El Gobierno andaluz de Juanma Moreno, una coalición de PP y Vox, ha crecido por arriba a costa de recortar por abajo. La estructura del nuevo Ejecutivo, aprobada la semana pasada, incluye un desvío presupuestario de la dotación prevista inicialmente a cubrir vacantes de empleados públicos y de otras partidas (sin especificar) para pagar un sobrecoste de más de tres millones de euros en nuevos altos cargos y en puestos de confianza nombrados a dedo.

El decreto de estructura de la Consejería de Presidencia, que pilota el vicepresidente primero Antonio Sanz, incluye la creación de las tres nuevas vicepresidencias de la Junta, además de un puesto eventual más en cada una de las 13 consejerías, esto es, “un incremento de costes” de 2,7 millones de euros que obligará a la Junta a “quitar la dotación presupuestaria de puestos vacantes sin cubrir” en la Administración Pública, además de “la minoración de otras partidas presupuestarias”, que no se especifican.

El resto del ajuste presupuestario (312.864,54 euros anuales) sería el sobrecoste por la creación de nuevas direcciones generales adscritas a Presidencia. Además, se ha creado un nuevo departamento, la Consejería de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, con una viceconsejería y dos direcciones generales, que también han provocado “alteraciones” en la estructura del Gobierno y “un coste adicional de 317.060,01 euros anuales. Todo este sobrecoste de personal, en todas las consejerías, incluye en el presupuesto los gastos de la cuota patronal de seguridad social por importe del 30% de las retribuciones.

“Desdotación de plazas”

Así consta en el informe económico y financiero de la Consejería de Presidencia, al que ha tenido acceso este periódico: “Tras la emisión de los informes económico-presupuestarios de la totalidad de los decretos que regulen la estructura de las Consejerías de la Junta de Andalucía y sus servicios periféricos, procederá, en el caso de incremento de costes, a la desdotación de plazas de administración general o a la minoración de otras partidas presupuestarias, para conservar el objetivo de equilibrio en los créditos del capítulo de gastos de personal en el conjunto de la Junta de Andalucía, preferentemente en las secciones presupuestarias que hubieran dado origen a las necesidades presupuestarias”.

Fuentes de Presidencia explican que esa “desdotación” es algo común en la gestión presupuestaria de la Junta. “La desdotación de puestos de administración general es algo habitual y consiste en quitar la dotación presupuestaria de puestos vacantes sin cubrir. No se destruye ningún puesto de administración general, solo se le quita la dotación hasta que se cubra esa vacante”, explican estas fuentes.

Los sindicatos de Función Pública coinciden en que el Gobierno de Moreno es muy dado a hacer esta suerte de “ingeniería financiera”, sin aclarar qué cuerpos de la administración pública se ven afectados, es decir, de cuántas plazas de empleados públicos prescinde la Junta (y en qué áreas) para pagar, en este caso, la contratación de nuevos altos cargos.

Desde CCOO, argumentan que estos movimientos presupuestarios “opacos” hacen que la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Junta de Andalucía, negociada con los agentes sociales y publicada en su página web, “en la práctica sea irreal”. “Se pactan y aprueban una relación de plazas que el propio Gobierno considera necesarias para el buen funcionamiento de los servicios públicos, pero luego no las dotan de presupuesto, las dejan vacías. O, en este caso, las dotan de presupuesto, pero acto seguido se lo quitan para gastarlo en otra cosa”, explican desde el sindicato.

“Recortar indios para aumentar el número de jefes”

CCOO es muy crítica con esta gestión de recursos del Gobierno de Moreno. Explican que el objetivo es “recortar indios para aumentar el número de jefes” y denuncian que, en algunas provincias (como Málaga), más de la mitad de las plazas recogidas en la RPT de la Junta están sin cubrir, algunas con dotación económica y otras sin asignación.

Antes de constituirse el nuevo Gobierno de coalición PP-Vox, el gabinete de Moreno contaba con 301 altos cargos, desde el presidente hasta los delegados provinciales. En el último Consejo de Gobierno, la portavoz de la Junta, Carolina España, anunció que la nueva estructura del Ejecutivo aumentaba esta cifra en 13 directivos más, a pesar de que Moreno hizo gala de haber suprimido una consejería respecto a la pasada legislatura, pasando de 14 a 13.

El PP andaluz siempre fue muy crítico con los gobiernos socialistas por el volumen de altos cargos y personal de confianza en la Administración. Cuando llegó al poder, en 2019, abanderó una disminución progresiva de esa plantilla pero, a medida que avanzaba la legislatura –sobre todo a partir del segundo mandato, ya con mayoría absoluta– el número volvió a incrementarse hasta superar los 300.

Duplicidad de cargos en la consejería de Vox

También Vox ha sido extremadamente crítico con el número de altos cargos y nombramientos a dedo del anterior Gobierno de Moreno. Sin embargo, la Consejería de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, que pilota el vicepresidente segundo y líder andaluz de Vox, Manuel Gavira, contará con más altos cargos que una consejería normal, 35 en total, al sumar dos secretarías generales en cada una de las ocho provincias andaluzas.

Es el único departamento donde se da esta duplicidad, aunque también es una macroconsejería donde confluyen políticas muy dispares, que nada tienen que ver entre sí. Este gasto adicional alcanza los 645.656,72 euros en el presupuesto anual del personal del ejecutivo andaluz.

“El volumen de trabajo que asume la nueva Delegación Territorial se ve notablemente incrementado, por lo que, al objeto de dar cumplimiento a los principios administrativos de eficacia, descentralización funcional, desconcentración funcional y territorial, coordinación y proximidad a la ciudadanía, que el ordenamiento jurídico andaluz proclama, resulta preciso contar en las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local con dos Secretarías Generales Provinciales”, reza el expediente del decreto de estructura de esta consejería, aprobado en el último Consejo de Gobierno.

El incremento de personal también está justificado en la creación de “forma excepcional por razones de eficacia administrativa” de dos secretarias provinciales en una sola consejería. Una posibilidad que debe ser aprobada por el Consejo de Gobierno. Estos 24 cargos provinciales, entre delegados y secretarios provinciales, se suman a otros 11 altos cargos de la Consejería que cuenta con un viceconsejero, cuatro secretarías generales, una secretaría general técnica y cinco direcciones generales.

El Gobierno de La Rioja, a través de las direcciones generales de Función Pública, y Medio Natural y Paisaje, las organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial y el Comité de Empresa han alcanzado este viernes 31 y por unanimidad un acuerdo para facilitar la funcionarización de los 106 bomberos forestales de la Comunidad Autónoma: 89 laborales fijos y 17 laborales temporales. La propuesta, resultado de un intenso proceso de diálogo y negociación colectiva, supone un ascenso profesional y una mejora retributiva en torno a los 880 euros al año.

Este acuerdo, el número 80 de los cerrados por la Dirección General de Función Pública esta legislatura (44 de ellos con la unanimidad de los representantes de los trabajadores), impulsa el cambio de régimen jurídico del colectivo de bomberos forestales, que pasarán de ser personal laboral a personal funcionario. Se trata de una decisión que consolida el compromiso del Ejecutivo regional con estos trabajadores, y que se suma al proceso de profesionalización y reorganización del colectivo que permite contar con una plantilla estable a jornada completa durante todo el año.

La Ley de Función Pública prevé la creación del Cuerpo Funcionarial de Bomberos Forestales, pero únicamente para nuevas incorporaciones. En este sentido, el Gobierno de La Rioja ha decidido ampliar esta posibilidad al personal que ya presta servicio, garantizando así un marco jurídico homogéneo, estable y plenamente adaptado a las funciones que desempeñan.

De los 106 trabajadores de Gobierno regional que integran actualmente el colectivo, los 89 que son personal laboral fijo podrán acogerse voluntariamente al régimen funcionarial mediante un procedimiento de concurso-oposición, dado que el cambio supone también un ascenso profesional por promoción interna. Para quienes no dispongan aún de la titulación requerida, se habilita un plazo de seis años para obtenerla y participar en posteriores procesos.

El resto del colectivo, 17 personas, que hoy son personal laboral temporal, verán reconvertidas sus plazas en personal interino, de modo que también dejarán de ser laborales para integrarse en el régimen funcionarial.

El cambio de régimen supondrá una mejora retributiva en torno a los 880 euros anuales, y mantiene íntegramente los acuerdos y pactos vigentes con el Comité de Empresa en materia de organización de guardias, distribución de jornadas y funcionamiento del dispositivo.

Una vez refrendado por el Consejo de Gobierno, el Ejecutivo convocará de manera inmediata el proceso de cambio de régimen jurídico, con el objetivo de que pueda concluir antes de final de año.

UGT Servicios Públicos La Rioja ha reclamado a la Dirección General de Función Pública del Gobierno de La Rioja que active de manera inmediata el procedimiento necesario para que el personal laboral de la Administración autonómica y de sus organismos públicos pueda acogerse a la jubilación parcial, una vez que el Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto-ley que recupera este derecho.

De este modo, UGT solicita que se habiliten con urgencia los mecanismos administrativos necesarios para que todas las personas trabajadoras que cumplan los requisitos establecidos en la normativa puedan presentar y tramitar sus solicitudes sin demoras. Para UGT Servicios Públicos, la recuperación de la jubilación parcial supone un importante avance para el personal laboral de las administraciones públicas. Se trata de una medida que favorece el relevo generacional, facilita la transmisión del conocimiento y la experiencia entre trabajadores, mejora la planificación de las plantillas y contribuye a garantizar la continuidad y la calidad de los servicios públicos.

UGT recuerda que siempre ha defendido esta modalidad de jubilación como una herramienta beneficiosa tanto para las personas trabajadoras como para las propias administraciones. Por ello, además de exigir su inmediata aplicación para el personal laboral, UGT continuará reivindicando que este derecho se extienda también al personal funcionario y estatutario. UGT quiere felicitar a todas las trabajadoras y trabajadores laborales dependientes del Gobierno de La Rioja y de sus organismos públicos que podrán beneficiarse de la recuperación de este derecho, fruto del trabajo sindical desarrollado por UGT durante los últimos años para hacer posible esta reivindicación.

Asimismo, UGT pone en valor el trabajo realizado por la organización a nivel estatal para recuperar la jubilación parcial del personal laboral y la insistencia mantenida para que esta modalidad pueda implantarse también entre el personal funcionario y estatutario. UGT Servicios Públicos La Rioja continuará informando sobre la aplicación de esta medida y se pone a disposición de todas las personas trabajadoras para resolver cualquier duda relacionada con su tramitación.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado, con el apoyo “unánime” de las organizaciones sindicales CCOO, CSIF, STAS-CLM y UGT, el IX Convenio Colectivo del personal laboral al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades, un texto que beneficiará a más de 7.500 trabajadores de la Administración regional.

El nuevo convenio, que entrará en vigor el próximo 1 de agosto, tendrá una vigencia de cuatro años, hasta el 31 de julio de 2030, y establece el marco regulador de las condiciones de trabajo del personal laboral de la Junta de Comunidades, de sus organismos autónomos y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.

La firma de este acuerdo es el resultado de un amplio proceso de negociación entre la Administración regional y la representación sindical, materializado en 25 reuniones de la Comisión Negociadora del convenio colectivo, además de nueve reuniones específicas del grupo de trabajo creado para diseñar un nuevo procedimiento de gestión de las bolsas de trabajo del personal laboral.

El IX Convenio Colectivo incorpora avances significativos en las condiciones laborales del personal, con medidas dirigidas a mejorar la organización del trabajo, favorecer la conciliación y reforzar las oportunidades de desarrollo profesional, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Entre las principales novedades destaca la implantación de un nuevo sistema de gestión de las bolsas de trabajo, que permitirá la oferta de puestos mediante llamamientos voluntarios, una medida que facilitará una cobertura más ágil y eficaz de las plazas vacantes. Asimismo, el convenio introduce mejoras en la participación en los concursos de traslados, en los procedimientos de movilidad, en la promoción interna y en el régimen de permisos y descansos.

El texto incorpora una bolsa de horas de conciliación para el personal laboral, para compatibilizar la vida personal, familiar y laboral, y adecuando el convenio al II Plan Concilia y a la legislación vigente.

Además, el nuevo convenio reconoce un complemento específico para el personal que desempeña su jornada exclusivamente en horario de tarde, al tiempo que continúa impulsando mejoras en ámbitos como la formación, la salud laboral y el fortalecimiento de los derechos de representación colectiva.

El acuerdo también supone un avance en la estabilidad y calidad del empleo público, al incluir el compromiso de conversión de los contratos que aún permanecen bajo las modalidades de personal fijo discontinuo y personal de fin de semana en contratos a tiempo completo, mejorando así las condiciones de contratación de estos trabajadores y trabajadoras.

Por último, el IX Convenio incorpora la jubilación parcial anticipada para el personal laboral de la Administración regional, una medida que será posible tras la reciente aprobación de la normativa estatal que regula esta modalidad.

El Gobierno de La Rioja y las organizaciones sindicales UGT, STAR y FSES (ANPE + SATSE) han alcanzado hoy, día 13, un acuerdo para desarrollar el decreto de carrera profesional aplicable a los 9.147 trabajadores de Servicios Generales y Educación que cumplan los requisitos para optar a este sistema de progresión horizontal voluntaria. El acuerdo, con efectos desde el próximo 1 de agosto, actualizará las cuantías de forma progresiva hasta 2031, reconoce que el Grado II sea el doble del Grado I, el triple el Grado III que entrará en vigor en 2029, e incorpora ya al Grupo B en el que se integran los cuerpos del subgrupo C1.

La carrera profesional es un sistema de progresión horizontal voluntaria sin cambio de puesto ni de grupo funcionarial. Para acceder a cada grado se requieren un tiempo mínimo de permanencia, la evaluación positiva del desempeño, una puntuación mínima en objetivos individuales y colectivos, y la valoración de la trayectoria, la calidad del trabajo, la formación y la transferencia de conocimiento. Todos los objetivos que se fijan a cada empleado público son cuantificables, medibles y coherentes con las funciones y las tareas encomendadas. También existen los objetivos colectivos que afectan a toda la unidad administrativa y que puntúan para la carrera profesional de cada uno de los profesionales que la integran.

Los incrementos pactados en este acuerdo, el 79 que cierra el Gobierno de La Rioja con los representantes de los trabajadores en esta legislatura (40 de ellos con la unanimidad de las organizaciones sindicales), se aplicarán de forma escalonada:

El Grado III entrará en vigor en 2029 y su cuantía se fijará aplicando la misma diferencia porcentual existente entre los grados anteriores, de modo que en 2031 triplicará el importe del Grado I.

Por su parte, el acuerdo incorpora el Grupo B en la estructura funcionarial. Sus cuantías de carrera profesional se sitúan en un punto intermedio entre los grupos A2 y C1. De esta manera, el 1 de enero de 2031 las cantidades que cobrarán los trabajadores se distribuirán de la siguiente forma:

En 2025, 2.130 trabajadores de Grado I (765 de SSGG y 1.365 de Educación) cobraron 2,26 millones de euros por carrera profesional. En el caso del Grado II fueron 3.301 empleados (1.459 de SSGG y 1.842 de Educación), que percibieron 4,18 millones de euros.

Más de un mes después de que trascendiera el expediente disciplinario abierto a un funcionario del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de Mérida por atender a usuarios sin cita previa, el caso sigue sin resolverse, aunque se han producido novedades que al menos, cuestionan la actuación de la dirección provincial.

El expediente generó una importante repercusión pública después de que el afectado denunciara que iba a ser sancionado por atender a personas que acudían a la oficina sin cita previa, especialmente cuando se trataba de situaciones urgentes o de ciudadanos con dificultades para acceder al sistema de citas.

Tras aquella publicación, y después de la polémica generada cuando el Ministerio de Trabajo sostuvo públicamente que el expediente respondía a motivos distintos —y más amplios— que la atención sin cita previa, sembrando dudas sobre la actuación de Nieto, el funcionario asegura que técnicos del propio Ministerio se pusieron en contacto con él para solicitarle, paradójicamente, la documentación completa del procedimiento disciplinario.

Según explica, una vez examinado el pliego de cargos, desde esas instancias le trasladaron que no encontraban explicación a cómo se había llegado a abrir un expediente por esos hechos. El trabajador sostiene que esos responsables le transmitieron “esperanza” y le indicaron que la resolución “lleva su tiempo”, por lo que por el momento continúa sin conocer el desenlace del procedimiento.

Mientras tanto, la organización de la oficina ha cambiado de forma significativa. Desde hace varios días, un cartel informa a los usuarios de que, si acuden sin cita previa, deben permanecer en la sala de espera, donde periódicamente un funcionario sale para interesarse por su situación y valorar sus necesidades.

Además, otra novedad es que la directora de la oficina sale cada quince o veinte minutos para interesarse por quienes esperan sin cita, valorar cada caso y, cuando lo considera oportuno, facilitar las denominadas “citas internas”, un sistema que reproduce exactamente el método de gestión de usuarios que Nieto venía aplicando durante los últimos años y que dio origen al expediente disciplinario.

Respaldo

Por su parte, Nieto destaca el respaldo institucional y social recibido desde que el caso trascendió. Afirma haber recibido muestras de apoyo de representantes públicos de distintos ámbitos territoriales, así como de cargos con responsabilidad parlamentaria que se han interesado por su situación.

A ello suma el respaldo mostrado por el sindicato 25 de Marzo y la plataforma Campamento Dignidad, que impulsaron las primeras movilizaciones en defensa del trabajador, así como el apoyo constante de ciudadanos y ciudadanas que, según relata, continúan acercándose a la oficina o deteniéndole por la calle para interesarse por su situación y transmitirle ánimo.

Pese a la presión que asegura vivir diariamente en su puesto de trabajo, el funcionario continúa desempeñando sus funciones con normalidad. Explica que el ambiente laboral sigue siendo “muy tenso” y que apenas mantiene relación con el resto de la oficina, pero afirma que no contempla solicitar una baja médica porque considera que hacerlo supondría dar la razón a quienes promovieron el expediente.

A día de hoy, la resolución disciplinaria sigue pendiente. El trabajador confía en que el Ministerio adopte una decisión una vez concluyan las actuaciones internas y, en su caso, después del pronunciamiento del Defensor del Pueblo, al que también se ha trasladado el polémico asunto.

En marzo de 2025, el Gobierno cerró con las aseguradoras Adeslas y Asisa un acuerdo para la continuidad de Muface, el seguro privado finaciado con fondos públicos al que están acogidos cerca de un millón de personas, entre funcionarios y sus familias. Tras meses de tensiones, varias propuestas y la mutualidad en peligro, el Ejecutivo acabó poniendo sobre la mesa 4.808,5 millones de euros para los años 2025, 2026 y 2027, lo que suponía un incremento de la prima de más el 40%.

Ya entonces la Organización Médica Colegial (OMC) remitió una carta a los profesionales de la privada, animándoles a presionar a las aseguradoras para aumentar sus retribuciones. Pero, a estas alturas, un 80% de los médicos privados que trabajan con la mutualidad aseguran “no haber recibido ninguna mejora de honorarios”, según una encuesta de esta entidad a más de 1.200 facultativos.

“Los datos evidencian una profunda brecha entre los recursos públicos destinados al sistema y la realidad que describen los profesionales que integran la red asistencial”, denuncian desde la OMC, que reclama “transparencia y mecanismos de seguimiento para asegurar que los recursos públicos refuercen la calidad y sostenibilidad” de todo el sistema.

Pese a ese aumento mil millonario de las primas, la enuesta de la OMC arroja que el 74% de los médicos no han visto mejorados sus honorarios “ni siquiera para compensar el aumento del IPC” y que, de entre quienes han obtenido incrementos, “aproximadamente uno de cada tres señala que ha sido de apenas entre un 1 y un 3%, muy lejos de los porcentajes anunciados públicamente” por las aseguradoras.

En su momento, desde las aseguradoras ya trasladaron su intención de negociar caso por caso, dependiendo de las especialidades y los territorios. Esto dej a los profesionales en una situación de debilidad a la hora de pactar una mejora en sus condiciones y en una situación de dependencia respecto a las compañías que manejan esos 4.808 millones de dinero público.

Por eso, desde la OMC reclaman “avanzar hacia mecanismos de interlocución colectiva que permitan una negociación más equilibrada y transparente entre los profesionales y las aseguradoras”. Y, para ello, “nueve de cada diez encuestados considera que las corporaciones profesionales, los sindicatos médicos y las organizaciones de autónomos pueden desempeñar un papel relevante para defender unas condiciones retributivas justas y transparentes”.

La Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) ha denunciado la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de personal eventual que supone la incorporación de dos nuevos puestos de asesor para la Vicepresidencia Primera del Gobierno regional, con un complemento específico de 34.434,6 euros (asimilable a un nivel 30) para cada uno de ellos, lo que supone un gasto anual superior a 135.000 euros en cada caso incluyendo salario base y complemento de destino.

Así se ha publicado en el Diario Oficial de la comunidad autónoma y el sindicato lamenta que el Ejecutivo regional haya decidido reforzar la estructura de personal eventual en un momento “crítico” para la región. Subraya que mientras el personal funcionario y laboral sufre “una continua política de desdotación y amortización de plazas”, el Ejecutivo autonómico ha optado por “blindar su estructura política con nuevas contrataciones de asesores con sueldos astronómicos”.

El personal eventual asciende a más de 130 personas

Según los datos aportados por el sindicato, el personal eventual de la Junta asciende a 134 personas, a lo que se suman ahora estos dos nuevos asesores creados ahora.

La Central Sindical censura estos “puestos creados a dedo con sueldos muy elevadas. Estamos hablando de que estas plazas no son para personal de carrera, sino para personal eventual y cuentan con las retribuciones más altas de la administración que pagamos todos los castellano-manchegos”, explica Joaquín Sánchez, presidente del Sector de Administración General de la Comunidad Autónoma de CSIF Castilla-La Mancha.

Esta decisión se justifica oficialmente por el supuesto “incremento del volumen y complejidad del trabajo”, sin mayor aclaración y exigiendo una “dedicación exclusiva”, que, curiosamente, parece no ser necesaria para el personal que sostiene los servicios públicos en los centros de trabajo.

Un gasto que supera los cinco millones de euros

Para CSIF, “es indignante que en el contexto actual de recorte crónicos, la partida destinada exclusivamente a personal eventual (recogida en el Código 11 y Artículo 11) de los Presupuestos Generales para 2026 (Ley 5/2025) supere ya los cinco millones de euros, en el que se incluye el sueldo base junto a los complementos específico y de destino.

“Resulta insultante para los trabajadores públicos que se mantenga este gasto desorbitado en asesores y personal eventual”, asegura CSIF que también carga contra los sindicatos UGT y CCOO, por la concesion de más de 56,2 millones de euros en subvenciones. “Mientras sufrimos reducción de efectivos constante y la pérdida de personal estructural por amortización de plazas, o sin derechos reconocimos como la implantación de la carrera profesional en la Junta o la derogación del Plan de Acción de Social”, afea el sindicato.

En su opinión, “estamos sin duda en un final de legislatura marcado por el clientelismo, estos dos nuevos asesores sólo buscan premiar a perfiles políticos a costa del erario público”, explica Sánchez.

CSIF exige la “paralización inmediata” de estas contrataciones y que los fondos se destinen a cubrir las vacantes reales de personal funcionario y laboral que garanticen unos servicios públicos de calidad para la ciudadanía.

La jefa de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Cáceres, Nuria Gómez Carmona, ha recibido este martes el Distintivo al Mérito al Servicio Público en el Territorio, una distinción concedida por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en reconocimiento a su trayectoria profesional y a su labor al servicio de la ciudadanía.

El galardón ha sido entregado en un acto celebrado en Santiago de Compostela, presidido por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en el que se ha reconocido a diez empleadas y empleados públicos de diferentes puntos de España por su dedicación y excelencia en el desempeño de sus funciones. En el acto ha estado acompañada por el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana Álvarez.

Quintana ha destacado que el trabajo desarrollado por Gómez Carmona “ha trascendido el ámbito administrativo para convertirse en un referente en la prevención, la sensibilización y la lucha contra la violencia de género, siempre desde la cercanía, el rigor y la vocación de servicio a la ciudadanía”.

Cuarenta años de experiencia

Diplomada en Trabajo Social y graduada en Antropología Social y Cultural por la Universidad de Extremadura, Nuria Gómez acumula más de cuarenta años de experiencia profesional en la provincia de Cáceres. A lo largo de su carrera ha desempeñado distintas responsabilidades en diversas administraciones públicas, especialmente en los ámbitos de la atención social, la igualdad y la protección de las personas más vulnerables.

Desde la creación de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Cáceres, hace ya 19 años, dirige este servicio, desde el que coordina la respuesta institucional frente a la violencia de género en la provincia y promueve la colaboración entre las distintas administraciones y organismos implicados en la protección de las víctimas.

Su labor también ha estado centrada en el impulso de las políticas públicas de protección integral frente a la violencia de género y en la formación de profesionales de distintos ámbitos. De forma paralela, ha desarrollado una intensa actividad de prevención y sensibilización en centros educativos de la provincia, fomentando entre adolescentes y jóvenes los valores de igualdad, respeto y rechazo a cualquier manifestación de violencia contra las mujeres.

Este reconocimiento se suma a otras distinciones recibidas a lo largo de su trayectoria profesional, entre ellas el Premio 25N del Ayuntamiento de Cáceres, la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco, además de otros galardones concedidos por la ciudad de Plasencia y la Mancomunidad Tajo-Salor por su compromiso en la lucha contra la violencia machista y la defensa de la igualdad.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado este martes que Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma con las condiciones “más duras” para que los profesores interinos puedan tener derecho a cobrar el verano y habla de requisitos “leoninos” para acceder a estas pagas.

Coincidiendo con la finalización del curso escolar 2025-2026, el sindicato ha denunciado la “precariedad” que sufren los más de 10.300 docentes interinos de la región, “con peores condiciones laborales y económicas que el resto de comunidades autónomas”.

CSIF expone que Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma que tiene las condiciones “más duras” para que los interinos accedan al cobro del verano: deben haber trabajado al menos ocho meses de manera ininterrumpida hasta el 30 de junio, con nombramientos realizados antes del 31 de octubre.

De acuerdo a los datos recogidos por CSIF en la encuesta realizada entre los meses de marzo y abril, estos requisitos “leoninos” provocan que aproximadamente un 40% (en torno a 4.100 docentes) no perciban salarialmente estos meses de verano.

“Situación claramente discriminatoria”

El presidente de CSIF Educación Castilla-La Mancha, Juan Luis Martínez, señala que “estamos sin duda en la peor comunidad autónoma para ser docente interino, antes de 2012 se cobraba el verano íntegramente, pero lamentablemente arrastramos unos recortes terribles que nos sitúan en una situación claramente discriminatoria”.

CSIF pone como ejemplo los sistemas educativos de Madrid, Asturias, Navarra o País Vasco, donde se cobra a partir de 5,5 meses trabajados, o Andalucía, donde además de los 5,5 meses también hay un pago proporcional desde el primer día de servicio. Pero es que, según asegura el sindicato en nota de prensa, incluso otras comunidades con condiciones “más restrictivas” continúan siendo mejores que Castilla-La Mancha: en Comunidad Valenciana y Cantabria los nombramientos de vacantes deben producirse antes del 31 de diciembre, o Aragón, que exige 7 meses, pero si es menos lleva a cabo un pago proporcional.

Asimismo, CSIF también expone la “elevada” temporalidad en la educación pública de la región: los 10.300 docentes interinos representan el 32,14% del total del profesorado, una temporalidad disparada que requiere de ofertas de empleo público mucho más amplias.

Dentro del Plan Integral de Interinos presentado por CSIF a la Consejería de Educación, también se reclama la implantación de tribunales de oposición en las cinco provincias para evitar desplazamientos en los procesos selectivos; la exención de tasas para quienes se hayan presentado en los últimos 6 años o en las 3 últimas convocatorias; el fin de las adjudicaciones forzosas en los llamamientos o la prórroga automática del nombramiento en casos de sustituciones que finalicen en los últimos días lectivos antes de periodos vacacionales.

Para CSIF, la situación que sufren los interinos de la región evidencia la necesidad urgente de modificar la normativa vigente y poner fin a la discriminación que afecta cada año a miles de docentes. “El problema que tenemos en Castilla-La Mancha es que se están blanqueando los recortes con acuerdos con sindicatos afines al Gobierno como ANPE, CCOO y UGT que han abandonado completamente a los docentes, ya sean interinos o no. Es intolerable que la pérdida de derechos y la precarización laboral que llevó a cabo Cospedal siga totalmente vigente. Ya hemos avanzado que a partir del inicio del próximo curso llevaremos a cabo diferentes medidas de presión, hay que acabar con unos recortes que creó Cospedal y que Page mantiene una década después”, concluye Martínez.

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha declarado indefinido-fijo a un trabajador laboral del Gobierno regional que aprobó una oposición sin obtener plaza pero que encadenaba una sucesión de contratos temporales, hasta 17 en doce años.

El demandante, que ha venido prestando sus servicios para el Ejecutivo regional desde julio de 2010 en la categoría de empleado de servicios, llevó su situación ante la justicia, y la Sala de lo Social del TSJC ha decretado su fijeza en una sentencia contra la que cabe interponer recurso de casación para la unificación de doctrina.

El demandante pasa de indefinido a fijo tras el fallo del alto tribunal cántabro, que ha estimado su recurso -y desestimado el de la Consejería de Presidencia- frente a una resolución previa del Juzgado de lo Social número 6, que lo declaró como indefinido no fijo.

Pero el TSJC ha aplicado una sentencia del Tribunal Supremo dictada en mayo de este año y ha declarado la fijeza al haber aprobado la oposición (aunque no obtuviera plaza) porque ha acreditado el cumplimiento de los principios de mérito, capacidad, igualdad y libre concurrencia de un proceso selectivo convocado para la cobertura de plazas fijas, requisitos necesarios para el acceso al empleo público.

“Cuando una persona haya participado en una prueba selectiva para la contratación de personal fijo y la haya superado pero no haya obtenido plaza porque el número de aspirantes que ha demostrado su capacitación sea superior al número de plazas ofertadas, como es el caso, si posteriormente suscribe contratos de duración determinada y se produce un abuso en la temporalidad, no resulta 'contra legem' la conversión de ese contrato en una relación laboral fija”, sentencia el TSJC.

En este sentido, el tribunal resalta que la persona en cuestión “ha participado en una prueba de acceso al empleo público fijo conforme a los requisitos de igualdad, mérito y capacidad” y añade la “ulterior vulneración” de la cláusula que evidencia una “necesidad estructural de trabajadores” y “obliga a dicha conversión”.

El criterio previo de la Sala de lo Social era no reconocer como superado el proceso selectivo salvo para aquellos aspirantes que hubieran obtenido plaza independientemente de la nota que se sacara, ya que las bases no permiten declarar aprobados a más candidatos que plazas convocadas.

Pero con esta sentencia se deja atrás ese principio, de modo que quien esté en una situación de abuso en la temporalidad, obtenga una puntuación en un proceso selectivo para plazas fijas suficiente para entender superada la prueba, y haya acreditado mérito y capacidad para el acceso al empleo público, podrá ser declarado fijo.

Un paso importante para el personal laboral

El trabajador acudió a la vía judicial a través de los servicios jurídicos del sindicato TU, que viene denunciado de forma pública y reiterada el incumplimiento de las directrices europeas y el exceso de temporalidad en las administraciones públicas.

En un comunicado, en la formación se muestran “muy contentos” por esta sentencia, que aunque no es firme confían en que no sea recurrida en casación (la del TSJC se basa precisamente en una del TS).

Según han indicado, el fallo supone “un gran logro”, pues abre la puerta en Cantabria a la declaración de fijeza de situaciones “análogas” para el personal laboral de las administraciones públicas.

Comisiones Obreras ha denunciado el desprendimiento de parte del techo de las dependencias de la Unidad de Trabajo Social (UTS) del Ayuntamiento de Santander ubicada en Cazoña tras ceder fragmentos de bovedillas de hormigón del forjado y traspasar el falso techo de escayola para terminar sobre los puestos de trabajo.

Un suceso que ha tenido lugar el pasado miércoles 24 y ante el que “solo la suerte ha decidido que no haya que lamentar daños personales”, ha advertido en un comunicado el delegado de CCOO en el Ayuntamiento de Santander, Raúl Rivera, que ha explicado que “el escombro cayó sobre una de las mesas de trabajo de una empleada municipal que, afortunadamente, en ese momento se encontraba en el archivo”.

Representantes del sindicato en el Consistorio se han reunido con funcionarias del servicio para analizar el episodio, “que es muy grave porque afecta a la seguridad de la propia plantilla”, y han denunciado “la situación de abandono, desidia generalizada e improvisación en la conservación y mantenimiento de numerosos centros de trabajo y oficinas municipales”.

Rivera ha afirmado que, “desde hace años”, estas instalaciones “no reúnen las condiciones mínimas dignas” para atender a los usuarios del barrio de Cazoña.

Situadas en el bajo de un edificio en obras, “cuentan con la presencia de cascotes sin las protecciones adecuadas, una bajante de aguas rota que vierte directamente o suciedad permanente en el entorno que obliga a la plantilla a limpiar lo que encuentra en la puerta de acceso, además de sufrir defectos en techos o ventanas y problemas graves de humedad, sin calefacción y con mobiliario roto, dándose incluso la presencia de ratas en el interior en alguna ocasión”, ha detallado el representantes de CCOO.

De hecho, los sindicatos vienen denunciando “su deplorable estado y la insostenibilidad de continuar trabajando allí”, cuando, además, existe una nueva dependencia a la que trasladar este servicio, disponible desde hace cinco años y próxima al lugar, pero “que no termina de hacerse efectiva a pesar de las reiteradas denuncias”, por lo que han vuelto a exigir de el traslado se lleve a cabo “ya”.

Trato digno para plantilla y ciudadanía

De este modo, la representación sindical de CCOO ha exigido al Ayuntamiento de Santander “que se tome en serio la seguridad de la plantilla municipal”, que revise y haga mantenimiento adecuado de las oficinas y centros de trabajo, convoque el comité de seguridad y salud mensualmente, como establece el reglamento -en 2025 solo se celebraron dos reuniones- para estudiar y dar solución a estos problemas, y “trate con dignidad a plantilla y ciudadanía”.

En este sentido, el sindicato ha advertido que “cuando una administración recorta recursos, no actualiza los sistemas de gestión o mantiene durante años infraestructuras y herramientas obsoletas, está trasladando la presión del sistema a los trabajadores y trabajadoras que sostienen los servicios públicos que, en cambio, necesitan inversión, planificación y medios suficientes porque no se puede dejar la seguridad a merced de la improvisación”.

Esta situación, la de trabajar “en lugares que no reúnen las condiciones mínimas de seguridad e higiene en el trabajo”, se suma “al pisoteo constante de sus derechos que sufren los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento por parte de los responsables de Recursos Humanos que, por ejemplo, deniegan injustamente permisos retribuidos, negando incluso el cobro del salario íntegro al que se tiene derecho, y abocan a la plantilla a una indefensión tan absoluta que, muchas veces, no les queda otra salida que recurrir a los tribunales”, ha concluido Rivera.

Belén tiene 48 años, es fisioterapeuta y trabaja en un colegio público de educación especial de Toledo desde hace 21 años, cuando aprobó la oposición para un cuerpo “especial” de funcionariado en Castilla-La Mancha denominado Escala Sociosanitaria. No puede acceder ni moverse a otro puesto porque el cuerpo al que pertenece no lo permite. De hecho, ella es presidenta de un tribunal de oposición que examina a personas para puestos que requieren su misma titulación, pero a los que ella no puede acceder. “Es indignante”, afirma.

¿Por qué sucede esto? Dentro de la Administración pública castellanomanchega, la Escala Sociosanitaria es un grupo de profesionales técnicos, en su gran mayoría mujeres, que trabajan en este sector y atienden a las personas más vulnerables. Solo existe en esta comunidad autónoma y se creó hace casi 25 años, en febrero de 2002, por una necesidad de gestión y profesionalización.

En ese momento, la región estaba asumiendo competencias plenas en materia de servicios sociales y sanidad, para gestionar las residencias públicas, los centros de atención a personas con discapacidad y los programas de dependencia de forma eficiente.

La administración necesitaba por entonces trabajadores públicos especializados (profesionales médicos, psicólogos, fisioterapeutas, educadores sociales, terapeutas ocupacionales y enfermeros) que no estuvieran “dispersos” en los ministerios, sino agrupados bajo una misma estructura con funciones específicas de intervención sociosanitaria coordinada. Se trataba de “funcionarizar” a personal laboral. Así nació la Escala Sociosanitaria.

Pero con el tiempo, este cuerpo se ha convertido en una ‘rara avis’ del sistema sociosanitario en todo el país. Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma que tiene esta fórmula de funcionariado. La última convocatoria para acceder a la Escala Sociosanitaria fue en 2016. Y ahora, sus trabajadoras han levantado la voz.

“Severas restricciones” a la movilidad geográfica

Un informe elaborado por el denominado ‘Colectivo de la Escala Sociosanitaria’ denuncia la “discriminación laboral silenciosa” que enfrentan los y las 300 profesionales de este cuerpo. El principal motivo: pese a tener la misma titulación y funciones que sus homólogos en los Cuerpos General y Técnico, modalidades creadas posteriormente, sufren “severas restricciones” en su movilidad geográfica y promoción profesional.

El texto asevera que la situación vulnera el principio de igualdad y “perpetúa una brecha de género” en un sector “altamente feminizado”.

Entre los motivos principales que sustentan esta denuncia se encuentra el hecho del que el personal de la Escala aprueba la misma oposición, con el mismo temario y ante los mismos tribunales que el personal del Cuerpo Superior y Técnico. Sin embargo, mientras a estos últimos se les permite concursar a puestos en toda la Administración, a los primeros “se les restringe la movilidad”.

Es lo que denominan la “plaza perpetua”. Debido a la normativa castellanomanchega, este personal solo puede desempeñar puestos en las áreas de Sanidad y Servicios Sociales. Esto provoca que muchos profesionales lleven más de 20 años en la misma “plaza base” sin posibilidad real de promoción interna o de acercarse a sus domicilios. Lo llaman “suelo pegajoso”, porque describe “la incapacidad de las trabajadoras para promocionar o abandonar sus puestos iniciales”.

Belén lo corrobora. “No puedo acceder a ciertas plazas que son de fisioterapeutas con la misma carrera que yo, con la misma formación que yo, y que han aprobado después. Resulta que tienen más derechos que yo”, lamenta. Esta fisioterapeuta afirma que la solución sería una “simple gestión burocrática”.

“No le costaría ni un euro a la Administración. Simplemente, nos tendrían que pasar a todas las de la Escala a los cuerpos generales, con una firma. No entiendo por qué seguimos en esta situación y por qué ni siquiera nos escuchan ni se reúnen con nosotras. Nos apoyan los sindicatos y los colegios profesionales, pero no ha sido suficiente”.

No son las únicas trabas. El informe denuncia también la “trampa” de la adscripción abierta que se hizo en 2018. En ese año se modificó la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) permitiendo que personal de los Cuerpos Generales ocupara plazas de la Escala Sociosanitaria. Sin embargo, no se permitió lo contrario.

La Administración impidió que el personal de la Escala saliera de sus áreas funcionales, alegando una “reserva por naturaleza de funciones” que los tribunales, según documentan, ya han señalado que no existe. De hecho, Belén afirma que se enteró de esta modificación “de rebote” incluso siendo presidenta del tribunal de oposición. “Totalmente absurdo”, añade.

Afección a la salud laboral

La cuestión trasciende hasta la salud laboral. El informe del colectivo identifica la existencia de “sintomatología compatible” con el “desgaste profesional o burnout” como una de las consecuencias directas de su situación administrativa. Detalla que entre las trabajadoras hay “agotamiento por inmovilidad”, sentimientos de “infravaloración, frustración y estrés”, así como “erosión de la vocación”.

“Dado que el trabajo sociosanitario exige una gran capacidad de cuidado y energía vital, el trato desigual sostenido en el tiempo termina por erosionar esa energía y, por extensión, la calidad del servicio prestado”.

Otra trabajadora, Noelia, también corrobora la situación de “desigualdad”. Es educadora social en el Centro Regional de Menores (CRMJ) Albaidel, de Albacete. Sacó su plaza en 2018 tras la convocatoria de 2016, la última de la Escala Sociosanitaria. Lleva ocho años en este puesto y constata que no podría acceder a ningún otro de gestión ni a promoción profesional alguna.

“Tengo compañeras que han accedido a plazas de consejerías, teniendo menos puntos que yo. Mi situación es como estar enjaulada en una plaza. Es una desigualdad absoluta y totalmente incomprensible. Nos apoyan desde todos los sectores profesionales, pero nadie mueve un dedo por cambiar la situación”, subraya.

Qué han dicho los tribunales

Y ¿qué han dicho los tribunales al respecto? El informe precisa que no se han pronunciado directamente sobre la mencionada salud de las trabajadoras en términos médicos, pero sí han emitido fallos que “desmontan los argumentos administrativos”.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM), en una sentencia de 2021 dictaminó que la “reserva por naturaleza de las funciones” que la Junta utiliza para limitar la movilidad de estas profesionales “no existe”. Al eliminar esta justificación técnica, los tribunales “dejan a la Administración sin base legal” para mantener el “bloqueo profesional”

El informe también invoca la doctrina del Tribunal Constitucional, que prohíbe cualquier diferencia de trato que carezca de una justificación objetiva y razonable. “Al ignorar este principio constitucional, la Junta somete a las trabajadoras a una discriminación que el informe califica directamente como un problema de salud laboral”.

La cuestión es que, con todo ello, este colectivo también apunta al incumplimiento de la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha de 2011, que preveía la integración de las especialidades de la Escala en los cuerpos generales de la Junta. Pero no se ha hecho y ahora están “limbo jurídico”.

Esta discriminación, añaden, no es neutra, ya que afecta a una escala donde más del 80% son mujeres. Esto genera un “suelo pegajoso” que les impide salir de niveles base y un “techo de cristal” que bloquea su acceso a puestos de gestión y dirección.

Además, añaden, también es “discriminatorio” que muchas de estas profesionales, como Belén, sean nombradas para formar parte de los tribunales que seleccionan al personal de los Cuerpos Generales, pero la Administración no las considere aptas para integrarse en dichos cuerpos.

Entre las trabajadoras hay agotamiento por inmovilidad, sentimientos de infravaloración, frustración y estrés, así como erosión de la vocación

Para acabar con la situación, el colectivo de la Escala Sociosanitaria propone una serie de soluciones que se dividen en demandas estructurales y medidas de aplicación inmediata. Todas las peticiones se dirigen a la Dirección General de Función Pública de la Consejería de Administraciones Públicas.

La demanda central es que la Administración cumpla con la mencionada Ley de Empleo Público que preveía la integración de estas especialidades en cuerpos generales. De esta forma, proponen, se establecerían destinos específicos por titulación. Por ejemplo, para Medicina, su integración en el Cuerpo Superior de Administración Sanitaria y Salud Pública (A1); para Psicología, en el Cuerpo Superior de Servicios Sociales (A1); y para Enfermería, Fisioterapia, Terapia Ocupacional y Educación Social, en el Cuerpo de Gestión de Servicios Sociales (A2).

Para ello, demandan la “extinción total” de la Escala (tanto la Superior como la Técnica). Argumentan que fue creada en 2002 con el único fin de “funcionarizar” al personal laboral de aquella época, un objetivo que ya se cumplió, y que hoy solo sirve para “recortar derechos en comparación con otros funcionarios”.

Más allá del cuidado asistencial directo

De igual forma, exigen que la Administración reconozca de forma expresa que su cualificación profesional no se limita al cuidado asistencial directo. Piden que se les permita acceder, en igualdad de condiciones, a puestos de gestión, coordinación técnica y dirección pública,

Para todo ello, solicitan el establecimiento de un “calendario claro de soluciones” y la apertura de una mesa de negociación específica donde estén representados tanto los sindicatos como el propio colectivo afectado.

Durante los últimos años, en el ámbito del funcionariado castellanomanchego, la principal reivindicación (y la más mediática) ha sido la petición de los sanitarios del reconocimiento de la carrera profesional. Tras años de lucha, el Gobierno regional finalmente ha atendido esta demanda.

Es uno de los motivos por los que las trabajadoras de la Escala Sociosanitaria denuncian su “discriminación silenciosa”. Consideran que ahora ya llegado su turno. “No pedimos nada que no nos corresponda por derecho. Es de justicia”, concluyen.

Noelia, la educadora social, remitió en los primeros meses del año dos escritos dirigidos personalmente al director general de Función Pública de Castilla-La Mancha, José Narváez. Al no obtener respuesta, hace tan solo unos días, decidió dirigirse directamente al presidente autonómico, Emiliano García-Page, remitiéndole el informe y un texto de introducción con la situación de estas profesionales.

Este periódico ha solicitado a la Dirección General de Función Pública del Gobierno regional su valoración sobre este informe, preguntando si existen posibles soluciones la situación del funcionariado de la Escala Sociosanitaria, sin que por el momento haya habido respuesta.

Ante la ausencia del decreto que consolida y amplía el teletrabajo, la Junta de Andalucía ha aprobado con los sindicatos un sistema transitorio hasta que se aprueba la medida definitiva en septiembre. Los sindicatos SAF, CSIF y UGT han anunciado este miércoles un acuerdo para la aprobación de una resolución de homogeneización del teletrabajo en la administración autonómica, que afecta a alrededor de 40.000 trabajadores. Así, se podrá elegir el día de teletrabajo del que ya disponen entre cualquier día de la semana y tampoco serán reducidos por festivos, puentes, permisos, vacaciones o ausencias justificadas.

En un comunicado conjunto, los sindicatos han anunciado que el pasado 21 de abril suscribieron con la Junta un pacto en el seno de la Mesa Sectorial de Negociación el que esta se comprometía a culminar la aprobación del futuro Decreto de Teletrabajo antes del 30 de septiembre de 2026 y asumía la implantación de un marco provisional de aplicación homogénea del teletrabajo que permitiera dotar a esta modalidad de prestación de servicios de un marco “más claro, homogéneo y estable hasta la entrada en vigor del nuevo Decreto”. En declaraciones a Europa Press, fuentes de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública han trasladado que la resolución acordada será de aplicación una vez que sea firmada y publicada, extremo que aún no se ha producido.

Por el momento, la Administración ha elaborado una resolución de homogeneización del teletrabajo para su aplicación en toda la Administración General de la Junta de Andalucía. Durante las últimas semanas, SAF, CSIF y UGT han “presionado” para que dicha resolución incorpore “el mayor número posible de garantías y mejoras para el personal empleado público”. De este modo, han valorado que esta resolución pone fin a la “actual disparidad” de aplicación de criterios entre centros directivos y establece “reglas claras y comunes” para todo el personal funcionario, recogiendo “mejoras reales” respecto a la situación anterior.

Aparte de que todos los días hábiles de la semana son teletrabajables, los sindicatos han destacado el “silencio administrativo positivo”, así que, en caso de que la Administración no resuelva en un plazo de dos meses, la solicitud se entiende concedida. Además, han logrado que, como causas de denegación tasadas y regladas, con la garantía de un mínimo de presencialidad semanal, “deberá aplicarse de forma objetiva y motivada”. Otras de las ventajas adquiridas con esta resolución son una mayor seguridad jurídica y flexibilidad, la prohibición expresa de mecanismos de control y vigilancia desproporconados y flexibilización del requisito de antigüedad, entre otras.

“Visión más restrictiva”

Por contra, han señalado que la Administración “continúa manteniendo una visión más restrictiva” del teletrabajo que la existente en otras administraciones públicas, lo que “limita el alcance de algunas de las mejoras planteadas por las organizaciones sindicales”. Por ello, SAF, CSIF y UGT han asegurado que seguirán exigiendo el cumplimiento del calendario comprometido para la aprobación del Decreto de Teletrabajo antes del 30 de septiembre de 2026.

Con respecto a las trifulcas entre las organizaciones sindicales, las tres organizaciones han manifestado su “profundo rechazo a la actitud” de CCOO e ISA, dado que “se autoexcluyeron de este proceso de negociación y durante semanas se han dedicado a obstaculizar nuestro trabajo y a desinformar”. En este sentido, cabe recordar que, una vez conocidas las condiciones de la Junta, CCOO, ISA y Ustea se apartaron alegando que no creían que sirviera de nada este acuerdo, salvo para romper la unidad sindical y que la administración autonómica se justificara ante sus trabajadores. “Un pacto vacío”, lo denominaron.

Uno versus cuatro

En Andalucía, el teletrabajo en la administración sigue rigiéndose en 2026 con los criterios excepcionales fijados para la crisis del Covid-19 y espera desde julio de 2024 a una modificación. Hasta ahora, los trabajadores de la administración general pueden solicitar un día de teletrabajo a la semana. Con el Decreto podrán pedir dos tan pronto como entre en vigor, una cifra que sigue siendo inferior a la mayoría de comunidades autónomas. Pasado año y medio se evaluará si se han cumplido los objetivos, y el Gobierno andaluz lo podrá generalizar a tres días a la semana, según el borrador que, se supone, llegará al Consejo de Gobierno en septiembre, tras casi año y medio en exposición pública.

El pasado 8 de abril la Consejería admitió en una reunión de mesa sectorial que aún necesitaba los informes presupuestario, jurídico y del Consejo Consultivo. Los sindicatos salieron de allí con la confirmación de que el teletrabajo no es una prioridad para el Gobierno andaluz. Días después, se filtró una circular de la Consejería de Sostenibilidad que restringe el teletrabajo, haciendo referencia a una guía de buenas prácticas de la propia Secretaría General de Administraciones Públicas de la que no habían sido informados. A las puertas de las elecciones, el secretario general se movió rápido para sofocar la crisis: volvió a citarlos, y les aseguró que la Junta esperaba publicar el Decreto a finales de septiembre, ofreciendo entre tanto una regulación que “homogeneice” la aplicación del teletrabajo y acabe con la disparidad, que raya la arbitrariedad.

Después de Andalucía, que solo tiene un día de teletrabajo, Asturias y la Comunidad de Madrid son los territorios con menos días de teletrabajo, siendo dos. En cambio, Aragón y Baleares tienen aprobados hasta cuatro días a la semana, aunque en el caso de altos cargos y jefes de servicio tienen que ir, al menos, tres días a la semana, además de haber algunos mínimos exigibles ligados a la antigüedad.

También los funcionarios del Ayuntamiento de Logroño están padeciendo altas temperaturas en su jornada laboral. Así lo denuncia UGT La Rioja que asegura que la temperatura en varias oficinas supera los 30 grados por la avería de los sistemas de climatización en varias estancias.

“Decenas decenas de trabajadores y trabajadoras están atravesando el verano y la actual ola de calor en unas condiciones de trabajo deplorables, ya que las estancias en las que desarrollan su labor tienen averiados desde hace tiempo sus sistemas de climatización, lo que está provocando que sus jornadas se desarrollen con temperaturas extremas”, aseguran desde el sindicato. En concreto, el personal municipal de las áreas de Informática, Registro y Estadística “que ha tratado de sofocar el calor con sus propios medios porque la única solución propuesta por el Consistorio ha sido proporcionar ventiladores”. Una medida que consideran “insuficiente e inoperante porque los ventiladores se limitan a remover el mismo aire de las estancias, sin rebajar en absoluto la temperatura ni resolver un problema que afecta directamente a la salud y a las condiciones de trabajo del personal”

Aseguran que la técnica municipal de Prevención ya conoce la situación de estos trabajadores: “tras comprobar la situación existente, emitió un informe en el que dejó constancia de las condiciones inapropiadas en las que se está desarrollando el trabajo en la actualidad”.

Así, y aunque la Unidad de Arquitectura, responsable del mantenimiento de los edificios municipales, está tratando de solucionar la avería existente, UGT insiste en que “deben adoptarse medidas urgentes y extraordinarias mientras se resuelve la incidencia”. Y plantean la posibilidad de que el personal pueda teletrabajar o que se instalen elementos de climatización provisionales en las zonas afectadas. De momento aseguran que el Ayuntamiento de Logroño no ha adoptado ninguna de las dos opciones y advierten de que si no se adoptan medidas urgentes que garanticen el cumplimiento de la normativa vigente y permitan que las trabajadoras y trabajadores desarrollen su labor en unas instalaciones adecuadas, pondrán estas irregularidades en conocimiento de la Inspección de Trabajo“.

Los sindicatos de la Policía Local de Cantabria APLB-USO, CC.OO, CSIF y SIEP han rechazado el borrador de las futuras normas marco del Cuerpo en la Mesa de Coordinación de Policías Locales.

En un comunicado conjunto, las organizaciones sindicales han explicado que esta decisión no responde a una “postura de bloqueo” sino al “convencimiento” de que el texto presentado por el Gobierno de Cantabria supone “una oportunidad perdida para avanzar en la coordinación, homogeneización y mejora de las condiciones profesionales de las policías locales de nuestra comunidad autónoma”.

Tras más de año y medio de trabajo, reuniones y negociación, durante el que se elaboró un borrador consensuado con el anterior Gobierno, los sindicatos esperaban que el texto definitivo incorporase las mejoras que eran objeto de debate desde el inicio del proceso, pero “nos encontramos con un documento que elimina o diluye cuestiones esenciales para el futuro de la Policía Local en Cantabria”.

Riesgos laborales y complemento de destino

“Especial preocupación” les produce la negativa a reconocer expresamente la toxicidad y la exposición a agentes físicos, químicos y biológicos inherentes a la función policial desde una perspectiva de prevención de riesgos laborales y protección de la salud.

En este sentido, han concretado que las intervenciones en accidentes de tráfico, incendios, emergencias, situaciones con presencia de sustancias peligrosas, contacto con fluidos biológicos o actuaciones con personas en situaciones de especial vulnerabilidad exponen a los agentes a riesgos “que merecen ser reconocidos y contemplados dentro de una norma moderna y adaptada a la realidad del servicio”.

Asimismo, consideran “incomprensible” que una norma cuya finalidad principal debería ser coordinar y homogeneizar criterios en toda Cantabria “renuncie a abordar cuestiones tan importantes como la homogeneización del complemento de destino de las policías locales de la comunidad autónoma”.

Los representantes sindicales también han expresado su preocupación por la aparición de informes y objeciones “de última hora” que alteran acuerdos previamente trabajados durante meses. “Tenemos la sensación de que determinadas presiones procedentes de algunos ayuntamientos han condicionado de manera decisiva el resultado final del texto”, han comentado. A su juicio, resulta “especialmente preocupante que los intereses particulares de determinadas administraciones locales parezcan imponerse sobre el interés general de la coordinación policial en Cantabria”.

Por todo ello, han rechazado el borrador “pues ni tan siquiera el Gobierno de Cantabria ha querido realizar la votación tal y como recoge el régimen de funcionamiento de dicha Comisión”.

“Seguiremos defendiendo una norma marco moderna, valiente y útil, que reconozca la realidad de la profesión, proteja la salud de los agentes, garantice criterios homogéneos en toda la comunidad autónoma y responda verdaderamente a la finalidad para la que fue concebida: coordinar y mejorar las policías locales de Cantabria”, han concluido.

UGT Servicios Públicos La Rioja denuncia la eliminación del complemento de disponibilidad que venía regulado en el acuerdo de funcionarios del Ayuntamiento de Lardero y que ha desaparecido con la aplicación efectiva de la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en la nómina correspondiente al mes de mayo de 2026. Y entre los funcionarios perjudicados, la Policía Local que ya ha manifestado “su profundo desacuerdo con la gestión realizada tras la entrada en vigor de la nueva Relación de Puestos de Trabajo”.

UGT La Rioja explica que el documento aprobado por el Consistorio cigüeño en octubre de 2025 ha corregido al alza diversos “factores organizativos e históricos que se encontraban infravalorados, su aplicación efectiva en las nóminas correspondientes al mes de mayo de 2026 ha puesto de manifiesto importantes perjuicios para determinados colectivos municipales, especialmente para la Policía Local y otros servicios que también contaban con sistemas de disponibilidad regulados”.

Y con esta decisión, apunta la formación sindical, “el Ayuntamiento rompe un modelo que ha demostrado su eficacia durante más de veinte años, permitiendo garantizar la adecuada cobertura de los servicios municipales pese a contar con una plantilla reducida y mientras continúan sin cubrirse plazas ya creadas y recogidas en la propia estructura de personal municipal”.

Hasta ahora, prosigue UGT, “los agentes disponían de un sistema voluntario mediante el que aquellos efectivos que así lo decidían permanecían localizables fuera de su jornada ordinaria a cambio de una compensación económica específica. Sin embargo, con la aplicación de la nueva RPT, el Consistorio ha eliminado este acuerdo y la posibilidad de renuncia por parte de los trabajadores, sustituyéndolo por el denominado Factor K (dedicación especial e incompatibilidad), cuya valoración económica representa únicamente una cuarta parte de la cuantía que se venía percibiendo por el concepto de disponibilidad.”

Para UGT, con esta decisión, el “Ayuntamiento de Lardero está reduciendo costes a costa de los derechos laborales de la plantilla y para ello está utilizando la implantación de la nueva RPT porque en la práctica pretende imponer una disponibilidad permanente y obligatoria por una retribución notablemente inferior a la establecida en el acuerdo vigente, alterando de manera sustancial las condiciones de trabajo sin una negociación colectiva efectiva ni el debido consenso con los representantes de los trabajadores”. Y es que aseguran que “sustituir un sistema voluntario por otro obligatorio, reduciendo además la compensación económica en un 75 por ciento, supone un grave perjuicio para los trabajadores y una vulneración de los acuerdos alcanzados durante años de negociación”.

Y alertan de que esta decisión del Ayuntamiento de Lardero ya está teniendo consecuencias. “El pasado fin de semana hubo dificultades para cubrir un turno. De hecho hubo un único agente de servicio durante aproximadamente dos horas”.

De hecho, los representantes de la Policía Local están valorando acciones legales “para defender los derechos del colectivo”. Y desde UGT La Rioja, además de mostrarles su apoyo, exigen al equipo de Gobierno del PP “una aclaración inmediata y por escrito sobre el alcance, obligaciones y exigencias asociadas al nuevo Factor K”. Y además reclaman respeto a los acuerdos laborales “actualmente vigentes, la seguridad jurídica en la aplicación de las nóminas y la protección efectiva de derechos fundamentales como la conciliación de la vida personal y familiar, el descanso y la desconexión digital de todos los integrantes de la Policía Local de Lardero”.

Por todo ello, y si el Consistorio no inicial una negociación “real y busca soluciones con los representantes sindicales” alertan de “problemas para cubrir determinados servicios e incluso provocar que haya franjas horarias sin presencia policial suficiente para atender las necesidades del municipio”.

Los sindicatos UGT, CSIF, CCOO y CIG iniciarán este miércoles, 17 de junio, un calendario de movilizaciones en la Seguridad Social con concentraciones de protesta, que tendrán lugar de 11.00 a 11.30 horas en las sedes de las direcciones provinciales y servicios centrales del organismo público de 15 ciudades, como el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ubicado en la calle Calvo Sotelo de la capital cántabra.

Según han precisado los cuatro sindicatos en un comunicado, este calendario de movilizaciones responde al “insistente incumplimiento” de los acuerdos suscritos en 2018 y 2023 para modernizar y mejorar el servicio público de la Seguridad Social, a lo que se une la falta de aplicación efectiva de la nueva regulación de jornada y horarios aprobada para el conjunto de la Administración General del Estado (AGE).

UGT, CSIF, CCOO y CIG han denunciado “la ausencia de avances reales en materias esenciales para garantizar el futuro de la Seguridad Social”, entre las que citan “la reorganización administrativa, la cobertura y provisión de puestos de trabajo, la estabilización y rejuvenecimiento de las plantillas y la movilidad del personal”.

Además, los sindicatos han criticado que está pendiente todavía “el desarrollo del trabajo a distancia, la mejora de la formación y medidas relativas a la prevención de riesgos laborales, la promoción profesional y la negociación de las condiciones de trabajo”.

“A ello se suma la reciente falta de aplicación efectiva de la nueva regulación de jornada y horarios aprobada para el conjunto de la Administración General del Estado”, han agregado las organizaciones, que han reprochado a la Administración que “en lugar de aplicar los acuerdos y normas vigentes, está impulsando medidas que generan incertidumbre y ponen en cuestión derechos laborales ya consolidados”.

Los sindicatos de la AGE han indicado en su comunicado que “la falta de cumplimiento de los acuerdos alcanzados está provocando un progresivo deterioro de las condiciones laborales y un incremento constante de las cargas de trabajo, en un contexto marcado por el envejecimiento de las plantillas y la insuficiencia de efectivos”.

“El incumplimiento de estos compromisos no solo afecta a las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de la Seguridad Social, sino también a la calidad del servicio que reciben millones de ciudadanos”, han recalcado UGT, CSIF, CCOO y CIG, que han advertdio que este calendario de movilizaciones continuará “hasta que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones adopte las decisiones necesarias para cumplir los acuerdos suscritos y garantizar el futuro de una institución esencial para el Estado del Bienestar”.

Juan Carlos Nieto no esperaba convertirse en noticia ni en símbolo. Tras 37 años de servicio público, los últimos 15 en la oficina de prestaciones del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) de Mérida, insiste en que nunca quiso desafiar a la organización ni provocar una polémica política. Pero el expediente disciplinario a este funcionario que atiende a personas sin cita previa lo ha colocado en el centro de un debate que va mucho más allá de su propio caso.

Semanas después de que el caso saltara a la opinión pública y generara una ola de apoyo ciudadano, sindical y político sin precedentes en la región extremeña, Nieto continúa sin conocer el desenlace del procedimiento. “Por el momento no hay ninguna novedad”, explica a elDiario.es Extremadura.

La incertidumbre persiste mientras la Subdirección General de Recursos y Organización del SEPE analiza la propuesta de sanción formulada tras la investigación de la Inspección de Servicios.

Además, la documentación del expediente a la que ha tenido acceso este periódico refuerza la versión defendida por el trabajador. En el pliego de cargos se recoge que los hechos investigados consisten en haber realizado actuaciones para usuarios sin cita previa y emitir determinados certificados o atender consultas al margen de las instrucciones internas establecidas por la dirección. El documento no atribuye el expediente a otras causas diferentes ni recoge los motivos alternativos que han circulado en algunas informaciones publicadas durante las últimas semanas. “No sé si es malintencionado o se quiere sembrar dudas, pero los motivos del expediente son los que son”.

Según el propio pliego, la Administración considera que esas actuaciones podrían haber generado un trato diferenciado respecto a otros usuarios que seguían el procedimiento ordinario de cita previa y encuadra los hechos en una posible falta grave por incumplimiento de funciones. Nieto rechaza esa interpretación y sostiene que nunca dejó de atender a personas con cita para beneficiar a otras que no la tenían. “Jamás dejé de atender a alguien con cita para atender a otra persona que sí disponía de ella. Cuando había capacidad y alguien llegaba con una necesidad urgente y había un hueco, yo intentaba ayudar, pero no por caridad, simplemente porque es mi trabajo”, afirma.

El pasado 5 de junio, sin embargo, el Ministerio de Trabajo aseguró que “la investigación que se está realizando al trabajador del SEPE de la oficina de Mérida no se pone en marcha porque el funcionario esté atendiendo a ciudadanos sin cita”.

El rostro de un debate nacional

La repercusión mediática del caso ha sorprendido incluso al propio protagonista. Lo que empezó como un expediente interno terminó ocupando espacio en medios nacionales y desencadenando una movilización ciudadana poco habitual en torno a un trabajador público.

Nieto admite que esta exposición pública ha tenido un impacto personal. “Cuando todo esto empezó pensaba que era una cuestión administrativa más. Nunca imaginé que acabaría en programas de radio y periódicos nacionales o que tanta gente me mostraría su apoyo”. Aun así, reconoce que también ha sentido el peso de convertirse en una figura pública involuntaria.

“Hay quien me presenta como un héroe y yo no me reconozco en esa imagen, pero estoy muy preocupado y esto está afectando a mi mujer y a mi hijo también. He hecho mi trabajo lo mejor posible como lo hacen miles de empleados públicos. Lo que ocurre es que este caso ha tocado una fibra sensible porque mucha gente ha vivido problemas similares con la Administración y nadie les ha defendido antes”.

Y es que su nombre ha quedado ligado a un debate que afecta a miles de ciudadanos: la creciente dependencia de los procedimientos digitales para acceder a servicios esenciales y las dificultades de quienes no logran adaptarse a ellos.

El temor a las consecuencias

Aunque el expediente puede comprometer su futuro laboral, Nieto asegura que hay algo que le preocupa incluso más que una posible sanción (hasta seis meses de suspensión de empleo y sueldo). “Lo que verdaderamente también me inquieta es el efecto que esto pueda tener sobre otros compañeros”.

A su juicio, el mensaje que podría desprenderse de su caso es que cualquier iniciativa orientada a resolver problemas concretos de la ciudadanía puede convertirse en un riesgo para el trabajador. “Si la conclusión es que lo mejor es limitarse a cumplir estrictamente las instrucciones aunque tengas delante a una persona desesperada, estaremos generando una Administración mucho más fría y distante”.

Recuerda que muchas empleadas y empleados públicos se enfrentan a diario a situaciones que no encajan perfectamente en los manuales y que exigen cierto margen de criterio profesional. “La Administración necesita normas, nadie discute eso. Pero también necesita personas capaces de interpretar la realidad que tienen delante”.

Uno de los aspectos más delicados del caso es la tensión entre la legalidad formal y la atención efectiva a la ciudadanía. Los defensores de la cita previa sostienen que garantiza igualdad de trato, evita arbitrariedades y permite organizar recursos limitados. Nieto no cuestiona esos objetivos. “La cita previa tiene sentido. Es una herramienta útil para gestionar el trabajo. El problema aparece cuando deja de ser una herramienta y se convierte en una barrera”.

Insiste en que el debate debe trascender su situación personal. “Ante la pregunta de qué prefiero: que archiven el expediente o que se arregle esto. Yo quiero que se archive porque es mi trabajo y mi sustento, pero también creo que se ha abierto una oportunidad para humanizar un poco el sistema”.

Nieto explica que en la propia oficina existen mecanismos para aprovechar los huecos que quedan cuando una atención termina antes de lo previsto. El gestor de colas, señala, permite asignar esos tiempos libres a personas que llegan sin cita previa. “Llevo más de un año planteando alternativas porque creo que se puede compatibilizar la organización del trabajo con la atención a quien tiene una necesidad urgente”. Además, recuerda que un sistema mixto, que combina cita previa con atención en el mismo día, ya está funcionando en otras localidades de la provincia de Badajoz.

Una Administración que excluye

La cita previa, implantada inicialmente como medida excepcional durante la pandemia, se ha convertido en el acceso habitual a numerosos servicios públicos. Para Nieto, este cambio ha aportado ventajas organizativas, pero también ha generado nuevos problemas. “La digitalización ha facilitado muchas cosas, pero también ha creado nuevas formas de exclusión”.

Recuerda que una parte importante de los usuarios del SEPE son personas mayores, ciudadanos con escasos conocimientos tecnológicos o personas en situaciones personales especialmente complicadas. “No todo el mundo tiene ordenador, acceso a internet o capacidad para manejar determinados procedimientos”.

Su reflexión se apoya en décadas de experiencia en atención al público. “He visto personas perder prestaciones por cuestiones burocráticas o por no entender determinados procedimientos. A veces no se trata solo de aplicar una norma, sino de tener empatía con quien tienes delante”.

Durante la conversación evoca incluso el caso de su propio padre, funcionario jubilado, que tuvo dificultades para realizar trámites sanitarios graves y urgentes que solo podían gestionarse por internet: “Para ayudar a mi padre y a mi madre tuve que pedir asesoramiento a mi mujer e incluso a un amigo, porque yo me pongo nervioso cuando no controlo todo el proceso”.

Apoyo ciudadano inmediato

La apertura del expediente provocó una reacción social inmediata en Mérida. Decenas de personas se concentraron ante las puertas del SEPE para mostrar su apoyo al trabajador y exigir el archivo de las actuaciones. Entre los asistentes había desempleados, compañeros de oficina, representantes sindicales y ciudadanos que conocían de primera mano la labor de Nieto.

“Lo que más me ha emocionado no han sido las entrevistas ni la repercusión mediática, sino escuchar a personas que venían a decirme que en algún momento les ayudé cuando tenían un problema”, confiesa.

El respaldo también ha llegado desde organizaciones sociales y distintas formaciones políticas, aunque él insiste en desvincular su caso de cualquier confrontación partidista. “No quiero que esto se politice porque no creo que sea una cuestión de derechas o de izquierdas. Tiene que ver con cómo queremos que funcione la Administración y con qué tipo de relación queremos entre los servicios públicos y la ciudadanía”.

Mientras espera la resolución definitiva, Nieto es consciente de que el desenlace puede tener un alcance que va más allá de su propia carrera. Si la sanción prospera, muchos lo interpretarán como una reafirmación del cumplimiento estricto de los procedimientos. Si se archiva o se suaviza, otros verán un reconocimiento implícito de la necesidad de mantener márgenes de flexibilidad en la atención al público.

Él evita situarse en los extremos. “No creo que la solución sea que cada funcionario haga lo que quiera. Pero tampoco creo que una Administración pueda funcionar ignorando las circunstancias reales de las personas”. Su reflexión destila empatía: “Después de tantos años trabajando, uno aprende que detrás de cada expediente hay una persona. Y quizá eso es lo que no deberíamos obviar nunca porque es fácil olvidarse”.

Denunció otros obstáculos

El expediente actual no es el primer desencuentro de Nieto con la estructura administrativa del SEPE. En abril de 2019, cuando trabajaba en la oficina de prestaciones de Mérida, remitió un escrito a la dirección provincial alertando de las sanciones que estaban recibiendo numerosos perceptores por no acudir a los controles obligatorios. Según denunció entonces, muchos nunca llegaron a conocer las citaciones porque las cartas eran devueltas sin haber sido entregadas.

Aquel aviso generó debate y acabó impulsando cambios en los procedimientos de notificación. Para él, ese episodio reforzó la convicción de que la Administración debe garantizar que los ciudadanos comprendan y puedan ejercer sus derechos antes de imponer sanciones que afectan “directamente a su subsistencia”.

La continuidad entre aquella denuncia y el expediente actual permite interpretar ambos episodios como parte de una misma preocupación: evitar que procedimientos concebidos para organizar la Administración terminen convirtiéndose en obstáculos para quienes más dependen de ella.

El caso ha llegado incluso al Defensor del Pueblo. La institución que dirige Ángel Gabilondo ha abierto actuaciones y ha solicitado información al SEPE sobre las circunstancias que motivaron la apertura del expediente, los tiempos medios para obtener cita en la oficina de Mérida y los criterios que regulan la atención presencial. Además, recuerda que durante los últimos años ha recibido numerosas quejas ciudadanas por las dificultades para conseguir cita previa y ser atendidos en las oficinas de empleo, una situación sobre la que ya había formulado recomendaciones a la Administración.

La Secretaría de Estado de Función Pública ha aprobado las nuevas instrucciones pactadas con los sindicatos para la jubilación parcial del personal laboral incluido en el IV Convenio Único de la Administración General del Estado (AGE), con el objetivo de desbloquear este procedimiento tras los cambios introducidos en la reforma de pensiones de 2024.

La resolución, publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), sustituye a las instrucciones vigentes desde febrero de 2022 y establece los criterios para tramitar tanto la jubilación parcial ordinaria como para la jubilación parcial anticipada del personal laboral, explica la agencia Europa Press.

Como se recoge en el BOE, la actualización normativa responde a las modificaciones introducidas por la reforma de pensiones de 2024 que reformó la jubilación parcial y del contrato de relevo, con la obligación de que este último se incorporara a su puesto con un contrato indefinido.

Esta modificación bloqueó la disponibilidad de la medida en las Administraciones públicas, con procedimientos más complejos (y sobre todo que llevan más tiempo) para el acceso al empleo fijo. Los sindicatos y el Gobierno han estado negociando meses una salida, acordada ya hace varias semanas, pero no aprobada.

En el cuerpo de la Administración General del Estado la luz verde ha llegado con esta resolución en el BOE, pero se espera aún la aprobación de un real decreto ley para el resto de Administraciones Públicas.

Solución para el personal laboral del Estado

En concreto, la resolución recoge que podrán acceder a la jubilación parcial los trabajadores laborales fijos a jornada completa que cumplan los requisitos de edad, cotización y antigüedad establecidos en la normativa de Seguridad Socialm informa Europa Press.

Asimismo, regula las condiciones de reducción de jornada y la contratación de relevistas en los supuestos de jubilación parcial anticipada, adaptando estos procedimientos a los cambios legales en vigor desde el pasado 1 de abril.

La norma también incorpora los criterios acordados entre la Administración y las organizaciones sindicales en el seno de la Comisión Negociadora y la Comisión Paritaria del IV Convenio Único.

En vigor desde este miércoles

Según recoge el texto, las nuevas instrucciones entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE –es decir, este miércoles–y dejarán sin efecto las aprobadas por Función Pública en febrero de 2022.

Este mismo miércoles, en rueda de prensa, UGT ha asegurado que el problema generado por la aplicación de la nueva regulación de la jubilación parcial para el personal laboral de la AGE ha quedado “desbloqueado” tras la aprobación de esta resolución.

El coordinador general del Convenio Único en UGT, Alberto Pablos, ha señalado que los trabajadores afectados deberán volver a presentar las solicitudes de jubilación parcial que habían quedado paralizadas durante los últimos meses para que puedan ser tramitadas conforme al nuevo procedimiento.

Según ha explicado, los retrasos registrados durante el último año se debieron a la falta de adaptación de Función Pública a los cambios introducidos por el Real Decreto-ley 11/2024 y ha defendido que el nuevo sistema beneficiará tanto a quienes accedan a la jubilación parcial como a los trabajadores que ocupen los contratos de relevo.