La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha acordado formar una pieza separada “por mala fe procesal”, a fin depurar las responsabilidades en que haya podido incurrir un abogado firmante de un recurso con reiteradas “incoherencias o invenciones”, supuestamente elaborado con Inteligencia Artificial (IA). La Sala de lo Social subraya que en el recurso de suplicación interpuesto por el letrado figuran “múltiples citas espurias, resoluciones inexistentes, otras que no tienen que ver con lo discutido, o directamente inventadas”.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) –y recoge Europa Press–, que traslada que el paso se da a tenor de lo dispuesto en los artículos 75.4 y 235.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en relación con los artículos 552 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En total, el magistrado ponente identifica 24 citas –y sus textos adicionados– que asegura que constituyen “un ejercicio de libérrima creatividad jurídica”.

Además, hace referencia a que ha detectado “una curiosa estructura en la manera de redactarse y que se corresponde, como no es aventurado suponer, con el uso de Inteligencia Artificial en su elaboración, del tipo generativa y de carácter gratuito, sin una verificación posterior para controlar las constantes 'alucinaciones' ofrecidas”.

“Ello implica una falta de diligencia notoria en la actuación profesional, es obvio”, recalca el tribunal en la resolución, en la que indica que, la otra opción, es decir, que el letrado “haya inventado directamente todas la citas falsas y haya tratado de defender su postura (y motivos) de una manera tan burda (y mendaz)”, comportaría “un comportamiento que se deslizaría hacia otros campos, quizás, aparte la censura moral, y que esta sala quiere descartar de entrada”.

“Mala fe procesal”

En la sentencia, los magistrados inciden en que los hallazgos “evidencian una conducta reveladora de una palmaria negligencia de quien, tenido por experto en normas procesales y respetuoso con los principios deontológicos de su profesión, fio su trabajo, sin mayor revisión, a lo que el algoritmo le propuso”.

Lo hizo, continúa, “omitiendo la diligencia de verificar la existencia de lo que citaba, confiando acaso en que la abundancia de referencias no solo pasaría inadvertida a este Tribunal, sino que infundiría autoridad a sus asertos”.

A ello, añaden que “lejos de consistir en mero desliz o error venial, como podría haber ocurrido en el caso de existir un par de incoherencias o invenciones, por su reiteración, merece ser depurada con la apertura de una pieza separada por mala fe procesal”.

Un jurado popular ha declarado a dos hombres culpables de haber asesinado al joven Lukas Agirre, de 24 años, en la madrugada del día de Navidad del año 2022. En el caso principal, ha sido por unanimidad, mientras que el otro ha sido declarado colaborador necesario por un resultado de siete votos a dos. Asimismo, el jurado ha declarado culpable también a una tercera acusada, en este caso por ayudar a encubrir los hechos. El crimen se produjo en los aledaños de una discoteca de Donostia, donde el joven había estado celebrando la Nochebuena con sus amigos.

Tras el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Gipuzkoa durante las dos últimas semanas y media, el jurado, que ha estado deliberando desde la tarde del lunes, ha emitido este miércoles, pasadas las 16:45 horas, los veredictos de culpabilidad y ahora será el magistrado el que dicte la sentencia. El jurado estaba conformado por cinco hombres y cuatro mujeres.

22 años solicitaba la Fiscalía y 25 las acusaciones particulares

La Fiscalía solicitaba 22 años de cárcel para cada uno de los dos acusados de asesinato. Las acusaciones particulares, por su parte, elevaban la solicitud hasta los 25 años. El ministerio público sostenía que uno de los procesados asestó dos puñaladas mortales a la víctima, mientras que el otro le facilitó el arma y colaboró en los hechos. Para la tercera acusada, solicitaba tres años de prisión, en este caso por encubrimiento. La Fiscalía pedía, además, diez años de libertad vigilada para los dos acusados de asesinato e indemnizaciones por valor de más de 280.000 euros para la familia del joven fallecido.

Según el escrito confeccionado por el fiscal Julián Blanco, los hechos sucedieron cuando la discoteca en la que se encontraban los involucrados ya había cerrado sus puertas. La víctima estaba “disfrutando en compañía de sus amigos de la festividad navideña”, indica ese texto. Relata luego que la tensión surgió a raíz de un “encontronazo” y que uno de los acusados, “guiado por la finalidad de amedrentar a los presentes”, se dirigió al grupo con amenazas como e intentó propinar varios puñetazos a uno de los jóvenes.

Según este mismo escrito, uno de los acusados entregó al otro una navaja tipo mariposa que portaba. Asevera que quien cedió el arma actuaba “con pleno conocimiento” de que sería utilizada y “asumiendo el riesgo que ello implicaba para la vida y la integridad de los presentes”. Los grupos se separaron pero poco después estalló una nueva pelea. Fue entonces cuando, según la acusación pública, uno de los procesados aprovechó el tumulto para atacar a la víctima “guiado por el ánimo de acabar con [su] vida”. Describe la Fiscalía que le asestó dos navajazos. Tras el apuñalamiento, la Fiscalía sostiene que los dos acusados huyeron juntos del lugar y que la tercera acusada colaboró posteriormente para “frustrar la investigación”. En concreto, el ministerio público le atribuye haber encubierto que los dos principales acusados “habrían intercambiado sus zapatillas” y que también “se habrían deshecho de la navaja ocultándola en un contenedor”.

Las defensas de los acusados, por su parte, pedían la absolución de todos ellos. Alegaban que existe un “grandísimo déficit probatorio” en torno al caso. “Naide quería que pasar lo que paseó esa noche y lo siento de corazón de verdad”, ha afirmado durante el juicio uno de los acusados, según recoge Europa Press. La acusada de colaborar en el encubrimiento, por su parte, alegó que “no tenía conciencia de qué había pasado”.

Se da la circunstancia de que es el tercer juicio con jurado popular que se celebra en Euskadi en menos de un mes, uno en cada provincia. El 14 de mayo, un jurado popular declaró a un hombre culpable de haber asesinado en Vitoria en 2023 a la que era su pareja, por entonces embarazada de mellizos. El día 22, otro jurado popular, esta vez en Bilbao, declaró culpable de asesinato —en este caso por unanimidad— a un hombre al que se acusaba de matar a otro hombre con el que había trabado contacto a través de una aplicación de citas.

El jugador del CD Tenerife Maikel Mesa será juzgado, junto a otras dos personas, por un delito de robo con violencia, informaron este miércoles a EFE fuentes de la Policía Nacional. Mesa ha declarado este miércoles en la comisaría de Policía de La Laguna y ha pasado a disposición judicial en calidad de detenido.

Está previsto que se celebre un juicio rápido por un delito de robo con violencia, detallan las mismas fuentes. Se trata de un procedimiento penal especial para delitos flagrantes o de instrucción sencilla en los que la pena prevista no supera los cinco años de prisión

El suceso en el que participó el futbolista —sobre el que el CD Tenerife no se ha pronunciado públicamente— se produjo el pasado domingo en La Laguna y se vieron involucradas otras dos personas, además de la víctima, un juez del que no ha trascendido su identidad.

Según informa el periódico El Día, el atestado policial concreta el desarrollo de los hechos entre las nueve y las diez de la noche del domingo, cerca del aparcamiento público situado en la calle Manuel de Ossuna, en las inmediaciones de la iglesia de La Concepción. El propio magistrado denunciante fue quien alertó a las fuerzas de seguridad tras ser abordado por tres individuos (dos hombres y una mujer), entre los que se encontraba el propio Mesa.

“Yo no vi a mi madre el día que la mató”. Leticia, que ahora narra estos hechos ante un juez, apenas había cumplido la mayoría de edad cuando se quedó sola y con dos hermanos pequeños. Iba de camino a un partido de baloncesto, pero su abuela la llamó al teléfono. Trajo la peor de las noticias: “Me dijo que Black la había matado”. Black es el mote de Richard Fermín P.S., el asesino confeso de Miguela N.N. y su pareja sentimental en el momento en el que le asestó 45 puñaladas, acabando allí con su vida. Ella tenía 35 años y él, dos menos. Ocurrió el 24 de septiembre de 2023 en un domicilio de Villaverde (Madrid), donde vivía el acusado y al que acudió con la víctima. Pero el relato de violencia, coacciones y machismo que ha reconstruido su familia había empezado mucho antes.

Esta semana ha arrancado el juicio en la Audiencia Provincial de Madrid. Leticia ya ha cumplido 22 y ha acudido a declarar con su abuela, Victoria N.P. La Fiscalía pide 25 años de cárcel para el acusado, oculto detrás de un biombo mientras ambas testificaban. Además de a su primogénita, Miguela –de nacionalidad española y origen dominicano– dejó huérfanos de madre a otros dos hijos menores de edad, un niño de 9 años y otra chica de 11. “Yo sabía que él era una persona violenta, porque allá [en Republica Dominicana] hizo daño a muchas mujeres”, ha asegurado en sala la madre de Miguela, que a mediados de enero perdió la casa en la que, después del asesinato, había continuado viviendo con sus nietas.

Según su relato de este martes, cuando Miguela vivía era ella quien les enviaba dinero y recursos gracias a un trabajo en Italia, que le hacía pasar temporadas fuera de casa. Al fallecer, solo les quedó un pequeño sustento económico: los 600 euros mensuales que Victoria ganaba “echando unas horas” por las mañanas. Pero una deuda hipotecaria con Caixabank hizo que, en diciembre, recibieran un aviso de lanzamiento después de que una empresa inmobiliaria (Circleville SL) adquiriera ese descubierto y pasara a reclamar la propiedad del piso.

“Él creía que mi madre era suya”

Finalmente, y tras un largo periplo judicial, las desahuciaron el 14 de enero. Desde entonces, la hermana mayor ha estado viviendo en la casa de su novio, mientras que las pequeñas y su abuela han seguido buscando alternativas. Tanto Victoria como Leticia han solicitado la custodia conjunta de los dos menores de edad, y en distintas ocasiones han manifestado que no reciben ninguna ayuda o prestación por su condición de víctimas de violencia de género.

La hija mayor de Miguela ha narrado el matrato físico y psicológico que sufrió su madre durante la relación con Richard Fermín, que comenzó en el año 2020: desde golpes en la cara que justificaba como caídas accidentales –“lo hacía para protegernos”, consideró Leticia ante preguntas de los abogados– hasta mensajes constantes del acusado, que llamaba a su propio teléfono si la madre de las niñas no aparecía o había bloqueado su contacto en un intento de romper la relación.

En uno de sus viajes a Italia por trabajo, siempre según el testimonio de la familia de la víctima, él llegó a coaccionarla con imágenes de sus hijos pequeños mientras estos jugaban en el parque. “La amenazaba con fotos nuestras para hacerla volver como fuera. Él creía que mi madre era suya”, recuerda la hermana mayor. La testigo también ha explicado que, antes del asesinato, había ido dos veces por su cuenta a la comisaría para denunciar el maltrato que veía en su madre, pero una vez allí le explicaron que era la afectada quien debía ir a denunciar.

“Ella no lo hacía por miedo, porque él la amenazaba: con su vida, con la nuestra y con todo lo demás”, reflexiona la joven, la primera en declarar esta mañana desde la sede de la Audiencia Provincial de Madrid. Un día antes, el lunes, lo hizo el asesino confeso de su madre.

“Tu madre va a aprender a respetar a los hombres”

La hija mayor de Miguela también ha narrado los mensajes amenazantes que el acusado enviaba a su pareja, y que pudo comprobar mientras le revisaba el teléfono: dijo no fiarse de las explicaciones de su madre, que a veces “aparecía con heridas o moratones” pero quitaba hierro al asunto. Leticia ha añadido algún detalle de los textos que ella misma recibía en su móvil, cuando el acusado trataba de contactarla a través de su hija. “[Tu madre] va a aprender a respetar a los hombres”, llegó a espetarle una vez, tal y como se ha afirmado en sede judicial.

El juicio contra su agresor y asesino se prolongará a lo largo de la semana. Además de la condena a prisión, la Fiscalía también pide indemnizar a las tres hijas de la víctima con 593.500 euros, y otros 86.000 para su madre y abuela de las niñas. La noche antes de que su madre fuera asesinada, Leticia se despidió de ella antes de irse a dormir. Jugaba con sus hermanos en una habitación de casa y, aunque “estaba perfumada”, le aseguró que no iba a salir. “Recuerdo que esos días estaba muy contenta, porque había empezado a ir a la autoescuela”, recordó su hija durante la declaración. Sin embargo, Miguela nunca pudo llegar a conducir.

La primera defensa, la de Ignacio M.V., hijo del que fuera propietario de la empresa, ha expuesto en su informe final del juicio del como caso ataúdes que se trata de una batalla entre odiador, un extrabajador llamado Justo M.G., y odiado, el dueño del grupo funerario El Salvador, Ignacio M.A., los dos ya fallecidos.

Se trata de “una situación anómala, con multitud de personas en el banquillo que son espectadores de una batalla entre el odiador y el odiado y ambos están muertos”, ha descrito el letrado.

Ha criticado que el proceso se ha asentado sobre una extorsión por la que fue condenado Justo M.G., dirigida contra el propietario de la empresa funeraria, al que chantajeó con hacer públicas unas fotografías y anotaciones sobre supuestos cambios de féretros para después revenderlos.

“Se junta la leyenda urbana y un señor que por desgracia está loco y su desequilibrio psicológico es evidente, porque acabó quitándose la vida”, ha dicho el defensor en referencia al extrabajador, quien según las acusaciones documentó los cambios y reventa de féretros y flores con imágenes y por escrito durante vente años.

“Se junta una cosa con la otra y nos vemos aquí sentados durante cuatro meses” y con veintitrés acusados, ha resumido.

Todas las notas de Justo son munición, las fotografías son munición y lo que las une todas es la idea de una venganza, de una extorsión, ha concluido el abogado.

Durante la exposición de su informe, el defensor de Ignacio M.V., ha considerado además lo que ha tachado de “pérdida de imparcialidad” que han sufrido las defensas por parte de la Sala.

“No es una cuestión solamente sobre el modo en que se admitió la prueba, sino el valor que esa prueba puede tener para fundar una condena” contra Ignacio M.V., ha expresado.

Ha lamentado en este sentido que ya poco después de comenzar el juicio -se desarrolla durante cuatro meses- se vio que era inútil y repetitiva la declaración de familiares de los difuntos porque no tenía más que carga emocional pero no valor acreditativo de los hechos, debido a que nadie oyó ni vio nada.

“Se cruzó la frontera entre juzgar y ayudar a acusar”, ha sostenido el letrado, quien se ha quejado de que la defensa no ha podido discutir en igualdad de condiciones ya que no se dio trámite al criterio de selección de testigos y las normas no permiten sustituir a un testigo por otro.

La mayoría de los allegados de fallecidos incinerados han declarado sobre su dolor pero “estamos en un procedimiento penal”, en el que se está pidiendo para Ignacio M.V. veinte años de prisión y veinte millones de euros, ha agregado.

A su juicio, desde el primer momento la Policía se enamoró del relato de Justo M.G. y todo depende de lo que dejó escrito este exempleado que comenzó a trabajar en el cementerio del grupo funerario procedente de un despido y se incorporó a esta empresa “de favor”, aunque por la caridad entra la peste.

A partir de ese momento, empezó a tomar anotaciones de cómo hacía su labor para justificar que estaba trabajando, pero con el paso del tiempo se convirtieron en una opción para extorsionar debido a que el dueño de la empresa no quiso contratar a sus hijos, se acercaba su jubilación y le iba a quedar una escasa pensión y el dueño del grupo funerario se había hecho rico.

Se escogió como brújula moral para el proceso del caso ataúdes a un empleado que había elaborado ese material para castigar a su jefe, ha recalcado, antes de mantener que era el propio Justo, él solo, el que movía los cadáveres que aparecían en sus fotografías.

Otro de los defensores, que representa a varios trabajadores del grupo funerario acusados, ha rechazado que las anotaciones de Justo M.G. correspondiesen a la realidad y lo ha justificado en que parte de ellas correspondían a fechas en las que los procesados estaban de permiso.

También ha argumentado que algunos de los apuntes se referían a empleados que trabajaban en un lugar distinto al de Justo y por tanto no podía saber que hacían o deshacían, y en otros supuestos el horario no coincidía con el suyo.

Ha manifestado además que fue Justo el que manipuló los cuerpos que él mismo fotografió y que pudo hacerlo durante varias horas que pasaba él solo en el cementerio de Santovenia de Pisuerga (Valladolid) donde desempeñaba su función.

El letrado ha sugerido que si quería dejar pruebas del supuesto cambio de ataúdes podía haber fotografiado o grabado a trabajadores llevándolo a cabo o al jefe dando instrucciones. El juicio continuará este jueves con la exposición de los informes finales de las defensas. 

El Ministerio Fiscal pide cuatro años de cárcel para P.A.G. por un delito contra la salud pública, en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, al ser detenido por tráfico de drogas en Logroño. Le reclama también una multa de 20,98 euros.

El juicio se desarrollará el martes, 2 de junio, a las 09,30 horas, en la Audiencia Provincial. Los hechos se produjeron a las 17,00 horas del 28 de febrero de 2023. Ese día, el acusado conducía un vehículo por Avenida de la Paz en Logroño, buscando un comprador de sustancias estupefacientes que el acusado le proporcionaría. En su camino, a la altura del número 85 de la citada calle, encontró a un cliente que “como pago de la droga, introducía en la parte trasera del coche diversos artículos de perfumería o limpieza, aparentemente sustraídos en algún establecimiento público”.

En ese momento, el acusado le entregó una papelina de color blanco, que contenía una dosis de heroína, sustancia estupefaciente compacta de color beige, con un peso bruto de 0,46 gramos y neto de 0,22 gramos, con una riqueza media del 17,2 por ciento, y con un valor en el mercado clandestino de 20,98 euros.

Tras realizarse la transacción, la Policía Local identificó al cliente, llevando en una mano la sustancia estupefaciente, señalando espontáneamente a los agentes que “no les había dado dinero”.

En el vehículo del acusado viajaban una mujer adulta y tres niñas menores de edad, de cuya presencia se valía el acusado para evitar que la Policía advirtiera que realizaba desde el automóvil ventas de droga.

Cuando fue detenido llevaba en el vehículo catorce artículos de marca 'Ariel', entregados por el cliente, y en una riñonera la cantidad de 400 euros, cantidad procedente de la venta de droga.

Para el fiscal estos hechos, del que hace responsable en concepto de autor al acusado, un delito contra la salud pública, en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, por el que le pide cuatro años de cárcel y una multa de 20,98 euros.

La Audiencia de Sevilla abrirá un juicio oral contra el exlíder de Vox en Andalucía y candidato a la Junta en las elecciones de 2018, Francisco Serrano, en marzo de 2027. Fecha en la que testificará como acusado por tres delitos de subvenciones y de estafa tras recibir una ayuda de 2,5 millones de euros del Ministerio de Industria solicitada a través de la empresa Bio Wood Niebla S.L., un entramado fantasma para la fabricación de pellets creado en marzo de 2016 con el que, presuntamente, se desviaron los fondos. En la causa también testificarán sus dos antiguos socios, Enrique Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros.

La providencia, a la que ha tenido acceso este periódico, detalla que, habiendo sido examinadas y resueltas las solicitudes, la Sección Cuarta de la Audiencia establece que la vista dará comienzo el día 15 de marzo y se extenderá hasta el 7 de abril en la Sala Quinta de la Audiencia Provincial. El procedimiento se abrió como consecuencia de la denuncia ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del secretario general de Facua, Rubén Sánchez, quien ha publicado en sus redes sociales este martes un mensaje tras conocer la decisión del tribunal en el que acusa al que fuera juez de la formación de ultraderecha de “falsear” el capital del negocio y de no devolver el fondo público tras haber anunciado que con la empresa se daría “trabajo a más de 200 personas”.

El pasado 18 de marzo de 2024 fue el titular del Juzgado de Instrucción número 16, Juan Gutiérrez Casillas, abría juicio a los tres presuntos culpables después de que en 2018 se presentara la denuncia por parte de Facua, a la que siguió la querella de la Fiscalía Superior de Andalucía en julio de 2020 contra Serrano. El expolítico alegó en aquel entonces su desvinculación de dicha sociedad en octubre de 2017 tras perder la “confianza” en el proyecto, pero una vez iniciada la investigación dejó el partido y después, en septiembre, su escaño en el Parlamento andaluz.

La fábrica fantasma de 'pellets'

Todo comienzó en 2016, momento en que la empresa creada por Serrano y sus socios concertaron un préstamo REINDUS del Ministerio de Industria, cuyo importe (2.489.000 euros) se destinó “para fines distintos de la construcción de una fábrica de pellets en la localidad de Niebla”, en Huelva, confirmaba el auto de continuación de las actuaciones por el procedimiento abreviado. En él, se precisa que los acusados eran conscientes de “la importancia que tiene ofrecer ante el Ministerio de Industria una imagen de solvencia” para captar sus préstamos. De esta forma, Serrano, a través de su sociedad Serrano Abogados, y Pelegrín constituyeron la empresa Biowood Niebla con una aportación de fondos propios de 7.000 euros y una “maquinaría que nunca fue comprada ni poseída por los socios, por lo que la declaración no era ajustada a la verdad”.

Una vez cobrado el préstamo, según la instrucción del caso, comenzaron las “disposiciones” del dinero “para fines no comprendidos” en el proyecto subvencionado, destinando unos 200.000 euros a “un cliente de Serrano Abogados que estaba necesitado de financiación y a quién Biowood decidió hacer un préstamo con los fondos” estatales recibidos. Serrano, Pelegrín y Ballesteros, según el auto, “se reunieron en distintas ocasiones con Manuel Gavira Gomez (el citado cliente de Serrano Abogados) y tenían conocimiento de que el dinero se iba a destinar a pagar deudas de las empresas del prestatario”.

Otros 1,3 millones de euros habrían sido destinados a la “constitución de un fondo de inversión”, mientras además “se formalizaron préstamos a empresas de Francisco Serrano como XYZ Comunicaciones, Serrano Abogados y Serralba, con 24.180 euros; y Biowwod ”avaló a XYZ frente a Ibercaja en un préstamo que, al no ser devuelto, es pagado por Biowood con el importe del préstamo Reindus“. El auto señala además un préstamo de 30.000 euros a Serrano Abogados, que según un perito ”se corresponde con el pago de los gastos de mantenimiento de la sede común de Serrano Abogados y Biowood Niebla al 50 por ciento, pero ni dichos gastos son financiables con el préstamo Reindus, ni los gastos de Biowood Niebla, sin actividad ni personal, son comparables a los del despacho de abogados“.

“En consecuencia, de los 2.489.000 euros abonados por el Ministerio de Industria para la instalación de fabrica de pellets de acuerdo con las partidas autorizadas, sólo es acorde con el proyecto la cifra de 544.316 euros”, remata el juez instructor, que aprecia “indicios racionales de un delito de fraude de subvenciones y un delito de estafa”, atribuidos a Francisco Serrano, Enrique Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros.

Ocho años de prisión

Cabe recordar que otro juzgado archivó la denuncia de Serrano contra sus antiguos socios. Pese a lo esgrimido, se dictaminó que el exlíder de Vox en Andalucía, “aunque trate de presentarse como una víctima de maquinaciones urdidas en su contra”, no era posible que “desconociera” las operaciones incluidas en la “farragosa denuncia” que presentó contra Pelegrín y López Ballesteros. A su vez, el juzgado rechazó la pretensión de que fuesen excluidas del procedimiento judicial las acusaciones populares del secretario general de Facua y de Podemos.

La Fiscalía reclama hasta ocho años de prisión para Serrano, así como multas considerables. El presunto delito de estafa atribuido a Serrano y a los otros dos acusados lleva consigo una solicitud de seis años de prisión y multas de 5.400 euros para cada uno de ellos. Adicionalmente, se señalan dos supuestos delitos de fraude de subvenciones como calificación subsidiaria, uno del artículo 308.1 del Código Penal y otro del artículo 308.2 del Código Penal, con penas de ocho años de cárcel, multas de casi 15 millones de euros y la pérdida del derecho a recibir ayudas públicas durante 12 años, a cada acusado.

El Ministerio Fiscal solicita un total de 36 años de prisión -9 años cada uno- para cuatro acusados de hasta cuatro delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, defraudación de fluido eléctrico e integración en grupo criminal para cometer un delito grave. El juicio por estos hechos está previsto que se celebre los próximos días 26, martes, y 27, miércoles, a partir de las 10 horas, en la Audiencia Provincial de Logroño.

De acuerdo con los hechos del escrito, la acusación se dirige contra los cuatro acusados que “desde su domicilio en el barrio de Varea de Logroño, han suministrado, indistintamente, heroína y cocaína a distintas personas”. Se indica, en concreto, que “la Policía, en distintos días y horas -todas ellas, entre los meses de mayo, junio y julio de 2019-, realizó vigilancias sobre el inmueble de la calle Calahorra” donde residían los acusados.

En estos seguimientos -hasta en una decena de ocasiones- se comprobó que personas, en varios casos el mismo individuo, entraban en el inmueble vigilado, y, tras salir de él, se les iba incautando diferentes cantidades de droga, sobre todo heroína, que se ha valorado por las autoridades en casi 458 euros.

A ello se suma que, al lado de la vivienda donde vivían los acusados, en el mismo rellano, se localiza un piso deshabitado desde el fallecimiento de su propietaria, cuya nieta y heredera autoriza a la Policía la entrada y registro del inmueble, que se llevó a cabo el día 25 de julio de 2019. El escrito indica que “este piso era utilizado por los acusados para esconder efectos que utilizaban para el tráfico al que se dedicaban y que fueron localizados en el registro”.

Armas y droga escondidos en el piso deshabitado

En concreto, cita “en el salón, debajo de un sillón, se encuentra un calcetín conteniendo un arma corta, de la marca ”Star“, con su cargador con siete cartuchos en su interior, y siete cartuchos más, fuera del cargador”. Igualmente, “debajo del cojín del mismo sillón, se localizaron tres bolsas de plástico, que conteníam tres envoltorios de plástico, con un peso bruto de 27,2 gramos, 26,4 gramos, y 26,8 gramos, de cocaína, en la primera”.

En otra bolsa de plástico, “con la inscripción ”200“, un envoltorio de plástico cerrado con alambre verde con 23,6 gramos de peso bruto de cocaína”. Y en una tercera bolsa de auto-cierre, aparecen tres envoltorios conteniendo 28 gramos, 50,1 gramos, y 51,7 gramos, de heroína, todo ello acompañado de recortes de plásticos negros“.

La sustancia intervenida resultó ser 94,36 gramos de peso neto de cocaína, con una pureza del 55,4 %, valorada en 6.802,97 euros; 124,75 gramos de peso neto de heroína, con una pureza del 23,4 %, por valor de 13.381,79 euros, de manera que, en total el valor asciende a 20.184,76 euros.

La pistola “Star”, y los 14 cartuchos del calibre 7,65 aptos para el uso con esa pistola, “se encontraban en perfecto estado de funcionamiento, careciendo los acusados de licencia, y guía de pertenencia”.

Además, “en el domicilio de los acusados se había realizado el corte de suministro de energía eléctrica, por falta de pago, el día 4 de agosto de 2018”, pese a lo cual, “girada visita el día 29 de julio de 2019, por el técnico correspondiente de Iberdrola, se pudo comprobar que el inmueble tenía electricidad, como consecuencia de que los acusados habían realizado el enganche directo al contador”, con un importe defraudado que asciende a 1.489,75 euros.

Para la acusación, todos estos hechos relatados constituyen un delito contra la salud pública, en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud; un delito de tenencia ilícita de armas; un delito de defraudación de fluido eléctrico; y un delito de integración en grupo criminal para la comisión de un delito grave contra la salud pública, con el auxilio de armas de fuego.

De todos ellos se consideran autores a los acusados, sin que concurran en ellos circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

Así, se considera que se deben imponer “a cada uno de los acusados”, por el delito contra la salud pública, 5 años de prisión, más una multa de 22.000 euros; por el de tenencia ilícita de armas, dos años de prisión; por el fraude en la electricidad, 6 meses de multa, con una cuota diaria de 8 euros -algo más de 1.400 euros-; y por el delito de pertenencia a grupo criminal, dos años de prisión.

El Ministerio Fiscal solicita un total de dos años de prisión para un hombre, acusado de un delito de estafa y otro de falsedad de documento mercantil, tras no haber pagado sus servicios a la procuradora y al abogado que le asistieron en varios procesos judiciales. El juicio está previsto para el próximo martes 26 de mayo a partir de las 9,30 horas, en la Audiencia Provincial de Logroño.

Los hechos, de acuerdo con el escrito de la acusación, se dirigen contra el acusado que “contrató los servicios profesionales de otra persona como procuradora de los tribunales y de un tercero como abogado, para su respectiva representación y defensa” en varios procedimientos seguidos en el Juzgado de lo Social número 1 de la capital riojana.

De acuerdo con los datos de la Fiscalía, “los honorarios devengados por la procuradora ascendieron a 309,43 euros, que el acusado no abonó, a pesar de que le fueron reclamados por vía postal, telegráfica y telemática”. Así, la procuradora “se vio obligada a instar, en fecha 20 de diciembre de 2023, el procedimiento judicial de Jura de Cuentas, que recayó en el Juzgado de lo Social Nº 2 de Logroño, el cual incoó el procedimiento” correspondiente. En el seno de ese procedimiento, presentó alegaciones por escrito, “manifestando que la factura había sido ya abonada a su letrado”, para lo que el acusado aportó “una factura por importe de 2.077,60 euros, en apariencia firmada digitalmente por el abogado”.

En esta factura se hacía constar “minuta de honorarios a profesionales”, pero, dice el escrito que, “exhibida la factura a dicho letrado, éste respondió que la factura presentada no era auténtica”. De este modo, para la acusación estos hechos son constitutivos de un delito de estafa procesal en grado de tentativa y de un delito de falsedad en documento mercantil cometido por particular, de los que responde el acusado en concepto de autor sin que concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

Por ello, el Ministerio Fiscal considera que procede imponer al acusado la pena de dos años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; y la pena de 10 meses de multa, con una cuota diaria de 10 euros -lo que resulta en un total de unos 3.000 euros.

Si otros antiguos altos cargos públicos trabajan en empresas privadas dedicadas a representar a clientes ante las administraciones para influir en decisiones políticas, como Pepe Blanco, Soraya Saénz de Santamaría o el propio Aznar. ¿Por qué Rodríguez Zapatero no hizo lo mismo si quería dedicarse a eso? ¿Por qué iba a esconderse detrás de empresas instrumentales de un amigo, cobrando una comisión encubierta con facturas falsas?  

Con Alfonso López, fundador y presidente de la consultora de relaciones institucionales, o lobby, Rud Pedersen en España, y con Javier Lillo, periodista de Tribunales de elDiario.es, nos centramos en una clave de toda esta historia: ¿Cuál es la diferencia entre el lobby que hacen otros y el delito de tráfico de influencias por el que un juez de la Audiencia Nacional investiga a Zapatero?

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Víctor San Vidal vuelve a ser objeto de polémica. El que fuera alcalde de Fontanar (Guadalajara) y que dimitió tras hacerse público un vídeo en el que llamaba “retrasada mental”, insultaba y humillaba a una empleada municipal, ha sido contratado como personal laboral en el Ayuntamiento de Guadalajara, gobernado por PP y Vox. La cuestión es que su contratación es como “operario de cultura”, es decir, empleado público, y San Vidal está condenado además por malversación de caudales públicos e inhabilitado para empleo o cargo público.

Según el decreto municipal al que ha tenido acceso este medio, Víctor San Vidal aparece contratado como personal laboral con fecha de 14 de mayo, por un periodo de dos meses, para el Área de Cultura, que dirige el primer teniente de alcalde, Francisco Javier Toquero, de Vox.

Este texto justifica su contratación en la “necesidad” de personal con motivo del “incremento ocasional e imprevisible” de actividad el departamento municipal de Cultura del Ayuntamiento.

Se da la circunstancia de que San Vidal fue condenado hace justo un año por la Audiencia Provincial de Guadalajara, por malversación de fondos públicos y prevaricación, junto a otras cuatro personas, a raíz de la denuncia de varias trabajadoras del Ayuntamiento. La sentencia fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con una rebaja de penas a finales del años pasado, pero manteniendo la inhabilitación para cargo o empleo público.

Es el motivo por el que desde el Grupo Municipal AIKE de Guadalajara han dado la voz de alarma. Han realizado una consulta jurídica y consideran también “verificado” que el exalcalde no puede ocupar ese puesto. Por eso han registrado en el Ayuntamiento una petición en la que solicitan a la alcaldesa, Ana Guarinos (PP), y al mencionado concejal de Cultura, de Vox, que se “depuren responsabilidades ”sobre dicha contratación y se tomen de forma urgente las medidas oportunas que garanticen el cumplimiento de dicha sentencia“.

En este escrito piden evitar que “una persona con inhabilitación especial y con dos sentencias más, una por agresión y otra por delito de acoso laboral a una trabajadora municipal” cuando Víctor San Vidal Martínez ocupaba el cargo de alcalde de Fontanar, forme parte de la plantilla del área de Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara.

AIKE hace así referencia también al hecho de que San Vidal también fue condenado en febrero de 2025 a cuatro meses de prisión por un delito de acoso laboral tras someter a una mencionada empleada municipal a años de “reiterados” actos “hostiles y humillantes”. El entonces alcalde admitió los hechos y dimitió.

Vox deriva la responsabilidad al PP que justifica el contrato

Preguntado por este medio por su versión de los hechos, el Área de Cultura, a cuyos mandos está Vox, deriva la responsabilidad de la contratación y de las acciones a tomar en relación con el caso en la Concejalía de Recursos Humanos, Contratación y Compras, al frente de la cual está Isabel Nogueroles, del PP.

Mientras, según el informe del Servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Guadalajara, al que ha tenido acceso elDiario.es Castilla-La Mancha, el Consistorio justifica la contratación del exalcalde de Fontanar, Víctor San Vidal, en una respuesta a las preguntas planteadas por el Grupo Municipal AIKE.

Confirman que la contratación se produjo mediante decreto con fecha 13 de mayo de 2026, durante dos meses como personal laboral “por circunstancias de la producción” y para realizar tareas de operario de Cultura. Un contrato con efectos desde el 14 de mayo.

El consistorio esgrime que “en el expediente de contratación del Sr. San Vidal consta declaración jurada firmada por él de no estar inhabilitado para el desempeño del puesto de operario de Cultura por no serle aplicable la inhabilitación especial para empleo o cargo público a la que fue condenado”.

También aluden a un auto aclaratorio de la Audiencia Provincial de Guadalajara de fecha 13 de febrero de 2026, sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y que, según se establece en su parte dispositiva, la pena impuesta al exalcalde concreta que la inhabilitación especial solo está relacionada “con la contabilidad, gestión económica o control de tesorería de los caudales públicos relacionados con la administración local”.

Finalmente, justifica el ayuntamiento que la contratación del exalcalde condenado “no ha sido una contratación directa, ya que este forma parte de la bolsa de empleo de operarios de servicios/peones vigente del Ayuntamiento de Guadalajara, resultante del proceso selectivo llevado a cabo” y que “la primera persona disponible en dicha bolsa en el momento de la contratación era el Sr. San Vidal” por lo que “en cumplimiento del reglamento regulador de los criterios de gestión de las bolsas de trabajo del Ayuntamiento de Guadalajara era obligado su llamamiento”

El departamento de Recursos Humanos considera que “no existía ningún motivo para excluirle del llamamiento ya que a la vista del auto aclaratorio, la inhabilitación especial no alcanza al puesto objeto de contrato (peón de cultura), puesto que sus funciones no están relacionadas con la contabilidad, gestión económica o control de tesorería de los caudales públicos del Ayuntamiento de Guadalajara”.

Se considera que el contrato “es conforme a la legalidad” y recuerdan finalmente a la concejala Susana Martínez que “no hay impedimento, ni legal ni jurisprudencial, para que el señor San Vidal pueda acceder a un puesto de operario de Cultura”. También sostienen que “en ningún caso cabía la posibilidad de excluir o saltar al aspirante al que correspondía la contratación, según el orden establecido en la bolsa de trabajo, formada a resultas de un proceso selectivo basado en los prinicipios de igualdad, mérito y capacidad”.

José Luis Rodríguez Zapatero ha sido imputado. Un juez quiere investigarle como presunto líder de una organización “estable y jerarquizada” para el tráfico de influencias. En concreto, para conseguir el rescate por parte del Gobierno de España de la aerolínea venezolana Plus Ultra. Zapatero es el primer ex presidente de la democracia española que ha sido imputado en nuestra historia reciente. Esto sucede, además, en un momento en el que había cobrado relevancia política.

¿Pero quién es quién en esta trama? ¿Quién es Julio Martínez? ¿A qué se dedica Zapatero desde que no es presidente? ¿Dónde está la línea entre un delito y ejercer influencia? Lo analizamos con el director adjunto de elDiario.es, Jose Manuel Romero. 

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La laguna del Mar Menor se convierte este miércoles en protagonista de un juicio sin precedentes en Europa. Por primera vez, este ecosistema comparece en un proceso como víctima y como parte acusadora. El juicio, que tendrá lugar en la sede de la Audiencia Provincial en Cartagena, se enmarca en una de las piezas del conocido como caso Topillo, una macrocausa que investiga presuntos vertidos contaminantes procedentes de explotaciones agrícolas del Campo de Cartagena y su posible impacto en el Mar Menor. El procedimiento analiza el uso de desalobradoras y la gestión de salmueras con altas concentraciones de nitratos que habrían terminado en la laguna.

La vista no solo examinará estos hechos concretos, sino que inaugura un escenario inédito en Europa. El caso se ha convertido en uno de los procesos más simbólicos en torno a la crisis ecológica del Mar Menor.

Un juicio sin precedentes: el Mar Menor como víctima

La figura del Mar Menor como sujeto de derechos lo equipara a otros ecosistemas reconocidos en Nueva Zelanda, Ecuador o Colombia, donde algunos ríos y otros espacios naturales han conseguido una protección jurídica específica.

La gran incógnita es si esta innovación legal, todavía reciente en España, podrá traducirse en condenas, reparación ambiental y precedentes para futuros litigios ecológicos. “No va a ser un camino de rosas”, valora Teresa Vicente, catedrática de Filosofía del Derecho en la Universidad de Murcia (UMU) y una de las promotoras de la Iniciativa Legislativa Popular para otorgarle Personalidad Jurídica al Mar Menor. “Es una figura completamente nueva, yo misma tuve que ir a la escuela del Poder Judicial para explicarla a los jueces”.

Lo “fundamental”, para Teresa Vicente es “que todo esto no es ya solo una teoría filosófica sino una ley que forma parte del ordenamiento jurídico español”. Y aunque “son todo conceptos nuevos, estamos bien preparados”. Si hay que recurrir, “recurriremos, no somos perezosos ni nadie nos paga; en cinco años que llevamos con todo este proceso no ha entrado ni un solo euro”.

El Mar Menor cuenta con personalidad jurídica desde la aprobación de la Ley 19/2022, respaldada por una Iniciativa Legislativa Popular que reunió más de 600.000 firmas en toda España y en otros países. La norma, aprobada definitivamente por el Senado en septiembre de 2022, reconoce a la laguna y a su cuenca como sujetos de derecho con la capacidad para ser representados en los tribunales.

La “novedad”, relata Eduardo Salazar, abogado y uno de los promotores de la ILP, “es que el Mar Menor se puede personar, puede pedir pruebas, aportar informes y puntos de vista a través de los abogados, puede acusar y ejercer acciones judiciales propias, incluso impulsando procedimientos penales al margen de la posición de la Fiscalía” aunque en este caso el Ministerio Público sí sostiene la acusación.

Lo “histórico”, sostiene Salazar, es que el daño ambiental ya no se entiende solo como algo abstracto: “Solo conozco un caso similar, el del Rio Macarena en Colombia, al que se reconoció como víctima en un caso de justicia restaurativa, pero no es lo mismo que actuar en nombre propio en un procedimiento”.

La degradación del ecosistema

El Mar Menor ha atravesado en la última década continuos episodios de degradación ambiental. En 2016 ya se detectaron los primeros signos de eutrofización (aumento de la concentración de compuestos de nitrógeno en el agua), pero fue en octubre de 2019 cuando la llegada masiva de nutrientes desencadenó un episodio de anoxia con mortandad de peces en la laguna. En agosto de 2021 se vivió un nuevo colapso, otra vez con miles de animales muertos en las orillas tras la pérdida de oxígeno en el agua. Desde entonces, la laguna ha ido encadenando fases de turbidez extrema y proliferación de algas y la conocida sopa verde, alterando su equilibrio ecológico.

Qué es el caso Topillo

El caso Topillo es una macroinvestigación judicial que pone el foco en los presuntos vertidos contaminantes de explotaciones agrícolas del Campo de Cartagena y su posible impacto en la laguna salada. La causa analiza el uso de las desalobradoras y cómo se gestionaron las salmueras con alta concentración de nitratos del regadío intensivo. El nombre del caso, Topillo, hace referencia a las perforaciones en la tierra de este animal comparándolas con las redes subterráneas investigadas durante la instrucción.

A comienzos de 2023, la Audiencia Provincial de Murcia decidió dividir el caso en dos grandes bloques: por un lado, una pieza centrada en posibles delitos de prevaricación por la actuación u omisión de cargos públicos en materia de control e inspección ambiental; y por otro, el enjuiciamiento de los presuntos delitos contra el medio ambiente atribuidos a empresas agrícolas y autónomos.

El tribunal consideró que no existía una conexión suficiente que obligara a juzgarlos de forma conjunta, lo que llevó a fragmentar aún más la investigación en decenas de procedimientos repartidos entre distintos juzgados.

Esa decisión “fue el primer antitopillo, en el sentido de que fue la primera decisión desacertada por parte de la Audiencia”, considera Salazar. Al dividirlo, “en lugar de tener un caso global con una suma de acciones, nos quedamos con acciones separadas de las puñaladas al cadáver del Mar Menor”.

“Este es el primero de los casos Topillo en el que la acusación no es solo del fiscal, sino que parte también del Mar Menor, es una parte más, y tiene que dar su consentimiento para los acuerdos si es que los hay”, anota el abogado.

Los hechos de esta pieza concreta

La pieza de este miércoles se centra en la actividad de varias explotaciones agrícolas del Campo de Cartagena entre los años 2015 y 2017. Según la acusación, estas instalaciones habrían generado grandes cantidades de salmuera con una elevada concentración de nitratos que terminaron en la cuenca del Mar Menor. El procedimiento examinará si existió una gestión ilegal de esos residuos y si las mercantiles investigadas incurrieron en delitos contra el medio ambiente.

D. M. P., administrador único de las mercantiles Ecosarete SL y Datelio SL, se sentará en el banquillo de los acusados frente a tres magistrados. “La defensa niega todos los hechos, pero los informes del perito sí que estiman que la contaminación fue clave para la contaminación del Mar Menor; ahora tendrá que convencer a la audiencia”, apunta Salazar.

Este periódico ha intentado recabar la versión del despacho Madrid Abogados Cartagena, que representa a las empresas, sin obtener respuesta en el momento de la publicación de este artículo.

La clave del juicio: demostrar la causalidad ambiental

La clave del juicio se concentra no solo en la existencia de los vertidos al Mar Menor, sino en su impacto real en la salud del ecosistema. “Hay que probar esa causalidad de los vertidos hacia el colapso de la laguna salada”, incide Salazar. La Fiscalía fundamenta su acusación en un informe pericial del ecotoxicólogo forense Luis Burillo, en el que se concluye que la explotación de las instalaciones sin autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura se realizó con conocimiento de sus posibles efectos.

Quién acusa y quién defiende

El proceso lo juzgarán tres magistrados y la acusación particular la Alianza por el Mar Menor (Amarme), Pacto por el Mar Menor, Ecologistas en Acción, Greenpeace y SEO-Birdlife, a través de cuatro letrados. Además, se han personado los ayuntamientos de Los Alcázares, Cartagena, San Javier y San Pedro del Pinatar.

Un proceso que, según Salazar, puede encontrarse con algunos límites al carecer los tribunales de justicia “de una formación especializada en medio ambiente”.

Qué está en juego

El Ministerio Público reclama en su escrito de acusación una pena de siete años de prisión y una multa cercana a los 9.000 euros. Además, solicita una indemnización de 506.137,44 euros a favor del Estado, con la responsabilidad civil subsidiaria de las dos empresas. La acusación se apoya en los informes del Seprona de la Guardia Civil y de la Confederación Hidrográfica del Segura, que atribuyen a la explotación investigada el vertido de 162.345 metros cúbicos de salmuera.

Si las mercantiles agrícolas resultan condenadas, el destino de la posible indemnización marcaría una diferencia respecto a otros procedimientos similares. El Ministerio Público plantea que la cantidad reclamada se ingrese en las arcas del Estado, en su condición de titular del dominio público marítimo-terrestre y del dominio público hidráulico presuntamente afectados. En cambio, las organizaciones personadas como acusación particular sostienen que los 506.137,44 euros deberían destinarse directamente a la recuperación del Mar Menor como ecosistema perjudicado.

“Este miércoles por fin vamos a escuchar la voz del Mar Menor y creo que lo que nos va a decir es que es importante que se restaure lo contaminado, con una condena ejemplarizante”, concluye el abogado Eduardo Salazar. “Se trata del éxito de un proceso ciudadano para revertir un ecocidio, y se lo tenemos que agradecer a su impulsora, Teresa Vicente, y todas las personas que se dejaron la piel para recoger firmas durante la pandemia; es muy reconfortante y trascendental”.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reaccionado este martes a la noticia de que el expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido citado como investigado por parte del juez José Luis Calama en el llamado Caso Plus Ultra tras conocer la noticia en directo durante una entrevista en la emisora Onda Cero.

“Me deja de piedra, me deja de piedra, sinceramente”, ha asegurado, añadiendo que no le conoce una “neurosis económica”.

García-Page ha señalado que hace tiempo que no mantiene relación con Zapatero y ha reconocido que cuenta con discrepancias en “muchas cosas”.

“El recuerdo que tengo siempre es la experiencia personal con Zapatero, ya le digo, nunca le he visto especialmente obsesionado con el dinero, ni mucho menos”, ha manifestado sin embargo. En este sentido, ha apuntado que su conocimiento de Zapatero es en “su función política”, señalando que “en las etapas de los ex, este país daría para una enciclopedia sobre qué pasa después de la política, para los políticos”.

“Le deseo, lógicamente, en este proceso que le vaya bien y se pueda defender”, ha afirmado el presidente castellanomanchego.

Una “vergüenza” para el PP

También sobre este caso se ha pronunciado el PP de Castilla-La Mancha, que ha tildado de “vergüenza” la imputación de Zapatero, señalando que es “el primer presidente del Gobierno de España investigado, imputado por corrupción”, apremiando a los socialistas de la región a que “algo tendrán que decir”.

A preguntas de los medios en rueda de prensa, la portavoz de los 'populares' castellanomanchegos, Alejandra Hernández, ha señalado que el 'número dos' del PSOE en la región, Sergio Gutiérrez, fue líder de Juventudes Socialistas cuando José Luis Rodríguez Zapatero fue secretario general del PSOE. “Hoy está silenciado en 'X', hoy no habla, hoy se calla, algo tendrá que decir”, ha aseverado Hernández.

Al presidente regional, Emiliano García-Page, le ha dicho “que no se haga el indignado, apoyado en el atril con cara de enfado”, y en “lugar de indignación”, debe dar “explicaciones reales”. “Igual de socialista es Page, que Zapatero, que Pedro Sánchez”.

El PSOE de Castilla-La Mancha respondía al requerimiento de los 'populares' confiando en que José Luis Rodríguez Zapatero “pueda defenderse y aclarar lo que ha ocurrido” tras su imputación en el marco del 'caso Plus Ultra' y ha pedido al PP de la región que se ocupe de sus “causas propias”.

Así ha reaccionado el secretario de Formación del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio García-Navas, a preguntas de los medios en rueda de prensa .“No somos hipócritas como Paco Núñez, que se preocupa de causas ajenas y no se preocupa de las propias”, ha afirmado, insistiendo en que desde el PSOE, a diferencia de los 'populares', sí que responden por las causas judiciales que les afectan.

Sabrido: “Confío plenamente en Zapatero”

Mientras, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha asegurado que “confía plenamente en el presidente Zapatero” tras su imputación por parte del juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, por el denominado caso Plus Ultra.

En declaraciones a Europa Press, Sabrido ha asegurado que la noticia le ha sorprendido “enormemente”, aunque respeta “las decisiones de la justicia, las comparta o no las comparta”.

Ante las reacciones políticas, se ha mostrado partidario en que el PSOE “no debe parar en decir cuál es su programa” para seguir “solicitando la confianza de los ciudadanos”, todo ello sin “dejarse nublar por las noticias que no afectan al interés de los ciudadanos”.

“Y, evidentemente, si los que no van a parar son el PP, yo creo que realmente tienen, si no miedo, al menos precaución de que lleguen los mensajes del Partido Socialista a los ciudadanos. No van a tratar de confundirlos”, ha abundado.

Durante un año utilizaron una nave industrial alquilada bajo un nombre legal para fabricar, manipular y vender cientos de armas ilegales y munición. Sus actividades tenían su base de operación en Hellín (Albacete) y las regentaba un hombre, con la colaboración de otro. Ambos van a ser ahora juzgados en la Audiencia Provincial, bajo la petición de 12 años de cárcel por media docena de delitos cada uno.

Según el escrito de la Fiscalía consultado por este medio, los hechos se produjeron entre 2012 y 2013 cuando el primero de los acusados mantenía alquilada una nave bajo la apariencia de la empresa Proyectiles Toro S.L., dedicada a la fabricación de proyectiles y en la que figuraba como administrador único.

La compañía se encontraba dada de baja desde hacía años y sin contratación de trabajador alguno. No obstante, y sin autorización legal como armero, ni instalaciones habilitadas, utilizó la maquinaria para realizar por encargo trabajos de fabricación y transformación de armas y piezas, entre ellos para la optimización y punzonado de rifles, por encargo de talleres y fábricas, a través de particulares o emisarios.

En estos casos, las armas eran enviadas al amparo de la guía de circulación de alguna armería, o eran cedidas tanto al acusado como a su esposa, mientras se realizaban esas modificaciones, dando así “apariencia de legalidad” a su actividad.

Venta y distribución ilegal de rifles

La Fiscalía también detalla que el primero acusado utilizaba recargas de cartuchería metálica para terceros, sin tampoco en este caso contar con la autorización necesaria. En estos casos usaba servicios de mensajería y colaboración de terceros.

Desde la nave se realizaba asimismo importación de armas, principalmente rifles, mediante diversas empresas pantalla con el objetivo de repararlos y comercializarlos de manera ilegal, ya fuera en España o fuera del país. No existía consentimiento previo por parte de la Intervención Central de Armas y Explosivos (ICAE).

Las armas manipuladas y transformadas eran así objeto de venta y distribución, unas veces en España y otras en el extranjero, y se ponían en circulación de común acuerdo con el segundo acusado, a su vez administrador único de la mercantil denominada Armas Hispania S.L., de la que también era socio el principal acusado.

Para realizar todas estas actividades, ambos utilizaban vehículos de alquiler para el transporte y recogida de las armas y sus piezas a otras provincias, y servicios de mensajería para la recepción y envío de armas a otros países, eludiendo los controles legales establecidos.

Se publicitaban en internet y en redes sociales

Al mismo tiempo, publicitaban sus servicios a través de foros de armas de internet y desde una página web donde además ofertaban la venta de armas de segunda mano, en concreto, de rifles que carecían de grabados, pavón o barnizados, y que habían sido manipulados para su posterior venta. La publicidad de sus servicios se realizaba también a través de redes sociales y el principal acusado procedía a exponer estos rifles en armerías, dando así apariencia de normalidad.

Para evitar ser descubiertos en los movimientos económicos derivados de la venta de armas y proyectiles, utilizaban cuentas a nombre de otras personas, como la de la esposa del principal acusado.

Después de un año de actividad, este último fue interceptado en junio de 2013 cuando se dirigía a llevar medio kilo de pólvora y balas a la nave central de Hellín. Esto permitió poner al descubierto estas actividades, cuando el Juzgado de Instrucción número dos de la ciudad autorizó la entrada al domicilio de uno de los acusados y de la nave industrial.

De hecho, cuando los agentes realizaron la inspección de la nave industrial donde llevaban a cabo la fabricación y reparación de armamento, localizaron más de un centenar de armas de distinto calibre.

Ahora, ambos están acusados de media docena de delitos: tenencia de armas prohibidas, tenencia de armas reglamentadas sin licencia, delito de fabricación de armas y munición y tenencia, transporte y tráfico de explosivos. Por todas ellas, la Fiscalía pide para cada uno de los dos acusados, un total de 12 años de prisión.

La Audiencia Provincial juzga este martes, 19 de mayo, a un acusado de venta de droga en Logroño, en concreto MDMA, al que se detuvo tras una persecución en patinete y al que el Ministerio Fiscal pide cuatro años y medio de cárcel, y multa de 9.000 euros.

Tal y como relata el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, O.F.V., mayor de edad, se encontraba sobre las 20:10 horas del 28 de octubre de 2021 en la calle Beratúa, cruce con Luis Barrón, de Logroño.

Al ser observado “en actitud sospechosa con un tercero”, se fue del lugar en patinete, comenzando una persecución que finalizó con su detención. En un “cacheo superficial” se le encontró, entre sus pertenencias, una bolsa tipo bandolera en cuyo interior se encontraba un paquete envasado al vacío con cinco piedras de color marrón.

Se trata de MDMA, con una riqueza de 77,2 por ciento. Un total de 85,13 gramos “preordenada para su venta ilegal”. El MDMA, apunta el Ministerio Fiscal, es una sustancia estupefaciente que causa grave daño a la salud. El valor de la droga asciende en el mercado ilícito a 3.711,66 euros y el acusado portaba, además, dos terminales móviles que utilizaba para la actividad de la que se le acusa.

Para el Ministerio Fiscal los hechos narrados son constitutivos de un delito contra la salud pública de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud.

Procede imponer a acusado la pena de 4 años y 6 meses de prisión, accesoria legal de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y multa de 9000 euros.

Un jurado popular ha declarado culpable a Jaime Roca de haber asesinado en 2023 a Maialen Mazón, que era su pareja y por entonces se encontraba embarazada de mellizos. El crimen tuvo lugar en Vitoria en el día de las elecciones municipales y forales de 2023. Tras el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Álava estas dos últimas semanas, el jurado ha emitido un veredicto de culpabilidad y ahora será la magistrada Elena Cabero la que dicte la sentencia. El veredicto se ha leído pasadas las 22:30 horas de este jueves, tras horas de deliberación del jurado.

El jurado, por ocho votos a favor por uno en contra, ha considerado a Roca culpable de asesinato. Además, ha sido considerado culpable de dos delitos de aborto por unanimidad y, también por unanimidad, de un delito de abandono de menor. Se ha considerado, además, que existe alevosía, aunque no ensañamiento. Las eximentes solicitadas por la defensa se han considerado no probadas, mientras que se han incluido las agravantes de género y de parentesco. Se ha descartado la atenuante de consumo de alcohol.

Contra el procesado se habían interpuesto al menos tres denuncias previas por violencia machista contra la víctima y existía una orden de alejamiento que había quebrantado. Las arrastraba de antes, con expedientes abiertos por la Policía Nacional y la orden de alejamiento dictada por un juzgado de Torremolinos, en la provincia de Málaga. Aun así, en mayo de 2023 le asestó trece cuchilladas en un apartahotel de Vitoria, delante de su hija de 3 años, a la que dejó junto al cuerpo sin vida de su madre, privada de agua y comida. A la niña la encontraron una vez transcurridas veinte horas de los hechos.

La pareja ya se había alojado junta antes, en enero de ese mismo año 2023, en un apartahotel de Vitoria con nombre falso. El propietario, que se percató de la argucia, avisó a la Ertzaintza, que comprobó que existía una orden de alejamiento que estaba siendo quebrantada. “La Ertzaintza en ese momento entrevista a la mujer y esta confirma que había un expediente de violencia de género, pero que no se sentía agredida ni en peligro, por lo que quería mantener la relación y que la orden de alejamiento desapareciese”, explicó en una comparecencia de urgencia, después del asesinato, el entonces vicelehendakari y consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Josu Erkoreka.

Durante el juicio, la agente de la Guardia Civil que atendió a la víctima y la trasladó desde Burriana (Castellón) a Vitoria, subrayó que la joven reunía todos los requisitos para ser catalogada como víctima de violencia de género en situación de riesgo “extremo”. Así la clasificó este cuerpo antes de que, al asumir su vigilancia ya en Euskadi, la Ertzaintza redujera el nivel a riesgo “bajo”.

En el mismo mes de mayo, unos días antes del asesinato, la Ertzaintza, según lo explicado entonces, volvió a tener conocimiento de nuevos quebrantamientos de la orden de alejamiento. La víctima, según alegó el consejero, transmitió que el quebrantamiento era “consensuado” y que su pareja “no generaba miedo en ella”. “Son relaciones en las que la víctima no percibe la necesidad de ser protegida, no es fácil proteger a una víctima que no se percibe en peligro. Una persona puede estar protegida, pero si no se siente en riesgo, puede quebrantar esa protección”, abundó Erkoreka entonces.

Durante el juicio, tanto la asociación Clara Campoamor como la abogada de la familia de la víctima han cargado contra la Policía autonómica por “revictimizarla”. “Aquí la Ertzaintza falló y, si bien es cierto que el único responsable [del crimen] es [Jaime Roca], me parece terrible que incluso ante la evidencia brutal de la muerte de Maialen [Mazón], todavía tengamos que discutir si era suficientemente buena víctima como para merecer protección”, se quejó la asociación, según recoge Europa Press. “Mientras sigamos exigiendo víctimas perfectas, seguiremos fallando y llegando tarde; y en violencia de género, cuando llegamos tarde, las mujeres mueren”, abundó. La letrada de la familia, por su parte, ha acusado a la Ertzaintza de exhibir “falta de profesionalidad” y de hacerla “responsable” a través de una “intervención errática” y de “imprecisiones” en sus labores policiales.

Las peticiones de las partes

La Fiscalía solicitaba 45 años de prisión para el acusado: veinticinco años de prisión por un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento, con agravante de parentesco y motivos de género; ocho años de prisión por cada uno de los dos delitos de aborto con agravante de parentesco, por la muerte de los mellizos, y cuatro años de cárcel por delito de abandono de un menor. Además, solicitaba una indemnización de 500.000 euros a la hija de ambos y de 250.000 euros al padre de la víctima, así como la retirada de la patria potestad de la niña.

Las acusaciones también solicitaban 45 años de prisión al considerar que asestó las 13 cuchilladas a la mujer, lo hizo “con intención de matarla” y era “plenamente consciente de sus actos”. En el caso de la menor, las acusaciones aducían que presenta secuelas psicológicas que se traducen en dificultades de socialización, retraso en el lenguaje y afectación emocional “significativa”.

La defensa, por el contrario, reclamaba la libre absolución, amparándose en que cuando la acuchilló, el acusado sufría una “desconexión brusca de la realidad”, en un “episodio disociativo” o “automatismo zombi”. El juicio, celebrado con un jurado popular confomado por cinco mujeres y cuatro varones, ha contado con la declaración de más de cuatro decenas de testigos, además de técnicos, agentes y peritos. Ahora, emitido el veredicto de culpabilidad, será la magistrada Elena Cabero la que dicte la sentencia.

La Audiencia Provincial de Bizkaia ha acogido este miércoles la primera sesión del tercer juicio con jurado contra Nelson David Moreno Bolaños, acusado en esta ocasión de un delito de asesinato consumado doblemente cualificado con alevosía y un delito de robo con violencia por el que la Fiscalía solicita para él 16 años de prisión, 13 por homicidio y tres más por estafa continuada con la agravante de reincidencia. La acusación particular, que representa a la hermana y la sobrina de la víctima, que tenía 73 años en el momento de su muerte, pide 25 años por delito de asesinato consumado y cinco años por robo con violencia y, por último, la acción popular, que representa la asociación de gais, lesbianas, transexuales y bixesuales del País Vasco (Gehitu) y solicita casi 29 años por un delito de asesinato doblemente agravado con alevosía con la agravante de discriminación por orientación sexual y estafa informática.

En concepto de responsabilidad civil, las acusaciones demandan entre 42.000 y 65.000 euros de indemnización para los familiares del fallecido, así como la reposición de 3.000 euros que el encausado habría transferido de la cuenta de la víctima a la suya.

El jurado, compuesto por siete hombres y cuatro mujeres, en sesiones que se prolongarán hasta el próximo miércoles, deberá evaluar también la agravante de reincidencia tras haber sido condenado el pasado junio de 2025 a 25 años de cárcel, 23 años de cárcel por un delito de asesinato doblemente cualificado con alevosía y ejecución del hecho para facilitar la comisión de otro delito y a 2 años y 6 meses de cárcel por un delito continuado de estafa con la agravante de reincidencia. Además, en noviembre de 2024, se le condenó a 10 años de cárcel por intento de homicidio de un hombre que logró escapar con el mismo modus operandi.

El ministerio fiscal en su escrito provisional mantiene que el acusado contactó con la víctima a través de una aplicación, acudió a su domicilio el 5 de octubre de 2021 y “con el ánimo de acabar con su vida y sin que pueda determinarse el modo, medio o forma empleada, le ocasionó una insuficiencia respiratoria que le provocó a muerte”. Según han detallado las partes, la víctima y el acusado habrían contactado a través de una aplicación de citas y habrían quedado en verse en el domicilio de la víctima. Para justificarlo cuentan como prueba con la conversación entre ambos en la que acusado le envió un 'selfie'. La víctima, horas antes del encuentro, envió supuestamente un mensaje a un amigo con la foto enviada por el acusado y escribió a otros dos amigos para explicarles que esa tarde estaba ocupado y que se verían al día siguiente.

Así, el acusado llegó al domicilio de la víctima para llevar a cabo un encuentro sexual pactado previamente a las 20.20. Una vez allí, en el salón de la vivienda y por la espalda, presuntamente le practicó la técnica de estrangulamiento conocida como 'mataleón' provocándole la muerte. Después, realizó una primera transferencia bancaria desde el teléfono móvil de la víctima que fue confirmada con la entidad bancaria mediante una llamada y un mensaje de texto y una segunda transferencia de otros 1.000 euros confirmada a través de un mensaje de texto. Contando con el coste de las transferencias, el delito patrimonial asciende a 3.006 euros.

Al igual que en el resto de procedimientos, Nelson David Moreno Bolaños, en su declaración, en la que tan solo ha respondido a preguntas de su abogado, ha tratado de presentarse como un miembro de una banda compuesta por otras personas que cometía únicamente delitos económicos y en ningún caso ha admitido haberle provocado la muerte a ninguna de las víctimas mediante la técnica 'mataleón'. En cuanto a la muerte del hombre por el que se le está juzgando desde este miércoles en la Audiencia Provincial de Bizkaia, ha asegurado no conocerlo, no saber dónde se encuentra su casa y no haber chateado nunca con él. “No lo llamé, ni le envié mensajes, ni WhatsApp. No contacté con él”, ha contestado a preguntas de su abogado, quien le ha preguntado que, si no le conocía, cómo era posible que tuviera su contacto guardado en el teléfono móvil y este ha asegurado no saber la respuesta.

También ha señalado que la cuenta de la app por la que se entabló la conversación con la víctima la gestionaban otros miembros de la banda, de la que ya había hablado en procedimientos judiciales previos: Antoni, Maracucho y JJ. Según Moreno Bolaños, él sería el eslabón más débil de la banda, quien solamente se encargaba de ser el “tarjetero”, es decir, a quien le entregaban las tarjetas de crédito una vez sustraídas a las víctimas y él se encargaba únicamente de ir al cajero a retirar el dinero. Sin embargo, estos extremos fueron desmentidos en los dos procedimientos judiciales anteriores en los que se probó que en el primero de los casos, en el intento de homicidio, el acusado entró en la vivienda y atacó a la víctima, que consiguió huir, mientras que en el segundo, finalmente provocó la muerte de la víctima que no pudo escapar tras el ataque. Los acusados tienen derecho a mentir o a no contestar a preguntas.

El acusado, más allá de por este delito, está siendo investigado por la muerte de un total de siete personas y el intento de homicidio de otras dos. Por el momento se han resuelto los procesos judiciales de uno de los intentos de homicidio y de uno de los asesinatos. Los procedimientos restantes se llevarán a cabo en distintos juzgados y se encuentran en distintas fases.

Las claves del caso

El mayo de 2022 salió a la luz el caso de un hombre que en 2021 presuntamente había intentado asesinar a varias personas con las que contactaba a través de una aplicación de citas. Las pocas informaciones que habían sido confirmadas en aquel momento apuntaban que se investigaba un único caso de presunto homicidio consumado con demostración de prueba toxicológica y positivo en GHB. Además de este, se investigaban otros dos casos de presunto homicidio en grado de tentativa, es decir, frustrados, y se había abierto una línea de investigación en tres fallecimientos más que, en ese momento estaban certificados como muerte natural.

Tras semanas de investigaciones, en las que se contó con el trabajo de otros cuerpos policiales tanto de España como de otros países, principalmente de América Latina, y en las que el que por aquel entonces era vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka y el jefe de la Ertzaintza, Josu Bujanda, realizaron varias comparecencias tratando de aclarar lo ocurrido, el sospechoso, al ver que su imagen estaba siendo distribuida por las redes sociales, se presentó de forma voluntaria en una comisaría de la Ertzaintza en Irún. Días después el juez titular del el Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao, José María Eguia, decretó prisión provisional. Desde entonces se encuentra cumpliendo condena en la cárcel de Basauri.

“Histórico y sin precedentes en Europa”. Así califican las organizaciones ecologistas que están detrás de la acusación particular, el juicio que se celebrará el próximo miércoles en la sede de la Audiencia Provincial en Cartagena. En la vista se procesará una de las piezas separadas del caso Topillo con la laguna personada como acusación particular y víctima de los daños provocados presuntamente por vertidos contaminantes. Será la primera vez que un ecosistema comparezca en un proceso penal europeo con personalidad jurídica propia.

Esta es una de las casi 40 piezas en la que se dividió la segunda parte del denominado caso Topillo, por vertidos de salmuera al Mar Menor, en la que hay personadas varias asociaciones e instituciones de defensa del medio ambiente y cuatro ayuntamientos regionales como perjudicados.

“Estamos ante un hecho histórico”, insiste al otro lado del teléfono Julia Albaladejo, presidenta de la Alianza por el Mar Menor (Amarme). “Nunca antes un ecosistema se había personado en un juicio como víctima y parte”, continúa al tiempo que añade que es una victoria de la Ley 19/2022 que reconoce la personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca, aprobada en septiembre de 2022 y que se aprobó tras una Iniciativa Legislativa Popular que reunió más de 600.000 firmas.

Coincide Ramón Pagán, portavoz de Pacto para el Mar Menor, que junto con Amarme, Greenpeace, Ecologistas en Acción o Seo/BirdLife están detrás de la acusación particular, a la que se han unido los ayuntamientos de Cartagena, Los Alcázares, San Javier y San Pedro del Pinatar. “Tenemos mucha esperanza, es la primera vez que en Europa un ecosistema se presenta como acusación particular en defensa de su protección y recuperación y para ejercer su derecho de no ser dañado por actividades empresariales; en este caso, de vertidos de agua contaminada por nitratos”.

“Esperamos que se llegue a un dictamen justo y ejemplarizante y que se reparen los daños que ha sufrido la laguna salada”, continúa Pagán. “En este caso, lo novedoso es que hemos conseguido ser acusación particular”.

La Audiencia Provincial de Murcia tiene previsto juzgar a las mercantiles agrícolas Ecosarete S.L. y Datelio S.L. por su posible implicación en delitos contra el medio ambiente vinculados a vertidos contaminantes de explotaciones ubicadas en el Campo de Cartagena. Según la acusación, en la explotación agrícola Mar de Cristal operaron entre 2015 y 2017 varias desalobradoras sin la autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).

La investigación apunta a que dichas instalaciones se utilizaban para tratar el agua extraída de pozos destinada al regadío, generando a su vez importantes volúmenes de salmuera con altos niveles de nitratos. De acuerdo con la documentación incorporada a la causa, se habrían procesado 649.000 metros cúbicos de agua, lo que habría dado lugar a unos 162.000 metros cúbicos de residuo salino concentrado. Según la acusación, esos vertidos acabaron llegando a la cuenca del Mar Menor.

“Espero una sentencia condenatoria”

“Que podamos celebrar el juicio y quede visto para sentencia sería ya un éxito para mí”. Habla Sergio Marco, uno de los abogados de la acusación particular y coordinador de los órganos de gobernanza del Mar Menor. “Si sale adelante, será la primera vez que en Europa un ecosistema se siente en un juicio como parte acusadora, como persona de derecho que va a un procedimiento penal denunciando que se han vulnerado sus derechos”.

La acusación particular reclama sanciones económicas que superen el millón de euros, así como la inhabilitación para desarrollar la actividad durante un periodo de tres años y la adopción de actuaciones concretas orientadas a la recuperación del entorno afectado. Y lo hacen acogiéndose a los artículos 325, 327 y 330 del Código Penal, por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.

El pasado mes de marzo se celebró una vista preliminar vinculada también al caso Topillo que generó controversia después de que el juzgado no convocara de forma oficial a los representantes legales de la laguna. Fiscalía y defensa alcanzaron un acuerdo que supuso la rebaja de la condena a un agricultor investigado por vertidos contaminantes. Una decisión que ha sido recurrida ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

“En esta ocasión no puede haber conformidad porque ya hemos sido reconocidos como parte acusadora y, a la vista de cómo está siendo tramitado el proceso, hay evidencia de que no cabe duda de que el Mar Menor sí que puede ejercer sus derechos”, asegura Sergio Marco, quien confía en que haya una sentencia condenatoria.