EH Bildu se ha sumado a las críticas de UPN, Geroa Bai y PP a la medida anunciada por el Departamento de Educación que dirige el socialista Carlos Gimeno de no renovar el concierto educativo de 14 líneas de la red privada en Infantil (cinco en ikastolas) ante el descenso de la natalidad. Una medida que el consejero justificó como una defensa de la enseñanza pública, que pierde mucho más alumnado que la concertada (54 aulas frente a 8 desde el curso 2014/2015). “Es totalmente desacertada y precipitada, y es una medida cortoplacista con importantes consecuencias para los centros afectados”, ha lamentado la portavoz parlamentaria de EH Bildu, Laura Aznal.

Según explicó el consejero de Educación, Carlos Gimeno, ha sido la red pública la más castigada por el descenso de la natalidad registrado en los últimos años. Así, a pesar de que el número de alumnos que han perdido desde el año 2014 es similar en las dos redes (22% en la pública frente a 20% en la privada financiada con fondos públicos), el sistema de renovación de conciertos, que se hace cada cuatro años, ha provocado que en el mismo periodo de tiempo en la enseñanza pública se hayan cerrado 54 líneas en aulas mientras que en la concertada únicamente ocho, siete veces menos. Para evitar ese “blindaje” de la concertada Educación ha anunciado que para el curso que viene no se renovará el concierto a 14 líneas de la red concertada para así equilibrar el cierre de 19 líneas en la red pública y evitar que sean más.

La medida ha sido duramente criticada por los partidos de la oposición, UPN y PP, pero también por el socio de gobierno de los socialistas Geroa Bai, y ahora también EH Bildu, socio presupuestario, porque el cierre afectará también a ikastolas, escuelas privadas financiadas con fondos públicos de enseñanza en euskera. “Se pretenden llevar a cabo medidas totalmente excepcionales, nunca tomadas antes y sin un plan general”, ha afeado Laura Aznal, que ha señalado que EH Bildu incluyó en el acuerdo de Presupuestos con el Ejecutivo de María Chivite el compromiso de Educación de realizar un plan estratégico de cinco años para la bajada lineal escalonada de ratios, desglosado por niveles educativos y dotado de recursos, que no se ha realizado todavía.

Geroa Bai por su parte ha planteado una moratoria de un año en la renovación de los conciertos educativos “para adaptar las decisiones del conjunto de la red de educación de Navarra a la actual situación demográfica excepcional” y ha presentado una moción parlamentaria por la que se insta al Departamento de Educación a no proceder al cierre de aulas de Educación Infantil ni en la red pública ni en la concertada durante la planificación escolar del próximo curso, que UPN ya ha anunciado que apoyará. “Hay que proteger nuestro sistema educativo de un socialismo radical, ideologizado, que toma las decisiones desde ese prisma. María Chivite quiere aprovechar las circunstancias para cerrar aulas en centros públicos y en centros concertados y nosotros creemos que hay que parar este disparate”, ha criticado el portavoz regionalista, Javier Esparza.

PSN y Contigo/Zurekin, los otros dos socios del gobierno, han defendido el plan de Educación para equilibrar el cierre de aulas por la caída de la natalidad entre las redes pública y concertada. “Lo que no se puede justificar de ninguna manera es mantener unidades concertadas mientras se están cerrando unidades públicas. No se pueden pedir sacrificios siempre a la misma parte. No se puede cargar siempre el coste sobre la escuela pública”, ha defendido Ainhoa Unzu, del PSN. “No se puede pretender defender el carácter estratégico de la red educativa pública y a su vez blindar los conciertos con la red privado-concertada, como en estos momentos están defendiendo las derechas, pero también Geroa Bai y EH Bildu”, ha criticado el portavoz de Contigo/Zurekin, Carlos Guzmán.

UPN, partido que denunció la exhibición de imágenes de presos de ETA durante la Korrika, ha asegurado en una nota de prensa que la Audiencia Nacional ha ordenado a la Guardia Civil y a la Policía Nacional investigar si hubo “enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas” en el trascurso de la carrera popular a favor del euskera. Vox también denunció estos hechos.

Según informa el partido regionalista, la denuncia reclamaba a la policía identificar a los portadores de las imágenes de los terroristas de ETA Francisco Ruiz Romero y Alberto Viedma Morillas, asesino del concejal de UPN Tomás Caballero, y de Alberto Viedma Morillas, también condenado por el asesinato de Tomás Caballero, así como por el del subteniente del Ejército de Tierra, Francisco Casanova. Las imágenes se exhibieron durante la celebración de la Korrika a su paso por el barrio de la Txantrea de Pamplona, así como por otras localidades navarras.

La resolución del juez que ordena la investigación se ha llevado a cabo tras el informe favorable del Ministerio Fiscal, según ha apuntado UPN.

Tras conocer la instrucción del juez, la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha reclamado que “se llegue hasta el final” ante unos hechos “que denigran a las víctimas del terrorismo”, haañadidoo. La presidenta de UPN ha pedido así, que “se haga justicia” con las familias de Tomás Caballero y Francisco Casanova.

“No solo tienen que sufrir la pérdida de un ser querido a manos de los terroristas, sino que se ven humilladas nuevamente por la exaltación que se lleva a cabo con el consentimiento de los organizadores de la Korrika”. “Memoria, justicia, dignidad y verdad para todas las víctimas del terrorismo. Todo mi cariño y mi respeto”, ha manifestado.

“Volvemos a exigir a los organizadores una disculpa pública, la adopción de medidas para evitar que este tipo de hechos vuelvan a producirse en el futuro y que las entidades que hayan apoyado económicamente la Korrika pidan la devolución de sus aportaciones”, ha concluido.

40 personas han comparecido ya en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que analiza las obras adjudicadas por el Ejecutivo foral a la UTE de Acciona con Servinabar 2000, la empresa de Antxon Alonso y Santos Cerdán que la UCO de la Guardia Civil sitúa en el centro de la trama de corrupción por presuntamente funcionar como vehículo para el cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de obra pública. De todos los comparecientes, apenas cuatro han sido mujeres, un 10%. Además, todos los portavoces políticos de la comisión son hombres.

La comisión se creó en verano de 2025. La preside una mujer, Irati Jiménez, de EH Bildu, mientras que Blanca Regúlez, de Geroa Bai, ejerce como secretaria. Sin embargo, el vicepresidente, Pedro González (UPN), así como todos los portavoces políticos son hombres: Javier Esparza (UPN), Javier Lecumberri (PSN), Adolfo Araiz (EH Bildu), Pablo Azcona (Geroa Bai), Javier García (PP), Miguel Garrrido (Contigo/Zurekin) y Emilio Jiménez (Vox).

En el foro, por el que han pasado los principales responsables políticos y técnicos de las adjudicaciones, así como los dirigentes de las empresas señaladas, tan solo cuatro de los cuarenta comparecientes han sido mujeres: Noemí Osés, la directora general de Osés Construcciones; Edurne Eginoa, la directora de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra; Carmen Pérez Miguel, la directora jurídica y de compras de la empresa pública de vivienda Nasuvinsa; y la exdirectora general de Educación del Gobierno de Navarra, Nekane Oroz.

Por el contrario, 36 de los 40 comparecientes han sido hombres, entre ellos todos los técnicos y juristas de la mesa de contratación de las obras de los túneles de Belate, los agentes de la Guardia Civil que realizaron el informe de la UCO, consejeros y directores generales del Gobierno de Navarra o altos cargos de las empresas señaladas por la UCO. A esta lista se podría haber sumado el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, que se negó hasta en dos ocasiones a acudir a su citación en el Parlamento navarra. La Fiscalía ya le ha denunciado por considerar que incurrió en un delito de desobediencia.

“Deberíamos hacer la reflexión de quiénes están en los espacios de decisión y de poder y quiénes no”, ha apuntado sobre esta cuestión la presidenta de la comisión de investigación, Irati Jiménez.

De las comparecencias pendientes, cuatro más serán de mujeres: la de la exconsejera de Ecnomía Lourdes Goicoechea y las de las tres últimas presidentas de Navarra, Yolanda Barcina, Uxue Barkos y María Chivite. Según las fuentes consultadas, se espera que para mayo hayan finalizado todas las comparecencias y que el dictamen con las conclusiones de la comisión pueda ser votado en el pleno antes de que finalice el mes de junio.

El exvicepresidente de UPN Óscar Arizcuren ha reconocido en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre la derivada foral del 'caso Koldo' que facturó a Servinabar 2000, la empresa propiedad de Antxon Alonso y, según la UCO de la Guardia Civil, también de Santos Cerdán.

Arizcuren, que ha reconocido que con Cerdán le unía una relación “estrecha y de amistad”, ha explicado que obtuvo 28.000 de beneficios por labores de consultoría facturados a Servinabar 2000 vía OAP Asesoramiento Integral, una consultora de su propiedad. La Hacienda Foral de Navarra cifra en 69.000 euros la cantidad facturada por esa colsultora a la empresa que la UCO sitúa en el epicentro de la trama de corrupción durante los ejercicios 2022, 2023 y 2024. “Una empresa tiene ingresos y gastos. Todo está justificadísimo y todos los cobros se hicieron por cuenta bancaria, no hay un solo movimiento en efectivo”, ha asegurado el exdirigente regionalista.

Según ha apuntado toda su relación con la empresa Servinabar se produjo a través de Antxon Alonso. “Era una empresa normal, si hubiera visto algún indicio de algo hubiera cortado relación”, ha apostillado. También ha señalado que tras leer el informe de la UCO que situaba a Cerdán al frente de la presunta trama de corrupción cortó su relación con él y con Antxon Alonso “por prudencia”.

Óscar Arizcuren, que en 2019 dejó la política navarra y la vicepresidencia de UPN para dar el salto a Madrid como directivo de Aena (desde diciembre de 2017), también ha reconocido que mantuvo “una o dos” reuniones con Santos Cerdán y el expresidente de UPN Javier Esparza, pero ha descartado que estuvieran relacionadas con negociaciones entre el partido regionalista y el PSOE para la reforma laboral. “Solo facilitaba la relación personal entre ellos dos”, ha apostillado.

“Nosotros venimos de estar en la oposición juntos y claro que hemos tenido comidas, una o dos, pero el único objetivo de esa comida es tejer relación por si hubiese la posibilidad de tener un acuerdo para llegar a un acuerdo de gobierno en el caso de que hubiese unas elecciones. Pero no tiene nada que ver con la posición del partido en ninguna cuestión”.

Arizcuren ha desvinculado su salto a Madrid y a Aena con su relación de amistad con Cerdán. “El PSOE aún no estaba en el Gobierno”, ha puntualizado. En 2020 dejó de ser afiliado de UPN aunque ha asegurado que sigue “siendo” del partido regionalista para negar su presencia en actos del PSOE.

El blindaje de los 128 profesores de religión elegidos por el obispo y no mediante una oposición en la red pública ha vuelto a dividir a los socios del Gobierno de la socialista María Chivite en Navarra. Geroa Bai (Socialverdes y PNV) ha unido sus votos a los de UPN para rechazar una proposición presentada por PSN y Contigo/Zurekin (Podemos, IU y Batzarre) para derogar la ley que garantiza el mantenimiento del puesto de trabajo de estos docentes pese a que su carga lectiva se ha reducido al mínimo -una hora semanal- en aplicación de la LOMLOE.

En el debate de la ley, Geroa Bai ha introducido dos enmiendas que han recabado los votos favorables de UPN, PPN y Vox, mientras que PSN, EH Bildu y Contigo/Zurekin ha votado en contra. La introducción de estas enmiendas, que recogían un régimen transitorio ante la derogación de la ley, ha motivado que los propios proponentes de la norma hayan decidido votar en contra. De esta forma, solo Geroa Bai ha apoyado la ley, mientras que UPN, PSN, EH Bildu, PPN, Contigo-Zurekin y Vox han votado en contra.

Geroa Bai ha introducido, a través de una enmienda, un régimen transitorio que fijaba que el personal docente de religión que, a la fecha de entrada en vigor de la ley foral, mantenga una relación laboral de carácter indefinido con la Administración conservaría dicha condición y no podría ver extinguida su relación laboral como consecuencia directa de la derogación de la ley. Además, establecía que “las eventuales modificaciones de jornada que pudieran derivarse de la evolución de las necesidades docentes deberán ajustarse a lo previsto en la legislación laboral vigente, garantizando en todo caso los principios de objetividad, proporcionalidad y no discriminación”.

Igualmente, a iniciativa de Geroa Bai, se había incluido que “la Administración educativa, por razón de planificación educativa, podrá reorganizar destinos y funciones dentro del marco normativo aplicable, siempre que dicha reorganización no suponga un menoscabo arbitrario de los derechos laborales consolidados”. También establecía que el personal docente de religión con contrato laboral indefinido que en el año de entrada en vigor de la ley foral cumpla 55 años de edad mantendría íntegramente sus condiciones de contrato, jornada y estabilidad laboral hasta la extinción de su relación de servicio por jubilación o renuncia.

Una segunda enmienda de Geroa Bai, también introducida en el texto, recogía que el Departamento de Educación debería adoptar “las medidas necesarias para garantizar que las nuevas necesidades de contratación de personal docente de religión que pudieran derivarse para cubrir la planificación educativa a partir del curso 2026-2027 en el sistema educativo público se lleven a cabo bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad”.

Según datos del Departamento de Educación en la red pública de Navarra hay 128 profesores de religión que imparten 1.557 horas semanales de esa asignatura. Sin embargo, Educación paga 2.577 horas semanales, el equivalente a 44 jornadas completas, lo que supone un sobrecoste que supera los dos millones de euros anuales, según esos mismos datos.

Esta cuestión ya generó una crisis entre los socios la legislatura pasada, cuando Geroa Bai sumó sus votos a los de Navarra Suma, la coalición de UPN, PP y Ciudadanos, para que los profesores de religión pudiesen mantener su puesto de trabajo con la rebaja de horas lectivas de esa materia. PSN, Podemos e Izquierda-Ezkerra criticaron que su socio se sumara a la derecha para aprobar una ley que “vulnera los principios de igualdad y mérito en el acceso a la función pública”.

Y es que estos docentes son seleccionados por el Arzobispado, y muchos de ellos, mayores de 50 años, fueron contratados en su día conforme al acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales que suscribieron en enero de 1979 el Estado y la Santa Sede por el cual se establecía que esta asignatura sería “impartida por las personas que fueran designadas por la autoridad académica entre aquellas que el Ordinario Diocesano propusiera”. Posteriormente, en 2007, un Real Decreto convirtió a este personal en indefinido.

Es el Arzobispado el encargado de proponer a este personal al que, según se desprende de la propia web del Arzobispado de Pamplona-Tudela se le exige, además de la titulación académica requerida para impartir la docencia y la Declaración Eclesiástica de Competencia Académica (DECA), estar bautizado en la Iglesia católica y disponer de una “declaración eclesiástica de idoneidad”, un documento que emite el propio obispo de la diócesis y que supone “recta doctrina y testimonio de vida cristiana” basada “en consideraciones de índole moral y religiosa, criterios cuya definición corresponde al obispo diocesano”. Los candidatos seleccionados por el obispado son posteriormente contratados por Educación.

EH Bildu y PSN han “constatado” este jueves su buena sintonía y han reiterado su “satisfacción” por el acuerdo que firmaron en diciembre de 2023 para desalojar a Cristina Ibarrola de la Alcaldía de Pamplona a través de una moción de censura con la que fue investido nuevo alcalde Joseba Asiron.

Representantes de los grupos municipales de la coalición abertzale y del PSN han mantenido una reunión de seguimiento del acuerdo que firmaron para la moción de censura. Los socialistas no entraron en el nuevo gobierno municipal, formado por EH Bildu, Geroa Bai y Contigo/Zurekin, pero se mantienen como socio externo y han apoyado los acuerdos de presupuestos.

Asiron ha destacado que cuando se cumplen dos años y medio de legislatura, algo menos desde su llegada de nuevo a la Alcaldía, se han cumplido ya “cerca del 90%” de los acuerdos alcanzados entre las cuatro formaciones. “Hemos puesto en marcha un sistema de trabajo que permite que la ciudad trabaje a base de trabajo entre diferentes y mucho diálogo”, ha subrayado.

Así, ha mencionado proyectos que se “han desbloqueado” esta legislatura como los corredores sostenibles de Beloso y Pío XII y ha resaltado que otros se encuentran “ya avanzados” como son el plan de vivienda asequible o el concurso de ideas para el barrio de San Jorge. También se ha referido a la resignificación del monumento a los Caídos, el mayor monumento de exaltación franquista situado en un entorno urbano del país, y las obras del Paseo Sarasate.

“Tanto en la política como en la vida, los proyectos buenos no son aquellos que no se desarrollan sin problemas, los verdaderos proyectos de vida y en la política también son aquellos en los que, cuando salen los problemas, sabemos solucionarlos. Y para eso hace falta voluntad, y estoy persuadido de que las cuatro fuerzas, que ahora mismo estamos trabajando en la base de consensos, tenemos esa voluntad”, ha añadido.

La portavoz del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona, Marina Curiel, también ha valorado de forma positiva el acuerdo con EH Bildu, formación a la que ha reclamado sacar adelante el Plan de Convivencia. “Las ciudades avanzan cuando hay acuerdos, negociación y diálogo”, ha enfatizado.

EH Bildu y PSN han sacado adelante, con la abstención de Geroa Bai, una declaración en la que se reprueba al concejal de UPN Juan José Echeverría, que el pasado jueves acusó al Gobierno municipal (EH Bildu, Geroa Bai y Contigo/Zurekin) de querer “convertir” la capital navarra “en un parque temático de la Memoria”. En Navarra más de 3.000 personas fueron asesinadas por el franquismo y que en su gran mayoría fueron enterradas en fosas comunes.

La declaración presentada por el PSN, que ha contado con el rechazo de UPN y PP, justifica la reprobación del edil regionalista “por ridiculizar las políticas de memoria democrática en favor de las víctimas del franquismo”. En el texto también se “reafirma el compromiso con dichas políticas, el respeto a las víctimas y la defensa de una convivencia basada en los valores democráticos”.

El concejal de UPN Juan José Echeverría se ha disculpado en su turno de palabra “con las personas que se hayan podido sentir ofendidas”. “Mi intención era utilizar una figura retórica”, ha apuntado, para afirmar que no estuvo “afortunado”.

Con todo, ha insistido en que le parece “demasiado” que se destine un segundo edificio e la ciudad para la Memoria histórica y ha vuelto a atacar al PSN por sus pactos con EH Bildu y les ha acusado de ser “más tolerantes” con “otros actos ofensivos” como “la quema de banderas españolas” o “la performance de Rita Maestre en la capilla de la Universidad”.

“¿Ustedes pueden permitirse todo tipo de ofensas de la calaña más cruel y vienen aquí a pedir cuentas por una figura retórica?”, ha señalado para añadir: “A este paso acabaremos todo el grupo [UPN] reprobado”.

El lehendakari, Imanol Pradales, del PNV, y la presidenta navarra, María Chivite, socialista, han rechazado tajantamente la propuesta de UPN, a través de una enmienda en las Cortes Generales, de que sea retirada de la Constitución española la disposición transitoria cuarta, introducida en 1978 y que habilita la incorporación de Navarra a la comunidad autónoma que integran Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. “Genera incertidumbre y no se corresponde con la voluntad mayoritaria y sostenida de la ciudadanía navarra”, defiende la formación ahora dirigida por la exalcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola.

Pradales y Chivite se han reunido este martes en el palacio de Ajuria Enea de Vitoria en el marco de un encuentro de la Eurorregión que comparten también con la francesa Nueva Aquitania. Según ambos mandatarios, UPN ha usado una “bomba de humo” para tratar de tapar el hito que supone para Navarra la anunciada inversión de la empresa china Hithium, de 400 millones de euros y 1.050 empleos entre directos e indirectos.

“Me parece que esta propuesta proviene de alguien que se ve anclado en la oposición. Y es significativo que se haga hoy, para desviar el foco de lo importante”, ha afirmado Chivite desde la capital vasca. La presidenta ha explicado que UPN nunca lo ha planteado cuando ha liderado Navarra o cuando el PP ha tenido “mayorías absolutas” en España, y sostiene que en los debates de reforma de la Lorafna (el estatuto navarro) no ha sido objeto de estudio. Ha agregado que no hay un debate ciudadano que demande esa derogación.

“Hechos son amores”, ha dicho después la presidenta navarra, que ha querido subrayar su compromiso con el “crecimiento institucional” de la comunidad foral. “Cuando UPN estuvo en el Gobierno, jamás consiguió una competencia”, ha ironizado sobre su mandato, iniciado en 2019 y en el que, por ejemplo, han asumido las de Tráfico, hasta ahora en manos de la Guardia Civil.

Pradales, que ha dicho estar “bastante de acuerdo” con el análisis de Chivite, ha ironizado que los “adalides del constitucionalismo español” son precisamente los que buscan “modificar unilateralmente” cláusulas que son sustanciales para el encaje de los territorios vascos en España. Acto seguido, ha puesto en valor el “protocolo general” de colaboración entre ambas comunidades autónomas. Pradales ha calificado a Navarra como territorio “hermano”.

"En el caso de Navarra, y a efectos de su incorporación al Consejo General Vasco o al régimen autonómico vasco que le sustituya, en lugar de lo que establece el artículo 143 de la Constitución, la iniciativa corresponde al Órgano Foral competente, el cual adoptará su decisión por mayoría de los miembros que lo componen. Para la validez de dicha iniciativa será preciso, además, que la decisión del Órgano Foral competente sea ratificada por referéndum expresamente convocado al efecto, y aprobado por mayoría de los votos válidos emitidos. Si la iniciativa no prosperase, solamente se podrá reproducir la misma en distinto período del mandato del Organo Foral competente, y en todo caso, cuando haya transcurrido el plazo mínimo que establece el artículo 143"

Disposición transitoria cuarta

El concejal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona Juan José Echeverría ha criticado al Gobierno municipal (EH Bildu, Geroa Bai y Contigo/Zurekin) por querer “convertir” la capital navarra “en un parque temático de la Memoria”. “Van a hacer aquí un Sendaviva de la Memoria para que al final todos estemos paseando por una Pamplona con todo memoria por las esquinas”, ha espetado para defender una propuesta de declaración en la que el partido regionalista cuestionaba la necesidad de destinar a la Memoria Histórica dos edificios del centro de la ciudad, el Palacio Marqués de Rozalejo y el monumento a los Caídos.

“Todo va a ser de la memoria. ¿Es que va a quedar algún espacio sin ser de la memoria? Siempre que les aceptamos algo, ustedes suben la apuesta”, ha señalado el concejal regionalista Juan José Echeverría, orillando que en Navarra más de 3.000 personas fueron asesinadas por el franquismo y que en su gran mayoría fueron enterradas en fosas comunes.

Pero el concejal de UPN no se ha quedado ahí. Tras comparar la Memoria Histórica con un “parque temático”, Juan José Echeverría ha reprochado al PSN que “dejase” redactar la Ley de Memoria “a Otegi”. “Esa ley es la ley de Otegi”, ha afirmado. También ha criticado a Geroa Bai por gobernar Pamplona “con un partido dirigido por un terrorista condenado por secuestrar a un señor y tenerlo diez días metido en una cueva”.

También el concejal del PP Carlos García Adenero ha cuestionado que se dediquen dos espacios a la Memoria en la ciudad de Pamplona. “Tal y como están los tiempos me parece excesivo”, ha apuntado.

El resto de grupos ha criticado las palabras del concejal de UPN. Desde EH Bildu, el concejal Joxe Abaurrea le ha emplazado a que diga qué quiere hacer UPN con los Caídos. “Tendremos que pensar que UPN quiere que siga siendo lo que ha sido históricamente, un mausoleo para honrar al franquismo y a los criminales que estaban ahí enterrados”, en referencia a los generales golpistas Emilio Mola y José Sanjurjo, cuyos restos estuvieron en el monumento hasta que fueron exhumados en 2016.

“Han dejado muy claro que prefieren pasado a cualquier futuro de esta ciudad”, ha lamentado la portavoz socialista, Marina Curiel. Desde Geroa Bai, Mikel Armendáriz le ha afeado que “hable de ETA” y meta a todos los partidos “en el mismo saco”. “Siempre hemos estado con las víctimas”. “En memoria histórica, el retroceso reaccionario d UPN es más que evidente”, ha criticado Txema Mauleón, de Contigo/Zurekin.

A finales de 2024 EH Bildu, Geroa Bai y PSN firmaron un acuerdo en Pamplona para resignificar y derribar parte de los Caídos, el segundo mayor monumento de exaltación franquista de España tras Cuelgamuros y el primero enclavado en un entorno urbano. El edificio será reconvertido en un museo memorial “para la recuperación de la memoria democrática y la denuncia del fascismo” que llevará el nombre de Maravillas Lamberto,  la adolescente de 14 años que fue violada y asesinada por los falangistas en agosto de 1936.

El pleno del Parlamento de Navarra aprobado este jueves una moción presentada por Geroa Bai que insta al Gobierno foral a adoptar “de manera inmediata” las medidas necesarias para sustituir a la Policía Nacional por la Policía Foral como cuerpo antidisturbios en los partidos de Osasuna en el estadio de El Sadar. El Ejecutivo foral ya abrió la puerta a estudiar el cambio de cuerpo policial antidisturbios en los eventos que se celebren en el estadio navarro.

El pronunciamiento del Parlamento navarro llega tras las cargas policiales que se produjeron en el estadio tras la finalización del partido que enfrentó al club navarro contra el Real Madrid hace dos semanas y que dejaron a varios aficionados heridos. A raíz de los incidentes se ha reavivado el debate sobre qué cuerpo policial debe encargarse de la seguridad de El Sadar y este jueves la mayoría del pleno ha aprobado una moción para que sea gestionada “en exclusiva” por la Policía Foral.

El texto ha salido adelante con los votos favorables de Geroa Bai y EH Bildu, las abstenciones de UPN, PSN y Contigo/Zurekin, que han argumentado que la Policía Foral no tiene actualmente los efectivos suficientes para ejercer esas labores “en el corto plazo”, y los votos en contra de PP, Vox y la parlamentaria no adscrita Maite Nosti.

En la defensa de la moción, la parlamentaria de Geroa Bai Blanca Regúlez ha señalado que su moción “no habla solo de seguridad en un estadio, habla de autogobierno, de responsabilidad política y de responsabilidad institucional hacia nuestra policía”. “Hoy seguimos manteniendo una anomalía injustificable. La seguridad del principal estadio de Navarra continúa en mano de la Policía Nacional. ¿Qué mensaje estamos trasladando? ¿Que nuestra Policía es integral o de referencia, salvo en el recinto deportivo más importante de la comunidad? ¿Que confiamos en ella, pero no del todo? La Policía Foral ha demostrado sobradamente su capacidad operativa”, ha defendido. “No se trata de abrir una confrontación institucional, sino de asumir con normalidad democrática una competencia que corresponde a Navarra”, ha afirmado.

En la misma línea, el portavoz de EH Bildu Mikel Zabaleta ha justificado su apoyo por “la actuación desproporcionada e inadecuada por parte de la Policía Nacional” tras el partido entre Osasuna y el Real Madrid y ha reclamado que la gestión de la seguridad del estadio de El Sadar esté “en manos de la Policía Foral”.

Desde UPN, Javier Esparza ha calificado la moción de “fake” porque “la Policía Foral no va a llevar la seguridad de los partidos de fútbol ni mañana, ni pasado, ni esta temporada ni la que viene, porque no está dotada de los recursos y medios humanos para hacer frente a este servicio” y ha enmarcado la presentación de la moción en que al “nacionalismo vasco le molesta todo lo que huele a España”.

Ramón Alzórriz ha defendido que el PSN quiere “una Policía Foral integral que dentro de sus atribuciones tenga la seguridad pública en general y la de El Sadar en particular, pero a su debido momento, sin prisas, analizando los dispositivos necesarios para ello, y la necesidad de ampliación de los recursos humanos de Policía Foral en materia de seguridad ciudadana, haciéndolo compatible con otras prioridades que ya contempla el Plan Estratégico de Policía Foral” y ha criticado que EH Bildu en Euskadi, donde las competencias de seguridad en los estadios de fútbol las tiene la Ertzaintza, “también ataca las actuaciones que realiza”.

Contigo/Zurekin ha afirmado que la Policía Foral “tiene más arraigo social y territorial” en Navarra que la Policía Nacional, pero ha defendido que “asumir la gestión de manera inmediata hoy en día no es posible” por la falta de efectivos de la Policía Foral.

El Gobierno de Navarra ha manifestado este miércoles su disconformidad con la proposición de ley presentada por UPN para modificar de la Ley Foral 13/2023, de 5 de abril, de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia, con el objetivo de “establecer la obligación del Ejecutivo foral de analizar y publicar trimestralmente los países de origen de las personas detenidas por la presunta comisión de un delito”.

El Gobierno de Navarra considera que la medida propuesta “no supone una mejora en cuanto a la prevención de delitos y es contraria al objeto de la propia ley que se plantea modificar”, ya que “puede contribuir directamente a la generación de racismo y xenofobia”, según ha explicado en rueda de prensa la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Ejecutivo foral, Begoña Alfaro.

“Desde el punto de vista criminológico, el origen de las personas que delinquen no tiene la más mínima afección, ni para la prevención, ni para la reducción de la criminalidad. Quien diga que publicar el origen de las personas detenidas reduce la delincuencia, miente. Y además lo hace de forma consciente y contra la evidencia científica”, ha indicado Alfaro.

En concreto, el Gobierno estima que “la difusión innecesaria del origen nacional de personas detenidas cuando no resulta relevante para la comprensión de los hechos puede contribuir a un tratamiento discriminatorio indirecto y afectar al derecho al honor, al vincular de forma reiterada determinadas nacionalidades con la criminalidad”.

El Ejecutivo foral argumenta que “la indicación sistemática del país de origen de personas detenidas por la presunta comisión de un delito no es neutra y, además de vulnerar principios básicos de igualdad, proporcionalidad y responsabilidad social, puede actuar como catalizador de racismo y xenofobia”.

Alfaro ha sido preguntada por los medios de comunicación sobre si “se siente cómoda” formando parte del Gobierno de Navarra, que tiene como socio a Geroa Bai (del que forma parte el PNV, que en el Gobierno Vasco sí ha apoyado una iniciativa en este sentido). “Para preguntas de qué motiva al Gobierno Vasco, entiendo que esa pregunta hay que formulársela al Gobierno Vasco. En cualquier caso, la comodidad personal que siento dentro del Gobierno con los compañeros y compañeras del resto de formaciones políticas es total y absoluta”, ha indicado. Según Alfaro, “hay una posición clara dentro del Gobierno” foral, con “total claridad, rotundidad y sustento normativo y jurisprudencial”, de que “esta medida en absoluto ayuda a prevenir el delito”.

“Soy una firme defensora de toda la arquitectura legal que se aprobó tras la Segunda Guerra Mundial, ligada a no discriminar por motivos de género, etnia, raza”, ha añadido. “A mí jamás se me ocurriría, por ejemplo, preguntar por la ideología, la religión de los defraudadores a la Hacienda Foral, de quien incurre un delito de apropiación indebida, prevaricación”. “Porque no ayudaría a prevenir el delito. Y es la misma filosofía que sustenta que hayamos adoptado esta posición”, ha manifestado.

La vicepresidenta Alfaro ha indicado que el posicionamiento del Gobierno de Navarra “se basa en la numerosa legislación europea, estatal y foral contraria a la discriminación por motivos de nacimiento, raza, sexo, religión u opinión”.

Así, ha mencionado la recomendación de Política General número 11 de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), que “define el perfilado étnico como el uso, sin justificación objetiva y razonable, de criterios como la raza, el color, la lengua, la religión, la nacionalidad o el origen nacional o étnico en actividades de control o investigación, considerando dichas prácticas como discriminatorias y basadas frecuentemente en estereotipos, que conducen a la criminalización de minorías”.

El Gobierno de Navarra cita además la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, que “reconoce el derecho a la igualdad de trato y no discriminación con independencia de la nacionalidad y prohíbe la discriminación directa e indirecta por origen racial o étnico, imponiendo a los poderes públicos un deber de prevención”.

En el ámbito foral, el Plan de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia de Navarra aprobado en 2002 “establece, respecto al ámbito de justicia y seguridad, la necesidad de prevenir el racismo institucional, velar por la no discriminación por motivo de raza u origen étnico/migrante en la legislación foral y en la actuación administrativa, dotar a la Administración de mecanismos de observación y control y garantizar prácticas no discriminatorias en la acción de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad”.

“Percepción distorsionada y estigmatización colectiva”

La proposición de ley foral de UPN rechazada plantea añadir un nuevo párrafo al apartado 1 del artículo 19 de la Ley Foral 13/2023, con el fin de “establecer la obligación de la Administración Foral de analizar y publicar trimestralmente los países de origen de las personas detenidas por la presunta comisión de un delito”.

Según señala la proposición, “la finalidad es contribuir, junto al análisis de datos, a la caracterización de perfiles de delincuentes, a la prevención de conductas delictivas y a la reducción de la criminalidad”.

Pero “lejos de este punto de vista”, la Dirección de Políticas Migratorias ha emitido un informe en el que considera que “aportar sistemáticamente estos datos contribuye a reforzar estereotipos negativos, promueve la estigmatización colectiva por una conducta individual, genera una percepción distorsionada y puede tener un impacto social acumulativo, ya que aunque una sola mención pueda parecer irrelevante, su reiteración en el discurso puede contribuir a la polarización social, discriminación cotidiana, discurso de odio y violencia simbólica o incluso física contra determinados colectivos”.

“Al oír con frecuencia noticias que destacan el origen extranjero, algunas personas pueden sobreestimar la proporción real de delitos cometidos por población migrante, aunque los datos no lo respalden”, indica el informe.

La directora de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA), Edurne Eginoa, ha avanzado este miércoles en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que la oficina que ella dirige ha recibido dos denuncias “anónimas” por contratos adjudicados por el Gobierno foral para la construcción de viviendas de protección oficial a Servinabar 2000, la empresa propiedad de Antxon Alonso y Santos Cerdán que la Guardia Civil sitúa en el centro de la presunta trama de cobro de mordidas a cambio de la adjudicación de obra pública.

Edurne Eginoa ha precisado que las dos denuncias llegaron a la OANA a raíz de la publicación de los informes que encargó la presidenta de Navarra, María Chivite, para auditar las obras encargadas por su Ejecutivo a la empresa Servinabar 2000 tras conocerse el informe de la UCO sobre Santos Cerdán. En esos informes, Anticorrupción detectó más de una decena de irregularidades en los procesos de adjudicación de cuatro obras. La adjudicación de una de ellas, la del desdoblamiento de los túneles de Belate, la llegó a calificar de “nula de pleno derecho”.

La presidenta de la OANA se ha ratificado en todo lo recogido en las conclusiones de los informes que elaboró a petición de Chivite. Incluso ha apuntado que tras escuchar las sesiones de la comisión de investigación de la Cámara foral en las que comparecieron los técnicos de la mesa de contratación de Belate, la OANA podría hacer ahora “un informe más extenso”.

Así, se ha referido a que los miembros de la mesa “pusieron de manifiesto la falta de una reunión presencial” y ha cuestionado la actuación del presidente de la mesa, Jesús Polo, por haberse “negado” a convocar reuniones presenciales. “Los propios miembros de la mesa han dicho que una reunión presencial hubiese solucionado determinadas discrepancias”, ha expuesto, para considerar fundamental en las mesas “deliberar”.

Con todo, ha apuntado que “lo lógico” es que la obra siga para no causar “perjuicio al interés general”. “La obra ya estaba adjudicada y ya incluso había comenzado. Yo entiendo, pero bueno, eso ya no me corresponde, que la obra tiene que continuar y hacerse hasta el final, por supuesto”, ha afirmado, para opinar que “sería un desastre parar ahora esa obra”.

Una represalia “de manual”

Preguntada por el traslado del puesto de trabajo del secretario de la mesa de contratación de las obras del túnel de Belate y denunciante, Lorenzo Serena, lo ha calificado de una “represalia de manual”.

El secretario fue trasladado a trabajar a una nave al polígono industrial de Landaben, decisión que posteriormente el Departamento de Cohesión Territorial corrigió tras recibir un informe de la OANA que afeaba el traslado y lo consideraba una represalia por haber denunciado ante Anticorrupción el procedimiento de la mesa de contratación.

“Trasladar a esta persona a un almacén de Landaben constituye una represalia, pero hay que reconocer la rápida actuación del consejero Chivite -consejero de Cohesión Territorial-, que lo admitió en seguida y a los dos días se anuló la resolución de traslado a Landaben”. Con todo, ha señalado que su traslado fue “inadmisible”, que nada lo justificaba y que la propia presidenta de Navarra lo reconoció.

Vox ha intentado sin éxito que el Parlamento de Navarra homenajee a uno de los fundadores de Falange. Se trata del navarro Julio Ruiz de Alda, aviador y que fue uno de los tripulantes del hidroavión Plus Ultra que, en 1926, realizó un viaje entre Palos de la Frontera (Huelva) y Buenos Aires (Argentina). Con motivo del centenario de la gesta, el partido de extrema derecha ha presentado una declaración institucional en la junta de portavoces de la Cámara foral en la que reclamaba que se le conmemorase, omitiendo que Ruiz de Alda fue fundador de la Falange en 1933.

Al contrario de lo sucedido en el Parlamento de Navarra, hace unos meses la Diputación Foral de Álava, con motivo de la presentación de una exposición fotográfica, sí que destacó los hitos del aviador navarro por haber realizado las primeras fotografías aéreas del territorio alavés, orillando también su papel como fundador de Falange. “Jamás y de ninguna manera hubiera estado en ninguna exposición de la Diputación Foral de Álava en calidad de miembro o de fundador de la Falange. No se incorpora ninguna referencia a su pensamiento político, a su ideología, al régimen franquista o al golpe de Estado”, argumentó entonces el Diputado General, Ramiro González, que aseguró que “no cayó” en cuál era la trayectoria política del piloto.

En la declaración presentada en el Legislativo navarro Vox destacaba que los navarros Julio Ruiz de Alda y Pablo Rada fueron partícipes de una “proeza” al realizar la primera travesía transatlántica en avión que cruzó el Atlántico Sur con un único aparato, “enfrentando numerosos desafíos como condiciones meteorológicas adversas, vientos fuertes que desviaron la ruta, limitaciones de combustible que obligaron a cálculos precisos y aterrizajes en aguas abiertas, así como el riesgo constante de fallos mecánicos en un océano vasto e inhóspito”.

De Ruiz de Alda, el partido de extrema derecha destaca que se unió al ejército a los 15 años y desarrolló “un temprano interés por la aviación”. “Como marino y aviador, alcanzó el rango de teniente de navío y se distinguió por su habilidad en vuelos pioneros, actuando como copiloto en el hidroavión Plus Ultra y contribuyendo decisivamente a la navegación y el manejo de la aeronave durante las etapas más críticas”.

Vox pedía que se le conmemorase por “la necesidad de reconocer y preservar la memoria de eventos que marcaron avances en la exploración y la tecnología, honrando a aquellos que, con valentía y pericia, contribuyeron a ellos”. “Es fundamental rendir homenaje a personajes ilustres de nuestra historia y nuestra tierra que hayan llevado a cabo acciones heroicas y gestas históricas, para fomentar así el conocimiento de nuestro pasado compartido y valorar el coraje y la innovación que impulsan el progreso de la humanidad”, reclamaba el partido de extrema derecha, sin mencionar la trayectoria política de Ruiz de Alda.

Finalmente la declaración que pedía que se le conmemorase no ha salido adelante pese a los apoyos de UPN y PP. El PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo/Zurekin han votado en contra y la propuesta ha sido tumbada en la junta de portavoces.

La mayoría de la comisión del Parlamento de Navarra sobre el 'caso Koldo' ha rechazado la petición de UPN para que comparezcan todos los empleados que tuvo Servinabar 2000, la empresa propiedad e Antxon Alonso y Santos Cerdán y que la UCO de la Guardia Civil sitúa en el centro de la trama de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública.

El partido regionalista había solicitado también que acudiesen al Parlamento de Navarra “todos los socios de Servinabar 2000” para citar a quien según la UCO es el tercer accionista de la mercantil, el periodista navarro Joseba Santamaría, así como todas las personas y empresas que hayan facturado de Servinabar 2000. Únicamente ha sido aceptada la comparecencia del exdirigente de UPN y socio de Cerdán Óscar Arizcuren, que será citado en próximas fechas.

Óscar Arizcuren, amigo personal del ex secretario de Organización del PSOE, fue secretario general de UPN y alcalde de Noáin, y entre los años 2022 y 2024 facturó 69.000 euros a Servinabar 2000 a través de OAP Asesoramiento Integral, una consultora de su propiedad. Cuando en verano un informe de la Hacienda Foral de Navarra destapó los pagos de Servinabar 2000 a la consultora de Arizcuren, este aseguró no pertenecer “a ninguna trama de nada” en unas declaraciones a 'Diario de Navarra'.

UPN ha defendido la “necesidad” de citar a todas aquellas personas o empresas que hayan tenido relación con una mercantil “que según un juez se ha creado exclusivamente para cobrar mordidas”, destacó su portavoz, Javier Esparza.

La comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre la derivada foral del 'caso Koldo' citará a declarar al excargo de UPN y socio de Santos Cerdán Óscar Arizcuren. Exalcalde y ex secretario general de UPN, el principal ariete en Navarra contra este caso, Arizcuren ha facturado unos 69.000 euros vía OAP Asesoramiento Integral, una consultora de su propiedad, a Servinabar 2000, la empresa propiedad de Antxon Alonso y Santos Cerdán que la UCO de la Guardia Civil sitúa en el centro de la trama de cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública.

Los grupos de la comisión votarán este martes la comparecencia de Arizcuren, pero UPN, PSN, Geroa Bai, Contigo/Zurekin y Vox ya han avanzado su voto afirmativo, suficiente para que sea llamado. EH Bildu y PP han señalado que valorarán su postura a lo largo de este lunes. Al excargo regionalista le une además una amistad personal con Cerdán, tal y como el propio ex secretario de Organización socialista declaró en el Parlamento foral. Cuando en verano un informe de la Hacienda Foral de Navarra destapó los pagos de Servinabar 2000 a la consultora de Arizcuren, este aseguró no pertenecer “a ninguna trama de nada” en unas declaraciones a 'Diario de Navarra'.

La comisión que analiza las obras adjudicadas por el Gobierno de Navarra a las empresas Acciona y Servinabar 2000 también votará este martes la propuesta de UPN de que comparezcan Joseba Santamaría, a quien la UCO sitúa como el tercer socio de la mercantil Servinabar; todos los trabajadores que haya tenido la empresa, entre los que se incluyen familiares de Cerdán como su cuñado, su hermana o su mujer; y todas las personas y empresas que hayan facturado a Servinabar 2000. PSN y Geroa Bai ya han avanzado que se opondrán a estas comparecencias.

El partido regionalista ha defendido este lunes la “necesidad” de citar a todas aquellas personas o empresas que hayan tenido relación con una mercantil “que según un juez se ha creado exclusivamente para cobrar mordidas”, ha destacado su portavoz, Javier Esparza.

Cristina Ibarrola será la candidata de UPN que tratará de devolver en 2027 a los regionalistas al Palacio de Navarra 12 años después. La exalcaldesa de Pamplona y presidenta del partido se ha impuesto a dos afiliados de base en un proceso de elección de candidatura en el que no se ha presentado el vicepresidente de UPN y alcalde de Tudela, Alejandro Toquero.

“UPN va a liderar el cambio político que Navarra necesita”, ha señalado la presidenta de UPN tras ser designada como candidata a la presidencia. Las navarras y los navarros van a castigar la nefasta gestión y la falta de honestidad del Gobierno de Chivite. La gente está harta y nos va a tocar vivir, a todos, un cambio de ciclo político que vamos a liderar“, ha asegurado.

Ibarrola ha contado con un apoyo del 84,74% de los participantes en el Consejo Político. Competía con dos militantes de base del partido, Juan Ángel García Roig, afiliado en Estella, y Diego Calderón Fernández, afiliado de Alsasua. El primero ha obtenido un único voto (0,56%) y el segundo, tres votos (1,69%), frente a los 150 votos de Ibarrola. Además, ha habido 23 papeletas en blanco (12.99%).

El Consejo Político de UPN, máximo órgano de representación entre congresos y el competente para elegir a su cabeza de la lista en los próximos comicios, ha designado así a Ibarrola para encabezar su lista al Parlamento de Navarra, después de que en las últimas semanas comenzaran a registrarse los primeros movimientos en torno a la candidatura.

Cristina Ibarrola accedió a la Presidencia de UPN en el 13º Congreso que celebró la formación regionalista en abril de 2024. Previamente, al inicio de esta legislatura, Ibarrola fue investida alcaldesa de Pamplona por UPN, al ser la candidata de la lista más votada al Ayuntamiento de Pamplona en las elecciones municipales de 2023.

No obstante, apenas seis meses después de asumir la Alcaldía, EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo/Zurekin apoyaron una moción de censura que la desbancó del cargo y desde entonces es portavoz de UPN en el Ayuntamiento.

Con el nombramiento de Ibarrola, UPN renueva a su cabeza de lista al Parlamento de Navarra, después de que Javier Esparza haya sido el candidato de la formación en los años 2015, 2019 y 2023.

La Intervención General del Gobierno de Navarra ha encontrado indicios de “riesgo de fraccionamiento indebido” en los contratos que Parquenasa, sociedad de la que el Ejecutivo foral posee un 45% de las participaciones, adjudicó a la empresa Adentro Construimos por un valor cercano a los 800.000 euros para la reconstrucción del parque de naturaleza Sendaviva tras los incendios del verano del 2022. Así lo ha anunciado este viernes la consejera de Cultura y Deporte, además de presidenta de Parquenasa, Rebeca Esnaola, en su comparecencia la comisión del Parlamento foral, en la que ha añadido que se va a solicitar el reintegro “parcial” del gasto y no total porque “reconoce que la ejecución material de las actuaciones se ha realizado correctamente”, ha apostillado. El posible fraccionamiento indebido de estos contratos también está siendo investigado por la Plaza 5 de la sección Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona tras las denuncias de Vox y UPN.

El parque Sendaviva está gestionado por Parquenasa, una sociedad de la que el Ejecutivo foral tiene una participación del 45% a través de la sociedad pública NICDO. Tras los incendios de junio de 2022, el parque quedó inutilizado y el Gobierno navarro adjudicó a la empresa Adentro Construimos cuatro contratos que en total suman 792.703 euros, pero que por separado ninguno supera los 200.000, el mínimo a partir del cual la ley establece que se debe seguir un procedimiento de concurrencia abierta y pública con una mesa de contratación que valore las ofertas.

Los cuatro contratos se quedan al límite de superar esos 200.000 euros, superando tres de ellos los 1980.000 euros. Son contratos para la construcción del nuevo edificio de acceso al parque, para la adecuación de la urbanización de acceso, para la urbanización de la plaza y para la edificación de la granja y de la zona de actividad lúdica del parque.

La Intervención General del Gobierno navarro informó en octubre de 2025 al Instituto Navarra del Deporte y la Actividad Física (INDAF) que se estaban “revisando” todos los expedientes relacionados con las subvenciones a Parquenasa de los años 2023 y 2024. Así, en diciembre de ese año Intervención señaló en un informe que las cuatro adjudicaciones a Adentro Construimos constituyen “un indicio de riesgo de fraccionamiento indebido”, según ha apuntado la consejera. “Por estas irregularidades dictamina un incumplimiento parcial de la subvención, teniendo en cuenta, además, que la ejecución material de las mismas se ha realizado correctamente. E insta a la unidad gestora, es decir el INDAF, a iniciar expediente de reintegro cuantificando el impacto económico del incumplimiento observado. Indicando también que, en caso de que la unidad gestora no considere que deba hacerlo, el expediente ha de ser trasladado al Gobierno de Navarra para su resolución”, ha añadido Rebeca Esnaola.

Una auditoría externa ve dudas en los modificados

La consejera Rebeca Esnaola también ha aprovechado su comparecencia para exponer los resultados de una auditoría externa que el Departamento de Cultura y Deporte, del que depende la empresa NICDO, encargó a la empresa PKF Attest Servicios Profesionales. Esta empresa no aprecia indicios de fraccionamiento en los cuatro contratos porque constata que se trata de cuatro contratos que responden a “unidades funcionales independientes”. Sin embargo, la auditoría sí que muestra sus dudas sobre las “modificaciones contractuales” incorporadas por el director de obra.

La ley fija que las modificaciones contractuales “únicamente pueden incorporar las variaciones estrictamente indispensables” y nunca pueden sobrepasar el 10% del importe de la adjudicación. PKF Attest Servicios Profesionales cuestiona en su auditoría que las modificaciones planteadas por el director de obra sean “indispensables” y además recoge que suponían un 13,75% del total del importe, pero que se incluyó un “ahorro por la reducción de la dimensión de un edificio” que hizo que la “desviación” se redujera al 9,69% del presupuesto, quedando así por debajo del 10% que fija la normativa.

Con todo, añade que “de haberse incluido el valor de las modificaciones en el importe estimado del contrato, se habría superado el límite establecido para poder realizar un procedimiento simplificado (200.000 euros)” y “no habría podido utilizarse” este procedimiento en este expediente.

La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción también apreció irregularidades en varios abonos a la empresa adjudicataria “fuera de presupuesto” y para las que no consta “justificación alguna”. Así, señaló: “Con estos trabajos fuera de presupuesto, el importe superaría los 200.000 euros, por lo que, de haberse incluido en el proyecto original, no habría podido licitarse por el procedimiento simplificado y habría que haber acudido al procedimiento abierto”.

Trámites para que Parquenasa sea pública

Durante su comparecencia, Rebeca Esnaola ha anunciado que el Gobierno de Navarra “va a iniciar las acciones necesarias para convertir Parquenasa en sociedad pública”. Actualmente, el Gobierno foral participa de modo minoritario, con un 45% de las acciones, a través de NICDO. Esta infraestructura es propiedad de una sociedad mercantil privada, compuesta por tres socios más, que cuentan con el 55% de las acciones: el Grupo La Información con el 25,71%, Hiscan Patrimonio con 17,86% y Pronaocio S.L.U. representada con 17,86%.

Con esta decisión, ha dicho la consejera, “se atiende también a la recomendación de la Cámara de Comptos (el Tribunal de Cuentas navarro) en su informe del año 2023”, algo “que también recuerda la Intervención General en su informe de fiscalización del año 2024”.

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha utilizado este miércoles la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre la derivada foral del 'caso Koldo' para acusar a UPN de corrupción. Cerdán, pese a que ha iniciado su intervención diciendo que se iba a acoger a su derecho a no declarar por estar implicado en una causa judicial, ha lanzado una batería de acusaciones al portavoz regionalista Javier Esparza. “Usted entró de concejal en Aoiz en 1995 de la mano de su padrino a cambio de que le hicieran un campo de fútbol. Eso es prevaricación, creo yo”, le ha espetado Cerdán a Esparza.

Durante su comparecencia, el exdirigente socialista ha vuelto a negar ser socio de Servinabar 2000, la empresa que la UCO sitúa en el centro de la presunta trama del cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública tras haber encontrado en el domicilio privado del empresario Antxon Alonso un documento por el que Cerdán adquiría el 45% de las participaciones de la mercantil. Santos Cerdán también ha negado haber efectuado pagos con la tarjeta de Servinabar, si bien sí que ha reconocido que compartió piso con Alonso en Madrid durante un año y medio y que “parte” de los muebles los pagó la empresa.

Al igual que hizo en el Senado, Cerdán ha cuestionado la veracidad de los audios que le incriminan que fueron incautados al exasesor Koldo García y ha negado la validez del documento por el que según la UCO se convirtió en accionista de Servinabar 2000. “No hay ninguna prueba de que Servinabar sea mi empresa, no se pagó por acciones ni se llevó al notario ni a Registro Mercantil”. También ha negado haber realizado gestiones en favor de empresas en adjudicaciones de obra pública. “No va a encontrar ninguna gestión de Santos Cerdán en ninguna de esas obras, y menos en Belate, que aquí no hablé con nadie”.

El ex secretario de Organización ha vuelto a aludir a teorías sobre el origen de la investigación contra él, que ha situado en sus negociaciones con EH Bildu y Junts para la investidura de Pedro Sánchez. “Había una orden por parte de unas supuestas policías para ir contra mí. El objetivo era Santos Cerdán”, ha afirmado.

“Es una venganza de UPN por sacarlos del Gobierno”

Pero el grueso de su declaración lo ha centrado en acusar a UPN de corrupción. Así ha recordado que a Antxon Alonso se lo “presentó” un alcalde regionalista “en torno al año 2004” en el marco de un proyecto urbanístico en Milagro, localidad de la que es originario Cerdán y en la que fue concejal. “Yo me opuse a ese proyecto”, ha apostillado.

Del portavoz regionalista, Javier Esparza, ha asegurado que trató de “interferir” en las puntuaciones de la mesa de adjudicación de la ampliación del Canal de Navarra cuando Esparza era consejero de Desarrollo Rural y Medioambiente del Gobierno de Yolanda Barcina. También le ha reprochado que “entró de concejal en Aoiz en 1995 de la mano de su padrino a cambio de que le hicieran un campo de fútbol”.

Según Cerdán, la comisión del Parlamento navarro que analiza las obras adjudicadas por el Gobierno foral a la UTE de Acciona y Servinabar 2000 “no investiga los túneles de Belate (la mayor obra adjudicada a la UTE por el Ejecutivo foral)”, sino “una venganza política” de UPN y de Javier Esparza, de quien ha dicho: “Es un muerto político como yo”.

Cerdán ha cerrado el interrogatorio de UPN incidiendo en que el “fondo” de la comisión navarra es que a UPN le “molesta” que el PSOE lograra la presidencia de Navarra con la abstención de EH Bildu. “Estoy orgulloso de haber dialogado entre diferentes para sacarle también a usted del Gobierno”, ha concluido.

“Me reservo la opinión sobre Pedro Sánchez”

Al ser preguntado por su relación con antiguos compañeros de partido, el exdirigente socialista ha asegurado que “no está solo” y que tiene “muchos amigos socialistas” que le muestran su apoyo. Ha explicado que no ha vuelto a hablar con la presidenta navarra, María Chivite, y sobre Pedro Sánchez ha apuntado: “Me reservo mi opinión”.

Santos Cerdán ha asegurado que acudió a reuniones entre el Gobierno de España y el Gobierno de Navarra en las que se hablaba de obras públicas como diputado por Navarra, a lo que Esparza ha señalado que era “como meter un zorro en el gallinero”. En ese punto, Cerdán ha pedido ser tratado con “respeto”.

“Hay un diputado con influencia en el Gobierno de España, sí, tenía influencia, consigue subvenciones para Navarra, para los vecinos de esta comunidad, y me siento orgulloso de haberlo hecho y traer 40 millones para esa obra -el túnel de Belate- y otros tantos para la Nacional-121-A, que afortunadamente se han evitado muchos accidentes de tráfico y alguna muerte”, ha afirmado Cerdán.

El exdirigente socialista ha reconocido que participó en las reuniones del PSN con “representantes de la izquierda abertzale” para la moción de censura a UPN en el Ayuntamiento de Pamplona en diciembre de 2023 y darle la Alcaldía a Joseba Asiton (EH Bildu). Con todo, ha negado que negociase con Arnaldo Otegi las investiduras de María Chivite en 2019 y 2023, aunque sí ha admitido que mantuvo “muchas reuniones” con él para negociar el Gobierno de España.

También ha hablado reuniones que tuvo con representantes de UPN como Javier Esparza u Óscar Arizcuren, quien recibió pagos de Servinabar por valor de 70.000 euros. Cerdán ha enmarcado esos encuentros en conversaciones “sobre la situación política de Navarra” y ha mencionado reuniones previas a la conformación del Gobierno progresista de Chivite en 2019 en las que, según Cerdán, Esparza le ofreció hacer un gobierno de coalición entre regionalistas y socialistas que no fructificó.

También negociaron la reforma laboral y, en ese contexto, Santos Cerdán ha contado que Esparza le llamó “llorando” por la “traición” que sufrió de los dos diputados regionalistas, Sergio Sayas y Carlos García Adanero, que se saltaron la disciplina de voto y votaron en contra de la reforma laboral. Finalmente, los dos dieron el salto al PP.

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, va a presentar su candidatura para encabezar la lista de la formación regionalista en las próximas elecciones forales del 2027, según ha adelantado este viernes Diario de Navarra y han confirmado a Europa Press fuentes de la formación regionalista.

El Comité Ejecutivo de UPN acordó el pasado lunes poner en marcha el procedimiento recogido en sus estatutos para elegir al candidato del partido a la presidencia del Gobierno de Navarra en las elecciones forales. El calendario para la elección del cabeza de lista de la formación foralista arrancó el pasado martes, 3 de febrero, con la apertura del plazo para la presentación de candidaturas. Dicho plazo concluirá el siguiente martes, 10 de febrero, a las 18:00 horas. Esa misma semana, el viernes 13 de febrero, UPN reunirá a su Consejo Político a las 19:00 horas para proceder a la elección del que será su candidato para presidir el Gobierno de Navarra a partir de las próximas elecciones.

Ibarrola accedió a la presidencia de UPN en el 13 Congreso que celebró la formación regionalista en abril de 2024. Al inicio de esta legislatura fue investida alcaldesa de Pamplona por UPN, al ser la candidata de la lista más votada al Ayuntamiento de Pamplona en las elecciones municipales de 2023. Sin embargo, apenas seis meses después de acceder al cargo, EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo/Zurekin pactaron una moción de censura que la desbancó de Alcaldía y desde entonces es portavoz de UPN en el Ayuntamiento.

En abril de 2024 asumió el liderazgo de UPN tras alcanzar un acuerdo con el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, que a su vez fue designado vicepresidente del partido. No obstante, se venían registrando en las últimas semanas movimientos internos en la formación regionalista para configurar la lista a las próximas elecciones al Parlamento de Navarra y la dirección del partido decidió el pasado lunes poner en marcha el procedimiento para designar ya a la persona que encabezar esa candidatura.

La religión en las aulas vuelve a agitar la política navarra. El blindaje en la red pública de los profesores que son elegidos por el obispo para impartir esa asignatura, cuya carga lectiva se ha reducido al mínimo -una hora semanal- en aplicación de la LOMLOE, ha generado una nueva brecha entre los socios del Gobierno de la socialista María Chivite.

Mientras PSN y Contigo/Zurekin (Podemos, IU y Batzarre) piden derogar la ley que garantiza el mantenimiento del puesto de trabajo de estos profesores pese a que no tienen carga lectiva y no pueden impartir otras materias por ser personal específico y no haber opositado, Geroa Bai por el momento se desmarca acusando al Departamento de Educación -cartera que está en manos de los socialistas- de no facilitarles información sobre los docentes que se verían afectados por la derogación de la norma como su edad, los criterios que se seguirán para los despidos y el coste que supondrán las indemnizaciones a los profesores damnificados.

Según los datos del Departamento de Educación, en la red pública navarra hay 111 profesores de religión, pero con la reducción de la carga lectiva tan solo 68 imparten la materia. Ello supone, según los mismos datos, un gasto anual de unos dos millones de euros para las arcas públicas.

Fuentes de la coalición de Socialverdes y PNV señalan a este periódico que todavía no han decidido si apoyar o no la propuesta de sus socios para derogar la norma que blinda a estos docentes, pero muestran su enfado por lo que consideran un “incumplimiento” del acuerdo programático que las tres formaciones firmaron en 2023 para investir a María Chivite presidenta. En ese documento se recoge un acuerdo para “revisar y, en su caso, derogar” la ley y, desde Geroa Bai, afean a PSN y Contigo/Zurekin que hayan presentado directamente una proposición para derogar la ley sin antes “revisarla”.

Esta cuestión ya generó una crisis entre los socios la legislatura pasada, cuando Geroa Bai sumó sus votos a los de Navarra Suma, la coalición de UPN, PP y Ciudadanos, para que los profesores de religión pudiesen mantener su puesto de trabajo con la rebaja de horas lectivas de esa materia. PSN, Podemos e Izquierda-Ezkerra criticaron que su socio se sumara a la derecha para aprobar una ley que “vulnera los principios de igualdad y mérito en el acceso a la función pública”.

Y es que estos docentes son seleccionados por el Arzobispado, y muchos de ellos, mayores de 50 años, fueron contratados en su día conforme al acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales que suscribieron en enero de 1979 el Estado y la Santa Sede por el cual se establecía que esta asignatura sería “impartida por las personas que fueran designadas por la autoridad académica entre aquellas que el Ordinario Diocesano propusiera”. Posteriormente, en 2007, un Real Decreto convirtió a este personal en indefinido.

Es el Arzobispado el encargado de proponer a este personal al que, según se desprende de la propia web del Arzobispado de Pamplona-Tudela se le exige, además de la titulación académica requerida para impartir la docencia y la Declaración Eclesiástica de Competencia Académica (DECA), estar bautizado en la Iglesia católica y disponer de una “declaración eclesiástica de idoneidad”, un documento que emite el propio obispo de la diócesis y que supone “recta doctrina y testimonio de vida cristiana” basada “en consideraciones de índole moral y religiosa, criterios cuya definición corresponde al obispo diocesano”. Los candidatos seleccionados por el obispado son posteriormente contratados por Educación.