A la luz de las primeras reacciones, la operación de enajenación del pabellón público de la Diputación Fernando Buesa Arena y de las parcelas de aparcamiento de su entorno para que sean adquiridos por el grupo conformado por Saski Baskonia y Deportivo Alavés dispondrá de mayoría política en su tramitación en las Juntas Generales, el Parlamento foral de Álava. En Radio Vitoria, el socio del PNV, el PSE-EE, y también el PP han considerado positivo el proyecto presentado este lunes por el diputado general, el nacionalista Ramiro González, y el presidente de la entidad, Josean Querejeta.

Para los socialistas, la valoración es “en principio positiva”. El PP, más claro, ha señalado que “aquí hay un empresario que lleva muchos años haciendo una apuesta muy importante por Álava” y que ha anunciado “más de 150 millones en inversiones”, lo que “a priori es muy positivo” para Vitoria, según Iñaki Oyarzábal.

En el lado contrario, la oposición de izquierdas ha encajado con recelo el proyecto, del que aún no se han dado cifras concretas. “Nos surgen muchas dudas. No vale el sí por el sí. Es una operación muy complicada, muy sensible. Hay que mirarlo con lupa”, ha dicho Eva López de Arroyabe, de EH Bildu. Podemos, de su lado, habla de “pelotazo absoluto”, de “operación inmobiliaria especulativa”. IU también lo ve inaceptable.

A nivel interno, el colectivo Gurea DA, asociación de pequeños accionistas del Deportivo Alavés, ha planteado una batería de preguntas tanto al club como a la Diputación. Entre las segundas, plantean “qué razones impulsan a la máxima institución de la provincia a desprenderse de patrimonio público”. Insisten en que se debería aclarar si el proyecto, que incluye igualmente un segundo edificio para la Universidad Euneiz y una nueva residencia, supone abrir la puerta a un posible traslado del estadio de Mendizorroza a esa zona de Zurbano, una incógnita que Querejeta no quiso despejar en la rueda de prensa.

Para Gurea DA, las instituciones siguen alcanzando “opacos acuerdos privados” con Querejeta sin pensar en el interés público. “Asegurar su titularidad pública es defender la vocación de servicio de una infraestructura estratégica, que garantice el acceso democrático y universal a la cultura y al deporte. Su venta rompe la imprescindible cohesión comunitaria vinculada a todo patrimonio público. Por si esto no fuera suficiente, el proyecto de mejora del Fernando Buesa Arena se basa en dotar a la instalación de palcos y zonas VIP, en lo que es una irrefrenable deriva consistente en transformar espectáculos tradicionalmente populares en propuestas con tufo clasista. El anuncio de su privatización es una pésima noticia [...]. De la mano de esta venta, se da a conocer la ampliación de Euneiz, proyecto educativo también privado y elitista. [...] Lejos de cumplir con su obligación de volcar recursos en la educación pública, nuestras instituciones (ayer la Diputación) aplauden e impulsan proyectos de este tipo, llevando a cabo de esta manera una progresiva privatización encubierta de nuestro sistema educativo”, exponen.

Y agregan: “Como alavesistas no podemos ocultar nuestra perplejidad ante la incesante presentación de ambiciosos proyectos económicos por parte de un club, el nuestro, con evidentes problemas para retener talento deportivo. ¿Nos puede explicar alguien cómo se van a afrontar estas millonarias inversiones sin asegurar antes la única fuente sustancial de ingresos? Resulta innecesario reseñar que dicha fuente de ingresos pasa, sí o sí, por la permanencia y consolidación de nuestro Glorioso en Primera División”.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado su deseo de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de los presupuestos vascos de 2026. En concreto, el Ejecutivo central cuestiona una enmienda que introdujeron a última hora PNV y PSE-EE para modificar la normativa autonómica de Cooperación de 2024 y levantar el veto a la concesión de ayudas públicas a la industria armamentística o de defensa siempre que estuvieran alineadas con la denominada Estrategia Europea de Seguridad. La sangre no ha llegado todavía al río y, en aplicación de la ley reguladora del Tribunal Constitucional, ambos Gobiernos han creado una comisión bilateral para tratar de resolver las discrepancias de interpretación a nivel político. Fuentes de Ejecutivo de Imanol Pradales confían en que se pueda alcanzar un acuerdo.

El punto de conflicto es la disposición final décima de las cuentas. Es una redacción que no aparecía en el texto original que envió el Gobierno al Parlamento, pero que se introdujo como enmienda, a propuesta de PNV y PSE-EE, en la tramitación. Como justificación, nacionalistas y socialistas explicaron que era necesario retocar una ley muy reciente, la de Cooperación, porque, textualmente, “peligraba” la “movilización de 325 millones de euros en inversión industrial”. Se trataba de proyectos que quedarían fuera si se interpretaba que su actividad era de “doble uso”, militar y civil. Se aludía a ámbitos como la ciberseguridad, el sector aeroespacial y los combustibles renovables.

“Es un hecho que la industria de alta tecnología y doble uso representa un porcentaje significativo del PIB industrial vasco [...]. Son los sectores llamados a construir el nuevo tejido industrial vasco y su desarrollo depende directamente de corregir el bloqueo normativo que hoy impide ejecutar partidas de innovación, internacionalización e I+D+i. Esta enmienda no introduce una excepción caprichosa, sino una alineación imprescindible con la Estrategia Europea de Seguridad y con los instrumentos industriales europeos”, se indicaba.

Añadían nacionalistas y socialistas que referenciar los proyectos al marco europeo garantizaba “un marco plenamente garantista con los valores de la paz, la prevención de conflictos, la defensa de los derechos humanos y el respeto al derecho internacional”. Sin embargo, cuando este periódico informó de la enmienda, la Coordinadora de ONGD Euskadi y Zehar-Errefuxiatuekin denunciaron que PNV y PSE-EE operaron con “nocturnidad” para “permitir la colaboración y financiación de armamento o tecnología de uso militar”, siempre y cuando se encuadre dentro de la Estrategia Europea de Seguridad.

Según la documentación facilitada al Parlamento Vasco por la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, que es la responsable de los servicios jurídicos, el Gobierno de España sostiene que esa disposición presupuestaria puede vulnerar las competencias exclusivas del Estado en cuatro ámbitos: la política internacional, la política de Defensa, la política de comercio exterior y la legislación básica sobre contratos. Fue el PP, a través del parlamentario Álvaro Gotxi, el que preguntó al Ejecutivo vasco por este recurso de inconstitucionalidad, del que nunca se ha informado públicamente.

La ley orgánica del Constitucional, en todo caso, habilita un plazo de seis meses para que las partes alcancen una interpretación compartida de la norma en litigio antes de elevar el asunto al plenario de la corte de garantías. Según Ubarretxena, la visión del ejecutivo autonómico es que “puede darse una interpretación” de la enmienda que no implique una invasión competencial. “El Gobierno vasco mantendrá una disposición dialogante en orden a alcanzar un acuerdo interpretativo del precepto cuestionado aclarando las dudas trasladadas por la Administración del Estado anclando el encaje constitucional y europeo del artículo [de los presupuestos], de tal forma que se evite un posible recurso de inconstitucionalidad”, apunta Ubarretxena.

Según las fuentes consultadas, ya se han producido algunos contactos entre ambas partes, se han intercambiado propuestas pero, por el momento, no se ha alcanzado acuerdo alguno. El plazo orientativo para que se aclare el asunto sería septiembre, ya que el artículo 33 de la normativa del Constitucional habla de un máximo de nueve meses desde la promulgación de la ley, que fue votada en el Parlamento a finales de diciembre de 2025.

En paralelo, este lunes la agencia SPRI, dependiente del consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, publicó las bases de su programa de ayudas empresariales Zabaldu+ de 2026. En ellas, a la hora de regular las candidaturas que pueden optar a las subvenciones, se asume la redacción de la enmienda y solamente se plantea dejar fuera a las compañías “que se dediquen a la producción, comercialización y financiación de armamento o tecnología de uso militar” al margen de la Estrategia Europea de Seguridad.

El PNV volvería a ganar las elecciones a Juntas Generales en Bizkaia en 2027 con 24 junteros, uno más que en 2023, mientras EH Bildu podría sumar uno o dos y obtener 16 o 17 representantes. Los socialistas perderían un apoderado y obtendrían siete, al igual que el PP, que se quedaría con dos. Podemos podría conservar uno de los dos junteros logrado en coalición con IU y Equo Berdeak o perder la representación, mientras Vox, que ahora no tiene representación, conseguiría 0 o 1 escaños. Sumar volvería a quedarse sin espacio en el Parlamento foral.

Estos datos se recogen en la prospección electoral de la Diputación de Bizkaia hecha pública este miércoles, realizada por Gizaker. Durante el sondeo se han realizado 3.000 entrevistas telefónicas entre la población de Bizkaia de más de 18 años a lo largo de los pasados meses de mayo y junio. Los datos reflejan una nueva victoria del PNV, que, con el 39,3% de los votos, una décima más que en 2023, pasaría de 23 a 24 junteros. Continuaría en segundo puesto EH Bildu, con un 29,5% del voto, cuatro puntos más que en la anterior convocatoria, de forma que podría elevar sus actuales 15 apoderados a 16 o 17.

El PSE-EE pierde apoyos al obtener un 13,8% de las papeletas (el 16,2% en 2023) y lograr siete representantes, uno menos. También reduciría el volumen de votos PP, que pasaría del 8,4 al 6,6%, y de tres a dos junteros. Mientras, Podemos, que obtuvo un 7,4% del sufragio en coalición con IU y Equo Berdeak, caería al 3,7%, de forma que lograría entre cero y un asiento frente a los dos actuales. Vox pasaría del 2 al 3,1% del apoyo electoral, lo que le permitiría conseguir un juntero o no obtener ninguno, como en la actualidad. Sumar, que conseguiría el 2,3% del sufragio, no entraría en la Cámara foral de Bizkaia. Además, la abstención descendería ligeramente, del 39,9% de las anteriores elecciones a las Juntas Generales de Bizkaia al 38,7% de una eventual convocatoria en 2027.

Por circunscripciones

El PNV obtendría seis representantes en las circunscripciones electorales de Bilbao (uno más), al igual que en Busturia-Uribe y Encartaciones, y cinco en Durango-Arratia. Mientras, EH Bildu lograría cinco en Busturia-Uribe, cuatro en Durango-Arratia, cuatro en Encartaciones (uno más) y 3 o 4 en Bilbao, lo que le abre la posibilidad de sumar otro juntero en la comarca.

El PSE-EE perdería un juntero en Bilbao y obtendría dos, y mantendría el resto en Encartaciones (tres), Durango-Arratia (uno) y Busturia-Uribe (uno). El PP lograría tan solo un escaño en Bilbao y perdería el segundo, mientras que mantendría el de Busturia-Uribe. Elkarrekin Podemos tendría la posibilidad de conservar en la circunscripción de Bilbao su único apoderado o perderlo, y Vox podría conseguir uno en la misma circunscripción o quedarse fuera de nuevo de la Cámara foral.

La alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, del PSE-EE, ha anunciado que tras un año de estudio retirará tres calles de otros tantos personajes vinculados al franquismo, la de Vicente Abréu, gobernador militar y diputado general de Álava al inicio de la dictadura, la de Carlos Sáenz de Tejada, artista y propagandista, y la de Juan de la Cierva, inventor pero también colaborador del golpe de Estado de 1936. Por el contrario, se mantendrán por el momento en el callejero, a falta de un mayor análisis, el segundo alcalde en la dictadura, José Lejarreta, de “inquebrantable” lealtad a Francisco Franco, y el obispo Carmelo Ballester, que llegó a Vitoria desde León, donde participó en actos nazis con los alemanes que auxiliaron a los sublevados en la Guerra Civil. Ni siquiera se ha valorado la situación de la calle de Pedro Orbea, regidor entre 1949 y 1951, aunque también presidente del Deportivo Alavés y empresario de bicicletas.

El pleno municipal, a instancias del Ateneo Republicano, aprobó en 2025 instar a la ciudad a hacer una nueva revisión de su callejero, aunque en las últimas décadas ya se han ido dando cambios, desde la evidente eliminación de la avenida del Generalísimo, la de Gasteiz desde hace lustros, hasta otras como Carlos VII, Marqués de Estella (Miguel Primo de Rivera), Calvo Sotelo o División Azul. Durante estos meses, un grupo de expertos ha participado en el proceso, aunque la competencia exclusiva sobre las denominaciones de las calles es siempre de la alcaldesa.

Entre los que perderán su calle está Vicente Abréu. Aparece como “pintor” en el barrio de San Martín desde 1977, es decir, desde la transición entre la dictadura y la democracia y con una corporación encabezada por Alfredo Marco Tabar, de UCD. Abréu, militar nacido en Vitoria, fue miembro de la Unión Militar Española (UME, sin nada que ver con la actual unidad del Ejército de Tierra) en la II República. Este grupo “conspirativo” -en definición del historiador Antonio Rivera- quería derrocar el régimen constitucional. Abréu colaboró con Camilo Alonso Vega en la sublevación. Alonso Vega, amigo personal de Franco, era el máximo mando militar en Vitoria en julio de 1936 e hizo que Vitoria fuera la primera capital conquistada por los golpistas.

A finales de 1936, Abréu ya era gobernador militar de Álava y presidió Consejos de Guerra que acabaron en fusilamientos y detenciones. En un período breve, en 1943, presidió la Diputación. Fue designado como “hijo predilecto” de Vitoria por el alcalde José Lejarreta. Una entidad social apoyada Ayuntamiento, Diputación y Fundación Vital, la Fundación Vicente Abréu, lleva el nombre de este personaje por estar ubicada su sede en esa calle.

Muy cerca de la calle de Abréu, en San Martín, hay otro “pintor”. Se trata de Carlos Sáenz de Tejada. Este ilustrador y muralista de familia diplomática con orígenes en Laguardia, en la Rioja Alavesa, tiene un largo currículum artístico. En la Guerra Civil, trabajó para la propaganda franquista, con sede en Salamanca, con dibujos y publicaciones alegóricas. La Fundación Francisco Franco pone en valor su labor en defensa de la “cruzada”. Ilustró incluso publicaciones del propio dictador o el 'Cara al sol', el himno falangista. Pero también 'Platero y yo' de Juan Ramón Jiménez, Nobel de literatura y exiliado tras el golpe de Estado. Un hotel de Vitoria luce uno de sus murales más conocidos, el que hizo para la antigua fábrica de naipes Heraclio Fournier. El Ateneo Republicano entiende que retirarle la calle “no impide” su “reconocimiento” artístico.

En el caso de Juan de la Cierva, su calle no está en el casco urbano sino en el parque tecnológico de Miñano por su condición de aviador e inventor. Fue inaugurada por el alcalde del PNV José Ángel Cuerda muy a finales del siglo XX. De la Cierva es conocido por el autogiro. De la Cierva, murciano y sin vinculación especial con Vitoria, colaboró para que Franco pudiera volar desde Canarias hasta Marruecos para liderar la sublevación mediante el Dragon Rapide. Falleció a finales de ese año 1936 en Londres en un accidente de aviación pero se sostiene que su contribución al inicio de la guerra fue “decisiva”.

En los tres casos, serán mujeres las nuevas homenajeadas. “En mayo de 2025, el pleno aprobó la moción presentada por diversos colectivos sociales solicitando la retirada de cinco nombres del callejero presuntamente vinculados a la dictadura franquista. La moción incluía la creación de un grupo de expertos coordinados por el Servicio de Convivencia y Diversidad para la elaboración de un informe sobre la propuesta. Pues bien, en base a dicho documento la Alcaldía procederá a retirar los siguientes nombres del callejero tras el consenso de los expertos. Pintor Carlos Sáenz de Tejada, en San Martín, que será sustituido por la pintora Paz Díaz de Espada a propuesta del Grupo de Callejero Paritario. Pintor Vicente Abréu, en el mismo barrio, a quien además se le retirará la concesión del título de Hijo Adoptivo [en realidad ”predilecto“], cuyo nombre será sustituido por el de la pintora mexicana feminista Frida Kahlo. Y el ingeniero y aviador Juan de la Cierva, cuya denominación en el parque de Miñano dejará paso a la bioquímica Margarita Salas”, ha explicado la alcaldesa en el debate anual sobre el estado de la ciudad.

Sobre Ballester y Lejarreta, ha añadido: “El Ayuntamiento seguirá analizando la posibilidad de retirar los nombres de José Lejarreta y Obispo Ballester del callejero, un paso que no cuenta con el consenso de los expertos. También se valorará la posibilidad de optar por una solución intermedia, como una contextualización de ambas arterias”. Etxebarria ha señalado, igualmente, que “se ha iniciado el procedimiento para retirar 37 placas con símbolos franquistas identificadas en diferentes edificios de la ciudad” y que “paralelamente” se están “revisando” los “edificios construidos en el período franquista con el fin de identificar los posibles símbolos y proceder a su eliminación”. igualmente, ha mencionado que Valentín García Presa, “sindicalista de la CNT que fue fusilado”, tendrá una placa de homenaje.

El caso de Lejarreta y Ballester

José Lejarreta, médico, sustituyó a Rafael Santaolalla, el primer alcalde impuesto por el franquismo. Tenía “inquebrantable” lealtad a la dictadura y colaboró con la depuración política de los concejales republicanos, nacionalistas o socialistas que habían sobrevivido a las ejecuciones, como prueba documentación que obra en poder del Archivo Municipal y revisada por este periódico. Pero parte de la historiografía local le atribuye un supuesto papel relevante en la puesta en marcha de las fiestas de Vitoria hasta el punto de que recibió el apelativo de “alcalde de los blusas”, los integrantes de las cuadrillas que animan las calles en La Blanca y Santiago. Ha tenido homenajes cada 25 de julio, día de blusas y 'neskak', hasta fechas muy recientes. De hecho, en el anterior intento de que desapareciera esta calle del barrio de Judizmendi, el entonces alcalde del PNV, Gorka Urtaran, aseguró que Lejarreta, “a pesar de ser alcalde en tiempos de Franco, fue una buena persona que hizo mucho por la ciudad y por los vitorianos”.

Carmelo Ballester, de su lado, tiene una arteria en la zona de Los Herrán como obispo de la Diócesis de Vitoria de 1943 a 1948. Entonces esta provincia eclesiástica incorporaba también a Bilbao y Donostia. El obispo Ballester procedía de León, donde fue propuesto por las nuevas autoridades franquistas. Allí participó, por ejemplo, en el homenaje de despedida a la Legión Cóndor enviada por la Alemania nazi, responsable, entre otras operaciones, del bombardeo de Gernika. Hay fotografías realizando el saludo fascista a la delegación nazi. Ballester tenía también pensamientos antisemitas y llegó a ser procurador en Cortes, donde coincidió con Lejarreta. El Ateneo Republicano apunta también a que el prelado colaboró con la dictadura en la confección de listas para depurar a maestros o personas no afectas, en la censura de libros y películas o en la invitación de feligreses a actos políticos.

Joan den martxoaren 24an, egunkari honetan bertan, Gipuzkoako NNGG-ko (PP) Antolakuntza Idazkariordeak funtzio publikoko euskararen eskakizunari buruz esandakoak aztertzen zituen testu bat argitaratu nuen. Oro har, nire testuak euskara administrazio publikoko profesionalak kanporatzen dituen “hesi” edo “harresi” gisa aurkeztearen arriskuaz ohartarazten du eta hizkuntza eskakizuna frustrazioarekin eta talentu ihesarekin lotzen duten diskurtsoak kritikatzen ditu. Ikuspegi horrek, funtsean, herritarrek erakundeek beren hizkuntzan artatuak izateko duten eskubidea ez ikusiarena egiten du. Beraz, eztabaidaren gunea ez litzateke eskakizunak apaltzea izan behar, ikaskuntza eta integrazioa erraztea baizik.

Joan den apirilaren 30ean, PPko legebiltzarkide baten txanda izan da. Alderdiak berak argitaratutako bideo batean, PNVk, EH Bilduk eta PSE-EEk hizkuntza auziaren inguruan egindako kudeaketa partidista kritikatu zuen. Gainera, euskara eskatzeak “frustrazioa” eta “behin-behinekotasuna” (lan-prekarizazioa edo bitartekotasuna) sortzen dutela defendatzen zuen, kualifikatutako profesionalek plaza finkoak lortzea eragozten dutelako. Horrek, bere ustez, talentu ihesa dakar, eskatutako hizkuntza profilak ez betetzeagatik beren karrera euskal lurraldetik kanpo garatzea hautatzen baitute.

“Talentu ihesaren” argumentuak arazo juridiko eta sozial konplexu bat sinplifikatzen du. Bi hizkuntza ofizial dituen autonomi erkidego batean, biak ezagutzea gaitasun eskakizun gisa hartu ohi da, eta ez soilik meritu gisa. Berriro azaldu beharra dagoela ulertzen dut, baina Konstituzioak zein Euskal Autonomia Estatutuak euskara babesten dute. Konstituzioaren kasuan, 3. artikuluko 2. paragrafoak argi dio: “Espainiako gainerako hizkuntzak ere ofizialak izango dira dagozkien Autonomia Erkidegoetan, haien Estatutuekin bat etorriz”. Zertarako balio du hizkuntza bat ofizial izendatzeak gero administrazio publikoko lanpostuetan hori jakitea eskatzen ez bada?

PPko legebiltzarkideak, gaztelania bikainean, “errealitate soziolinguistikora” jotzen du (non eguneroko erabileran gaztelania nagusi den eremu askotan). Hala ere, eskubide linguistikoen printzipioa alde batera uzten du: herritarrek administrazioaren aldetik euskaraz artatuak izateko duten eskubidea. Erabileraren egoeraren eta administrazioak hizkuntza horretan artatua izateko eskubidea bermatzeko duen betebeharraren arteko dilema faltsu bat sortzen da. Aldi berean, diskurtso kutsatu bat sortzen du eta ez du aipatzen herritarrei esparru publikoan hizkuntza horretan bizi ahal izatea bermatzen ez bazaie, herritarrak lagunduko dioten mekanismoak erabiliko dituela, jakina.

Duela denbora bat, euskararekin kritiko direnen artean argumentu bat irakurri nuen: Juan Sebastian Elkanok ez zuela testamentua euskaraz egin. “Hain euskalduna eta euskaltzalea ere ez zen izango espainieraz egin bazuen” edo “Begira zein gutxi inporta zitzaien euskara, gaztelaniaz egiten zutela”. Baina, ba al zegoen beste aukerarik? Gaztelania zen hizkuntza ofizial bakarra administrazioan, eta lege-arloko izapide guztiak hizkuntza horretan egin behar ziren. Logikoa zen lege-izapideren bat egin behar zuten euskaldun guztiek gaztelaniaz egitea eta ez euskaraz. Agian horrela ulertzen da nola Aro Modernoan, Nafarroan, 10 nafarretik 8 euskaldunak ziren, baina hori denborarekin aldatuz joan zen botereak ezarritako hizkuntza politiken ondorioz, Peio Monteano soziologoak “Del euskera al castellano” liburuan erakusten duen bezala.

Bi hizkuntza ofizialetan artatua izateko %100eko aukera bermatzen ez bada, begi-bistakoa da jendeak dagokion izapidea egiteko aukera ematen dion hizkuntza erabiliko duela azkenean. Lehen bezala gaur egun ere. Inork ez du euskarazko elebakartasuna proposatzen; funtzio publikoko langileen elebitasuna eskatzen ari da. Sektore pribatuko langileak ez bezala, lehenengoak administrazio publikoaren mende daude.

Administrazioan hizkuntza profila eskatzea ez da kontrol neurri bat, herritarrek bi hizkuntza ofizialetako edozeinetan artatuak izateko duten eskubidea bermatzea baizik. Diskriminazioa, berez, euskaldun batek bere administrazioan bere hizkuntza erabili ezin izatea litzateke.

Agian Alberto Lopezek, Zuzenbide Konstituzionaleko katedradunak, onartu egin behar du gaztelaniaz bakarrik hitz egiten duten herritarren eskubideak sobera bermatuta daudela, inork ez baitu zalantzan jartzen hizkuntza horretan artatuak izango direnik. Proposatzen dena da, behingoz, administrazio publikoan %100ean euskaraz bizi nahi duen herritarrak aukera izatea.

Espainiako Konstituzioaren 3. artikuluko hirugarren paragrafoan gaineratzen denez: “Espainiako hizkuntza-modalitate desberdinen aberastasuna kultur ondarea da, eta errespetu eta babes berezikoa izango da”. Nola babesten da euskara hizkuntza ofiziala, gero edozein euskalduni administrazio publikoan zerbait kudeatu behar duenean %100 euskaraz bizitzeko eskubidea bermatzen ez bazaio, bizi den tokian bizi dela? 

Profil eskakizuna udalerri bakoitzeko hiztun portzentajearen arabera oinarritze hori 1989an egindako itunei dagokie. Gaur egungo hizkuntza-politikak, arreta beharren arabera profilak esleitzen dituenak, urte hartan lortutako adostasunetan ditu sustraiak. Funtsezko arauak artikulatu ziren, hala nola Euskal Funtzio Publikoaren 6/1989 Legea eta 224/1989 Dekretua. Bi hauek administrazioaren izaera elebiduna ezarri zuten eta profilen hedapena antolatu zuten. Hala ere, arau horiek 1982ko Normalizazio Legean oinarritutako mugarria izan baziren ere, 2026ko errealitatea oso bestelakoa da.

2026an, funtzio publikoan euskararen ezagutza udalerri bakoitzaren arabera baldintzatzea akats bat da, baita Vox-en edo PPren gaztelaniazko elebakartasunaren aldeko posizioetatik datozenen argumentu gisa ere. 20 urtetan, Espainian %50 etorkin ez-gaztelaniadunak diren udalerriak daudenean, udalerri horretan hiztun den biztanleriaren portzentajearen arabera gaztelania eskatzea planteatuko al da? Ez dut uste. Orduan, nola da posible hori onartzea hizkuntza koofizial batekin?

2023an argitaratutako VII. Inkesta Soziolinguistikoko datuak argigarriak dira: EAEko 16 urtetik gorako gazteen %74,5 euskalduna da, hiru hamarkadatan ia 50 puntuko gehikuntza izan da. Gaur egun, 1991n baino 261.000 euskaldun gehiago ditugu; portzentajea %24,1etik %36,2ra igo da.

Ez dut ulertzen zein den egungo hizkuntza normalizazioa oztopo burokratiko eta laboral gisa aurkezten duten pertsonen helburua. Argi dago hizkuntzaren ofizialtasun estatusaren aurkako erasotzat har daitekeela, eta horrek erresistentzia handia sortzen du euskal gizarteko beste sektore batzuetan. Irakaslea naizenez, ziur nago beste batzuei ere gertatu zaiela, beti aurkitu dut nire soldaten edo lan baldintzen inguruko kritikaren bat egin duen norbait. Soldata horiek behera egitea nahi duen inbidia moduko bat, haiena bezala, haien soldata gora parekatzea eskatu beharrean. Bada, lanpostu publikoetan euskara maila igotzearen aurkako kritikarekin gauza bera gertatzen da. Helburu hori lortzeko inguruan dauden zailtasun guztiekin amaitzean zentratu beharrean, kritika eskakizunean zentratzen da.

Ez, euskera ez da arazoa. Hitz egin dezagun gizartearen zati batek dagokion titulazioa ez izatea eragiten duten benetako arazoez; hitz egin dezagun agian euskaltegi publikoak saturatuta daudela eta plaza gehiago behar direla, edota bitarteko langileek C1 titulua lortzeko nola lagundu daitekeen beren lana kaltetu gabe, plaza dutenekin gertatzen den bezala. Hitz egin dezagun, halaber, langile askoren lan-ordutegiek ez dietela uzten beren bizitza errealitatea dituzten beharrizanekin uztartzen (familia-beharrak edota euskara ikastea planteatzea, esaterako), euskaltegi publikoetan ordutegiak zabaltzeko premiaz eta inbertsioaz. Zure arazoa hizkuntza ez dela aditzera eman nahi baduzu, hori izan behar da eztabaida. Horiek dira arazoak, eta ez euskara edo C1 maila eskatzea.

Ondoren, hitz egin dezagun zintzotasun osoz, sumindurarik gabe baina egiaz, euskara ikasi nahi ez duten edo titulazioa ateratzeko ahalegina egiteari uko egiten dioten pertsonak badaudela. Hitz egin dezagun Bilbon A ereduan lehen hezkuntzan 33 urteko bitartekotasuna duten pertsona horiei buruz; HE1 (B2) titulazioa izanik eta 3-5 urtetan HE2 (C1) ateratzeko aukera izanik, ez dute ahalegin txikiena ere egin. Kasu honek euskararekin kritikoak diren eskuineko hedabideen azalak bete zituen duela bi urte. Badakit jendea egonkortze prozesuetatik kanpo utzi dutela eskatzen zen ingeles profila ez izateagatik, baina horrek ez dio inori dramarik eragin. Euskadin euskara eskatzeak, berriz, bai.

Gero, hitz egin dezagun Laura Ré Lozano bezalako pertsonez, 2018an Euskadira iritsi zen murtziarra, euskaraz ezin hobeto egiten duena eta C1 maila duena; Toheed Ghulametaz, 2016an iritsi zen eta euskaraz ezin hobeto komunikatzen den gazteaz; Idoloris Fajardoz, 19 urterekin iritsi zen eta euskaraz egiten duen kubatarraz; Siguanabaz, Nikaraguako DJa eta euskalduna dena; Kasiaz, euskara Polonian ikasi zuen poloniarraz, edota Dianaz, Gasteizera ikastera etorri eta euskara ikasi zuen alemaniarraz. Hitz egin dezagun Euskadira euskara ikastera etorri zen Xavi katalanaz; bi urtetan euskaraz hitz egiten hasi zen Ariel Martínez hondurastarraz, edota Euskadira bizitzera etorri eta euskara berea egin zuen Malou Henriksen daniarraz; baita Hide Domino japoniarraz ere, euskara Tokion ikasten hasi eta ondoren Madrilgo Euskal Etxean jarraitu zuena. Hitz egin dezagun nire bikoteaz, murtziarra izanik 2021ean Euskadira iritsi zena eta urte eta erdian Hizkuntza Eskola Ofizialean euskarazko A1 eta A2 mailak lortu zituena.

Funtzionario izatea ez da eskubide bat. Hala ere, euskara ondare partekatua eta herritarren eskubidea da. Euskara oztopo baztertzaile gisa aurkeztea irakurketa erredukzionista da, indarrean dagoen lege-esparrua zein elebitasunerantz erabakitasunez doan gizarte baten errealitatea alde batera uzten dituena. Benetako erronka ez dago hizkuntza profilen eskakizunean, baizik eta herritar bakoitzak —jatorria edozein dela ere— aberastasun partekatu horren parte izateko beharrezko tresnak, denbora eta erakundeen babesa izatea bermatzeko.

Bitartekotasun edo kudeaketa arazoak hizkuntzari egozteak benetako irtenbideetatik fokua desbideratzeko balio du soilik: inbertsio gehiago, ikasteko baldintza hobeak eta herritarren eskubideak hauteskunde etekinaren gainetik lehenetsiko dituen borondate politikoa. Bi hizkuntzak hitz egiten dituen administrazio bat eraikitzea ez da inposizio ekintza bat, gure identitateari eta gure demokraziari diegun errespetuaren oinarrizko ariketa baizik.

El exdirigente socialista Augusto Borderas ha fallecido a los 94 años. Irunés de nacimiento pero alavés de ejercicio, fue senador, parlamentario vasco, juntero alavés, concejal en Vitoria y dirigente del PSE-EE provincial. Médico de profesión, ejerció también como director del hospital de Txagorritxu, uno de los más relevantes en Euskadi.

Borderas nació en Irún en 1932, en la II República. Estudió medicina en Aragón y Galicia y empezó a ejercer en Eibar. Ya en Vitoria, ejerció cargos de responsabilidad en Txagorritxu hasta ser director entre 1983 y 1986. En el plano político, fue procurador en el Parlamento foral alavés en la primera legislatura, tras las elecciones de 1979, y concejal en Vitoria en dos etapas, ambas con José Ángel Cuerda del PNV como alcalde. Ejerció como senador entre 1989 y 1996, durante la presidencia de Felipe González. De 1987 a 1989 fue parlamentario vasco. También fue miembro de órganos internacionales como la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa.

A nivel orgánico, ha tenido cargos internos tanto en Álava como en Euskadi. Borderas era también muy activo en la vida social vitoriana con presencia en la Asociación contra el Cáncer, en el Consejo del Menor de Álava, en la fundación Fernando Buesa o en la revista 'Dato Económico'. Desde 2003 tenía la medalla del mérito constitucional de España.

“Hoy despedimos a Augusto Borderas, referente del socialismo alavés, pediatra de vocación y un hombre comprometido con Álava y con los valores del socialismo. Su trayectoria, marcada por el compromiso con la democracia, la defensa de los servicios públicos y la justicia social, deja una huella imborrable en nuestro territorio. Todo nuestro cariño y nuestro más sentido pésame a su familia, amistades y compañeros y compañeras”, ha señalado el PSE-EE tras conocer el fallecimiento.

“Con enorme tristeza he recibido la noticia del fallecimiento de Augusto Borderas. Quienes tuvimos la suerte de conocerle recordaremos, por encima de todo, a una persona cercana, dialogante, generosa y profundamente humana. De esas que dejan huella por la forma en la que tratan a los demás. Pediatra de vocación, servidor público por convicción y una persona profundamente comprometida con Álava, dedicó buena parte de su vida a trabajar por el bienestar de la ciudadanía, tanto desde la política como desde otros ámbitos sociales, manteniendo durante décadas su compromiso con la infancia y la adolescencia desde el Consejo del Menor de Álava”, ha escrito también en X el diputado general de Álava del PNV, Ramiro González.

Una jueza ha levantado la prohibición que impedía a la entidad Sarrea Euskal Udalekua organizar campamentos de verano. Después de que se presentase una veintena de denuncias por presunta violencia sexual contra los menores que participaban en las colonias organizadas por esta entidad en el municipio alavés de Bernedo, la Diputación de Álava sancionó a la entidad con la imposibilidad de organizar actividades de tiempo libre infantiles y juveniles durante al menos tres años. El auto, adelantado por el periódico 'Berria', viene firmado con fecha de 25 de junio por la magistrada Rosa Esperanza Sánchez Ruiz, de la plaza número 1 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Vitoria y señala que, “aunque aún quepa debate”, ha existido “despropoción de la actuación administrativa”. No aprecia, además, “riesgo o peligro real” para los menores.

“De forma intuitiva, apreciamos la desproporción de la actuación administrativa tanto en la tipificación como grave de la infracción como en la individualización de la sanción, con arreglo a lo previsto en el artículo 62 y 63 de la Ley 2/2022, aunque aún quepa el debate. Las razones de buen derecho son muchas, pero, entre ellas, estaría la ausencia de riesgo o peligro real para menores de edad derivada de la infracción presuntamente cometida los años 2023 y 2024; la ausencia de antecedentes sancionadores y el cumplimiento material durante cincuenta años de los fines preventivos y organizativos de la actividad desarrollada”, recoge el auto.

A raíz de este auto, la organización ha comunicado que dispone de “autorización legal” para organizar de nuevo este tipo de actividades, pero, en cualquier caso, la entidad ve “difícil” que los campamentos se puedan volver a celebrar este verano, hecho que achacan al “acoso” de “partidos políticos y medios de comunicación”. “A pesar de las garantías legales, hemos querido actuar con responsabilidad en todo este proceso”, abunda.

La Diputación había prohibido la celebración de los campamentos y, además, había sancionado a la entidad organizadora con una multa de 9.000 euros y la imposibilidad de organizar y realizar actividades de tiempo libre infantil y juvenil durante tres años, así como de recibir ayudas públicas durante el mismo periodo de tiempo. El expediente se tramitó por la “no comunicación” a la institución foral por parte de la entidad organizadora, Sarrea Euskal Udaleku Elkartea, de la existencia de estos campamentos y por no facilitar información sobre ellos, lo que constituye “dos infracciones graves administrativas”, tras conocerse las denuncias ante los tribunales de 21 familias por actos contra la libertad sexual contra menores en este espacio.

En una comparecencia celebrada de urgencia en la mañana de este lunes, la diputada foral de Cultura y Deporte, la socialista Ana del Val, ha aludido al hecho de que el auto se ha adoptado “de inaudita parte”, sin que se haya escuchado a la Diputación, que ahora dispone de un plazo de dos días para aportar la documentación que considere pertinente. En más de una ocasión ha reiterado que la Diputación “aún no ha sido escuchada”. Y ha asegurado también que es la primera vez en que se ha adoptado una medida cautelar tan urgente ante un procedimiento sancionador.

“Ahora mismo nos toca esperar, presentar ante el juzgado estas alegaciones con toda la documentación y ver qué dice”, ha explicado Del Val, que ha dicho que ya desde el viernes pasado se vienen celebrando reuniones con los letrados de la Diputación para preparar el caso. A preguntas de los periodistas, la diputada ha recalcado que hay puntos del auto que no se entendían y que, por ese motivo, van a afanarse en explicar “de arriba abajo” todo el expediente sancionador.

Sobre la posibilidad de que Sarrea Euskal Udalekua organice algún campamento este verano, Del Val ha subrayado que carecen de autorización para ello. Mirando al calendario, y con este auto que tumba por el momento la prohibición, ha aseverado que aún estarían a tiempo de llegar a organizar un campamento para la última semana de agosto. “Es muy precipitado ahora mismo determinar nada”, ha dicho la diputada. En cualquier caso, ha hecho hincapié en que de momento no cuentan ni con autorización ni con local, dado que, según ha indicado, la junta administrativa de Bernedo les ha retirado el alquiler.

El Parlamento Vasco se prepara ya para unas largas vacaciones de verano... con algunas excepciones. Este viernes se ha celebrado la última sesión de control al Gobierno del curso político y, aunque quedan algunas comisiones este lunes y este martes, todavía en junio, no habrá plenos ni en julio, ni en agosto ni en buena parte de septiembre. ¿Cuáles son esas excepciones? Por un lado, la ponencia “para la mejora de la calidad democrática”, un foro presidido por Xabier Barandiaran, del PNV, ha fijado una reunión para el 6 de julio con tres comparecencias, las del dirigente del PP Jan Echeverría, del periodista Miguel Ángel Idígoras y del sociólogo Imanol Zubero. Por otro, PNV y PSE-EE quieren adelantar trabajo de su nueva ley estrella, la 'autopista' para agilizar proyectos estratégicos, y han pedido que se estudie que puedan comparecer en julio los expertos que planteen los grupos para llegar a otoño con ese trámite superado.

La normalidad regresará, salvo sorpresa, en la segunda mitad de septiembre con la celebración del pleno de política general, en el que el lehendakari ofrece las líneas generales de la situación y los líderes de los partidos le dan la réplica. Solamente a partir de ahí volverán a celebrarse plenos y comisiones con regularidad. En realidad, es ya el tercer parón en lo que va de año. La Cámara no retomó su día a día hasta febrero después de Navidad y luego, entre marzo y abril, hubo seis semanas sin plenos de control. Han sido nueve en 2026.

Los grupos sí mantienen el derecho a seguir solicitando información por escrito -y el Gobierno tiene que contestarla cumpliendo el plazo- y la agenda del Parlamento siempre recoge algunas otras actividades paralelas como cursos de verano o jornadas. La Mesa, el órgano de Gobierno de la institución, también tiene prevista una reunión el 13 de julio, aunque igualmente reduce la periodicidad de sus encuentros en período estival.

En todo caso, según explican fuentes parlamentarias, PNV y PSE-EE buscarán este mismo martes, 30 de junio, que la Mesa y la Junta de Portavoces les permitan habilitar julio para poder avanzar con su ley para impulsar grandes proyectos, ya admitida a trámite este jueves. En concreto, quieren abrir ya la fase de comparecencias de expertos. Con todo, no está claro cuántas sesiones se podrían celebrar antes del parón de agosto. Se persigue, en todo caso, llegar a otoño con parte de los deberes hechos y que se pueda iniciar antes la fase de enmiendas. De momento, los partidos del Gobierno se han encontrado con el 'no' de toda la oposición a esta iniciativa, sobre todo por la forma, ya que es una proposición de los partidos y no un proyecto del Ejecutivo, con todo lo que ello implica de menor volumen de informes, memorias y mecanismos de control. Pero gozan de mayoría absoluta para sacarlo adelante.

El Parlamento Vasco ha aprobado este jueves, con el voto en contra de todos los grupos de la oposición, la toma en consideración de la proposición de ley del PNV y el PSE-EE para simplificar y agilizar los proyectos económicos sostenibles, la conocida como “autopista” regulatoria. El Gobierno lo ha tramitado como proposición de ley y no como proyecto, de modo que se ahorran informes y controles internos.

El texto reduce plazos y cargas administrativas, y pretende reforzar la seguridad jurídica para acelerar la implantación de nuevas actividades en ámbitos como la transición energética, la economía circular y la industria agroalimentaria, se defiende. PNV y PSE-EE destacan que la reducción de los plazos administrativos no implicará una reducción de “garantías”, sino tan solo una supresión de “duplicidades”. La propuesta pretende impulsar las inversiones estratégicas de la industria verde y, con ese fin, recoge instrumentos para acelerar la implementación de nuevos proyectos, para favorecer la economía circular y fortalecer el sector primario. A su vez, diseña un marco específico para proyectos de “interés público superior”, que han de ser iniciativas vinculadas a la transición energética, la economía circular o las infraestructuras de generación de energía, informa Europa Press.

El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi ha explicado que esta ley “simplifica, facilita y aligera los trámites”, con el fin de que “Euskadi no pierda oportunidades en este mundo competitivo”. En este sentido, ha afirmado que, frente al riesgo de “deslocalizaciones”, es necesario garantizar que Euskadi “siga siendo atractiva” para mantener a sus empresas y para atraer nuevas inversiones. “Las empresas lo que piden es que no les toquemos las narices, que no les pongamos pegas, que facilitemos las inversiones emisiones en Euskadi”, ha añadido.

El parlamentario del PSE-EE Ekain Rico ha explicado que, con esta ley, “se trata de poner al servicio de la ciudadanía y de los agentes económicos unos procedimientos más ágiles, más modernos y más seguros jurídicamente”. Esto, según ha dicho, permitirá mejorar la competitividad de Euskadi “respecto a otras comunidades del entorno que ya han avanzado en marcos normativos similares para atraer inversiones de alto valor estratégico que pueden ser motor de crecimiento y fuente de empleo estable y de calidad”.

Desde las filas de EH Bildu, Ander Goikoetxea ha calificado de “inaceptables” tanto el procedimiento empleado para tramitar esta ley, como los contenidos de la propuesta. De esa forma, ha criticado que “en nombre de la competitividad”, se plantea “una ley que cambia todo el modelo de gobernanza y que deja de lado la autonomía de los ayuntamientos”. Goikoetxea ha considerado que una ley de esta relevancia “debería venir, por lo menos, de la mano del Gobierno, con una memoria económica, informes jurídicos, evaluaciones de impactos, consultas públicas estructuradas, y con todas las garantías que necesita un proyecto de gobierno”.

El parlamentario del PP Álvaro Gotxi ha expresado su rechazo a la forma en la que se ha tramitado esta ley, través de una proposición de los partidos del Gobierno, en lugar de mediante un proyecto de ley del propio Ejecutivo, un procedimiento que requiere de más controles y garantías. “Lo hacen únicamente para no pasar por donde tienen que pasar un proyecto de ley; no vaya a ser que alguien les diga que esto que presentan hoy aquí es una chapuza irresponsable”, ha denunciado.

Por parte de Sumar, Jon Hernández, ha advertido de que la “desregulación” que se plantea en esta iniciativa “puede reducir el necesario control del impacto de la actividad económica”, especialmente “en temas sensibles como el medioambiental”. La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez Grisaleña, ha cuestionado que el Gobierno pueda convertirse en “promotor o facilitador” de la actividad económica a través de esta ley, por lo que ha votado en contra de su toma en consideración.

La vicelehendakari primera del PNV, Ibone Bengoetxea, que es también la consejera de Cultura y Política Lingüística, ha negado que el acuerdo con EH Bildu para posibilitar la aprobación de la reforma legislativa de la normativa autonómica de empleo público en lo tocante a las exigencias de euskera en la Administración suponga un problema con el PSE-EE. “El Gobierno no está en riesgo”, ha enfatizado ante los medios de comunicación a los pocos minutos de terminada la sesión.

“La relación con el socio no está tocada. Somos un Gobierno compacto. Hace dos días presentamos conjuntamente el balance de los dos años de esta legislatura y, además, presentamos juntos el trayecto que nos queda para los próximos meses. Yo diría que la relación con el socio de Gobierno es estupenda”, ha querido destacar Bengoetxea. Ha agregado que “en democracia” es “normal” el hecho de “no compartir el 100% de todos los proyectos”.

Por otro lado, Bengoetxea se ha excusado de dar plazos para la aprobación del decreto de desarrollo de la ley. Ha recordado que es proceso largo y garantista que requiere de la emisión de informes y de tiempo. La vicelehendakari ha manifestado estar satisfecha por los avances que supondrá la ley en términos de “seguridad jurídica”. “Va a limitar las sentencias en contra de decisiones administrativas”, ha garantizado.

EH Bildu ha logrado, casi al cierre del curso político en el Parlamento Vasco, el hito político de meter cuña en el Gobierno de coalición de PNV y PSE-EE liderado por Imanol Pradales. Con su abstención, la principal fuerza de la oposición ha facilitado que salga adelante una reforma de la ley autonómica de empleo público para blindar las exigencias de euskera en las convocatorias ante las sucesivas sentencias judiciales. Se trata de una iniciativa planteada en solitario por el PNV, con los socialistas claramente en frente. Es algo que no había pasado ni en esta legislatura ni en la década en que lleva operando el bipartito.

Aunque durante meses EH Bildu consideró esta propuesta como insuficiente, como un mero “parche” alejado de la reforma integral que ellos presentaron, finalmente ha alcanzado un acuerdo con los nacionalistas para permitir que prospere al menos un gesto para intentar hacer frente a la “ofensiva judicial”, como define el contexto actual la denominada 'euskalgintza'. “No era una opción” que el debate se cerrará con todas las propuestas decaídas, ha admitido Pello Otxandiano, líder de EH Bildu y que significativamente ha ejercido como portavoz en el debate por delante del habitual en esta materia, Josu Aztiria.

Otxandiano no ha ocultado su felicidad por el resultado del debate. De hecho, lo ha considerado un “salto” como los que ya se han producido “en Iparralde y en Nafarroa”, en referencia a los acuerdos entre nacionalistas en esos ámbitos. Ha considerado que el Parlamento Vasco ha superado “la política de bloques” y que ha “aumentado la calidad democrática”. Frente a los “tiempos oscuros”, ha dicho Otxandiano parafraseando al propio Pradales, “grandes acuerdos de país”. Además, ha añadido que tienen acordado con el PNV que si esta ley no funciona se revisará y se buscará una nueva fórmula en línea con la iniciativa orginal que ellos presentaron y que buscaba imitar el modelo enteramente bilingüe de Catalunya o Galicia, aunque esto el PNV no lo interpreta así. De hecho, Otxandiano ha añadido, mirando a los socialistas, que su partido allí “lo tiene bastante claro” y no se opone a incrementar las exigencias de las respectivas lenguas cooficiales.

EH Bildu llevaba tiempo buscando abrir esa brecha entre PNV y PSE-EE. En sus discursos, los dirigentes de la formación soberanista habían apelado a activar la amplia mayoría abertzale que tiene la Cámara autonómica. En 2022 y 2023 y también con el euskera sobre el tapete, el PNV coqueteó con intentar una reforma educativa con la coalición abertzale, pero el entonces lehendakari, Iñigo Urkullu, accedió a mantener los modelos A, B y D, es decir, a que se pueda seguir optando por cursar los estudios también mayoritariamente en castellano, como reclamaron los socialistas. Y todo a pesar de que la misma ley pone un objetivo común a todos los estudiantes: que a los 16 años alcancen el nivel B2 del marco común europeo en ambos idiomas oficiales.

Desde el PSE-EE, Pau Blasi ha deslizado en su intervención durante la sesión referencias a la “deslealtad” del PNV y a su “lealtad” al pacto de Gobierno. Los insultos, pintadas y pancartas han venido de otro lado“, ha añadido. Ha pedido a ”otros“, en velada referencia también a sus socios, que expliquen ”por qué se han movido de los consensos y de las lealtades“ con ”saltos al vacío y propuestas de máximos contrarios a la visión pluralista del país“.

Ha añadido que han sido meses de “burradas” -ha dicho que no iban a tolerar que los comparen con la ultraderecha por no opinar lo mismo sobre el euskera-, que la “mayoría” de “expertos” están en contra del cambio normativo y que hay que operar “con una visión pluralista del país”. En una intervención bilingüe, ha retado sin citar nombres a ver si el PNV sería capaz de garantizar que todos sus consejeros fueran bilingües. Ahora los hay que no dominan el euskera.

Markel Olano, del PNV y que ha avisado de inicio que él no iba a emplear el castellano en sus intervenciones como gesto, a pesar de la recomendación de sus asesores, ha asegurado que es “mentira” que la reforma vaya a incrementar las exigencias de euskera en la Administración. Se trata de dar seguridad jurídica, ha insistido. Ha apuntado que el PNV busca “un espacio de centralidad”. Olano, además, ha destacado la amplia mayoría que respaldará la reforma, de más de dos tercios del total de representantes.

Pero la reforma, en puridad, solamente ha contado con el 'sí' de sus proponentes, del PNV. 27 de 75. Eso sí, la abstención de EH Bildu ha hecho que el 'no' de PSE-EE, PP, Sumar y Vox, 21 de 75, haya resultado insuficiente en la votación final. Y, además, el texto aprobado ni siquiera es la propuesta original del PNV, ya que los nacionalistas presentaron tres enmiendas al único artículo del que consistía la ley. Ahora se introducirá en la ley que las administraciones “deberán determinar con el máximo rigor” el perfil de las plazas y la fecha de preceptividad, que es el momento en el que hay que cumplir ese requisito. Es más, se plantea que quienes no dominen la lengua vasca tengan en ese tiempo “diferido” apoyo institucional para lograr la capacitación.

Se eliminan los índices generales que hasta ahora se habían usado de referencia para determinar el porcentaje de puestos con exigencia de euskera y, por decreto, se regulará que pueda hacerlo cada institución. De hecho, la segunda enmienda hace mención expresa a que el Gobierno dictará un nuevo decreto sobre la materia para “actualizar” el aprobado en 2024, justo al final del mandato de Urkullu. La tercera enmienda habilita a que el Ejecutivo pueda regular ese “diferimiento” de las fechas de preceptividad y las “excepciones”.

Según el PSE-EE, este nuevo marco generará más “discrecionalidad” y menos seguridad jurídica y ha remarcado que afecta a 120.000 empleados públicos. “La reforma es mala y la tramitación aún peor”, ha añadido el socialista Blasi. Sumar ha lamentado que la nueva ley llegue “sin consenso” y siendo “apenas un apaño”. “Dejan fuera del euskera a muchos y muchos trabajadores”, ha manifestado Jon Hernández, único representante de la coalición y procedente de IU.

Desde la bancada del PP, Santiago López Céspedes ha definido la nueva legislación como un “atropello”. “No se vota si quieremos más euskera o menos euskera. Ésa es la trampa de siempre. Esto no va de proteger al euskera. Va de protegerse a ustedes, señores del PNV, de sus propios excesos”, ha señalado. Y ha agregado: “No le van a ganar a Bildu jugando a ser Bildu. De hecho, van ustedes perdiendo”. Vox ha despachado el debate como un “pacto entre separatistas”, el “Lizarra lingüístico”.

Eso sí, el propio acuerdo de PNV y EH Bildu asume que todo está condicionado por los tribunales. Por un lado, el Tribunal Constitucional tiene que resolver una cuestión elevada por el Superior vasco sobre la normativa anterior, la de 2022 desarrollada por decreto en 2024. Por otro lado, el PP ya ha avisado de que utilizará “todas las herramientas legales” a su alcance para lograr que se revise. En el pasado, Vox también ha presentado recursos.

La UCO de la Guardia Civil ha localizado 1.288 mensajes de WhatsApp en el período comprendido entre 2020 y 2025 entre la socialista de Portugalete Leire Díez, investigada por corrupción, y el vicelehendakari segundo del Gobierno vasco, Mikel Torres. Cabeza de la parte socialista del Ejecutivo de coalición de Imanol Pradales, Torres es el líder del PSE-EE vizcaíno y durante años fue alcalde de Portugalete, donde se conocieron. La Policía judicial resalta de esas conversaciones lo relativo al rescate de Tubos Reunidos, aunque no aporta indicios de que el dirigente del PSE-EE realizara alguna gestión en ese sentido.

Díez, aunque tuvo su primer cargo público en Cantabria, es originaria de Portugalete, donde ha solido participar en actos del PSE-EE como la festividad del Primero de Mayo. Esta localidad del área metropolitana de Bilbao es un feudo socialista. Torres ha sido alcalde desde 2008 hasta 2024, cuando accedió al Gobierno vasco. También es el lugar de origen del lehendakari Patxi López y de residencia del actual secretario general en Euskadi, Eneko Andueza.

Díez conformaba un grupo llamado Hirurok con el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero, y con el empresario guipuzcoano Antxon Alonso. La Guardia Civil eleva a 250.000 euros las comisiones que percibió presuntamente Fernández Guerrero por intermediar tanto en el rescate de 2021 de Tubos Reunidos, empresa de Amurrio, como en la renegociación de la devolución de unos intereses en 2024. La empresa admite los pagos realizados.

El atestado de la UCO de mayo sobre Tubos Reunidos destaca solamente los mensajes relaciones con esa compañía y ya en la segunda fase, la de los intereses. A los pocos días de acceder al cargo de vicelehendakari, el socialista andaluz Fernández Guerrero le pidió a Díez un encuentro entre “Mikel” y un directivo de la compañía, Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia, uno de los tres imputados. “Podrías gestionar una reu con él y con Jesús Urrutia? Informal. Rollo caña”, le plantea en un mensaje el expresidente de la SEPI. “Lo intento”, dijo ella. “No va a pedir nada. Solo colocarse en situación. Ya pedirá en la siguiente ocasión [...] Pero así le empoderamos (y a nosotros de paso)”, explica Fernández Guerrero.

Torres lidera las carteras de Economía, Trabajo y Empleo, pero la política industrial la gestiona el PNV por medio del consejero Mikel Jauregi. Fernández Guerrero, en cambio, cometió ese error en una nota que guardaba en su Drive: “Modelo presión política. Ramo de industria en el Gobierno Vasco al PSE, nombrándose responsable del ramo y vicelehendakari al alcalde de Portugalete. Mikel Torres. Gestionando reunión con él para el día 24/25 de julio a través de Leire Díez”.

La Guardia Civil no ha encontrado rastro de esa reunión, pero sí conversaciones sobre Tubos Reunidos entre el vicelehendakari y Díez de meses después, de octubre de 2024. Antes, en septiembre, Fernández Guerrero -que buscaba una nueva “success fee” de la empresa, es decir, nuevos pagos por sus gestiones- insistía en mantener abiertos los canales también “con la vicepresidencia del GV”.

En ese otoño, Díez planteó a Tubos Reunidos “ayuda desde otras vías”. En ese contexto, le insistió a Torres para que atendiera a los directivos de la empresa. “Recuerdas que te dije el día que nos vimos la posibilidad de ver a Jesús Urrutia, el Consejero Coordinador de Tubos Reunidos? Tu podrías verle el miércoles x la tarde en algún momento (miércoles 30). Me dices cuando puedas si es posible? Me esta insistiendo. La situación de TTRR es complicada” [sic], le mandó por WhatsApp Díez al vicelehendakari.

Nuevamente, la Guardia Civil admite que “no se han encontrado conversaciones posteriores que puedan confirmar o desmentir la definitiva celebración de este encuentro”, pero sí constata que Torres y Díez cruzaron 1.288 mensajes, a la luz de los dispositivos incautados a la segunda y volcados en el sumario de una causa dirigida por el juez Santiago Pedraz, del Tribunal Central de Instancia.

En noviembre de 2024, el CEO de Tubos Reunidos, Carlos López de las Heras, asumió la interlocución con Díez y Fernández Guerrero. Les participa que la situación de la empresa es crítica. Incluso no se descarta el concurso de acreedores. “Se lo he mandado tal cual a Santos y a Mikel”, escribe ella. Santos, según infiere la UCO, es Cerdán. Ése es el origen de una reunión en Ferraz con directivos de la compañía que acabó con otro pago de 40.000 euros a la trama, según sostiene la Guardia Civil y no niega Tubos Reunidos.

Desde el entorno del vicelehendakari, han querido “puntualizar” que “en ningún momento el vicelehendakari se ha reunido con Leire Díez para el rescate de ninguna empresa”. Añaden que “los mensajes de WhatsApp intercambiados se deben a que Leire Díez era una persona muy activa socialmente en Portugalete, formó parte de las Ampas de varios centros educativos y equipos deportivos de la localidad y realizó un sello de Correos de Portugalete coincidiendo con el 700 aniversario de la villa cuando Díez era la responsable institucional de Correos”. “Ni Leire Díez le solicitó nunca una reunión para hablar de Tubos Reunidos ni le pidió nada con respecto a esta empresa. Por tanto, durante los 16 años como alcalde del ahora vicelehendakari mantuvo una relación como con otros vecinos activos en la vida social de Portugalete”, abundan estas fuentes.

No se prenderán hogueras de San Juan este año en Álava. Tampoco en Vitoria. La Diputación ha decidido cancelar la celebración de las hogueras de San Juan en la noche de este miércoles por la ola de calor, que está dejando en la provincia temperaturas cercanas a los 40 grados en algunos momentos del día. Pese a la alerta roja en la que Euskadi está sumida por temperaturas extremas, el Ayuntamiento de Vitoria había decidido seguir adelante con las hogueras, aunque con algunas limitaciones. Los barrios de Arriaga y Judimendi celebran sus fiestas coincidiendo con San Juan, de modo que las hogueras son uno de sus platos fuertes.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes máximas de 39 grados en Vitoria. Las hogueras se celebran a las 22:00 horas, momento para el que se esperan 31 grados, según las previsiones de esta misma agencia. En este contexto de altas temperaturas, la Diputación de Álava viene pidiendo desde el comienzo de la semana “extremar la precaución”, con especial atención tanto a la cosecha como, precisamente, a las hogueras de San Juan. “El riesgo existe y cualquier negligencia puede tener consecuencias graves”, apuntaba.

Este lunes, sin embargo, la Diputación señalaba que las hogueras en suelo urbano son competencia de los diferentes ayuntamientos, de modo que quedaba en su mano la celebración o la cancelación en función de cada situación concreta. “Fuera de los entornos urbanos, la realización de hogueras y el uso del fuego están prohibidos”, añadía. Este martes, el diputado general de Álava, Ramiro González (PNV), ha anunciado que se ha revisado la normativa y que se ha llegado a la conclusión de que la Diputación sí tiene competencias para suspender las hogueras. En su comparecencia, posterior a la celebración del Consejo de Gobierno, ha aprovechado para pedir “responsabilidad y colaboración” a la ciudadanía.

La prohibición se ha materializado a través de una orden foral, en vigor hasta la medianoche y prorrogable, que impide prender fuego en espacios abiertos. Así, además de las hogueras, tampoco se pueden encender barbacoas o braseros de exterior, entre otros. La medida, según ha explicado el diputado general, es “excepcional, preventiva y proporcionada a la situación de riesgo”. “Sabemos que las hogueras de San Juan forman parte de una tradición muy querida, pero en las condiciones actuales una chispa puede tener consecuencias muy graves. Pedimos responsabilidad y colaboración a la ciudadanía, a los ayuntamientos y a las entidades organizadoras para evitar cualquier situación de riesgo”, ha transmitido el diputado general.

Cancelaciones en otras localidades

La comisión de fiestas de Judimendi había decidido, tras “pensarlo mucho”, seguir adelante con las actividades ya planificadas, aunque con un fuego más limitado que el habitual. “Además, el lanzamiento de objetos al fuego estará totalmente prohibido para garantizar la seguridad de todas. Solicitamos responsabilidad colectiva y para ello os pedimos que sigáis los consejos y normas de la gente que estará en la organización”, pedían. Arriaga, por su parte, había anunciado que se empaparían de agua las inmediaciones del fuego como medida de prevención.

En las últimas horas, ha habido un goteo de cancelaciones en localidades alavesas. El Ayuntamiento de Llodio ha anunciado que, a raíz de la alerta roja, el programa de las fiestas se mantiene, pero sin fuego y, por tanto, sin hogueras. “Hacemos un llamamiento a todos los ciudadanos a actuar con prudencia y responsabilidad”, ha pedido el Consistorio. Las hogueras se han cancelado también en Iruña de Oca. “En atención a la situación creada por las altas temperaturas y las alertas declaradas por las autoridades competentes en la materia, y para descartar cualquier posible riesgo de incendios, el Ayuntamiento ha tomado la decisión de suspender el encendido de la hoguera de San Juan”, ha escrito el Consistorio en la red social X.

La localidad guipuzcoana de Eibar lleva casi una década, desde el año 2018, sin celebrar la sokamuturra, un festejo taurino popular tradicional de Euskadi que consiste en soltar una vaca o novillo por las calles, atado a una soga. Ahora los va recuperar en las fiestas de San Juan. Y el asunto ha abierto una brecha en el Gobierno local, de PSE-EE y PNV, que ya se han enfrentado en el municipio en otras ocasiones.

Este año, al igual que se hace en municipios como Durango, Azpeitia, Tolosa, Pasaia o Getxo, el Ayuntamiento con el PSE-EE al frente ha decidido retomarlo en su programa de fiestas con tres sesiones organizadas para el 21, 24 y 25 de junio. Con el objetivo de que se cancelen y en su lugar se propongan actividades “libres de maltrato animal”, se han debatido este jueves en un pleno extraordinario dos mociones. Una ha sido presentada por la plataforma ciudadana Sokamuturra Ez Eibar a través de los grupos municipales EH Bildu y Elkarrekin (coalición de Podemos, IU y Equo), y otra alternativa la ha presentado el PNV.

La moción de los partidos de la oposición, además de la cancelación de la sokamuturra, proponía además que el Ayuntamiento “no vuelva a organizar, financiar, subvencionar ni colaborar con actos en los que exista maltrato animal”, y que los criterios de programación festiva se acuerden en la Comisión de Fiestas con cauces de participación ciudadana. Además, en la moción se instaba al Consistorio a “organizar actividades lúdicas, musicales o de otra índole” en sustitución de la sokamuturra. Sin embargo, no ha sido aprobada, ya que ha contado con los votos en contra del PNV y el PSE-EE y la abstención de EH Bildu. En su lugar, se ha aprobado la presentada por el PNV, con los votos a favor de EH Bildu y la abstención de Elkarrekin, aunque la votación de las propuestas no tiene un carácter vinculante, por lo que la decisión final de mantener o anular el festejo sigue en manos del equipo de gobierno local. Y todo apunta a que sí o sí habrá festejos taurinos, puesto a que la primera sokamuturra está organizada para dentro de cuatro días, el próximo domingo 21, aunque se espera que el alcalde, Jon Iraola, este viernes realice declaraciones confirmando este extremo.

La moción aprobada se compone de cuatro puntos, que se basan en la apertura de un diálogo sobre el regreso de la sokamuturra, un proceso de participación y consulta ciudadana sobre este tema, decidir si es conveniente o no volver a tener el festejo taurino y tomar la decisión desde el consenso. “Hace casi una década, en este Ayuntamiento, en este mismo salón de plenos, se adoptaron por unanimidad acuerdos para abrir una reflexión sobre la presencia de animales en los festejos y fruto de ese proceso se consolidó en la práctica una línea de actuación que ha llevado a que durante todos estos años no se incluyera el uso de animales en la programación festiva. No estamos, por lo tanto, en nuestra opinión, ante una decisión aislada, sino ante una alteración de una trayectoria que se había mantenido de manera continuada en el tiempo”, ha argumentado el concejal del PNV, Alberto de la Hoz.

Según ha destacado, en su moción no están planteando el debate “en términos de posicionamiento ideológico a favor o en contra de una actividad concreta”. “Lo que planteamos es una cuestión de responsabilidad institucional. Debatir si en este momento, en este contexto y en estas condiciones se dan las circunstancias adecuadas para su celebración, con normalidad, con consenso y con convivencia y más a las puertas de Sanjuanes. No pretendemos imponer una decisión ni cerrar el debate en falso. Pretendemos abrir un espacio de diálogo real entre el Ayuntamiento, los grupos políticos, los agentes sociales y la ciudadanía para recoger de forma ordenada las diferentes sensibilidades existentes que hoy constatamos. A partir de este proceso podamos estudiar y valorar con serenidad la idoneidad de incorporar esta actividad también en las próximas fiestas, priorizando en todo momento la convivencia, la seguridad y el normal desarrollo de las mismas. Porque no podemos permitir que unas fiestas que deben ser de encuentro se conviertan en un espacio de confrontación”, ha apuntado.

Tras estas palabras, la concejala del PSE-EE Vanesa Hortas ha criticado que “un Gobierno de coalición” como el que mantienen los dos partidos tanto en el Ayuntamiento de Eibar como en el Gobierno vasco y otros municipios “no funciona así”. “Estáis en coalición con nosotros y sinceramente, considero que el Gobierno en coalición no funciona así. No es de recibo que mientras que estéis con nosotros gobernando, estéis articulando y forméis parte de una solicitud de un pleno extraordinario para debatir temas que competen a una de las áreas que gestionamos nosotros. Además, es que resulta paradójico que aquí abráis debates, habléis de falta de contraste por un lado, y luego en el Parlamento Vasco estéis promoviendo una proposición no de ley para bajar la edad de participación en estos eventos. No hay más que ver los municipios que en los que gobernáis, que son muchos, el tipo de eventos que se realizan. ¿Por qué un debate en Eibar y no en otros lugares? Me gustaría que fuerais más coherentes y que vierais un poco vuestro grado de responsabilidad en este caso, porque bueno, en el resto de municipios en los que apoyamos vuestros gobiernos nosotros también podemos empezar a abrir mociones y debates sobre este punto o sobre otros puntos”, ha lamentado.

La concejala del PSE-EE se ha referido así a la ley que aprobará la semana que viene el Parlamento, promovida conjuntamente por socialistas y nacionalistas y que busca el fomento de la tauromaquia entre los jóvenes. Se votará en la Cámara el 25, es decir, justo coincidiendo con las actividades programadas en Eibar.

Hortas ha comenzado su intervención en el pleno leyendo un texto de “la juventud” de Eibar, sin especificar de cuántas personas se trata, a favor del regreso de la sokamuturra apelando a la tradición. “Estas palabras han sido escritas por algunos jóvenes de Eibar que creemos en la continuidad de la Sokamuturra y que deseamos que esta tradición tan ligada a la historia y a las fiestas de nuestro pueblo, siga formando parte de ellas en el futuro. No hablamos en nombre de ningún partido político ni de ninguna ideología. Hablamos como jóvenes eibarreses que sentimos la sokamuturra como parte de nuestra historia, de nuestra cultura y de nuestras raíces. Y lo hacemos desde el respeto hacia todas las opiniones, pero también desde la convicción de que una tradición con más de dos siglos de historia merece ser escuchada y respetada. No venimos aquí para enfrentarnos con nadie, ni para entrar en debates políticos. Venimos simplemente a defender algo que consideramos nuestro, algo que pertenece al pueblo de Eibar y que ha pasado de generación en generación durante más de dos siglos. Los primeros testimonios documentados de la Sokamuturra en Eibar se remontan al año 1815. Han pasado más de 200 años desde entonces y durante todo este tiempo, nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros antepasados han mantenido viva una tradición que forma parte de la identidad de nuestro pueblo. Hace diez años se perdió la sokamuturra. Fueron muchos los aficionados y vecinos que se sintieron aquella desaparición como la pérdida de una parte de sus fiestas”, ha leído la concejala del PSE-EE, justificando la decisión de retomar la fiesta taurina en el programa de este año.

Una decisión que según la oposición ha sido tomada de “forma unilateral”. Desde Elkarrekin, Isabel Fernández, ha criticado que “no se trata de una tradición inocente”. “Por lo visto, como es tradición, tenemos que seguir con ello sí o sí. Si siguiéramos otras tradiciones estaríamos quemando todavía brujas, prohibiendo a las mujeres leer o poniendo gansos vivos en Lekeitio. No es una tradición inocente, es un entrenamiento en la falta de empatía. Es decirle a una criatura de ocho o nueve años 'mira, ese animal tiene miedo, o está desorientado o le tiran de la cuerda, le gritan, le persiguen y es divertido'. Pues a nosotras no nos parece divertido. Y es más, se les acostumbra a los menores a que espectáculos violentos, a aceptar la violencia y a maltratar a los más vulnerables. Curiosamente, por lo general participan solo hombres, ya que es una expresión perfecta del modelo de masculinidad hegemónica en el que el ser hombre se basa en la fuerza, la competitividad, la agresión y el control. La vaquilla o el becerro no es un depredador salvaje porque está atado con las astas protegidas y está agotada. Es un rival que ya ha perdido de antemano, pero se le trata como una amenaza para que la victoria parezca épica y se le somete para sentirse poderoso. ¿Eso es lo que queremos enseñar a nuestras infancias? ¿Queremos transmitir que el espacio público, el riesgo, el dominio sobre los demás y la fiesta son cosas de hombres?”, se ha preguntado la concejala.

Por su parte, desde EH Bildu, la concejala Nerea Barruetabeña ha respondido a las críticas del PSE-EE sobre que en esta ocasión, en Eibar están en contra de la sokamuturra, pero que en otros municipios en los que gobiernan, como Azpeitia o Tolosa, la permiten. “Sabemos lo que nos vaís a decir, que en otros municipios en los que gobierna EH Bildu, estos eventos se producen. Sí, pero la naturaleza, costumbres y particularidades de cada pueblo son distintas y cada pueblo ha vivido sus propias vivencias y procesos. Si queréis saber lo que la gente quiere, ¿por qué no le preguntáis? No, aquí las decisiones se toman de forma unilateral y autoritaria”, ha señalado la concejala que ha lanzado dos mensajes: uno al PSE-EE, diciéndole que con “solo 8 concejales no representan al pueblo entero de Eibar” y al alcalde, Jon Iraola, que este “no es su cortijo” para que tome las decisiones de “forma unilateral”.

Sobre su decisión de votar a favor de la moción del PNV, Barruetabeña ha explicado que ante “la imposibilidad” de haber podido presentar una moción conjunta con el PNV, algo cuyas razones no ha explicado, votan a favor de su propuesta porque consideran que es “la única forma de hacer frente a la actitud autoritaria del PSE-EE y del alcalde de Eibar”. “Ante la decisión tomada de forma unilateral nuestro grupo considera que se necesitan acuerdos y procesos abiertos de partipación, por eso hemos intentado presentar una moción conjunta con el PNV. El pueblo necesita acuerdos, diálogo y escucha activa y que se tenga en cuenta la opinión de todos los ciudadanos y no solo la de unos pocos”, ha concluido la concejala.

Mientras se celebraba el pleno extraordinario, decenas de personas se han manifestado frente al Ayuntamiento de Eibar, al igual que lo hicieron el martes pasado, contra la celebración de la sokamuturra en el municipio guipuzcoano convocados por la plataforma ciudadana Sokamuturra Ez Eibar. “Eibar fue durante casi diez años un municipio sin sokamuturra. Queremos recordar que la desaparición de la sokamuturra en Eibar no fue casual: fue fruto de años de movilización y sensibilización ciudadana que consiguieron avanzar hacia unas fiestas sin animales, llegando incluso a conseguir el cierre de la plaza de toros. Sin embargo, este año el alcalde ha decidido de forma unilateral incluir en el programa festivo no una, sino tres sokamuturras consecutivas, sin consenso social ni político suficiente y utilizando argumentos que consideramos que no reflejan la realidad, como afirmar que la juventud lo ha pedido”, denuncian desde la plataforma animalista.

En este sentido, desde la plataforma insisten en que “el maltrato animal y las prácticas que lo fomentan no deben de ser objeto de debate como no lo es ningún tipo de violencia contra cualquier ser humano” y que “todo tipo de práctica que lo fomente debe ser rechazada y expulsada del espacio público”. “¿Qué mensaje educativo se transmite a niños, niñas, adolescentes y jóvenes que aprenden de aquello que se normaliza en los espacios públicos? Hay otras alternativas de ocio para reemplazar a la sokamuturra como juegos de cuadrillas o pelota”, sentencian.

El Parlamento Vasco ha completado, en sesión vespertina, el debate monográfico sobre “seguridad vital”, un cajón de sastre para debatir sobre vivienda, economía y otros asuntos que casi ha parecido un pleno de política general adelantado, aunque no sea septiembre. A su término, los partidos del Gobierno, PNV y PSE-EE, han aprobado 29 resoluciones genéricas que “instan” al Ejecutivo a “seguir” o “continuar” con planes ya anunciados, desde la reforma legislativa sobre vivienda hasta la implantación del nuevo sistema de tarifas del transporte público en función del uso y de la renta. La “seguridad vital” ha acabado derivando en una interpretación más clásica de la seguridad y han sido aprobadas incluso iniciativas de apoyo a la labor de la Ertzaintza. ¿Y de la oposición? De 183 propuestas solamente han prosperado siete.

EH Bildu había promovido el debate. Por la mañana, el lehendakari, Imanol Pradales, ha aprovechado para enumerar sus exigencias al Gobierno central, como la rebaja de hasta 30 céntimos por litro en los carburantes o del IVA de la carne y del pescado. El jefe de la oposición, Pello Otxandiano, se ha quejado de que se mire a Madrid y no se hagan los deberes en Vitoria.

Por la tarde, la 'número dos' de EH Bildu, Nerea Kortajarena, ha asumido que poca gente estaría pendiente del resultado del debate mientras presentaba sus propuestas más allá de que los oradores hayan intentado aligerarlo con continuas referencias a Miguel Ríos y otros cantantes. La coalición ha planteado 16 resoluciones. PNV y PSE-EE no han aceptado ninguna de ellas, aunque en el receso de la comida han mantenido algunas conversaciones. En realidad, el Ejecutivo no ha aceptado casi nada de la oposición. El PP había registrado 108 resoluciones y solamente ha visto prosperar dos. De Sumar han decaído las 53 de 58 y de Vox 17.

¿Qué se ha aprobado? La primera resolución mira al 1 de enero de 2027, momento de asunción de las competencias de las prestaciones de paro, las políticas pasivas de empleo. Se ha planteado un “refuerzo” de Lanbide para una gestión más “eficaz”. Y también ha habido una mención a la importancia del diálogo social, en el que no participa la mayoría sindical. En materia de Vivienda, los acuerdos son, en esencia, las medidas ya conocidas: mantenimiento de la calificación de las viviendas protegidas en las zonas tensionadas, reforma legal para evitar el fraude en las compraventas de viviendas de precio tasado, creación del “fondo social de vivienda” para “movilizar 2.000 millones” y levantar “10.000 viviendas de alquiler asequible en los próximos diez años” y “ayudas a los pequeños propietarios de viviendas de zonas tensionadas que pongan en arrendamiento con rentas que respeten los precios” de referencia.

PNV y PSE-EE han acordado, igualmente, que el Instituto Vasco de Finanzas continúe con sus programas de apoyo a las empresas o que el área de Movilidad invierta en infraestructuras ferroviarias o siga trabajando en el plan de establecer un sistema de descuentos “progresivos” en el transporte público en función de la frecuencia de uso y el nivel de renta. Es algo de lo que ya hablaba el consejero Iñaki Arriola, que dejó el cargo en 2024. O la gratuidad de las Haurreskolak, también refrendada por la Cámara. Se ha instado también a que se apruebe la nueva ley de Justicia restaurativa, adelantada por este periódico en mayo. Entre el paquete aprobado, hay también iniciativas sobre Osakidetza, para “valorar” algunas decisiones tomadas por el consejero Alberto Martínez.

Significativamente, no se han aprobado los 36 puntos que Pradales le ha pedido a Sánchez. Sí ha salido adelante un texto genérico para pedirle al “Gobierno del Estado” a que adopte “medidas integrales orientadas a proteger a las familias, reforzar la competitividad del tejido productivo, apoyar a los sectores más afectados por el encarecimiento de costes y avanzar en la transición energética, mediante actuaciones fiscales, ayudas directas, inversiones estratégicas y mecanismos de apoyo que contribuyan a contener el impacto de la crisis, garantzar la viabilidad de empresas y explotaciones, y preservar la actividad económica y el empleo en Euskadi”.

“Siendo honestos, las propuestas de resolución son nuestras acciones”, ha reconocido el representante socialista Ekain Rico, asumiendo que no son nuevas. Pero ha puntualizado que eso es lo que las hace valiosas. Ha añadido que tienen “gestión, recursos y coherencia” detrás. “No venimos a improvisar un catálogo de buenas intenciones”, le ha reprochado a la oposición. Joseba Díez Antxustegi, del PNV, ha añadido con ironía que no le parece lo más razonable ir a Londres a defender políticas sociales de vivienda, en referencia a sus elevados precios y a que fue la ciudad elegida por Otxandiano para su viaje de esta semana.

Kortajarena, en un segundo turno, ha asegurado que ya tienen experiencia en ver “ridiculizadas” las propuestas que lanzan en debates monográficos aunque luego, con el tiempo, reaparecen como planes “estrella” del Gobierno. Ha puesto como ejemplo los descuentos en el transporte. “Vamos a seguir trayendo medidas”, ha garantizando. Desde Sumar, Jon Hernández, también había dicho que se “caricaturizan” las “propuestas alternativas”, aunque su grupo ha sido al que más ha aceptado el Gobierno.

Apoyo a la Ertzaintza

¿Qué se le ha aceptado a la oposición? Las cinco iniciativas de Sumar apoyadas por PNV y PSE-EE versan sobre que “la paz no puede entenderse únicamente como ausencia de guerra”, que “la Unión Europea debe desempeñar un papel activo” y, sobre todo, que es necesario “reforzar las políticas públicas de lucha contra el racismo, la xenofobia, la islamofobia, el antigitanismo, el antisemitismo y toda forma de discriminación étnico-racial, incorporando una perspectiva estructural, preventiva y reparadora, así como mecanismos específicos de protección frente a los discursos de odio, la desinformación y la violencia política contra personas migrantes, racializadas y refugiadas”.

Asimismo, han sido aprobadas dos resoluciones del PP. Ambas guardan relación con el apoyo a la Ertzaintza. “El Parlamento Vasco muestra su apoyo y reconocimiento público a la Ertzaintza, como cuerpo policial autonómico propio de Euskadi, y a las mujeres y hombres que la forman por su profesionalidad y vocación de servicio desde su creación” y “el Parlamento Vasco condena la campaña de hostigamiento y las amenazas permanentes a la Ertzaintza y sus miembros”.

EH Bildu, sin que nada de lo suyo se haya aprobado, sí ha votado a favor de cuatro de las propuestas del Gobierno. Son en concreto, el blindaje de la protección de las viviendas en zonas tensionadas, la “colaboración público-privada” para que por cada euro invertido por el Instituto Vasco de Finanzas se movilicen tres, el impulso del “modelo vasco de acogida e integación” de migrantes que, entre otras cosas, incluye el “aprendizaje lingüístico” y menciona la “convivencia intercultural” y un punto que pone en valor que Euskadi sea “referente” en tratamiento del cáncer. Curiosamente, en esta resolución se ha mencionado Euskadi como “región” en la versión en castellano y como “herrialde” en la de euskera.

Entre lo no aprobado estaba el SMI de 1.500 euros de EH Bildu, la gratuidad del aprendizaje del euskera hasta el nivel C2, el máximo del marco europeo, lanzada por Sumar o que la Ertzaintza pueda portar pistolas de descargas eléctricas (taser), según requería el PP. Vox ha usado este debate, una vez más, para cuestionar los derechos de los extranjeros. La tercera de sus medidas era la “prioridad nacional” en el acceso a las prestaciones y servicios públicos.

La diputada general Elixabete Etxanobe, del PNV, 'venderá' este martes en Madrid, a la que el nacionalismo vasco ha llegado a acusar de hacer 'dumping' fiscal, el potencial de Bizkaia para atraer inversiones, instalación de empresas y retención de talento, pero también para bonificar seguros sanitarios privados o incluso premiar el ir al gimnasio. Etxanobe estará acompañada de dirigentes de destacadas empresas y entidades como Petronor, Telefónica, Iberdrola o el BBVA, y contará con la presencia del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, una patronal cuya rama vasca, Confebask, ha pedido a las instituciones en reiteradas ocasiones más medidas fiscales para favorecer a las empresas.

La jornada, de hecho, servirá de puesta de largo de las medidas fiscales que el PNV, a modo de “revolución”, prepara para atraer inversiones y talento y que la diputada ha adelantado sin buscar un consenso previo con su socio de Gobierno, el PSE-EE, ni tampoco armonizar con las Haciendas forales de Álava o Gipuzkoa, que preparan proyectos en la misma dirección a rebufo de lo anunciado ya por Bizkaia. La fiscalidad vasca afronta un nuevo lavado de cara cuando sólo ha pasado un año de la “revisión fiscal” -no la quieren llamar reforma- que PNV y PSE-EE pactaron con Podemos en 2025.

De momento, las medidas anunciadas el pasado viernes por la diputada general han molestado al PSE-EE por la falta de consenso previo. El vicelehendakari, Mikel Torres, ha asegurado que los socialistas conocieron el anteproyecto de reforma a la vez que la prensa, y ha señalado que las medidas fiscales “nunca deben suponer una ruptura de la armonización fiscal que existe hoy en Euskadi”. “Ni son ni una revolución fiscal, ni una reforma fiscal”, sino “un trabajo no finalizado y, por tanto, tampoco está acordado y pactado”. “Las reformas fiscales se acuerdan y se pactan, lo mismo que se hizo con la reforma fiscal de abril de 2025”, ha advertido Torres, que es también el líder del PSE-EE vizcaíno.

Quienes, de momento, han dado su visto bueno a las medidas son los empresarios vizcaínos. El presidente de Cebek, Guillermo Buces, ha considerado este lunes que las propuestas fiscales que pretende impulsar la Diputación de Bizkaia van “en la buena dirección”, aunque ha advertido de que quieren más. “Algunas cuestiones han quedado en el tintero”, ha indicado en un artículo en Linkedin. “Estas medidas son un paso en la buena dirección”, pero forman parte de “un camino que debe continuar”, ha señalado Buces. “Las empresas seguimos necesitando un entorno favorable para invertir, crecer, innovar y generar empleo. Las empresas aportamos el 94% del gasto social en Euskadi. Sigamos trabajando desde la colaboración entre instituciones, empresas y sociedad para consolidar una Bizkaia atractiva, competitiva y socialmente avanzada”, ha indicado.

El anteproyecto de medidas tributarias pretende favorecer el arraigo empresarial en Bizkaia, la atracción, fidelización y retención de profesionales cualificados, además de otras medidas destinadas, por ejemplo, a impulsar vivienda de alquiler. La previsión de la Diputación es que las medidas de arraigo y atracción de talento puedan ser aprobadas antes de que finalice este año, sin que quede claro si va a haber medidas análogas en los otros dos territorios. Álava preparará las suyas propias, que presentará en noviembre. Gipuzkoa trabaja su paquete propio que presentará “en las próximas semanas”. Desde la Hacienda de Gipuzkoa restan importancia a si estas medidas están armonizadas o no entre los tres territorios: “Cada territorio tiene sus características y armonización no significa uniformización”, matizan.

Las medidas presentadas por Bizkaia tienen el ambicioso objetivo de “responder a desafíos como el relevo generacional en las empresas, la competencia por profesionales, el fortalecimiento del vínculo entre empresas y trabajadoras o la necesidad de reforzar la cohesión social, en aspectos clave como facilitar el acceso a la vivienda”, según puntualizó la diputada general. Estas son algunas de las medidas concretas que contempla el anteproyecto:

Impulso al arraigo empresarial y participación de los trabajadores

Para favorecer la transmisión de empresas y facilitar la continuidad en Bizkaia se incorpora una reducción del 30% en las plusvalías generadas en determinadas transmisiones de empresas siempre que garanticen la continuidad de la actividad empresarial y el empleo. La participación de los trabajadores en las empresas se quiere potenciar añadiendo ventajas fiscales de hasta 12.000 euros anuales por trabajador en el caso de que reciban acciones o participaciones en la empresa, así como acceso a préstamos en condiciones favorables para incorporarse como socio o socia de una cooperativa o adquirir participación en la empresa.

Medidas para atracción y retención de talento

Uno de los objetivos fundamentales es conseguir que las empresas cuenten con personal cualificado, consiguiendo atraer talento, o que regresen los que optaron por salir de Euskadi para buscar empleo. En anteproyecto de norma foral contempla deducciones en el IRPF para lograr la atracción de ese personal. Entre ellas, un 50% de la exención sobre los rendimientos derivados de su actividad profesional, un porcentaje que se eleva hasta el 60% para menores de 36 años. También se incorpora un nuevo gasto deducible para compensar la movilidad geográfica por motivos laborales de 2.000 euros anuales durante el año del desplazamiento y los tres siguientes. La cantidad será de 3.000 euros si se trata de menores de 36 años.

Vivienda de alquiler

Precisamente por el peso que tiene la escasez de vivienda asequible a la hora de optar por Euskadi como destino, el anteproyecto de norma incluye también el impulso a un modelo de colaboración público-privada desde la fiscalidad para facilitar el alquiler de interés social de personas con dificultades de acceso al mercado residencial. En este sentido se incluye nueva deducción del 15% para las cantidades depositadas en cuentas destinadas a la adquisición de participaciones en fondos orientados al impulso del arrendamiento de vivienda de interés social, con un límite de deducción de 750 euros anuales. Con ello se pretende “movilizar el ahorro privado hacia proyectos con impacto social y ampliar la oferta de vivienda accesible para jóvenes, personas desplazadas por motivos laborales o colectivos en situación de vulnerabilidad”.

Calidad de vida

También se incorporan medidas supuestamente destinadas a mejorar la calidad de vida y hacer así el territorio más atractivo para trabajar. Por ejemplo, deducción del 20% sobre las primas de seguros sanitarios privados, con una base máxima de 1.500 euros por persona asegurada, o una deducción del 20% para gastos en gimnasios y actividades deportivas, con una base máxima de 1.000 euros. En el caso de que estos servicios estén facilitados directamente por las empresas, no tendrá la consideración de retribución en especie para los trabajadores.

También se incentiva la formación continua y la formación dual, incorporando una deducción del 20% de los costes salariales asociados a contratos vinculados a estos programas, además de una deducción del 5% por la adquisición de vehículos nuevos vinculada al achatarramiento previo de vehículos con más de diez años de antigüedad.

El anteproyecto incorpora por último un capítulo dedicado al reconocimiento y la reparación de las víctimas de abusos sexuales sufridos durante la infancia y la adolescencia y plantea la exención total sin límite cuantitativo de todas las indemnizaciones a menores por daños físicos o psíquicos sufridos en el ámbito de la Iglesia y también en otras entidades.

Estas actuaciones, ha explicado Itxaso Berrojalbiz, buscan “facilitar los procesos de reparación y reconocimiento de las personas afectadas, situando a las víctimas en el centro de la respuesta institucional y reforzar el compromiso de Bizkaia con la protección de los derechos de la infancia y la atención a quienes han sufrido situaciones de especial vulnerabilidad”.

Bizkaia invierte

El acto que se celebrará este martes en Madrid bajo el título Bizkaia Invierte, en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) reunirá a representantes institucionales, máximos responsables empresariales, entidades financieras y agentes económicos. Tras la inauguración por parte de la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, participarán en la misma presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; el presidente ejecutivo de Telefónica España, Borja Ochoa; el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle; el presidente de Petronor, Emiliano López Atxurra; el country manager de BBVA España, Peio Belausteguigoitia; y las diputadas forales de Promoción Económica y Hacienda y Finanzas, Ainara Basurko e Itxaso Berrojalbiz, respectivamente.

A lo largo de la mañana se abordarán cuestiones como la competitividad empresarial, la innovación, el talento, la energía, la digitalización, la financiación y el papel de la fiscalidad como palanca para impulsar nuevas inversiones y proyectos empresariales. La primera mesa redonda, dirigida por Ainara Basurko, analizará el papel del ecosistema industrial, energético y tecnológico de Bizkaia en la atracción de proyectos empresariales. En ella participarán Mario Ruiz-Tagle de Iberdrola y Borja Ochoa de BBVA, quienes compartirán su visión sobre los factores que favorecen la competitividad empresarial y la innovación en el territorio. Posteriormente, Itxaso Berrojalbiz moderará un diálogo sobre fiscalidad, financiación e inversión junto al presidente de Petronor Emiliano López Atxurra y el country manager de BBVA España Peio Belausteguigoitia, donde se analizará el papel de la colaboración entre instituciones y empresas para impulsar la competitividad, la innovación y la transición energética.

El Parlamento Vasco aprobará la próxima semana, antes del parón vacacional, la reforma de la normativa de espectáculos taurinos con reses pequeñas en los que participan menores de edad, tales como las becerradas o la 'sokamuturra'. Los partidos del Gobierno, PNV y PSE-EE, contarán con el apoyo del PP, a la luz de las votaciones ya vistas en comisión. EH Bildu, por el contrario, se quedará en la abstención a pesar de haber colado algunas enmiendas para suavizar una exposición de motivos que incluirá todavía referencias a que las “personas adultas del futuro” deben “perpetuar” estos festejos. Se desconoce la posición de Vox y Sumar, aunque los primeros ya mostraron su alegría por fomentar la tauromaquia cuando la ley fue admitida a trámite y los segundos se opusieron frontalmente.

De la redacción inicial conocida el pasado año a la que finalmente se aprobará hay algunos cambios. Se fija, por ejemplo, en ocho años el mínimo de edad para participar, cuando antes no había ninguna limitación. EH Bildu quería elevarlo a doce, pero no ha sido aceptada su propuesta. Igualmente, desaparece la idea de que los menores tengan que presentar una autorización de sus progenitores o tutores si quieren saltar al ruedo o meterse en un recurrido. Ahora bastará con que estén acompañados por un adulto. Más cambios: en el plano del bienestar animal, las enmiendas garantizan que las reses empleadas no tengan menos de seis meses pero, a la vez, desaparece la figura del veterinario controlando la llegada de los animales y “localizable” durante los eventos.

EH Bildu sí ha logrado que se retiren del texto dos referencias sin valor jurídico pero sí muy simbólicas. Por un lado, se ha retirado la mención a que “en toda Euskadi se han venido celebrando cerca de 1.000 festejos anuales con becerros para niños y niñas, con denominaciones diferentes, lo que demuestra su gran arraigo social”. Por otro lado, ya no se hará una remisión a la normativa navarra, aragonesa o riojana.

Con todo, el texto que se elevará a pleno mantiene la idea de que “la tauromaquia popular tiene una larga y documentada tradición en Euskadi” y que los eventos con niños y adolescentes sirven para “integrar a las personas menores en los ritos festivos de la comunidad, enseñándoles reglas y usos que les permitan participar de forma segura en los festejos de personas adultas en el futuro, perpetuando esta práctica que forma parte del patrimonio cultural y favoreciendo la integración de las personas jóvenes en las festividades populares”. Y no se toca el artículo octavo, que interpela al Gobierno vasco para que “promueva” la “colaboración entre las instituciones, asociaciones locales y agentes culturales para divulgar los valores históricos y tradicionales asociados a los festejos taurinos tradicionales de fomento”.

Según se expuso la semana pasada en la votación del dictamen en comisión, el PNV considera que la versión final de la normativa sale “mejorada” con respecto a la propuesta original. Jon Andoni Atutxa destacó que han asumido propuestas del “sector”, pero también de “grupos animalistas”. El PSE-EE, de su lado, destaca el “clima proactivo” de la ponencia legislativa, con aportaciones de “todos y cada uno de los grupos” al articulado definitivo, en palabras de Miren Gallástegui. El PP, por boca de Ana Morales, ha agradecido la “facilidad” para llegar a acuerdos por parte del Ejecutivo y propone que esta ley “sirva de ejemplo” para otras negociaciones. Los tres partidos votarán a favor de la reforma y el PP, después de lograr la aprobación de cuatro enmiendas, retirará ya todas las demás.

EH Bildu, por el contrario, no se opondrá, pero no pasará de la abstención. De hecho, técnicamente mantiene vivas sus enmiendas hasta el pleno con el ánimo de que se reconsidere a última hora, por ejemplo, que los niños de ocho, nueve, diez u once años no puedan participar en estos espectáculos. Aunque ocho de sus correcciones han sido aceptadas, Eraitz Sáez de Egilaz interpreta que la “protección de los menores” no ha mejorado en el trámite parlamentario, más bien al contrario. Insistió, por ejemplo, en la “desaparición” del permiso. Agregó que es una normativa sobre un tema que genera controversia social.

La ley se ha tramitado por la vía de urgencia y estará en vigor antes de la temporada estival. Se da la circunstancia de que en esta legislatura también se ha aprobado una reforma de la normativa autonómica de caza para que los menores puedan participar en las batidas como acompañantes y se asegure el relevo generacional. El Gobierno de PNV y PSE-EE encontró en PP y Vox aliados para ese texto.

La ciudadanía ha puesto al lehendakari, Imanol Pradales, una nota de 5,8 en este final de curso, según el Sociómetro elaborado por la casa Ikerfel para el Gabinete de Prospección Sociológica de la Presidencia vasca. Es el político más valorado y continúa en línea ascendente desde que llegó a Ajuria Enea en 2024, cuando marcó un 5,3. Sin embargo, un 36% considera que la acción del Gobierno de PNV y PSE-EE es buena o muy buena, por un 41% de la medición anterior. Claramente, la vivienda es el gran problema social del momento: ya ha superado los valores de preocupación cuando estalló la burbuja inmobiliaria en 2008.

Este lunes se ha conocido la versión completa del Sociómetro, cuyas estimaciones sobre las estimaciones forales trascendieron la pasada semana. La muestra ha sido de 3.485 personas entrevistadas entre el 20 y el 26 de mayo. Claramente, la ciudadanía dibuja una Euskadi contrapuesta a España: el 76% ve la situación española en lo político como mala o muy mala por un 30% en el caso vasco. En lo económico, los porcentajes se ajustan, de 53% a 21%, respectivamente, pero aún con diferencia. Solamente Dinamarca, Luxemburgo y Países Bajos tienen mejores datos de aceptación ciudadana sobre su economía.

La valoración general del Gobierno vasco cae. El último Sociómetro dejaba un 41% de notas buenas o muy buenas y ahora caen al 36%. Solamente entre quienes votaron al PNV en 2024 hay una mayoría que secunda la labor del Ejecutivo, ya que entre los socialistas es del 48%. Por áreas, se puntúa muy bien la labor en Cultura (en manos de Ibone Bengoetxea, del PNV) o en Turismo (de Javier Hurtado, del PSE-EE), pero muy mal la de Vivienda (de otro socialista, Denis Itxaso). En este caso, solamente un 8% dice que la “actuación” ha sido buena “en los últimos años”, por un 62% que directamente la ve “mala”. Solamente un 9% de los votantes socialistas está satisfecho con esta labor, según se deduce de los microdatos de la encuesta. En el caso de Salud, con Alberto Martínez del PNV al frente, el 25% aprueba la gestión, por un 39% que la ve mala.

¿Cuáles son los principales problemas? La vivienda lo es para el 60%, tres puntos más que en la medición anterior. Hace cinco años apenas lo mencionaba un 10%. Supera ya, por vez primera, el 58% de pico de la serie histórica, alcanzado en 2008 tras el estallido de la burbuja y la llegada de la gran crisis económica de las últimas décadas. Esto coincide con un respiro en la percepción de los problemas del mercado laboral, el segundo en la lista, y en Sanidad, que sigue cayendo. Sí suben la preocupación por la criminalidad y por los “problemas relacionados” con los extranjeros.

En cuanto a las valoraciones concretas de los líderes políticos, Pradales sube a un 5,8, con un nivel de aprobación del 57%. Un 23% no le conoce después de dos años en el cargo, eso sí. A Pello Otxandiano, líder de la oposición, no le pone cara la mitad de los vascos. Aprueba también, con un 5,3. El resto, desde el socialista Eneko Andueza con un 4,5 -solamente un 46% de los votantes socialistas le aprueba- hasta Javier de Andrés del PP con 3, suspende. Preguntados por la simpatía hacia los partidos, el más amigable es el PNV, con 5,2 sobre 10, pero el PSE-EE y EH Bildu empatan en segundo lugar con 4,4. Vox, en la cola, se queda en 1.

La sociedad vasca se inclina hacia el centroizquierda, es un poquito más nacionalista vasca y la etiqueta favorita es la de ser “tanto vasco como español”, mencionada por un 39% frente a un 23% de “más vasco que español”, un 19% de “únicamente vasco” o un 6% de “únicamente español”. Un 42% de los votantes del PNV y un 11% de los de EH Bildu son igual de españoles que vascos. Así, el 37% está en contra de la independencia, por un 22% que es partidario. Un 32% lo pensaría “según las circunstancias”:

El consejero vasco de Vivienda, Denis Itxaso, se ha congratulado este viernes por haber logrado, a su juicio, que EH Bildu pase de denunciar que la reforma legislativa de 2025 para agilizar promociones fue una “contrarreforma” a “encabezar la procesión” porque uno de sus municipios más relevantes, Errenteria, que también fue el primero en ser declarado zona tensionada en aplicación de la normativa estatal, ha sido igualmente el pionero en aplicarla al anunciar 755 pisos en Gamongoa. Asimismo, aunque sin mencionar las siglas del PNV, ha ironizado que localidades “de todos los colores” piden también las medidas de la ley estatal, en concreto la declaración de zonas tensionadas.

“No se trata de pasar factura a nadie. Se trata de dar la bienvenida. [...] Creo que se trata de que todos nos subamos al carro de las herramientas”, ha manifestado Itxaso en declaraciones a los medios de comunicación en la entrada del Parlamento Vasco, en las que no ha querido comentar nada de las investigaciones de corrupción que rodean a excargos de su partido, como el rescate de Tubos Reunidos en 2021. El consejero, en su mano, llevaba un libro con el 'Plan integral de acceso a la vivienda de Euskadi' y con una frase en su portada, 'El problema de la vivienda tiene solución. Y Euskadi tiene un plan'.

Según expuso el Ayuntamiento de Errenteria este jueves en un comunicado, “el anteproyecto de actuación prioritaria para la construcción del nuevo barrio de Gamongoa arrancó el lunes su tramitación con su registro formal por parte de las empresas promotoras”. Y agregó: “Dentro del proceso de tramitación se prevé su aprobación por parte del equipo de Gobierno el próximo mes de julio, acogiéndose a los instrumentos que habilita la nueva ley 6/2025 de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo, aprobada por el Parlamento Vasco para agilizar la construcción de vivienda protegida y facilitar la ejecución de ámbitos residenciales estratégicos como es Gamongoa”. Sin embargo, se menciona también que 560 de las nuevas casas serán protegidas, más de un 74%.

La ley fue impulsada por el Gobierno de PNV y PSE-EE y promulgada en diciembre. La normativa tuvo el 'no' de EH Bildu, que insistió en que era una “contrarreforma” básicamente porque planteaba que el porcentaje de pisos protegidos en las promociones podía bajar del 75% al 60%, algo que no se producirá en Gamongoa. La formación abertzale lamentó también que el Ejecutivo no aceptara ninguna enmienda de la oposición en el articulado final. Itxaso, ahora, insiste en que era necesario dar “viabilidad” a los promotores privados y en su tesis de que el 75% de cero es cero, mientras que con un porcentaje más flexible sí se puede construir, aunque en Errenteria la flexibilización es de menos de un punto.

“Criticaban que estábamos dando de comer a las promotoras. Bueno, si hoy el ámbito de Gamongoa se moviliza es porque las promotoras, que son las propietarias de ese suelo, han encontrado la viabilidad que no encontraban en años anteriores”, ha insistido el titular de Vivienda, que ha pedido a los municipios que apliquen “sin anteojeras” ni “prejuicios” las “herramientas” de la nueva legislación. “El problema de la vivienda tiene solución. Lo estamos demostrando. Y necesitamos a todos. Nadie sobra”, ha insistido, esgrimiendo su libro.

Se da la circunstancia de que Itxaso se reunió hace justamente dos semanas con el líder parlamentario de EH Bildu, Pello Otxandiano. La cita venía motivada por unas palabras del consejero socialista, que lamentaba que la formación abertzale lanzara un plan para levantar 30.000 casas cuando sus municipios se negaron durante años a ceder suelos. Les pidió que bajaran “de las musas al teatro” repetidamente. Preguntado por si Errenteria ha hecho ya ese camino y si es fruto de los acuerdos alcanzados en esa reunión, Itxaso ha insistido en que “es buena noticia” que quienes votaron en contra apliquen la ley “de manera aventajada”. El consejero ha señalado también que dos municipios controlados por el PSE-EE, Portugalete en Bizkaia y la capital de Álava, Vitoria, se acogerán también a las nuevas pautas marcadas en la nueva ley para hacer promociones.

La dirigente abertzale Nerea Kortajarena, de su lado, ha negado con rotundidad que exista una “contradicción” entre el plan de Errenteria y el rechazo a la ley. De hecho, ha insistido en mantener que “es una contrarreforma”. Ha destacado que el municipio mantiene el 75% del estándar de vivienda protegida, muy por encima del 60%.

“La crítica principal era que se redujeran los estándares. Nos seguimos manteniendo en esa idea. Estamos de acuerdo en que se puedan agilizar otros trámites en determinadas condiciones [que es a lo que se acoge Errenteria] pero para eso no es necesario reducir los estándares [de vivienda protegida]. En Orereta lo hemos demostrado. Vamos a mantener el 75%”, ha insistido la portavoz de EH Bildu, que ha comparecido en la sala de prensa de la Cámara mientras Itxaso respondía a una pregunta del PP y seguía esgrimiendo su libro.

EH Bildu ha añadido que Itxaso debería estar más “preocupado” de lo que pasa en otras localidades. Kortajarena se refería a Donostia y al plan del conocido como Infierno. Según la formación abertzale, el PNV -que gobierna allí con los socialistas- insiste en ceder las parcelas a promotores privados para que “se lo lleven crudo” en vez de hacer vivienda protegida.

La Justicia ha absuelto al acusado de vandalizar con pintura negra y embadurnar de heces la tumba de Fernando Buesa, político del PSE-EE asesinado por ETA en el año 2000. La sentencia de la plaza 2 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Vitoria, firmada por el magistrado Roberto Ramos, recoge que ha quedado acreditado que junto al panteón se encontró “un trozo de una bolsa de plástico blanco en la cual fueron localizadas sendas huellas correspondientes a los dedos pulgares de ambas manos del acusado”. El acusado alegó, sin embargo, que regenta una tienda en la que se ofrecen bolsas de ese tipo con los productos y que por ello podían encontrarse sus huellas dactilares. La sentencia suscribe la tesis de que esta prueba no resulta “suficiente como para fundar o basar” en ella una condena. “Tal versión exculpatoria o alternativa [ofrecida por el acusado] no resulta del todo extraña, descabellada, inverosímil o increíble”, recoge.

El mausoleo de la familia de la esposa de Fernando Buesa, en el que está enterrado también el que fuera vicelehendakari y dirigente del PSE-EE, se encuentra en el cementerio de Santa Isabel. En apenas 24 horas, entre el 4 y el 5 de octubre de 2023, hubo dos ataques contra su memoria. Primero, el monolito que recuerda tanto a él como a su escolta —Jorge Díez, asesinado en el mismo atentado— apareció pintado de negro. Poco después, se produjo el ataque con pintura y heces, que acarreó contundentes mensajes de repulsa de las principales autoridades vascas, incluido el entonces lehendakari, Iñigo Urkullu. “Este nuevo ataque a la tumba me ha golpeado muy adentro. Respiro mi dolor y me repito: que el hielo no penetre en mi corazón, que nunca deje de sentir ni pierda la sensibilidad ante el dolor ajeno. Seguiré cultivando semillas de amor y compasión frente al odio y la barbarie”, escribió entonces Sara Buesa, hija del político asesinado.

La sentencia, fechada este lunes, sostiene que la versión del acusado ahora absuelto concordaba con “el hecho común de que la persona que regenta una tienda o comercio proceda a abrir una bolsa para introducir en su interior el producto comprado por el cliente, para lo cual el dependiente de forma usual introduce sus manos o alguno de sus dedos en la bolsa para abrirla y tener fácil acceso a su interior (ya que las bolsas habitualmente están pegadas y muy juntas)”. “Y la versión ofrecida por el acusado resulta suficiente como para contradecir la versión incriminatoria que se realiza contra él”, abunda.

El magistrado recrimina a la Policía local, que fue la encargada de confeccionar el atestado, que no practicase una prueba de ADN a las heces, lo que, considera, habría resultado “muy útil, claramente concluyente y esclarecedor sobre la autoría de los hechos”. El agente municipal alegó que le constaba que la Policía científica no analiza heces y que estas habitualmente no contienen manterial genético que permita cincelar un perfil. “Más allá de la experiencia que pudiera tener dicho agente en supuestos similares, creo que es más que dudoso desde un punto de vista científico o técnico que no se pueda obtener un perfil genético o una muestra de ADN de restos de heces”, le reprocha el juez.

Tanto la Fundación Fernando Buesa Blanco, que honra la memoria del político asesinado, como el Ayuntamiento de Vitoria ejercían la acusación particular. Contra la sentencia cabe la interposición de un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Álava.