La comisión navarra de investigación sobre las obras adjudicadas por el Ejecutivo foral a las empresas investigadas por presunta corrupción en el 'caso Cerdán', Acciona y Servinabar 2000, ha concluido que no se “ha podido acreditar” que haya habido corrupción ni injerencia política en las mesas de contratación de las siete obras adjudicadas a estas mercantiles durante los gobiernos de Uxue Barkos y María Chivite.

PSN, Geroa Bai y EH Bildu, que cuentan con mayoría parlamentaria, han acordado un documento de mínimos, del que se ha descolgado Contigo/Zurekin, el tercer socio del Gobierno de Chivite, con cuatro conclusiones que serán aprobadas en un pleno que se celebrará en el Parlamento de Navarra a finales de junio. También han acordado, esta vez con el respaldo de Contigo/Zurekin, un documento con recomendaciones para el Ejecutivo foral.

La comisión de investigación fue creada a raíz del informe de la UCO de la Guardia Civil que vincula al navarro Santos Cerdán con una trama de corrupción por el cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de obra pública. Los agentes encontraron en junio de 2025 en casa del empresario guipuzcoano Antxon Alonso un documento de compraventa por el que Cerdán habría adquirido el 45% de las participaciones de Servinabar 2000, mercantil que funcionaría como vehículo para el cobro de las comisiones, según la Guardia Civil, y a la que el Gobierno de Navarra le adjudicó siete obras en UTE con Acciona.

Tras nueve meses de trabajos y 46 comparecencias de técnicos, políticos o empresarios, PSN, Geroa Bai y EH Bildu, que tienen mayoría parlamentaria, han pactado un documento en el que se recogen cuatro conclusiones, que serán las que se aprueben en el pleno. La primera señala que “no se ha podido acreditar” la existencia “de prácticas corruptas por parte de responsables políticos del Gobierno de Navarra ni de los funcionarios que han intervenido en los expedientes analizados”. Añaden que “a pesar de la gravedad de las sospechas iniciales”, las comparecencias, la documentación y las actas de las mesas de contratación “no han aportado pruebas directas de la existencia de sobornos, reparto de comisiones, aportación de fondos públicos u otras conductas típicamente asociadas a la corrupción política o administrativa, ni tampoco de conflicto de intereses”.

Con todo coinciden en que se ha constatado “la existencia de irregularidades y deficiencias en la tramitación de algunos contratos, en especial en la licitación de la duplicación del túnel de Belate”.

Se han constatado “posibles incumplimientos de la normativa de contratación”

En un segundo punto la comisión destaca que tampoco se ha podido acreditar la participación de empresas, licitadoras o adjudicatarias, en “prácticas corruptas” dirigidas a obtener adjudicaciones de obras públicas de la Administración de la Comunidad foral. Según apunta, del análisis de la posición de las empresas adjudicatarias, no se desprende “la existencia de pagos ilícitos, acuerdo colusorios con responsables públicos u otras actuaciones que acrediten” corrupción. No obstante, destaca que la relación entre algunas empresas y personas investigadas “genera un contexto de sospecha” que, sin embargo, “no ha sido posible vincular de manera probada esas tramas con decisiones concretas” de adjudicaciones públicas.

Se considera también, en un tercer apartado, que no han aparecido “elementos probatorios directos” que apunten a “prácticas corruptas” en las obras investigadas. No obstante, se señala que en la comisión se han constatado “vicios procedimentales” a lo que ha sumado los votos particulares por parte de miembros jurídicos y de Intervención, así como reparos de Intervención advirtiendo de “posibles incumplimientos de la normativa de contratación”. Aun siendo “objetivamente incumplimientos de legalidad y la buena administración”, se insiste en que “no se han acompañado de pruebas concluyentes” que acrediten un “pacto ilícito entre decisores públicos y operadores privados”.

Por último, en una cuarta conclusión, se recoge que no se han acreditado “injerencias políticas directas o indirectas” sobre los miembros de la mesa de contratación de las obras de duplicación de los túneles de Belate. Así, destaca que todos los vocales de la mesa que han comparecido “han manifestado de forma coincidente no haber recibido presiones” para “orientar el sentido de sus valoraciones técnicas o de sus votos en la Mesa”.

Pese a ello, añaden que se han producido “conductas discutibles” por parte del presidente de la Mesa hacia algunos técnicos, como peticiones para “repensar puntuaciones”, que “podrían suponer un quebranto a la imparcialidad de la Mesa”, pero no las vincula a “directrices” de “instancias superiores”. Igualmente, apunta a la existencia de reuniones y comunicaciones entre cargos políticos y responsables administrativos “preocupados por el desarrollo de la licitación” que “puede interpretarse como una presión ambiental o un interés político intenso”, pero sin probar “una orden expresa” para favorecer a una empresa u orientar la decisión de la Mesa.

De este cuerdo se ha desmarcado la tercera pata de la coalición del Gobierno de Chivite, Contigo/Zurekin, que en sus conclusiones particulares considera que han quedado acreditadas “prácticas en los procesos de contratación pública que son incompatibles con los principios de igualdad de trato, no discriminación, reconocimiento mutuo, proporcionalidad, transparencia e integridad” recogidas en la legislación sobre contratación pública y “que evidentemente se han vulnerado en algunos de los procesos” que se han analizado, así como “una connivencia estructural entre una parte del poder político y del poder económico y empresarial oscura, opaca y nada saludable en un sistema democrático”.

“La diferencia fundamental ha estado a la hora de analizar qué hemos visto, oído y leído en la comisión”, ya que hay grupos que “han entendido que lo importante eran las conclusiones y que el relato que lleva a esas conclusiones no lo era tanto”, ha explicado el portavoz parlamentario de EH Bildu, Adolfo Araiz.

Recomendaciones

Los tres socios del Gobierno y EH Bildu, socio presupuestario, sí que han alcanzado un acuerdo para presentar un documento conjunto de recomendaciones, entre las que destacan la aprobación de un plan integral de contratación pública con una “revisión de pliegos tipo”, un desarrollo reglamentario que regule que las valoraciones “sean de una manera suficientemente motivada” y “se garantice su privacidad hasta su registro independiente”.

Además, se plantea garantizar que estas evaluaciones “se puedan hacer de manera simultánea y de la manera más objetiva posible”, la implantación de mecanismos “que detecten los posibles conflictos de intereses”, “fortalecer el control y los límites entre el poder político y los poderes empresariales”, y establecer un protocolo de actuación “cuando existan indicios de corrupción”.

Se plantea, asimismo, una modificación de la Ley de Contratos Públicos para “aclarar la regulación y exista una mayor claridad en el funcionamiento” de las mesas de contratación. Igualmente, propone “reforzar las obligaciones de publicidad activa” incluyendo en el portal de transparencia “las modificaciones, prórrogas y liquidaciones que puedan haber”. También un “refuerzo de medios” en la Intervención General para que “pueda haber un control suficiente y adecuado de los modificados y la verificación de la correcta ejecución de las obras que se estén llevando a cabo”.

El documento recoge, a su vez, el “refuerzo” de los sistemas de contratación electrónica dirigido “asegurar la trazabilidad completa de todos los actos de este procedimiento”, y “consolidar la plantilla” de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra.

Las conclusiones y las recomendaciones serán votadas y aprobadas en la comisión parlamentaria el próximo 10 de junio y llevadas a pleno para su aprobación dedefinitival 18 de junio.

UPN ha presentado una denuncia ante el Comité de Competición Profesional de la Real Federación Española de Fútbol por la nueva camiseta del Athletic Club de Bilbao, que incluye un mapa de Euskal Herria junto con una ikurriña. La presentación de la indumentaria indignó la semana pasada a la derecha navarra por considerar que no “respeta” la “identidad” de la comunidad foral.

El Comité de Competición Profesional es el órgano encargado de resolver cuestiones relativas al régimen disciplinario deportivo y la vulneración de reglas de juego y de competición. Según ha apuntado la presidenta regionalista, Cristina Ibarrola, se desconocen los plazos en los que este órgano podría tomar la decisión. “Estamos obligados como partido a defender la identidad de Navarra”, ha aseverado.

UPN, ha explicado Ibarrola, ha dado este paso ante la “inacción y la falta de respuesta” del club a la petición trasladada formalmente desde las filas foralistas para que la entidad tomara la decisión de eliminar el mapa de Euskal Herria que incluía también una ikurriña. Ibarrola ha afirmado que la inclusión de Navarra en ese mapa es contraria a las Reglas de Juego de la IFAB (International Football Association Board), asociación internacional que determina las reglas del juego, y a la normativa federativa aplicable, así como por su “inequívoca carga político-identitaria susceptible de quebrantar el deber de neutralidad exigible en las competiciones deportivas”.

“No vamos a mirar para otro lado, como ha hecho el Gobierno de Navarra, ante el incumplimiento de las normas y de la enorme jurisprudencia emanada de los tribunales, que avala nuestra denuncia y que señala que el uso del mapa de 'Euskal Herria' con Navarra dentro opera como mensaje político de integración territorial y que, en el marco constitucional vigente, tal representación vulnera la realidad jurídico-administrativa e institucional de la Comunidad foral de Navarra”, ha expuesto Ibarrola.La presidenta de UPN ha asegurado que respetarán la resolución que se adopte sobre esta cuestión por los órganos de la justicia deportiva competentes, pero ha anunciado que agotarán “todas las vías posibles para defender la legalidad y las normas vigentes”.

En ese sentido, ha señalado que, si la resolución del Comité de Competición no es favorable, “el segundo paso será el Comité de Apelación de la Real Federación Española del Fútbol, y si no, en el ámbito administrativo nos queda también el Tribunal Administrativo del Deporte, que depende del Consejo Superior de Deportes, y agotadas estas vías, están los tribunales de justicia”.

Cristina Ibarrola ha afirmado que el mapa de Euskal Herria en la camiseta del Athletic “resulta incompatible” con la prohibición de mensajes políticos en el equipamiento, establecida por la Regla 4.5 de las Reglas de Juego de la IFAB, y las previsiones del Reglamento de Competiciones de la RFEF, en particular sus artículos 183, 184 y 185.3.e, en cuanto que prohíben la incorporación de logotipos, anagramas y mensajes de contenido político y condicionan la publicidad permitida a límites estrictos de compatibilidad con los valores y reglas del fútbol organizado.

“Debemos evitar el uso del fútbol profesional como vehículo de mensajes políticos que lesionen la convivencia o que, en el caso concreto aquí denunciado, proyecten una imagen de integración territorial de la Comunidad foral de Navarra en una realidad político-territorial distinta de la reconocida por el ordenamiento jurídico vigente”, ha aseverado la presidenta de UPN.

“Estamos obligados a defender la identidad de Navarra y su realidad institucional diferenciada, porque nacimos para eso. No denunciarlo no sería coherente con lo que expresamos cuando surgió la polémica ni sería congruente con nuestra esencia, sin olvidar que decepcionaríamos a la gran mayoría de navarros que no está de acuerdo con esta utilización”, ha destacado. A este respecto, ha asegurado que “muchos aficionados navarros del Athletic” les han manifestado que no respaldan la imagen utilizada. “Lo primero que queremos dejar claro es que tomamos la decisión desde el más absoluto respeto hacia quien se sienten 'leones' y hacia la afición en su conjunto, que no tiene la culpa de la decisión adoptada por la dirección del club”.

La denuncia que ha presentado UPN ante el Comité de Competición, órgano previsto en el convenio de coordinación RFEF-LaLiga, recoge, entre otras alusiones a la doctrina judicial, que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha determinado que la obligación de neutralidad exige evitar no solo signos “nítidamente partidistas”, sino también los que para un ciudadano medio presenten “serias dudas de partidismo” o “apariencia de posicionamiento político”, y afirma que “no se puede desconocer la notoria actividad política que pretende la integración de Navarra en la Comunidad Autónoma vasca” y que “el escudo, como símbolo, supone el envío de un mensaje visual al receptor” cargado de significados, que no se limita a una finalidad ornamental.

En el mismo sentido, añade el escrito, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco señala que al término 'Euskal Herria' “se le suma con frecuencia otro de alcance ideológico y performativo de las actuales estructuras políticas territoriales que diferencian la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad de Navarra”, lo que, unido a la correlación iconográfica, refuerza el carácter político del mensaje.

A la vista de todo lo expuesto, sostiene UPN, cabe concluir que la incorporación de dicho mapa o anagrama junto a la ikurriña en la equipación del Athletic Club “vulnera la realidad jurídica, política, administrativa y social de Navarra, al presentar a la Comunidad foral como parte de una entidad territorial que no existe jurídicamente y que no se corresponde con su estatus reconocido en la Constitución Española y en la Lorafna”.

Unión del Pueblo Navarro (UPN) volvería a ganar las elecciones forales en Navarra, pero una vez más se quedaría lejos de una mayoría que le permitiese volver a liderar el Gobierno de la comunidad foral, incluso con los apoyos de PP y Vox. Del otro lado, EH Bildu amenaza la primacía del PSN de María Chivite en el bloque de la izquierda.

Una encuesta realizada por EiTB focus publicada este jueves dibuja un escenario muy similar al actual en el Parlamento de Navarra. Las formaciones que sustentan al actual Gobierno foral, una coalición del PSN, Geroa Bai (Socialverdes y PNV) y Contigo/Zurekin (Podemos, IU, Batzarre y otros) con el apoyo externo de EH Bildu podría reeditar un Ejecutivo progresista. Eso sí, los socialistas dependerían más de la coalición de la izquierda abertzale, la formación que más crece en intención de voto y que prácticamente empata con el PSN en apoyos.

La encuesta otorga al PSN un 20,5% de intención de voto, medio punto menos que los resultados que obtuvieron en 2023, mientras que EH Bildu se situaría muy cerca del 20% de apoyos, un19,9%, con un crecimiento de de 2,5 puntos con respecto a los resultados que obtuvo en 2023.

Geroa Bai, el principal socio de los socialistas en el Gobierno de Chivite, se mantendría como cuarta formación con un 13% de intención de voto, medio punto menos que en 2023. Las formaciones que en la actualidad conforman la coalición Contigo/Zurekin, que todavía no han reeditado el acuerdo para confluir en los comicios de 2027, lograrían un 5,6% de los apoyos.

El ganador de las elecciones volvería a ser UPN, si bien con una caída de dos puntos en comparación con los resultados que lograron en 2023. La formación regionalista, ahora liderada por Cristina Ibarrola, que será la candidata en 2027 a presidir el Gobierno navarro, alcanzaría el 26,2% de los apoyos.

De esta forma, Ibarrola sería incapaz de devolver a UPN al Palacio de Navarra que abandonó Yolanda Barcina en 2015, incluso con el apoyo de PP y Vox. El PP se mantendría en el 7,5% del total de los votos, mientras que la formación de extrema derecha crecería 2,3 puntos y se situaría en el 6,7% de intención de voto.

La encuesta, que ha sido elaborada entre el 17 de abril y el 13 de mayo con 600 entrevistas en la comunidad foral, sitúa a la presidenta María Chivite con índice de aprobación del 64,7% y una valoración de 5,2 puntos sobre 10. El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron (EH Bildu), por su parte, obtiene un índice de aprobación del 66,1% y una nota demia de 5,7.

El Parlamento de Navarra ha tumbado este lunes dos declaraciones institucionales presentadas por UPN y Vox en las que se reclamaba pedir al Athletic Club de Bilbao que retirase de su nueva camiseta el mapa de Euskal Herria con la ikurriña y que solo han contado con los votos favorables del PP. La presidenta del partido regionalista, Cristina Ibarrola, ya amenazó hace unos días con llevar a los tribunales al equipo vizcaíno si no quitaba ese mapa por considerarlo “lesivo” para Navarra.

UPN pedía en su declaración que el Parlamento de Navarra reafirmara “el carácter propio, singular y diferenciado de la Comunidad foral de Navarra, amparado por la Constitución Española y la ley orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (LORAFNA), así como por su identidad institucional, política y jurídica plenamente reconocida”. Además, consideraba “improcedente la inclusión, en la nueva equipación oficial del Athletic Club para la temporada 2026/2027, de elementos gráficos que representan un supuesto mapa de 'Euskal Herria' integrando a Navarra junto a la ikurriña, al entender que proyectan una visión política e identitaria controvertida que no representa la realidad institucional de la Comunidad foral de Navarra”.

Así, pedía al Parlamento que solicitase “expresamente” al club reconsiderar la decisión y que retirase de su camiseta “cualquier referencia gráfica o simbólica que incluya a Navarra dentro de una representación política territorial ajena a su realidad institucional, en aras del respeto institucional, la convivencia y las buenas relaciones comunidades vecinas”.

Por su parte, Vox pedía que el Parlamento de Navarra condenara “firmemente la inclusión de Navarra en el mapa de Euskal Herria que aparece en la nueva equipación del Athletic Club de Bilbao, por suponer una reivindicación política inaceptable que distorsiona la realidad territorial, histórica e identitaria de nuestra comunidad y que carece de cualquier legitimidad democrática o institucional”.

El portavoz parlamentario de UPN, Javier Esparza, ha pedido que se “respete” a quienes creen que Navarra “tiene una historia propia, una bandera propia, un himno propio, y que no necesita a nadie más”. “Generar confrontación con un tema como este es innecesario, gratuito y una manifiesta falta de respeto a una mayoría social de Navarra que no se siente representada por esa imagen”, ha añadido para criticar a la presidenta, María Chivite, por “no defender” a la comunidad foral.

“La camiseta del Athletic lanza un mensaje político claro, un territorio, que ellos consideran una nación y una bandera”, ha afirmado para apuntar que UPN va a “hacer todo” lo que esté en sus manos para intentar que el Athletic no pueda jugar con esa camiseta. También PP y Vox han considerado una “falta de respeto” y un “menosprecio” que el equipo vizcaíno haya incluido el mapa de Euskal Herria en su indumentaria.

Del lado contrario, el portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha pedido a UPN y a Vox que “no se empeñen en hacerle la campaña de marketing al Athletic de Bilbao” y ha defendido que en su formación son “más” de ponerse “la camiseta de Osasuna, el único equipo de primera con nombre en euskera”, ha recordado. “El euskera se habla en Navarra y en el conjunto de Euskal Herria”, ha aseverado para criticar al partido regionalista que trate de “imponer cómo se tiene que sentir uno navarro”.

El Athletic Club de Bilbao vuelve a ser objeto de polémica en Navarra. Pero esta vez no ha sido por el fichaje de algún jugador de la cantera de Club Atlético Osasuna, sino que ha trascendido a lo deportivo. La nueva equipación del club vizcaíno, presentada esta semana, ha indignado a los partidos de la derecha navarra por incluir un mapa de Euskal Herria en la parte trasera del cuello de la camiseta junto con una ikurriña. UPN ha pedido incluso a la Real Federación Española de Fútbol que impida al Athletic Club utilizar esa indumentaria y ha amenazado con acudir “a los tribunales”. PP y Vox también han protestado.

Fue este miércoles cuando el Athetic Club de Bilbao presentó la camiseta que utilizará la próxima temporada. Según la web del club, que usó como modelos a los jugadores navarros Nico Williams y Oihan Sancet, se trata de una indumentaria con la que se quiere contar la historia del equipo. Así, incluye siete rayas que representan “las siete provincias de Euskal Herria, entrelazando las diversas y orgullosas comunidades que conforman el corazón del club”.

Además, en la parte trasera del cuello de la camiseta se ha añadido un mapa de Euskal Herria, en el que se ha incluido el territorio navarro, así como Treviño, con los colores de la ikurriña. Se ha excluido sin embargo del mapa a parte del territorio foral de Álava.

Ha sido ese detalle el que ha indignado a los partidos de derecha en la comunidad foral. UPN ya ha amenazado con acudir a los “tribunales” si el Athletic no retira de su equipación ese mapa, por considerarlo “lesivo” para Navarra “por cuanto desconoce o relativiza su realidad política, jurídica e institucional diferenciada”.

La presidenta del partido regionalista, Cristina Ibarrola, ha enviado además sendas cartas al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, al presidente del Athletic Club de Bilbao, Jon Uriarte, y a la presidenta de Navarra, María Chivite, para que se impida al club vasco utilizar esa indumentaria si no retiran el escudo de Euskal Herria del cuello.

“La inclusión de un mapa de 'Euskal Herria' junto con una ikurriña en la equipación oficial de un club que participa en competición profesional nacional incorpora un mensaje de naturaleza política, identitaria e institucionalmente controvertida, al proyectar una determinada concepción territorial que incluye a la Comunidad foral de Navarra dentro de una realidad política ajena a su marco jurídico, administrativo, institucional y político”, ha señalado Ibarrola.

También PP y Vox se han quejado en Navarra por la nueva equipación del Athletic Club. “Es inaceptable que el fútbol se utilice para exhibir símbolos que denigran la identidad de Navarra”, ha denunciado el presidente del PP navarro, Javier García, quien ha reclamado al Athletic que retire el escudo de su equipación. “El club donde anida el cariño a ETA”, ha espetado la cuenta de Vox Navarra en la red social X.

El Gobierno de Navarra dice que “no se ven comprometidos o mal utilizados los símbolos oficiales”

También se ha pronunciado el Gobierno de Navarra. Su vicepresidente primero y portavoz, Javier Remírez, ha asegurado que en la nueva camiseta del Athletic “no se ven comprometidos o mal utilizados los símbolos oficiales de Navarra”.

En un mensaje en X ha explicado que, además se trata de una entidad “calificada legalmente como asociación privada, es decir, no es una administración pública ni entidad dependiente de una institución pública”. “A partir de aquí el uso de símbolos no oficiales por parte una entidad privada no le corresponde posicionarse al Gobierno de Navarra ni a su ámbito competencial”, ha apostillado.

Con todo, ha asegurado que el Gobierno de Navarra “reivindica sus símbolos oficiales como reflejo de su institucionalidad como Comunidad Foral propia y diferenciada”.

Tras la crisis política surgida entre los socios del Gobierno de María Chivite tras la aprobación de una ley presentada por UPN con la abstención de Geroa Bai, socio del Ejecutivo, y EH Bildu, socio presupuestario, el Departamento de Educación trabaja ahora para que el blindaje a la concertada condicione lo menos posible la planificación educativa del próximo curso. Pero este jueves el consejero Carlos Gimeno ya ha alertado que uno de los efectos que tendrá será un incremento de la “segregación educativa”.

Gimeno ha explicado que la ley “tiene un título de EH Bildu, dos artículos de UPN y una disposición derogatoria de EH Bildu”. “Es una ley absolutamente Frankenstein, es un absoluto galimatías”, ha asegurado. El consejero, que ha respondido a una pregunta de Contigo/Zurekin en el pleno del Parlamento de Navarra sobre la planificación educativa para el próximo curso, ha advertido de “las dificultades que va a tener la educación pública con la ley foral”. “La ley no habla de la educación pública, solamente de la educación concertada”, ha indicado.

Además, ha considerado que “la disposición transitoria es un auténtico embrollo”. “Se está consultando con varias instancias jurídicas. ¿Qué se mantiene? ¿El número global de unidades? ¿El número global de unidades de los centros que se reducen?”, se ha preguntado.

El consejero ha sostenido que la ley “va a afectar a todas las etapas y va a afectar a los actos de adjudicación de plazas del profesorado que va a aspirar a tener un contrato administrativo”. “De momento, anticipo que los maestros funcionarios, tanto los provisionales como los desplazados, como en las comisiones de servicios, no van a poder coger plaza en el mes de junio. Tampoco la van a poder coger los especialistas de audición de lenguaje y tampoco los profesionales de minorías”, ha señalado.

Gimeno ha asegurado el Departamento trabaja “denodadamente para salvar los actos de adjudicación de Secundaria, porque obviamente hay mucha competencia de ese profesorado entre todas las comunidades autónomas y hay perfiles que escasean en esas especialidades”. “Por lo tanto, es peligroso no llegar a los actos de adjudicación de junio, un acto que suele pasar desapreciado pero que da un plus de garantía de calidad al sistema educativo y que siempre este Gobierno lo ha hecho en junio para que los directores puedan saber con qué plantilla van a contar, con qué perfiles van a contar, y para que el profesorado tenga la tranquilidad y pueda trabajar en una planificación absoluta”, ha indicado.

Además, el consejero ha asegurado que “lo peor está por llegar”. “Lo peor es que no dice nada la ley de la planificación, no dice nada de qué hacemos con las unidades necesarias y las necesidades planificadas, no dice absolutamente nada, solo habla que se mantengan y, por lo tanto, eso no satisface ni los derechos de la educación ni las necesidades del sistema”. “Trabajamos jurídicamente en el seno de la ley orgánica de Educación, en la propuesta que hace la ley para que exista una oferta pública de calidad y de cantidad suficiente en el seno también de la programación general de la enseñanza de los centros, para poder garantizar esta cuestión, porque sí que queda muy clara en la ley que queda blindada la educación concertada”. “Todos esos inconvenientes, todas esas incógnitas aparecen en la educación pública”, ha indicado.

El consejero navarro de Educación ha negado este miércoles sentirse “desautorizado” después de que la pasada semana el Parlamento foral aprobara con la abstención de Geroa Bai, socio del PSN en el Ejecutivo de María Chivite, una proposición de ley de UPN para tumbar la resolución de Educación que retiraba el concierto educativo a 14 aulas de la privada por la caída de la natalidad. “Todo lo contrario, me siento un privilegiado”, ha solemnizado Carlos Gimeno, que ha asegurado que ha tenido el respaldo “desde el principio hasta el final” tanto de la presidenta como de otros miembros del Gobierno navarro “por una causa absolutamente justa que es trabajar por la escuela pública”.

“Desde el primer día mi puesto está absolutamente a disposición de la presidenta del Gobierno y nunca he temido por mi puesto, insisto, he tenido el respaldo de la presidenta del gobierno en toda esta cuestión y yo se lo agradezco públicamente”, ha añadido el consejero Gimeno, que el pasado jueves quedó señalado tras la aprobación de la ley de UPN con el respaldo de Geroa Bai y el socio presupuestario del Gobierno, EH Bildu, que se abstuvieron.

Tanto Geroa Bai como EH Bildu acusaron al cnsejero de Educación de haber aprobado una resolución sin contar con mayoría parlamentaria y sin haber negociado previamente. Gimeno ha respondido este miércoles que ese es un “error de concepto”.  “Cuando se hace una resolución con unos criterios técnicos enmarcados en la ley, se hacen teniendo en cuenta que hay un marco, que es el acuerdo programático. Si luego se ha discrepado sobre esa cuestión, pues es una circunstancia que creo que no me compete en ese sentido. Es una cuestión que ya compete a los grupos parlamentarios que sustentan al Ejecutivo, que creo que han solventado perfectamente esta cuestión”, ha apuntado.

En este sentido, ha añadido que lo que ha hecho el Departamento que él lidera es “poner en la agenda social, educativa y política de esta comunidad una injusticia que se estaba o que se está estableciendo en contra de la escuela pública”. “Creo que eso ya es una circunstancia importante para poder contemplar en las planificaciones educativas y en las mesas de trabajo y en las circunstancias que se establezcan por los grupos parlamentarios”.

Califica de “embrollo” la ley que blinda los conciertos

El consejero de Educación también ha avanzado que el Departamento trabaja ya con la asesoría jurídica del Gobierno para hacer “una aplicación lo más adecuada posible” de la ley de UPN que blinda los conciertos educativos. Según ha añadido, se están encontrando con “un embrollo” y “dificultades” para ver la forma en la que se va a aplicar la norma.

“Existen muchas dudas en la aplicación de la ley y puede repercutir en varias cuestiones, como en la adjudicación de actos para los destinos de los funcionarios, del profesorado, en la adjudicación de las plazas, en la planificación del Departamento. Existen varios aspectos que hay que resolver y estamos en ello”, ha dicho.

En cuanto a la posibilidad de tener que repetir el proceso de matriculación, ha respondido que “sí que va a haber una reasignación de plazas derivadas de la ley”. “Existe un riesgo cierto de poder hacer otra reasignación de plazas por, de alguna manera, fallos judiciales que se pueden producir en los próximos días”, ha indicado.

En respuesta a si quienes ya tienen la plaza asignada en el centro que deseaban en su primera opción van a ver en riesgo su plaza, Gimeno ha señalado que “no”, ya que “esta primera reasignación es una reasignación pacífica, por el hecho de que hay sobreabundancia de plazas”. “Por lo tanto, entiendo que será ir a la plaza que ellos desean, pero también hay fallos que se pueden establecer por el TSJN, que son recursos que están ahí, que por lo tanto no sabemos cómo se van a resolver y puede haber ese riesgo de volver a readmitir o poder reasignar esas plazas”, ha dicho.

Ni el presunto caso de corrupción que afecta al ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán, cuya derivada salpica a varias obras públicas en Navarra, ni los sobrecostes injustificados de la obra de los túneles de Belate, ni la fractura con el servicio de Traumatología que ha disparado las listas de espera en Salud. La crisis que casi se lleva por delante el Gobierno de María Chivite, uno de los únicos cuatro socialistas al frente de ejecutivos autonómicos, la han provocado los conciertos educativos, y en concreto el que afecta a la ikastola de Estella. Geroa Bai, socio del PSN en el Ejecutivo navarro, apoyó este pasado jueves con su abstención una proposición de ley de UPN a la que se le incluyeron varias enmiendas de EH Bildu y que blinda durante un año los conciertos a la privada al revocar una resolución del Departamento de Educación por la cual se retiraba la financiación pública a 14 líneas de la privada (cinco de ellas en ikastolas) por la caída de la natalidad y de la matrícula.

Si bien las posturas en torno a la concertada siempre han estado distantes entre PSN y Geroa Bai, la ruptura total la ha provocado una pequeña ikastola situada en Estella. En este centro privado de enseñanza en euskera financiado con fondos públicos se matricularon para el próximo curso escolar 31 alumnos para el aula de tres años. Según las condiciones que puso Educación para renovar los conciertos, con ese número de inscripciones al centro le corresponde una única aula de 25 escolares. Los seis restantes serían derivados a la escuela pública del mismo municipio y donde se imparte el modelo D de enseñanza en euskera. La ikastola, que asegura que Educación les retiró “de la noche a la mañana” la segunda línea, pidió que se le concediera el concierto para la segunda aula, algo que Educación rechazó porque para llegar a la ratio mínima para desdoblar sería necesaria la matrícula de al menos un alumno más.

En ese contexto, la coalición de Socialverdes y PNV acordó el miércoles por la mañana con los socialistas que todos los centros concertados pudieran participar “en el proceso de matriculación extraordinaria en condiciones de equidad”. Es decir, que si la ikastola de Estella lograse antes de agosto la inscripción de un alumno más, se le concedería una segunda línea en el curso de tres años. Pero poco después del anuncio del acuerdo la patronal de las ikastolas salió a denunciar que lo pactado entre los socios no satisfacía sus demandas. Así, a las pocas horas de cerrar un acuerdo Geroa Bai anunció que lo rompía porque no se daban las “garantías suficientes” para lograr una segunda línea en la ikastola de Estella.

El cambio de postura en un espacio de cuatro horas enfadó y mucho a los socialistas, que daban ya por cerrada una vía de agua en la coalición de gobierno que se había enquistado. Geroa Bai envió entonces una última propuesta al PSN en el que le planteaba cinco puntos para cerrar un acuerdo de mínimos. Todos ellos fueron aceptados por los socialistas salvo el primero, el referido a la ikastola de Estella. La coalición impulsada por Uxue Barkos pedía al partido de Chivite que aceptara el recurso de alzada de este centro “con inmediatez” para concederle así la segunda aula. El PSN acusó en este punto a sus socios de exigirles “vulnerar la ley” y “prevaricar”, como verbalizó el consejero Carlos Gimeno, porque supondría aceptar el recurso de la ikastola para desdoblar el aula sin tener en cuenta los criterios técnicos y jurídicos que fijan las ratios mínimas.

Sobrevoló la idea de un adelanto electoral

Y así llegaron las partes al pleno del jueves en el que se debatía la proposición de ley de UPN para blindar la concertada. Geroa Bai ya había avisado al PSN de que si no llegaban a un acuerdo facilitarían la aprobación de la ley del principal partido de la oposición, que tenía visos de salir adelante porque el socio presupuestario del Ejecutivo, EH Bildu, había presentado varias enmiendas para apoyarla, lo que auguraba una dura derrota del PSN.

Los pasillos del Parlamento de Navarra vivieron una mañana ajetreada de corrillos y reuniones entre grupos. Fuentes consultadas señalan que varios miembros de la ejecutiva del PSN le pidieron a Chivite que rompiera con sus socios, órdago que desde Geroa Bai aseguran que se les llegó a lanzar en alguna de las “intensas” reuniones que mantuvieron a escasas horas del pleno. Se llegó a solicitar un informe a los servicios jurídicos del Gobierno foral para saber la fecha límite para convocar elecciones anticipadas porque existían diferentes interpretaciones del artículo de la LORAFNA, el equivalente navarro al estatuto en el resto de autonomías, que indica que la presidenta no puede disolver el Parlamento “cuando reste menos de un año para la terminación de legislatura”.

El rumor de un posible adelanto electoral llegó incluso a la tribuna del Parlamento navarro, donde la tensión era tal que una diputada con un viaje a México reservado para julio no podía ocultar su nerviosismo ante la posibilidad de tener que cancelarlo si se acudía a las urnas en verano.

Con este clima de tensión entre socios hubo llamadas al más alto nivel en las que se disuadió a Chivite de la posibilidad de romper uno de los únicos cuatro gobiernos autonómicos liderados por un socialista y, además, en vísperas de las elecciones andaluzas. También desde el círculo más cercano de la presidenta consideraron un mal escenario acudir a las urnas tras un revés político o, en su caso, continuar lo que resta de legislatura con un Ejecutivo todavía más en minoría que el actual.

Finalmente, Chivite optó por que la sangre no llegase al río y evitó romper su gobierno de coalición. Tras la aprobación en el pleno de la proposición de ley de UPN con las abstenciones de Geroa Bai y EH Bildu, el 'número dos' de la presidenta en el Gobierno, Javier Remírez, emplazó a sus socios (Geroa Bai y Contigo/Zurekin) a una reunión, que se celebrará este lunes por la tarde, para “valorar” y “en su caso ratificar” el “compromiso político” de legislatura que alcanzaron en 2023.

Pero las relaciones en la coalición han quedado muy tocadas, hasta el punto de que el tercero de los socios, Contigo/Zurekin (Podemos, IU, Batzarre y otros), habla ya de que se ha “quebrado la confianza” porque no es la primera vez que Geroa Bai se desmarca para pactar con la derecha. Hace unos meses se unió también a UPN para tumbar la derogación que planteaban sus socios al blindaje de los profesores de religión en la escuela pública, a la que entraron sin hacer oposición y seleccionados por el arzobispo. Este lunes se buscará templar las aguas.

El Gobierno de Navarra, a instancias de la Dirección General de Políticas Migratorias, ha interpuesto recurso contencioso-administrativo contra la convocatoria de ayudas por nacimiento del Ayuntamiento de Valtierra, gobernado por UPN, para este año 2026 por considerar que sus bases conllevan la vulneración del principio fundamental de igualdad y no discriminación al exigir un mínimo de 20 años de padrón para acceder a la ayuda. 

Se trata de la misma convocatoria de ayudas cuya legalidad ya fue cuestionada el año pasado por el Consejo de Navarra- el máximo órgano consultivo de la comunidad foral- por ser discriminatoria. El alcalde del municipio, el regionalista Manuel Resa Conde, ya ha sido llevado a la Fiscalía por unas declaraciones en las que se opuso a la acogida de los menores migrantes no acompañados y en las que instaba, entre otras cosas, a ir “a degüello” contra ellos.

La vicepresidenta tercera y Consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, ha calificado esta convocatoria como “un claro ejemplo de políticas con un marcado carácter racista, supremacista y xenófobo que vulneran los más elementales principios fundamentales, ejerciendo un evidente trato discriminatorio a una parte importante de la población de Valtierra. Ante ello – ha explicado la vicepresidenta-, el Gobierno de Navarra seguirá utilizado todos los medios a su alcance para evitar que se genera una ciudadanía de primera y otra de segunda, ahondando en las desigualdades existentes. 

La convocatoria, publicitada en el Boletín Oficial de Navarra (BON) el 9 de abril de 2026, establece entre sus requisitos que al menos uno de los progenitores deberá estar empadronado en Valtierra de forma ininterrumpida durante los 20 años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud de la ayuda de nacimiento. Además, se solicita que los menores permanezcan empadronados durante 20 años ininterrumpidos en la localidad.

La convocatoria de ayudas por nacimiento del Ayuntamiento de Valtierra para este año 2026 tiene similares características a la aprobada para el año anterior, y sobre la cual el Consejo de Navarra, a instancia del Gobierno de Navarra, emitió un dictamen que cuestionaba la adecuación de dicha convocatoria al ordenamiento jurídico. 

Desde la Dirección General de Políticas Migratorias se considera que los requisitos, analizados conjuntamente, pueden generar efectos excluyentes sobre determinados colectivos, en particular personas de origen migrante o con menor arraigo temporal en el municipio, a pesar de que tengan su residencia habitual en él.

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha evitado romper su Gobierno de coalición a pesar de que su principal socio, Geroa Bai, ha votado con UPN el blindaje a la concertada. Los dos, además de EH Bildu, han aprobado una proposición de ley foral presentada por los regionalistas a la que se le han añadido unas enmiendas presentadas por la coalición abertzale para incluir una moratoria de un año a la resolución del Departamento de Educación de no renovar el concierto a 14 líneas de la red privada.

La brecha que ha estado a punto de llevarse por delante el Gobierno navarro surgió hace unas semanas cuando el consejero de Educación, el socialista Carlos Gimeno, anunció que no se renovaría el concierto a 14 líneas para que la caída de la natalidad no se cebara con la red pública, la que más se resiente con el descenso de matrículas porque el sistema de renovación de conciertos se da cada cuatro años cuando en la red pública las líneas se revisan anualmente.

La medida contó con el rechazo de UPN, PP y Vox, pero también con el del socio del PSN en el Ejecutivo Geroa Bai y el de EH Bildu, socio presupuestario. ¿El motivo? El cierre de aulas afecta a varias ikastolas, escuelas privadas de enseñanza en euskera financiadas con fondos públicos.

UPN presentó en el Parlamento de Navarra una proposición de ley foral, que se ha debatido este jueves, para blindar los conciertos educativos revirtiendo el cierre anunciado por Educación. Geroa Bai amagó con apoyarla a pesar de que en el acuerdo programático de legislatura pactado con los socialistas en 2023 para investir a Chivite presidenta se recogió el compromiso de “no aumentar las unidades concertadas y reducir las unidades concertadas cuando no haya demanda suficiente”. EH Bildu también se mostró abierto a apoyar la ley de los regionalistas.

Así, durante semanas los socios del Gobierno navarro han estado negociando un acuerdo que evitase una importante crisis del Ejecutivo. El miércoles, a menos de 24 horas de que se votase en el pleno la ley de UPN, alcanzaron un acuerdo de mínimos que a las pocas horas Geroa Bai dio por roto porque no se daban “las garantías suficientes” para mantener un aula más en la ikastola de Estella, donde se han preinscrito 31 alumnos y, según las ratios, le corresponde una única aula de 25 alumnos, quedándose así fuera seis.

La coalición de PNV y Socialverdes pidió al PSN que rectificase y desdoblara una segunda aula de tres años en la citada ikastola, cuestión que los socialistas rechazaron por no llegar a la ratio mínima por un alumno.

Y así se ha llegado al pleno de este jueves. PSN y Geroa Bai han intentado sin éxito alcanzar un acuerdo in extremis y las negociaciones han quedado totalmente rotas. En el pleno se ha aprobado la proposición de ley presentada por UPN pero a la que se le han añadido unas enmiendas de sustitución presentadas por EH Bildu. Así, se ha aprobado una moratoria de un año al cierre de las 14 aulas de la concertada y derogar la resolución aprobada por el Departamento de Educación que incluía el cierre de las aulas.

“Están pidiendo que se financien aulas de la privada vacías y que tienen menos ratios que las de la pública”, le ha reprochado el consejero de Educación, Carlos Gimeno, a la oposición, así como a sus socios de Geroa Bai y a EH Bildu.

De esta forma las relaciones entre los socios han quedado tocadas, pero Chivite ha evitado que la mayor crisis de gobierno desde que es presidenta haya terminado con una ruptura de su Ejecutivo. El PSN ha emplazado a sus socios a una reunión para “valorar” y “en su caso ratificar” el “compromiso político” de legislatura que alcanzaron en 2023.

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha sido la última persona en comparecer ante la comisión de investigación sobre la derivada navarra del 'caso Koldo' en el Parlamento foral, que este miércoles finaliza sus trabajos, a falta de la redacción del dictamen, tras más de nueve meses de comparecencias. Una vez más ha reiterado la “honestidad” del Gobierno que ella lidera respecto a las obras adjudicadas a la UTE de Acciona y Servinabar 2000. “Pongo mi honestidad como aval a mi responsabilidad política. Nadie ha encontrado ni encontrará un delito”, ha aseverado.

Chivite ha recordado que las obras para el desdoblamiento del túnel de Belate no está siendo investigadas por el momento por la Justicia. Este es el contrato más alto (76 millones de euros) que el Ejecutivo navarro ha adjudicado a las empresas investigadas por una posible trama de corrupción que según la Guardia Civil estaría liderada por el ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán.

Así, ha reprochado al portavoz de UPN, Javier Esparza, que quiera “darle la vuelta a la prueba” y que “se tenga que demostrar la inocencia” en lugar de la culpabilidad. “Yo no voy a asumir responsabilidades políticas por algo que no ha ocurrido”, ha asegurado. 

Ahondando en Belate, ha afirmado que ella como presidenta “no puede intervenir” en una mesa de contratación y ha recordado que “todos” los miembros de aquella mesa declararon en la misma comisión que “no hubo ni instrucción ni injerencia política” para que modificasen sus puntuaciones.

 “Al respecto de las puntuaciones, ya he dicho que hemos modificado algunas de las lagunas que había en los procedimientos de las mesas de contratación y puedo explicar qué mejoras hemos introducido ya en los procesos de licitación de las obras públicas”. Ha hablado así de “la digitalización de los expedientes; la mejora en los criterios de adjudicación incluyendo en los pliegos criterios con una puntuación diferenciada, de forma que se concretan los aspectos que se valoran en las adjudicaciones y su relevancia en las mismas”.

Chivite también ha apuntado que cuando se adjudicó la obra nadie sabía de la “presunta” participación de Cerdán en la mercantil señalada por la UCO.

A este respecto, ha señalado que fue un “shock” para ella la publicación del informe en el que los agentes de la Guardia Civil desvelaron que Cerdán había adquirido en 2016 el 45% de las participaciones de Servinabar 2000 tras haber encontrado un documento privado en el trastero del empresario vasco Antxon Alonso en el registro de su domicilio. “Cuando salieron los rumores hablé con él (Santos Cerdán) y me dijo que todo eran rumores, que era falso”, ha añadido Chivite, que ha repetido que no ha vuelto a hablar con Cerdán desde que se conoció el informe.

“Cerdán no negoció la moción de censura en Pamplona”

Javier Esparza ha centrado gran parte de su interrogatorio a la presidenta en la figura de Santos Cerdán, a quien consideran muñidor de los pactos de Gobierno de Chivite y de la moción de censura a UPN en el Ayuntamiento de Pamplona para investir a Joseba Asiron, de EH Bildu.

“La moción de censura en Pamplona se habló, se acordó, se negoció y se decidió tanto en una asamblea del PSN de Pamplona como en una reunión de la Comisión Ejecutiva del PSN”, ha aseverado Chivite, que sí ha reconocido que “se informó a los órganos del partido” de la decisión de hacer alcalde al candidato de EH Bildu.

De igual manera, ha indicado que la negociación del Gobierno de Navarra también se llevó en la comunidad foral. “Para conformar Gobierno no tengo que pedir autorización a Ferraz, tengo que someterme al comité regional del PSN, otra cosa es que el partido esté informado”.

“Es falso que necesite una autorización de Ferraz y si quiere le remito los estatutos de nuestro partido. Otra cosa, porque somos un partido de estructura federal, es que se esté informado de las cosas que se hablan en otras federaciones”, ha finalizado.

Mantiene la “confiaza política” en Alzórriz

Cuestionada por Ramón Alzórriz, su ex 'número dos' en el PSN a quien forzó a dimitir por haberle ocultarle que su pareja había trabajado en Servinabar 2000, ha manifestado que aquel día le retiró su “confiaza personal” pero que mantiene la “política”. “Sin duda”, ha añadido.

“Cada uno puede trabajar donde quiera, pero es algo que tenía que haber sabido, y como no me lo dijo, tuve que tomar esa decisión”, ha señalado, para negar que pactara con él mantenerlo como parlamentario. “Le retiré mi confianza personal, que no política, porque hasta donde yo sé no ha cometido ningún delito”, ha indicado.

Hace unos días, la titular de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona plaza número 5 ha remitió al Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) una denuncia de Vox por las obras que realizó en su domicilio Ramón Alzórriz. Las obras las realizó la empresa Adentro Construimos, la misma a la que el Gobierno de Navarra le adjudicó los cuatro contratos para la reconstrucción del parque natural de Sendaviva tras el incendio que lo calcinó en verano de 2022.

La comisión de investigación del Parlamento de Navarra que analiza las obras adjudicadas por el Gobierno foral a la UTE de Acciona y Servinabar 2000 encara esta semana su recta final con las comparecencias de la expresidenta Uxue Barkos y la actual jefa del Ejecutivo navarro, María Chivite. Este martes ha sido el turno de la expresidenta Barkos, que ha circunscrito su relación con el empresario vasco Antxon Alonso, el socio de Cerdán en la mercantil Servinabar 2000 según la UCO, al proyecto Mina Muga.

La ahora senadora autonómica ha asegurado que, pese a que mantuvo una relación “cordial” con Alonso (“incluso más cuando dejé el Gobierno”), su Ejecutivo no dio un “trato preferencial” a Servinabar 2000. Así, ha añadido que fueron “muy pocas” las reuniones que mantuvo con el empresario y ha aseverado que no ha vuelto a hablar con él desde que se conoció el informe de la UCO de la Guardia Civil que sitúa a Servinabar como la empresa que funcionaba como vehículo para el cobro de comisiones ilegales por la presunta trama de corrupción.

Barkos ha asegurado que nunca habló con Alonso de obras públicas y que “de ninguna manera” sospechó de la existencia de la presunta trama de corrupción investigada. “Si al final los tribunales detallan efectivamente que lo que la UCO apunta es así, Navarra no es, ni mucho menos por dimensión, el ámbito de desarrollo de esa trama”, ha apostillado.

Sobre un correo que, según la UCO, Antxon Alonso habría escrito para enviárselo a Uxue Barkos sobre distintas cuestiones relacionadas con Mina Muga, la expresidenta ha precisado que “no existe constancia” de que ese correo fuera enviado al correo de la Presidencia del Gobierno. “Es un correo que está hablando de cuál es la marcha de la Declaración de Impacto Ambiental, que se está tramitando en el Gobierno de España”, ha explicado.

Sí que ha reconocido que se tomó una fotografía con Alonso en un local de hostelería cercano a la plaza de toros de Pamplona durante los Sanfermines que ha enmarcado en uno de los “muchos encuentros cordiales” que ha mantenido con empresarios a lo largo de su presidencia.

Durante su presidencia el Gobierno de Navarra adjudicó un total de cuatro obras a la UTE de Acciona y Servinabar (una de ellas, la del colegio de Arbizu, fue en realidad a una UTE Acciona con Alegure, empresa hermana de Servinabar). Barkos ha defendido que fueron obras que se adjudicaron con “normalidad” y en cuyo proceso de licitación ella nunca participó. “Dijimos desde el principio que no existía caso alguno de corrupción. Creo que ha quedado perfectamente acreditado a lo largo de esta comisión”, ha solemnizado.

No negoció con Cerdán las coaliciones de gobierno

La expresidenta también ha sido interrogada por su relación con el ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán, a quien ha dicho que conoció durante su etapa como parlamentario del PSN.

Uxue Barkos ha negado que negociase con él las coaliciones de gobierno con el PSN en los años 2019 y 2023 y ha asegurado que siempre lo hizo con la secretaria general de los socialistas navarros, la actual presidenta María Chivite. “Comprenderá que yo no voy a entrar ni a justificar, ni avalar cuál es su estructura ni cuál es su equilibrio de poder”, ha apostillado.

Así, ha afeado al portavoz de UPN, Javier Esparza, que haya querido “remarcar la relación de determinadas personas en la conformación de un Gobierno, como si aquello manchara la legitimidad de un Gobierno”.

Los socios del Gobierno de Navarra apuran las negociaciones para tratar de evitar la que sería una de las grandes crisis de la coalición desde que María Chivite es presidenta. El jueves se votará en el pleno del Parlamento foral una proposición de ley de UPN para blindar los conciertos a privada después de que Educación, Departamento en el que está al frente el socialista Carlos Gimeno, anunciase que no se renovará en 14 aulas de tres años por la caída de la natalidad. Geroa Bai, socio del Ejecutivo, y EH Bildu, socio presupuestario, amagan con apoyar la propuesta de los regionalistas porque el cierre de aulas afecta a varias ikastolas, escuelas privadas de enseñanza en euskera financiadas con fondos públicos.

Fuentes del Gobierno navarro señalan a este periódico que la situación, a tres días de que se celebre la votación, es “grave” porque todavía no hay acuerdo entre los socios y porque, de aprobarse la proposición de los regionalistas, Educación se vería obligada a rehacer el proceso de matrícula, con los inconvenientes que ello conlleva para las familias, que ya tienen las plazas adjudicadas. “Algunas podrían perderla”, alertaba hace unos días el consejero. Además, un informe de Educación también apuntó que la propuesta de UPN tiene “visos de inconstitucionalidad”.

Con todo, los socios de Chivite confían en llegar a un acuerdo antes del jueves para impedir una victoria de la oposición de derechas con el apoyo de Geroa Bai y EH Bildu —bastaría con que se abstuvieran—, que generaría una importante brecha en el seno del Gobierno. “Encontraremos un punto de acuerdo seguro”, ha asegurado la portavoz del PSN en el Parlamento, Ainhoa Unzu. “Aspiramos a llegar a un acuerdo”, ha apostillado Pablo Azcona, portavoz de Geroa Bai.

Pero las negociaciones no están siendo fáciles. Las partes han marcado unas líneas rojas contrarias entre sí. Mientras Geroa Bai y EH Bildu exigen que no se cierren las 14 aulas a las que el consejero Gimeno anunció que retiraría el concierto por la bajada de la matrícula en 700 niños y niñas, el PSN y Contigo/Zurekin aseguran que se mantendrán en lo pactado en el acuerdo de Gobierno, en el que se recogió el compromiso de “no aumentar las unidades concertadas y reducir las unidades concertadas cuando no haya demanda suficiente”.

“Esta ley nace para blindar intereses concretos de la educación concertada”, ha criticado la portavoz socialista, que ha dicho que le resulta “difícil de digerir” que Geroa Bai y EH Bildu puedan apoyarla porque afecte a las ikastolas. Así, ha apuntado que uno de los principales escollos está siendo la situación que se ha dado en la ikastola de Estella, donde seis alumnos se han quedado sin plaza por el cierre de una segunda línea en el aula de tres años. “La red pública es la que está absorbiendo en estos momentos la demanda de la enseñanza en euskera, especialmente en las zonas rurales”, ha defendido.

“Mientras exista una zonificación del euskera en Navarra, mientras los derechos lingüísticos vengan determinados por el código postal, mientras la enseñanza en euskera no esté normalizada, bienvenidos sean todos los esfuerzos en impulso de la enseñanza en euskera”, ha defendido por su parte EH Bildu.

Mientras, UPN, líder de la oposición , trata de agrandar la crisis en el seno del Gobierno y asegura que la presidenta Chivite ha “apartado” al consejero Gimeno de las negociaciones para pasar “la responsabilidad a otra persona de su confianza”, al vicepresidente primero Javier Remírez, extremo que han desmentido desde el ala socialista del Ejecutivo navarro.

La expresidenta de Navarra Yolanda Barcina, de UPN, ha reprochado este miércoles a los grupos de la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que la hayan citado a comparecer cuando Servinabar 2000, la empresa que la UCO sitúa en el centro de la presunta trama de corrupción por la que se investiga al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, cuando esta mercantil “se constituyó 44 días después” de que ella abandonara la presidencia del Gobierno navarro.

La que fuera presidenta navarra entre los años 2011 y 2015, que ha bromeado al inicio de su intervención con que no entraba en sus “planes” regresar al Parlamento foral tras abandonar la política, ha aseverado que en la causa abierta en el Tribunal Supremo por el cobro de mordidas a cambio de la adjudicación de obra pública no aparece “ninguna” adjudicación de su Ejecutivo y ha acusado a los partidos de querer “igualar” las tres últimas legislaturas citando a las tres presidentas. “No todos somos iguales. Hay personas honradas, no honradas; corruptas, no corruptas”.

Según ha explicado, durante su mandato únicamente se “inició” la tramitación administrativa del proyecto Mina Muga, en el que según la UCO Cerdán y Koldo García entraron en contacto con Acciona. “Fue una tramitación administrativa normal y técnica, no hubo intervención política”, ha asegurado.

Sobre Servinabar ha comentado que tras ver que la Fiscalía la consideraba una empresa “creada 'ad hoc' para lucrarse con obras públicas” comprobó cuándo se había constituido y vio que fue el 4 de septiembre del 2015, cuando ella dejó de ser presidenta del Gobierno el 22 de julio de ese mismo año. “En ese sumario se está investigando principalmente a una empresa creada 'ad hoc' para lucrarse que se constituye 44 días después de dejar de ser presidenta”, ha manifestado.

“En esa causa no hay ninguna adjudicación realizada por el Gobierno de Navarra con dinero público en el mandato en el que soy presidenta. Y en ese sumario tampoco aparecen ni citado ni involucrado ningún miembro de mi Gobierno”, ha aseverado.

Preguntada por Geoalcali, la empresa promotora de Mina Muga, ha asegurado que no conocía al exdirector de la empresa Pedro Rodríguez, que en la misma comisión señaló que se había reunido con la expresidenta. “He visto la foto de ese señor en el diario y es como si no lo hubiese visto nunca, pero si él dice que ha estado conmigo, pues habré estado, ningún problema, aunque yo no lo recuerde”.

Barcina ha explicado que no recordaba cómo fueron los inicios de este proyecto, pero ha señalado que “una presidenta recibe a todo aquel que tiene algún interés por la comunidad”. “Eso es básico y va a generar riqueza, porque la riqueza la generan los empresarios, los autónomos, los que están trabajando”, ha indicado.

La expresidenta ha precisado que “una cosa es recibir, que es normal, y otra cosa es lo que pasa después, que tiene que haber un procedimiento administrativo, un expediente que lo sustente, y que intervengan los técnicos para que se cumpla ley”. Ha afirmado que ella no realizó ninguna intermediación en este proyecto y ha asegurado que se hizo “una mera tramitación administrativa sin intervención política”.

También se ha interrogado a la expresidenta Barcina por el proceso de adjudicación de la ampliación de la primera fase del Canal de Navarra durante su Gobierno, con Javier Esparza como consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local. Barcina ha defendido que este procedimiento fue “impecable” y ha expresado su “confianza total en la gestión de Javier Esparza cuando era consejero”.

El portavoz socialista, Javier Lecumberri, le ha cuestionado por el hecho de que Javier Esparza, como consejero, trasladara la recomendación del Gobierno a la mesa de contratación de dicha obra de que valorase incorporar nuevos informes, en este caso técnicos, de colegios profesionales, que estuvieran vinculados con la infraestructura.

Yolanda Barcina ha afirmado que “los controles siempre son buenos para evitar corrupción” y ha subrayado que la mesa de contratación del Canal fue “impecable”.

Un informe del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra alerta de que la proposición de ley que ha presentado UPN en el Parlamento foral para blindar los conciertos educativos en las 14 aulas de Infantil a las que se les va a retirar por la caída de la natalidad, que Geroa Bai y EH Bildu han amagado con apoyar, tiene “visos de inconstitucionalidad”. El consejero, el socialista Carlos Gimeno, ha advertido a sus socios que, de ser aprobada, tendría “gravísimas consecuencias” para el sistema educativo y para las familias. “Obligaría a rehacer el proceso de matrícula y podrían perder la plaza que ya tienen adjudicada”, ha alertado

Carlos Gimeno ha señalado que “existen serias dudas” sobre si la propuesta del partido regionalista “es acorde al ordenamiento jurídico vigente” y ha considerado que resulta “incomprensible que haya quien esté dispuesto a aprobar una ley que podría estar en contra de la Constitución”. “Es el mundo al revés y una perversión absoluta del sistema”, ha reprochado el consejero, que ha calificado la proposición de ley de “despropósito”.

Según ha explicado, UPN pretende con esta ley reducir las ratios en la educación concertada y al mismo tiempo mantener el próximo curso las unidades públicas y concertadas existentes en el curso actual. De forma, ha añadido, “que haría imposible la ampliación de nuevas unidades afectando gravemente al proceso de admisión de alumnado para el curso 2026-2027 que ya está muy avanzado”.

Tal y como ha alertado, si se aprobara la proposición de ley de UPN, Educación debería rehacer la adjudicación definitiva de puestos escolares en 1º de Infantil (aulas de 3 años) de centros concertados aplicando una ratio máxima de 23 alumnos/as por aula en vez los 25 estipulados ahora en la normativa, lo que significa que las vacantes disponibles en la mayoría de los centros concertados se reducirán y habrá alumnado que al tener que repetirse el proceso de admisión no va a tener la plaza escolar previamente adjudicada con carácter definitivo. “El número total de afectados es impredecible” ha anunciado el consejero, “puesto que, al tener que volver a resolver las admisiones, todas las solicitudes entrarían en juego con muchas menos plazas disponibles”.

Tras ello, el consejero ha subrayado que tiene la “mano tendida a propuestas que puedan estar dentro del contexto de la legalidad” y que está “abierto a planteamientos y acuerdos, pero la proposición de UPN va a perjudicar a más personas que las que pretende ayudar”. “La proposición es absolutamente incoherente, tiene una carencia de sentido absoluta y es un claro despropósito. Por intentar recuperar 15 unidades concertadas que no son necesarias para el sistema educativo se genera una incertidumbre para las 377 unidades restantes”, ha asegurado.

Carlos Gimeno ha planteado “que trasladen Geroa Bai, UPN y EH Bildu las propuestas que consideren oportunas”. “Nosotros lo que hemos hecho es aplicar una resolución de conciertos en el marco estricto de la ley ante una bajada demográfica ostensible para que la escuela pública no pierda peso”, ha dicho, para cuestionar si otros grupos “pretenden blindar la educación concertada”.

El consejero ha afirmado que “ha habido reuniones a alto nivel” entre los socios de Gobierno, aunque él no ha participado en ellas. “La idea es que se va a trasladar una propuesta, entiendo que será en el marco legal, y estamos expectantes, esperando, con toda la predisposición”, ha asegurado.

Los parlamentarios de UPN se han vestido este jueves de rojo para escenificar su “defensa” de la foralidad en el Parlamento de Navarra, donde se ha votado, y rechazado, una iniciativa presentada por el propio partido regionalista para borrar de la Constitución la disposición transitoria cuarta, aquella que abre una vía de entrada de Navarra a la comunidad vasca. Los regionalistas han acusado una vez más al PSN de “vender” Navarra al nacionalismo vasco por oponerse a la reforma.

Se trata de un debate al que UPN recurre cada cierto tiempo, pero que no abrió en los años en los que gobernó Navarra con mayoría absoluta, como le ha recordado este jueves la portavoz socialista Ainhoa Unzu. En su iniciativa, los regionalistas pedían instar al Congreso a reformar la Constitución para borrar la posible incorporación de Navarra a Euskadi. Para su defensa, los 15 parlamentarios, así como algunos invitados sentados en la tribuna, como la presidenta regionalista, Cristina Ibarrola, han acudido al debate con alguna prenda roja, color de la bandera de la comunidad foral. Además, Javier Esparza, ha defendido la iniciativa legislativa colocando en el atril una pequeña bandera de Navarra, gesto que han imitado el resto de diputados en su escaño.

La Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución contempla que el Parlamento de Navarra puede activar la anexión de Navarra a Euskadi con una simple votación por mayoría simple, que deberá ser ratificada, eso sí, en un referéndum, también por mayoría simple. Solo votarían los censados en Navarra. Tal y como está redactado el texto constitucional, Euskadi no tendría nada que decir al respecto, se presupone su disposición a incorporar Navarra como la cuarta provincia vasca.

Finalmente la iniciativa ha decaído con los votos en contra de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo/Zurekin y los únicos apoyos de UPN, PP y Vox.

Los regionalistas han vuelto a acusar al PSN de “vender” Navarra al nacionalismo vasco y querer dejar abierta la posibilidad de que la comunidad foral se incorpore a la vasca si la ciudadanía así lo reclama. “Eso es traicionar nuestra historia, traicionar a nuestros mayores, traicionar al viejo reino de Navarra. Con esta votación, el PSN se convierte en un partido antiforal”, le ha espetado Esparza a la bancada socialista. “Votan a cambio de mantenerse en el sillón, el primer paso para vender Navarra cuando sea necesario”, ha apostillado.

En el caso de Navarra, y a efectos de su incorporación al Consejo General Vasco o al régimen autonómico vasco que le sustituya, en lugar de lo que establece el artículo 143 de la Constitución, la iniciativa corresponde al Órgano Foral competente, el cual adoptará su decisión por mayoría de los miembros que lo componen. Para la validez de dicha iniciativa será preciso, además, que la decisión del Órgano Foral competente sea ratificada por referéndum expresamente convocado al efecto, y aprobado por mayoría de los votos válidos emitidos. Si la iniciativa no prosperase, solamente se podrá reproducir la misma en distinto período del mandato del Organo Foral competente, y en todo caso, cuando haya transcurrido el plazo mínimo que establece el artículo 143

Disposición Transitoria Cuarta

Del lado socialista, la parlamentaria Ainhoa Unzu ha reprochado a UPN que haya qurido llevar el debate al Congreso de los Diputados sin que se haya abierto un diálogo previo entre los gobiernos navarro y central al respecto. “Sería un precedente muy peligroso, porque si aceptáramos que una mayoría parlamentaria en Madrid puede modificar de manera unilateral elementos que afectan directamente a Navarra, pero sin contar con Navarra, mañana mismo podría cuestionar perfectamente cualquier otro elemento de nuestro autogobierno”, ha alertado la parlamentaria del PSN.

EH Bildu,Geroa Bai y Contigo/Zurekin por su parte han criticado que UPN quiera con esta reforma “quitar” y “recortar” capacidad de decisión a la ciudadanía navarra. “¿Cuál es el problema exacto que tiene UPN con la Transitoria Cuarta? ¿Que pueda haber en algún momento una mayoría que no piense como ustedes y pueda decidir democráticamente otra cosa?”, ha apuntado el portavoz de Geroa Bai Pablo Azcona. “Nuestro objetivo es la república confederada del País Vasco. Navarra formaría parte de ella con plena soberanía, porque así lo decidiría libremente la sociedad navarra. No apoyamos ninguna anexión o integración con ninguna comunidad o Estado”, ha matizado Laura Aznal, de EH Bildu.

El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza, ha reprochado al PSN que le haya citado este martes en la comisión de investigación por “revancha” por haber denunciado la adjudicación de las obras de los túneles de Belate a la UTE de Acciona, Osés y Servinabar 2000, la empresa de Antxon Alonso y Santos Cerdán. “Yo hoy estoy aquí porque soy quien ha denunciado el caso Belate, soy quien ha denunciado al Partido Socialista de Navarra y soy quien ha denunciado a Santos Cerdán”, ha aseverado.

Javier Esparza, que entre los años 2012 y 2015 fue consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del gobierno de la regionalista Yolanda Barcina, ha sido llamado a la comisión por el PSN para explicar las obras de ampliación de la zona regable de la primera fase del Canal de Navarra. Una obra que fue “absolutamente impecable”, ha solemnizado el portavoz de UPN.

Así, Esparza ha achacado su comparecencia a un “intento” de los socialistas de “esparcir la sospecha y la duda” por haber adjudicado “el mayor contrato de obra pública de la última década” en Navarra a “una UTE en la que está una empresa de la que según la Guardia Civil Cerdán es su propietario”.

“Esta comparecencia es un ataque político y personal hacia mí. Vengo yo que no tengo nada que ver con una adjudicación a ninguna presunta trama corrupta, y no viene el señor Alzórriz -exportavoz del PSN-, porque no han querido que venga cuando fue cesado por la presidenta del Gobierno el año pasado como portavoz del grupo parlamentario y como vicesecretario del PSN porque su compañera trabajaba en Servinabar”, ha añadido.

Reunión con Sánchez en 2018

Pero el portavoz regionalista ha aprovechado el interrogatorio de su compañera de partido Marta Álvarez para desvelar que el 30 de octubre de 2018 mantuvo una reunión con Pedro Sánchez la Moncloa a partir de la cual abrió una vía de diálogo con el presidente a través de quien era su director de gabinete, Iván Redondo. Así, ha asegurado que en 2019 “desde el entorno de la Moncloa” le trasladaron que “Pedro Sánchez no quería un acuerdo con EH Bildu en Navarra”. En agosto de ese año la socialista María Chivite fue investida presidenta de la comunidad foral tras alcanzar un acuerdo con Geroa Bai y Podemos y con el apoyo indirecto en forma de abstención de EH Bildu.

Esparza ha añadido que esos mismos contactos de la Moncloa le informaron que el PSOE quiso conformar una comisión gestora en Navarra “para quitar a María Chivite” de la secretaria general del PSN. “Los nombres de esa gestora que se proponían, los que me llegaron a mí, son el que hoy es vicepresidente del Gobierno, el señor Javier Remírez, y otro, creo que ya no está en la actividad política, se llama Guzmán Garmendia”, ha afirmado.

El portavoz de UPN ha confirmado que en 2017, cuando la presidenta de Navarra era Uxue Barkos (Geroa Bai), mantuvo un encuentro con Santos Cerdán, a la que también acudió el regionalista Óscar Arizcuren, para “tantear el clima político de un posible acuerdo después de las elecciones del 2019”. Tras la negativa de Cerdán, ha añadido Esparza, UPN exploró la vía de un acuerdo, que finalmente acabaron cerrando, con Ciudadanos y PP para conformar Navarra Suma.

Geroa Bai, socio del PSN en el Gobierno de Navarra, amaga ahora con sumarse a la oposición y apoyar la proposición de ley con la que UPN pretende blindar los conciertos educativos en la escuela privada después de que Educación anunciase que por la caída de la natalidad, que se ceba especialmente en la red pública, se va a retirar el concierto a 14 líneas de la privada en Infantil. “Si lo que no le permite al consejero dar respuesta a las necesidades ciudadanas es la ley, igual hay que cambiarla”, ha señalado el portavoz parlamentario de la coalición de Socialverdes y PNV, Pablo Azcona.

Se trata de una proposición de ley que UPN ha llevado al Parlamento foral para que no se dejen de financiar líneas educativas en la red privada y para igualar las ratios a las de la escuela pública. Geroa Bai y el socio presupuestario del Ejecutivo de María Chivite, EH Bildu, que se han mostrado en contra del cierre de aulas en la concertada porque afecta a varias ikastolas, por el momento han permitido con su apoyo que la propuesta de ley sea tramitada por la vía de urgencia, es decir, sin posibilidad de añadir enmiendas. La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, se ha mostrado, sin embargo, confiada en que Educación revierta su decisión. “Hay margen para acordar”, ha apuntado.

En la misma línea se ha mostrado Geroa Bai, que ha considerado un avance “positivo” que el consejero Carlos Gimeno anunciase que finalmente no se cerrarán 19 aulas de 3 años en centros públicos. “Nuestra voluntad es solucionarlo con los socios del Gobierno”, ha explicado Pablo Azcona para añadir que si no se consigue llegar a un acuerdo, abrirán la puerta a apoyar la proposición de ley de UPN.

Desde el PSN, principal socio del Gobierno de Navarra, su portavoz, Ainhoa Unzu, ha alertado de que la propuesta de los regionalistas tiene “claros tintes de ilegalidad” y han anunciado que van a solicitar al Consejo de Navarra, junto con el otro socio del Ejecutivo, Contigo/Zurekin, un informe que determine si lo que plantea UPN es legal. “Vamos a seguir defendiendo la escuela pública, aunque a veces nos quedemos en minoría, porque preferimos quedarnos solos defendiendo lo correcto”, ha aseverado Ainhoa Unzu, que ha recordado que en el acuerdo programático que las tres formaciones firmaron en 2023 para investir a María Chivite se recogió el compromiso de “no aumentar las unidades concertadas y reducir las unidades concertadas cuando no haya demanda suficiente”.

Según datos del Departamento de Educación, mantener la financiación pública a las 14 aulas de la red privada a las que se le va a retirar el concierto por la falta de demanda tendría un coste anual de 1,3 millones de euros. Según estos mismos datos, tan solo seis solicitudes en ikastolas se han quedado sin su primera opción y que el 98% del alumnado ha entrado en su primera opción.

Sobre la propuesta de UPN de igualar las ratios de la pública con la concertada, Educación apunta que esa medida supondría la necesidad de crear 82 nuevas líneas en la red privada que tendrían un coste anual de 8 millones de euros. “¿Un partido que se denomina de izquierdas puede apoyar esto? ¿Alguien que está hablando de igualdad y justicia social puede apoyar una operación diseñada para privilegiar a quien ya parte de una situación más favorecida?”, ha planteado la portavoz socialista.

La exconsejera de Economía e Industria del último gobierno de UPN en Navarra liderado por Yolanda Barcina, Lourdes Goicoechea, ha negado este martes en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que analiza las obras adjudicadas a la UTE de Acciona y Servinabar 2000 haber conocido a Antxon Alonso, el dueño de la mercantil que la UCO de la Guardia Civil sitúa en el epicentro de la presunta trama de corrupción por el cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública.

Fue durante el gobierno regionalista (2011-2015) cuando se inició la tramitación para Mina Muga, un proyecto para la instalación de una mina de potasa en la frontera entre Navarra y Aragón, y que según la UCO fue donde Santos Cerdán y Koldo García iniciaron sus contactos con Acciona. Sin embargo, la exconsejera de UPN ha señalado que el “único recuerdo” que tiene del proyecto es que fue “una tramitación administrativa muy técnica” y ha asegurado “no tener conciencia” de haberse reunido con representantes de Geoalcali, la empresa minera promotora del proyecto.

Así, Lourdes Goicocechea, ha explicado que como responsable de Industria mantenía reuniones con personas interesadas en impulsar proyectos en Navarra, pero cuestionada por Mina Muga ha apuntado que su trabajo se limitó a ser informada del trámite administrativo y no ha sabido decir si se reunió o no con Pedro Rodríguez, directivo de Geoalcali, que la semana pasada, en el mismo foro, sí manifestó que había hablado con Lourdes Goicoechea, entre otros muchos cargos de distinto color político. “No tengo conciencia, ha pasado muchísimo tiempo”, ha apostillado la exconsejera.

La responsable de Economía e Industria en el Gobierno de Barcina ha explicado que tampoco tuvo “ningún conocimiento” de que se pudiera haber firmado algún tipo de acuerdo entre Servinabar 2000 y Acciona para gestionar la obra del proyecto de Mina Muga. “Servinabar se constituyó en septiembre de 2015 y salí del Gobierno en julio de 2015”, ha dicho, para recordar que “han pasado más de 10 años” desde que abandonó la consejería. “A mí lo que me requerían era, institucional o políticamente, mi intervención, por supuesto, que no para el proyecto de Mina Muga, sino para todos los que hiciera falta; pero yo el recuerdo que tengo de esto es que fue una tramitación administrativa de un proyecto complejo”, ha dicho.

Según ha explicado el proyecto implicaba al Gobierno de Navarra, al de Aragón y al de España y en junio de 2015 se acordó una encomienda de colaboración de las tres administraciones para que el órgano sustantivo fuera el Estado. En 2021 Geolcali obtuvo la concesión del Ministerio para la Transición Ecológica, así como de los Gobiernos de Navarra (ya con la socialista María Chivite como presidenta) y de Aragón (presidido por el también socialista Javier Lambán) para la puesta en marcha del proyecto. Pero un recurso de Ecologistas en Acción y Sustrai Erakuntza hizi que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra diera la razón a los grupos ecologistas y anulara la concesión en septiembre de 2024 al considerar que el proyecto debía haberse llevado a cabo con un procedimiento único de tramitación y no mediante un fraccionamiento del proyecto entre las tres administraciones (Gobierno de España, de Navarra y de Aragón).

Lourdes Goicoechea ha asegurado que no recibió ninguna indicación por parte de algún cargo de UPN y que no hubo injerencias políticas para sacar adelante el proyecto Mina Muga. Al mismo tiempo, ha manifestado que nunca ha hablado con Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, sobre este proyecto y que no conoce ni a Koldo García.

EH Bildu se ha sumado a las críticas de UPN, Geroa Bai y PP a la medida anunciada por el Departamento de Educación que dirige el socialista Carlos Gimeno de no renovar el concierto educativo de 14 líneas de la red privada en Infantil (cinco en ikastolas) ante el descenso de la natalidad. Una medida que el consejero justificó como una defensa de la enseñanza pública, que pierde mucho más alumnado que la concertada (54 aulas frente a 8 desde el curso 2014/2015). “Es totalmente desacertada y precipitada, y es una medida cortoplacista con importantes consecuencias para los centros afectados”, ha lamentado la portavoz parlamentaria de EH Bildu, Laura Aznal.

Según explicó el consejero de Educación, Carlos Gimeno, ha sido la red pública la más castigada por el descenso de la natalidad registrado en los últimos años. Así, a pesar de que el número de alumnos que han perdido desde el año 2014 es similar en las dos redes (22% en la pública frente a 20% en la privada financiada con fondos públicos), el sistema de renovación de conciertos, que se hace cada cuatro años, ha provocado que en el mismo periodo de tiempo en la enseñanza pública se hayan cerrado 54 líneas en aulas mientras que en la concertada únicamente ocho, siete veces menos. Para evitar ese “blindaje” de la concertada Educación ha anunciado que para el curso que viene no se renovará el concierto a 14 líneas de la red concertada para así equilibrar el cierre de 19 líneas en la red pública y evitar que sean más.

La medida ha sido duramente criticada por los partidos de la oposición, UPN y PP, pero también por el socio de gobierno de los socialistas Geroa Bai, y ahora también EH Bildu, socio presupuestario, porque el cierre afectará también a ikastolas, escuelas privadas financiadas con fondos públicos de enseñanza en euskera. “Se pretenden llevar a cabo medidas totalmente excepcionales, nunca tomadas antes y sin un plan general”, ha afeado Laura Aznal, que ha señalado que EH Bildu incluyó en el acuerdo de Presupuestos con el Ejecutivo de María Chivite el compromiso de Educación de realizar un plan estratégico de cinco años para la bajada lineal escalonada de ratios, desglosado por niveles educativos y dotado de recursos, que no se ha realizado todavía.

Geroa Bai por su parte ha planteado una moratoria de un año en la renovación de los conciertos educativos “para adaptar las decisiones del conjunto de la red de educación de Navarra a la actual situación demográfica excepcional” y ha presentado una moción parlamentaria por la que se insta al Departamento de Educación a no proceder al cierre de aulas de Educación Infantil ni en la red pública ni en la concertada durante la planificación escolar del próximo curso, que UPN ya ha anunciado que apoyará. “Hay que proteger nuestro sistema educativo de un socialismo radical, ideologizado, que toma las decisiones desde ese prisma. María Chivite quiere aprovechar las circunstancias para cerrar aulas en centros públicos y en centros concertados y nosotros creemos que hay que parar este disparate”, ha criticado el portavoz regionalista, Javier Esparza.

PSN y Contigo/Zurekin, los otros dos socios del gobierno, han defendido el plan de Educación para equilibrar el cierre de aulas por la caída de la natalidad entre las redes pública y concertada. “Lo que no se puede justificar de ninguna manera es mantener unidades concertadas mientras se están cerrando unidades públicas. No se pueden pedir sacrificios siempre a la misma parte. No se puede cargar siempre el coste sobre la escuela pública”, ha defendido Ainhoa Unzu, del PSN. “No se puede pretender defender el carácter estratégico de la red educativa pública y a su vez blindar los conciertos con la red privado-concertada, como en estos momentos están defendiendo las derechas, pero también Geroa Bai y EH Bildu”, ha criticado el portavoz de Contigo/Zurekin, Carlos Guzmán.