Ha sido el momento más mediático del juicio de la Kitchen. El día de la declaración del ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. También, de Maria Dolores de Cospedal. Declaran como testigos, no como acusados, por decisión de los jueces que manejaron la investigación previa. Sabíamos que al declarar como testigos y no como imputados el interrogatorio quedaba muy limitado. Así ha sido, pero también ha habido momentos que merece la pena escuchar. 

Repasamos los sonidos más importantes de la declaración de Rajoy y Cospedal en el juicio de la Operación Kitchen y les damos contexto y explicación con el periodista de elDiario.es que ha estado siguiendo el juicio, Pedro Águeda. 

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El PSOE de Castilla-La Mancha no ha dejado pasar la oportunidad de volver a poner el foco de la actualidad política en la ex secretaria general del PP y expresidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, por su declaración en la Audiencia Nacional en el marco del juicio por la operaación Kitchen.

Concretamente, los socialistas han lamentado lo que han denominado los “hitos” de Cospedal. “Fue la primera en despedir, la primera en recortar y ahora es la primera en declarar en los juzgados por un caso de presunta corrupción”, ha dicho el diputado socialista Antonio Sánchez Requena. Es un “triste balance”, ha añadido, y un “asunto tan feo”, que ni el presidente regional del PP, Paco Núñez, ni su partido “confirman ni desmienten si es presidenta de honor o no, si la han nombrado, o si la van a cesar”.

De este modo, el parlamentario socialista ha lamentado que los 'populares' vuelvan a ser quienes ofrecen “la peor imagen que podía ofrecer la región”.

En cualquier caso, ha concluido, a nadie le puede extrañar que Cospedal esté hoy en los juzgados declarando como testigo por un asunto de espionaje, ya que “una de sus primeras decisiones” al frente de esta región fue contratar a la empresa de detectives 'Método 3'.

El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha pedido este jueves “respetar” los procedimientos judiciales abiertos en el día en el que la exsecretaria general del PP y expresidenta castellanomanchega María Dolores de Cospedal testifica en la Audiencia Nacional en el juicio por la operación Kitchen.

Preguntado al respecto en la rueda de prensa que ha ofrecido en las Cortes regionales, Núñez ha evitado pronunciarse sobre esta comparecencia y ha dejado claro que a él “nunca” le ha gustado politizar la justicia y “nunca” le ha gustado judicializar la política.

Además, el líder de los 'populares' considera que “la mejor forma” en la que un dirigente político puede contribuir a no interferir en ningún tipo de procedimiento judicial es no pronunciarse “en ningún procedimiento en curso”. “No lo he hecho ni lo haré con el procedimiento judicial abierto con el tema Ábalos ni lo haré con el de Cerdán”, ha apostillado Núñez.

“Solo debemos pronunciarnos sobre sentencias firmes”

Dicho esto, ha insistido en que “solamente debemos de pronunciarnos sobre sentencias firmes que, además, pueden en algunos casos obligarnos a tomar decisiones”, al tiempo que ha insistido en que los procedimientos judiciales abiertos “hay que respetarlos”, porque “cualquier opinión puede interferir en el procedimiento” y “haríamos un flaco favor a la separación de poderes haciéndolo”.

También ha asegurado que a los castellanomanchegos “les importa el presente y el futuro” y cree que “hablar de los expresidentes es una cuestión que no beneficia al interés general y por eso no tengo por costumbre ni hablar de Barreda ni tampoco hablar de Cospedal”.

“Lo importante”, ha subrayado, es que la justicia pueda actuar “con plenitud”, independientemente de la persona que tenga que sentarse en un banquillo o del color político y que “la política no interfiera en la justicia”.

“Mis principios siempre son férreos en defender la democracia, en defender la separación de poder y en no interferir en ningún procedimiento judicial y ahora no lo voy a cambiar”, ha zanjado.

El Ejército israelí tardó solo 48 horas en investigar y castigar a dos soldados que destruyeron una estatua de Jesucristo en una aldea del sur de Líbano y fotografiaron la hazaña. El incidente desencadenó condenas internacionales e indignación tras hacerse viral en redes sociales el pasado domingo.

La imagen de un soldado que golpea con un martillo la estatua de Jesús, tras descolgarla de su cruz, fue difundida además en medio del alto el fuego en Líbano, que Donald Trump declaró la semana pasada, aunque Israel no ha detenido todos sus ataques contra objetivos en territorio libanés y sus tropas no se han retirado de una amplia zona del sur del país árabe, donde tuvieron lugar los hechos.

En el marco de la ocupación de una franja de varios kilómetros de profundidad junto a su frontera con Líbano, los militares israelíes han estado destruyendo y arrasando viviendas e infraestructura civil, después de haber ordenado la evacuación forzosa de los cientos de miles de residentes de la zona al principio de su ofensiva, hace poco más de un mes y medio. A pesar de que los dirigentes políticos y militares israelíes afirman que están actuando contra el grupo chií Hizbulá, las aldeas habitadas por cristianos no se han salvado de los bombardeos, la invasión y la destrucción.

Castigo rápido y ejemplar

El martes, el Ejército de Israel (FDI) anunció que el soldado que destrozó la estatua y el que lo fotografió van a ser suspendidos y castigados con una pena de 30 días de detención militar; mientras que otras medidas disciplinarias podrían adoptarse contra los seis soldados que presenciaron los hechos y no actuaron para impedirlo ni informaron de ello.  

“La investigación determinó que la conducta de los soldados se desvió completamente de las órdenes y los valores de las Fuerzas de Defensa de Israel”, afirmaron en un comunicado. “Las FDI lamentan profundamente el incidente y recalcan que sus operaciones en Líbano están dirigidas exclusivamente contra la organización terrorista Hizbulá y otros grupos terroristas y no contra civiles libaneses”. Después de conocer los resultados de la investigación, “el Jefe del Estado Mayor condenó el incidente y declaró que constituye una conducta inaceptable y una falta moral, que excede con creces cualquier estándar aceptable y contradice los valores de las FDI y la conducta esperada de sus tropas”, agregó el comunicado.

Además, el mismo martes, las FDI difundieron una foto del nuevo crucifijo que han instalado en la localidad de Debel, “en plena coordinación con la comunidad local”. Y reiteraron que “lamentan profundamente el incidente y están trabajando para garantizar que no vuelva a ocurrir en el futuro”.

En los pasados dos años y medio, desde el comienzo del genocidio en Gaza, el Ejército no había reconstruido o reparado los destrozos causados por soldados que se excedieron en su comportamiento, ni en la Franja ni en Líbano o en Siria –territorios en los que han ocupado amplias áreas desde 2023–.

La rapidez y eficacia con las que han actuado las autoridades ante la destrucción de la estatua de Jesucristo contrasta con otros muchos casos de mala conducta y abusos por parte de los uniformados, que no son investigados ni castigados prácticamente nunca. También llaman la atención las declaraciones del Gobierno de Tel Aviv, que en esta ocasión no pudo defender al “ejército más moral del mundo”, como a menudo se califican a sí mismos, debido a las críticas y presiones internacionales.

“Me sentí consternado y entristecido al enterarme de que un soldado de las FDI dañó un icono religioso católico en el sur del Líbano. Condeno este acto en los términos más enérgicos”, dijo en X el primer ministro Benjamín Netanyahu. El mandatario aprovechó para remarcar que Israel es el país donde “la población cristiana prospera a diferencia de otros lugares de Oriente Medio” –una afirmación contraria a la realidad en Jerusalén, donde las autoridades israelíes suelen imponer restricciones a estos fieles que son, en su mayoría, palestinos–.

Esta reacción dice mucho no solo sobre Israel, sino también sobre las respuestas occidentales. Muchas de las personas que se indignaron ante la imagen de un soldado israelí destrozando una estatua, mostraron poca o ninguna indignación cuando Israel bombardeaba sitios e instituciones religiosas cristianas en Gaza

Sonia Boulos — Profesora de Derecho Internacional

Un caso que dice mucho de Israel y también de Occidente

La profesora de Derecho Internacional de la Universidad Nebrija, Sonia Boulos, destaca que Israel actuó muy rápidamente en esta ocasión, pero va más allá: “Esta reacción dice mucho no solo sobre Israel, sino también sobre las respuestas occidentales. Muchas de las personas que se indignaron ante la imagen de un soldado israelí destrozando una estatua, mostraron poca o ninguna indignación cuando Israel bombardeaba sitios e instituciones religiosas cristianas en Gaza; cuando se difundieron videos de graves actos de violencia sexual y tortura cometidos por soldados israelíes contra detenidos palestinos; o cuando se transmitieron en directo imágenes de niños y civiles muriendo de hambre”.

En una entrevista con elDiario.es, Boulos, que ha ejercido como abogada en la Asociación de Derechos Civiles en Israel, donde ha litigado durante seis años numerosos casos frente al Tribunal Superior de Justicia, considera que detrás de esa indignación hay “racismo”. “El cristianismo occidental se ha apropiado de Jesús, olvidando que Jesús mismo provenía del Suroeste de Asia y hablaba arameo. A través de esta apropiación, el incidente fue percibido como un ataque a su identidad o a uno de los suyos y no como una anécdota dentro de una trayectoria mucho más larga de violencia colonial que Israel ejerce contra palestinos, libaneses y otros pueblos vecinos”, explica la experta.

“Esta vez, Israel no pudo justificar el acto como ha justificado el bombardeo de instituciones cristianas calificándolo de daño colateral o de error, ni pudo alegar—como suele hacer en relación con el acoso diario a la comunidad cristiana en Jerusalén mediante violencia, escupitajos y vandalismo, incluido el de cementerios—que se trataba de actos de individuos extremistas”, agrega Boulos, destacando que al tratarse de un soldado israelí no podía justificarlo con “las maniobras retóricas” habituales.

La profesora señala que el derecho internacional humanitario proporciona protecciones amplias a los sitios y símbolos religiosos durante los conflictos armados y, por tanto, lo sucedido en Líbano es “grave”. Pero recuerda que “Israel ha sido acusado de violaciones de una gravedad extrema, que implican formas insidiosas de violencia, incluida la utilización sistemática de la tortura, la violencia sexualizada y el hambre contra la población palestina”; además de que relatores especiales de Naciones Unidas y la Comisión Internacional Independiente de Investigación han concluido que Israel ha cometido genocidio en Gaza. Por ello, Boulos cree que el foco de atención debería estar en “la estructura más amplia de la impunidad de Israel, habilitada por la complicidad occidental”. 

Esta vez, Israel no pudo justificar el acto como ha justificado el bombardeo de instituciones cristianas calificándolo de daño colateral o de error, ni pudo alegar que se trataba de actos de individuos extremistas

Sonia Boulos — Profesora de Derecho Internacional

Durante la brutal ofensiva israelí en Gaza –en la que el ejército ha matado a más de 72.000 palestinos desde octubre de 2023 hasta el momento–, se difundieron en redes sociales numerosas imágenes de soldados asaltando y saqueando propiedades de palestinos; maltratando y abusando de los detenidos, tanto en la Franja como en Cisjordania; insultando y mofándose de los presos o de otros. En muchas ocasiones, fueron los propios militares los que publicaban ese material incriminatorio y también alardeaban de que estaban causando una gran destrucción y que la población palestina no tendría ninguna casa a la que regresar.

Según el periódico Haaretz, solo uno de los múltiples casos de saqueo y destrucción de propiedades por parte de soldados israelíes durante las operaciones terrestres en Gaza y Líbano resultó en una acusación penal, que se resolvió el pasado mes de febrero mediante un acuerdo con la Fiscalía militar, que rebajó el delito de saqueo a robo. De acuerdo con los datos obtenidos por ese medio, en 2024 se abrieron al menos otras seis investigaciones penales por saqueo o destrucción de propiedades pero ninguna de ellas derivó en una acusación formal.

A pesar de que existen numerosas fotos y vídeos de soldados cometiendo diferentes tipos de delitos y en las que se pueden identificar a los uniformados, éstos no han sido perseguidos en Israel, aunque sí ha habido algún intento de hacerlo en el extranjero, impulsado por activistas palestinos o propalestinos.

Hay una falta de voluntad o incapacidad del sistema israelí para enjuiciar crímenes de derecho internacional, lo que pone de relieve la urgente necesidad de recurrir a la justicia internacional como la única vía que le resta a la población palestina

Erika Guevara Rosas — Directora de investigación de Amnistía Internacional

Impunidad para los “crímenes contra la población palestina”

El caso más mediático y polémico en Israel se remonta a 2024, cuando cinco soldados fueron acusados de abusar y agredir sexualmente a un detenido palestino en la prisión militar de Sde Teiman, conocida por las torturas y maltrato que reciben los reclusos.

Este mes de marzo, el fiscal general militar del Estado hebreo decidió retirar todos los cargos contra los acusados, que habían sido defendidos en todo momento por medios israelíes y por el Gobierno de Netanyahu. Tras el archivo del caso, el ministro de Defensa, Israel Katz, celebró la decisión del fiscal general del Ejército y arremetió contra su antecesora en el cargo al considerar que abrió el caso en febrero de 2025 para “difamar” a los militares. La fiscal Yifat Tomer-Yerushalmi dimitió posteriormente, admitiendo que había filtrado a los medios el vídeo en el que se puede ver a los soldados llevarse al preso a un rincón y someterlo a abuso, aunque trataron de evitar la grabación de los actos con sus escudos antidisturbios. 

“Esta decisión supone un nuevo capítulo inadmisible en la larga trayectoria del sistema judicial israelí de conceder impunidad a los responsables de crímenes graves contra la población palestina”, afirmó tras el archivo del caso Erika Guevara Rosas, directora de Investigación, Trabajo de Incidencia y Política de Amnistía Internacional. También denunció la “falta de voluntad o incapacidad del sistema israelí para enjuiciar crímenes de derecho internacional, lo que pone de relieve la urgente necesidad de recurrir a la justicia internacional como la única vía que le resta a la población palestina”.

Al menos 98 palestinos han perdido la vida bajo custodia israelí, sin que las autoridades hayan abierto ninguna investigación independiente, transparente e imparcial en ninguno de los casos

Amnistía Internacional

Según Amnistía Internacional, desde el inicio del genocidio en Gaza en octubre de 2023, solo un soldado israelí ha sido condenado por torturar a un detenido palestino, “pese a las abrumadoras pruebas de tortura y abusos generalizados —incluida la violencia sexual— contra personas palestinas en centros de detención israelíes”. La ONG destacó en un comunicado que, en los pasados dos años y medios, “al menos 98 palestinos han perdido la vida bajo custodia israelí, sin que las autoridades israelíes hayan abierto ninguna investigación independiente, transparente e imparcial en ninguno de los casos”.

Un artículo publicado en Haaretz, después del castigo a los dos soldados que han protagonizado el caso de Líbano, concluye que “una estatua de Jesús obtiene más empatía que los palestinos en Israel”. La autora señala que “los líderes israelíes examinaron con lupa la conducta de un soldado al que ellos mismos contribuyeron a moldear; una conducta que quedaría impune si se dirigiera contra los 'enemigos adecuados'. Esos 'enemigos' —personas de carne y hueso, víctimas de abusos— reciben menos empatía que un trozo de madera”.

Manuel Reija, el lotero de A Coruña acusado de quedarse con una primitiva premiada con 4,7 millones de euros en 2012 -circunstancia que, según la Policía, ocultó a su legítimo dueño cuando este fue a comprobar varios boletos-, ha tildado de “mentira” que estuviese con el propietario de la misma cuando descubrió que estaba premiado y que le ocultase a este la citada información. Ha sido a preguntas de la Fiscalía en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de A Coruña y en el que se sienta en el banquillo de los procesados también su hermano, al que se considera encubridor de los hechos en su condición de delegado de Loterías en la provincia coruñesa. De “mentira” ha calificado también Manuel Reija que acudiese a su hermano con la intención de cobrar el premio.

“En absoluto, no tengo a nadie delante”, ha respondido a la fiscal del caso ante las preguntas de esta sobre el momento previo y las comprobaciones que aparecen realizadas sobre distintos boletos en relación con la persona que la Policía consideró el legítimo dueño. “Yo estaba solo, no sé cuánto tiempo llevaban allí”, ha precisado sobre el momento en que encontró el grupo de boletos, de los que ha dicho que estaban como “recién sacados de la cartera”, para luego comprobar que uno de ellos estaba premiado.

Además, ha concretado que en sus más de 30 años de actividad le ocurrió haber encontrado otros pero que no siempre lo comprueba. En este caso, ha dicho que era porque estaban “dentro”, en su zona de trabajo, pero que si llegan a estar en la zona del exterior los hubiera tirado a la papelera. Luego, ha especificado, lo llevó a la delegación de Loterías, donde trabaja su familia, para consultar a su hermano, máximo responsable de la misma, para hacer lo qué hacía con el grupo de boletos y, en concreto, con el premiado.

Sin intención de cobrar

El boleto acabó, finalmente, en Madrid, en la sede de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, a donde lo llevó el delegado de Loterías -y también procesado- en un procedimiento en el que el lotero coruñés reclamó la cuantía, sin que se le llegase a abonar. Lo hizo, ha dicho, no con la intención inicial de cobrar el dinero, sino para que no caducase el citado proceso.

Al respecto, varios testigos han confirmado que, cuando no aparece una persona que reclame o de aparecer se compruebe que no sea el dueño, el lotero puede solicitar el pago de la cuantía. Al hilo de esto, el acusado ha admitido que, pese a abrirse un expediente de hallazgo, siguió reclamando el dinero pero, ha apuntado, para que le “aclarasen” la situación. En su declaración, y previamente a dejarse el boleto premiado en la sede de la SELAE en Madrid, lo tuvo en su administración, por consejo de su hermano, y a la espera, ha especificado, de que apareciera alguna persona a reclamarlo. “Sabía que era de primera categoría, pero no sabía el importe, yo seguí trabajando pero estaba sorprendido”, ha aseverado en otro momento de su intervención.

Mientras, ha admitido que cuando se inició el expediente de hallazgo para localizar al propietario no especificó que había un grupo de boletos, no solo el premiado, y ha asegurado que lo hizo para evitar reclamaciones maliciosas. “Yo podía haberlo cobrado”, ha aseverado en otro momento de su declaración y en una sesión en la que se ha pospuesto para este martes la declaración del otro acusado y con previsión de que se lean los informes por parte de las partes.

Dos familias reclaman

Junto a la posible responsabilidad penal de ambos acusados, en el juicio también se dirime quién es el legítimo propietario, con dos familias ejerciendo la acusación particular: la viuda y la hija del hombre al que la Policía considera, tras una investigación policial en 2018, el verdadero dueño y la de otra persona, también fallecida como el primero, que llegó en su momento a hacer una reclamación, pero descartándose que fuese el dueño. Ha sido en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de A Coruña y en el que Fiscalía solicita para él seis años de cárcel por un delito de estafa o, alternativamente, por apropiación indebida. Para su hermano, delegado provincial de Loterías, pide la misma pena de prisión por blanqueo de capitales o por encubrimiento.

Los hechos

En relación a lo sucedido, en su escrito de calificación, Fiscalía relata que el hombre ya fallecido, al que se considera el propietario, acudió en julio de 2012 al establecimiento del lotero para comprobar si los boletos que tenían estaban premiados. Sin embargo, sostiene el Ministerio Público, el acusado “conocedor del alto importe del premio, se lo quedó para así, junto con los demás boletos, y no comunicó al apostante dicho extremo ni tampoco le devolvió el resguardo ni el comprobante expedido por el terminal”.

“Con el boleto en su poder y completamente seguro del alto valor que tenía, ese mismo día acudió a la delegación provincial de Loterías y Apuestas del Estado de A Coruña”, en la que estaba al frente su hermano “con la finalidad de acelerar los trámites del cobro del resguardo, prescindiendo de cualquier procedimiento reglado y como si fuese legítimo poseedor”. “Siendo plenamente consciente de la ilegitimidad de la posesión de este título por parte de su hermano”, asegura que este “se dispuso a allanar el camino” con actos tendentes “a disfrazar el verdadero origen del boleto” a los efectos de que se pudiese “hacer efectivo el premio”. También señala que “omitió toda actuación, como delegado provincial, que pudiese servir para verificar el origen real” del mismo.

El Ministerio Fiscal pide un año y ocho meses para cada uno a cuatro miembros de la Comunidad de Regantes de Ochánduri, L. L. M., LM. O. U., C. G. G. y O. R. U., por un delito de estafa y otro de apropiación indebida al cobrar en 2013 a integrantes de la Sociedad Agraria de Transformación Virgen de Legarda cuotas de amortización de préstamos.

El juicio está previsto que se desarrolle este martes y miércoles, a las 09,30 horas, en la Audiencia Provincial. En los hechos de Fiscalía, se narra que la Sociedad Agraria de Transformación (SAT) 'Virgen de Legarda' se constituyó en 1982 para “transformar las fincas del término municipal de Ochánduri en regadío, obteniendo el 25 de octubre de 1.991 la oportuna concesión de aprovechamiento de aguas públicas derivadas del río Tirón”.

Tras la tramitación administrativa correspondiente, el 3 de mayo de 2.007 fue aprobado el Proyecto de Modernización del Regadío en la zona de Ochánduri, suscribiéndose el 23 de mayo de 2.017 el oportuno Convenio de Colaboración entre la SAT, la Comunidad Autónoma de La Rioja, Ibercaja y Bankia, que preveía en cuanto a su financiación la suscripción de sendas pólizas de préstamo entre éstas últimas entidades bancarias y la SAT, de modo que la titularidad de las obras de modernización del regadío en dicha zona correspondía a la SAT como entidad prestataria“.

Debido a numerosos “avatares administrativos”, no fue hasta el 8 de abril de 2011, cuando el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro dictó resolución “en la que se disponía que en el plazo de 3 meses, los propietarios de las tierras beneficiadas con este aprovechamiento habrían de constituirse en Comunidad de Regantes”.

Por su parte, la resolución de 23 de julio de 2012, dictada por la misma autoridad, indicó que “en el plazo de 6 meses habría de solicitarse la transferencia de la titularidad del aprovechamiento de aguas, inscrito en el Registro de Aguas a favor de la SAT, decretándose por Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro de fecha 13 de febrero de 2013 la transferencia de la titularidad del aprovechamiento de aguas, que no la de la propiedad de las infraestructuras pagadas por la SAT mediante los préstamos referidos en el párrafo anterior”.

Posteriormente, en 2012 “se declaró constituida la Comunidad de Regantes de Ochánduri, a la que la Confederación Hidrográfica del Ebro declaró titular de la concesión de aguas y de los bienes y obras necesarias para su explotación que hasta entonces ostentaba la SAT”.

El escrito recuerda que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJR declaró en Sentencia de 19 de febrero de 2.015 “que la propiedad de las infraestructuras de riego financiadas correspondía a la SAT”. Aún así, “y correspondiendo por tanto a la SAT tanto la propiedad de las infraestructuras como la titularidad de los préstamos referidos, los acusados, miembros todos de la Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes de Ochánduri, en Junta de Gobierno celebrada el 27 de diciembre de 2012 votaron a favor y acordaron, sin que existiera amparo legal alguno para ello, que la referida comunidad integraba en su patrimonio los bienes, derechos y obligaciones de cualquier naturaleza de la SAT, así como que dicha comunidad de regantes quedaría subrogada en las pólizas de préstamo referidas”.

Después de ello “comunicaron a los miembros Comunidad de Regantes que también lo eran de la SAT que, desde entonces, la cuota de amortización de esos préstamos cargada regularmente a cada uno de ellos sería abonada en la cuenta corriente de la Comunidad de Regantes de Ochánduri, como así hicieron con las cuotas correspondientes al ejercicio 2013, y todo ello generando una apariencia de regularidad, sirviéndose de la imagen de confianza que la comunidad de regantes referida ofrece a sus usuarios -que en su mayoría también lo eran de la SAT- y pese a ser requerida la comunidad por la SAT para que no cobrara ninguna cuota de amortización”

Como consecuencia de los hechos expuestos “la SAT dejó de ingresar de sus miembros y en concepto de cuotas de amortización de los prestamos referidos una cantidad total estimada en 31.106,96 euros, cantidad que acabó en la cuenta de la Comunidad de Regantes de Ochánduri, de modo que la primera se vió obligada a afrontar con fondos y capital propios esas amortizaciones, mientras la segunda atendía sus gastos ordinarios, corrientes y de funcionamiento, así como otros servicios o personas que con ella habían contratado - que nada que ver tenían con dicha amortización - con el saldo de su cuenta corriente, conformado en parte con esas cuotas indebidamente cobradas”.

Para el Fiscal, los hechos constituyen un delito de estafa y otra de apropiación indebida, por los que reclama para cada uno de los acusados un año y ocho meses de cárcel, así como una indemnización conjunta a la SAT de 31.106,96 euros, siendo responsable civil subsidiaria la Comunidad de Regantes de Ochánduri.

La defensa de Begoña Gómez acusa al juez Juan Carlos Peinado de vulnerar sus derechos fundamentales por avanzar en la causa por la que pretende llevarla a juicio sin contestar a sus recursos. En un escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, el letrado Antonio Camacho protesta por la tramitación “anormalmente acelerada” y exige al magistrado que resuelva el recurso que presentó hace casi un mes contra el auto que iniciaba el procedimiento del Tribunal del Jurado. El escrito denuncia que el juez dictó un nuevo auto el 13 de abril en el que propone llevar a juicio a su clienta sin haber resuelto ese recurso. 

El abogado argumenta que avanzar en el procedimiento penal sin contestar a los recursos de las partes supone una grave vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y a no sufrir indefensión, así como del derecho a un proceso equitativo. Y señala que el derecho al recurso no se satisface solo con presentarlo, sino que exige “una respuesta expresa, motivada y en un plazo razonable por parte del órgano judicial”. 

El escrito denuncia que esta forma de proceder del juez Peinado provoca una doble indefensión. Por un lado, al no responder, la defensa no puede corregir decisiones que afectan a aspectos esenciales del proceso. Y, por otro, se consolidan situaciones y se avanza a fases posteriores sin el debido “control jurisdiccional”.

El acusado de abusar sexualmente de una menor de 12 años en Tomelloso ha aceptado este jueves una pena de dos años de prisión tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía durante el juicio por unos hechos ocurridos en septiembre de 2022.

El procesado, A.N.L., de unos 50 años, ha reconocido los hechos, lo que ha evitado la celebración íntegra de la vista oral en la Audiencia Provincial de Ciudad Real. El Ministerio Fiscal solicitaba inicialmente una pena de cuatro años de prisión por un delito de abuso sexual a menor.

El acusado ha reconocido que se encontró con la menor cuando regresaba a su domicilio tras finalizar la jornada escolar y, con el pretexto de pedirle fuego, se acercó a ella y la arrinconó en un lateral de la acera.

Durante aproximadamente una hora, realizó tocamientos de carácter sexual, incluyendo pecho, glúteos y cadera, llegando a introducir la mano entre la ropa de la menor y por debajo del pantalón del uniforme.

Además de la condena de dos años de prisión, que no cumplirá al no contar con antecedentes penales, se le impondrá una orden de alejamiento de seis años respecto de la víctima, así como una indemnización de 600 euros por los daños morales causados.

La condena este pasado lunes al exciclista cántabro Óscar Freire por el delito de “vejaciones injustas”, por la que tendrá prohibido comunicarse y acercarse a su exmujer durante un periodo de seis meses y tendrá que estar localizado durante nueve días, ha despertado polémica por su calificación.

La condena del titular de la Plaza número 5 del Tribunal de Instancia de Torrelavega y magistrado encargado de Violencia sobre la Mujer en el municipio, mediante un juicio rápido, se ha producido tan solo unas horas después de que la exmujer de Freire le denunciara en la tarde domingo, porque ambas partes alcanzaron un acuerdo.

La condena por “vejaciones injustas” se llama exactamente así y es un delito leve, regulado en el artículo 173.4 del Código Penal. Aborda insultos o menosprecios considerados legalmente leves, como situaciones de acoso en el espacio público, contra cónyuge, expareja, ascendientes, descendientes, hermanos o convivientes. El delito de “vejaciones injustas” solo es perseguido si la víctima o su representante legal denuncia, tal como sucedió en este caso.

Una fuente experta consultada por elDiario.es explica que “se trata de supuestos que han llegado recientemente al Código Penal y es el tipo más leve en violencia machista, por eso se deriva a conciliación civil. Normalmente, no suele haber condenas, exhiben pésima relación conyugal, se refieren a algo constatable recientemente”.

En este tipo de delito leve, agrega esta fuente, la orden de alejamiento es solicitada “siempre” por la víctima. “Seis meses es el máximo de orden de alejamiento que se puede otorgar”, es decir, la pena impuesta al exciclista tres veces campeón del mundo, que fue denunciado por su expareja después de protagonizar un altercado a la salida de misa.

Según el Código Penal: “La intención, por tanto, es que solo se deriven a la vía penal aquellas conductas que tengan verdadera entidad y relevancia, cuando además no existan medios alternativos para la solución del conflicto”. Las “vejaciones injustas” son castigadas con localización permanente, con un periodo que oscila entre los cinco y los 30 días.

El caso de Óscar Freire

En el caso de Óscar Freire, y según recoge la sentencia como hechos probados, este pasado domingo, a la salida de misa, el acusado se dirigió a su expareja en presencia de otras personas gritando y faltándole al respeto. Estas expresiones “perturbaron la tranquilidad de la denunciante, atentando contra su integridad moral”, según refleja el fallo del Tribunal de Instancia de Torrelavega, que ya es firme, al haberse dictado con el acuerdo de todas las partes.

Y es que el tricampeón del mundo de ciclismo fue condenado después de haber reconocido los hechos y admitir la pena propuesta por la Fiscalía, al tiempo que la acusación particular, que ejercía su expareja, se adhería a la petición del ministerio público, por lo que no cabe recurso contra la sentencia.

El vicesecretario de Territorial del PP de Castilla-La Mancha, Raúl Valero, ha evitado valorar el juicio de la 'Operación Kitchen' y también mencionar a la expresidenta de la comunidad autónoma y ex líder del partido, María Dolores de Cospedal. Por el contrario, ha advertido de que “el PSOE no está para dar ejemplo de altos cargos”.

Preguntado al respecto, ha asegurado respetar todos los procesos judiciales, y más concretamente, éste que está abierto. “No voy a valorar un proceso judicial que está en proceso”, ha argumentado.

Quien sí hablado ampliamente del tema ha sido el PSOE castellanomanchego, que ha criticado la “hipocresía” del PP por su ausencia de manifestaciones ante la implicación de quien fuera director general de Presidencia durante el gobierno de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha en la 'Operación Kitchen'.

El PSOE se pregunta “si nadie se siente arrepentido”

Se cuestionan los socialistas “si nadie del PP de Castilla-La Mancha tiene nada que decir, si nadie se siente arrepentido ni piensan que hicieron mal al nombrar a Andrés Gómez Gordo”. Todo ello cuando ayer, en la Audiencia Nacional, un testigo clave se refirió a su imputación y a que era una persona conocida por su cercanía a Cospedal, como “Andy Cosp”, según ha trasladado la formación socialista.

El presidente del Grupo del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ángel Tomás Godoy, ha preguntado además que más tiene que conocerse de la 'Operación Kitchen' para que el PP de Castilla-La Mancha “deje de mirar hacia otro lado” y se “desligue” de su expresidenta regional, María Dolores de Cospedal.

Ha subrayado que Cospedal sigue siendo la presidenta de honor del PP de Castilla-La Mancha y ha cuestionado “qué más tiene que saber la ciudadanía” de lo que hizo durante su etapa de presidenta de esta tierra, para que el PP le retire su cargo honorífico.

Tras la condena este lunes a nueve días de localización permanente como autor de un delito leve de vejaciones injustas hacia su expareja, Óscar Freire, triple campeón del mundo, y su exesposa, Laura Cobo, han emitido un comunicado conjunto. Lo han realizado a través del hermano del exciclista, Antonio Freire, para manifestar “que parte de los datos y afirmaciones que se están difundiendo no se corresponden fielmente con la realidad de los hechos” y piden que se respete la presunción de inocencia.

“Ante las informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación en el día de hoy que afectan directamente a nuestra unidad familiar, solicitamos a todos los medios de comunicación, que siempre nos han tratado con respeto y consideración, la máxima reserva y discreción en un asunto de carácter íntimo y personal que, a nuestro entender, no debería ser objeto de interés público”, expresan en el comunicado.

También han señalado “la importancia de respetar la presunción de inocencia y de evitar juicios paralelos o conclusiones precipitadas sobre una cuestión especialmente delicada, que afecta no solo a adultos, si no también a los menores de edad de nuestro entorno familiar”.

Óscar Freire ha sido condenado en un juicio rápido que se ha celebrado este lunes y ha acabado en acuerdo, en el que el titular de la Plaza número 5 del Tribunal de Instancia de Torrelavega (Cantabria) le ha impuesto la prohibición de comunicarse o acercarse a su ex mujer a menos de 200 metros durante seis meses. El exciclista ha reconocido los hechos y ha admitido la pena solicitada por la fiscalía, a la que se ha adherido la acusación particular que ejerce su expareja, según ha informado esta tarde en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

La pareja, según el comunicado, ha asegurado que “parte de los datos y afirmaciones que se están difundiendo no se corresponden fielmente con la realidad de los hechos, extremo que confiamos quede aclarado en el marco del procedimiento legal correspondiente”. El comunicado agradece “la atención, la prudencia y la comprensión de los medios de comunicación y de la opinión pública en estos momentos.”

Dos familias reclaman la Primitiva Millonaria de A Coruña, un boleto premiado en el año 2012 con 4,7 millones de euros, en un juicio que ha comenzado este lunes en la Audiencia Provincial de esta ciudad y que sienta en el banquillo de los procesados al lotero acusado de quedarse con el boleto y a su hermano, entonces delegado provincial de Loterías y Apuestas del Estado, por, presuntamente, colaborar.

Según recoge Europa Press, las acusaciones las ejercen la viuda y la hija del hombre que, según la investigación policial, sería el verdadero propietario del boleto —ya fallecido— y la representación de otra persona que en su momento solicitó también el citado premio al asegurar que era suyo.

Los letrados de las primeras solicitaron que se apartase a la acusación particular que representa a esta última parte al entender que carecía de legitimación, algo compartido por otras de las partes personadas, pero rechazado por el tribunal, que no aceptó ninguna de las cuestiones previas presentadas, y a lo que se dedicó esta primera sesión del juicio.

Fiscalía, acusaciones particulares y defensas, junto a la aseguradora y la Abogacía del Estado están personadas en esta vista, que se celebra 14 años después de los hechos. Los dos hermanos llegaron a la Audiencia Provincial de A Coruña acompañados de sus abogados y lo hicieron sin atender a las preguntas de los medios, únicamente respondiendo con un “buenos días” el lotero, Manuel Reija. Junto a él, en el banquillo de los procesados está su hermano Miguel Reija.

Peticiones planteadas

Sus abogados han planteado cuestiones como la ausencia de un titular legítimo para argumentar que, sin eso, no hay estafa o rechazando que se haya formulado acusación sobre blanqueo de capitales. Nulidad de algunas actuaciones o de todas, suspensión del procedimiento por vulneración del derecho a la defensa, falta de concreción de las acusaciones con dos “relatos excluyentes” —en función del relato de cada una de las familias personadas— fueron las principales cuestiones planteadas.

Sin embargo, el tribunal, tras analizar cada una de ellas, las ha rechazado. Así, ha descartado que falte concreción en el relato de las acusaciones o que no exista legitimación para estar personada por parte de la hija del hombre fallecido y que la Policía considera el auténtico dueño.

“No hay rotura de la cadena de custodia”, ha sostenido también la presidenta del tribunal que ha dado, además, por válidas cuestiones como los movimientos obtenidos en la terminal de la administración de lotería de San Agustín, en A Coruña, regentada por el lotero procesado.

Delitos

En concreto, el lotero está acusado de quedarse con un boleto premiado con 4,7 millones de euros de un cliente, y su hermano de colaborar para que eso fuese posible, según la acusación.

La Fiscalía solicita para el primero seis años de cárcel por un delito de estafa o, alternativamente, por apropiación indebida. Para su hermano pide la misma pena de prisión por blanqueo de capitales o por encubrimiento.

El lotero y su hermano, que en 2012 —año de los hechos— era delegado de Loterías, serán los únicos a los que se juzgará después de que la Audiencia Provincial de A Coruña desestimase en su día sus recursos y sí admitiese el formulado por la Abogacía del Estado y acordase el sobreseimiento provisional de la causa respecto a otros cuatro investigados, altos cargos de Loterías del Estado.

El caso tiene su origen en uno de los episodios más recordados sobre el cobro de premios de Lotería: el de un boleto agraciado con 4,7 millones de euros que el lotero dijo haberse encontrado tirado y que, durante años, tuvo una propiedad discutida.

Varias personas se postularon como posibles dueños de este premio, mientras que el lotero argumentaba que no había aparecido el propietario y, por tanto, tenía derecho a cobrar el montante. Al año siguiente de sellarse, el Ayuntamiento de A Coruña inició un “expediente de hallazgo” para buscar al ganador del billete premiado, que el lotero dijo haber encontrado en su administración de la Plaza de San Agustín.

Con posterioridad, se inició la investigación policial. En ella, se cuestionó la versión facilitada por el hombre sobre el hallazgo casual del billete, llegando a considerarse que él mismo le había el premio al verdadero dueño cuando este había acudido a comprobar el boleto. La investigación señaló a un presunto legítimo propietario, ya fallecido, y cuyos herederos ahora reclaman el premio.

Relato de la Fiscalía

La Fiscalía relata que el hombre ya fallecido, al que se considera el propietario, acudió en julio de 2012 al establecimiento del lotero para comprobar si los boletos que tenían estaban premiados.

Sin embargo, sostiene el Ministerio Público, el acusado “conocedor del alto importe del premio, se lo quedó para así, junto con los demás boletos, y no comunicó al apostante dicho extremo ni tampoco le devolvió el resguardo ni el comprobante expedido por el terminal”.

“Con el boleto en su poder y completamente seguro del alto valor que tenía, ese mismo día acudió a la delegación provincial de Loterías y Apuestas del Estado de A Coruña”, en la que estaba al frente su hermano “con la finalidad de acelerar los trámites del cobro del resguardo, prescindiendo de cualquier procedimiento reglado y como si fuese legítimo poseedor”.

“Siendo plenamente consciente de la ilegitimidad de la posesión de este título por parte de su hermano”, asegura que este “se dispuso a allanar el camino” con actos tendentes “a disfrazar el verdadero origen del boleto” a los efectos de que se pudiese “hacer efectivo el premio”. También señala que “omitió toda actuación, como delegado provincial, que pudiese servir para verificar el origen real del boleto”.

El hombre del barrio del Raval de Barcelona acusado de liderar una red de pedofilia ha aceptado 83 años de cárcel por agredir sexualmente a una menor en varias ocasiones en 2020, cuando la adolescente estaba bajo custodia de la Generalitat de Catalunya, y grabar las violaciones en vídeo y distribuirlas.

Ante la sección 2ª de la Audiencia de Barcelona se ha celebrado este lunes una vista de conformidad en la que el acusado, que afronta otros dos juicios por su papel en la red de pedofilia, ha aceptado, en buena medida, la acusación de la Fiscalía, que inicialmente pedía 107 años de cárcel para él.

El acusado, que tenía 40 años cuando conoció a la menor en 2020 a través de una aplicación, se aprovechó de la vulnerabilidad de la niña para agredirla sexualmente en varias ocasiones y grabar las violaciones. Lo hizo “guiado en todo momento por un ánimo lascivo”, según el escrito de acusación de la Fiscalía que este lunes el procesado ha admitido.

El hombre aprovechaba las fugas de la niña del centro de menores donde permanecía tutelada por la Generalitat para, con la excusa de darle un techo, obligarla a mantener relaciones sexuales y grabarla. Esto ocurrió entre mayo de 2020 y octubre de 2021. 

Pero el acusado no se quedó aquí. El hombre tomó y almacenó medio centenar de fotos en las que la menor aparecía desnuda para hacerse pasar por ella en otras redes sociales y ofrecer así sus servicios sexuales.

El pedófilo “aprovechó las estancias de la menor en su domicilio para convencerla de que se dejase fotografiar y grabar en ropa interior, desnuda o sometiéndose a las prácticas sexuales que le imponía” para poder “exhibir y enviar” las grabaciones en redes sociales y plataformas de mensajería, destaca la sentencia de conformidad.

El caso de este pedófilo generó una crisis en el Govern y en la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) porque los hechos ocurrieron cuando la menor estaba tutelada por la Generalitat de Catalunya. Los grupos parlamentarios del PSC, ERC y la CUP registraron el pasado mayo una propuesta de resolución conjunta para la creación de una comisión de investigación sobre la actividad de la DGAIA desde 2011 y hasta la actualidad tras conocerse este caso, una reclamación que también habían hecho Junts y PP.

Desde la Generalitat también se anunció en ese momento que se había abierto un expediente informativo a la DGAIA para investigar qué actuaciones se llevaron a cabo cuando se detectó el caso. Asimismo, la consellera pidió también comparecer en el Parlament para comunicar las conclusiones del informe.

Se hicieron con las claves bancarias, se transfirieron varias cantidades de dinero y las utilizaron para comprar monedas virtuales. Sucedió en noviembre de 2020: la cuenta bancaria del Colegio ‘Nuestra Señora de los Infantes’, considerado el más antiguo de España y de régimen concertado, sufrió un revés inesperado. Varias personas consiguieron hacerse con las claves del centro docente y, sin el conocimiento y ni la autorización del colegio, realizaron tres transferencias para después invertir el dinero en criptomonedas. Es decir, un ‘criptorrobo’ en toda regla.

Los tres presuntos autores de los hechos fueron identificados y detenidos y esta semana son juzgados en la Audiencia Provincial de Toledo. La Fiscalía pide dos años de prisión para dos de los acusados, y nueve meses para el tercero de ellos.

La suma total de las tres transferencias fraudulentas alcanzó un valor de 31.555 euros que fue restituido un año después al colegio afectado.

Según el escrito de la Fiscalía, consultado por este medio, los tres acusados, una vez recibidas las transferencias en las respectivas cuentas corrientes de su titularidad, obraron “con afán de lucro”: procedieron a seguir las instrucciones que “personas desconocidas” les iban confiriendo en torno al destino que habían de dar al dinero recibido, quedándose los acusados con una “suculenta comisión”.

Transferencias para comprar monedas virtuales

Concretamente, una de las acusadas recibió 13.600 euros en su cuenta a través de una empresa de compraventa de criptomonedas y procedió a la compra de moneda virtual, en dos operaciones, por importes de 5.000 y 1.000 euros respectivamente. Posteriormente, a través de otra empresa del mismo calibre procedió a la compra de criptomonedas por importe de 4.500 euros.

Para dichas operaciones de compra la acusada no dudó en facilitar todas sus claves bancarias, su propia imagen, a través de selfies que le pedían desde las empresas de criptomonedas para corroborar su identidad, y sus datos identificativos.

Similares operaciones fueron efectuadas por el segundo de los acusados, el cual tras recepcionar en su cuenta casi 14.000 euros, facilitó igualmente todos sus datos identificativos, de imagen y bancarios, para comprar moneda virtual, en dos operaciones por importe de 4.800 y 3.100 euros, la compra de 3.000 euros en criptomonedas, apropiándose, en concepto de comisión, de otra parte del dinero recibido.

El último de los acusados recibió una cantidad en su cuenta sensiblemente menor, de 3.985 euros, y realizó cuatro reintegros en cajeros por importe de 1.600, 400, 500 y 300 euros; y otro reintegro por 1.170 euros, hasta disponer de la totalidad del efectivo, “fraudulentamente transferido”.

Los hechos descritos fueron denunciados ante la Policía Nacional por el Colegio ‘Nuestra Señora de los Infantes en diciembre de 2020.

El Ministerio Público considera que los hechos narrados son constitutivos de tres delitos de blanqueo de capitales, y por ello procede imponer a una de las personas acusadas la pena de dos años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de 40.500 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un mes de prisión, así como el abono de las costas procesales.

Para el segundo de los acusados, por el mismo delito, pide igualmente la pena de dos años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de 41.900 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un mes de prisión, y abono de las costas procesales.

Finalmente, para el tercer implicado, propone la pena de nueve meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de 11.955 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de 15 días de prisión, y abono de las costas procesales.

El Colegio ‘Nuestra Señora de los Infantes’ es un centro concertado y diocesano. Pertenece a la Archidiócesis de Toledo, pero recibe financiación pública. Es considerado uno de los colegios más antiguo de España, fundado en el siglo VI, consolidándose como institución educativa en 1552 por el Cardenal Silíceo. Actualmente, imparte educación desde Infantil hasta Bachillerato y se le considera uno de los centros más prestigiosos de la ciudad.

El Ministerio Fiscal solicita un total de 23 años y seis meses de prisión para tres acusados de delitos contra la salud pública y por pertenencia a grupo criminal. El juicio -con previsión de conformidad- se celebrará en la Audiencia Provincial de Logroño este próximo martes.

De acuerdo con el escrito de la acusación, los hechos se remontan al año 2025, cuando, “tras haberse detectado la proliferación del comercio de sustancias estupefacientes alrededor de la calle Gonzalo de Berceo de Logroño, por parte de las fuerzas policiales se practicaron diversas aprehensiones”. Entre ellas, destacan “entre febrero y abril del año 2025 un total de 16 aprehensiones de sustancias, de ellas 8 a los tres acusados-, tanto de marihuana como de hachís y cocaína”.

Esto provocó su seguimiento por parte de las fuerzas del orden, “consecuencia del cual se pudo detectar hasta en 31 ocasiones que las sustancias que portaban eran distribuidas entre conocidos consumidores de las mismas tanto en la vía pública como en su domicilio”.

Consecuencia de estos descubrimientos, “se solicitó la entrada y registro del domicilio en el que se encontraban domiciliados los tres acusados”, en la calle Gonzalo de Berceo, así como en otra vivienda, en la calle Pérez Galdós también de la capital riojana, donde vivía uno de ellos. En concreto, en el domicilio de la calle Pérez Galdós fueron halladas, además de bolsas con recortes, una balanza de precisión, bolsitas zip termoselladas con restos de cocaína y tussi, bolsas de plástico como las aprehendidas a los distintos compradores, y 1.170 euros.

A ello se suman tres pastillas de color rosa con la inscripción “kenzo” de MDMA ÉXTASIS con un peso bruto de 1,82 gr. y neto de 1,56 y un precio de 39,93 euros; dos bolsas transparentes con cocaína al 68.0 y al 67,3 % y un peso bruto de 6,11 gr y un valor de 366,78 gr; un trozo de sustancia marrón, tratándose de hachís, con un peso de 1,93 gr brutos y 1,83 netos de cannabis al 25,7 % y un precio de 13,18 euros; cogollos de marihuana con envases de 60 gr., 18 gr. Y 9 gr. (total 87 gr brutos) y un precio de 546,36 euros; y una bolsa con polvo de color rosa con un peso de 246 gr. (226,12 netos). El precio total de la droga asciende a 1.116,97 euros.

En la calle Gonzalo de Berceo, por su parte, se hallaron un cigarrillo de marihuana de un peso de un gramo (0,48 neto) y un valor de 6,28 euros; una balanza de precisión de la marca “silver crest”; trozos de éxtasis y envoltorios con placas de hachís con el anagrama “super lemon haze”; dos bolsas de marihuana con un peso bruto de 26,50 gr y 12,50 gr; una papelina de cocaína con un peso de 0,7 gr y un precio de 42,02 euro; sustancia en polvo consistente en MDMA EXTASIS con 1,1 gr y 58,56 euros de precio; un rollo de film transparente, una báscula de precisión; anotaciones manuscritas con nombres de personas y cantidades y trece envoltorios con cogollos de marihuana con un peso bruto de 39 gr y un valor de 244,92 euros.

De este modo, las sustancias vendidas por uno de los acusados que cuenta con antecedentes de condena por delito de tráfico de drogas-, aprehendidas a los compradores alcanza los 19,9 gr. de marihuana con un valor de 124,97 euros y la cocaína vendida a x con un peso de 0,65 gr, con un precio de 39,02 euros. Las sustancias vendidas por otro acusado con un peso total de 24 gr. de marihuana asciende a 150,72 euros. Las sustancias vendidas por el tercer acusado intervenidas a los distintos compradores asciende a un total de 27,29 gr de hachís y un precio de 376,33 euros.

La marihuana aprehendida a los distintos compradores arrojan un total de 24 gr con un precio de mercado de 150,72 euros.

Todas las sustancias encontradas están catalogadas como sustancias que causan un grave daño a la salud. Los tres acusados “actuaban de consuno repartiendo bajo precio las sustancias de la misma naturaleza”. Por consiguiente, por parte de la acusación se considera que todos estos hechos constituyen un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud y no grave daño a la salud, así como otro delito de pertenencia a grupo criminal.

Así, se plantea que procede imponer, por el primero de los delitos, a uno de los acusados una pena de 6 años de prisión y multa de 2.500 euros; a un segundo, cuatro años de cárcel y multa de 2.500 euros; y al tercero, cuatro años de prisión y multa de 2.500 euros.

Por el segundo de los delitos, además, se pide para cada uno de ellos 30 meses de prisión, además de expulsión del territorio nacional por diez años una vez cumplan la pena de prisión.

El Ministerio Fiscal solicita un total de 24 años y 3 meses de prisión para seis personas acusadas por varios delitos de posesión y tráfico de drogas, a lo que se suma que a tres de estos acusados se les solicita un total de 4 años y 6 meses más de cárcel por otro delito de integración en grupo criminal. Estos hechos van a ser juzgados en dos sesiones, que están previstas para estos próximos días 13 y 14 de abril, lunes y martes, en la Audiencia Provincial de Logroño.

Como detalla el escrito de la Fiscalía, los hechos se remontan al año 2022, cuando en la Jefatura Superior de Policía de Logroño “se recibieron diferentes quejas vecinales en relación a la posible existencia de dos puntos 'negros' de venta de sustancias estupefacientes”. Según la información recabada, prosigue la acusación, “los encargados de la venta y distribución de esas sustancias serían dos familias de etnia gitana, con parentesco entre sí”.

Serían, además, “conocidas por ese Grupo de Investigación -en referencia a la UDYCO de la Policía Nacional-, ya que a diferentes miembros de las mismas se les había detenido con anterioridad como presuntos autores de delitos de tráfico de drogas”.

Los referidos puntos de venta de sustancias estupefacientes se corresponderían con dos domicilios situados en otras tantas calles del barrio de Varea de la capital riojana, en los que se fueron realizando diferentes seguimientos y actuaciones policiales. En este sentido, se cita en primer lugar un 'pase' de droga detectado en la zona de Avenida de la Solidaridad de Logroño, en enero de 2022; otro, en la zona de las calles Cigüeña con Beatos Mena y Navarrete, en febrero del mismo año; una tercera, ya en mayo de 2023 -el día 16, en concreto-, en una de las viviendas del barrio de Varea.

Justo un día después, el 17 de mayo de 2023, el escrito refiere hasta otras cuatro actuaciones también relacionadas con este mismo domicilio. En todas ellas -excepto en una, en las que el presunto comprador apuntó que “había acudido a pillar pero que no se le había vendido nada”-, se intervinieron diferentes cantidades de sustancias estupefacientes, sobre todo heroína y cocaína.

A ello se suman otras dos intervenciones policiales, una el 18 de mayo de 2023, en la que se realizó un seguimiento desde uno de los domicilios de Varea hasta la localidad de Villamediana; y otra, el 24 de mayo, cuando se autorizó la entrada y registro en los dos domicilios situados en este barrio logroñés, así como en sus trasteros y garajes anexos.

Como resultado de esta práctica, en el escrito de la Fiscalía se detalla que, en el primero de los pisos se encontraron, entre otros efectos, varias básculas de precisión, alguna de ellas “con restos de sustancias pulverulentas de color blanco (cocaína) y marrón (heroína)”; tres cuchillos tipo machete; ocho navajas; un puñal; una carabina de aire comprimido; varios dispositivos móviles; o cinco relojes de marca.

A ello se suman “un envoltorio de color blanco que su interior contiene 17,13 gramos brutos de sustancia marrón en roca, heroína (peso neto 14,34 gramos, con una riqueza media del 13,4%), con un valor en el mercado ilícito de 2.743 euros, sustancias destinadas a su venta a terceros en el mercado ilícito”.

También “una bolsa transparente con un peso bruto de 27,54 gramos de sustancia blanca en roca, cocaína (peso neto 27,14, con una riqueza media del 52,1% y un valor en el mercado ilícito de 3.551,95 euros)”.

E, igualmente, una tercera bolsa “de color blanco con goma de color rosa y transparente de cierre conteniendo sustancia blanca en polvo, cocaína, con un peso bruto de 2,96 gramos (peso neto 2,21 gramos, con una riqueza media del 14,2% y con un valor en el mercado ilícito de 96,13 euros), con un valor total en el mercado ilícito de 1.065,56 euros, sustancias destinadas a su venta a terceros en el mercado ilícito”.

Además, en este primer domicilio se hallaron diversas cantidades de dinero repartidas en varias cajas de caudales, que sumaban un total de 1.677 euros, tanto en billetes de 50, 20 y 10 euros, como en monedas de 1 y 2 euros, “procedentes -dice el escrito- de la venta a terceros de sustancias estupefacientes”.

En el segundo de los pisos, por su parte, se hallaron, en este caso en billetes de 100, 50, 20 y 10 euros, una cantidad total de 12.580 euros, igualmente “procedentes -dice el escrito- de la venta a terceros de sustancias estupefacientes”, así como una balanza de precisión, entre otros efectos.

Todo ello, para la acusación, supone varios delitos: uno, contra la salud pública en su modalidad de posesión con fines de tráfico; y otro, de tráfico de sustancias que causan grave daño a la salud, de los que se responsabiliza a los seis acusados -uno de ellos, con el agravante de reincidencia-. Además, en el caso de tres de ellos se considera que han incurrido en un delito de integración en grupo criminal.

Por eso, se apuntan condenas individuales que van desde los 6 años de cárcel -en un caso-; 4 años y tres meses de prisión -para otro de los acusados-; y 3 años y seis meses para los otros cuatro acusados, así como multas -de entre 100 y 10.000 euros- que suman 30.800 euros. A ello se añade que, para tres de los acusados, en el caso del delito de integración en grupo criminal, se piden penas individuales de un año y seis meses de prisión.

La próxima semana llegará a los tribunales el juicio contra el lotero de A Coruña acusado de quedarse con una Primitiva millonaria, una vista en la que estará también su hermano, que era en el momento de los hechos delegado provincial de Loterías y Apuestas del Estado y que Fiscalía considera que también delinquió.

En concreto, según recoge Europa Press el lotero está acusado de quedarse con un boleto premiado con 4,7 millones de euros de un cliente, y su hermano de colaborar para que eso fuese posible, según la acusación.

La Fiscalía solicita para el primero seis años de cárcel por un delito de estafa o, alternativamente, por apropiación indebida. Para su hermano pide la misma pena de prisión por blanqueo de capitales o por encubrimiento..

El lotero y su hermano, que en 2012 —año de los hechos— era delegado de Loterías, serán los únicos a los que se juzgará después de que la Audiencia Provincial de A Coruña desestimase en su día sus recursos y sí admitiese el formulado por la Abogacía del Estado y acordase el sobreseimiento provisional de la causa respecto a otros cuatro investigados, altos cargos de Loterías del Estado.

El caso tiene su origen en uno de los episodios más recordados sobre el cobro de premios de Lotería: el de un boleto agraciado con 4,7 millones de euros que el lotero dijo haberse encontrado tirado y que, durante años, tuvo una propiedad discutida.

Varias personas se postularon como posibles dueños de este premio, mientras que el lotero argumentaba que no había aparecido el propietario y, por tanto, tenía derecho a cobrar el montante. Al año siguiente de sellarse, el Ayuntamiento de A Coruña inició un “expediente de hallazgo” para buscar al ganador del billete premiado, que el lotero dijo haber encontrado en su administración de la Plaza de San Agustín.

Con posterioridad, se inició la investigación policial. En ella, se cuestionó la versión facilitada por el hombre sobre el hallazgo casual del billete, llegando a considerarse que él mismo le había entregado el premio al verdadero dueño cuando este había acudido a comprobar el boleto. La investigación señaló a un presunto legítimo propietario, ya fallecido, y cuyos herederos ahora reclaman el premio.

Relato de la Fiscalía

La Fiscalía relata que el hombre ya fallecido, al que se considera el propietario, acudió en julio de 2012 al establecimiento del lotero para comprobar si los boletos que tenían estaban premiados.

Sin embargo, sostiene el Ministerio Público, el acusado “conocedor del alto importe del premio, se lo quedó para así, junto con los demás boletos, y no comunicó al apostante dicho extremo ni tampoco le devolvió el resguardo ni el comprobante expedido por el terminal”.

“Con el boleto en su poder y completamente seguro del alto valor que tenía, ese mismo día acudió a la delegación provincial de Loterías y Apuestas del Estado de A Coruña”, en la que estaba al frente su hermano “con la finalidad de acelerar los trámites del cobro del resguardo, prescindiendo de cualquier procedimiento reglado y como si fuese legítimo poseedor”.

“Siendo plenamente consciente de la ilegitimidad de la posesión de este título por parte de su hermano”, asegura que este “se dispuso a allanar el camino” con actos tendentes “a disfrazar el verdadero origen del boleto” a los efectos de que se pudiese “hacer efectivo el premio”. También señala que “omitió toda actuación, como delegado provincial, que pudiese servir para verificar el origen real del boleto”.

El caso se remonta a 2023, cuando la víctima murió tras una parada cardiorrespiratoria en una finca de la localidad pacense de Bienvenida, Badajoz. La Fiscalía sostenía que ambos habían mantenido una discusión previa y que, tras el colapso, el acusado no prestó ayuda ni avisó a los servicios de emergencia, por lo que solicitaba para él tres años de prisión por un delito de omisión del deber de socorro.

Sin embargo, durante la vista oral, la defensa mantuvo que no existían evidencias que acreditaran que el procesado estuviera presente en el momento en que se produjo el infarto ni que tuviera posibilidad real de auxiliar a la víctima. Según su versión, ambos se separaron previamente y el acusado no volvió a encontrarse con su compañero.

El magistrado ha acabado dando la razón a este planteamiento al considerar que no ha quedado demostrado que el acusado presenciara la situación de riesgo ni que pudiera intervenir para evitar el desenlace. Ante esta falta de base probatoria, optó por retirar la causa del jurado popular y dictar directamente una sentencia absolutoria, una decisión poco habitual pero prevista en la ley cuando no se sostiene la acusación.

Además, los informes forenses apuntaron a que la causa de la muerte fue un infarto de origen natural, lo que también introdujo dudas sobre la relación directa entre los hechos investigados y el fallecimiento.

La resolución pone fin al proceso judicial sin condena al entender que prevalece el principio de presunción de inocencia, al no haberse podido acreditar que el acusado incurriera en un delito de omisión del deber de socorro.

La mujer conocida como la “reina de la ketamina” culpable de traficar el anestésico que provocó la dosis fatal de Matthew Perry en 2023 fue sentenciada a 15 años de prisión este miércoles.

En septiembre de 2025, Jasveen Sangha, de 42 años, se declaró culpable de un cargo de mantener un local relacionado con el tráfico de drogas, tres cargos de distribución de ketamina y un cargo de distribución de este anestésico que provocó la muerte o lesiones corporales graves.

En el memorando de la sentencia, los fiscales afirmaron que durante años Sangha, a quien se le atribuye la muerte de al menos dos personas, incluido el protagonista de la serie 'Friends', operó un negocio de narcotráfico desde su residencia en North Hollywood.

“Para cultivar su negocio, se promocionó como una distribuidora exclusiva que atendía a una clientela de alto perfil de Hollywood [...] Mientras [Sangha] trabajaba para expandir y obtener ganancias de su tráfico de drogas, sabía —y hacía caso omiso— del grave daño que su conducta estaba causando”, reza el escrito.

Según documentos judiciales, Sangha, una de las cinco personas responsables de la muerte del actor, colaboró con Erik Fleming para distribuir ketamina a Perry, a sabiendas de los problemas de drogadicción que padecía el intérprete.

El 28 de octubre de 2023, Perry fue encontrado inconsciente en un jacuzzi de su casa de Los Ángeles a los 54 años de edad y el informe de la autopsia reveló que falleció por los efectos agudos de la ketamina.

En ese mismo mes, Sangha y Fleming vendieron a Perry 51 viales de ketamina que fueron entregados a su asistente Kenneth Iwamasa, quien inyectó a Perry al menos tres veces el anestésico vendido por Sangha, lo que le causó la muerte.

Otros dos responsables del caso son el doctor Mark Chávez, condenado a ocho meses de arresto domiciliario por conspiración para distribuir ketamina, y el doctor Salvador Plasencia, sentenciado a 30 meses de prisión por distribución de la droga.

Iwamasa, quien se declaró culpable en agosto de 2024 de conspiración para distribuir ketamina causando la muerte, será sentenciado el 22 de abril; mientras que Fleming, culpable de conspiración y distribución de ketamina con resultado de muerte, recibirá su sentencia el 29 de abril.

La portavoz del Gobierno regional de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha valorado la exclusión de Cospedal y del PP del juicio sobre la Operación Kitchen a pesar de los audios revelados que mantenía la dirigente 'popular' con el excomisario Villarejo, afirmando que si bien “no sabemos si ella ordenó o no el espionaje sí sabemos, porque lo ha escuchado toda España, que Cospedal estaba en el ajo”.

Padilla ha recordado “frases contundentes” de los audios revelados en que la 'popular' mencionaba que “hay que conseguir esa libretita” o que “hay que laminar al cabrón”.

Por ello, la portavoz ha afirmado que “Cospedal formaba parte de la cadena” de corrupción de la que “los dirigentes del PP de Castilla-La Mancha no terminan de soltar lastre” a pesar de que los ciudadanos “sí lo hicieron cuando dijeron no a los recortes, no a la soberbia y no a la corrupción” en las últimas elecciones eligiendo a Emiliano García-Page como su presidente.

La portavoz ha señalado que el Gobierno de García-Page “ha demostrado durante los 11 años de gobierno en esta región” que no tienen “casos como el de las mascarillas durante el Covid” y que se ha mantenido “a raya a corruptos y estafadores”.

“Este Gobierno es un Gobierno limpio y transparente y por ello el presidente García-Page tiene cada vez mayor apoyo social”, ha concluido Padilla.

El PP cree que los socialistas “mienten” para “arañar votos”

Sus palabras han tenido respuesta en el PP castellanomanchego. La portavoz del Partido Popular en la comunidad autónoma Alejandra Hernández cree que el PSOE regional “ha vuelto a demostrar que su única estrategia es la de generar ruido, confrontación y mentiras para intentar arañar votos”, tras las declaraciones de la portavoz del Gobierno autonómico sobre el caso Kitchen.

Hernández subrayaba que “cuando la justicia habla y deja claro que no procede imputar ni reabrir causas, lo que debería hacer cualquier responsable público es respetarla, no retorcer la verdad ni intoxicar a la opinión pública”, aludiendo a la decisión del tribunal de no investigar ni a la que fuera presidenta de Castilla-La Mancha ni al PP nacional. Ha acusado a los socialistas de estar instalados “en la política del bulo permanente”, intentando sostener “relatos falsos sobre supuestos casos que los tribunales no avalan” y que si lo hacen es para “desviar la atención de los gravísimos casos que afectan al PSOE a nivel nacional y que están siendo juzgados ahora mismo”, en alusión al caso Ábalos o caso Koldo.

La portavoz popular ha exigido al PSOE “que deje de manipular, que respete a la justicia y que abandone de una vez la estrategia del fango”.