a otros vendedores, ejerciendo la venta ambulante de productos presuntamente falsificados, no se desprende la existencia de base indiciaria para proseguir la imputación por delito de homicidio bajo imprudencia grave o menos grave”, zanja el auto, al que ha tenido acceso SevillaelDiario.es.

La jueza se basa en los atestados de la propia Policía Local, de la Policía Nacional, del grupo de homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial, y en las declaraciones de testigos a presencia policial y visionado de las imágenes captadas por las distintas cámaras de seguridad para asegurar que “los únicos datos objetivos evidencian que se produjo una intervención policial en las inmediaciones de la Avenida de la Constitución contra personas que se hallaban ejerciendo la venta ambulante de productos presuntamente falsificados, produciéndose una dispersión de los vendedores en dirección al Paseo Colón, accediendo algunos de ellos a los bajos del muelle de Nueva York, en dirección al muelle de las Delicias”.

En ese punto del relato dice que el auto que a la altura de la Glorieta de los Marineros, cuatro agentes “observaron a la víctima con dos hatillos andando por el muelle de las Delicias, por lo que accedieron a pie por el muelle de Nueva York y le siguieron para interceptarlo”. “Simultáneamente” otros dos agentes accedieron en vehículo por la Avenida Santiago Montoto hasta la entrada del Puerto de Sevilla, continuando a pie. Al llegar a la zona inferior del restaurante Maquiavelo, “Mamouth detuvo su marcha al observar la presencia de los agentes e hizo amago de volverse, si bien al comprobar que los cuatro primeros agentes caminaban hacia él desde la oposición opuesta a los otros dos agentes ”se aproximó poco a poco a la zapata del río y sin atender las advertencias de los agentes de que se tranquilizara y tuviera cuidado con sus movimientos, se agarró al noray de amarre, sin desprenderse de los hatillos, y se deslizó, ofreciéndole los agentes la mano para que se agarrara, cosa que no hizo, soltándose y cayendo al agua con los hatillos“. Acto seguido, dos de los agentes ”tras quitarse los chalecos antibalas, los zapatos y los cinturones se tiraron al agua, realizando varias inmersiones sin llegar a encontrar a la víctima. Personado el cuerpo de Bomberos doce minutos después procedió a la búsqueda del cuerpo“.

Tras ese relato dice la jueza que “de lo actuado hasta la fecha, no consta ni tan siquiera indiciariamente esa relación de causalidad que se invoca, entre la persecución y cercamiento policial de la víctima en los bajos del puente y la caída al río de ésta tras agarrarse al poste de amarre y deslizarse, falleciendo por ahogamiento, basada tan sólo en simples conjeturas sobre el modo de producirse los hechos y sobre la supuesta previsión del resultado por los agentes, al hallarse la víctima agotada por la larga persecución y por ir cargada con los hatillos, lo que según la recurrente aumentaba el riego de caer con facilidad al agua, manifestación no avalada en dato objetivo alguno”.

Por otra parte, “no resultan indicios suficientes como para concluir la existencia indiciaria seria, efectiva y sólida del ilícito penal de omisión del deber de socorro” ya que “de la causa se desprende que” dos policías locales “acudieron de forma inmediata en auxilio de la víctima, arrojándose al río un minuto después de caer al agua Mamouth, tras quitarse los chalecos antibalas, los zapatos y los cinturones, realizando hasta seis inmersiones para recatarlo sin éxito”.

“De otro lado, no hay indicios bastantes para considerar que los hechos denunciados puedan constituir el delito de prevaricación administrativa en su suerte de comisión por omisión, al haberse omitido de manera deliberada el protocolo para casos de emergencias”, rechaza también el auto.

“La inacción denunciada -omisión del protocolo de emergencias- no alcanza entidad criminal, fundamentalmente por dos razones. Primero, porque no se advierte un interés o beneficio propio para los agentes que intervinieron en los hechos. Segundo, para la prevaricación no basta con la mera ilegalidad, sino que es preciso un plus de antijuridicidad, tanto si se trata de actividad reglada como discrecional, porque así lo exige el principio de intervención mínima, que impide poner en marcha el derecho penal ante cualquier alteración o desviación de la actividad administrativa. El recurso no concreta ese necesario plus”.

Las diligencias instadas por la familia de Mamouth (testificales y oficios a la Policía Local del Ayuntamiento de Sevilla, entre otras) “se consideran innecesarias e inútiles a la vista de las diligencias de investigación practicadas que permiten descartar la posible apreciación de base indiciaria para mantener la imputación por delito de homicidio imprudente, omisión del deber de socorro y prevaricación que justifique la continuación del procedimiento”, concluye el auto.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este miércoles las bases reguladoras para la concesión de autorizaciones que permitan la ocupación de espacios en la vía pública para venta ambulante durante las próximas fiestas de San Bernabé y San Mateo. Éstas serán, tal y como ha explicado la concejal, Celia Sanz, en el espacio comprendido entre el recinto ferial y el Complejo Deportivo Municipal Las Norias.

El ámbito de aplicación se circunscribe exclusivamente a las asociaciones de vendedores ambulantes, debidamente acreditadas mediante certificado emitido por el presidente o secretario de estas, al que acompañará el del registro público correspondiente. El plazo para la presentación de solicitudes para las fiestas de San Bernabé será de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación; mientras que para las fiestas de San Mateo será entre el 1 y el 15 de julio, ambos inclusive.

Las asociaciones deberán presentar las solicitudes telemáticamente, a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Logroño disponible en www.logroño.es, por ser personas jurídicas y estar obligados según el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, y subsanados, en su caso, los defectos advertidos en la solicitud, en el plazo que se señale, se procederá al reparto de los puestos entre las asociaciones interesadas por riguroso orden de entrada.

En otro orden de asuntos, la Junta de Gobierno Local ha aprobado también el expediente de contratación para la gestión del Aula Didáctica de La Grajera por un importe de 119.788,35 euros (IVA incluido), que se desglosa en cinco anualidades. Celia Sanz ha recordado que el Aula Didáctica de La Grajera, ubicada en el parque del mismo nombre, tiene como objetivo “concienciar y sensibilizar a la población, especialmente al público infantil y familiar, sobre la importancia de la preservación del medio ambiente mediante actividades, talleres e itinerarios entretenidos en este entorno tan especial”.

Por ello “y para seguir ofreciendo este servicio lúdico y didáctico, la Junta de Gobierno Local ha aprobado este expediente que está desglosado en las siguientes anualidades:

Año 2025 (de junio a noviembre): 14.973,54 euros (IVA incluido).

Año 2026 (de diciembre de 2025 a noviembre de 2026): 29.947,09 euros (IVA incluido).

Año 2027 (de diciembre de 2026 a noviembre de 2027): 29.947,09 euros (IVA incluido).

Año 2028 (de diciembre de 2027 a noviembre de 2028): 29.947,09 euros (IVA incluido).

Año 2029 (de diciembre de 2028 a mayo de 2029): 14.973,54 euros (IVA incluido).

Además la Junta de Gobierno Local ha convalidado las actuaciones realizadas por la Empresa Eulen, S.A. por un importe total de 89.965,35 euros (IVA incluido) sin cargo para el Ayuntamiento. Por un lado, se ha convalidado un importe de 36.409,24 euros (IVA incluido) para la realización de diferentes trabajos, reparaciones y suministros, como cambios de lámparas y focos LED, bancos para el mobiliario urbano, etc.

Lleva 13 años repartiendo pan y otros productos de primera necesidad por los pueblos de los valles del Jubera y de Ocón de La Rioja. Comenzó a los 18 años, “se presentó una oportunidad” y como no le gustaba estudiar, Adrián Blanco Martín empezó a recorrer estos pueblos de la geografía riojana. Un negocio que, confiesa, no es viable y en el que continúa porque se considera parte del valle y porque cuenta con otra línea de negocio que le permite llegar a fin de mes y pagar las facturas. Blanco vive en Galilea.

En el pueblo en el más vendo son diez barras, de hecho hay pueblos como San Bartolomé en el que sólo vive un matrimonio y al que cada día le llevaba su barra de pan

Adrián Blanco Martín

Este joven panadero recorría, hasta ahora de lunes a sábado, los 12 pueblos de los dos valles. Comenzaba en Murillo de Río Leza, Lagunilla del Jubera, Ventas Blancas, Santa Engracia, San Bartolomé y Jubera. Y de aquí, al Valle de Ocón; Santa Lucía, La Villa, Las Ruedas, Pipaona de Ocón, Los Molinos y Aldealobos. “En el pueblo en el que más vendo son diez barras, de hecho hay pueblos como San Bartolomé en el que solo vive un matrimonio y al que cada día le llevaba su barra de pan”. Y dice “le llevaba” porque este panadero ha tenido que reducir la ruta. “El invierno ha sido muy duro”. Y la situación no mejora.

“La semana pasada nos sentamos a echar cuentas”. Y los números no cuadraron, “estamos perdiendo dinero”. La solución, reducir dos días de distribución del pan y del resto de productos a los lunes, miércoles, viernes y sábados. “He optado por unificar la venta y al menos así ahorrar algo de gasolina, porque el día que deje de subir, no va a subir nadie”, advierte.

Es consciente de que este no es un negocio viable, pero confiesa que le gusta lo que hace. “En estos trece años, la caída de facturación ha sido bestial, la mayoría de las personas que viven en estas zonas son mayores y cuando se van, no hay relevo generacional”. De hecho recuerda que hace trece años cuando comenzó en este trabajo no repartía por tantos pueblos y la facturación era mayor. “En cinco pueblos vendía más que ahora que recorro más pueblos”. Y a pesar de todo asegura que continuará recorriendo estos valles de La Rioja repartiendo el pan que él mismo elabora y otros productos de primera necesidad por una cuestión personal. “Vivo en Galilea y conozco a todo el mundo de la zona, he estudiado con los nietos y nietas de las personas mayores que cada día me compran el pan”.

Más de 60 pueblos de La Rioja dependen de este “servicio básico”, según Por La Rioja

Una venta ambulante para la que Por La Rioja pide “medidas urgentes” porque la consideran “un servicio básico en más de 60 municipios pequeños que dependen de este tipo de comercio para poder acceder a productos esenciales”. En concreto han planteado un plan de ayudas directas y bonificaciones fiscales destinadas a los comerciantes ambulantes que presten servicio en municipios de menos de 300 habitantes. La formación política calcula que en La Rioja hay más de 65 municipios con menos de cien habitantes, pueblos que “dependen de estos servicios para mantenerse activos”.

En su argumentación alegan que estos servicios “son económicamente deficitarios, especialmente en invierno, cuando la población se reduce. Hay comerciantes que acuden a pueblos con diez o veinte vecinos y vecinas, muchas veces perdiendo dinero solo por un compromiso con su tierra”. Y es que aseguran que localidades como las Trece Villas, los Valles del Jubera, Ocón o Alhama dependen del comercio ambulante para mantener la mínima estructura de servicios y garantizar la calidad de vida del vecindario: “si no hay tiendas, ni transporte, ni acceso a productos básicos, lo que llega es el abandono”.

Hacía unos cien kilómetros cada día de reparto (lunes, miércoles y viernes) y en algunos pueblos sólo vendía unas cinco barras de pan... al final las cuentas no salen

Eva Hernández Blanco

En la familia de Eva Hernández Blanco la venta ambulante de pan por los municipios de la sierra riojana ha sido el modo de vida durante cuarenta años. “Mi abuelo era molinero, mi padre panadero y estuvo 40 años repartiendo pan”. Ella fue el relevo generacional: “cuando se jubiló mi padre, continué yo”. Y durante doce años repartía el pan por Brieva de Cameros, Viniegra de Arriba, Viniegra de Abajo y Ventrosa. “Hacía unos cien kilómetros cada día de reparto (lunes, miércoles y viernes) y en algunos pueblos solo vendía unas cinco barras de pan... al final las cuentas no salen”. Y es que hace tres años que Hernández ya no reparte pan por estos pueblos de La Rioja. Tuvo que dejarlo, confiesa, “muy a mi pesar porque me gustaba mucho este trabajo, no me pesaba el conducir, no me pesaban las carreteras de la zona, pero al final era inviable”. Ahora sigue repartiendo pan, queso que ellos elaboran en la quesería y repostería casera, pero solo en Anguiano, su pueblo. Repartos, como ella dice, “personalizados” y que hace llegar “a las personas mayores que viven Anguiano, pero también a los no tan mayores que están trabajando y necesitan este servicio, yo solo les facilito un poco la vida”. Y es que Hernández es una enamorada confesa de Anguiano y de la vida en un pueblo. Un modo de vida que asegura, muchas personas desearían tener, “pero iniciar una aventura en un pueblo es casi como nadar a contracorriente porque no hay servicios, no hay vivienda y no hay trabajo, se los están dejando morir y vivir en un pueblo es muy atractivo”.

Las ayudas del Gobierno de La Rioja

Eva Hernández no recuerda ninguna ayuda del Gobierno de La Rioja para profesionales como ella o Blanco que cada día recorren las carreteras comarcales de La Rioja repartiendo pan y productos de primera necesidad a una clientela cada vez más envejecida. Sin embargo, desde el Ejecutivo regional aseguran que sí hay una línea de ayudas de la ADER dentro del Plan para la competitividad del comercio minorista. Y es que esta línea considera, entre otros, beneficiarios de estas ayudas a los que desarrollen una actividad encuadrada en el epígrafe del CNAE de comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos. Entre los conceptos subvencionables, los vehículos de transporte de mercancías (categorías N o asimilables a la categoría M1, clases 30 y 31).

La familia de Mamouth Bakhoum, trabajador de la venta ambulante que acabó ahogado en el río Guadalquivir cuando trataba de huir de unos agentes de la Policía Local, ha anunciado este miércoles que recurrirá el archivo provisional del caso, del que tuvieron conocimiento “en el mismo momento en el que, por vez primera, se le permitió acceder al expediente judicial”. “El archivo más rápido de la historia” según fuentes de la acusación, le había “negado” a esta parte “la posibilidad de proponer otras pruebas a las ya recabadas que pudieran esclarecer la muerte” y que ya habían hecho llegar al juzgado a primeros de enero como avanzó SevillaelDiario.es.

Aunque el trágico fallecimiento tuvo lugar el domingo 29 de diciembre, el órgano judicial no recibió el atestado policial, que incorporaba información sobre imágenes de cámaras de la zona, hasta el pasado 16 de enero. El 'carpetazo' al caso, que no ve responsabilidad penal de los agentes, se produjo teniendo en cuenta las pruebas recabadas por la jueza, remitidas por Policía Nacional, Policía Local e Instituto de Medicina Legal, pero, según la nota de prensa enviada a los medios este miércoles por la federación de asociaciones de senegaleses de Sevilla, “pudieron ser investigadas, entre otras cuestiones, las actuaciones llevadas a cabo por los bomberos y los servicios de urgencias y emergencias sanitarias, siendo destacable que estos últimos fueran requeridos en el lugar de los hechos en torno a 50 minutos después de que Mamouth cayera en el río”.

Por todo ello sostiene la federación que “que hay motivos suficientes para reabrir la investigación judicial”, poniendo atención en que fuera precisamente la Unidad de Policía Turística de la Policía Local la que aquel día “tenía entre sus cometidos el de localizar a vendedores ambulantes en la Avenida de la Constitución y la que persiguió en los primeros momentos a Mamouth”.

En su opinión, eso “simboliza a la perfección la política del Ayuntamiento de Sevilla que, como es de sobra sabido, está centrada casi exclusivamente en explotar los recursos turísticos de la ciudad y termina por descuidar o vulnerar los derechos del vecindario sevillano, del que también formamos parte las personas inmigrantes con o sin papeles que vivimos aquí”. “Es -añaden- otro ejemplo más de que vivimos en una Europa donde las políticas y las leyes son racistas y xenófobas sobre todo hacia las personas inmigrantes”.

Por ese último motivo la federación también se dirigirá a la Alcaldía de Sevilla exigiendo “que se deje de criminalizar a los cuerpos negros, africanos y afrodecendientes y se aprueben políticas municipales que promuevan un cambio de mentalidad en la sociedad sevillana para que podamos convivir en la diversidad y llegue el día en que de una vez entendamos que somos iguales”.

Asimismo, el próximo sábado 1 de febrero a las 17 horas la federación ha convocado a “todos los colectivos defensores de los derechos humanos” a una manifestación que iniciará su recorrido en el Muelle de Nueva York, donde murió Mamouth, “para mantener en la memoria colectiva a su compañero, y para exigir la continuación de la investigación judicial y un cambio radical en las políticas municipales sobre la venta ambulante y la inclusión de las personas inmigrantes vecinas de Sevilla”. “Porque las vidas negras importan: las muertes negras se investigan. Regularización ¡ya!”, concluye la nota remitida a la prensa.

Familiares, amigos y compatriotas YA se han manifestado al menos dos veces en estas semanas, los días 30 de diciembre y 2 de enero, reclamando aclarar las circunstancias concretas que rodearon la muerte del senegalés y acusando a las administraciones de “racismo” por provocar de algún modo el triste final.

El Juzgado de Instrucción número 17 de Sevilla ha decidido archivar la investigación abierta por la muerte del senegalés de 43 años Mamouth Bakhoum, trabajador de la venta ambulante que acabó ahogado en el río Guadalquivir cuando trataba de huir de unos agentes de la Policía Local. Aunque el trágico fallecimiento tuvo lugar el domingo 29 de diciembre, el órgano judicial no recibió el atestado policial, que incorporaba información sobre imágenes de cámaras de la zona, hasta el pasado 16 de enero. El auto acordando el archivo provisional de la causa fue dictado el 23 de enero, esto es, una semana después de acceder al informe policial de lo sucedido.

Antes de todo ello, a primeros de año, la representación legal del hermano de Mamouth había formulado una alegación sobre la necesidad de acordar diligencias de prueba relativa a las cámaras de videovigilancia durante la persecución de los agentes “con el objeto de acreditar lo ocurrido”.

Familiares, amigos y compatriotas se han manifestado al menos dos veces en estas semanas, los días 30 de diciembre y 2 de enero, reclamando aclarar las circunstancias concretas que rodearon la muerte del senegalés y acusando a las administraciones de “racismo” por provocar de algún modo el triste final. Mamouth Bakhoum estaba en situación regular en España y tenía una condena de cuatro meses por atentado a agentes de la autoridad, impuesta hace un par dos años y que pudo ser el motivo para lanzarse al río cuando se vio sin escapatoria al temer ser devuelto a su país de origen, donde ha dejado mujer e hijos.

La familia también había aportado un vídeo en el que se recogían los momentos inmediatamente posteriores al hundimiento del cuerpo de Mamouth, aún con el hatillo que portaba flotando en el agua, para acreditar “el lugar exacto en el que se produjo” su ahogamiento para que el juzgado lo tuviera en cuenta.

El caso de Mamouth Bakhoum, vendedor ambulante senegalés que se ahogó en el Guadalquivir cuando huía de la Policía Local de Sevilla, se ha adentrado en una inesperada espiral judicial. Mientras la Policía Nacional continúa con sus pesquisas, dos políticos han sido denunciados por sindicatos policiales que les acusan de injurias y un discurso de odio hacia los agentes. ¿El motivo? Sus declaraciones públicas, en las que han reclamado una investigación interna y han denunciado “racismo institucional” y la “criminalización” de los inmigrantes.

Los señalados son el portavoz de Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz, José Ignacio García, y la portavoz de Podemos-IU en el Ayuntamiento de Sevilla, Susana Hornillo (Podemos). Contra García van el Sindicato de la Policía Local e Sevilla (SPLS) y la sección sindical del CSIF en el consistorio, mientras que en el caso de Hornillo ha sido el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme).

José Ignacio García ha comparecido este viernes para reafirmarse en sus declaraciones y poner el acento en que “si el fallecido fuese blanco y sevillano, se investigaría”. Por eso, se reitera en que estamos ante un caso de “racismo institucional” y de ahí la necesidad de una indagación independiente, para así descartar cualquier indicio de “violencia policial”.

Sanz, el “responsable político”

El parlamentario ha apuntado directamente al alcalde hispalense, José Luis Sanz (PP), como “responsable político” de lo que está ocurriendo, un Sanz que este jueves cerraba la puerta a cualquier investigación en el seno de la Policía Local. “¿Qué miedo tiene Sanz a abrir una investigación?”, se ha preguntado de manera retórica, recordando de paso que el regidor “ha pactado con la extrema derecha para convertir a Sevilla en tubo de ensayo del trumpismo”.

A su juicio, “el único objetivo de estas denuncias es meter miedo al que levanta la voz ante las justicias y el racismo”. “Si esto se lo hacen a un diputado, qué no harán con organizaciones sociales o los propios migrantes”, ha apuntado, además de repartir culpas con el Gobierno central de PSOE y Sumar por no derogar la Ley Mordaza. Esta restrictiva norma explicaría el miedo del fallecido y su huida, ya que la venta ambulante pasó de ser considerada una falta a un delito que conlleva cárcel.

“Ha fallecido un senegalés andaluz”, ha lamentado, además de denunciar los intentos de “deshumanizar a Mamouth y convertir a la víctima en verdugo”. “Buscan silenciarnos y meternos miedo, pero no nos van a callar”.

“Criminalización de los manteros”

Por su parte, el Consejo de Círculos de Podemos Sevilla ha trasladado su total apoyo a la portavoz de la formación y también concejal, Susana Hornillo, ya que considera que la amenaza de querella del sindicato policial está “fuera de lugar” y sólo busca “amedrentar a políticos valientes que trabajan por una sociedad democrática, justa y transparente”. Por ello, reitera “la necesidad de abrir una investigación municipal”, como reclamó Hornillo en el pleno municipal.

La responsable de Organización de Podemos Sevilla y miembro electa de la dirección andaluza, Carmen Montero, ha criticado que José Luis Sanz “ha promovido desde su llegada un discurso de criminalización hacia el colectivo de manteros que ha sembrado el terror entre estas personas”. En esta línea, le conminan a “deponer su actitud de señalamiento hacia las personas vulnerables” y a que priorice en su agenda “los problemas que realmente alteran la vida en los barrios como los cortes de luz, el precio de la vivienda, la suciedad o el transporte público”.

La muerte del joven senegalés Mamouth Bakhoum, trabajador de la venta ambulante que se ahogó en el Guadalquivir cuando huía de la Policía Local, ha llegado al pleno del Ayuntamiento de Sevilla. Y eso ha servido para que el alcalde, José Luis Sanz (PP), se pronuncie para asegurar que “pone la mano en el fuego” por la actuación de los agentes, además de para descartar la posibilidad de abrir una investigación propia para determinar qué ocurrió. En este sentido, señala que ya hay una actuación judicial en marcha.

El caso ha llegado de la mano del grupo Podemos-IU, cuya portavoz, Susana Hornillo (Podemos), ha pedido una indagación interna porque “hay demasiados interrogantes” y se han barajado hasta tres versiones distintas. “¿Cómo es posible que una persona que no sabe nadar se tire al río?”, se ha preguntado, algo que a su juicio “no tiene sentido”, tal y como se ha denunciado en las dos concentraciones de protesta que ha convocado la comunidad senegalesa.

Sanz, por su parte, lo que ha hecho es “lamentar profundamente la pérdida de una vida” y reprocharle a Hornillo “qué tiene en contra de la Policía Local”, parafraseándola cuando le ha inquirido sobre “qué tiene en contra de la población migrante de Sevilla”. Para la portavoz de Podemos-IU, el regidor “ha puesto en el punto de mira a los manteros”, a lo que le ha replicado que los agentes “no persiguen personas, sino delitos, da igual si lo comete un senegalés o un señor del barrio de Salamanca”.

Reproches mutuos

El alcalde ha recordado que fueron los propios policías que perseguían a Mamouth Bakhoum los que se lanzaron al río para rescatarlo, por lo que ha acusado a Hornillo de querer “embarrar” su actuación. Y además de anunciar que desde el consistorio hispalense no se va a llevar a cabo “ninguna otra investigación”, ha invitado a la portavoz de izquierdas a que se persone en la causa judicial abierta, “¿o acaso usted tampoco confía en la investigación de un juez?”.

Hornillo le ha acusado de eludir su responsabilidad, y ha apuntado que el hecho de que haya un proceso judicial no impide que el gobierno local lleve a cabo su propia indagación. Desde su punto de vista, la familia del fallecido y la propia sociedad sevillana “lo merecen” porque “no se han dado las explicaciones oportunas” y porque además “lanzamos un mensaje muy peligroso porque parece que no nos importa su vida”.

Era mi primer año en la escuela de periodismo de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla cuando me presentaron una noticia: “Dos marroquíes roban en un bar en Almería”. Lo estoy parafraseando, porque a pesar de tener la lección grabada en mi cerebro, corría el año 2006 y ya una no se acuerda de los detalles, pero valga el ejemplo. 

Éramos unos tiernos bebés periodistas, la mayoría de los cuales tras graduarse en 2011 no llegarían a ejercer el periodismo –y mucho menos en Andalucía– por vicisitudes de las varias crisis de aquel entonces. 

La reflexión que nos ofrecía la profesora de cuyo nombre no puedo acordarme era que la nacionalidad o grupo étnico de una persona solo debe incluirse en la noticia cuando sea imprescindible para la comprensión de la misma. En este ejemplo, nada tenía que ver que las personas acusadas fueran de nacionalidad marroquí para comprender que se había producido un robo. 

Si hace la friolera de 19 años en las facultades de periodismo de este país ya nos estaban diciendo que poner la nacionalidad de una persona en un titular informa la manera en que va a ser interpretado, cómo es posible, me pregunto, que a día de hoy nos encontremos algunos de los siguientes titulares:

Nótese que en estos titulares no es la nacionalidad lo que se subraya, sino la ocupación: 'mantero'. ¿Y cuáles son las implicaciones de la palabra mantero en este contexto? Inmigrante, ilegal, negro. Una pregunta más, volviendo a la recomendación de aquella profesora de periodismo: ¿era necesario para entender la noticia saber que el fallecido era mantero? Sí y no. 

La profesión de 'mantero' es importante para entender la noticia, pero no se justifica su uso en el titular, sino que debía ir más adelante en el texto. Me explico: la noticia es que un hombre se cayó al río Guadalquivir y se ahogó. Esa persona estaba siendo perseguida por la policía. La persecución se inició presuntamente por la ocupación de 'mantero' del fallecido. Había que explicarlo pero ponerlo en el titular es una manera de hacer la historia llamativa, de atraer lectores con algo diferente, pero sacrificando la integridad de la historia. 

Todos los periodistas saben los códigos deontológicos, antirracistas y feministas, pero, cuando se nos presenta una historia jugosa, los tiramos por la borda y sacamos los cañones del 'clickbait'

Entonces, ¿por qué tantos periodistas han subrayado en el titular la palabra 'mantero'? A mi humilde juicio, hay dos razones posibles. En el caso de periódicos que apoyan (y se financian gracias a) la derecha y extrema derecha, hay una alevosía en la manera en que la noticia aumente o favorezca el odio al inmigrante y el racismo. Pero muchos medios que no se alinean con esta ideología también han usado el 'mantero' en el titular. 

En este caso la razón se halla en el problema sistémico de la profesión periodística y nuestra obsesión por hacer la noticia tan atractiva para el lector, espectador u oyente, que no pueda sino quedarse a escuchar, ver o pinchar en el enlace. Porque todos los periodistas saben los códigos deontológicos, antirracistas y feministas, pero, cuando se nos presenta una historia jugosa, los tiramos por la borda y sacamos los cañones del clickbait. Yo, personalmente, he sido culpable de esto muchas veces en mi carrera profesional, y seguramente lo vuelva a hacer en el futuro. 

Podríamos preguntarnos también qué es un titular, un cebo para atraer la atención de posibles audiencias, o un resumen fidedigno de la noticia. Incluso, diría yo, ¿es necesario a veces sacrificar esos códigos deontológicos para atraer la atención del público a noticias que creemos que son necesarias? ¿Se puede justificar este tipo de escritura si las intenciones son honestas?

Porque no se trata de un problema con una redacción o un periodista en particular, sino con la naturaleza del capitalismo y la necesidad del periodismo de adaptarse a él que ha hecho que, por un titular llamativo, estemos dispuestos a (casi) todo. 

Por eso, el apoyo de lectores a las redacciones como elDiario.es Andalucía a través de sus suscripciones es la mejor manera de asegurar que los códigos deontológicos no se tiren por la ventana a la primera de cambio. Porque periodistas que saben de dónde va a venir su ingreso el mes o la semana que viene no se sienten obligados a escribir titulares racistas por un puñado de clicks.

Ni su familia ni sus compatriotas (que se han manifestado ya dos veces, los días 30 de diciembre y 2 de enero) van a dejar pasar las circunstancias concretas que rodearon la muerte del senegalés Mamouth Bakhoum, trabajador de la venta ambulante que acabó ahogado en el río Guadalquivir cuando trataba de huir de unos agentes de la Policía Local. Por ello han solicitado ya al juzgado de Sevilla que investiga el caso las grabaciones de las cámaras de videovigilancia presentes en el recorrido efectuado por la víctima y los policías aquella tarde del 29 de diciembre “con el objeto de acreditar lo ocurrido”.

En varios escritos dirigidos en estos días al juzgado por la representante legal del hermano de Mamouth, esta parte formula una alegación sobre la necesidad de acordar diligencias de prueba relativa a las citadas cámaras. Por un lado, durante la persecución que los agentes llevaron a cabo desde la Avenida de la Constitución, concretamente desde el número 32 (la Oficina de Correos en su cara norte), donde Mamouth se encontraba vendiendo camisetas. Y, por otro, en el momento inmediatamente anterior a su hundimiento en el muelle de Nueva York, a la altura del puente de los Remedios.

En ese sentido, esta parte aporta un vídeo en el que se recogen los momentos inmediatamente posteriores al hundimiento del cuerpo de Mamouth, aun con el hatillo que portaba flotando en el agua, y donde “queda acreditado el lugar exacto en el que se produjo” su ahogamiento, con el fin de que lo admita y tenga por aportado a autos.

Las diligencias de prueba propuestas relativas a las grabaciones del 29 de diciembre entre las 15:00 y las 18:00 horas de las cámaras de videovigilancia se refieren a nueve puntos concretos: el restaurante Maquiavelo; la fachada principal y la cara norte de la mencionada Oficina de Correos; la Puerta de Jerez; las inmediaciones del Palacio de San Telmo; el bar Chile; el Manhattan Sevilla; el Muelle New York; a lo largo del Muelle de Nueva York; el puente de los Remedios; y la zona de muelle más próxima al hundimiento de Mamouth, situada una vez superado el puente en dirección sur.

Todo ello, oficiando a Restaurante Maquiavelo, Correos, Bar Terraza Chile, Manhattan Sevilla, Muelle New York, Ayuntamiento de Sevilla, Junta de Andalucía, Autoridad Portuaria de Sevilla, Subdelegación de Gobierno en Sevilla y Comandancia General de la Guardia Civil de Sevilla “para que remita el contenido íntegro de las grabaciones mencionadas o, supletoriamente, evite la destrucción automática de las mismas y las custodie hasta el momento procesal en el que sean requeridas por el juzgado, bajo apercibimiento de proceder, en caso de infringirlo, por desobediencia a la autoridad”.

Y es que, en cuanto a esas grabaciones de videovigilancia que solicita que se incluyan como pruebas en la investigación judicial, el familiar hace una advertencia: “Es necesario tener en cuenta que es previsible que las grabaciones de las cámaras, cuya titularidad ostente la Administración, sean destruidas en un plazo de 30 días, tal y como prevé el artículo 8.1 de la Ley 4/1997 por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado en lugares públicos, resultando así imposible su práctica y provocando que carezca de sentido su proposición”.

En todo caso señala que dicho artículo 8.1 dice que “las grabaciones serán destruidas en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo que estén relacionadas con infracciones penales o administrativas graves o muy graves en materia de seguridad pública, con una investigación policial en curso o con un procedimiento judicial o administrativo abierto”.

Isabel Serra, eurodiputada en el Parlamento Europeo de Podemos (grupo The Left) ha presentado una pregunta con solicitud de respuesta escrita a la Comisión Europea relacionada con la muerte de Mahmoud Bakhum, un vendedor ambulante de Sevilla que cayó al río durante una persecución policial.

Serra, que ha publicado la comunicación en su cuenta en la red social X (antes Twitter), ha formulado una triple pregunta. En primer lugar, pregunta a la Comisión por las “acciones concretas” que esté llevando a cabo para garantizar el respeto a la no discriminación en las actuaciones policiales llevadas a cabo en países de la UE, y para “garantizar la formación obligatoria” en materia de diversidad, derechos humanos y lucha contra la discriminación.

Asimismo, pregunta al Ejecutivo europeo si está considerando establecer un mecanismo europeo que supervise, recoja datos y actúe ante casos de “racismo institucional en las fuerzas de seguridad”.

Por último, Serra quiere saber qué medidas propone la Comisión para proteger los derechos fundamentales de “colectivos vulnerables como los vendedores ambulantes en situación de exclusión social”, incluido el derecho al trabajo.

En su escrito, Serra recuerda que se han producido denuncias sobre el sesgo racial en actuaciones policiales en España, y que diversos informes del Defensor del Pueblo y de organizaciones de derechos humanos documentan que en las fuerzas y cuerpos de seguridad españolas persisten prácticas discriminatorias como el perfilamiento racial, que sustenta el trato discriminatorio por motivos de raza en las actuaciones policiales.

Recelos de la comunidad senegalesa

Mamouth Bakhum, de 43 años y origen senegalés, falleció el pasado domingo ahogado en el río Guadalquivir, tras una persecución policial. Vivía legalmente en España, desde donde enviaba a su mujer y a sus hijos que siguen en Senegal dinero obtenido de la venta ambulante.

Desde el domingo, una nutrida representación de la comunidad africana, y senegalesa en particular, se ha concentrado en dos ocasiones para pedir transparencia en la investigación de las circunstancias en las que murió.

Recelan de la versión oficial difundida de inmediato, y se cuestionan por qué Mamouth habría querido saltar al río, cuando no sabía nadar y es habitual que los vendedores arrojen su mercancía ilegal cuando son sorprendidos por la Policía. “Hay cosas que no encajan y otras directamente falsas”, señalaba Abdou, quien se identifica como responsable de la Comisión de Cuentas de la Asociación de Senegaleses de Sevilla a SevillaelDiario.es el pasado lunes.

La delegación en Sevilla de la Asociación Pro derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha querido enviar este martes su más sentido pésame a los familiares y amigos de Mamouth B., un vecino de la ciudad que, procedente de Senegal y con tan solo 43 años, murió el pasado domingo ahogado en el Guadalquivir cuando era perseguido por agentes de la Policía Local de Sevilla. “La única razón de la muerte de Mahmoud fue intentar ganarse la vida dignamente como vendedor ambulante”, expone la asociación en una nota.

Pro Derechos Humanos de Andalucía exige “el fin de las redadas y la persecución al colectivo de manteros y vendedores ambulantes” y denuncia que la “criminalización institucional de la pobreza se está cobrando vidas humanas”. En este sentido, la entidad andaluza recuerda que “la primera medida que tomó José Luis Sanz tras asumir el cargo de alcalde, y a pesar de los graves problemas que padece la ciudad de Sevilla, fue implementar un plan contra la venta ambulante, dirigido específicamente contra los colectivos más vulnerables que, con esta práctica, intentan sobrevivir ante la falta de oportunidades”.

APDHA Sevilla entiende que “la muerte de Mamouth era completamente evitable” y, por ello, exige “una investigación independiente y el esclarecimiento de todas las circunstancias que rodean su dramático fallecimiento”. La asociación explica que “Sevilla es la ciudad del Estado español con los barrios más pobres y con importantes bolsas de exclusión social”, por lo que “criminalizar la venta ambulante, que es una de las prácticas a las que recurren en muchas ocasiones las personas más desfavorecidas, supone un ataque directo contra los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad”. Las personas de origen extranjero, además, son uno de los colectivos que más frecuentemente se ven obligados a recurrir a la venta ambulante ante la imposibilidad de acceder a otros trabajos como consecuencia de la aplicación de la Ley de Extranjería.

Pro Derechos Humanos de Andalucía señala que “independientemente de la responsabilidad penal que pudiera recaer, llegado el caso, sobre quienes que participaron en la persecución, es evidente que el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, es el responsable político último de la muerte de Mamouth”. La entidad recuerda que ya en 2018, en Madrid, una persona de origen africano y que también se dedicaba a la venta ambulante murió al sufrir un infarto cardíaco tras una larga persecución policial.