La jueza Ana López-Suevos ha decretado la apertura de juicio oral contra la antigua cúpula del periódico El Correo Gallego. La magistrada imputa un delito continuado de alzamiento de bienes al exdirector, José Manuel Rey Novoa, el antiguo gerente, Ángel María Remesar Zabaleta, las parejas de ambos y el entramado de entidades nucleadas en torno a la editora del rotativo, Editoral Compostela. El escrito señala además a Rey Novoa y Remesar como autores de otro delito de apropiación indebida, lo que suma dos solicitudes de condena que alcanzan los siete años de cárcel. La indemnización total que se le reclama a la trama alcanza los 2,7 millones en una causa en la que se han presentado 17 denunciantes: la propia Fiscalía; el FOGASA (Fondo de Garantía Salarial), a traves de la Abogacía del Estado; una empresa de reprografía y catorce antiguos trabajadores.

Con Editorial Compostela en una “situación financiera de insolvencia”, al menos desde el año 2018, el entramado organizado por Rey, Remesar y sus esposas –María Fátima Otero Bouzón y María Carmen Ruiz de Arcaute Auzmendi– buscaba esquivar a sus acreedores. Lo hacía repartiendo entre cinco sociedades y una multitud de cuentas bancarias los ingresos que continuaba recibiendo mientras adeudaba hasta 24 nóminas a sus trabajadores.

Ese operativo obligó durante meses al gerente de El Correo, Ángel Remesar, a realizar guardias nocturnas para vigilar las aplicaciones bancarias y desviar el dinero que entraba lo más rápido posible para evitar perderlo a manos de alguno de los muchos acreedores. Rey Novoa nunca se lo ocultó a esa plantilla a la que le adeudaba tantas mensualidades; al contrario. Según la UDEF –la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional–, llegó decirles en una reunión que Remesar “realizaba todas las noches una vigilia para controlar los ingresos en las distintas cuentas para bloquearlas y evitar los embargos judiciales”. 

Las cinco empresas entre las que se movía el dinero –Código Televisión S.L., Anova Multiconsulting S.A., Think First S.L. y la Asociación Agrupación Deportiva El Correo Gallego, además de la propia Editorial Compostela– funcionaban así según “una auténtica unidad de caja (...) pese a la apariencia formal de separación jurídica”.

Esta es una de las conclusiones a las que llega el escrito de acusación de la Abogacía del Estado, al que ha tenido acceso elDiario.es. En él se relata cómo –entre la “precariedad” recogida en las cuentas anuales de 2018 y la declaración de concurso de acreedores en junio de 2022– El Correo acumuló una “importante” deuda frente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social, “numerosos proveedores” y, “de forma particularmente relevante”, sus trabajadores, “cuyos créditos salariales quedaron en gran medida impagados”.

El abogado del Estado recoge cómo consta en las actas del Consejo de Administración del citado año 2018 la búsqueda de “fórmulas de corto plazo” para poder seguir recibiendo ingresos, “especialmente de organismos públicos”, como campañas publicitarias de la Xunta o convenios, algo prohibido si existen deudas con Hacienda o la Seguridad Social.

Los 2,5 millones de la Xunta

La primera de esas fórmulas, y una de las que más han llamado la atención de los investigadores, fue obtener, aquel mismo septiembre, un préstamo de 2,5 millones de euros de la propia Xunta. El dinero llegó a través de XesGalicia, sociedad dependiente del Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE), creada para “apoyar el crecimiento del tejido empresarial gallego”. El crédito estaba destinado, sobre el papel, a la “reestructuración financiera”. A la empresa le permitió ponerse al día tanto con la Agencia Tributaria como con el INSS y poder seguir accediendo a ingresos derivados de convenios “como los suscritos con la CRTVG”. Mientras, la deuda con la plantilla no dejaba de crecer. En octubre de 2020 –cuando tenía que haber empezado a devolver el préstamo– se cifraba ya en 4,7 millones de euros.

Según los informes de la UDEF, Rey Novoa se jactaba de “haber movilizado toda su capacidad de influencia” para rebajar la “mochila financiera” del periódico con aquel crédito. Lo hizo, primero, con una carta al director de XesGalicia, Fernando Guldrís, al que trataba como “Querido Fernando”. Sin embargo, según uno de los denunciantes –Caetano Díaz, que llegó a ser director adjunto del rotativo–, la cúpula de la sociedad desaconsejaba una operación que sólo “fructificó tras insistentes y reiteradas llamadas al conselleiro de Economía, Francisco Conde”.

Conde era el hombre de Feijóo en asuntos de dinero. Llegó a ser vicepresidente de la Xunta y, cuando el actual líder del PP se fue a Madrid, se lo llevó con él, como parte de su núcleo duro, de diputado al Congreso, a donde volverá como cabeza de lista por Lugo pero, también, como ministrable. En la reunión en la que XesGalicia aprobó el préstamo por unanimidad, él fue uno de los que votaron a favor. Otro, el actual candidato a la alcaldía de Santiago por el PP, Borja Verea, entonces secretario general técnico de la Consellería.

En su carta a Guldrís, Rey Novoa explicaba cómo tenía previsto devolver un préstamo tan ventajoso que le eximía de pagar nada durante los dos primeros años: 1,6 millones saldrían de alquilar oficinas durante esos 24 meses y 400.000 más de un máster de periodismo online “dirigido por catedráticos de Santiago con la colaboración de todos los países latinoamericanos”. Los contratos de alquiler nunca se firmaron y el máster de periodismo jamás existió lo que, para la UDEF, “confirmaría que esos convenios o contratos no tenían contenido real alguno”.

El empresario no devolvió el dinero y dos años después, en 2022, el periódico entraba en concurso de acreedores. Sin embargo, unos meses antes, todavía se permitía protagonizar un último canto del cisne para la galería: la gala de los Gallegos del Año, que había sido suspendida en 2020 por la pandemia, regresaba a su cita a finales del 2021 con Feijóo presidiendo el acto como invitado de honor. “Un periódico que sobrevivió guerras y pandemias, merece seguir viviendo en las próximas décadas”, dijo entonces. Entre los homenajeados, en un acto de evidente sarcasmo, estaba la propia plantilla del periódico.

La trama

“A pesar de este estado de insolvencia, los acusados José Manuel Rey Novoa y Ángel María Remesar Zabaleta, actuando como administradores de hecho y de derecho de las entidades mencionadas, desarrollaron de manera consciente, persistente y coordinada una estrategia dirigida a evitar el cumplimiento de las obligaciones de pago de Editorial Compostela S.A. respecto de sus acreedores”, concluye la Abogacía del Estado.

Durante esos años, Editorial Compostela S.A., Código Televisión S.L., Anova Multiconsulting S.A., Think First S.L. y la Asociación Agrupación Deportiva El Correo Gallego “constituían en la práctica una única realidad económica y empresarial, plenamente integrada y caracterizada por una gestión unitaria de sus recursos financieros, pese a la apariencia formal de separación jurídica”. Esa estructura, dice, “funcionaba mediante una auténtica unidad de caja, en la que los ingresos y gastos derivados de la actividad del periódico El Correo Gallego eran canalizados indistintamente a través de las distintas sociedades mencionadas y, asimismo, mediante cuentas personales titularidad de los acusados”.

Es decir, los ingresos y gastos que producía el rotativo se repartían entre las cuentas de las cinco empresas pero, también, en. cuentas personales en las que participaban los cuatro acusados. “Todas las sociedades (...) respondían a una única realidad, siendo la separación formal una distinción artificiosa, con fines de elusión de responsabilidades, tanto ante los organismos públicos como ante los propios trabajadores”.

Abogacía del Estado concluye que, mientras las sociedades con deudas a la Seguridad Social pagaban los salarios y las cuotas correspondientes, el desvío del resto de fondos a otras cuentas evitaba la presencia de efectivo “que pudiera ser embargado por los organismos públicos acreedores”. No fue la única práctica fraudulenta detectada: algunas de las sociedades, que no tenían empleados, facturaban a clientes externos por los servicios que prestaban los trabajadores de la empresa deudora. Para eso se crearon nuevas sociedades sin cargas que pasaron a integrarse en el entramado empresarial.

“El funcionamiento descrito se apoyaba en la utilización de múltiples cuentas bancarias, tanto de las sociedades como de las personas físicas investigadas, a través de las cuales el dinero procedente de la actividad se hacía circular de forma constante, fragmentando los saldos y dificultando su localización y embargo”, recoge el informe. “Esta mecánica permitía mantener artificialmente reducidos los saldos de las cuentas titularidad de Editorial Compostela S.A., pese a la existencia de ingresos relevantes derivados de su actividad, eludiendo así las acciones ejecutivas dirigidas a la satisfacción de las deudas contraídas”.

Kawanda

Pero toda esta historia tiene varios epílogos. El último, del pasado año 2025 y con conexiones televisivas cuando no cinematográficas. La última sede de El Correo Gallego antes de que el grupo Prensa Ibérica se hiciese con la cabecera en el concurso de acreedores, fue una nave en el polígono de Costa Vella, en la salida norte de Santiago de Compostela. Ese edificio dio la vuelta al mundo convertido en Kawanda, la gran tienda de mascotas sobre la que orbita la serie Animal, protagonizada por Luis Zahera y que llegó a ser lo más visto en Netflix en 28 países. Según la UDEF, el coste por su alquiler acabó, una vez más, en el bolsillo de Rey Novoa, pero dando unos cuantos rodeos.

En su informe, los agentes detectaron el uso de una empresa interpuesta, Asemali Inversiones, para el arriendo del inmueble con la productora de la serie, Alea Lágrimas, y concluyen que los 27.189 euros que Alea pagó por el uso de la antigua sede acabaron en manos del exdirector del periódico. “El 85% de ese dinero fue a parar a la cuenta de Think First y de ese, más de 14.850 euros terminaron a disposición del investigado”, aseguran.

La fórmula para hacerse con el dinero era conocida. Sin embargo, esta vez, en lugar de tener al gerente del rotativo de guardia frente a la banca electrónica, era el propio Rey Novoa quien, según la UDEF, tan pronto como recibía el ingreso, iniciaba una ronda por los cajeros automáticos, de los que retiraba elevadas sumas de efectivo, mientras ordenaba distintas transferencias para tratar de poner el dinero a buen recaudo y lejos tanto de los acreedores como de la justicia.

El administrador único de Asemali, Ricardo Asensi Fajardo, es el quinto acusado en el escrito de apertura de juicio oral por parte de la jueza López-Suevos, que lo llamó a declarar a finales de 2025. La magistrada, como varias de las acusaciones, lo consideran cooperador necesario o cómplice del delito continuado de alzamiento de bienes, que iba más allá del caso de Animal. Por ello, y usando como base la cifra aportada por los demandantes, le reclama una fianza de 112.528,87 euros con la que debe “asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en definitiva, pudieran imponérsele”.

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha ratificado la condena a 9 años de cárcel a un hombre por maltratar y violar a su mujer. Cumplirá 7 años por un delito de malos tratos habituales y 2 años por agresión sexual a su mujer. Al condenado, “natural de un país norteafricano”, también se le ha impuesto una orden de alejamiento de la víctima durante 13 años, además de indemnizarla con 30.000 euros “por el daño moral”.

Tal y como recoge la sentencia, la pareja se casó en 2010 y, durante toda la relación matrimonial, el condenado “ejerció violencia física y psicológica de forma habitual” hacia su mujer, especialmente a partir del año 2014. El hombre la insultaba, vejaba, humillaba y amenazaba. A finales de enero de 2023, el condenado violó a su mujer.

Muchos de los insultos que recibía la víctima, según describe la sentencia, que ha sido ratificada, “se realizaban en presencia de sus hijas menores de edad”. En el escrito se plasma que las niñas se encuentran “afectadas psicológicamente”.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJN, que ha desestimado en su integridad el recurso presentado por la defensa, ha avalado “la declaración de la mujer, que mostró coherencia, sinceridad y ausencia de indicios de falsedad”.

Para el Tribunal, la declaración de la víctima “fue persistente”, exponiendo detalles coherentes y “sin contradicciones relevantes” que evidenciasen que mentía. Además, las secuelas psicológicas de la mujer, que presenta un cuadro ansioso-depresivo (considerada “una situación compatible con los hechos denunciados”), fueron corroboradas tanto por “los testimonios de familiares” como por los “informes forenses” que se le realizaron.

Nelson David Moreno, en prisión ya por varios asesinatos de hombres en Bilbao, suma su quinta condena, de 19 años, a la que se ha llegado sin necesidad de celebrarse el juicio que estaba previsto arrancar el 19 de octubre por haberse llegado a un acuerdo entre todas las partes, defensa, acusación popular, acusación particular y Fiscalía. Para perpetrar este homicidio, cometido en 2021 y cuya víctima fue un concejal de IU en Berango, Koldo Martínez, el acusado siguió el mismo esquema de los anteriores por los que ya está condenado: concertar el encuentro a través de una app de citas y también el robo a la víctima. La novedad en este caso está en que la sentencia reconoce la agravante de la discriminación por la orientación sexual.

En concreto, se reconoce probado que a través de la aplicación Wapo y del contacto mantenido en ella, el acusado seleccionó a su víctima “en razón de su orientación sexual, haciéndole creer que tenía interés en mantener un encuentro sexual con él en el domicilio de este y siendo su orientación sexual homosexual el elemento diferenciador que determinó que el acusado le seleccionara para perpetrar los delitos”. Es decir, considera que los hechos se produjeron “dentro de un contexto de discriminación, donde el acusado seleccionó y cometió el ataque contra la víctima movido por un prejuicio contra su orientación sexual homosexual”. Así, el 2 de septiembre de 2021 el acusado se personó en el domicilio de la víctima con el pretexto de mantener un encuentro sexual, “pero con la finalidad real de acabar con su vida y hacerse con sus pertenencias, en razón de la orientación sexual de la víctima”.

En la sentencia se indica que el acusado ocasionó a la víctima “una insuficiencia respiratoria que le causó la muerte, sin que pueda determinarse el modo, medio o forma empleados” y que, con el propósito de obtener un beneficio patrimonial ilícito, llevó a cabo varios traspasos de la cuenta bancaria de la víctima a la suya y se apoderó de varios objetos que vendió posteriormente. El importe total de las operaciones ilícitas y el valor de los bienes sustraídos ascendieron a 1.309 euros.

Tras el acuerdo se impone al acusado una pena de 13 años de prisión e inhabilitación absoluta durante el tiempo de condena como autor de un delito de homicidio consumado. Por el delito consumado de robo con violencia en casa habitada la pena de cuatro años y tres meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo. Como autor de un delito de estafa por uso fraudulento de tarjeta la pena suma un año y nueve meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena. Es decir más de 19 años. Además, se condena al acusado a hacerse cargo de las costas y diversos pagos por responsabilidad civil a los familiares, en concreto, 15.000 euros a cada uno de los ocho hermanos de la víctima por los daños morales causados y a los herederos en 1.309 euros por las cuantías indebidamente obtenidas.

La principal novedad en esta quinta sentencia radica que en que se reconoce la agravante por orientación sexual. En concreto, concurre la circunstancia agravante contemplada en el artículo 22.4º del Código Penal consistente en la comisión del delito por discriminación relativa a la orientación sexual de la víctima en relación con todos los delitos. También se tiene en cuenta la circunstancia agravante contemplada en el artículo 22.8º del Código Penal consistente en la reincidencia en relación con el delito continuado de estafa por uso fraudulento de tarjeta.

Esta es la segunda condena de las cinco que acumula a la que se ha llegado sin tener que celebrarse el juicio, es decir, a través de un acuerdo tras reconocer los hechos. La anterior fue el pasado 18 de septiembre. La Audiencia Provincial de Bizkaia condenó a Nelson David Moreno a un total de 18 años, 9 meses y un día de prisión por delitos de asesinato y estafa en relación con la muerte de un hombre en julio de 2021 en Bilbao. La sentencia se dictó 'in voce' durante un juicio a puerta cerrada, con ha ocurrido en este último caso este viernes, después de que las partes llegaran a una conformidad ratificada por el acusado, que cuenta con otras tres condenas por asesinato, una en grado de tentativa, por matar o intentar matar a otros tres varones y por las que ya está en prisión. Le quedan por delante dos juicios más.

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) ha publicado este miércoles la lista provisional de candidatos a jurado popular que formarán parte de los tribunales en los procedimientos que se tramiten en la Audiencia Provincial durante el próximo bienio (2027-2028). Este proceso se deriva del sorteo censal que se realiza periódicamente para garantizar la participación directa de la ciudadanía en la administración de justicia, cumpliendo así con los cauces establecidos por la ley.

La publicación oficial incluye los nombres de los ciudadanos seleccionados de manera aleatoria a través del censo electoral de la comunidad autónoma. A partir de ahora, hay un plazo de algo más de dos semanas para que las personas interesadas puedan comprobar si han sido designadas como candidatas potenciales para los juicios con jurado que se celebren en los tribunales riojanos durante los dos próximos años.

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Una vez publicada la relación provisional, se abre un periodo de alegaciones y presentación de excusas para aquellas personas que se encuentren incursas en alguna de las causas de incompatibilidad, prohibición o incapacidad recogidas en la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado. Entre estos motivos figuran desempeñar determinados cargos públicos, ser mayores de 65 años, sufrir alguna discapacidad física o psíquica que impida el ejercicio de la función, o alegar razones graves de índole laboral o personal debidamente justificadas. Este plazo permanecerá abierto durante la primera quincena de noviembre.

Superado el plazo de exposición pública y la resolución de posibles exclusiones o reclamaciones, se aprobará el listado definitivo que servirá de base para la selección de los tribunales en los juicios que lo requieran. Ser jurado popular constituye un derecho y un deber cívico de gran relevancia democrática, mediante el cual los ciudadanos participan en la toma de decisiones de asuntos de especial trascendencia penal dentro del sistema judicial riojano.

Este martes comenzaba en Logroño un macrojuicio por tráfico de drogas con 26 acusados, del conocido como “caso karting”. Antes del inicio de la sesión, 21 de ellos han alcanzado un acuerdo con la Fiscalía. Entre estos 21 que han reconocido los hechos se encuentran los cabecillas de la trama y un guardia civil implicado.

Por el momento, no se han dado a conocer los detalles de los acuerdos alcanzados. El juicio se retoma este miércoles con los cinco acusados restantes que no han aceptado un acuerdo con la Fiscalía.

Los 28 procesados -dos de ellos han fallecido antes del juicio- estaban acusados, en diferentes grados de participación, de tráfico ilegal de estupefacientes, blanqueo de capitales, pertenencia a grupo criminal; tenencia ilícita de armas, falsedad documental, simulación de delito, estafa en grado de tentativa, revelación de secretos y uso de documento falso y les pedían penas de entre cuatro y quince años de cárcel.

Más de 10.000 dosis de cocaína incautadas

En agosto de 2022, la Policía Nacional y la Guardia Civil en La Rioja, informaban de una operación conjunta denominada “Sanlucar/Luxur” que desmantelaba una organizacón criminal que llegó a distribuir en esta comunidad autónoma más de 10.800 dosis de cocaína al mes con una estimación de 227.000 euros mensuales, principalmente en bares del ocio nocturno de Logroño y de localidades limítrofes como Fuenmayor.

Entonces detuvieron a 17 personas, -14 hombres y 3 mujeres-, con edades comprendidas entre los 23 y 48 años, a los que se les consideró presuntos autores en diferentes grados de participación en los delitos pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, blanqueo de capitales, estafa, simulación de delito y falsedad documental. Entre ellos se encuentraba un agente de la Guardia Civil y varios empresarios conocidos en la noche logroñesa.

Durante esta “macrooperación” se llevaron a cabo un total de 20 registros en La Rioja, Navarra, Álava y León, entre domicilios, naves industriales, lonjas y locales de ocio nocturno, que permitieron la aprehensión de 150.000 euros en efectivo que la organización disponía para sus gastos corrientes, droga y sustancias adulterantes, junto a vehículos y motocicletas de alta gama en su mayoría Porsche, Audi, BMW, Mercedes-Benz y motos de agua.

La Audiencia Provincial comienza este martes, 13 de octubre, un macrojuicio por narcotráfico, y pertenencia a banda criminal, en el que el Ministerio Fiscal pide penas de entre cuatro meses y quince años a una red que, presuntamente, traficaba con cocaína, hachís y marihuana. Los hechos que ahora se juzgan se remontan al año 2022, momento en el que uno de los acusados tenía una nave con una plantación de marihuana en Nalda.

Para la Fiscalía, los acusados, con distintas participaciones, “compartían el afán de adquirir sustancias estupefacientes para lucrarse con su difusión” y se pusieron de acuerdo “en adquirir fuera y transportar hasta Logroño, así como cultivar, diversas sustancias estupefacientes”. Se servían, para ello, de inmuebles y vehículos y contaban con una infraestructura de compra y venta de vehículos usados “que dificultaban el seguimiento policial”.

Los hechos que relata el Ministerio Fiscal en un escrito de cincuenta páginas comienzan en el año 2022, cuando F.J.A.B, que tenía una nave para plantar marihuana en Nalda, se da cuenta de que la policía le estaba investigango y la traslada a otra nave de su propiedad en La Portalada junto a otro negocio, también, de su propiedad. Tras desmontarla, trasladó todo el material propio del cultivo de manera provisional hasta encontrar otra nave idónea para reanudar el cultivo de marihuana. La encontró en el Polígono San Quintín de Oyón, Álava. Para ello, contó con la ayuda de varios de los acusados.

Mientras tanto, siempre según esta fuente, continúa el tráfico de drogas y, así, el 24 de enero de 2022 uno de los acusados se introdujo en un portal de la calle Chile de Logroño para hacer entrega de droga en pequeñas dosis a una persona desconocida. Un portal que era “habitualmente utilizado” para la venta de droga. El 26 de abril de 2022, uno de los acusados, tras realizar un intercambio de paquetes en Logroño, estacionó la furgoneta en Lardero y, allí, acudió la unidad canina de la Guardia Civil, que marcó positivo a estupefacientes en el maletero.

F.F.A.B, relata el Ministerio Fiscal, dispone a su nombre de más de cincuenta vehículos con un valor superior a los 680.000 euros, parte de los cuales utilizan sus allegados para su actividad de transporte de estupefacientes. El desarrollo del Fiscal también habla de varias propiedades inmuebles, así como de motos acuáticas y del hecho de que mantiene un nivel de vida “muy alto” a la vez que recibió un subsidio en el 2020 por la situación de la COVID.

El 21 de julio de 2022 remitió a través de su hermana a Cádiz una caja por mensajero en la que, oculto entre unas botellas de vino, envió una cantidad de dinero en metálico de procedencia ilícita. La caja quedó “deteriorada” y, tras conocer este percance, su hermana le mostró “su preocupación su preocupación de que el dinero no le hubiera llegado al vendedor de Cádiz”.

El relato del Ministerio Fiscal se extiende en diversos intercambios de droga, y venta, entre los acusados en Logroño, así como viajes a la localidad de Benia de Onís (Asturias) para “aprovisionarse de sustancias estupefacientes”. El 28 de abril del 2022, uno de los acusados recibe una petición “urgente” de droga y acude, junto a otra acusada, a la calle Gran Vía de Logroño, “estacionando en doble fila y entregando una pequeña cantidad a una persona que luego la distribuye en el interior de un local en los aseos”.

Los acusados A.M.U y A.J son, según la acusación pública, los encargados de ir a otras comunidades autónomas a por cocaína, usando coches de F.J.A.B. Uno de los acusados, alquiló un chalet en Trespuentes, (Álava) por mil euros al mes mediante pago en mano como sede para la difusión de sustancias estupefacientes.

En el relato del Fiscal también se hace mención a “largos viajes” a lugares como Madrid y León “comiendo en restaurantes y hospedándose en hoteles de elevado nivel económico pagando siempre en metálico”, explicando que “en estos lugares” los acusados “tienen contactos para proveerse de cocaína para traer hasta Logroño”.

El 13 de julio, se desplazó a bordo de una furgoneta J.A.J hasta Benavente (Zamora), a las 13:52 llegó a Collado Villalba, regresando a Rivas Vaciamadrid “inmediatamente”, estacionando y dirigiéndose a una vivienda “para salir a los siete minutos”, marchando hacia Las Rozas, para después regresar a León “adoptando numerosas medidas de seguridad”, y llegando a Trobajos del Camino, “donde tras recoger algo del maletero”, se apeó A.L.O.

El acusado R.I.L “es el electricista que monta, prepara y acciona el servicio eléctrico de las distintas plantaciones de marihuana, tanto la de Nalda como la de Trespuentes”. Los acusados A.F.H y P.F.H. son propietarios de un pub en Logroño, ubicado en el Casco Antiguo, “desde cuyo interior realizan entregas de sustancias estupefaciente, así como desde la ventana de su propio domicilio y en una lonja a nombre de un familiar, no trabajando más que las noches de fin de semana”.

El Ministerio Fiscal ha detectado en este relato, imputándoselo a los distintos acusados en diferente medida, los delitos de tráfico ilegal de estupefacientes; y de blanqueo de capitales. También, pertenencia a grupo criminal; tenencia ilícita de armas; falsedad documental; simulación de delito; estafa en grado de tentativa; revelación de secretos; y uso de documento falso.

La mayor pena se pide para R.T.M que, según el escrito de acusación, se encuentra siempre presente en todos los encuentros con el resto de los participantes en la actividad de difusión de estupefacientes, desde la primera plantación de Nalda. No tiene trabajo ni desempeña actividad laboral lícita alguna y para todos sus desplazamientos adopta sistemáticamente numerosas medidas de seguridad.

Un Guardia Civil entre los detenidos

En agosto de 2022, la Policía Nacional y la Guardia Civil en La Rioja, informaban de una operación conjunta denominada “Sanlucar/Luxur” que desmantelaba una organizacón criminal que llegó a distribuir en esta comunidad autónoma más de 10.800 dosis de cocaína al mes con una estimación de 227.000 euros mensuales, principalmente en bares del ocio nocturno de Logroño y de localidades limítrofes como Fuenmayor.

Entonces detuvieron a 17 personas, -14 hombres y 3 mujeres-, con edades comprendidas entre los 23 y 48 años, a los que se les consideró presuntos autores en diferentes grados de participación en los delitos pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, blanqueo de capitales, estafa, simulación de delito y falsedad documental. Entre ellos se encuentraba un agente de la Guardia Civil y varios empresarios conocidos en la noche logroñesa.

Durante esta “macrooperación” se llevaron a cabo un total de 20 registros en La Rioja, Navarra, Álava y León, entre domicilios, naves industriales, lonjas y locales de ocio nocturno, que permitieron la aprehensión de 150.000 euros en efectivo que la organización disponía para sus gastos corrientes, droga y sustancias adulterantes, junto a vehículos y motocicletas de alta gama en su mayoría Porsche, Audi, BMW, Mercedes-Benz y motos de agua.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) desestimó el pasado mes de agosto la solicitud cautelar de un padre para que su hijo pasara a 2º de Bachillerato con tres suspensos. La decisión iba del tribunal va acorde con la del colegio de Pamplona, que había establecido que el alumno debía repetir curso.

El padre acudió a los tribunales tras haber recurrido primero a Educación. Sin embargo, la revisión de dos de las tres notas de las asignaturas suspendidas en 1º de Bachillerato por el hijo del demandante fueron rechazadas. Es la primera vez que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha tenido que pronunciarse sobre una petición de revisión de las calificaciones finales de un alumno.

El pasado 28 de agosto, la Sala dictó una resolución judicial en la que desestimaba la medida cautelarísima (sin oír a la parte demandada) instada por el padre para que su hijo se matriculara provisionalmente en 2º de Bachillerato. En el escrito, el padre alegaba que de estimarse el recurso una vez comenzado el curso, su hijo habría perdido semanas o meses de 2º de Bachillerato.

El Tribunal no consideró la situación tan urgente como para aplicar estas medidas “cautelarísimas” y además respondió al padre que, “de desestimarse el recurso contencioso-administrativo”, de igual modo su hijo “habría perdido la posibilidad de integrarse en las clases de 1º de Bachillerato”, curso que “inicialmente ha de cursar”. De forma que los magistrados también aprecian un perjuicio al alumno si se aplicase la medida.

Además, la Sala subrayó que tanto el colegio como el departamento de Educación motivaron y explicaron sus decisiones. El Servicio de Inspección de Educación expuso en un informe remitido al Tribunal el 26 de agosto el perjuicio que podría suponer para el menor la adopción de la medida solicitada, y argumentaba que la repetición de curso le podía ayudar al alumno a consolidar los conocimientos no adquiridos, así como a mejorar sus hábitos de estudio, trabajo y organización. El departamento también señalaba que todos los aspectos anteriores mejorarían su preparación para 2º de Bachillerato y la selectividad.

El 11 de septiembre, la Sala de lo Contencioso volvió a desestimar la medida cautelar reclamada por el padre. Sin prejuzgar el fondo de la demanda, los magistrados ratificaron su decisión del 28 de agosto. La causa sigue actualmente en tramitación y, próximamente, el Tribunal se pronunciará sobre el fondo del pleito, es decir, la solicitud de revisar y, en su caso modificar, dos de los tres suspensos del alumno repetidor. 

El Ministerio Fiscal pide cuatro años de cárcel para T.S.R., de 37 años, por un delito un delito contra la salud pública en modalidad de sustancia que causa grave daño a la Salud, al ser sorprendido traficando con droga en Logroño. Además, le reclaman una multa de 123,9 euros.

El juicio se celebrará el martes, 7 de octubre, a las 09,30 horas, en la Audiencia Provincial, sobre un acusado que cuenta con varias condenas por diferentes delitos.

Según el escrito al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se produjeron el 10 de noviembre de 2023, a las 15,22 horas. Ese día, una persona acudió a la calle María Teresa Gil de Gárate de Logroño para encontrarse con el acusado.

Éste último le hizo entrega de un envoltorio de plástico que contenía cocaína, abandonando inmediatamente el lugar. Observado el pase por agentes de las Policía Local, procedieron a interceptar al “cliente” a quien en el registro que se le practicó le intervinieron el envoltorio de plástico que contenía cocaína.

La sustancia intervenida, tras su análisis en el Laboratorio resultó ser 0'68 gramos bruto, 0'42 gramos neto de cocaína con una pureza del 73,9 por ciento de cocaína, y que hubiera alcanzado en el mercado ilícito un valor de 4130 euros.

Para el fiscal estos hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública en modalidad de sustancia que causa grave daño a la Salud por el que le pide cuatro años de cárcel y 123,9 euros de multa.

El Fiscal pide tres años y cinco meses para P.A.M. por un delito continuado de falsificación de documentos privados, otro de falsificación de documento mercantil, y un tercero de estafa procesal, al presentar documentos falsos para responder a una demanda de una comunidad de vecinos de Alberite. Le pide también una multa de 3.900 euros.

El juicio se desarrollará el miércoles, 7 de octubre, a las 10,00 horas en la Audiencia Provincial. El escrito al que ha tenido acceso Europa Press, recuerda que el 11 de noviembre de 2019, el acusado, con antecedente, “contestó a la demanda formulada contra él y Seguros Mapfre por una comunidad de vecinos” por el que le reclamaba casi 300.000 euros, “con deducción para MAPFRE de la franquicia concertada en póliza por importe de 500 euros”.

Para contestar, el acusado presentó varios documentos, uno de una memoria de trabajos de consolidación de fachada y petos en Alberite, que resultó “ser creado ex novo por el acusado, fechado en diciembre de 2.007, aportado sin visado alguno, con una valoración de ejecución material de 258.385,02 euros y que jamás fue solicitado previamente a él por la referida comunidad de propietarios, por lo que nunca ha obrado en los archivos de la comunidad”.

Con la aportación de este documento el acusado “pretendía, además, contradecir un informe pericial” indicando que éste “no había tenido en cuenta en el suyo esa memoria con relación valorada de trabajos de consolidación y reparación de petos y fachadas”.

Además, presentó otro documento creado “ex novo”, el 7 de diciembre de 2.007, “aportado sin visado ni firma alguno, en el que se hace constar como título del trabajo 'Memoria de rehabilitación de fachada y petos', como solicitante a la referida cooperativa, como presupuesto de trabajo de referencia la cantidad de 258.385 euros y como honorarios profesionales por la realización del trabajo indicado la cantidad de 4.000 euros. Este documento jamás fue solicitado previamente por la comunidad de propietarios”.

También hizo constar una factura “creada por el acusado sobre la base de otra factura previamente girada por idéntico importe y en concepto de ”supervisión de la ejecución de la obra y dirección de obra“, presupuestados y facturados en tal concepto, de modo que, para crear el referido documento n 9 (falso), cambió el concepto, y con su aportación al procedimiento ordinario referido pretende negar su labor como supervisor de la obra y director de la obra de los trabajos de consolidación y reparación de trabajos en cubierta”.

Los documentos “tienen incidencia directa sobre los motivos de atribución de responsabilidad civil invocados en la demanda que da inicio a ese procedimiento ordinario - aún en tramitación - y en la que se reclama al acusado una indemnización de 297.414,5 euros”.

Refleja Fiscalía que “si los referidos documentos llegaran a provocar error en el Juzgador civil por considerarlos éste auténticos y en consecuencia dictara una resolución beneficiosa total o parcialmente para los intereses del aquí acusado, ello sería a costa del correspondiente perjuicio para la comunidad de vecinos de Alberite”.

Para el fiscal, los hecho constituye un delito de continuado de falsificación de documentos privados por el que le solicita 21 meses de prisión, un delito de falsificación de documento mercantil, por el que le reclama un año de cárcel, y 2.400 euros, de multa, y un tercero, de estafa, por el que le reclama ocho meses de prisión y 1.500 euros de multa.

El juicio en la Audiencia de Barcelona contra cuatro policías nacionales antidisturbios por mutilar el ojo a Roger Español durante el referéndum del 1 de octubre ha quedado este viernes al mediodía visto para sentencia después de cuatro sesiones. La fiscalía y las defensas, ejercidas por un abogado privado y la Abogacía del Estado, siguen pidiendo la absolución de los agentes; mientras que las acusaciones (la particular, Irídia, Òmnium y ANC) piden entre 12 y 13 años de cárcel por lesiones dolosas graves y torturas.

En el último día del juicio, ha sido el turno de la fiscalía y las defensas para presentar sus informes. El ministerio público ha dicho que la policía puede causar “lesiones graves” si su actuación “se ajusta a la norma”.

En su informe final, la fiscal Alexandra García Tabernero ha asegurado que el juicio de estos días no va de cuestiones políticas o morales, ni de la amnistía o la prohibición de las bolas de goma, sino que se juzga una actuación policial técnica. Así, cree que el tribunal tendrá que valorar si los policías debían prever que era muy probable la pérdida del ojo de Roger Español, y si, más allá de cualquier duda razonable, existía un riesgo serio y elevado de que esto ocurriera.

En este sentido, ha recordado que las policías democráticas tienen el monopolio del uso legítimo de la fuerza y la violencia cuando sea necesario para preservar el orden público o evitar males mayores, siempre bajo los principios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad. Según ha dicho, la policía puede usar la fuerza e incluso causar lesiones graves, si su actuación “se ajusta a la norma”. Así, cree que en ese caso se usó la mínima fuerza imprescindible, y de forma progresiva, para poder salir del “bloqueo” por parte de cientos de manifestantes independentistas en la calle Sardenya de Barcelona.

La fiscal ha añadido que la actuación policial fue especialmente compleja porque tenía “dificultades añadidas”, como la orden expresa de no practicar detenciones. “En cualquier otro contexto, se habrían producido detenciones inmediatas”, ha dicho, afirmando que la actitud de los votantes independentistas no era de “resistencia pacífica”. Asimismo, ha dicho que el bloqueo de la calle duró unos 40 minutos, y “la duración de las intervenciones policiales es directamente proporcional al riesgo para la seguridad ciudadana”. “Había una necesidad evidente del uso de la fuerza”, ha remachado, asegurando que “la hostilidad de algunos de los congregados iba en aumento, pasando de las amenazas verbales a los lanzamientos de piedras”.

Sobre la justificación del uso de bolas de goma, ha dicho que se avisó a los manifestantes, que se fue progresando en el uso de las diversas herramientas policiales, y que, finalmente, las salvas detonadoras no sirvieron para abrir la calle y permitir salir a la policía. Así, ha considerado que otro métodos como las porras hubieran sido más riesgosas y habrían ido contra los protocolos policiales.

Sobre las recomendaciones internacionales de prohibición de las bolas de goma, la fiscal ha dicho que las resoluciones de la Asamblea General de la ONU no están vinculadas para los estados, y que no se puede pretender aplicar de forma retroactiva contra los agentes una guía de 2020 y un protocolo de 2024 por unos hechos de 2017.

Por último, ha dicho que el escopetero disparó, según el informe pericial de los Mossos d'Esquadra, haciendo rebotar la bola en el suelo, además de reducir la potencia un 60%. También ha dicho que tenía un campo de visión limitado debido a la presencia de sus compañeros por delante de él. Por todo ello, considera que no hubo voluntad de causar tan grave lesión a Español, y ha pedido la absolución de los cuatro acusados por la eximente completa de cumplimiento del deber y de orden legal.

La abogada del inspector jefe del grupo Camel-50, ha apuntado que la actuación policial de ese día se ajustó a la ley, debido a la “peligrosidad extrema” de los manifestantes, y que se limitó a cumplir “el mandato judicial”, aunque aseguró que sólo recibió la parte dispositiva del auto del Tribunal del Superior.

En todo caso, ha dicho que sí avisó a los manifestantes del uso de material antidisturbios y que, a raíz del lanzamiento de objetos por parte de los votantes o de los vecinos de la calle Sardenya, se acabaron disparando balas de goma, que, a su juicio, “no es material lesivo, sino simplemente disuasivo”.

Los tres abogados del Estado que han defendido a los dos subinspectores y el escopetero han justificado la actuación policial. Ambos subinspectores trasladaron las órdenes de sus superiores a los subordinados, e incluso uno de ellos no era el responsable del escopetero.

En el caso del escopetero, su letrado aseguró que había que mantener la distancia con los manifestantes porque algunos de ellos arrojaban piedras y desde menos de 15 metros de distancia las lesiones a los policías pudieron ser muy graves. También ha dicho que teniendo en cuenta la poca precisión de las bolas de goma, no puede atribuirse al escopetero la voluntad de lesionar a Roger Español.

El acusado por la muerte de Ana Buza en la madrugada del 7 de septiembre de 2019 ha explicado al jurado popular que lo juzga por asesinato que, mientras conducía acompañado por su entonces pareja por el tramo de la autovía A-4 que atraviesa Carmona, vio que la joven “se tiró” del vehículo: “Noto una bocanada de aire y veo su cuerpo cayendo” y, debido a que se incorporó, “el coche se desvió”. El hombre ha tratado de apuntalar así la hipótesis de suicidio en el juicio contra él, que entra en su recta final después de siete años y cuya última sesión con las conclusiones finales ha sido aplazada al viernes.

El Ministerio Público sostiene hasta ahora que el acusado aceleró y sobrepasó ampliamente el límite velocidad en la salida de la autovía, provocando que ella, que tenía 19 años, saliera despedida del asiento de copolito e impactara contra el quitamiedos. La acusación particular cree, en cambio, que la joven se bajó del coche en marcha y él la atropelló para matarla. El acusado, por su parte, ha insistido este martes en que ella se arrojó del coche en marcha con la intención de suicidarse.

A la espera de si alguna de las acusaciones modifica la calificación y la petición de penas en sus conclusiones, el fiscal pidió en su escrito de acusación tres años de prisión por homicidio imprudente, mientras que la familia cree que no existió imprudencia, sino un asesinato o, subsidiariamente, un homicidio doloso, y solicita veinte años de prisión.

“No sé si Ana llevaba puesto el cinturón”, ha contado el acusado a la Audiencia Provincial de Sevilla durante la octava sesión del juicio. Así, describió que la sevillana, con quien mantenía una relación desde septiembre de 2018, estaba sentada en el asiento trasero derecho e “iban en silencio” tras haber mantenido una discusión. “No me pidió bajar en la autovía”, afirmó con respecto al trayecto que realizó desde Lora del Río a Sevilla cuando la joven le pidió que la llevara a su casa.

“En el momento que escucho a Ana, suelto el volante”, recordó ante el jurado popular. A respuestas del Ministerio Fiscal, justificó el cambio de versiones sobre los hechos debido a que “estaba en shock”. “Ido”, resumió. “No recuerdo las caras de esa noche. No sé por qué lo dije”, expresó sobre los distintos relatos. Una vez Ana Buza “se tiró”, expuso que salió del vehículo e intentó parar a los coches que pasaban. “Estaba oscuro, intento buscar el móvil y hago un gesto con la mano y se paran algunas personas, que me prestan algo para iluminar”.

El novio niega que manipulara el móvil de Buza

Posteriormente, describió que se encontró el cuerpo a unos metros de donde dejó aparcado el coche con la ayuda de quienes le estaba auxiliando y aseguró que “no habló” con la madre de él en ningún momento, en todo caso, “fue otro hombre” quien contactó con ella a través de su móvil. “La Guardia Civil me hizo los test, me dieron calmante en la ambulancia y me llevaron al hospital. Estaba ido” y, mantuvo, que “no llegué a ver el móvil de Ana”.

Un hecho significativo y sobre el que se abundó debido a que, en la séptima sesión del juicio, agentes de la Guardia Civil aseguraron que el móvil dio señales en los repetidores los días 7 y 15 de septiembre, el día del fallecimiento y una semana después. Todo ello, teniendo en cuenta que el móvil de Buza fue encontrado a 70 metros del lugar del accidente el 26 de septiembre.

En este sentido, según apuntaron los informes periciales, el 8 de septiembre el móvil se conectó por Bluetooth al de su entonces novio y, aseveraron, que las visitas a artículos relacionados con el suicidio en la noche del día 7 se introdujeron a posteriori, el día 13. Para ello, el móvil se conectó a un ordenador y se instaron tres aplicaciones de limpieza de dispositivos, como reflejaron en la sesión recogida por El Correo.

“Es imposible que manipulara el móvil. Yo estaba en Sevilla. Todo es mentira”, sosteniendo que fue el padre de la víctima quien, días después y antes de que se hallara el móvil, le pidió el pin para desbloquearlo.

En cuanto al transcurso de los hechos durante aquella madrugada, indicó que, a la salida del hospital se dirigió directamente al tanatorio en Sevilla: “Me cambio en el tanatorio y, en la noche del 7 al 8, estuve en el tanatorio de Carmona”, indicó a las preguntas de la Fiscalía. Además, añadió que “tampoco tenía los conocimientos” para hacer cambios en el móvil, ya que “solo tenía Bachillerato” y no contaba con las habilidades informáticas para distorsionar el dispositivo.

“Era bastante inestable”

El inculpado se ha negado a contestar a las preguntas de la acusación particular ejercida por los padres de la fallecida. A preguntas de su abogado, ha descrito a la joven como “bastante inestable, con picos de alegría y tristeza, y por motivos que no eran de peso”, apuntando al comportamiento de Buza y los escritos de su diario para reforzar la hipótesis del suicidio. Aparte, describió la relación con su padre como que “no era buena” y tachó al progenitor como “muy exigente”, situando la ruptura de comunicación con el que fuera su suegro el 19 de septiembre, días después de la muerte.

Al respecto, situó en enero de 2019 una conversación que mantuvo con la joven, con la que se comunicaba a través de correo electrónico y para lo que negaba que él le hubiera prohibido tener WhatsApp o redes sociales, sobre el hecho de que “quería pedir ayuda”, psicológica en este caso. Así, describió la relación sentimental con Buza como “buena o normal”, indicando que “no tenía celos” pero sí “cierta desconfianza” por una supuesta infidelidad que le había comunicado la joven.

Un testimonio que se contradice con la orientadora escolar que atendía a Buza y una compañera de clase del Grado en Filosofía que cursaba en la capital hispalense, que comparecieron en la sesión de este martes junto al médico de la familia. En todos los casos, desmintieron que Buza tuviera una actitud depresiva o con tendencia al suicidio y, en la versión de la compañera y la psicoterapeuta, describieron la relación como “tóxica”.

En cuanto a la orientadora, subrayó que Buza “estaba harta de él” y le había puesto como condición sine qua non para continuar con la relación sentimental que fueran juntos a terapia después de que el 6 de marzo de 2019 “mandara un correo para pedirme ayuda”. “No me siento libre y estoy intentando solucionarlo antes que dejarlo”, aseguró que le había confesado Buza en un correo electrónico.

Tras varias sesiones, indicó que el punto de inflexión fue un encuentro en la universidad, a donde él acudía para esperar o más adelante acompañarla en alguna clase, en el que “él se muestra violento”. Después de varios intercambios con el acusado tras la muerte de Buza, en las que admitió ante el abogado defensor que mantenía una actitud consoladora con él porque “prefirió no levantar la liebre”, decidió enviar el correo en el que Buza pedía ayuda al padre de la víctima el 18 de septiembre tras conocer el archivo de la muerte. “Se equivocó en el día que lo dejó”, aseguró ante el jurado popular.

Por su parte, la compañera de clase, con quien tenía una notable diferencia de edad edad, aseguró que se pasó “todo el curso intentando hablar con ella” sobre la situación que observaba, “pero él siempre estaba delante”. “Era muy preocupante”, expuso, “espiaba lo que había en el interior de la clase y, si Ana no salía en los descansos, él iba adentro con ella”. En un momento dado, la compañera decidió llamar al 016 para alertar de la situación, pero dijo que la respuesta había sido que “ella era mayor de edad y yo no era familiar”. Al respecto, el acusado afirmó que no tenía conocimiento de quien era esta compañera y nunca la había visto en la interacción con los demás compañeros.

El caso Ana Buza

La muerte de Ana Buza del 7 de septiembre de 2019 ha movilizado a lo largo de estos siete años a distintos colectivos feministas y sociales bajo el reclamo Justicia para Ana Buza que, a tenor de lo exigido por la familia, pedían que se profundizara en las circunstancias del fallecimiento y que se investigara en un Juzgado de Violencia de Género.

Finalmente, se ha descartado esa posibilidad. El acusado enfrenta una petición fiscal de tres años de cárcel por un presunto delito de homicidio imprudente mientras que la familia, en calidad de acusación particular, solicita 20 años por un presunto delito de asesinato u homicidio doloso de forma subsidiaria.

En el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, recogido por Europa Press, se expone que el acusado mantenía desde septiembre de 2018 una relación sentimental con la fallecida, de 19 años, precisando que, en la noche del día 6 de septiembre de 2019, la pareja se encontraba en la localidad de Lora del Río, lugar de residencia de la familia del investigado, en cuyo domicilio “tenían pensado pernoctar”.

No obstante, “tras una discusión” entre ambos, la joven “decidió que no quería dormir en Lora del Río”, pidiendo al acusado que la llevara al piso de estudiantes donde habitualmente residía ella en la capital hispalense, de forma que, entre las una y las dos de la mañana, el encausado le pidió el coche a su padre, que montó como copiloto mientras la víctima se ubicaba en el asiento trasero derecho. Una vez dejó a su padre en casa de su abuela paterna, llevó a su pareja a su casa por la A-4, sin que la víctima pasara al asiento delantero.

La Fiscalía añade que, “a la altura del PK 511, coincidiendo con la salida 511 hacia la localidad de Carmona, lugar donde rige una limitación de velocidad de 80 kilómetros por hora, el acusado no guardó la prudencia y diligencia requerida como conductor, pues pese a la situación de tensión y enfado existente en la pareja y al límite de velocidad indicado, prosiguió su marcha circulando a 117 kilómetros por hora”. Posteriormente, esto “determinó que, en un momento dado”, la joven, “por razones no determinadas, cayera del vehículo en marcha, sufriendo lesiones de tal gravedad que causaron su fallecimiento”.

Un hecho para el que los peritos han intentado discernir en estas jornadas en la que se ha debatido si fue un suicidio o si fue atropellada por su novio. En este sentido, cinco de los seis expertos coincidieron en que la causa de la muerte fue un desnucamiento por la fuerza del golpe, como se le dice coloquialmente y, a su vez, describieron como clave la lesión que presentaba Ana en la parte posterior de los muslos, señalada como los peritos como un golpe con el quitamiedos que le habría fracturado los fémures. No obstante, terminaron la sesión sin coincidir en cuál fue el motivo.

La Fiscalía ha pedido 550 y 900 euros de multa para los dos acusados de realizar “pintadas anti TAV” —en referencia a las obras de construcción del ferrocarril de alta velocidad—, en una lona que la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) exhibía en el exterior de su sede. Una pequeña concentración de apoyo ha acompañado a los imputados poco antes del juicio, que se ha celebrado este jueves y ha quedado visto para sentencia. La CEN no ha pedido indemnización por las pintadas, que se limpiaron “a las pocas horas”.

“La investigación policial ha sido exhaustiva, con más de 220 folios”, ha explicado uno de los acusados frente a la Audiencia Provincial de Navarra. Además de calificar el operativo desplegado por la Policía Nacional como “totalmente ridículo” para un “delito leve que cuya limpieza no superó los 320 euros”.

“El pasado año se creó la Plataforma pro TAV en Navarra, un lobby de presión para acelerar las obras del TAV en esta comunidad. Uno de los pilares fundamentales de esta Plataforma lo constituye la CEN, donde se instaló una lona de grandes dimensiones de apología a esta macro infraestructura. En esta lona se realizaron las referidas pintadas, que fueron borradas a las pocas horas”, describe en un comunicado Mugitu Mugimendua, plataforma ciudadana contra la conexión de alta velocidad, que achaca que, a pesar de la limpieza, los imputados (pertenecientes a este mismo colectivo) fueran igualmente detenidos el pasado mes de mayo.

Uno de los acusados reivindica que en una “época de crisis generalizada”, en la que “estamos viendo cómo los bosques se queman, los ríos se vacían, la contaminación de todas sus maneras aumenta”, así como “las desigualdades, las injusticias, la precariedad, la explotación laboral”, y mientras “el fascismo avanza y los gastos militares aumentan exponencialmente”, la construcción del AVE “no hace más que agrandar” la situación. “Supone la destrucción de la tierra y la pobreza de la clase trabajadora. Nos ahoga día a día”, afirma.

Durante la concentración convocada por Mugitu Mugimendua “en apoyo a las personas encausadas”, a la que han acudido una veintena de personas que han coreado “consignas anti TAV”, como: “Si quieres llegar antes, jódete y madruga”, han reivindicado que este juicio es muestra del “mundo al revés en el que vivimos”.

“Mientras las personas que luchamos contra el tren de alta velocidad, y el sistema que lo sustenta, estamos obligados a sentarnos en el banquillo de los acusados, las instituciones y los grupos empresariales que lo están promoviendo se están llenando los bolsillos”, ha afirmado el imputado. “El verdadero delito aquí no es hacer unas pintadas, sino que el verdadero delito es el tren de alta velocidad”, ha concluido.

Protestas por las catas en la localidad de Alsasua

En agosto de este año se sucedieron protestas de varias plataformas locales contra la construcción de la conexión en alta velocidad ferroviaria entre la 'Y vasca' y Pamplona en la localidad navarra de Alsasua. Durante cuatro días consecutivos, los asistentes quisieron “mostrar rechazo hacia los sondeos”, la presencia policial en el pueblo y la falta de información por parte del Ayuntamiento del municipio.

El motivo de las catas por parte del Estado en la zona de Aralar se realizaron para terminar de decidir si esa línea irá por Vitoria o por Ezkio/Itsaso, en Gipuzkoa. Una infraestructura que, a juicio de la plataforma Stop Sondeos, es un “despilfarro” que solo “une las grandes ciudades” mientras “resquebraja el territorio” por el que pasa.

Desde hace 20 años, cuando comenzaron las obras al norte de Vitoria, la conexión del AVE entre Navarra y la denominada 'Y vasca' sigue siendo uno de los principales puntos pendientes del proyecto ferroviario, puesto que no se ha decidido de forma definitiva si la unión con Navarra se realizará por allí o por el pueblo de Ezkio/Itsaso.  Es una decisión que, además, condiciona la conexión entre los corredores atlántico y mediterráneo y el enlace con Francia.

El juez de Barcelona que investiga al fundador de Glovo ha acordado sentar en el banquillo a Oscar Pierre por un delito contra los derechos de los trabajadores al mantener como falsos autónomos a sus repartidores pese a las sentencias que le obligaban a contratarles como empleados.

Así lo ha decidido el juez en un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, en el que rechaza archivar la causa, como solicitaba Pierre, y atiende la petición de la Fiscalía y el sindicato CGT, que reclamaban enviar a juicio al empresario.

El auto es una nueva resolución judicial que desnuda el modelo laboral de uno de los emprendedores más elogiados en España (el president de la Generalitat, Salvador Illa, se hizo una foto por los diez años de Glovo con Pierre pese a estar imputado).

El magistrado destaca que mantener como falsos autónomos a los repartidores “menoscaba y suprime los derechos a los trabajadores”, además de no estar permitido por la legislación laboral.

La relación “en apariencia mercantil” de la empresa con sus repartidores, es decir, como falsos autónomos, permitió a Glovo “reducir sus costes empresariales, al no garantizar un salario profesional conforme a la jornada de trabajo realizada, y al poder dejar de ingresar a la Seguridad Social las cantidades correspondientes a las cotizaciones laborales”, resalta el magistrado.

En su resolución, el juez indica que Glovo “continuó manteniendo la misma relación” laboral con sus repartidores pese a las resoluciones judiciales a favor de los riders.

El consejero delegado de Glovo, según el juez, no solo no contrató como empleados a los repartidores, sino que éstos “se vieron obligados a darse de alta como autónomos y a abonar sus propias cotizaciones si querían continuar prestando los servicios para la empresa”.

La denuncia de la Fiscalía que inició el caso que ahora terminará en un juicio fue el último paso de la lucha de las autoridades laborales contra el modelo de falsos autónomos en el que se sustentó el modelo de negocio de Glovo y que el Supremo declaró ilegal.

El Ministerio de Trabajo impulsó la ley Rider para vetar estas prácticas, y Pierre, antes de su declaración como imputado en Barcelona en 2024, anunció que la firma dejaría atrás su modelo y contrataría a sus repartidores.

En su resolución, el juez remarca que Glovo “no acreditó” en sus respuestas a la Inspección de Trabajo que hubiera regularizado a los trabajadores tras la sentencias que le obligaban a cesar la relación como falsos autónomos.

La empresa, agrega el instructor, “se limitó a contestar que no se mantenía” la relación de falsos autónomos, aunque, para el juez, “la realidad incuestionable era que los trabajadores continuaron realizando sus labores” sin ser contratados, pese a las sentencias laborales a favor de los riders.

A lo largo de más de un año de instrucción, tanto los repartidores como los inspectores de Trabajo que han comparecido han ratificado que Glovo no regularizó a los falsos autónomos pese a las sentencias judiciales que le obligaban a contratarles como empleados, extremo que desmiente la defensa de Pierre, quien asegura que la empresa siempre operó legalmente.

Pierre continúa con un frente judicial abierto en Barcelona tras una importante victoria de la Seguridad Social frente a la compañía en su pelea judicial millonaria por las cotizaciones sociales de sus repartidores. La Audiencia Nacional tumbó una de las sentencias de lo contencioso-administrativo favorables a la multinacional, que avalaron su sistema de 'riders' autónomos pese a la condena del Supremo de 2020, y que Glovo había utilizado como tesis defensiva en la causa de Barcelona.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha confirmado la condena a 10 años de prisión a un hombre de 20 años que mintió sobre su edad a una menor de 15 para mantener relaciones sexuales en una localidad de la comarca de Pamplona. La Sala de lo Civil y Penal del TSJN considera al inculpado autor de un delito de agresión sexual con acceso carnal (violación) sobre una menor de 16 años, que es la edad límite establecida en el Código Penal para que haya consentimiento libre, y no ha aplicado ningún atenuante al desarrollarse la relación con engaño y evidenciarse una superioridad de madurez por parte del acusado. Además de la agresión sexual, también se ratifica el delito de elaboración de material pornográfico y una multa por un delito de ciberacoso.

Según figura en la sentencia, en agosto de 2024, el hombre, entonces de 20 años, contactó con la adolescente a través de Instagram. Para poder mantener conversaciones sexuales, le mintió diciéndole que tenía 15 años, la misma edad de ella. Tras lograr que ella le enviara fotos y videos íntimos, quedaron para mantener relaciones sexuales a principios de septiembre de ese año, acto que se consumó a pesar de que el inculpado conocía la edad de la víctima (y el consentimiento está fijado en la ley a partir de los 16). La menor se enteró con posterioridad, al interponer la denuncia, tanto de la verdadera identidad del encausado como de su edad.

La Sala de lo Civil y Penal, como el tribunal de instancia, califica como suficiente y creíble el testimonio de la víctima, que se apoyó en pruebas periféricas y en conversaciones de WhatsApp. La víctima mantuvo su relato en todas las fases del proceso, sin contradicciones relevantes, y fue corroborado por los informes psicológicos y periciales. Asimismo, fue posible demostrar la existencia y el envío de fotos y videos íntimos, que el acusado mostró y compartió. El Tribunal ve como evidente que el inculpado planificó el contacto con la menor y el encuentro sexual.

Por ello, los magistrados estiman probados los delitos de ciberacoso, producción de material pornográfico infantil, descubrimiento y revelación de secretos, y agresión sexual. Añaden que la conducta del hombre cumple los requisitos de cada delito.

El Tribunal Superior ratifica el veredicto recurrido por la defensa, que pedía la absolución del acusado argumentando que el Código Penal excluye en este delito de “responsabilidad penal” si es “próxima” la diferencia de edad y el “grado de desarrollo o madurez física y psicológica”. Para el Tribunal, la relación se desarrolló con engaño y sin consentimiento libre, por lo que no cabe eximir de responsabilidad. La ley exige proximidad en edad y madurez para aplicar exenciones o atenuantes, que en este caso no se cumplen. La diferencia de 5 años y las conversaciones, concluye la Sala, muestran una “superioridad” del procesado.

La jueza del Tribunal de Instancia de Jaca que instruye la causa por el incendio de Las Peñas de Riglos ha decidido mantener en libertad provisional al único investigado por el origen del fuego y las medidas cautelares que pesan sobre él. La decisión supone un revés para el Gobierno de Aragón, que se personó como acusación particular en el procedimiento y había solicitado que el trabajador regresara a prisión provisional, una medida que también planteó de forma alternativa mediante el pago de una fianza de 100.000 euros.

La decisión se ha adoptado este viernes después de la comparecencia celebrada esta mañana en el Tribunal de Instancia de Jaca, en la que han participado todas las partes personadas en el procedimiento y la jueza ha vuelto a tomar declaración al investigado. Tras escuchar a las partes, la instructora ha acordado mantener las medidas cautelares que ya había establecido la Audiencia Provincial de Huesca cuando acordó su puesta en libertad.

El trabajador continúa así en libertad, con la obligación de entregar su pasaporte, la prohibición de salir de España, la obligación de facilitar un domicilio y un teléfono de contacto y las comparecencias periódicas ante el juzgado. La Audiencia Provincial acordó estas medidas después de considerar que los indicios existentes contra el investigado no tenían la intensidad suficiente para justificar su permanencia en prisión.

La decisión de este viernes llega después de que el Gobierno de Aragón, tras personarse en la causa como acusación particular, solicitara a la jueza que decretara de nuevo su ingreso en prisión. El Ejecutivo de Jorge Azcón argumentó que el traslado del investigado a la Comunidad Valenciana incrementaba el riesgo de fuga y que las medidas cautelares vigentes no garantizaban suficientemente que permaneciera a disposición de la Justicia.

En concreto, los Servicios Jurídicos de la DGA sostuvieron que el riesgo de fuga era ahora mayor por la gravedad de la pena a la que podría enfrentarse, su supuesto menor arraigo y el traslado fuera de Aragón. Por ello reclamaron prisión provisional comunicada y sin fianza o, subsidiariamente, una fianza de 100.000 euros.

La Audiencia ya cuestionó la solidez de los indicios

La decisión de mantener la libertad se produce después de que la Audiencia Provincial de Huesca revocara la prisión provisional decretada inicialmente por la jueza de Jaca. El tribunal consideró que los indicios contra el trabajador eran “insuficientes” para mantener una medida tan restrictiva y señaló que las grabaciones disponibles lo situaban cerca del punto de inicio del fuego, pero no mostraban que fuera él quien lo prendiera.

El auto de la Audiencia señalaba además que las cámaras no habían registrado de forma continua los momentos clave, ya que funcionaban mediante sensores de movimiento. Las imágenes sí situaban al investigado en las inmediaciones del lugar donde comenzaron las llamas, pero no permitían observar el momento exacto de la ignición. El tribunal también destacó que el trabajador aparece utilizando su teléfono móvil en esos primeros instantes, una circunstancia compatible con su versión de que estaba intentando avisar del incendio.

La Audiencia cuestionó asimismo que estuviera plenamente determinada la causa del fuego. El informe técnico preliminar apuntaba a la aplicación directa de una llama sobre combustible vegetal, pero la Sala consideró que ese documento no permitía descartar otras hipótesis y señaló que la zona no había quedado preservada hasta la llegada de los técnicos.

La investigación, en cualquier caso, continúa abierta. La jueza autorizó a finales de agosto el volcado y análisis de los dos teléfonos móviles intervenidos al investigado para buscar fotografías, mensajes, llamadas y datos que puedan ayudar a esclarecer qué ocurrió en los momentos previos y posteriores al inicio del incendio.

El Ejecutivo autonómico decidió a comienzos de septiembre personarse como acusación particular en la causa para ejercer las acciones civiles y penales que puedan derivarse del procedimiento. El Gobierno de Aragón justificó su decisión por la magnitud de los daños provocados por el incendio, que afectó a miles de hectáreas, obligó a evacuar numerosos núcleos y causó importantes daños ambientales, patrimoniales e infraestructuras.

El incendio de Las Peñas de Riglos, declarado el 10 de agosto, llegó a superar las 18.000 hectáreas de perímetro, con unas 14.500 hectáreas de superficie realmente quemada según las mediciones citadas durante la emergencia. El operativo llegó a movilizar a más de un millar de efectivos y hasta 42 medios aéreos. Además, el fuego provocó la muerte de un integrante de la Unidad Militar de Emergencias durante las labores de extinción.

“Les bases les va redactar la presidenta Mar Chao en primera persona”. L’excap de recursos humans de l’Autoritat Portuària de València (APV), E. O., es va pronunciar en aquests termes davant de la jutgessa de la plaça número 13 del jutjat social en la vista que es va celebrar aquest dimarts per a dirimir la legalitat d’un procés selectiu per a un lloc d’alta direcció. A més, va afirmar que, des del seu punt de vista, la convocatòria d’aquesta plaça no va respectar els principis d’igualtat, mèrit i capacitat obligatoris segons la legislació.

La causa sorgeix a conseqüència d’una denúncia d’UGT en considerar que tant aquest procés de selecció de personal fora de conveni com almenys dos més van estar falsejats. En tots els casos l’organització sindical va plantejar demandes judicials. El primer dels judicis es va celebrar el passat 19 de maig i està pendent de sentència. El d’aquest dimarts és el segon que té lloc i per al pròxim 1 d’octubre està previst el tercer.

Les bases que estaven en discussió en el judici celebrat aquest dimarts són les referides a la plaça de subdirecció de gestió de domini públic que es va acabar adjudicant a B. F., qui, passats tres mesos des que va accedir al càrrec, va tornar al seu anterior lloc en l’empresa APM Terminals, suposadament per no superar el període de prova en l’APV, encara que altres fonts sostenen que mai se la va tindre en compte i que va ser permanentment ignorada.

Com en la resta de processos impugnats, UGT va al·legar davant de la magistrada que en la convocatòria de la plaça no hi va haver procés de negociació col·lectiva, que els requisits inclosos en les bases no estaven motivats al mateix temps que predeterminaven la candidata, que hi va haver deficiències de procediment com falta de transparència, desviació de poder o absència dels requisits d’igualtat, mèrit i capacitat: “Considerem que s’ha de declarar nul aquest procés”, va dir l’advocada d’UGT.

Per la seua banda, l’advocat de l’Estat que va acudir en representació de l’APV va rebutjar de ple totes aquestes acusacions i va utilitzar com a principal argument i prova que el procés no va estar falsejat la carta per la qual es va comunicar a B. F. que no havia superat el període de prova: “Aquesta APV ha pogut valorar que no compta amb les aptituds i coneixements per a exercir el lloc per al qual ha sigut contractada, constatant durant més de tres mesos que no demostra capacitat de lideratge, insuficient implicació, baix rendiment, absència de visió integral en matèria de domini públic, insuficient coneixement de legislació administrativa, insuficient domini de la legislació portuària”, va dir el lletrat llegint l’esmentada missiva.

Des del seu punt de vista, no té cap lògica falsejar un procés per a seleccionar una candidata que presenta totes aquestes mancances. No obstant això, l’advocada d’UGT va considerar que no té res a veure l’acompliment que fera en el càrrec amb el fet que prèviament les bases estigueren dissenyades perquè ella fora l’adjudicatària.

Una visió que va ratificar com a testimoni E. O., qui va ser cap de recursos humans de l’APV quan es van produir tots aquests processos selectius. L’exdirectiva va desmuntar amb la seua declaració els arguments defesos per l’advocat de l’APV.

Així, a preguntes de l’advocada d’UGT, va assegurar que “les bases les va redactar la presidenta Mar Chao en primera persona”. Segons va explicar, el procediment normal mentre ella va exercir com a cap de recursos humans era que les bases es desenvolupaven en el si del tribunal, “mai per part de la presidència”. Així, el procediment venia referenciat per una directriu “d’obligat compliment” de Puertos del Estado. No obstant això, segons va afirmar, en aquest cas i en altres no es va aplicar. “No era normal, li ho vaig advertir a la presidència diverses vegades verbalment per a protegir-la i, com que no en feia cas, li vaig advertir per correu”, uns correus que va destapar elDiario.es.

Des del seu punt de vista, no es van respectar els principis d’igualtat, mèrit i capacitat i va insistir que aquestes bases no van ser desenvolupades ni concebudes pel tribunal de selecció, sinó que van vindre donades en un correu de la presidenta en el qual es demana celertitat perquè es constituïra el tribunal i es publicaren les bases. També va confirmar que no es van debatre amb el comité d’empresa, com era habitual, els motius pels quals es va convocar la plaça.

Xoc per l’informe de la Intervenció

Un dels moments més tensos de la vista, en la qual va estar present elDiario.es, va ser la discussió sobre la validesa com a prova de l’informe de la Intervenció General de l’Estat (IGAE) destapat en exclusiva per aquesta redacció. Així com en el judici del passat mes de maig sí que es va admetre, en aquest cas la magistrada no el va tindre en compte, seguint el criteri de l’advocat de l’APV.

De l’interés de l’advocat de l’Estat perquè no es tinga en compte l’informe de la Intervenció es pot intuir que es tracta d’una de les claus del procediment. No debades, el document assenyala que fins a cinc processos de selecció de personal de direcció, entre els quals el que es va analitzar en la vista d’aquest dimarts, “contenen requisits o mèrits que predeterminen d’una manera o una altra el candidat seleccionat. Per tant, podrien no respectar-se els principis constitucionals d’accés a l’ocupació pública”.

En el cas concret de la plaça de subdirecció de gestió de domini públic, l’informe de la IGAE qüestiona que en les bases “es destaca que es demana l’exercici de l’advocacia, que no és necessari per a les funcions, i que es demana experiència en el sector privat únicament, quan es desenvoluparà una funció pública”. Dels tres candidats que es van presentar, només es va admetre la que finalment va resultar adjudicatària.

“S’observa que per als llocs de subdirector, una categoria que està just per davall del director general, no demanen experiència prèvia i, no obstant això, per a les places de subdirector de Gestió de Domini Públic i d’Infraestructures, Instal·lacions i Conservació, demanen una experiència prèvia de 10 anys”, diu la IGAE.

Investigació en Anticorrupció

El judici d’aquest dimarts és independent de la investigació oberta per la Fiscalia Anticorrupció després d’una denúncia de Compromís en la qual es posa de manifest que va poder haver-hi un procés de subrogació encobert destinat a recol·locar de manera fraudulenta determinats empleats del Consorcio Valencia 2007 en l’APV i en l’Ajuntament.

Es tracta de la plaça objecte del judici del passat mes de maig adjudicada a A. G. i de la de subdirector d’Infraestructures que es va adjudicar a M. G. Totes dues es van presentar a un altre procés selectiu obert en dates coincidents en la Fundació Esportiva Municipal (FDM) i, després de confirmar-se que van obtindre els llocs en l’APV, van renunciar al concurs de la FDM, entitat que també el va deixar sense efecte.

Un tercer exempleat del Consorci es va adjudicar una altra plaça de la fundació Visit València, procés del qual va informar prèviament el regidor de Grans Projectes, José Marí Olano, també denunciat en Anticorrupció, com es desprén dels àudios avançats per aquest diari.

“Las bases las redactó la presidenta Mar Chao en primera persona”. La exjefa de recursos humanos de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), E. O., se pronunció en estos términos ante la jueza de la plaza número 13 del juzgado de lo social en la vista que se celebró este martes para dirimir la legalidad de un proceso selectivo para un puesto de alta dirección. Además, afirmó que desde su punto de vista la convocatoria de esta plaza no respetó los principios de igualdad, mérito y capacidad obligatorios según la legislación.

La causa surge como consecuencia de una denuncia de UGT al considerar que tanto este proceso de selección de personal fuera de convenio como al menos otros dos, estuvieron amañados. En todos los casos la organización sindical planteó demandas judiciales. El primero de los juicios se celebró el pasado 19 de mayo y está pendiente de sentencia. El de este martes es el segundo que tiene lugar y para el próximo 1 de octubre está previsto el tercero.

Las bases que estaban en discusión en el juicio celebrado este martes son las referidas a la plaza de subdirección de gestión de dominio público que se terminó adjudicando a B. F., quien pasados tres meses desde que accedió al cargo, regresó a su anterior puesto en la empresa APM Terminals, supuestamente por no superar el periodo de prueba en la APV, aunque otras fuentes sostienen que nunca se le tuvo en cuenta y que fue permanentemente ninguneada.

Como en el resto de procesos impugnados, UGT alegó ante la magistrada que la convocatoria de la plaza no hubo proceso de negociación colectiva, que los requisitos incluidos en las bases no estaban motivados al tiempo que predeterminaron a la candidata, que hubo deficiencias de procedimiento como falta de transparencia, desviación poder o ausencia de requisitos igualdad, mérito y capacidad: “Consideramos que se debe declarar nulo este proceso”, dijo la abogada de UGT.

Por su parte, el abogado del Estado que acudió en representación de la APV rechazó de plano todas estas acusaciones y utilizó como principal argumento y prueba de que el proceso no estuvo amañado la carta por la que se comunicó a B. F. que no había superado el periodo de prueba: “Esta APV ha podido valorar que no cuenta con las aptitudes y conocimientos para desempeñar el puesto para el que ha sido contratado constatando durante más de tres meses que no demuestra capacidad de liderazgo, insuficiente implicación, bajo rendimiento, ausencia de visión integral en materia de dominio público, insuficiente conocimiento de legislación administrativa, insuficiente dominio de la legislación portuaria”, dijo el letrado leyendo la mencionada misiva.

Desde su punto de vista, carece de toda lógica amañar un proceso para seleccionar a una candidata que presenta todas estas carencias. Sin embargo, la abogada de UGT consideró que nada tiene que ver el desempeño que hiciera en el cargo con que previamente las bases estuvieran diseñadas para que ella fuera la adjudicataria.

Una visión que refrendó como testigo E. O., la que fuera jefa de recursos humanos de la APV cuando se produjeron todas estos procesos selectivos. La exdirectiva desmontó con su declaración los argumentos defendidos por el abogado de la APV.

Así, a preguntas de la abogada de UGT, aseguró que “las bases las redactó la presidenta Mar Chao en primera persona”. Según explicó, el procedimiento normal mientras ella ejerció como jefa de recursos humanos era que las bases se desarrollaban en el seno del tribunal, “nunca por parte la presidencia”. Así, el procedimiento venía referenciado por una directriz “de obligado cumplimiento” de Puertos del Estado. Sin embargo, según afirmó, en este caso en otros no fue aplicado. “No era normal, se lo advertí a la presidencia en varias ocasiones verbalmente para protegerla y como hacía caso omiso le advertí por correo”, unos mails que destapó elDiario.es.

Desde su punto de vista no se respetaron los principios de igualdad, mérito y capacidad e insistió en que estas bases no fueron desarrolladas ni concebidas por el tribunal de selección, sino que vinieron dadas en un correo de la presidenta en el que se urgía a que se constituyera el tribunal y se publicaran bases. También confirmó que no se debatió con el comité de empresa, como era habitual, los motivos por los que se convocó la plaza.

Choque por el informe de la Intervención

Uno de los momentos más tensos de la vista, en la que estuvo presente elDiario.es, fue la discusión sobre la validez como prueba del informe de la Intervención General del Estado (IGAE) destapado en exclusiva por esta redacción. Así como en el juicio del pasado mes de mayo sí que se admitió, en este caso la magistrada no lo tuvo en cuenta, siguiendo el criterio del abogado de la APV.

Del interés del abogado del estado en que no se tenga en cuenta el informe de la Intervención se puede intuir que se trata de una de las claves del procedimiento. No en vano, el documento señala que hasta cinco procesos de selección de personal de dirección, entre ellos el que se analizó en la vista de este martes, “contienen requisitos o méritos que predeterminan de un modo u otro el candidato seleccionado. Por lo tanto, podrían no respetarse los principios constitucionales de acceso a empleo público”.

En el caso concreto de la plaza de subdirección de gestión de dominio público el informe de la IGAE cuestiona que en las bases “se destaca que se solicita el ejercicio de la abogacía, que no es necesario para las funciones, y que se solicita experiencia en sector privado únicamente, cuando se va a desarrollar una función pública”. De los tres candidatos que se presentaron, tan solo se admitió a la que finalmente resultó adjudicataria.

“Se observa que para los puestos de subdirector, una categoría que está justo por debajo del Director General, no solicitan experiencia previa, y, sin embargo, para las plazas de Subdirector de Gestión de Dominio Público y de Infraestructuras, Instalaciones y Conservación, solicitan una experiencia previa de 10 años”, dice la IGAE.

Investigación en Anticorrupción

El juicio de este martes es independiente de la investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción tras una denuncia de Compromís en la que se pone de manifiesto que pudo haber un proceso de subrogación encubierto destinado a recolocar de forma fraudulenta a determinados empleados del Consorcio Valencia 2007 en la APV y en el Ayuntamiento.

Se trata de la plaza objeto del juicio del pasado mes de mayo adjudicada a A. G. y de la de Subdirector de Infraestructuras que se adjudicó a M. G. Ambas se presentaron a otro proceso selectivo abierto en fechas coincidentes en la Fundación Deportiva Municipal (FDM) y tras confirmarse que obtuvieron los puestos en la APV, renunciaron al concurso de la FDM, entidad que también lo dejó sin efecto.

Un tercer exempleado del Consorcio se adjudicó otra plaza de la fundación Visit Valencia, proceso del que informó previamente el concejal de Grandes Proyectos, José Marí Olano, también denunciado en Anticorrupción, como se desprende de los audios adelantados por este diario.

El Ministerio Fiscal reclama a F. R. A., de 39 años, nacido en Logroño, un año de prisión por un delito de allanamiento de morada, con la agravante de empleo de violencia, al entrar en la vivienda de otra persona con la que tenía desavenencias en Villamediana de Iregua.

Además, le solicita una multa de 1.440 euros, así como, en concepto de Responsabilidad Civil, indemnizará a la víctima en los daños causados en la cerradura y puerta que se acrediten o tasen en ejecución se sentencia, suma que se incrementará con el interés establecido en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El acusado de enfrenta a una 'vistilla' -para que ver si se puede llegar a una conformidad, que en caso de no ser así, derivaría en señalamiento de juicio- por este delito que se desarrollará el 16 de septiembre, a las 09,30 horas, en la Audiencia Provincial de La Rioja.

Los hechos, a los que se ha tenido acceso Europa Press, se produjeron el 10 de mayo de 2023, antes de las 18,30 horas, cuando F.R.A., tras violentar la cerradura y el marco de la puerta, penetro en el domicilio de D. M. R., ubicado en la Villamediana de Iregua.

Ante ello, la víctima requirió la presencia de la Guardia Civil. A la llegada de éstos, sobre las 19,15 horas, comprobó que la puerta del domicilio estaba violentada, abierta, y en su interior estaba el acusado sentado en el sofá del salón, tomándose una cerveza.

Ambos, víctima y acusado, mantenían desavenencias, haciendo que el legítimo morador de la vivienda se opusiera a que F.R.A., entrase al domicilio.

Para el Fiscal estos hechos constituyen un delito de allanamiento de morada, con la agravante de empleo de violencia, por el que le pide un año de cárcel, 1.440 euros de multa, y una indemnización por la rotura de la cerradura.

El Fiscal solicita una pena total de más de 115 años de prisión para ocho acusados de siete delitos de robo con fuerza en establecimiento abierto al público, delitos de hurto, estafa, robo con violencia e intimidación y de lesiones leves tras entrar a robar en diferentes establecimientos de La Rioja Alta en el año 2023 utilizando para ello coches robados, pistola e incluso disfraces.

Las penas que solicita el Fiscal cambian según la implicación de los acusados y oscilan entre el año y los 3 meses de prisión y los 14 años de cárcel que, en concreto, pide para uno de los acusados, J.A.M., el que más participó en los hechos. Precisamente, y sumando todos los delitos que se le imputan a esta misma persona, se enfrenta a más de 52 años de cárcel. El juicio tendrá lugar los días 14,15 y 17 de septiembre en el Palacio de Justicia de Logroño.

Por responsabilidad civil todos los acusados deberán indemnizar a los establecimientos perjudicados en más de 42.000 euros.

Según el escrito del Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, el primer hecho del que se tiene constancia se remonta al 18 de marzo de 2023 cuando uno de los procesados -muchos de ellos cuentan con antecedentes penales previos- intentó acceder a un bar de Haro con la finalidad de apropiarse de cuantos efectos de valor encontrase en su interior. Sin éxito en su plan criminal sí que causó daños en el establecimiento por valor de 2.000 euros.

Apenas un mes después, el 19 de abril de 2023, entre las 02,30 y las 02,50 horas, otros de los dos acusados acudieron a un bar de Santo Domingo de la Calzada. Una vez allí, forzaron la cerradura y se llevaron el dinero de la máquina tragaperras. El valor total de lo sustraído y los daños causados ascendió a 2.244 euros. Posteriormente también acudieron al interior de un empresa de la misma localidad riojana donde robaron el dinero de la caja registradora, 751,20 euros.

Ya en el mes de mayo, otros procesados volvieron a un bar de Haro donde “aprovechando un descuido de la propietaria” sustrajeron su bolso con 500 euros en efectivo. Además, aprovecharon las tarjetas de crédito de la propietaria para efectuar pagos no autorizados.

Los hechos que relata el Fiscal también se remontan al 19 de mayo de 2023 cuando de nuevo, otros de los procesados acudieron a una cafetería, también de Haro, donde realizaron numerosos destrozos y además robaron todo el dinero efectivo disponible. El valor total de los daños causados y el robo asciende a 11.246,12 euros.

Robos en bares y cafetería durante un año

El Fiscal prosigue relatando diferentes entradas a bares o cafeterías tanto de Haro como de Cihuri, Cenicero, San Vicente de la Sonsierra e incluso en Vizcaya durante todo el año 2023.

En uno de ellos, el ocurrido el 22 de mayo de ese mismo año, varios de los acusados acudieron a un bar situado en la calle El Mazo, número 12, de Haro. Allí uno de ellos apuntó con una pistola al camarero, lo tiró al suelo y lo roció con spray pimienta. Los acusados sustrajeron efectivo de la caja registradora por importe de 400 euros así como un teléfono móvil valorado en 325 euros.

Finalmente, muchos de los acusados entraron en prisión provisional aunque algunos de ellos se encuentran en libertad.

Para el Fiscal estos hechos son constitutivos de siete delitos de robo con fuerza en establecimientos abiertos al público, uno de robo con violencia e intimidación y otro de hurto y estafa. Para algunos de ellos, el Fiscal ve las circunstancias agravantes de 'disfraz' y multireincidencia. Finalmente por responsabilidad civil solicita en total más de 42.000 euros.

La Audiencia Provincial de Álava ha confirmado la sentencia de la magistrada de Vitoria Beatriz Eva Román Gobernado de diciembre del pasado año que absolvió a 21 personas -doce mujeres y nueve varones- acusadas de un delito de coacciones por concentrarse y rezar ante la clínica Askabide de la capital en la que se realizan interrupciones del embarazo. Era la primera vez en Euskadi, España y Europa en la que se llevaba a juicio un caso en virtud de la reforma legal de 2022 para proteger el ejercicio de un derecho frente a las campañas de organizaciones ultracatólicas, como las que se convocaron en Vitoria. La sentencia fue recurrida y ahora, la Audiencia alavesa en una sentencia del magistrado Jesús Alfonso Poncela García, ha rechazado el recurso interpuesto por la acusación particular ejercida por la clínica Askabide, al que se adhirió el Ministerio Fiscal, y ha confirmado la sentencia absolutoria dictada por la plaza número 1 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Vitoria. Contra el fallo cabe recurso ante el Tribunal Supremo.

A pesar de que la sentencia reconoce que entre el 28 de septiembre y el 6 de noviembre de 2022 los acusados acudieron a rezar ante una clínica de Vitoria en la que mujeres ejercen su derecho al aborto, el juzgado ha acordado la absolución debido a que considera que “no hubo actos ofensivos, de intimidación, ni coactivos, ni insultos; ni tampoco prueba de la existencia de hechos ”con una gravedad apreciable“ que pudieran considerarse ”actos molestos“ susceptibles de ser sancionados penalmente. Las personas, como ha quedado probado, se situaban en una acera frente a la clínica, en diagonal respecto a la misma, rezaban unas veces en silencio y otras en voz alta, ”sin que en este último caso los rezos fueran audibles para los usuarios“ que estaban dentro de la clínica, aunque algunas de esas personas portaban carteles ”DIN A4“ con frases como ”no estás sola“, ”estamos aquí para ayudarte“, ”rezamos por ti“.

La sentencia del Juzgado de lo Penal, ahora ratificada por la Audiencia Provincial de Álava, sostiene que “el juzgado considera que no puede tildarse el comportamiento de los acusados de coactivo, porque nunca observaron actitudes violentas contra las potenciales víctimas” y también “descarta completamente la existencia de hostigamiento ni ambiental, ni de ninguna otra naturaleza” por parte de los acusados, contra el criterio sostenido por la Fiscalía y por testigos aportados por la clínica Askabide. “No consta que se haya abordado, increpado o agredido a ninguna persona, ni que se constituyeran cadenas humanas impidiendo el paso a mujeres o trabajadores o cortado suministros de la clínica, ni que los manifestantes hayan realizado gestos o proclamado eslóganes amenazantes”, detalla la sentencia.

En esta ocasión, la Audiencia Provincial de Álava reconoce que comparte el mismo criterio. “Este tribunal comparte el criterio de la magistrada de la instancia de que la conducta probada llevada a cabo por los acusados no puede considerarse como acoso, ni tiene la entidad suficiente como para crear un acoso ambiental”, afirma ahora la Audiencia alavesa, que detalla que “sería exigible algo más que la conducta llevada a cabo por los acusados para poder ser típica y situarse en un escalón inmediatamente inferior a una conducta coactiva” y constituir así ese “acoso o integrar ese concepto de acto molesto”.

No obstante, el propio tribunal reconoce en la sentencia que está “ante el análisis de un tipo penal novedoso, de escaso desarrollo jurisprudencial y en el que se ha tenido que analizar su interpretación a la vista del conflicto existente entre distintos derechos: derecho de reunión, y libertad de expresión, de culto y de religión frente a la libertad de decisión” e insiste en que “la misma magistrada del Juzgado de lo Penal -Beatriz Eva Román Gobernado- hizo alusión a la escasez de sentencias sobre la materia, y lo novedoso de la situación”. “En este contexto deducir una temeridad manifiesta por la parte recurrente no es proporcionado a la complejidad de la cuestión jurídica que se ha planteado en este procedimiento”, concluye.