PNV y PSE-EE cierran un pacto fiscal de mínimos para “atraer talento” que no incluye todas las medidas anunciadas por Bizkaia

PNV y PSE-EE han pactado un documento de mínimos para realizar una reforma fiscal 'armonizada' entre los tres territorios después de la tormenta desatada entre ambas formaciones por las medidas fiscales presentadas en Madrid por la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, que el PSE-EE aseguró que no se habían consensuado con ellos, y que incluso el propio secretario general del partido, Eneko Andueza, tachó de proyecto de “sesgo neoliberal”. De hecho, el documento suscrito por las cúpulas de ambas formaciones no incluye todas las medidas propuestas por la diputación vizcaína. Es el caso, por ejemplo, de las desgravaciones por los seguros médicos privados, una medida que no gustó nada en las filas de los socialistas, o las deducciones por gastos en gimnasios privados. También se modifican a la baja algunas desgravaciones del IRPF para atraer talento.

El acuerdo marco sobre los contenidos de las Normas Forales de Medidas Fiscales 2026, del que han dado cuentas los socios de gobierno a través de un comunicado conjunto, tiene el objetivo de “impulsar el arraigo empresarial, favorecer el relevo generacional, fortalecer la participación de las personas trabajadoras, atraer y fidelizar profesionales en Euskadi, mejorar el acceso a la vivienda y facilitar la transición hacia una movilidad más sostenible”. De momento es una base que tendrá que aprobarse después en las respectivas Juntas Generales de cada territorio. Ni en Álava ni en Gipuzkoa PNV y PSE-EE tienen mayoría, por lo que tendrán que buscar nuevos socios. De hecho, la normativa fiscal que está ahora en vigor se pactó en 2025 con Podemos.

Las medidas acordadas se incorporarán en los tres territorios históricos -Araba, Bizkaia y Gipuzkoa-, ya sea en los correspondientes anteproyectos normativos o durante la tramitación parlamentaria mediante enmiendas. “Todo ello sin perjuicio de que cada territorio pueda ampliar o complementar este marco común”, señalan, aludiendo a una máxima que han repetido desde los tres territorios estos meses, en el sentido de que “armonizar no es igualar”.

El acuerdo contempla la incorporación de una disposición adicional con rango de Norma Foral para evaluar el impacto de las medidas relacionadas con la continuidad empresarial, el arraigo, la fidelización y la atracción de personas y empresas. La evaluación se referirá a los periodos impositivos 2026-2029 y deberá analizar el grado de cumplimiento de los objetivos previstos, incluyendo, cuando proceda, variables desagregadas por sexo. Cada Gobierno foral dará cuenta de sus resultados a las Juntas Generales, que podrán valorar, en su caso, la necesidad de introducir modificaciones normativas.

Arraigo de las empresas y participación de los trabajadores

En concreto, para dar continuidad a las empresas y asegurar el relevo generacional, se ha acordado la reducción del 30% en plusvalías en determinadas transmisiones de empresas y negocios autónomos, siempre que se garantice la continuidad de la actividad y del empleo durante cinco años. Esta reducción se amplía al 35% si la transmisión se realiza a una micropyme y al 40% si es a una mujer menor de 36 años. Asimismo, se ha pactado revisar la normativa para la titularidad de los 'crowdfundings' y ampliar la reserva para el fomento del emprendimiento y el reforzamiento de la actividad productiva para proyectos estratégicos de los territorios. La medida se aplicará sobre una base máxima de plusvalía de tres millones de euros. Se reforzarán las cautelas para garantizar el mantenimiento de la empresa y evitar operaciones que reduzcan sustancialmente el valor de la adquisición o permitan eludir los requisitos establecidos.

Por otra parte, se plantea ampliar la reserva prevista en el artículo 53 de la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades para proyectos estratégicos de país o de territorio. La definición y los requisitos de estos proyectos se concretarán reglamentariamente, atendiendo a factores como la creación de empleo estable y de calidad, el volumen de inversión y su alineación con las estrategias territoriales y de país.

El acuerdo contempla incentivos fiscales para favorecer que las personas trabajadoras participen en el capital de las empresas mediante la adquisición de acciones o participaciones, con ventajas fiscales de hasta 12.000 euros anuales. También se prevé facilitar préstamos para la incorporación de las personas trabajadoras a cooperativas o al capital de sus empresas. La aplicación de estos incentivos quedará condicionada al mantenimiento de las acciones o participaciones durante tres años. En las grandes empresas, el incentivo se orientará a los casos en los que la participación de las personas trabajadoras permita alcanzar el control de la sociedad o del grupo, con el objetivo de reforzar el arraigo de los centros de decisión.

Atracción de profesionales

Para la atracción de profesionales que hayan vivido en el extranjero, se ha acordado la exención del 42% en rendimientos del trabajo para el talento profesional y del 30% en rendimientos del trabajo para profesionales cualificados (con, al menos, FP de grado superior) en sectores como investigación, desarrollo e innovación, científico, técnico o financiero, medioambiental y de transición energética, tecnológico o de carácter biosanitario. Estas exenciones aumentan un 10% para menores de 36 años y tendrán una duración de 1+7 años. Asimismo, se incorpora una variable deducible de 2.000 euros (3.000 para menores de 36 años) por movilidad geográfica a las personas que se trasladen a territorio vasco que no cumplan criterio de impatriados.

Vivienda en alquiler

Relacionado también con la captación de talento, y ante las dificultades del mercado de la vivienda, se ha acordado la no tributación del abono de la empresa del alquiler de sus trabajadores en especie hasta 700 euros por mes con un máximo de hasta 24 meses por persona trabajadora, siempre que el alquiler no supere el índice de referencia, y hasta 300 euros en el resto de casos. También se habilitará a los ayuntamientos para establecer bonificaciones y avanzar hacia un modelo de IBI social. Y se estudiará la introducción de una deducción en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el Impuesto sobre el Patrimonio o el IRPF para favorecer la cesión de viviendas o suelo finalista al parque público de alquiler o a proyectos de colaboración público-privada.

En cuanto a la formación y al empleo juvenil, se refuerzan los incentivos a la formación continua y dual y se incrementan las deducciones de creación de empleo si procede de esta formación.

Cuidados y movilidad

En el terreno de los cuidados, se ha acordado elevar el umbral de la deducción por cuidado a 500 euros, 750 euros si es por cuidado profesional, y a 1.000 euros en el caso de familias monoparentales. El acuerdo alcanza también la reparación social al incorporar medidas para facilitar los procesos de reparación y reconocimiento de las personas víctimas de abusos sufridos durante la infancia y la adolescencia en el ámbito institucional.

Existen también deducciones para el ámbito de la movilidad sostenible: se ha acordado una deducción del 5% por compra de vehículo nuevo si se achatarra otro de más de 20 años de antigüedad o si el vehículo antiguo supera un número de emisiones que se establecerá en el Reglamento. La medida tendrá una vigencia de dos años y se aplicará con límites de precio de 30.000 euros para los vehículos convencionales y de 40.000 euros para cero emisiones.

Fiscalidad de la empresa familiar y obligación de declarar

El acuerdo refuerza las reglas destinadas a evitar la elusión en la valoración de las transmisiones onerosas de empresas familiares. Como regla general, la persona adquirente tributará en una futura transmisión por el importe efectivamente satisfecho. “Si la Administración comprueba que dicho importe es distinto del declarado, se perderá el derecho a la exención, con la correspondiente regularización e intereses de demora”. También se analizará la necesidad de introducir una regla específica para las transmisiones lucrativas -donaciones y sucesiones de empresa familiar-, con remisión a la valoración prevista en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y exigencia de tasación pericial cuando proceda.

En relación con la obligación de declarar en el IRPF, actualmente fijada en 20.000 euros, ambas formaciones acuerdan “abordar su actualización en el marco de los escenarios presupuestarios y de recaudación correspondientes al ejercicio 2027”.

La polémica por la propuesta de Bizkaia

Bizkaia presentó su propuesta fiscal en Madrid en el mes de junio, sin consensuarla con sus socios en el Gobierno foral, y tampoco con el resto de los territorios. La propuesta se realizó en Madrid, comunidad a la que se ha acusado desde el nacionalismo vasco en muchas ocasiones de hacer 'dumping' fiscal, y en un acto en el que participó una nutrida representación empresarial encabezada por el propio presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, junto a líderes de destacadas empresas y entidades como Petronor, Telefónica, Iberdrola o el BBVA, y que se deshicieron en elogios a las propuestas vizcaínas.

El vicelehendakari y secretario general del PSE-EE en Bizkaia, Mikel Torres, aseguró haber conocido el anteproyecto de reforma a la vez que la prensa, y señaló que las reformas fiscales “se acuerdan y se pactan, lo mismo que se hizo con la reforma fiscal de abril de 2025”. Eneko Andueza subió el tono de las críticas un mes después, a mediados de julio, al considerar que se trata de una propuesta con “sesgo neoliberal”. Ambos partidos se han empleado a fondo en los meses de verano para llegar a este documento de mínimos, aunque queda toda la tramitación las Juntas y se ha abierto ya de pleno el periodo preelectoral, y la fiscalidad es siempre uno de los temas centrales de las pugnas electorales.

Tras cerrarse el acuerdo entre las cúpulas de los partidos, la diputada de Hacienda y Finanzas de Gipuzkoa, Itziar Agirre, ha considerado que se trata de un “paso adelante” para seguir avanzando en los retos económicos del territorio y seguir avanzando en construir “una economía fuerte y competitiva que ofrezca confianza a las empresas y a las personas que quieran desarrollar sus proyectos vitales y profesionales en Gipuzkoa”. “Nos esforzaremos sobremanera para alcanzar con los grupos junteros un acuerdo amplio que beneficie al conjunto de las y los guipuzcoanos”, ha señalado.