En marzo de 2025, el Gobierno cerró con las aseguradoras Adeslas y Asisa un acuerdo para la continuidad de Muface, el seguro privado finaciado con fondos públicos al que están acogidos cerca de un millón de personas, entre funcionarios y sus familias. Tras meses de tensiones, varias propuestas y la mutualidad en peligro, el Ejecutivo acabó poniendo sobre la mesa 4.808,5 millones de euros para los años 2025, 2026 y 2027, lo que suponía un incremento de la prima de más el 40%.

Ya entonces la Organización Médica Colegial (OMC) remitió una carta a los profesionales de la privada, animándoles a presionar a las aseguradoras para aumentar sus retribuciones. Pero, a estas alturas, un 80% de los médicos privados que trabajan con la mutualidad aseguran “no haber recibido ninguna mejora de honorarios”, según una encuesta de esta entidad a más de 1.200 facultativos.

“Los datos evidencian una profunda brecha entre los recursos públicos destinados al sistema y la realidad que describen los profesionales que integran la red asistencial”, denuncian desde la OMC, que reclama “transparencia y mecanismos de seguimiento para asegurar que los recursos públicos refuercen la calidad y sostenibilidad” de todo el sistema.

Pese a ese aumento mil millonario de las primas, la enuesta de la OMC arroja que el 74% de los médicos no han visto mejorados sus honorarios “ni siquiera para compensar el aumento del IPC” y que, de entre quienes han obtenido incrementos, “aproximadamente uno de cada tres señala que ha sido de apenas entre un 1 y un 3%, muy lejos de los porcentajes anunciados públicamente” por las aseguradoras.

En su momento, desde las aseguradoras ya trasladaron su intención de negociar caso por caso, dependiendo de las especialidades y los territorios. Esto dej a los profesionales en una situación de debilidad a la hora de pactar una mejora en sus condiciones y en una situación de dependencia respecto a las compañías que manejan esos 4.808 millones de dinero público.

Por eso, desde la OMC reclaman “avanzar hacia mecanismos de interlocución colectiva que permitan una negociación más equilibrada y transparente entre los profesionales y las aseguradoras”. Y, para ello, “nueve de cada diez encuestados considera que las corporaciones profesionales, los sindicatos médicos y las organizaciones de autónomos pueden desempeñar un papel relevante para defender unas condiciones retributivas justas y transparentes”.

La Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) ha denunciado la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de personal eventual que supone la incorporación de dos nuevos puestos de asesor para la Vicepresidencia Primera del Gobierno regional, con un complemento específico de 34.434,6 euros (asimilable a un nivel 30) para cada uno de ellos, lo que supone un gasto anual superior a 135.000 euros en cada caso incluyendo salario base y complemento de destino.

Así se ha publicado en el Diario Oficial de la comunidad autónoma y el sindicato lamenta que el Ejecutivo regional haya decidido reforzar la estructura de personal eventual en un momento “crítico” para la región. Subraya que mientras el personal funcionario y laboral sufre “una continua política de desdotación y amortización de plazas”, el Ejecutivo autonómico ha optado por “blindar su estructura política con nuevas contrataciones de asesores con sueldos astronómicos”.

El personal eventual asciende a más de 130 personas

Según los datos aportados por el sindicato, el personal eventual de la Junta asciende a 134 personas, a lo que se suman ahora estos dos nuevos asesores creados ahora.

La Central Sindical censura estos “puestos creados a dedo con sueldos muy elevadas. Estamos hablando de que estas plazas no son para personal de carrera, sino para personal eventual y cuentan con las retribuciones más altas de la administración que pagamos todos los castellano-manchegos”, explica Joaquín Sánchez, presidente del Sector de Administración General de la Comunidad Autónoma de CSIF Castilla-La Mancha.

Esta decisión se justifica oficialmente por el supuesto “incremento del volumen y complejidad del trabajo”, sin mayor aclaración y exigiendo una “dedicación exclusiva”, que, curiosamente, parece no ser necesaria para el personal que sostiene los servicios públicos en los centros de trabajo.

Un gasto que supera los cinco millones de euros

Para CSIF, “es indignante que en el contexto actual de recorte crónicos, la partida destinada exclusivamente a personal eventual (recogida en el Código 11 y Artículo 11) de los Presupuestos Generales para 2026 (Ley 5/2025) supere ya los cinco millones de euros, en el que se incluye el sueldo base junto a los complementos específico y de destino.

“Resulta insultante para los trabajadores públicos que se mantenga este gasto desorbitado en asesores y personal eventual”, asegura CSIF que también carga contra los sindicatos UGT y CCOO, por la concesion de más de 56,2 millones de euros en subvenciones. “Mientras sufrimos reducción de efectivos constante y la pérdida de personal estructural por amortización de plazas, o sin derechos reconocimos como la implantación de la carrera profesional en la Junta o la derogación del Plan de Acción de Social”, afea el sindicato.

En su opinión, “estamos sin duda en un final de legislatura marcado por el clientelismo, estos dos nuevos asesores sólo buscan premiar a perfiles políticos a costa del erario público”, explica Sánchez.

CSIF exige la “paralización inmediata” de estas contrataciones y que los fondos se destinen a cubrir las vacantes reales de personal funcionario y laboral que garanticen unos servicios públicos de calidad para la ciudadanía.

La jefa de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Cáceres, Nuria Gómez Carmona, ha recibido este martes el Distintivo al Mérito al Servicio Público en el Territorio, una distinción concedida por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en reconocimiento a su trayectoria profesional y a su labor al servicio de la ciudadanía.

El galardón ha sido entregado en un acto celebrado en Santiago de Compostela, presidido por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en el que se ha reconocido a diez empleadas y empleados públicos de diferentes puntos de España por su dedicación y excelencia en el desempeño de sus funciones. En el acto ha estado acompañada por el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana Álvarez.

Quintana ha destacado que el trabajo desarrollado por Gómez Carmona “ha trascendido el ámbito administrativo para convertirse en un referente en la prevención, la sensibilización y la lucha contra la violencia de género, siempre desde la cercanía, el rigor y la vocación de servicio a la ciudadanía”.

Cuarenta años de experiencia

Diplomada en Trabajo Social y graduada en Antropología Social y Cultural por la Universidad de Extremadura, Nuria Gómez acumula más de cuarenta años de experiencia profesional en la provincia de Cáceres. A lo largo de su carrera ha desempeñado distintas responsabilidades en diversas administraciones públicas, especialmente en los ámbitos de la atención social, la igualdad y la protección de las personas más vulnerables.

Desde la creación de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Cáceres, hace ya 19 años, dirige este servicio, desde el que coordina la respuesta institucional frente a la violencia de género en la provincia y promueve la colaboración entre las distintas administraciones y organismos implicados en la protección de las víctimas.

Su labor también ha estado centrada en el impulso de las políticas públicas de protección integral frente a la violencia de género y en la formación de profesionales de distintos ámbitos. De forma paralela, ha desarrollado una intensa actividad de prevención y sensibilización en centros educativos de la provincia, fomentando entre adolescentes y jóvenes los valores de igualdad, respeto y rechazo a cualquier manifestación de violencia contra las mujeres.

Este reconocimiento se suma a otras distinciones recibidas a lo largo de su trayectoria profesional, entre ellas el Premio 25N del Ayuntamiento de Cáceres, la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco, además de otros galardones concedidos por la ciudad de Plasencia y la Mancomunidad Tajo-Salor por su compromiso en la lucha contra la violencia machista y la defensa de la igualdad.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado este martes que Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma con las condiciones “más duras” para que los profesores interinos puedan tener derecho a cobrar el verano y habla de requisitos “leoninos” para acceder a estas pagas.

Coincidiendo con la finalización del curso escolar 2025-2026, el sindicato ha denunciado la “precariedad” que sufren los más de 10.300 docentes interinos de la región, “con peores condiciones laborales y económicas que el resto de comunidades autónomas”.

CSIF expone que Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma que tiene las condiciones “más duras” para que los interinos accedan al cobro del verano: deben haber trabajado al menos ocho meses de manera ininterrumpida hasta el 30 de junio, con nombramientos realizados antes del 31 de octubre.

De acuerdo a los datos recogidos por CSIF en la encuesta realizada entre los meses de marzo y abril, estos requisitos “leoninos” provocan que aproximadamente un 40% (en torno a 4.100 docentes) no perciban salarialmente estos meses de verano.

“Situación claramente discriminatoria”

El presidente de CSIF Educación Castilla-La Mancha, Juan Luis Martínez, señala que “estamos sin duda en la peor comunidad autónoma para ser docente interino, antes de 2012 se cobraba el verano íntegramente, pero lamentablemente arrastramos unos recortes terribles que nos sitúan en una situación claramente discriminatoria”.

CSIF pone como ejemplo los sistemas educativos de Madrid, Asturias, Navarra o País Vasco, donde se cobra a partir de 5,5 meses trabajados, o Andalucía, donde además de los 5,5 meses también hay un pago proporcional desde el primer día de servicio. Pero es que, según asegura el sindicato en nota de prensa, incluso otras comunidades con condiciones “más restrictivas” continúan siendo mejores que Castilla-La Mancha: en Comunidad Valenciana y Cantabria los nombramientos de vacantes deben producirse antes del 31 de diciembre, o Aragón, que exige 7 meses, pero si es menos lleva a cabo un pago proporcional.

Asimismo, CSIF también expone la “elevada” temporalidad en la educación pública de la región: los 10.300 docentes interinos representan el 32,14% del total del profesorado, una temporalidad disparada que requiere de ofertas de empleo público mucho más amplias.

Dentro del Plan Integral de Interinos presentado por CSIF a la Consejería de Educación, también se reclama la implantación de tribunales de oposición en las cinco provincias para evitar desplazamientos en los procesos selectivos; la exención de tasas para quienes se hayan presentado en los últimos 6 años o en las 3 últimas convocatorias; el fin de las adjudicaciones forzosas en los llamamientos o la prórroga automática del nombramiento en casos de sustituciones que finalicen en los últimos días lectivos antes de periodos vacacionales.

Para CSIF, la situación que sufren los interinos de la región evidencia la necesidad urgente de modificar la normativa vigente y poner fin a la discriminación que afecta cada año a miles de docentes. “El problema que tenemos en Castilla-La Mancha es que se están blanqueando los recortes con acuerdos con sindicatos afines al Gobierno como ANPE, CCOO y UGT que han abandonado completamente a los docentes, ya sean interinos o no. Es intolerable que la pérdida de derechos y la precarización laboral que llevó a cabo Cospedal siga totalmente vigente. Ya hemos avanzado que a partir del inicio del próximo curso llevaremos a cabo diferentes medidas de presión, hay que acabar con unos recortes que creó Cospedal y que Page mantiene una década después”, concluye Martínez.

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha declarado indefinido-fijo a un trabajador laboral del Gobierno regional que aprobó una oposición sin obtener plaza pero que encadenaba una sucesión de contratos temporales, hasta 17 en doce años.

El demandante, que ha venido prestando sus servicios para el Ejecutivo regional desde julio de 2010 en la categoría de empleado de servicios, llevó su situación ante la justicia, y la Sala de lo Social del TSJC ha decretado su fijeza en una sentencia contra la que cabe interponer recurso de casación para la unificación de doctrina.

El demandante pasa de indefinido a fijo tras el fallo del alto tribunal cántabro, que ha estimado su recurso -y desestimado el de la Consejería de Presidencia- frente a una resolución previa del Juzgado de lo Social número 6, que lo declaró como indefinido no fijo.

Pero el TSJC ha aplicado una sentencia del Tribunal Supremo dictada en mayo de este año y ha declarado la fijeza al haber aprobado la oposición (aunque no obtuviera plaza) porque ha acreditado el cumplimiento de los principios de mérito, capacidad, igualdad y libre concurrencia de un proceso selectivo convocado para la cobertura de plazas fijas, requisitos necesarios para el acceso al empleo público.

“Cuando una persona haya participado en una prueba selectiva para la contratación de personal fijo y la haya superado pero no haya obtenido plaza porque el número de aspirantes que ha demostrado su capacitación sea superior al número de plazas ofertadas, como es el caso, si posteriormente suscribe contratos de duración determinada y se produce un abuso en la temporalidad, no resulta 'contra legem' la conversión de ese contrato en una relación laboral fija”, sentencia el TSJC.

En este sentido, el tribunal resalta que la persona en cuestión “ha participado en una prueba de acceso al empleo público fijo conforme a los requisitos de igualdad, mérito y capacidad” y añade la “ulterior vulneración” de la cláusula que evidencia una “necesidad estructural de trabajadores” y “obliga a dicha conversión”.

El criterio previo de la Sala de lo Social era no reconocer como superado el proceso selectivo salvo para aquellos aspirantes que hubieran obtenido plaza independientemente de la nota que se sacara, ya que las bases no permiten declarar aprobados a más candidatos que plazas convocadas.

Pero con esta sentencia se deja atrás ese principio, de modo que quien esté en una situación de abuso en la temporalidad, obtenga una puntuación en un proceso selectivo para plazas fijas suficiente para entender superada la prueba, y haya acreditado mérito y capacidad para el acceso al empleo público, podrá ser declarado fijo.

Un paso importante para el personal laboral

El trabajador acudió a la vía judicial a través de los servicios jurídicos del sindicato TU, que viene denunciado de forma pública y reiterada el incumplimiento de las directrices europeas y el exceso de temporalidad en las administraciones públicas.

En un comunicado, en la formación se muestran “muy contentos” por esta sentencia, que aunque no es firme confían en que no sea recurrida en casación (la del TSJC se basa precisamente en una del TS).

Según han indicado, el fallo supone “un gran logro”, pues abre la puerta en Cantabria a la declaración de fijeza de situaciones “análogas” para el personal laboral de las administraciones públicas.

Comisiones Obreras ha denunciado el desprendimiento de parte del techo de las dependencias de la Unidad de Trabajo Social (UTS) del Ayuntamiento de Santander ubicada en Cazoña tras ceder fragmentos de bovedillas de hormigón del forjado y traspasar el falso techo de escayola para terminar sobre los puestos de trabajo.

Un suceso que ha tenido lugar el pasado miércoles 24 y ante el que “solo la suerte ha decidido que no haya que lamentar daños personales”, ha advertido en un comunicado el delegado de CCOO en el Ayuntamiento de Santander, Raúl Rivera, que ha explicado que “el escombro cayó sobre una de las mesas de trabajo de una empleada municipal que, afortunadamente, en ese momento se encontraba en el archivo”.

Representantes del sindicato en el Consistorio se han reunido con funcionarias del servicio para analizar el episodio, “que es muy grave porque afecta a la seguridad de la propia plantilla”, y han denunciado “la situación de abandono, desidia generalizada e improvisación en la conservación y mantenimiento de numerosos centros de trabajo y oficinas municipales”.

Rivera ha afirmado que, “desde hace años”, estas instalaciones “no reúnen las condiciones mínimas dignas” para atender a los usuarios del barrio de Cazoña.

Situadas en el bajo de un edificio en obras, “cuentan con la presencia de cascotes sin las protecciones adecuadas, una bajante de aguas rota que vierte directamente o suciedad permanente en el entorno que obliga a la plantilla a limpiar lo que encuentra en la puerta de acceso, además de sufrir defectos en techos o ventanas y problemas graves de humedad, sin calefacción y con mobiliario roto, dándose incluso la presencia de ratas en el interior en alguna ocasión”, ha detallado el representantes de CCOO.

De hecho, los sindicatos vienen denunciando “su deplorable estado y la insostenibilidad de continuar trabajando allí”, cuando, además, existe una nueva dependencia a la que trasladar este servicio, disponible desde hace cinco años y próxima al lugar, pero “que no termina de hacerse efectiva a pesar de las reiteradas denuncias”, por lo que han vuelto a exigir de el traslado se lleve a cabo “ya”.

Trato digno para plantilla y ciudadanía

De este modo, la representación sindical de CCOO ha exigido al Ayuntamiento de Santander “que se tome en serio la seguridad de la plantilla municipal”, que revise y haga mantenimiento adecuado de las oficinas y centros de trabajo, convoque el comité de seguridad y salud mensualmente, como establece el reglamento -en 2025 solo se celebraron dos reuniones- para estudiar y dar solución a estos problemas, y “trate con dignidad a plantilla y ciudadanía”.

En este sentido, el sindicato ha advertido que “cuando una administración recorta recursos, no actualiza los sistemas de gestión o mantiene durante años infraestructuras y herramientas obsoletas, está trasladando la presión del sistema a los trabajadores y trabajadoras que sostienen los servicios públicos que, en cambio, necesitan inversión, planificación y medios suficientes porque no se puede dejar la seguridad a merced de la improvisación”.

Esta situación, la de trabajar “en lugares que no reúnen las condiciones mínimas de seguridad e higiene en el trabajo”, se suma “al pisoteo constante de sus derechos que sufren los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento por parte de los responsables de Recursos Humanos que, por ejemplo, deniegan injustamente permisos retribuidos, negando incluso el cobro del salario íntegro al que se tiene derecho, y abocan a la plantilla a una indefensión tan absoluta que, muchas veces, no les queda otra salida que recurrir a los tribunales”, ha concluido Rivera.

Belén tiene 48 años, es fisioterapeuta y trabaja en un colegio público de educación especial de Toledo desde hace 21 años, cuando aprobó la oposición para un cuerpo “especial” de funcionariado en Castilla-La Mancha denominado Escala Sociosanitaria. No puede acceder ni moverse a otro puesto porque el cuerpo al que pertenece no lo permite. De hecho, ella es presidenta de un tribunal de oposición que examina a personas para puestos que requieren su misma titulación, pero a los que ella no puede acceder. “Es indignante”, afirma.

¿Por qué sucede esto? Dentro de la Administración pública castellanomanchega, la Escala Sociosanitaria es un grupo de profesionales técnicos, en su gran mayoría mujeres, que trabajan en este sector y atienden a las personas más vulnerables. Solo existe en esta comunidad autónoma y se creó hace casi 25 años, en febrero de 2002, por una necesidad de gestión y profesionalización.

En ese momento, la región estaba asumiendo competencias plenas en materia de servicios sociales y sanidad, para gestionar las residencias públicas, los centros de atención a personas con discapacidad y los programas de dependencia de forma eficiente.

La administración necesitaba por entonces trabajadores públicos especializados (profesionales médicos, psicólogos, fisioterapeutas, educadores sociales, terapeutas ocupacionales y enfermeros) que no estuvieran “dispersos” en los ministerios, sino agrupados bajo una misma estructura con funciones específicas de intervención sociosanitaria coordinada. Se trataba de “funcionarizar” a personal laboral. Así nació la Escala Sociosanitaria.

Pero con el tiempo, este cuerpo se ha convertido en una ‘rara avis’ del sistema sociosanitario en todo el país. Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma que tiene esta fórmula de funcionariado. La última convocatoria para acceder a la Escala Sociosanitaria fue en 2016. Y ahora, sus trabajadoras han levantado la voz.

“Severas restricciones” a la movilidad geográfica

Un informe elaborado por el denominado ‘Colectivo de la Escala Sociosanitaria’ denuncia la “discriminación laboral silenciosa” que enfrentan los y las 300 profesionales de este cuerpo. El principal motivo: pese a tener la misma titulación y funciones que sus homólogos en los Cuerpos General y Técnico, modalidades creadas posteriormente, sufren “severas restricciones” en su movilidad geográfica y promoción profesional.

El texto asevera que la situación vulnera el principio de igualdad y “perpetúa una brecha de género” en un sector “altamente feminizado”.

Entre los motivos principales que sustentan esta denuncia se encuentra el hecho del que el personal de la Escala aprueba la misma oposición, con el mismo temario y ante los mismos tribunales que el personal del Cuerpo Superior y Técnico. Sin embargo, mientras a estos últimos se les permite concursar a puestos en toda la Administración, a los primeros “se les restringe la movilidad”.

Es lo que denominan la “plaza perpetua”. Debido a la normativa castellanomanchega, este personal solo puede desempeñar puestos en las áreas de Sanidad y Servicios Sociales. Esto provoca que muchos profesionales lleven más de 20 años en la misma “plaza base” sin posibilidad real de promoción interna o de acercarse a sus domicilios. Lo llaman “suelo pegajoso”, porque describe “la incapacidad de las trabajadoras para promocionar o abandonar sus puestos iniciales”.

Belén lo corrobora. “No puedo acceder a ciertas plazas que son de fisioterapeutas con la misma carrera que yo, con la misma formación que yo, y que han aprobado después. Resulta que tienen más derechos que yo”, lamenta. Esta fisioterapeuta afirma que la solución sería una “simple gestión burocrática”.

“No le costaría ni un euro a la Administración. Simplemente, nos tendrían que pasar a todas las de la Escala a los cuerpos generales, con una firma. No entiendo por qué seguimos en esta situación y por qué ni siquiera nos escuchan ni se reúnen con nosotras. Nos apoyan los sindicatos y los colegios profesionales, pero no ha sido suficiente”.

No son las únicas trabas. El informe denuncia también la “trampa” de la adscripción abierta que se hizo en 2018. En ese año se modificó la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) permitiendo que personal de los Cuerpos Generales ocupara plazas de la Escala Sociosanitaria. Sin embargo, no se permitió lo contrario.

La Administración impidió que el personal de la Escala saliera de sus áreas funcionales, alegando una “reserva por naturaleza de funciones” que los tribunales, según documentan, ya han señalado que no existe. De hecho, Belén afirma que se enteró de esta modificación “de rebote” incluso siendo presidenta del tribunal de oposición. “Totalmente absurdo”, añade.

Afección a la salud laboral

La cuestión trasciende hasta la salud laboral. El informe del colectivo identifica la existencia de “sintomatología compatible” con el “desgaste profesional o burnout” como una de las consecuencias directas de su situación administrativa. Detalla que entre las trabajadoras hay “agotamiento por inmovilidad”, sentimientos de “infravaloración, frustración y estrés”, así como “erosión de la vocación”.

“Dado que el trabajo sociosanitario exige una gran capacidad de cuidado y energía vital, el trato desigual sostenido en el tiempo termina por erosionar esa energía y, por extensión, la calidad del servicio prestado”.

Otra trabajadora, Noelia, también corrobora la situación de “desigualdad”. Es educadora social en el Centro Regional de Menores (CRMJ) Albaidel, de Albacete. Sacó su plaza en 2018 tras la convocatoria de 2016, la última de la Escala Sociosanitaria. Lleva ocho años en este puesto y constata que no podría acceder a ningún otro de gestión ni a promoción profesional alguna.

“Tengo compañeras que han accedido a plazas de consejerías, teniendo menos puntos que yo. Mi situación es como estar enjaulada en una plaza. Es una desigualdad absoluta y totalmente incomprensible. Nos apoyan desde todos los sectores profesionales, pero nadie mueve un dedo por cambiar la situación”, subraya.

Qué han dicho los tribunales

Y ¿qué han dicho los tribunales al respecto? El informe precisa que no se han pronunciado directamente sobre la mencionada salud de las trabajadoras en términos médicos, pero sí han emitido fallos que “desmontan los argumentos administrativos”.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM), en una sentencia de 2021 dictaminó que la “reserva por naturaleza de las funciones” que la Junta utiliza para limitar la movilidad de estas profesionales “no existe”. Al eliminar esta justificación técnica, los tribunales “dejan a la Administración sin base legal” para mantener el “bloqueo profesional”

El informe también invoca la doctrina del Tribunal Constitucional, que prohíbe cualquier diferencia de trato que carezca de una justificación objetiva y razonable. “Al ignorar este principio constitucional, la Junta somete a las trabajadoras a una discriminación que el informe califica directamente como un problema de salud laboral”.

La cuestión es que, con todo ello, este colectivo también apunta al incumplimiento de la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha de 2011, que preveía la integración de las especialidades de la Escala en los cuerpos generales de la Junta. Pero no se ha hecho y ahora están “limbo jurídico”.

Esta discriminación, añaden, no es neutra, ya que afecta a una escala donde más del 80% son mujeres. Esto genera un “suelo pegajoso” que les impide salir de niveles base y un “techo de cristal” que bloquea su acceso a puestos de gestión y dirección.

Además, añaden, también es “discriminatorio” que muchas de estas profesionales, como Belén, sean nombradas para formar parte de los tribunales que seleccionan al personal de los Cuerpos Generales, pero la Administración no las considere aptas para integrarse en dichos cuerpos.

Entre las trabajadoras hay agotamiento por inmovilidad, sentimientos de infravaloración, frustración y estrés, así como erosión de la vocación

Para acabar con la situación, el colectivo de la Escala Sociosanitaria propone una serie de soluciones que se dividen en demandas estructurales y medidas de aplicación inmediata. Todas las peticiones se dirigen a la Dirección General de Función Pública de la Consejería de Administraciones Públicas.

La demanda central es que la Administración cumpla con la mencionada Ley de Empleo Público que preveía la integración de estas especialidades en cuerpos generales. De esta forma, proponen, se establecerían destinos específicos por titulación. Por ejemplo, para Medicina, su integración en el Cuerpo Superior de Administración Sanitaria y Salud Pública (A1); para Psicología, en el Cuerpo Superior de Servicios Sociales (A1); y para Enfermería, Fisioterapia, Terapia Ocupacional y Educación Social, en el Cuerpo de Gestión de Servicios Sociales (A2).

Para ello, demandan la “extinción total” de la Escala (tanto la Superior como la Técnica). Argumentan que fue creada en 2002 con el único fin de “funcionarizar” al personal laboral de aquella época, un objetivo que ya se cumplió, y que hoy solo sirve para “recortar derechos en comparación con otros funcionarios”.

Más allá del cuidado asistencial directo

De igual forma, exigen que la Administración reconozca de forma expresa que su cualificación profesional no se limita al cuidado asistencial directo. Piden que se les permita acceder, en igualdad de condiciones, a puestos de gestión, coordinación técnica y dirección pública,

Para todo ello, solicitan el establecimiento de un “calendario claro de soluciones” y la apertura de una mesa de negociación específica donde estén representados tanto los sindicatos como el propio colectivo afectado.

Durante los últimos años, en el ámbito del funcionariado castellanomanchego, la principal reivindicación (y la más mediática) ha sido la petición de los sanitarios del reconocimiento de la carrera profesional. Tras años de lucha, el Gobierno regional finalmente ha atendido esta demanda.

Es uno de los motivos por los que las trabajadoras de la Escala Sociosanitaria denuncian su “discriminación silenciosa”. Consideran que ahora ya llegado su turno. “No pedimos nada que no nos corresponda por derecho. Es de justicia”, concluyen.

Noelia, la educadora social, remitió en los primeros meses del año dos escritos dirigidos personalmente al director general de Función Pública de Castilla-La Mancha, José Narváez. Al no obtener respuesta, hace tan solo unos días, decidió dirigirse directamente al presidente autonómico, Emiliano García-Page, remitiéndole el informe y un texto de introducción con la situación de estas profesionales.

Este periódico ha solicitado a la Dirección General de Función Pública del Gobierno regional su valoración sobre este informe, preguntando si existen posibles soluciones la situación del funcionariado de la Escala Sociosanitaria, sin que por el momento haya habido respuesta.

Ante la ausencia del decreto que consolida y amplía el teletrabajo, la Junta de Andalucía ha aprobado con los sindicatos un sistema transitorio hasta que se aprueba la medida definitiva en septiembre. Los sindicatos SAF, CSIF y UGT han anunciado este miércoles un acuerdo para la aprobación de una resolución de homogeneización del teletrabajo en la administración autonómica, que afecta a alrededor de 40.000 trabajadores. Así, se podrá elegir el día de teletrabajo del que ya disponen entre cualquier día de la semana y tampoco serán reducidos por festivos, puentes, permisos, vacaciones o ausencias justificadas.

En un comunicado conjunto, los sindicatos han anunciado que el pasado 21 de abril suscribieron con la Junta un pacto en el seno de la Mesa Sectorial de Negociación el que esta se comprometía a culminar la aprobación del futuro Decreto de Teletrabajo antes del 30 de septiembre de 2026 y asumía la implantación de un marco provisional de aplicación homogénea del teletrabajo que permitiera dotar a esta modalidad de prestación de servicios de un marco “más claro, homogéneo y estable hasta la entrada en vigor del nuevo Decreto”. En declaraciones a Europa Press, fuentes de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública han trasladado que la resolución acordada será de aplicación una vez que sea firmada y publicada, extremo que aún no se ha producido.

Por el momento, la Administración ha elaborado una resolución de homogeneización del teletrabajo para su aplicación en toda la Administración General de la Junta de Andalucía. Durante las últimas semanas, SAF, CSIF y UGT han “presionado” para que dicha resolución incorpore “el mayor número posible de garantías y mejoras para el personal empleado público”. De este modo, han valorado que esta resolución pone fin a la “actual disparidad” de aplicación de criterios entre centros directivos y establece “reglas claras y comunes” para todo el personal funcionario, recogiendo “mejoras reales” respecto a la situación anterior.

Aparte de que todos los días hábiles de la semana son teletrabajables, los sindicatos han destacado el “silencio administrativo positivo”, así que, en caso de que la Administración no resuelva en un plazo de dos meses, la solicitud se entiende concedida. Además, han logrado que, como causas de denegación tasadas y regladas, con la garantía de un mínimo de presencialidad semanal, “deberá aplicarse de forma objetiva y motivada”. Otras de las ventajas adquiridas con esta resolución son una mayor seguridad jurídica y flexibilidad, la prohibición expresa de mecanismos de control y vigilancia desproporconados y flexibilización del requisito de antigüedad, entre otras.

“Visión más restrictiva”

Por contra, han señalado que la Administración “continúa manteniendo una visión más restrictiva” del teletrabajo que la existente en otras administraciones públicas, lo que “limita el alcance de algunas de las mejoras planteadas por las organizaciones sindicales”. Por ello, SAF, CSIF y UGT han asegurado que seguirán exigiendo el cumplimiento del calendario comprometido para la aprobación del Decreto de Teletrabajo antes del 30 de septiembre de 2026.

Con respecto a las trifulcas entre las organizaciones sindicales, las tres organizaciones han manifestado su “profundo rechazo a la actitud” de CCOO e ISA, dado que “se autoexcluyeron de este proceso de negociación y durante semanas se han dedicado a obstaculizar nuestro trabajo y a desinformar”. En este sentido, cabe recordar que, una vez conocidas las condiciones de la Junta, CCOO, ISA y Ustea se apartaron alegando que no creían que sirviera de nada este acuerdo, salvo para romper la unidad sindical y que la administración autonómica se justificara ante sus trabajadores. “Un pacto vacío”, lo denominaron.

Uno versus cuatro

En Andalucía, el teletrabajo en la administración sigue rigiéndose en 2026 con los criterios excepcionales fijados para la crisis del Covid-19 y espera desde julio de 2024 a una modificación. Hasta ahora, los trabajadores de la administración general pueden solicitar un día de teletrabajo a la semana. Con el Decreto podrán pedir dos tan pronto como entre en vigor, una cifra que sigue siendo inferior a la mayoría de comunidades autónomas. Pasado año y medio se evaluará si se han cumplido los objetivos, y el Gobierno andaluz lo podrá generalizar a tres días a la semana, según el borrador que, se supone, llegará al Consejo de Gobierno en septiembre, tras casi año y medio en exposición pública.

El pasado 8 de abril la Consejería admitió en una reunión de mesa sectorial que aún necesitaba los informes presupuestario, jurídico y del Consejo Consultivo. Los sindicatos salieron de allí con la confirmación de que el teletrabajo no es una prioridad para el Gobierno andaluz. Días después, se filtró una circular de la Consejería de Sostenibilidad que restringe el teletrabajo, haciendo referencia a una guía de buenas prácticas de la propia Secretaría General de Administraciones Públicas de la que no habían sido informados. A las puertas de las elecciones, el secretario general se movió rápido para sofocar la crisis: volvió a citarlos, y les aseguró que la Junta esperaba publicar el Decreto a finales de septiembre, ofreciendo entre tanto una regulación que “homogeneice” la aplicación del teletrabajo y acabe con la disparidad, que raya la arbitrariedad.

Después de Andalucía, que solo tiene un día de teletrabajo, Asturias y la Comunidad de Madrid son los territorios con menos días de teletrabajo, siendo dos. En cambio, Aragón y Baleares tienen aprobados hasta cuatro días a la semana, aunque en el caso de altos cargos y jefes de servicio tienen que ir, al menos, tres días a la semana, además de haber algunos mínimos exigibles ligados a la antigüedad.

También los funcionarios del Ayuntamiento de Logroño están padeciendo altas temperaturas en su jornada laboral. Así lo denuncia UGT La Rioja que asegura que la temperatura en varias oficinas supera los 30 grados por la avería de los sistemas de climatización en varias estancias.

“Decenas decenas de trabajadores y trabajadoras están atravesando el verano y la actual ola de calor en unas condiciones de trabajo deplorables, ya que las estancias en las que desarrollan su labor tienen averiados desde hace tiempo sus sistemas de climatización, lo que está provocando que sus jornadas se desarrollen con temperaturas extremas”, aseguran desde el sindicato. En concreto, el personal municipal de las áreas de Informática, Registro y Estadística “que ha tratado de sofocar el calor con sus propios medios porque la única solución propuesta por el Consistorio ha sido proporcionar ventiladores”. Una medida que consideran “insuficiente e inoperante porque los ventiladores se limitan a remover el mismo aire de las estancias, sin rebajar en absoluto la temperatura ni resolver un problema que afecta directamente a la salud y a las condiciones de trabajo del personal”

Aseguran que la técnica municipal de Prevención ya conoce la situación de estos trabajadores: “tras comprobar la situación existente, emitió un informe en el que dejó constancia de las condiciones inapropiadas en las que se está desarrollando el trabajo en la actualidad”.

Así, y aunque la Unidad de Arquitectura, responsable del mantenimiento de los edificios municipales, está tratando de solucionar la avería existente, UGT insiste en que “deben adoptarse medidas urgentes y extraordinarias mientras se resuelve la incidencia”. Y plantean la posibilidad de que el personal pueda teletrabajar o que se instalen elementos de climatización provisionales en las zonas afectadas. De momento aseguran que el Ayuntamiento de Logroño no ha adoptado ninguna de las dos opciones y advierten de que si no se adoptan medidas urgentes que garanticen el cumplimiento de la normativa vigente y permitan que las trabajadoras y trabajadores desarrollen su labor en unas instalaciones adecuadas, pondrán estas irregularidades en conocimiento de la Inspección de Trabajo“.

Los sindicatos de la Policía Local de Cantabria APLB-USO, CC.OO, CSIF y SIEP han rechazado el borrador de las futuras normas marco del Cuerpo en la Mesa de Coordinación de Policías Locales.

En un comunicado conjunto, las organizaciones sindicales han explicado que esta decisión no responde a una “postura de bloqueo” sino al “convencimiento” de que el texto presentado por el Gobierno de Cantabria supone “una oportunidad perdida para avanzar en la coordinación, homogeneización y mejora de las condiciones profesionales de las policías locales de nuestra comunidad autónoma”.

Tras más de año y medio de trabajo, reuniones y negociación, durante el que se elaboró un borrador consensuado con el anterior Gobierno, los sindicatos esperaban que el texto definitivo incorporase las mejoras que eran objeto de debate desde el inicio del proceso, pero “nos encontramos con un documento que elimina o diluye cuestiones esenciales para el futuro de la Policía Local en Cantabria”.

Riesgos laborales y complemento de destino

“Especial preocupación” les produce la negativa a reconocer expresamente la toxicidad y la exposición a agentes físicos, químicos y biológicos inherentes a la función policial desde una perspectiva de prevención de riesgos laborales y protección de la salud.

En este sentido, han concretado que las intervenciones en accidentes de tráfico, incendios, emergencias, situaciones con presencia de sustancias peligrosas, contacto con fluidos biológicos o actuaciones con personas en situaciones de especial vulnerabilidad exponen a los agentes a riesgos “que merecen ser reconocidos y contemplados dentro de una norma moderna y adaptada a la realidad del servicio”.

Asimismo, consideran “incomprensible” que una norma cuya finalidad principal debería ser coordinar y homogeneizar criterios en toda Cantabria “renuncie a abordar cuestiones tan importantes como la homogeneización del complemento de destino de las policías locales de la comunidad autónoma”.

Los representantes sindicales también han expresado su preocupación por la aparición de informes y objeciones “de última hora” que alteran acuerdos previamente trabajados durante meses. “Tenemos la sensación de que determinadas presiones procedentes de algunos ayuntamientos han condicionado de manera decisiva el resultado final del texto”, han comentado. A su juicio, resulta “especialmente preocupante que los intereses particulares de determinadas administraciones locales parezcan imponerse sobre el interés general de la coordinación policial en Cantabria”.

Por todo ello, han rechazado el borrador “pues ni tan siquiera el Gobierno de Cantabria ha querido realizar la votación tal y como recoge el régimen de funcionamiento de dicha Comisión”.

“Seguiremos defendiendo una norma marco moderna, valiente y útil, que reconozca la realidad de la profesión, proteja la salud de los agentes, garantice criterios homogéneos en toda la comunidad autónoma y responda verdaderamente a la finalidad para la que fue concebida: coordinar y mejorar las policías locales de Cantabria”, han concluido.

UGT Servicios Públicos La Rioja denuncia la eliminación del complemento de disponibilidad que venía regulado en el acuerdo de funcionarios del Ayuntamiento de Lardero y que ha desaparecido con la aplicación efectiva de la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en la nómina correspondiente al mes de mayo de 2026. Y entre los funcionarios perjudicados, la Policía Local que ya ha manifestado “su profundo desacuerdo con la gestión realizada tras la entrada en vigor de la nueva Relación de Puestos de Trabajo”.

UGT La Rioja explica que el documento aprobado por el Consistorio cigüeño en octubre de 2025 ha corregido al alza diversos “factores organizativos e históricos que se encontraban infravalorados, su aplicación efectiva en las nóminas correspondientes al mes de mayo de 2026 ha puesto de manifiesto importantes perjuicios para determinados colectivos municipales, especialmente para la Policía Local y otros servicios que también contaban con sistemas de disponibilidad regulados”.

Y con esta decisión, apunta la formación sindical, “el Ayuntamiento rompe un modelo que ha demostrado su eficacia durante más de veinte años, permitiendo garantizar la adecuada cobertura de los servicios municipales pese a contar con una plantilla reducida y mientras continúan sin cubrirse plazas ya creadas y recogidas en la propia estructura de personal municipal”.

Hasta ahora, prosigue UGT, “los agentes disponían de un sistema voluntario mediante el que aquellos efectivos que así lo decidían permanecían localizables fuera de su jornada ordinaria a cambio de una compensación económica específica. Sin embargo, con la aplicación de la nueva RPT, el Consistorio ha eliminado este acuerdo y la posibilidad de renuncia por parte de los trabajadores, sustituyéndolo por el denominado Factor K (dedicación especial e incompatibilidad), cuya valoración económica representa únicamente una cuarta parte de la cuantía que se venía percibiendo por el concepto de disponibilidad.”

Para UGT, con esta decisión, el “Ayuntamiento de Lardero está reduciendo costes a costa de los derechos laborales de la plantilla y para ello está utilizando la implantación de la nueva RPT porque en la práctica pretende imponer una disponibilidad permanente y obligatoria por una retribución notablemente inferior a la establecida en el acuerdo vigente, alterando de manera sustancial las condiciones de trabajo sin una negociación colectiva efectiva ni el debido consenso con los representantes de los trabajadores”. Y es que aseguran que “sustituir un sistema voluntario por otro obligatorio, reduciendo además la compensación económica en un 75 por ciento, supone un grave perjuicio para los trabajadores y una vulneración de los acuerdos alcanzados durante años de negociación”.

Y alertan de que esta decisión del Ayuntamiento de Lardero ya está teniendo consecuencias. “El pasado fin de semana hubo dificultades para cubrir un turno. De hecho hubo un único agente de servicio durante aproximadamente dos horas”.

De hecho, los representantes de la Policía Local están valorando acciones legales “para defender los derechos del colectivo”. Y desde UGT La Rioja, además de mostrarles su apoyo, exigen al equipo de Gobierno del PP “una aclaración inmediata y por escrito sobre el alcance, obligaciones y exigencias asociadas al nuevo Factor K”. Y además reclaman respeto a los acuerdos laborales “actualmente vigentes, la seguridad jurídica en la aplicación de las nóminas y la protección efectiva de derechos fundamentales como la conciliación de la vida personal y familiar, el descanso y la desconexión digital de todos los integrantes de la Policía Local de Lardero”.

Por todo ello, y si el Consistorio no inicial una negociación “real y busca soluciones con los representantes sindicales” alertan de “problemas para cubrir determinados servicios e incluso provocar que haya franjas horarias sin presencia policial suficiente para atender las necesidades del municipio”.

Los sindicatos UGT, CSIF, CCOO y CIG iniciarán este miércoles, 17 de junio, un calendario de movilizaciones en la Seguridad Social con concentraciones de protesta, que tendrán lugar de 11.00 a 11.30 horas en las sedes de las direcciones provinciales y servicios centrales del organismo público de 15 ciudades, como el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ubicado en la calle Calvo Sotelo de la capital cántabra.

Según han precisado los cuatro sindicatos en un comunicado, este calendario de movilizaciones responde al “insistente incumplimiento” de los acuerdos suscritos en 2018 y 2023 para modernizar y mejorar el servicio público de la Seguridad Social, a lo que se une la falta de aplicación efectiva de la nueva regulación de jornada y horarios aprobada para el conjunto de la Administración General del Estado (AGE).

UGT, CSIF, CCOO y CIG han denunciado “la ausencia de avances reales en materias esenciales para garantizar el futuro de la Seguridad Social”, entre las que citan “la reorganización administrativa, la cobertura y provisión de puestos de trabajo, la estabilización y rejuvenecimiento de las plantillas y la movilidad del personal”.

Además, los sindicatos han criticado que está pendiente todavía “el desarrollo del trabajo a distancia, la mejora de la formación y medidas relativas a la prevención de riesgos laborales, la promoción profesional y la negociación de las condiciones de trabajo”.

“A ello se suma la reciente falta de aplicación efectiva de la nueva regulación de jornada y horarios aprobada para el conjunto de la Administración General del Estado”, han agregado las organizaciones, que han reprochado a la Administración que “en lugar de aplicar los acuerdos y normas vigentes, está impulsando medidas que generan incertidumbre y ponen en cuestión derechos laborales ya consolidados”.

Los sindicatos de la AGE han indicado en su comunicado que “la falta de cumplimiento de los acuerdos alcanzados está provocando un progresivo deterioro de las condiciones laborales y un incremento constante de las cargas de trabajo, en un contexto marcado por el envejecimiento de las plantillas y la insuficiencia de efectivos”.

“El incumplimiento de estos compromisos no solo afecta a las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de la Seguridad Social, sino también a la calidad del servicio que reciben millones de ciudadanos”, han recalcado UGT, CSIF, CCOO y CIG, que han advertdio que este calendario de movilizaciones continuará “hasta que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones adopte las decisiones necesarias para cumplir los acuerdos suscritos y garantizar el futuro de una institución esencial para el Estado del Bienestar”.

Juan Carlos Nieto no esperaba convertirse en noticia ni en símbolo. Tras 37 años de servicio público, los últimos 15 en la oficina de prestaciones del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) de Mérida, insiste en que nunca quiso desafiar a la organización ni provocar una polémica política. Pero el expediente disciplinario a este funcionario que atiende a personas sin cita previa lo ha colocado en el centro de un debate que va mucho más allá de su propio caso.

Semanas después de que el caso saltara a la opinión pública y generara una ola de apoyo ciudadano, sindical y político sin precedentes en la región extremeña, Nieto continúa sin conocer el desenlace del procedimiento. “Por el momento no hay ninguna novedad”, explica a elDiario.es Extremadura.

La incertidumbre persiste mientras la Subdirección General de Recursos y Organización del SEPE analiza la propuesta de sanción formulada tras la investigación de la Inspección de Servicios.

Además, la documentación del expediente a la que ha tenido acceso este periódico refuerza la versión defendida por el trabajador. En el pliego de cargos se recoge que los hechos investigados consisten en haber realizado actuaciones para usuarios sin cita previa y emitir determinados certificados o atender consultas al margen de las instrucciones internas establecidas por la dirección. El documento no atribuye el expediente a otras causas diferentes ni recoge los motivos alternativos que han circulado en algunas informaciones publicadas durante las últimas semanas. “No sé si es malintencionado o se quiere sembrar dudas, pero los motivos del expediente son los que son”.

Según el propio pliego, la Administración considera que esas actuaciones podrían haber generado un trato diferenciado respecto a otros usuarios que seguían el procedimiento ordinario de cita previa y encuadra los hechos en una posible falta grave por incumplimiento de funciones. Nieto rechaza esa interpretación y sostiene que nunca dejó de atender a personas con cita para beneficiar a otras que no la tenían. “Jamás dejé de atender a alguien con cita para atender a otra persona que sí disponía de ella. Cuando había capacidad y alguien llegaba con una necesidad urgente y había un hueco, yo intentaba ayudar, pero no por caridad, simplemente porque es mi trabajo”, afirma.

El pasado 5 de junio, sin embargo, el Ministerio de Trabajo aseguró que “la investigación que se está realizando al trabajador del SEPE de la oficina de Mérida no se pone en marcha porque el funcionario esté atendiendo a ciudadanos sin cita”.

El rostro de un debate nacional

La repercusión mediática del caso ha sorprendido incluso al propio protagonista. Lo que empezó como un expediente interno terminó ocupando espacio en medios nacionales y desencadenando una movilización ciudadana poco habitual en torno a un trabajador público.

Nieto admite que esta exposición pública ha tenido un impacto personal. “Cuando todo esto empezó pensaba que era una cuestión administrativa más. Nunca imaginé que acabaría en programas de radio y periódicos nacionales o que tanta gente me mostraría su apoyo”. Aun así, reconoce que también ha sentido el peso de convertirse en una figura pública involuntaria.

“Hay quien me presenta como un héroe y yo no me reconozco en esa imagen, pero estoy muy preocupado y esto está afectando a mi mujer y a mi hijo también. He hecho mi trabajo lo mejor posible como lo hacen miles de empleados públicos. Lo que ocurre es que este caso ha tocado una fibra sensible porque mucha gente ha vivido problemas similares con la Administración y nadie les ha defendido antes”.

Y es que su nombre ha quedado ligado a un debate que afecta a miles de ciudadanos: la creciente dependencia de los procedimientos digitales para acceder a servicios esenciales y las dificultades de quienes no logran adaptarse a ellos.

El temor a las consecuencias

Aunque el expediente puede comprometer su futuro laboral, Nieto asegura que hay algo que le preocupa incluso más que una posible sanción (hasta seis meses de suspensión de empleo y sueldo). “Lo que verdaderamente también me inquieta es el efecto que esto pueda tener sobre otros compañeros”.

A su juicio, el mensaje que podría desprenderse de su caso es que cualquier iniciativa orientada a resolver problemas concretos de la ciudadanía puede convertirse en un riesgo para el trabajador. “Si la conclusión es que lo mejor es limitarse a cumplir estrictamente las instrucciones aunque tengas delante a una persona desesperada, estaremos generando una Administración mucho más fría y distante”.

Recuerda que muchas empleadas y empleados públicos se enfrentan a diario a situaciones que no encajan perfectamente en los manuales y que exigen cierto margen de criterio profesional. “La Administración necesita normas, nadie discute eso. Pero también necesita personas capaces de interpretar la realidad que tienen delante”.

Uno de los aspectos más delicados del caso es la tensión entre la legalidad formal y la atención efectiva a la ciudadanía. Los defensores de la cita previa sostienen que garantiza igualdad de trato, evita arbitrariedades y permite organizar recursos limitados. Nieto no cuestiona esos objetivos. “La cita previa tiene sentido. Es una herramienta útil para gestionar el trabajo. El problema aparece cuando deja de ser una herramienta y se convierte en una barrera”.

Insiste en que el debate debe trascender su situación personal. “Ante la pregunta de qué prefiero: que archiven el expediente o que se arregle esto. Yo quiero que se archive porque es mi trabajo y mi sustento, pero también creo que se ha abierto una oportunidad para humanizar un poco el sistema”.

Nieto explica que en la propia oficina existen mecanismos para aprovechar los huecos que quedan cuando una atención termina antes de lo previsto. El gestor de colas, señala, permite asignar esos tiempos libres a personas que llegan sin cita previa. “Llevo más de un año planteando alternativas porque creo que se puede compatibilizar la organización del trabajo con la atención a quien tiene una necesidad urgente”. Además, recuerda que un sistema mixto, que combina cita previa con atención en el mismo día, ya está funcionando en otras localidades de la provincia de Badajoz.

Una Administración que excluye

La cita previa, implantada inicialmente como medida excepcional durante la pandemia, se ha convertido en el acceso habitual a numerosos servicios públicos. Para Nieto, este cambio ha aportado ventajas organizativas, pero también ha generado nuevos problemas. “La digitalización ha facilitado muchas cosas, pero también ha creado nuevas formas de exclusión”.

Recuerda que una parte importante de los usuarios del SEPE son personas mayores, ciudadanos con escasos conocimientos tecnológicos o personas en situaciones personales especialmente complicadas. “No todo el mundo tiene ordenador, acceso a internet o capacidad para manejar determinados procedimientos”.

Su reflexión se apoya en décadas de experiencia en atención al público. “He visto personas perder prestaciones por cuestiones burocráticas o por no entender determinados procedimientos. A veces no se trata solo de aplicar una norma, sino de tener empatía con quien tienes delante”.

Durante la conversación evoca incluso el caso de su propio padre, funcionario jubilado, que tuvo dificultades para realizar trámites sanitarios graves y urgentes que solo podían gestionarse por internet: “Para ayudar a mi padre y a mi madre tuve que pedir asesoramiento a mi mujer e incluso a un amigo, porque yo me pongo nervioso cuando no controlo todo el proceso”.

Apoyo ciudadano inmediato

La apertura del expediente provocó una reacción social inmediata en Mérida. Decenas de personas se concentraron ante las puertas del SEPE para mostrar su apoyo al trabajador y exigir el archivo de las actuaciones. Entre los asistentes había desempleados, compañeros de oficina, representantes sindicales y ciudadanos que conocían de primera mano la labor de Nieto.

“Lo que más me ha emocionado no han sido las entrevistas ni la repercusión mediática, sino escuchar a personas que venían a decirme que en algún momento les ayudé cuando tenían un problema”, confiesa.

El respaldo también ha llegado desde organizaciones sociales y distintas formaciones políticas, aunque él insiste en desvincular su caso de cualquier confrontación partidista. “No quiero que esto se politice porque no creo que sea una cuestión de derechas o de izquierdas. Tiene que ver con cómo queremos que funcione la Administración y con qué tipo de relación queremos entre los servicios públicos y la ciudadanía”.

Mientras espera la resolución definitiva, Nieto es consciente de que el desenlace puede tener un alcance que va más allá de su propia carrera. Si la sanción prospera, muchos lo interpretarán como una reafirmación del cumplimiento estricto de los procedimientos. Si se archiva o se suaviza, otros verán un reconocimiento implícito de la necesidad de mantener márgenes de flexibilidad en la atención al público.

Él evita situarse en los extremos. “No creo que la solución sea que cada funcionario haga lo que quiera. Pero tampoco creo que una Administración pueda funcionar ignorando las circunstancias reales de las personas”. Su reflexión destila empatía: “Después de tantos años trabajando, uno aprende que detrás de cada expediente hay una persona. Y quizá eso es lo que no deberíamos obviar nunca porque es fácil olvidarse”.

Denunció otros obstáculos

El expediente actual no es el primer desencuentro de Nieto con la estructura administrativa del SEPE. En abril de 2019, cuando trabajaba en la oficina de prestaciones de Mérida, remitió un escrito a la dirección provincial alertando de las sanciones que estaban recibiendo numerosos perceptores por no acudir a los controles obligatorios. Según denunció entonces, muchos nunca llegaron a conocer las citaciones porque las cartas eran devueltas sin haber sido entregadas.

Aquel aviso generó debate y acabó impulsando cambios en los procedimientos de notificación. Para él, ese episodio reforzó la convicción de que la Administración debe garantizar que los ciudadanos comprendan y puedan ejercer sus derechos antes de imponer sanciones que afectan “directamente a su subsistencia”.

La continuidad entre aquella denuncia y el expediente actual permite interpretar ambos episodios como parte de una misma preocupación: evitar que procedimientos concebidos para organizar la Administración terminen convirtiéndose en obstáculos para quienes más dependen de ella.

El caso ha llegado incluso al Defensor del Pueblo. La institución que dirige Ángel Gabilondo ha abierto actuaciones y ha solicitado información al SEPE sobre las circunstancias que motivaron la apertura del expediente, los tiempos medios para obtener cita en la oficina de Mérida y los criterios que regulan la atención presencial. Además, recuerda que durante los últimos años ha recibido numerosas quejas ciudadanas por las dificultades para conseguir cita previa y ser atendidos en las oficinas de empleo, una situación sobre la que ya había formulado recomendaciones a la Administración.

La Secretaría de Estado de Función Pública ha aprobado las nuevas instrucciones pactadas con los sindicatos para la jubilación parcial del personal laboral incluido en el IV Convenio Único de la Administración General del Estado (AGE), con el objetivo de desbloquear este procedimiento tras los cambios introducidos en la reforma de pensiones de 2024.

La resolución, publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), sustituye a las instrucciones vigentes desde febrero de 2022 y establece los criterios para tramitar tanto la jubilación parcial ordinaria como para la jubilación parcial anticipada del personal laboral, explica la agencia Europa Press.

Como se recoge en el BOE, la actualización normativa responde a las modificaciones introducidas por la reforma de pensiones de 2024 que reformó la jubilación parcial y del contrato de relevo, con la obligación de que este último se incorporara a su puesto con un contrato indefinido.

Esta modificación bloqueó la disponibilidad de la medida en las Administraciones públicas, con procedimientos más complejos (y sobre todo que llevan más tiempo) para el acceso al empleo fijo. Los sindicatos y el Gobierno han estado negociando meses una salida, acordada ya hace varias semanas, pero no aprobada.

En el cuerpo de la Administración General del Estado la luz verde ha llegado con esta resolución en el BOE, pero se espera aún la aprobación de un real decreto ley para el resto de Administraciones Públicas.

Solución para el personal laboral del Estado

En concreto, la resolución recoge que podrán acceder a la jubilación parcial los trabajadores laborales fijos a jornada completa que cumplan los requisitos de edad, cotización y antigüedad establecidos en la normativa de Seguridad Socialm informa Europa Press.

Asimismo, regula las condiciones de reducción de jornada y la contratación de relevistas en los supuestos de jubilación parcial anticipada, adaptando estos procedimientos a los cambios legales en vigor desde el pasado 1 de abril.

La norma también incorpora los criterios acordados entre la Administración y las organizaciones sindicales en el seno de la Comisión Negociadora y la Comisión Paritaria del IV Convenio Único.

En vigor desde este miércoles

Según recoge el texto, las nuevas instrucciones entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE –es decir, este miércoles–y dejarán sin efecto las aprobadas por Función Pública en febrero de 2022.

Este mismo miércoles, en rueda de prensa, UGT ha asegurado que el problema generado por la aplicación de la nueva regulación de la jubilación parcial para el personal laboral de la AGE ha quedado “desbloqueado” tras la aprobación de esta resolución.

El coordinador general del Convenio Único en UGT, Alberto Pablos, ha señalado que los trabajadores afectados deberán volver a presentar las solicitudes de jubilación parcial que habían quedado paralizadas durante los últimos meses para que puedan ser tramitadas conforme al nuevo procedimiento.

Según ha explicado, los retrasos registrados durante el último año se debieron a la falta de adaptación de Función Pública a los cambios introducidos por el Real Decreto-ley 11/2024 y ha defendido que el nuevo sistema beneficiará tanto a quienes accedan a la jubilación parcial como a los trabajadores que ocupen los contratos de relevo.

El Ayuntamiento que lidera José Luis Martínez-Almeida ha aplicado uno de los principales mandamientos que el alcalde ha solicitado a la ciudad ante la llegada del papa León XIV. Los empleados públicos del Consistorio teletrabajan desde el pasado miércoles 3 de junio y hasta el martes 9.

Solo quedan eximidos de ello los puestos que por sus condiciones no pueden acogerse a la norma, como seguridad, emergencias, mantenimiento o limpieza. También oficinas de atención ciudadana o al contribuyente, donde en algunos casos la actividad telemática sí se ejecutará el lunes 8 (previsiblemente la jornada más intensa y la más complicada a nivel logístico) y el martes 9 de junio.

Ya en mayo, el regidor pidió a las empresas adoptar esta medida durante al menos cuatro días laborables ante un “acontecimiento histórico” de una magnitud “prácticamente sin precedentes”. Como finalmente ha ocurrido, avisaba Almeida que ya en los días previos a una visita que tendrá lugar del 6 al 9 de junio habría “afecciones importantes” al tráfico en zonas clave, como el entorno de Cibeles o la plaza de Lima.

“Solicito que por parte de las empresas y de los centros de trabajo se faciliten las condiciones de teletrabajo. El Ayuntamiento de Madrid ha decidido que del 3 al 9 de junio habrá teletrabajo para los empleados del Ayuntamiento”, avanzó desde el Palacio de Cibeles. Incluso pidió a la ciudadanía que “evite desplazamientos que no sean estrictamente necesarios a lo largo de todos esos días”. Su llamamiento parece haber tenido calado, ya que este jueves el tráfico se redujo un 32% con respecto a un día normal en el interior de la M-30, comunicó en X el delegado de Movilidad, Borja Carabante.

El Gobierno de Almeida ha puesto a disposición de los peregrinos hasta 33 edificios públicos (principalmente polideportivos) en los que podrán pasar la noche de forma gratuita. El Consistorio también pone autobuses gratis de la EMT o vehículos de Bicimad entre el 3 y el 9 de junio. Asimismo se han autorizado más licencias de taxi , incluyendo a las que tenían libranza.

El sábado 23 de mayo quedó ocupado de forma permanente el carril derecho del paseo de Recoletos sentido norte. El 25 se ocuparon las dársenas de autobuses nocturnos de la plaza, además de tres carriles del paseo de la Castellana para instalar una plataforma, reservada al coro del domingo. Ese mismo día de mayo comenzó el montaje del altar, aunque estos trabajos no suponen una ocupación de calzada. El 3 de junio se procedió al corte prácticamente total del tráfico en los carriles centrales de la Castellana. Y, a partir del 4 de junio, a todo el tráfico rodado en torno a la plaza de Cibeles.

El Gobierno central también muestra su fe en que el teletrabajo reduzca el colapso

El Ejecutivo municipal no es el único que aplica medidas en este sentido. Por parte del Gobierno central, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública que lidera Óscar Lóprez ha aprobado el teletrabajo los días 5, 8 y 9 de junio, según fuentes consultadas por Somos Madrid.

La responsable de la cartera de Trabajo, Yolanda Díaz, ya emplazó a las empresas a favorecer el trabajo a distancia para “reducir los desplazamientos innecesarios y contribuir al normal desarrollo” de los servicios. Para la plantilla de este Ministerio está en vigor desde el 4 de junio y hasta el 9, ambos incluidos. La Delegación del Gobierno en Madrid se ha sumado al requerimiento, respaldado igualmente por los sindicatos.

Este periódico ha contactado a la Consejería de Economía, Hacienda e Innovación (de la que depende la Dirección autonómica de Función Pública) para conocer el alcance de la implantación del teletrabajo en los funcionarios de la Comunidad de Madrid ante el multitudinario evento, sin que lo concreten en su contestación: “Desde 2020 la Administración de la Comunidad ya cuenta con una regulación del teletrabajo en situaciones ordinarias como en situaciones de especial relevancia y corta duración, como es el caso”.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia que la plantilla del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Toledo sufre una “situación insostenible” debido a que “es incapaz de hacer frente los cientos de procedimientos pendientes y de absorber el volumen de asuntos que recibe”.

Este juzgado entraba en funcionamiento en abril de 2024 con la competencia de los partidos judiciales de Toledo, Orgaz e Illescas. CSIF alerta que los funcionarios destinados a este juzgado “se ven obligados de manera habitual a prolongar su jornada laboral más allá del horario oficial, fijado entre las 8 y las 15 horas, para intentar sacar adelante todo el trabajo acumulado llegando a salir durante muchos días a las 17 o las 18 horas. Estas horas extraordinarias no son compensadas ni económica ni temporalmente”.

El presidente de CSIF Justicia Castilla-La Mancha, Manuel Pelayo explica que “con la plantilla actual sólo se puede hacer lo urgente, mientras que el resto de procesos se van almacenando e incluso su resolución tarda años y años. Es un problema muy grave”.

Explican que hace meses se crearon tres plazas de refuerzo destinadas exclusivamente a la incoación de demandas. Sin embargo, esta medida “resulta claramente insuficiente” para atender la totalidad de las funciones que desarrolla el juzgado.

La situación “ha empeorado” y el volumen de trabajo “es ingente”

Desde CSIF apuntan que la última semana de mayo hubo once casos de violencia y que este pasado lunes se produjeron otro seis, que conllevaría: “procesos complejos y largos, estamos hablando procedimientos penales, civiles o de menores relacionados con la violencia de género, así como órdenes de protección, medidas cautelares, actuaciones con participación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, médicos forenses… todo lo urgente se atiende, lo que conlleva que los trabajadores superen con creces su jornada laboral, sobre ellos recae esta desproporcionada carga de trabajo, pero el resto de procesos o es que directamente es inasumible poder atenderlos”, señala Pelayo.

Para el sindicato, la situación “ha empeorado” tras la reciente reación de la segunda plaza de juez titular para este Juzgado de Violencia sobre la Mujer, ya que no ha conllevado la dotación de personal: “continúan el mismo número de trabajadores, una plantilla de ocho funcionarios más tres temporales para hacer frente a un volumen de trabajo ingente”.

Denuncian que tampoco hay personal para cubrir bajas, sustituciones o nueva necesidades: “en la actualidad, la Bolsa de Trabajo de Toledo carece de efectivos disponibles en los cuerpos de Auxilio Judicial y Gestión Procesal, mientras que en Tramitación Procesal apenas quedan cinco personas disponibles. Pese a ello, el Ministerio de Justicia no tiene prevista una actualización inmediata de estas bolsas de trabajo”.

Por todo ello, CSIF exige al Ministerio de Justicia la adopción “urgente” de medidas que permitan reforzar la plantilla, cubrir las necesidades estructurales del juzgado y garantizar una respuesta ágil y eficaz en una materia “especialmente sensible” como es la violencia sobre la mujer.

“Las consecuencias son tremendas tanto para los profesionales que prestan servicio en este Juzgado como para las víctimas, que dependen de una tutela judicial rápida y efectiva”, concluye Pelayo.

El Ayuntamiento de Logroño ha aprobado la Oferta de Empleo Público referente al año 2026. Está formada por 53 plazas que, según destacado la concejala responsable del área de Personal, Celia Sanz, permiten “avanzar en la consolidación del empleo público” y “adecuar la estructura laboral municipal a las necesidades organizativas de esta Administración, para en aras de ofrecer la mayor eficacia y eficiencia en el servicio que se presta a la ciudadanía de Logroño”.

De las plazas que integran la Oferta de Empleo Público, 38 corresponden a personal de nuevo ingreso. Destacan entre ellas 9 plazas de Policía Local, 7 de Administrativo y 5 de Técnico de Administración General. También se incluyen 3 plazas de Operario, 2 de Arquitecto Técnico, 1 de Arquitecto, 2 de Delineante y 1 de Técnico de Educación Infantil, entre otros perfiles muy demandados.

La oferta para personal de nuevo ingreso se completa con 1 plaza de Animador de Espacios Juveniles, 1 de Jefe de Relaciones Públicas del CMRE. 1 de Trabajador Social, 1 de TGM (Administración Especial), 2 de Técnico de Administración Especial, 1 de Ingeniero Técnico y 1 de Técnico Responsable de Prevención. De las 38 plazas de nuevo ingreso, se han reservado 3 para el acceso de personas con discapacidad: 1 de Operario, 1 de Administrativo y 1 de Técnico de Administración General.

El resto de la Oferta de Empleo Público 2026 se desglosa del siguiente modo: 12 plazas destinadas a la promoción interna del personal municipal, y 3 plazas de consolidación de empleo interino.

Celia Sanz ha insistido en el “esfuerzo continuado” para impulsar los procesos selectivos de personal, agradeciendo la “gran profesionalidad” de la Dirección General de Personal para ejecutar los distintos procesos. Así, ha recordado que durante el año 2026 se han aprobado las bases y convocatoria de 2 procesos selectivos, que han supuesto convocar un total de 5 plazas de plantilla y la creación de 2 listas de espera. Durante el año 2025 se aprobaron las bases y convocatoria de 23 procesos selectivos, que han supuesto convocar un total de 62 plazas de plantilla y la creación de 4 listas de espera.La concejala ha destacado el impulso dado a procesos como la convocatoria para cubrir 35 plazas de Administrativo, la de 6 plazas de Trabajador Social, la de 5 plazas de oficial inspector, la de 5 plazas de Delineante o la de 11 plazas de Bombero conductor.

La Oferta de Empleo Público completa se encuentra ya publicada en la página web del Ayuntamiento de Logroño www.logrono.es . 

PROMOCIÓN INTERNA

Nº de plazas

Técnico educación infantil

2

Cabo de salvamento

2

Sargento de salvamento

1

Oficial Policía Local

2

Técnico de Juventud

1

Oficial inspector

1

Subalterno

1

Oficial mecánico conductor

1

Oficial aguas

1

TOTAL

12

38 plazas de plantilla para personal de nuevo ingreso:

PLAZA DE PLANTILLA

Nº de plazas

Técnico de Administración General

5

Policía Local

9

Arquitecto Técnico

2

Técnico de Administración Especial

2

TGM (Administración Especial)

1

Animador espacios juveniles

1

Jefe Relaciones Públicas CMRE

1

Trabajador social

1

Administrativo

7

Operario

3

Ingeniero técnico

1

Arquitecto

1

Delineante

2

Técnico de Educación Infantil

1

Técnico Resp. Prevención

1

TOTAL

38

De las cuales, se han reservado las siguientes plazas de plantilla para el acceso a personas con discapacidad:

Plaza

número

Administrativo

1

Operario

1

Técnico de Administración General

1

Y 3 plazas de consolidación de empleo interino

Plaza

número

Diplomado Ad. Financiera

1

Oficial de aguas

1

Técnico especialista FP II

1

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha logrado una sentencia que califica de pionera en Galicia, en la que se reconoce el derecho del personal funcionario a percibir los complementos por nocturnidad, domingos y festivos durante los periodos de incapacidad temporal, vacaciones y permisos retribuidos.

En un fallo con fecha del 14 de mayo de 2026, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de A Coruña estima íntegramente la demanda presentada por los servicios jurídicos de CSIF y condena a la Consellería do Medio Rural a abonar las cantidades reclamadas por un bombero forestal del Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais (SPIF) correspondientes a los años 2024 y 2025, además de los intereses legales, informa Europa Press.

El juzgado considera que las retribuciones derivadas del trabajo nocturno y en domingos y festivos forman parte de la retribución ordinaria cuando estos turnos se realizan de manera habitual dentro de la jornada laboral. Por tanto, concluye que la Administración gallega no puede excluir su abono durante periodos de baja médica, vacaciones o permisos retribuidos.

La magistrada se apoya en jurisprudencia del Tribunal Supremo y en normativa europea para concluir que estos conceptos salariales no son extraordinarios ni voluntarios, sino inherentes al puesto de trabajo desempeñado por el funcionario demandante. La resolución señala expresamente que negar estos pagos supondría penalizar económicamente el disfrute de vacaciones o situaciones de incapacidad temporal.

En un comunicado, CSIF destaca que “se trata de la primera sentencia en Galicia que reconoce este derecho en el ámbito de la Administración autonómica para el personal funcionario que trabaja a turnos”. El sindicato considera que este pronunciamiento judicial puede “abrir la puerta a reclamaciones masivas” de empleados públicos y pide a la Xunta una solución negociada para evitar un aluvión de demandas.

La Junta de Personal del Ayuntamiento de Santander (formada por los candidatos electos de los sindicatos CSIF, UGT, SIEP, APLB-USO y CCOO) ha expresado a través de un comunicado su repulsa a “la campaña de desprestigio y enfrentamiento impulsada por el equipo de gobierno municipal contra los empleados públicos del Ayuntamiento” y ha exigido a la alcaldesa, Gema Igual, que rectifique “de inmediato” su actitud y muestre el respeto institucional que merece la plantilla municipal, respetando las investigaciones judiciales en curso “sin interferencias ni declaraciones irresponsables”.

Los miembros de la Junta de Personal del Consistorio han instado a que cese “la actitud de menosprecio respecto a los empleados públicos municipales y la búsqueda de enfrentamiento de la ciudadanía con los mismos” que, a su juicio, se está produciendo en “las constantes declaraciones de los miembros del equipo de gobierno y, especialmente, de la alcaldesa de Santander”.

Declaraciones inadmisibles de la alcaldesa

Los representantes de los trabajadores consideran “intolerable” que quienes tienen la obligación de defender y respaldar al personal municipal se dediquen a “alimentar un discurso de señalamiento y confrontación ante la ciudadanía”. Desde la Junta de Personal ponen el foco en “las recientes declaraciones de la alcaldesa -que tildan de ”inadmisibles- en un medio radiofónico, donde, lejos de defender a los trabajadores cuya Jefatura Superior ostenta, participó con una actitud complaciente en comentarios ofensivos y ataques gravísimos hacia la plantilla, compartiendo, con risas cómplices, los ataques que vertía el entrevistador contra el personal municipal“.

Desde la Junta de Personal han mostrado un rotundo rechazo a lo que consideran “acusaciones graves e irresponsables”, como las vertidas contra la Policía Local, de la que se llegó a decir que es “una organización enferma” que usa tácticas propias de la mafia italiana. Para los representantes de los trabajadores se trata de “unas afirmaciones intolerables que suponen un ataque directo al honor, la profesionalidad y la dignidad de los empleados públicos y que son solo una pequeña muestra de los reiterados desprecios que se denuncia”.

La Junta de Personal del Ayuntamiento de Santander ha añadido que “mientras en otras administraciones públicas, como el Gobierno de Cantabria, se reconoce y pone en valor el trabajo diario de sus empleados, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santander opta sistemáticamente por desacreditar a su propia plantilla, ignorando además las gravísimas carencias estructurales que sufren los servicios municipales”.

Carencia de medios y puestos sin cubrir

Desde la Junta se incide en que “la alcaldesa parece empeñada en denostar la labor de su personal, pese a sus esfuerzos diarios de estos por realizar su labor a pesar de las gravísimas carencias de medios técnicos y humanos, y de contar con más de una cuarta parte de las plazas que conforman la plantilla sin cubrir”, una situación denunciada reiteradamente por la representación sindical y que el equipo de gobierno continúa sin solucionar, según aseguran.

Por todo ello, los representantes sindicales de la Junta de Personal han advertido de que “no van a permitir que se siga utilizando a los empleados municipales como cortina de humo ni como objetivo político para desviar la atención de los problemas reales de gestión que sufre el Ayuntamiento”.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia que cinco funcionarios de vigilancia han sufrido diversas “heridas, hematomas, magulladuras y torceduras” derivadas de una intervención durante la mañana de este lunes en el centro penitenciario de Ocaña I (Toledo).

Desde el sindicato exponen que el suceso ha tenido lugar en el módulo de enfermería de este centro penitenciario cuando un interno “se negó de manera persistente, activa y vehemente a que los servicios sanitarios le administrasen el tratamiento pautado bajo indicación médica. A pesar de las reiteradas órdenes impartidas tanto por los funcionarios presentes como por los jefes de servicio, el interno mantuvo en todo momento una actitud desafiante, agresiva y de absoluta resistencia”.

Apuntan que el estado de alteración del interno ha propiciado que fuese “necesaria” la actuación coordinada de ocho funcionarios de vigilancia procedentes de otros módulos del centro.

“El interno, que se encontraba en ese momento dentro de su celda, recibió a los trabajadores con una fuerte resistencia física. Tras varios minutos de intensa pugna los funcionarios lograron reducirlo aplicando los protocolos de actuación establecidos y el personal sanitario pudo administrarle el tratamiento”, explican desde CSIF.

Aseguran que “como consecuencia directa del enfrentamiento” cinco funcionarios han resultado lesionados.

Desde CSIF exponen que este interno en concreto “ha protagonizado durante su estancia en Ocaña I diversos episodios de conflictividad e inadaptación al régimen ordinario de vida penitenciaria, mostrando conductas agresivas y alteraciones regimentales en distintas ocasiones”. Por este motivo, el sindicato solicita formalmente el traslado del interno en una conducción especial y directa “a un centro penitenciario mejor preparado para el control y tratamiento de internos de estas características”.

Reivindican la “falta de protección jurídica” de los empleados penitenciarios

CSIF lamenta “la falta de protección jurídica que continúan sufriendo los empleados públicos penitenciarios” en el ejercicio de sus funciones, al “no ser reconocidos todavía como agentes de la autoridad pese al elevado riesgo y exposición permanente que asumen diariamente”.

Explican que en España solo existen dos Hospitales Psiquiátricos Penitenciarios, situados en Alicante y Sevilla, “lo que provoca que muchas enfermerías de centros penitenciarios terminen funcionando como auténticos ‘psiquiátricos encubiertos’, sin los medios especializados suficientes para hacer frente a este tipo de perfiles especialmente conflictivos y complejos”.

CSIF también señala que “la semana pasada se produjo un incidente en Ocaña II durante el recuento de los internos, y en mayo del pasado año se produjo en Ocaña I una pelea multitudinaria entre internos en el que un funcionario resultó herido”. Sl sindicato apunta que, “a pesar de que no son trasladados a medios, los episodios violentos en los centros penitenciarios son muy frecuentes”.