El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado una condena al Servicio Canario de la Salud (SCS) por la muerte de una enfermera de 51 años en el Hospital Doctor Negrín de Las Palmas de Gran Canaria con cuatro litros de líquido en las cavidades pleurales, e impone una indemnización que suma más de 745.000 euros.

La sentencia remitida por el bufete Henríquez y Carnero Abogados, encargado de la defensa legal de los demandantes, se basa en la doctrina del “daño desproporcionado” para justificar su decisión, ya que las circunstancias en que se produjo la muerte eran incompatibles con la evolución clínica que se esperaba.

En ese sentido, razona que el tratamiento o la técnica quirúrgica empleada en este caso falló sin que los profesionales sanitarios sepan dar una hipótesis alternativa de lo sucedido que sea solvente.

La víctima, una mujer de 51 años con enfermedad de Crohn, fue intervenida quirúrgicamente en el hospital público antes citado en enero de 2022 y como parte del tratamiento, se le implantó un catéter venoso central de inserción periférica para administrarle nutrición parenteral.

Si bien este tratamiento terminó causándole una lesión que hizo que esa nutrición administrada terminara acumulándose en las cavidades pleurales de la paciente, lo que causó su progresiva asfixia, tal y como concluye la sentencia, que ha devenido firme.

El TSJC razona que frente a las pruebas presentadas por la parte de la familia de la víctima, con informes periciales “contundentes”, lo que ha hecho la administración ha sido presentar sus conclusiones en informes documentados en notas clínicas.

Y ha insistido en que la administración, en su recurso, sigue sin probar suficientemente las causas del daño y no ha explicado de manera racional por qué se produjo la muerte de la paciente, fuera por acumulación de linfa o de nutrición parenteral.

“No podemos aceptar como explicación que no se lo explican los propios médicos”, ha concluido la resolución judicial.

Es por todo ello que confirma una indemnización principal de 659.387 euros, además de los intereses legales devengados desde la reclamación administrativa presentada por la familia el 18 de enero de 2023, lo que eleva la cantidad total a percibir por encima de los 745.000 euros.

En su recurso, la administración advirtió una errónea valoración de la prueba en la sentencia de primera instancia dictada por la Plaza número 5 del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria (Contencioso-administrativo) cuando señaló que no existe prueba de laboratorio del líquido en los pulmones para determinar si era linfa o nutrición parenteral.

Según la sanidad canaria, sí se llevó a cabo un análisis bioquímico del líquido extraído a la paciente, el cual vendría a demostrar con datos científicos que sí es linfa.

Pero entiende el TSJC que, de existir error en la sentencia, sería “irrelevante” de todas maneras, ya que se está condenando por daño desproporcionado.

En cualquier caso, la resolución, cuya ponente fue la magistrada Inmaculada Rodríguez Falcón, considera que el motivo de impugnación “no es del todo exacto”, ya que el análisis bioquímico consta sólo a través de una nota clínica de los doctores de guardia, que no puede considerarse un informe como tal.

La Fiscalía de Cartagena ha remitido al Juzgado de Instrucción número 3 un dictamen en el que solicita el sobreseimiento provisional de la causa abierta por calumnias contra el responsable de Las Noticias RM, el portal que la investigación de ciberdelincuencia de la Guardia Civil terminó vinculando con Jesús Cobos, exsecretario de Comunicación del PSRM, y con su empresa Sistemas Informáticos Carthago S.L. El escrito, fechado el 22 de junio, responde a un Auto del pasado 1 de abril que consideraba que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de calumnia con publicidad.

Todo el caso arrancaba con la querella que Damiana García Soto, concejala de Festejos del PP en La Unión, interpuso el 27 de febrero de 2024 contra la página web Las Noticias RM. Dicho portal había publicado que García había participado, como parte del tribunal calificador, en el proceso selectivo en el que obtuvo su plaza de funcionaria, y que es prima del alcalde del municipio. Fue esa denuncia la que activó a la unidad de ciberdelincuencia de la Guardia Civil para identificar a los autores del portal, firmantes habituales bajo el seudónimo “Señor X”, para saber a quién dirigir en específico la querella.

La Fiscal argumenta ahora que ninguna de esas dos afirmaciones era falsa. La propia querellante, explica el auto, reconoció en su declaración que firmó la aprobación de la lista definitiva de aspirantes, estando su nombre incluido en ella, y que el alcalde de La Unión es, en efecto, familiar suyo (hijo de una prima), aunque la noticia hablara de forma genérica de un “primo” sin precisar el grado. El escrito subraya además que los artículos no imputaban ningún delito, solo señalaban esa participación y ese parentesco. Por eso, concluye la Fiscal, no existen elementos ni prueba suficientes para sostener la acusación.

La petición de archivo golpea la raíz de un caso que, desde que trascendió el informe policial, ha escalado por vía mediática y política. La identificación de Cobos como responsable del portal, por una factura de comunicación de su empresa al PSRM que, en principio, nada tenía que ver con la financiación de la web, derivó en titulares que vinculaban al partido con un “medio fantasma”, y en una información de The Objective que atribuyó antecedentes penales por tráfico de drogas a la mujer de Cobos, Carmen García Giménez, a raíz de una confusión de apellido con otra persona. La Guardia Civil rectificó después oficialmente ese error. La7, la televisión pública murciana, abrió sus informativos con la versión inicial, lo que llevó al PSRM a pedir la dimisión de su director general.

El dictamen de la Fiscalía no cierra el caso por sí solo: corresponde ahora al juzgado dictar el Auto de sobreseimiento, y la parte querellante podrá oponerse y mantener su acusación por su cuenta. Pero el razonamiento del Ministerio Fiscal, el de que la denuncia original carecía de base desde el principio, obliga a repreguntar sobre qué se sostuvo una investigación que terminó salpicando a una persona ajena a la política, y sobre la rapidez con la que esa investigación se convirtió en munición electoral. Cobos ha recibido la noticia con optimismo y ha declarado a elDiario.es Región de Murcia que “la verdad prevalece ante la mentira y nos hará libres”, pero que todavía hay que esperar que la justicia, esta vez de manos de los propios jueces, archiven definitivamente el caso.

Un complot con 150.000 euros para los sicarios que ejecutaron el atentado. Otro plan de asesinato previo en 2015 que al final se abortó. Una bomba escondida en una caja de zapatos bajo el asiento del conductor activada por control remoto. Una botella con gasolina colocada junto al artefacto explosivo para asegurar que todo ardiera tras el estallido.

Son detalles que emergen estos días del llamado 'Juicio del Siglo', el proceso que ha arrancado este mes en Malta para juzgar a Yorgen Fenech, el magnate acusado de ser autor intelectual del asesinato de la periodista de investigación Daphne Caruana Galizia. El atentado en el que murió asesinada en 2017 conmocionó y cambió la historia de esta pequeña isla del Mediterráneo central, destapando sus redes corruptas vinculadas con el mundo político y empresarial.

Tras procesos previos que ya condenaron a los autores materiales del crimen, el actual busca resolver un hueco pendiente que para la familia y la sociedad civil maltesa es el quid de la cuestión: ¿quién ordenó matar a la reportera? Los indicios y pruebas presentadas señalan a Fenech, aunque su defensa y varios testimonios —los sicarios que han testificado en el juicio— desviaron la responsabilidad como cerebros del asesinato a figuras clave del antiguo Ejecutivo maltés de Joseph Muscat, principalmente al extitular de Economía Chris Cardona y al exjefe de Gabinete de la Oficina del Primer Ministro, Keith Schembri.

Ya hubo alegaciones en su contra en el pasado, y esto apunta de nuevo a una posible cadena de instigadores que se extendería hasta las altas esferas del laborismo maltés y el Gobierno de la época. La familia de Caruana Galizia asegura, sin embargo, que por ahora no hay pruebas contra Schembri o Cardona e insta a focalizarse en Fenech.

Caruana Galizia se convirtió en el mayor azote contra la corrupción en su país. Por las investigaciones que publicaba en su blog, donde destapaba escándalos que salpicaban a la clase política y empresarial, acabó pagando con su vida cuando una bomba en su coche la mató, el 16 de octubre de 2017. La imagen del automóvil calcinado en un campo a pocos metros de su casa, en la localidad rural de Bidnija, abrió una crisis inaudita en el país, el más pequeño de la Unión Europea. En 2021, el Estado maltés fue declarado responsable por no prevenir su muerte y “crear un ambiente de impunidad” que “llevó al colapso del Estado de derecho”, según concluyó una investigación independiente, que culpó de ello a las altas instancias del Gobierno de la época.

Un juicio en marcha tras años de tropiezos

Tras casi nueve años, queda mucho por aclarar sobre la trama de asesinato. El proceso judicial lleva más de tres semanas de audiencias desde que comenzó el 1 de julio en La Valeta, capital de Malta. “Estoy aliviada de que el juicio empezara. Se retrasó por años. Fenech y su defensa obstaculizaron las cosas para ralentizar el proceso”, dice Corinne Vella, hermana de Caruana Galizia, que habla con elDiario.es en el receso de una de las vistas diarias, presididas por la jueza Edwina Grima y con un jurado que probablemente en agosto dicte si considera culpable o no al acusado. Todo ello mientras gran cantidad de personas comparecen como testigos, desde cargos policiales a expertos forenses, así como los sicarios ya condenados.

“Repasé todas las pruebas presentadas, y, para mí, Fenech es culpable. Quiero que sea condenado. La Fiscalía solicitó cadena perpetua, y creo que esta es la pena que debería recibir”, agrega Vella, también miembro del equipo directivo de la Fundación Daphne Caruana Galizia, entidad fundada en memoria de la reportera.

Antes de morir, la periodista se sumergió en las filtraciones de los Papeles de Panamá. Detectó sociedades abiertas por dos figuras cercanas a Muscat y claves en el Gobierno maltés, Keith Schembri y el entonces ministro de Turismo, Konrad Mizzi. Este fue el primer paso para identificar una red que presuntamente canalizaba sobornos y blanqueaba dinero procedente de la concesión del proyecto energético Electrogas, consorcio vinculado a Fenech que se adjudicó la construcción y gestión de una gran central eléctrica y de gas en el país isleño.

Como parte del caso, Caruana también buscaba saber quién poseía 17 Black, una compañía con sede en Dubái que más tarde se identificó como vehículo destinado a enviar capitales a las empresas de Schembri o Mizzi. De hecho, años más tarde se descubrió que la empresa era propiedad de Fenech. Para la familia y expertos, las pesquisas de Caruana sobre este asunto pudieron ser el detonante que llevó al complot para su asesinato.

Fenech, ¿autor intelectual?

Fenech, hombre de negocios de 44 años, es una de las grandes fortunas de Malta y uno de los herederos del gran conglomerado empresarial Tumas Group. Fue detenido a fines de 2019, cuando Melvin Theuma —un taxista que hizo de intermediario en la operación de asesinato— testificó contra él y fue indultado a cambio de proveer información sobre el caso. El arresto de Fenech se produjo cuando intentaba irse de Malta en su yate.

En el juicio se enfrenta a cargos de asociación para delinquir y complicidad en asesinato. Según la Fiscalía, ordenó matar a Caruana Galizia por temor a que publicara información que le implicaba en tramas corruptas, y pagó 150.000 euros a los sicarios que la mataron. Él se declara inocente, mientras su defensa alega que está siendo usado como chivo expiatorio y apunta a la responsabilidad como instigadores de Cardona y Schembri.

En aquel momento, el magnate declaró que Schembri estaba implicado en la trama de asesinato, y aseguró que también le proporcionó información sobre las investigaciones policiales para protegerse de las pesquisas. Esto abrió una crisis política que llevó a la dimisión del primer ministro Joseph Muscat, deslegitimado para seguir en el poder tras desvelarse que uno de sus principales hombres de confianza aparecía ligado al complot.

La renuncia de Muscat fue todo un terremoto. Era uno de los líderes más populares de la historia del país, y, en 2013, logró llevar al laborismo al poder y destronar al histórico Partido Nacionalista. De hecho, las pesquisas de Caruana sobre tramas corruptas que salpicaban a la formación laborista le granjearon muchas críticas del entorno del grupo y las estructuras de poder. Su familia afirma que se orquestó una gran campaña para deslegitimarla, con más de 40 denuncias por difamación que llevaron incluso al bloqueo de su cuenta bancaria.

Reconstrucción del crimen

El día que la mataron, la reportera se dirigía a una cita en su banco. La bomba estalló de camino a la reunión, a las 15:00 horas, según el testimonio de Francis Sant, conductor que circulaba por la localidad de Bidnija y se topó con la explosión en primera persona. Él, junto con agentes policiales, fue de los primeros en testificar los primeros días del juicio, donde hizo un relato estremecedor del momento del crimen: aseguró que Caruana Galizia entró en pánico al notar que algo sucedía poco antes de la explosión.

“Vi un coche frente a mí. Algo le pasaba a la conductora, parecía muy asustada”, dijo el testigo. “Vi la primera chispa bajo su vehículo, como un petardo. Ella aún estaba consciente. La oí gritar”, agregó. “Creo que sintió algo, tal vez la activación del explosivo. Se dio cuenta de que algo iba muy mal”, hasta que hubo “una gran explosión”. El coche “salió disparado hacia el campo”, contó Sant durante su declaración, según la transcripción realizada y traducida del idioma maltés por Amphora Media, a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Otros agentes que acudieron a la escena del crimen también testificaron, relatando cómo hallaron restos del cuerpo de la reportera esparcidos por el lugar. Rastreando la zona, los investigadores recogieron colillas de cigarrillos que coincidirían con el ADN de uno de los sicarios, Alfred Degiorgio. Este seguía de cerca a Caruana y pidió a otro autor del crimen, su hermano George Degiorgio, que activara la bomba por control remoto a través de un dispositivo con una tarjeta SIM que hizo detonar la carga explosiva al recibir un SMS, según la investigación.

Meses después, ambos hermanos cayeron detenidos junto al tercer sicario, Vince Muscat. Este último también vigiló por largo tiempo los pasos de Caruana Galizia y estuvo con Alfred Degiorgio la noche antes del ataque, cuando colocó la bomba en el Peugeot 108 alquilado por la reportera.

Muscat fue condenado en 2021 a 15 años de prisión, tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía para una rebaja de pena a cambio de cooperar con la Justicia. En 2022 llegó el turno de los hermanos de Degiorgio, condenados a 40 años después de admitir su autoría en el crimen. A ello siguió la condena a cadena perpetua en 2025 de Jamie Vella y Robert Agius, exponentes del inframundo mafioso de Malta, acusados de proveer la bomba.

Los sicarios testifican

Los tres sicarios —Muscat y los hermanos Degiorgio— han comparecido este mes como testigos. Alfred Degiorgio se limitó a una breve declaración. “Chris Cardona, David Gatt y Keith Schembri están implicados en el asesinato”, aseguró, sin dar más detalles. Su hermano, George, testificó en la misma línea, implicando a Cardona, Schembri y Gatt. Este último es un exagente policial con supuestos lazos con el crimen organizado. Más tarde se hizo abogado, llegó a ser socio del despacho de Cardona, y los testigos le vinculan con los planes y contactos entre esfera política y criminal con los que se urdió el ataque.

Hubo una campaña en contra de Daphne liderada por personas en la oficina del primer ministro. Queremos justicia por su asesinato, por la corrupción que denunció y por la campaña para deslegitimarla

Corinne Vella — Hermana de Daphne Caruana Galizia

George Degiorgio dijo que, en la primavera de 2017, el intermediario Melvin Theuma —ahora indultado y testigo del Estado— le visitó con la propuesta de articular un plan para matar a Caruana de parte de Schembri. También se reunió con Cardona, quien le confirmó, según su versión, que ambos estaban implicados. Sin embargo, el sicario añadió que ya trabajó en un primer plan de asesinato en 2015, para el que habría recibido instrucciones directas y 50.000 euros de depósito del entonces titular de Economía, hasta que se le pidió abortar el plan porque iba a haber elecciones. “Sabíamos dónde íbamos a matarla”, explicó Degiorgio sobre el plan inicial, centrado en disparar a Caruana desde una furgoneta, cuando la periodista pasara cerca de su casa en Bidnija.

Cardona llegó a ser número dos del laborismo maltés y gestionó la cartera de Economía entre 2013 y 2020. En 2017, Caruana publicó que el ministro visitó un prostíbulo durante un viaje oficial en Alemania, lo que hizo que este la demandara por difamación. Ya en 2019, el arresto de Fenech causó la renuncia temporal de Cardona tras salir a la luz su supuesta implicación en la trama, lo que llevó a su posterior exclusión como ministro en el Ejecutivo conformado a inicios de 2020 por el también laborista Robert Abela, aún hoy primer ministro.

Hasta hoy, Cardona, Schembri y Gatt niegan toda implicación en el asesinato de la periodista, rechazan todas las acusaciones que les sitúan como instigadores y en ningún momento se les procesó en relación con ello.

“Las meras acusaciones no constituyen pruebas”

Tras las alegaciones de estas semanas, la Fundación Daphne Caruana Galizia ve las declaraciones de los sicarios con cautela, y alerta de que pueden constituir “un intento de desviar la culpa de Fenech” y su responsabilidad. “La defensa parece invitar al jurado a considerar si la responsabilidad del asesinato de Daphne recae en otra persona; que el autor intelectual no es Yorgen Fenech, sino Keith Schembri o Chris Cardona. Pero las meras acusaciones no constituyen pruebas”, comentó la entidad en una nota a la que ha tenido acceso elDiario.es. “No se presentaron pruebas suficientes ante el tribunal que demuestren que Schembri o Cardona pagaron por el asesinato de Daphne. Sin embargo, las pruebas de que Fenech pagó son irrefutables”, remarca la fundación.

Corinne Vella, hermana de Caruana, insiste en que Fenech “está acusado de complicidad en asesinato, pero también como la persona que encargó el crimen y lo pagó”. “Las pruebas apuntan en una dirección: Fenech tenía contactos con personas del Gobierno y recibió ayuda de Schembri”, dice. Este, como jefe de gabinete gubernamental, “fue procesado por filtrar información y violar el secreto oficial”, y todo apunta a que “proporcionó información que acabó en manos de los criminales implicados en el asesinato”, cuenta Vella, que insta a llegar al fondo sobre las responsabilidades de Fenech como acusado para que nadie quede impune.

Ante ello, señala, la familia no parará su lucha: “Hubo una campaña en contra de Daphne liderada por personas en la oficina del primer ministro”. “Queremos justicia por su asesinato, por la corrupción que denunció y por la campaña para deslegitimarla”, dice, antes de añadir que “el Estado debió proteger su vida y fracasó”. “La única forma de arreglar el problema es asegurarse de que esto no ocurra otra vez”, concluye.

La Audiencia de Navarra condena ha condenado a 22 meses de prisión a un hombre de 59 años, natural de Pamplona, por maltrato físico y psíquico a su esposa y sus dos hijos. Según recoge la sentencia, que ha sido dictada de conformidad entre las partes, el procesado tampoco podrá comunicarse ni acercarse a su mujer, de la que está en trámites de separación, ni a sus hijos a menos de 300 metros durante cuatro años.

El condenado, de “carácter voluble y agresivo”, según se recoge en la sentencia, se dirigía habitualmente hacia su esposa, con la que llevaba conviviendo más de 20 años, con expresiones insultantes y vejatorias. Un comportamiento que se fue agravando con el tiempo y que sumió a la mujer “en una situación de miedo y angustia, temiendo la misma cualquier reacción de su esposo ante cualquier cosa que hiciera que le pudiera molestar”.

Un trato que según la resolución judicial también sufrían los dos hijos que tienen en común. Su hija era insultada, recibía empujones, alguna bofetada e, incluso, llegó a cogerla del cuello. A su hijo también le abofeteó en alguna ocasión por las notas. “Esta agresividad del encausado, que también se dirigía contra sus hijos en forma de gritos, reproches y empujones o golpes”, llevó a la esposa en enero de 2023 “a una situación extrema”, que dio lugar a un intento autolítico por parte de la mujer, según se recoge en la sentencia.

A finales de junio de 2023, cuando la madre fue dada de alta y regresó al domicilio familiar, se inició una nueva discusión, en la que el procesado volvió a insultarla. La hija avisó a la Guardia Civil. Desde ese día, el inculpado abandonó la vivienda y los trámites de separación siguieron adelante.

Los hechos declarados probados son constitutivos de un delito de violencia física y psíquica habitual en el ámbito de la violencia de género y doméstica. La Sección Segunda de la Audiencia, con la anuencia de las acusaciones y la defensa, ha acordado la suspensión durante 2 años de la pena impuesta a condición de que el condenado realice cuantos actos sean precisos para hacer frente a la responsabilidad civil, cumpla con las prohibiciones de acercamiento y comunicación y participe en un programa formativo de igualdad de trato y no discriminación.

La plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Getxo (Bizkaia) ha dictado un auto en el que acuerda la apertura de juicio oral en la Audiencia Provincial de Bizkaia, que contará con un tribunal de Jurado, a cinco personas por el caso de la muerte de un varón cuyo cadáver fue encontrado descuartizado el 19 de agosto de 2023 en el interior de dos maletas quemadas en un antiguo restaurante en el monte Artxanda, en Bilbao.

Según recoge el auto, a principios del mes de agosto de 2023, el fallecido contactó con una de las acusadas, con quien mantenía una relación de amistad después de haber sido pareja, para pedirle un lugar en el que vivir. Así, la víctima llegó a convivir con esta mujer que era su expareja, otra mujer y tres hombres más en un piso en el que pagaba 300 euros por una habitación. En ese piso vivió desde el 2 de agosto y pagaba el alquiler a uno de los inquilinos.

Desde el 2 de agosto hasta el 17 de agosto, la víctima, según los hechos recogidos en el auto, mantuvo “una relación cordial con sus compañeros de piso”. Sin embargo, el 17 de agosto 2023, “a una hora indeterminada, pero, en todo caso, cuando ya había anochecido”, mientras el fallecido se encontraba en su habitación, su expareja, “al igual que lo hiciera en múltiples ocasiones anteriores, procedió a pedirle dinero”, y al negarse, se inició una discusión entre ellos, “de modo que en el transcurso de la discusión y harto ya de las solicitudes económicas, la insultó”. Tal discusión y las expresiones que había proferido la víctima dieron lugar a que los otros dos varones residentes en la vivienda “reaccionaran con gran agresividad, propinando una fuerte paliza” al fallecido, “en el seno de la cual ambos le dieron múltiples puñetazos en el lateral y zona frontal de la cabeza, lo que le provocó un traumatismo craneoencefálico que le llevaría posteriormente a la muerte”, recoge el auto.

Tras la agresión y habiendo apaleado a la víctima, ambos varones “abandonaron la vivienda”, dejando al fallecido “malherido en el interior de su habitación, quedando sin posibilidad alguna de supervivencia, salvo asistencia y/o ayuda sanitaria inmediata y urgente, que no llegó, al no ser requerida por ninguno de los presentes”. La expareja y otro de los inquilinos, también acusados, “que habían presenciado la agresión, ni mediaron, ni impidieron la misma, ni solicitaron posterior asistencia sanitaria urgente una vez que había cesado la agresión” y los presuntos autores se habían ido, “y ello a pesar de que escuchaban a la víctima respirar con dificultad, por lo que eran conscientes y podían hacerse una idea cabal de la grave situación en la que se encontraba”.

Según los hechos recogidos en el auto, “lejos de pedir ayuda a terceras personas”, la expareja solicitó a los presuntos agresores que “regresaran a la casa y se hicieran cargo” del fallecido. En ese momento, tanto la expareja como otro de los acusados decidieron abandonar la vivienda “en plena noche, regresando a la misma una vez que el cuerpo sin vida había sido ya evacuado del lugar de los hechos”. La mujer que mantuvo una relación afectiva con la víctima “procedió a limpiar a conciencia la casa para eliminar cualquier rastro de pelea y de vestigios biológicos que permitieran incriminar” a los presuntos agresores, mientras que la otra mujer acusada, según el relato de los hechos, “tuvo conocimiento suficiente de lo ocurrido, sin que, tampoco auxiliara ni directa, ni indirectamente” a la víctima.

Sobre las 1.00 horas de la madrugada del 19 agosto 2023, los presuntos agresores accedieron al interior del vehículo de uno de ellos, “tras haber introducido en el maletero de dicho vehículo el cadáver” del fallecido, a quien previamente “habían descuartizado en un lugar no concretado”. Según los hechos que recoge el auto, las partes del cuerpo cuarteado del fallecido “habían sido encajadas en dos maletas propiedad de la propia víctima junto con enseres personales del mismo”. Tras comprar en una gasolinera gasolina de 95 octanos, se dirigieron al Restaurante Miramar, en Artxanda, “entre ambos descendieron las maletas en las que se encontraba el cuerpo sin vida y depositándolas en la planta baja del restaurante, les prendieron fuego con la intención de imposibilitar la identificación de la víctima”. A las 5.10 horas del día 19 de agosto de 2023, una persona descubrió el cuerpo de la víctima en el interior del Restaurante Miramar, y llamó a emergencias.

El magistrado considera que de las actuaciones practicadas en fase de instrucción se desprende la existencia de indicios razonables de delito frente a los cinco acusados. En concreto, entiende que los hechos investigados son constitutivos, sin perjuicio de la valoración que corresponda realizar en el acto del juicio, de un delito de homicidio atribuible a dos de los varones acusados y un delito de omisión del deber de socorro y encubrimiento en el caso de los otros tres acusados, dos mujeres y un hombre.

En el auto, el magistrado rechaza las peticiones de sobreseimiento formuladas por la defensa de estos tres últimos acusados y considera que existen elementos indiciarios que apuntan a que no socorrieron a la víctima y que trataron de ocultar lo sucedido. Además, fija que los hechos sean enjuiciados por un Tribunal del Jurado en la Audiencia Provincial de Bizkaia. El auto, fechado este 13 de julio, no es recurrible.

El hombre acusado de tentativa de asesinato tras supuestamente prender fuego a su expareja en septiembre de 2024 en Vigo ha declarado que “no recuerda” lo ocurrido aunque ha dicho que posteriormente “se arrepintió” al darse cuenta de que había hecho “algo malo” y llamó a su primo para entregarse a la Policía.

Así lo ha señalado, según recoge Europa Press, durante la vista celebrada este martes en la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, donde el varón, que se enfrenta a casi 22 años de cárcel, ha explicado que el día anterior había coincidido con la víctima en una cafetería, aunque “no habló” con ella “ni se acercó” a la joven.

No obstante, esa noche habría consumido alcohol y otras drogas como cocaína y pastillas, durmiendo solo tres horas. A preguntas de su abogada, ya que no respondió las cuestiones del resto de partes, el procesado ha asegurado que no recuerda qué hizo al levantarse (ya que los hechos habrían ocurrido sobre las 08.00 horas) ni recuerda haber ido a casa de la mujer ni haber estado con ella.

Pese a ello, posteriormente esa mañana habría ido a un bar, donde habría llamado a su primo para entregarse debido a que se dio cuenta de que había hecho “algo malo”. Preguntado sobre si se arrepintió en ese momento al tener conocimiento de lo ocurrido, el hombre confesó que “sí”.

Antes, relató cómo había sido la relación sentimental “tóxica” con la víctima, porque ella era “muy posesiva y celosa”, según ha dicho el varón. Ambos residían en una vivienda de la familia de él, abandonándola ella cuando tenían discusiones, pero reivindicando que era ella la que se iba y que él no la echaba ni la iba a buscar después.

El acusado indicó también que era consumidor de drogas como cocaína, heroína o alcohol desde los 14 años. Además, estaba en tratamiento psiquiátrico, aunque no acudía a todas las citas médicas. Según su relato, estuvo incluso ingresado en un centro de desintoxicación durante un mes y en “dos o tres” ocasiones trató de atentar contra su propia vida.

Apagó las llamas con una manguera

Tras él, fue el turno de la declaración de la víctima, que lo hizo a puerta cerrada. Al acabar, varios amigos y familiares de la joven acudieron como testigos a la vista, relatando que se encontraron a la mujer con gran parte de su piel quemada en la entrada de su casa.

En concreto, el sobrino de la víctima fue el primero en encontrarse a su tía junto a una manguera tratando de apagar las llamas. Él, según ha indicado en la vista, estaba durmiendo y se despertó con los gritos, saliendo por la ventana al ver a la joven pidiendo ayuda. Así, volvió a meterse en la casa para avisar a sus padres (la madre del sobrino es hermana de la joven).

Precisamente la hermana también declaró que al ver a la joven así, cogió el coche y la llevó al hospital directamente, debido a que se encuentra a menos de un kilómetro de la vivienda familiar. Ella ha dicho que la víctima, debido a su mal estado, le dijo: “Me mató”. También ha apostillado que el pronóstico era muy grave, y que los médicos le dijeron que quizá no podría superar aquellas quemaduras.

Ella ha explicado que a día de hoy, casi dos años después, la mujer casi no sale de casa debido a las grandes secuelas que tiene y a los problemas psicológicos que le ha provocado la situación vivida.

Hechos

Los hechos habrían ocurrido en septiembre de 2024. Según el escrito de acusación de Fiscalía, el varón es autor de un delito de lesión psíquica, un delito de acoso y un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento en grado de tentativa, y solicita, respectivamente, las penas de 5 años, 2 años y 14 años, 11 meses y 29 días de prisión por cada uno de los delitos, además del pago de una indemnización a la víctima de más de 670.000 euros por las secuelas.

En su escrito, Fiscalía expone que víctima y acusado comenzaron una relación sentimental cuando ella tenía 22 años y él 34, residiendo ambos en el mismo domicilio de Vincios, en Gondomar (Pontevedra), al menos durante los fines de semana.

Durante la relación hubo discusiones, debido a que ella asumía tanto la carga económica del hogar como el cuidado de la casa, al contar con mayor estabilidad laboral que él. “Durante la convivencia, él la menospreciaba de forma habitual con expresiones del tipo 'eres retrasada, mongólica, cerda, vaga', y para resolver la discusión el procesado optaba por echarla de casa”, indica la Fiscalía, que señala que, después de echarla, el acusado le pedía que volviera.

La relación terminó cuando ella decidió poner un final definitivo en mayo de 2024. No obstante, el procesado “buscó a partir de ese momento la atención, acercamiento y/o proximidad con ella con el propósito de recuperarla (como había hecho a lo largo de toda la relación en los momentos en los que se producían las rupturas temporales de la pareja)”.

“Te vas a enterar”

Para ello, solicitó su amistad a través de diversos perfiles en redes sociales, se presentó en el local en el que ella trabajaba o en cafeterías donde ella estaba, hasta que el 14 de septiembre acudió a la casa familiar en la que ella residía, en la parroquia viguesa de Valladares, e intentó quemarla viva.

Según el escrito de acusación, ese día la esperó a las 08.00 horas hasta que salió de la vivienda y la agarró por la coleta por la espalda y le dijo “ven aquí que ahora te vas a enterar”.

La víctima comenzó a mover su cuerpo para deshacerse de él, mientras él la seguía agarrando por la coleta, le propinaba varios rodillazos en la cara y le decía “para quieta”, para reducir de esta forma, más aún, sus posibilidades de defensa.

“A continuación, una vez que el procesado consiguió impregnarla de gasolina, la empujó, ella cayó al suelo, y él le dijo 'adiós', encendió un mechero y le prendió fuego, consciente de que, de esta forma, causaría a quien había sido su pareja sentimental un terrible sufrimiento, aumentando de forma deliberada e innecesaria los padecimientos tanto físicos como psíquicos que tendría y que tenían el claro y único propósito de acabar con la vida de ella”, recoge Fiscalía.

Finalmente, ella pudo coger una manguera y mojarse todo el cuerpo, solicitando ayuda a su sobrino y a su hermana, que la llevó al hospital, sufriendo quemaduras de segundo y tercer grado en gran parte de su cuerpo.

La Audiencia Provincial de La Rioja ha condenado a cuatro años de prisión al acusado de intentar matar con un hacha a un compañero de trabajo tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía. El procesado, que permanece en prisión provisional, ha reconocido los hechos y aceptado la pena impuesta, inferior a los nueve años de prisión que el Ministerio Fiscal solicitaba inicialmente por un delito de homicidio en grado de tentativa.

La sentencia impone además al condenado la prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 150 metros y de comunicarse con ella por cualquier medio durante seis años. Asimismo, deberá abonar al Servicio Riojano de Salud el coste de la asistencia sanitaria prestada al perjudicado.

La víctima, que compareció en el acto del juicio, renunció expresamente a percibir la indemnización de 10.975 euros que la Fiscalía había solicitado por las lesiones, las secuelas y los daños morales derivados de la agresión.

Todo ocurrió al finalizar la jornada laboral

Los hechos ocurrieron el 20 de septiembre de 2024, cuando varios trabajadores finalizaban su jornada laboral y se disponían a regresar a sus domicilios en un mismo vehículo. Durante el trayecto, el acusado realizó comentarios despectivos hacia las personas de origen andaluz, afirmando que “todos los andaluces y malagueños eran mala gente”. Después de que uno de sus compañeros, natural de Andalucía, le respondiera que no todos eran iguales, ambos iniciaron una discusión.

En el transcurso del enfrentamiento, el acusado se dirigió a una caseta de la nave, cogió un hacha y se acercó a su compañero, que ya había descendido del vehículo. Tras amenazarle con la expresión “te voy a matar”, le asestó un golpe en la cabeza que impactó en la región lateral-occipital. Posteriormente, ambos regresaron al vehículo y se desplazaron al Hospital de Calahorra para que el herido recibiera asistencia médica.

Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió una herida en la cabeza que requirió tratamiento médico-quirúrgico mediante 15 puntos de sutura y permaneció 15 días en situación de perjuicio moderado.

Además, le ha quedado como secuela una cicatriz permanente en la región parieto-occipital, valorada con un perjuicio estético de tres puntos, así como el perjuicio personal derivado de la intervención quirúrgica practicada.

Mauricio Anglés, uno de los hermanos de Antonio Anglés, desaparecido y acusado del triple asesinato de las niñas de Alcàsser, ha negado haber secuestrado y torturado a otro hombre en noviembre de 2021 junto a otras personas más: “Esa tarde fui a la bolera y luego a una discoteca”, ha defendido.

Así se ha pronunciado Mauricio, que hace años cambió su identidad, en el juicio que se sigue contra él y otras cinco personas más. Fiscalía reclama 27 años de prisión al atribuirles los delitos de secuestro con la agravante de alevosía, y los delitos de lesiones, amenazas, robo con violencia, daños y pertenencia a grupo criminal. Hay un séptimo acusado en el procedimiento que se enfrenta a seis meses de prisión y reconoció al inicio de juicio, hace ya dos semanas, que fue receptor de uno de los vehículos utilizados en el secuestro pero negó que supiera su titularidad o procedencia.

Tras concluir esa primera jornada de juicio, el hermano de Anglés atendió a los periodistas a las puertas de la Ciudad de la Justicia y declaró que era “inocente”. “Me siento muy positivo, como tenía que pasar todo. Si uno es inocente y está en otro sitio, hay cámaras, testigos, y uno está tranquilo”, aseveró hace dos semanas.

Hoy le ha tocado declarar en la Audiencia, donde ha mantenido que no participó en el secuestro a un hombre el 29 de noviembre de 2021. La víctima, que declaró el primer día, relató: “Me pegaron durante dos horas, me hicieron un corte en la oreja, me amenazaban con secuestrar a mi mujer y a mi hijo y me quemaron la espalda con unas brasas”. Todo ello mientras le pedían dinero, hasta 150.000 euros.

El hermano de Anglés, quien únicamente ha respondido a las preguntas de su abogado --igual que el resto de acusados--, ha negado cualquier relación con estos hechos. Ha explicado que conocía a la víctima desde hacía años puesto que era amigo de su hermano pequeño, pero ha matizado que no tenía relación con ella.

El 29 de noviembre, ha dicho, se fue a Valencia después de ducharse, sobre las 15.30 y las 16 horas, y estuvo allí con unos amigos. A las 19.30 horas se marchó a la bolera de la Avenida del Puerto y de ahí se fueron a cenar algo. Posteriormente, sobre las 23.30 horas, acudieron a una discoteca, donde tenían dos mesas reservadas. Estuvieron allí hasta las 4 o las 5, cuando “se montó una trifulca e intenté separar como pude. Empezaron con golpes”, ha narrado.

También ha comentado que con la víctima sí tuvo una conversación en relación a unos terrenos pero en febrero de 2022, no tres semanas antes del día 29, pese a lo que manifestó la víctima en la Audiencia.

El resto de acusados también han negado su implicación en el secuestro. Algunos de ellos han afirmado que se conocían entre ellos del pueblo o de pequeños, pero han negado que el día 29 torturasen a la víctima. También se han desvinculado de diferentes teléfonos móviles cuya geolocalización coincide el día de los hechos donde tuvieron lugar las torturas.

Un acusado ha afirmado que se cruzó en coche con la víctima el día 29 y ha narrado que luego fue a una cuadra a Albal porque tenían que enseñar un caballo. Una vez allí, él y su hermano se volvieron al pueblo y dejaron en el lugar a varias personas. “Nos fuimos a casa, nos cambiamos, cogimos la ropa de deporte y nos marchamos al polideportivo de Catarroja. Luego me fui a cenar a Torrent”, ha descrito. “No tengo nada que ver con ellos”, ha dicho otro acusado.

La víctima, durante el juicio, narró que fue embestido mientras iba a su chalet de Monserrat (Valencia), le metieron en una furgoneta blanca, en la que le pegaron, y le llevaron a una cuadra o nave, en un camino de Catarroja, donde le torturaron mientras le pedían dinero.

El Ministerio Fiscal pide nueve años de cárcel para un hombre de 58 años, por un delito de homicidio en grado de tentativa al intentar matar con un hacha a otro que le recriminó el uso despectivo de términos para dirigirse a los andaluces. Le pide una indemnización de 10.975 euros por las lesiones, secuelas y daños morales, así como un alejamiento de la víctima de 10 años.

El juicio se desarrollará este martes 14 de julio, a las 10,00 horas, en la Audiencia Provincial de La Rioja. El escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, narra unos hechos que se produjeron el 20 de septiembre de 2024, a las 16 horas, al finalizar ambos, acusado y víctima, su trabajo en unas bodegas de Calahorra.

Una vez concluido su trabajo se subieron en un vehículo, y el acusado comenzó a realizar manifestaciones despectivas hacia las personas de origen andaluz, afirmando que: “todos los andaluces y malagueños eran mala gente”. Ante ello, la víctima respondió que él era andaluz y malagueño y que todos no eran iguales. A raíz de ello se inició una discusión entre ambos.

En el transcurso de la misma, el acusado se dirigió a una caseta situada en la nave, de donde cogió un hacha, y, acto seguido se dirigió a la víctima, quien ya había bajado del vehículo. En ese momento, el acusado, actuando con ánimo de acabar con la vida de éste, alzando el brazo con el hacha en actitud amenazante, se dirigió a él diciéndole “te voy a matar”, sin llegar a golpearlo. Ante ello, la víctima, empuñando unas tijeras que llevaba para el desarrollo de su trabajo, le dijo: “me vas a dar, pues venga, estoy a tu merced”, momento en el que el acusado le asestó un golpe con el hacha en la cabeza, impactando en la zona lateral/occipital.

Acto seguido, se subieron nuevamente al vehículo y se dirigieron al hospital de Calahorra, donde a las 16,19 horas se bajó la víctima para ser atendido, dirigiéndose el resto de ocupantes a realizar la compra a un supermercado.

Como consecuencia de estos hechos, el perjudicado sufrió lesiones consistentes en lesión parietal, levemente curvada que se origina en borde superior de pabellón auricular de seis centímetros de longitud, que presenta sutura. Tales heridas requirieron para su curación tratamiento médico-quirúrgico consistente en quince puntos de sutura y analgesia, necesitando para su sanación quince días de perjuicio moderado.

Como secuelas presenta cicatriz de cinco-seis centímetros en región parieto-occipital derecha, que quedará cubierta por cabello valorado como un perjuicio estético de tres puntos. Además, tuvo un perjuicio personal particular por intervención quirúrgica consistente en sutura de la herida con anestesia local.

El acusado ingresó en prisión provisional por esta causa mediante auto de fecha 23 de septiembre de 2024.

Para el fiscal, estos hechos constituyen un delito de homicidio en grado de tentativa por el que pide al acusado nueve años de prisión, diez años de alejamiento de la víctima a 1.000 metros, y 10.975 euros de indemnización.

El fiscal pide tres años y medio de cárcel para una mujer por un delito contra la salud pública en modalidad de sustancia que causa grave daño a la Salud. La mujer era reclusa de la prisión de Logroño cuando al ser cacheada le fue encontrada droga con la que quería traficar en el centro penitenciario. Le reclaman también 79 euros de multa.

El juicio se desarrolla este lunes, 13 de julio, a las 12,15 horas, en la Audiencia Provincial, si bien antes se enfrenta a una 'vistilla' - para ver si se puede llegar a un acuerdo de conformidad, que en caso de no ser así derivaría en señalamiento de juicio-.

El escrito al que ha tenido acceso Europa Press narra unos hechos que sucedieron el 5 de marzo de 2025. Ese día, a las 16,00 horas, funcionarios de prisiones entraron en la celda del módulo dos en la que se encontraba la acusada con la finalidad de cachearle, ante las sospechas de poseer sustancias estupefacientes.

Allí le intervinieron un papel de plata con una sustancia, que la acusada estaba manipulando y que tenía con la intención de proporcionársela a terceras personas. Tras su análisis en el Laboratorio la sustancia intervenida, resultó ser 0,09 gramos netos de cocaína con una pureza del 90,3 por ciento, que hubiera alcanzado en el mercado ilícito el valor de 26,29 euros.

Para el fiscal estos hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública en modalidad de sustancia que causa grave daño a la Salud por el que le pide tres años y medio de cárcel, así como una multa de 79 euros.

El Ministerio Fiscal pide tres años y medio de cárcel para una mujer de 67 años, por un delito tráfico de drogas al llevar cocaína y heroína a su hijo a la prisión de Logroño. Además, le exige una multa de 1.000 euros.

Los hechos, a los que ha tenido acceso Europa Press, se juzgarán este lunes 13 de julio, a las 11,15 horas, si bien se desarrollará previamente una 'vistilla' para ver si se puede llegar a un acuerdo de conformidad, que en caso de no ser así derivaría en señalamiento de juicio.

Se juzga como la acusada el 21 de febrero de 2025 acudió a Centro Penitenciario de Logroño para visitar en régimen de 'comunicación especial' a su hijo interno, portando de forma consciente y voluntaria diversas sustancias para entregarlas al mismo, que tras ser analizadas resultaron ser cocaína, heroína y pasta de cannabis.

El precio medio en el mercado ilícito de un gramo de cocaína era de 60 euros el gramo, un gramo de hachís era de 6,82 y un gramo de heroína era de 58,35 euros el total intervenido valorado en venta por kilogramos asciende a 485,69 euros.

Para el fiscal la acusada, es responsable en concepto de autora de un delito de tráfico de drogas (sustancia que causa grave daño a la salud), por el que le pide tres años y medio de cárcel y una multa de 1.000 euros.

La Audiencia Provincial de La Rioja ha condenado a cuatro años de prisión y al pago de una multa de 4.000 euros a un hombre como autor de un delito contra la salud pública por transportar 85,13 gramos de MDMA, sustancia que causa grave daño a la salud, con destino al tráfico de drogas.

Los hechos probados recogen que, sobre las 20,10 horas del 28 de octubre de 2021, el acusado fue interceptado por agentes de la Policía Local de Logroño después de abandonar apresuradamente en patinete el lugar en el que se encontraba al advertir la presencia policial. En el registro superficial practicado por los agentes se le intervino una bolsa envasada al vacío que contenía cinco piedras de MDMA, con un peso neto de 85,13 gramos y una pureza del 77,2 por ciento, cuyo valor en el mercado ilícito ascendía a 3.711,66 euros.

La Sala considera acreditado que transportaba la sustancia para depositarla en un punto oculto de un parque con el fin de facilitar posteriormente su venta ilegal. La resolución fundamenta la condena en la valoración conjunta de la prueba practicada durante el juicio, como las declaraciones de los agentes de la Policía Local, el reconocimiento del acusado de que portaba la droga y la prueba pericial sobre la naturaleza, pureza y valor de la sustancia intervenida.

El tribunal otorga plena credibilidad al testimonio de los policías por su coherencia, objetividad y precisión, frente a la versión del acusado, quien sostuvo que la droga era para consumo propio. La Audiencia descarta esa explicación al considerar que la cantidad de MDMA incautada supera ampliamente el acopio compatible con el autoconsumo.

La sentencia recuerda que la dosis habitual de aprovisionamiento para entre tres y cinco días se sitúa en torno a 2,4 gramos, mientras que la sustancia intervenida permitiría abastecer durante un periodo muy superior. Además, destaca que el acusado no era consumidor habitual de MDMA, sino únicamente de cannabis, circunstancia que impide justificar una mayor tolerancia o necesidades de consumo.

La Sala también subraya que la droga estaba envasada al vacío en un único paquete y que el propio acusado manifestó espontáneamente a los agentes que debía dejarla oculta junto a un seto de un parque. Junto con su intento de alejarse al advertir la presencia policial, estos elementos constituyen, a juicio del tribunal, un conjunto de indicios sólidos y convergentes que permiten concluir que la sustancia estaba destinada al tráfico y no al consumo personal.

La sentencia recuerda la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la prueba indiciaria y señala que la hipótesis alternativa planteada por la defensa carece de una plausibilidad suficiente para desvirtuar la inferencia incriminatoria.

En cuanto a la pena, la Audiencia aprecia la atenuante de dilaciones indebidas, al considerar que durante la tramitación de la causa se produjeron dos periodos de paralización procesal relevantes. Esa circunstancia justifica la reducción de la pena inicialmente solicitada por la Fiscalía, fijándose finalmente en cuatro años de prisión y una multa de 4.000 euros. La Fiscalía solicitaba en sus conclusiones provisiones cuatro años y 6 meses de prisión y 9.000 euros de multa.

Una de las grandes causas judiciales por corrupción que arrastraba el Ayuntamiento de Arrecife (Lanzarote) ha terminado. El 30 de junio la Audiencia Provincial de Las Palmas emitió la sentencia de la última pieza del caso Montecarlo, que investigaba irregularidades en las contrataciones públicas a la empresa Tunera Producciones S.L. por parte del ayuntamiento capitalino entre 2009 y 2012. De los once acusados, entre los que había altos cargos públicos, un empresario y técnicos municipales, solo ha sido condenado uno: el exinterventor Carlos Sáenz, que confesó durante el juicio.

El caso Montecarlo se originó tras una denuncia anónima en Fiscalía en 2012 y se dividió en seis piezas: cuatro en Arrecife, una en San Bartolomé y otra en La Oliva (Fuerteventura). Todas ellas tienen como protagonista al exinterventor. En esta última pieza, Carlos Sáenz ha sido condenado como ''cooperador necesario'' criminalmente responsable de un delito continuado de prevaricación administrativa y un delito continuado de fraude a la administración.

El fallo le impone una pena de un año de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público y el pago de las costas, pero le absuelve de los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil. Para atenuar su condena, el tribunal ha tenido en cuenta tanto su confesión ''tardía'' como las dilaciones indebidas de la causa, cuya instrucción comenzó en 2012. Con esta, el exinterventor arrastra cinco condenas en el caso Montecarlo por irregularidades en el desempeño de sus funciones no solo en Arrecife, sino también en San Bartolomé y en La Oliva.

Por el contrario, el Tribunal ha absuelto al empresario Eduardo Ferrer, a los exconcejales Eduardo Lasso (PIL), Isabel Martinón (PNL), Lorenzo Lemaur (PP) y Víctor San Ginés (PSOE), al exasesor Blas Cedrés, y a los dos técnicos José Nieves y Miguel Ángel Leal. También ha sido absuelto el exalcalde de la capital José Montelongo, que en la actualidad es responsable de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias de la Consejería de Sanidad.

Hechos probados

En los hechos probados de la sentencia se recoge que entre 2009 y 2012, el Ayuntamiento de Arrecife pagó a Tunera Producciones S.L., administrada por el acusado Eduardo Ferrer Santana, más de 3 millones de euros. “Infringiendo igualmente las reglas básicas de contratación administrativa y con pleno conocimiento de ello por parte del interventor municipal”, la corporación municipal abonó a la empresa múltiples facturas correspondientes, entre otros eventos, a las Fiestas de San Ginés de 2010, a un concierto de Alejandro Sanz, al Carnaval 2010 o al Festival Malpaís. Sin embargo, según la sentencia, “no consta acreditado” que el empresario “tuviera conocimiento de las irregularidades de las contrataciones y del pago de las mismas”.

En este mismo periodo, Tunera Producciones S.L. recibió del Ayuntamiento de Arrecife 93.922,50 euros de acuerdo con tres facturas “con las que se pretendía dar la apariencia de una contratación legal”, sin que se hubiera tramitado ningún expediente de contratación que lo amparara. El cobro se dio en el marco del ''Proyecto de Apoyo al desarrollo de las acciones y programas de la Concejalía de Barrios del Ayuntamiento de Arrecife para estudio y contratación del mismo''.

La primera factura se emitió el 17 de diciembre de 2010 por importe de 63.000 euros bajo el concepto “Estudio y conclusiones del Proyecto de Apoyo al desarrollo de las acciones y programas de los Centros socioculturales de Arrecife”. Fue elaborada por el acusado Miguel Ángel Leal Cedrés, técnico municipal, y el entonces alcalde, Candido Reguera, sobre el que se dictó en 2015 auto de sobreseimiento libre por fallecimiento. Fue la concejala de Hacienda, la acusada Isabel Martinón, la que ordenó el pago de la factura, pero “no consta que tuviera conocimiento de su arbitraria forma de adjudicación”.

La segunda factura data del 12 de enero de 2011 por un importe de 15.461,25 euros bajo el concepto “50% del Proyecto de apoyo y desarrollo de las acciones y programas de la Concejalía de Barrios” y fue elaborada por los acusados Miguel Ángel Leal Cedrés y Lorenzo Lemaur, concejal de Cultura. El pago también lo ordenó Martinón.

La tercera se emitió el 12 de mayo de 2011 por el mismo importe que la anterior y la conformaron los acusados Blas Cedrés Mesa, técnico municipal, y Lorenzo Lemaur. Las dos últimas facturas “se emitieron de forma fraccionada para simular su lícita adjudicación directa”.

Según los hechos probados, no consta ni que las personas que participaron en la elaboración y pago de las facturas tuvieran conocimiento de su ''arbitraria forma de contratación'', ni queda probado que los servicios a los que se refieren “no fueran efectivamente ejecutados” por Tunera Producciones S.L.

Contrataciones verbales y facturas fraccionadas

La sentencia establece que lo único que ha quedado razonablemente acreditado es la ''efectiva y continuada contratación irregular por parte del Ayuntamiento de Arrecife con la entidad mercantil Tunera Producciones S.L.''. Unas veces, reza el documento, estas contrataciones se ejecutaron de forma “directa, verbal y sin expediente de contratación alguno” para la contratación de servicios por importes superiores a los 18.000 euros que establece la ley para la adjudicación directa de servicios.

En otras ocasiones, los pagos se cristalizaron mediante el fraccionamiento de facturas totales por cantidades inferiores al límite de los 18.000 euros ''para dar una apariencia de legalidad que no se corresponde con la realidad''.

Sobre el empresario, la sentencia reconoce que puede resultar ''inicialmente sospechoso'' que un proveedor ordinario del Ayuntamiento de Arrecife por contrataciones de servicios por importes muy considerables económicamente “no tuviera conocimiento suficiente de la normativa de contratación” ni de las ''notables irregularidades'' de las adjudicaciones verbales. Sin embargo, subraya que no ha quedado probado que Ferrer tuviera conocimiento de las irregularidades.

En este punto, la sentencia destaca ''el singular contexto'' en el que se desarrollaron los hechos. ''Todo apunta a que este tipo de contrataciones irregulares y groseramente contrarias a la normativa administrativa [...] eran práctica de lo más habitual, institucionalizada y ordinaria en el Ayuntamiento de Arrecife desde tiempo atrás con otros empresarios''.

Para resumir el papel del empresario, el magistrado parafrasea la letra de una canción de Fito y Fitipaldis, Siempre estoy soñando. ''Es nuestro parecer que la imputación contra el empresario adjudicatario, y ya adelantamos que también contra los otros acusados, ''no ha perdido la razón y tampoco la ha encontrado'' para sostener esa consciencia respecto de la ilegalidad de la contratación que conduzca inexorablemente a la condena“.

La Secció Primera de l'Audiència Provincial de les Balears celebra aquest dijous (09.30 hores) la vista prèvia del judici contra un agent de la Guàrdia Civil acusat d'aprofitar el seu càrrec per facilitar informació a un investigat per tràfic de drogues.

La Fiscalia demana que sigui condemnat a un any i vuit mesos de presó com a suposat autor d'un delicte d'encobriment i que sigui inhabilitat durant sis anys.

Els fets que es jutgen, segons l'escrit d'acusació, van ocórrer l'octubre del 2022 quan un investigat per tràfic de drogues va sol·licitar a l'acusat si un vehicle estava registrat com a cotxe de lloguer o si, per contra, no li constaven registres.

La representant del Ministeri Públic assenyala que l'agent va fer la consulta del vehicle a la base de dades, sense autorització ni justificació en l'àmbit de les seves funcions. Va utilitzar l'ID d'un company per evitar ser descobert i va facilitar la informació obtinguda.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Balears celebra este jueves (09.30 horas) la vista previa del juicio contra un agente de la Guardia Civil acusado de aprovechar su cargo para facilitar información a un investigado por tráfico de drogas.

La Fiscalía pide que sea condenado a un año y ocho meses de prisión como supuesto autor de un delito de encubrimiento y que sea inhabilitado durante seis años.

Los hechos que se juzgan, según el escrito de acusación, ocurrieron en octubre de 2022 cuando un investigado por tráfico de drogas solicitó al acusado si un vehículo estaba registrado como coche de alquiler o si, por el contrario, no le constaban registros.

La representante del Ministerio Público señala que el agente hizo la consulta del vehículo en la base de datos, sin autorización ni justificación en el ámbito de sus funciones. Utilizó el ID de un compañero para evitar ser descubierto y facilitó la información obtenida.

Este martes se han sentado en el banquillo de la Audiencia Provincial dos acusados de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico. Ambos han reconocido haber explotado una plantación de marihuana en Agoncillo y han aceptado una sentencia de conformidad.

Uno de los acusados ha sido condenado a 6 años y 10 meses de prisión y multa de 330.563 euros por el delito de tráfico de drogas. El segundo de los acusados ha aceptado 3 años y 10 meses de prisión y multa de 111.468 euros, también por tráfico de drogas. 

Por el delito de defraudación de fluido eléctrico han sido condenados cada uno de ellos a 1.800 euros de multa. Además, deberán satisfacer una responsabilidad civil solidaria de 13.775 euros a favor de la compañía eléctrica defraudada. La suspensión de la pena se analizará y resolverá en ejecución de sentencia.

Según el escrito del Fiscal, los condenados actuaron de común acuerdo para instalar y explotar una plantación de marihuana en el sótano de un chalet ubicado en una finca rústica de Agoncillo. Uno de ellos había suscrito un compromiso de compraventa de la finca y el otro, aprovechando sus conocimientos de electricidad, habría realizado un enganche ilegal a la red para suministrar energía a la instalación, equipada con sistemas de iluminación, ventilación, climatización y control ambiental destinados al cultivo intensivo de cannabis.

La investigación se inició tras una información recibida por la Policía Nacional sobre la existencia de la plantación. Después de varias vigilancias, los agentes solicitaron autorización judicial para registrar la finca. En la entrada y registro practicados el 17 de enero de 2025 fueron intervenidas 888 plantas de marihuana, además de abundante material empleado para el cultivo y procesado de la droga.

Durante el registro también se localizaron distintas sustancias estupefacientes que, según la Fiscalía, estaban destinadas a su distribución, entre ellas cannabis, anfetamina, heroína y MDMA, así como más de dos kilogramos y medio de silicato utilizado presuntamente como sustancia de corte para adulterar drogas. El valor de las sustancias intervenidas en el mercado ilícito asciende a 82.640,68 euros, de acuerdo con el escrito de acusación.

La Justicia ha condenado a veinte y más de nueve años de prisión a dos hombres por el asesinato del joven Lukas Agirre, de 24 años, en la madrugada del día de Navidad del año 2022. El crimen se produjo en los aledaños de una discoteca de Donostia, donde el joven había estado de celebración con sus amigos por la Nochebuena. La Justicia condena a uno de los hombres por un delito de asesinato con alevosía y le impone, además de los años de prisión, una libertad vigilada durante diez años adicionales. En el caso del segundo hombre, al concurrir una eximente de drogadicción y alteración psíquica, la pena, por asesinato con alevosía como cooperador necesario, es de nueve años y seis meses, con reducción de un grado. Se añaden también diez años de libertad vigilada.

Los dos condenados deberán también indemnizar a los padres del fallecido con 200.000 euros a cada uno y a los dos hermanos con 40.000 euros a cada uno, sumando un total de 480.000 euros. Un jurado popular ya declaró a los dos hombres culpables del asesinato, así como de encubrir los hechos a una tercera acusada. El fallo la condena a catorce meses de prisión, pues concurre una atenuante de toxicomanía. Al ser una pena inferior a dos años, podrá evitar la entrada efectiva en prisión. La Fiscalía solicitaba 22 años de cárcel para cada uno de los dos acusados de asesinato. Las acusaciones particulares, por su parte, elevaban la solicitud hasta los 25 años. Las defensas de los acusados, por su parte, pedían la absolución de todos ellos. Alegaban que existe un “grandísimo déficit probatorio” en torno al caso. Cabe contra la sentencia la interposición de un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Según el escrito confeccionado por el fiscal Julián Blanco, los hechos sucedieron cuando la discoteca en la que se encontraban los involucrados ya había cerrado sus puertas. La víctima estaba “disfrutando en compañía de sus amigos de la festividad navideña”, indicaba ese texto. Relataba luego que la tensión surgió a raíz de un “encontronazo” y que uno de los acusados, “guiado por la finalidad de amedrentar a los presentes”, se dirigió al grupo con amenazas como e intentó propinar varios puñetazos a uno de los jóvenes.

Según este mismo escrito, uno de los acusados entregó al otro una navaja tipo mariposa que portaba. Aseveraba que quien cedió el arma actuaba “con pleno conocimiento” de que sería utilizada y “asumiendo el riesgo que ello implicaba para la vida y la integridad de los presentes”. Los grupos se separaron pero poco después estalló una nueva pelea. Fue entonces cuando, según la acusación pública, uno de los procesados aprovechó el tumulto para atacar a la víctima “guiado por el ánimo de acabar con [su] vida”. Describía la Fiscalía que le asestó dos navajazos. Tras el apuñalamiento, la Fiscalía sostenía que los dos acusados huyeron juntos del lugar y que la tercera acusada colaboró posteriormente para “frustrar la investigación”. En concreto, el ministerio público le atribuía haber encubierto que los dos principales acusados “habrían intercambiado sus zapatillas” y que también “se habrían deshecho de la navaja ocultándola en un contenedor”.

El juicio contra una mujer acusada de agredir a otra en la Glorieta de Logroño se ha conformado con una pena de 3 años y 6 meses de prisión así como con 10 años de prohibición de aproximarse a menos de 200 metros a la víctima y la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio. También ha sido condenada a indemnizarla con 6.658 euros en concepto de responsabilidad civil y a pagar los gastos ocasionados al SERIS, cuyo importe se determinará en la ejecución sentencia. La pena no ha sido suspendida porque la acusada se encuentra actualmente en prisión por otros hechos.

Así se ha saldado la sesión contra una mujer de 46 años, para quien el Fiscal solicitaba seis años de cárcel por un delito de lesiones con deformidad. La acusada ya había sido sentenciada anteriormente por delitos de lesiones.

Pelea en La Glorieta

Los hechos se produjeron a las 15,30 horas, del 4 de febrero de 2023. Ese día, la acusada inició una discusión con la víctima cuando ambas se encontraban en la Glorieta, cuando en un momento determinado y por causas desconocidas la acusada, con “ánimo de menoscabar la integridad física ajena”, se abalanzó sobre la víctima y le lanzó un cabezazo que le alcanzó en la boca.

Instantes después la consiguió tirar al suelo y continuó atacándola de multitud de formas distintas; mordiéndola en el antebrazo y muslo derecho, apretando con un dedo el ojo derecho con intención de arrancarlo, lanzándole multitud de puñetazos y patadas por diversas partes del cuerpo, entre ellas la cabeza, provocando que se chocara contra el suelo. Fruto de estas lesiones, la víctima tardó en curar 14 días, presentando una serie de secuelas físicas.

En el ámbito de este procedimiento, el Juzgado de Instrucción nº2 de Logroño dictó auto de fecha 05 de febrero de 2023, imponiendo a la acusada la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros de la mujer agredida, su domicilio, lugar de trabajo u otros que frecuente y la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio, directo o indirecto. Dichas sanciones estarán vigentes hasta que sean modificadas o dejadas sin efecto por resolución posterior.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha confirmado la condena a 13 años y 6 meses de prisión impuesta el pasado marzo por la Audiencia Provincial a un acusado que el 8 de julio de 2023, en plenos Sanfermines, violó a una joven de 15 años en Pamplona tras amenazarla con una navaja en el cuello en las murallas de la ciudad. 

En 2023, el agresor, que tenía entonces 18 años, y la víctima convivían en un centro de menores. El 6 de julio, los dos, junto con otros compañeros del centro y algunos educadores, acudieron al Chupinazo de los Sanfermines. Día que “tontearon” y “se liaron”, aunque ella ya le advirtió entonces que “no quería mantener relaciones sexuales completas”. El día 8 volvieron a salir en compañía de otro joven que había estado en el centro hasta mayo. Por la tarde asistieron a un concierto en la plaza de los Fueros. Entretanto, compraron una botella de pacharán, que se tomaron entre los dos chicos. Ella no bebió.

En un momento dado, el acusado dijo que quería ir al baño. Ella le acompañó. Pasaron de largo la estación de autobuses, a donde ella creía que iban. Él dijo que habría mucha cola en los baños, y la llevó hacia las murallas, a una zona apartada. Allí, según recoge la sentencia, el inculpado le dijo que quería tener relaciones sexuales, a lo que ella se negó. Él insistió. La tocó “por todo el cuerpo” y la agarró para que no se pudiera marchar. Sacó una navaja de la riñonera y se la colocó en el cuello a la adolescente. Le espetó que, si gritaba, se lo rajaba. Entonces, la violó.

Cuando el encausado se marchó, la víctima se quedó allí un rato en estado de shock. De regreso al centro, recibió un mensaje del inculpado en el que la amenazaba para que no contara lo ocurrido. En una de sus respuestas, la víctima le contestó: “Déjame en paz […]. Me has jodido la vida. Espero que te quedes Agusto [sic] después de lo que me has hecho”. Una semana más tarde, el día 15, el condenado le escribió otra vez para indagar si había “contado algo” y volvió a amenazarla.

El agresor se marchó del centro a principios del mes de agosto. En octubre, la víctima relató a su terapeuta la agresión sexual sufrida. Pusieron los hechos en conocimiento de la coordinadora del centro, quien los comunicó a la fiscalía e interpuso denuncia ante la Policía Foral.

Según recoge la sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, el inculpado no podrá comunicarse ni acercarse a la denunciante a menos de 500 metros durante 16 años. Además de cumplir una medida de libertad vigilada y deberá ejecutar con posterioridad a la pena privativa de libertad, de otros 9 años. En concepto de responsabilidad civil, indemnizará a la joven con 25.000 euros por el daño moral.

Un testimonio “persistente y carente de contradicciones”

La sentencia condenatoria dictada por la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra fue recurrida por la defensa ante el Tribunal Superior, que ha desestimado íntegramente el recurso.

Al respecto, el Tribunal considera que el testimonio de la denunciante reúne todos los requisitos que exige la jurisprudencia para servir como prueba de cargo para desvirtuar la presunción de inocencia del procesado. “Esta sala, visionada la grabación de su declaración, comparte el criterio de la sala de instancia acerca de su verosimilitud, estimando que dicho testimonio resulta ser creíble, verosímil, fiable y coherente, apreciando la sala sinceridad en la forma de expresarse la misma y narrar los hechos imputados”, apostilla.

Asimismo, los magistrados destacan la existencia de elementos que sustentan la versión de la víctima, entre ellos los mencionados mensajes, cuyo contenido juzgan “perfectamente acorde con la versión mantenida por la denunciante y corroborador de la realidad de la misma, sin que la versión ofrecida por el acusado constituya explicación razonable de ese contenido de las comunicaciones”.

Por lo que atañe a la persistencia en la incriminación, agrega la Sala, el testimonio de la denunciante fue persistente y carente de contradicciones, sin que se aprecien reticencias, inexactitudes ni modificaciones, en lo fundamental. “La misma narró los citados hechos que afirma que le sucedieron en la forma recogida, esencialmente, en la sentencia de instancia, lo que mantuvo en todo momento, desde que los narró a la terapeuta y a la directora del centro en el que residía, lo que igualmente manifestó en su denuncia, en el juzgado de instrucción y, últimamente, reiteró en el acto del juicio”, remarcan los jueces.

El Ministerio Fiscal pide ocho años de cárcel para una persona y otros ocho para otro acusado por un delito contra la salud pública en modalidad de sustancia que no causa grave daño a la salud en cantidad de notoria importancia, y otro contra la salud pública en modalidad de sustancia que causa grave daño a la salud, al cultivar y traficar con droga en una finca de Agoncillo. Además, le reclama 330.563 euros de multa.

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, les declara responsable otro delito de defraudación de fluido eléctrico, por el que les solicita 3.600 euros. Ambos, cuentan, sobre todo uno de los acusados, con varias sentencias por hechos similares, mientras que en esta ocasión se sentarán en el banquillo el miércoles, 1 de julio, a las 09,30 horas, en la Audiencia Provincial de La Rioja.

Los hechos sucedieron a mediados de enero de 2025. En el relato de Fiscalía se refiere que un ciudadano informó a la Policía Nacional de la existencia de una gran plantación de las denominadas 'indoor' de marihuana, con una instalación eléctrica con sistemas de calefacción, iluminación y ventilación de entrada y salida de aire, oculta en tres habitaciones del sótano de una casa dentro de una finca sita en la Carretera de Zaragoza número 2 de la localidad de Agoncillo.

Se trataba de una finca rústica de grandes dimensiones a la entrada del pueblo, junto a la carretera Nacional 232, colindando por la parte trasera con otras fincas, vallada en todo su perímetro, y con existencia de medidas de seguridad con circuito de video vigilancia y cámaras de seguridad, existiendo en su interior un edificación chalet y otros tres construcciones más.

Por tal motivo, se iniciaron actuaciones de vigilancia sobre la referida finca por Agentes de la UDYCO, observando a uno de los acusados en la finca, y como acudía a la misma el otro para salir juntos realizando maniobras con medidas de seguridad con el propósito de evitar seguimientos.

Uno de ellos había formalizado un contrato privado de compromiso de compraventa de la referida finca a su propietario, y a su vez había propuesto al otro acusado la guarda de la finca, concertando entre ambos el cultivo de una plantación de marihuana con la finalidad de suministrar dicha sustancia estupefaciente a terceras personas. Para ello, uno de los acusados como electricista y con conocimientos de electricidad, procedió a realizar la instalación eléctrica acometiendo la entrada de la luz a la finca mediante un enganche exterior de forma fraudulenta.

En fecha 14 de enero de 2025, se solicitó por agentes de la UDYCO autorización judicial para la entrada y registro, dependencias y anexos de la finca. Tres días después, a las 07,30 horas, se procedió a efectuar por agentes de Policía Nacional Grupo UDYCO, de Policía Judicial de Jefatura de Policía de La Rioja y Letrado de la Administración de Justicia la entrada y registro finca, sus dependencias y anexos.

Más de 880 plantas de marihuana

En el interior se intervinieron, entre otros, 888 plantas de marihuana, 14 lámparas de sodio, así como otras 4 lámparas de sodio de otro modelo, 3 ventiladores cromados y un ventilador extractor, un termómetro digital, un aparato de aire acondicionado, un filtro de carbono, 11 transformadores de color negro, un trasformador de color plata, dos transformadores de color blanco, y en el exterior de la fachada una máquina de aire acondicionado.

En otra habitación, fueron encontradas 278 plantas en maceta de marihuana menores de metro y medio cogolladas maduras, 17 lámparas de sodio, un aparato de aire acondicionado o dos ventiladores cromados, mientras que en la tercera habitación fueron descubiertas 262 plantas de marihuana en maceta de metro y medio cogolladas maduras, 25 lámparas de sodio marca y dos ventiladores cromados. Las plantas de marihuana intervenidas tenían un peso en verde de 111,74 kilogramos.

En la primera planta del chalet, cocina /salón en el congelador de la nevera , una bolsa transparente, conteniendo en su interior más bolsas transparentes las cuales albergaban en su interior una sustancia blanca pastosa, 'Speed', que arrojó un peso bruto aproximado de 1959 gramos, una bolsita de color verde, conteniendo en su interior una sustancia blanca pastosa, al parecer 'Speed' con un peso bruto aproximado de 9.5 gramos. Estas sustancias los acusados las tenían para facilitarlas a terceras personas.

En el dormitorio utilizado por uno de ellos se localizó una bolsa de plástico con tres pastillas azules de éxtasis, un revolver y 34 cartuchos de calibre 38 especial y 21 cartuchos al parecer de fogueo. En una de las casetas de la finca, se intervinieron una bolsa negra contenido en su interior una sustancia en roca marrón, con un peso de 21,2 gramos de heroína, y otra bolsa negra contendiendo en su interior otras dos bolsas blancas de plástico con una sustancia blanca pulverulenta con un peso de 2653 gramos, si bien realizado el drogo test no reaccionó a ninguna droga.

El total del valor ilícito de las sustancias estupefacientes es de 82.640,68 euros. La luz de la finca y el contador se encontraba ilegal y fraudulentamente conectada y enganchada al fluido eléctrico, causando perjuicios a la Compañía eléctrica.

Para el Fiscal, de estos hechos considera responsables, en concepto de autores, a los acusados, constituyendo un delito contra la salud pública en modalidad de sustancia que no causa grave daño a la salud en cantidad de notoria importancia, y otro contra la salud pública en modalidad de sustancia que causa grave daño a la salud, al que se une, un tercero de defraudación de fluido eléctrico.

Les solicita ocho años de cárcel para cada uno, así como el pago de una multa de 330.563 euros de multa, además de otro por 3.600 euros por el enganche ilegal de electricidad.