La Plaza número 5 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria iniciará este jueves, 3 de septiembre, la vista oral del juicio contra el futbolista del Real Madrid Raúl Asencio y otros tres canteranos por presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos y distribución de pornografía infantil, al ser menor una de las jóvenes afectadas.

En concreto, se trata de la grabación de un acto sexual consentido en un club de playa del municipio de Mogán, en el sur de Gran Canaria, el 15 de junio de 2023, y la supuesta difusión de las imágenes de ese encuentro.

En el caso de Raúl Asencio, se le procesa por los delitos de revelación de secretos, al exhibir el vídeo a una tercera persona, y por el de pornografía infantil, por hacerlo a sabiendas de que en las imágenes aparecía una menor.

El inicio del juicio, que continuará los días 4 y 7 de septiembre, estará marcado por la figura del perdón del ofendido, ya que las dos denunciantes deberán decidir si aceptan las disculpas de Raúl Asencio.

En junio de este año, la Fiscalía Provincial anunció que retirará la acusación contra Asencio por los delitos de revelación de secretos que se le imputan si las víctimas ratifican esa decisión ante la autoridad judicial, durante la vista oral.

La fiscal del caso recalcó que quiere que se cumplan las formalidades legales, que Asencio se siente en el banquillo y que sea en la vista oral donde pida perdón a las ofendidas y estas se pronuncien.

Así, la responsabilidad penal puede quedar extinguida por el perdón de las ofendidas, ya que al jugador del Real Madrid se le acusa de dos delitos contra la intimidad de carácter semipúblico, en los que la legislación española reconoce esa posibilidad. Además, el defensa tiene a su favor que las dos víctimas ya han retirado la acusación contra él, tras haber sido indemnizadas.

Hace un año, el futbolista del Real Madrid remitió a ambas una carta donde reconoce expresamente que cometió “el error” de enseñar a un amigo el vídeo.

Raúl Asencio ha sido condenado este miércoles en un jucio rápido por un delito contra la seguridad vial por conducir ebrio en la isla de Gran Canaria.

Además del jugador del Real Madrid están procesados también Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García, los tres futbolistas a los que se les atribuye el hecho de haber grabado el vídeo durante una relación sexual consentida que mantuvieron con dos jóvenes en un club de la playa de Amadores y de haberlo difundido por WhatsApp a varios contactos y chats colectivo a pesar de las chicas les pidieron que lo borraran.

La solicitud de condena para ellos es más severa: cuatro años y siete meses de cárcel, porque la Fiscalía considera que filmaron y difundieron esas imágenes sexuales sin consentimiento y a sabiendas de que aparecía una menor, lo que le lleva a formular el cargo de distribución de pornografía infantil, delito este en el que un hipotético perdón de las víctimas no tendría efecto legal alguno.

Un jurado popular de Las Vegas declaró este lunes culpable a Duane 'Keffe D' Davis de asesinato en primer grado por orquestar el tiroteo desde un vehículo que acabó con la vida del rapero Tupac Shakur en 1996.

El proceso judicial queda visto para sentencia a la espera de que un juez aplique la pena definitiva a la única persona acusada en relación a uno de los asesinatos más infames de la cultura del hip-hop en Estados Unidos. Davis permanecerá arrestado sin derecho a fianza hasta el 13 de octubre, fecha en la que la justicia del estado de Nevada dictará su sentencia, que lo enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua.

La familia del legendario rapero se mostró visiblemente emocionada tras escuchar el veredicto del jurado, mientras el acusado se mantuvo impasible. El jurado inició este lunes las deliberaciones del caso tras escuchar, durante nueve días de audiencias, el testimonio de cerca de 30 testigos convocados por ambas partes para determinar la causa.

Davis, de 63 años, enfrentaba un único cargo de asesinato con arma mortal, agravado por la intención de promover, fomentar o ayudar a una organización criminal, y es la única persona que ha sido enjuiciada por la muerte del rapero.

El fiscal Binu Palal sostuvo ante el jurado que Davis, en complicidad con su sobrino Orlando Anderson y otros miembros de su grupo, persiguió a Shakur por motivos de venganza tras el altercado que el joven protagonizó con el rapero y su entorno en el hotel MGM Grand de Las Vegas.

Los alegatos de la fiscalía se sostuvieron en las memorias de Davis, tituladas Compton Street Legend, en las que detalló cómo organizó el ataque y consiguió el arma homicida utilizada en el tiroteo que terminó con la vida del icónico rapero en septiembre de 1996.

La defensa, por su parte, encabezada por el abogado Michael Sanft, buscó desacreditar esas mismas declaraciones, argumentando que Davis ha ofrecido versiones contradictorias del tiroteo y que gran parte de su relato se basa en hechos ficticios.

La muerte de Tupac Shakur, ocurrida el 13 de septiembre de 1996, cuando apenas tenía 25 años y se encontraba en la cúspide de su carrera musical, dejó un profundo vacío en la industria musical y décadas de especulaciones sobre quiénes fueron los verdaderos responsables de su asesinato.

El Ministerio Fiscal solicita una pena de un año y nueve meses de prisión para un acusado de traficar con drogas, en concreto, con heroína, en Logroño. Está previsto que el juicio se celebre el próximo día 8 de septiembre en la Audiencia Provincial.

De acuerdo con el escrito de la acusación, los hechos se remontan a primera hora de la tarde del día 15 de febrero del año 2023, cuando el acusado S.P.L. se encontraba en la calle Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil de Logroño, momento en el que “fue sorprendido cuando pretendía realizar un ”pase“ de una papelina de heroína” a otra persona.

Al acusado, según detalla el escrito, se le intervinieron 70 euros en billetes de 10 y 5 euros “producto de la actividad ilícita a la que se venía dedicando” así como “tres ”papelinas“ de una sustancia que tras ser analizada resultó ser heroína -con un peso de 0,28 grs y un 14,5% de pureza.

Se recuerda, en este sentido, que “el precio medio en el mercado ilícito de un gramo de heroína es de 59,97 euros el gramo”.

Para el fiscal, estos hechos son constitutivos de un delito de tráfico de drogas, con sustancia que causa grave daño a la salud, del que es autor el acusado sin que concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

De este modo, considera que procede imponer al acusado la pena de un años y nueve meses de prisión e inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante la condena y multa de 100 euros por la responsabilidad personal

El juicio contra Duane 'Keffe D' Davis, señalado por la Fiscalía como organizador del asesinato del rapero Tupac Shakur en 1996, arrancó este lunes en Las Vegas con la presentación de pruebas en su contra, entre las que se incluyen una grabación policial y un libro de memorias escrito por el propio acusado.

Davis, de 63 años, es el único acusado en el caso y enfrenta un cargo de asesinato con arma mortal con la intención de promover, facilitar o ayudar a una banda criminal en la muerte de Shakur, considerado uno de los raperos más influyentes de todos los tiempos.

Shakur tenía 25 años cuando recibió varios disparos mientras viajaba en un automóvil con su amigo y fundador del sello Death Row, Marion 'Suge' Knight, en Las Vegas.

La Fiscalía del condado de Clark (Nevada) inició la presentación desvelando partes de una grabación de Davis en una conversación con la policía en 2008, en la que acepta que viajaba en un vehículo con sus amigos y vio a Shakur como pasajero en un BMW asomándose por la ventana. La Fiscalía también utilizará como prueba las memorias que Davis publicó en 2019, cuando concedió numerosas entrevistas para promocionar el libro, titulado Compton Street Legend. El acusado habló sobre el papel de la pandilla Crips en la muerte de Shakur y se describió a sí mismo como “uno de los pocos testigos presenciales vivos del asesinato de Tupac”.

El primer testigo llamado por la Fiscalía fue Garry Dale, un policía de Las Vegas que acompañó a Shakur en la ambulancia tras resultar herido la noche del 7 de septiembre, tras acudir a una pelea de Mike Tyson. Dale contó que acompañó a Shakur hasta el hospital y que, durante el trayecto, le preguntó quién le había disparado. Según su relato, el rapero respondió que no lo sabía, pero añadió: “Nosotros nos encargaremos de eso”.

Por su parte, la defensa de Davis aseguró que la Fiscalía carece de pruebas contundentes para demostrar su culpabilidad más allá de toda duda razonable, y se basa en las propias declaraciones del acusado, que ha dicho que sus memorias parten de la ficción.

Nacido para dejar huella

La historia de Tupac Shakur estuvo marcada desde la cuna por el activismo: su madre, Afeni Shakur, militante de las Panteras Negras, fue absuelta del caso de conspiración Panther 21 estando embarazada de él. Lo nombró en homenaje al líder indígena peruano Túpac Amaru II, ejecutado por rebelarse contra el dominio colonial español.

Aunque nació en Nueva York en 1971, el autor de California Love se convirtió en uno de los máximos exponentes del hip hop de la Costa Oeste de EEUU. Se formó en teatro, poesía y ballet en Maryland, pero las dificultades económicas familiares lo llevaron, en 1988, al área de la Bahía de San Francisco, en donde se adentró de lleno en la escena de California, primero como bailarín y después como rapero del grupo Digital Underground, con quienes debutó.

A finales de los 80, la Costa Oeste se consolidó como una fuerza propia dentro de la industria del hip hop de la mano del gangsta rap, un subgénero centrado en narrar de forma cruda y sin filtros, los estilos de vida, la cultura y las realidades de las pandillas y los vecindarios marginales de Los Ángeles.

En ese ambiente, Shakur encontró un espacio para reinventarse: lanzó en 1991 su primer álbum en solitario, 2Pacalypse Now, y dos años después consolidó su carrera como solista con Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z.. Nunca abandonó del todo la conciencia social en su música; sin embargo, fue adoptando los códigos del gangsta rap. En 1995 se volcó en este estilo al firmar con Death Row Records, el sello de Suge Knight. Shakur destacó por su capacidad para fusionar la vulnerabilidad emocional, la crítica política y la crudeza del gangsta rap.

Marcó un hito con All Eyez on Me, considerado el primer álbum doble de hip hop de un artista en solitario, y, pese a su corta vida —falleció con 25 años—, se consolidó como uno de los raperos más prolíficos de su generación, con una obra que siguió creciendo después de su muerte.

Enfrentamiento entre costas

La rivalidad de costas se personificó, sobre todo, en el enfrentamiento entre Shakur y su antiguo amigo The Notorious B.I.G., estandarte de Bad Boy Records, de Sean 'Diddy' Combs, en Nueva York, cuyo sello solía emplear como seguridad a miembros de la pandilla de los Crips.

La amistad se rompió en 1994, después de que Shakur sobreviviera a un tiroteo en un estudio de grabación neoyorquino y acusara públicamente a Biggie y Combs, algo que ambos siempre negaron. La disputa escaló en 1996 con Hit 'Em Up, un tema en el que Shakur atacaba directamente a Biggie, y que se convirtió en la banda sonora de una contienda que terminaría por marcar su propio destino: apenas unos meses después, el 7 de septiembre de ese año, murió baleado en Las Vegas.

La investigación por la muerte de Shakur quedó estancada durante años. Orlando Anderson, sobrino de Davis y señalado como el presunto tirador, murió en 1998 en un tiroteo no relacionado, sin haber sido nunca acusado formalmente.

Pero la indagación cobró un nuevo impulso a raíz de las propias palabras del hoy acusado, quien habló abiertamente de su papel en el crimen, primero en entrevistas y después en su libro de memorias.

Que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, no tenía intención alguna de cumplir el acuerdo alcanzado el pasado octubre con Hamás, que establecía un cese de hostilidades, era algo sobradamente conocido. Desde entonces, ha impedido la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza cada vez que lo ha considerado conveniente, obligando a la población palestina a continuos desplazamientos forzosos, a malvivir en precarias tiendas de campaña y a no poder satisfacer sus necesidades más básicas.

Igualmente, ha matado a más de 1.200 palestinos como resultado de sus sistemáticos y prácticamente diarios bombardeos e incursiones terrestres. Y, por supuesto sus fuerzas militares no solo no se han retirado hasta la Línea Amarilla –que ya suponía controlar físicamente más del 50% del territorio total de Gaza–, sino que han ampliado su despliegue hasta llegar al actual 70%.

Un comportamiento que nos deja de paso con la duda sobre la verdadera voluntad del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para cumplir su parte del acuerdo, aferrado al argumento de que las reiteradas violaciones israelíes han impedido su desarrollo.

Lo que resulta en todo caso llamativo es que el primer ministro israelí haya llegado al punto de mostrar públicamente su rechazo frontal al plan de 15 puntos que la aberrante Junta de Paz, creada y presidida por Donald Trump, dice haber alcanzado con Hamás el pasado julio para su desarme. El mismo que Trump había calificado como “un paso monumental” hacia la paz en la zona.

Como en tantas ocasiones anteriores, cabía esperar que se limitara a repetir su doble juego, alineándose formalmente con su principal aliado –el propio Trump dijo inicialmente que Netanyahu estaba muy feliz con el acuerdo–, al mismo tiempo que, en la práctica, se dedicaría a torpedearlo y a retrasar su implementación sobre el terreno.

Y si, rompiendo su habitual pauta de comportamiento con Washington, ha mostrado abiertamente su oposición a un plan que, en esencia, establece tanto el desarme completo de Hamás como la retirada militar israelí (no de toda la Franja, sino tan solo hasta la citada Línea Amarilla), es básicamente porque quien habló el pasado día 9 de agosto no era el primer ministro de Israel, sino el candidato a las elecciones del próximo 27 de octubre.

No por casualidad esas declaraciones se produjeron al día siguiente de la visita a Israel del almirante Brad Cooper, jefe del Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM). Una visita conminatoria que venía acompañada de las filtraciones sobre la aprobación del propio Netanyahu a los planes que sus mandos militares le habían presentado para llevar a cabo (como en Líbano) un proyecto piloto en tres puntos del sur de la Franja en los que un contingente militar internacional (todavía por constituir) sustituiría a las unidades israelíes (redesplegadas a otras posiciones, pero no retiradas de Gaza).

El candidato Netanyahu no solo se juega en las próximas elecciones todo el poder y los privilegios asociados a su cargo sino, mucho más vital personalmente, su libertad. Sin la protección fáctica que le proporciona la jefatura de gobierno sabe que, muy probablemente, acabará en la cárcel como resultado de las tres causas judiciales que el Tribunal Supremo sigue contra él.

En consecuencia, cabe suponer que está dispuesto a emplear todos los medios a su alcance para lograr la victoria en las urnas, incluso aunque eso incluya llevarle la contraria públicamente a quien en tantas ocasiones ha calificado como un amigo personal y el mejor amigo de Israel.

Al hacerlo sabe que pone al propio Trump en una situación muy complicada porque, también en clave electoral, al inquilino de la Casa Blanca se le agota el tiempo para salir del barrizal en el que se ha ido metiendo en Oriente Medio con una fracasada estrategia bélica contra Irán y sin autoridad real para imponer su dictado ni en Líbano ni en Palestina. Trump necesita imperiosamente romper la dinámica que ya vaticina una pérdida de la mayoría republicana en el Congreso de EEUU y, para ello, le urge presentar algún resultado positivo a sus potenciales votantes.

Pero, aun así, Netanyahu calcula que no puede actuar de otro modo. Por un lado, trata de evitar una rebelión dentro del gabinete ministerial –con personajes tan execrables como Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich apostando por medidas aún más radicales contra los palestinos– y de garantizarse su apoyo en la conformación de un nuevo gobierno tras las elecciones. Por otro, busca evitar que sus rivales –todos ellos tanto o más duros que él mismo en relación con los palestinos– puedan explotar cualquier mínima cesión ante Washington y, sobre todo, ante Hamás.

Por todo ello, mientras impide que los miembros del Comité Nacional Palestino para la Administración de Gaza (instancia tecnócrata palestina creada por la Junta de Paz) pueda pisar la Franja, solo cabe esperar que, como ya lleva haciendo desde hace años, siga apostando por la violencia como su principal arma electoral.

Sabe, en definitiva, que seguirá contando con el respaldo de Trump, la impotencia de la ONU y la pasividad y complicidad de muchos gobiernos que, olvidando tanto el Derecho Internacional como los derechos humanos y las más elementales normas éticas y morales, no están dispuestos a significarse por defender una causa que, en el fondo, consideran totalmente perdida.

Un tribunal sirio ha condenado en rebeldía al expresidente Bashar al Asad, derrocado en diciembre de 2024 y exiliado en Moscú, a la pena de muerte por varios delitos, incluidos crímenes de lesa humanidad, en la primera sentencia contra el dictador, cuya negativa a abandonar el poder en 2011 llevó a Siria a una cruenta guerra civil.

El juez Fakhr al Din al Uryan, del tribunal penal número 4 de Damasco, ha leído este martes la sentencia contra Al Asad y otras ocho personas, condenadas también a muerte, incluido el hermano del expresidente, Maher al Asad, y su primo Atef Najib.

“La contribución del criminal Bashar al Asad a los crímenes fue la de máximo responsable en la toma de decisiones, quien movilizó a las instituciones estatales para cometerlos”, ha afirmado el juez. Por ello, el tribunal ha declarado culpable al exmandatario del “delito grave de asesinato premeditado e intencional de más de una persona y de niños, así como del delito grave de tortura y detención arbitraria, y de cometer crímenes de lesa humanidad”.

En la audiencia del martes, estaba presente Atef Najib, quien fue el jefe de la rama de Seguridad Política en Deraa, localidad del sur de Siria donde comenzaron las revueltas populares en 2011.

“Las investigaciones y los testimonios de los testigos demostraron la participación del acusado Atef Najib en el interrogatorio de varios detenidos tras el inicio de las protestas en Deraa”, en marzo de 2011, ha dicho el juez.

A Najib se le atribuye la detención y tortura de unos menores que hicieron unas pinturas antigubernamentales en la pared de una escuela en Deraa, incidente que desató la ira popular y las primeras protestas, al calor de la primavera árabe.

Desde 2011, Najib sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por su papel en la represión de las protestas. Fue arrestado en una redada en Latakia el 31 de enero de 2025.

El juez también ha condenado a muerte a otros seis prófugos buscados por la Justicia siria, todos ellos en rebeldía, por el delito de “asesinato premeditado e intencional y tortura con resultado de muerte”.

El juicio es el primero de justicia transicional en Siria y el primer procesamiento público de un ex alto mando de seguridad por la represión de 2011, se inició el 26 de abril en Damasco.

Este es el primer episodio de una pequeña serie de tres entregas donde ponemos en orden la que ha sido la gran historia política del año: el caso del fiscal general del Estado tras el fraude de la pareja de Ayuso.

Nos remontamos al inicio de la investigación y al primer titular del elDiario.es en 2024: “La pareja de Ayuso defraudó 350.951 euros a Hacienda con una trama de facturas falsas y empresas pantalla”. Ahí comenzó todo. A lo largo del verano te dejaremos con las otras dos entregas de esta serie.

*** Este episodio se emitió por primera vez el 10 de diciembre de 2025***

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Ayuso vs. el fiscal general, escucha la serie completa

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La sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha rebajado a la mitad, de 15 años a 7 y medio, la condena efectiva al profesor de Zizur condenado por grabar a 42 mujeres en baños y probadores. La reducción de la pena, de 180 a 90 años en la suma de todos los delitos (en la que luego se aplica “el triple de la mayor”, en este caso 2 años y seis meses), se justifica por la apreciación “de una atenuante analógica simple de trastorno mental”. En la sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

La investigación comenzó por la denuncia de una de las vecinas del condenado en octubre de 2023, que se percató que una cámara colgada de la fachada de su vivienda la estaba grabando. Tras la denuncia, el titular de la plaza 4 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona autorizó el 19 de octubre de 2023 la entrada y registro en el domicilio del encausado, encontrando el resto de materiales. Tal y como figura en el relato judicial, “el acusado se aprovechó de su condición de docente y, usando los datos personales de las menores, se apoderó de sus claves de acceso de correos y redes sociales como Instagram o Snapchat, con lo que accedía a todo tipo de archivos y fotos privadas de alumnas que luego se guardaba”.

Por ello, el condenado fue considerado autor, en total, de una cuarentena de “delitos contra la intimidad, delitos continuados contra la intimidad, delitos de posesión de pornografía infantil y delitos de elaboración de pornografía infantil”. Sin apreciarse las atenuantes de “trastorno mental, dilaciones indebidas y confesión”.

En su sentencia, el Tribunal Superior de Justicia ha estimado parcialmente el recurso presentado por la defensa contra el fallo de la Audiencia, que descartó la circunstancia atenuante de trastorno mental porque el inculpado mintió a los psiquiatras que le trataron. En la última resolución emitida, sin embargo, se considera que la falta de veracidad o la ocultación de ciertos datos a los facultativos no invalida per se los informes y las periciales psiquiátricas, pues la eventual distorsión del relato del paciente es un elemento expresamente contemplado en psiquiatría forense, sin que ello determine automáticamente la pérdida de valor del dictamen.

Igualmente, agrega, se admiten las revelaciones progresivas de situaciones especialmente traumáticas o que producen culpa o vergüenza. En todo caso, los psiquiatras en general y los psiquiatras forenses en particular están técnicamente capacitados para detectar inconsistencias y lagunas, valorar signos objetivos de exploración y contrastar el relato del paciente con indicadores clínicos independientes.

“En este sentido, convenimos con la defensa del recurrente cuando defiende que la mera afirmación de que el condenado no dijo la verdad a los peritos no constituye, por sí sola, una base suficiente para rechazar las conclusiones periciales sin una motivación técnica reforzada”, precisan los magistrados. En este sentido, el Tribunal acoge la tesis del médico forense, según la cual el procesado presenta de un trastorno del control de los impulsos en la esfera sexual, centrado en la actividad de observar la vida de los demás, sobre la base de una personalidad con tendencias obsesivas, que le afecta de forma leve-moderada a sus capacidades intelectivas y volitivas.

La Sala reitera que, “a partir de la valoración conjunta de los informes periciales, no es posible negar que el acusado presenta un trastorno mental que afecta de forma moderada a sus capacidades intelectivas y volitivas respecto a los hechos enjuiciados. Se trata de la apreciación técnica y la observación clínica de dos especialistas independientes, cuya coincidencia diagnóstica refuerza la solidez del nexo causal entre la patología descrita y las conductas delictivas desarrolladas por el acusado”.

A “la apreciación de una atenuante analógica simple de trastorno mental” se le suma “la atenuante de reparación del daño que ya se tuvo en cuenta en la sentencia de la Audiencia”, ya que con anterioridad al juicio, celebrado en marzo, “el inculpado había consignado 273.000 euros para reparar a las denunciantes”, tal y como refleja la sentencia. “El diagnóstico de alteración psíquica”, que ha tenido en cuenta el Tribunal, se refelja en el informe elaborado por del Instituto Navarro de Medicina Legal y “fue corroborado por los psiquiatras que tratan al encausado”.

El exjuez Baltasar Garzón ha dicho este jueves que se está produciendo un fenómeno “muy peligroso” para toda la sociedad como es la casi desaparición del principio de presunción de inocencia y ha dicho que en algunos casos, cuando se llega al final del proceso judicial, se han laminado los derechos del afectado.

Garzón, que participa en la clausura del II Campus Internacional Ciudad de La Laguna, sobre la revitalización de la democracia y los derechos humanos, ha dicho a los periodistas que esto no afecta solo a la mujer del presidente Begoña Gómez o al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero sino “a toda la sociedad”.

Ha preguntado a los informadores cómo se repara el daño causado a una persona a la que antes de ser condenado o absuelto se le ha destruido la vida y ha pedido que se respeten los tiempos judiciales.

El abogado experto en asuntos internacionales ha opinado que en la causa contra la mujer de Pedro Sánchez no ve, incluso ahora que ya está señalado un juicio con jurado popular, indicios de delitos.

Ha insistido en la necesidad de respetar los tiempos procesales y aunque ha defendido que se hable de ello e incluso se critique, hay que guardar unas fronteras “que creo que definitivamente se han perdido”.

“Y eso es muy peligroso porque puede suponer una especie de vaciamiento de la democracia que se convierte en formas pero no en contenidos” ha dicho el exjuez.

Sobre el caso del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, Garzón ha afirmado que una serie de indicios pero una praxis procesal “bastante criticable” y ha lamentado el “laminamiento” que se ha producido hacia la figura del exjefe del Ejecutivo, que, ha reiterado, “está muerto civilmente pase lo que pase”.

Garzón han defendido que existe un 'lawfare' político, jurídico, económico y financiero y un 'lawfare' mediático y ha lamentado que se pueda utilizar el derecho con fines políticos.

“Yo lo sufrí hasta en tres procedimientos simultáneos: uno instrumental , el otro sin base jurídica y el tercero que fue parcial y arbitrario según el Comité de Derechos Humanos” ha concluido.

Un hombre ha sido condenado a cinco años y cuatro meses de prisión por maltratar, amenazar y agredir sexualmente de forma habitual a su mujer. El inculpado, de 38 años, nacionalidad española y vecino de una localidad de la comarca de Pamplona, fue denunciado un año después de que la pareja se divorciase tras una relación de 17 años. La sección segunda de la Audiencia de Navarra ha apreciado las atenuantes de enajenación mental y reparación del daño, puesto que el hombre depositó a la víctima 5.000 euros antes del juicio para hacer frente a la responsabilidad civil, la mitad de lo que se estableció.

El procesado y la denunciante, que comenzaron la relación sentimental en 2007, contrajeron matrimonio en octubre de 2016. Se divorciaron en octubre de 2023 y la mujer interpuso denuncia en enero de 2024. En los últimos años de convivencia, según se considera probado en la sentencia, el acusado “empujaba y zarandeaba” a su esposa, a la que se dirigía “con expresiones ofensivas y de menosprecio”.

Asimismo, según reza la resolución judicial, en el ámbito de las relaciones sexuales que mantenía con su esposa “actuaba con posición de dominio”. Cuando ella en ocasiones mostraba su negativa, él insistía en sus pretensiones sexuales, “entre ellas las de sumisión”, ante lo cual la denunciante terminaba por acceder.

Respecto a este delito, los jueces sostienen que, a tenor de unos mensajes de WhatsApp y del resto de prueba, se evidencia que el inculpado proponía de forma muy habitual prácticas sexuales de sumisión y sexo duro, que no siempre eran inicialmente aceptadas por la víctima, pero que terminaba por acceder para que él tuviera un mejor comportamiento familiar y evitar su mal humor o sus recriminaciones. Para los magistrados, “el consentimiento de la denunciante se encontraba viciado” y el encausado podía percibir que esta no quería dichas relaciones, “lo que constituye un delito de agresión sexual continuado”.

Desde que la víctima decidió separarse en 2017, le decía que, si le dejaba, iba a suicidarse. Asimismo, le amenazaba. Le decía que le iba a atropellar y que iba a matar a sus hijas o a su madre. A consecuencia de todos los hechos padecidos, la mujer padece sintomatología ansioso-depresiva, caracterizada por sentimientos de miedo y desesperanza.

Por su parte, el condenado, según recoge la sentencia, presenta trastorno bipolar sobre rasgos disfuncionales de la personalidad, lo que afectó a sus facultades intelectivas y volitivas de forma moderada-grave en relación a los hechos relatados.

La sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, fija las siguientes penas de prisión: 5 meses por un delito de maltrato habitual, 5 meses por un delito continuado de amenazas y 4 años y 6 meses por un delito continuado de agresión sexual. Además, el condenado no podrá comunicarse ni acercarse a la víctima a menos de 300 metros durante un total de 9 años y 5 meses y deberá cumplir una medida de libertad vigilada, a ejecutar con posterioridad a la pena privativa de libertad, de 5 años.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado una condena al Servicio Canario de la Salud (SCS) por la muerte de una enfermera de 51 años en el Hospital Doctor Negrín de Las Palmas de Gran Canaria con cuatro litros de líquido en las cavidades pleurales, e impone una indemnización que suma más de 745.000 euros.

La sentencia remitida por el bufete Henríquez y Carnero Abogados, encargado de la defensa legal de los demandantes, se basa en la doctrina del “daño desproporcionado” para justificar su decisión, ya que las circunstancias en que se produjo la muerte eran incompatibles con la evolución clínica que se esperaba.

En ese sentido, razona que el tratamiento o la técnica quirúrgica empleada en este caso falló sin que los profesionales sanitarios sepan dar una hipótesis alternativa de lo sucedido que sea solvente.

La víctima, una mujer de 51 años con enfermedad de Crohn, fue intervenida quirúrgicamente en el hospital público antes citado en enero de 2022 y como parte del tratamiento, se le implantó un catéter venoso central de inserción periférica para administrarle nutrición parenteral.

Si bien este tratamiento terminó causándole una lesión que hizo que esa nutrición administrada terminara acumulándose en las cavidades pleurales de la paciente, lo que causó su progresiva asfixia, tal y como concluye la sentencia, que ha devenido firme.

El TSJC razona que frente a las pruebas presentadas por la parte de la familia de la víctima, con informes periciales “contundentes”, lo que ha hecho la administración ha sido presentar sus conclusiones en informes documentados en notas clínicas.

Y ha insistido en que la administración, en su recurso, sigue sin probar suficientemente las causas del daño y no ha explicado de manera racional por qué se produjo la muerte de la paciente, fuera por acumulación de linfa o de nutrición parenteral.

“No podemos aceptar como explicación que no se lo explican los propios médicos”, ha concluido la resolución judicial.

Es por todo ello que confirma una indemnización principal de 659.387 euros, además de los intereses legales devengados desde la reclamación administrativa presentada por la familia el 18 de enero de 2023, lo que eleva la cantidad total a percibir por encima de los 745.000 euros.

En su recurso, la administración advirtió una errónea valoración de la prueba en la sentencia de primera instancia dictada por la Plaza número 5 del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria (Contencioso-administrativo) cuando señaló que no existe prueba de laboratorio del líquido en los pulmones para determinar si era linfa o nutrición parenteral.

Según la sanidad canaria, sí se llevó a cabo un análisis bioquímico del líquido extraído a la paciente, el cual vendría a demostrar con datos científicos que sí es linfa.

Pero entiende el TSJC que, de existir error en la sentencia, sería “irrelevante” de todas maneras, ya que se está condenando por daño desproporcionado.

En cualquier caso, la resolución, cuya ponente fue la magistrada Inmaculada Rodríguez Falcón, considera que el motivo de impugnación “no es del todo exacto”, ya que el análisis bioquímico consta sólo a través de una nota clínica de los doctores de guardia, que no puede considerarse un informe como tal.

La Fiscalía de Cartagena ha remitido al Juzgado de Instrucción número 3 un dictamen en el que solicita el sobreseimiento provisional de la causa abierta por calumnias contra el responsable de Las Noticias RM, el portal que la investigación de ciberdelincuencia de la Guardia Civil terminó vinculando con Jesús Cobos, exsecretario de Comunicación del PSRM, y con su empresa Sistemas Informáticos Carthago S.L. El escrito, fechado el 22 de junio, responde a un Auto del pasado 1 de abril que consideraba que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de calumnia con publicidad.

Todo el caso arrancaba con la querella que Damiana García Soto, concejala de Festejos del PP en La Unión, interpuso el 27 de febrero de 2024 contra la página web Las Noticias RM. Dicho portal había publicado que García había participado, como parte del tribunal calificador, en el proceso selectivo en el que obtuvo su plaza de funcionaria, y que es prima del alcalde del municipio. Fue esa denuncia la que activó a la unidad de ciberdelincuencia de la Guardia Civil para identificar a los autores del portal, firmantes habituales bajo el seudónimo “Señor X”, para saber a quién dirigir en específico la querella.

La Fiscal argumenta ahora que ninguna de esas dos afirmaciones era falsa. La propia querellante, explica el auto, reconoció en su declaración que firmó la aprobación de la lista definitiva de aspirantes, estando su nombre incluido en ella, y que el alcalde de La Unión es, en efecto, familiar suyo (hijo de una prima), aunque la noticia hablara de forma genérica de un “primo” sin precisar el grado. El escrito subraya además que los artículos no imputaban ningún delito, solo señalaban esa participación y ese parentesco. Por eso, concluye la Fiscal, no existen elementos ni prueba suficientes para sostener la acusación.

La petición de archivo golpea la raíz de un caso que, desde que trascendió el informe policial, ha escalado por vía mediática y política. La identificación de Cobos como responsable del portal, por una factura de comunicación de su empresa al PSRM que, en principio, nada tenía que ver con la financiación de la web, derivó en titulares que vinculaban al partido con un “medio fantasma”, y en una información de The Objective que atribuyó antecedentes penales por tráfico de drogas a la mujer de Cobos, Carmen García Giménez, a raíz de una confusión de apellido con otra persona. La Guardia Civil rectificó después oficialmente ese error. La7, la televisión pública murciana, abrió sus informativos con la versión inicial, lo que llevó al PSRM a pedir la dimisión de su director general.

El dictamen de la Fiscalía no cierra el caso por sí solo: corresponde ahora al juzgado dictar el Auto de sobreseimiento, y la parte querellante podrá oponerse y mantener su acusación por su cuenta. Pero el razonamiento del Ministerio Fiscal, el de que la denuncia original carecía de base desde el principio, obliga a repreguntar sobre qué se sostuvo una investigación que terminó salpicando a una persona ajena a la política, y sobre la rapidez con la que esa investigación se convirtió en munición electoral. Cobos ha recibido la noticia con optimismo y ha declarado a elDiario.es Región de Murcia que “la verdad prevalece ante la mentira y nos hará libres”, pero que todavía hay que esperar que la justicia, esta vez de manos de los propios jueces, archiven definitivamente el caso.

Un complot con 150.000 euros para los sicarios que ejecutaron el atentado. Otro plan de asesinato previo en 2015 que al final se abortó. Una bomba escondida en una caja de zapatos bajo el asiento del conductor activada por control remoto. Una botella con gasolina colocada junto al artefacto explosivo para asegurar que todo ardiera tras el estallido.

Son detalles que emergen estos días del llamado 'Juicio del Siglo', el proceso que ha arrancado este mes en Malta para juzgar a Yorgen Fenech, el magnate acusado de ser autor intelectual del asesinato de la periodista de investigación Daphne Caruana Galizia. El atentado en el que murió asesinada en 2017 conmocionó y cambió la historia de esta pequeña isla del Mediterráneo central, destapando sus redes corruptas vinculadas con el mundo político y empresarial.

Tras procesos previos que ya condenaron a los autores materiales del crimen, el actual busca resolver un hueco pendiente que para la familia y la sociedad civil maltesa es el quid de la cuestión: ¿quién ordenó matar a la reportera? Los indicios y pruebas presentadas señalan a Fenech, aunque su defensa y varios testimonios —los sicarios que han testificado en el juicio— desviaron la responsabilidad como cerebros del asesinato a figuras clave del antiguo Ejecutivo maltés de Joseph Muscat, principalmente al extitular de Economía Chris Cardona y al exjefe de Gabinete de la Oficina del Primer Ministro, Keith Schembri.

Ya hubo alegaciones en su contra en el pasado, y esto apunta de nuevo a una posible cadena de instigadores que se extendería hasta las altas esferas del laborismo maltés y el Gobierno de la época. La familia de Caruana Galizia asegura, sin embargo, que por ahora no hay pruebas contra Schembri o Cardona e insta a focalizarse en Fenech.

Caruana Galizia se convirtió en el mayor azote contra la corrupción en su país. Por las investigaciones que publicaba en su blog, donde destapaba escándalos que salpicaban a la clase política y empresarial, acabó pagando con su vida cuando una bomba en su coche la mató, el 16 de octubre de 2017. La imagen del automóvil calcinado en un campo a pocos metros de su casa, en la localidad rural de Bidnija, abrió una crisis inaudita en el país, el más pequeño de la Unión Europea. En 2021, el Estado maltés fue declarado responsable por no prevenir su muerte y “crear un ambiente de impunidad” que “llevó al colapso del Estado de derecho”, según concluyó una investigación independiente, que culpó de ello a las altas instancias del Gobierno de la época.

Un juicio en marcha tras años de tropiezos

Tras casi nueve años, queda mucho por aclarar sobre la trama de asesinato. El proceso judicial lleva más de tres semanas de audiencias desde que comenzó el 1 de julio en La Valeta, capital de Malta. “Estoy aliviada de que el juicio empezara. Se retrasó por años. Fenech y su defensa obstaculizaron las cosas para ralentizar el proceso”, dice Corinne Vella, hermana de Caruana Galizia, que habla con elDiario.es en el receso de una de las vistas diarias, presididas por la jueza Edwina Grima y con un jurado que probablemente en agosto dicte si considera culpable o no al acusado. Todo ello mientras gran cantidad de personas comparecen como testigos, desde cargos policiales a expertos forenses, así como los sicarios ya condenados.

“Repasé todas las pruebas presentadas, y, para mí, Fenech es culpable. Quiero que sea condenado. La Fiscalía solicitó cadena perpetua, y creo que esta es la pena que debería recibir”, agrega Vella, también miembro del equipo directivo de la Fundación Daphne Caruana Galizia, entidad fundada en memoria de la reportera.

Antes de morir, la periodista se sumergió en las filtraciones de los Papeles de Panamá. Detectó sociedades abiertas por dos figuras cercanas a Muscat y claves en el Gobierno maltés, Keith Schembri y el entonces ministro de Turismo, Konrad Mizzi. Este fue el primer paso para identificar una red que presuntamente canalizaba sobornos y blanqueaba dinero procedente de la concesión del proyecto energético Electrogas, consorcio vinculado a Fenech que se adjudicó la construcción y gestión de una gran central eléctrica y de gas en el país isleño.

Como parte del caso, Caruana también buscaba saber quién poseía 17 Black, una compañía con sede en Dubái que más tarde se identificó como vehículo destinado a enviar capitales a las empresas de Schembri o Mizzi. De hecho, años más tarde se descubrió que la empresa era propiedad de Fenech. Para la familia y expertos, las pesquisas de Caruana sobre este asunto pudieron ser el detonante que llevó al complot para su asesinato.

Fenech, ¿autor intelectual?

Fenech, hombre de negocios de 44 años, es una de las grandes fortunas de Malta y uno de los herederos del gran conglomerado empresarial Tumas Group. Fue detenido a fines de 2019, cuando Melvin Theuma —un taxista que hizo de intermediario en la operación de asesinato— testificó contra él y fue indultado a cambio de proveer información sobre el caso. El arresto de Fenech se produjo cuando intentaba irse de Malta en su yate.

En el juicio se enfrenta a cargos de asociación para delinquir y complicidad en asesinato. Según la Fiscalía, ordenó matar a Caruana Galizia por temor a que publicara información que le implicaba en tramas corruptas, y pagó 150.000 euros a los sicarios que la mataron. Él se declara inocente, mientras su defensa alega que está siendo usado como chivo expiatorio y apunta a la responsabilidad como instigadores de Cardona y Schembri.

En aquel momento, el magnate declaró que Schembri estaba implicado en la trama de asesinato, y aseguró que también le proporcionó información sobre las investigaciones policiales para protegerse de las pesquisas. Esto abrió una crisis política que llevó a la dimisión del primer ministro Joseph Muscat, deslegitimado para seguir en el poder tras desvelarse que uno de sus principales hombres de confianza aparecía ligado al complot.

La renuncia de Muscat fue todo un terremoto. Era uno de los líderes más populares de la historia del país, y, en 2013, logró llevar al laborismo al poder y destronar al histórico Partido Nacionalista. De hecho, las pesquisas de Caruana sobre tramas corruptas que salpicaban a la formación laborista le granjearon muchas críticas del entorno del grupo y las estructuras de poder. Su familia afirma que se orquestó una gran campaña para deslegitimarla, con más de 40 denuncias por difamación que llevaron incluso al bloqueo de su cuenta bancaria.

Reconstrucción del crimen

El día que la mataron, la reportera se dirigía a una cita en su banco. La bomba estalló de camino a la reunión, a las 15:00 horas, según el testimonio de Francis Sant, conductor que circulaba por la localidad de Bidnija y se topó con la explosión en primera persona. Él, junto con agentes policiales, fue de los primeros en testificar los primeros días del juicio, donde hizo un relato estremecedor del momento del crimen: aseguró que Caruana Galizia entró en pánico al notar que algo sucedía poco antes de la explosión.

“Vi un coche frente a mí. Algo le pasaba a la conductora, parecía muy asustada”, dijo el testigo. “Vi la primera chispa bajo su vehículo, como un petardo. Ella aún estaba consciente. La oí gritar”, agregó. “Creo que sintió algo, tal vez la activación del explosivo. Se dio cuenta de que algo iba muy mal”, hasta que hubo “una gran explosión”. El coche “salió disparado hacia el campo”, contó Sant durante su declaración, según la transcripción realizada y traducida del idioma maltés por Amphora Media, a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Otros agentes que acudieron a la escena del crimen también testificaron, relatando cómo hallaron restos del cuerpo de la reportera esparcidos por el lugar. Rastreando la zona, los investigadores recogieron colillas de cigarrillos que coincidirían con el ADN de uno de los sicarios, Alfred Degiorgio. Este seguía de cerca a Caruana y pidió a otro autor del crimen, su hermano George Degiorgio, que activara la bomba por control remoto a través de un dispositivo con una tarjeta SIM que hizo detonar la carga explosiva al recibir un SMS, según la investigación.

Meses después, ambos hermanos cayeron detenidos junto al tercer sicario, Vince Muscat. Este último también vigiló por largo tiempo los pasos de Caruana Galizia y estuvo con Alfred Degiorgio la noche antes del ataque, cuando colocó la bomba en el Peugeot 108 alquilado por la reportera.

Muscat fue condenado en 2021 a 15 años de prisión, tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía para una rebaja de pena a cambio de cooperar con la Justicia. En 2022 llegó el turno de los hermanos de Degiorgio, condenados a 40 años después de admitir su autoría en el crimen. A ello siguió la condena a cadena perpetua en 2025 de Jamie Vella y Robert Agius, exponentes del inframundo mafioso de Malta, acusados de proveer la bomba.

Los sicarios testifican

Los tres sicarios —Muscat y los hermanos Degiorgio— han comparecido este mes como testigos. Alfred Degiorgio se limitó a una breve declaración. “Chris Cardona, David Gatt y Keith Schembri están implicados en el asesinato”, aseguró, sin dar más detalles. Su hermano, George, testificó en la misma línea, implicando a Cardona, Schembri y Gatt. Este último es un exagente policial con supuestos lazos con el crimen organizado. Más tarde se hizo abogado, llegó a ser socio del despacho de Cardona, y los testigos le vinculan con los planes y contactos entre esfera política y criminal con los que se urdió el ataque.

Hubo una campaña en contra de Daphne liderada por personas en la oficina del primer ministro. Queremos justicia por su asesinato, por la corrupción que denunció y por la campaña para deslegitimarla

Corinne Vella — Hermana de Daphne Caruana Galizia

George Degiorgio dijo que, en la primavera de 2017, el intermediario Melvin Theuma —ahora indultado y testigo del Estado— le visitó con la propuesta de articular un plan para matar a Caruana de parte de Schembri. También se reunió con Cardona, quien le confirmó, según su versión, que ambos estaban implicados. Sin embargo, el sicario añadió que ya trabajó en un primer plan de asesinato en 2015, para el que habría recibido instrucciones directas y 50.000 euros de depósito del entonces titular de Economía, hasta que se le pidió abortar el plan porque iba a haber elecciones. “Sabíamos dónde íbamos a matarla”, explicó Degiorgio sobre el plan inicial, centrado en disparar a Caruana desde una furgoneta, cuando la periodista pasara cerca de su casa en Bidnija.

Cardona llegó a ser número dos del laborismo maltés y gestionó la cartera de Economía entre 2013 y 2020. En 2017, Caruana publicó que el ministro visitó un prostíbulo durante un viaje oficial en Alemania, lo que hizo que este la demandara por difamación. Ya en 2019, el arresto de Fenech causó la renuncia temporal de Cardona tras salir a la luz su supuesta implicación en la trama, lo que llevó a su posterior exclusión como ministro en el Ejecutivo conformado a inicios de 2020 por el también laborista Robert Abela, aún hoy primer ministro.

Hasta hoy, Cardona, Schembri y Gatt niegan toda implicación en el asesinato de la periodista, rechazan todas las acusaciones que les sitúan como instigadores y en ningún momento se les procesó en relación con ello.

“Las meras acusaciones no constituyen pruebas”

Tras las alegaciones de estas semanas, la Fundación Daphne Caruana Galizia ve las declaraciones de los sicarios con cautela, y alerta de que pueden constituir “un intento de desviar la culpa de Fenech” y su responsabilidad. “La defensa parece invitar al jurado a considerar si la responsabilidad del asesinato de Daphne recae en otra persona; que el autor intelectual no es Yorgen Fenech, sino Keith Schembri o Chris Cardona. Pero las meras acusaciones no constituyen pruebas”, comentó la entidad en una nota a la que ha tenido acceso elDiario.es. “No se presentaron pruebas suficientes ante el tribunal que demuestren que Schembri o Cardona pagaron por el asesinato de Daphne. Sin embargo, las pruebas de que Fenech pagó son irrefutables”, remarca la fundación.

Corinne Vella, hermana de Caruana, insiste en que Fenech “está acusado de complicidad en asesinato, pero también como la persona que encargó el crimen y lo pagó”. “Las pruebas apuntan en una dirección: Fenech tenía contactos con personas del Gobierno y recibió ayuda de Schembri”, dice. Este, como jefe de gabinete gubernamental, “fue procesado por filtrar información y violar el secreto oficial”, y todo apunta a que “proporcionó información que acabó en manos de los criminales implicados en el asesinato”, cuenta Vella, que insta a llegar al fondo sobre las responsabilidades de Fenech como acusado para que nadie quede impune.

Ante ello, señala, la familia no parará su lucha: “Hubo una campaña en contra de Daphne liderada por personas en la oficina del primer ministro”. “Queremos justicia por su asesinato, por la corrupción que denunció y por la campaña para deslegitimarla”, dice, antes de añadir que “el Estado debió proteger su vida y fracasó”. “La única forma de arreglar el problema es asegurarse de que esto no ocurra otra vez”, concluye.

La Audiencia de Navarra condena ha condenado a 22 meses de prisión a un hombre de 59 años, natural de Pamplona, por maltrato físico y psíquico a su esposa y sus dos hijos. Según recoge la sentencia, que ha sido dictada de conformidad entre las partes, el procesado tampoco podrá comunicarse ni acercarse a su mujer, de la que está en trámites de separación, ni a sus hijos a menos de 300 metros durante cuatro años.

El condenado, de “carácter voluble y agresivo”, según se recoge en la sentencia, se dirigía habitualmente hacia su esposa, con la que llevaba conviviendo más de 20 años, con expresiones insultantes y vejatorias. Un comportamiento que se fue agravando con el tiempo y que sumió a la mujer “en una situación de miedo y angustia, temiendo la misma cualquier reacción de su esposo ante cualquier cosa que hiciera que le pudiera molestar”.

Un trato que según la resolución judicial también sufrían los dos hijos que tienen en común. Su hija era insultada, recibía empujones, alguna bofetada e, incluso, llegó a cogerla del cuello. A su hijo también le abofeteó en alguna ocasión por las notas. “Esta agresividad del encausado, que también se dirigía contra sus hijos en forma de gritos, reproches y empujones o golpes”, llevó a la esposa en enero de 2023 “a una situación extrema”, que dio lugar a un intento autolítico por parte de la mujer, según se recoge en la sentencia.

A finales de junio de 2023, cuando la madre fue dada de alta y regresó al domicilio familiar, se inició una nueva discusión, en la que el procesado volvió a insultarla. La hija avisó a la Guardia Civil. Desde ese día, el inculpado abandonó la vivienda y los trámites de separación siguieron adelante.

Los hechos declarados probados son constitutivos de un delito de violencia física y psíquica habitual en el ámbito de la violencia de género y doméstica. La Sección Segunda de la Audiencia, con la anuencia de las acusaciones y la defensa, ha acordado la suspensión durante 2 años de la pena impuesta a condición de que el condenado realice cuantos actos sean precisos para hacer frente a la responsabilidad civil, cumpla con las prohibiciones de acercamiento y comunicación y participe en un programa formativo de igualdad de trato y no discriminación.

La plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Getxo (Bizkaia) ha dictado un auto en el que acuerda la apertura de juicio oral en la Audiencia Provincial de Bizkaia, que contará con un tribunal de Jurado, a cinco personas por el caso de la muerte de un varón cuyo cadáver fue encontrado descuartizado el 19 de agosto de 2023 en el interior de dos maletas quemadas en un antiguo restaurante en el monte Artxanda, en Bilbao.

Según recoge el auto, a principios del mes de agosto de 2023, el fallecido contactó con una de las acusadas, con quien mantenía una relación de amistad después de haber sido pareja, para pedirle un lugar en el que vivir. Así, la víctima llegó a convivir con esta mujer que era su expareja, otra mujer y tres hombres más en un piso en el que pagaba 300 euros por una habitación. En ese piso vivió desde el 2 de agosto y pagaba el alquiler a uno de los inquilinos.

Desde el 2 de agosto hasta el 17 de agosto, la víctima, según los hechos recogidos en el auto, mantuvo “una relación cordial con sus compañeros de piso”. Sin embargo, el 17 de agosto 2023, “a una hora indeterminada, pero, en todo caso, cuando ya había anochecido”, mientras el fallecido se encontraba en su habitación, su expareja, “al igual que lo hiciera en múltiples ocasiones anteriores, procedió a pedirle dinero”, y al negarse, se inició una discusión entre ellos, “de modo que en el transcurso de la discusión y harto ya de las solicitudes económicas, la insultó”. Tal discusión y las expresiones que había proferido la víctima dieron lugar a que los otros dos varones residentes en la vivienda “reaccionaran con gran agresividad, propinando una fuerte paliza” al fallecido, “en el seno de la cual ambos le dieron múltiples puñetazos en el lateral y zona frontal de la cabeza, lo que le provocó un traumatismo craneoencefálico que le llevaría posteriormente a la muerte”, recoge el auto.

Tras la agresión y habiendo apaleado a la víctima, ambos varones “abandonaron la vivienda”, dejando al fallecido “malherido en el interior de su habitación, quedando sin posibilidad alguna de supervivencia, salvo asistencia y/o ayuda sanitaria inmediata y urgente, que no llegó, al no ser requerida por ninguno de los presentes”. La expareja y otro de los inquilinos, también acusados, “que habían presenciado la agresión, ni mediaron, ni impidieron la misma, ni solicitaron posterior asistencia sanitaria urgente una vez que había cesado la agresión” y los presuntos autores se habían ido, “y ello a pesar de que escuchaban a la víctima respirar con dificultad, por lo que eran conscientes y podían hacerse una idea cabal de la grave situación en la que se encontraba”.

Según los hechos recogidos en el auto, “lejos de pedir ayuda a terceras personas”, la expareja solicitó a los presuntos agresores que “regresaran a la casa y se hicieran cargo” del fallecido. En ese momento, tanto la expareja como otro de los acusados decidieron abandonar la vivienda “en plena noche, regresando a la misma una vez que el cuerpo sin vida había sido ya evacuado del lugar de los hechos”. La mujer que mantuvo una relación afectiva con la víctima “procedió a limpiar a conciencia la casa para eliminar cualquier rastro de pelea y de vestigios biológicos que permitieran incriminar” a los presuntos agresores, mientras que la otra mujer acusada, según el relato de los hechos, “tuvo conocimiento suficiente de lo ocurrido, sin que, tampoco auxiliara ni directa, ni indirectamente” a la víctima.

Sobre las 1.00 horas de la madrugada del 19 agosto 2023, los presuntos agresores accedieron al interior del vehículo de uno de ellos, “tras haber introducido en el maletero de dicho vehículo el cadáver” del fallecido, a quien previamente “habían descuartizado en un lugar no concretado”. Según los hechos que recoge el auto, las partes del cuerpo cuarteado del fallecido “habían sido encajadas en dos maletas propiedad de la propia víctima junto con enseres personales del mismo”. Tras comprar en una gasolinera gasolina de 95 octanos, se dirigieron al Restaurante Miramar, en Artxanda, “entre ambos descendieron las maletas en las que se encontraba el cuerpo sin vida y depositándolas en la planta baja del restaurante, les prendieron fuego con la intención de imposibilitar la identificación de la víctima”. A las 5.10 horas del día 19 de agosto de 2023, una persona descubrió el cuerpo de la víctima en el interior del Restaurante Miramar, y llamó a emergencias.

El magistrado considera que de las actuaciones practicadas en fase de instrucción se desprende la existencia de indicios razonables de delito frente a los cinco acusados. En concreto, entiende que los hechos investigados son constitutivos, sin perjuicio de la valoración que corresponda realizar en el acto del juicio, de un delito de homicidio atribuible a dos de los varones acusados y un delito de omisión del deber de socorro y encubrimiento en el caso de los otros tres acusados, dos mujeres y un hombre.

En el auto, el magistrado rechaza las peticiones de sobreseimiento formuladas por la defensa de estos tres últimos acusados y considera que existen elementos indiciarios que apuntan a que no socorrieron a la víctima y que trataron de ocultar lo sucedido. Además, fija que los hechos sean enjuiciados por un Tribunal del Jurado en la Audiencia Provincial de Bizkaia. El auto, fechado este 13 de julio, no es recurrible.

El hombre acusado de tentativa de asesinato tras supuestamente prender fuego a su expareja en septiembre de 2024 en Vigo ha declarado que “no recuerda” lo ocurrido aunque ha dicho que posteriormente “se arrepintió” al darse cuenta de que había hecho “algo malo” y llamó a su primo para entregarse a la Policía.

Así lo ha señalado, según recoge Europa Press, durante la vista celebrada este martes en la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, donde el varón, que se enfrenta a casi 22 años de cárcel, ha explicado que el día anterior había coincidido con la víctima en una cafetería, aunque “no habló” con ella “ni se acercó” a la joven.

No obstante, esa noche habría consumido alcohol y otras drogas como cocaína y pastillas, durmiendo solo tres horas. A preguntas de su abogada, ya que no respondió las cuestiones del resto de partes, el procesado ha asegurado que no recuerda qué hizo al levantarse (ya que los hechos habrían ocurrido sobre las 08.00 horas) ni recuerda haber ido a casa de la mujer ni haber estado con ella.

Pese a ello, posteriormente esa mañana habría ido a un bar, donde habría llamado a su primo para entregarse debido a que se dio cuenta de que había hecho “algo malo”. Preguntado sobre si se arrepintió en ese momento al tener conocimiento de lo ocurrido, el hombre confesó que “sí”.

Antes, relató cómo había sido la relación sentimental “tóxica” con la víctima, porque ella era “muy posesiva y celosa”, según ha dicho el varón. Ambos residían en una vivienda de la familia de él, abandonándola ella cuando tenían discusiones, pero reivindicando que era ella la que se iba y que él no la echaba ni la iba a buscar después.

El acusado indicó también que era consumidor de drogas como cocaína, heroína o alcohol desde los 14 años. Además, estaba en tratamiento psiquiátrico, aunque no acudía a todas las citas médicas. Según su relato, estuvo incluso ingresado en un centro de desintoxicación durante un mes y en “dos o tres” ocasiones trató de atentar contra su propia vida.

Apagó las llamas con una manguera

Tras él, fue el turno de la declaración de la víctima, que lo hizo a puerta cerrada. Al acabar, varios amigos y familiares de la joven acudieron como testigos a la vista, relatando que se encontraron a la mujer con gran parte de su piel quemada en la entrada de su casa.

En concreto, el sobrino de la víctima fue el primero en encontrarse a su tía junto a una manguera tratando de apagar las llamas. Él, según ha indicado en la vista, estaba durmiendo y se despertó con los gritos, saliendo por la ventana al ver a la joven pidiendo ayuda. Así, volvió a meterse en la casa para avisar a sus padres (la madre del sobrino es hermana de la joven).

Precisamente la hermana también declaró que al ver a la joven así, cogió el coche y la llevó al hospital directamente, debido a que se encuentra a menos de un kilómetro de la vivienda familiar. Ella ha dicho que la víctima, debido a su mal estado, le dijo: “Me mató”. También ha apostillado que el pronóstico era muy grave, y que los médicos le dijeron que quizá no podría superar aquellas quemaduras.

Ella ha explicado que a día de hoy, casi dos años después, la mujer casi no sale de casa debido a las grandes secuelas que tiene y a los problemas psicológicos que le ha provocado la situación vivida.

Hechos

Los hechos habrían ocurrido en septiembre de 2024. Según el escrito de acusación de Fiscalía, el varón es autor de un delito de lesión psíquica, un delito de acoso y un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento en grado de tentativa, y solicita, respectivamente, las penas de 5 años, 2 años y 14 años, 11 meses y 29 días de prisión por cada uno de los delitos, además del pago de una indemnización a la víctima de más de 670.000 euros por las secuelas.

En su escrito, Fiscalía expone que víctima y acusado comenzaron una relación sentimental cuando ella tenía 22 años y él 34, residiendo ambos en el mismo domicilio de Vincios, en Gondomar (Pontevedra), al menos durante los fines de semana.

Durante la relación hubo discusiones, debido a que ella asumía tanto la carga económica del hogar como el cuidado de la casa, al contar con mayor estabilidad laboral que él. “Durante la convivencia, él la menospreciaba de forma habitual con expresiones del tipo 'eres retrasada, mongólica, cerda, vaga', y para resolver la discusión el procesado optaba por echarla de casa”, indica la Fiscalía, que señala que, después de echarla, el acusado le pedía que volviera.

La relación terminó cuando ella decidió poner un final definitivo en mayo de 2024. No obstante, el procesado “buscó a partir de ese momento la atención, acercamiento y/o proximidad con ella con el propósito de recuperarla (como había hecho a lo largo de toda la relación en los momentos en los que se producían las rupturas temporales de la pareja)”.

“Te vas a enterar”

Para ello, solicitó su amistad a través de diversos perfiles en redes sociales, se presentó en el local en el que ella trabajaba o en cafeterías donde ella estaba, hasta que el 14 de septiembre acudió a la casa familiar en la que ella residía, en la parroquia viguesa de Valladares, e intentó quemarla viva.

Según el escrito de acusación, ese día la esperó a las 08.00 horas hasta que salió de la vivienda y la agarró por la coleta por la espalda y le dijo “ven aquí que ahora te vas a enterar”.

La víctima comenzó a mover su cuerpo para deshacerse de él, mientras él la seguía agarrando por la coleta, le propinaba varios rodillazos en la cara y le decía “para quieta”, para reducir de esta forma, más aún, sus posibilidades de defensa.

“A continuación, una vez que el procesado consiguió impregnarla de gasolina, la empujó, ella cayó al suelo, y él le dijo 'adiós', encendió un mechero y le prendió fuego, consciente de que, de esta forma, causaría a quien había sido su pareja sentimental un terrible sufrimiento, aumentando de forma deliberada e innecesaria los padecimientos tanto físicos como psíquicos que tendría y que tenían el claro y único propósito de acabar con la vida de ella”, recoge Fiscalía.

Finalmente, ella pudo coger una manguera y mojarse todo el cuerpo, solicitando ayuda a su sobrino y a su hermana, que la llevó al hospital, sufriendo quemaduras de segundo y tercer grado en gran parte de su cuerpo.

La Audiencia Provincial de La Rioja ha condenado a cuatro años de prisión al acusado de intentar matar con un hacha a un compañero de trabajo tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía. El procesado, que permanece en prisión provisional, ha reconocido los hechos y aceptado la pena impuesta, inferior a los nueve años de prisión que el Ministerio Fiscal solicitaba inicialmente por un delito de homicidio en grado de tentativa.

La sentencia impone además al condenado la prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 150 metros y de comunicarse con ella por cualquier medio durante seis años. Asimismo, deberá abonar al Servicio Riojano de Salud el coste de la asistencia sanitaria prestada al perjudicado.

La víctima, que compareció en el acto del juicio, renunció expresamente a percibir la indemnización de 10.975 euros que la Fiscalía había solicitado por las lesiones, las secuelas y los daños morales derivados de la agresión.

Todo ocurrió al finalizar la jornada laboral

Los hechos ocurrieron el 20 de septiembre de 2024, cuando varios trabajadores finalizaban su jornada laboral y se disponían a regresar a sus domicilios en un mismo vehículo. Durante el trayecto, el acusado realizó comentarios despectivos hacia las personas de origen andaluz, afirmando que “todos los andaluces y malagueños eran mala gente”. Después de que uno de sus compañeros, natural de Andalucía, le respondiera que no todos eran iguales, ambos iniciaron una discusión.

En el transcurso del enfrentamiento, el acusado se dirigió a una caseta de la nave, cogió un hacha y se acercó a su compañero, que ya había descendido del vehículo. Tras amenazarle con la expresión “te voy a matar”, le asestó un golpe en la cabeza que impactó en la región lateral-occipital. Posteriormente, ambos regresaron al vehículo y se desplazaron al Hospital de Calahorra para que el herido recibiera asistencia médica.

Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió una herida en la cabeza que requirió tratamiento médico-quirúrgico mediante 15 puntos de sutura y permaneció 15 días en situación de perjuicio moderado.

Además, le ha quedado como secuela una cicatriz permanente en la región parieto-occipital, valorada con un perjuicio estético de tres puntos, así como el perjuicio personal derivado de la intervención quirúrgica practicada.

Mauricio Anglés, uno de los hermanos de Antonio Anglés, desaparecido y acusado del triple asesinato de las niñas de Alcàsser, ha negado haber secuestrado y torturado a otro hombre en noviembre de 2021 junto a otras personas más: “Esa tarde fui a la bolera y luego a una discoteca”, ha defendido.

Así se ha pronunciado Mauricio, que hace años cambió su identidad, en el juicio que se sigue contra él y otras cinco personas más. Fiscalía reclama 27 años de prisión al atribuirles los delitos de secuestro con la agravante de alevosía, y los delitos de lesiones, amenazas, robo con violencia, daños y pertenencia a grupo criminal. Hay un séptimo acusado en el procedimiento que se enfrenta a seis meses de prisión y reconoció al inicio de juicio, hace ya dos semanas, que fue receptor de uno de los vehículos utilizados en el secuestro pero negó que supiera su titularidad o procedencia.

Tras concluir esa primera jornada de juicio, el hermano de Anglés atendió a los periodistas a las puertas de la Ciudad de la Justicia y declaró que era “inocente”. “Me siento muy positivo, como tenía que pasar todo. Si uno es inocente y está en otro sitio, hay cámaras, testigos, y uno está tranquilo”, aseveró hace dos semanas.

Hoy le ha tocado declarar en la Audiencia, donde ha mantenido que no participó en el secuestro a un hombre el 29 de noviembre de 2021. La víctima, que declaró el primer día, relató: “Me pegaron durante dos horas, me hicieron un corte en la oreja, me amenazaban con secuestrar a mi mujer y a mi hijo y me quemaron la espalda con unas brasas”. Todo ello mientras le pedían dinero, hasta 150.000 euros.

El hermano de Anglés, quien únicamente ha respondido a las preguntas de su abogado --igual que el resto de acusados--, ha negado cualquier relación con estos hechos. Ha explicado que conocía a la víctima desde hacía años puesto que era amigo de su hermano pequeño, pero ha matizado que no tenía relación con ella.

El 29 de noviembre, ha dicho, se fue a Valencia después de ducharse, sobre las 15.30 y las 16 horas, y estuvo allí con unos amigos. A las 19.30 horas se marchó a la bolera de la Avenida del Puerto y de ahí se fueron a cenar algo. Posteriormente, sobre las 23.30 horas, acudieron a una discoteca, donde tenían dos mesas reservadas. Estuvieron allí hasta las 4 o las 5, cuando “se montó una trifulca e intenté separar como pude. Empezaron con golpes”, ha narrado.

También ha comentado que con la víctima sí tuvo una conversación en relación a unos terrenos pero en febrero de 2022, no tres semanas antes del día 29, pese a lo que manifestó la víctima en la Audiencia.

El resto de acusados también han negado su implicación en el secuestro. Algunos de ellos han afirmado que se conocían entre ellos del pueblo o de pequeños, pero han negado que el día 29 torturasen a la víctima. También se han desvinculado de diferentes teléfonos móviles cuya geolocalización coincide el día de los hechos donde tuvieron lugar las torturas.

Un acusado ha afirmado que se cruzó en coche con la víctima el día 29 y ha narrado que luego fue a una cuadra a Albal porque tenían que enseñar un caballo. Una vez allí, él y su hermano se volvieron al pueblo y dejaron en el lugar a varias personas. “Nos fuimos a casa, nos cambiamos, cogimos la ropa de deporte y nos marchamos al polideportivo de Catarroja. Luego me fui a cenar a Torrent”, ha descrito. “No tengo nada que ver con ellos”, ha dicho otro acusado.

La víctima, durante el juicio, narró que fue embestido mientras iba a su chalet de Monserrat (Valencia), le metieron en una furgoneta blanca, en la que le pegaron, y le llevaron a una cuadra o nave, en un camino de Catarroja, donde le torturaron mientras le pedían dinero.

El Ministerio Fiscal pide nueve años de cárcel para un hombre de 58 años, por un delito de homicidio en grado de tentativa al intentar matar con un hacha a otro que le recriminó el uso despectivo de términos para dirigirse a los andaluces. Le pide una indemnización de 10.975 euros por las lesiones, secuelas y daños morales, así como un alejamiento de la víctima de 10 años.

El juicio se desarrollará este martes 14 de julio, a las 10,00 horas, en la Audiencia Provincial de La Rioja. El escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, narra unos hechos que se produjeron el 20 de septiembre de 2024, a las 16 horas, al finalizar ambos, acusado y víctima, su trabajo en unas bodegas de Calahorra.

Una vez concluido su trabajo se subieron en un vehículo, y el acusado comenzó a realizar manifestaciones despectivas hacia las personas de origen andaluz, afirmando que: “todos los andaluces y malagueños eran mala gente”. Ante ello, la víctima respondió que él era andaluz y malagueño y que todos no eran iguales. A raíz de ello se inició una discusión entre ambos.

En el transcurso de la misma, el acusado se dirigió a una caseta situada en la nave, de donde cogió un hacha, y, acto seguido se dirigió a la víctima, quien ya había bajado del vehículo. En ese momento, el acusado, actuando con ánimo de acabar con la vida de éste, alzando el brazo con el hacha en actitud amenazante, se dirigió a él diciéndole “te voy a matar”, sin llegar a golpearlo. Ante ello, la víctima, empuñando unas tijeras que llevaba para el desarrollo de su trabajo, le dijo: “me vas a dar, pues venga, estoy a tu merced”, momento en el que el acusado le asestó un golpe con el hacha en la cabeza, impactando en la zona lateral/occipital.

Acto seguido, se subieron nuevamente al vehículo y se dirigieron al hospital de Calahorra, donde a las 16,19 horas se bajó la víctima para ser atendido, dirigiéndose el resto de ocupantes a realizar la compra a un supermercado.

Como consecuencia de estos hechos, el perjudicado sufrió lesiones consistentes en lesión parietal, levemente curvada que se origina en borde superior de pabellón auricular de seis centímetros de longitud, que presenta sutura. Tales heridas requirieron para su curación tratamiento médico-quirúrgico consistente en quince puntos de sutura y analgesia, necesitando para su sanación quince días de perjuicio moderado.

Como secuelas presenta cicatriz de cinco-seis centímetros en región parieto-occipital derecha, que quedará cubierta por cabello valorado como un perjuicio estético de tres puntos. Además, tuvo un perjuicio personal particular por intervención quirúrgica consistente en sutura de la herida con anestesia local.

El acusado ingresó en prisión provisional por esta causa mediante auto de fecha 23 de septiembre de 2024.

Para el fiscal, estos hechos constituyen un delito de homicidio en grado de tentativa por el que pide al acusado nueve años de prisión, diez años de alejamiento de la víctima a 1.000 metros, y 10.975 euros de indemnización.

El fiscal pide tres años y medio de cárcel para una mujer por un delito contra la salud pública en modalidad de sustancia que causa grave daño a la Salud. La mujer era reclusa de la prisión de Logroño cuando al ser cacheada le fue encontrada droga con la que quería traficar en el centro penitenciario. Le reclaman también 79 euros de multa.

El juicio se desarrolla este lunes, 13 de julio, a las 12,15 horas, en la Audiencia Provincial, si bien antes se enfrenta a una 'vistilla' - para ver si se puede llegar a un acuerdo de conformidad, que en caso de no ser así derivaría en señalamiento de juicio-.

El escrito al que ha tenido acceso Europa Press narra unos hechos que sucedieron el 5 de marzo de 2025. Ese día, a las 16,00 horas, funcionarios de prisiones entraron en la celda del módulo dos en la que se encontraba la acusada con la finalidad de cachearle, ante las sospechas de poseer sustancias estupefacientes.

Allí le intervinieron un papel de plata con una sustancia, que la acusada estaba manipulando y que tenía con la intención de proporcionársela a terceras personas. Tras su análisis en el Laboratorio la sustancia intervenida, resultó ser 0,09 gramos netos de cocaína con una pureza del 90,3 por ciento, que hubiera alcanzado en el mercado ilícito el valor de 26,29 euros.

Para el fiscal estos hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública en modalidad de sustancia que causa grave daño a la Salud por el que le pide tres años y medio de cárcel, así como una multa de 79 euros.