El Museo de Bellas Artes de Álava, sito en Vitoria, alberga importantes obras del arte vasco de los dos últimos siglos y cuadros de pintores de renombre, como Sorolla y Haes, que se retrotraen hasta los siglos XVIII y XIX. Pero también recuerda un pasado más oscuro de Álava, pues desde 1941 tiene su sede en un palacio erigido por la familia Zulueta, cuyo patriarca, Julián de Zulueta, amasó una fortuna en Cuba gracias al tráfico de esclavos. La Diputación, a través de una obra de Irati Antia, ha querido dotar al espacio de contexto, con una escultura y una placa informativa inauguradas este lunes que echan la vista atrás y brindan luz sobre las actividades de Zulueta allende los mares.

La artista, que ha viajado a Cuba y recabado testimonios de descendientes de esclavas que estuvieron sometidas a la tiranía de Zulueta, ha presentado su obra como un “primer paso” que desea que suponga la apertura de un diálogo y que permita que se sumen nuevas voces y nuevas miradas. Para dar comienzo a ese diálogo, ha incorporado la voz de Eneida Villegas, tataranieta de una de las mujeres africanas que fueron esclavas de Zulueta en Cuba. “La escultura no es solo una obra de arte, es un acto de memoria y de justicia”, se ha podido escuchar decir a esta mujer en un mensaje grabado en la ciudad cubana de Colón. Se alegraba de que la obra de arte sirva para transformar el sufrimiento de “miles” de personas en un símbolo que obliga a afrontar una “historia dolorosa”.

“Mirar, conocer mejor y reflexionar”

La socialista Ana del Val, diputada foral de Cultura y Deporte, ha subrayado que la pieza estrenada este lunes y que ahora recibe a los visitantes a su entrada al museo, es mucho más que una escultura; es, en sus propias palabras, una “intervención” que ayuda a “mirar, conocer mejor y reflexionar sobre una parte de la historia”. En la placa que la acompaña, se puede leer: “Este palacio procede de la herencia de Julián de Zulueta, que amasó su fortuna mediante la trata de personas africanas y su explotación esclava en Cuba. Placa conmemorativa en recuerdo de las víctimas de este crimen”. La instalación nació de una moción de Elkarrekin, que se granjeó el apoyo de PNV y PSE-EE en el acuerdo presupuestario para este año.

La historia del palacio, ha proseguido Del Val, es “compleja” y ha quedado durante años orillada. De hecho, la forma de la obra, titulada 'Rastro', conecta cuatro elementos en cuatro planchas, según ha explicado también la artista: Álava, la costa africana, Cuba y el océano Atlántico; los cuatro ejes de la actividad esclavista de Zulueta. En el centro, se destaca el cepo, instrumento por excelencia de la tortura a los esclavos. “Esta es una de las ideas más interesantes de la obra: transformar un objeto de opresión en un objeto de memoria”, ha añadido Del Val.

Tiene, sin embargo, una doble función: además de cepo, es también un espacio por el que mirar al otro lado y con el que reflexionar sobre con qué lente se ve el pasado. “Es importante preguntarnos de dónde vienen nuestros privilegios, qué lugar ocupamos en esta historia y cómo podemos evitar que ciertas violencias y desigualdades sigan reproduciéndose, especialmente en este momento en el que los discursos de odio están cogiendo cada vez más fuerza”, ha incidido Antia.

Mediante un código QR, la placa redirige también a una página web (se puede leer en este enlace) que brinda más contexto sobre el tráfico de esclavos acometido por Zulueta. “Formalmente eran personas trabajadoras contratadas; en la práctica, sin embargo, sus condiciones de trabajo y de vida eran a menudo muy similares a la de las personas esclavizadas: largas jornadas de trabajo, alimentación deficiente, vivir en barracones y malos tratos”, se dice en uno de los párrafos. “Tenemos tres elementos que se completan: la placa, que nos recuerda; la escultura, que nos hace reflexionar, y el código QR, que nos permite conocer más”, ha apostillado la diputada foral.

No es la única huella que queda de la herencia de Zulueta. Antes de que se erigiese el que se conoce como palacio Augustin-Zulueta, ya se había construido en el paseo de la Senda, a tiro de piedra, el palacio Zulueta. Si el primero fue para Alfredo, hijo del patriarca, el segundo fue para Elvira, la hija. El proyecto del que ahora alberga el museo corrió a cargo de los arquitectos Julián Apraiz, vitoriano, y Francisco Javier de Luque. El Colectivo Contrapunto Decolonial, que este lunes ha plantado a la diputada por desencuentros en la tramitación de la iniciativa, ha llegado a referirse al edificio como “Museo de las Feas Artes” por su pasado.

El adelanto al 29 de noviembre de las elecciones generales, decidido ya por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entierra definitivamente las conversaciones abiertas entre los Gobiernos central y vasco para completar el Estatuto de 1979. En particular, ya no será posible una transferencia de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, es decir, del pago de las pensiones. También quedarán en un cajón otras materias de menor relevancia como los paradores de turismo o la regulación de las elecciones municipales.

A finales de 2023, un PNV entonces capitaneado por Andoni Ortuzar condicionó el apoyo a la investidura de Sánchez al cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika, que este mes de octubre cumplirá 47 años. Desde entonces, Euskadi ha recibido un buen número de transferencias, dando continuidad al proceso iniciado en la legislatura anterior con Prisiones, por ejemplo, de cuyo traspaso se han cumplido ahora cinco años. En este tiempo se ha cedido el servicio de Cercanías de Renfe, ahora conocido como Lottu, la gestión de los permisos de trabajo para extranjeros, algunas nuevas funciones para la Ertzaintza, Salvamento Marítimo o la gestión del litoral. Se ha creado también un órgano bilateral en el que las instituciones vascas pueden coparticipar de la gestión de los aeropuertos de Aena, que son infraestructuras estatales.

Pero el compromiso de tener todo cerrado en 2025 no se cumplió. El año ya se cerró con tensiones entre los Gobiernos central y vasco que, finalmente, alcanzaron algunos acuerdos en enero de 2026 y pospusieron otros a Semana Santa. Nuevamente, llegada esa fecha, Sánchez se vio en La Moncloa con el lehendakari, Imanol Pradales, y desbloquearon algunos temas, aunque una vez más dejaron otros pendientes. Se iba a celebrar otra 'cumbre' bilateral en verano, antes de las vacaciones de agosto, pero la falta de avances hizo que se cancelara 'sine die'. Después del parón estival ha habido algunos contactos, pero no han cristalizado.

De todos los temas pendientes es la gestión de la Seguridad Social el más relevante. En puridad, el traspaso ya se ha iniciado con la cesión de algunas submaterias de menor relevancia, como las prestaciones no contributivas o el seguro escolar. La más relevante era la relativa a las prestaciones y subsidios de paro, las denominadas políticas pasivas de empleo gestionadas por el SEPE, el antiguo Inem. Estaba firmada e iba a entrar en vigor el 1 de enero de 2027, pero recientemente se ha decidido que no hay margen y se ha pospuesto hasta el 1 de julio de 2027. El Gobierno vasco ha asegurado que hay un acuerdo firmado y que un posible cambio político en Madrid no debería afectar.

Sin embargo, el bloque principal relacionado con la Seguridad Social eran las pensiones. Son 12.000 millones de presupuesto y una gran estructura de funcionarios y edificios, posiblemente la mayor que mantiene el Estado en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa junto con las Fuerzas de Seguridad del Estado y el Ejército. Es una materia nunca antes cedida a una comunidad autónoma y ha suscitado dudas por el carácter unitario del sistema. El Estatuto marca expresamente que el Gobierno vasco sólo sería un cajero, que no podría modificar la legislación o las cuantías, y que se mantendría la solidaridad interterritorial o 'caja única'.

El PNV también deseaba más capacidades en materia portuaria, aunque este debate es muy diferente. Euskadi ya recibió la transferencia de puertos hace cuatro décadas y gestiona todos los que no son de interés general, que son competencia exclusiva del Estado. De hecho, la oposición ha criticado duramente la gestión de la sociedad pública autonómica EKP, en particular de sus adjudicaciones de contratos.

Los de Bilbao y Pasaia, en cambio, siguen siendo parte de Puertos del Estado, pese a lo cual desde hace años las instituciones vascas participan en su gestión, sobre todo con el nombramiento de sus responsables, que han sido habitualmente cargos nacionalistas. El debate arrancó con la intención de que Pasaia fue desclasificado y transferido. El PNV sostenía que era para dotarle de más competitividad. Ahora, ante el 'no' de los socialistas a esa demanda, ha seguido con la petición de más atribuciones en materia portuaria. Sin embargo, tampoco aquí ha habido 'fumata blanca' y es improbable que la haya en los minutos de descuento de la legislatura.

Desde hace meses, en el PNV convivían dos discursos sobre Sánchez. Por un lado, Aitor Esteban pedía claramente un adelanto electoral. Por otro lado, el lehendakari y sus consejeros repetían hasta la saciedad que mientras quedara un Gobierno había que exprimirlo. Este mismo fin de semana lo ha manifestado, por última vez, la consejera Nerea Melgosa en 'Deia'. Ahora, fuentes del Ejecutivo vasco admiten que “no estaba el horno para muchos bollos” en materia estatutaria en los últimos meses y que ahora, habiendo una fecha de elecciones, “todo el mundo está ya a otra cosa”. “Esto nos coloca en una situación de final”, asumen.

Pradales había dicho por dos veces en septiembre que Sánchez podía haber pasado a la historia como el presidente que cumplió íntegramente el Estatuto de 1979. Pero no será así, al menos en esta legislatura. Igualmente, queda en agua de borrajas la “ventana de oportunidad” que veían tanto el PNV como EH Bildu para llevar a las Cortes Generales una reforma estatutaria. Sin embargo, ese proceso estaba en una fase mucho más incipiente porque ni siquiera hay una propuesta clara en Euskadi de qué se quiere hacer. La idea la lanzó el PNV con Iñigo Urkullu en 2012 y se ha ido estirando y estirando con el paso de las legislaturas. En los últimos años, fuera de las instituciones, PNV, EH Bildu y los socialistas han mantenido negociaciones, pero los plazos para presentar el resultado también se han ido incumpliendo. Además, antes de enviar cualquier idea a Madrid era precisa, en Vitoria, la tramitación completa y la aprobación en el Parlamento Vasco, un proceso de meses o años.

Según informa 'El Diario Vasco' y ha podido confirmar este periódico, Azahara Domínguez (Irún, 1990) se perfila como la candidata del PSE-EE en Gipuzkoa en las elecciones forales de 2027 toda vez que José Ignacio Asensio (Tolosa, 1966) ha anunciado su voluntad de no continuar en la política institucional. Asensio era el teniente de diputada general de Eider Mendoza, del PNV, como antes lo fue de Markel Olano, así como el responsable foral de Medio Ambiente desde 2015 y, entre otras funciones, presidente del consorcio de gestión de residuos GHK. Asensio sí desea continuar como secretario general del partido en Gipuzkoa, un cargo para el que fue reelegido en 2025.

Asensio, que apela a razones personales y de fin de ciclo para dar un paso al lado, deja al PSE-EE como tercera fuerza y siete escaños, muy alejada del PNV y también de EH Bildu. En estos años, se ha visto sumido en diferentes controversias en torno a la gestión de residuos, aunque se congratula de que todos los procedimientos judiciales relacionados sobre todo con la puesta en marcha del complejo de Zubieta han quedado cerrados.

Domínguez, la previsible nueva candidata y que tendría que ser ratificada en primarias, es también diputada foral, en su caso al frente de la cartera de Movilidad y con competencias también en el área del Turismo. En los últimos meses, ha multiplicado exponencialmente sus apariciones en redes sociales, donde publica vídeos mostrando su día a día. Domínguez ha sido líder de las Juventudes socialistas vascas y, antes de saltar a la Diputación, fue asesora de dos delegados del Gobierno de Pedro Sánchez, primero Jesús Loza y luego Denis Itxaso.

El PSE-EE de Gipuzkoa tiene pendiente anunciar también la candidatura para Donostia. Asensio, en una entrevista con este periódico, indicó con claridad que su apuesta era Ane Oyarbide, actual portavoz local y teniente de alcalde de Jon Insausti, del PNV, y antes de Eneko Goia, del mismo partido. Con todo, otras voces se han empeñado en meter en la carrera a los consejeros vascos Denis Itxaso —que lo ha rechazado varias veces— y Susana García Chueca.

Bienvenidos. Algunos parecen haberse dado cuenta ahora. En política es un viejo arte, más que solucionar un problema, aparentar preocupación. La foto. La rueda de prensa. La cara seria. Y la promesa.

La vivienda es un problema desde hace décadas en Donostia. Si en los últimos meses llamaba con fuerza a la puerta de los políticos, en las últimas semanas la ha echado abajo a patadas. El desahucio en Madrid de Maricarmen, una mujer de 87 años, y la acampada surgida en la Puerta del Sol han colocado el asunto en el centro del debate.

Donostia se está convirtiendo en un resort de lujo. Una ciudad para quienes tienen dinero. Un piso de 75 metros cuadrados cuesta más de medio millón de euros y ronda los 1.350 euros mensuales de alquiler. Y luego nos preguntamos por qué se van los jóvenes. Los estamos expulsando.

Llevamos años apostando por el turismo. Promoción internacional, ferias, congresos, gastronomía, grandes eventos… En los últimos años muchos ciudadanos han denunciado la saturación turística. Ahora la Administración habla de sostenibilidad y de poner a la ciudadanía en el centro. Dice que el objetivo no es atraer más turistas, sino aumentar la calidad. Donostia Turismo orienta la promoción internacional hacia el turismo “premium”. Menos turistas, pero más ricos. Pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí?

Hay demasiadas viviendas turísticas. Demasiadas vacías durante buena parte del año. Demasiadas compradas como inversión. Y una casa no es una acción bursátil. En una casa se vive. Ese es el pequeño detalle que ha desaparecido de la ecuación.

Ahora, de repente, PNV y PSE-EE, que comparten el gobierno municipal desde 2015, aparecen preocupados por la vivienda. Jon Insausti y Denis Itxaso, en primera línea, quieren enarbolar la bandera de la solución, como si el problema lo hubiera creado otro. Y comienza el segundo acto de la función.

En Auditz Akular, el Ayuntamiento ha acelerado los trámites para construir más de 3.000 viviendas. Insausti ha presentado el proyecto como una respuesta al problema de la vivienda asequible. Y ahora, Antondegi. Denis Itxaso acaba de proponer un “ecobarrio” de unas 3.000 viviendas en una zona de interés ecológico. Ecobarrio. El hormigón entra mejor pintado de verde. Para mí, Auditz Akular y Antondegi muestran perfectamente el juego. La emergencia habitacional es real. La preocupación ciudadana también. Pero pretenden convertir esa preocupación social legítima en un negocio para el sector de la construcción para toda una década.

Nos dicen que hay que equilibrar los intereses de la ciudadanía y los empresarios. La Administración en medio, como árbitro neutral. No es un relato creíble. El modelo que ha convertido la vivienda en negocio es fruto de decisiones políticas. Hasta dónde impulsar el turismo, qué suelos urbanizar, dónde colocar el dinero público, a quién dar oportunidades y a quién pedir paciencia: eso es política. PNV y PSE-EE no son árbitros equilibrados y neutrales. Están al servicio de quienes se enriquecen con la emergencia habitacional. Convierten los intereses de rentistas y constructoras en leyes, planes y decisiones públicas. Y para eso necesitan la confianza de la ciudadanía. Ese es el truco: conseguir el apoyo de una parte de la ciudadanía para aplicar políticas contrarias a los intereses la mayoría.

Para solucionar el problema nos proponen intensificar el mismo modelo. Ya es hora de dejar de preguntar cuántas viviendas más podemos construir y empezar a preguntar para quién queremos Donostia. Para ello es necesario sacar este fraude a la luz. Miremos quién ha hecho qué, qué intereses ha defendido y a quién han beneficiado las decisiones tomadas. Encender la luz es el primer paso. Y las fotos de campaña y las repentinas caras de preocupación no deberían borrar diez años de memoria. Echemos del poder a quienes nos perjudican. Construyamos un futuro más justo y liberemos Donostia de las redes clientelares.

EH Bildu ha pedido este jueves en el Parlamento Vasco que el aeropuerto de Loiu lleve el nombre de José Antonio de Aguirre, lehendakari del primer Gobierno de Euzkadi en 1936. PNV y PSE-EE, que gobiernan en coalición, han accedido a llevar a cabo las gestiones con Aena, titular de las instalaciones, aunque con algunos matices en las formas con respecto a lo que proponía la coalición abertzale. Aguirre, del PNV, encabezó aquel primer Ejecutivo, conformado en plena Guerra Civil, nada más aprobarse el Estatuto de Autonomía. Se cumplen en apenas unos días nueve décadas de aquella efeméride. En este especial de elDiario.es/Euskadi se puede leer la biografía de los 71 integrantes de aquel Ejecutivo, desde el lehendakari hasta los asesores, pasando por los consejeros.

En una proposición no de ley firmada por Pello Otxandiano, líder de la oposición, se incidía en que los aeropuertos son una “conexión física y simbólica con el mundo”. “La denominación no solo homenajea a un personaje histórico, sino que también muestra la voluntad de un país de reconocer su memoria democrática, su tradición institucional y su indentidad política”, subrayaba, después de mencionar que Catalunya homenajea a Josep Tarradellas con el aeropuerto de Barcelona y Galicia hace lo propio con Rosalía de Castro con el de Santiago. La propuesta de la coalición abertzale ha sido finalmente rechazada.

“No reivindicamos a Aguirre para volver a 1936, lo reivindicamos también para mirar a 2036”

Aquel Gobierno, sostiene EH Bildu, fue “de carácter amplio y plural, formado por nacionalistas, socialistas, republicanos y comunistas, construido sobre un compromiso compartido por la defensa del autogobierno y las libertades democráticas”. Aguirre, añade, lo lideró “en medio de la guerra”, frente a “la amenaza del fascismo y el ataque contra las instituciones vascas”. “También en el exilio, mantuvo la legitimidad democrática de las instituciones vascas en su empeño por mantener la continuidad política y el reconocimiento internacional de nuestro país”, apostilla.

En su intervención en el pleno ordinario de este jueves en el Parlamento Vasco, Otxandiano ha hablado del “riesgo” que existe de convertir a Aguirre en un mero símbolo del pasado. “Reduciría considerablemente el significado de su legado. No reivindicamos a Aguirre para volver a 1936, lo reivindicamos también para mirar a 2036”, ha defendido, incidiendo en que la memoria democrática ha de servir para dilucidar hacia dónde se ha de ir en el futuro. “Una denominación pública no cambia por sí misma una sociedad, pero sí puede expresar qué referencias quiere reconocer y qué relato institucional quiere proyectar hacia el mundo”, ha subrayado Otxandiano sobre la propuesta de darle al aeropuerto el nombre de Aguirre.

El PNV y el PSE-EE, partidos que conforman el Gobierno vasco, han sacado adelante una enmienda a la totalidad, aunque han coincidido en dar el visto bueno a concederle el nombre de Aguirre al aeropuerto. Joseba Díez Antxustegi, del PNV, ha querido recordar que, si bien tanto la generación de Aguirre como la actual han tenido que atravesar situaciones difíciles, las épocas son muy diferentes. Entonces había una guerra y ahora no. Los valores de entonces, ha dicho, sí perviven. “Hay que explicar bien qué defendía Aguirre y qué defendía su Gobierno”, ha sostenido. En cualquier caso, ha explicado que comparte la intención de dar al aeropuerto el nombre del lehendakari, aunque con algunas diferencias en las formas. Así, ha subrayado que las gestiones tendrán que llevarse a cabo en el órgano bilateral de coordinación de la gestión de los aeropuertos de Aena en Euskadi, estrenado el pasado mayo.

Susana Corcuera, del PSE-EE, ha hecho extensible el homenaje a otras figuras de aquel primer Gobierno de Euzkadi. “Si el liderazgo de Aguirre fue incuestionable, también resulta importante y justo el reconocimiento a todo aquel primer Gobierno vasco conformado por un grupo de hombres que asumieron responsabilidades en áreas decisivas para la sociedad vasca en un momento de guerra”, ha defendido. “Fue una experiencia de pluralidad política excepcional”, ha recalcado Corcuera, que se ha referido a aquel Ejecutivo como un “Gobierno de concentración”. Ha mencionado y reconocido los méritos de Santiago Aznar, Juan de los Toyos, Juan Gracia y el fusilado Alfredo Espinosa, algunas de las figuras socialistas y republicanas de aquel primer Gobierno de Euzkadi. “Para los socialistas vascos, los valores de hace 90 años de defensa de la democracia, defensa de la libertad, justicia social, protección a quienes más lo necesitan, defensa de los servicios públicos y disponibilidad para alcanzar acuerdos tienen plena vigencia en la Euskadi de hoy”, ha apostillado Corcuera. En referencia al cambio de nombre del aeropuerto, y al igual que Díez Antxustegi, ha hecho hincapié en la importancia de que se haga a través del órgano bilateral.

Santiago López Céspedes, del PP, ha defendido que el debate va “mucho más allá” del nombre. “[EH Bildu] quiere quedarse con la fotografía de Aguirre borrando buena parte de lo que Aguirre representa. El PNV ha vuelto a hacer lo de siempre: primero se indigna, luego protesta y después corre detrás de EH Bildu”, ha lamentado. Ha señalado que es el mismo paradigma que se da en otros ámbitos como la enseñanza, el estatus político y la política fiscal. “No es que el PNV se esté desplazando hacia la izquierda, es que ya está en la izquierda. Se ha convertido en un partido cuyo único objetivo es conservar el poder”, ha zanjado. A EH Bildu, por otra parte, le ha exigido que asuma el “legado completo” de Aguirre, sin “reescribirlo” ni adecuarlo.

Sumar se ha abstenido. Jon Hernández, parlamentario de la formación, ha explicado que la trayectoria de Aguirre merece un reconocimiento, pero ha lamentado que la experiencia de aquel primer Gobierno de Euzkadi se limite a una sola figura o a un solo partido. “El Gobierno fue una construcción colectiva de nacionalistas, socialistas, comunistas, republicanos y Acción Nacionalista Vasca, unidos frente a la amenaza fascista”, ha expresado. “Más allá de las personas estaban las organizaciones colectivas que fueron capaces de estar a al altura de un momento histórico. Fueron capaces de llegar a acuerdos porque entendieron que la democracia, las libertades, el autogobierno y la resistencia frente al fascismo estaban en juego”, ha remarcado. Y ha querido tener unas palabras para personas “anónimas” que “tomaron las armas para defender Euskadi y la legalidad republicana”. “Este aniversario debe servir para quienes han quedado fuera del relato”, ha pedido.

Amaia Martínez Grisaleña, de Vox, ha equiparado el debate a un “circo”. Cuando ha comenzado a hablar, el lehendakari, Imanol Pradales, ha abandonado el hemiciclo. La parlamentaria de Vox ha ironizado, con miradas a la bancada 'jeltzale', con que EH Bildu pretende ahora “disputar” el legado del PNV y apropiarse de sus figuras históricas. En cualquier caso, se ha negado a honrar la figura del lehendakari Aguirre y ha recordado la gran mancha de aquel Gobierno de Euzkadi, la matanza de 225 personas que estaban encarceladas en Bilbao. “El lehendakari Aguirre no es el personaje ejemplar que el separatismo nos presenta”, ha recalcado, para pedir que no se dé su nombre a un aeropuerto que es “de todos”.

Aguirre era del PNV. Aitor Esteban, presidente del Euzkadi Buru Bazar, ha llegado a ironizar con que EH Bildu tiene que buscar “referentes” históricos del PNV, como el propio Aguirre, porque los suyos, “Argala, Gadafi, Txapote, Urrutikoetxea y el propio Otegi” —en referencia a miembros de ETA y el actual líder de la coalición— no tienen “un legado muy vistoso”. En la proposición no de ley, EH Bildu no soslaya el hecho de que Aguirre fuera 'jeltzale'. Su figura, sostiene, “no se limita [...] a un solo partido o sensibilidad”. “Es un referente histórico vinculado a la creación del autogobierno vasco, a la unidad institucional, a la defensa de las libertades democráticas y a la dignidad política de un país”, apostilla.

El Gobierno vasco ha anunciado un nuevo posible desarrollo urbanístico en Donostia, esta vez en la zona de Antondegi, próxima al término municipal de Astigarraga. Son 3.000 viviendas las proyectadas, que se suman a los desarrollos en marcha en la antigua cárcel de Martutene, que tiene que ser derribada, en los cuarteles del Ejército español en Loiola, en Txomin-Enea, en Auditz Akular o en la denominada 'playa de vías', la brecha ferroviaria que desaparecerá en Amara y Easo.

El consejero de Vivienda, el socialista Denis Itxaso, ha realizado el anuncio en Viena, la capital de Austria, donde realiza un viaje oficial al consider la ciudad una de las referencias internacionales en la promoción pública de pisos. Textualmente, se ha referido a Euskadi como la “Viena del sur”. elDiario.es/Euskadi ha sido invitado a acompañar a la expedición autonómica.

Itxaso ha explicado que desea que la planificación de Antondegi participe en el concurso internacional Europan, un certamen bienal para arquitectos menores de 40 años. “El objetivo es contar, en el plazo aproximado de un año, con propuestas internacionales para diseñar un nuevo ecobarrio con capacidad para en torno a 3.000 personas”, ha indicado Vivienda, que ha visitado la zona de Wildgarten de Viena, precisamente surgida tras una edición anterior de Europan, aunque con 1.000 viviendas.

El proyecto está aún en fase muy incipiente. Europan ha de aceptar todavía el emplazamiento y sólo después se iniciaría el trabajo en Antondegi. Eso podría ser a partir de diciembre de 2027, es decir, ya al borde del final de la legislatura vasca, que como mucho se extenderá hasta la primavera de 2028.

El Ejecutivo autonómico indica que el plan general de ordenación urbana vigente en Donostia prevé desarrollos residenciales en estas lomas con algunos caseríos. Son 283.000 metros cuadrados de edificabilidad posible. El ámbito tiene una superficie total de 972.737 metros cuadrados y la agencia autonómia Visesa es titular de alrededor del 30%, 286.850. Dice el Gobierno que la Administración autonómica tiene una “posición relevante” para impulsar el plan, aunque técnicamente su participación sería de 1.110 viviendas protegidas, 789 de protección oficial y 321 tasadas. El resto dependerían de promotores privados.

Sin embargo, el equipo de Itxaso aboga por ir “de la mano del Ayuntamiento”, que supuestamente tiene “tentaciones” de “dejarlo como terreno rural” en la ciudad vasca con los precios más caros. Según ha indicado Itxaso, una propuesta de reforma del PGOU donostiarra, aunque no llevada a término, pretendía desclasificar la zona. Ha añadido que el Gobierno hizo una fuerte inversión hace tres décadas para adquirir las parcelas —se apunta a unos 400 millones de pesetas de la época— y que eso no puede quedar “enterrado”.

“No podemos permitirnos renunciar a un ámbito como éste”, ha insistido el consejero del PSE-EE. Niega también que Antondegi sea un núcleo “alejado”, ya que otros desarrollos en marcha servirán para unirlo al casco urbano. Ha añadido que el servicio de Lottu (como se conoce ahora las Cercanías de Renfe trasferidas) también pasa por la zona y podría dar servicio al entorno.

Hace unas horas, en Donostia, el alcalde del PNV, Jon Insausti, se refirió a otro proyecto, el de la 'playa de vías', y recalcó que es el Ayuntamiento y no “Lakua”, por la sede del Gobierno vasco en Vitoria, el que tiene la última palabra. Fuentes municipales señalan que “la relación es excelente” y que “no hay semana” en la que no haya reuniones, pero recalcan que no se pueden lanzar proyectos sin pulsar a la ciudad. Mencionan que, en el caso de Amara y Easo, igual es mejor un centro de día que un polideportivo con piscina, por ejemplo. Itxaso, preguntado por la relación con el alcalde, ha indicado que contactó con él este martes para presentarle las líneas maestras del plan de Antondegi y que lo vio con buenos ojos.

Preguntado por el posible rechazo social y el impacto ecológico del plan —se le ha recordado la controversia por una piscina de olas—, el consejero ha señalado que hacer casas en un contexto de “emergencia habitacional” es una “cosa muy seria” y que Viena, precisamente, ofrece ejemplos de barrios hechos con “rigor y criterios ambientales”. En las loma Antondegi hay algunos caseríos habitados, igualmente. Según Itxaso, es muy “donostiarra” —tirando del lema del alcalde Insausti— oponerse a todos los proyectos sin conocerlos.

A los pocos minutos del anuncio en Viena, desde Donostia Insausti ha señalado que “Antondegi ya forma parte de la reflexión municipal sobre el plan general”, que “las propuestas son bienvenidas” pero que “serán los donostiarras” los que tengan la última palabra, según explican fuentes municipales.

En Donostia, en la actualidad, hay 10.000 demandantes de Vivienda apuntados en Etxebide. Los desarrollos ya presentados sumarían del orden de 5.000 de casas y, con las nuevas, se podría llegar a cubrir el 80% de la demanda. La capital guipuzcoana es un “punto negro” inmobiliario —la expresión es de Itxaso—, con alquileres y ventas disparados. El consejero socialista ha negado que esta sucesión de planes en Donostia en comparación con los conocidos para Bilbao y Vitoria se deba algún objetivo electoral por su parte en las municipales de 2027.

El Gobierno vasco ha iniciado este lunes un viaje oficial a Viena para conocer de primera mano el modelo de vivienda social de la capital de Austria, considerada una referencia internacional. La expedición está encabezada por el consejero Denis Itxaso, de la parte socialista del Ejecutivo de coalición de Imanol Pradales, y en ella están igualmente los altos cargos Pablo García Astrain, Patricia Val y Saioa Beistegi.

En puridad, los responsables de Vivienda del Gobierno vasco ya habían acudido a Viena en ocasiones anteriores, cuando el consejero era el también socialista Iñaki Arriola. A la inversa, emisarios de Wiener Wohnen, la sociedad pública municipal que gestiona las competencias de vivienda en Viena, han participado en foros organizados en Euskadi. Desde el final de la II Guerra Mundial, en 1945, la ciudad-estado —una de las nueve regiones o ‘land’ en que se divide esta república de habla alemana— ha tenido siempre burgomaestres del SPÖ, el equivalente austríaco al PSOE español.

Con la preocupación por la vivienda tan disparada en las encuestas como los precios y en un contexto de creciente indignación social, Viena se ha convertido en un imán de cargos que quieren conocer sus recetas. El modelo, la Rotes Wien o Viena roja, por venir inspirado por políticas marxistas, bebe de más de cien años de apuesta sostenida por la construcción de pisos protegidos para adjudicarlos a cambio de rentas asequibles de alquiler, con la importantísima excepción del período de ocupación nazi.

Esto ha permitido una financiación estable para estas políticas. Ahora mismo Viena dispone de unas 200.000 casas en alquiler asequible. Y otras 200.000 están también controladas en sus precios a través de cooperativas reguladas por normativa federal austríaca. El 60% de la población en la quinta urbe de la Unión Europea, unos dos millones de personas, disfruta de este paraguas. Y no son sólo para los estratos con niveles socioeconómicos más bajos.

Llama la atención que hace solamente un par de semanas también la oposición en Euskadi estuviera en Austria, que dice recibir cada año a centenares de delegaciones extranjeras que buscan comprobar si las bondades que se escriben en ‘The Economist’ o ‘The Guardian’ son correctas. Y es que el embrujo vienés atrajo igualmente al líder de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, que mantuvo varias reuniones de trabajo. Estuvo acompañado por su homóloga en Navarra, Laura Aznal. “En nuestro país también tenemos las condiciones institucionales y financieras suficientes para desarrollar una política de vivienda inspirada en el modelo vienés y traer esta experiencia a nuestro país. EH Bildu trabajará en esa dirección”, declaró en esta capital Otxandiano.

“Copiar y pegar el modelo sería un error”

Itxaso encarará, de aquí al viernes, una intensa agenda. En total, hay catorce actos programados. Están cerradas reuniones institucionales. El jueves, por ejemplo, Itxaso y su equipo se encontrarán con Waltraud Karner-Kremser, la ‘ministra’ de Vivienda de la ciudad-estado. Pero también se realizarán visitas a diferentes proyectos residenciales, como el Karl-Marx Hof —un bloque histórico y casi centenario que está incluido en las guías turísticas como si fuera un monumento más de esta antigua capital imperial y musical— o barrios más recientes como Seestadt, literalmente la ciudad junto al lago. elDiario.es/Euskadi ha sido invitado a este viaje oficial.

El primer encuentro ha sido con un vasco, Pello Aspuru, profesor asistente de Economía en la Universidad de Viena. El experto, de entrada, ha sido claro: “Copiar y pegar el modelo en Euskadi sería un error”. Toca hacer adaptaciones. La diferencia es que “llevan repitiendo una lógica durante más de ocho décadas” y eso les pone ahora en unas condiciones diferentes para responder a la actual emergencia habitacional.

“Nos dan mil vueltas en construcción de vivienda nueva, por ejemplo”, entiende Aspuru, que cita que los planes en marcha en la ciudad equivalente a “ocho Auditz Akular”, en referencia a la gran promoción de Donostia y la mayor en marcha en Euskadi ahora mismo. Como curiosidad, ha indicado que hasta la reciente reforma legislativa Euskadi disponía de una exigencia de proporción de viviendas protegidas en las nuevas promociones mayor que Viena. Por cierto, ha añadido que “no es un tema en la prensa o en la vida diaria” que haya desahucios en esta ciudad.

Los socialistas han ratificado en las Juntas Generales de Bizkaia que no les gusta el proyecto de norma fiscal para garantizar el arraigo y la atracción de talento que ha presentado el Gobierno de la Diputación foral, del que forma parte, y que ha iniciado este miércoles su tramitación en comisión. “No creo sorprender a nadie si les aseguro de forma contundente y sin la menor acritud, que al PSE-EE no nos gusta este proyecto de norma foral”, ha señalado el portavoz José Alberto Álvarez sobre la iniciativa del PNV. “Pondremos el empeño en que este proyecto de norma foral salga del trámite parlamentario con aquello que no ha entrado: control, transparencia y generalización. Y se transforme en una norma foral basada en tres pilares irrenunciables: control público, evaluación rigurosa y retorno social de los recursos públicos invertidos”, ha añadido.

En una intervención especialmente breve, el portavoz del grupo socialista en la comisión no ha concretado diferencias con el articulado del proyecto de norma, pero ha recordado que ya mostraron su desacuerdo cuando era anteproyecto. “Y así lo expresamos ya públicamente en las palabras de nuestro secretario general y vicelehendakari Mikel Torres. No nos gusta motivamente, como tendremos ocasión de explicar en el trámite parlamentario que hoy se inicia”, ha recalcado. Entonces, tras la presentación del proyecto por parte de la diputada general nacionalista Elixabete Etxanobe ante empresarios en Madrid, ya mostraron su total desacuerdo, sobre todo con las deducciones fiscales para los seguros médicos privados y para la asistencia a gimnasios, entre otros. El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, tildó de neoliberales esas propuestas.

Álvarez ha indicado que “desde la responsabilidad y alejados de cualquier maximalismo, se ha alcanzado un laborioso acuerdo para los tres territorios históricos con el PNV”. “Compartimos principios como la lucha contra el fraude de fiscal, o el fomento de la actividad económica, entre otros. Las baterías acordadas se trasladarán a este proyecto de norma foral en el momento procedimental oportuno”, ha advertido, después de que pese a este acuerdo entre ambas formaciones, en el que no estaban incluidas las medidas más polémicas del anteproyecto de Bizkaia, el PNV llevara al Consejo de Gobierno de la diputación vizcaína la propuesta original, que se aprobó para iniciar la tramitación en el parlamento foral con la abstención las diputadas del PSE-EE.

“Lamento que no le guste el proyecto normativo”, ha señalado la diputada de Hacienda y Finanzas, Itxaso Berrojalbiz, del PNV, al representante de su socio de Gobierno. “Espero que los grupos que tienen mayoría en esta Cámara les termine gustando y se apruebe el proyecto normativo, porque responde a una necesidad que compartimos, que trata de abordar el reto del arraigo de las personas, el arraigo de las empresas. Seguro que si compartimos esa visión, y estoy convencida de que la compartimos, los grupos de esta Cámara llegarán a un acuerdo para que pasemos de no gustar el proyecto normativo, a que alcancen un acuerdo y el proyecto salga adelante. Yo les presento el proyecto normativo de la Diputación Foral de Bizkaia. Ahora es el turno de la democracia y de los grupos junteros para que el proyecto salga adelante con las modificaciones que ustedes consideren. Pero que salga, porque tenemos el reto de arraigar empresas y proyectos empresariales y de crear un futuro para las personas”, ha indicado.

A la espera de esas modificaciones que introduzcan los grupos durante la tramitación, el proyecto de salida no gusta al socio de Gobierno y tampoco a ninguno de los grupos de la oposición. EH Bildu ha manifestado que “está totalmente en contra de este proyecto”. Elkarrekin ya ha anunciado una “enmienda a la totalidad para exigir su retirada” y el PP ha advertido de que enmendarán, “porque sabiendo que va a pactar o que el proyecto viene ya pactado previamente con una izquierda, no va a ser de nuestro agrado”.

La juntera de EH Bildu Arantza Sarasola ha recordado que criticado que en junio la diputada general presentara en Madrid lo que denominó “una revolución fiscal” ante empresarios. Aunque la diputada de Hacienda ha puntualizado en su réplica que ella nunca ha usado el término “revolución” fiscal. “Nosotras no encontramos nada de revolucionario, ni con la privatización del sistema sanitario, ni tampoco reduciendo la recaudación, manteniendo, por un lado, la exigencia a quienes menos tienen y dando continuamente nuevos incentivos fiscales a quienes más tienen”, ha señalado Sarasola.

La representante de EH Bildu ha reconocido que la comisión que se ha desarrollado en las Juntas este miércoles “tiene mucha miga”, porque “esa misma 'revolución fiscal' que presentara la diputada general en Madrid” vuelve ahora “en su integridad”. “Quizás PSE-EE o PNV nos puedan aclarar cuál es la situación”, ha señalado poniendo sobre la mesa las discrepancias entre los socios. Además, ha criticado medidas concretas, como las relativas a las deducciones para inversiones de particulares en un fondo privado para la construcción de vivienda para el alquiler social, aunque señalan que, “estas viviendas deberán estar vinculadas a ese objetivo durante cinco años”. “¿Qué ocurrirá después?”, se ha preguntado. La diputada le ha contestado que la intención es que sean alquileres sociales “eternamente”.

Elkarrekin ya ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad para exigir su retirada. Es precisamente la formación con la que se pactó la anterior 'revisión fiscal' en 2025. La portavoz de la formación, Eneritz de Madariaga, ha denunciado que la propuesta del Gobierno foral “supone la vuelta a una fiscalidad basada en exenciones e incentivos para quienes tienen mayor capacidad económica y, en consecuencia, implica menos recursos para los servicios públicos”. “De nuevo vuelven a la senda de los ‘privilegios fiscales para unos pocos’, ha censurado. Además, ha considerado ”muy preocupante“ que se haga justo en un momento en el ”buena parte de la ciudadanía tiene dificultades para acceder a una vivienda, llegar a fin de mes o mantener su poder adquisitivo. Y a todos estos problemas, y fuera de toda lógica, ustedes responden reduciendo la tributación de determinados contribuyentes.“, ha recalcado.

De Madariaga ha criticado las formas en la que se ha gestado y presentado esta norma ha pedido a la diputada de Hacienda, y también al PSE-EE si hay modificaciones ya pactadas“ entre los socios, aunque no ha obtenido respuesta. La portavoz de Elkarrekin ha criticado distintos puntos del articulado con beneficios fiscales para determinadas empresas, que ”sólo tienen que mantener un empleo que ya existe“, deducciones por seguros médicos o gimnasios privados, ”gastos que primero hay que poder permitirse, en lugar de reforzar la sanidad pública, los servicios públicos y las políticas universales“ o ”destinar recursos fiscales públicos para hacer atractiva y rentable la inversión privada en vivienda“.

Por su parte, la portavoz del PP, Raquel González, ha eludido pronunciarse directamente respecto a la norma porque “se sigue sin saber cómo va a ser” esta “reforma de la reforma fiscal” del pasado año y ha demandado saber “cuál es el pacto real”. Además, ha criticado la forma en la que se ha procedido presentando en Madrid una normativa que no está aprobada, lo que ha considerado que resta “credibilidad, prestigio y reputación” a la Hacienda vizcaína. “Seguimos sin saber qué es lo que va a ser, siguen sin distinguir entre realidad y fantasía. Usted es la diputada de Hacienda y está aquí para exponer lo que será y se aplicará a los vizcaínos y no lo que le gustaría que fuera. Esos son sus deseos, son un programa electoral de partido, y no es este lugar ni es usted como diputada, quien debe divulgarlos”, ha criticado. “Estamos confundiendo al contribuyente, a los vizcaínos, a los que están fuera y a los que queremos que vengan”, ha añadido. Sí ha advertido de que enmendarán el proyecto “porque sabiendo que va a pactar o que viene ya pactado previamente con una izquierda, no va a ser de nuestro agrado”.

El PSE-EE y el PNV, en Vitoria, han cerrado un acuerdo con la coalición Elkarrekin para aprobar el impuesto turístico y han optado por equipararlo por lo alto a Bilbao y Donostia en lo tocante a la presión sobre los pisos turísticos. Los viajeros que se alojen en la capital en estas viviendas -aunque la oferta es muy reducida- pagarán la tasa más elevada que contempla la legislación foral vigente, de 6,5 euros por noche. Es lo mismo que abonarán los huéspedes de los hoteles de cinco estrellas. Este acuerdo garantiza que la ordenanza se aprobará en el pleno del próximo viernes para entrar en vigor el 1 de enero de 2027.

El acuerdo con Elkarrekin supone un incremento significativo sobre la idea inicial del equipo de Gobierno municipal, comandado por la socialista Maider Etxebarria, que había optado por el mínimo aplicable dentro de la norma que en las Juntas Generales también surgió de un acuerdo entre PNV y PSE-EE con Elkarrekin. Esto significa que en la norma propuesta por el equipo de Gobierno la tasa a la pernoctación en pisos turísticos era de 4,5 euros por noche, y la misma cantidad para los hoteles de la máxima categoría, una cantidad que se eleva ahora hasta los 6,5 euros por noche, con un máximo de seis, como marca la legislación foral.

El acuerdo suscrito este martes establece también que el dinero recaudado se destinará a mitigar el impacto de la actividad turística y a la mejora de los servicios de la ciudad y conservación del espacio público que también disfrutan las personas de visita en la capital. Esta nueva regulación será debatida este miércoles en la comisión de Hacienda, en la que se votarán las enmiendas presentadas al proyecto de ordenanza del Gobierno municipal, y se aprobará de forma inicial en el pleno del próximo viernes. La aprobación definitiva llegará en noviembre, de modo que la nueva figura fiscal sí entrará en vigor el 1 de enero de 2027.

La alcaldesa ha puesto en valor este nuevo acuerdo del Gobierno municipal con grupos de la oposición, el tercero en una semana tras los alcanzados en la Ordenanza de Bienestar Animal y en el PERI del Casco Medieval. El Ejecutivo, en minoría, ha ido sacando adelante los proyectos con PP, EH Bildu o Elkarrekin. La alcaldesa ha afirmado que con la nueva ordenanza “la actividad turística contribuirá a mejorar el propio destino, elevando la experiencia del visitante y la calidad de vida de quienes residen” en Vitoria.

Según ha asegurado, se trata de una cuestión de “corresponsabilidad”, por lo que ha subrayado que “quienes visitan Vitoria lo hacen para disfrutar de una ciudad limpia, segura, accesible, con un rico patrimonio, una oferta cultural sólida, espacios públicos cuidados, equipamientos de primer nivel y servicios públicos de calidad”. “Es razonable que, si utilizan temporalmente estos recursos, realicen una aportación moderada para contribuir a su mantenimiento y mejora”, ha indicado. Etxebarria ha recordado que es necesario adaptarse a “un turismo cada vez más exigente, pero sin perder la esencia”. Por ello ha incidido en que el nuevo impuesto, contribuirá a impulsar y fortalecer el sector turístico, “en beneficio tanto de la ciudadanía como de quienes visitan Vitoria”.

Por su parte, la portavoz de Elkarrekin, Garbiñe Ruiz, que es de Podemos, ha destacado que “este acuerdo es una buena noticia” dado que “permite hacer algo fundamental, anticiparse”. “No queremos esperar a que la turistificación genere problemas sobre la vivienda, los barrios o la convivencia para empezar a actuar. Vitoria-Gasteiz todavía está a tiempo de decidir qué modelo turístico quiere y de poner las herramientas necesarias para evitar escenarios que hoy vemos en otras ciudades, como Donostia. Apostamos por un turismo que genere actividad y riqueza, pero que sea compatible con una ciudad habitable y con la calidad de vida de quienes vivimos aquí”, ha indicado.

Ruiz también ha subrayado que “las viviendas son para vivir”. “Por eso creemos que es importante que las viviendas de uso turístico tengan una mayor contribución y que los ingresos de este impuesto tengan un retorno social claro en la ciudad. No se trata de estar contra el turismo, sino de garantizar que el turismo tenga cabida en Vitoria pero, sin desplazar otros usos esenciales de la ciudad. Este acuerdo incorpora precisamente esa mirada: más corresponsabilidad, más prevención y más garantías para que la actividad turística sea compatible con el derecho a la vivienda y con la convivencia”, ha manifestado.

Bilbao aprobará la ordenanza del impuesto turístico el próximo jueves en pleno, también con 6,5 euros por noche para los pisos turísticos, pero de 5 euros para los hoteles de cinco estrellas. En el caso de Donostia, el ayuntamiento ha aprobado en junta de gobierno la ordenanza en los máximos permitidos, con 6,5 euros por noche para pisos y hoteles de cinco estrellas y se votará también este jueves.

Ramiro González (Burgos, 1962) no se ha despedido. Forma parte de una generación de cargos del PNV que accedió al poder en 2015 y, salvo que comunique que renuncia a un cuarto mandato como diputado general de Álava, es el último superviviente. Juan María Aburto, alcalde de Bilbao, ya está de salida, Eneko Goia, en Donostia, se marchó el año pasado, y Gorka Urtaran, Unai Rementeria y Markel Olano ya no fueron candidatos en 2023.

González ha pronunciado este martes ante las Juntas Generales de Álava su último discurso de la legislatura en el marco de una sesión de política general. Él mismo marcó este hito como el momento a partir del cual aclararía su futuro. Fuentes del PNV se dan todavía unos días para despejar esta incógnita e igualmente para presentar la propuesta para la alcaldía de Vitoria a la luz de la ya anunciada salida de Beatriz Artolazabal, la candidata de 2023 que vio caer la sigla de primera a cuarta fuerza en la capital. En el partido no niegan que tienen en González su mayor activo institucional. En el término municipal de Vitoria 2.000 personas más votaron al candidato foral que los que apoyaron a Artolazabal estando una urna pegada a la otra.

En dos decenas de páginas de intervención no ha hablado de las elecciones. Pero tampoco de que no vaya a estar en ellas. Es más, ha puesto claramente en valor la coalición con el PSE-EE. “En esta recta final de la legislatura quiero volver a trasladar mi deseo y voluntad de que este Gobierno compartido tenga continuidad en los próximos años”, ha manifestado tras recordar que el camino no ha terminado y jalonar su parlamento con anuncios de nuevas medidas. Se da por hecho que la hasta ahora cabeza de la parte socialista, Cristina González, no continuará, al haber dejado ya la secretaría general del partido. El PSE-EE tomará su decisión en noviembre.

¿Qué ha anunciado González? Muchos de sus titulares han mirado a la castigada comarca de Ayala, que ha visto sucederse las crisis industriales en los últimos años. Ha mencionado que una “productora internacional de primer nivel” se instalará a finales de 2026 o comienzos de 2027 en el 'hub' cinematográfico y audiovisual que se impulsa en la zona. No ha dado el nombre, pero sí destacado que los incentivos fiscales de la Hacienda foral a este sector “se están desplegando con gran éxito”.

También ubicará en Llodio un “centro de innovación ferroviaria”, en el que colaboraría Talgo, el hijo pródigo recuperado hace unos meses con una 'cuadrilla' de inversores públicos y privados vascos comandada por José Antonio Jainaga. Con todo, ha apelado a la “discreción” para no dar más detalles de qué pasa con Guardian y ha mostrado su “profunda preocupación” por Tubos Reunidos, sumida no sólo en problemas económicos sino en investigaciones de corrupción que no ha mencionado.

Eso en el norte. En el sur ha admitido que la crisis del sector del vino, cuyo consumo ha caído y se ve afectado por el cambio climático, empieza a arrastrar a toda la comarca de Rioja Alavesa y que no existen “soluciones mágicas”. Y eso que “hoy se elaboran en Rioja Alavesa los mejores vinos de su historia”. Le pasa algo similar a la economía en general, lo macro va muy bien —se ha felicitado de superar ampliamente a Alemania en crecimiento— pero lo micro lastra el día a día de la ciudadanía. Ha asegurado que aplican una política fiscal “pensada” para retos como la crisis de vivienda.

Sobre Vitoria, que concentra más del 80% de la población del territorio que gobierna, ha dicho que es una gran noticia que Mercedes-Benz invirtiera 1.000 millones para fabricar uno de los mejores vehículos del mundo y que la operación de venta del Fernando Buesa Arena al grupo de Saski Baskonia y Deportivo Alavés es una gran oportunidad.

En materia de transportes, ha insistido en la necesidad de mejorar las inversiones en el aeropuerto de Foronda, en Vitoria. “La ampliación de la zona de embarque y la redacción del proyecto de nueva terminal son imprescindibles si mantenemos la ambición de que el aeropuerto siga creciendo, y yo la mantengo. No voy a renunciar a ninguna de las inversiones solicitadas. Mientras siga siendo diputado general seguiré trabajando para conseguirlas. [...] Tengo amplia experiencia en negociaciones con Aena. Son siempre largas y complejas”, ha indicado. Igualmente, ha recalcado que el AVE a Pamplona debe salir de Vitoria y no de Ezkio/Itsaso, como defiende con uñas y dientes su propio partido en Gipuzkoa.

La otra gran pata de las políticas forales son los servicios sociales, y González ha puesto en valor el acuerdo con el Estado para mejorar la financiación de la dependencia y ha aludido a la ampliación de plazas en residencias de mayores. El diputado general ha intercalado partes de su intervención en euskera y ha destacado que es un idioma en crecimiento en el territorio. Ha destacado también que el museo de Bellas Artes pueda exponer los grabados de Francisco de Goya, adquiridos como pago de una deuda fiscal del difunto Juan Celaya, como adelantó este periódico. El debate de política general seguirá este miércoles con las intervenciones de la oposición y de los partidos que apoyan al Gobierno.

El Gobierno vasco dice ahora que todavía “no se ha tomado la decisión” de retrasar el traspaso de la gestión de las políticas pasivas de empleo, es decir, los subsidios y prestaciones de paro hasta ahora en manos del SEPE, el antiguo INEM. Teóricamente, dependería de un acuerdo en una comisión mixta entre los Ejecutivos central y vasco. Pero es una realidad y una decisión ya adoptada.

Fuentes del Gobierno dieron por hecho ya la pasada semana que será imposible que Euskadi asuma estas funciones el 1 de enero de 2027, como estaba comprometido. Ha habido muchos problemas con la gestión del personal del SEPE, con vacantes y traslados previos a su incorporación como funcionarios autonómicos, algo ya ocurrido de alguna forma también hace cinco años con las Prisiones. Faltarían unos 300 funcionarios para poder mantener abiertas todas las oficinas actuales y prestar un servicio de calidad. De hecho, ahora ya hay municipios donde el SEPE no tiene recursos para hacerlo.

Es más, en la misma rueda de prensa en la que Ubarretxena ha indicado que la decisión no es definitiva, el vicelehendakari y responsable directo del servicio, Mikel Torres, ha asumido que “no es tan importante” la fecha como que el cambio se haga bien. Ubarretxena es de la parte del PNV del bipartito vasco y Torres del PSE-EE.

“Es una prestación muy delicada”, ha dicho Torres sobre el fondo del asunto. Y ha reconocido que “conlleva mucho personal” y que las cifras de la plantilla dispuesta a ser transferida han llegado hace muy poco, “a finales de julio”, con lo que no hay tiempo material para hacer las contrataciones. Ha asumido también que hay “personas que no han querido ser transferidas” y que son necesarios “refuerzos” para poder prestar el servicio.

En puridad, la decisión ya está tomada, según confirman las fuentes consultadas. La han adoptado en una comisión de seguimiento el área de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno vasco, del PSE-EE, y el Ministerio de Trabajo, de Sumar. Faltaría simplemente la ratificación oficial del retraso, de como poco seis meses.

Acto seguido, Ubarretxena ha querido despejar la hipótesis de que la posible llegada de un nuevo Gobierno a España, diferente al que firmó la transferencia estatutaria, condicione este traspaso tras los retrasos que va a acumular. Ha indicado que ya es “legalmente válido” aunque no se haya hecho efectivo porque está firmado. “Lo importante es que el traspaso [jurídicamente] se hizo”, ha insistido.

Este sobresalto, del que no ha habido ninguna comunicación oficial por parte de un Gobierno que tiene en el desarrollo del Estatuto una de sus banderas, coincide con las negociaciones para la asunción también de la gestión de la Seguridad Social, incluidas las pensiones. Es una materia todavía más compleja que el SEPE.

Se da la circunstancia de que, hace una década, ya fue tortuosa la transferencia de la otra parte del SEPE, las denominadas políticas activas de empleo. En aquella ocasión se cedió la formación, colocación y atención de parados, es decir, todo salvo los pagos de prestaciones. Fue el origen del actual Lanbide, al que luego se le agregaron las prestaciones sociales autonómicas, fundamentalmente la renta de garantía de ingresos o RGI.

Más autonomía para los puertos

Otro debate estatutarios es la demanda del PNV de gestionar el puerto de Pasaia. Euskadi ya recibió hace cuatro décadas la transferencia portuaria y gestiona todos salvo los considerados de interés general, cuya competencia es estatal, según la Constitución y el Estatuto. Son Pasaia y también el de Bilbao. No obstante, el Ejecutivo autonómico ya incide en su gestión nombrando a sus responsables, por ejemplo.

Sus socios socialistas han rechazado la idea inicial de desclasificar el puerto de Pasaia para que pueda ser de gestión autonómica y ahora la portavoz Ubarretxena indica que el objetivo es lograr “más autonomía” para que gane en competitividad, por lo que se abre a buscar otras fórmulas aunque no renuncien a sus máximos. Ha mencionado que grandes instalaciones europeas como Amberes, Rotterdam o Hamburgo son de gestión local y ha pedido explorar esa vía. Ha ironizado Ubarretxena que “mientras haya partido”, es decir, mientras haya legislatura en España, van a continuar “jugando” para arrancar acuerdos a Pedro Sánchez, también en este tema. A su lado, el socialista Torres ha tirado de ironía: “Con diálogo, todo lleva a buen puerto, nunca mejor dicho”. Los socios han terminado la rueda de prensa con sonrisas.

Todo esto, sin embargo, ocurre fuera de plazo. El PNV apoyó la investidura de Sánchez en 2023 a cambio de cerrar la carpeta estatutaria en 2025 y ya ha pasado casi un año con varios flecos pendientes. De hecho, en julio se suspendió una cumbre con Sánchez y el lehendakari, Imanol Pradales, y no se ha dado una nueva fecha. Ubarretxena insiste en que llevan el proceso con “discreción”.

Euskadi cuenta con unidades de hospitalización, comedores terapéuticos y consultas dentro de su red asistencial para atender a las personas con trastornos de la conducta alimentaria (los conocidos como TCA). En una información documentada brindada por el consejero de Salud, Alberto Martínez, al Parlamento Vasco, se subraya que estos trastornos (entre los que se cuentan la anorexia y la bulimia) han de considerarse “graves” y “abordarse desde un modelo comunitario, multidisciplinar y orientado a la recuperación, basado en la continuidad asistencial, la coordinación entre los distintos dispositivos de la red y la equidad territorial”.

Con centros de diversa índole en las tres provincias, se hace hincapié en que los equipos que integran estos centros han de ser “multidisciplinares especializados” y han de estar “integrados por profesionales de psiquiatría, psicología clínica, enfermería especializada, terapia ocupacional y otros perfiles que resulten necesarios para garantizar una atención integral”.

Se subraya en la respuesta del consejero que “no se da el caso de una derivación fuera de Euskadi”. Se gestionan las camas para poder acoger a todos los pacientes y, en caso de “saturación”, hay apoyo “mutuo” entre los centros para gestionarla. “Todas las personas que tienen criterios de entrada en un recurso de TCA en Euskadi son atentidas en los mismos hayan estado o no fuera”, se recalca.

¿De qué recursos dispone Euskadi? Los datos se desprenden de la respuesta a una solicitud de información formulada por Laura Garrido, portavoz del PP en la comisión de Salud.

Álava

Para menores, cuenta con una unidad de hospitalización, un hospital de día con comedor terapéutico y consultas intensivas ambulatorias. Para los mayores de edad, hay “un programa intensivo ambulatorio de tratamiento de TCA” y una unidad de hospitalización. Existe, además, un hospital de día y un comedor terapéutico. En cuanto a los recursos humanos, los forman un equipo médico, una enfermera y un psicólogo de alta cualificación, se especifica.

Bizkaia

Bizkaia cuenta con una estructura “de referencia” para la atención a los TCA de niños y jóvenes de toda Euskadi. Cuenta con una unidad de hospitalización infanto-juvenil, un hospital de día, consultas espefícicas, consultas ambulatorias, un programa ambulatorio de TCA y un hospital de día de adolescentes entre las 12:00 y las 16:00 horas. Para los mayores de edad, dispone de programas específicos en varias comarcas sanitarias, un hospital de día en el hospital de Basurto, un comedor terapéutico en el de Cruces y otro hospital de día con unidad de hospitalización específica provista de seis camas en el de Usansolo. Como en el resto de provincias, el recurso humano lo integran, según se apunta, un equipo médico, una enfermera y un psicólogo de alta cualificación.

Gipuzkoa

En Gipuzkoa hay un comedor terapéutico espcífico para los trastornos de la conducta alimentaria que atiende a menores y adultos en espacios separados. Para los menores de edad, existen, además, una unidad de hospitalización para aquellsos que requieren de “estabilización psiquiátrica” y una consulta “de alta intensidad”, que se explica que está “orientada al seguimiento ambulatorio de carácter intensivo y especializado”. Hay interconsultas tanto con pediatría para los menores de 14 años como con endocrinología para los que ya superan esa edad. Se brinda esta atención con un equipo que incluye, como en los demás casos, enfermera y psicólogo de alta cualificación. Para los mayores de edad, además del comedor compartido, hay también una unidad de hospitalización de agudos e interconsultas para gestionar “complicaciones médicas y nutricionales en plantas de hospitalización general”.

El líder del PSE-EE, Eneko Andueza, no es el jefe de la oposición. Pero su discurso como líder de la otra pata de la coalición del Gobierno de Imanol Pradales siempre suscita expectación. Las tensiones con el PNV son periódicas, por más que el argumentario insista en que es un Ejecutivo “único” con un “capitán”.

En el debate de política general, Andueza ha formulado críticas sobre varias áreas que dirigen los nacionalistas, incluidas Salud, Educación o Seguridad. Ha pedido al PNV que deje de criticar al Gobierno central. Ha insistido en su tesis de que los nacionalistas buscan acuerdos de corte abertzale con EH Bildu —lo que él llama “prioridad nacional” a la vasca—. Y ha lamentado que se hayan roto los “consensos” en torno al euskera, en referencia a la ley con la que se cerró el curso político anterior, en la que por vez primera desde que cohabitan en el Gobierno en el formato actual, desde 2016, nacionalistas y socialistas defendieron posturas diferentes.

“No venimos a hablar únicamente de estabilidad. Venimos a darle contenido. No venimos a negar los problemas. Venimos a resolverlos. No venimos a hablar de los demás. Venimos a hablar de Euskadi. Porque mientras algunos se sienten más cómodos hablando de Madrid, de Bruselas o de cualquier otro lugar, nosotros tenemos claro dónde está nuestra obligación, en Osakidetza, en nuestras escuelas, en nuestros barrios, en nuestras empresas, en el transporte público, en la vivienda y en la seguridad. Euskadi no necesita ni ruido ni diagnósticos; necesita decisiones”, ha señalado Andueza ya en el arranque de su intervención.

Y ha seguido: “Los problemas de Sanidad no se resuelven culpando a otra Administración. Los malos resultados educativos no se corrigen escondiéndose detrás de la media de otros países. La inseguridad no desaparece dando lugares de origen [de los detenidos]. Y la vivienda no se garantiza con declaraciones solemnes. Se resuelven gobernando. Se resuelven planificando. Se resuelven tomando decisiones y evaluando resultados [...]. Lo que no podemos hacer es utilizar el autogobierno como una consigna cuando nos conviene y como una excusa cuando no queremos asumir responsabilidades”.

Andueza ha querido reseñar que la “fórmula de colaboración” entre el PNV y el PSE-EE es positiva y “ha dado estabilidad”. Pero ha manifestado dirigiéndose directamente a Pradales: “Señor lehendakari, el PSE-EE seguirá siendo un socio leal. Pero seremos también un socio exigente. Apoyaremos al Gobierno cuando avance. Le pediremos que corrija cuando sea necesario. Y marcaremos nuestra posición cuando estén en juego nuestras prioridades”.

En materia sanitaria, un área en el que el PSE-EE hasta ahora había valorado la labor del consejero Alberto Martínez, del PNV, Andueza ha mencionado los “problemas con las listas de espera”, así como la “falta de profesionales y organización”. “Hay una preocupación social que no se resuelve diciendo que el sistema sigue siendo bueno en términos comparados. La ciudadanía no compara su cita médica con una estadística internacional. Compara la respuesta que recibe con lo que necesita”, ha indicado. Y ha avisado al consejero Martínez: “Las concertaciones privadas pueden ser un instrumento puntual para reducir las listas de espera, pero no pueden convertirse en la respuesta estructural ni en una sustitución de la capacidad pública”. Andueza ha agregado que las “soluciones” están en Euskadi, no en la ministra Mónica García, cuya salida pide el PNV.

En el terreno educativo, Andueza ha recordado el varapalo del informe PISA y ha reclamado a Begoña Pedrosa que no se pongan “excusas”. “Hay que aceptar el problema, escuchar a la comunidad educativa y actuar. Los socialistas estaremos en la búsqueda de respuestas, pero exigimos a la consejera diligencia, liderazgo y resultados”, ha señalado.

Después, Andueza ha aprovechado para poner en valor la gestión de los cinco consejeros socialistas de Pradales, Mikel Torres, Javier Hurtado, María Jesús San José, Susana García Chueca y Denis Itxaso. Y ha dejado para el final lo relativo al euskera y al autogobierno.

“La sociedad vasca no necesita que los partidos le expliquen quién es más vasco. Necesita que le expliquemos cómo va a vivir mejor. Por eso nos preocupa la ruptura de consensos en torno al euskera y al empleo público [...]. En el fondo, PNV y EH Bildu comparten a veces una preocupación identitaria que ojalá tuviesen con la misma intensidad por la calidad del empleo, la fortaleza de Osakidetza, el acceso a la vivienda o la mejora de la enseñanza. No queremos que los debates sobre la identidad oculten la gestión. A PNV y EH Bildu les planteo una pregunta sencilla: ¿para qué quieren ustedes un nuevo Estatuto?”, ha manifestado.

El PSE-EE, aparentemente, negocia la reforma del Estatuto con PNV y EH Bildu fuera del Parlamento Vasco. Pero Andueza ha indicado que no aceptarán un “Estatuto de identidades” o “para alimentar una competición permanente entre nacionalismos”. “Y lo digo con toda claridad: será constitucional o no será. Será incluyente o no será. Será fruto del acuerdo entre diferentes o no será un proyecto de país [...]. Euskadi no gana cuando convierte al Gobierno de España en un enemigo permanente. Gana cuando consigue inversiones, transferencias, fondos, infraestructuras y acuerdos”, ha seguido.

El final de Andueza también tenía mensaje: “Frente a la parálisis de la queja, frente al diagnóstico que nunca se convierte en decisión y frente a la prioridad nacional cuando desplaza a la prioridad social, nosotros ponemos pie en pared”. En su escaño, el lehendakari Pradales ha seguido la intervención leyendo unos folios, toman notas en una pequeña libreto y con gesto serio.

El lehendakari, Imanol Pradales, ha cruzado ya el ecuador de su legislatura. Llegó al cargo en junio de 2024 y, si no median sorpresas, completará el camino en 2028. Este jueves, ha pronunciado su balance en el debate de política general que abre el nuevo curso político en el Parlamento Vasco después de tres meses de parón. Ha garantizado que el 86% de su programa está en marcha y ha pedido por duplicado a sus consejeros, de PNV y PSE-EE, que no se “despisten” en la segunda mitad por el “ruido” o el “clima electoral” que ya se siente en la Euskadi política, que afrontará en los próximos meses municipales, forales y generales.

En su filosofía subyace que Euskadi está al margen, de algún modo, de las formas polarizadas de la política española y que ofrece un marco de estabilidad. Su Gobierno, a pesar de las tensiones periódicas del PNV y PSE-EE, tiene mayoría absoluta, aprueba sus leyes y presupuestos y celebra cuando toca los debates del 'estado de la nación' como el de este jueves. Sin embargo, aunque en el adelanto de su discurso que recibió el Parlamento este lunes afirmó que veía a Sánchez en sus “minutos de descuento” y sin margen de maniobra, ha orillado estas referencias directas en su discurso de definitivo, de 91 minutos y en el que, como siempre, ha intercalado las dos lenguas oficiales.

Era un cambio importante. Hace un año, en el mismo foro, Pradales describió a Pedro Sánchez como una ventana de “oportunidad” para avanzar, por ejemplo, en las materias pendientes del Estatuto de 1979. Entonces ya había sobre la mesa un puñado de investigaciones de corrupción. Pero ha sido en los últimos meses cuando el PNV ha pedido más claramente el adelanto electoral, sobre todo por boca de Aitor Esteban.

No obstante, el Ejecutivo vasco también es de la opinión de que mientras haya un Gobierno en Madrid hay que exprimirlo desde Vitoria. “Creo que sería bueno que podamos escribir el final de la legislatura española con un apretón de manos entre el lehendakari y el presidente del Gobierno español. Un final en el que le pueda decir: cumpliste tu palabra”, ha solemnizado.

El lehendakari ha querido reconocer que con Sánchez ha cerrado en los últimos dos años un ramillete de acuerdos. Ha citado incluso la ahora retrasada transferencia de la gestión de las políticas pasivas de empleo del SEPE, las prestaciones de paro. Pero el PNV apoyó en 2023 la investidura a cambio de que, para 2025, estuvieran resueltos todos los temas pendientes desde 1979, incluida la gestión de la Seguridad Social y las pensiones. Llegó esa fecha y se pospusieron algunas materias a Semana Santa. Luego al verano. En julio Pradales suspendió una 'cumbre' con Sánchez porque no veía mimbres para temas abiertos. Ahora no hay nuevos plazos, más allá de las referencias genéricas al final de la legislatura. Esta semana ha habido algunas reuniones, pero de momento no hay más acuerdos.

“Y no podemos descartar que accedan al poder político español quienes tienen una concepción antidemocrática del funcionamiento del Estado, no creen en su actual organización territorial y niegan nuestra propia identidad como pueblo. Estoy convencido de que harán todo lo posible por destruir lo que tanto esfuerzo nos ha costado construir durante décadas”, ha señalado Pradales como “lectura del momento político”. En realidad, hace un año ya alertó de “tiempos oscuros” que se avecinaban para España.

Pradales se ha referido también a la reforma del Estatuto. Es una propuesta que el PNV viene repitiendo desde 2012, cuando Iñigo Urkullu relevó al socialista Patxi López en Ajuria Enea. Es la cuarta legislatura con esa idea sobre la mesa y aparentemente el PNV negocia discretamente —y fuera de las instituciones— con EH Bildu y PSE-EE un acuerdo del que nada se sabe más allá de pequeñas referencias en entrevistas. Dice el lehendakari que esas conversaciones “siguen adelante” y que “es una buena señal”, pero se prometió una propuesta para junio de 2026 y luego para julio, y esos plazos se han superado claramente y aquí tampoco hay un calendario definido.

La realidad es que ese hipotético acuerdo luego tendría que ir al Parlamento Vasco, donde las tramitaciones legislativas no son precisamente rápidas. Y después saltaría al Congreso, donde la mayoría podría cambiar tras las generales de 2027. Al final, quedaría un referéndum ciudadano. “Como lehendakari, voy a estar al frente. Y haré todo lo que esté en mi mano para conseguirlo”, ha asegurado Pradales, que ha hablado de “compromiso heredado”, de “obligación histórica” y de la importancia de “ampliar y reforzar” la “capacidad” de autogobierno de la “casa vasca”.

Según Pradales, después de “culminar las transferencias pendientes y defender las ya conseguidas”, es necesario “adaptar el autogobierno a la realidad europea y las nuevas formas de gobernanza multinivel”, “contar con nuevas capacidades políticas para responder a los retos demográficos, tecnológicos, sociales o económicos con instrumentos propios” y “dar un salto cualitativo” en la “institucionalización de Euskadi” y en “reconocimiento de la singularidad nacional vasca”. De hecho, en otro punto del discurso ha apostado por reforzar los lazos con Navarra e Iparralde. “Creemos en un país sin fronteras”, ha indicado, aunque uno de los 'leit-motivs' de su legislatura ha sido pedir a España que reconozca a Irún como “frontera norte” para disponer de más capacidades en política migratoria.

Significativamente, a pesar de que EH Bildu es una de las patas de esas conversaciones, ha criticado doblemente a su principal oposición. Por un lado, ha insistido en que “algunos” a los que no ha mencionado todavía no han asumido “el legado ético y moral” y continúan “sin dar el paso de condenar el ejercicio de todo tipo de violencia, sin pedir perdón por los inaceptables e inhumanos errores de su pasado, con la esperanza de que el paso del tiempo borre las huellas”. Por otro lado, ha señalado que es de celebrar la “incorporación” a los consensos de quienes en el pasado “despreciaron y denigraron” el marco autonómico y las instituciones. Ahora “se sientan en esta Cámara”, ha manifestado.

340 millones para climatización de instalaciones públicas

El lehendakari, que ha acudido al Parlamento acompañado de todo su equipo, incluidos los consejeros socialistas y los asesores, ha comparecido en la Cámara con una corbata azul con lauburus rojos que le regaló un representante demócrata en Texas de origen vasco, Rafael Anchía. Ha sido un guiño a la diáspora. También ha querido arrancar citando al lehendakari José Antonio de Aguirre a días de cumplirse el nonagésimo aniversario del primer Gobierno de Euzkadi. Pradales, igualmente, ha trufado su mensaje con citas al papa de la Iglesia católica, León XIV, a Bill Gates o al periodista Enric Juliana.

Pradales, como es su costumbre, ha mostrado para arrancar fotografías de cómo está el mundo. También ha comparado los indicadores de Euskadi y de Europa, todos ellos favorables. Después, ha hecho un descargo de las iniciativas más destacadas de cada uno de los consejeros, a los que ha pedido disculpas por lo breve de cada apartado.

Sí ha dedicado más tiempo a educación después del varapalo que ha supuesto el informe PISA. El lehendakari ha dicho que su Gobierno “da la cara” y ha reconocido “sin paños calientes” que los datos son “malos, sin paliativos”. Es “obvio” que los planes ya en marcha no han sido “suficientes”. Ha reclamado “aumentar la exigencia del rendimiento”, sobre todo en lectura. “Los alumnos leerán todos los días de manera pausada en todas y cada una de las etapas; y los centros educativos garantizarán que esto sea así”, ha insistido, en línea con los últimos mensajes lanzados por su consejera, Begoña Pedrosa.

También ha planteado “revisar a fondo” la estrategia sobre el uso de las pantallas. “¿Sabemos las horas que pasan frente a la pantalla y lo que ven? ¿Sabemos si usan redes sociales o inteligencia artificial? ¿Y para qué lo hacen? ¿Somos conscientes del ejemplo que les damos en casa con nuestro uso del móvil? ¿Caemos en la tentación de darles la ‘tablet’ para tener unos momentos de 'tranquilidad’? Como aita, me hago algunas de estas preguntas. Y reconozco que, a veces, no me gusta la respuesta”, ha señalado Pradales, que ya aludió hace un año a un gran pacto de país sobre la materia que, por el momento, no ha cristalizado.

Pradales ha mencionado también las preocupaciones ciudadanas sobre la vivienda o la seguridad, pero también las necesidades por el calor. “Por ello, anuncio un nuevo paquete de medidas dotado con 340 millones de euros para estos dos próximos años, para climatizar centros de salud, hospitales, escuelas, comisarías y hogares de Euskadi”, ha señalado en uno de sus mensajes más concretos de la mañana. Ha mencionado, igualmente, las ayudas por la sequía y para paliar los efectos de la crisis en el estrecho de Ormuz. No ha omitido que el planeta está sumido en una “revolución tecnológica gigante” por los avances con la inteligencia artificial. Ha indicado que su comisionado para la Euskadi Berria, José María Bilbao, coordinará una estrategia vasca sobre la materia.

El pleno, como es costumbre, ha levantado cierta expectación. Hasta cuatro emisoras de radio han montado 'sets' especiales para retransmitir la sesión en directo y, desde primera hora, los palcos y pasillos se han llenado de invitados. En la Cámara han coincidido desde el presidente del PNV, Aitor Esteban, hasta dirigentes de EH Bildu o del PSE-EE como Gorka Elejabarrieta o Miguel Ángel Morales. También han participado el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, los diputados generales, Ramiro González de Álava, Eider Mendoza de Gipuzkoa y Elixabete Etxanobe de Bizkaia, el titular del Ararteko, Mikel Mancisidor, y hasta el veterano Juan María Atutxa. En el exterior, varios colectivos han aprovechado para hacer visibles sus protestas y reivindicaciones.

La sección tercera de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha anulado el decreto para la normalización del euskera aprobado en febrero de 2024 por el Gobierno vasco, entonces con Iñigo Urkullu como lehendakari y Bingen Zupiria como consejero del ramo. La sala, compuesta por los magistrados José Antonio González Saiz, Trinidad Cuesta y Paula Platas, atiende un recurso de Vox pero aclara que la decisión es por defectos de forma —la insuficiencia de una memoria económica— y no por cuestiones de fondo. El fallo no es firme, ya que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El texto, que venía respaldado expresamente por consejeros de PNV y PSE-EE, excluyó en su redacción definitiva algunos puntos espinosos que habían sido objeto de recursos judiciales en el pasado. Regula el impulso del euskera en la Administración vasca, incluidos los funcionarios de Lakua pero también organismos como la Ertzaintza y Osakidetza y sociedades públicas, unas 140.000 personas. Vox, con un solo escaño en el Parlamento Vasco, y el PP han recurrido de modo regular las normativas de impulso a la lengua vasca. En paralelo, colectivos de la denominada 'euskalgintza' y fuerzas como EH Bildu e incluso algunos sectores del PNV han denunciado una “ofensiva” contra el euskera.

Esta resolución llega a pesar de que, en verano, el Tribunal Constitucional inadmitiera una cuestión de inconstitucionalidad del Superior vasco contra la ley de 2022 de la que emana este decreto, de nuevo por procedimiento instado por las derechas. En aquel momento, aunque se conocía que quedaban recursos pendientes, el Gobierno vasco dijo ver respaldada su política lingüística. Políticamente, el PNV promovió también un retoque de la norma de 2022 en busca de seguridad jurídica, aunque en esta ocasión sin consenso con los socialistas, su socio de Gobierno. Esa nueva ley requiere precisamente otro decreto en el que ya trabaja el Ejecutivo. Ahora Zupiria es consejero de Seguridad y la responsable de Política Lingüística es su compañera de gabinete Ibone Bengoetxea.

¿Por qué se anula el decreto? El Superior entiende que el Gobierno no atendió un informe con reparos de la Oficina de Control Económico, un órgano interno, que en un dictamen “amplio, detallado, muy elaborado y desde luego razonablemente convincente incluso para profanos” alertó de algunos problemas sobre las consecuencias financieras del reglamento. A partir de ahí, se afea al Gobierno que dijera que el decreto inicialmente no iban a tener repercusión económica y que luego presentara una memoria económica insuficiente. Se menciona, por ejemplo, que se “evidencia” la “ausencia de los necesarios créditos presupuestarios” para hacer frente a las exigencias. En definitiva, no entra como tal al fondo de la política lingüística o a valorar si las medidas de impulso del euskera son o no acertadas, sino a afear la forma de trabajar del Ejecutivo vasco.

La vicelehendakari Bengoetxea, horas después, ha afirmado que la sentencia “no cuestiona el objetivo de normalizar el euskera en la Administración”. “Vamos a seguir dando pasos en el camino de la normalización del euskera”, ha comprometido. Ha añadido que tienen capacidad de recurrir ante el Supremo y que, igualmente, pueden usar el futuro decreto para incorporar los elementos anulados con “seguridad jurídica”.

A Juan Mari Aburto le quedan todavía ocho meses de trabajo al frente del Ayuntamiento de Bilbao, pero este martes ha empezado el camino hacia su despedida al presidir el último pleno del estado de la villa. Él mismo lo ha dicho en su discurso: “no es una despedida formal” pero sí ha reconocido que se trata de un día “especial”. Uno en el que ha hecho balance de lo conseguido hasta ahora bajo su mandato, ya consciente de que será otro –Mikel Hidalgo– el que recoja su testigo en el PNV para pujar por la alcaldía en las próximas elecciones.

En una hora de discurso, Aburto ha repasado los proyectos finalizados y los que están en marcha y, en tono emocionado, ha hablado de su “legado” y de cómo le gustaría ser recordado por la ciudadanía. Ha reconocido que se irá “con algunas cicatrices como alcalde y como persona”, pero ha querido poner en valor la política en tiempos convulsos y de populismo como los que vive el mundo: “La política, la buena política, merece la pena. Política como servicio público, política al servicio de la ciudadanía”.

En su intervención, el alcalde ha presumido de legado de doce años de gobierno “estable” en los que ha destacado los pactos con el PSE-EE: “Hemos liderado Bilbao con dos partidos diferentes, siendo un único gobierno”. También ha puesto valor que el equipo de Gobierno ha acordado 741 proposiciones con partidos de la oposición. Y ha sacado pecho de una ciudad con deuda cero en tres mandatos y un remanente de tesorería actual de 114 millones de euros. Igualmente, ha destacado el descenso de las personas en paro en más de 9.300 personas desde 2015, la eliminación de símbolos franquistas, o la mejora de accesibilidad en los barrios con la instalación de ascensores.

Tras recordar que queda mucho trabajo por hacer en los ocho meses que le restan a la legislatura, ha reconocido que “la gestión de este fin de mandato estará llena de emociones”. “Tengo defectos y fallos. He dado mucho compromiso y dedicación y hemos obtenido buenos resultados. En definitiva, he hecho y haré siempre todo lo que pueda por ayudar y mejorar la vida de mis conciudadanos”, ha señalado. “Política como servicio público, política al servicio de la ciudadanía”, ha insistido. Ha recordado que queda “casi un año para rematar la misión en este ayuntamiento” y por ello ha pedido a los concejales del equipo de Gobierno, y también a los de la oposición, “seguir trabajando y colaborando día a día para entregar un Bilbao mejor” del que se encontraron hace tres mandatos “al siguiente alcalde de la villa”.

Los partidos de la oposición han coincidido en agradecer a Aburto su dedicación en estos años, pero también en criticar un balance que han considerado demasiado autocomplaciente. “No hay una varita mágica”, ha señalado Aburto. “Necesitamos colaboración entre todos más que nunca y no polarización”, les ha pedido. “Bilbao, no merece que nos inmiscuyamos en discusiones que no nos llevan a ningún lado”, sino que “sigamos trabajando”, ha zanjado.

En su balance del estado de la villa, el alcalde ha vuelto a colocar la seguridad como “la primera prioridad”, como ya hizo en su discurso del año pasado, y ha destacado que se han realizado ofertas de empleo público todos los años para incrementar la plantilla de la Policía en 250 agentes, llegando a los 900. También ha destacado que se han firmado con la oposición –salvo el PP– pactos por la Seguridad Ciudadana “poniendo los intereses de la ciudadanía por encima de intereses partidistas”, que han permitido poner en marcha “las nuevas inspecciones vecinales de Corazón de María, Abando y Deusto” a la que se unirá la de Santutxu.

“Llevamos años donde la delincuencia ha ido creciendo, especialmente en los delitos de hurtos y robos. Ante esta situación la eficacia policial ha crecido por encima de la delincuencia poniendo a disposición judicial cada vez a más delincuentes gracias a la implicación y gran profesionalidad de los cuerpos policiales”, ha señalado Aburto, que ha considerado que es necesario “poner el énfasis en la reincidencia, aprovechando las últimas modificaciones normativas”.

Si la seguridad ha centrado parte del debate en la intervención posterior de los grupos, la vivienda ha ocupado un papel esencial. Aburto ha destacado la colaboración con el Gobierno vasco y la declaración de zona tensionada. Además, ha destacado que “2026 está siendo especialmente relevante para la política municipal de vivienda porque se están materializando proyectos que llevaban años de planificación”, entre los que ha destacado la puesta en marcha de la ordenanza municipal para movilizar la vivienda deshabitada. Por otra parte, ha destacado que el objetivo es “finalizar y entregar las promociones proyectadas de vivienda pública previstas en el mandato: la adjudicación de los 93 alojamientos dotacionales en Amézola, la entrega/adjudicación en el último trimestre de 63 viviendas adquiridas por el Ayuntamiento de Bilbao en Bolueta, o la primera fase de la construcción de 84 viviendas en el barrio del Peñaskal. Un gran hito, ya que podemos decir que este será el comienzo de la transformación de este barrio”.

Tras resaltar que dentro del plan de mandato 2023-2027 y las perspectivas para el año que viene están ya completadas el 14%, un 82% está en ejecución y un 4% en diferentes situaciones de puesta en marcha, ha destacado que la lucha del ayuntamiento contra la exclusión social, que concentra el 81,1% del gasto de Bizkaia (el 36,2% de toda la comunidad autónoma), y dispone del 79% de todas las plazas de Bizkaia. No obstante, ha recordado que Bilbao “no es una isla, pero tampoco puede serlo, ante este reto de presente y de futuro” y necesita “la ayuda e implicación de otras instituciones, en base cada una a sus competencias: el Gobierno español, el Gobierno vasco, la Diputación foral y el resto de los municipios de Bizkaia”.

Por ello, ha pedido ser “conscientes y consecuentes, solidarios y responsables” y ha solicitado que cumplan “todos” con sus “competencias” y “capacidades” porque “se está produciendo un desequilibrio en el modelo de cartera de los servicios sociales, tanto en los recursos como en las atenciones y en estos temas donde hay personas que sufren no vale mirar a otra parte o mirar solo a Bilbao, que 'siempre hace'. Ayudar a quienes peor lo pasan, sufren o están en situación de riesgo es tarea de todos”, ha advertido.

El alcalde también ha destacado en su intervención la necesidad de un turismo sostenible en la ciudad, “haciéndolo compatible con la calidad de vida de la ciudadanía”, y ha señalado que se está trabajando en “el estudio de los flujos y la presión turística en la ciudad, cuyo informe aportará las variables y datos necesarios para la toma de decisiones”. Por otra parte ha resaltado proyectos de futuro estratégicos para la ciudad como Zorrozaurre, Punta Zorroza, la estación de la alta velocidad en Abando o los planes urbanísticos para Artxanda u Olabeaga.

EH Bildu: entre el “muro contra el fascismo” y “la alternativa que toca a la puerta”

La portavoz de EH Bildu Bilbao, María Del Río, ha reivindicado políticas municipales que “ayuden a construir un muro de dignidad desde ya contra el fascismo y la ultraderecha, sin esperar a las elecciones” porque “la reacción autoritaria ya está aquí”. Además, ha señalado la necesidad de acuerdos amplios porque “son mejores y más efectivos” y ha advertido al Gobierno municipal de PNV y PSE-EE de que “la época de las mayorías absolutas y sus rodillos ha terminado”. “La alternativa toca a la puerta”, ha asegurado la también candidata.

Ha recordado que EH Bildu ha apostado por “un modelo de gobernanza cooperativo, buscando planificar políticas públicas con una base más amplia y, como consecuencia, más eficaces”, pero ha reprochado al Gobierno municipal que sus propuestas “de negociación” han sido “rechazadas directamente o descartadas con excusas peregrinas, incluso cuando se proponían formas de negociación que han funcionado en otras instituciones”. La portavoz de EH Bildu se ha referido también a las desigualdades entre los bilbaínos por “el código postal”. “No es aceptable que vivir a un lado o a otro del puente de Cantalojas influya en la esperanza de vida, o a un lado o a otro de la calle Autonomía, o vivir en Otxarkoaga o en cualquier otro barrio. A esta realidad también hay que darle respuesta”, ha advertido.

En referencia al turismo, ha advertido que “no se trata de decir 'turistas sí o 'turistas no'”, sino de “analizar el impacto de una industria, en este caso la industria turística”. “Hasta dónde queremos llegar, hasta dónde vamos a celebrar los récords de visitantes y hasta qué punto podemos absorber y gestionar sus externalidades negativas, como son el encarecimiento de la vivienda, la monopolización del comercio y homogeneización cultural”, ha planteado. También ha considerado necesario “decidir qué pasos dar en la diversificación de la economía” que, según ha advertido, “no puede derivar en un mercado de trabajo dual, donde algunas personas trabajadoras viven con una relativa estabilidad y sueldos decentes, y otros, u otras, mejor dicho, encadenan trabajos precarios que, por mucho que sean a jornada completa, no dan para vivir”. “Y hay que empezar desde casa, desde los pliegos y la contratación pública, ya que no podemos olvidar que las trabajadoras de la limpieza de interiores vuelven a la huelga en Bilbao en contra de la brecha salarial”, ha subrayado.

Elkarrekin: “Promesas incumplidas y proyectos inacabados”

La portavoz de Elkarrekin en Bilbao, Ana Viñals, ha afirmado que el Gobierno del PNV y PSE-EE, tras tres mandatos, deja “un legado de promesas incumplidas y proyectos inacabados” y ha lamentado que el diagnóstico del regidor jeltzale sobre el estado de la villa “sigue pecando de los mismos errores” y su ejecutivo “sigue tropezando en las mismas piedras: el conformismo, la inercia política y la autocomplacencia”. Tras agradecer a Aburto su “compromiso con Bilbao”, ha afirmado que su Gobierno “va a terminar sin una impronta bien definida” y si una “gran herencia para la villa”.

También se ha referido Viñals a la “desigualdad social de los barrios” y ha señalado que “la exclusión social de las calles es el origen de la mayoría de los problemas, tanto del ámbito de la seguridad como del ámbito de la convivencia”. Por ello ha afirmado que “se debería invertir mucho más para volver a recuperar el bienestar de la gente”. “En Bilbao cada vez más gente está en la cuerda floja” y, por eso, entre otras razones “los problemas de seguridad se agravan”, al tiempo que ha advertido que “cuando se da una integración precaria, la convivencia se daña”. Y ha recordado que en Bilbao, como en “muchos otros lugares del planeta se puede hablar de trabajadores pobres”, y ha señalado que “la desigualdad en Bilbao sigue teniendo un fuerte componente geográfico y sociológico”. Por esa razón, ha criticado, según pasaban los mandatos de Aburto y sus gobiernos, “la brecha de la renta entre barrios ha seguido creciendo”.

Tras pedir compromisos con los planes para mitigar el calor extremo y centrarse en la prevención ha criticado que planes actuales de innovación como el de Zorrozaurre “pecan de excesiva lentitud institucional, demasiada timidez presupuestaria y, además, existe un claro riesgo de generar una nueva burbuja inmobiliaria”. “En esta materia necesitamos también meter el timón, porque si seguimos al ritmo actual, corremos el riesgo de convertirnos en un parque temático gentrificado con pequeños parches tecnológicos. Zorrotzaurre no puede ser solo un campus privado universitario tradicional y oficinas de diseño”, ha dicho.

La portavoz de Elkarrekin, que es de Podemos, ha urgido a “dar una respuesta rotunda a la gran crisis de la vivienda” y ha considerado que dar respuesta a esta crisis tiene también mucho que ver con parar “la actual ola global fascista y reaccionaria que también ha llegado aquí”. “Si algo ha sabido hacer la ultraderecha es aprovecharse del malestar social ocasionado por la crisis de la vivienda y por el aumento de la pobreza y la exclusión social. El fascismo y la ultraderecha siempre han crecido explotando el sufrimiento humano. Se aprovechan de la ira y la frustración aparentando querer romper el sistema, pero lo único que están rompiendo es la convivencia y la cohesión social con el único objetivo de lograr el poder”, ha alertado. Viñals, que ha finalizado su intervención con un recuerdo a Gaza, ha asegurado que Bilbao “seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, una ciudad global construida por inmigrantes, impulsada por inmigrantes y, quizás algún día, dirigida por una persona inmigrante”.

PP: “Nada más importante que garantizar la seguridad”

La portavoz del PP, Esther Martínez, ha reprochado a Aburto su “automplacencia” y le ha acusado de pedir “sumisión” en vez de colaboración y no demandar “diálogo, sino allanamiento”. Aunque le ha deseado para su futuro “lo mejor en lo personal”, ha señalado que “en lo político, juzgarán los bilbaínos”. Martínez ha defendido que “no hay nada más importante que garantizar la libertad de los vecinos”, y ha denunciado que la ciudad “ésta está atenazada por unos índices de crímenes que se sostienen en máximos”. “La inseguridad genera miedo y el miedo resta libertad para vivir y convivir en nuestras calles. Es la principal preocupación de los bilbaínos y el mayor foco de eufemismos de su gobierno y de los compañeros del pacto de seguridad que se buscó”, le ha recriminado a Aburto. En este sentido, ha señalado que “hasta que no se ponga en marcha un plan integral de seguridad contrastado con profesionales de la materia y sin arrugarse ante los delincuentes no habrá manera de garantizar, como es obligación, la libertad de los vecinos”.

En cuanto a las políticas de vivienda ha considerado que son “tan erradas como dañinas” . “Nos han metido en las zonas tensionadas, una declaración que va a ser también un craso error y han estrangulado el alquiler generando inseguridad jurídica a los propietarios”, ha lamentado. Ha reconocido que el “éxito turístico” de Bilbao es “indiscutible”, pero ha advertido que el empleo “se concentra mayoritariamente en el sector servicios y hay, a día de hoy, menos base industrial”. “Bilbao no puede aspirar solamente a ser una ciudad estupenda para pasar un fin de semana”, sino que “tiene que volver a ser una ciudad referente para invertir, producir, emprender y también para vivir”. También ha subrayado las “desigualdades brutales entre los distritos y barrios”, ha advertido de la existencia de “un montón de comercio localizado en un solo distrito y barrios jalonados de lonjas vacías”, lo que, a su entender, es el resultado de “políticas conformistas, sostenidas en el tiempo, poco ambiciosas, que han ido minando las posibilidades de competir con otras ciudades y territorios para poder atraer actividad económica”. En cuanto a las ayudas sociales ha denunciado que en materia de inmigración se ha generado “un efecto llamada”. “En Bilbao ”cada vez damos más ayudas sociales“, pese a que ”cada vez hay más empleo“. ”Algo no cuadra“, ha dicho.

PSE-EE y PNV, satisfechos con el pacto

Desde los partidos del Gobierno, la portavoz socialista, Nora Abete, ha destacado que los socialistas han sido “leales” y han puesto, “por delante de sus diferencias, el buscar acuerdos y remar en la misma dirección”, al tiempo que ha llamado a “no buscar enemigos, sino practicar el acuerdo”. “Eso es lo que ha hecho grande a Bilbao y lo que seguirá haciéndola grande, y en ese acuerdo siempre estaremos los socialistas”, se ha comprometido.

En ese sentido, ha asegurado que el resultado de la apuesta de los socialistas por “compartir gobierno” con el PNV es “positivo para la ciudad y para nuestros vecinos”. “Se nota en los datos económicos, pero también se nota en algo más importante, en el día a día de las personas” porque “hoy vivimos más y mejor y vamos a seguir trabajando para que se viva más y mejor en todos y cada uno de los rincones de esta ciudad”, cree. A los socialistas les preocupa “mejorar” en los barrios “su convivencia, su comercio, su accesibilidad y su seguridad”, porque “la ciudad no se construye solo desde el centro, se construye barrio a barrio”. Por otra parte, ha recordado que hasta las elecciones, “quedan muchos proyectos que materializar” y “ni mucho menos estamos en el tiempo de descuento”.

Por su parte, Asier Abaunza, del PNV, ha puesto en valor todo lo conseguido hasta ahora, en línea con el balance del alcalde, y ha destacado que “frente al marketing de otras formaciones”, el Gobierno de Bilbao ha sido capaz de tomar decisiones difíciles. “Frente a la política de la pose, del quedar bien y del endulzar los oídos en el PNV, cogemos el toro por los cuernos, hacemos frente a los problemas y tomamos decisiones difíciles, aunque a veces nos cueste y nos suponga también un desgaste a nosotros”, ha señalado. Porque según ha asegurado, entienden la política “con seriedad y con responsabilidad, siempre teniendo a Bilbao y a su ciudadanía al frente de nuestras acciones y procurando llevar adelante nuestra ciudad y nuestra sociedad”. Lo que ha permitido que Bilbao lleve “desde hace más de 30 años siendo un referente internacional de transformación urbana”.

La portavoz del Gobierno vasco, la 'jeltzale' María Ubarretxena, ha lamentado que suscite “morbo” el intentar buscar “brechas” entre los dos socios del Ejecutivo coalición, PNV y PSE-EE. Sin embargo, ha recalcado que son “un único equipo” con un mismo “capitán”, el lehendakari Imanol Pradales, y que todos los consejeros, los de ambos partidos, reman “en la misma dirección” y “sin despistarse”, aunque el líder de los socialistas, Eneko Andueza, periódicamente eleve la tensión.

Por el contrario, la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, que también es María Ubarretxena y a cuyo cargo están los servicios jurídicos del Ejecutivo, ha asegurado que ese Gobierno “único” no ha hecho aún una “valoración” de la recentísima sentencia del Tribunal Constitucional que ha tumbado el recurso contra la ley estatal de Vivienda de 2023. Sin embargo, ha orillado que al poco de conocerse la noticia ya hubo una comunicación oficial del consejero socialista, Denis Itxaso, que celebró la derrota de su propio Gobierno en un pleito muy singular.

Más allá del “morbo”, las discrepancias en materia de Vivienda se acumulan desde hace años, aunque en puridad en los últimos tiempos se han suavizado con algunos acuerdos. En el caso concreto del recurso al Constitucional, fue promovido exclusivamente por la parte del PNV de la coalición en 2023 y contra el criterio del PSE-EE, que dirige Vivienda. Entonces el “capitán” era Iñigo Urkullu y el consejero Iñaki Arriola.

“No disponemos lamentablemente de la sentencia”, ha insistido Ubarretxena sobre el fallo, publicitado en la web del Constitucional. Y ha agregado: “La tenemos que leer para hacer una valoración más completa”. Asimismo, ha remarcado que hay “cinco votos particulares” y que será oportuno igualmente analizarlos para extraer conclusiones. “No, no se ha realizado ninguna valoración”, ha insistido.

Otro foco de tensiones sobre las relaciones del Ejecutivo vasco con el de Pedro Sánchez. En julio se suspendió una 'cumbre' bilateral entre Pradales y Sánchez por los retrasos en acuerdos para completar el Estatuto de 1979. Ubarretxena ha asegurado que viajará este miércoles a Madrid para dialogar sobre los puertos de interés general, los de Bilbao y Pasaia. El PNV insiste en demandar más autonomía y los socialistas se niegan al traspaso, al ser una competencia exclusiva del Estado.

El jueves, en la sesión de política general que celebrará el Parlamento Vasco, se espera que Pradales denuncie que Sánchez está ya en los “minutos de descuento” por su falta de capacidad de para gobernar con estabilidad. “Tenemos muy buena relación. Hemos tomado café todos juntos [antes del Consejo de Gobierno]”, ha insistido, por el contrario, la portavoz Ubarretxena.

PNV y PSE-EE han registrado en el Parlamento Vasco una solicitud para celebrar una sesión monográfica sobre la situación, los retos y las políticas de seguridad pública en Euskadi. El objetivo es plantear un debate “riguroso y sereno” sobre esta cuestión, sin “negar” los problemas que existen pero evitando el “alarmismo” con fines políticos, alegan los partidos que integran el Gobierno vasco.

El debate tomaría como punto de partida las conclusiones del 'Basque Segurtasun Foroa', impulsado por el propio Ejecutivo y se enmarcaría en el proceso de elaboración del nuevo 'Plan Integral de Seguridad 2026-2030', según han informado ambos partidos en un comunicado. La mecánica habitual de estos debates es que al final se voten resoluciones.

Nacionalistas y socialistas estiman necesario plantear un debate “riguroso y sereno” en torno a la seguridad pública en Euskadi. Estas dos formaciones han recordado que la seguridad “constituye una condición necesaria para el ejercicio efectivo de los derechos y las libertades, para la convivencia democrática y para el normal desarrollo de la vida cotidiana”. Añaden que proteger a las personas, sus bienes y el patrimonio colectivo, prevenir los riesgos, y ofrecer una respuesta eficaz ante las emergencias “son responsabilidades esenciales de los poderes públicos y forman parte de la calidad de los servicios públicos que recibe la ciudadanía”, informa Europa Press.

“Ante los que niegan los problemas de seguridad y los que los utilizan políticamente, nosotros creemos que hay que hablar de las cosas tal y como son”, ha afirmado el portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Diez Antxustegi. El representante 'jeltzale' ha reconocido que “hay problemas de seguridad”, por lo que ha afirmado que es necesario “admitirlos para poder resolverlos”. “Por eso proponemos un espacio para poder analizar con sosiego, mucha serenidad y rigor, un asunto que afecta directamente al día a día de todas las personas que vivimos en Euskadi”, ha añadido.

Por su parte, la portavoz de Seguridad del PSE-EE, Miren Gallástegui, ha destacado que las políticas de seguridad “deben construirse desde el rigor, sin negar las preocupaciones existentes en la sociedad, pero tampoco sobredimensionarlas ni alimentar discursos alarmistas”. En este sentido, ha considerado que la respuesta de las instituciones debe basarse en datos contrastados, en el conocimiento del territorio y de los cambios sociales, en la escucha de la ciudadanía, y en la evaluación permanente de las medidas adoptadas.

PNV y PSE-EE consideran que el Parlamento Vasco debe contribuir a “construir un diagnóstico compartido, fijar las prioridades políticas, y favorecer acuerdos amplios sobre el modelo de seguridad que Euskadi necesita para los próximos años” sobre la base del foro. Tras 33 encuentros y la participación de cerca de mil personas procedentes de instituciones, cuerpos policiales y servicios de emergencias, organizaciones sociales, agentes económicos, ámbitos educativos, asociaciones y ciudadanía, el 'Basque Segurtasun Foroa' ha finalizado ya su camino.

El curso político, oficiosamente, ya está en marcha en Euskadi. Oficialmente, eso sí, toca esperar hasta este jueves, con la celebración del debate de política general en el Parlamento Vasco. La Cámara se reactiva el 17 de septiembre después de casi tres meses de parón estival, salvo algunas pocas excepciones de escasísima repercusión. Sin embargo, el foco en la temporada 2026/2027 estará en la triple cita electoral. Por un lado, las elecciones municipales y forales de mayo de 2027; por otro lado, las generales, que no tienen fecha definida a expensas del calendario que pueda fijar Pedro Sánchez. Las autonómicas quedarán para 2028.

En este contexto, se están sucediendo las noticias sobre designaciones de candidatos por parte de los cuatro principales partidos, PNV, EH Bildu, PSE-EE y PP, aunque faltan todavía algunas piezas para completar el rompecabezas. Sigue siendo una incógnita cómo se presentará la izquierda alternativa no abertzale. En 2023 se articuló el espacio Elkarrekin para las forales y municipales, con Podemos, IU y otras fuerzas unidas, mas en las generales de ese mismo año ya apareció Sumar y se inició después una división que se mantuvo en las autonómicas. En el extremo derecho, Vox seguramente dispondrá de más candidaturas que hace cuatro años y, de hecho, aspira a mejorar su reducidísima presencia local actual, que se limita a un escaño de 51 en las Juntas Generales de Álava y ningún concejal en toda la comunidad autónoma.

Las candidaturas confirmadas, formalmente o a través de declaraciones públicas, son las que constan en las tablas que acompañan a esta información. Quedan aún algunas incógnitas. Mientras las piezas están claras en Bilbao y Donostia, el PNV de Álava no se ha pronunciado aún: ¿seguirá Ramiro González para un cuarto mandato en la Diputación? y ¿una vez recolocada Beatriz Artolazabal, quién será el nuevo cartel en Vitoria? La respuesta llegará después del Alderdi Eguna de finales de mes. Por otro lado, varios medios alientan la idea de que el PSE-EE lleve al consejero Denis Itxaso a Donostia, aunque el líder de los socialistas guipuzcoanos, José Ignacio Asensio, ya dijo claramente en este periódico que la candidata será Ane Oyarbide.

EH Bildu, de su lado, solamente tiene pendiente de confirmar que Rocío Vitero, que ganó las elecciones en 2023 pero no pudo gobernar, repetirá en Vitoria. Por lo demás, ha apostado por el continuismo con la excepción del fichaje de Nerea Kortajarena, de gran peso político, para la batalla de Donostia contra Jon Insausti. Insausti encara los comicios con un perfil muy diferente al de su homólogo Mikel Hidalgo. El uno dispone de todos los focos del poder y el otro tiene que hacerse hueco a la sombra de Juan María Aburto. De ahora en adelante, eso sí, los fines de semana se van a llenar de actos políticos.

La Diputación Foral de Bizkaia ha aprobado este jueves en Consejo de Gobierno el proyecto de norma foral original presentada por el PNV en Madrid y orillando el acuerdo fiscal de mínimos pactado por PNV y PSE-EE y que se hizo público hace unos días. De hecho, la aprobación se ha llevado a cabo con el Gobierno foral dividido, ya que la norma ha salido adelante sólo con los votos del PNV y con la abstención de las dos miembros socialistas del Ejecutivo foral, Teresa Laespada y Sonia Pérez Ezquerra. Esto significa que la norma entrará en las Juntas Generales con todas las medidas presentadas por la diputada general en Madrid ante representantes del mundo empresarial, entre ellas las más polémicas para su socio de gobierno, como las deducciones por seguros médicos privados o por la asistencia a gimnasios privados, y la reforma tendrá que negociarse entre los grupos.

La portavoz de la Diputación, Leixuri Arrizabalaga, ha confiado en que se aprueben todas las medidas que contempla el proyecto porque “son beneficiosos para el territorio” y para la ciudadanía, ha dicho, aunque ha reconocido de que “dependerá de la negociación de los partidos”. “Ahora comienza en la negociación y las propuestas entre los diferentes grupos políticos, pero esta es la postura del PNV”, ha señalado, tras recordar que el pacto con el PSE-EE es “un acuerdo de mínimos”. Ante la oposición del PSE-EE a algunas de las medidas, la portavoz del Ejecutivo foral se ha abierto a negociar con otros partidos.

De entrada, el líder de los socialistas vascos, Eneko Andueza, ha señalado este mismo jueves en una entrevista en Euskadi Irratia que su partido mantendrá la coherencia sobre la reforma hasta el final dando a entender que mantendrá su oposición tal y como la plantea el PNV de Bizkaia. Desde el PSE-EE han puntualizado que la abstención en el Consejo de Gobierno “representa su disposición a debatir sobre el texto”, pero que no comparten “ni en el fondo ni en la forma” alguna de las iniciativas recogidas en el documento. En este sentido, han reiterado que “el principal objetivo es que las medidas aporten bienestar no solo a unos pocos, y que apuesten por los servicios públicos” han manifestado. Y han remarcado: “Si gobernamos juntos, decidimos juntos”.

De momento, los partidos de la oposición han puesto de manifiesto las cada vez más evidentes discrepancias entre los socios de Gobierno. “Las diferencias del PNV y PSE-EE en fiscalidad dejan en evidencia la inestabilidad de los gobiernos que conforman”, han señalado desde EH Bildu. “Improvisación, desacuerdo, falta de consenso en cuestiones que son estratégicas. En definitiva, inseguridad ante la ciudadanía. Esto es lo que han proyectado el PSE-EE y el PNV en el debate sobre la fiscalidad”, ha señalado el portavoz de la formación en las Juntas Generales de Bizkaia, Iker Casanova.

De igual forma, la portavoz de Elkarrekin, Eneritz de Madariaga, ha reiterado que PNV y PSE-EE “llegar al final de la legislatura exhibiendo sus diferencias en política fiscal” y ha considerado que ya con el acuerdo de mínimos entre ambas formaciones se dejaba entrever que “más que una política fiscal común parece un intento de que cada socio salve su posición y su relato a pocos meses de las elecciones”. Además, ha insistido en que la norma foral planteada por la Diputación de Bizkaia se aleja del espíritu de la reforma fiscal acordada hace apenas un año con Podemos, la pata principal de Elkarrekin. “Exigimos coherencia con aquel acuerdo. No aceptamos que, apenas un año después, se utilice una nueva norma tributaria para abrir vías de reducción de la tributación, ampliar privilegios fiscales. La reforma aprobada con nuestros votos avanzó hacia un sistema fiscal más justo y redistributivo, y no vamos a contribuir ahora a desandar el camino avanzado por la puerta de atrás”, ha señalado. Por su parte desde el PP, habían considerado el pacto PNV-PSE-EE una rebaja de las propuestas realizadas por Bizkaia en Madrid.

PNV y PSE-EE pactaron un documento de mínimos que ha quedado superado poco más de una semana después de anunciarlo nada más arrancar el mes de septiembre. Con el documento se pretendía presentar una reforma fiscal 'armonizada' entre los tres territorios después de la tormenta desatada entre ambas formaciones por las medidas anunciadas en Madrid por Elixabete Etxanobe, que el PSE-EE aseguró que no se habían consensuado con ellos, y que incluso el propio secretario general del partido, Eneko Andueza, tachó de proyecto de “sesgo neoliberal”. De hecho, el documento suscrito por las cúpulas de ambas formaciones no incluye todas las medidas propuestas por la diputación vizcaína. Es el caso, por ejemplo, de las desgravaciones por los seguros médicos privados, una medida que no gustó nada en las filas de los socialistas, o las deducciones por gastos en gimnasios privados. También se modifican a la baja algunas desgravaciones del IRPF para atraer talento. Ahora el documento vuelve a estar en las Juntas Generales de Bizkaia tal y como se presentó ante la cúpula de la CEOE y varios dirigentes empresariales que alabaron la reforma. Estas son algunas de las medidas del anteproyecto sobre las que tendrán que negociar los partidos a partir de ahora en las Juntas de Bizkaia:

Seguros médicos y gimnasio

Se incorporan medidas supuestamente destinadas a mejorar la calidad de vida y hacer así el territorio más atractivo para trabajar, y que son las que más polémica han suscitado con los socios socialistas. Por ejemplo, deducción del 20% sobre las primas de seguros sanitarios privados, con una base máxima de 1.500 euros por persona asegurada, o una deducción del 20% para gastos en gimnasios y actividades deportivas, con una base máxima de 1.000 euros. En el caso de que estos servicios estén facilitados directamente por las empresas, no tendrá la consideración de retribución en especie para los trabajadores.

También se incentiva la formación continua y la formación dual, incorporando una deducción del 20% de los costes salariales asociados a contratos vinculados a estos programas, además de una deducción del 5% por la adquisición de vehículos nuevos vinculada al achatarramiento previo de vehículos con más de diez años de antigüedad.

El anteproyecto incorpora por último un capítulo dedicado al reconocimiento y la reparación de las víctimas de abusos sexuales sufridos durante la infancia y la adolescencia y plantea la exención total sin límite cuantitativo de todas las indemnizaciones a menores por daños físicos o psíquicos sufridos en el ámbito de la Iglesia y también en otras entidades.

Estas actuaciones, ha explicado Itxaso Berrojalbiz, buscan “facilitar los procesos de reparación y reconocimiento de las personas afectadas, situando a las víctimas en el centro de la respuesta institucional y reforzar el compromiso de Bizkaia con la protección de los derechos de la infancia y la atención a quienes han sufrido situaciones de especial vulnerabilidad”.

Impulso al arraigo empresarial y participación de los trabajadores

Para favorecer la transmisión de empresas y facilitar la continuidad en Bizkaia se incorpora una reducción del 30% en las plusvalías generadas en determinadas transmisiones de empresas siempre que garanticen la continuidad de la actividad empresarial y el empleo. La participación de los trabajadores en las empresas se quiere potenciar añadiendo ventajas fiscales de hasta 12.000 euros anuales por trabajador en el caso de que reciban acciones o participaciones en la empresa, así como acceso a préstamos en condiciones favorables para incorporarse como socio o socia de una cooperativa o adquirir participación en la empresa.

Medidas para atracción y retención de talento

Uno de los objetivos fundamentales es conseguir que las empresas cuenten con personal cualificado, consiguiendo atraer talento, o que regresen los que optaron por salir de Euskadi para buscar empleo. En anteproyecto de norma foral contempla deducciones en el IRPF para lograr la atracción de ese personal. Entre ellas, un 50% de la exención sobre los rendimientos derivados de su actividad profesional, un porcentaje que se eleva hasta el 60% para menores de 36 años. También se incorpora un nuevo gasto deducible para compensar la movilidad geográfica por motivos laborales de 2.000 euros anuales durante el año del desplazamiento y los tres siguientes. La cantidad será de 3.000 euros si se trata de menores de 36 años.

Vivienda de alquiler

Precisamente por el peso que tiene la escasez de vivienda asequible a la hora de optar por Euskadi como destino, el anteproyecto de norma incluye también el impulso a un modelo de colaboración público-privada desde la fiscalidad para facilitar el alquiler de interés social de personas con dificultades de acceso al mercado residencial. En este sentido se incluye nueva deducción del 15% para las cantidades depositadas en cuentas destinadas a la adquisición de participaciones en fondos orientados al impulso del arrendamiento de vivienda de interés social, con un límite de deducción de 750 euros anuales. Con ello se pretende “movilizar el ahorro privado hacia proyectos con impacto social y ampliar la oferta de vivienda accesible para jóvenes, personas desplazadas por motivos laborales o colectivos en situación de vulnerabilidad”.