En la sesión fotográfica previa a la entrevista, los maquinistas de los tranvías de Vitoria saludan a la su máxima jefa desde el verano de 2024, la consejera de Movilidad Sostenible. Susana García Chueca (Donostia, 1969) es de la parte del PSE-EE del Gobierno de coalición de Imanol Pradales, del PNV. “Me conocen porque voy a las cocheras a ver cosas”, asegura. En estos meses, se está dando a conocer en redes sociales como TikTok o Instagram con vídeos de tono distendido. Antes, cuenta, no sentía que fuese fotogénica.

La conversación tiene lugar después, una sala junto a su despacho, ubicado en la séptima planta de la parte vieja del complejo gubernamental de Lakua. Allí hay mapas de redes ferroviarias en las paredes para facilitar las explicaciones. La consejera colecciona también sellos de Correos dedicados a unidades de Euskotren y tiene una maqueta de un 'fosterito' del metro de Bilbao, así como grandes fotografías antiguas en blanco y negro. En otra estancia cuelga una camiseta histórica del Baskonia de cuando los ferrocarriles vascos no tenían ni un solo servicio en Vitoria, pero patrocinaban al equipo de baloncesto.

Exconcejal en Donostia, exjuntera en Gipuzkoa y exmiembro de la ejecutiva del PSE-EE, García Chueca ha asumido ahora una cartera inversora, con una batería de frentes abiertos. Le ha tocado poner en marcha la transferencia de la gestión de las Cercanías de Renfe o gestionar reformas casi generales en la red del Topo de Donostia, por ejemplo. Y, como a todos los ocupantes de su silla en últimos lustros, carga con la construcción de la 'Y vasca' de alta velocidad. Eso sí, a diferencia de sus aventurados predecesores, ya no se atreve a poner fechas. El encuentro coincide con el estallido de las noticias sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Ella le cree “inocente” y recuerda su papel en Euskadi en la época del final de ETA.

¿Cuánto usa la consejera de Movilidad el transporte público?

No tanto como me gustaría… Debido a mi cargo, tengo que hacer desplazamientos constantes y continuos. Evidentemente, no van a poner un transporte público ‘ad hoc’ para mis horarios y mi vida. Pero, cuando no estoy trabajando, todo el rato. Yo no utilizo el coche en San Sebastián. 

Desde 2022 hay descuentos en los distintos modos de transporte público. ¿Esto ha venido para quedarse?

Vino como consecuencia de una situación de incremento de precios por la invasión de Ucrania por Rusia. Siempre se ha dicho que era coyuntural, aunque desde septiembre de 2022 han pasado ya unos años y seguimos con ello. Desde el Departamento de Movilidad siempre nos hemos preparado para la posible finalización de estas bonificaciones. ¿Qué hemos hecho en este tiempo? Hemos implantado como medida de carácter estructural la gratuidad de los menores hasta 12 años en el transporte público de todo Euskadi. Y luego tenemos el compromiso de que, si finalizan estas bonificaciones, iremos a una bonificación del 20% para todas las personas que más usen el transporte público. Eso es algo que está acordado en el Parlamento Vasco y con el resto de instituciones. 

Hace ya años que se habló de un modelo progresivo en función de la renta y del uso. ¿Esto cuándo va a ser una realidad?

Es verdad. En Euskadi tenemos otra hoja de ruta. La ley de Movilidad Sostenible marca que en el sistema de transporte vasco los operadores más grandes fuésemos interoperables. Eso se consiguió el año pasado. Ha costado, pero se ha conseguido. Ahora, el siguiente objetivo es la integración tarifaria, que es de lo que me preguntaba. Esto también es un acuerdo parlamentario y un acuerdo interinstitucional para que se bonifique de mayor forma a aquellas personas que más usan el transporte público. Y, luego, según pertenezcas o te encuadres en distintos colectivos, como por ejemplo las personas jóvenes o las personas en situación de vulnerabilidad. Todo esto se está trabajando. En Gipuzkoa ya está implantado desde hace unos años y estamos avanzando ahora mismo en Bizkaia y en Álava.

¿Y para cuándo?

No depende tanto de lo que quiera el Gobierno vasco como de los territorios. Pero de aquí a no mucho vamos a tener novedades.

¿Y se va a llegar con ese modelo a la gratuidad total en algunos supuestos?

A partir de determinados viajes, si no es gratuito, será prácticamente gratuito. Igual que pasa en Gipuzkoa.

¿Cuánto dinero se ha invertido en estos descuentos?

Son más de 50 millones los transferidos a los operadores para pagar los descuentos.

¿Y estos recursos públicos se han reducido de otras partidas como la renovación de flotas o el mantenimiento de infraestructuras?

En absoluto. Hemos ido a más. Toda la planificación, que además la hacemos con tiempo suficiente, está hecha desde hace años y hemos ido licitando las nuevas unidades que necesitábamos para la puesta en marcha de los distintos nuevos servicios. No hemos reducido ni un euro.

A la luz del accidente de Adamuz, el PNV dijo que no era así. De hecho, puso en cuestión que una política general de descuentos podía llevar a no invertir lo suficiente en otras cuestiones.

Creo que eso era inexacto. Y, en mi opinión, poco acertado.

Según palabras textuales suyas, 2026 es el gran año para el transporte ferroviario en Gipuzkoa. ¿Qué va a suponer el nuevo Topo? ¿Y cuándo se inaugurará exactamente?

Es una operación que se inició hace unos años. Primero, alcanzando los barrios más altos en San Sebastián. O mejorando sustancialmente la estación de Herrera, cerca del puerto de Pasaia. Lo que estamos buscando es mejorar las frecuencias en el conjunto del territorio. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Con la puesta en marcha de las pasantes este año. Primero, Altza y Galtzaraborda el 18 de julio. Y luego la de Donostia, que vendrá antes del parón navideño. Vamos eliminando los fondos de saco en Altza y en Amara. Al no tener que hacer rebotes, se va ganando tiempo para mejorar las frecuencias. Igualmente, se están duplicando las vías. La mayoría de la red de Topo en Gipuzkoa sólo tenía una vía. Hemos ido haciendo obras que nos permiten cruzar trenes y ganar tiempo. 

Decir que con los descuentos no se invierte en otros ámbitos creo que es inexacto. Y, en mi opinión, poco acertado.

¿En todo el territorio?

Sí. En Zumaia estamos haciendo unas cocheras nuevas. Hemos reformado la estación para hacerla accesible y segura, eliminando paso a nivel y ampliando además el acceso subterráneo. Estamos ahora haciendo las obras de desdoblamiento de vía entre Itziar y Deba. Estamos desdoblando vía en Aginaga, y acortando además trayecto porque estamos haciendo un túnel. En Antzuola también estamos desdoblando vía. Queremos mejorar las frecuencias a la mitad. Donde ahora son 30 minutos, que sean 15. Y donde es una hora, 30 minutos. Todo esto se hace teniendo una concepción amplia de toda la red. Recientemente, habrá visto que también hemos licitado ya el desdoblamiento de vía hacia Oiartzun desde Errenteria. Vamos a seguir en obras una vez que pongamos en marcha la pasante de Altza y Galtzaraborda este 18 de julio. 

¿Y hacia el otro lado?

En Irún tenemos firmado un protocolo tanto con el Ayuntamiento como con Adif para hacer una estación nueva que acercamos a la estación intermodal de Irún, que este año también inauguramos. Ahí confluyen las líneas de media-larga distancia, las futuras de alta velocidad, la estación de autobuses y nuestro Topo. Vamos a trasladar la estación de Colón, habrá una nueva también en Ventas, vamos a mejorar el apeadero de Belaskoenea. Y vamos a tener trenes nuevos. Por supuesto que no hemos dejado de comprar por pagar bonificaciones. Por eso hablamos de revolución y no sólo por la puesta en marcha de la pasante de Donostia. Toda esta operación nos lleva a pasar de un servicio de Topo del siglo XX a un servicio del siglo XXI de tipo metro.

Antes a esto se le llamaba metro de Donostialdea. ¿Por qué ya no?

Como ve, es un servicio ferroviario para el conjunto de la metrópoli, desde la costa hacia el interior. Y luego está un segundo paso, el intercambiador de Riberas de Loiola de San Sebastián. ¿Esto qué es? Es un punto en la ciudad donde confluyen, por un lado, las vías de Adif, que son de media-larga distancia, Cercanías y ya también de alta velocidad, colocadas ya por ETS por encomienda de gestión y, por otro lado, las del Topo. Es una intervención fundamental para conectar con el resto de Gipuzkoa hacia Tolosa-Brinkola. Por eso es tan importante la eliminación de los fondos de saco. 

¿Y de Hendaya hasta Baiona? Fue una promesa que estaba recogida en el programa de Gobierno.

Bueno, ahí está. Pero aquí hemos topado con los amigos franceses. El viceconsejero está trabajando en un proyecto europeo que se llama TransferMugi para ver cómo nos conectamos con esa parte del territorio francés. El Topo ya llega Hendaya y estamos trabajando para que Cercanías llegue a Hendaya también. Seguiremos trabajando para llegar Baiona. Pero no está sólo en nuestra mano.

Donostia va a pasar en 2026 de un servicio de Topo del siglo XX a un servicio del siglo XXI de tipo metro

¿Qué balance se puede hacer de la transferencia de Cercanías de Renfe después de año y medio?

Un balance muy intenso. Lo digo honestamente: creo que estamos mejorando, aunque seguramente para la ciudadanía muy poco a poco. Se están dando pasos y avances muy importantes, aunque todavía no son demasiado visibles. Pero hay ya ciudadanas y ciudadanos que se me acercan y me dicen ‘Oye, que la C-3 [de Bilbao] va mejor’. Renfe está mejorando en comunicación hacia las personas usuarias. Asumimos una transferencia después de muchos años de una determinada prestación del servicio, con unos modos que difieren de los que nosotros estamos acostumbrados en nuestra red con nuestro gestor, que es Euskotren. Lo primero que hemos tenido que hacer es hablar el mismo lenguaje. 

Incidencias hay…

En Gipuzkoa, el Ministerio está en obras desde hace un cierto tiempo y eso ha perjudicado el servicio de Cercanías. Ahora ya tenemos un horizonte para que la infraestructura esté ya terminada y podamos recuperar frecuencias y mejorar el servicio sustancialmente. Su competidor en carretera es la Nacional I, que es un horror. Un verdadero horror. Hay accidentes, todos los días está colapsada y esto va a suponer un desahogo fundamental. Desde luego, una mejora en la calidad de vida de la gente. Porque el tren es fiable. Y la gente lo está valorando así. Incluso con estos años de obras la gente no se ha terminado de bajar. Lo que espero ahora es que van a subir mucho más. 

¿El estado de la infraestructura es bueno? En Catalunya, con Rodalies, está habiendo muchísimas incidencias. 

Evidentemente, la red tanto en Bizkaia como en Gipuzkoa necesitaba mejoras. En la transferencia pactamos con el Ministerio unas inversiones de en torno a los 500 millones. Eran para mejorar estaciones, eliminación de pasos a nivel, mejora de apeaderos o puesta en marcha de nuevos servicios. Igual para la percepción ciudadana es lento, pero puedo decir que estamos yendo a muy buena velocidad para lo complicado que es todo. Y pactamos esos 500 millones y a mí me consta que Adif va a invertir más en Gipuzkoa. Y en Bizkaia también se están realizando obras en estaciones. En Ortuella, por ejemplo. O en Barakaldo. Y se están redactando los proyectos para la eliminación de los doce pasos a nivel en Zalla. 

¿Cuándo veremos los trenes rotulados como Lottu? ¿O se ha renunciado a esta idea?

No hemos renunciado. Ya los veréis.

¿Y no hay un plazo?

Dependemos de disponer de los trenes. No vamos a ir a rotular trenes que sabemos que igual luego hay que cambiar. Vamos a esperar a que Renfe nos vaya entregando el material móvil comprometido e iremos incluyendo nuestra marca.

¿Se contempla la puesta en marcha de nuevas estaciones de Cercanías en Vitoria? Es una petición recurrente por parte de la oposición y de sectores sociales.

Sé que hay un estudio de movilidad en el Ayuntamiento de Gasteiz donde esto se ha contemplado. Y les hemos ofrecido colaboración. También hay un compromiso foral. Evidentemente, tanto Renfe como Adif, además del departamento, tendremos que opinar y teniendo en cuenta también los desarrollos futuros que vienen con el tranvía a Zabalgana y cómo eso va a incidir.

¿Eso es una puerta abierta a que sí haya más paradas?

Es una puerta abierta, claramente, a colaborar en el estudio de la conveniencia de que haya nuevas paradas.

En el programa de Gobierno se hablaba de ampliar el tranvía de Vitoria hasta el Fernando Buesa Arena. ¿Esto cuándo se podrá concretar?

Era un compromiso de estudiar esa línea y lo cumpliremos. Evidentemente, tenemos un período de cuatro años para cumplir el acuerdo de Gobierno. Ya le he mostrado que en estos dos años hemos avanzado muchísimo en muchos aspectos y tenemos que ir priorizando.

¿El compromiso es solamente estudiar esa opción?

Lo que se comprometió en el acuerdo de Gobierno era estudiar esa posibilidad, sí.

Hay una puerta abierta, claramente, a colaborar en el estudio de la conveniencia de que haya nuevas paradas de Cercanías en Vitoria

¿La antigüedad de la infraestructura del metro de Bilbao y de sus convoyes, que ahora se van a se van a ir renovando, empieza a pasar factura a la calidad del servicio?

Metro Bilbao no lo gestiona el Departamento de Movilidad, pero yo no creo que se haya visto tan deteriorado el servicio. El deterioro del servicio no ha sido la punta de lanza para ir hacia la renovación no sólo de las unidades, sino de elementos de seguridad o control. ¿Por qué se ha hecho? Se está previendo un incremento de demanda y de uso al que se quiere responder en términos no sólo de seguridad sino de confort. ¿Para qué? Pues para que la gente se anime a viajar en el transporte público y que no se vaya al uso del vehículo privado. 

¿Y el hecho de que el gran proyecto en Bizkaia sea la subfluvial, que es una inversión multimillonaria, no va un poco en contra de esta filosofía de promover el transporte público?

Es un proyecto foral.

Proyecto foral que en su día impulsó el actual lehendakari.

[Silencio]

Se cumplen este año veinte años de la primera piedra de las obras de la alta velocidad en Euskadi. No están yendo precisamente a alta velocidad.

Bueno, han tenido sus momentos. Una obra de esta magnitud… En fin, siempre es complicado. En Euskadi, todo se complica bastante más por distintos factores, como bien sabe. Y no me voy a ir a otros temas [por ETA]. Hablo de las características orográficas de la red, que en un 80% transcurre en viaducto o en túnel. Eso ya nos distingue respecto a casi todo el resto de la península salvando Asturias. Y si una obra que de saque le cuesta arrancar, de repente, tiene un parón de siete años…

¿Con los siete años se refiere al mandato de Mariano Rajoy?

Efectivamente. Arrancar de nuevo vuelve a costar y no vamos a poder salvar esos siete años de parón. Si se mira el cuadro de inversiones se ve que, hasta el 2011, hubo un incremento de inversión muy importante. Pero desde 2012 hasta 2018 prácticamente hubo un valle. En 2018, el gráfico empezó otra vez a ir hacia arriba. Ahora estamos en un nivel de inversión del Estado otra vez muy importante. Como digo, no podemos salvar esos años, pero sí que está en nuestra mano acelerar todo lo que podamos. Y, si se da cuenta, la plataforma guipuzcoana, realizada por ETS por encomienda de gestión, está finalizada desde 2024. Y la estación de Atotxa, en San Sebastián, está prácticamente finalizada. Lo van a ver en breve.

Hay más encomiendas para acelerar…

Tenemos en marcha la encomienda de gestión de la redacción del proyecto constructivo y luego de la obra del túnel de acceso a Abando [en Bilbao]. Y en diciembre de 2024, a los seis meses de asumir la responsabilidad, firmamos la encomienda de gestión para la redacción del proyecto constructivo del ‘nudo de Arkaute’ [de acceso a Vitoria], fundamental para que empecemos en modo ‘intercity' a ir en alta velocidad en Euskadi. Lo que nos traslada el Ministerio de sus últimos análisis y estudios es que donde más impacto va a tener la alta velocidad va a ser dentro de Euskadi. Por tanto, en eso es en lo que estamos poniendo mayor empeño, en la comunicación entre las tres capitales, que va a ser un salto cualitativo importantísimo. 

La alta velocidad no es lo más óptimo para conectar distancias tan cortas.

Sí, la alta velocidad está siempre proyectada en medias y largas distancias. Eso es evidente. Pero lo que está viendo el Ministerio en los últimos proyectos que se han puesto en marcha es que hay un cambio en nuestros modos de vida y las conexiones entre ciudades están funcionando muy bien. ¿Por qué? Es obvio que tenemos un problema con la vivienda en el conjunto de España y también, por supuesto, en Euskadi. Esto supone que tú puedas ir a trabajar de San Sebastián a Vitoria, por ejemplo, en 35 minutos. De centro a centro. En ciudades más grandes esto viene siendo algo habitual. En Madrid, ir a trabajar en media hora te diría que casi es un lujo.

¿Cuándo va a circular un tren de alta velocidad por la ‘Y vasca’?

Lo antes que podamos. De tantas fechas que se han ido poniendo se han generado unas expectativas no cumplidas que han venido decepcionando y a la ciudadanía. A todos. Vamos a ir paso a paso. Vamos a ir paso a paso. Ahora estamos en el proyecto constructivo que dará la oportunidad de poner en marcha el ‘intercity’. De ahí saldrán unos plazos de obra y podremos aproximarnos. 

¿2033? Es la última que se dio.

Hasta que los técnicos no me digan ‘éste es el proyecto constructivo y necesitamos tanto tiempo para hacer esta obra’ no me atrevo ya a decir más.

También es llamativo que 20 años después haya cosas de planificación que no estén determinadas o que se estén cambiando. En el caso de Bilbao que mencionaba, ¿por qué ahora se ha decidido renunciar a la idea de Basauri y volver al plan de que llegue en superficie, en este caso hasta el centro de Bilbao?

No me voy a poner en la cabeza de quien estaba hace cinco o seis años aquí. Si tú hoy puedes garantizar a la ciudad de Bilbao que llegar en superficie no va a impedir de ninguna manera el trabajar en el soterramiento… Igual hace unos años eso no se veía. Es lo mismo que va a pasar en Vitoria; es la misma operación. Yo creo que es una muy buena solución. Basauri no es necesaria. Creo que hay gente a la que esa solución nunca le terminó de convencer tampoco del todo. Si ahora tenemos una solución mejor, ¿para qué nos vamos a gastar más dinero en una provisional?

Entonces su predecesor Iñaki Arriola…

Iñaki Arriola, en ese momento, con los elementos que tenía encima de la mesa, vio esa posibilidad para poder avanzar la llegada del tren de alta velocidad.

¿Vitoria y Bilbao tienen que estar tranquilas de que estas llegadas en superficie temporales no comprometen que se vaya a hacer el soterramiento?

Así se les ha explicado por parte del Ministerio. Y lo que también les ha tranquilizado es que el tren de alta velocidad puede llegar en plazos anteriores a los que estaban previstos si tenía que llegar ya desde el principio de manera soterrada. 

¿A Pamplona por Vitoria o por Ezkio/Itsaso?

Le he leído recientemente al secretario de Estado [el guipuzcoano José Antonio Santano] en una entrevista que van a traernos los informes lo antes posible para que podamos adoptar la decisión entre los tres gobiernos, el de España, el de Navarra y el vasco. 

¿Y el precio es un factor determinante?

Es uno de ellos, evidentemente.

¿El más importante?

No creo que sea el más determinante. No deja de ser muy importante, pero hay otros en el servicio ferroviario, como es que se pueda prestar sin colapsar las vías, que tengamos garantías de seguridad o de carácter medioambiental. Hay muchos factores que hay que tener en cuenta. 

Si no está decidido, ¿por qué se construyó ya la estación en Ezkio/Itsaso?

Yo no sé por qué se tomó aquella decisión, pero quiero decir que no sólo es una decisión adoptada para que sea una estación de parada del servicio, sino que también es fundamental como apartadero o como vía de rebote. Incluso yo he escuchado en alguna ocasión que por qué no igual tener algún servicio, atendiendo al interés que presente la ciudadanía del entorno.

¿En un pueblo de 600 habitantes? En la ‘Y vasca’ no hay ninguna otra estación fuera de las capitales y de Irún, que es el enganche con Francia.

Claro, pero en el servicio ferroviario a veces necesitas una estación de apartadero. Si pasa algo en un tren, es donde lo llevas, donde lo dejas. No puedes llevarlo al centro de la ciudad. Tienes que tener un espacio habilitado para ese servicio. ¿Y por qué se hace ahí? Pues porque en Gipuzkoa no era fácil contar con el espacio suficiente para hacerlo. Se necesitan muchos metros de unas características determinadas. Creo que estaba contemplada también ahí una residencia para maquinistas, en su momento. 

O sea, ¿esa terminal que ya está construida no es dinero perdido?

No, no, no. Además, se dejó como está a la espera de que se termine de poner en servicio para evitar vandalizaciones.

¿La estación de Ezkio/Itsaso es dinero perdido? No, no, no. Incluso yo he escuchado en alguna ocasión que por qué no igual tener algún servicio, atendiendo al interés que presente la ciudadanía del entorno

El lehendakari está muy preocupado por la falta de compromiso de Francia con la conexión de alta velocidad hasta la frontera. ¿Cómo está esta cuestión?

Pues está dura con el Gobierno francés, que supongo que tiene sus problemas también. Sé que el ministro Óscar Puente tiene muy buena relación con el actual ministro francés. Han cambiado de ministro de Transportes en los últimos años varias veces. Eso no facilita nada. Pero Puente, en concreto con este ministro, tiene muy buena relación. Sé que están hablando. Y también el secretario de Estado con su homólogo. Y luego hay un compromiso firme del actual comisario europeo de Transportes para que Francia apueste por la conexión del arco atlántico. La Unión Europea se compromete a ayudar a Francia económicamente porque es una infraestructura que no es barata ni fácil de ejecutar.

Pasemos a los aeropuertos. ¿En qué va a cambiar para un usuario de los aeropuertos vascos que el Gobierno vasco coparticipe a través en este órgano bilateral en la gestión de Loiu, de Foronda y de Hondarribia?

Siempre que las instituciones colaboran se generan beneficios y ventajas para la ciudadanía. Se trata de llevar las necesidades que detectemos a una comisión bilateral con el Estado, que es el órgano competente en la prestación del servicio a través de Aena. Es poder debatir e intercambiar información y ver aspectos de mejora.

¿Está cerrada la puerta a la transferencia del puerto de Pasaia?

Para el PSE-EE no es una opción la desclasificación del puerto. Creemos que el puerto está funcionando bien. De hecho, en los últimos años vienen produciéndose incrementos de la actividad de manera importante y creemos que tiene posibilidades de mejora. Otro compromiso recogido en el acuerdo de Gobierno es el desarrollo de la plataforma logística Lezo-Gaintxurizketa. Mejorará la actividad del puerto generando una comunicación directa con tres modos de transporte ferroviario, con tres anchos. Posibilitará a Gipuzkoa tener un desarrollo económico en esa zona. Implantación de nuevas empresas, empleo de calidad y conexión directa por la cercanía con Francia. [Mirando a un mapa de Gipuzkoa en la pared] Estamos muy bien situados. Nosotros también vamos a penetrar en el puerto de Pasaia con nuestras mercancías, con Euskotren. En Pasaia tenemos unas potencialidades que estamos determinados a explorar.

Este punto ha sido un punto de fricción con el socio, con el PNV. ¿Cómo está la relación dentro del Gobierno vasco ahora mismo?

¿Con esta cuestión?

En general…

Pues muy bien. Tener diferencias, en fin, es hasta sano. Defender la posición de uno con argumentos a mí me parece siempre interesante. Nos ayuda a mejorar. Somos familias políticas e ideológicas diferentes y estamos de acuerdo en un porcentaje importantísimo de las políticas que impulsamos. 

¿Imanol Pradales es buen lehendakari? 

La relación que tenemos en el Consejo de Gobierno es muy buena con todos los compañeros y compañeras. El lehendakari, desde el principio, siempre ha querido que tuviésemos esa buena relación. Sabe que si nos llevamos mejor, incluso en las diferencias, podemos resolver las cosas también mejor. Desde el principio se ha preocupado por la relación entre los consejeros y consejeras de las dos familias.

¿Con el PNV? Tener diferencias es hasta sano. Nos ayuda a mejorar. Somos familias políticas e ideológicas diferentes y estamos de acuerdo en un porcentaje importantísimo de las políticas que impulsamos

Es una consejera muy activa en redes sociales, con vídeos en TikTok, en Instagram o en otras plataformas. ¿Qué opinión te merece el estilo del ministro Puente en X?

Es una de las primeras personas que se dio cuenta de que teníamos que estar como políticos en otros medios para llegar a mucha más gente. Él quiere informar directamente. Y a mí me parece que lo hace muy bien. Con la dana, por ejemplo, creo que la gente lo ha agradecido. Casi desde el minuto cero les contó cómo estaba la recuperación de las carreteras o de las vías destrozadas. Los políticos debemos dedicar tiempo también a comunicar directamente. Para mí también ha sido una experiencia nueva. Pero veo que sobre todo se me acerca gente joven.

El PP ha preguntado estos meses en el Parlamento con insistencia por adjudicaciones hechas aquí a Acciona. ¿Hay alguna sospecha teniendo en cuenta los antecedentes de esta empresa?

Hemos dado toda la información. Toda. Y no estamos bajo sospecha de ninguna manera. No ha habido ninguna actuación ni policial, ni judicial ni de ningún otro tipo. Evidentemente, el control parlamentario es lo que es, pero aquí no hay nada.

¿Qué opinión le merece el auto de imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero?

Como socialista vasca estoy apenada. Confío en que la investigación que se desarrolle determine la inocencia del expresidente Zapatero. Saben ustedes que para nosotros y nosotras, en Euskadi, el presidente Zapatero ha sido siempre una persona cercana. Ha sido el presidente que ha puesto en marcha en España muchos derechos y conquistas sociales importantísimas. Y aquí, especialmente, tuvimos su implicación y compromiso con la paz y en la derrota de ETA. Yo estaba en la ejecutiva de Euskadi cuando el presidente Zapatero y el ministro [Alfredo Pérez] Rubalcaba estaban en sus cargos. Recuerdo el asesinato de Isaías Carrasco. Nos concentramos en un hotel en Arrasate y vinieron inmediatamente con el cariño. Se volcaron con la familia, por supuesto, y con el resto de compañeros y compañeras. Y esas cosas te quedan en el corazón. No, yo no imagino otro escenario excepto el de que el expresidente Zapatero es inocente.

PNV y PSE-EE han pactado con el PP endurecer de modo muy importante el régimen sancionador de los campamentos de verano en Euskadi. El texto definitivo de la reforma urgente de la normativa de Juventud para evitar nuevos casos de posible violencia sexual en la colonia de Euskal Udalekuak en Bernedo, donde el pasado año se acumularon una veintena de denuncias, se remitirá a la tabla de multas de la normativa de Infancia y Adolescencia, de modo que las cuantías máximas para los casos más graves pasarían de 45.000 euros a 600.000 euros.

El PP había registrado una enmienda que consideraba un “despropósto” la propuesta de los partidos del Gobierno en materia sancionadora y PNV y PSE-EE la han aceptado en la ponencia legislativa celebrada este viernes. “Con los menores no se juega”, ha explicado el portavoz nacionalista Ander Añibarro, que ha estimado que el “acuerdo” con los 'populares' se “adecúa” a los objetivos del Ejecutivo de disponer de más “controles” para esta campaña estival, en la que Euskal Udalekuak va a celebrar una nueva edición de su actividad con varios turnos. Según ha indicado Añibarro a los periodistas sobre un pacto algo inhabitual en la dinámica parlamentaria vasca, “no es una cuestión de partidos políticos” sino de preservar los derechos de menores de edad.

Asimismo, PNV y PSE-EE mantiene abierto un canal con el PP para transar una nueva enmienda alrededor de otra propuesta de los 'populares' y que pueda ser introducida en el articulado en la siguiente fase, la de comisión. Se trata de ajustar cómo se hará el control previo de los campamentos. El PP desea que, además de una declaración responsable, se adjunte sí o sí información sobre antecedentes sexuales de los monitores. Como adelantó este periódico, la nueva redacción incorporará también otro ajuste, a instancias del Ararteko, planteado por los propios PNV y PSE-EE.

¿Dará tiempo a aplicar la nueva ley en las colonias de este verano? Será el 27 de mayo cuando la reforma se vote en comisión y en un pleno de la “primera quincena” de junio se elevará a pleno, donde tendrá amplio respaldo con la mayoría absoluta del Gobierno ampliada tras el acuerdo con el PP. En paralelo, el Ejecutivo trabaja en un decreto sobre la misma materia que, igualmente, podría ver la luz el próximo mes según las estimaciones oficiales.

El Parlamento Vasco, fuera del salón de plenos y en apenas unos minutos, ha superado este jueves el que posiblemente sea el trámite más relevante de la jornada. Se ha constituido ya la ponencia legislativa para modificar la normativa de Juventud en busca de endurecer el control de los campamentos de verano. Es una propuesta de PNV y PSE-EE para tratar de evitar que en 2026 se reproduzcan las denuncias de violencia sexual en la colonia de Euskal Udalekuak en Bernedo, un caso actualmente bajo investigación judicial.

Según fuentes parlamentarias, la voluntad es que la ponencia cierre este mismo viernes, a las 9.30 horas, el articulado definitivo. Después, una comisión tendrá que aprobar el dictamen, pero sería perfectamente posible que un pleno de junio apruebe la reforma legislativa. El objetivo siempre fue tenerlo antes del verano, para que las modificaciones surtan efecto en la edición de este año de Euskal Udalekuak.

Entre los cambios previstos, se endurecen las sanciones, se sustituye la comunicación previa de una actividad por una declaración responsable obligatoria siempre que participen menores de edad en una colonia y se refuerza el control para que los trabajadores presenten el certificado de ausencia de antecedentes sexuales. Eso sí, PNV y PSE-EE han presentado una autoenmienda para ajustar la redacción de un artículo sobre las infracciones “muy graves”. Donde antes se hablaba de penalizar actuaciones que “por acción u omisión” implicasen “racismo, xenofobia, violencia machista o cualquier otro tipo de violencia”, se acepta ahora que lo sancionable sean “actuaciones que promuevan actitudes y conductas discriminatorias, limitadoras de los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud o promuevan cualquier tipo de violencia”. Es una “mejora” realizada “a instancias del Ararteko”, la Defensoría del Pueblo.

Está por ver si las formaciones del Gobierno aceptan enmiendas de la oposición. EH Bildu tiene cuatro presentadas, las mismas que el PP. No constan de Sumar y de Vox. La coalición abertzale pide que los controles sean para actividades de duración “igual o superior” a cuatro días o tres noches, si tienen pernocta, para evitar una “carga burocrática desproporcionada” en el ocio infantil y juvenil. Reclama también rescatar un inciso que eliminaban nacionalistas y socialistas para controlar que haya actividades que “encubran” ánimo de lucro cuando supuestamente no lo tenían. Los 'populares', de su lado, tienen enmiendas para ajustar el papel de las diputaciones o arreglar los “despropósitos” de que la normativa de Juventud previa como sanciones en casos muy graves cuantías mucho más bajas que la de Infancia y Adolescencia para casos muy similares.

La reforma legal se ha tramitado por el procedimiento de urgencia, aunque en el camino el PP solicitó una ampliación del plazo de presentación de enmiendas. La tramitación fue iniciada en marzo, aunque las denuncias se conocieron en septiembre de 2025. El Gobierno recibió críticas de la oposición tanto por la forma como por el fondo. De hecho, el Ejecutivo intentó hacerlo por lectura única, sin debate de expertos ni ponencia legislativa. Asimismo, se trata de un texto presentado como “proposición” de los partidos del Ejecutivo y no como “proyecto” del Gobierno. Esto permite no elaborar memorias e informes administrativos. Se ha usado más veces a lo largo de la legislatura. En paralelo, el Ejecutivo prepara un decreto en el mismo sentido, de la mano de la consejera Nerea Melgosa, del PNV.

Jesús Eguiguren, presidente del PSE-EE entre 2002 y 2014, ha defendido que la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero es “más que 'lawfare'” y que se enmarca dentro de un “golpe de Estado” que se viene ejecutando durante toda la legislatura, para perjudicar a Pedro Sánchez mediante ataques a su entorno. Sostiene que hay “jueces, guardias civiles y aparatos del Estado en contra del Gobierno”, y que ese es el motivo por el que ahora se “persigue” al que fuera presidente del Gobierno de España entre 2004 y 2011.

En una entrevista concedida en euskera a Euskadi Irratia, Eguiguren, que también fue presidente del Parlamento Vasco entre 1987 y 1990 y parlamentario hasta 2012, ha asegurado que ha recibido la noticia de la imputación con un “tremendo disgusto”. Se ha referido a Rodríguez Zapatero como el único “amigo” que tenía tanto en el PSOE como en Madrid. Con él al frente del Ejecutivo, Eguiguren ejerció la interlocución con ETA en unas conversaciones secretas celebradas a partir de 2005 que la banda terrorista dinamitó con el atentado de la T4 del aeropuerto de Barajas. Preguntado por el auto que achaca a Rodríguez Zapatero una presunta participación en una red de tráfico de influencias, Eguiguren no ha entrado a valorar, en cualquier caso, si el expresidente podría haber incurrido en alguna ilegalidad con los negocios que ahora se investigan.

De su lado, el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha tenido en el Parlamento Vasco una postura mucho más matizada. Aunque ha confiado en que el expresidente “quede absuelto”, sí ha emplazado a que “dé las explicaciones oportunas”. “No voy a negar que los lazos emocionales son evidentes” con la figura de Rodríguez Zapatero, ha dicho Andueza, refiriéndose al final de ETA.

El líder del PSE-EE, Eneko Andueza, ha asegurado este jueves que ve “cierto vértigo” en el PNV en relación a la Copa del Mundo de fútbol masculino de 2030, que en principio va a tener subsedes en Donostia y en Bilbao, aunque ahora las instituciones están “reflexionando” a la luz de las “nuevas exigencias” de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA). Andueza, en el Parlamento Vasco, ha asegurado que como socios institucionales en esas ciudades y en diputaciones y Gobierno vasco no han sido informados en ningún momento ni de las nuevas condiciones ni del aparente cambio de postura sobre el asunto. Y ha reclamado que el debate se dé en las instituciones y que no se tomen decisiones “desde Sabin Etxea”, la sede central del PNV.

Andueza sostiene que el evento es un “escaparate perfecto” para mostrar Euskadi al mundo y entiende que quizás el PNV siente ahora “cierto vértigo” a la hora de “gestionar un evento de tanta magnitud”, con grandes implicaciones sobre seguridad o transporte. El líder de los socialistas vascos ha manifestado que estos debates “nunca deben plantearse en términos de rentabilidad inmediata”. Se da la circunstancia de que otras tres ciudades en España ya han renunciado a acoger el evento. Son Málaga, gobernada por el PP, Gijón, de FAC, y A Coruña, con alcaldesa socialista. “Queríamos que A Coruña fuese sede del Mundial, pero no a cualquier precio”, declaró Inés Rey hace dos meses al explicar la renuncia a ser subsede.

Andueza ha explicado que en la coalición de PNV y PSE-EE “elemento de fricción puede ser cualquiera” si sus socios operan “de manera unilateral” y ha insistido en que “hay cosas que van más allá del dinero”. Ha confiado en tener un contacto con Aitor Esteban, líder 'jeltzale'. Este periódico pudo saber que la letra pequeña de la FIFA, que hizo visitas a las dos ciudades candidatas en marzo, incluía grandes desembolsos económicos, exenciones fiscales o cambios a la carta en leyes y otros reglamentos. Asimismo, la FIFA pide exclusividad, es decir, que no haya otros eventos en las ciudades en las mismas fechas, incluidos festivales culturales consolidados de cada verano.

El PSE-EE, con todo, llama la atención de que en este debate, abierto por el nuevo alcalde donostiarra, Jon Insausti, y alimentado después por la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, aún no se ha pronunciado el primer edil de Bilbao, Juan María Aburto. Bilbao y Donostia fueron seleccionadas hace dos años, como otras siete ciudades en España. Entonces, el PNV celebró con algarabía la propuesta. Fue el exministro Miquel Iceta el que planteó a Euskadi esta posibilidad para 2030, aunque el evento se ha ido redefiniendo. Es el centenario de la primera Copa del Mundo y la organización será compartida entre España, Portugal, Marruecos, Argentina, Paraguay y Uruguay.

El PNV ha trasladado a la alcaldesa socialista de Vitoria, Maider Etxebarria, una propuesta para que la ciudad conceda un espacio en el callejero a los lehendakaris José Antonio Ardanza (jefe del Ejecutivo vasco entre 1985 y 1999) y Carlos Garaikoetxea (entre 1980 y 1985, recientemente fallecido). La iniciativa, trasladada por Beatriz Artolazabal, portavoz del grupo municipal 'jeltzale' y teniente de alcaldesa, busca “abrir un reconocimiento institucional” a ambas figuras que sirva para honrar “su trayectoria” y “su aportación política e histórica a Euskadi”.

Como ha contado este periódico, entre el 18 de junio y el 19 noviembre de 1999, Ardanza tuvo dedicada una plaza y Garaikoetxea, una calle. La de Garaikoetxea —oficialmente 'calle del Lehendakari Carlos Garaikoetxea'— fue la que actualmente lleva el título de calle del Estatuto de Gernika. Se encuentra en uno de los laterales de la oficina principal de Correos y Telégrafos y antes había sido del Marqués de Estella, por Miguel Primo de Rivera, dictador entre 1923 y 1930 y padre de José Antonio. El espacio que llevó brevemente el nombre de Ardanza —oficialmente 'plaza del Lehendakari José Antonio Ardanza'— fue la actual plaza del General Loma, que después recuperó el título que recuerda a José María de Loma, militar natural de la localidad alavesa de Salinas de Añana que ejerció de teniente general del bando liberal en las guerras carlistas.

La medida que honraba a Ardanza y Garaikoetxea la adoptó el alcalde José Ángel Cuerda al término de su mandato y tuvo un recorrido tan breve porque apenas cinco meses y un día después, al llegar el PP a la alcaldía de la mano de Alfonso Alonso, la revirtió.

Artolazabal, que ha destacado que el callejero vitoriano ya cuenta con vías dedicadas a los también lehendakaris José Antonio de Aguirre y Jesús María de Leizaola, ha exigido “altura política” a la hora de sopesar la propuesta. “Fueron dos figuras fundamentales en la construcción del autogobierno vasco, en la consolidación de nuestras instituciones y en una etapa decisiva para Euskadi. Creemos sinceramente que merecen tener un espacio permanente en callejero de la capital”, ha abundado en Radio Vitoria.

La propuesta del PNV ha llegado apenas dos semanas después del fallecimiento a los 87 años de Garaikoetxea, que fue presidente del Gobierno vasco con el PNV y luego rompió con la formación para fundar Eusko Alkartasuna, partido socialdemócrata ahora integrado en la coalición EH Bildu. En cualquier caso, Artolazabal no ha entrado a definir “espacios concretos” y se ha limitado a señalar que esa prerrogativa corresponde a Alcaldía. “Creemos que Vitoria-Gasteiz tiene hoy la oportunidad de recuperar aquel reconocimiento institucional y hacerlo además desde el consenso y el respeto a dos figuras clave de la historia reciente de Euskadi”, ha animado.

El Museo de Bellas Artes de Álava, de propiedad foral, exhibe desde este martes y hasta febrero de 2027 cuatro series con más de dos centenares de grabados de Francisco de Goya. Más allá del valor artístico que acreditan estas estampas —repartidas en cuatro series que se conocen como 'Caprichos', 'Desastres de la guerra', 'Tauromaquia' y 'Disparates'—, la exposición se distingue por ser el resultado de una donación con la que un moroso saldó una deuda de 4,3 millones de euros con la Hacienda foral de Álava, la más pequeña de España y una de las más reducidas de Europa. Como se supo meses después, la abultada donación —que incluía también varias pinturas del vitoriano Ignacio Díaz de Olano y el tríptico de la Guerra Civil de Aurelio Arteta— se acometió para saldar la factura que mantenía con Hacienda el empresario Juan Celaya, coleccionista de arte y fallecido en 2016.

Los más de dos centenares de grabados se reparten ahora, con motivo de una exposición titulada 'Fantasía y razón', por diversas estancias de la galería sita en el paseo de Fray Francisco de Vitoria. “Goya es un artista que sigue hablando al público contemporáneo. Sus grabados nos muestran la complejidad del ser humano, la violencia, la injusticia, la superstición, los abusos de poder. Pero también nos invita a reflexionar y a cuestionar y comprender mejor nuestra propia sociedad. Es una mirada que trasciende al tiempo y que nos sigue emocionando, enseñando, provocando pensamiento crítico más de dos siglos después”, se ha felicitado la socialista Ana del Val, diputada foral de Cultura y Deporte. La presentación de la exposición ha coincidido con la celebración del Día Internacional de los Museos.

Ediciones de los grabados del artista aragonés hay muchas, porque sus planchas se reutilizaron en múltiples ocasiones. Uno de los atractivos de esta exposición radica en que dos de las series —los 'Caprichos' y la 'Tauromaquia'— fueron editadas por el propio artista y otra —los 'Disparates'—, aunque es también una primera edición, no se editó ya sino a título póstumo, fallecido Goya en su exilio bordelés. Lo ha destacado en la presentación Sara González de Aspuru, técnica responsable del Museo de Bellas Artes, que ha incidido en la “vigencia de la mirada” del artista, al que ha tildado de “atemporal”.

Las cuatro series

Las cuatro series completas alcanzaron un valor de 1,5 millones de euros, el más elevado de todo el lote adquirido en 2022.. Los 'Caprichos', pertenecientes a una primera edición editada por el propio Goya en 1799, esbozan “una crítica que abarca el comportamiento humano de todos los sectores sociales”, reza el folleto explicativo redactado con la colaboración de José Manuel Matillas, que encabeza la Colección de Dibujos y Estampas del Museo Nacional del Prado. La temática es ambigua y las estampas, confeccionadas con una técnica que combina el aguafuerte con el aguatinta, dieron lugar a muchos comentarios de personas anónimas que se animaban a intentar descifrar las obras y desentrañar su significado. En general, contienen escenas que se articulan en torno a cuatro ejes: un primero con “el engaño en las relaciones entre hombres y mujeres, la prostitución y los matrimonios de conveniencia”, un segundo sobre la mala educación de los niños, otro que condena los diferentes vicios en los que incurre la sociedad y un cuarto plagado de críticas a los abusos del poder.

Otra primera edición es la de las ocho decenas de estampas que componen los 'Desastres de la guerra'. La muerte es omnipresente en unas crudas escenas por las que desfilan soldados, exiliados que huyen, mujeres que son violadas y especuladores que se enriquecen a costa de los demás. “Son una de las mayores y mejores expresiones artísticas sobre la violencia y sus consecuencias. La muerte es la gran protagonista y todo gira alrededor de ella. Su vigencia tristemente permanece, ya que podemos ver su contenido reflejado en demasiadas situaciones en la actualidad”, abunda el texto.

La 'Tauromaquia' refleja una época de apuros para el artista, tanto en el ámbito personal como en el económico, con la escasez de encargos derivada de la contienda y el regreso del absolutismo de la mano de Fernando VII. Las estampas taurinas acostumbraban a tener éxito comercial, lo que se traduciría en ingresos, y además así podría centrarse en un tema “aparentemente exento de un contenido ideológico que pudiera ser motivo de censura”. Pero Goya no se centró en la vertiente comercial, sino que, según explican los organizadores de la exposición, sostuvo una actitud crítica ante la violencia de esta tradición. Este enfoque, unido a una técnica de marcados claroscuros, supuso que la aventura fuese un “absoluto fracaso comercial”, ha señalado González de Aspuru, que se jubila después de haber fungido como técnica responsable de la pinacoteca alavesa durante más de dos décadas.

La última serie, cuyo nombre ha oscilado entre 'Disparates', 'Sueños' y 'Proverbios', quedó sin concluir antes de la partida de Goya a Francia, y el autor falleció sin verla editada. Estas estampas son fruto de una etapa “complicada” en la vida del autor, que había caído en una grave enfermedad que, entre otros estragos, le causó sordera. “El espectador se enfrenta a un mundo nocturno, disparatado y aparentemente sin sentido, que dificulta su comprensión y en el que Goya ha actuado como un artista moderno, dando el poder absoluto a la imaginación”, se explica en la exposición. “Muchas veces el espectador sí tiene que poner algo de su parte, porque hay que verlo lógicamente con nuestros ojos, pero también con los del mundo en el que le tocó vivir a Goya”, ha sugerido González de Aspuru.

Una deuda y una dación en pago

La diputada Del Val se ha congratulado de contar en el Museo de Bellas Artes con una colección que ha tildado de “auténtico privilegio”. “Tenemos una exposición de Goya a nivel mundial. Es para que el mundo sepa lo que tenemos aquí en el Bellas Artes”, se ha felicitado. Tanto ella como González de Aspuru han destacado la importancia de disponer de una Hacienda propia, que otorga la “potestad” de decidir si se acepta una dación en pago de estas características o no. En 2022, casi el 20% de la recaudación de la Hacienda alavesa en concepto de impuesto del patrimonio se correspondió a este pago en especie.

La secuencia de la incorporación al patrimonio público de la gran colección de obras de arte que incluía las estampas de Goya, unos hechos adelantados por este periódico, quedó aclarada al despejarse la 'x' y darse a conocer que el empresario Juan Celaya, dueño de industrias como Cegasa y Tuboplast, era el deudor. A su muerte, las piezas pasaron a ser propiedad de la fundación con su nombre, aparentemente sin ánimo de lucro e instituida en 2007 para la promoción del euskera y de la cultura vasca. En febrero de 2021, esta entidad informó al Protectorado de Fundaciones del País Vasco, dependiente del Gobierno autonómico, de que había heredado tanto el material como una “deuda”. Y le adelantó ya que valoraba deshacerse del patrimonio para saldarla.

Como ha explicado este lunes Del Val, la Hacienda foral solicitó un primer informe del valor que pudiese alcanzar la colección. Los expertos coincidieron de “inmediato” en que tenía valor, pero se solicitó una tasación externa que fuese más objetiva. “Lo valoramos y decidimos que es una maravilla”, ha recordado la diputada. Ya solo el tríptico de Arteta, que llegó en el mismo 'paquete' acompañando a los grabados de Goya, está valorado en 1,2 millones de euros y ha llegado a ser exhibido en el museo Guggenheim de Bilbao como pieza coetánea al 'Guernica' de Pablo Picasso.

El lehendakari, Imanol Pradales, se ha valido de una autopregunta del PNV en la sesión de control al Gobierno del Parlamento Vasco de este viernes para anunciar una nueva “ley de medidas urgentes”. Se trata de una iniciativa para la “simplificación y agilización para la actividad económica sostenible”, una “autopista” que facilite las “inversiones de interés prioritario” en Euskadi, tanto industriales como de otro tipo.

Como en el caso de la “ley de medidas urgentes” en materia de Vivienda, aprobada ya en diciembre, la norma será tramitada como proposición de los partidos del Gobierno, PNV y PSE-EE, y no como proyecto de ley al uso. Teniendo mayoría absoluta y garantía de su aprobación, esto permite agilizar la tramitación al eludir decenas de informes internos y dejarlos en solamente uno, el de criterio del Ejecutivo, de rápida emisión. Fuentes socialistas confirman que la iniciativa está acordada entre ambos socios.

“La desburocratización y la simplificación administrativa es un objetivo de país. Porque el mundo no espera. Y las inversiones tampoco. Porque los desafíos que afrontamos nos demandan agilidad y velocidad. Y porque la competitividad nos interpela también a las Administraciones públicas”, ha manifestado.

Y ha agregado: “Si se me permite la expresión, una ‘autopista regulatoria’ que agilice las inversiones de interés prioritario para Euskadi. Inversiones en actividad económica sostenible, proyectos industriales, descarbonización, fortalecimiento de la industria alimentaria y el primer sector. Se trata de contar con una vía rápida y segura que agilice los proyectos de inversión estratégicos para Euskadi. Proyectos para la transformación económica, el bienestar y la autonomíaestratégica de nuestro país”.

Después, ha llegado el turno de las preguntas de la oposición. Pello Otxandiano, de EH Bildu, ha confiado en que Pradales haya regresado de su encuentro en el Vaticano con el papa de la Iglesia católica, León XIV, con “paz”. El portavoz abertzale ha ironizado también que en los últimos días él ha parecido el lehendakari y el Gobierno la oposición, lo que ha causado sonrisas en las bancadas nacionalista y socialista. Se refería a su plan de Vivienda, que pide discutir sin “bajar al barro”. Pradales le ha reprochado que lo haya lanzado con ataques directos a su partido y al PSE-EE, y se ha preguntado retóricamente si en los municipios que “desde hace décadas” controla la izquierda abertzale el problema habitacional es menor.

En el turno del PP, Javier de Andrés también ha invocado a la visita a León XIV, a la que ha llamado “el milagro vaticano” porque en apenas unos segundos le permitió tocar grandes temas estratégicos, según trascendió. “Pero nunca contesta usted nada en los plenos de control”, ha protestado. En realidad, su objetivo último era denunciar el “efecto llamada” de la regularización de extranjeros en España, que creen que vendría a empeorar aún más la “saturación” de los servicios públicos en Euskadi.

Pradales ha replicado que es muy difícil dar respuesta al PP cuando ni siquiera da “pistas” de lo que quiere saber en los plenos, donde lanza “titulares” de prensa y “teatraliza” un escenario de caos “viernes tras viernes”. “8,1 sobre 10”, le ha respondido sobre la nota que da la ciudadanía a la calidad de los servicios, según el más reciente Sociómetro. “El PP vasco está en un córner” en la política vasca, ha agregado el lehendakari, que veladamente ha recomendado a De Andrés que copie más a Juan Manuel Moreno Bonilla que a Isabel Díaz Ayuso.

En el tiempo de Sumar, Jon Hernández ha recordado que se cumplen ya dos años del inicio de la legislatura. “Y vemos en el Gobierno vasco mucha operación de marketing. Mucho foro, mucha mesa y muchos viajes al extranjero”, ha criticado Hernández, que ha denunciado la existencia de una “Euskadi a dos velocidades” con problemas para las “clases trabajadoras” en asuntos como la vivienda, los cuidados o la Sanidad pública. Pradales ha vuelto a tirar del Sociómetro. “7 sobre 10”, ha indicado, en relación a la percepción de la ciudadanía sobre su situación. Y ha usado su turno para atacar a Sumar por su papel en el Gobierno de España. “Tiene bemoles”, ha dicho varias veces sobre la ministra de Sanidad, Mónica García, a la que acusa de haber “provocado” la huelga médica.

Vox ha querido denunciar que han pasado “21.535 días” sin que la selección española juegue en Euskadi. Se refería a la masculina de fútbol, porque otros equipos sí han jugado, como la absoluta de baloncesto masculino, que tuvo partidos en Vitoria en 2010, por ejemplo. Más recientemente, en 2025, el combinado de pelota ha disputado torneos. Texualmente, Amaia Martínez Grisaleña ha hablado de “operación retorno de España al País Vasco” y de que hace casi 60 años que no juega, recordando que en 2021 se suspendió la prevista Eurocopa en San Mamés. Pradales ha delegado la respuesta en su vicelehendakari, Ibone Bengoetxea. Y ha sido clara: “Este Gobierno no va a impulsar políticamente un partido de la selección española de fútbol en la temporada 2026/2027”. Ha añadido que la “simbología” de un Estado corresponde a su Gobierno y que debería ser el de España el que lo promoviera. Ha añadido que “respeta” a la selección española.

El Parlamento Vasco ha aprobado instar al Gobierno a “dar un salto cualitativo y cuantitativo para reforzar el parque público de vivienda y responder a las necesidades existentes”, impulsando la labor de Visesa como empresa pública para la construcción y promoción de vivienda pública en Euskadi y de Alokabide para su gestión. Además, urge a que se desarrolle “a la mayor brevedad” el plan territorial sectorial (PTS) de Vivienda para asegurar la disponibilidad de vivienda asequible y para garantizar el acceso a una vivienda “digna y adecuada, promoviendo la cohesión social y el equilibrio territorial”.

La enmienda ha salido adelante con los votos de PNV, PSE-EE y Sumar, que han llegado a un acuerdo para sacar adelante estos puntos en una moción transaccionada menos ambiciosa que la presentada inicialmente por la formación de izquierdas, que pedía que se pusiera en marcha una sociedad pública nueva para la construcción promoción de VPO, además del PTS. EH Bildu ha presentado su propia enmienda en la que también pide una sociedad pública nueva. La coalición abertzale se ha abstenido finalmente porque PNV y PSE-EE han rechazado su petición de poder votar por puntos la enmienda, ya querían dar su voto favorable a la puesta en marcha del PTS.

También el PP se ha abstenido, aunque ha criticado las políticas actuales de vivienda y la pretensión de los grupos de aumentar la intervención sobre el sector. “Vamos mal y presentan enmiendas para que vayamos peor. Sus políticas nos llevan al mayor drama de la historia en vivienda”, ha señalado la parlamentaria Ana Morales. Vox ha votado en contra.

El parlamentario de Sumar, Jon Hernández, del que ha partido la iniciativa después transaccionada, ha destacado que la crisis de vivienda en Euskadi “no solo no remite, sino que aumenta ante la falta de políticas públicas decididas que pongan fin a los efectos devastadores del mercado y la especulación”. Por eso, ha destacado el acuerdo alcanzado con los partidos del Gobierno. “Hemos alcanzado un acuerdo, en mi opinión, relevante, porque supone una exigencia al Gobierno vasco para dar un salto, en parque público de vivienda. Por eso creo que es un buen acuerdo”, ha señalado agradeciendo la disposición de PNV y PSE-EE para conseguir un pacto.

Pese a que no se ha aceptado la pretensión de Sumar de crear una nueva empresa pública de vivienda, Hernández ha insistido en que “ese salto no puede hacerse sin una herramienta a la altura del desafío”. “Necesitamos una empresa pública de vivienda, pero no cualquier empresa pública de vivienda; una empresa pública de vivienda con capacidad real de intervención estructural; una empresa pública capaz de ampliar de forma significativa el parque de alquiler público permanente, de intervenir en el mercado del suelo, de promover vivienda directamente sin depender del ciclo del mercado privado y de garantizar que la vivienda financiada con recursos públicos, lógicamente, permanezca en el ámbito público de forma indefinida”.

Adrián Fernández, desde el PSE-EE, ha recordado que Euskadi ya cuenta con “dos grandes herramientas públicas que llevan décadas haciendo un muy buen trabajo”, Visesa y Alokabide. “Por lo tanto, yo creo que el debate no tiene que estar dirigido hacia si necesitamos más presencia pública en vivienda, porque yo creo que ahí estamos de acuerdo, sino que el debate debe estar en cómo fortalecemos y ampliamos las herramientas públicas que ya existen y que ya funcionan”, ha apuntado.

De igual forma, Jonatan Moreno, del PNV ha destacado el acuerdo y señalado que todo lo que se está realizando desde el Gobierno vasco en materia de vivienda se basa en la colaboración público-privada y en el acuerdo: con los pequeños propietarios de viviendas vacías, con los ayuntamientos que gestionan el suelo, con las empresas del sector de la construcción, con el sector financiero, y con operadores sociales mediante las nuevas fórmulas residenciales.

El Gobierno de Imanol Pradales, valiéndose de la mayoría absoluta de PNV y PSE-EE, ha sacado adelante este jueves en el Parlamento Vasco una de las leyes más relevantes de la legislatura, la de Transparencia. Lo es porque, con ella, Euskadi deja de ser la única comunidad autónoma sin una normativa propia de este tipo, aunque hasta ahora algunos derechos se ejercían al amparo de la legislación estatal. Y también porque el texto sale adelante tras tres legislaturas de intentos fallidos. “La transparencia no es una concesión a la ciudadanía, es un derecho”, ha solemnizado la consejera responsable, María Ubarretxena, que ha recibido el respaldo expreso del lehendakari durante la sesión parlamentaria y ha estado acompañada en la Cámara por todo su equipo, que ha fotografiado varios momentos del debate plenario desde los palcos.

Anticipándose a las críticas que luego llegarían de la oposición, Ubarretxena, del PNV, que ha dispuesto de quince minutos para valorar la ley antes de que intervinieran los partidos, ha señalado que Euskadi “no parte de cero”. “Si bien no tenía ley propia, ha sido pionera en los últimos años”, ha recalcado en una intervención realizada leyendo sus notas desde una tableta que sujetaba con las manos. El portavoz del PNV, Xabier Barandiaran, ha redoblado la apuesta dialéctica y ha llegado a decir que en España no hay mejor comunidad autónoma en esta materia que Euskadi. “Así lo dicen organismos internacionales”, ha señalado. Y ha agregado que “Euskal Herria” debe mirar más a los países nórdicos que a “Jaén o Murcia”.

Finalmente, PNV y PSE-EE no han sumado ningún apoyo entre la oposición a la hora de aprobar el grueso de la ley, más allá de algunas abstenciones o incluso 'síes' a apartados concretos. Es más, como anécdota, PNV y PSE-EE han dispuesto de 37 votos de 75, es decir, sin mayoróa, pero han podido sumar los dos delegados por Maitane Ipiñazar y Mikel Arruabarrena, ambos de baja por paternidad. Incluso en la compleja votación ha habido momentos de zozobra, con el portavoz nacionalista dando orden de votar 'sí' a partes a las que tocaba votar 'no', como le ha corregido rápidamente su colega Lorea Bilbao.

La consejera, en cambio, ha defendido que la propuesta inicial del Ejecutivo ha sido “enriquecida por propuestas de todos, salvo de Vox”. En efecto, la tramitación parlamentaria de casi dos años ha introducido enmiendas. Por ejemplo, la nueva agencia Gardena, la máxima autoridad en materia de transparencia, será elegida al modo del Ararteko o de otros organismos de control, mediante mayoría parlamentaria reforzada. Inicialmente, el Gobierno quería reservarse ese nombramiento. También se fuerza a la Administración a publicar trimestralmente un listado de los contratos menores formalizados, aquellas adjudicaciones que se hacen sin concurso por ser de pequeño tamaño pero que, sumadas, suponen un presupuesto multimillonario. Históricamente, ha sido una vía de fraudes e incluso de corrupción.

El Gobierno cuantifica en 47 las propuestas de la oposición admitidas y en otras cuatro las enmiendas transaccionadas. Son 18 de EH Bildu -la consejera del PNV ha ironizado que seguramente son más los puntos de acuerdo de la principal fuerza de la oposición de los que admitirán en público-, 15 del PP y el resto de Sumar. Ubarretxena, de hecho, ha felicitado uno por uno a los parlamentarios de esos partidos, como también a los de PNV y PSE-EE y a su viceconsejero, Xabier Otxandiano. Solamente ha excepcionado de las buenas palabras a Vox.

Ubarretxena ha destacado también que la ley habilita a la ciudadanía a proponer iniciativas reglamentarias, al igual que es posible plantear leyes mediante la recogida de firmas. La norma prevé sanciones de hasta 400.000 euros en caso de incumplimiento de las disposiciones legales, aunque la oposición ha avisado de que el régimen sancionador estará en manos de la consejera de turno y no de la agencia de control Gardena. La ley habilita también un canal externo para denuncias y, según los partidos del Gobierno, permitirá lanzar alertas “sin temor a represalias”.

El dictamen aprobado señala que estarán sometidos a obligaciones el Gobierno vasco y otros organismos autonómicos, los ayuntamientos, los partidos y sindicatos e incluso empresas privadas sostenidas con recursos públicos, como los colegios privados concertados. Sin embargo, las diputaciones forales escapan a este marco normativo.

El análisis crítico de la oposición

El debate ha durado unos cien minutos, de 9.30 a 11.13. Por parte de EH Bildu, Lamia Arcas, ha sido muy dura con el resultado final de la ley. La ve claramente insuficiente. Ha citado el caso de Gardena. Considera que son insuficientes los cambios introducidos en el sistema de elección de su dirección. La formación abertzale defendía un nombramiento para un único mandato de seis años y no uno de cinco prorrogable que, en la práctica, habilita a diez años continuados. Asimismo, Arcas sostiene que no se garantiza que no sea elegida una persona con “afiliación política”. Ha planteado, igualmente, que las garantías para los denunciantes de irregularidades no son las mejores.

Desde la bancada del PP, Ainhoa Domaica, ha manifestado que su partido consideraba que, “siendo los últimos”, era deseable “la mejor ley, la más ambiciosa” para Euskadi. Pero los 'populares' entienden que el producto final no es el mejor. El PP, de hecho, ha denunciado que el Gobierno no es precisamente “transparente” con la oposición a la hora de facilitar información, si bien eso es materia regulada en otra ley, el reglamento parlamentario. “Hasta ahora, un suspenso”, ha resumido Domaica, que ha llegado a exhibir un informe que se le ha entregado y que estaba totalmente tachado. Vox, de su lado, ha considerado también un “paripé” la nueva norma porque no garantiza que el Gobierno de Pradales deje de ser “opaco”, según Amaia Martínez Grisaleña.

En el caso de Sumar, que fue quien propuso al Ejecutivo cambiar la forma de designación de Gardena, ha señalado que ese cambio era impepinable pero, en palabras de Jon Hernández, es un ajuste insuficiente para que ellos se sumen a un acuerdo sobre el conjunto de la ley. Y ha afeado al PNV que quiera plantear una especie de superioridad “biológica” vasca cuando aquí, como en otros lugares, ha habido corrupción y clientelismo. “No nos podemos creer mejores que los demás. No estamos vacunados”, ha manifestado Hernández.

El socio del PNV, el PSE-EE, ha destacado que los nuevos artículos “fortalecen” el sistema democrático. Según Pau Blasi, una ley de Transparencia “no es un mero ejercicio de 'striptease'” sino una palanca para, entre otros objetivos, “recuperar la confianza en la instituciones” o “mejorar la toma de decisiones”. Blasi también ha insistido en que el hecho de que Euskadi no haya tenido ley no ha supuesto falta de iniciativas. A su juicio, fue el Gobierno de Patxi López el “pionero” en ello. Blasi fue asesor de aquella Presidencia entre 2009 y 2012. “Si no lo digo yo, no lo va a hacer nadie”, ha ironizado. En su momento, los socialistas denunciaron que era una renuncia aprobar una ley así sin que incluyera a las diputaciones.

Los tres intentos fallidos

Si la ley estatal es de 2013, el primer intento en Euskadi también es de esa época, de la legislatura 2012-2016. En el primer calendario legislativo del entonces lehendakari, Iñigo Urkullu, no constaba ninguna propuesta en este sentido a su llegada al cargo, pero sí se prometió un capítulo sobre ello dentro de una norma general sobre Administración Pública. Sin embargo, en 2015 el Ejecutivo -entonces del PNV en solitario y en minoría- la retiró del Parlamento en vista de la falta de apoyos y el rechazo en bloque de la oposición. Acto seguido, uno de los planteamientos fue separar el texto en dos, creando uno 'ad hoc' para Transparencia. Pero no dio tiempo en lo que quedaba de legislatura, ya que todas las propuestas legislativas -salvo contadas excepciones- decaen cuando se convocan elecciones, que fueron en el verano de 2016.

En la legislatura de 2016 a 2020 se hizo una promesa para el “primer cuatrimestre de 2018” que nunca se sustanció. Sin embargo, un año antes, PNV y PSE-EE presentaron como partidos una proposición no de ley en la Cámara con la promesa de “agilizar” la tramitación de la norma. Era, en esencia, la propuesta pendiente del mandato anterior. Se presentaron enmiendas y se reunió varias veces la ponencia legislativa, pero dejó de hacerlo en marzo de 2019. El acuerdo estaba casi listo pero había discrepancias al unir en un mismo texto puntos de información pública y otros de participación. Nada se hizo en el tramo final de aquella legislatura a pesar de una oferta de la coalición entonces llamada Elkarrekin Podemos al Gobierno para cerrarla y en 2020 volvió a decaer, nuevamente por la celebración de elecciones.

El tercer intento es el de la legislatura de 2020 a 2024. La promesa en la tercera y última legislatura de Urkullu era que el Ejecutivo enviase un proyecto de ley a la Cámara en el “segundo semestre de 2022”. No fue así. La consejera Olatz Garamendi presentó en el Parlamento el articulado muy tarde, a finales de 2023. No dio tiempo a tramitarla y volvió a decaer.

La de Transparencia es una de las iniciativas legislativas más importantes sacadas adelante por el Gobierno esta legislatura. De hecho, es el primer gran proyecto de ley que ve la luz, ya que hasta ahora la actividad de la Cámara ha consistido en presupuestos y en pequeñas reformas legislativas 'exprés' para facilitar la participación de menores en la caza, fomentar la tauromaquía entre los jóvenes o, más recientemente, para reforzar el control de las colonias de verano, retocar la normativa electoral y hasta para autorizar el juego del bingo en los centros de mayores. La oposición se está quejando de que la mayoría parlamentaria fuerza tramitaciones que no dan margen para la presentación de informes, el debate de enmiendas o las comparecencias de expertos.

La excepción, pero no tramitada como proyecto de ley del Gobierno sino como propuesta de PNV y PSE-EE, fue la normativa “urgente” para hacer frente a la crisis de vivienda, promulgada a finales de 2025. Otros compromisos como la reforma del Estatuto siguen acumulando retrasos y, aprobada la ley de Transparencia, tampoco queda ningún otro proyecto en tramitación ahora mismo, aunque sí intenciones como la nueva ley de justicia restaurativa.

La consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, ha estampado ya su firma en la “aprobación previa” de la primera ley que regula en Euskadi la denominada “justicia restaurativa”. La normativa, que no aparecía en el calendario legislativo del Gobierno de Imanol Pradales a comienzos de la legislatura, busca complementar la regulación estatal y extender este modelo de encuentros entre víctimas y victimarios que se popularizó con los encuentros entre presos de ETA y familiares de asesinados. Se persigue incluso que pueda ser una “alternativa” cuando no pueda lograrse una condena en la vía penal ordinaria, como supuestos de prescripción, de archivo por motivos procesales o de falta de autor conocido.

“El modelo vasco de justicia restaurativa se aplica como alternativo cuando no puede incoarse, desarrollarse o concluirse un proceso penal por la falta de una condición de procedibilidad, la ausencia de autor conocido o la presencia de un óbice procesal que conlleve la extinción de la responsabilidad penal”, se puede leer en el texto. Eso sí, se trata de una redacción que no es definitiva. El Consejo de Gobierno aprobará dentro de unos meses el proyecto de ley, que puede sufrir cambios, después pasará al Parlamento y allí los grupos tendrán la posibilidad de introducir más enmiendas. Quedan algo menos de dos años de legislatura para que se puedan superar todos estos trámites.

En un largo preámbulo, el Ejecutivo vasco expone que no desea meterse en competencias exclusivas del Estado, como son la regulación penal y procesal, pero recalca que el Gobierno autonómico si puede contribuir desde la provisión de medios para la Administración de Justicia y en la gestión de las penas, tanto las penitenciarias (desde 2021) como las alternativas a prisión. Se insiste en que es posible “un modelo de Justicia más humano” y que no se trata de “sustituir” al modelo “adversarial” tradicional sino de “enriquecerlo” para, sobre todo, lograr un resarcimiento de las víctimas y la reinserción de los victimarios. Otro de los propósitos es hacer pedagogía y “visibilizar” un modelo de reparación en el que las partes, de forma voluntaria y confidencial, se sientan para buscar la reparación del daño causado y evitar la reincidencia.

La norma arranca definiendo cómo es ese “modelo vasco” de justicia restaurativa. Plantea que, en el caso de los victimarios, podrán participar de él no sólo los condenados en firme sino denunciados, investigados/imputados, encausados o acusados. En el caso de las víctimas, lo son los que han sufrido directamente el delito pero también parejas, familiares, “allegados” y “miembros de la comunidad”. Se establece también que las “instituciones públicas” podrían llegar a participar en estos encuentros “en delitos que afecten al interés general” que no se precisan. Se recalca que los encuentros pueden ser individuales o colectivos. En el caso de los presos de ETA, en los últimos meses se está optando por reuniones entre varios exterroristas y varias víctimas, por ejemplo. Los llama “círculos restaurativos” y tienen “participación comunitaria e institucional”.

La ley recalca que este tipo de prácticas son totalmente “voluntarias” y que las víctimas pueden cortarlas cuando deseen si no les satisfacen. En el caso de los victimarios, la “negativa” a participar “no implicará consecuencia alguna” en su proceso penal o penitenciario. Se crea 'de iure' el “Servicio Vasco de Justicia Restaurativa”, que ya existe 'de facto', como órgano de coordinación de los procesos y que se complementará con las oficinas de atención a las víctimas, a los justiciables y de gestión de penas, también existentes.

La ley regula la figura de los mediadores, las personas que dinamizan estos encuentros. Podrán ser funcionarios o externos de entidades “privadas colaboradoras”. Han de ser titulados en una panoplia de materias relacionadas con el derecho y “acreditar” conocimientos sobre programas restaurativos, derechos humanos, enfoque intercultural y perspectiva de género. Se harán “comprobaciones” de la calidad de estos profesionales y, de hecho, habrá un registro de “personas facilitadoras”.

El consejero vasco de Vivienda, Denis Itxaso, del PSE-EE, y el alcalde de Donostia, Jon Insausti, del PNV, han chocado en los últimos meses a la hora de abordar proyectos urbanísticos en la ciudad con los precios más caros de España. En la zona conocida como Infierno no hubo acuerdo y las parcelas disponibles irán a manos de promotores privados, sin posibilidad de edificar casas protegidas y, por ende, más económicas. Ahora, en cambio, Itxaso e Insausti tienen ya encima de la mesa un protocolo para desarrollar exactamente 5.095 viviendas protegidas, en su mayoría en alquiler y en diferentes modalidades, para todo tipo de rentas. Hay proyectos más pequeños, como el de Campos Elíseos, con 98, y otros más grandes y de mayor recorrido, como Auditz Akular, con 2.354 viviendas protegidas de una tacada.

“Cuando nos ceden el balón, estamos dispuestos a jugar hasta en el mismísimo infierno”, ha bromeado Itxaso sobre la importancia que tiene que los municipios cedan suelo al Ejecutivo autonómico para poner en marcha proyectos, aunque en el caso de esa zona de Donostia hubiera un desencuentro evidente.

Itxaso, tras aprobar su parte del protocolo en el Consejo de Gobierno, ha revestido como una muy relevante noticia tener “un marco de colaboración estable” hasta 2034 (prorrogable hasta 2038) “en la ciudad que mayor necesidad tiene, la más cara de España y la que tiene mayores tasas de expulsión” de jóvenes por lo prohibitivo de comprar un inmueble. El anterior alcalde, Eneko Goia, sostenía que era “exquisito” querer quedarse a vivir en el barrio.

El consejero ha dicho que en quince años no había habido interlocución fluida con Donostia mientras en Vitoria surgían Salburua o Zabalgana, en Bilbao Bolueta o Zorrozaurre y en la vecina Irún el polígono de Anaka. El marco temporal que da Itxaso no es casual. Se da la circunstancia de que en 2011 salió del Ayuntamiento el socialista Odón Elorza, su gran padrino político.

A falta de acuerdo en el Infierno, lo hay en otros diez ámbitos. 994 de las viviendas llegarían incluso “a corto-medio plazo”, ha prometido Itxaso. Está Txomin Enea con 315, que es la zona de desarrollo que se abrirá con el derribo de la cárcel de Martutene y el traslado de los presos a Zubieta. Es algo que ocurrirá en próximas semanas. También Antzita, con 387, Jolastokieta (ahora pabellones abandonados, como el de Otis), con 169, Campos Elíseos, con 98, Apostolados, con 16, o Rodil, con 9. Después están los planes más de futuro, con otras 4.101 viviendas. Son las 2.354 de Auditz Akular, en Altza, la mayor zona de desarrollo de Euskadi, las 1.750 que podrían surgir con la demolición de los cuarteles del Ejército en Loiola, las 530 de las antiguas vías de Euskotren liberadas por el inminente soterramiento del Topo -aquí los terrenos ya son autonómicos y permitirán unir el ensanche romántico con Amara Berri-, o las 268 de Sarrueta. Al margen del protocolo hay acuerdos en Morláns o Riberas de Loiola, igualmente.

Las 5.000 viviendas suponen más de un 5% del parque actual de Donostia, con 95.000 casas familias en 2024, según el Eustat. Eso sí, no cubrirán ni de lejos la demanda de casi 14.000 personas inscritas en Etxebide. Itxaso ha reconocido que siguen manteniendo “diferencias” con el Ayuntamiento pero ha agradecido la “predisposición” para ceder suelos y optar por un modelo de viviendas protegidas, de todas las tipologías.

Por ley, todas las promociones serán destinadas mayoritariamente a alquiler. Sostiene Itxaso que un 78% de los demandantes ya pide esa modalidad y que el otro 21% está cubierto con las peticiones que llegan a Etxebide de promociones privadas.

Sin embargo, en la nueva Donostia habrá desde viviendas tasadas para rentas de incluso 59.000 euros. Itxaso ha asegurado la crisis es tal que ni siquiera en Donostia familias con esos ingresos tienen asegurado un espacio digno. Después estarán los arrendamientos en régimen general o fórmulas más sociales, así como los apartamentos dotacionales. Si las promociones incluyeran viviendas protegidas en venta, su segunda transmisión estaría controlada en cuanto a precios, según ha indicado el consejero, aunque ha admitido que ahora mismo “las viviendas tasadas en compra no son tampoco baratas”. “Estamos hablando de 400.000 euros. No todas las clases medias y trabajadoras pueden pagar eso”, ha admitido.

“De las musas al teatro”

El consejero del PSE-EE se ha valido de este acuerdo con uno de los principales referentes institucionales del PNV para responder a EH Bildu, que lanzó este lunes un plan “nacional” de vivienda que exige construir “a gran escala”. Itxaso ha ironizado que al líder institucional abertzale, Pello Otxandiano, le toca bajar “de las musas al teatro” y superar ya la fase de los “diagnósticos”.

Airado ante las críticas de que PNV y PSE-EE han discrepado en materia de Vivienda, una evidencia tal que los nacionalistas llevaron al Constitucional la ley estatal como las autonomías del PP y contra el criterio del predecesor de Itxaso, Iñaki Arriola, Itxaso ha asegurado que el acuerdo con el socio se plasma en actuaciones continuadas que acaban “en el boletín oficial”. Ha citado la reforma de la ley de 2025 o el reciente decreto de 2026, así como la aplicación de las zonas tensionadas. Por el contrario, ha considerado que “hasta hace diez minutos” los municipios de EH Bildu nunca cedían suelos al Gobierno vasco porque criticaban el “cemento” y el “ladrillazo”.

PNV, PSE-EE, EH Bildu y Sumar han sacado adelante una iniciativa en el Parlamento Vasco para reforzar los medios de la Ertzaintza para perseguir la ciberdelincuencia, con el objeto de hacer frente “al actual incremento de ciberdelitos y enfrentarse a los futuros retos del cibercrimen”. La iniciativa partía de la coalición abertzale, que ya venía avisando del “continuo aumento de la ciberdelincuencia”.

El acuerdo alcanzado, ante el que PP y Vox han votado en contra, según informa Europa Press, establece que el Gobierno vasco profundizará en “el proceso de modernización de la Euskal Polizia”, lo que incluye también a los cuerpos locales, “en el ámbito de la ciberseguridad, con el objeto de hacer frente al actual incremento de ciberdelitos y enfrentarse a los futuros retos del cibercrimen”.

Además, en el marco del vigente Plan de Empleo de la Ertzaintza, reforzará los recursos humanos para hacer frente a los ciberdelitos y continuará con la actualización y modernización de los recursos técnicos de la Ertzaintza, también desde el punto de vista de la ciberseguridad, para lo cual se elaborará una planificación específica. Asimismo, la formación en ciberdelitos tendrá su lugar y “relevancia” dentro de los planes de estudio de la academia de Arkaute, para, entre otras cosas, atender adecuadamente a las víctimas. Por último, se reforzarán las labores de prevención, detección y respuesta ante ciberataques, mediante la colaboración entre Cyberzaintza y la jefatura de coordinación de Ciberseguridad de la Ertzaintza.

El parlamentario de EH Bildu Gorka Ortiz de Guinea ha señalado la necesidad de avanzar “hacia un modelo que garantice la seguridad en el espacio digital” ante unos datos “terribles” que reflejan que, “en ocho años casi se ha cuadriplicado la cantidad de ciberdelitos, hasta llegar a ser más de 28.000 en 2025”. Además, ha advertido que estos datos no son “reales”, ya que “diversos estudios manifiestan que la cifra negra del delito digital multiplica ese impacto real más allá de las estadísticas oficiales”. A pesar del “peso” que tienen los ciberdelitos en el total de delitos, el parlamentario de EH Bildu ha criticado que en la Ertzaintza “solo hay 26 ertzainas para investigar 28.000 delitos y es obvio que no son suficientes”. Ortiz de Guinea ha mostrado su satisfacción por el acuerdo: “Es importante que todos nos demos cuenta de que la ciberdelicuencia es un tsunami y que nuestra Policía debe estar muy bien preparada para combatirla”.

La parlamentaria del PNV Josune Escota, que ha remarcado que el acuerdo no implicar “blaquear a EH Bildu”, ha asegurado, frente a la idea de “desbordamiento o improvisación” ante la ciberdelincuencia, que existe “un sistema estructurado que, lógicamente, está en evolución constante y alineado con los estándares europeos”.

Además, ha dicho que en las comisarías “hay agentes que han recibido formación en ciberdelincuencia y que se encargan de asesorar a los agentes de investigación sobre la manera de enfocar esa investigación”, además de existir “unos coordinadores de cibercriminalidad en todas las comisarías, que supervisan las denuncias que se han recogido y hacen seguimiento de todas las gestiones que se realizan”.

Por su parte, ha precisado, la jefatura de coordinación de ciberseguridad, “una iniciativa del año 2025”, se encarga de los casos “más complejos, de los de mayor impacto, los que afectan a menores y los que requieren de alta especialización” y que actualmente está impulsando la optimización de los procesos de denuncia en la Ertzaintza, “la formación y sensibilización a todos los niveles y la clarificación de los términos en las investigaciones de ciberseguridad”.

La parlamentaria del PSE-EE Miren Gallástegui ha reconocido que la ciberdelincuencia “se ha convertido, sin duda, en una de las mayores amenazas para la seguridad y la privacidad en el mundo digital”. “Nos encontramos ante un fenómeno que va a requerir cada vez más de presencia, recursos y atención”, ha manifestado.

Por su parte, la parlamentaria del PP Ainhoa Domaica ha reconocido que, según los datos del Departamento de Seguridad, en 2025 “es verdad que se ha producido un incremento de 1.303 delitos y un incremento porcentual del 4,83%, pero también hay que dimensionar estos 28.271 delitos forman parte de los 143.406 delitos que se produjeron en Euskadi en 2025”, de forma que “la ciberdelincuencia tiene un peso en la delincuencia en Euskadi del 19,71%”.

En ese sentido, Domaica ha puesto de manifiesto que “los delitos presenciales son más del 80% de los delitos que se producen aquí y que son los que realmente generan una mayor preocupación en los ciudadanos”. La parlamentaria del PP ha dicho ver “una intención de EH Bildu de empezar a hablar de seguridad” y “un nuevo acuerdo PNV-Bildu”, que ha enmarcado en “la nueva estrategia del PNV de abrazarse a Bildu, de blanquearlo, de comprarle su discurso en seguridad, aunque hasta ahora ha venido cuestionando sistemáticamente a la Ertzaintza y su funcionamiento democrático” y que “se niega a condenar los ataques a los ertzainas”.

El portavoz de Sumar, Jon Hernández, ha reconocido que hay “una alta incidencia, y lógicamente va a seguir en aumento, de la ciberdelincuencia y de los delitos relacionados con la ciberseguridad” y que hay “una capacidad de protección limitada en Euskadi que debe mejorarse y a la que se le debe dar importancia”. Hernández ha coincidido en la necesidad de modernización de la Ertzaintza “para responder a un tipo de delincuencia que sofisticada y en continua evolución”, así como de formación y aumento de recursos porque el Gobierno vasco tiene “un déficit importante”.

Por último, la portavoz de Vox, Amaia Martínez Grisaleña, ha dicho que le “eriza la piel” que “sea Bildu, precisamente, quien venga a hablar de seguridad”, cuando “continúan apoyando y que todavía no han condenado todos esos crímenes y extorsiones que un grupo terrorista como fue ETA ha producido en nuestra tierra”. “Y nos incomoda que el PNV apoye en un tema de seguridad precisamente a Bildu”, ha indicado.

El Instituto de la Memoria (Gogora) va a formalizar próximamente el primer gran cambio en su estructura desde su puesta en marcha en 2015 y que se traducirá en la creación de un nuevo alto cargo en la Administración vasca. Mediante una modificación de sus estatutos por medio de un decreto, el actual director del organismo, Alberto Alonso, del PSE-EE, va a 'ascender' en rango y pasará a tener el mismo nivel que un viceconsejero del Gobierno vasco al tiempo que se creará una nueva plaza, la del adjunto a la dirección.

Explican desde Gogora que “ya han pasado diez años desde la creación del Instituto” y que ya está lo “suficientemente consolidado” como para plantear unos primeros ajustes en su estructura. “Es el momento de reforzar y profundizar en las líneas de trabajo emprendidas a lo largo de estos años. El trabajo cooperativo que realiza con el resto de las instituciones, institutos, centros de memoria y entidades memorialistas hacen imprescindible la creación de un puesto de subdirección, difícilmente asumibles por una única figura de director”, alega el Gobierno.

La ley de creación de Gogora, que es de 2014, ya contemplaba la posibilidad de que dos personas asumieran la dirección, pero hasta ahora no se había desarrollado. En concreto, en su artículo duodécimo se indica que “el reglamento de organización y funcionamiento del instituto, que será aprobado por decreto del Gobierno, desarrollará las previsiones de la presente ley en todo a lo relativo a su organización, estructura y funcionamiento” y que, entre otros puntos, “regulará la creación de una dirección adjunta con atribuciones de desarrollo técnico y especializado de alguna de las funciones encomendadas al instituto”.

En sus primeros años de vida, con el PNV al frente de las políticas de Derechos Humanos, la única directora fue Aintzane Ezenarro, fichada por Iñigo Urkullu desde Aralar, un partido que luego acabó integrado en EH Bildu. Después, en 2024, la renegociación de la coalición entre nacionalistas y socialistas dio a los segundos esta cartera y el historiador Alonso, exparlamentario y exdirector de otro organismo muy diferente, Osalan, fue designado director de Gogora dentro del organigrama de la consejera María Jesús San José, con la que ya había trabajado antes-

En una resolución firmada por el propio Alonso el 30 de abril se estipula que se considera “necesaria” la modificación de los estatutos para la “creación de la dotación correspondiente a la dirección adjunta del Instituto, con la consideración de alto cargo y rango de director”, es decir, con un salario de unos 80.600 euros anuales (según las tablas de 2025). A la vez, se va a proceder a la “elevación del rango” del actual director de Gogora a viceconsejero, que tienen una remuneración de 94.500 euros anuales.

Se explica que se realizan estas modificaciones retributivas para evitar la coexistencia de dos altos cargos con igual nivel. “Esta dualidad de director/director adjunto requiere la elevación del rango como alto cargo de la Administración del actual director a viceconsejero”, se expone en la justificación de la iniciativa. Fuentes conocedoras de esta operación añaden que lo que se busca es ir hacia un modelo similar al del Ararteko, donde hay un titular de la Defensoría y un adjunto. Y no se descarta la posibilidad de que la persona que acompaña a Alonso pueda ser propuesta por el entorno del otro partido socio del Gobierno, el PNV.

La secretaria de Estado de Migraciones, la socialista Pilar Cancela, se desplazará próximamente a Vitoria para mantener encuentros institucionales con cargos locales de cara a la puesta en marcha del nuevo centro de refugiados que el Estado prepara en la ciudad. Está ubicado en la antigua Clínica Arana, sin uso durante años, y ha motivado las críticas de PP y Vox, mas también las del PNV y de colectivos vecinales.

Javier Hurtado, en su condición de secretario general del PSE-EE en Álava, ha dicho en una entrevista en la Cadena Ser este martes que la ronda responde al “compromiso” adquirido por el Gobierno central de ahondar en la “coordinación” interinstitucional en torno a este proyecto. Se reunirá con el Ayuntamiento, con la Diputación de Álava y con el Gobierno vasco, según ha indicado.

Hurtado no ha concretado el momento concreto de la visita -será “en próximas fechas”-, pero sí ha puesto en valor su importancia. Ha recordado que ya se acordó con la alcaldesa, Maider Etxebarria, la reducción de las plazas inicialmente previstas, 350, para que sean finalmente 200. Ha destacado su “liderazgo” en esta materia.

El también consejero del Gobierno vasco ha indicado que el proyecto, con los cambios anunciados, estará mejor integrado en el barrio. Pero ha remarcado que Vitoria ha de seguir siendo una “ciudad de acogida” -“muchos somos también inmigrantes”, ha manifestado sobre sí mismo, nacido en Madrid- y que los usuarios del nuevo recurso son personas que no migran por voluntad, sino que “huyen de sus países” por las guerras y las “violaciones” sistemáticas de sus derechos básicos.

Hurtado se ha referido también a los malienses que llevan meses pernoctando en la calle en una zona muy próxima a Arana, Salburua. Ha defendido que el Estado, que es el que tiene las principales competencias, está “abordando desde el primer momento” el problema a pesar de las críticas de colectivos vecinales. Ha apuntado que se han producido ya del orden de “1.400 traslados” o atenciones a este colectivo.

El Gobierno de PNV y PSE-EE, que tiene mayoría absoluta en el Parlamento Vasco, ha cerrado la puerta a flexibilizar aún más la ley de caza en línea de las exigencias del sector para garantizarle a esa actividad “relevo generacional”. La Cámara tocó en 2025 la normativa en vigor para permitir que los menores pudiesen acudir a las batidas como acompañantes y ahora el PP quería una nueva vuelta de tuerca para regular también como acompañantes la figura de “ojeadores y batidores”, que son “quienes colaboran en el levantamiento y dirección de las piezas”.

El Ejecutivo, en la última reunión del Consejo de Gobierno, celebrada este miércoles, emitió un informe contrario a la toma en consideración de la proposición de ley del PP, lo que adelanta el voto negativo de PNV y PSE-EE salvo sorpresa. El documento de cuatro folios, sostiene que “no puede calificarse como meramente accesoria o pasiva” la actividad de ojeadores y batidores, ya que operan “activamente” en labores “necesarias” para la captura de los animales. Por ello, participan “plenamente” en los “riesgos inherentes” de la caza y deben contar con una licencia.

“La exigencia de licencia de caza para las personas ojeadoras y batidoras resulta plenamente justificada, tanto por su participación activa en la acción cinegética como por razones de formación, conocimiento normativo y asunción de responsabilidades, que son consustanciales al ejercicio de dicha actividad”, indica el informe, que cree que “la supresión de este requisito podría tener un impacto negativo en los estándares de seguridad”.

Por otro lado, el Gobierno descarta también otra propuesta del PP para que las diputaciones tengan “responsabilidad subsidiaria” de los daños causados por los animales durante la veda en cotos privados. El Ejecutivo sostiene que es algo que “presenta una complejidad técnica, jurídica y presupuestaria” que requeriría un debate profundo no en el Parlamento sino en las propias instituciones forales, que tienen “competencias propias” en la materia.

Fue el 20 de marzo de 2025 cuando el Parlamento Vasco modificó la ley de caza. Fue una propuesta lanzada por los partidos del Ejecutivo pero como proposición de ley, lo que reduce los informes de control que se emiten. PNV y PSE-EE sumaron a las derechas, PP y Vox, a la reforma exprés. El único objetivo entonces era permitir y regular la presencia de menores en las batidas, aunque siempre como “acompañantes” y sin poder usar armas. El argumento era que es preciso promover un “relevo generacional” en un sector esencial para el cuidado del entorno natural, aunque colectivos ecologistas lo habían criticado con dureza. EH Bildu y Sumar se opusieron aludiendo a la seguridad de niños y adolescentes. Desde la tribuna de invitados, representantes de asociaciones de cazadores recogieron con enorme satisfacción este paso.

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha acusado al PNV de “exagerar” por su reacción al 'meme' publicado por los socialistas sobre el presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, y ha pedido al partido jeltzale que retire su iniciativa sobre el euskera en las OPE porque es “una amenaza a miles de trabajadores” y merece “una respuesta en la calle”. Tras asegurar que no tiene “nada que hablar” con PNV, cree que hay que dar tiempo para que “las aguas vuelvan a su cauce” y ha asegurado que “no está en riesgo” la coalición de gobierno. Andueza ha realizado estas manifestaciones en Bilbao, donde ha encabezado la delegación socialista que ha participado en la manifestación convocada por CCOO y UGT con motivo del Primero de Mayo.

En declaraciones a los medios de comunicación, ha subrayado que este año hay “más razones” para participar en los actos del día del Trabajador porque los “derechos laborales están en riesgo”, en primer lugar, por la amenaza de la derecha y de la ultraderecha y, en segundo lugar porque son los trabajadores “los que pagan las consecuencias de las guerras injustas”. Además, ha añadido que en Euskadi también tienen “un motivo muy importante para salir a la calle”, porque “se suma una amenaza más, una amenaza a los derechos de los trabajadores por parte del PNV y EH Bildu”, que, a su juicio, “quieren imponer a través de esas proposiciones de ley para la reforma de la Ley de empleo público una mayor exigencia de euskera en la administración pública”. A su entender, ello impide a miles de trabajadores acceder a una OPE o consolidar su puesto de trabajo. Andueza cree que es “algo muy grave” que “no lleva a nada” y, “desde luego merece una respuesta en la calle por parte de todas las fuerzas y sindicatos”, informa Europa Press.

Precisamente, estos días se han evidenciado las diferencias entre PNV y PSE, después de que, tras unas palabras del presidente del EBB, Aitor Esteban, hablando de los avances en la negociación del nuevo Estatuto, los socialistas publicaran una imagen generada con IA del líder jeltzale lanzándose a una piscina“ con un texto en el que le reprochaban haber roto el consenso en torno al euskera en las OPE.

Un 'meme' que llevo al PNV a calificarlo de “indecente” y anular una reunión prevista en Bilbao con el representante del PSOE Antonio Hernando y el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, para hablar de reforma estatutaria. Andueza entiende que la reacción del PNV fue “una exageración excesiva” y, en todo caso, le ha restado “toda importancia” porque lo que querían con ese “tuit era poner la atención en lo que importa”.

Eneko Andueza ha asegurado que “lo importante” es que el PNV decidió “abandonar” los consensos que tenía con PSE-EE en esta cuestión y “emprender por libre una vía que no les va a llevar absolutamente a nada”. “Decidió presentar por libre una proposición de ley en el Parlamento Vasco al margen del PSE y ahora, cuando se ve en un callejón sin salida, intenta una maniobra de despiste para que la gente no se dé cuenta del error”, ha manifestado.

Tras señalar que tienen acordado “silencio y discreción” sobre las conversaciones en torno al nuevo Estatuto, ha indicado que el PNV lo ha “roto” y ha asegurado que las declaraciones que hizo Esteban, en torno a avances en esa negociación, hizo que tuvieran que “poner pie en pared” para denunciar que esas manifestaciones eran “una maniobra de distracción”. “Y cuando les hemos roto la estrategia es cuando se han enfadado, pero mal negocio ha hecho el PNV cuando ha emprendido ese viaje en solitario para terminar rogando una abstención a EH Bildu”, ha apuntado.

Andueza ha afirmado que toda esta “polémica, todo este lío y bronca artificial que han montado algunos” no ha venido por ese “meme”. Andueza ha añadido que ese “meme” llegó “en el momento preciso” en el que el PSE “quiso llamar la atención” sobre que el PNV “estaba rompiendo el pacto de silencio en torno a la reforma del nuevo Estatuto” para “despistar e intentar tapar un error”, el de haber roto “el consenso” sobre el euskera.

En este sentido, ha reiterado que la mejor solución es “parar, reflexionar” y que el PNV “retroceda y, desde luego, retire una proposición de ley que no lleva a nada, que perjudica a todo el mundo y, especialmente, a ellos mismos”. “Lo que no podemos pretender, desde luego, es que los errores del PNV los tenga que arreglar el PSE. Les pido que retiren esa proposición de ley para que este debate se produzca con sosiego”, ha manifestado.

A su juicio, ahora se abren diferentes escenarios, el primero que el PNV se haga “eco” de la solicitud que ha hecho el PSE-EE y retire esa propuesta, el segundo que EH Bildu se abstenga como le ha “rogado” el PNV y el tercero que “PNV y EH Bildu puedan alcanzar un acuerdo”, algo que ve posible, “e incluso el PNV pueda apoyar la propuesta de EH Bildu”.

Eneko Andueza cree que la “mejor opción” es la primera porque las otras dos “son un golpe en la línea de flotación de los derechos laborales de miles de ciudadanos en Euskadi que no van a poder acceder a una OPE para tener un empleo porque no van a poder consolidar su puesto”.

Cuestionado por si ha hablado, desde la polémica del tuit, con el PNV, ha afirmado que no lo ha hecho porque entiende que “no tienen nada que hablar”. “Es decir, muchas veces el que se sienta agredido entiende que los demás nos tenemos que pronunciar”, ha señalado.

Faltas de respeto del PNV

Andueza ha añadido que, en los últimos tiempos, el PSE-EE y él, como secretario general del partido, han sufrido “campañas orquestadas por el propio PNV, en las que le ”han faltado al respeto“. ”Ha habido un alcalde como Eneko Goia que me ha llamado Bocazas, ha habido una presidenta del Gipuzko Buru Batzar que despectivamente me ha llamado españolista. Hace dos días un importante miembro del PNV dijo de mí que era un manazas, que era un gamberro y que lo único que hacía era rebuznar“, ha denunciado. El líder de los socialistas vascos ha asegurado que su reacción ”nunca va a ser airada, nunca va a ser un plante, nunca va a ser una pataleta pública“. Andueza ha asegurado que, si alguien ha sufrido ”las faltas de respeto“ por parte del PNV a lo largo de la historia ha sido el PSE. ”Lo hemos sufrido muchas veces y nunca nadie por parte del PNV ha descolgado el teléfono para pedirnos perdón“, ha remarcado.

Pese a las diferencias con el PNV, se ha mostrado rotundo al afirmar que ello “por supuesto” que no pone en riesgo la coalición de gobierno con el partido jeltzale. “Yo no veo en riesgo absolutamente nada y es que hemos vivido momentos de tensión, que han sido tensiones artificiales provocadas por el PNV en los últimos años, muchas y siempre se reconduce. Nadie va a poner en riesgo la coalición, por lo menos, por parte del PSE-EE”, ha advertido.

Eneko Andueza ha indicado que, si alguien piensa que va a ser el PSE-EE el que va a romper la coalición, es que no les conoce y no conoce su seriedad y su compromiso “con la palabra dada”. “Y no será el PSE el que lo rompa, tampoco creo que lo haga el PNV. Dejemos que el tiempo pase, que las aguas vuelvan a su cauce y como siempre se cumpla el guión que siempre se cumple y es que todo esto vuelva otra vez a su normalidad y volvamos a seguir trabajando intensamente”, ha manifestado. En este sentido, se ha mostrado convencido de que en las próximas semanas se producirá la reunión que canceló el PNV. Por último, preguntado si le ha llamado Pedro Sánchez, tras esa polémica, ha respondido que el presidente del Gobierno tiene “cosas bastante más relevantes que atender, que hacer una llamada al secretario general de Euskadi”. Andueza ha añadido que entiende que Moncloa haya hablado con el PNV porque tiene sus propios intereses.

El Gobierno vasco implantará un sistema de seguimiento a través de Lanbide para controlar que se cumple la legislación en materia de contratación de personas discapacitadas en las sociedades públicas. El Parlamento Vasco ha aprobado una enmienda de los partidos de Gobierno, PNV y PSE-EE, en el que se insta al Ejecutivo a establecer este mecanismo de control y que, además, las declaraciones de excepcionalidad al cumplimiento de la norma requieran de la acreditación ante Lanbide de las gestiones activas realizadas durante el año anterior para incorporar personas con discapacidad a su plantilla.

Lo que no hará el Gobierno vasco es comprobar cuántas sociedades públicas incumplen en estos momentos la legislación, que obliga a tener un 2% de la plantilla destinada a personas con discapacidad, ya que ha decaído la iniciativa presentada por el PP vasco, promotor del debate, en la que pedía la realización de un estudio completo del cumplimiento de la norma desde que se aprobó en 2013.

El PP fue el que, a través de una pregunta parlamentaria, hizo público que el Ente Vasco de Energía (EVE) había abonado 10.800 euros en concepto de “donación” a la fundación de Adecco como compensación por no cumplir con los mínimos marcados por la ley y no tener personas discapacitadas en plantilla. La legislación obliga a la contratación de un mínimo del 2% o, de no ser posible, acogerse a una excepcionalidad. Durante su intervención, el parlamentario del PP, Álvaro Gotxi, ha desvelado que “el EVE no está solo” en este incumplimiento, sino que, por ejemplo, también la Spri ha hecho esta donación a la Fundación Adecco. “La misma cantidad, la misma Fundación y la misma resolución de excepcionalidad que también le blinda hasta el 2027. Esto no es una coincidencia. Esto es un sistema, un sistema que el Gobierno vasco ha permitido y validado”, ha señalado el parlamentario del PP. También ha indicado que el BEC pidió la excepcionalidad en 2021 y decayó en 2024 sin que se haya pedido la renovación ni conste en ningún documento que cumple con los mínimos de contratación.

Ante la imposibilidad de conocer cuántas sociedades incumplen la normativa en estos momentos, el PP ha insistido en realizar esta especie de autoría para conocer la situación de la que se parte, pero ningún otro grupo ha apoyado la iniciativa de los 'populares', aunque tanto desde EH Bildu como desde Sumar se ha agradecido y reconocido la labor de este grupo al llevar el tema de la contratación de personas discapacitadas a la Cámara.

Aunque todos los grupos han presentado enmiendas, ha salido adelante la presentada por el PNV y PSE-EE con el único voto a favor de los partidos de Gobierno, la abstención de EH Bildu y Sumar y el voto en contra del PP. En dicha enmienda, además de establecer el seguimiento del cumplimiento y de la acreditación de la excepcionalidad a través de Lanbide, PNV y PSE-EE instan al Gobierno vasco a impulsar “una política activa de sensibilización” en el sector público vasco para fomentar las medidas de integración. Además, piden a las sociedades públicas, entes de derecho privado, fundaciones u otras entidades que componen el sector público vasco, que impulsen políticas de integración para personas con discapacidad e incorporen personas con discapacidad en sus plantillas.

La enmienda del PP pedía, además del estudio de grado actual de cumplimiento de la norma, que se establezca un sistema de seguimiento anual del cumplimiento “con comunicación periódica a Lanbide y evitando que se repitan situaciones de incumplimiento prolongado sin detección”, así como que se exija a las sociedades públicas solicitantes de declaración de excepcionalidad la acreditación de haber ofertado al menos tres perfiles distintos adaptados a personas con discapacidad antes de resolver favorablemente solicitud de excepcionalidad.

EH Bildu y Sumar han presentado también sus propias mociones que no han salido adelante. EH Bildu reclamaba “mecanismos eficaces de control” para que se cumplan las cuotas de reserva y para que las medidas de exención alternativas a la contratación no sean subterfugios habituales, garantizando que las personas con discapacidad sean contratadas directamente en el empleo ordinario“. Esta enmienda también pedía al Ejecutivo que garantice que el sector público ”sea un ejemplo para la integración de las personas con discapacidad en el empleo“ y que, en consecuencia, ”priorice en las licitaciones la contratación de empresas que cumplan la cuota de reserva mediante la contratación directa de personas con discapacidad“, como una forma de que esa contratación se extienda al sector privado. Además, solicitaba un aumento de las labores de control por parte de la Inspección de Trabajo en esta cuestión.

Por su parte, Sumar pedía al Ejecutivo que garantice la reserva de plazas para personas con discapacidad en las empresas y entidades públicas “en cumplimiento estricto de la ley de derechos de personas con discapacidad y de su inclusión social” y que se revisara la concesión de excepciones y se aplicaran “criterios estrictos”.

El Parlamento Vasco ha acordado dar inicio de la tramitación de una reforma quirúrgica de la normativa autonómica del juego con el objetivo de proporcionar seguridad jurídica a los bingos de los centros de jubilados en los que se abonan cantidades simbólicas por los cartones y se opta a premios de pequeño montante. El asunto llegó a la Cámara luego de una visita de la Ertzaintza al centro Bonaparte de Bilbao, donde hay instalado un sistema electrónico para la actividad, en aplicación estricta de la ley que regula las apuestas y los juegos de azar, que impide llevarlos a cabo sin licencia si tienen un componente económico.

Ha sido el PP el que ha abanderado la defensa de esta actividad incluso con una visita al bingo del Bonaparte en la que grabaron un vídeo para las redes sociales delante de su panel electrónico con computadora. El PP, en el pleno de este jueves, ha concitado los votos de PNV y PSE-EE, los partidos del Gobierno, y también de Vox para abrir una ponencia legislativa. El resto de partidos, EH Bildu y Sumar, tampoco se han opuesto. Ahora se abre un período en el que tocará definir los ajustes concretos para que el bingo con cantidades simbólicas no sea perseguido legalmente. PNV y PSE-EE han sugerido ya que la redacción original del PP no es la más adecuada, pero tienen mayoría suficiente para plantear sus propios términos.

La 'popular' Ainhoa Domaica ha señalado que esta iniciativa legislativa puede parecer una “pequeña cosa”, pero ha puesto en valor “la política del día a día, de lo cotidiano, de esos problemas en los que se encuentran los ciudadanos y muchas veces no saben cómo se les puede dar respuesta”. “Por eso dimos un paso adelante”, ha expuesto en la tribuna. “Lo que queremos es devolver esa seguridad jurídica, esa tranquilidad a las personas mayores del hogar de Santutxu, que dedican sus tardes con un euro a jugar con sus compañeros, a huir de esa soledad no deseada, a relacionarse con otras personas. Creemos que una actividad que genera tantos beneficios sociales no puede estar prohibida por una ley, y mucho menos encontrarse en el disparate de que puedan enfrentarse a multas de 60.000 euros”, ha agregado la parlamentaria del PP.

Desde el PNV, Jon Andoni Atutxa ha recordado que la ley ya permite el juego siempre que sea sin dinero (“aquí nadie ha prohibido jugar al bingo”), pero ha concedido que es deseable una reforma legislativa para que siempre que lo que se juegue sea una “cantidad simbólica” de dinero también pueda ser posible. Por parte del PSE-EE, Miren Gallástegui ha reconocido igualmente que “efectivamente hay determinados juegos de carácter tradicional que contribuyen a fomentar la convivencia, la participación y una cosa muy importante, que es el envejecimiento activo”, según ha indicado. Ahora bien, ha afeado que la solución del PP lo aborda “desde la inconcreción y desde la imprecisión”, por lo que ha confiado en que el trámite de enmiendas permita arbitrar una fórmula adecuada. La representante de Vox, Amaia Martínez Grisaleña, ha ironizado con que la Policía va a terminar considerando “red de juego ilegal” las partidas de cartas familiares en Navidad.

Desde Sumar, Jon Hernández ha dicho estar de acuerdo “con el objetivo” de la reforma legislativa, pero ha pedido aprovechar la tramitación para cuidar también lo relativo a la “adicción al juego”. “Somos conscientes también de la dura realidad que padecen muchas personas en nuestro entorno con la adicción al juego”, ha planteado. En la misma línea, Gorka Ortiz de Guinea de EH Bildu ha aludido a que la propuesta del PP no garantiza la prevención de conductas “peligrosas o patológicas” con las apuestas. Y ha avisado de que legislar a golpe de titular puede generar que se abra la puerta a que también espacios con menores puedan organizar estas actividades. Ha añadido que la reforma debería haber provenido del Gobierno, lo que obliga a aportar una batería de informes que ahora no se han emitido.

El PSE-EE “no” contempla retirar de sus redes sociales la imagen generada con inteligencia artificial que mostraba a Aitor Esteban lanzándose a una piscina y que los nacionalistas vieron “indecente” desde el primer momento. “Nosotros no abrimos el capítulo” de las diferencias, ha dicho sobre las relaciones entre los socios en Euskadi el parlamentario socialista Pau Blasi, al tiempo que pedía a los nacionalistas la retirada de la iniciativa presentada en solitario para reformar la normativa de empleo público autonómica en lo tocante a las exigencias de euskera en las convocatorias.

Según Blasi, de la máxima confianza de Eneko Andueza en el PSE-EE, el debate sobre el 'meme' ha supuesto “desviar la atención” de lo relevante, el euskera. Estos días, mientras millones de personas veían en X el mensaje inicial y la respuesta de los nacionalistas, mientras incluso Ana Rosa Quintana se interesaba por las novedades que llegaban de Euskadi, se consumaba la brecha más grande entre los socios en Euskadi en lo que va de legislatura, la constatación de que no hay acuerdo en torno al euskera.

Blasi ha insistido en que el PNV “rompió” los términos del acuerdo de coalición el pasado año al lanzar en solitario una iniciativa y en que ha mantenido durante meses la negativa al acuerdo con posiciones maximalistas. Y ha añadido que la relación “está peor” que hace un año ahora mismo, cuando se ha cerrado el plazo de enmiendas sobre la política lingüística sin posibilidad de entendimiento. El PSE-EE ha presentado correcciones a la propuesta del PNV, un gesto político también inédito en la legislatura. El acuerdo de coalición ata a los socios a operar de modo coordinado en el Parlamento en todo momento.

Blasi, expresamente, ha pedido al PNV “parar” la tramitación del debate sobre el euskera. De hecho, ha indicado que el Tribunal Constitucional aún no se ha pronunciado sobre la ley de 2022, la que ahora se busca reformar. Eso sí, el PSE-EE se ha mostrado abierto a que el 100% de las plazas en 67 municipios con más de un 80% de población vascoparlante puedan estar perfiladas.

Otras visiones

Sobre la norma, el PNV ya ha dado por “fracasado” el intento de tener un acuerdo con el PSE-EE. Y ahora ha pedido expresamente a EH Bildu, que a su vez tiene una propuesta alternativa mucho más ambiciosa, que renuncie a la suya y tenga a bien “facilitar” la reforma legislativa, aunque sea con una abstención. A la coalición abertzale le ha parecido que “no es serio” intentar resolver así el entuerto, según ha expuesto en Euskadi Irrati Josu Aztiria.

En el Parlamento, reunido este jueves en pleno, el lehendakari, Imanol Pradales, no ha querido comentar con los periodistas la crisis entre PNV y PSE-EE. Tampoco el vicelehendakari, Mikel Torres, principal representante socialista en el Ejecutivo compartido. Fuentes socialistas confían en que las aguas volverán a su cauce con el tiempo.

Entretanto, el PP ha terciado en el debate señalando el “bochorno” que está viviendo la política vasca. El parlamentario Santiago López Céspedes ha ironizado que si toca reformar en 2026 la ley de empleo público de 2022 es que las cosas no se hicieron bien hace muy pocos años. Han pedido también medidas para la Administración más allá del euskera, como para evitar el “baile” de designaciones a dedo de altos cargos y asesores.

La portavoz 'popular' Laura Garrido ha añadido, además, que no se cree los amagos del PNV de dejar de apoyar al Gobierno de Pedro Sánchez y abrirse a retomar sus acuerdos con el PP. “Obviamente, vemos que no tienen ningún ánimo de cambiar de socio a pesar de alguna pataleta espontánea”, ha asegurado. Ha añadido que el apoyo del PNV a Sánchez es tan “férreo” que no se ha modificado ni por los “casos de corrupción que salpican directamente al Gobierno de España” ni por asuntos como el accidente ferroviario de Adamuz o el gran apagón de 2025.