La mayor parte de los objetos religiosos robados el pasado 31 de octubre en la Ermita de Nuestra Señora del Cortijo de Murillo de Río Leza han sido recuperados gracias a la actuación de la Policía Judicial de Tafalla. Entre los bienes localizados se encuentran el cuadro de la Virgen del Cortijo, un misal, el báculo de la Virgen y diferentes mantelerías y ropas eclesiásticas pertenecientes a la ermita. Tras el reconocimiento correspondiente, los objetos recuperados han sido ya devueltos a la parroquia de San Esteban de Murillo de Río Leza.

El hallazgo se produjo después del desalojo de una vivienda ocupada. La propietaria del inmueble comunicó la aparición de varios objetos abandonados en el interior de la vivienda. A partir de la denuncia presentada y de las informaciones publicadas en medios locales, la Policía contactó con la Delegación Diocesana de Patrimonio para informar de la posible localización de los bienes sustraídos.

Una vez realizado el reconocimiento pertinente, se confirmó que los objetos correspondían al robo sufrido en la Ermita de Nuestra Señora del Cortijo. No obstante, continúan sin localizarse un cáliz, otro misal y la imagen del niño Jesús que portaba la Virgen.

La Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño agradece la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como las investigaciones desarrolladas para la recuperación de estos bienes. La Diócesis reitera también su compromiso con la conservación y protección del patrimonio religioso de La Rioja, especialmente en los templos, ermitas y espacios de devoción que forman parte de la vida de las comunidades parroquiales y de los pueblos riojanos.

Más de 2.700 agentes entre Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Foral y Policía Municipal de Pamplona integran el dispositivo previsto para los Sanfermines de 2026. De ellos, 950 corresponden a Policía Nacional; 700, a Guardia Civil; otros 700, a Policía Foral, y 412, a Policía Municipal, a los que hay que añadir a los 186 auxiliares de Protección Civil. Como novedad este año, se dará cobertura al chupinazo txiki.

Así se ha acordado en la Junta de Seguridad celebrada este viernes y a la que han asistido, entre otros, la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría; la consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Ejecutivo foral, Inma Jurío; y el concejal delegado de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona, Endika Alonso; así como mandos de los cuerpos policiales.

En su intervención, Echeverría ha agradecido “el extraordinario esfuerzo” de los cuerpos policiales y su “trabajo por hacer que los Sanfermines no solo sean las mejores fiestas del mundo, sino que además sean las más seguras”. “Debemos de lanzar ese mensaje de que venir a Pamplona es venir a disfrutar de unas fiestas únicas, y los cuerpos policiales trabajan sin descanso para que sea una experiencia segura para todos y todas”, ha subrayado.

En la misma línea se ha mostrado Jurío, que ha remarcado que “es un dispositivo complejo y completo” en el que Policía Foral “se vuelca” cada día, en “coordinación con el resto de cuerpos y fuerzas policiales”, en un trabajo que “permite hacer de los Sanfermines una fiesta segura”.

Por su parte, Alonso ha señalado que el balance sobre seguridad ciudadana realizado el año pasado tras las fiestas “fue muy positivo”, con un “descenso de un 19% en las denuncias”, de las cuales “en torno al 60% eran relacionadas con pequeños hurtos”, algo que refleja que “vamos por el buen camino”. Sin embargo, “no se puede caer en la autocomplacencia”. “Esto nos marca el camino, pero exige trabajar con la misma intensidad o más, y así se está haciendo”, ha dicho.

La Policía Nacional moviliza a unos 950 agentes de la Jefatura de Navarra y de unidades de organismos centrales o con destino en otros puntos de España, además de nuevas incorporaciones.

La base delegada de medios aéreos desplegará su servicio de drones, anti drones y un helicóptero. Las unidades de caballería patrullarán el centro de la ciudad, así como los guías caninos, equipos TEDAX-NRBQ para desactivación de explosivos y amenazas radiológicas, y la unidad de subsuelo y protección ambiental.

La unidad de intervención policial se reforzará con grupos de otras provincias. La Brigada de Seguridad Ciudadana colaborará en esta función y continuará en su labor habitual de patrullaje. Agentes de la Brigada Móvil colaborarán en la vigilancia de las estaciones y en el control de viajeros en medios de transporte.

La Brigada Provincial de Policía Judicial, para prevenir y perseguir hurtos y robos, contará con el apoyo del grupo de delincuencia itinerante de la Comisaría General de Policía Judicial.

La Unidad de Atención a la Familia y Mujer reforzará sus servicios para prevenir acciones contra la libertad e integridad sexual y dar asistencia a las víctimas. La Brigada Provincial de Información vigilará altercados o desórdenes públicos, con especial atención a las medidas de prevención en materia antiterrorista, que se ven reforzadas en estas fechas.

La Brigada de Extranjería controlará documentaciones y supervisará los vuelos, además de prestar apoyo al resto de Brigadas, de igual manera que la Brigada de Policía Científica. Se realizarán patrullajes conjuntos con agentes de Italia, Francia y Alemania.

La Guardia Civil moviliza a más de 700 efectivos de distintas unidades. Entre ellas, seguridad ciudadana, que trabaja en la prevención de robos en viviendas; Información, orientada a los dispositivos preventivos en materia antiterrorista; o la Agrupación de Tráfico.

La USECIC reforzará la seguridad y el servicio cinológico colaborará con perros detectores de drogas y explosivos. También se contará con el apoyo de policías europeas, como Gendarmería y Carabinieri.

Las Comandancias limítrofes a Navarra realizarán controles en las vías que las comunican. Con el mismo fin, se contará con la colaboración de un helicóptero, y el Escuadrón de Caballería recorrerá caminos aledaños a la capital.

La Intervención de Armas y Explosivos se encarga del control y verificación de los espectáculos pirotécnicos. La Sección Fiscal y de Fronteras de Beriáin asume la inspección de establecimientos de hostelería y alimentación, y refuerza el control de estupefacientes o de productos susceptibles del pago de impuestos especiales.

El Equipo Pegaso controlará drones, aviación y globos aerostáticos, y el SEPRONA colaborará en la inspección de la Feria de Ganado y con el refuerzo de los servicios de seguridad alimentaria.

La Policía Foral cuenta con un dispositivo de más de 700 agentes de las áreas de Seguridad Ciudadana (Prevención y Atención ciudadana, Planificación, Grupo de Guías Caninos, División de Intervención y Protección de Autoridades), Tráfico y Seguridad Vial, Seguridad Interior y Policía Administrativa (Brigada de Juego y Espectáculos, cuyos mandos ejercen funciones de Delegado de la Autoridad en los espectáculos taurinos), Investigación Criminal, e Inspección General.

Se prevén dispositivos específicos, como la reacción antiterrorista por Alerta 4 en el Chupinazo, la procesión, eventos taurinos y fuegos artificiales, con el Grupo de Intervenciones Especiales desplegado y apoyado por el equipo de drones.

También se vigilará la plaza de toros durante los encierros, festivales matinales y las corridas de la Feria del Toro. Habrá, además, dispositivos en el casco antiguo, con personal uniformado y de paisano. Personal de las unidades de Protección y Atención Ciudadana de todas las comisarías territoriales realizarán controles en vías de comunicación.

El dispositivo recoge previsiones específicas para evitar agresiones sexuales, como patrullajes en parques y aparcamientos y con un servicio específico de regreso a casa seguro.

En el ámbito de la seguridad vial realizarán controles de tráfico, alcohol y drogas llevados a cabo por personal de la División de Seguridad Vial y de la Brigada de Atestados. La Brigada de Tráfico de Tudela también realizará controles en su zona de influencia. Los controles de seguridad vial en los alrededores de Pamplona están coordinados con Guardia Civil y Policía Municipal.

Miembros de la Brigada de Protección Medioambiental controlarán acampadas ilegales, y personal de la Brigada de Seguridad Interior velará por la protección de los edificios institucionales. La Oficina de la Plaza del Castillo será el lugar de referencia para la presentación de denuncias.

Por su parte, la Policía Municipal movilizará a 412 agentes. Habrá, también, 186 auxiliares de Protección Civil. Además de las labores de coordinación con el resto de cuerpos, mantendrá activos todos los servicios habituales operativos durante el resto del año -atestados, grupos de investigación de ilícitos penales, grupos de menores, mayores y familia o el grupo de seguridad vial-.

El grupo de ODAC recogerá denuncias en sus dos oficinas: en dependencias de Policía Municipal (calle Monasterio de Irache nº 2) las 24 horas, y en la oficina de la calle Zapatería nº 40, abierta entre el 5 y el 14 de julio, de 11.30 a 23.30 horas.

Se reforzará el patrullaje a pie por el Casco Antiguo y se realizarán servicios especiales compuestos por 156 agentes para el Chupinazo, 116 para la procesión de San Fermín y más de 160 para los encierros.

También estará operativo el servicio de objetos perdidos, abierto las 24 horas. Como los últimos años, el Centro de Coordinación estará instalado en las dependencias de Policía Municipal, en la Sala de CECOOR.

La Comisión de Personal de la Policía Foral, integrada por la totalidad de las organizaciones sindicales con representación en el cuerpo, ha criticado en un comunicado la “grave situación de colapso técnico y operativo que atraviesan numerosas áreas y comisarías territoriales como consecuencia de la falta de personal”. Una situación, según advierten, que compromete “tanto las condiciones de trabajo de la plantilla como la calidad del servicio público de seguridad que se presta a la ciudadanía”.

Los representantes sindicales denuncian que el cuerpo policial navarro “cuenta con alrededor de 1.150 efectivos”, una cifra inferior a los “1.200 agentes que el Gobierno de Navarra y el Gobierno de España acordaron como objetivo en la Junta de Seguridad celebrada en 2009”. Una junta que “más de quince años después” no ha vuelto a ser convocada, y alertan que la “insuficiencia de plantilla resulta especialmente llamativa si se compara con la carga de trabajo que soporta el cuerpo”. Policía Foral “dispone de un ratio aproximado de 1,7 agentes por cada 1.000 habitantes, inferior al de otras policías autonómicas como la Ertzaintza o los Mossos d'Esquadra y, de forma incomprensible, también inferior al del resto de cuerpos policiales que operan en Navarra”.

“Pese a representar poco más del 25 % de los efectivos policiales existentes en la Comunidad foral, la Policía Foral asume aproximadamente el 50% de los delitos denunciados, investiga el 42% de los delitos estratégicos, interviene en el 70% de los accidentes de tráfico, realiza el 80% de las investigaciones de accidentes mortales y tramita el 70% de las imputaciones por delitos contra la seguridad vial”, reclaman. Una situación a la que “se suman otros factores que agravan la situación”, como “el incremento continuado de la criminalidad, la próxima asunción en exclusiva de las competencias de tráfico, el envejecimiento de la plantilla (con una edad media cercana a los 50 años), el aumento de las jubilaciones y el escasísimo número de plazas convocadas en los últimos tres años, apenas 34 plazas de agente”.

Por ello, expresan que el cuerpo policial “ha llegado al límite de su capacidad”. “En algunas unidades especializadas, como las dedicadas a la violencia de género o a los delitos contra la libertad sexual, ya se está valorando derivar investigaciones a otros cuerpos policiales por la imposibilidad de asumir la carga de trabajo con los efectivos disponibles”, señalan. Una situación que “no responde a problemas puntuales de organización”, sino a una escasa “planificación y previsión por parte del Gobierno de Navarra”.

“Existe un riesgo real de deterioro del servicio público de seguridad”, expresaban ante la necesidad de adoptar “medidas inmediatas” en un momento en el que Navarra “afronta un periodo de máxima exigencia operativa con la celebración de Sanfermines y otros eventos multitudinarios del verano”. Desde la comisión, además de trasladar “propuestas para afrontar esta situación”, han pedido la “implicación tanto de la Jefatura de la Policía Foral como del Departamento de Interior” con el fin de “convocar la Mesa Sectorial y, especialmente, la Junta de Seguridad entre el Gobierno de Navarra y el Gobierno de España, órgano imprescindible para planificar el desarrollo de la Policía Foral” para poder “garantizar” el futuro del cuerpo.

De otra manera, “no será posible planificar adecuadamente las próximas convocatorias de ingreso, desarrollar la incorporación de efectivos mediante la pasarela prevista para guardias civiles, ni culminar con garantías la asunción plena de competencias como la de Tráfico”. “Pero, sobre todo, seguirá comprometiéndose el ejercicio ordinario de las funciones que la Policía Foral ya desempeña”, han añadido. Exigen al Gobierno de Navarra que “apueste de manera decidida por la Policía Foral, cumpla el mandato del Parlamento de Navarra de consolidarla como policía integral y de referencia, y convoque de forma urgente la Junta de Seguridad”. “Solo así podrá garantizarse que la ciudadanía siga recibiendo el servicio público de seguridad que merece”, declaran.

Preguntado por este tema, el vicepresidente primero y portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha asegurado que “si algo ha hecho este Gobierno en la anterior legislatura y en esta es precisamente reforzar tanto el número de efectivos como también la ampliación de competencias de la Policía Foral”. “He de recordar también la aprobación a principios de esta legislatura del reglamento de jornadas, horarios y retribuciones de la Policía Foral”, ha apuntado.

Según Remírez, “hoy la Policía Foral está mejor preparada, está en mejores condiciones laborales, está en mejores condiciones de efectivos, de recursos y de medios”. “LLógicamente, también hay una petición por parte de la comunidad foral, que se tiene que sustanciar en esa Junta de Seguridad, de aumentar los efectivos hasta los 1.500, lo que es una petición que está encima de la mesa para que se vea satisfecha, para cubrir las necesidades primero del incremento de agentes para asumir íntegramente la competencia de tráfico y también en otras funciones que ahora mismo necesitamos reforzar”, ha señalado.

Javier Remírez ha indicado que “el Gobierno de Navarra convoca en cada momento el máximo número de efectivos que es posible convocar” en las ofertas públicas de empleo (OPE). “Ahora mismo hay una limitación de 1.200 efectivos en total, y por tanto lo que hacemos es convocar cada año, aprobar la oferta pública de empleo y luego la convocatoria oportuna para alcanzar siempre el número máximo de efectivos que tenemos posibles en cada momento”, ha afirmado.

El Gobierno de Navarra asumirá desde este 1 de julio la facultad para recaudar las multas y sanciones administrativas por incumplimientos de la normativa de tráfico y circulación de vehículos a motor. Esta nueva función es el resultado de un “complejo proceso de integración de los agentes y procedimientos implicados en la tramitación de los expedientes sancionadores”, explican desde el Ejecutivo, y lo califican como “un nuevo paso hacia el ejercicio pleno de las competencias de tráfico por parte de la comunidad foral”.

La consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Inma Jurío, ha puesto en valor la responsabilidad que supone para Navarra la asunción del procedimiento sancionador y, por ello, desde Tráfico Navarra, el servicio de tráfico del Gobierno foral, se lleva más de un año trabajando en la puesta en marcha, desde el 1 de julio a las 00:00 horas, de la plataforma informática que sustentará el sistema de gestión y tramitación de las sanciones administrativas, con todas las garantías para la ciudadanía. 

Jurío describe el acuerdo con la Administración General del Estado como la recuperación de “una competencia histórica” que “por fin, se está en disposición de ejercer en su totalidad” tras un procedimiento complejo y que se está llevando a cabo en diferentes fases. Uno de esos hitos, según la consejera de Interior, y una de las primeras fases en el proceso que llevará a Navarra a ejercer las competencias de tráfico, correspondería la asunción “con carácter exclusivo del procedimiento sancionador”. Con ello, más allá de la tramitación administrativa, ha subrayado Jurío, lo que pretende Navarra es acercarse a su ciudadanía “para intensificar la concienciación y la responsabilidad que implica tomar un volante” y, de esta forma, acercarse al cumplimiento del reto europeo de reducir a cero las muertes por accidentes de tráfico.

Proceso de traspaso de competencias de tráfico

“La asunción del procedimiento sancionador por parte de la Comunidad Foral de Navarra ha conllevado un laborioso, complejo y extenso proceso de integración para que todos aquellos agentes y procesos que están implicados en la gestión y tramitación de expedientes sancionadores estén coordinados”, trasladan desde el Ejecutivo navarro. Por lo que se ha reforzado “la sección de Asistencia Jurídica y Sancionadora del Servicio de Tráfico del Gobierno de Navarra” para poder “tramitar los expedientes sancionadores en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, así como la tramitación de los procedimientos de revisión en vía administrativa”. 

Además, también han explicado que las “otras fuerzas y cuerpos de seguridad, se ha procedido a integrar en la plataforma informática de Gobierno de Navarra a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y a todos los cuerpos de Policía Local de la región. De esta forma, por ejemplo, la información de los radares y etilómetros de la Guardia Civil se volcará en la plataforma informática de gestión del procedimiento sancionador, así como las sanciones que dentro de su ámbito territorial corresponden a las policías locales.

Igualmente, se han puesto a disposición de la Guardia Civil dispositivos móviles en los que se integra la aplicación que permitirá que las denuncias interpuestas se registren automáticamente en la plataforma de gestión del procedimiento sancionador de Gobierno de Navarra“. Junto con lo relativo a la Dirección General de Tráfico, ”de tal forma que los sistemas de control de velocidad en la red viaria interurbana“ sean asumidos por Navarra (la instalación y uso de cabinas de radar, así como de dispositivos de captación de imágenes destinados al control, regulación, vigilancia y disciplina del tráfico contribuye a la disminución del factor exceso de velocidad).

“En el ámbito de la recaudación se ha procedido a la integración del Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria del Departamento de Interior, Función Pública y Justicia y de Hacienda Foral de Navarra”. 

El Gobierno de Navarra ha concedido, a título póstumo, la Placa de Servicios Distinguidos a los cinco policías forales de la División de Intervención fallecidos la pasada semana en un accidente de tráfico en la AP-8 cuando se dirigían a realizar una formación con la Ertzaintza.

La distinción, que es la máxima condecoración que se puede otorgar en la Policía Foral, ha sido aprobada este miércoles en la sesión de Gobierno, a propuesta de la consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Inma Jurío, y “reconoce la trayectoria de estos cinco servidores públicos, que habían decidido dedicar su vida profesional a proteger a la ciudadanía navarra”. 

De esta forma, se homenajea a Fermín Sola Barrena, comisario de la Policía Foral que desarrolló su carrera profesional en diversos puestos y cargos, ostentando actualmente el de Comisario Jefe de la División de Intervención; Jesús María Vidaurreta Fernández, subinspector que ostentaba actualmente la jefatura de uno de los grupos operativos de la División de Intervención; Juan Martín Domínguez Villar, agente integrado en uno de los grupos operativos de la División de Intervención; Miguel Crespo Obanos, agente que prestaba servicio actualmente en el Grupo de Intervenciones Especiales; y Miguel Ángel D´Entremont Jiménez, agente que actualmente prestaba servicio en el Grupo de Intervenciones Especiales.

El Gobierno aplaza el acto institucional de homenaje

Por otro lado, la consejera Inma Jurío ha anunciado que se ha decidido posponer el acto de homenaje a los cinco agentes fallecidos en el que trabajaba el Ejecutivo, a la espera de un “momento más oportuno” para “respetar los tiempos de duelo” de las familias. El homenaje iba a celebrarse en la comisaría de Beloso este viernes. Así pues, Inma Jurío ha explicado que “no hay nada concreto” en cuanto a celebrar un acto institucional de homenaje, sino que van a “diseñar algo íntimo que sea, además, personal, que es el camino que ha seguido el Gobierno de Navarra respecto de las familias”.

La consejera, también ha agradecido a los medios de comunicación su “respeto a la intimidad” de las familias, especialmente en el funeral celebrado el viernes en la Catedral de Pamplona, y ha destacado que “existe una visión humana, una situación complicada para las familias”. Además de indicar que el Gobierno de Navarra “solo ha pretendido ayudarles en un proceso bastante complejo, donde estaban sumidos en un profundo dolor” y facilitarles que “no se tuvieran que preocupar de otras cosas”.

Autoridades navarras, familiares y compañeros de la Policía Foral han despedido este jueves en el tanatorio de Pamplona a los cinco policías forales fallecidos en un accidente de tráfico. Los agentes Fermín Sola Barrena, Jesús María Vidaurreta Fernández, Miguel Crespo Obanos, Juan Martín Domínguez Villar y Miguel Antonio d'Entremont Jiménez, se dirigían a una formación en la base de Iurreta (en Bizkaia) cuando colisionaron con un camión cisterna este miércoles en la autopista AP-8, a la altura de Elgoibar (Gipuzkoa). En el accidente murieron todos los ocupantes de la furgoneta en la que viajaban los policías y el camionero aún se encuentra hospitalizado.

Entre las autoridades que han acudido al velatorio a dar el pésame a las familias de los agentes fallecidos se encontraban la presidenta María Chivite y el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, entre otros. También ha acudido el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde; la consejera de Función Pública, Interior y Justicia del Gobierno de Navarra, Inma Jurío; y el vicepresidente y consejero de Presidencia e Igualdad, Javier Remírez, además de dirigentes políticos como Uxue Barkos, parlamentarios y concejales del Ayuntamiento de Pamplona. Los familiares y compañeros de los agentes fallecidos también han recibido las condolencias de representantes del resto de cuerpos de seguridad operativos: Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Municipal de Pamplona y el Ejército.

Los cuerpos de los fallecidos, tras los trámites realizados en Euskadi, llegaron a Navarra anoche, escoltados por sus compañeros de la Policía Foral, y serán velados durante este jueves. Este viernes por la tarde se celebrará un funeral conjunto en la Catedral de la capital navarra y previsiblemente la próxima semana tendrá lugar un homenaje civil.

El jefe de la Policía Foral, Iván Ortuerta, ha asegurado a su llegada al tanatorio que la muerte de los cinco agentes es un “golpe muy duro” que va a costar digerir ya que todos ellos eran “perfiles personales y profesionales muy queridos por toda la organización”. “El cuerpo está muy tocado, eran personas de mucha valía personal y profesionalmente”, ha sostenido el jefe de la Policía Foral, quien ha reconocido que las “unidades de intervención en las que han desarrollado su labor profesional están especialmente tocadas”.

Previamente, Ortueta, junto con otros mandos y agentes de la Policía Foral, han asistido en el Parlamento de Navarra a la lectura de una declaración institucional en recuerdo de los agentes fallecidos y a un minuto de silencio en su memoria. En la Cámara navarra, donde se ha mostrado su “reconocimiento, respeto y gratitud” a los agentes que perdieron la vida en el accidente por su “compromiso y vocación de servicio”, se han vivido momentos emotivos de pésame y abrazos entre compañeros y entre policías y autoridades. Allí ha descrito el duelo como un “trance” muy “duro” en el que se debe poner el foco en las familias y los compañeros, al tiempo que ha agradecido la “infinidad” de muestras de apoyo, afecto y cariño que están recibiendo de todas las instituciones públicas del Estado y de Navarra, así como de cuerpos autonómicos y de la sociedad civil.

A su salida del tanatorio, la presidenta Chivite ha señalado a los medios de comunicación: “He querido transmitir a las familias las condolencias de todo el Gobierno, mío personal, pero en realidad del conjunto de la ciudadanía navarra”. “[La Policía Foral] es la institución más querida y se demuestra en estos momentos, porque ha sido abrumador las muestras de pésame, de condolencias y de cariño que no solo la ciudadanía navarra, sino desde todos los puntos de España hemos recibido y he querido transmitírselo así a las familias”, ha expresado.

Por su parte, el alcalde de Pamplona, Joseba Asirón, ha destacado que es “un momento para estar con las familias y para estar también con los compañeros de los cinco fallecidos” en el accidente, que ha supuesto “un auténtico drama, una pérdida devastadora”. El Ayuntamiento de Pamplona, tal y como ha indicado, transmitió su pésame, en nombre de toda la ciudad, a la presidenta del Gobierno y al vicepresidente. “Estaremos acompañando estos días en lo que se pueda; en estas circunstancias no es mucho lo que se puede hacer, pero en la medida de las posibilidades, estar con las familias, trasladarles el pésame del Ayuntamiento”, ha asegurado.

Cinco agentes de la Policía Foral de Navarra han fallecido este miércoles en un accidente de tráfico, al colisionar la furgoneta en la que se desplazaban a una formación en Iurreta (Bizkaia) con un camión cisterna. Eran Fermín Sola Barrena, Jesús María Vidaurreta Fernández, Miguel Crespo Obanos, Juan Martín Domínguez Villar y Miguel Antonio d'Entremont Jiménez. Con un vídeo en el que se muestran su lugar de trabajo, algunas fotografías y reconocimientos que han recibido por su desempeño profesional, la Policía Foral ha señalado que la huella que dejan es “imborrable” y les ha agradecido su “ejemplo, entrega y compañerismo”.

“Hoy recordamos con profundo dolor, respeto y un amor infinito a nuestros cinco compañeros de la División de Intervención que nos han dejado. Cinco vidas entregadas al servicio de los demás, cinco referentes que dejan un vacío imposible de llenar en la familia de la Policía Foral y en sus propios hogares”, ha expresado el cuerpo a través de un mensaje difundido en la red social X. “Eran grandes personas, grandes profesionales. Dejan un vacío enorme, porque eran, de verdad, destacados perfiles. Estamos tratanto de pasar este trance tan duro que nos ha tocado”, ha señalado este jueves Iván Ortueta, jefe de la Policía Foral, en un homenaje que se ha celebrado el Parlamento. Ha habido una declaración institucional y se ha guardado un minuto de silencio en su honor.

Tanto la presidenta de Navarra, María Chivite, como el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, han publicado mensajes de condolencia en redes sociales. “Estoy consternada por el terrible accidente en el que han fallecido cinco miembros de [la Policía Foral de Navarra]. Todo mi cariño a sus familias y compañeras y compañeros por la pérdida de nuestros servidores públicos. El Gobierno de Navarra y yo misma os acompañamos en este momento de dolor”, ha señalado Chivite. “Mi más profundo pesar por el fallecimiento de cinco agentes de la Policía Foral de Navarra en el trágico accidente ocurrido esta mañana. Todo nuestro apoyo y solidaridad, en nombre del Gobierno de España, a sus familias, compañeros y seres queridos en estos momentos de dolor”, ha escrito este miércoles, también en X, Pedro Sánchez.

¿Quiénes eran los agentes fallecidos? Acompañando a la despedida, la Policía Foral ha publicado una breve semblanza de cada uno de ellos.

Fermín Sola Barrena, comisario

Conocido por sus amigos como 'Mintxo', tenía 52 años y más de tres décadas de antigüedad en la Policía Foral a sus espaldas. “Un líder nato, referente de su división y un profesional incansable. Siempre predispuesto a ayudar de manera desinteresada, con un corazón volcado en los demás, y especialmente a su familia”, se destaca de él.

Jesús María Vidaurreta Fernández, subinspector

De 55 años, dirigía uno de los grupos operativos de la Brigada de Intervención. “La lealtad, generosidad y el sacrificio hechos policía. Su vocación era innata, anteponiendo siempre el servicio y cuidando con orgullo infinito de la institución y de su querida familia, tan ligada a nuestro Cuerpo”, apuntan sobre él. Según recoge 'Noticias de Navarra', estuvo primero destinado en la División de Tráfico y se incorporó después a la Unidad Móvil de Intervención, ahora conocida como División de Intervención.

Miguel Crespo Obanos, agente del GIE

Tenía 48 años y era agente del Grupo de Intervenciones Especiales. “Un compañero ejemplar con una profesionalidad extrema y un compromiso inquebrantable. Trabajador incansable, pilar de su unidad y entregado por entero a su familia, el verdadero motor de su vida”, se destaca de él en la semblanza. Según 'Noticias de Gipuzkoa', pasó por la División de Intervención y la Brigada Central de Prevención y Atención Ciudadana antes de recalar en el Grupo de Intervenciones Especiales.

Juan Martín Domínguez Villar, agente del GOAM

Tenía 44 años y se desempeñaba como agente del Grupo Operativo de Apoyo al Mando. “Discreto, servicial y poseedor de una enorme capacidad de entrega. El motor del engranaje diario de su división, un profesional intachable y un padre de familia profundamente pendiente y orgulloso de los suyos”, apunta la Policía Foral, a la que se incorporó en 2000.

Miguel Antonio d'Entremont Jiménez, agente del GIE

De 35 años, era agente del Grupo de Intervenciones Especiales. “Su eterna sonrisa y su optimismo iluminaban los momentos más duros. Joven, deportista y con una vocación inmensa, estaba entregado por entero a su familia, su mayor logro, y orgulloso de pertenecer a este cuerpo”, escribe la Policía Foral. Apunta 'Noticias de Gipuzkoa' que se sumó al cuerpo en 2021. Primero estuvo encuadrado en el Grupo de Intervención y Atención Ciudadana de las comisarías de Alsasua y Tafalla y tres años más tarde, ya en 2024, pasó al Grupo de Intervenciones Especiales.

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha condenado a 9 y 6 meses de prisión a dos policías forales que agredieron a un detenido en los calabozos de la comisaría de Tudela. El tribunal, que absuelve a un tercer agente acusado, considera probado que uno de los policías “zarandeó, golpeó y propinó puñetazos en la cara” al arrestado y sostiene que el otro policía es tan responsable como el anterior porque “pudo y debió impedir lo ocurrido”. 

En la sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, los magistrados consideran al autor de la agresión responsable de “un delito menos grave contra la integridad moral del artículo 175 del Código Penal”, que castiga a la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, atente contra la integridad de una persona, así como de un delito leve de lesiones. Por el primer delito le imponen la citada pena de 9 meses de prisión y por el segundo una multa de 600 euros. La víctima acudió al día siguiente al servicio de Urgencias Hospitalarias, en donde le apreciaron tumefacción y hematoma en puente nasal, erosión superficial en región escapular derecha y hematomas en ambas rodillas. 

Al otro agente, condenado a 6 meses de prisión, los jueces le atribuyen “un delito menos grave contra la integridad moral del artículo 176 del Código Penal”, que castiga a la autoridad o funcionario que, faltando a los deberes de su cargo, permitiere que otras personas ejecuten actos atentatorios o vejatorios. A ambos encausados, además, la Audiencia les ha impuesto una inhabilitación para empleo o cargo público por 3 y 2 años, respectivamente. 

El agente que golpeó al detenido deberá indemnizarle con 350 euros por las lesiones y 3.500 por las secuelas. Y los dos policías tendrán que resarcir a la víctima conjunta y solidariamente con 4.000 € más por el daño moral causado. El Gobierno de Navarra ha sido declarado responsable civil subsidiario. Los hechos enjuiciados fueron grabados por las cámaras existentes en los calabozos de la comisaría de Tudela. 

Dominación arbitraria y abuso de poder 

La Audiencia de Navarra sostiene que el agente que agredió a la persona detenida accedió al calabozo en el que se encontraba para “zarandearle, agredirle con puñetazos y golpes reiterados, arrastrarle de las piernas para lanzarlo del banco al suelo y dejarlo engrilletado a la espalda y tirado en el suelo, haciendo caso omiso al rostro ensangrentado que presentaba, constituye un claro acto de dominación arbitraria y abuso de poder que atenta tanto contra la integridad física del detenido como contra su integridad moral”. 

Se trata, añade el tribunal, de un supuesto de maltrato al arrestado que incorpora un componente de vejación y humillación a la víctima “por la situación de indefensión en que este se encuentra, dentro de un calabozo, con la inherente imposibilidad de repeler la agresión o pedir el auxilio de terceros y por la impunidad, al menos inicial o aparente, que otorga al agresor su condición de agente de la autoridad, de modo que el así agredido queda reducido a la condición de mero receptor pasivo de los golpes, un simple objeto sometido a la voluntad del agresor, cosificación que de modo indudable atenta a su dignidad como persona sujeta de derechos inalienables”. 

“La Ley ha encomendado a los agentes de Policía Foral, al igual que ocurre con el resto de funcionarios policiales, la persecución de los delitos, pero desde el pleno respeto a los derechos fundamentales, de modo que el uso de la fuerza solo se halla contemplado y legitimado para situaciones excepcionales en las que la misma responde a un fin constitucionalmente legítimo”, subrayan los magistrados, que apostillan que no ha quedado acreditado que, antes de sufrir esta agresión, la víctima hubiera insultado o amenazado de algún modo al agente. “En todo caso resultaría estéril para justificar una reacción así”, añaden. 

Al contrario, la Audiencia destaca que, tras ser detenido, el denunciante sí presentó un comportamiento manifiestamente desafiante, provocativo e incluso grosero y obsceno, no solo con palabras, sino con gestos. “Pero todos los agentes que tuvieron que intervenir con él, y fueron muchos, lo hicieron con profesionalidad, logrando con la debida calma reconducir la situación. Este es el comportamiento exigible y esperable de un servidor público”, remarca. 

“No estaba de ninguna manera legitimado para agredir al [detenido], el cual se encontraba encerrado en el calabozo, por mucho que alegue que le había provocado o amenazado. Al contrario, tenía la obligación de calmarlo y de salvaguardar su integridad física por hallarse bajo su custodia, y de respetar su honor y dignidad, de que es merecedora toda persona, se halle o no privada de libertad. Y, si las amenazas y faltas de respeto hubieran sido consideradas graves, podía haber hecho valer las acciones correspondientes que el propio ordenamiento jurídico pone a su disposición, lo que no solo no hizo, sino que ni siquiera quedaron reflejadas en ningún informe o parte interno”, inciden los magistrados. 

Respecto a la participación del otro condenado, los jueces señalan que el mismo lleva 26 años en el cuerpo policial, por lo que puede afirmarse que se trata de un agente “bregado y experimentado”. 

La Audiencia no cree la versión exculpatoria dada por el procesado. Asegura que pudo ver y vio los puñetazos que, justo delante de él, el agente 979 propinó al arrestado. “No solo percibió los movimientos, como él describió, sino que fue testigo directo de la agresión”, puntualiza.

Según relata el tribunal, este segundo agente ni intervino, ni avisó a los otros compañeros para que acudieran al calabozo. “La Sala no alberga duda alguna de que pudo y debió impedir lo ocurrido. Pudo realizar un gesto, una indicación, una advertencia para que cesara en su actitud o para asegurarse de que no la mantenía, indicación que pudo haber sido eficaz entre compañeros no relacionados entre ellos jerárquicamente. Por ello, es [...] tan responsable como el agente de su actuación”, concluye. 

En cambio, los magistrados exculpan de responsabilidad al tercer acusado, que había ingresado en la Policía Foral el 30 de diciembre de 2024 y, hasta el momento de los hechos, había trabajado un total de 25 días. “No tomó la iniciativa ni realizó por sí mismo ninguna actuación respecto del [detenido]. Antes bien, se mostró dubitativo en cuanto a la actuación que debía llevar a cabo, y las imágenes permiten apreciar a una persona insegura que no tiene certeza de lo que debe hacer”, describe el tribunal. 

Por tanto, razona la Audiencia, a la hora de valorar la conducta que era exigible a este tercer agente, el ordenamiento jurídico suele atender a estándares de comportamiento exigibles a un ciudadano medio en una situación y con unas condiciones similares. Se trata, añade, de fijar un estándar de razonabilidad. “Pues bien, considera la Sala que, en atención a todas las circunstancias expuestas, el agente no fue capaz de enfrentarse u oponerse a su superior, no siéndole exigible otra actuación en términos jurídicos”, sostiene el tribunal, que apostilla que este inculpado “se encontró con una situación tal que no pudo impedir el atentado contra la integridad moral efectuado por un superior”.

Agentes de la Policía Foral han investigado a tres menores en Tudela y han detenido a un joven en Pamplona por la comisión de un delito de descubrimiento y revelación de secretos después de que presuntamente accedieran de forma fraudulenta a las cuentas de docentes en dos centros educativos para hacerse con exámenes y luego venderlos.

El primero de los casos se conoció tras la denuncia de un docente de un centro de Tudela, que, tras comprobar ciertos rumores que circulaban por el centro de que exámenes de los cursos de 1º y 2º de Bachillerato habían sido sustraídos y se estaban vendiendo por 20 euros, y ver que había alumnos que habían realizado exámenes casi perfectos, localizó en uno de los ordenadores del profesorado un dispositivo 'keyloger', según ha informado la Policía Foral en una nota.

Este tipo de dispositivos graba todas las pulsaciones que se realizan en el teclado del ordenador, pudiéndose conseguir así los nombres de usuario y claves de acceso de quienes acceden, en este caso los docentes. Se logra mediante este método usurpar su identidad, lo que permite utilizar la información para el acceso total a todas las plataformas que se empleen en sus funciones docentes, tipo Educa, Google, o Drive. Así es como se lograba descargar los exámenes vendidos posteriormente.

Fruto de las investigaciones llevadas a cabo se ha imputado a tres menores de edad, alumnos del centro, por un delito de descubrimiento y revelación de secretos.

En el asunto de Pamplona, se detuvo a un joven de 19 años, quien presuntamente accedió de manera fraudulenta a la cuenta de Google Drive de uno de los docentes, la cual contenía información de carácter personal, imágenes y exámenes, descargando estos últimos.

La información del acceso fraudulento llegó al equipo directivo del centro, que inmediatamente puso el caso en conocimiento de Policía Foral. El autor de dicho acceso reconoció los hechos, pero en este caso, y aunque había descargado información, no había llegado a acceder a ella.

Desde la Policía Foral se ha recordado que el acceso de forma fraudulenta, bien a través de artificios técnicos, bien por encontrarse la sesión abierta por descuido, a cualquier cuenta personal de cualquier plataforma, así como la descarga y difusión de datos que contenga, es un delito tipificado como de descubrimiento y revelación de secretos. El delito se consuma con la simple acción de acceder a la información.

Agentes de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional han detenido a cuatro personas por su presunta participación en los altercados registrados en el estadio de El Sadar el pasado 21 de febrero después del partido de que enfrentó a Osasuna contra el Real Madrid.

A los cuatro detenidos se les imputa su presunta participación en delitos de desórdenes públicos y atentado a agentes de la Autoridad. La investigación sobre los incidentes todavía sigue abierta. Pasarán a disposición del juzgado de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona plaza 5.

Los incidentes tuvieron lugar tras la finalización del partido, después de que la seguridad privada de Osasuna que presta servicio en los partidos de liga, requiriera apoyo de la Policía Nacional cuando trataba de identificar a un espectador que había lanzado una botella al campo “poniendo en riesgo el normal desarrollo del partido que se estaba disputando”.

En el transcurso de su identificación se produjeron cargas por parte de la Policía Nacional contra aficionados que abandonaban el recinto. Varios testigos denunciaron a través de las redes sociales la “desproporcionalidad” de las cargas, que terminaron con varios aficionados heridos y dos detenidos.

Las cargas de la Policía Nacional en los vomitorios del estadio durante aquel partido fueron objeto de críticas por parte de aficionados y grupos políticos, que llevaron al Parlamento de Navarra el debate sobre si la Policía Foral debe sustituir a la Nacional como cuerpo antidisturbios durante los partidos que se disputen en El Sadar.

El pleno del Parlamento de Navarra aprobado este jueves una moción presentada por Geroa Bai que insta al Gobierno foral a adoptar “de manera inmediata” las medidas necesarias para sustituir a la Policía Nacional por la Policía Foral como cuerpo antidisturbios en los partidos de Osasuna en el estadio de El Sadar. El Ejecutivo foral ya abrió la puerta a estudiar el cambio de cuerpo policial antidisturbios en los eventos que se celebren en el estadio navarro.

El pronunciamiento del Parlamento navarro llega tras las cargas policiales que se produjeron en el estadio tras la finalización del partido que enfrentó al club navarro contra el Real Madrid hace dos semanas y que dejaron a varios aficionados heridos. A raíz de los incidentes se ha reavivado el debate sobre qué cuerpo policial debe encargarse de la seguridad de El Sadar y este jueves la mayoría del pleno ha aprobado una moción para que sea gestionada “en exclusiva” por la Policía Foral.

El texto ha salido adelante con los votos favorables de Geroa Bai y EH Bildu, las abstenciones de UPN, PSN y Contigo/Zurekin, que han argumentado que la Policía Foral no tiene actualmente los efectivos suficientes para ejercer esas labores “en el corto plazo”, y los votos en contra de PP, Vox y la parlamentaria no adscrita Maite Nosti.

En la defensa de la moción, la parlamentaria de Geroa Bai Blanca Regúlez ha señalado que su moción “no habla solo de seguridad en un estadio, habla de autogobierno, de responsabilidad política y de responsabilidad institucional hacia nuestra policía”. “Hoy seguimos manteniendo una anomalía injustificable. La seguridad del principal estadio de Navarra continúa en mano de la Policía Nacional. ¿Qué mensaje estamos trasladando? ¿Que nuestra Policía es integral o de referencia, salvo en el recinto deportivo más importante de la comunidad? ¿Que confiamos en ella, pero no del todo? La Policía Foral ha demostrado sobradamente su capacidad operativa”, ha defendido. “No se trata de abrir una confrontación institucional, sino de asumir con normalidad democrática una competencia que corresponde a Navarra”, ha afirmado.

En la misma línea, el portavoz de EH Bildu Mikel Zabaleta ha justificado su apoyo por “la actuación desproporcionada e inadecuada por parte de la Policía Nacional” tras el partido entre Osasuna y el Real Madrid y ha reclamado que la gestión de la seguridad del estadio de El Sadar esté “en manos de la Policía Foral”.

Desde UPN, Javier Esparza ha calificado la moción de “fake” porque “la Policía Foral no va a llevar la seguridad de los partidos de fútbol ni mañana, ni pasado, ni esta temporada ni la que viene, porque no está dotada de los recursos y medios humanos para hacer frente a este servicio” y ha enmarcado la presentación de la moción en que al “nacionalismo vasco le molesta todo lo que huele a España”.

Ramón Alzórriz ha defendido que el PSN quiere “una Policía Foral integral que dentro de sus atribuciones tenga la seguridad pública en general y la de El Sadar en particular, pero a su debido momento, sin prisas, analizando los dispositivos necesarios para ello, y la necesidad de ampliación de los recursos humanos de Policía Foral en materia de seguridad ciudadana, haciéndolo compatible con otras prioridades que ya contempla el Plan Estratégico de Policía Foral” y ha criticado que EH Bildu en Euskadi, donde las competencias de seguridad en los estadios de fútbol las tiene la Ertzaintza, “también ataca las actuaciones que realiza”.

Contigo/Zurekin ha afirmado que la Policía Foral “tiene más arraigo social y territorial” en Navarra que la Policía Nacional, pero ha defendido que “asumir la gestión de manera inmediata hoy en día no es posible” por la falta de efectivos de la Policía Foral.

El Gobierno de Navarra ha manifestado este miércoles su disconformidad con la proposición de ley presentada por UPN para modificar de la Ley Foral 13/2023, de 5 de abril, de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia, con el objetivo de “establecer la obligación del Ejecutivo foral de analizar y publicar trimestralmente los países de origen de las personas detenidas por la presunta comisión de un delito”.

El Gobierno de Navarra considera que la medida propuesta “no supone una mejora en cuanto a la prevención de delitos y es contraria al objeto de la propia ley que se plantea modificar”, ya que “puede contribuir directamente a la generación de racismo y xenofobia”, según ha explicado en rueda de prensa la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Ejecutivo foral, Begoña Alfaro.

“Desde el punto de vista criminológico, el origen de las personas que delinquen no tiene la más mínima afección, ni para la prevención, ni para la reducción de la criminalidad. Quien diga que publicar el origen de las personas detenidas reduce la delincuencia, miente. Y además lo hace de forma consciente y contra la evidencia científica”, ha indicado Alfaro.

En concreto, el Gobierno estima que “la difusión innecesaria del origen nacional de personas detenidas cuando no resulta relevante para la comprensión de los hechos puede contribuir a un tratamiento discriminatorio indirecto y afectar al derecho al honor, al vincular de forma reiterada determinadas nacionalidades con la criminalidad”.

El Ejecutivo foral argumenta que “la indicación sistemática del país de origen de personas detenidas por la presunta comisión de un delito no es neutra y, además de vulnerar principios básicos de igualdad, proporcionalidad y responsabilidad social, puede actuar como catalizador de racismo y xenofobia”.

Alfaro ha sido preguntada por los medios de comunicación sobre si “se siente cómoda” formando parte del Gobierno de Navarra, que tiene como socio a Geroa Bai (del que forma parte el PNV, que en el Gobierno Vasco sí ha apoyado una iniciativa en este sentido). “Para preguntas de qué motiva al Gobierno Vasco, entiendo que esa pregunta hay que formulársela al Gobierno Vasco. En cualquier caso, la comodidad personal que siento dentro del Gobierno con los compañeros y compañeras del resto de formaciones políticas es total y absoluta”, ha indicado. Según Alfaro, “hay una posición clara dentro del Gobierno” foral, con “total claridad, rotundidad y sustento normativo y jurisprudencial”, de que “esta medida en absoluto ayuda a prevenir el delito”.

“Soy una firme defensora de toda la arquitectura legal que se aprobó tras la Segunda Guerra Mundial, ligada a no discriminar por motivos de género, etnia, raza”, ha añadido. “A mí jamás se me ocurriría, por ejemplo, preguntar por la ideología, la religión de los defraudadores a la Hacienda Foral, de quien incurre un delito de apropiación indebida, prevaricación”. “Porque no ayudaría a prevenir el delito. Y es la misma filosofía que sustenta que hayamos adoptado esta posición”, ha manifestado.

La vicepresidenta Alfaro ha indicado que el posicionamiento del Gobierno de Navarra “se basa en la numerosa legislación europea, estatal y foral contraria a la discriminación por motivos de nacimiento, raza, sexo, religión u opinión”.

Así, ha mencionado la recomendación de Política General número 11 de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), que “define el perfilado étnico como el uso, sin justificación objetiva y razonable, de criterios como la raza, el color, la lengua, la religión, la nacionalidad o el origen nacional o étnico en actividades de control o investigación, considerando dichas prácticas como discriminatorias y basadas frecuentemente en estereotipos, que conducen a la criminalización de minorías”.

El Gobierno de Navarra cita además la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, que “reconoce el derecho a la igualdad de trato y no discriminación con independencia de la nacionalidad y prohíbe la discriminación directa e indirecta por origen racial o étnico, imponiendo a los poderes públicos un deber de prevención”.

En el ámbito foral, el Plan de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia de Navarra aprobado en 2002 “establece, respecto al ámbito de justicia y seguridad, la necesidad de prevenir el racismo institucional, velar por la no discriminación por motivo de raza u origen étnico/migrante en la legislación foral y en la actuación administrativa, dotar a la Administración de mecanismos de observación y control y garantizar prácticas no discriminatorias en la acción de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad”.

“Percepción distorsionada y estigmatización colectiva”

La proposición de ley foral de UPN rechazada plantea añadir un nuevo párrafo al apartado 1 del artículo 19 de la Ley Foral 13/2023, con el fin de “establecer la obligación de la Administración Foral de analizar y publicar trimestralmente los países de origen de las personas detenidas por la presunta comisión de un delito”.

Según señala la proposición, “la finalidad es contribuir, junto al análisis de datos, a la caracterización de perfiles de delincuentes, a la prevención de conductas delictivas y a la reducción de la criminalidad”.

Pero “lejos de este punto de vista”, la Dirección de Políticas Migratorias ha emitido un informe en el que considera que “aportar sistemáticamente estos datos contribuye a reforzar estereotipos negativos, promueve la estigmatización colectiva por una conducta individual, genera una percepción distorsionada y puede tener un impacto social acumulativo, ya que aunque una sola mención pueda parecer irrelevante, su reiteración en el discurso puede contribuir a la polarización social, discriminación cotidiana, discurso de odio y violencia simbólica o incluso física contra determinados colectivos”.

“Al oír con frecuencia noticias que destacan el origen extranjero, algunas personas pueden sobreestimar la proporción real de delitos cometidos por población migrante, aunque los datos no lo respalden”, indica el informe.

Los incidentes que se produjeron el pasado sábado, con cargas de la Policía Nacional, en el vomitorio del graderío sur del estadio de El Sadar tras el partido que enfrentó a Club Atlético Osasuna y al Real Madrid ha reavivado en Pamplona un debate sobre qué cuerpo de policía debe encargarse de la seguridad en el estadio del club navarro.

Los incidentes se iniciaron tras la finalización del encuentro. La seguridad privada del club trataba de identificar a un aficionado que había lanzado una botella vacía al césped durante el encuentro. En el transcurso de su identificación se produjeron cargas por parte de la Policía Nacional contra aficionados que abandonaban el recinto. Varios testigos denunciaron a través de las redes sociales la “desproporcionalidad” de las cargas, que terminaron con varios aficionados heridos y dos detenidos.

Las escenas de pánico en las que se vieron involucrados menores y ancianos que abandonaban el estadio tras la finalización del encuentro han sido objeto de críticas por parte de socios del club, así como cargos públicos. Los socios del Gobierno de la socialista María Chivite en Navarra, Geroa Bai (Socialverdes y PNV) y Contigo/Zurekin (Podemos, Izquierda Unida y Batzarre) ya han solicitado que sean agentes de la Policía Foral y no de la Nacional los que custodien el estadio durante los partidos de Osasuna.

Según explican desde el Gobierno de Navarra, la gestión de la seguridad de los partidos que Osasuna juega como local en el esatdio de El Sadar corresponde al organizador de los partidos, es decir, La Liga y C.A. Osasuna. En los estadios vascos y catalanes son agentes de la Ertzaintza y de los Mossos d´Esquadra los que se encargan de estas labores. En este sentido, el portavoz del Ejecutivo foral, Javier Remírez, ha que la Policía Foral es capaz “de liderar” la seguridad en estos partidos, al igual que lo hace en otros eventos culturales y deportivos.

El club rojillo ha recogido el guante del Gobierno foral y su Junta directiva de Osasuna ha acordado solicitar “en cuanto sea posible” mantener una reunión con el Gobierno de Navarra “para abordar de forma conjunta el debate sobre quién debe liderar la seguridad en los eventos que se disputen en el estadio de El Sadar”.

El Gobierno de Navarra ha convocado una oposición para incorporar 34 agentes de nivel C en la Policía Foral. Las solicitudes de inscripción estarán abiertas desde el 25 de febrero hasta el 16 de marzo (ambas fechas incluidas) y deberán enviarse de forma telemática a través de la web del Gobierno.

Las personas aspirantes a la plaza deberán contar con la nacionalidad española, estar en posesión del permiso de conducir de la clase B, reunir las condiciones físicas y psíquicas exigidas y no estar afectadas por las “exclusiones médicas”, tipificadas en el anuncio de la convocatoria (Resolución 412/2026).

Según ha indicado el Gobierno de Navarra, la oposición comenzará en mayo de 2026 y estará compuesta de dos fases: las pruebas teóricas, prácticas y psicotécnicas que determinarán la elección de las vacantes y, posteriormente, “un curso de formación básica en la Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra”.

Las pruebas teóricas será un examen tipo test, realizado presencialmente, con un máximo de 100 preguntas (40 para la parte general y 60 para la específica), con cuatro opciones cada una. El examen, del que se dispondrá de dos horas para completarlo, se evaluará sobre 100 y las respuestas incorrectas restarán dos acertadas. Para superarlas será necesario obtener, como mínimo, la mitad de la puntuación de cada “bloque temático”.

Posteriormente, se realizarán cinco pruebas físicas: levantamiento en press banca (60 segundos, con 38 kilos para hombres y 25 para mujeres), completar a nado un recorrido de ida y vuelta en una piscina de 25 metros, un Test de Barrow (agilidad), un recorrido de resistencia Course Navette y, por último, una prueba de salto (ejercicio en el que se debe saltar ininterrumpidamente un listón situado a 25 centímetros del suelo durante 30 segundos). Para superar las pruebas se deberá alcanzar mínimo un 5 en todas ellas, siendo su máximo el 10.

La última prueba será la psicotécnica, realizada por el Instituto Navarro de Administración Pública (INAP) y serán calificadas como “apta o no apta”, tras la evaluación de “cuestionarios de personalidad general, de competencias laborales y/o de aptitudes y entrevistas personales y/o de trabajo grupal, para la determinación del grado de adecuación de las personas aspirantes a las exigencias del perfil”.

Tras “la selección de las vacantes”, se impartirá un curso de “formación básica”, impartido por la Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra, que se evaluará como “apto o no apto”.

Un hombre de 51 años ha fallecido la mañana de este martes tras sufrir un accidente laboral en un rocódromo de la localidad navarra de Berrioplano.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 10:16 horas del martes y ha movilizado al lugar de los hechos a una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada) y a patrullas de Seguridad Ciudadana de la Policía Foral de la comisaría de Pamplona.

El siniestro se ha producido cuando el trabajador ha sufrido una caída en altura en una nave situada en el polígono industrial de Berrioplano. Los servicios de emergencia no han podido hacer nada por salvar la vida del hombre, que ha fallecido en el lugar.

El cuerpo del fallecido será trasladado al Instituto navarro de Medicina legal, donde le será practicada la autopsia. Efectivos de la Policía Judicial de la Policía Foral instruyen las diligencias del siniestro.

El Departamento de Interior del Gobierno de Navarra sigue trabajando en cerrar las condiciones que ofrecerá a los agentes de tráfico de la Guardia Civil de Navarra que quieran integrarse en la Policía Foral una vez este cuerpo asuma en exclusiva las competencias de Tráfico y Seguridad Vial traspasadas hace casi un año por el Estado a la comunidad foral. “Está casi todo resuelto”, ha asegurado la consejera Inmaculada Jurío, quien no ha querido dar una fecha.

Cuando Navarra y el Estado firmaron el traspaso de las competencias acordaron que su implantación sería “progresiva” y que hasta el año 2028 Policía Foral y Guardia Civil seguirían compartiendo las labores del control de carreteras. Se puso ese plazo para dar tiempo al cuerpo policial navarro a reforzarse con los agentes necesarios para asumir en exclusiva las competencias. Según los cálculos del Gobierno foral para ello será necesario incorporar unos 150 policías a los más de 200 que ejercen actualmente esas funciones en la Policía Foral.

Entre los nuevos agentes de la Policía Foral, además de aquellos que accedan mediante oposición, podrán incluirse también agentes de la comandancia de tráfico de la Guardia Civil que quieran permanecer en Navarra y cambien su uniforme verde por el rojo merced a una pasarela incluida en la ley de Policías de Navarra de 2018 mediante una enmienda defendida por el entonces parlamentario de UPN Sergio Sayas, hoy en las filas del PP.

En la actualidad, según los datos aportados por la consejera Inmaculada Jurío, son unos 165 los agentes de tráfico de la Guardia Civil los que están implantados en Navarra. Cuando se formalice el traspaso en 2028 estos agentes tendrán tres opciones: integrarse en la Policía Foral, solicitar un traslado a otra comunidad autónoma o seguir en Navarra y en la Guardia Civil, pero en otra sección. Para poder integrar a los agentes de la Guardia Civil que quieran convertirse en policías forales, Navarra y el Ministerio del Interior deberán acordar las condiciones de la pasarela.

“Las relaciones entre el Gobierno de Navarra y el Ministerio del Interior existe una coordinación total y los dos gobiernos estamos trabajando en la misma línea, en que esta competencia en la parte de efectivos y de pasarela se realice lo más pronto posible y de la mejor manera posible”, ha afirmado la consejera.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, quien solicitó la comparecencia de la consejera, ha afeado que el “retraso” que se está acumulando en el traspaso está provocando “incertidumbre” en los agentes de la Guardia Civil y haciendo que muchos estén solicitando traslados a otras regiones. “Ese no terminar de definir cómo se va a hacer la pasarela hace que personas que están formadas, que tienen experiencia, que son profesionales, que podrían empezar a trabajar con el uniforme de la Policía Foral en 15 días y prestar un servicio de calidad al ciudadano, se marchen”, ha lamentado.

Un hombre de 49 años ha fallecido y otras tres personas han resultado heridas la tarde de este viernes tras colisionar un camión y un coche en la carretera N-121-B a la altura de la localidad de Arizkun, en Baztán.

El centro de Gestión de Emergencias de SOS navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 14:07 y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Oronoz, al equipo médico de la zona, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada); dos ambulancias de soporte vital básico (una de ellas de bomberos) y patrullas de Tráfico de la Policía Foral.

El siniestro se ha producido a la altura del kilómetro 53 de la carretera N-121-B, la que une Pamplona y Francia por Baztán, cuando un vehículo todoterreno y un camión han colisionado y han quedado volcados fuera de la vía, explican desde el Gobierno de Navarra.

Los servicios de emergencia no han podido hacer nada por la vida del conductor de vehículo todoterreno, un hombre de 49 años que se encontraba atrapado en el interior del vehículo y ha fallecido en el lugar.

Asimismo, han resultado heridas otras tres personas, que han sido trasladadas al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona. Se trata de un varón de 49 años, trasladado en la ambulancia medicalizada, que sufre un trauma torácico, con pronóstico reservado. Un varón de 62 años, con politraumatismos, también con pronóstico reservado, trasladado en la ambulancia de soporte vital básico. Y una tercera persona, que ha sido trasladada en una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Bomberos.

Como consecuencia del siniestro la carretera ha quedado cortada desde las 14:25 horas. Efectivos de Seguridad Vial de Pamplona y de Seguridad Ciudadana de la Policía Foral de la comisaría de Elizondo siguen regulando el tráfico en el lugar. En estos momentos, la carretera está abierta con paso alternativo.

El cuerpo de la persona fallecida será trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal, donde le será practicada la autopsia. Efectivos de la Brigada de Atestados de la Policía Foral de Pamplona investigan las causas y la dinámica del siniestro.

El 2025 ha sido un año trágico en las carreteras navarras. La comunidad foral cerró el año con 47 muertes en accidentes de tráfico, el peor dato desde el 2007, cuando se registraron 50 fallecimientos. El año pasado perdieron la vida en la carretera 23 personas más que en 2024, lo que representa casi el doble de víctimas mortales. Desde el Gobierno navarro apuntan que no existen “patrones claros” que expliquen este aumento de la mortalidad y que trabajan en medidas para reducir la siniestralidad.

El peor accidente se registró en el mes de marzo en la carretera N-113 a la altura de la localidad de Fitero. Durante la madrugada un camión invadió el carril contrario y chocó de frente contra otro camión provocando un grave siniestro en el que perdieron la vida los cuatro ocupantes de los dos vehículos. El mes con más mortalidad en las carreteras fue noviembre, con siete fallecimientos.

2025 ha sido el año en el que el Estado ha transferido a Navarra la competencia de Tráfico, que se está llevando a cabo de forma paulatina, Navarra no recaudará el importe de las multas hasta julio del 2026 y los agentes de la Guardia Civil seguirán compartiendo las labores de control de tráfico con los de la Policía Foral al menos unos años más. Desde el Ejecutivo foral, sin embargo, insisten en que el incremento de la siniestralidad no tiene nada que ver con el traspaso de Tráfico y apuntan a “tres factores determinantes”: la persona, el vehículo y la vía.

La consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra, Amparo López, ha insistido en la necesidad de no ingerir ninguna sustancia que pueda afectar a las capacidades cognitivas si se va a conducir. Así ha indicado que además del alcohol y las drogas, determinados medicamentos también afectan a las capacidades para la conducción. También ha recalcado el peligro de las distracciones al volante, especialmente las que provocan las nuevas tecnologías, como el teléfono móvil.

Ante este escenario, el Gobierno foral anunció en octubre una batería de medidas para tratar de reducir la siniestralidad en las carreteras, entre las que se incluyen la realización de un estudio de movilidad, la colocación de más cámaras y radares o el refuerzo de los controles de carretera. En los últimos días, Tráfico Navarra ha instalado dos nuevos radares de tramo en la autovía A-68 y en la carretera N-121-A. 

Un hombre de 49 años ha fallecido la mañana de este lunes tras sufrir un accidente laboral en la localidad navarra de Abárzuza, según ha informado el Gobierno foral. El siniestro se ha producido en un camino rural cercano a una empresa alimentaria de la localidad, cuando un trabajador ha sido atropellado por un camión.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 8.26 horas y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Estella, al equipo médico de guardia de la zona, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada) y patrullas de la Policía Foral.

Los servicios de emergencia no han podido hacer nada por salvar la vida del hombre, de 49 años, que ha fallecido en el lugar. El cuerpo del varón será trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal, donde le será practicada la autopsia. Efectivos de la Brigada de Atestados de la Policía Foral de la comisaría de Pamplona instruyen las diligencias del siniestro.

La Policía Foral ha citado a declarar a cuatro activistas por las protestas contra el equipo Israel-Premier Tech en la etapa navarra de La Vuelta que comenzó en el parque de Sendaviva y terminó en el puerto de Larra Belagua. según ha informado el Gobierno navarro, se les investiga por invadir la carretera al paso del pelotón ciclista por Lumbier y por “poner en riesgo” la carrera.

La plataforma Palestinarekin Elkartasuna ha informado que las personas citadas se han negado a acudir a declarar a comisaría “para no caer en el juego de una detención encubierta”. La Policía Foral no ha detallado el número de personas a las que se investiga por las protestas.

La etapa de La Vuelta a España que trascurrió por Navarra se celebró el día dos de septiembre. Fue la décima etapa, la anterior a la disputada en Bilbao, donde las protestas se intensificaron e incluso obligaron a la dirección de la carrera a cancelar el final en la Gran Vía de la capital vizcaína. En la Comunidad Foral las protestas estuvieron repartidas por varias localidades. El suceso más relevante tuvo lugar en Lumbier, a 75 kilómetros de la meta. Allí, la Policía Foral tuvo que entrar en la carretera a retirar a varios aficionados que trataban de cortar la carrera. 

Por esos y otros incidentes a lo largo del recorrido la Policía Foral está investigando a varios activistas que participaron en las protestas, a los que ha citado a declarar. Desde la plataforma Palestinarekin Elkartasunan alertan en un comunicado que, tras haberse negado a acudir a la citación, podrían ser detenidos y llevados a juicio “en cualquier momento”.

En el escrito denuncian la “criminalización” de las protestas que llevaron a cabo ese día en Navarra. Aseguran que se trató de una protesta “pacífica”, un “legítimo boicot” a La Vuelta por “permitir la vergonzosa participación del equipo Israel-Premier Tech, representante del Estado genocida de Israel”, al que acusan de “llevar décadas perpetrando un régimen de apartheid, ocupación y genocidio contra el pueblo palestino”.

“No vamos a permitir que se persiga ni a una sola persona por denunciar al estado de Israel. No aceptamos ni juicios, ni multas, ni ninguna forma de represión contra quienes actúan desde la solidaridad y la justicia. No daremos ni un paso atrás”, han apuntado para exigir “el inmediato” archivo de las causas abiertas contra los activistas investigados.