Juan Carlos Nieto arrastra desde hace meses una situación que lo desbordó: el expediente abierto por atender a personas sin cita previa, la presión creciente en su puesto y la sensación de que su manera de trabajar —escuchar, resolver, no dejar a nadie fuera por un trámite digital— chocaba con un sistema cada vez más rígido. La tensión interna se volvió insoportable y pidió un traslado; hoy ejerce en la comisaría de la Policía Nacional de Mérida mientras espera una resolución del Ministerio de Trabajo que nadie le ha comunicado. Su caso, que trascendió a los medios y convirtió su nombre en símbolo de una forma de atención que ya apenas existe, sirve para entender lo que ocurre ahora en la oficina del SEPE de Mérida: un problema que se repite en toda España, el de quienes llegan con un trámite urgente, sin cita disponible y sin capacidad —o sin herramientas— para completar la gestión por internet.

Nieto defendía que los huecos libres entre citas podían utilizarse para atender urgencias: personas que llegaban con plazos a punto de vencer y sin posibilidad de esperar semanas. Su expediente disciplinario llegó al Defensor del Pueblo, que pidió información sobre tiempos de espera, normas de atención presencial y dificultades para conseguir cita en Mérida. Cuando elDiario.es Extremadura publicó que había sido sancionado por atender sin cita previa, la oficina vivió unos días excepcionales: la directora salió a la puerta para asesorar a quienes llegaban sin hueco en el sistema, como ocurrió con José, atendido el 5 de julio en la misma entrada. Dos días después, ya con cita, volvió a ser recibido en el despacho de la directora.

Pero aquella apertura duró poco. Según numerosos testimonios, atender en la misma puerta sin cita hizo que más personas acudieran sin estar registradas en el sistema. La oficina reaccionó cerrando de nuevo el acceso y reforzó la entrada con un segundo vigilante de seguridad. Según varias versiones, ese nuevo efectivo actúa como una barrera física entre la ciudadanía y el funcionariado y marcó el final de los días en los que era posible ser escuchado y ayudado sin cita previa. La situación de Mérida es conocida por la personalidad y la entrega de Nieto y porque su caso trascendió a los medios, pero el patrón se repite en oficinas de todo el país.

Mientras tanto, las historias y los nervios para conseguir cita continúan. D. A. necesitaba realizar una gestión a principios de agosto y explica que intentó obtenerla por vía presencial y telefónica, pero las fechas disponibles se iban hasta finales de mes. No podía esperar tanto y decidió intentarlo por internet. El SEPE dispone de sede electrónica —que exige certificado digital, DNI electrónico o Cl@ve— y de un sistema de presolicitud que permite iniciar algunos procedimientos sin firma electrónica. Pero para la mayoría la vía digital tampoco resulta sencilla.

Es lo que le ocurrió a Gonzalo M. N. cuando intentó solicitar una prestación contributiva. Primero buscó cita presencial o telefónica, pero las fechas disponibles llegaban demasiado tarde. Decidió hacerlo por internet. Rellenó los datos, aportó información personal, personas a su cargo, declaración de la renta y la última nómina. El proceso avanzó hasta el momento de la identificación electrónica. Ahí comenzaron las dudas: “Con los vídeos que ponen no se entera nadie. Una persona que no se maneja muy bien con las redes no se enteraría”, afirma. Su primera solicitud no llegó a tramitarse correctamente. Nadie le avisó. Solo en un segundo intento consiguió la prestación, pero con el riesgo de perderla si hubiera tardado un poco más.

El problema de los plazos se agrava en casos como el de una usuaria que trabaja de forma intermitente y debe reanudar su subsidio cada mes. Explica que dispone de quince días para hacerlo: primero debe darse de alta como demandante de empleo en el SEXPE y después solicitar la reanudación en el SEPE. En su último intento acudió a una trabajadora administrativa de otra oficina para pedir ayuda porque su certificado digital estaba caducado y no tenía ordenador en casa. Rellenaron los datos, esperaron, pero la cita no llegó a formalizarse. “A ella le parecía como vacío, no me llegó el código que me tenía que llegar”, relata. Por la tarde volvió a intentarlo: no había citas en Mérida. El sistema le ofrecía Guareña, pero no podía desplazarse. Solo al tercer o cuarto día apareció un hueco para el 17 de septiembre. “Tenemos mucho miedo de que se nos venza el plazo y de que el SEPE nos quite el subsidio de 470 euros”, explica.

Su experiencia contrasta con la etapa en la que acudía a Nieto cuando no encontraba cita. “Juan Carlos, mira, que me pasa esto, que no encuentro cita, que me la abre en Guareña… Él te miraba el DNI y en tres minutos te lo hacía”, recuerda. Para ella, el sistema actual añade dificultades a una gestión que antes podía resolverse directamente en la oficina.

Fuera de Mérida, el escenario es similar. Un trabajador de origen africano residente en Cáceres explica a este periódico que, al no encontrar cita en su ciudad, comenzó a buscar en Trujillo, Valencia de Alcántara o Miajadas. La búsqueda se convierte en un recorrido por distintas oficinas hasta encontrar un hueco. Su problema añadido es que no dispone de coche y no puede desplazarse fácilmente.

Los testimonios desembocan en la misma pregunta: qué ocurre cuando coinciden tres circunstancias —una prestación que solicitar o reanudar, un plazo que cumplir y una cita que no llega a tiempo— y la vía telemática no resulta accesible para todas las personas. La puerta de la oficina de Mérida, reforzada ahora con un segundo vigilante, permanece cerrada para quienes no consiguen cita previa. Y esa imagen resume el problema de fondo: un sistema que exige cumplir plazos estrictos sin garantizar que la persona pueda acceder a la atención necesaria para hacerlo. Hubo un tiempo en que allí estaba Juan Carlos y la gente estaba tranquila, pero aquello, parece ser, fue solo un espejismo.

La redacción de elDiario.es en Extremadura ha intentado contactar con la directora de la oficina para conocer cómo se va a proceder a partir de ahora, sin éxito.

El Gobierno está negociando una mejora de la jubilación de policías nacionales y guardias civiles a través de un aumento de las pensiones de los funcionarios que pertenecen al régimen de Clases Pasivas. Se está abordando en una mesa del Ministerio del Interior con los sindicatos profesionales de estos agentes, al margen del grupo de trabajo específico sobre Clases Pasivas que existe en el Ministerio de Función Pública, algo que CCOO ha denunciado como “inadmisible” y ha exigido al Gobierno que extienda esta negociación al conjunto de este colectivo.

El Régimen de Clases Pasivas del Estado incluye fundamentalmente al personal militar y civil de la Administración General del Estado (AGE), de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales, así como a funcionarios transferidos a las comunidades autónomas.

Es un régimen en vías de extinción, que comprende a funcionarios que ingresaron al sistema antes del 1 de enero de 2011. Si lo hicieron después de esa fecha, ya quedaron adscritos al Régimen General de la Seguridad Social.

Mejora en las pensiones compartida por todos los sindicatos

La mejora de las pensiones de los funcionarios de Clases Pasivas es una reivindicación compartida por todos los sindicatos de empleados públicos, que señalan que sus “haberes reguladores” –como se califica a la parte del salario que se tiene en cuenta para calcular la pensión– se ha actualizado a menor ritmo de lo que han subido sus remuneraciones, con una pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores cuando pasan a la jubilación.

“Desde CCOO queremos dejar absolutamente claro que no cuestionamos que policías nacionales y guardias civiles puedan reivindicar y obtener mejoras en sus pensiones, algo que obviamente podemos compartir”, precisa el sindicato.

“Lo que consideramos absolutamente inadmisible es que el Gobierno aborde de manera bilateral y sectorial esta cuestión con un solo colectivo, ya que afecta a todo el personal sujeto al régimen de clases pasivas”, añaden. Entre otros, los cuerpos de la Administración de Justicia, de la Administración General del Estado, del sector docente o del sector postal, mencionan.

En un comunicado conjunto, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) informaron hace unos días de que Interior les ha planteado “una propuesta que mejora notoriamente la jubilación para el grupo C1, llegando aproximadamente a los 39.000 euros, y el grupo A2 alcanzaría la pensión máxima”. También, extender a guardias civiles y policías nacionales integrados en el régimen general de la Seguridad Social la jubilación anticipada por penosidad sin penalizaciones que ya disfrutan los policías locales.

Los sindicatos profesionales apuntan que la negociación avanza “a buen ritmo”, con una próxima reunión el 11 de noviembre, en la que “el proceso entra en su recta final”.

Fuentes del Ministerio del Interior confirman la negociación con los sindicatos profesionales, de la Secretaría de Estado de Seguridad, aunque no se pronuncian sobre su contenido, ya que indican que se está llevando a cabo con “máxima discreción” hasta “que se cierre un acuerdo que satisfaga a todas las partes”.

CCOO pide a Función Pública abrir la negociación al resto

Comisiones Obreras ha enviado un escrito al Ministerio de Función Pública para que “cualquier modificación que afecte a los elementos estructurales del Régimen de Clases Pasivas sea negociada con carácter general” a través del grupo de trabajo específico sobre este colectivo creado el pasado 3 de julio.

El sindicato apunta que el Ministerio liderado por Óscar López entonces se comprometió a que el grupo de trabajo se reuniera “a mitad del presente mes de septiembre, cosa que hasta la fecha no se ha cumplido”.

“El sindicato considera urgente que se celebre esa reunión y que las negociaciones se puedan cerrar antes de final de año, en la línea preacordada por el Ministerio del Interior y las organizaciones representativas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil”, sostiene CCOO.

“Llevamos muchos años pidiendo esta mejora en los haberes reguladores. No lo queremos paralizar para policías nacionales y guardias civiles, faltaría más. Pero pedimos que se haga en paralelo a todos los trabajadores de Clases Pasivas. Que no nos encontremos con la sorpresa de un decreto-ley solo para ellos y que el resto se quede fuera”, afirma Miriam Pinillos, responsable de Políticas Públicas de FSC-CCOO. 

Preguntado por esta negociación diferenciada y por una posible reunión del grupo de trabajo, el Ministerio de Función Pública no responde a este medio, aunque destaca que “este Gobierno cumple sus compromisos como se ha ido demostrando con la subida salarial a los empleados públicos, la recuperación del empleo público de calidad con la aprobación de las mayores Ofertas de Empleo Público, la ampliación de derechos laborales con la reducción de la jornada a 35 horas, la recuperación de la jubilación parcial para el personal laboral, la subida del complemento de insularidad en Islas Baleares, o la estabilización de plazas temporales en el empleo público, entre otros”.

Además, en el departamento de Óscar López añaden que en el Acuerdo Marco por la mejora del empleo público, firmado con los sindicatos y con vigencia de cuatro años, se incluye el siguiente compromiso: “Se analizará y evaluará el régimen de clases pasivas respecto de los estándares vigentes en el régimen de seguridad social en aspectos relativos, entre otros a la determinación de derechos o la atención a situaciones de brecha de género”.

Castilla-La Mancha ofertará 401 nuevas plazas de empleo público este año 2026, después de que los sindicatos hayan dado su visto bueno a la propuesta de Oferta de Empleo Público (OEP) de personal laboral de la Administración General, correspondiente al ejercicio 2026, impulsada por el Ejecutivo regional.

Tal y como se ha acordado, con el voto a favor de todas las organizaciones sindicales, la OEP para personal laboral de este año asciende a 401 plazas, que se reparten en: 329 de turno libre, 72 de promoción interna, 8 de discapacidad intelectual y 20 de discapacidad general.

Estas plazas se aprobarán en el contexto de este ejercicio junto con las de personal funcionario, que conforman el sector de Administración General, cuya Mesa Sectorial se celebrará este jueves. Siendo el siguiente paso, la celebración de la Mesa General del Personal Empleado Público, como paso previo a la aprobación por el Consejo de Gobierno de toda la OEP de 2026, que engloba al sector de Administración General (personal funcionario y laboral), más el sanitario y el educativo.

La Oferta de Empleo Público de 2026 forma parte de la tercera edición del Plan de Impulso a los Servicios Públicos 2023-2027 del Gobierno de Emiliano García-Page, con el que se prevé aprobar más de 12.300 plazas de empleo público durante este periodo.

El Gobierno vasco ha aprobado en su reunión de este martes un “plan de relevo generacional y transmisión de conocimiento” que permitirá jubilarse a sus funcionarios hasta dos años antes. El plan, que tendrá carácter voluntario, está destinado a trabajadores mayores de 63 años. Actualmente, de los 7.000 trabajadores de la Administración general de Euskadi y sus organismos autónomos, unos 700 cumplen este requisito de edad y podrían ya tramitar la prejubilación.

La medida fue pactada con los sindicatos LAB, UGT y CCOO en el mes de junio -ELA no lo firmó por considerarlo insuficiente- e implica garantizar que hay un relevo generacional de estos trabajadores que opten a la jubilación y asegurar que el conocimiento adquirido en el desempeño de sus puestos sea “identificado, documentado y transmitido antes de la jubilación”. Según ha explicado la portavoz del Gobierno, María Ubarretxena, los trabajadores que deseen sumarse a este plan podrán elegir entre dos opciones de prejubilación: “La opción A combina una reducción temporal de la jornada diaria de veinte minutos con un posterior periodo de libranza por días completos. La opción B acumula las medidas en un periodo de libranza por días completos. La persona interesada deberá optar por una de las dos modalidades, sin que puedan combinarse las medidas correspondientes a ambas”. Cuanto más se adelante la jubilación más días de libranza se generan.

En concreto, por ejemplo, un trabajador que anticipe la jubilación seis meses, tendría 106 días libres. Si la reducción fuera de un año, 153 días libres, y si la prejubilación fuera dos años antes, 248 días libres. En el caso de optar por la opción A se restarían de los días libres los correspondientes a la suma de horas de reducción de jornada. Para el mismo ejemplo de seis meses, un año o dos, los días libres serían, 100, 142 y 226, respectivamente, y el resto se completaría con la suma de las reducciones de jornada de 20 minutos por jornada.

En cualquier caso, para acogerse a la jubilación anticipada “será requisito imprescindible cumplimentar la ficha de transmisión del conocimiento”, según ha señalado la consejera. “El objetivo es ordenar el final de la vida laboral del personal que voluntariamente prevea acceder a la jubilación anticipada, facilitar la continuidad del servicio público y asegurar que el conocimiento adquirido en el desempeño de sus puestos sea identificado, documentado y transmitido antes de la jubilación”, ha indicado Ubarretxena.

El plan pretende responder a la elevada edad media de las plantillas, unida al importante número de jubilaciones previsto para los próximos años, por lo que es “necesario planificar el relevo generacional y garantizar una adecuada transmisión del conocimiento”, señalan desde el Departamento de Gobernanza. EKI, como ha sido bautizado, pretende “abrir una nueva era del empleo público, una etapa orientada a ordenar el relevo generacional, incorporar nuevos perfiles profesionales, reforzar la formación continua y asegurar que el conocimiento acumulado por el personal con mayor experiencia se transmite de forma planificada a las nuevas incorporaciones”. “El objetivo es avanzar hacia una Administración más flexible, dinámica, moderna y euskaldun, capaz de responder a las nuevas necesidades de la ciudadanía y de fortalecer la calidad de los servicios públicos”, se añade.

Varios sindicatos profesionales de empleados públicos han presentado este lunes una campaña conjunta que llevarán a cabo durante los próximos meses para reclamar la recuperación íntegra de las pagas extraordinarias recortadas en 2010 al personal funcionario y estatutario, como medida de austeridad en plena crisis financiera, pero que se ha mantenido hasta la fecha.

En concreto, las acciones han sido acometidas por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), el Sindicato Médico de Euskadi (SME), la Federación de Cuerpos Superiores de la Administración (Fedeca), el sindicato de funcionarios de prisiones Tu Abandono Me Puede Matar (Tampm), la Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE), el Sindicato Independiente de educación ANPE y el Sindicato Unificado de Policía (SUP).

El sindicato CSIF recordó hace unas semanas que espera que el Tribunal Constitucional se pronuncie “en breve” sobre su recurso presentado en 2024 contra el rechazo de la Mesa del Congreso a tramitar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para recuperar la estructura salarial previa a los recortes de 2010.

Según CSIF, “actualmente el recorte supone una merma media anual de 1.000 euros, es decir, desde entonces se ha retenido 48.000 millones de euros en este concepto salarial”.

“2,9 millones” de trabajadores afectados

Las organizaciones sindicales congregadas este lunes en rueda de prensa han calculado que el recorte afecta a “unos 2,9 millones” de empleados públicos.

Los sindicatos han señalado que la medida, adoptada en 2010 como un recorte temporal y excepcional para afrontar una crisis económica, se ha mantenido desde entonces, 16 años después, generando una pérdida de poder adquisitivo para el personal funcionario superior a la inicialmente prevista.

En este sentido, han explicado que a la pérdida del importe inicial se suma la revalorización anual que se ha dejado de percibir, mientras que las posteriores subidas salariales han sido lineales.

Además, los sindicatos han señalado la “contradicción” que supone que se haya dado por superado el momento de crisis económica y, sin embargo, se haya mantenido el recorte aplicado en ese contexto, una decisión que, a su juicio, sigue discriminando al personal funcionario y estatutario respecto a otros colectivos profesionales.

Campaña para los próximos Presupuestos

Ante esta situación, y tras conocerse la intención del Ejecutivo de elaborar los Presupuestos Generales del Estado de 2027 en los próximos meses, las organizaciones han decidido poner en marcha una serie de acciones para reclamar el fin del recorte.

Así, han solicitado reuniones con los responsables de los grupos parlamentarios con representación en el Congreso y el Senado para pedir una postura común durante el proceso de tramitación de la ley, así como con los ministerios implicados. Además, están cerrando fechas para realizar movilizaciones conjuntas frente a las instituciones encargadas de revertir esta medida.

En el acto de este lunes han participado Miguel Lázaro, presidente de CESM; Pilar Ortega, vocal de Fedeca; Ana Alarcón, secretaria de Comunicación y portavoz del SUP; María Cristina del Villar Rodríguez, de la Ejecutiva Nacional de Tampm; Francisco Venzalá, presidente de ANPE; Pilar González, secretaria nacional de USIE, y Néstor Morchón, vicepresidente del SME.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha confirmado este jueves que el Ejecutivo actualizará las indemnizaciones por razón de servicio a todos los empleados públicos estatales, después de elevar en julio el plus de residencia a los funcionarios del Estado en Baleares.

Durante la jornada “La contraofensiva de los servicios públicos”, organizada en Madrid por la Internacional de los Servicios Públicos (ISP), el ministro ha explicado que la actualización de los complementos se abordará “en los próximos meses”.

En julio, el Consejo de Ministros ratificó un acuerdo con los sindicatos UGT y CSIF y elevó las indemnizaciones por residencia en Baleares (100% en Mallorca, más de 300% en el resto de las islas), igualando a las de Canarias, dentro de un acuerdo más amplio para revisar tanto las indemnizaciones por residencia e insularidad como las compensaciones por razón de servicio.

La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha resaltado que este acuerdo “no solo mejoró las condiciones laborales de los empleados públicos”, sino que “buscó reforzar la calidad del servicio que tienen que tener los ciudadanos”, e insistió en que el sindicato seguirá “dando la batalla” por los servicios públicos frente a lo que calificó de amenazas del autoritarismo y la ultraderecha.

El secretario de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Lucho Palazzo, ha reclamado continuar desarrollando este acuerdo y ha advertido que los servicios públicos afrontan en los próximos años un relevo generacional de gran magnitud.

Palazzo ha indicado que se esperan en torno a medio millón de jubilaciones en el sector en los próximos cinco años y cerca de un millón en la próxima década, lo que exige “renovar las plantillas” y “dotarlas de formación suficiente”.

Al respecto, el ministro ha confirmado que el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) está diseñando ya las bases de un plan de competencias digitales con foco en la inteligencia artificial, cuyos detalles el Gobierno prevé compartir “muy pronto”.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha inaugurado este lunes la nueva Ciudad Administrativa de la Junta de Comunidades en Ciudad Real, levantada tras la rehabilitación integral del antiguo Hospital del Carmen y llamada a concentrar en un único complejo las ocho delegaciones provinciales de la Junta y a alrededor de 1.200 empleados públicos.

La apertura culmina una de las principales actuaciones incluidas en el Plan de Modernización Ciudad Real 2025 y recupera para el uso público uno de los mayores edificios de la capital, con una inversión global de 40 millones de euros, de los que 11 millones proceden de fondos europeos Next Generation.

Los empleados públicos desarrollarán su trabajo ahora en estas dependencias tras ser reformado un inmueble que, según Page, llegó a convertirse en un problema para la capital por su deterioro y la presencia de ocupaciones después de quedar sin uso.

“Lo que era un enorme marrón para Ciudad Real ha dejado de serlo”, ha resumido, destacando que la recuperación permite ahora ofrecer un “servicio público de calidad” y concentrar en un mismo espacio gestiones hasta ahora repartidas entre distintos puntos de la ciudad.

García-Page, igualmente, ha destacado el papel desempeñado en el proyecto por el vicepresidente segundo del Ejecutivo autonómico, José Manuel Caballero, de quien ha dicho que “Josele es coautor de todo lo que pasa en Ciudad Real”, y ha reivindicado la capacidad de Castilla-La Mancha para gestionar los fondos europeos que han contribuido a financiar la actuación.

Un proyecto que data de 2018

El proyecto comenzó a tomar forma en 2018, cuando Junta de Castilla-La Mancha, Diputación y Ayuntamiento firmaron el protocolo para trasladar al antiguo Hospital del Carmen los servicios administrativos autonómicos.

La Diputación, entonces presidida por Caballero y propietaria del inmueble, cedió gratuitamente el edificio a la Junta, operación que quedó formalizada en 2019.

Precisamente, el hoy vicepresidente segundo de la Junta de Castilla-La Mancha ha reconocido la “alegría” que supone para él ver culminado un proyecto que comenzó a impulsarse durante su etapa como presidente de la Diputación y que, según ha defendido, demuestra que se ha cumplido “con el compromiso de la palabra dada”.

Ha recordado que hubo quienes dudaron de que la Ciudad Administrativa llegara a materializarse y ha contrapuesto aquellas críticas con una realidad que permitirá trabajar en el mismo recinto a unos 1.200 servidores públicos.

“Hemos abordado proyectos que realmente transforman y quedan para décadas”, ha defendido.

También ha cargado contra la gestión realizada durante la etapa de María Dolores de Cospedal, asegurando que en 2013 el inmueble quedó “completamente” abandonado y fue objeto de expolio y deterioro.

A su juicio, esa falta de protección terminó encareciendo una rehabilitación que posteriormente tuvo que afrontar el actual Gobierno autonómico.

El vicepresidente segundo ha avanzado además que la Junta abordará ahora los proyectos destinados a proporcionar nuevos usos a los edificios administrativos que han quedado vacíos, principalmente viviendas de alquiler asequible, como consecuencia de la concentración de servicios en la nueva sede.

La inauguración ha supuesto también el primer acto público de Leire Iglesias como secretaria de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, cargo para el que fue nombrada por el Consejo de Ministros el pasado 1 de septiembre.

Iglesias ha reivindicado la rehabilitación del antiguo hospital como ejemplo de una política basada no solo en construir, sino también en “mantener, regenerar y reutilizar espacios urbanos”.

Por parte de la Diputación, su vicepresidenta segunda, Sonia González, ha celebrado la puesta en marcha de un complejo que ha permitido transformar el antiguo hospital y ha deseado que se convierta en una Administración “abierta y útil” y centrada en el bienestar de la provincia.

Finalmente, el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha calificado el resultado como una “obra magnífica” en un inmueble que durante años prestó servicio sanitario a la ciudad.

Cañizares ha valorado la decisión de agrupar unas dependencias de la Junta que hasta ahora se encontraban dispersas y en algunos casos deterioradas, y ha considerado que la rehabilitación ha convertido el antiguo hospital en un nuevo “hito para Ciudad Real”.

En España trabajan más de 3,6 millones de empleados públicos, según la última Encuesta de Población Activa (EPA), que elabora semestralmente el Instituto Nacional de Estadística. Son uno de cada 10 asalariados —el 11%—, que sostienen los pilares del Estado del Bienestar. Hay más de 780.000 profesionales en el sistema sanitario público; cerca de 600.000 profesores y profesoras en centros públicos; 40.000 funcionarios de universidad; o más de 5.000 jueces y cerca de 3.000 fiscales; entre muchos otros.

En los últimos años, se han realizado en España grandes procesos de oposiciones, con el objetivo de estabilizar unas plantillas que, en muchos casos, sufrían altas tasas de temporalidad —Europa impuso rebajarla, como máximo, al 8%— y rejuvenecer los equipos —solo la administración central afronta la jubilación de 95.000 funcionarios en la próxima década—. Y, en noviembre, el Gobierno y los sindicatos UGT, CSIF y CCOO acordaron una subida de sueldo del 11%, entre 2026, 2027 y 2028.

Pero, ¿cuánto cobran los empleados públicos? Dar una cifra exacta es complicado. Depende de la administración para la que trabajen —algunos dependen de los ministerios, otros de las comunidades autónomas y otros de las corporaciones locales, que establecen sus propios rangos salariales—, de la profesión, sus funciones y responsabilidad, los complementos que reciben, dónde están destinados, si realizan guardias o turnos especiales, su antigüedad...

A partir de aquí encontrarás las retribuciones brutas anuales de los empleados públicos españoles en su nivel de entrada —es decir, sin antigüedad—. Todos ellos han sido obtenidos de fuentes oficiales de cada comunidad, pero cada una utiliza formatos distintos que desde elDiario.es hemos homogeneizado para poder hacer una comparación. Puedes consultar la metodología completa aquí.

Así se distribuyen los salarios de los funcionarios en España

En el siguiente gráfico, cada círculo representa un puesto específico en cada comunidad. Su posición en el eje horizontal (o vertical si lees esto desde un móvil) muestra su salario bruto —sin antigüedad— y su color, el sector al que pertenece. El sueldo más bajo es el de un ordenanza en Castilla y León —14.600 euros al año—, mientras los más altos son los de magistrados y fiscales, por encima de los 88.000 euros al año, sin complementos.

También puede verse que el grueso de los salarios se concentra entre los 30.000 y los 50.000 euros —donde se acumulan más círculos, principalmente de docentes—. O el gran salto que se produce entre los médicos: los residentes (MIR), empiezan por debajo de los 20.000 euros brutos anuales —sin guardias— y los jefes de servicio o de sección, alcanzan los 70.000. También los trabajadores de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los militares se distribuyen por toda la gráfica. En otras palabras, en estos sectores las retribuciones pueden variar mucho dependiendo del puesto concreto.

Los puntos del siguiente gráfico muestras el tamaño de cada grupo y su sueldo mediano —colocadas todas las cuantías (y no el número de trabajadores) de menor a mayor, es la que se sitúa en la posición central—. Los sueldos más altos, los de jueces y fiscales, son también los menos habituales. Los más repetidos son los profesores no universitarios, 577.000, que suponen el 41,7% del personal analizado.

Precisamente, los profesores de Primaria y Secundaria comienzan el curso con protestas en varias partes del país y una convocatoria de huelga en Madrid, Catalunya y Andalucía. Aunque la reivindicación salarial late de fondo, estos profesionales reclaman principalmente mejores condiciones en las que ejercer su trabajo, como plantillas reforzadas, menos horas lectivas o reducción de ratios. De hecho, en Catalunya llegaron a rechazar un incremento salarial de 600 euros al mes, porque no iba acompañado de otras medidas.

Jueces y fiscales, los que más cobran

Los funcionarios que más cobran son los jueces y fiscales. Sin complementos ni antigüedad, su primer año ya cobran unos 60.300 euros brutos, que pueden llegar hasta los 88.800 si trabajan en localidades grandes, como Madrid o Barcelona. Con antigüedades, complementos y en puestos específicos, esta cantidad puede dispararse fácilmente por encima de los 100.000 euros al año. Por ejemplo, la presidenta del Tribunal Supremo, María Isabel Perelló, percibe anualmente 162.795 euros; sus vocales, más de 140.000; y el secretario general, 137.000. Todos ellos, sin antigüedad.

Son cifras bastante alejadas de las que perciben, por ejemplo, los ministros. La mayoría cobra entre 84.000 y 90.000 euros al año, aunque algunas, como la de Defensa, Margarita Robles, superan los 100.000. Su secretaria de Estado, María Amparo Valcarce, está en 149.000. De hecho, las secretarías y subsecretarías de Estado llevan aparejadas mayores retribuciones que los titulares de los departamentos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, percibió en 2025 cerca de 96.000 euros, 40.000 euros menos que su director de Gabinete, Diego Rubio.

La nómina de un juez o un fiscal no depende tanto de la comunidad, sino del tamaño de la localidad donde ejerce. En Madrid o Barcelona, cobran unos 88.000 euros, un 47% más que en un partido judicial pequeño (60.300 euros).

El salario mediano de jueces y fiscales fue de 75.000 euros en 2026. Ningún otro colectivo superó los 60.000 brutos ese ejercicio. El más cercano fue el de los médicos, con 57.000 euros —sin tener en cuenta guardias, considerando que tienen dedicación exclusiva y no trabajan en la privada y teniendo en cuenta a los MIR—.

El siguiente gráfico muestra el salario mediano de cada grupo en España. Utilizamos este cálculo para evitar las distorsiones de los valores poco habituales, pero inusualmente altos o bajos, aunque también se puede consultar la media en cada desplegable. La línea de puntos indica el salario mediano nacional de los casi 32 millones de asalariados españoles: 24.497 euros. Solo tres grupos de funcionarios están por debajo de este umbral: auxiliares administrativos, auxiliares de enfermería — TCAE — y subalternos.

Diferencias por comunidades

Las grandes diferencias salariales entre profesionales del mismo rango se encuentran entre comunidades. El grueso del empleo público —profesores, sanitarios y administración— depende de los gobiernos autonómicos, que pueden definir sus propios sueldos y complementos. En el siguiente gráfico se muestra la diferencia entre la comunidad que menos paga de base a sus trabajadores y la que más. Se incluyen también policías y guardias civiles, porque cuentan con un complemento de destino importante, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que en áreas como la sanidad, dependen del Ministerio.

Según los datos extraídos de fuentes oficiales por elDiario.es, un técnico superior puede cobrar hasta 21.000 euros más de Balears a Euskadi; un médico especialista gana 18.000 más al año en Ceuta que en Navarra; y un maestro de primaria, 8.000 más en Castilla-La Mancha que en Murcia.

Cuánto se puede progresar salarialmente

Los datos mostrados hasta ahora tienen en cuenta el salario de entrada, pero ¿cuánto puede progresar salarialmente un empleado público que llega al nivel más alto? La mayor diferencia se da entre los médicos. Hay más de 50.000 euros entre los 19.700 que cobra un residente de primer año y los 71.100 de un jefe de servicio.

Los médicos son los que más escalan, pero no son los únicos. Del militar de más bajo rango, al más alto hay más de 40.000 euros al año; en la Guardia Civil, 28.600; y en la carrera judicial, 28.500. Al otro lado están los maestros, que ganan apenas 7.400 euros más si llegan a directores; 9.800 más en el caso de secundaria; y 3.200 euros más para un administrativo que salta a jefe de negociado.

La longitud de ese salto entre el sueldo de entrada y la jefatura, también depende de la las comunidades. En medicina, por ejemplo, el sueldo de entrada es bastante similar en todo el territorio —entre el MIR que más cobra y el que menos hay 3.700 euros de diferencia—, pero en el nivel máximo, la diferencia puede multiplicarse por seis —hasta los 23.500—. De hecho, tras las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla —por la indemnización por residencia—, Murcia es la que mejor paga de base a sus médicos y Asturias, la que menos.

En profesores y administrativos pasa lo contrario: el recorrido es pequeño y similar en todas las comunidades. Llegar a director de instituto vale 12.300 euros más en Catalunya pero solo 8.400 en Extremadura. Pasar a jefe de negociado como administrativo vale 8.000 euros en Murcia y apenas 1.200 en Aragón.

En el siguiente gráfico pueden consultarse esos saltos, pero también cuanto cobran otros profesionales del mismo rango. Y comparar cuáles son los trabajadores mejor pagados en cada comunidad. Por ejemplo, Navarra es una de las comunidades que peor paga de base a sus sanitarios —aunque tiene complementos forales, infraestimados en la metodología—, pero de las que más retribuye a sus docentes en la pública.

Euskadi tiene la administración general mejor pagada del país, a todos los niveles. Un ordenanza vasco cobra casi el doble que uno de Castilla y León.

Y en los policías, la geografía marca la diferencia más notable, incluso más que el rango. Un policía de base en Melilla (37.365 euros) cobra prácticamente lo mismo que un inspector en la península (37.631 euros): el plus de residencia e insularidad de Ceuta, Melilla, Canarias o Euskadi, por el antiguo complemento por peligrosidad, vale casi lo mismo que dos ascensos.

Las guardias médicas, en el punto de mira

Las guardias que realizan los médicos han estado en los últimos meses en el punto de mira de los profesionales. El nuevo Estatuto Marco, pactado entre Sanidad y los sindicatos UGT, CFIS, CCOO y Satse, ha soliviantado a las organizaciones sindicales del ramo, que no están presentes en la mesa de negociación. El texto, que enfila su trámite parlamentario, reduce las horas de guardia máximas obligatorias de 24 a 17 horas —incluyendo la jornada ordinaria— e incluye la reducción de la jornada laboral máxima a 45 horas semanales.

Sin embargo, al margen de otras demandadas —como un estatuto propio—, los sindicatos médicos reclaman una jornada semanal de 35 horas, como ocurre con el resto de empleados públicos, y que las horas de guardia se paguen por encima —y no más baratas, como ocurre ahora— de la hora ordinaria.

Estas jornadas extra permiten compensar sueldos exiguos en el caso de los médicos residentes y complementar salarios más elevados para los facultativos. Las comunidades autónomas son las que determinan cómo se organiza la jornada y a cuánto pagan cada guardia médica. Por ejemplo, en Balears, Castilla-La Mancha y Murcia, cuatro guardias al mes inflan la nómina anual en unos 38.000 euros. En Andalucía, son 27.000 euros más y en Madrid, casi 29.000.

Un especialista en Murcia con esas guardias llega a 100.158 euros —el único que supera los seis dígitos—; en Madrid, con el mismo esfuerzo, se queda en 81.225. Pesan más donde el salario base es más bajo: en Asturias y Navarra las guardias suman un +71%, es decir, casi igualan el sueldo.

En enfermería la historia es distinta: siete noches al mes suman de media 3.900 euros (un 12%). La comunidad que mejor paga las noches es Andalucía con una diferencia de 5.376 euros más si una enfermera realizase siete noches cada mes durante un año. Muy lejos de los 27.348 euros extra de un médico con las guardias, aunque Andalucía sea la comunidad que mejor paga las noches de enfermería y la que peor paga las guardias de los médicos.

De nuevo, estas cifras no tienen en cuenta la antigüedad. Según datos en poder de la OCDE, a los que ha tenido acceso elDiario.es, la retribución media anual de un médico en España —con guardias, antigüedad y complementos, sin contar a los MIR— oscila entre los 88.000 anuales de un especialista en medicina familiar y comunitaria, hasta los 107.000 de un radiólogo; los 108.000 de un cirujano general y de aparato digestivo; o los 109.000 de un anestesista. Un pediatra cobraría, de media, 93.000 euros al año y un obstetra, 95.000. Los psiquiatras públicos percibirían 86.000 euros al año.

En cuanto al resto de profesionales sanitarios, una enfermera de atención primaria tiene un salario medio de 53.000 euros y en especializada, 48.000. Las auxiliares de enfermería reciben, de media, 31.000, según estás fuentes.

Un total de 57 plazas de promoción interna convocadas por el Gobierno de La Rioja han quedado sin cubrir en diversos cuerpos y escalas de la Administración autonómica. Tras estos resultados, el Sindicato de Trabajadores de la Administración Riojana (STAR) ha reclamado al Ejecutivo regional una revisión del actual modelo de selección al considerar que el sistema “no está cumpliendo adecuadamente” con la finalidad de incentivar la carrera profesional de los empleados públicos.

Los datos señalan que la mayor cifra de vacantes se registra en el Cuerpo Técnico, con 22 plazas desiertas, seguido del Cuerpo Auxiliar (21 plazas) y el Cuerpo de Gestión (6 plazas). La lista se completa con una plaza de Psicólogo sin cubrir y otras siete correspondientes a las especialidades de Trabajo Social e Ingeniería Técnica Agrícola.

Para el sindicato esta situación resulta “contradictoria” con el Acuerdo firmado el 14 de abril de 2025, cuyo objetivo era precisamente impulsar la promoción interna. Asimismo, argumentan que “no resulta razonable convocar reiteradamente plazas de promoción interna para que finalmente queden desiertas”.

Ante este escenario, STAR ha solicitado al Gobierno de La Rioja que analice las causas de este resultado y adecue las pruebas selectivas a las funciones y conocimientos realmente exigibles en cada puesto, “garantizando en todo momento los principios de igualdad, mérito y capacidad”.

Nueve puestos de trabajo nuevos, dos amortizados y tres que se quedan sin sueldo asignado. Esta es la nueva estructura de personal que la Mesa de las Cortes de Aragón prevé aprobar la próxima semana con la reforma de su relación de puestos de trabajo (RPT). La operación, que iba a ser aprobada en la junta de portavoces de este jueves pero que ha sido pospuesta, supondrá un incremento neto del gasto de personal de unos 317.000 euros al año, según el cálculo realizado a partir de las retribuciones de las plazas.

La propuesta incorpora nuevos perfiles para la institución. Entre ellos, un arquitecto para atender las necesidades de conservación y mantenimiento del Palacio de la Aljafería y las nuevas actuaciones de modernización estructural; un técnico superior de contratación, ante el aumento de la complejidad y el volumen de la contratación pública; y un analista de sistemas, cuyo puesto se justifica por las necesidades de ciberseguridad y por la intención de reducir la dependencia de servicios externos.

También se crea un técnico medio de mantenimiento, prevención de riesgos laborales y gestión de emergencias, un segundo conductor y un ujier para el área de Biblioteca, Documentación y Archivo. En el caso del conductor, las Cortes argumentan que permitirá cubrir los desplazamientos de la Mesa, sustituir al conductor de Presidencia cuando sea necesario y atender otros servicios de transporte de la institución.

A estos puestos se suman tres oficiales de protocolo. En este caso, las plazas se crean como vacantes no dotadas, es decir, se incorporan a la RPT pero no cuentan inicialmente con financiación para ser ocupadas. Las Cortes justifican su creación por el volumen de actos institucionales y la actividad representativa que se desarrolla en el Palacio de la Aljafería.

La reforma contempla además dotar una plaza de periodista que ya existía en la RPT, pero que permanecía vacante y sin dotación. El puesto pasará a ser funcionarial y asumirá parte de las tareas de información, web y cobertura audiovisual que actualmente se realizan mediante un contrato externo. El complemento específico de la plaza será de 1.063,93 euros mensuales. No se trata, por tanto, de una subida salarial para un periodista que ya esté trabajando en las Cortes, sino de activar presupuestariamente una plaza que ya existía pero que hasta ahora no estaba cubierta.

Cinco puestos salen de la estructura

Frente a los nueve nuevos puestos, la reforma amortiza o deja sin dotación otros cinco. La propuesta plantea la amortización o desdotación de tres plazas —Oficial de Informática y dos de Auxiliar Administrativo— sin especificar qué ocurre con el personal que las ocupa. Según una plantilla de las Cortes de Aragón fechada el 19 de marzo de 2026, los tres puestos figuraban entonces como cubiertos con nombramiento definitivo, a diferencia de otras dos plazas amortizadas en la misma reforma —Técnico de Sistemas y Ujier Conductor Accidental—, que aparecían como vacantes. Este periódico ha preguntado a las Cortes de Aragón si esos tres puestos siguen ocupados y qué previsión existe para su personal en caso de aprobarse la reforma, pero no aportan información relativa a los acuerdos de la mesa.

El cálculo realizado a partir de las retribuciones de las plazas sitúa en unos 415.000 euros anuales el coste de los nuevos puestos y las modificaciones salariales, mientras que los cinco puestos que se amortizan o dejan de estar dotados supondrían unos 156.000 euros de ahorro. La diferencia ronda los 260.000 euros anuales, antes de sumar las cotizaciones a la Seguridad Social y los trienios, que supondría 317.000 euros. La cifra es una estimación realizada a partir de las retribuciones recogidas para cada puesto y no aparece como tal en la propuesta de la Mesa. Las Cortes tampoco han confirmado por ahora ese impacto económico. Además, el gasto no se produciría íntegramente desde el primer momento: los tres puestos de protocolo nacen sin dotación y, por tanto, no implican de entrada el coste de tres nuevos trabajadores.

Siete plazas en la oferta de empleo público

La reforma de la RPT se acompaña de la propuesta de Oferta de Empleo Público (OEP) de 2026, que contempla siete plazas: una de Analista de Sistemas, dos de Técnico Corrector, una de Técnico de Sistemas, una de Oficial Administrativo y dos de Ujier.

De esas siete plazas, solo una —la de Analista de Sistemas— corresponde a un puesto creado con esta reforma de la RPT. Las otras seis ya existían y se incluyen en la oferta por diferentes motivos: vacantes dotadas, jubilaciones, plazas pendientes de procesos anteriores o puestos actualmente ocupados de forma interina.

La documentación prevé además la provisión mediante concurso durante 2026 de los puestos de arquitecto, técnico superior de contratación, periodista, técnico de mantenimiento y prevención de riesgos, tres jefaturas de negociado y el nuevo conductor.

El Gobierno andaluz de Juanma Moreno, una coalición de PP y Vox, ha crecido por arriba a costa de recortar por abajo. La estructura del nuevo Ejecutivo, aprobada la semana pasada, incluye un desvío presupuestario de la dotación prevista inicialmente a cubrir vacantes de empleados públicos y de otras partidas (sin especificar) para pagar un sobrecoste de más de tres millones de euros en nuevos altos cargos y en puestos de confianza nombrados a dedo.

El decreto de estructura de la Consejería de Presidencia, que pilota el vicepresidente primero Antonio Sanz, incluye la creación de las tres nuevas vicepresidencias de la Junta, además de un puesto eventual más en cada una de las 13 consejerías, esto es, “un incremento de costes” de 2,7 millones de euros que obligará a la Junta a “quitar la dotación presupuestaria de puestos vacantes sin cubrir” en la Administración Pública, además de “la minoración de otras partidas presupuestarias”, que no se especifican.

El resto del ajuste presupuestario (312.864,54 euros anuales) sería el sobrecoste por la creación de nuevas direcciones generales adscritas a Presidencia. Además, se ha creado un nuevo departamento, la Consejería de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, con una viceconsejería y dos direcciones generales, que también han provocado “alteraciones” en la estructura del Gobierno y “un coste adicional de 317.060,01 euros anuales. Todo este sobrecoste de personal, en todas las consejerías, incluye en el presupuesto los gastos de la cuota patronal de seguridad social por importe del 30% de las retribuciones.

“Desdotación de plazas”

Así consta en el informe económico y financiero de la Consejería de Presidencia, al que ha tenido acceso este periódico: “Tras la emisión de los informes económico-presupuestarios de la totalidad de los decretos que regulen la estructura de las Consejerías de la Junta de Andalucía y sus servicios periféricos, procederá, en el caso de incremento de costes, a la desdotación de plazas de administración general o a la minoración de otras partidas presupuestarias, para conservar el objetivo de equilibrio en los créditos del capítulo de gastos de personal en el conjunto de la Junta de Andalucía, preferentemente en las secciones presupuestarias que hubieran dado origen a las necesidades presupuestarias”.

Fuentes de Presidencia explican que esa “desdotación” es algo común en la gestión presupuestaria de la Junta. “La desdotación de puestos de administración general es algo habitual y consiste en quitar la dotación presupuestaria de puestos vacantes sin cubrir. No se destruye ningún puesto de administración general, solo se le quita la dotación hasta que se cubra esa vacante”, explican estas fuentes.

Los sindicatos de Función Pública coinciden en que el Gobierno de Moreno es muy dado a hacer esta suerte de “ingeniería financiera”, sin aclarar qué cuerpos de la administración pública se ven afectados, es decir, de cuántas plazas de empleados públicos prescinde la Junta (y en qué áreas) para pagar, en este caso, la contratación de nuevos altos cargos.

Desde CCOO, argumentan que estos movimientos presupuestarios “opacos” hacen que la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Junta de Andalucía, negociada con los agentes sociales y publicada en su página web, “en la práctica sea irreal”. “Se pactan y aprueban una relación de plazas que el propio Gobierno considera necesarias para el buen funcionamiento de los servicios públicos, pero luego no las dotan de presupuesto, las dejan vacías. O, en este caso, las dotan de presupuesto, pero acto seguido se lo quitan para gastarlo en otra cosa”, explican desde el sindicato.

“Recortar indios para aumentar el número de jefes”

CCOO es muy crítica con esta gestión de recursos del Gobierno de Moreno. Explican que el objetivo es “recortar indios para aumentar el número de jefes” y denuncian que, en algunas provincias (como Málaga), más de la mitad de las plazas recogidas en la RPT de la Junta están sin cubrir, algunas con dotación económica y otras sin asignación.

Antes de constituirse el nuevo Gobierno de coalición PP-Vox, el gabinete de Moreno contaba con 301 altos cargos, desde el presidente hasta los delegados provinciales. En el último Consejo de Gobierno, la portavoz de la Junta, Carolina España, anunció que la nueva estructura del Ejecutivo aumentaba esta cifra en 13 directivos más, a pesar de que Moreno hizo gala de haber suprimido una consejería respecto a la pasada legislatura, pasando de 14 a 13.

El PP andaluz siempre fue muy crítico con los gobiernos socialistas por el volumen de altos cargos y personal de confianza en la Administración. Cuando llegó al poder, en 2019, abanderó una disminución progresiva de esa plantilla pero, a medida que avanzaba la legislatura –sobre todo a partir del segundo mandato, ya con mayoría absoluta– el número volvió a incrementarse hasta superar los 300.

Duplicidad de cargos en la consejería de Vox

También Vox ha sido extremadamente crítico con el número de altos cargos y nombramientos a dedo del anterior Gobierno de Moreno. Sin embargo, la Consejería de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, que pilota el vicepresidente segundo y líder andaluz de Vox, Manuel Gavira, contará con más altos cargos que una consejería normal, 35 en total, al sumar dos secretarías generales en cada una de las ocho provincias andaluzas.

Es el único departamento donde se da esta duplicidad, aunque también es una macroconsejería donde confluyen políticas muy dispares, que nada tienen que ver entre sí. Este gasto adicional alcanza los 645.656,72 euros en el presupuesto anual del personal del ejecutivo andaluz.

“El volumen de trabajo que asume la nueva Delegación Territorial se ve notablemente incrementado, por lo que, al objeto de dar cumplimiento a los principios administrativos de eficacia, descentralización funcional, desconcentración funcional y territorial, coordinación y proximidad a la ciudadanía, que el ordenamiento jurídico andaluz proclama, resulta preciso contar en las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local con dos Secretarías Generales Provinciales”, reza el expediente del decreto de estructura de esta consejería, aprobado en el último Consejo de Gobierno.

El incremento de personal también está justificado en la creación de “forma excepcional por razones de eficacia administrativa” de dos secretarias provinciales en una sola consejería. Una posibilidad que debe ser aprobada por el Consejo de Gobierno. Estos 24 cargos provinciales, entre delegados y secretarios provinciales, se suman a otros 11 altos cargos de la Consejería que cuenta con un viceconsejero, cuatro secretarías generales, una secretaría general técnica y cinco direcciones generales.

El Gobierno de La Rioja, a través de las direcciones generales de Función Pública, y Medio Natural y Paisaje, las organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial y el Comité de Empresa han alcanzado este viernes 31 y por unanimidad un acuerdo para facilitar la funcionarización de los 106 bomberos forestales de la Comunidad Autónoma: 89 laborales fijos y 17 laborales temporales. La propuesta, resultado de un intenso proceso de diálogo y negociación colectiva, supone un ascenso profesional y una mejora retributiva en torno a los 880 euros al año.

Este acuerdo, el número 80 de los cerrados por la Dirección General de Función Pública esta legislatura (44 de ellos con la unanimidad de los representantes de los trabajadores), impulsa el cambio de régimen jurídico del colectivo de bomberos forestales, que pasarán de ser personal laboral a personal funcionario. Se trata de una decisión que consolida el compromiso del Ejecutivo regional con estos trabajadores, y que se suma al proceso de profesionalización y reorganización del colectivo que permite contar con una plantilla estable a jornada completa durante todo el año.

La Ley de Función Pública prevé la creación del Cuerpo Funcionarial de Bomberos Forestales, pero únicamente para nuevas incorporaciones. En este sentido, el Gobierno de La Rioja ha decidido ampliar esta posibilidad al personal que ya presta servicio, garantizando así un marco jurídico homogéneo, estable y plenamente adaptado a las funciones que desempeñan.

De los 106 trabajadores de Gobierno regional que integran actualmente el colectivo, los 89 que son personal laboral fijo podrán acogerse voluntariamente al régimen funcionarial mediante un procedimiento de concurso-oposición, dado que el cambio supone también un ascenso profesional por promoción interna. Para quienes no dispongan aún de la titulación requerida, se habilita un plazo de seis años para obtenerla y participar en posteriores procesos.

El resto del colectivo, 17 personas, que hoy son personal laboral temporal, verán reconvertidas sus plazas en personal interino, de modo que también dejarán de ser laborales para integrarse en el régimen funcionarial.

El cambio de régimen supondrá una mejora retributiva en torno a los 880 euros anuales, y mantiene íntegramente los acuerdos y pactos vigentes con el Comité de Empresa en materia de organización de guardias, distribución de jornadas y funcionamiento del dispositivo.

Una vez refrendado por el Consejo de Gobierno, el Ejecutivo convocará de manera inmediata el proceso de cambio de régimen jurídico, con el objetivo de que pueda concluir antes de final de año.

UGT Servicios Públicos La Rioja ha reclamado a la Dirección General de Función Pública del Gobierno de La Rioja que active de manera inmediata el procedimiento necesario para que el personal laboral de la Administración autonómica y de sus organismos públicos pueda acogerse a la jubilación parcial, una vez que el Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto-ley que recupera este derecho.

De este modo, UGT solicita que se habiliten con urgencia los mecanismos administrativos necesarios para que todas las personas trabajadoras que cumplan los requisitos establecidos en la normativa puedan presentar y tramitar sus solicitudes sin demoras. Para UGT Servicios Públicos, la recuperación de la jubilación parcial supone un importante avance para el personal laboral de las administraciones públicas. Se trata de una medida que favorece el relevo generacional, facilita la transmisión del conocimiento y la experiencia entre trabajadores, mejora la planificación de las plantillas y contribuye a garantizar la continuidad y la calidad de los servicios públicos.

UGT recuerda que siempre ha defendido esta modalidad de jubilación como una herramienta beneficiosa tanto para las personas trabajadoras como para las propias administraciones. Por ello, además de exigir su inmediata aplicación para el personal laboral, UGT continuará reivindicando que este derecho se extienda también al personal funcionario y estatutario. UGT quiere felicitar a todas las trabajadoras y trabajadores laborales dependientes del Gobierno de La Rioja y de sus organismos públicos que podrán beneficiarse de la recuperación de este derecho, fruto del trabajo sindical desarrollado por UGT durante los últimos años para hacer posible esta reivindicación.

Asimismo, UGT pone en valor el trabajo realizado por la organización a nivel estatal para recuperar la jubilación parcial del personal laboral y la insistencia mantenida para que esta modalidad pueda implantarse también entre el personal funcionario y estatutario. UGT Servicios Públicos La Rioja continuará informando sobre la aplicación de esta medida y se pone a disposición de todas las personas trabajadoras para resolver cualquier duda relacionada con su tramitación.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado, con el apoyo “unánime” de las organizaciones sindicales CCOO, CSIF, STAS-CLM y UGT, el IX Convenio Colectivo del personal laboral al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades, un texto que beneficiará a más de 7.500 trabajadores de la Administración regional.

El nuevo convenio, que entrará en vigor el próximo 1 de agosto, tendrá una vigencia de cuatro años, hasta el 31 de julio de 2030, y establece el marco regulador de las condiciones de trabajo del personal laboral de la Junta de Comunidades, de sus organismos autónomos y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.

La firma de este acuerdo es el resultado de un amplio proceso de negociación entre la Administración regional y la representación sindical, materializado en 25 reuniones de la Comisión Negociadora del convenio colectivo, además de nueve reuniones específicas del grupo de trabajo creado para diseñar un nuevo procedimiento de gestión de las bolsas de trabajo del personal laboral.

El IX Convenio Colectivo incorpora avances significativos en las condiciones laborales del personal, con medidas dirigidas a mejorar la organización del trabajo, favorecer la conciliación y reforzar las oportunidades de desarrollo profesional, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Entre las principales novedades destaca la implantación de un nuevo sistema de gestión de las bolsas de trabajo, que permitirá la oferta de puestos mediante llamamientos voluntarios, una medida que facilitará una cobertura más ágil y eficaz de las plazas vacantes. Asimismo, el convenio introduce mejoras en la participación en los concursos de traslados, en los procedimientos de movilidad, en la promoción interna y en el régimen de permisos y descansos.

El texto incorpora una bolsa de horas de conciliación para el personal laboral, para compatibilizar la vida personal, familiar y laboral, y adecuando el convenio al II Plan Concilia y a la legislación vigente.

Además, el nuevo convenio reconoce un complemento específico para el personal que desempeña su jornada exclusivamente en horario de tarde, al tiempo que continúa impulsando mejoras en ámbitos como la formación, la salud laboral y el fortalecimiento de los derechos de representación colectiva.

El acuerdo también supone un avance en la estabilidad y calidad del empleo público, al incluir el compromiso de conversión de los contratos que aún permanecen bajo las modalidades de personal fijo discontinuo y personal de fin de semana en contratos a tiempo completo, mejorando así las condiciones de contratación de estos trabajadores y trabajadoras.

Por último, el IX Convenio incorpora la jubilación parcial anticipada para el personal laboral de la Administración regional, una medida que será posible tras la reciente aprobación de la normativa estatal que regula esta modalidad.

El Gobierno de La Rioja y las organizaciones sindicales UGT, STAR y FSES (ANPE + SATSE) han alcanzado hoy, día 13, un acuerdo para desarrollar el decreto de carrera profesional aplicable a los 9.147 trabajadores de Servicios Generales y Educación que cumplan los requisitos para optar a este sistema de progresión horizontal voluntaria. El acuerdo, con efectos desde el próximo 1 de agosto, actualizará las cuantías de forma progresiva hasta 2031, reconoce que el Grado II sea el doble del Grado I, el triple el Grado III que entrará en vigor en 2029, e incorpora ya al Grupo B en el que se integran los cuerpos del subgrupo C1.

La carrera profesional es un sistema de progresión horizontal voluntaria sin cambio de puesto ni de grupo funcionarial. Para acceder a cada grado se requieren un tiempo mínimo de permanencia, la evaluación positiva del desempeño, una puntuación mínima en objetivos individuales y colectivos, y la valoración de la trayectoria, la calidad del trabajo, la formación y la transferencia de conocimiento. Todos los objetivos que se fijan a cada empleado público son cuantificables, medibles y coherentes con las funciones y las tareas encomendadas. También existen los objetivos colectivos que afectan a toda la unidad administrativa y que puntúan para la carrera profesional de cada uno de los profesionales que la integran.

Los incrementos pactados en este acuerdo, el 79 que cierra el Gobierno de La Rioja con los representantes de los trabajadores en esta legislatura (40 de ellos con la unanimidad de las organizaciones sindicales), se aplicarán de forma escalonada:

El Grado III entrará en vigor en 2029 y su cuantía se fijará aplicando la misma diferencia porcentual existente entre los grados anteriores, de modo que en 2031 triplicará el importe del Grado I.

Por su parte, el acuerdo incorpora el Grupo B en la estructura funcionarial. Sus cuantías de carrera profesional se sitúan en un punto intermedio entre los grupos A2 y C1. De esta manera, el 1 de enero de 2031 las cantidades que cobrarán los trabajadores se distribuirán de la siguiente forma:

En 2025, 2.130 trabajadores de Grado I (765 de SSGG y 1.365 de Educación) cobraron 2,26 millones de euros por carrera profesional. En el caso del Grado II fueron 3.301 empleados (1.459 de SSGG y 1.842 de Educación), que percibieron 4,18 millones de euros.

Más de un mes después de que trascendiera el expediente disciplinario abierto a un funcionario del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de Mérida por atender a usuarios sin cita previa, el caso sigue sin resolverse, aunque se han producido novedades que al menos, cuestionan la actuación de la dirección provincial.

El expediente generó una importante repercusión pública después de que el afectado denunciara que iba a ser sancionado por atender a personas que acudían a la oficina sin cita previa, especialmente cuando se trataba de situaciones urgentes o de ciudadanos con dificultades para acceder al sistema de citas.

Tras aquella publicación, y después de la polémica generada cuando el Ministerio de Trabajo sostuvo públicamente que el expediente respondía a motivos distintos —y más amplios— que la atención sin cita previa, sembrando dudas sobre la actuación de Nieto, el funcionario asegura que técnicos del propio Ministerio se pusieron en contacto con él para solicitarle, paradójicamente, la documentación completa del procedimiento disciplinario.

Según explica, una vez examinado el pliego de cargos, desde esas instancias le trasladaron que no encontraban explicación a cómo se había llegado a abrir un expediente por esos hechos. El trabajador sostiene que esos responsables le transmitieron “esperanza” y le indicaron que la resolución “lleva su tiempo”, por lo que por el momento continúa sin conocer el desenlace del procedimiento.

Mientras tanto, la organización de la oficina ha cambiado de forma significativa. Desde hace varios días, un cartel informa a los usuarios de que, si acuden sin cita previa, deben permanecer en la sala de espera, donde periódicamente un funcionario sale para interesarse por su situación y valorar sus necesidades.

Además, otra novedad es que la directora de la oficina sale cada quince o veinte minutos para interesarse por quienes esperan sin cita, valorar cada caso y, cuando lo considera oportuno, facilitar las denominadas “citas internas”, un sistema que reproduce exactamente el método de gestión de usuarios que Nieto venía aplicando durante los últimos años y que dio origen al expediente disciplinario.

Respaldo

Por su parte, Nieto destaca el respaldo institucional y social recibido desde que el caso trascendió. Afirma haber recibido muestras de apoyo de representantes públicos de distintos ámbitos territoriales, así como de cargos con responsabilidad parlamentaria que se han interesado por su situación.

A ello suma el respaldo mostrado por el sindicato 25 de Marzo y la plataforma Campamento Dignidad, que impulsaron las primeras movilizaciones en defensa del trabajador, así como el apoyo constante de ciudadanos y ciudadanas que, según relata, continúan acercándose a la oficina o deteniéndole por la calle para interesarse por su situación y transmitirle ánimo.

Pese a la presión que asegura vivir diariamente en su puesto de trabajo, el funcionario continúa desempeñando sus funciones con normalidad. Explica que el ambiente laboral sigue siendo “muy tenso” y que apenas mantiene relación con el resto de la oficina, pero afirma que no contempla solicitar una baja médica porque considera que hacerlo supondría dar la razón a quienes promovieron el expediente.

A día de hoy, la resolución disciplinaria sigue pendiente. El trabajador confía en que el Ministerio adopte una decisión una vez concluyan las actuaciones internas y, en su caso, después del pronunciamiento del Defensor del Pueblo, al que también se ha trasladado el polémico asunto.

En marzo de 2025, el Gobierno cerró con las aseguradoras Adeslas y Asisa un acuerdo para la continuidad de Muface, el seguro privado finaciado con fondos públicos al que están acogidos cerca de un millón de personas, entre funcionarios y sus familias. Tras meses de tensiones, varias propuestas y la mutualidad en peligro, el Ejecutivo acabó poniendo sobre la mesa 4.808,5 millones de euros para los años 2025, 2026 y 2027, lo que suponía un incremento de la prima de más el 40%.

Ya entonces la Organización Médica Colegial (OMC) remitió una carta a los profesionales de la privada, animándoles a presionar a las aseguradoras para aumentar sus retribuciones. Pero, a estas alturas, un 80% de los médicos privados que trabajan con la mutualidad aseguran “no haber recibido ninguna mejora de honorarios”, según una encuesta de esta entidad a más de 1.200 facultativos.

“Los datos evidencian una profunda brecha entre los recursos públicos destinados al sistema y la realidad que describen los profesionales que integran la red asistencial”, denuncian desde la OMC, que reclama “transparencia y mecanismos de seguimiento para asegurar que los recursos públicos refuercen la calidad y sostenibilidad” de todo el sistema.

Pese a ese aumento mil millonario de las primas, la enuesta de la OMC arroja que el 74% de los médicos no han visto mejorados sus honorarios “ni siquiera para compensar el aumento del IPC” y que, de entre quienes han obtenido incrementos, “aproximadamente uno de cada tres señala que ha sido de apenas entre un 1 y un 3%, muy lejos de los porcentajes anunciados públicamente” por las aseguradoras.

En su momento, desde las aseguradoras ya trasladaron su intención de negociar caso por caso, dependiendo de las especialidades y los territorios. Esto dej a los profesionales en una situación de debilidad a la hora de pactar una mejora en sus condiciones y en una situación de dependencia respecto a las compañías que manejan esos 4.808 millones de dinero público.

Por eso, desde la OMC reclaman “avanzar hacia mecanismos de interlocución colectiva que permitan una negociación más equilibrada y transparente entre los profesionales y las aseguradoras”. Y, para ello, “nueve de cada diez encuestados considera que las corporaciones profesionales, los sindicatos médicos y las organizaciones de autónomos pueden desempeñar un papel relevante para defender unas condiciones retributivas justas y transparentes”.

La Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) ha denunciado la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de personal eventual que supone la incorporación de dos nuevos puestos de asesor para la Vicepresidencia Primera del Gobierno regional, con un complemento específico de 34.434,6 euros (asimilable a un nivel 30) para cada uno de ellos, lo que supone un gasto anual superior a 135.000 euros en cada caso incluyendo salario base y complemento de destino.

Así se ha publicado en el Diario Oficial de la comunidad autónoma y el sindicato lamenta que el Ejecutivo regional haya decidido reforzar la estructura de personal eventual en un momento “crítico” para la región. Subraya que mientras el personal funcionario y laboral sufre “una continua política de desdotación y amortización de plazas”, el Ejecutivo autonómico ha optado por “blindar su estructura política con nuevas contrataciones de asesores con sueldos astronómicos”.

El personal eventual asciende a más de 130 personas

Según los datos aportados por el sindicato, el personal eventual de la Junta asciende a 134 personas, a lo que se suman ahora estos dos nuevos asesores creados ahora.

La Central Sindical censura estos “puestos creados a dedo con sueldos muy elevadas. Estamos hablando de que estas plazas no son para personal de carrera, sino para personal eventual y cuentan con las retribuciones más altas de la administración que pagamos todos los castellano-manchegos”, explica Joaquín Sánchez, presidente del Sector de Administración General de la Comunidad Autónoma de CSIF Castilla-La Mancha.

Esta decisión se justifica oficialmente por el supuesto “incremento del volumen y complejidad del trabajo”, sin mayor aclaración y exigiendo una “dedicación exclusiva”, que, curiosamente, parece no ser necesaria para el personal que sostiene los servicios públicos en los centros de trabajo.

Un gasto que supera los cinco millones de euros

Para CSIF, “es indignante que en el contexto actual de recorte crónicos, la partida destinada exclusivamente a personal eventual (recogida en el Código 11 y Artículo 11) de los Presupuestos Generales para 2026 (Ley 5/2025) supere ya los cinco millones de euros, en el que se incluye el sueldo base junto a los complementos específico y de destino.

“Resulta insultante para los trabajadores públicos que se mantenga este gasto desorbitado en asesores y personal eventual”, asegura CSIF que también carga contra los sindicatos UGT y CCOO, por la concesion de más de 56,2 millones de euros en subvenciones. “Mientras sufrimos reducción de efectivos constante y la pérdida de personal estructural por amortización de plazas, o sin derechos reconocimos como la implantación de la carrera profesional en la Junta o la derogación del Plan de Acción de Social”, afea el sindicato.

En su opinión, “estamos sin duda en un final de legislatura marcado por el clientelismo, estos dos nuevos asesores sólo buscan premiar a perfiles políticos a costa del erario público”, explica Sánchez.

CSIF exige la “paralización inmediata” de estas contrataciones y que los fondos se destinen a cubrir las vacantes reales de personal funcionario y laboral que garanticen unos servicios públicos de calidad para la ciudadanía.

La jefa de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Cáceres, Nuria Gómez Carmona, ha recibido este martes el Distintivo al Mérito al Servicio Público en el Territorio, una distinción concedida por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en reconocimiento a su trayectoria profesional y a su labor al servicio de la ciudadanía.

El galardón ha sido entregado en un acto celebrado en Santiago de Compostela, presidido por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en el que se ha reconocido a diez empleadas y empleados públicos de diferentes puntos de España por su dedicación y excelencia en el desempeño de sus funciones. En el acto ha estado acompañada por el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana Álvarez.

Quintana ha destacado que el trabajo desarrollado por Gómez Carmona “ha trascendido el ámbito administrativo para convertirse en un referente en la prevención, la sensibilización y la lucha contra la violencia de género, siempre desde la cercanía, el rigor y la vocación de servicio a la ciudadanía”.

Cuarenta años de experiencia

Diplomada en Trabajo Social y graduada en Antropología Social y Cultural por la Universidad de Extremadura, Nuria Gómez acumula más de cuarenta años de experiencia profesional en la provincia de Cáceres. A lo largo de su carrera ha desempeñado distintas responsabilidades en diversas administraciones públicas, especialmente en los ámbitos de la atención social, la igualdad y la protección de las personas más vulnerables.

Desde la creación de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Cáceres, hace ya 19 años, dirige este servicio, desde el que coordina la respuesta institucional frente a la violencia de género en la provincia y promueve la colaboración entre las distintas administraciones y organismos implicados en la protección de las víctimas.

Su labor también ha estado centrada en el impulso de las políticas públicas de protección integral frente a la violencia de género y en la formación de profesionales de distintos ámbitos. De forma paralela, ha desarrollado una intensa actividad de prevención y sensibilización en centros educativos de la provincia, fomentando entre adolescentes y jóvenes los valores de igualdad, respeto y rechazo a cualquier manifestación de violencia contra las mujeres.

Este reconocimiento se suma a otras distinciones recibidas a lo largo de su trayectoria profesional, entre ellas el Premio 25N del Ayuntamiento de Cáceres, la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco, además de otros galardones concedidos por la ciudad de Plasencia y la Mancomunidad Tajo-Salor por su compromiso en la lucha contra la violencia machista y la defensa de la igualdad.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado este martes que Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma con las condiciones “más duras” para que los profesores interinos puedan tener derecho a cobrar el verano y habla de requisitos “leoninos” para acceder a estas pagas.

Coincidiendo con la finalización del curso escolar 2025-2026, el sindicato ha denunciado la “precariedad” que sufren los más de 10.300 docentes interinos de la región, “con peores condiciones laborales y económicas que el resto de comunidades autónomas”.

CSIF expone que Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma que tiene las condiciones “más duras” para que los interinos accedan al cobro del verano: deben haber trabajado al menos ocho meses de manera ininterrumpida hasta el 30 de junio, con nombramientos realizados antes del 31 de octubre.

De acuerdo a los datos recogidos por CSIF en la encuesta realizada entre los meses de marzo y abril, estos requisitos “leoninos” provocan que aproximadamente un 40% (en torno a 4.100 docentes) no perciban salarialmente estos meses de verano.

“Situación claramente discriminatoria”

El presidente de CSIF Educación Castilla-La Mancha, Juan Luis Martínez, señala que “estamos sin duda en la peor comunidad autónoma para ser docente interino, antes de 2012 se cobraba el verano íntegramente, pero lamentablemente arrastramos unos recortes terribles que nos sitúan en una situación claramente discriminatoria”.

CSIF pone como ejemplo los sistemas educativos de Madrid, Asturias, Navarra o País Vasco, donde se cobra a partir de 5,5 meses trabajados, o Andalucía, donde además de los 5,5 meses también hay un pago proporcional desde el primer día de servicio. Pero es que, según asegura el sindicato en nota de prensa, incluso otras comunidades con condiciones “más restrictivas” continúan siendo mejores que Castilla-La Mancha: en Comunidad Valenciana y Cantabria los nombramientos de vacantes deben producirse antes del 31 de diciembre, o Aragón, que exige 7 meses, pero si es menos lleva a cabo un pago proporcional.

Asimismo, CSIF también expone la “elevada” temporalidad en la educación pública de la región: los 10.300 docentes interinos representan el 32,14% del total del profesorado, una temporalidad disparada que requiere de ofertas de empleo público mucho más amplias.

Dentro del Plan Integral de Interinos presentado por CSIF a la Consejería de Educación, también se reclama la implantación de tribunales de oposición en las cinco provincias para evitar desplazamientos en los procesos selectivos; la exención de tasas para quienes se hayan presentado en los últimos 6 años o en las 3 últimas convocatorias; el fin de las adjudicaciones forzosas en los llamamientos o la prórroga automática del nombramiento en casos de sustituciones que finalicen en los últimos días lectivos antes de periodos vacacionales.

Para CSIF, la situación que sufren los interinos de la región evidencia la necesidad urgente de modificar la normativa vigente y poner fin a la discriminación que afecta cada año a miles de docentes. “El problema que tenemos en Castilla-La Mancha es que se están blanqueando los recortes con acuerdos con sindicatos afines al Gobierno como ANPE, CCOO y UGT que han abandonado completamente a los docentes, ya sean interinos o no. Es intolerable que la pérdida de derechos y la precarización laboral que llevó a cabo Cospedal siga totalmente vigente. Ya hemos avanzado que a partir del inicio del próximo curso llevaremos a cabo diferentes medidas de presión, hay que acabar con unos recortes que creó Cospedal y que Page mantiene una década después”, concluye Martínez.