Juan Callén Zamora (Zaragoza, 1900-México, 1966) era un socialista que ejerció de director general de Comunicaciones del Gobierno de Euzkadi, una oficina que colgaba del área del consejero Juan de los Toyos. Era afiliado de la agrupación del PSOE en Donostia desde 1934, adonde llegó por traslados laborales, y miembro del Sindicato de Telégrafos, vinculado a la UGT.

Era telegrafista de carrera y, por su formación, tenía la experiencia para dirigir a partir de octubre de 1936 la importante oficina de Comunicaciones, de la que dependían las líneas telefónicas, las emisoras de radiodifusión, los correos postales y los telégrafos en un momento crítico de guerra. Los constantes bombardeos de los sublevados castigaron los tendidos y el trabajo para restablecer las comunicaciones era constante. “Vamos corrigiendo todos los inconvenientes que hallamos y en ello ponemos nuestra mejor voluntad”, le escribió al consejero Alfredo Espinosa.

Callén se fue a Francia tras la caída de Bilbao en 1937, pero regresó a España y se enroló en el Ejército republicano para continuar combatiendo contra los rebeldes, donde fue jefe de los servicios telegráficos hasta casi el final de la Guerra Civil. Cuando tuvo que refugiarse ya en Francia, su situación económica no era sencilla. En junio de 1939 llegó a escribir directamente al lehendakari, José Antonio de Aguirre, pidiendo ayuda para él y para otros funcionarios de Comunicaciones del Gobierno de Euzkadi. Seis de ellos fueron fusilados, le contaba. Otros acabaron en el campo de concentración de Gurs, respondió Aguirre. En 1942, Callén y su esposa se fueron a México en el vapor Nyassa. Allí siguió con problemas económicos incluso para pagar el dentista. Nunca pudo regresar.

En el otoño de 1937, el Gobierno de Euzkadi, creado un año atrás, ya en plena Guerra Civil, se reorganizó en un palacio del 60 del paseo de Gracia de Barcelona, entonces conocido como calle de Pi i Margall. Aquel Ejecutivo era una coalición del PNV con las fuerzas del Frente Popular, los nacionalistas de ANV, los comunistas del PCE, los partidos republicanos IR y UR y, sobre todo, el PSOE. Sin embargo, el secretario general de aquella “Delegación del Gobierno de Euzkadi en Cataluña” era de otro partido más, de ERC. Se llamaba Ricard Altaba i Planuch.

Altaba i Planuch, que había sido teniente de alcalde de la ciudad en la II República y que pudo salvar la vida en un exilio que le llevó a Francia y México tras ser condenado a muerte por el franquismo, falleció en 1994 pero, antes de hacerlo, donó al histórico dirigente del PNV Iñaki Anasagasti abundante material de aquellos años. El material incluye fotografías y, sobre todo, un directorio con personal al servicio del Gobierno de Euzkadi allí instalado. El documento sale a la luz coincidiendo con el inminente nonagésimo aniversario del Ejecutivo autonómico. Se pueden leer aquí las biografías de todos sus integrantes.

¿Cómo llegó el Ejecutivo a Barcelona? El Gobierno de Euzkadi nació el 7 de octubre de 1936. En junio del año siguiente, los sublevados conquistaron Bilbao y, después, controlaron ya todo el territorio vasco. El lehendakari, José Antonio de Aguirre, y muchos de sus consejeros pasaron a Francia pero regresaron a España para continuar con su actividad en Catalunya, aún bajo control republicano.

El historiador Ludger Mees explica que la delegación, inicialmente, empleó un piso de la calle de Valencia que ya era usado por el denominado “secretariado vasco”, una verdadera delegación preexistente. Había sido cedido por la Generalitat, que mantenía muy buenas relaciones con la nueva autonomía vasca. Pero la nueva “delegación” era más que eso y necesitó más espacio. Es cuando se fue a una mansión al paseo de Pi i Margall, una de las principales arterias de Barcelona.

El gabinete ya no llegó al completo a Barcelona. Alfredo Espinosa, republicano y consejero de Sanidad, había sido fusilado. Partidos como el PCE, IR e incipientemente también el PSOE empezaban a cuestionar la hegemonía del PNV en aquella coalición. El directorio de Altaba i Planuch es de septiembre de 1937, es decir, justo de un mes antes de la llegada de Aguirre. Figura como delegado general Luis de Areitioaurtena, que tenía un salario de 2.500 pesetas. Su secretario se llamaba Guillermo Ruiz Alegría. Había también un representante comunista, José González Maroto, y otro socialista, Manuel Enjuto Rubio. Altaba i Planuch percibía 1.250 pesetas.

Una de sus ayudantes era una mujer, Maritxu Zagala. También había otras dos auxiliares en la delegación de Asistencia Social, Rosalía Gumma y Rosario Cuevas Ametller, dos en el Departamento de “Guerra”, Ramona Tellería y Juana Dañobeitia, y otra en Hacienda, Carmen Radua. Dañobeitia era la persona con el sueldo más bajo de toda la delegación, 300 pesetas. El resto cobraba 450 o 500, en la zona baja de las nóminas.

El Gobierno de Euzkadi se mantuvo en Catalunya hasta febrero de 1939, cuando Aguirre, en compañía del 'president' catalán Lluís Companys, con quien había tenido un trato continuo, cruzó la frontera francesa. Iban a hacerlo también los máximos dirigentes republicanos, Manuel Azaña y Juan Negrín, pero se adelantaron finalmente. El Ejecutivo vasco pasó entonces a París, al conocido palacio del 11 de la avenida de Marceau que había sido comprado por el PNV mediante testaferros.

La Filmoteca España conserva unas películas que recogen actos de Aguirre en Catalunya. Están en catalán y forman parte ahora del archivo de RTVE. En ellas aparece un festival de danzas catalanas y vascas en Montjuic, una visita a Montserrat y también un encuentro con las milicias vascas —con ikurriñas en sus boinas— que seguían combatiendo en la Guerra Civil contra los sublevados, aunque el grueso de los pelotones del PNV se habían rendido en Santoña ante la Italia fascista. Se pueden ver aquí los vídeos.

En Catalunya hubo también hospitales vascos, llamados Euzkadi, Gernika y Otxandiano. Aquel primer Gobierno de Euzkadi emitió pesetas propias, monedas de 1 y 2 y una tirada de billetes de banco. Tuvieron una mínima circulación en el territorio vasco, principalmente en Bizkaia, pero algunos de ellos fueron introducidos en Catalunya dada la escasez de efectivo en plena Guerra Civil. Esas pesetas vascas llevaban un sello que ponía “Delegación de Hacienda del Gobierno de Euzkadi en Cataluña” y adquieren actualmente un gran valor entre coleccionistas.

La alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria (PSE-EE), ha pedido directamente a Iñaki Kerejazu, quien encarna al personaje Celedón en La Blanca desde 2024 y que se mantendrá en esa posición en principio hasta 2028, que se abstenga de “mezclar” las fiestas con “mensajes políticos” en sus intervenciones, aunque tiene “máximo respeto” por ellos. “Queremos que no se mezcle. No hay que mezclar”, ha señalado la regidora preguntada por las palabras de Kerejazu el 4 de agosto, en el inicio de las fiestas de 2026, cuando tuvo un recuerdo por el quincuagésimo aniversario del 3 de marzo de 1976. Ese día, la Policía Armada franquista asesinó a tiros a cinco trabajadores en el barrio de Zaramaga e hirió a decenas de ellos más. Ya en su momento Etxebarria lamentó la proliferación de pancartas de corte político.

Unas horas después, ante el revuelo generado, Etxebarria ha rectificado en la red social X y ha pedido disculpas a Kerejazu. “La aceleración política y el cansancio a veces juegan malas pasadas. Por eso, quiero explicar algo: en el balance de La Blanca no he estado afortunada al mencionar la politización que algunos hacen de las fiestas (con pancartas y polémicas relacionadas con banderas) cuando me han preguntado por las palabras de Celedón sobre el 3 de marzo. Todo mi apoyo a Iñaki Kerejazu, a quien ya he pedido disculpas, y mi recuerdo a las víctimas de 1976. Nada más lejos de mi intención que manchar la memoria colectiva de aquella tragedia, y más en el 50 aniversario”, ha manifestado.

El portavoz del PNV Joseba Díez Antxustegi, a la luz de la controversia, ha respondido que son “incomprensibles” las declaraciones de Etxebarria. “Que Celedón recuerde la masacre del 3 de marzo no es mezclar política y fiestas, es representar bien los valores de la ciudad”, ha manifestado el dirigente de un partido que gobierna con los socialistas en Vitoria.

Unas fiestas mutitudinarias

En efecto, el Ayuntamiento de Vitoria ha realizado este lunes su tradicional balance de La Blanca, unas fiestas recién finalizadas con 40.000 personas despidiendo a Celedón en la madrugada de este lunes. La alcaldesa, aunque ha enumerado algunos lunares de los últimos días, ha destacado el “agradable sabor de boca” general y la gran afluencia de público en la ciudad. A su lado, la edil de Cultura, Sonia Díaz de Corcuera (PNV), ha ido un paso más allá. “Tenemos las mejores fiestas del mundo”, ha solemnizado.

Etxebarria y Díaz de Corcuera se han referido también a la inminente reforma del Iradier Arena, la plaza de toros. Hace diez años que no hay corridas en fiestas pero se han mantenido hasta hoy las sueltas de vaquillas. Cuando se acometan los cambios previstos, desaparecerá el ruido y será imposible mantener allí ese evento, aunque el Ayuntamiento tenía voluntad de explorar nuevos emplazamientos. Sin embargo, desde el Ayuntamiento han dado a entender que los trabajos no dará tiempo a que estén en marcha en agosto de 2027, de modo que dan por hecho que el año próximo seguirán programándose estos festejos. Díaz de Corcuera, de hecho, ha destacado el “notable incremento” de los espectadores en este espacio, con “15.000 personas en la plaza”, el “buen ambiente” reinante y a “labor pedagógica y de transparencia” de la empresa promotora en torno al “cuidado de los animales”.

Las responsables municipales han destacado que el calendario ha ayudado a que las fiestas de 2026 hayan sido especialmente concurridas en Vitoria. Han destacado que el fin de semana previo de “prefiestas” ya se calentó el ambiente y que, salvo el jueves 6, el resto de jornadas fueron multitudinarias. También se ha apuntado a la cada vez mayor llegada de turistas para conocer La Blanca, aunque este año se solapan con los visitantes para ver el eclipse de este miércoles.

Un año más, los 60.000 que participaron en el chupinazo —más los 40.000 de la subida de Celedón y los 20.000 de la versión 'txiki' del evento— han sido el principal hito de las fiestas. Pero se ha hecho también un balance positivo de la asistencia a los conciertos y eventos de Los Fueros, de la plaza del Ayuntamiento —llamada “de España” por la alcaldesa y “Nueva” por la edil—, de la plaza de la Provincia, del Machete, de Santa María o incluso del parque de El Prado. Por segundo año, el Teatro Principal ha estado cerrado por su reforma, pero el aforo del 100% en el alternativo Félix Petite de Ibaiondo se ve como una buena noticia. Se procura que el programa cuide el producto local, el euskera y la accesibilidad para todos los públicos.

Finalmente, la huelga de técnicos del día grande tumbó solamente dos actos, una obra de teatro y un concierto en el Machete, además de la programación de las txosnas, que se gestiona al margen del programa institucional. Ese día 10.000 personas vieron el concierto de Leire Martínez, ex de La Oreja de Van Gogh, aunque fueron Celtas Cortos, con 11.000 asistentes, los grandes triunfadores de La Blanca.

La alcaldesa ha apuntado que las denuncias recogidas por la Ertzaintza y por la Policía Local se han mantenido estables con mayor público y que han bajado los hurtos, los robos con fuerza y las sustracciones de móviles y de carteras. Ha habido 46 detenidos y 53 investigados y Etxebarria ha apoyado expresamente la labor de los agentes de ambos cuerpos y “condenado” las “intolerables” agresiones que hayan podido sufrir. Finalmente, se ha rebajado a “gamberrada” los incidentes que se produjeron en el espectáculo de los toros de fuego. “Ha primado la alegría, la convivencia y el respeto”, ha diagnosticado la alcaldesa en las que han sido las cuartas y últimas fiestas de la legislatura.

La alcaldesa de Vitoria, la socialista Maider Etxebarria, ha asegurado este martes que no le consta que el Ayuntamiento supiese de la existencia de antecedentes de agresiones del personal de seguridad de la discoteca Mítika. En febrero de 2025, un portero del local golpeó y mató a un cliente, el joven Kerman Villate. “No manejamos los datos”, ha dicho la primera edil, según recoge Europa Press. Ha insistido, además, en que será la Justicia la que determine “quién fue el responsable” de una tragedia que ha tachado de “tan injusta”. Las responsabilidades, ha dicho, no las va a determinar “ni el Ararteko, ni el Gobierno vasco, ni el Ayuntamiento, ni la propia familia”.

La familia, que ha recogido hasta 22 antecedentes de agresiones a través de atestados policiales, sentencias judiciales y testimonios personales, viene quejándose de la actitud adoptada por el Ayuntamiento ante los hechos. “La responsabilidad de la seguridad en salas como la de Mítika, por su aforo, es municipal. Y la máxima responsable de seguridad ciudadana es la alcaldesa. No puede eludir responsabilidades”, lamenta. Hay denuncias documentadas ante el juzgado, reiteran, y el propio Ayuntamiento, dicen, reconoció ante el Ararteko (la Defensoría del Pueblo vasca) hasta trece actuaciones de la Policía local por agresiones en el local. Y la Ertzaintza, como se desprende de los atestados, tenía más.

A raíz de la muerte de Villate, el Gobierno vasco endureció el control sobre los porteros de discotecas. La alcaldesa se ha congratulado de que fuera el Gobierno municipal el que impulsara esos cambios legislativos. “Es un ejemplo de que el Ayuntamiento ha estado encima de este caso”, ha remarcado. La familia ha protestado también por la negativa del Ayuntamiento a facilitarles más información. Aseguran que, amparándose en la ley de transparencia, han solicitado datos que no se les ha brindado, algo que han denunciado recientemente ante la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública. Etxebarria, por su parte, ha pedido una vez más esperar a que la Justicia concluya su actuación.

Tal y como había pedido la plataforma Errespetatu Andoain, el PSE-EE de Andoain se ha posicionado y ha votado favorablemente a las alegaciones municipales contra el proyecto del denominado 'lazo' de Bazkardo. Considera que la infraestructura planteada por la Diputación Foral de Gipuzkoa, donde comparte Gobierno con el PNV, no responde a las necesidades del municipio y condiciona negativamente el debate sobre una solución integral. El portavoz socialista, Aritz Alkain, ha defendido que la propuesta foral “no sirve, no es suficiente ni responde de manera adecuada” a la problemática de ruido y contaminación que sufre la localidad.

Esta decisión se ha producido tras un último pleno municipal marcado por la tensión y los reproches directos de la plataforma Errespetatu Andoain hacia los representantes políticos. Durante aquella sesión, una ciudadana calificó de “cínico” a Alkain, recriminando a los socialistas un supuesto silencio frente a la Diputación en encuentros previos. Ante estas acusaciones, Alkain exigió respeto y subrayó que su grupo siempre ha escuchado a los vecinos, una postura que el partido ha querido visibilizar ahora mediante su respaldo explícito a las alegaciones del Ayuntamiento, de EH Bildu.

El PSE-EE fundamenta su voto favorable en que la filosofía de las alegaciones coincide con su defensa histórica de una variante actualizada como la mejor opción para el municipio. Según el grupo socialista, el proyecto del lazo perpetúa la presencia de una infraestructura de alta capacidad en el núcleo urbano, impidiendo la transformación necesaria para Andoain. La formación sostiene que, mientras la autovía mantenga su trazado actual, cualquier medida para reducir el impacto acústico y atmosférico tendrá resultados insuficientes.

A pesar del apoyo al fondo del documento, los socialistas criticaron la “pésima gestión” de EH Bildu durante este proceso. Alkain reprochó a la coalición abertzale haber externalizado la redacción de las alegaciones cuando ya había transcurrido más de la mitad del plazo de exposición pública. El portavoz socialista ha denunciado una falta de voluntad para “buscar el consenso político” y ha exigido una estrategia compartida que no se realice “de espaldas al resto de grupos municipales” en un asunto de trascendencia estratégica.

El partido aprovecha para recordar que esta postura de rechazo es coherente con sus posicionamientos públicos de octubre de 2025 y marzo de 2026, así como con las alegaciones que ya presentaron en el año 2022. Alkain ha concluido que su compromiso seguirá siendo la búsqueda de una solución que aleje las afecciones del tráfico del casco urbano y favorezca la cohesión social.

El Ayuntamiento de Baños de Ebro, gobernado por el PP, ha anunciado este lunes que cumplirá el requerimiento del Estado y cubrirá una placa situada en un edificio municipal que tiene la inscripción franquista 'Caídos por Dios y por España'. El de Baños de Ebro, en la Rioja Alavesa, es uno de los dos únicos municipios vascos gobernados por el PP. El año pasado, el alcalde se negó a retirar el lema. “Está ahí. No molesta a nadie. Se acabó. Si me obligan... No sé de qué manera lo pueden hacer. Por propia iniciativa no quitaré algo que lleva toda la vida en el pueblo”, aseveró entonces.

La existencia de este “vestigio franquista” la había denunciado el PSE-EE, que pidió su retirada alegando que chocaba con la ley de Memoria Democrática de 2022. Es, señalaron los socialistas entonces, una “reminiscencia franquista” y había que retirarla “a la mayor brevedad posible y en cumplimiento de la legislación vigente”. La Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática la incluyó en el catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, al considerarse que “constituye una exaltación de la sublevación militar y de la dictadura franquista”.

Ahora, el PP ha asegurado que cubrirá la inscripción en un plazo de tres meses, el que se le ha concedido. “Según el informe técnico, la retirada íntegra de la placa podría afectar a la estructura del inmueble y provocar la aparición de grietas u otros daños en el edificio, por lo que la opción más adecuada es cubrirla. De este modo, se garantizará tanto el cumplimiento del requerimiento como la conservación del edificio”, ha argumentado el partido en una nota. La resolución que obliga a la retirada ya subraya que la inscripción se puede retirar sin comprometer la integridad estructural del edificio.

La retirada se acometerá según “criterios de seguridad, responsabilidad y preservación del patrimonio municipal”, sostiene el PP, que se congratula de que “compatibilizará el cumplimiento de la normativa con la protección de un edificio cuya integridad estructural debe preservarse, siguiendo las recomendaciones de los técnicos competentes”.

El PSE-EE de Álava se ha mostrado satisfecho con el anuncio de la retirada. “Hoy queda demostrado que no se trataba de una cuestión de opinión ni de interpretación política, sino del cumplimiento de una ley democrática que todas las instituciones están obligadas a respetar”, ha señalado. “La democracia no puede convivir con símbolos que ensalzan una dictadura responsable de la persecución, la represión y el asesinato de miles de personas. La reparación de las víctimas y el reconocimiento de su dignidad no admiten retrasos ni excusas”, ha añadido. Los socialistas han aprovechado para denunciar una “creciente proximidad política del Partido Popular con la extrema derecha”, lo que, en su opinión, “está favoreciendo discursos que relativizan o cuestionan avances democráticos que deberían formar parte del consenso institucional”.

La autonomía política para Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y también Navarra fue algo que se discutió largamente durante la II República. Hubo varios intentos fallidos y, en el camino, se cayó el cuarto territorio foral, donde el peso del carlismo fue decisivo. En julio de 1936, hace ahora noventa años, se inició la sublevación franquista y la Guerra Civil. Con parte del territorio vasco conquistado por los rebeldes, paradójicamente, se aceleró la aprobación del primer Estatuto, también con el objetivo de las fuerzas republicanas y de izquierdas de retener al PNV de su lado frente a unos sublevados que tenían en la religión una de sus banderas. Fue el 1 de octubre de 1936, en Valencia, cuando se promulgó la 'constitución' para lo que entonces se vino en llamar Euzkadi. Y el 7 de octubre, “ante dios humillado”, juró como lehendakari el nacionalista José Antonio de Aguirre, apoyado masivamente por los concejales de los municipios aún no conquistados, la fórmula que se escogió ante la imposibilidad de celebrar elecciones y constituir un Parlamento.

Ahí nació un Ejecutivo “provisional” liderado por el PNV pero con presencia también del PSOE, de otro partido nacionalista vasco como ANV, de los comunistas del PCE y de dos fuerzas republicanas, IR (Izquierda Republicana) y UR (Unión Republicana). De hecho, de once carteras cuatro fueron para el PNV y siete para las fuerzas coaligadas en el Frente Popular.

En total, 71 personas asumieron labores de Gobierno en aquella primera experiencia autonómica, un claro precedente de la actual arquitectura institucional vasca. Con motivo del nonagésimo aniversario, el libro 'El nacimiento de un Gobierno a través de sus protagonistas. El Gobierno provisional vasco (1936-1937)' (Tecnos, 2026), dirigido por Mikel Urquijo Goitia y María José Villa Rodríguez en colaboración con el Instituto Gogora, recoge todas sus biografías. Han sido redactores de los textos Eduardo Alonso Olea, José Ignacio Aranes Usandizaga, Unai Belaustegui Bedialauneta, Iñaki Etxaniz Tesouro, Aritz Ipiña Bidaurrazaga, Carmelo Landa Montenegro, Fernando Martínez Rueda, Jon Penche González, Antonio Pérez Embeita, Luis Sala González, José Ignacio Salazar Arechalde, Lorenzo Sebastián García, Martí Sierra Riera, Mikel Urquijo Goitia y María José Villa Rodríguez.

elDiario.es/Euskadi va a publicar a partir de ahora y hasta el 7 de octubre, el día del aniversario y que, además, será festivo en 2027 por los mismos motivos, un resumen de todos los cargos de aquel Gobierno de Euzkadi. La serie arrancará con Alfredo Espinosa, republicano y único fusilado por el franquismo. El consejero de Sanidad fue ejecutado en Vitoria en 1937. Y terminará con el lehendakari José Antonio de Aguirre. Los domingos de agosto y septiembre se publicarán las biografías de los consejeros y el último domingo antes del final, en octubre, el perfil de Antón de Irala, un personaje clave porque fue el secretario de Aguirre en esos meses y también después en el exilio en Estados Unidos. Allí, lideró la agencia vasca de espionaje (el Servicio Vasco de Información) y la puso al servicio de la CIA (primero conocida como OSS) y del FBI.

En efecto, un 85% de los altos cargos pagaron con el exilio su lealtad al marco constitucional y estatutario. Algunos acabaron sirviendo a Estados Unidos, sí, pero otros, como el único consejero comunista, Juan de Astigarrabia, colaboraron con la Cuba de Fidel Castro. Muchos ni siquiera pudieron volver nunca a España. Otros sí lo hicieron ya en democracia. El último en fallecer fue Gonzalo Nárdiz, en 2003, ya en el siglo XXI.

“Nos pusimos a trabajar a finales del año 2024”, explica Urquijo, que destaca que encontró en el director de Gogora, Alberto Alonso, “que es historiador”, la “sensibilidad” necesaria para poner en marcha esta propuesta. Urquijo tiene experiencia en otros proyectos de “diccionarios biográficos” y en coordinar equipos redactores. Ha hecho lo propio con alcaldes de Bilbao, con parlamentarios vascos autonómicos o electos vascos en las Cortes Generales o, incluso, rescatando los nombres de los más de 3.700 parlamentarios españoles entre 1810 hasta 1854, lo que implicó movilizar a “369 personas de 80 universidades”, muchas de ellas de América porque se trazaron también las vidas de los representantes de las colonias. El Gobierno vasco, en general, tiene un amplio programa de conmemoraciones.

Explica Urquijo que en estas biografías “se habla mucho de la guerra”, porque es lo que marcó el nacimiento y el rápido final de este Gobierno de Euzkadi. Sin embargo, incide en que, al tiempo, se ha buscado igualmente poner en valor las otras políticas puestas en marcha. “Se ha tratado de destacar el proyecto político que construyeron, aunque luego quedara truncado por la dictadura. Hablamos de políticas sociales, educativas o de salud pública. Además de combatir, tenían un proyecto de país para ir desarrollando políticas de transformación”, expone. El origen de la Ertzaintza (Ertzaña) u Osakidetza (Osakintza) está en esa época. Existieron también las pesetas vascas.

El libro no oculta una evidencia: todos los altos cargos eran hombres. No hay excepciones. “No se nombró a ninguna mujer a pesar de que la II República es un momento en que las mujeres comenzaron a tener mayor presencia. Una cosa es que la ley fijara la igualdad y otra que eso llegara a ser una realidad”, indica sobre decisión compartida por todos los partidos de aquella coalición. La media de edad no fue muy alta, de menos de 40 años, y había un elevado número de cargos con estudios superiores y bien formados.

El deseo expreso del libro es poner en valor las figuras menos conocidas, más allá del lehendakari y de los consejeros. También ofrecer un recuerdo “integral” de todo el Gobierno de Euzkadi. “Es indudable que muchos están en el olvido. Los republicanos, como diría García Márquez, no tienen quien les escriba. A la gente del PNV o del PSOE sí se les ha mantenido más la memoria, porque hay un partido y unas fundaciones detrás. Pero a los republicanos no se les ha recordado. Hay muy poca cosa en general sobre el republicanismo y eso que desde el comienzo del siglo XX tiene concejales en las capitales y en todos los municipios grandes”, indica Urquijo. Y añade sobre el único asesinado: “Si Espinosa hubiese sido del PNV, habría tenido mucho más reconocimiento”.

El pleno del Ayuntamiento de Andoain de este jueves ha motivado un nuevo (y tenso) debate sobre la construcción del denominado 'lazo' de Bazkardo. En la sesión hubo enfrentamientos verbales directos entre representantes municipales y ciudadanos. Se acusa a algunos partidos de plegarse a los dictados de la Diputación o, como es el caso del PNV, que apoya el proyecto, de venderlo como favorable sin justificar el motivo.

El conflicto tiene su origen en la conexión entre la N-I y la A-15, donde la Diputación Foral de Gipuzkoa proyecta un lazo como enlace para absorber un tráfico de 70.000 vehículos diarios. Mientras la institución foral defiende la obra, valorada en 57 millones de euros, los vecinos abogan por una variante exterior que aleje la carretera del casco urbano. La plataforma sostiene que el proyecto actual es un “parche” que no resuelve los problemas de contaminación acústica ni de seguridad, basándose en estudios técnicos previos que favorecían la opción de la variante.

Durante el pleno, un representante de Errespetatu Andoain ha tomado la palabra para denunciar que el colectivo se siente “ignorado, menospreciado y profundamente estafado” por la imposición de este plan. Según el portavoz, el 93,78% de los participantes en su consulta apostó por la variante exterior mejorada, un mandato que consideran que el Ayuntamiento debe defender con firmeza. Los ciudadanos han recriminado a los concejales su “silencio” ante la Diputación y han preguntado directamente a quién representan, “si a quien gobierna Gipuzkoa o al pueblo que los eligió”.

El alcalde de Andoain, Andoni Álvarez, de EH Bildu, ha intervenido para informar de que el Gobierno municipal ya ha remitido su propuesta de alegaciones, la cual mantiene la posición contraria al lazo. Álvarez ha explicado que han contratado una asesoría externa experta en planificación urbana debido a que este asunto “condiciona al pueblo totalmente para los próximos años y décadas”. El primer edil ha subrayado que el Ayuntamiento seguirá adelante con el compromiso adquirido en octubre de 2025 de rechazar el enlace foral. En una sintonía similar, el portavoz de Elkarrekin, Jose Mari Iparraguirre Balda, le ha pedido disculpas a la plataforma. Ha lamentado pensar en que “les ha decepcionado como concejal”, recordando que siempre ha estado a favor de esta iniciativa ciudadana.

Por su parte, el portavoz del PSE-EE, Aritz Alkain, ha señalado que su grupo acababa de recibir el informe de alegaciones de 35 páginas y que necesitaba tiempo para estudiarlo antes de realizar aportaciones. Tras su intervención, el ambiente ha comenzado a tensarse cuando una ciudadana le llamó “cínico” a Alkain, quien ha respodido de forma tajante: “Yo no voy a tolerar que aquí se me llame cínico... aquí estamos para que nos tratéis con respeto”. La vecina ha replicado que tampoco tolerarían ser “ninguneados” y ha criticado que los socialistas no cuestionaran al diputado foral en reuniones anteriores.

Idoia Mikelez, concejala de EAJ-PNV, ha defendido la coherencia de su partido, afirmando que han sido los únicos en mantener la misma postura de principio a fin: sí al lazo. Mikelez ha reconocido la labor de la plataforma y el valor de las firmas recogidas, pero puntualizó que “hay otro grupo grande de andoindarras que no está de acuerdo” con su iniciativa. La representante ha argumentado que el estudio multicriterio determinó que el lazo era el “proyecto más viable”.

El cierre del debate estuvo protagonizado por dos ciudadanos, uno de ellos que preguntó directamente a Mikelez por los beneficios específicos del lazo. La concejala le ha respondido no saberlos de memoria en ese momento. El vecino ha acusado a la representante de “vender algo sin saber de qué está hablando” y calificó de “mentira” el proyecto de cubrición en Mimendi. Según el residente, los dibujos presentados son “imposibles” de realizar por problemas de cota y altura para el paso de camiones, concluyendo que le están “mintiendo” y que eso les “pone de muy mala hostia”.

El lehendakari, Imanol Pradales, ha “constatado” en las últimas fechas un “alejamiento” de Pedro Sánchez, con quien ha mantenido una muy cercana relación desde su llegada a Ajuria Enea en 2024. Ahora mismo, las probabilidades de que se celebre antes del parón vacacional la 'cumbre' bilateral que estaba anunciada para seguir cerrando acuerdos de transferencias pendientes del Estatuto de 1979 está completamente en el aire, dice la parte vasca.

“Las posiciones están bastante alejadas”, ha confirmado la consejera-portavoz del Gobierno vasco, María Ubarretxena, que es también la principal negociadora con el Estado. Políticamente, el PNV también ha empezado a distanciarse del Gobierno de España y formulado críticas a las investigaciones de corrupción e incluso planteado elecciones anticipadas, aunque Pradales estaba en la clave de que, mientras hubiera Gobierno, habría que seguir trabajando con él intensamente.

El PNV arañó a Sánchez el compromiso de completar el Estatuto en 2025 a cambio de su investidura en 2023. Sin embargo, ese plazo se superó sin haber cerrado todas las carpetas. Se dio uno nuevo, Semana Santa, pero Pradales y Sánchez dejaron todavía temas para verano cuando se vieron en marzo. Ahora llega ese 'deadline' e incluso habiendo renunciado la parte vasca a la más importante de las materias pendientes, el traspaso de la gestión de las pensiones de la Seguridad Social (13.000 millones de euros), en el resto de asuntos no hay tampoco acuerdos.

El pasado viernes, el Gobierno central envió una batería de respuestas a las últimas reclamaciones del Ejecutivo vasco. Y este lunes, en Madrid, la consejera mantuvo una reunión en el Ministerio de Política Territorial. En ambos casos, los avances no han satisfecho a la parte vasca, ha insistido Ubarretxena.

Ha ironizado Ubarretxena, preguntada por otros plazos ya incumplidos, que ella siempre es “la optimista del grupo”, pero ha concedido que esta vez ven “difícil” que en pocos días pueda cambiar de raíz el tono de las conversaciones. “Lo veo complicado. Esta vez es cuando más complicado lo veo”, ha admitido, aunque también ha indicado que la puerta no está cerrada y que seguirán trabajando en los días que faltan.

En junio Pradales ya avisó a Sánchez de que no le regalaría una fotografía de una reunión en La Moncloa si no había contenidos concretos para acordar. Y ahora mismo no los hay. Ahora se mantienen en esa tesis. Por el momento, no hay nada en agenda y los días hasta el parón estival son cada vez menos, incluyendo un festivo en Bizkaia y Gipuzkoa, San Ignacio.

¿Qué se está negociando? Por un lado, más materias de la Seguridad Social, un traspaso ya iniciado hace un año en otra cumbre de Pradales y Sánchez. Ya está cedida la gestión del Sepe, por ejemplo, pero se trabajaba ahora en más prestaciones y en la gestión de las mutuas, por ejemplo. Al parecer, siempre según la parte vasca, el Estado solamente plantea crear “grupos de trabajo” para seguir estudiando el tema y no ir cerrando ya compromisos. Y luego están los puertos de “interés general”, Pasaia y Bilbao, que son gestionados por el Estado pero ya con amplias capacidades por parte de las instituciones vascas. El PNV demandaba más competencias e incluso el traspaso del guipuzcoano, aunque aquí los socialistas siempre habían cerrado la puerta.

Este jueves, 23 de julio, se cumplen cincuenta años de la desaparición del dirigente de ETA político-militar Eduardo Moreno Bergareche, más conocido como 'Pertur'. No hay certezas todavía de la autoría de su muerte, aunque el entorno de 'Pertur' tiene fundadas sospechas de que fue la propia organización, como traslada quien fuera su novia en 1976, Lourdes Auzmendi. Aún hoy, sigue clamando justicia medio siglo después. “Asesinar, en este país, ha salido muy, muy barato para la inmensa mayoría de la gente”, sentencia sobre Francisco Mujika Garmendia, alias 'Pakito' y una de las últimas personas en verlo. Por el contrario, un informe hecho público coincidiendo con el aniversario por el denominado Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokia (conocido por las siglas GEB) ofrece la “conclusión unívoca” de que “sólo los servicios secretos [de España] tenían la capacidad de organizar con tanta eficacia y precisión” la desaparición.

El caso de 'Pertur' es un hecho trascendental para entender la evolución de ETA en la transición de la dictadura al franquismo. La organización nació en 1959 y en 1974 se escindió. Por un lado, la rama militar, la que duró hasta su disolución en 2018; por otro lado, la político-militar, la que más estructura tenía a la muerte del dictador Francisco Franco.

Moreno Bergareche, más marxista e incluso revolucionario que nacionalista vasco, ejercía de ideólogo y trabajaba en una ponencia llamada 'Otsagabia' que pretendía ir relegando la “lucha armada” para apostar por las vías exclusivamente políticas. Es el germen del partido EIA (Euskal Iraultzarako Alderdia), de la posterior EE (Euskadiko Ezkerra) y de la entrega de armas por parte de los conocidos como 'polimilis' en 1982. EE acabó fusionada con la federación vasca del PSOE, que sigue llamándose PSE-EE y que continúa empleando en las reuniones de su comité nacional el término Biltzar Ttipia, como se ha visto esta misma semana.

“A Eduardo lo conocí en 1974. Siempre fue una persona muy vital, muy alegre. Amigo de sus amigos. Leal. Y con muchas inquietudes intelectuales y políticas. Era un gran lector. Desde muy niño pudo escuchar conversaciones políticas, incluso del propio Pío Baroja en casa de su tía. Se había criado en ese ambiente. Y entró en ETA. Lo hizo en 1972”, explica Auzmendi, que atiende a este periódico durante más de una hora para destripar las últimas horas de 'Pertur', que tenía apenas 26 años en 1976. Según Auzmendi, también militante de aquella ETA, Moreno Bergareche se sentía “cómodo” en el “frente político”. Una de sus “pasiones” era la formación ideológica de quienes entraban a la organización, primero en Donostia, de donde era natural, y después en Francia, donde se exilió. Su mote, 'Pertur', no era un nombre de guerra, sino un apelativo cariñoso del dueño de un bar de Moreno Bergareche hacía pequeños sainetes. 'Pertur', de perturbado.

—Evidentemente, ocurrió lo que ocurrió en 1976. Pero tampoco hay que blanquear a aquella ETA, ¿no?

—Simplemente digo lo que hay sin intentar blanquear en absoluto. Es la historia de ETA y hay que situarlo en un contexto. ¿Qué otras alternativas nos dejaba el franquismo para combatirlo? Es verdad que hubo mucha gente que lo combatió y que trabajó muy duro sin entrar en una organización armada. Eso es así. Pero creo que no se puede equiparar toda la historia de ETA como muchas veces pasa. Hay condicionantes. ¿Por qué nos adheríamos a ese movimiento? Porque la situación era terrible.

En 1975, ETA político-militar sufrió un fuerte golpe policial. El infiltrado Mikel Lejarza, conocido como 'El Lobo', permitió la detención de más de un centenar de sus miembros. “Supuso un palo terrible para la organización”, concede Auzmendi. Y añade que, entre quienes se quedaron, había muchos que “perfectamente” podían haber sido de ETA militar porque no entendían la necesidad de “trabajar en el ámbito cultural, estudiantil o en el mundo obrero”. “Esa gente terminó creando una estructura absolutamente paralela dentro de ETA político-militar, los 'bereziak' [comandos especiales]. Lo único que les interesaba era la práctica de la violencia. Es lo que demostraron con el secuestro de Ángel Berazadi”, expone.

Explica Covite en su diccionario biográfico de todas las víctimas de ETA que Berazadi, euskaldun de 58 años y gerente de la empresa Sigma de Elgoibar, la de las máquinas de coser, “fue secuestrado la tarde del 18 de marzo de 1976 a la salida de su empresa”. “A cambio de su liberación, la banda terrorista pidió un rescate de 200 millones de pesetas. Berazadi fue retenido durante veinte días en el caserío Ipiola, en Itziar, por los comandos 'bereziak' de ETA político-militar [...]. Pese a los intentos de la familia por pagar a cambio de la liberación del industrial con la ayuda del PNV, partido al que Berazadi era muy cercano, no llegaron a conseguir la cantidad exigida por ETA y el 8 de abril de 1976, tras veinte días de cautiverio, el cadáver de Berazadi apareció en una cuneta [...] boca arriba, con los ojos cubiertos por unas gafas de soldador y un tiro en la nuca”, relata Covite. Fue el primer secuestro que acababa así en la historia de ETA.

En ese tiempo, 'Pertur' ya trabajaba en su ponencia política. “Muerto Franco, empieza a trabajar en su cabeza la idea de que, cuando se produjese el cambio en España, había que estar preparados y que ETA político-militar tenía que ser parte activa de la lucha para recuperar la democracia y las libertades. Entendía que eso no se podía hacer, desde luego, utilizando simplemente la vía armada. Tenía mucha inquietud con ese tema. Mantuvo contactos con buena parte de representantes de la sociedad vasca, con movimientos culturales o estudiantiles, por ejemplo. Con los gérmenes de los sindicatos también. Y se pone a escribir”, expone Auzmendi.

Después del asesinato de Berazadi, ETA político-militar celebró una “preasamblea”. Era abril de 1976. Juan Carlos I ya era jefe del Estado pero Adolfo Suárez aún no era presidente del Gobierno. En Vitoria, la represión se cobró la vida de cinco trabajadores en el barrio de Zaramaga el 3 de marzo. Antes de esa reunión, que tuvo lugar en Iparralde, sus propios compañeros de organización retuvieron a 'Pertur' durante “dos días en un armario”. Una militante 'legal' (no fichada por la Policía) trasladó a Auzmendi, quien no acudió en aquel encuentro, que se preguntó por Moreno Bergareche a la dirección. “Lo tenemos nosotros”, contestaron. Se llegó a votar si lo soltaban o no, y “por 33 votos a 30”, siempre según Auzmendi, decidieron incorporarlo a la asamblea.

—¿Fue un aviso?

—Sin ninguna duda. Lo que no hicieron entonces lo terminaron haciendo el 23 de julio.

Auzmendi, unos doce días antes de la desaparición, recibió una carta de su pareja. “Esos bestias han creado un clima tal en la organización que ETA no es un colectivo revolucionario, sino un Estado-policía, donde cada uno sospecha del vecino y éste del otro. Este clima influye no a todos por igual (existen auténticos histéricos que no ven sino conspiraciones por todos lados). En ese sentido, te digo que no estoy bien, en el sentido de que he de zafarme de la mentira, etc. De esta dinámica que tiende a eliminar rivales políticos, no por medio del debate político, sino a través de sucias maniobras en nombre de la disciplina, la seguridad, etc”, planteaba.

El 23 de julio era viernes. La desaparición incluye un Renault 5 azul de tres puertas. Al parecer, 'Pertur' salió de su casa en San Juan de Luz hacia las 9.00 horas. Y, sobre las 10.00 horas, se encontró fortuitamente con 'Pakito' y con 'Apala', Miguel Ángel Apalategi. Supuestamente, quiso ir a Behobia y a ellos les venía bien, porque iban a Hendaya. Supuestamente, a las 11.30 horas lo dejaron cerca de la frontera hispanofrancesa.

Al día siguiente, según recoge el historiador Gaizka Fernández Soldevilla, del Memorial de Víctimas del Terrorismo del Gobierno de España, con sede en Vitoria, la organización convocó una rueda de prensa: “Podemos afirmar con plena seguridad que Pertur ha sido secuestrado por terroristas al servicio de la Policía española en territorio francés”. Su entorno, entretanto, denunció la desaparición a la Policía francesa. Fernández Soldevilla apunta a que las hipótesis comenzaron pronto, incluidas diferentes reivindicaciones de grupos parapoliciales ultraderechistas. Se llegó a hablar hasta de neofascistas italianos. Hubo teorías que llegaron a señalar al PNV, partido próximo a Berazadi, siempre según este investigador. En el entretanto, emergen dos supuestos testigos, uno apodado 'Trotski'.

Pero las pesquisas no condujeron a nada. Tampoco la investigación reabierta en 2008 en la Audiencia Nacional por el juez Fernando Andréu. 'Pakito', de su lado, saltó a ETA militar, donde acabó como una de sus máximas referencias. Se le imputan 22 atentados que causaron 37 fallecidos. El terrorista llegó a recibir una pena de 2.354 años teóricos de cárcel por el atentado contra la casa-cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza, de 1987, que dejó once asesinados -seis de ellos niños- y 88 heridos.

Adelantemos diez años el calendario para ofrecer, como contexto, otro suceso clave en la historia de ETA. En 1986, Dolores González Catarain, conocida como 'Yoyes', también escribió una carta, como 'Pertur' una década antes. “No quiero actuar en apoyo de una lucha que ha degenerado en algo terrible, dictatorial y mítico, contrario a mis valores y sentires más profundos y constantes en mi trayectoria”, plasmó sobre la única ETA que seguía activa, la militar. 'Yoyes' era de Ordizia, como 'Pakito'.

Y fue ejecutada a plena luz del día en una feria en presencia de su hijo, un niño que estaba montado en un tractor. “Años después, en 1991, 'Kubati' [José Antonio López Ruiz] relató al juez que se acercó a María Dolores y le preguntó: ‘¿Tú eres Yoyes?’. Ella respondió afirmativamente y él, pistola en mano, le dijo: ‘¿Sabes quién soy yo? Soy de ETA y vengo a ejecutarte’”, expone Covite sobre este crimen.

—Es un episodio casi mimético.

—Yo conocía también a 'Yoyes'. Estuve con ella en San Sebastián muy poco antes de que la asesinaran. Sabía en su fuero interno que la estaban buscando. Sabía que le podía pasar cualquier cosa. Tenía pendiente con ella una conversación. Necesitaba preguntarle si ella en ETA militar alguna vez había oído algo de 'Pertur'.

Volviendo a 1976, en septiembre, dos meses después de la desaparición de 'Pertur', se celebró la asamblea que discutió la ponencia 'Otsagabia' en la que trabajaba 'Pertur'. “Se dijeron barbaridades. Verdaderas barbaridades. Como que estaba bien muerto. Delante de todo el mundo. Delante de mí. Abandoné la sala. No lo soportaba”, rememora Auzmendi. Con ella salieron dos dirigentes de ETA militar, Domingo Iturbe Abasolo, 'Txomin', y José Miguel Beñarán, 'Argala', que acabó asesinado por el Batallón Vasco Español. Estaban allí como observadores, como invitados.

—Habló con ellos.

—Sí, estando ya fuera, se me acercó 'Txomin'. Y me dijo: 'No tenemos ninguna duda de que fueron ellos los que lo hicieron desaparecer'.

Cuenta Auzmendi que otro testigo escuchó a 'Apala' decir en su estancia como huido en países del Caribe un “lo matamos nosotros, lo metimos en un bidón y lo tiramos al mar”. Dice el informe de GEB que es “un malintencionado bulo”, una mala “interpretación” de la pareja de 'Pertur' que no se confirmó en la investigación judicial de 2008. A ella le duelen mucho esas teorías alternativas. “Te juro que hay cosas de una crueldad que es increíble”, lamenta.

En estos años, se han seguido pistas falsas, como un panteón en Francia y otro enterramiento en Burgos. No hay cadáver y, ahora mismo, no hay ninguna pista nueva. Según el documento de GEB, que alimenta la tesis de la guerra sucia, “los 'bereziak' no ocultaron la responsabilidad de su retención por razones de indisciplina” en abril de 1976, pero “trajeron a 'Pertur' de vuelta en cuanto recibieron un mandato directo de la asamblea”. Y, sobre la carta poco antes de morir, argumentan que “no es indicativo de que sospechase que podían matarlo”. Este trabajo sostiene que las relaciones entre los diferentes sectores de ETA político-militar eran tan malas que cuando 'Pakito' y otros saltaron a ETA militar fueron “deshumanizados” [sic] y “caricaturizados”, con el ánimo de “alentar su posible implicación en una vendetta dentro de la organización”.

'Pakito' salió de la cárcel en 2020. Auzmendi ha intentado contactar con su entorno para conocer su verdad. Es muy dura con él. “Se ha aprovechado de las circunstancias que le ha brindado la democracia contra la que intentó combatir todo lo que pudo. La verdad, asesinar, en este país, ha salido muy, muy barato para la inmensa mayoría de la gente”, denuncia.

Auzmendi, en 2009, se convirtió en viceconsejera de Política Lingüística en el Gobierno del primer lehendakari no nacionalista vasco en la historia, el de Patxi López. Al PSE-EE le apoyó el PP para alcanzar el poder. En aquel momento, ETA lanzó una amenaza general contra todo el Ejecutivo. Eran otros tiempos. Muchos ex de la antigua Euskadi Ezkerra asumieron cargos de responsabilidad, aunque Auzmendi aclara que ella nunca estuvo afiliada a los socialistas. “No fue fácil por el boicoteo que tuvimos. Y yo, con la política lingüística, más aún”, sostiene de aquella legislatura, que acabó en 2012, ya con la banda terrorista fuera de la ecuación. Ahora sigue vinculada a su euskera. Es presidenta de UZEI, Terminologia eta Lexikografia Zentroa.

—¿Cuál cree que fue el legado de 'Pertur'?

—Hay una figura muy importante. Todos tenemos una deuda con Mario Onaindia. Con él sí terminó el ciclo político de Eduardo. Mario negoció el abandonó de la lucha armada por parte de ETA político-militar. Eso sí que fue el cierre propuesto por Eduardo. Estoy convencidísima de que esto ahorró a este país mucho dolor. Si ETA político-militar hubiese seguido con la lucha armada, habríamos tenido dos organizaciones cometiendo asesinatos en plena democracia.

EH Bildu sería primera fuerza, con una estimación del 39,9% de los votos y 23 junteros, mientras que PNV obtendría el 32,9% de los apoyos y 19 representantes y el PSE-EE alcanzaría el 14,1% y siete representantes, lo que daría, por primera vez, mayoría absoluta en las Juntas Generales de Gipuzkoa a la coalición de Gobierno entre jeltzales y socialistas, según el Sociómetro de julio de Gipuzkoa. En una rueda de prensa en Donostia, la portavoz foral, Irune Berasaluze, ha presentado los resultados del último Sociómetro. La suma de Elkarrekin Podemos y Sumar, con un 5,2% de apoyo estimado, mantendría su representación de un juntero mientras que el PP lograría un 5% de los votos y un representante.

“Estos resultados apuntan a que la coalición de Gobierno mantendría sus apoyos y alcanzaría por primera vez la mayoría absoluta en las Juntas Generales sin necesidad del respaldo de una tercera fuerza política”, ha incidido la portavoz foral. Por otra parte, el último sociómetro refleja “una recuperación gradual de la confianza en la política”, y, así, el número de personas que manifiestan confiar en ella se sitúa en el 28,8%, frente al 17,2% registrado en 2023. “La desconfianza sigue siendo mayoritaria y alcanza el 67,1%”, ha reconocido, según recoge Europa Press.

“Se mantiene la valoración positiva de las instituciones vascas y el orden de proximidad institucional continúa marcando la percepción ciudadana”, ha indicado Berasaluze. De esta forma, los ayuntamientos son la institución mejor valorada, con 5,52 puntos sobre 10, seguidos de la Diputación de Gipuzkoa, con 5,43 puntos, y del Gobierno vasco, con 5,29“. El Gobierno central continúa siendo la institución peor valorada, con 3,81 puntos. Según Berasaluze, ”la proximidad, la capacidad de respuesta y la presencia en el día a día siguen siendo elementos fundamentales para recuperar la confianza.“

En cuanto al conocimiento y valoración de los principales líderes políticos, la diputada general guipuzcoana, Eider Mendoza, “sigue obteniendo la mejor valoración y repunta en conocimiento”, siendo conocida “por el 51,9%” de la ciudadanía, que le da una puntuación media de 5,73 sobre 10. El lehendakari, Imanol Pradales, obtiene un 87,8% en conocimiento y el presidente español, Pedro Sánchez, un 98,6%.

Situación económica

Por otro lado, ha señalado que, según el Sociómetro, “ocho de cada diez guipuzcoanos y guipuzcoanas esperan mantener o mejorar su situación económica”. Así, la situación económica personal obtiene una valoración media de 6,69 puntos sobre 10, el 82,3% de las personas encuestadas le otorga a su situación una nota igual o superior a 6 y el 80,5% considera que durante el próximo año su situación se mantendrá estable o mejorará.

La nueva encuesta refleja “una sociedad que mantiene una percepción positiva de su bienestar y de su calidad de vida” y confirma que la vivienda y las cuestiones económicas “continúan concentrando las principales preocupaciones de la ciudadanía y se consolidan como algunos de los grandes retos del territorio para los próximos años”, ha indicado.

Berasaluze ha destacado que “el sociómetro refleja una sociedad que mantiene una percepción positiva de su bienestar y de su situación personal, pero que al mismo tiempo es plenamente consciente y exigente respecto a los grandes retos colectivos que Gipuzkoa deberá afrontar en los próximos años”. “La vivienda se percibe como el principal reto del territorio para el 65,8%, pero existe una diferencia entre la percepción del problema y la incidencia directa en la vida cotidiana porque el porcentaje de personas que afirma verse afectada personalmente se sitúa en el 22,3%”, ha apuntado.

También ha indicado que “esta realidad cambia de forma notable entre la población joven”, ya que “entre las personas de entre 18 y 29 años, el impacto directo del problema de la vivienda afecta al 40,4%, lo que confirma que estamos ante uno de los grandes desafíos generacionales y ante una cuestión clave para la emancipación y los proyectos de vida de nuestros jóvenes.”

La encuesta, realizada mediante entrevistas telefónicas a 1.500 personas mayores de 18 años residentes en Gipuzkoa entre el 25 de junio y el 1 de julio, recoge las impresiones y valoraciones de la ciudadanía ante diversos temas sociales y políticos. En el apartado Economía y nivel de vida, “los 6,69 puntos sobre 10 con relación a la situación económica personal son el dato más elevado de la serie reciente que mantiene su tendencia positiva”, ha explicado. Según Berasaluze, “esta buena percepción se refleja también en la evolución del nivel de vida”.

Así, “el 51,3% de la ciudadanía considera que su situación se ha mantenido estable en los últimos dos o tres años y el porcentaje de quienes creen que ha mejorado aumenta hasta el 21,5%, un punto más que en la medición de diciembre”. “En paralelo, continúa reduciéndose el número de personas que consideran que su situación ha empeorado, pasando del 37,4% registrado en septiembre de 2023 al 26,8% actual, lo que supone una reducción de 10,6 puntos porcentuales en menos de tres años”, ha afirmado. “La confianza en el futuro también se mantiene en buenos niveles, al estimar el 46,9% que la situación económica del territorio se mantendrá estable y un 16% considera que mejorará, mientras que un 26,8% prevé un empeoramiento”, ha detallado.

En el ámbito social, “la vivienda se consolida como la principal preocupación de la ciudadanía guipuzcoana y alcanza el 65,8%, muy por encima del 54,3% registrado en diciembre de 2025 y del 50,2% de mayo de 2025”. El empleo y la situación laboral ocupan la segunda posición, con un 22,2%, seguidos por la sanidad, con un 20,8%, y la seguridad ciudadana, que se sitúa en cuarto lugar con un 14,5%. Los niveles de bienestar emocional se mantienen prácticamente estables respecto a mediciones anteriores.

De este modo, “la ciudadanía guipuzcoana valora su estado anímico con un 7,41 sobre 10 y mantiene una valoración muy positiva de su red de apoyo familiar y social, que alcanza una puntuación de 8,02 puntos, el indicador mejor valorado del estudio”. La portavoz foral ha incidido en que este sociómetro refleja que “Gipuzkoa avanza desde la estabilidad, afrontando con atención y responsabilidad los principales retos sociales y del territorio, pero manteniendo la confianza en su economía, en su modelo de bienestar y en sus fortalezas como comunidad”.

La alcaldesa de Vitoria, la socialista Maider Etxebarria, ha comparecido este viernes en rueda de prensa vistiendo la camiseta de la selección española de fútbol, que este domingo se mide a Argentina en la final del Mundial. Etxebarria ha querido mostrar su “máximo apoyo” a la selección, que espera “pueda bordar una nueva estrella” en la camiseta, como bicampeona del mundo. El partido se podrá seguir en Vitoria a través de una pantalla gigante en la céntrica plaza de España. La instalación de la pantalla, ha dicho, habría sido “impensable hace años”, pero “contribuye a normalizar y reforzar la convivencia”. Se ha congratulado, según recoge Europa Press, de que se haya “avanzado de manera notable” en tiempos recientes.

“Como alcaldesa respeto que haya personas a quienes no les guste la selección española, pero pido el mismo respeto hacia quienes sí queremos apoyarla. No hay imposición para venir a ver el partido, como he llegado a leer en las redes sociales. Es un partido de fútbol y punto. Quien quiera venir perfecto y quien no también. Solo queremos disfrutar de un evento deportivo”, ha aseverado Etxebarria. “No voy a juzgar lo que hagan o dejen de hacer otras ciudades. Yo tengo claro dónde debemos estar y qué debemos hacer”, ha subrayado.

Vitoria fue la única de las tres capitales vascas que colocó una pantalla gigante para poder seguir el partido de semifinales que enfrentó a España con Francia este pasado martes. El ambiente, ha destacado la alcaldesa, fue “magnífico”. Donostia —con otras localidades, como Barakaldo, Irún, Eibar y Ermua— se ha sumado de cara a la final. El alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, ha asegurado que “no hay necesidad ni demanda” En Vitoria, si la semifinal se pudo ver en la plaza de Santa Bárbara, la final se retransmitirá en la plaza de España, más céntrica y con una pantalla de mayores dimensiones, de ocho metros de ancho por cuatro de alto. “¡Nos vemos allí para volver a hacer historia!”, lleva animando la alcaldesa desde que la selección certificó su pase a la final.

La diputada de Hacienda de Bizkaia, Itsaso Berrojalbiz, del PNV, se mantiene firme en la necesidad de acometer una reforma fiscal en los términos planteados en junio para atraer empresas y profesionales con medidas variadas de fomento incluida, por ejemplo, la bonificación de los seguros médicos privados. Frente a la acusación del líder del PSE-EE, Eneko Andueza, de que se trata de un proyecto “neoliberal”, Berrojalbiz ha asegurado que la iniciativa está “trabajada” con los socialistas en el Gobierno foral, donde gobiernan en coalición.

El proyecto, considerado en algunos foros como “revolución” fiscal y que llegó a ser presentado en Madrid de la mano de grandes corporaciones y con el aplauso de la CEOE, también ha motivado las duras críticas de EH Bildu desde la oposición, además de las dudas de los socialistas. Berrojalbiz, en una rueda de prensa, ha pedido orillar el “ruido”, la “guerra” o el “sensacionalismo” y entrar a analizar las necesidades económicas del territorio para seguir siendo competitivo.

Ha añadido que los cambios tributarios también ayudarán a combatir la emergencia de vivienda, por ejemplo. “No nos tenemos que despistar”, ha señalado la responsable de Hacienda de Elixabete Etxanobe, que ha insistido en que el Gobierno foral opera con “ambición” y mirando de frente a los “retos”.

Esta reforma fiscal sigue a la de 2025, pactada entre PNV y PSE-EE con Podemos y conjunta para Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. También se ha aprobado recientemente la tasa turística, de nuevo con un acuerdo con los morados. En la misma rueda de prensa estaban presentes las responsables de Hacienda de Álava y de Gipuzkoa, Itziar Gonzalo de Zuazo e Itziar Agirre, y no han querido pronunciarse sobre los cambios propuestos en Bizkaia y la polémica abierta por Andueza.

El portavoz del PNV en el Parlamento vasco y dirigente del Euzkadi Buru Batzar, Joseba Díez Antxustegi, se ha mostrado convencido de que el líder del PSE-EE, Eneko Andueza, “no cree en lo que ha dicho” al acusar a su formación y a EH Bildu de pretender aplicar una “prioridad nacional”. Asimismo, ha apelado a “diferenciar la buena marcha de la coalición” de Gobierno entre 'jeltzales' y socialistas de “declaraciones puntuales” que circunscribe a “ponerse ya de campaña electoral”.

En declaraciones a los medios en Bilbao, donde el grupo parlamentario del PNV en la Cámara vasca está realizando este miércoles una jornada de trabajo, Díez Antxustegi se ha pronunciado de este modo tras las críticas del secretario general. El portavoz peneuvista ha subrayado que su partido “pone en valor la coalición”, que “responde a los intereses mayoritarios de la ciudadanía” de las declaraciones que pueda hacer Andueza, informa Europa Press.

“Estoy convencido de que él conoce el contenido de lo que se ha aprobado en el Parlamento y él sabe que lo que dijo no se corresponde con la realidad”, ha señalado en referencia a la nueva ley de empleo público y el euskera, el foco de diferencias con el PSE-EE y de los comentarios sobre la “prioridad nacional”.

El PSE-EE ha celebrado este martes su comité nacional vasco (Biltzar Ttipia, en euskera) y el secretario general, Eneko Andueza, ha deslizado que el PNV, del que es socio en las principales instituciones, está coqueteando con una “prioridad nacional” a la vasca en temas como la lengua o la migración e incluso que está lanzando propuestas con “sesgo neoliberal”, como la reforma fiscal de la Diputación de Bizkaia y que fue presentada en Madrid. Incluso detecta en su socio “una cierta expectativa sobre un hipotético gobierno de PP y Vox en España”. “Frente a la prioridad nacional de la derecha y la ultraderecha y frente a la prioridad nacional del nacionalismo vasco vamos a defender la prioridad social de nuestras políticas”, ha señalado Andueza.

La reunión del máximo órgano de los socialistas vascos entre congresos tenía un claro componente preelectoral. Tras el comité federal de junio, el PSE-EE se ha valido de este encuentro para activar formalmente el proceso de conformación de candidaturas de cara a las municipales y forales de 2027. Andueza ha dicho también estar preparado para las generales. “Para ganar, como hicimos hace tres años”, ha puntualizado sobre el triunfo de julio de 2023 por delante de PNV y de EH Bildu.

Andueza ha señalado que no hay que temer a las primarias en caso de que haya varias candidaturas para algún municipio o territorio foral, aunque por el momento nada se ha escuchado a este respecto. Sí se ha fijado como reto mantener las actuales doce alcaldías en Euskadi -el 20% de la población, ha señalado- y que incluyen a la capital, a Vitoria, donde Maider Etxebarria ya dijo que quería repetir. Y, si es posible, ha deseado Andueza, buscarán “ampliar ese número con algunas plazas más, grandes y pequeñas”. No ha dicho cuáles podrían ser.

A su juicio, “el socialismo vasco es una garantía” en ayuntamientos e instituciones forales, y también en las carteras que ocupa en coalición con el PNV en el Gobierno vasco. Andueza se ha atribuido haber “apartado del escenario” muchos “obstáculos” que “entorpecían” la política “de las cosas”. “Hemos pasado de debatir sobre esa locura que fue el 'plan Ibarretxe' a hacerlo sobre los porcentajes de vivienda protegida. Esto me parece un logro”, se ha congratulado.

Según Andueza, el PSE-EE es una suerte de freno a un PNV con querencia por las “obsesiones” identitarias y los acuerdos con EH Bildu. Ha citado el caso concreto del euskera y de la reforma de la normativa vasca de empleo público como el ejemplo más reciente. “Sólo sirve para aumentar la exigencia del euskera en la Administración y no va a resolver ningún problema, sino todo lo contrario”, ha opinado. Y ha seguido: “PNV y EH Bildu son los responsables de este error. Una alianza nacionalista que seguramente es bien vista por muchos sectores pese a la competencia electoral. Que quede claro: vamos a combatir tanto la prioridad nacional de PP y Vox como la que quieren construir desde el nacionalismo”.

Andueza también ha avisado al nacionalismo de que no es plausible una política migratoria “que enfoca muchas veces como un peligro” la llegada de extranjeros “para la identidad vasca y su lengua”. Después, ha cuestionado a EH Bildu por ofrecerse como alternativa al PNV y, a la vez, ofrecerle candidaturas electorales conjuntas o enarbolar la figura de José Antonio de Aguirre, quien fuera primer lehendakari.

“Me pregunto también si cada vez que el PSE-EE se expresa y lo hace con claridad y transparencia, sin dar la razón al nacionalismo, se nos va a pretender expulsar del debate público con la única explicación de que somos enemigos del euskera o que somos españolistas. No vamos a permitir que se nos saque del tablero con estas descalificaciones. No lo consiguió el terrorismo y no lo van a conseguir los que pretenden imponer a toda la sociedad vasca su forma unívoca de entender el mundo”, ha añadido Andueza.

El PNV lleva varias semanas, concretamente desde finales de junio, en un tono muy crítico con el Gobierno de Pedro Sánchez. Le afea que sea “remolón” -según el calificativo que se ha empleado en ocasiones- en las negociaciones abiertas para cerrar transferencias pendientes del Estatuto de 1979 “antes de agosto”, como acordaron el presidente y el lehendakari, Imanol Pradales, en su última cumbre justo antes de Semana Santa. Este martes, la portavoz del Ejecutivo autonómico y consejera responsable de las conversaciones, María Ubarretxena, ha insistido en que si no hay “contenido” Pradales no regalará a Sánchez la fotografía de otro encuentro en La Moncloa. Y ha añadido, a preguntas de los periodistas, de que el PSE-EE, socio del PNV en Euskadi, está en la misma línea.

Ubarretxena, en su anterior comparecencia, lamentó que el Estado se hubiese convertido en un “frontón” ante las propuestas lanzadas por la parte vasca para profundizar en los acuerdos sobre Seguridad Social y puertos. Dos matices, en el primer caso Euskadi ya ha renunciado a lograr, por ahora, la gestión de las pensiones (del orden de 13.000 millones anuales) para allanar el resto de acuerdos; y, en el segundo caso, los puertos ya están traspasados desde hace más de cuatro décadas con la excepción de los que son de “interés general”, Bilbao y Pasaia, que son parte de la red del Estado aunque con gran poder de decisión para las instituciones vascas desde hace años. El propio Pradales fue consejero del puerto de Bilbao.

Ahora, la previsión es que “este viernes” el Gobierno central envíe a Vitoria sus propuestas sobre los asuntos que están en negociación. Según Ubarretxena, servirá de termómetro para medir si hay o no agua en la piscina para cerrar posibles acuerdos. Ahora mismo, en todo caso, no hay fecha para la reunión de “antes de agosto” y quedan apenas 17 días.

Eso sí, Ubarretxena insiste en que trabajarán “todos los días” para intentar lograr los acuerdos pertinentes. “A trabajo no nos gana nadie. No tiramos la toalla”, ha manifestado. Preguntada por los periodistas por si los socialistas comparten esta posición crítica con Sánchez, la portavoz, que es del PNV, ha dicho que sí. Ha señalado que la estrategia es “de sobra conocida” por todos los miembros del Consejo de Gobierno, y que está “acordada” por “ambos partidos”. Este mismo martes, el líder socialista, Eneko Andueza, tiene una intervención ante el comité nacional de su partido en la que, previsiblemente, realizará su lectura.

Se da la circunstancia de que estos acuerdos, salidos del acuerdo de Sánchez con el PNV para la investidura de 2023, tenían que haber estado cerrados en 2025. Pero algunos de ellos se han ido retrasando. En caso de que ahora, antes de las vacaciones, se cierren nuevos traspasos, no queda claro qué pasará con los temas aún en el aire, particularmente las pensiones. Es algo nunca antes cedido a una comunidad autónoma y que levanta suspicacias aunque el Estatuto acota que nunca se pone en riesgo ni la 'caja única' ni la solidaridad interterritorial.

Pradales accedió al cargo en 2024 y, desde entonces, ha mantenido una buena relación con Sánchez, más intensa que la que tenía Iñigo Urkullu. Eso se ha traducido en múltiples encuentros y actos compartidos. Sin embargo, hace unas semanas Pradales ya avisó de que las investigaciones de presunta corrupción en el PSOE empezaban a tener una “pinta horrorosa”. El PNV como partido, por boca de Aitor Esteban, ha pedido también elecciones anticipadas. En privado, la línea de los nacionalistas es clara: la legislatura española solamente tiene sentido si se traduce en avances y medidas concretas.

Entre los recientes anuncios del consejero de Vivienda, Denis Itxaso, opacado por los cambios en Etxebide para garantizar que el 30% de las adjudicaciones de pisos protegidos lleguen a la “clase media”, se encuentra la “recuperación de un mecanismo que permita adjudicar vivienda protegida a unidades convivenciales que ya disponen de una vivienda en propiedad cuando ésta haya dejado de ajustarse a sus necesidades familiares”. “En estos casos, la adjudicación quedará condicionada a la entrega, transmisión, cesión o puesta a disposición de la vivienda anterior, con el objetivo de evitar situaciones de inadecuación sobrevenida entre el tamaño de la familia y la superficie disponible”, se expone.

En puridad, un decreto de 2008 y la ley autonómica de 2015 ya regulan los “itinerarios” o cambios de viviendas protegidas que, por diferentes circunstancias, pueden quedarse inadecuadas. 912 personas se han beneficiado entre 2019 y 2024 cambios de alquileres asignados, según datos oficiales facilitados a este periódico por el área de Vivienda. En detalle, fueron 86 en 2019, 80 en 2020, 182 en 2021, 163 en 2022, 214 en 2023 y 187 en 2024, siempre según estas estadísticas.

En el decreto de 2008, cuando Javier Madrazo de IU-EB era el consejero, es el artículo 29 el que menciona los “itinerarios”. Se alude que “el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales”, el antiguo nombre de la cartera que ahora dirige Itxaso, “deberá garantizar la adecuación de la vivienda de protección oficial, en cuanto a su superficie útil, a las necesidades de las unidades convivenciales”. Por ejemplo, si alguien accede solo a una casa y luego amplía su familia, podría acogerse a esta posibilidad. En ese momento, se apuntaba a un mínimo de “15 metros cuadrados útiles” por persona. Vivienda añade que “además de por ratio, se realizan cambios de vivienda por motivos de salud, profesionales, familiares, de adecuación de la vivienda o de convivencia”.

En la ley de 2015, impulsada en el Parlamento Vasco por Bixen Itxaso, hermano del actual consejero, es el artículo 39 el que habla de los “itinerarios”. Esta ley fue la primera en España en desarrollar la previsión constitucional del derecho a la vivienda y, en este inciso, lo complementa aún más: “Las personas ocupantes legales de una vivienda de protección pública tienen derecho, en los términos que se establecen en este artículo, al acceso a la ocupación legal de una vivienda adecuada a sus necesidades a lo largo de las diferentes etapas de su vida”.

En suma, preveía que si la situación cambiaba, pudiera cambiar también el inmueble. Y aquí, además de tener hijos, se aludía a “traslados por motivos laborales o profesionales”. “Las personas o unidades de convivencia interesadas podrán presentar una solicitud ante la Administración pública que se la hubiere adjudicado o, subsidiariamente, ante el órgano competente en materia de Vivienda del Gobierno vasco, pidiendo que se reconozca la necesidad de cambio de vivienda, así como la posibilidad de su incorporación al cupo que se cree, a los efectos del pertinente procedimiento de permuta”, se puede leer. Ese “cupo” nunca ha sido desarrollado.

Ermua ha acogido este viernes su acto anual de homenaje a las víctimas del terrorismo, en el que ha recordado a los vecinos de esta localidad vizcaína asesinados por ETA, que son Sotero Mazo y Miguel Ángel Blanco. Se ha reivindicado una convivencia que “no humille a las víctimas” y que “no convierta a quienes ejercieron la violencia en referentes”, según ha pedido su alcaldesa, Beatriz Gámiz, del PSE-EE.

También la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, ha reivindicado el legado del 'espíritu de Ermua' como un pilar de la convivencia democrática, al tiempo que reafirmado “el compromiso del Gobierno vasco con la memoria de las víctimas y la educación en valores democráticos de las generaciones más jóvenes”, informa Europa Press.

Como cada año, Ermua ha celebrado un acto institucional, organizado por el Ayuntamiento, en recuerdo al peluquero Sotero Mazo y al concejal del PP Miguel Ángel Blanco, asesinados por ETA en 1980 y 1997, respectivamente. El acto ha sido ante el monolito de homenaje a las víctimas de Agustín Ibarrola, ubicado en San Pelayo, y ha incluido una ofrenda floral.

Han participado en el homenaje la delegada del Gobierno de España, Marisol Garmendia, el subdelegado del Gobierno en Bizkaia, Carlos García Buendia, la viceconsejera de Derechos Humanos, Memoria y Convivencia, Arritxu Marañon, y representantes de todos los grupos municipales de Ermua, familiares y vecinos.

“Dos vidas arrebatadas. Dos familias golpeadas por el terror. Dos heridas que forman parte de nuestra memoria colectiva y que nos recuerdan, cada año, por qué este homenaje sigue siendo necesario”, ha remarcado la alcaldesa. Por su parte, San José ha realizado una condena “inequívoca” del terrorismo y de la violencia y ha señalado que “aquel espíritu de Ermua” representó la respuesta “serena, valiente y democrática de una ciudadanía que decidió romper el silencio y plantar cara al miedo”.

La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha salido con un doble rapapolvo del intento de cuestión de inconstitucionalidad elevado al Tribunal Constitucional sobre un inciso de la normativa vasca de empleo público de 2022 que indica que “todos los puestos de trabajo existentes en las administraciones públicas vascas, sus instituciones y organismos, incluidos aquellos de naturaleza temporal o coyuntural, tendrán asignado su correspondiente perfil lingüístico”. Por un lado, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, pidió inadmitir el debate porque el planteamiento de los jueces vascos sobre las exigencias de euskera era “notoriamente infundado”, al no estar en riesgo el castellano. Por otro lado, el auto de inadmisión a trámite, cuyo ponente ha sido el magistrado conservador Enrique Arnaldo, apunta que ni siquiera entrar en el fondo cambiaría nada sobre lo que debe resolver el Superior vasco, que es un recurso de Vox sobre la aplicación concreta de un decreto de 2024 que desarrollaba esa ley.

Así, el asunto se ha zanjado en la corte de garantías sin que el Constitucional avale o no avale la política lingüística vasca, como deslizó el Gobierno de Imanol Pradales en una primera reacción luego de que 'Gara' adelantase la decisión judicial, del 23 de junio y que no fue nunca hecha pública. Lo que se ha hecho es no admitir a trámite la cuestión de inconstitucional y acordar que no se analizará en ningún caso el artículo sobre la exigencia en “todos los puestos” de un perfil. Es más, el Superior queda ahora con las manos totalmente libres para seguir tramitando el recurso de Vox contra la “globalidad” del decreto de desarrollo de 2024.

El Constitucional afea la forma de proceder del Superior vasco al elevar un artículo sin una razón “concreta” para la resolución que luego ha de dictar. Dice textualmente el auto que “cabría la posibilidad de que aún desestimándose la cuestión y declarándose la constitucionalidad del precepto, dicho pronunciamiento no fuera relevante, en la medida en que el tribunal [Superior] podría declarar la nulidad de la totalidad del decreto 19/2024”.

Vox, el partido que instó el recurso inicial que dio pie a esta cuestión de inconstitucionalidad, ha hecho una interpretación 'sui generis' y asegura que un Constitucional “absolutamente politizado y escorado hacia la parte progresista” ha emitido un auto “esperable”. “⁠⁠Pedro Sánchez pone todas las instituciones del Estado al servicio de sus propios intereses y los de su partido, en este caso utiliza al Tribunal Constitucional para pagar y blindar el apoyo del PNV, para mantenerse en La Moncloa sea cual sea el precio que se le exija”, ha clamado la única parlamentaria vasca, Amaia Martínez Grisaleña, sobre la resolución redactada por Arnaldo, muy significado por su posición conservadora.

De su lado, el PSE-EE ha ironizado que quienes “hasta ayer denunciaban la ofensiva judicial contra el euskera, hoy encuentren motivos de satisfacción en los pronunciamientos del Tribunal Constitucional”, en referencia a PNV y EH Bildu. El euskera es precisamente el gran punto de fricción actualmente entre los socialistas y sus socios de Gobierno el PNV. Y es que hace unas semanas se aprobó una reforma de esta misma ley de empleo público para blindar las exigencias de euskera. Lo hizo el PNV en solitario, aunque gracias a la abstención de EH Bildu. El PP deslizó que quiere llevar al Constitucional esos cambios, de modo que la pelota podría volver a la corte de garantías nuevamente.

A la luz de las primeras reacciones, la operación de enajenación del pabellón público de la Diputación Fernando Buesa Arena y de las parcelas de aparcamiento de su entorno para que sean adquiridos por el grupo conformado por Saski Baskonia y Deportivo Alavés dispondrá de mayoría política en su tramitación en las Juntas Generales, el Parlamento foral de Álava. En Radio Vitoria, el socio del PNV, el PSE-EE, y también el PP han considerado positivo el proyecto presentado este lunes por el diputado general, el nacionalista Ramiro González, y el presidente de la entidad, Josean Querejeta.

Para los socialistas, la valoración es “en principio positiva”. El PP, más claro, ha señalado que “aquí hay un empresario que lleva muchos años haciendo una apuesta muy importante por Álava” y que ha anunciado “más de 150 millones en inversiones”, lo que “a priori es muy positivo” para Vitoria, según Iñaki Oyarzábal.

En el lado contrario, la oposición de izquierdas ha encajado con recelo el proyecto, del que aún no se han dado cifras concretas. “Nos surgen muchas dudas. No vale el sí por el sí. Es una operación muy complicada, muy sensible. Hay que mirarlo con lupa”, ha dicho Eva López de Arroyabe, de EH Bildu. Podemos, de su lado, habla de “pelotazo absoluto”, de “operación inmobiliaria especulativa”. IU también lo ve inaceptable.

A nivel interno, el colectivo Gurea DA, asociación de pequeños accionistas del Deportivo Alavés, ha planteado una batería de preguntas tanto al club como a la Diputación. Entre las segundas, plantean “qué razones impulsan a la máxima institución de la provincia a desprenderse de patrimonio público”. Insisten en que se debería aclarar si el proyecto, que incluye igualmente un segundo edificio para la Universidad Euneiz y una nueva residencia, supone abrir la puerta a un posible traslado del estadio de Mendizorroza a esa zona de Zurbano, una incógnita que Querejeta no quiso despejar en la rueda de prensa.

Para Gurea DA, las instituciones siguen alcanzando “opacos acuerdos privados” con Querejeta sin pensar en el interés público. “Asegurar su titularidad pública es defender la vocación de servicio de una infraestructura estratégica, que garantice el acceso democrático y universal a la cultura y al deporte. Su venta rompe la imprescindible cohesión comunitaria vinculada a todo patrimonio público. Por si esto no fuera suficiente, el proyecto de mejora del Fernando Buesa Arena se basa en dotar a la instalación de palcos y zonas VIP, en lo que es una irrefrenable deriva consistente en transformar espectáculos tradicionalmente populares en propuestas con tufo clasista. El anuncio de su privatización es una pésima noticia [...]. De la mano de esta venta, se da a conocer la ampliación de Euneiz, proyecto educativo también privado y elitista. [...] Lejos de cumplir con su obligación de volcar recursos en la educación pública, nuestras instituciones (ayer la Diputación) aplauden e impulsan proyectos de este tipo, llevando a cabo de esta manera una progresiva privatización encubierta de nuestro sistema educativo”, exponen.

Y agregan: “Como alavesistas no podemos ocultar nuestra perplejidad ante la incesante presentación de ambiciosos proyectos económicos por parte de un club, el nuestro, con evidentes problemas para retener talento deportivo. ¿Nos puede explicar alguien cómo se van a afrontar estas millonarias inversiones sin asegurar antes la única fuente sustancial de ingresos? Resulta innecesario reseñar que dicha fuente de ingresos pasa, sí o sí, por la permanencia y consolidación de nuestro Glorioso en Primera División”.