A pocas horas para que finalice el plazo para comunicar las coaliciones electorales que se presentarán a las elecciones generales del 29 de noviembre, el tablero político en Navarra dibuja una derecha unida con UPN y PP retomando su alianza y a una izquierda incapaz de cerrar acuerdos. Se da la circunstancia de que hace tres años y medio el escenario fue diferente cuando Podemos e Izquierda Unida, con otras fuerzas, lograron un acuerdo para ir en coalición a las elecciones forales y municipales del 2023, mientras que UPN y PP acudieron por separado a las urnas tras el final de la etapa de Navarra Suma.

Pero no ha sido así en esta ocasión. Este martes el Partido Popular y los regionalistas ratificaron un nuevo pacto por el que acudiran juntos a las generales con el objetivo de “desalojar” a Pedro Sánchez del Gobierno. Para ello, el PP, que en las elecciones de 2023 superó a UPN en votos, le ha cedido a los regionalistas el primer puesto en la lista que, según ha adelantado su presidenta, Cristina Ibarrola, será una mujer. De número dos, presumiblemente, irá Sergio Sayas, presidente de la gestora del PP navarro y exdiregente de UPN que fue expulsado por tranfuguismo. En el Senado, UPN tendrá los dos primeros puestos.

Las dos formaciones han celebrado el acuerdo que devuelve la unidad a la derecha navarra tras la fractura que precisamente provocó Sergio Sayas, así como Carlos García Adanero, en 2022. Entonces los dos eran diputados de Navarra Suma (designados por UPN) en el Congreso y se saltaron las directrices de su partido para votar en contra de la reforma laboral y tratar de hacer caer al Gobierno de coalición en una maniobra orquestada por el PP. A los pocos meses, y tras su expulsión del partido regionalista, los dos se afiliaron al Partido Popular.

Con el acuerdo de este martes las dos formaciones dan por cerrada esa herida y vulven a unir fuerzas para evitar el escenario de 2023. En las generales de aquel año la división en el voto de la derecha hizo que el PSOE ganara en la comunidad foral, con Santos Cerdán de candidato, y que obtuviese dos escaños, así como tres senadores. UPN y PP lograron un escaño cada uno y UPN una senadora, María Caballero. Con todo y pese a que concurran a las elecciones generales del 29 de noviembre, se antoja complicado que juntos puedan lograr más de dos escaños en el Congreso por el ascenso de Vox. En 2019, los últimos comicios en los que las dos formaciones acudieron juntos a las urnas, bajo la marca Navarra Suma, lograron dos escaños. 

Sin unidad en la izquierda

En el otro lado del tablero la unidad parece mucho más lejana. Hace una semana, Geroa Bai la coalición vasquista de que el PNV forma parte en Navarra junto con Socialverdes, el partido de la expresidenta Uxue Barkos, y los minoritarios Atarrabia Taldea, emplazó a los grupos que sustentan el Gobierno de María Chivite a buscar “una fórmula de colaboración” para las generales en un movimiento que contrasta con la estrategia marcada por el PNV, que de hecho ha elaborado su propuesta de nombres para la lista por Navarra dentro de la coalición Geroa Bai.

Pasados varios días tan solo los partidos que conforman el denominado ahora Frente Amplio han tendido la mano a Geroa Bai, aunque en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa el PNV insiste en querer huir de los bloques. Según fuentes de la negociación consultadas por elDiario.es, la opción que gana más enteros es la de un pacto para una lista conjunta en el Senado, y no así en el Congreso. Sería un modelo similar al de 2015 y 2019. En el primero de los casos, el PNV llegó a sacar un escaño en el Senado por esta vía, valiéndose de los votos a fuerzas de izquierdas. La elegida fue Ana Luján.

PSN y EH Bildu por su parte, han descartado el acuerdo. La coalición abertzale ha informado que “en los últimos días” han mantenido contactos con “todas” las formaciones de izquierdas de Navarra para “explorar fórmulas de colaboración” que permitan “articular una unidad de acción” para “reforzar el bloque progresista”, pero que no ha sido posible alcanzar un acuerdo. La formación está “en otra pantalla”.

Las direcciones de UPN y PP han alcanzado un acuerdo para concurrir a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, que ya ha sido ratificado por el consejo político de la formación regionalista, el órgano encargado de decidir cuestiones como posibles coaliciones electorales, y que se reunirá este martes por la tarde. UPN encabezará la lista al Congreso y el PP designará al número dos de la lista, que previsiblemente será Sergio Sayas, tránsfuga regionalista que acabó afiliándose al Partido Popular en 2023. En la lista del Senado, UPN tendrá los dos primeros puestos.

El acuerdo rego también que los representantes de UPN se integrarán en el Grupo Mixto y tendrán libertad de voto y autonomía para adoptar “el posicionamiento que mejor convenga a los intereses de Navarra”.

Según ha informado UPN, el nombre de la coalición electoral será “Unión del Pueblo Navarro en coalición con el Partido Popular” y tendrá como objetivo “desalojar” a Pedro Sánchez del Gobierno. Así, UPN apoyará una hipotética investidura de Alberto Núñez Feijóo.

Según explican, ambas formaciones se comprometen “a respetar y blindar el Régimen Foral y mantener el Convenio Económico como el mejor el instrumento para asegurar la libertad, estabilidad, cohesión y desarrollo de los ciudadanos de Navarra. De igual forma, manifiestan su apoyo al Amejoramiento del Fuero y a promover y votar a favor de la eliminación de la disposición transitoria cuarta de la Constitución Española, en una eventual reforma de la misma”.

En materia de infraestructuras, UPN y el PP han acordado “impulsar y garantizar” la ejecución de las inversiones del Estado “necesarias para desarrollar las infraestructuras estratégicas de Navarra, como la segunda fase del canal de Navarra, el tren de alta velocidad y su conexión con la Y vasca, el aeropuerto de Pamplona y el refuerzo de la red eléctrica de Navarra”.

De esta forma UPN y PP retoman una alianza en las generales que comenzó en 1982 y que se rompió en 2023. Ese año, tras la expulsión de los diputados tránsfugas Sergio Sayas y Carlos García Adanero, que terminaron enrolándose en el PP, UPN decidió romper su histórico acuerdo con ese partido y acudir en solitario a las elecciones. La división del voto de la derecha facilitó una victoria del PSN, que logró dos de los cinco diputados navarros y 92.798 votos. En segundo lugar, quedó EH Bildu y, por detrás, PP y UPN. Todos ellos lograron un escaño. La suma de los votos de UPN y PP por separado alcanzó los 108.247. En el Senado el PSN logró tres representantes y UPN una, María Caballero.

Para evitar una nueva división de voto en la derecha, la presidenta regionalista, Cristina Ibarrola, y el secretario de organización del PP, Miguel Tellado, intensificaron las reuniones en las últimas semanas. Este mismo sábado, Ibarrola estuvo en la sede de la calle Génova ultimando los flecos del acuerdo, que han terminado de sellar este martes. Todavía no se conoce, eso sí, el orden de las listas. En 2019, los dos candidatos de Navarra Suma fueron de UPN y en 2023 los regionalistas exigieron mantener esa condición en un hipotético acuerdo. El PP lo rechazó.

Con todo y pese a que concurran a las elecciones generales del 29 de noviembre, se antoja complicado que juntos puedan lograr más de dos escaños en el Congreso. El ascenso de Vox dificulta que UPN y PP, aunque vaya en coalición, puedan optar a un tercer escaño. En 2019, los últimos comicios en los que las dos formaciones acudieron juntos a las urnas, bajo la marca Navarra Suma, lograron dos escaños, que fueron ocupados precisamente por Sayas y Adanero.

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, de UPN, ha remitido una carta a la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, para pedirle que se prohíba una manifestación convocada por Ernai, organización juvenil de Sortu, este sábado a las 19:00 horas en Tudela, ante la posibilidad de que se den “alteraciones del orden público con riesgo para personas o bienes”.

Tal y como informa Europa Press, en la petición enviada Toquero traslada su “preocupación” ante esta manifestación, una preocupación que “viene motivada por el contexto generado en las últimas fechas, con convocatorias de características similares en diferentes localidades, y por la posibilidad de que puedan producirse posibles incidencias en la seguridad ciudadana, enfrentamientos, alteraciones del orden público o situaciones que comprometan la seguridad de las personas y los bienes”.

A juicio del Ayuntamiento de Tudela, “las circunstancias aconsejan extremar la prudencia y valorar especialmente los riesgos que pudieran derivarse de la celebración de dicha manifestación”. “Por todo ello, y en atención a las competencias de esa Delegación del Gobierno en materia de seguridad ciudadana y derecho de reunión, solicitamos que se prohíba la manifestación prevista para el próximo 10 de octubre, al considerar que existen circunstancias que permiten razonablemente prever alteraciones del orden público con riesgo para personas o bienes”, señala la carta.

Toquero añade que “este Ayuntamiento considera necesario dejar constancia expresa de los riesgos advertidos, para su valoración por esa Delegación del Gobierno en el ejercicio de sus competencias, con el único propósito de preservar la convivencia y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos”.

Además, el alcalde de Tudela ha remitido también sendas cartas a los jefes de la Policía Foral y de la Policía Nacional en Navarra para informarles de esta petición que ha hecho a la Delegación y para pedirles, que, en el supuesto de que dicha solicitud no sea atendida y la manifestación llegue finalmente a celebrarse, se adopten “las oportunas medidas preventivas en materia de seguridad”.

“Solicitamos que se adopten las medidas preventivas que se consideren oportunas y que se valore el refuerzo de la presencia policial en Tudela durante la celebración del acto, en coordinación con el resto de cuerpos policiales competentes. El único propósito de esta solicitud es preservar la convivencia, garantizar la seguridad ciudadana y prevenir posibles incidentes”, apunta Toquero.

Este 10 de octubre Ernai ha convocado unas “jornadas políticas” para “dejar claro que esto no es España, que es Euskal Herria”, tal y como han publicado en sus redes sociales. En su cuenta de Instagram, han destacado, a su juicio, “la necesidad de parar el fascismo desde el sur de Navarra” luchando contra el “españolismo”. “Navarra es única y no es española”, afirman, y argumentan con “el aumento del fascismo y de las ideas reaccionarias se retransmite a través del españolismo”.

El presidente de la gestora que está al frente del PP de Navarra tras la salida de Javier García, Sergio Sayas, ha asegurado este martes que su pasado en UPN no va a suponer un impedimento para que ambas formaciones puedan alcanzar un acuerdo para concurrir a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. El 16 de octubre culmina el plazo para que los partidos que acudan en coalición a las urnas lo comuniquen y UPN y PP apuran las negociaciones, si bien Sayas ha apuntado que no le “consta” que ambos partidos hayan fijado un calendario de reuniones.

Sayas, que dio el salto al PP tras ser expulsado de UPN por haber mentido y votado en contra de la reforma laboral cuando el presidente regionalista, Javier Esparza, había acordado con el PSOE apoyarla, lidera ahora el Partido Popular en la comunidad foral y busca un acuerdo de coalición con su antiguo partido para las elecciones del 29 de noviembre, así como para las forales y municipales de mayo de 2027.

“Estamos dispuestos a concurrir a las elecciones con UPN, y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que ese pacto se produzca”, ha asegurado Sayas en una comparecencia en la que ha considerado que su pasado en el partido regionalista y las circunstancias en las que se produjo su salida no dificultarán en acuerdo. “No creo que las personas tengan que impedir un acuerdo que sea bueno para los ciudadanos”, ha aseverado.

En 2023, tras la expulsión de Sayas y Adanero, UPN rompió su acuerdo con el PP y acudió por primera vez desde 1982 en solitario a unas generales. Esa división del voto en la derecha, permitió al PSN ganar las elecciones en Navarra, logrando dos escaños en el Congreso. PP y UPN lograron uno cada uno, si bien Sayas superó en votos al candidato regionalista, Alberto catalán, y EH Bildu se llevó el otro escaño que reparte la comunidad foral.

Ahora UPN y PP tratan de alcanzar a contrarreloj un acuerdo que unifique el voto de la derecha en una única candidatura, sin contar a Vox. El propio Sayas ha descartado esta posibilidad que contaría con el rechazo de los regionalistas por su defensa de la foralidad navarra. “Evidentemente, el modelo que tiene Vox respecto a Navarra es distinto al que tienen el Partido Popular y UPN. Eso nos puede permitir pactar unas líneas de un gobierno, pero no un acuerdo electoral. Sin embargo, con UPN podemos tener, sin ningún tipo de problema, un acuerdo electoral”, ha subrayado Sergio Sayas.

Sayas, que en 2023 fue el candidato del PP al Congreso, no ha confirmado si repetirá el 29 de noviembre o, si por el contrario, será el candidato a la presidencia de Navarra en 2027. “Estaré donde el Partido Popular decida que debo estar”, ha apuntado.

UPN ha recibido con “ilusión” la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre anunciada este lunes por el presidente, Pedro Sánchez. La presidenta regionalista, Cristina Ibarrola, ha celebrado el adelanto electoral porque confía en que “los españoles castigarán duramente en las urnas” a Sánchez.

“Navarra y España necesitan un cambio de rumbo urgente y confiamos en que ese cambio comience a materializarse el 29 de noviembre”, ha manifestado Ibarrola en un comunicado. A su juicio, “España y Navarra necesitan recuperar la esperanza y la ilusión con gobiernos que solucionen problemas, no que los creen”.

Pero la noticia del adelanto electoral ha cogido a los regionalistas en medio de unas negociaciones con el PP, que se prolongan desde hace meses, para tratar de reeditar una coalición electoral para esos comicios, así como para los forales y municipales de 2027. Por el momento es una incógnita las siglas con las que se presentarán.

Según han señalado desde el PP los contactos son directos entre las direcciones de ambas formaciones, es decir, entre Alberto Núñez Feijóo y Cristina Ibarrola. Pero la semana pasada entró en escena un nuevo actor. Sergio Sayas, tránsfuga de UPN, fue nombrado presidente de la gestora del Partido Popular en Navarra tras la salida de Javier García, y su nombre incomoda en las filas regionalistas.

Sayas llegó al PP tras ser expulsado de UPN, partido al que representaba en el Congreso, por haberse saltado las directrices de quien era su presidente, Javier Esparza, y haber votado en contra de la reforma laboral para tratar de tumbar al gobierno de coalición. Aquella jugada les salió mal a él y a su compañero de tribuna y también tránsfuga, Carlos García Adanero, porque el diputado del PP Alberto Casero votó a favor por error. Pero su traición provocó que UPN expulsara a sus dos diputados que, pese a que negaron en varias ocasiones que tuviesen un acuerdo con el PP, dieron el salto a este partido a los pocos meses.

Por el momento UPN no ha dado más detalles sobre la negociación con el PP, quien había sido su socio hasta las elecciones del 2023. Ese año, Javier Esparza decidió romper la alianza por la “traición” de Sayas y Adanero. En las generales el PP, con el propio Sayas como candidato, superó a UPN en las elecciones en la comunidad foral, dejando a los regionalistas con un único representante en el Congreso.

Geroa Bai tampoco ha designado candidato

Por su parte, Geroa Bai, la coalición de Socialverdes y PNV, ha avanzado que se presentarán de nuevo a las elecciones generales con el propósito de que Navarra tenga “voz propia” y “capacidad de decisión en Madrid”. “Navarra no necesita que se vaya Madrid a seguir consignas ni a alimentar necesidades partidistas”.

Geroa Bai no logró representación en el Congreso en los comicios de 2023 tras quedar como séptima fuerza en la comunidad foral. Su candidata fue María Solana, que hoy forma parte del consejo de RTVE a proposición del PNV.

El diputado por Navarra Segio Sayas, tránsfuga de UPN, dirigirá la gestora del PP en Navarra tras la dimisión de su presidente, Javier García, anunciada por el partido este pasado sábado. Sayas, que ya era 'número dos' del Partido Popular en la comunidad foral es además el principal nombre que se baraja como candidato para las elecciones forales que se celebrarán en mayo de 2027.

“Es un honor y una enorme responsabilidad asumir la Presidencia del PP de Navarra”, ha afirmado Sayas en un comunicado difundido por su partido. En él ha situado como su objetivo “fortalecer el partido y construir una alternativa real y sólida para Navarra”. “Los navarros necesitan una alternativa que les ilusione y el PP se la va a ofrecer. Quiero un Partido Popular que no se conforme con ejercer la oposición, sino que trabaje desde hoy para ganarse la confianza de los navarros y gobernar esta comunidad”, ha añadido.

Sergio Sayas llegó al PP tras haber sido expulsado de UPN, partido al que representaba en el Congreso, por haberse saltado las directrices de quien era su presidente, Javier Esparza, y haber votado en contra de la reforma laboral para tratar de tumbar al gobierno de coalición. Aquella jugada les salió mal a él y a su compañero de tribuna y también tránsfuga, Carlos García Adanero, porque el diputado del PP Alberto Casero votó a favor por error. Pero su traición provocó que UPN expulsara a sus dos diputados que, pese a que negaron en varias ocasiones que tuviesen un acuerdo con el PP, dieron el salto a este partido a los pocos meses.

La noticia de que Sayas presidirá la gestora se produce menos de 48 horas después de que Javier García anunciara por sorpresa que dejaba la dirección del PP navarro. Este lunes ha asegurado que la decisión ha sido suya y “por motivos personales” y la ha desvinculado de un hipotético intento del PP de impulsar otra candidatura, como la del propio Sayas. “Nadie me ha obligado”, ha aseverado.

Según García, que hace semanas afirmaba que sería el candidato del PP a la presidencia de Navarra en 2027, decidió “hace tiempo” su salida de la presidencia del partido en la comunidad foral y que se debe a motivos personales. “Mi etapa ha terminado”, ha solemnizado para insistir que “nadie” del PP le trasladó “si iba a ser o no iba a ser el candidato” a las elecciones.

Como presidente de la gestora, Sergio Sayas, deberá continuar con las conversaciones iniciadas por su predecesor con UPN para acordar una posible coalición electoral con el partido del que fue expulsado, UPN. De todas formas, según ha explicado Javier García, la decisión final la deberá tomar la dirección nacional del PP.

EH Bildu no forma parte del Gobierno de Navarra, pero desde que María Chivite es presidenta ha pactado con PSN, Geroa Bai y Contigo/Zurekin todos los presupuestos, así como otras leyes de calado. Es el socio externo. Y este jueves, su portavoz, Laura Aznal ha emplazado a Chivite a seguir articulando “mayorías amplias” frente al avance de la extrema derecha. “Con EH Bildu los acuerdos son sólidos y de alcance. Ofrecemos valentía”, ha solemnizado Laura Aznal.

La portavoz de la coalición abertzale ha lamentado que el próximo ciclo electoral puede dejar en Madrid y en París “gobiernos reaccionarios” que recortan derechos. Frente a ello, ha asegurado que la solución ya no puede ser un cordón sanitario, que “por sí solo” ha resultado “ineficaz”. Por ello le ha pedido a Chivite consolidar las mayorías que la llevaron al Palacio de Navarra o sirvieron para desalojar a UPN del Ayuntamiento de Pamplona.

“Todas las fuerzas progresistas debemos tener claro que ante situaciones excepcionales, son necesarias respuestas excepcionales. Aceptando las múltiples diferencias entre nosotros debemos articular alternativas amplias. Tenemos que llegar a acuerdos basados en un suelo común y debemos fijar esos acuerdos para defender y extender los derechos de los navarros”, ha solemnizado Laura Aznal.

Durante su intervención también ha marcado distancias con los socialistas, a quienes ha afeado que signa impulsando la zonificación lingüística. “Los derechos no se zonifican, el euskera es nuestra lengua y todos los navarros tienen derecho a vivir en euskera”, ha defendido.

También le ha pedido a la presidenta que la actualización “necesaria” de la LORAFNA, el equivalente en Navarra al estatuto en el resto de comunidades, sirva para “profundizar” en el autogobierno y “ampliar” los derechos de la ciudadanía.

Sobre Belate, la obra que ha dividido a los socios del Gobierno por su gestión, ha asegurado que se han hecho “muchas cosas mal”, pero ha afeado a la derecha que haya utilizado la obra “como hilo conductor” de su estrategia “para desgastar” al Ejecutivo de Chivite. “No les importa la finalización de la obra, su prioridad es el desgaste del Gobierno”, le ha reprochado a UPN. Por último, ha reclamado a Chivite que no se pague “ni un solo euro” que no proceda.

El líder de la oposición, Javier Esparza, de UPN, ve cercano el fin de la etapa de María Chivite al frente del Gobierno de Navarra. Una presidencia, que para el partido regionalista ha sido “un fraude”, porque empezó bajo la tutela de Santos Cerdán y con la “dependencia” de EH Bildu. “Es presidenta gracias a un presunto corrupto y a un terrorista confeso”, le ha espetado.

Esparza, que ha reconocido que el debate del Estado de la Comunidad es “especial” para él por ser su último como portavoz ha centrado el grueso de su intervención, que se ha prolongado durante 30 minutos, en la figura del ex secretario de organización socialista, que aparentemente era copartícipe de Servinabar 2000, la mercantil investigada por corrupción.

“Adjudicó a Cerdán la obra de Belate por 76 millones de euros. Es el gran elefante blanco de la habitación del que nadie quiere hablar”, le ha reprochado a María Chivite. Para Esparza, la sombra de la sospecha de ha extendido a la propia presidenta, de quien ha asegurado que “su entorno más cercano duda”. “No sé si usted está metida [en la trama de corrupción], pero dejó hacer y eso ya es suficiente para acatar responsabilidades políticas” y haber dimitido, ha añadido.

El portavoz de UPN también ha afeado a Chivite sus pactos con EH Bildu, que ha avanzado que “seguirán”. Según él, la coalición abertzale es ya la segunda fuera política en Navarra y no ha dudado en asegurar que Chivite “le dará la presidencia de Navarra” a EH Bildu “al igual que ledioó” la Alcaldía de Pamplona.

En este sentido, ha revelado una reunión que mantuvo con la presidenta en la sede el PSN tras la pandemia. En ella, ha dicho, le ofreció un acuerdo para “dar estabilidad” a la comunidad foral con una presidencia de Chivite “sin la dependencia de EH Bildu”. “Usted me dijo que tenía trampa, que si aceptaba esa propuesta en 2023 tenía que hacerme presidente a mí. Entendí que el problema para usted era el poder, su única preocupación era quién pudiera disputarle la presidencia. Entre UPN y EH Bildu eligió a EH Bildu”, le ha reprochado.

Para cerrar, ha lamentado que con el presupuesto “más alto” no ha sabido “mejorar” los servicios públicos. “No ha sido sinónimo de mejora en la calidad de los servicios públicos, ni de avances estructurales en la gestión, ni de mejoras en las infraestructuras, ni de nuevas infraestructuras siquiera”, ha indicado.

El Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves extender hasta el 31 de diciembre de 2028 la moratoria a la instalación de nuevas plantas de biometano en la comunidad foral. La medida, que ha contado con los votos a favor de UPN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo/Zurekin, la abstención del PSN y del PP y el voto en contra de Vox, prorroga la moratoria de un año aprobada el año pasado y que provocó una división entre los socios del Gobierno de Chivite. Durante el periodo que dure la moratoria, el Gobierno de Navarra trabajará en una normativa que regule la instalación de estás plantas.

La ley aprobada este jueves recoge que desde el 14 de noviembre de 2025 y hasta el 31 de diciembre de 2028 no se admitirán a trámite por parte de ninguna administración pública competente nuevos proyectos de plantas de biometanización anaeróbica cuya actividad consista en la gestión de residuos orgánicos, agroalimentarios y/o deyecciones ganaderas generados por instalaciones externas a la planta.

Por su parte, los expedientes de autorización de plantas de biometanización que se encuentran suspendidos cautelarmente desde el 15 de julio de 2026 se mantendrán suspendidos bajo las mismas condiciones que motivaron dicha resolución. Por tanto, la medida aprobada afectará a las plantas que proyectadas en Arróniz y Sesma y que provocaron movilizaciones vecinales en contra.

Quedan excluidas de la presente moratoria las plantas de biometanización anaeróbica de autogestión, cuya capacidad de gestión sea inferior a 25.000 toneladas anuales; y las instalaciones de biometanización anaeróbicas de gestión pública que responden a procesos complementarios a otros marcos competenciales, como la gestión de residuos domésticos municipales procedentes del quinto contenedor de la fracción orgánica y la depuración de aguas residuales urbanas.

Las plantas de biometanización anaeróbica cuya actividad consista en la gestión de residuos orgánicos, agroalimentarios y/o deyecciones ganaderas generados por instalaciones externas con una capacidad de gestión anual superior a las 100.000 toneladas y que a 15 de julio de 2026 se encuentren en fase de autorización serán objeto de suspensión cautelar hasta el 31 de diciembre de 2028. El PSN había presentado una enmienda que suprimía este punto, pero no ha sido aprobada.

El PP de Navarra exigirá a UPN la presencia de sus siglas en una hipotética coalición electoral en Navarra. Así lo ha confirmado la parlamentaria Irene Royo, si bien ha avanzado que desconoce si se está en conversaciones con el partido regionalista para reeditar la alianza electoral después de que en 2023 ambas formaciones decidiesen acudir a las urnas por separado. Desde UPN, por su parte, han señalado que todavía no están en “ese análisis”.

A falta de ocho meses para las elecciones forales y municipales, UPN y PP todavía no han decidido si reeditarán la coalición electoral con la que concurrieron a los comicios de 2019, en aquella ocasión también con Ciudadanos. Por el momento, el PP ya avanza que, a diferencia de aquella vez, quiere que sus siglas estén presentes en el nombre de la coalición y descartan, por tanto, una fórmula como la de Navarra Suma, marca elegida para aquellos comicios.

Según la parlamentaria del PP en la comunidad foral Irene Royo, las siglas del PP aportan “valor” a una hipotética suma de los partidos de derecha y ha asegurado que su formación no renunciará a su presencia. Del otro lado, UPN insisten en que todavía no están estudiando la posibilidad de una alianza electoral.

UPN y PP se han presentado juntos a las elecciones en multitud de ocasiones, la última en 2019 bajo la marca Navarra Suma. Con esa alianza, a la que también se unió Ciudadanos, pretendían devolver a la derecha al Palacio de Navarra tras la presidencia de Uxue Barkos (Geroa Bai). Pero no lograron la ansiada mayoría absoluta y resultó investida la socialista María Chivite. Durante esa legislatura se consumó la ruptura total entre las dos formaciones tras el episodio de la votación de la reforma laboral. Los diputados de UPN Sergio Sayas y Carlos García Adanero se saltaron la disciplina de voto y votaron en contra de la reforma laboral que UPN se había comprometido a apoyar. Los dos diputados fueron expulsados del partido y dieron el salto al PP, lo que desde UPN se sintió como una traición de quienes eran sus socios.

Así, en 2023 dieron por amortizada la alianza y se presentaron en solitario a los comicios. Ahora, en busca de una nueva mayoría, explorarán una posible nueva alianza.

El grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona ha criticado la decisión de retirar el escudo de armas de Felipe V que actualmente preside el zaguán del Ayuntamiento de Pamplona, que se reubicará en el salón de recepciones, para colocar en su lugar una réplica del escudo original de la ciudad con motivo de los actos programados por el Privilegio de la Unión. En un comunicado, desde UPN han ha acusado al alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, de “gobernar en función de sus obsesiones”.

“Asiron ya había retirado el escudo en 2016 -posteriormente fue devuelto a su lugar original durante el gobierno de Navarra Suma-”, explican. Entonces, Asiron “calificó la obra, que data de 1735, se encuentra en el Ayuntamiento desde 1907 y tiene un indudable valor histórico y artístico, de 'escudo borbónico que nada tiene que ver con la ciudad”.

“Asiron se empeña en borrar de la historia de Pamplona lo que no le gusta y en reescribirla a su antojo. Es curioso su empeño en dejar su impronta 'histórica', de manera unilateral sin contar con el consenso que requieren este tipo de cuestiones”, han remarcado.

Según han añadido desde UPN, “en este último año decidió retirar las estatuas de los reyes del Paseo Sarasate y ahora el escudo del zaguán, que es la entrada de la Casa Consistorial, por no hablar de todos los cambios en los nombres de las calles que ha impuesto”.

“Estas son sus prioridades. ¿Qué será lo siguiente? Tenemos un alcalde sectario, más preocupado por sus obsesiones que por solucionar los problemas de los pamploneses, problemas que se agravan a cada día que sigue en el cargo”, han señalado los foralistas.

Con motivo de las celebraciones del 603 aniversario del Privilegio de la Unión, el escudo que en 2019 retiró el entonces alcalde de Pamplona, Enrique Maya (UPN), presidirá otra vez el zaguán de la Casa Consistorial a partir de este miércoles. La pieza que se colocará es una réplica del altorrelieve del escudo de armas de Pamplona, flanqueado por dos ángeles y realizado en resina, que responde con precisión histórica a estipulaciones que Carlos III reflejó en el documento fundacional de la ciudad moderna.

Este escudo ya fue objeto de polémica la pasada legislatura cuando, el entonces alcalde Enrique Maya, de UPN, lo retiró para sustituirlo por el escudo de armas de la monarquía Borbónica, tallado en madera policromada y dorada en 1735 y que fue trasladado al Consistorio en 1907. Precisamente, la pieza había sido retirada en 2017 por Joseba Asirón durante su primer mandato y ahora se reubicará por tercera vez en una década al salón de recepciones del Ayuntamiento.

No fue el único elemento simbólico que provocó rifirrafes. Hace 10 años, también en víspera de la celebración del Privilegio de la Unión, en la redecoración del zaguán y la escalinata retiró diez retratos de reyes posteriores a la incorporación de Navarra a Castilla. En 2018, también se cambió el nombre de la Avenida del Ejército por el de “Avenida Catalina de Foix”, última reina de Navarra junto a Juan III de Albret, decisión que fue revertida por Maya en 2019.

La creación del nuevo escudo es una de las novedades presentadas este lunes dentro de la programación vinculada al Privilegio de la Unión, el decreto firmado el 8 de septiembre 1423 por Carlos III el Noble de Navarra que permitió unificar los conocidos como tres burgos de la ciudad (San Nicolás, San Cernin y Navarrería) y puso los cimientos de la Pamplona moderna.

Tal y como ha comunicado el Ayuntamiento de Pamplona, “La recuperación y reproducción de la talla se apoyan en un proceso previo de estudio técnico, histórico y documental”. La pieza es una réplica del “escudo en piedra ubicado en el patio de columnas del Palacio del Condestable”, adquirido en 2022 por el Consistorio a la familia Huarte y que “reproduce una de las muestras de heráldica municipal más antiguas que se conservan en Navarra”. Además de ser una de las “escasas representaciones históricas del escudo de Pamplona anteriores a las que hoy se conservan en la ciudad, en su mayoría realizadas en el siglo XVIII”. La talla referente, sin embargo, habría sido ejecutada entre mediados de la última década del siglo XVI y la tercera década del siglo XVII.

Además, el informe realizado por el historiador Mikel Zuza, “considera verosímil que la pieza hubiera formado parte de la fachada de la primitiva Casa Consistorial, por la piedra blanca empleada y la coincidencia cronológica con las primeras noticias sobre dicho frontispicio”.

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha asegurado este miércoles que María Chivite le debe la presidencia de Navarra a “un presunto corrupto”, en referencia a Santos Cerdán. “La necesitaba en el poder”, ha aseverado la líder regionalista. UPN fue el. partido que denunció ante la Guardia Civil la adjudicación de la obra de los túneles de Belate a la UTE de Acciona, Osés y Servinabar 2000 antes de que estallara el caso de corrupción por el que está imputado el exdirigente socialista Santos Cerdán, quien presuntamente era copartícipe de la mercantil del empresario vasco Antxon Alonso.

“El mayor sostén y valedor político de María Chivite está lucrándose presuntamente de una adjudicación a cargo de su Gobierno y María Chivite sigue en vano tratando de escurrir el bulto, sigue adelante a costa de lo que sea, entre otras cosas, arrastrando por los suelos la imagen de Navarra”, ha añadido la presidenta regionalista.

Ibarrola ha realizado un balance de legislatura cuando se cumplen tres años de la segunda investidura de Chivite y cuando resta solo un curso político para las próximas elecciones forales, para las que todavía no ha aclarado si UPN buscará una alianza con el PP o acudirá de nuevo a las urnas en solitario como hizo en 2023.

Para la líder del partido regionalista el PSN de María Chivite ha “deteriorado” la marca Navarra y la ha unido a la “corrupción, tramas criminales y mordidas por adjudicación de obra pública”. “No hay maquillaje que pueda tapar el hedor a corrupción y la mala gestión de los servicios públicos del Gobierno de Chivite y EH Bildu. Navarra solo lidera los índices de presuntos corruptos. Desde que llegó Chivite ha empeorado en cualquier parámetro que queramos comparar con otras Comunidades”, ha criticado.

Así, ha asegurado que “el teterioro” de la confianza de la ciudadanía navarra en Chivite “es cada día mayor” por “los espurios acuerdos conocidos entre Santos Cerdán y EH Bildu para repartirse el poder institucional, por ”la presunta trama corrupta que recibía adjudicaciones de obra pública a cambio de pagar mordidas liderada por Santos Cerdán según el auto del juez y por “la adjudicación ilegal de las obras de los túneles de Belate a esas empresas de la trama, que ha acabado siendo investigada por la Justicia dentro del caso de amaños de obra pública”.

“Hoy la sociedad navarra se pregunta hasta cuándo, señora Chivite, merece la pena seguir en esta situación”. “No hay proyecto político ni personal que se sostenga sobre la falta de ética política, la inmoralidad, las sospechas y las investigaciones judiciales por corrupción. No hay proyecto político ni personal que aguante la embestida social de la indignación y la desconfianza”, ha señalado Ibarrola.

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Burlada ha aprobado este lunes una declaración institucional por la que “rechaza y condena” la agresión sufrida por el concejal de UPN Carlos Oto Martinez el pasado sábado durante las fiestas de la localidad.

“Ninguna diferencia de opinión justifica el ataque a la integridad y derechos de ninguna persona en Burlada ni en ningún lugar. Lo que nos parece imprescindible para la ciudadanía lo es también, en particular, para quienes la representamos en este Ayuntamiento, en el que por definición hay divergencia de opiniones, que reflejan la natural disparidad de criterios de una sociedad abierta, flexible, viva y respetuosa como la de Burlada”, recoge la declaración.

Por ello, la Junta de Portavoces considera que, “en esta sociedad democrática, lo sucedido no tiene cabida en nuestro municipio”. “Burlada es un municipio diverso y la Corporación municipal es un reflejo de ello. Ese reflejo de diversidad debe también ser ejemplo de convivencia”, subraya.

El Ayuntamiento ha llamado a la ciudadanía a vivir las fiestas “desde el respeto, la convivencia y la tolerancia” y ha trasladado su “apoyo y solidaridad” al concejal agredido.

UPN ha denunciado una agresión física a su concejal en el Ayuntamiento de Burlada, Carlos Oto, sufrida este sábado en el transcurso de las fiestas de esta localidad.

Según explican en un comunicado, “el agresor irrumpió en la sede de UPN cuando varios integrantes de la formación y otras personas se encontraban reunidos y celebrando la jornada festiva y propinó un golpe en el pecho al edil, que tuvo que acudir a los servicios médicos”. “El agresor lanzó gritos de 'UPN kanpora', 'hijos de puta' y 'putos fachas'”, relatan desde UPN. La situación se saldó con la actuación de la policía.

Desde la formación han manifestado que “este tipo de ataques y agresiones a un representante público son inaceptables en democracia y merecen la condena y repulsa de todas las formaciones sin excepción”. “Máxime si se producen en momentos como las fiestas de una localidad, que deben caracterizarse por la buena armonía, la convivencia y el respeto”, han agregado.

El partido regionalista ha reclamado que “la violencia física y verbal que seguimos padeciendo formaciones como UPN desde el sector radical abertzale deben desterrarse por completo de nuestra sociedad. Si no, no hay proclamas a una supuesta convivencia que valgan como se lanzan desde el gobierno”.

Finalmente, UPN ha mostrado su apoyo a Carlos Oto y a todo la familia regionalista de Burlada. “Os animamos a seguir trabajando con la misma pasión y compromiso por los vecinos y vecinas de Burlada y a no dejarse vencer por las amenazas y ataques de los intolerantes de siempre”, ha concluido.

El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza, ha pedido este martes la “asunción de responsabilidades políticas por parte del Gobierno” foral y de su presidenta, la socialista María Chivite, ante la confirmación de que la UCO de la Guardia Civil y el Tribunal Central de Instancia ampliarán sus investigaciones sobre corrupción a la adjudicación de los túneles de Belate, que recayó en una UTE de Acciona, Osés y Servinabar 2000. Esta última es una mercantil de Antxon Alonso en la que presuntamente también participaba el exdirigente socialista Santos Cerdán.

“La realidad” es que “por primera vez en 30 años, una adjudicación de obra pública está siendo investigada por la UCO en Navarra y es una situación que la principal fuerza de la oposición considera ”tremendamente grave“. Esparza ha recalcado que la obra de los túneles está siendo investigada porque ”UPN en septiembre del año 2024 presentó una denuncia ante la Guardia Civil“. Desde el partido regionalista ”siempre“ han creído que era necesario poner el foco en ”la adjudicación de Belate“, y sostiene que la UCO ha encontrado ”indicios sólidos y suficientes“ para continuar una ”investigación en profundidad“. ”Yo creo que era blanco y en botella desde el inicio“, ha afirmado el portavoz.

“El Gobierno -ha continuado Esparza- ha ido dando tumbos desde el inicio de este caso, diciendo unas cosas y luego las contrarias y, evidentemente, al final se ha dado de bruces con la realidad. En todo este tiempo María Chivite ha negado todo, ha atacado a quien denunciaba algo y ha querido trasladar a la opinión pública que había una campaña de acoso contra su Gobierno”.

“La semana pasada la presidenta habló de caza de brujas y de una posición ridícula de Unión del Pueblo Navarro”, ha descrito. Sin embargo, ironiza con que parece que ahora el Ejecutivo foral parece que “se alegra mucho” de la investigación. “No tienen ninguna credibilidad”, considera Esparza, que cree que no puede ser una buena noticia “que la Guardia Civil tenga que venir a investigar” en una comunidad la “adjudicación de una obra pública de semejante magnitud”. Es “tomar a la sociedad navarra por tonta”.

UPN está personada en la causa. Esperan que la investigación demuestre que en Navarra el entorno de Santos Cerdán, Koldo García y el exministro Jose Luís Ábalos ha estado “recibiendo adjudicaciones de obra pública de forma ilícita” y “cobrando mordidas del 2%” al igual que han hecho “por toda España” para “enriquecerse”. En este sentido, se ha referido a la comisión parlamentaria de investigación. A su juicio, se demostró que la ajudicación de Belate está “repleta de irregularidades” pero el dictamen dijo que no hubo pruebas de ello. “La explicación la encontraremos en el informe que la Guardia Civil realiza sobre esta adjudicación”, pronostica.

La comisión, presidida por Irati Jiménez (EH Bildu) y que finalizó a comienzos del pasado junio, concluyó a partir de un documento acordado por PSN, Geroa Bai y EH Bildu, que no se “ha podido acreditar” que haya habido corrupción ni injerencia política en las mesas de contratación de las siete obras adjudicadas a las empresas investigadas por presunta corrupción, Acciona y Servinabar 2000.

“Hay nervios dentro del propio Gobierno y falta de confianza entre sus socios”, perciben desde UPN, aludiendo a “algún 'quit' llamativo empezando a recular”. Se refería veladamente a EH Bildu, que quiso matizar este lunes que la comisión que ellos dirigieron no dijo que no hubiera corrupción sino que, con los datos con los que disponía, no se podía acreditar. El resto de la legislatura se va “a vivir con mucha incertidumbre” y “mucha tensión” al no saber “qué se van a encontrar” los agentes de la UCO durante la investigación, ha vaticinado el portavoz de UPN. Las elecciones forales son en mayo en 2027.

El juez instructor del Tribunal Central de Instancia (Audiencia Nacional) Ismael Moreno ha acordado investigar también la adjudicación de las obras de desdoblamiento de los túneles de Belate, en el norte de Navarra, dentro de la causa por corrupción tiene abierta. Se trata de una contratación de 76 millones de euros que recayó en Acciona, lo local Osés y Servinabar 2000, la mercantil del empresario vasco Antxon Alonso y de la que aparentemente era copartícipe el exdirigente socialista Santos Cerdán. Esta última tenía un 15%.

El juez Moreno pidió la pasada semana a la UCO de la Guardia Civil, la Policía judicial, que le hiciese un reporte sobre la situación procesal de los túneles de Belate. El cuerpo, en un oficio, indica que en un informe de 2025 ya mencionó la cuestión e indica que reflejó “someramente” los “diferentes indicios” de estas obras con la etapa en el Ministerio de Fomento del ya condenado José Luis Ábalos o que el partido UPN, desde la oposición en Navarra, también había denunciado “irregularidades en el proceso licitador”.

Según la UCO, está pendiente un nuevo atestado con una “ampliación” sobre los datos relativos a estas obras. El instructor, en una providencia, ha acordado este lunes “integrar” esta adjudicación en el sumario y queda “a la espera” del informe. Solamente después de que entreguen el documento “se acordará lo procedente”.

Las obras de Belate se adjudicaron en 2023 y fueron las más cuantiosas de todas las adjudicaciones recibidas por Servinabar 2000 en Navarra. El Parlamento foral acaba de finalizar una comisión de investigación en el que la mayoría política descartó la existencia de corrupción. El dictamen aprobado por el foro presidido por Irati Jiménez, de EH Bildu, sí apuntó a “irregularidades y deficiencias procedimentales” en determinados expedientes. Por el contrario, los últimos informes de la Guardia Civil apuntan a que Servinabar 2000 fue empleada para recaudar comisiones ilegales y que Cerdán y su familia dispusieron de fondos de esta firma.

La comisión de investigación no vio “injerencia”

Desde el Gobierno navarro han expresado su “máximo respeto” a las actuaciones “judiciales y policiales” y también un “compromiso de total colaboración”. Añaden fuentes del Gobierno de María Chivite que el Ejecutivo “estudiará solicitar la personación ante la Audiencia Nacional, como ya se intentó ante el Tribunal Supremo con respuesta negativa, por si mediase daño patrimonial contra la Hacienda navarra”.

“En lo concerniente a la adjudicación de la obra de ampliación de los túneles de Belate, el Gobierno de Navarra recuerda que se trató de una adjudicación con reparo 'no suspensivo' de la Intervención delegada y que cuenta con el aval de la Intervención General en tanto que se abordó mediante una deliberación 'adecuada'. Además la Cámara de Comptos especificó que no medió 'responsabilidad contable ni de ninguna otra naturaleza', mientras que la comisión de investigación acometida en el Parlamento de Navarra descartó la existencia de presiones ni injerencias políticas”; sostienen fuentes del Gobierno.

La presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, ha asegurado este viernes que sufre una “caza de brujas”. Chivite ha sido llamada a comparecer en el Parlamento foral por UPN a raíz del último informe de la UCO de la Guardia Civil sobre Santos Cerdán. “Cuanto más se investiga y más se avanza en los tribunales, más queda claro que no hay nada de nada sobre mí. No hay nada ni va a haber nada contra mí”, ha afirmado desde la “tranquilidad total”.

“La única intervención que ha tenido este Gobierno relacionada con ese informe es la colaboración con la Justicia para dar información y contribuir al buen desarrollo de la investigación. Todo lo demás es parte de una estrategia de caza de brujas contra mí que ni el Supremo ni la UCO avalan con sus investigaciones y pronunciamientos porque no hay nada”, ha subrayado, según informa Europa Press.

Chivite ha indicado a UPN: “Ustedes seguirán con su historia falsa y yo diciendo una verdad que nunca van a querer creer porque no les interesa. Y así podemos estar en bucle lo que resta de legislatura. Pues yo estoy dispuesta. Si alguien ha hecho algo, que pague, pero no seré yo”.

La presidenta ha comparecido en comisión parlamentaria a petición de UPN. Ha dicho que no ha tenido acceso al informe de la Guardia Civil y ha criticado las filtraciones. “No sé si son conscientes sus señorías de que la filtración de informes de la UCO pudiera constituir un delito. Esos informes forman parte del procedimiento y no tienen que ser documentos públicos, aunque de hecho lo son”. Esas filtraciones, hechas además a modo 'goteo', permiten sobre todo a la oposición, construir un 'relato' desvirtuando la realidad, porque lo que los informes contienen son elementos indiciarios que deben ser validados en parte o en su totalidad por un juez y posteriormente en un juicio oral“, ha interpretado. Y ha agregado: ”Que la presidenta tenga que hablar de un informe que no recibimos oficialmente porque no somos parte de esta causa sobre una investigación patrimonial de una persona, que ni forma ni ha formado parte del Gobierno de Navarra, es cuando menos extraño“. Entrando al contenido, ha indicado que Cerdán hizo uso de la tarjeta de Servinabar 2000 hasta febrero de 2024, mientras que los pagos por las obras de Belate, en las que participaba esta empresa UTE, se inicieron ”en junio“ de 2024.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha dicho: “No tiene usted ninguna credibilidad; es imposible desvincular Cerdán y Belate, con 129.000 euros en medio. Usted ha pasado de cuadrarse ante Cerdán a proclamar que 'esto no va conmigo'; y esto sí va con usted”. “Sin Cerdán usted no hubiera sido presidenta nunca”, ha dicho también. “Y a Cerdán y a sus amigos, usted les abrió las puertas del Palacio de Navarra de par en par para que andaran a sus anchas”, ha añadido.

Por parte de EH Bildu, Laura Aznal ha indicado que UPN ha llamado hoy a la presidenta con “el único objetivo de estirar el chicle de la comisión de investigación y tratando de volver a inflar un globo que ya quedó pinchado en las conclusiones”. Esta formación presidió el foro parlamentario por medio de Irati Jiménez. El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha pedido no “relativizar en absoluto la corrupción ni la preocupación ante ciertas informaciones”, pero “tampoco” el hecho de “convertir sospechas en sentencias o utilizar una investigación que está en curso para construir un relato político concreto”. “La corrupción debe investigarse hasta el final”, ha dicho.

Por su parte, Javier García, del PP, ha indicado a la presidenta “la verdad”. “Si después de todo lo que vamos conociendo sostiene usted que no sabía nada, no escuchó nada y no sospechó nada, solo quedan dos posibilidades, o es que su Gobierno carecía de controles sobre lo que ocurría a su alrededor, o que prefiere pedir a los navarros que crean en lo increíble”, ha señalado. Finalmente, Miguel Garrido, de Contigo-Zurekin, ha expuesto que el informe de la UCO avala “tanto la falta de ética política del señor Cerdán como ”la sospecha que tiene que ver con sus relaciones con Acciona y Servinabar“, aunque ha matizado que no hay ”ninguna prueba, tampoco indiciaria, de que haya habido alguna manipulación o injerencia en la obra pública de Navarra“.

Carlos García Adanero repetirá como candidato del PP a la Alcaldía de Pamplona en 2027 tras haber sido designado por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Adanero, que llegó al PP tras haber sido expulsado de UPN junto con su compañero Sergio Sayas (que también dio el salto al PP) por mentir e ir en contra de la decisión tomada por la dirección de su antiguo partido al votar en contra de la reforma laboral, ya fue candidato en 2023, recién llegado al PP. Además de concejal en Pamplona, Adanero es también diputado en el Congreso.

Tras conocer su designación, García Adanero, ha agradecido la “confianza depositada” en él por el presidente del Partido Popular. “Es un reto muy importante, que afronto con una enorme ilusión y con el compromiso de seguir trabajando desde el primer día por todos los pamploneses”, ha indicado en una nota García Adanero, actualmente concejal en el Ayuntamiento de la capital navarra y diputado en el Congreso.

El candidato del PP ha defendido que Pamplona “necesita un cambio que permita afrontar los principales problemas de la ciudad y recuperar el liderazgo de su Ayuntamiento”. “La vivienda será una prioridad absoluta, al igual que mejorar la seguridad de nuestros barrios. Son dos de las principales preocupaciones de los pamploneses y el próximo Ayuntamiento tiene que estar centrado en resolver sus problemas reales”, ha afirmado.

García Adanero ha asegurado, además, que “el principal objetivo político será poner fin al gobierno de EH Bildu en la capital navarra”. “El objetivo número uno es echar a Bildu de la Alcaldía de Pamplona para que la ciudad vuelva a tener la dignidad que nunca debió perder tras el acuerdo entre Pedro Sánchez y Bildu. Queremos devolver la libertad y la dignidad a Pamplona y construir una ciudad pensada para los vecinos”, ha destacado.

Adanero ha mostrado su “convencimiento de que existe una mayoría de pamploneses que desea un cambio en el Ayuntamiento y ha apelado a sumar esfuerzos para hacerlo posible”. “Voy a trabajar para ganarme la confianza de todos aquellos que quieren una Pamplona mejor, una ciudad más segura, con más oportunidades, donde sea más fácil acceder a una vivienda y donde el Ayuntamiento vuelva a estar al servicio de los vecinos”, ha señalado.

La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA) considera improcedentes las ayudas que el Ayuntamiento de Tudela, gobernado por UPN, concedió en 2023 al equipo de fútbol CD Tudelano, cuyo expresidente Ramón Lázaro está imputado por varios delitos, entre ellos el fraude en subvenciones. La OANA, tras una denuncia interpuesta por Contigo Tudela (Podemos, IU y Batzarre) también “recomienda” al consistorio de Tudela reclamar al equipo de fútbol el reintegro de los 13.970,12 euros que le fueron concedidos en la subvención de ese año.

En una resolución fechada el 30 de junio y a la que ha tenido acceso este periódico, Anticorrupción considera que el Ayuntamiento liderado por Alejandro Toquero no debió concederle la ayuda al equipo de fútbol en 2023 “por no cumplir con los requisitos exigidos en las bases reguladoras de las mismas, al no encontrarse al corriente de pago de sus obligaciones tributarias con la Junta Municipal de Aguas de Tudela”. La denuncia, que también afectaba a la convocatoria del año 2022, ha sido desestimada para ese año al considerar que en ese ejercicio el equipo “se encontraba al corriente de pago” y, por tanto, “no contravenía las bases que regulaban la convocatoria”.

El CD Tudelano contrajo en el año 2002 una importante deuda con la Junta Municipal de Aguas. En agosto de 2014 el club y el Ayuntamiento firmaron un acuerdo para fraccionar el pago de la deuda en cuotas anuales de 7.482 euros que el Tudelano debe pagar cada mes de enero. En 2022 el montante total de la deuda ascendía a los 74.897,80 euros. Tanto ese año como en el 2023 el equipo no pagó su cuota de la deuda, lo que en la práctica le imposibilitaba presentarse a convocatorias de subvenciones municipales, tal y como recogen las bases de las mismas. Pero ello no impidió que el CD Tudelano recibiera 22.263,25 euros en subvenciones públicas durante el mismo periodo de tiempo.

Así lo advirtió la Intervención Municipal en un informe fechado el 21 de marzo de 2023 en el que expone que, pese a que el CD Tudelano no ha pagado las cuotas aplazadas de la deuda en los ejercicios de 2022 y 2023, el Ayuntamiento no ha rescindido el contrato que tenía firmado con el equipo desde 2014 para el fraccionamiento de la deuda, ni le ha exigido la totalidad del importe adeudado. “Nada de eso se ha hecho e incluso se le han concedido tres subvenciones por actividades deportivas”, añade. Así, recoge que la Tesorería del Consistorio ha “compensado” los créditos que había a favor del Tudelano por las tres subvenciones, que ascendieron a 8.293,13 euros, con las cuotas del pago de la deuda de los años 2022 y 2023, que sumaban 14.965,76 euros. La deuda del CD Tudelano de esos años quedó así reducida a los 6.672,63 euros.

En noviembre de 2023 la Intervención Municipal volvió a advertir con un informe de reparo que el CD Tudelano no podía “recibir una subvención de 10.360,04 euros por el fomento del deporte base, y otra de 3.610,08 euros por el fomento del deporte de categorías superiores” por no estar al corriente “en el cumplimiento de las obligaciones tributarias”. Con todo, el Ayuntamiento, liderado por Alejandro Toquero, en un acuerdo de la Junta de Gobierno del 15 de diciembre de 2023, levantó el reparo y le concedió las ayudas.

Estas ayudas se concedieron durante la presidencia de Ramón Lázaro en el CD Tudelano. Lázaro fue detenido hace unas semanas y está imputado por varios delitos. Está acusado de liderar una organización criminal para su enriquecimiento “ilícito” valiéndose de su posición de propietario de dos clubes deportivos. Para ello, según el juez, habría recurrido, además de al amaño de partidos, al desvío de fondos de los equipos y al fraude en subvenciones públicas, entre otros presuntos delitos.

Otra subvención a un equipo de Ramón Lázaro

En la comparecencia en la que han dado a conocer la resolución de la OANA, el equipo municipal de Contigo Tudela también ha denunciado que el Gobierno de Toquero haya resuelto favorablemente un recurso interpuesto por el Ribera Navarra de fútbol sala, del que también era propietario Lázaro, para que le devolvieran 10.000 de un contrato de patrocinio que había firmado con el Ayuntamiento y que había sido tumbado por el Tribunal Administrativo de Navarra (TAN).

El TAN había anulado este contrato porque se había firmado el 7 de mayo de 2024 para la promoción de la ciudad de Tudela y de sus Fiestas de la Verdura, cuando estas fiestas ya se había celebrado en abril. El Ribera Navarra presentó una reclamación de responsabilidad patrimonial que fue resuelta favorablemente por la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Tudela el pasado 26 de mayo, pocos días antes de que Ramón Lázaro fuese detenido.