La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha condenado a 9 y 6 meses de prisión a dos policías forales que agredieron a un detenido en los calabozos de la comisaría de Tudela. El tribunal, que absuelve a un tercer agente acusado, considera probado que uno de los policías “zarandeó, golpeó y propinó puñetazos en la cara” al arrestado y sostiene que el otro policía es tan responsable como el anterior porque “pudo y debió impedir lo ocurrido”. 

En la sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, los magistrados consideran al autor de la agresión responsable de “un delito menos grave contra la integridad moral del artículo 175 del Código Penal”, que castiga a la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, atente contra la integridad de una persona, así como de un delito leve de lesiones. Por el primer delito le imponen la citada pena de 9 meses de prisión y por el segundo una multa de 600 euros. La víctima acudió al día siguiente al servicio de Urgencias Hospitalarias, en donde le apreciaron tumefacción y hematoma en puente nasal, erosión superficial en región escapular derecha y hematomas en ambas rodillas. 

Al otro agente, condenado a 6 meses de prisión, los jueces le atribuyen “un delito menos grave contra la integridad moral del artículo 176 del Código Penal”, que castiga a la autoridad o funcionario que, faltando a los deberes de su cargo, permitiere que otras personas ejecuten actos atentatorios o vejatorios. A ambos encausados, además, la Audiencia les ha impuesto una inhabilitación para empleo o cargo público por 3 y 2 años, respectivamente. 

El agente que golpeó al detenido deberá indemnizarle con 350 euros por las lesiones y 3.500 por las secuelas. Y los dos policías tendrán que resarcir a la víctima conjunta y solidariamente con 4.000 € más por el daño moral causado. El Gobierno de Navarra ha sido declarado responsable civil subsidiario. Los hechos enjuiciados fueron grabados por las cámaras existentes en los calabozos de la comisaría de Tudela. 

Dominación arbitraria y abuso de poder 

La Audiencia de Navarra sostiene que el agente que agredió a la persona detenida accedió al calabozo en el que se encontraba para “zarandearle, agredirle con puñetazos y golpes reiterados, arrastrarle de las piernas para lanzarlo del banco al suelo y dejarlo engrilletado a la espalda y tirado en el suelo, haciendo caso omiso al rostro ensangrentado que presentaba, constituye un claro acto de dominación arbitraria y abuso de poder que atenta tanto contra la integridad física del detenido como contra su integridad moral”. 

Se trata, añade el tribunal, de un supuesto de maltrato al arrestado que incorpora un componente de vejación y humillación a la víctima “por la situación de indefensión en que este se encuentra, dentro de un calabozo, con la inherente imposibilidad de repeler la agresión o pedir el auxilio de terceros y por la impunidad, al menos inicial o aparente, que otorga al agresor su condición de agente de la autoridad, de modo que el así agredido queda reducido a la condición de mero receptor pasivo de los golpes, un simple objeto sometido a la voluntad del agresor, cosificación que de modo indudable atenta a su dignidad como persona sujeta de derechos inalienables”. 

“La Ley ha encomendado a los agentes de Policía Foral, al igual que ocurre con el resto de funcionarios policiales, la persecución de los delitos, pero desde el pleno respeto a los derechos fundamentales, de modo que el uso de la fuerza solo se halla contemplado y legitimado para situaciones excepcionales en las que la misma responde a un fin constitucionalmente legítimo”, subrayan los magistrados, que apostillan que no ha quedado acreditado que, antes de sufrir esta agresión, la víctima hubiera insultado o amenazado de algún modo al agente. “En todo caso resultaría estéril para justificar una reacción así”, añaden. 

Al contrario, la Audiencia destaca que, tras ser detenido, el denunciante sí presentó un comportamiento manifiestamente desafiante, provocativo e incluso grosero y obsceno, no solo con palabras, sino con gestos. “Pero todos los agentes que tuvieron que intervenir con él, y fueron muchos, lo hicieron con profesionalidad, logrando con la debida calma reconducir la situación. Este es el comportamiento exigible y esperable de un servidor público”, remarca. 

“No estaba de ninguna manera legitimado para agredir al [detenido], el cual se encontraba encerrado en el calabozo, por mucho que alegue que le había provocado o amenazado. Al contrario, tenía la obligación de calmarlo y de salvaguardar su integridad física por hallarse bajo su custodia, y de respetar su honor y dignidad, de que es merecedora toda persona, se halle o no privada de libertad. Y, si las amenazas y faltas de respeto hubieran sido consideradas graves, podía haber hecho valer las acciones correspondientes que el propio ordenamiento jurídico pone a su disposición, lo que no solo no hizo, sino que ni siquiera quedaron reflejadas en ningún informe o parte interno”, inciden los magistrados. 

Respecto a la participación del otro condenado, los jueces señalan que el mismo lleva 26 años en el cuerpo policial, por lo que puede afirmarse que se trata de un agente “bregado y experimentado”. 

La Audiencia no cree la versión exculpatoria dada por el procesado. Asegura que pudo ver y vio los puñetazos que, justo delante de él, el agente 979 propinó al arrestado. “No solo percibió los movimientos, como él describió, sino que fue testigo directo de la agresión”, puntualiza.

Según relata el tribunal, este segundo agente ni intervino, ni avisó a los otros compañeros para que acudieran al calabozo. “La Sala no alberga duda alguna de que pudo y debió impedir lo ocurrido. Pudo realizar un gesto, una indicación, una advertencia para que cesara en su actitud o para asegurarse de que no la mantenía, indicación que pudo haber sido eficaz entre compañeros no relacionados entre ellos jerárquicamente. Por ello, es [...] tan responsable como el agente de su actuación”, concluye. 

En cambio, los magistrados exculpan de responsabilidad al tercer acusado, que había ingresado en la Policía Foral el 30 de diciembre de 2024 y, hasta el momento de los hechos, había trabajado un total de 25 días. “No tomó la iniciativa ni realizó por sí mismo ninguna actuación respecto del [detenido]. Antes bien, se mostró dubitativo en cuanto a la actuación que debía llevar a cabo, y las imágenes permiten apreciar a una persona insegura que no tiene certeza de lo que debe hacer”, describe el tribunal. 

Por tanto, razona la Audiencia, a la hora de valorar la conducta que era exigible a este tercer agente, el ordenamiento jurídico suele atender a estándares de comportamiento exigibles a un ciudadano medio en una situación y con unas condiciones similares. Se trata, añade, de fijar un estándar de razonabilidad. “Pues bien, considera la Sala que, en atención a todas las circunstancias expuestas, el agente no fue capaz de enfrentarse u oponerse a su superior, no siéndole exigible otra actuación en términos jurídicos”, sostiene el tribunal, que apostilla que este inculpado “se encontró con una situación tal que no pudo impedir el atentado contra la integridad moral efectuado por un superior”.

Agentes de la Policía Foral han investigado a tres menores en Tudela y han detenido a un joven en Pamplona por la comisión de un delito de descubrimiento y revelación de secretos después de que presuntamente accedieran de forma fraudulenta a las cuentas de docentes en dos centros educativos para hacerse con exámenes y luego venderlos.

El primero de los casos se conoció tras la denuncia de un docente de un centro de Tudela, que, tras comprobar ciertos rumores que circulaban por el centro de que exámenes de los cursos de 1º y 2º de Bachillerato habían sido sustraídos y se estaban vendiendo por 20 euros, y ver que había alumnos que habían realizado exámenes casi perfectos, localizó en uno de los ordenadores del profesorado un dispositivo 'keyloger', según ha informado la Policía Foral en una nota.

Este tipo de dispositivos graba todas las pulsaciones que se realizan en el teclado del ordenador, pudiéndose conseguir así los nombres de usuario y claves de acceso de quienes acceden, en este caso los docentes. Se logra mediante este método usurpar su identidad, lo que permite utilizar la información para el acceso total a todas las plataformas que se empleen en sus funciones docentes, tipo Educa, Google, o Drive. Así es como se lograba descargar los exámenes vendidos posteriormente.

Fruto de las investigaciones llevadas a cabo se ha imputado a tres menores de edad, alumnos del centro, por un delito de descubrimiento y revelación de secretos.

En el asunto de Pamplona, se detuvo a un joven de 19 años, quien presuntamente accedió de manera fraudulenta a la cuenta de Google Drive de uno de los docentes, la cual contenía información de carácter personal, imágenes y exámenes, descargando estos últimos.

La información del acceso fraudulento llegó al equipo directivo del centro, que inmediatamente puso el caso en conocimiento de Policía Foral. El autor de dicho acceso reconoció los hechos, pero en este caso, y aunque había descargado información, no había llegado a acceder a ella.

Desde la Policía Foral se ha recordado que el acceso de forma fraudulenta, bien a través de artificios técnicos, bien por encontrarse la sesión abierta por descuido, a cualquier cuenta personal de cualquier plataforma, así como la descarga y difusión de datos que contenga, es un delito tipificado como de descubrimiento y revelación de secretos. El delito se consuma con la simple acción de acceder a la información.

Agentes de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional han detenido a cuatro personas por su presunta participación en los altercados registrados en el estadio de El Sadar el pasado 21 de febrero después del partido de que enfrentó a Osasuna contra el Real Madrid.

A los cuatro detenidos se les imputa su presunta participación en delitos de desórdenes públicos y atentado a agentes de la Autoridad. La investigación sobre los incidentes todavía sigue abierta. Pasarán a disposición del juzgado de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona plaza 5.

Los incidentes tuvieron lugar tras la finalización del partido, después de que la seguridad privada de Osasuna que presta servicio en los partidos de liga, requiriera apoyo de la Policía Nacional cuando trataba de identificar a un espectador que había lanzado una botella al campo “poniendo en riesgo el normal desarrollo del partido que se estaba disputando”.

En el transcurso de su identificación se produjeron cargas por parte de la Policía Nacional contra aficionados que abandonaban el recinto. Varios testigos denunciaron a través de las redes sociales la “desproporcionalidad” de las cargas, que terminaron con varios aficionados heridos y dos detenidos.

Las cargas de la Policía Nacional en los vomitorios del estadio durante aquel partido fueron objeto de críticas por parte de aficionados y grupos políticos, que llevaron al Parlamento de Navarra el debate sobre si la Policía Foral debe sustituir a la Nacional como cuerpo antidisturbios durante los partidos que se disputen en El Sadar.

El pleno del Parlamento de Navarra aprobado este jueves una moción presentada por Geroa Bai que insta al Gobierno foral a adoptar “de manera inmediata” las medidas necesarias para sustituir a la Policía Nacional por la Policía Foral como cuerpo antidisturbios en los partidos de Osasuna en el estadio de El Sadar. El Ejecutivo foral ya abrió la puerta a estudiar el cambio de cuerpo policial antidisturbios en los eventos que se celebren en el estadio navarro.

El pronunciamiento del Parlamento navarro llega tras las cargas policiales que se produjeron en el estadio tras la finalización del partido que enfrentó al club navarro contra el Real Madrid hace dos semanas y que dejaron a varios aficionados heridos. A raíz de los incidentes se ha reavivado el debate sobre qué cuerpo policial debe encargarse de la seguridad de El Sadar y este jueves la mayoría del pleno ha aprobado una moción para que sea gestionada “en exclusiva” por la Policía Foral.

El texto ha salido adelante con los votos favorables de Geroa Bai y EH Bildu, las abstenciones de UPN, PSN y Contigo/Zurekin, que han argumentado que la Policía Foral no tiene actualmente los efectivos suficientes para ejercer esas labores “en el corto plazo”, y los votos en contra de PP, Vox y la parlamentaria no adscrita Maite Nosti.

En la defensa de la moción, la parlamentaria de Geroa Bai Blanca Regúlez ha señalado que su moción “no habla solo de seguridad en un estadio, habla de autogobierno, de responsabilidad política y de responsabilidad institucional hacia nuestra policía”. “Hoy seguimos manteniendo una anomalía injustificable. La seguridad del principal estadio de Navarra continúa en mano de la Policía Nacional. ¿Qué mensaje estamos trasladando? ¿Que nuestra Policía es integral o de referencia, salvo en el recinto deportivo más importante de la comunidad? ¿Que confiamos en ella, pero no del todo? La Policía Foral ha demostrado sobradamente su capacidad operativa”, ha defendido. “No se trata de abrir una confrontación institucional, sino de asumir con normalidad democrática una competencia que corresponde a Navarra”, ha afirmado.

En la misma línea, el portavoz de EH Bildu Mikel Zabaleta ha justificado su apoyo por “la actuación desproporcionada e inadecuada por parte de la Policía Nacional” tras el partido entre Osasuna y el Real Madrid y ha reclamado que la gestión de la seguridad del estadio de El Sadar esté “en manos de la Policía Foral”.

Desde UPN, Javier Esparza ha calificado la moción de “fake” porque “la Policía Foral no va a llevar la seguridad de los partidos de fútbol ni mañana, ni pasado, ni esta temporada ni la que viene, porque no está dotada de los recursos y medios humanos para hacer frente a este servicio” y ha enmarcado la presentación de la moción en que al “nacionalismo vasco le molesta todo lo que huele a España”.

Ramón Alzórriz ha defendido que el PSN quiere “una Policía Foral integral que dentro de sus atribuciones tenga la seguridad pública en general y la de El Sadar en particular, pero a su debido momento, sin prisas, analizando los dispositivos necesarios para ello, y la necesidad de ampliación de los recursos humanos de Policía Foral en materia de seguridad ciudadana, haciéndolo compatible con otras prioridades que ya contempla el Plan Estratégico de Policía Foral” y ha criticado que EH Bildu en Euskadi, donde las competencias de seguridad en los estadios de fútbol las tiene la Ertzaintza, “también ataca las actuaciones que realiza”.

Contigo/Zurekin ha afirmado que la Policía Foral “tiene más arraigo social y territorial” en Navarra que la Policía Nacional, pero ha defendido que “asumir la gestión de manera inmediata hoy en día no es posible” por la falta de efectivos de la Policía Foral.

El Gobierno de Navarra ha manifestado este miércoles su disconformidad con la proposición de ley presentada por UPN para modificar de la Ley Foral 13/2023, de 5 de abril, de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia, con el objetivo de “establecer la obligación del Ejecutivo foral de analizar y publicar trimestralmente los países de origen de las personas detenidas por la presunta comisión de un delito”.

El Gobierno de Navarra considera que la medida propuesta “no supone una mejora en cuanto a la prevención de delitos y es contraria al objeto de la propia ley que se plantea modificar”, ya que “puede contribuir directamente a la generación de racismo y xenofobia”, según ha explicado en rueda de prensa la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Ejecutivo foral, Begoña Alfaro.

“Desde el punto de vista criminológico, el origen de las personas que delinquen no tiene la más mínima afección, ni para la prevención, ni para la reducción de la criminalidad. Quien diga que publicar el origen de las personas detenidas reduce la delincuencia, miente. Y además lo hace de forma consciente y contra la evidencia científica”, ha indicado Alfaro.

En concreto, el Gobierno estima que “la difusión innecesaria del origen nacional de personas detenidas cuando no resulta relevante para la comprensión de los hechos puede contribuir a un tratamiento discriminatorio indirecto y afectar al derecho al honor, al vincular de forma reiterada determinadas nacionalidades con la criminalidad”.

El Ejecutivo foral argumenta que “la indicación sistemática del país de origen de personas detenidas por la presunta comisión de un delito no es neutra y, además de vulnerar principios básicos de igualdad, proporcionalidad y responsabilidad social, puede actuar como catalizador de racismo y xenofobia”.

Alfaro ha sido preguntada por los medios de comunicación sobre si “se siente cómoda” formando parte del Gobierno de Navarra, que tiene como socio a Geroa Bai (del que forma parte el PNV, que en el Gobierno Vasco sí ha apoyado una iniciativa en este sentido). “Para preguntas de qué motiva al Gobierno Vasco, entiendo que esa pregunta hay que formulársela al Gobierno Vasco. En cualquier caso, la comodidad personal que siento dentro del Gobierno con los compañeros y compañeras del resto de formaciones políticas es total y absoluta”, ha indicado. Según Alfaro, “hay una posición clara dentro del Gobierno” foral, con “total claridad, rotundidad y sustento normativo y jurisprudencial”, de que “esta medida en absoluto ayuda a prevenir el delito”.

“Soy una firme defensora de toda la arquitectura legal que se aprobó tras la Segunda Guerra Mundial, ligada a no discriminar por motivos de género, etnia, raza”, ha añadido. “A mí jamás se me ocurriría, por ejemplo, preguntar por la ideología, la religión de los defraudadores a la Hacienda Foral, de quien incurre un delito de apropiación indebida, prevaricación”. “Porque no ayudaría a prevenir el delito. Y es la misma filosofía que sustenta que hayamos adoptado esta posición”, ha manifestado.

La vicepresidenta Alfaro ha indicado que el posicionamiento del Gobierno de Navarra “se basa en la numerosa legislación europea, estatal y foral contraria a la discriminación por motivos de nacimiento, raza, sexo, religión u opinión”.

Así, ha mencionado la recomendación de Política General número 11 de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), que “define el perfilado étnico como el uso, sin justificación objetiva y razonable, de criterios como la raza, el color, la lengua, la religión, la nacionalidad o el origen nacional o étnico en actividades de control o investigación, considerando dichas prácticas como discriminatorias y basadas frecuentemente en estereotipos, que conducen a la criminalización de minorías”.

El Gobierno de Navarra cita además la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, que “reconoce el derecho a la igualdad de trato y no discriminación con independencia de la nacionalidad y prohíbe la discriminación directa e indirecta por origen racial o étnico, imponiendo a los poderes públicos un deber de prevención”.

En el ámbito foral, el Plan de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia de Navarra aprobado en 2002 “establece, respecto al ámbito de justicia y seguridad, la necesidad de prevenir el racismo institucional, velar por la no discriminación por motivo de raza u origen étnico/migrante en la legislación foral y en la actuación administrativa, dotar a la Administración de mecanismos de observación y control y garantizar prácticas no discriminatorias en la acción de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad”.

“Percepción distorsionada y estigmatización colectiva”

La proposición de ley foral de UPN rechazada plantea añadir un nuevo párrafo al apartado 1 del artículo 19 de la Ley Foral 13/2023, con el fin de “establecer la obligación de la Administración Foral de analizar y publicar trimestralmente los países de origen de las personas detenidas por la presunta comisión de un delito”.

Según señala la proposición, “la finalidad es contribuir, junto al análisis de datos, a la caracterización de perfiles de delincuentes, a la prevención de conductas delictivas y a la reducción de la criminalidad”.

Pero “lejos de este punto de vista”, la Dirección de Políticas Migratorias ha emitido un informe en el que considera que “aportar sistemáticamente estos datos contribuye a reforzar estereotipos negativos, promueve la estigmatización colectiva por una conducta individual, genera una percepción distorsionada y puede tener un impacto social acumulativo, ya que aunque una sola mención pueda parecer irrelevante, su reiteración en el discurso puede contribuir a la polarización social, discriminación cotidiana, discurso de odio y violencia simbólica o incluso física contra determinados colectivos”.

“Al oír con frecuencia noticias que destacan el origen extranjero, algunas personas pueden sobreestimar la proporción real de delitos cometidos por población migrante, aunque los datos no lo respalden”, indica el informe.

Los incidentes que se produjeron el pasado sábado, con cargas de la Policía Nacional, en el vomitorio del graderío sur del estadio de El Sadar tras el partido que enfrentó a Club Atlético Osasuna y al Real Madrid ha reavivado en Pamplona un debate sobre qué cuerpo de policía debe encargarse de la seguridad en el estadio del club navarro.

Los incidentes se iniciaron tras la finalización del encuentro. La seguridad privada del club trataba de identificar a un aficionado que había lanzado una botella vacía al césped durante el encuentro. En el transcurso de su identificación se produjeron cargas por parte de la Policía Nacional contra aficionados que abandonaban el recinto. Varios testigos denunciaron a través de las redes sociales la “desproporcionalidad” de las cargas, que terminaron con varios aficionados heridos y dos detenidos.

Las escenas de pánico en las que se vieron involucrados menores y ancianos que abandonaban el estadio tras la finalización del encuentro han sido objeto de críticas por parte de socios del club, así como cargos públicos. Los socios del Gobierno de la socialista María Chivite en Navarra, Geroa Bai (Socialverdes y PNV) y Contigo/Zurekin (Podemos, Izquierda Unida y Batzarre) ya han solicitado que sean agentes de la Policía Foral y no de la Nacional los que custodien el estadio durante los partidos de Osasuna.

Según explican desde el Gobierno de Navarra, la gestión de la seguridad de los partidos que Osasuna juega como local en el esatdio de El Sadar corresponde al organizador de los partidos, es decir, La Liga y C.A. Osasuna. En los estadios vascos y catalanes son agentes de la Ertzaintza y de los Mossos d´Esquadra los que se encargan de estas labores. En este sentido, el portavoz del Ejecutivo foral, Javier Remírez, ha que la Policía Foral es capaz “de liderar” la seguridad en estos partidos, al igual que lo hace en otros eventos culturales y deportivos.

El club rojillo ha recogido el guante del Gobierno foral y su Junta directiva de Osasuna ha acordado solicitar “en cuanto sea posible” mantener una reunión con el Gobierno de Navarra “para abordar de forma conjunta el debate sobre quién debe liderar la seguridad en los eventos que se disputen en el estadio de El Sadar”.

El Gobierno de Navarra ha convocado una oposición para incorporar 34 agentes de nivel C en la Policía Foral. Las solicitudes de inscripción estarán abiertas desde el 25 de febrero hasta el 16 de marzo (ambas fechas incluidas) y deberán enviarse de forma telemática a través de la web del Gobierno.

Las personas aspirantes a la plaza deberán contar con la nacionalidad española, estar en posesión del permiso de conducir de la clase B, reunir las condiciones físicas y psíquicas exigidas y no estar afectadas por las “exclusiones médicas”, tipificadas en el anuncio de la convocatoria (Resolución 412/2026).

Según ha indicado el Gobierno de Navarra, la oposición comenzará en mayo de 2026 y estará compuesta de dos fases: las pruebas teóricas, prácticas y psicotécnicas que determinarán la elección de las vacantes y, posteriormente, “un curso de formación básica en la Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra”.

Las pruebas teóricas será un examen tipo test, realizado presencialmente, con un máximo de 100 preguntas (40 para la parte general y 60 para la específica), con cuatro opciones cada una. El examen, del que se dispondrá de dos horas para completarlo, se evaluará sobre 100 y las respuestas incorrectas restarán dos acertadas. Para superarlas será necesario obtener, como mínimo, la mitad de la puntuación de cada “bloque temático”.

Posteriormente, se realizarán cinco pruebas físicas: levantamiento en press banca (60 segundos, con 38 kilos para hombres y 25 para mujeres), completar a nado un recorrido de ida y vuelta en una piscina de 25 metros, un Test de Barrow (agilidad), un recorrido de resistencia Course Navette y, por último, una prueba de salto (ejercicio en el que se debe saltar ininterrumpidamente un listón situado a 25 centímetros del suelo durante 30 segundos). Para superar las pruebas se deberá alcanzar mínimo un 5 en todas ellas, siendo su máximo el 10.

La última prueba será la psicotécnica, realizada por el Instituto Navarro de Administración Pública (INAP) y serán calificadas como “apta o no apta”, tras la evaluación de “cuestionarios de personalidad general, de competencias laborales y/o de aptitudes y entrevistas personales y/o de trabajo grupal, para la determinación del grado de adecuación de las personas aspirantes a las exigencias del perfil”.

Tras “la selección de las vacantes”, se impartirá un curso de “formación básica”, impartido por la Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra, que se evaluará como “apto o no apto”.

Un hombre de 51 años ha fallecido la mañana de este martes tras sufrir un accidente laboral en un rocódromo de la localidad navarra de Berrioplano.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 10:16 horas del martes y ha movilizado al lugar de los hechos a una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada) y a patrullas de Seguridad Ciudadana de la Policía Foral de la comisaría de Pamplona.

El siniestro se ha producido cuando el trabajador ha sufrido una caída en altura en una nave situada en el polígono industrial de Berrioplano. Los servicios de emergencia no han podido hacer nada por salvar la vida del hombre, que ha fallecido en el lugar.

El cuerpo del fallecido será trasladado al Instituto navarro de Medicina legal, donde le será practicada la autopsia. Efectivos de la Policía Judicial de la Policía Foral instruyen las diligencias del siniestro.

El Departamento de Interior del Gobierno de Navarra sigue trabajando en cerrar las condiciones que ofrecerá a los agentes de tráfico de la Guardia Civil de Navarra que quieran integrarse en la Policía Foral una vez este cuerpo asuma en exclusiva las competencias de Tráfico y Seguridad Vial traspasadas hace casi un año por el Estado a la comunidad foral. “Está casi todo resuelto”, ha asegurado la consejera Inmaculada Jurío, quien no ha querido dar una fecha.

Cuando Navarra y el Estado firmaron el traspaso de las competencias acordaron que su implantación sería “progresiva” y que hasta el año 2028 Policía Foral y Guardia Civil seguirían compartiendo las labores del control de carreteras. Se puso ese plazo para dar tiempo al cuerpo policial navarro a reforzarse con los agentes necesarios para asumir en exclusiva las competencias. Según los cálculos del Gobierno foral para ello será necesario incorporar unos 150 policías a los más de 200 que ejercen actualmente esas funciones en la Policía Foral.

Entre los nuevos agentes de la Policía Foral, además de aquellos que accedan mediante oposición, podrán incluirse también agentes de la comandancia de tráfico de la Guardia Civil que quieran permanecer en Navarra y cambien su uniforme verde por el rojo merced a una pasarela incluida en la ley de Policías de Navarra de 2018 mediante una enmienda defendida por el entonces parlamentario de UPN Sergio Sayas, hoy en las filas del PP.

En la actualidad, según los datos aportados por la consejera Inmaculada Jurío, son unos 165 los agentes de tráfico de la Guardia Civil los que están implantados en Navarra. Cuando se formalice el traspaso en 2028 estos agentes tendrán tres opciones: integrarse en la Policía Foral, solicitar un traslado a otra comunidad autónoma o seguir en Navarra y en la Guardia Civil, pero en otra sección. Para poder integrar a los agentes de la Guardia Civil que quieran convertirse en policías forales, Navarra y el Ministerio del Interior deberán acordar las condiciones de la pasarela.

“Las relaciones entre el Gobierno de Navarra y el Ministerio del Interior existe una coordinación total y los dos gobiernos estamos trabajando en la misma línea, en que esta competencia en la parte de efectivos y de pasarela se realice lo más pronto posible y de la mejor manera posible”, ha afirmado la consejera.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, quien solicitó la comparecencia de la consejera, ha afeado que el “retraso” que se está acumulando en el traspaso está provocando “incertidumbre” en los agentes de la Guardia Civil y haciendo que muchos estén solicitando traslados a otras regiones. “Ese no terminar de definir cómo se va a hacer la pasarela hace que personas que están formadas, que tienen experiencia, que son profesionales, que podrían empezar a trabajar con el uniforme de la Policía Foral en 15 días y prestar un servicio de calidad al ciudadano, se marchen”, ha lamentado.

Un hombre de 49 años ha fallecido y otras tres personas han resultado heridas la tarde de este viernes tras colisionar un camión y un coche en la carretera N-121-B a la altura de la localidad de Arizkun, en Baztán.

El centro de Gestión de Emergencias de SOS navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 14:07 y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Oronoz, al equipo médico de la zona, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada); dos ambulancias de soporte vital básico (una de ellas de bomberos) y patrullas de Tráfico de la Policía Foral.

El siniestro se ha producido a la altura del kilómetro 53 de la carretera N-121-B, la que une Pamplona y Francia por Baztán, cuando un vehículo todoterreno y un camión han colisionado y han quedado volcados fuera de la vía, explican desde el Gobierno de Navarra.

Los servicios de emergencia no han podido hacer nada por la vida del conductor de vehículo todoterreno, un hombre de 49 años que se encontraba atrapado en el interior del vehículo y ha fallecido en el lugar.

Asimismo, han resultado heridas otras tres personas, que han sido trasladadas al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona. Se trata de un varón de 49 años, trasladado en la ambulancia medicalizada, que sufre un trauma torácico, con pronóstico reservado. Un varón de 62 años, con politraumatismos, también con pronóstico reservado, trasladado en la ambulancia de soporte vital básico. Y una tercera persona, que ha sido trasladada en una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Bomberos.

Como consecuencia del siniestro la carretera ha quedado cortada desde las 14:25 horas. Efectivos de Seguridad Vial de Pamplona y de Seguridad Ciudadana de la Policía Foral de la comisaría de Elizondo siguen regulando el tráfico en el lugar. En estos momentos, la carretera está abierta con paso alternativo.

El cuerpo de la persona fallecida será trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal, donde le será practicada la autopsia. Efectivos de la Brigada de Atestados de la Policía Foral de Pamplona investigan las causas y la dinámica del siniestro.

El 2025 ha sido un año trágico en las carreteras navarras. La comunidad foral cerró el año con 47 muertes en accidentes de tráfico, el peor dato desde el 2007, cuando se registraron 50 fallecimientos. El año pasado perdieron la vida en la carretera 23 personas más que en 2024, lo que representa casi el doble de víctimas mortales. Desde el Gobierno navarro apuntan que no existen “patrones claros” que expliquen este aumento de la mortalidad y que trabajan en medidas para reducir la siniestralidad.

El peor accidente se registró en el mes de marzo en la carretera N-113 a la altura de la localidad de Fitero. Durante la madrugada un camión invadió el carril contrario y chocó de frente contra otro camión provocando un grave siniestro en el que perdieron la vida los cuatro ocupantes de los dos vehículos. El mes con más mortalidad en las carreteras fue noviembre, con siete fallecimientos.

2025 ha sido el año en el que el Estado ha transferido a Navarra la competencia de Tráfico, que se está llevando a cabo de forma paulatina, Navarra no recaudará el importe de las multas hasta julio del 2026 y los agentes de la Guardia Civil seguirán compartiendo las labores de control de tráfico con los de la Policía Foral al menos unos años más. Desde el Ejecutivo foral, sin embargo, insisten en que el incremento de la siniestralidad no tiene nada que ver con el traspaso de Tráfico y apuntan a “tres factores determinantes”: la persona, el vehículo y la vía.

La consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra, Amparo López, ha insistido en la necesidad de no ingerir ninguna sustancia que pueda afectar a las capacidades cognitivas si se va a conducir. Así ha indicado que además del alcohol y las drogas, determinados medicamentos también afectan a las capacidades para la conducción. También ha recalcado el peligro de las distracciones al volante, especialmente las que provocan las nuevas tecnologías, como el teléfono móvil.

Ante este escenario, el Gobierno foral anunció en octubre una batería de medidas para tratar de reducir la siniestralidad en las carreteras, entre las que se incluyen la realización de un estudio de movilidad, la colocación de más cámaras y radares o el refuerzo de los controles de carretera. En los últimos días, Tráfico Navarra ha instalado dos nuevos radares de tramo en la autovía A-68 y en la carretera N-121-A. 

Un hombre de 49 años ha fallecido la mañana de este lunes tras sufrir un accidente laboral en la localidad navarra de Abárzuza, según ha informado el Gobierno foral. El siniestro se ha producido en un camino rural cercano a una empresa alimentaria de la localidad, cuando un trabajador ha sido atropellado por un camión.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 8.26 horas y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Estella, al equipo médico de guardia de la zona, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada) y patrullas de la Policía Foral.

Los servicios de emergencia no han podido hacer nada por salvar la vida del hombre, de 49 años, que ha fallecido en el lugar. El cuerpo del varón será trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal, donde le será practicada la autopsia. Efectivos de la Brigada de Atestados de la Policía Foral de la comisaría de Pamplona instruyen las diligencias del siniestro.

La Policía Foral ha citado a declarar a cuatro activistas por las protestas contra el equipo Israel-Premier Tech en la etapa navarra de La Vuelta que comenzó en el parque de Sendaviva y terminó en el puerto de Larra Belagua. según ha informado el Gobierno navarro, se les investiga por invadir la carretera al paso del pelotón ciclista por Lumbier y por “poner en riesgo” la carrera.

La plataforma Palestinarekin Elkartasuna ha informado que las personas citadas se han negado a acudir a declarar a comisaría “para no caer en el juego de una detención encubierta”. La Policía Foral no ha detallado el número de personas a las que se investiga por las protestas.

La etapa de La Vuelta a España que trascurrió por Navarra se celebró el día dos de septiembre. Fue la décima etapa, la anterior a la disputada en Bilbao, donde las protestas se intensificaron e incluso obligaron a la dirección de la carrera a cancelar el final en la Gran Vía de la capital vizcaína. En la Comunidad Foral las protestas estuvieron repartidas por varias localidades. El suceso más relevante tuvo lugar en Lumbier, a 75 kilómetros de la meta. Allí, la Policía Foral tuvo que entrar en la carretera a retirar a varios aficionados que trataban de cortar la carrera. 

Por esos y otros incidentes a lo largo del recorrido la Policía Foral está investigando a varios activistas que participaron en las protestas, a los que ha citado a declarar. Desde la plataforma Palestinarekin Elkartasunan alertan en un comunicado que, tras haberse negado a acudir a la citación, podrían ser detenidos y llevados a juicio “en cualquier momento”.

En el escrito denuncian la “criminalización” de las protestas que llevaron a cabo ese día en Navarra. Aseguran que se trató de una protesta “pacífica”, un “legítimo boicot” a La Vuelta por “permitir la vergonzosa participación del equipo Israel-Premier Tech, representante del Estado genocida de Israel”, al que acusan de “llevar décadas perpetrando un régimen de apartheid, ocupación y genocidio contra el pueblo palestino”.

“No vamos a permitir que se persiga ni a una sola persona por denunciar al estado de Israel. No aceptamos ni juicios, ni multas, ni ninguna forma de represión contra quienes actúan desde la solidaridad y la justicia. No daremos ni un paso atrás”, han apuntado para exigir “el inmediato” archivo de las causas abiertas contra los activistas investigados.

Un hombre de 38 años ha fallecido la madrugada de este miércoles tras sufrir una salida de vía el camión que conducía en la AP-15 a la altura de Olite, Navarra.

El centro de gestión de emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 3:59 horas del miércoles y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Tafalla, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada) y patrullas de Tráfico de la Policía Foral, según ha informado el Gobierno de Navarra.

El siniestro se ha producido cuando el camión que conducía el fallecido ha sufrido una salida de vía y ha volcado a la altura del punto kilométrico 43 de la AP-15 (Autopista de Navarra).

Los servicios de emergencia no han podido hacer nada por salvar la vida del camionero, que se encontraba atrapado en el interior del vehículo y ha fallecido en el lugar.

El cuerpo del camionero será trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal, donde le será practicada la autopsia. Efectivos de la Policía Foral instruyen las diligencias del siniestro.

Los ladrones pensarían que se habían hecho con un objeto de gran valor cuando hurtaron el walkie-talkie de una ambulancia, pero en realidad lo que provocaron fue que la Policía Foral pudiera localizarles de manera sencilla y dar con el inmueble en el que almacenaban otros objetos robados como bicicletas o patinetes. La actuación policial se ha saldado con 13 detenciones en la antigua ikastola Jaso de Pamplona.

Según ha informado la Policía Foral, la operación, en la que intervinieron varias patrullas de seguridad ciudadana, se desencadenó después del hurto de un 'talky' en una ambulancia por parte de una persona que estaba siendo atendida. A través de la geolocalización del dispositivo, la Policía Foral dio con el inmueble, ubicado en el barrio de Etxabakoiz. Los ladrones habían usado el dispositivo para enviar mensajes a la Policía y fue inhabilitado “porque se estaba usando ilegítimamente en comunicaciones de urgencia”, añade la Policía Foral.

Los agentes consiguieron recuperar el 'talky', a la vez que descubrieron en una estancia numerosos objetos -bicicletas, ropa, herramientas, patinetes, etc.- cuya procedencia “resultaba claramente delictiva”, por lo que se procedió a la detención de sus habitantes y a la incautación del material para intentar su devolución a sus legítimos propietarios.

Posteriormente, en la madrugada del miércoles ,se produjo en el mismo edificio una riña tumultuaria con empleo de armas blancas y cuchillos, por lo que se movilizaron varias patrullas para atender el suceso y dar apoyo a las asistencias sanitarias, ya que el aviso informaba de una decena de afectados con heridas sangrantes por arma blanca.

Tras la correspondiente investigación fueron detenidos ocho hombres, a los que se les imputan delitos de lesiones, en investigación que continúa abierta para identificar a otros posibles implicados.

La Policía Foral ha detenido a un hombre de 84 años como presunto autor del homicidio de otro de 67 años en una residencia en la localidad navarra de Cascante.

Según ha informado el cuerpo policial, los hechos se registraron el lunes, 28 de julio, hacia las 22.47 horas. El fallecido es un residente. Las autoridades se encuentran investigando las causas de la muerte violenta, según recoge Europa Press.

Al lugar acudió una patrulla de la Policía Foral de Tudela, que detuvo al presunto autor del homicidio. Por su parte, la Policía judicial será la encargada de instruir el caso. Además, el juez de Tudela ha decretado el ingreso en prisión del detenido.

Dos patrullas de la Policía municipal de Pamplona mantendrán una vigilancia “constante y permanente” en el antiguo edificio de la ikastola Jaso en la avenida de Aróstegui, tras los altercados ocurridos este fin de semana, que se han saldado con medio centenar de personas identificadas y dos personas heridas. Según han indicado desde el Ayuntamiento de Pamplona en una nota de prensa que recoge Europa Press, el inmueble, ocupado desde hace meses por personas sin hogar, fue el escenario este fin de semana de varias peleas e incidentes.

El primero de los altercados tuvo lugar en la madrugada del domingo, cuando se produjo una pelea entre los residentes en este lugar. Hubo lanzamiento de objetos, entre ellos, botellas de cristal, lo que “obligó a desplegar un amplio dispositivo policial y dar respaldo a los sanitarios que se personaron en el lugar para atender a dos personas que resultaron heridas”. En la intervención, agentes de Policía municipal procedieron a identificar a todas las personas que se encontraban en el lugar. Ese mismo domingo por la tarde se volvió a intervenir en las inmediaciones con un grupo de unas diez personas, varias de las cuales estaban relacionadas con el incidente anterior. En ambas intervenciones la actuación de Policía municipal contó con la colaboración de Policía foral.

Para “evitar que episodios de este tipo vuelvan a repetirse”, se ha acordado una “vigilancia permanente” de dos patrullas de Policía municipal en la zona. Desde el mes de enero, el Ayuntamiento, a través de las áreas de Acción Comunitaria y de Seguridad y Convivencia Ciudadana, “viene controlando a las personas que se encuentran en el antiguo edificio de la ikastola Jaso”.

Normalmente se acude dos veces por semana, en horario de mañana y de noche. En este tiempo, se ha identificado a más de 200 personas por parte de Policía Municipal. La última vez, la semana pasada, se identificaron 47 personas. Dada “la concentración de personas sin hogar en este espacio”, desde el mes de abril “se realizan patrullajes intensivos en la zona, para evitar conflictos y peleas”. En este patrullaje participan tanto Policía municipal como Policía foral. Además, la Policía foral mantiene reuniones periódicas con asociaciones de vecinos y diferentes colectivos para explicar todo lo que se está haciendo desde Policía Municipal. En los últimos meses se ha detenido a 30 personas relacionadas con el entorno de Jaso.

A la espera del derribo

El Ayuntamiento de Pamplona, junto con la ikastola Jaso, propietaria del inmueble, solicitaron ya en el mes de junio el derribo del edificio al Consorcio de Alta Velocidad, ya que éste está afectado por el PSIS de Tren de Alta Velocidad que engloba toda la zona. El derribo, cifrado en 141.938,74 euros, podría hacerse a través de un convenio urbanístico entre la ikastola y el Consorcio de Alta Velocidad, como administración única actuante, que permitiría a la propietaria de la parcela buscar financiación para adelantar los costes del derribo y la limpieza del solar.

Para llevar a cabo el derribo, la propietaria del inmueble necesita una autorización judicial sobre su solicitud de desalojo, además de la rúbrica del convenio con el Consorcio de Alta Velocidad. El Ayuntamiento ha mostrado su “apoyo a la propietaria en sus demandas”, ya que considera que el derribo del edificio “es la única solución, dadas sus deficiencias y el hecho de encontrarse fuera de ordenación”.

El inmueble permanece abandonado desde hace ya veinte años, cuando la ikastola Jaso se trasladó a su ubicación actual, en el barrio de Mendebaldea. Entonces se procedió al cierre de todos los huecos de ventanas y puertas y accesos, para impedir la entrada de terceros. Sin embargo, en los últimos años, el edificio “ha sido ocupados por personas en situación de desprotección que lo están utilizando como infravivienda”.

Navarra ha aprobado la modificación del reglamento de armas de la Policía Foral para introducir el uso progresivo de los Dispositivos Electrónicos de Control, más conocidos como pistolas táser. También se planea incluir el rifle 17 HMR, destinado al control de animales. El cambio en la normativa se ha estado trabajando desde agosto del año pasado y se tenía previsto para que el mes siguiente fuese adoptada. En la comunidad foral la Policía Nacional y la Guardia Civil ya hacen uso de este tipo de pistolas.

Según informa el Gobierno foral, ell número de dispositivos se irá ampliando de manera gradual y serán distribuidos por las distintas comisarías de la Policía Foral. Estarán destinados a las unidades de Seguridad Ciudadana, “adecuándose a los cometidos y actuaciones propias de estas”.

Este tipo de armamento tiene una función principalmente disuasoria y permite una alternativa al arma de fuego a la hora de afrontar situaciones de riesgo. Cada pistola debe llevar consigo una serie de elementos como baterías, cargadores, cargas y licencias, y su empleo está vinculado a las cámaras de uso personal de las y los agentes.

Por su parte, respecto a la formación necesaria para la utilización de estos dispositivos, está previsto instruir, entre los meses de septiembre y octubre, a seis formadores o formadoras de entre los instructores de tiro que colaboran habitualmente con la Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra (ESEN). Posteriormente, estos serán los encargados de enseñar, a lo largo del mes de noviembre, a cerca de 100 usuarios y usuarias finales de los Dispositivos Electrónicos de Control, que se corresponderían con los Agentes Primeros de Policía Foral. Se prevé que para principios del próximo año los agentes de la Policía Foral puedan hacer uso de este dispositivo.

Navarra intensificará los controles de alcohol y drogas durante los nueve días que duran las fiestas de San Fermín. En total habrá 258 puntos de control en las entradas y salidas de Pamplona en una campaña coordinada por la consejería de Interior, Función Pública y ejecutada por la Policía Foral y Municipal y la Guardia Civil, que se llevará a cabo desde el día 5 de julio hasta el próximo día 15.

Los cuerpos de seguridad intervinientes van a reforzar la vigilancia de las vías repartiéndose su control y horarios de manera que queden cubiertas las entradas y salidas de la ciudad en un dispositivo en el que se va a contar con material tecnológico de última generación, como etilómetros masivos y pruebas de detección de drogas. En total, se van a hacer 130.000 controles/pruebas de alcohol y drogas. En la misma línea, se van a emplear también radares móviles y estáticos de control de velocidad y lectores de matrículas que permiten comprobar que los vehículos cumplen con la ITV o que tienen en vigor el seguro obligatorio, entre otros.

La consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Amparo López, ha destacado el importante trabajo que se realiza en Tráfico durante las fiestas de Pamplona, un desempeño que, ha subrayado, tiene como objetivo “evitar la presencia en la vía pública de conductores que puedan generar situaciones de riesgo”. En este fin se incluye también a las personas usuarias de bicicletas y vehículos de movilidad personal. “No debemos bajar la guardia en ningún momento. Da igual el día, la hora, la proximidad al punto de destino o el conocimiento de la carretera: siempre que estamos conduciendo debemos mantener la precaución”, ha subrayado.

En la campaña especial de los Sanfermines del pasado año, un total de 300 vehículos fueron inmovilizados al no estar sus conductores en condiciones para poder circular. Desde Tráfico Navarra se va a incidir durante estos días en la difusión de la campaña ‘La Fiesta es que Vuelvas’, orientada a la prevención y la seguridad vial en los desplazamientos durante el periodo estival en Navarra.

Aviso de conducciones irregulares

Desde Tráfico Navarra se ha hecho un llamamiento a que todas aquellas personas usuarias de las vías que detecten una conducción irregular lo trasladen a los diferentes teléfonos de emergencias policiales para que se pueda verificar la conducción y el estado quien conduce. Por otra parte, se ha instado a los usuarios de las vías urbanas de Pamplona e interurbanas de las cercanías a que durante las fiestas realicen un uso responsable del vehículo, siendo fechas complicadas por el aumento de desplazamientos.

La Comisión de Personal de la Policía Foral ha advertido este viernes de la necesidad de un aumento del número de efectivos para la propia “supervivencia” del cuerpo policial.

Los sindicatos, en una posición unánime, han señalado en una rueda de prensa que actualmente existe una “falta de personal alarmante en muchas unidades, una sobrecarga de trabajo para una plantilla cada vez más envejecida, y un desequilibrio entre el número de efectivos y la cantidad de servicios que se asumen cada vez mayor”.

En este contexto, el presidente de la Comisión de Personal, Francisco Javier Tarazona, ha señalado que ante una previsión del aumento de jubilaciones en el cuerpo y la asunción en exclusiva de la competencia de tráfico por parte de la Policía Foral, es necesario incrementar el número de agentes en el cuerpo.

Por ello, la Comisión de Personal ha exigido al Gobierno de Navarra la reunión “urgente” de la Junta de Seguridad, para reclamar la “solución inmediata” a esta situación o, en caso contrario, “la asunción de sus responsabilidades por las consecuencias que se puedan derivar de su inacción en lo referente al futuro de la Policía Foral y del servicio público de seguridad que ésta presta”.

La Comisión de Personal de la Policía Foral señala en un comunicado conjunto que, tras el reciente traspaso de la competencia de tráfico a Navarra, como máximo en el mes de abril de 2028 la Policía Foral pasará a asumir en exclusiva la vigilancia y control de las carreteras en el territorio foral, del mismo modo que ya ocurre en Cataluña y en el País Vasco, para lo cual está tasada la necesidad de 149 efectivos policiales más para la asunción de dicha competencia por parte de Navarra.

Según han explicado los sindicatos, aunque no disponen de información sobre la pasarela de la Guardia Civil, se estima que unos 30 o 40 guardias civiles podrían pasar a la Policía Foral, por lo que serían necesarios 110 policías forales adicionales.

Según ha explicado la Comisión de Personal, “la última convocatoria de ingreso de policías forales se produjo hace más de dos años y para que se pueda ampliar el número de efectivos hace falta que se reúna la Junta de Seguridad entre la Administración estatal y foral y se eleve el tope de 1.200 policías forales que se estableció en 2009, hace ya más de 15 años”. “Ello es necesario no sólo para el ejercicio efectivo de la competencia de tráfico ya traspasada oficialmente, sino para el desarrollo diario de los compromisos adquiridos y del servicio de seguridad pública que la Policía Foral tiene legalmente encomendado”, ha afirmado la Comisión de Personal.

Así, José María Ferrer, de CCOO, ha explicado que “es imposible que de aquí a 2028” los 110 agentes de Policía Foral para tráfico se puedan incorporar, ya que desde que se convoca una oposición hasta que un policía foral entra al servicio efectivo pasan un mínimo de un año y medio o dos años.

Los sindicatos han señalado que “la realidad actual es la de un déficit de personal alarmante en prácticamente todas las unidades de la Policía Foral, con una sobrecarga de trabajo desbordante y un desequilibrio exagerado entre el número de efectivos y la cantidad de servicios, cada vez mayor, que la organización asume y que se ven solucionados gracias al compromiso y esfuerzo de todos nuestros compañeros, muchas veces en perjuicio de sus condiciones de vida, familiares y sociales”.

Además, han advertido de que “la edad media actual de los policías forales es de 47 años y en los próximos tres años van a poder jubilarse unos 125 policías forales más”.

La Comisión de Personal ha lamentado que “la reunión de la Junta de Seguridad ha sido suspendida en tres ocasiones en este último año, al contrario de lo que ha pasado en Cataluña, donde recientemente se acordó entre el Estado y la Generalitat un importante aumento de efectivos de los Mossos d'Esquadra”.

Además, la Comisión de Personal ha criticado “la falta de transparencia y la nula información que se nos traslada por parte de los responsables del departamento de Interior, Función Pública y Justicia”. “Desde hace más de dos meses hemos solicitado en varias ocasiones a la consejera la convocatoria de la Mesa Sectorial para que nos informe de primera mano de lo que sucede con la Junta de Seguridad, de las condiciones de la pasarela de los guardias civiles de tráfico a Policía Foral, de la necesidad de que el 112 como servicio de emergencias del Gobierno de Navarra se centralice en Policía Foral, pero no hemos obtenido respuesta por su parte”, han señalado.

Tras ello, ante “la falta de adecuación de los recursos humanos y materiales necesarios para, no sólo el desarrollo de la Policía Foral como la Policía integral y de referencia de Navarra, sino para la supervivencia de la propia Policía Foral”, la Comisión de Personal ha exigido al Gobierno foral la “reunión urgente de la Junta de Seguridad, así como la solución inmediata” a los problemas expuestos y, en caso contrario, “la asunción de sus responsabilidades por las consecuencias que se puedan derivar de su inacción en lo referente al futuro de la Policía Foral y del servicio público de seguridad que ésta presta”.