Casi ocho mil pacientes del área sanitaria de Vigo aprovecharon la posibilidad de cambiar de centro para solicitar el traslado desde Povisa al complejo hospitalario público de la ciudad (CHUVI). Povisa, propiedad del grupo Ribera, es el mayor hospital privado de Galicia y el único que tiene una población asignada a través de un convenio con la Xunta. Con esta fuga masiva, la mayor en la imparable tendencia descendente de la última década –tras la apertura del Álvaro Cunqueiro–, se queda en el número de usuario asignados más bajo de su historia: 102.489 frente a los 139.000 de 2016 o los más de 150.000 que se le atribuyen en ejercicios anteriores. Para la plataforma SOS Sanidade Pública esto supone la constatación del “fracaso” de un modelo que la Xunta ha “mantenido artificialmente”.

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) abrió en abril y durante un mes el período de elección de centro para las 185.000 personas con derecho a hacerlo en el área sanitaria viguesa. Esta posibilidad, que data del acuerdo firmado en 2014 entre Xunta y Povisa, llevaba un año y medio paralizada. En octubre de 2024 fueron 3.474 los que decidieron apostar por la pública. Los 7.806 que acaban de hacerlo más que duplican aquella cifra. Entre una y otra han sido varios los escándalos que han sacudido a Ribera. El mayor, las maniobras en el hospital de Torrejón (Madrid) para alargar las listas de espera, lo que permitía aumentar los ingresos, o la reutilización hasta diez veces de catéteres de un solo uso.

Mientras, el número de pacientes que decide seguir el camino contrario y solicitar Povisa es casi testimonial, pero también baja: 276 este año y 321 en 2024. Desde que existe la posibilidad de elegir, uno de cada cuatro usuarios de Povisa han optado por acudir a la pública, algo que redunda en la saturación y las listas de espera del CHUVI. Se estima que, fuera de los períodos de elección, miles de pacientes escaparon utilizando otra posibilidad: el cambio de médico de familia a uno que tuviese asignado un centro del Sergas y no la clínica de Ribera .

Las inyecciones de la Xunta

El actual contrato entre el Sergas y Povisa acaba de cruzar su ecuador. Entró en vigor en abril de 2025 y es válido hasta marzo de 2027. La Xunta aporta 195 millones de euros para cubrir, durante este período, la atención especializada a una población de 116.000 personas. Una cifra ya entonces inflada, ya que el número total de tarjetas sanitarias asignadas era de 113.081. Este contrato, en el que Sanidade paga más por un número menor de especialidades, supuso también un cambio en las condiciones. Si, hasta entonces, Povisa facturaba per cápita, ese concierto pasó a convertires en un “contrato de servicios” en el que se paga en función de la actividad efectivamente realizada.

En 2024, tras una década en números rojos que llegó a plantear la viabilidad de la clínica, Povisa ofrecía por primera vez resultados positivos: 613.000 euros. La razón había que buscarla en el récord de ingresos procedentes del Sergas, 89 millones de euros, una cantidad equivalente a la del actual acuerdo. Como contó meses después La Voz de Galicia, ese saldo se debió a una inyección aprobada en diciembre por el Consello de la Xunta, de la que no se informó, y que permitió a Ribera Salud ingresar al menos 22,4 millones de euros. Sanidade explicó entonces que lo que habían hecho, de forma retroactiva, era “ajustar los costes reales” del servicio e “indemnizar los perjuicios que le ocasiona al contratista la permanencia forzosa en el servicio público”. El pago por paciente subió así de un golpe casi un 60%. En 2023, la Consellería ya había entregado, con idéntica falta de transparencia, otra partida de casi 6 millones a la clínica “para compensar pérdidas”.

La plataforma SOS Sanidade Pública –que, en diciembre, sacó a 15.000 personas a la calle contra el modelo privatizador– recordó que Povisa “goza de un concierto singular con el Sergas” y que, desde hace años, “ha sido privilegiado por los gobiernos del PP”, que llegaron a “recortar servicios previstos para el Hospital Meixoeiro para beneficiarla”, además de “rescatarla reiteradamente de situaciones de quiebra económica”. “En cada negociación con la Conselleria de Sanidade consiguió mejoras económicas no justificadas”, señala la plataforma en un comunicado en el que recuerda que “pasa de mano en mano, de multinacionales estadounidenses y francesas”. “Ahora, la población huye de un centro que pierde personal, servicios y recursos, demostrando que la privatización sanitaria en Galicia es un fracaso mantenido artificialmente por la Xunta”, concluye. Ni la Consellería de Sanidade ni Ribera Salud han respondido a las preguntas de esta redacción sobre el éxodo de pacientes.

Decenas de profesionales sanitarios se han concentrado este jueves ante hospitales y centros de salud de toda la geografía gallega para denunciar las listas de espera del Sergas, “uno de los principales problemas del sistema sanitario gallego”.

Convocados por la plataforma SOS Sanidade Pública, en Santiago, frente al centro de salud Concepción Arenal, alrededor de una treintena de trabajadores del sector han coreado consignas como 'coa nosa saúde non se xoga' o 'non ás listas de agarda na sanidade pública', según recoge Europa Press.

La misma escena se ha repetido en Vigo, en la rotonda del Álvaro Cunqueiro, algo más numerosa, y donde han denunciado además la situación del área sanitaria de Vigo.

En muchas localidades se han ido celebrando las concentraciones, así como en grandes ciudades como A Coruña, en la rotonda del Complexo Hospitalario de A Coruña (CHUAC), en Ourense, a las 11.00 horas en el CHUO; en Pontevedra, a las 12.00 horas en el Hospital Provincial; y en Ferrol, a las 20.00 horas delante del Centro de Salud Fontenla Maristany.

Para la plataforma, las listas de espera del Sergas es “uno de los principales problemas del sistema sanitario”, con un incremento, por ejemplo de las quirúrgicas, del 30% desde 2019. Señalan además que la consellería sigue “ocultando” informes respecto a las listas, sin incluir la estructural, por ejemplo.

Esto se ha agravado, señalan, por los efectos de la huelga “indefinida e intermitente” convocada por los sindicatos médicos. Un derecho “totalmente legítimo” pero que está teniendo un “impacto brutal” en las listas de espera. Desde diciembre se han aplazado un cuarto de millón de consultas.

Entre las medidas que propone la plataforma, están las listas de espera “transparentes”, prioridad a aquellos pacientes con riesgo de muerte o invalidez, optimización del trabajo en los hospitales públicos -en relación a esto han recordado que los privados trabajan durante toda la jornada- en base a una negociación en mesa sectorial con los sindicatos, más personal y la potenciación de la dedicación exclusiva.

La Asociación de Inspección Sanitaria de Galicia se suma a las críticas al plan contra las bajas de la Xunta. Traslada, en un comunicado, su preocupación por los efectos que puede tener el protocolo común de gestión de incapacidades temporales aprobado por el Gobierno gallego y el papel que las mutuas jugarán en él. El colectivo defiende que las altas laborales deben estar condicionadas solo al reconocimiento médico del trabajador por el correspondiente facultativo del Servizo Galego de Saúde (Sergas).

Reconocen que, en algunos casos, el alta puede ser expedida por los inspectores médicos, “también tras el reconocimiento médico del trabajador afectado”, pero cargan contra la resolución autonómica porque da a las mutuas privadas “una relevancia superior a la prevista en la legislación estatal”, según recoge Europa Press. Ese nuevo protocolo da más poder a las mutuas, cuyas propuestas de alta podrán ser validadas por los inspectores si se considera que están suficientemente motivadas y sin que se interprete que el silencio del médico de cabecera significa que el trabajador debe seguir de baja.

Estas críticas se suman a las de los sindicatos de clase, varios sindicatos médicos, asociaciones profesionales y los cuatro colegios médicos de Galicia, que se han pronunciado en contra de los planes de la Xunta. La asociación de inspectores considera también que es necesario “salvaguardar” la relación médico-paciente y “anteponer la valoración clínica presencial en las propuestas de alta”. También defiende la mejora de la eficiencia del sistema, “disminuyendo bajas evitables o excesivamente prolongadas”, así como “revisar y homogeneizar” los procesos de incapacidad temporal.

“La norma estatal es clara y concisa al señalar que la emisión del documento de incapacidad temporal, la baja o la confirmación del alta, debe ir precedida de un reconocimiento médico al trabajador que permita evidenciar de forma objetiva y efectiva si persiste o no la incapacidad para la realización de su actividad laboral”, resaltan.

Este va a ser uno de los temas que abordarán los representantes de la asociación en la reunión prevista para el próximo martes con el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, indican. “No se debe olvidar que la incapacidad temporal es una herramienta terapéutica más de las que los médicos de primaria disponen para contribuir a la curación de una enfermedad que impide a los pacientes el desarrollo de su actividad laboral. El hecho de que estas personas enfermas reciban las correspondientes retribuciones mientras persiste su dolencia es un avance social y un derecho de la ciudadanía que no debemos dejar que se deteriore”, concluyen.

La Xunta se ha embarcado en una convencida apuesta por dificultar las bajas laborales en Galicia. Una en la que el presidente autonómico, Alfonso Rueda, ha reiterado que no piensa dar marcha atrás, pese a que se ha quedado solo con la patronal en esta empresa. Al plan le han llovido las críticas desde que lo presentó. Las primeras reacciones fueron las de los sindicatos de clase. CCOO y CIG -el mayoritario en Galicia- manifestaron que el foco no se estaba poniendo donde debería estar, que es el refuerzo de la sanidad para evitar que las incapacidades temporales se alarguen por las demoras en la atención y los tratamientos o la vigilancia de la seguridad y la salud en el trabajo. La CIG habló también de vasallaje a los empresarios. Luego se fueron uniendo las voces de los partidos de la oposición, de asociaciones de médicos de familia -los que gestionan las bajas- y de pacientes, de sindicatos del gremio y de todos los colegios médicos de la comunidad.

El Gobierno gallego, sin embargo, no ha dejado de dar pasos para confirmar su proyecto. Incluso antes de lograr la bendición a través de un mermado diálogo social. La intención negociadora la enunció el propio Rueda cuando esbozó el plan en la Cámara gallega, en la que aseguró que se negociaría con patronal y sindicatos. Solo tardó unos días en aclarar que, en realidad, las medidas se aplicarían con o sin acuerdo. El 20 de abril, poco menos de dos semanas después del primer anuncio, la Xunta presentó un decreto para “institucionalizar” el diálogo social, con la vista puesta precisamente en la batalla contra las bajas. El presidente gallego no le dio importancia a que el sindicato con más representación, la CIG, se negase a participar desde el principio y tampoco a que poco después de la primera reunión lo abandonase también CCOO. Si solo quedan la patronal y UGT -con algo menos del 26% de los delegados sindicales elegidos en Galicia y que también ha manifestado su malestar por el “torpedeo” de la negociación “a golpe de titulares”-, será con ellos con los que el Gobierno gallego se siente a buscar acuerdos, dijo.

Pero la maquinaria ya ha echado a andar antes de que haya ningún fruto de esas conversaciones. La Xunta ha empezado a enviar a los inspectores de Sanidade a reunirse con médicos de familia para procurar que aceleren las altas, ha introducido como uno de los baremos del plus de productividad la duración de las incapacidades temporales y ha modificado el protocolo de gestión de las bajas, un cambio que está ya publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG), y que da más poder a las mutuas.

El proceso arrancó en realidad hace dos años: el 5 de agosto de 2024 Rueda presidió el último Consello de la Xunta antes de tomarse unos días de descanso estival. No hacía ni seis meses que había logrado su primera mayoría absoluta al frente del PP gallego y empezaba a lanzar medidas propias más allá de las heredadas. Fue en la comparecencia posterior a aquella reunión de su gabinete en plena época vacacional en la que anunció un plan para luchar contra el “absentismo”, un término en el que insistía -e insiste- la patronal para referirse a las personas de baja. El Gobierno gallego, a través del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, hablaba entonces abiertamente de “fraude” en las incapacidades temporales y ya adelantaba que habría una “intensificación” de la actividad inspectora.

En el debate del estado de la Autonomía del pasado 8 de abril, Rueda se presentó con un balance de aquellas medidas. Dijo que se habían revisado 130.000 casos y que 30.200 personas que “no debían” estar de baja recibieron el alta. Hizo una defensa cerrada de que este es un “asunto urgente” en Galicia porque “lastra la productividad” y citó que la media de la duración de las incapacidades temporales es la segunda más elevada del Estado, solo por detrás de la de Euskadi. Esa duración son 82,8 días en Galicia en el periodo 2017-2014, según recoge la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Pero hay más datos, que el presidente de la Xunta no citó: la incidencia gallega es la segunda más baja entre las comunidades autónomas, con 24,4 episodios de incapacidad temporal por cada 1.000 afiliados. Tampoco habló -y se lo recordaron en numerosas críticas- de la siniestralidad laboral, que creció en 2025 en la comunidad. Los datos oficiales del Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (Issga) muestran que fueron 30.749 los accidentes en el trabajo que derivaron en baja, un 1,3% más que el año anterior.

En el discurso del pasado abril, el presidente gallego avanzó que se crearían unidades especializadas para controlar las bajas, centradas en las originadas en lesiones musculoesqueléticas y cuestiones de psiquiatría, que son las más frecuentes, y que se daría más poder a las mutuas privadas en la revisión de las incapacidades temporales. Desde entonces se han ido concretando varias medidas. Primero trascendió que, desde antes incluso del anuncio en el Parlamento de Galicia, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) había estado enviando a sus inspectores a reunirse con médicos de familia de diferentes áreas sanitarias. La intención, según la Xunta, es “trasladar novedades legislativas y conceptos normativos específicos del absentismo”. Lo que ha ocurrido es que en esos encuentros se han ido repasando uno por uno los procesos de baja dependientes de esos facultativos como forma de presionar para que se acorten. Estas visitas ocurren desde marzo, según informó la Consellería de Sanidade, que indica que se revisaron ya 3.521 casos y se dieron 730 altas.

A bajas más cortas, más sueldo para el médico

El 18 de mayo, el presidente de la Xunta anunció que, para apoyar esta decisión de “pisar el acelerador” en el plan contra las bajas, va a incorporar a 18 personas para la inspección. Le va a dedicar a ello un presupuesto de tres millones de euros en los próximos tres años. Aquellos días se conoció otra medida: el Gobierno gallego ofrece a los médicos de familia ganar más dinero si acortan las bajas de los pacientes. Esto se hace a través del plus de productividad -que supone hasta 2.491 euros al año-, en el que se va a valorar que las incapacidades temporales se ajusten a lo que se considera tiempo “estándar”. La medida se ha encontrado con duras críticas de los propios médicos: sindicatos como O'Mega y Simega consideran que es una presión a los profesionales y lo ven “impresentable” por situar por encima de la salud intereses económicos y sembrar desconfianza entre sanitarios y pacientes.

El Consello Galego de Colexios Médicos también avisa de los “importantes riesgos éticos, clínicos y organizativos” de que se premie en el sueldo de los facultativos que las bajas duren menos. La extensión de las incapacidades temporales, recuerda, debe depender de “criterios clínicos, evidencia científica y respeto a la independencia profesional”. El órgano que agrupa a los cuatro colegios médicos gallegos rechaza también la aplicación de una duración estándar: los tiempos orientativos, argumenta, son herramientas administrativas y “nunca deben sustituir la valoración clínica individualizada”.

Los colectivos de médicos, como los sindicatos o los partidos de la oposición, reclaman que, en lugar de centrar los esfuerzos en cuestionar las bajas, se refuerce la sanidad pública y subrayan el impacto de las listas de espera en la prolongación de las incapacidades temporales.

El paso más reciente dentro de la implantación del plan para limitar las bajas, también sin que vaya precedido de un acuerdo con el sector o en el diálogo social, es la resolución publicada esta semana en el DOG para modificar el protocolo común para la gestión clínica y el seguimiento de la incapacidad temporal por parte de los inspectores médicos. Los cambios son que las mutuas ya no tendrán que pedir autorización para cada prueba que quieran realizar al paciente, sino que valdrá con una para todas ellas, y que la inspección va a validar las propuestas de alta si están “debidamente motivadas” y sin que se interprete que el silencio del médico de cabecera significa que el trabajador debe seguir de baja. Es decir, va a dar facilidades para aceptar las altas que vengan indicadas por las mutuas.

Las bajas como síntoma, no como problema económico

Los sindicatos de clase han repetido en estas últimas semanas sus advertencias sobre lo que consideran un discurso peligroso que “criminaliza” y sitúa como sospechosas a las personas de baja y también a los médicos que las atienden. El de no tener que acudir a trabajar para recuperarse de una dolencia, insisten tanto CIG como CCOO, es “un derecho conquistado, no un privilegio”. Además de los retrasos en la atención y las pruebas en una sanidad pública que no deja de empeorar en sus indicadores de demora, los sindicatos señalan que es necesario analizar y poner el foco en otras cuestiones relacionadas con las causas y la duración de las bajas. Señalan el envejecimiento de la población, el retraso de la edad de jubilación, el descuido de la salud laboral o las largas jornadas.

La CIG destaca que una de cada cuatro personas trabajadoras en Galicia tiene más de 55 años, lo que implica “mayor desgaste físico acumulado y más dificultades de recuperación”. Además, la jornada laboral en España supera la media europea y esos horarios prolongados “incrementan el desgaste físico y mental”. En la misma idea de que las incapacidades temporales deben abordarse como un síntoma, y no solo desde la perspectiva del impacto económico, CCOO elaboró un documento con su posición sobre el discurso del absentismo. Expone que lo que revelan las bajas es “que algo no funciona en el medio laboral” y la respuesta “no puede ser más control, más sospecha ni más presión”, sino más prevención “real” en las empresas, más inspecciones laborales y más inversión en sanidad.

“El absentismo no debería abordarse como una anomalía moral ni como una simple desviación económica. En la inmensa mayoría de los casos es el síntoma de algo más profundo: un modelo productivo que desgasta, unas condiciones laborales que enferman y un sistema sanitario público que, tras años de sobrecarga, no siempre puede responder con rapidez”, sostiene CCOO, que añade que aumentar la presión a quienes están de baja es injusto y, además, ineficaz.

El juzgado Nº2 de la sección de lo contencioso-administrativo de Santiago de Compostela ha condenado al Sergas a indemnizar con 190.000 euros a una viuda y a su hijo menor de edad por el retraso en el diagnóstico de cáncer de páncreas de un hombre de 54 años que murió por esta causa en 2022 en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

Tal y como se recoge en la sentencia, la magistrada considera que existió demora tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, lo que “influyó decisivamente en la evolución de la enfermedad y en su fallecimiento”, informa Europa Press.

Apuntan también que, dado el hombre ingresó varias veces por dolores abdominales (entre 2018 y 2020), entre otros síntomas -bajó de peso drásticamente en poco tiempo-, era fumador y tenía antecedentes de cáncer, “existieron datos alarmantes o de sospecha de la malignidad de la lesión”.

De hecho, relatan, ingresó varias veces con diagnóstico de pancreatitis, primero aguda, y luego crónica. No fue hasta casi 2021 cuando se le diagnosticó el tumor, por el que permaneció ingresado en el servicio de oncología.

Por su parte, la Consellería de Sanidade se defendió argumentando una dificultad en el diagnóstico por no presentar el paciente los síntomas más comunes de la enfermedad, alegato que la jueza desestima en este auto.

Por todo ello, la magistrada estima, en parte, el recurso de la familia y decreta una indemnización de 95.000 euros para la viuda y otra de igual cantidad para el hijo.

La Xunta de Galicia ofrece a los médicos de familia cobrar más dinero si las bajas de los pacientes a los que tratan tienen lo que considera una “duración estándar”. Es decir, va a premiar que las incapacidades laborales sean más cortas, dentro del plan que está desplegando para limitar este derecho de los trabajadores. La medida se va a aplicar a través del plus de productividad, que supone hasta 2.491 euros al año.

La información, que adelantó La Voz de Galicia, figura entre los objetivos que se marcan en los acuerdos de gestión que se firman entre el Servizo Galego de Saúde (Sergas) y cada una de las siete áreas sanitarias. Los de este año recogen por primera vez como uno de los baremos para ese plus de productividad la duración de las bajas laborales. Otros aspectos que se tienen en cuenta son la prescripción de medicamentos genéricos, la investigación y la participación en cribados.

La Xunta considera que cada uno de los procesos que motiva las bajas laborales tiene un tiempo “estándar” para que el paciente reciba el alta, según informa Europa Press. Anualmente, al cerrar el ejercicio, se hace una evaluación de los objetivos incluidos en los acuerdos de gestión, en la que ahora se va a valorar esa duración de las incapacidades temporales, como una forma de penalizar a los profesionales cuyos pacientes pasen más tiempo de baja de lo que el Gobierno gallego considera que corresponde.

Desde que el presidente gallego, Alfonso Rueda, anunció el plan de su Gobierno para dificultar el derecho a la baja, con el argumento económico de que en Galicia hay un problema de “absentismo”, han sido numerosas las críticas por alinearse con una reclamación de la patronal que no atiende a las causas que llevan a las incapacidades temporales, incluidas las jornadas de trabajo largas, la edad de las personas trabajadoras o los incumplimientos en materia de seguridad. Además, se han alzado voces de representantes sindicales y de profesionales sanitarios que recalcan que son recurrentes los casos en los que las bajas se prolongan a causa de la gestión de la sanidad pública y sus largas listas de espera para recibir atención especializada, tratamientos o hacerse pruebas.

Dentro de este objetivo de que haya menos bajas y de que duren menos, la Xunta ya empezó a enviar a los centros de salud a inspectores de Sanidade para presionar a los médicos de familia. En algunos casos se han reunido con los profesionales que tienen más pacientes de baja y han repasado caso por caso, a pesar de que los médicos ya tienen entre sus tareas hacer un seguimiento de las incapacidades temporales.

La Consellería de Sanidade dio el pasado lunes algunos datos sobre estos procesos: durante el mes de marzo los inspectores se reunieron con 110 médicos de familia en lo que llama “trabajo especial de apoyo”. Esas tareas han consistido en ir repasando los casos de baja para intentar reducirlos. Según la Xunta el resultado hasta ahora es que se ha hecho un doble control de 3.521 casos, lo que derivó en 730 altas, un 21%. Este proceso sigue en la actualidad, agregó el Gobierno gallego, que anunció ese mismo día que va a destinar 3 millones de euros a contratar a otros 18 inspectores para intensificar estas medidas.

Sanidade sostiene que la intención es evitar que las bajas “se extiendan más allá de cuando existan razones clínicas que lo aconsejen” y que este es uno de los 53 indicadores que se aplican en los acuerdos de gestión, utilizado también por comunidades como Castilla y León y recogido en un convenio con el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Asegura que la Xunta tiene “el convencimiento” de que los médicos de familia ya hacen “todo lo que está en su mano para que las bajas no se extiendan” más allá del momento en el que los pacientes se recuperan, a pesar de lo cual ha decidido aplicar esta medida. Añade que, de hecho, considera que el objetivo ya se cumple “en la inmensa mayoría de los casos”.

La Consellería defiende que sus iniciativas no pretenden fomentar o aconsejar que “una persona que reúna las condiciones clínicas para estar de baja vaya a trabajar”.

Los coordinadores de los servicios hospitalarios de urgencias en Galicia han emitido un comunicado en el que señalan que se sienten “discriminados” y “maltratados”, y denuncian el “bloqueo” de contratación de profesionales para sus servicios por parte de las gerencias de las áreas sanitarias, al “estar intervenidas por la Consellería de Sanidade”, que “fiscaliza y la autoriza o no”.

En total –según recoge Europa Press– son una decena de responsables de servicios de urgencias hospitalarios (SUH) los que suscriben un comunicado en el que se afea “la falta de respuesta y nulos avances” por parte del departamento que dirige Antonio Gómez Caamaño pese a los “reiterados avisos y solicitudes de solución a los problemas acuciantes” que, sostienen, padecen en su labor diaria.

Dificultades que, avisan, “afectan directamente a la seguridad clínica y a la calidad asistencial” prestada en urgencias. Por ello, “siempre desde la lealtad institucional”, se quejan de que la “voluntariedad” para la “realización de la atención continuada, prolongaciones o coberturas estaba instaurada en Galicia para los facultativos de atención Primaria y ”acaba de ser negociada“ para el resto de servicios hospitalarios ”volviendo a dejar al margen“ los de urgencias.

“No podemos permitir, que los verdaderos garantes de la accesibilidad y de la equidad del sistema sanitario público, volvamos a ser discriminados. Aquellos que están siempre, principal puerta de entrada para la gran mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, que ha quedado demostrada de una manera más evidente en el contexto de la pandemia por SARS-CoV-2 vuelvan a ser maltratados”, avisan.

No en vano, alertan de que “en estos momentos se ha bloqueado la contratación de profesionales” para sus servicios por parte de las gerencias de las áreas sanitarias, al estar “intervenidas por la Consellería de Sanidade”, que “fiscaliza y autoriza o no esa contratación”.

“Justo en los meses de estivales cuando la demanda en muchos SUH aumenta de manera exponencial por el efecto de atracción vacacional que ejerce la comunidad, que hace que algunos servicios lleguen casi a duplicar sus asistencias diarias”, agregan.

Equiparar condiciones a las de primaria

Además de que la capacidad de los servicios para contratar “ha disminuido”, los coordinadores de Urgencias también ponen el acento en que los trabajadores de sus servicios se hallan “en inferioridad” debido “a las condiciones económicas y laborales” logradas por sus compañeros de Atención Primaria.

Afirman que se alegran de la mejora en cuestión, pero reclaman que sean “equiparadas” para los profesionales que trabajen en los servicios de urgencias.

Problemas de seguridad clínica

En el comunicado también se incide en que, “desde hace 15 años se están solicitando herramientas informáticas para asegurar la trazabilidad” dentro de los servicios de urgencias, y avisan de que “su no existencia implica un problema grave de seguridad clínica y de riesgo para la calidad asistencial”.

“Un trabajo a demanda en el que en algún momento pueden encontrarse más de 200 pacientes dentro del servicio hace obligado disponer de un sistema de trazabilidad robusto y de contrastada fiabilidad, la probabilidad de confusiones y errores es elevada como se recoge ampliamente en la literatura médica. Se han reclamado en múltiples ocasiones y foros, pero a día de hoy seguimos sin disponer de ellas”, argumentan los coordinadores de Urgencias.

Por otro lado, se quejan de que las herramientas informáticas que se desarrollan para la organización se hacen sin contar con ellos. “Un claro ejemplo es IANUS 5, la nueva historia clínica electrónica, que si se implantase en el Sergas en estos momentos, llevaría a un bloqueo inmediato de los SUH ya que no está pensada para la atención urgente hospitalaria”, han apuntado.

Situación “dramática” en Ourense

Especial hincapié se hace en la situación del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) --la coordinadora del área, Beatriz Martínez, no suscribe un comunicado que sí secundan el resto de jefes de Urgencias de los principales hospitales de la comunidad--.

“En estos momentos la situación es dramática, disponiendo tan solo del 40% de los facultativos necesarios, exhaustos desde hace muchos meses, intentando mantener a flote ese servicio y la atención urgente del área”, se apunta.

“¿Alguno de ustedes se ha parado a pensar en lo que ocurriría si ese servicio de urgencias finalmente cierra? ¿Adónde acudirían cuando tuviesen un infarto, una parada cardíaca, un ictus? ¿Cuál sería el recurso al que irían solicitando ayuda? Esto lo único que refleja es la nefasta gestión de la gerencia de esa área sanitaria y la Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria por haber llegado a esta situación”, alerta.

Ante esta coyuntura, los profesionales de Urgencias de Galicia proclaman que es “el momento de que todos, sin excepción, arrimen el hombro”, al considerar una obligación “compartida” la de “salvar” este servicio en la comunidad.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha estimado un recurso presentado por una paciente que sufrió daños irreversibles tras ser intervenida en el Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol, y ha condenado al Sergas a indemnizarla en más de 50.000 euros, según una sentencia con fecha del pasado 26 de marzo.

Según recoge Europa Press, los hechos ocurrieron en 2016, cuando la mujer fue intervenida para la implantación de una malla suburetral como parte del tratamiento de una incontinencia de esfuerzo. A raíz de esta operación, la mujer sufrió lesiones en el nervio pudendo, con consecuencias irreversibles, tales como dolor crónico intenso o imposibilidad de mantener relaciones sexuales.

La mujer presentó una reclamación ante el Sergas, que le fue denegada, y un juzgado de Santiago validó inicialmente ese rechazo, al no quedar probada la mala praxis médica, ya que la indicación de la cirugía había sido correcta, la neuralgia es una complicación “posible” y no se constató el uso de una técnica defectuosa.

No obstante, el TSXG ha estimado el recurso porque, aunque no hubiera mala praxis y no se haya podido probar un error del cirujano, debe aplicarse la 'doctrina del daño desproporcionado', “debido a la evidente asimetría entre la intervención programada y el resultado obtenido”.

Así, recuerda que la paciente se sometió a una operación por una patología que no compromete la integridad vital, “y el resultado ha sido una lesión neurológica bilateral crónica con dolores quemantes y punzantes de gran intensidad”. En estas circunstancias, expone el TSXG, se produce “una inversión de la carga de la prueba” y no es la paciente la que debe probar el error del cirujano, sino la Administración la que debe demostrar una causa fortuita o de fuerza mayor que rompa el nexo causal (entre la intervención y el resultado lesivo).

Al no haber podido explicar el Sergas de forma coherente por qué la colocación de esa malla terminó lesionando los nervios, la Sala concluye que el daño es “jurídicamente insoportable”, y esa conclusión se apuntala por el hecho de que no ha sido posible retirar la malla por “motivos técnicos”. “Esta circunstancia sitúa a la paciente en un escenario de desamparo que agrava la desproporción: no solo sufrió una lesión inesperada en una cirugía, sino que el sistema sanitario admite que no puede retirar el agente causante”, señala el TSXG en su sentencia.

Por todo ello, revoca la sentencia de instancia y anula la resolución del Sergas que denegó la reclamación, reconociendo el derecho de la paciente a ser indemnizada en 50.427,76 euros más intereses legales. La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de casación.

Ni los fondos que destina la Xunta a la atención primaria son suficientes ni ha puesto remedio al problema de la falta de personal o de la temporalidad ni ha conseguido que la demora para ir al médico de familia sea de menos de 48 horas. El Consello de Contas confirma que esta área de la sanidad se ha deteriorado drásticamente: recibe el 12% del gasto sanitario, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda más del doble -un 25%-; solo la Comunidad de Madrid le destina menos; el 40% de los ayuntamientos no tienen pediatra y otro 30% lo comparte con otros territorios; el 28% de las plazas están vacantes y las demoras para ver al médico de familia se han incrementado. El informe analiza estos datos de espera solo en las áreas sanitarias de Pontevedra y Ferrol, pero recalca que los pacientes tienen que aguardar más de cinco días en el 39% de los casos en Pontevedra y en el 30% de las ocasiones en Ferrol.

El análisis de Contas -el ente que fiscaliza a las administraciones públicas en Galicia- llega en medio de protestas nunca desactivadas por la situación de la sanidad pública, en una jornada de huelga convocada por el sindicato CIG, cuando la Xunta anuncia una reforma de la atención primaria y con el debate abierto por el plan para limitar las bajas laborales. En este contexto, el informe hace una fotografía de la situación y señala que ese 12% del gasto destinado a primaria está por debajo también de la media estatal, que es del 14%

El documento añade que hubo, entre 2013 y 2023, una disminución de la población gallega y, a la vez, un envejecimiento, de modo que los mayores de 85 años aumentaron un 32%. Estos cambios, sumados a la dispersión de la población, “inciden directamente en las necesidades de la asistencia en atención primaria”. Pese a ello, el incremento en el gasto del Servizo Galego de Saúde (Sergas) -que fue del 27,5% entre 2019 y 2023- se dirigió sobre todo a atención hospitalaria y gasto farmacéutico. Para las consultas especializadas se destinó el 62% del gasto sanitario.

El análisis se refiere también al equipo humano en atención primaria, en donde están vacantes el 28% de las plazas. La falta de profesionales es, añade, “uno de los principales problemas estructurales”, reconocido por la propia Xunta. La cuestión se agudiza en medicina de familia y pediatría, recalca Contas, que indica que hay 120 ayuntamientos gallegos (el 40% del total) en los que los niños no tienen un especialista propio que los atienda y otros 96 en los que comparten pediatra, según los datos actualizados en octubre de 2025. En estos casos, los menores son derivados al médico de primaria, pero se pone de manifiesto “una cobertura insuficiente y desigual, especialmente en las zonas rurales”.

El personal sanitario tenía una tasa de temporalidad del 28%, según datos de principios de 2023. Hay una reducción tras la convocatoria de 468 plazas lanzada ese año, pero sigue sin alcanzarse el objetivo de que esa tasa se sitúe por debajo del 8% en todas las categorías profesionales.

Los documentos publicados este jueves son varios y se refieren, además de a la atención primaria y al Sergas, a las cuentas generales de la Xunta de Galicia en 2024 y al sector instrumental, es decir, entes que dependen de la administración autonómica o empresas en las que tiene una participación mayoritaria. Sobre estos puntos, Contas pone varios reparos. Señala que el Gobierno gallego incumplió la regla de gasto -que se determina cuánto puede aumentar el gasto de una administración teniendo en cuenta sus ingresos-, con un aumento del 9,1%, por encima de la media de las comunidades autónomas, que fue del 7% y del 2,6% que se había marcado.

Contratos sin concurrencia competitiva

El Consello de Contas señala que las rebajas fiscales aplicadas se incrementaron un 15,9% y representan 686 millones de euros que se dejan de recaudar. Estos beneficios fiscales, añade, equivalen al 0,66% del producto interior bruto (PIB) gallego, mientras que las normas que implican subir impuestos equivalen a solo el 0,27% del PIB.

El ente fiscalizador vuelve a poner el foco en la contratación, en la que el 42% del gasto -2.941 millones de euros- se tramita con procedimientos sin concurrencia competitiva entre varios candidatos. También afea que haya gastos corrientes registrados incorrectamente como inversiones, lo que “contribuye a proporcionar una imagen sobredimensionada del esfuerzo inversor de la administración”. Entre las partidas que no se pueden considerar inversiones cita las destinadas a la defensa contra incendios, la publicidad realizada en medios de comunicación y el contrato de seguimiento y gestión del plan de transporte público. Esta cuestión, recuerda Contas, se pone de manifiesto año tras año en sus controles.

Otra de las críticas se refiere a la falta de transparencia sobre entidades como la empresa público-privada Impulsa Galicia (disuelta en 2025 y a través de la que se promovió el proyecto de Altri y mediante la que se firmó un memorándum de entendimiento secreto con la empresa portuguesa) o la sociedad Recursos de Galicia. Contas señala que no se ha aprobado un marco normativo que aumente el nivel de supervisión sobre las mismas.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha condenado al Servizo Galego de Saúde (Sergas) a pagar 250.000 euros a un paciente que sufrió una demora en la intervención que necesitaba tras padecer un ictus por falta de camas en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

En su sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Alto tribunal gallego ha incrementado de 150.000 a 250.000 euros la indemnización que le corresponde a la víctima al considerarla “más ajustada a derecho”.

De esta manera, acoge parcialmente el recurso de apelación presentado contra la sentencia de la Plaza número 2 de la Sección Contencioso-administrativa del Tribunal de Instancia de Santiago de Compostela.

El fallo explica que el paciente fue inicialmente atendido en el hospital Ribera Povisa tras sufrir una hemorragia subaracnoidea, teniendo que aguardar más de 15 horas para ser derivado al Cunqueiro, hospital de referencia en estos casos.

Los jueces subrayan que “ningún protocolo” obliga a esperar en un pronóstico así, mientras que “queda acreditada la existencia de guías que obligan a actuar lo antes posible”.

“Debemos concluir que no hacerlo supuso una infracción clara de la lex artis ad hoc. Es decir, la no realización de la intervención que estaba pautada en las guías y que además tenía como uno de sus efectos principales evitar la producción de un resangrado que al producirse empeoró el pronóstico del paciente”, añaden.

Precisamente, el estado final del varón es de “gran invalidez” con dependencia “total” y con un grado de discapacidad del 95%.

Pese a todo, la sentencia no es firme, ya que cabe recurso contra la misma.

Retrasos en las pruebas diagnósticas, rehabilitaciones que nunca llegan, quejas a la Valedora do Pobo que chocan una y otra vez contra un muro, burocracia... la ineficiencia del Servizo Galego de Saúde (Sergas) se presenta en numerosos casos como la principal responsable de que se eternicen unas bajas laborales sobre las que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha puesto el foco como un “asunto urgente” que quiere solucionar.

Tanto es así que la creación de unidades especializadas y el anuncio de que la inspección médica se limitará, salvo casos extremos, a ratificar las propuestas de alta que lleguen de las mutuas privadas, se ha convertido en su principal aportación al debate sobre el estado de la autonomía que finaliza este viernes. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha visto en la medida visos de inconstitucionalidad mientras el BNG ha exigido a Rueda que se disculpe por “criminalizar” a los trabajadores al tratarlos de “vagos” y “defraudadores”. Aunque a menudo sean, sobre todo, las víctimas del propio sistema.

Paz (41): desde 2023 sin poder escribir en la pizarra

Paz —nombre ficticio— comenzó a sentir un fuerte dolor en su hombro a principios del año 2023. Lejos de desaparecer, se iba haciendo cada vez más fuerte y le afectaba tanto a la vida diaria como a su trabajo como docente. Tanto, que no era capaz ni de escribir en la pizarra. Su médico de familia le solicitó una consulta con el especialista. La cita tardó más de un año, hasta octubre de 2024: una prueba de imagen para la que fue derivada a la sanidad privada. El diagnóstico, tendinopatía con calcificación. La valoración del traumatólogo se demoró cuatro meses más, hasta febrero de 2025. Entonces, le prescribieron un tratamiento con ondas de choque al que, según la previsión, debería someterse en abril. En mayo, ante la falta de respuesta, Paz presenta su primera queja ante la Valedora do Pobo. El Servizo Galego de Saúde la llama al fin para iniciar el tratamiento a mediados de junio, que se prolonga durante un mes, y al finalizarlo le anuncian que en octubre —ya a la vuelta del verano— tendrá una nueva cita para evaluar el resultado. A partir de ahí, comienza un silencio administrativo que dura ya casi un año.

Esa falta de seguimiento provoca que la lesión empeore. El dolor se extiende también al codo y mover el brazo se convierte en un infierno. Busca solución en la privada y recurre a dos traumatólogos distintos, además de a una fisioterapeuta, que confirman la involución. A principios de año, al diagnóstico inicial se suma una epicondilitis lateral, el conocido como “codo de tenista”. Es entonces cuando, por fin, se decide a pedir la baja. Acto seguido, en febrero, presenta una nueva reclamación ante la Valedora, denunciando “atrasos reiterados, falta de seguimiento e impacto en la salud y la capacidad laboral”. Un mes y medio después, la Consellería de Sanidade continuaba sin enviar el informe demandado, así que la institución volvió a requerirlo, “recordando expresamente que tal envío resulta una obligación legal”. Era el martes, 7 de abril. Al día siguiente, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunciaba en el debate sobre el estado de la autonomía un plan para dificultar el acceso a las bajas. Sus prioridades: los problemas “menores” de salud mental y, como en el caso de Paz, las lesiones musculoesqueléticas.

Patricia (45): veinte meses de baja y ni rastro de rehabilitación

Patricia, limpiadora de 45 años, suma ya casi 20 meses de baja en dos tramos tras una recaída. Lo suyo empezó, también, con un dolor en el brazo. La resonancia confirmó desgaste y la presencia de varias calcificaciones en el cuello, así que se acogió a su primera incapacidad temporal que se prolongó durante siete meses. Como sucede en muchos de estos casos, al parar de forzar la zona afectada se produce una mejoría que, sin rehabilitación, desaparece al volver al trabajo. Fue lo que le sucedió a ella. A los dos meses, el sufrimiento había regresado, pero tuvo que “aguantar” a que se cumpliesen los seis que marca la normativa para poder acogerse a una nueva baja por recaída.

Desde entonces, ha pasado ya un año. En septiembre pasado se hizo una nueva resonancia —esta por el Sergas— que confirmó el diagnóstico inicial de la mutua. Una mutua que, desde el principio, le negó el acceso a la rehabilitación. Tras recibir los nuevos resultados, hace apenas tres semanas, Patricia la solicitó en el Sergas. La respuesta, que se lo tomase con calma, ya que a estas alturas del año todavía están atendiendo a los casos de noviembre pasado. Mientras, ella se resigna a seguir esperando. Según le han dicho, cuando cumpla los 24 meses de baja, tendrán que llamarla para estudiar su situación.

(En septiembre, el Sergas convocó 29 plazas de fisioterapeutas para toda Galicia en su “pírrica” oferta pública de empleo. Para el sindicato de enfermería Satse, a esa cifra le falta “por lo menos un cero”: si fuesen 270, aseguran, Galicia podría “empezar a avanzar en una ratio cercana a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud”. En la actualidad, la central cifra en 190 los fisioterapeutas de Atención Primaria y en 232 lo de hospitales, para atender a una población cada vez más envejecida de 2,7 millones de personas).

Manuel (61): dos años de espera, 16 pastillas al día y un desenlace “surrealista”

El caso de José Manuel es más complicado y, su final, una muestra del absurdo burocrático en el que a veces se ven atrapados los trabajadores. En 2021, con 56 años, el dolor de cabeza que había arrastrado toda la vida empeoró y decidió ponerse en manos de los médicos. A principios de 2023, tras una resonancia, el neurólogo le confirma una cefalea tensional intratable. La presencia de hernias y nódulos en su cuello provoca que sólo su pasado como nadador pueda explicar que aún mantenga la movilidad. Eso sí, con 16 pastillas cada día —siete con el desayuno— y, desde hace un tiempo, el bloqueo de sus nervios cada tres meses, una opción que sólo le dio resultado real la primera vez.

Con este diagnóstico, ni la mutua ni los servicios médicos discutieron nunca su baja hasta el segundo año. Se acuerda del día porque diluviaba en Santiago: el 8 de enero de 2025, un médico del Equipo de Valoración de Incapacidades de Compostela le dio el alta y tuvo que reincorporarse a su trabajo en una empresa de telecomunicaciones. En su situación, no podía esperar los 180 días de rigor para volver a pedir la baja por recaída así que, como primera medida, se tomó los dos meses de vacaciones que tenía pendientes; después, su médico de familia le concedió la incapacidad, en este caso, asociada a un “transtorno de ansiedad debido a una afección fisiológica conocida”.

Tras esa vuelta obligada a la actividad, José Manuel decide recurrir a la justicia. En marzo, el juzgado le concede una incapacidad permanente retroactiva, desde el día de su alta, que el Instituto Nacional de la Seguridad Social acepta sin dudar. Sin embargo —y ahora viene, en sus palabras, “lo surrealista”—, el 1 de abril, al cumplirse el año de baja, el INSS le envía un SMS en el que le confirma que es el único organismo que puede darle el alta o la incapacidad permanente. Es decir, para la administración todavía sigue de baja. A él, eso le supone, entre otras cosas, una pérdida de ingresos brutos de unos 3.000 euros anuales. Mientras, su situación sigue sumando días a una estadística que no para de crecer y de la que la Xunta prefiere culpar a los trabajadores.

Galicia es la comunidad autónoma que registra el porcentaje más bajo en satisfacción de toda España en cuanto al servicio de atención primaria, el más utilizado por la población a nivel nacional (80,8%), según un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado este viernes.

En los niveles “más críticos” se sitúan Andalucía, Valencia “y especialmente Galicia”, señala el documento, que asegura que la comunidad autónoma gallega “registra el porcentaje más bajo de satisfacción de todo el territorio, situándose por debajo del 73 por ciento”, recoge Europa Press. En contraposición, en Cantabria y el País Vasco los niveles alcanzan el 90%.

En Galicia, en lo que se refiere a las consultas de atención primaria, un 23,7% dijo estar totalmente satisfecho, frente a un 3,5% totalmente insatisfecho. Respecto al sistema sanitario, el documento revela que el 12,8% de los encuestados cree que, en general, funciona bastante bien, mientras un 44,3% apunta que funciona bien aunque son necesarios algunos cambios.

Sobre si han tenido algún problema para consultar por síntomas o enfermedades con su médico en Galicia, un 23,3% indica que alguna vez ha necesitado hacerlo y no lo ha conseguido y un 63,4 % asegura que cuando lo ha precisado ha podido hacerlo. Así, la atención que han recibido por su médico de cabecera ha sido buena en un 44,6% y mala en un 0,7% de los casos. En el especialista, un 52,6% la considera buena y un 2,4%, mala.

El análisis por comunidades confirma que la opinión de la ciudadanía sobre el sistema sanitario está “profundamente ligada al desempeño de cada comunidad autónoma”.

A nivel nacional, el 51,6% de la población mantiene una valoración positiva del funcionamiento del sistema sanitario público. No obstante, este promedio esconde una marcada desigualdad territorial, ya que Cantabria lidera la valoración con un 66,4% de opiniones favorables, situándose 14,8 puntos por encima de la media. En el extremo opuesto, Andalucía registra el índice más bajo con un 38,8 por ciento.

En el ámbito del ingreso hospitalario, la sanidad pública registra una valoración del 81,4% de los pacientes, con una nota media de 7,02 puntos sobre 10. Por otro lado, la coordinación entre los servicios de Atención Primaria y el ámbito hospitalario cuenta con una valoración del 49,4% de la población a nivel nacional.

En relación con la salud mental, el informe revela que el 19,9% de la población (prácticamente una de cada cinco personas) ha necesitado consultar a un profesional por un problema de salud o malestar emocional en el último año. De este grupo, el 51,1% fue atendido principalmente en el sistema público, donde el servicio recibe una valoración positiva del 56% por parte de sus usuarios.

Por otro lado, y a pesar de la variabilidad territorial detectada en otros indicadores, se mantiene una sólida y mayoritaria preferencia por la hospitalización pública, que elegiría el 73,9% de los ciudadanos frente al 23,9% que optaría por la sanidad privada.

La Consellería de Sanidade no va a tomar medidas por ahora para investigar si un grupo sanitario privado le está pasando facturas infladas en Ourense. La Fiscalía decidió presentar denuncia tras una investigación llevada a cabo por la policía judicial que concluye que el centro médico El Carmen, propiedad del Grupo Recoletas, ha cobrado por intervenciones maxilofaciales con sedación cuando, en realidad, a los pacientes se les había aplicado anestesia local. El primer procedimiento, el de la sedación, es más caro, de modo que el informe policial advierte de “un perjuicio económico para el erario público”. La información, adelantada por elDiario.es, ha sido publicada por varios medios después de que la propia Fiscalía distribuyese un comunicado de prensa al respecto.

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) insiste en que no se le ha notificado la denuncia y en que, por ese motivo, no va a emprender ninguna acción por ahora. “Cuando se tenga conocimiento de los términos concretos de esa denuncia, se evaluará en profundidad y se obrará en consecuencia”, señala, en respuesta a preguntas de esta redacción. En la jornada de ayer, después de que la información apareciese publicada, la Xunta añadía que colaborará en la investigación judicial. La sanidad pública deriva en Ourense a los pacientes a esta clínica privada -y a Cosaga, del mismo grupo- para intervenciones maxilofaciales.

La Fiscalía señala en su resolución que presenta denuncia ante los juzgados de Ourense por si los hechos pueden constituir un delito de falsedad documental o un delito de estafa. En ese mismo documento pide que se le notifique la decisión al centro médico El Carmen, al Grupo Recoletas y a tres trabajadores de estas empresas.

Los partidos de la oposición han reaccionado a la información acusando a la Xunta de falta de control en las derivaciones de la pública a la privada. La diputada del BNG Noa Presas anuncia iniciativas parlamentarias para pedir explicaciones y denuncia que esto pone de manifiesto los problemas de la sanidad en Ourense: “constante” privatización de servicios y reducción de la competencia porque el mismo grupo empresarial compró las dos clínicas a las que se hacen derivaciones. “La pregunta es clara: ¿cuántos más fraudes puede haber?”, dice la parlamentaria en un vídeo compartido en redes sociales.

Por su parte, la diputada del PSdeG Carmen Rodríguez Dacosta ha presentado en el Parlamento varias iniciativas tras conocer la denuncia de la Fiscalía. Apunta también a la falta de control de la Xunta, a la que acusa de estar “mirando para otro lado” en las derivaciones, que funcionan con “deficiencias”. Reclama que se aclaren las responsabilidades y se evalúe el alcance de los hechos, por lo que pide al Gobierno gallego que abra un expediente informativo y encargue una auditoría independiente sobre los servicios que prestan los centros privados con cargo al Sergas.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, no encuentra responsabilidades de su departamento en las huelgas que están afectando a la sanidad pública en Galicia. En la que demanda medidas específicas al Servizo Galego de Saúde (Sergas) y que ha provocado la suspensión de decenas de miles de consultas de atención primaria en este mes de marzo considera que la culpa es de los sindicatos convocantes (O'Mega, desde que empezó marzo, y la CIG, que convocó una protesta el día 12), a los que acusa de no querer buscar una solución realmente. Y en el conflicto entre sindicatos médicos y Ministerio de Sanidad por el estatuto marco lo que ve es “falta de sensibilidad” de la ministra, Mónica García, “para reunirse y buscar un acuerdo lo antes posible”.

Gómez Caamaño no ve contradicción entre reclamarle voluntad de diálogo a la ministra y haber eludido él mismo reuniones con O'Mega, que ha acusado a la Consellería de Sanidade de prepotencia y de no estar estableciendo una negociación “seria”. El conselleiro defiende que su departamento está negociando con cinco sindicatos la reforma de la atención primaria y que su voluntad de diálogo “es plena desde el principio”. Pero, asegura, “otra cosa es que CIG y O'Mega no quieren hablar para solucionar el problema”.

El bloqueo de las conversaciones con O'Mega ha provocado que las protestas hayan escalado y, a los paros en atención primaria, se hayan sumado profesionales de los hospitales que se niegan a hacer las llamadas peonadas -horas extra que se pagan a los médicos por atender por las tardes a pacientes en lista de espera-. Todo esto en un contexto en el que los datos de las demoras para una operación, una consulta especializada o una prueba diagnóstica han empeorado en 2025.

La semana pasada, cuando presentó los datos, Gómez Caamaño atribuyó los malos datos a las huelgas por el estatuto marco del finales de año, pero sin hacer mención a que ni a que la sanidad pública gallega sigue alejada de los tiempos previos a la pandemia ni a que hay también paros que reclaman medidas de la Xunta, no del Gobierno central. Este lunes, el conselleiro pidió “responsabilidad” a Mónica García y acusó a su ministerio de haber pasado de un modelo de “yo invito a cenar y tú pagas a uno de yo hago el daño y tú lo sufres”.

Gómez Caamaño compareció junto al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para informar de que queda abierto el trámite de consulta pública para elaborar el anteproyecto de ley de transformación digital del Sergas, que pretende dar respuesta a la introducción de las nuevas tecnologías -en 2025 la inteligencia artificial ya analizó un millón de imágenes en la sanidad pública gallega-.

La Fiscalía de Ourense ha presentado denuncia en los juzgados ante la sospecha de que el centro médico El Carmen de Ourense, una clínica privada propiedad del Grupo Recoletas, haya facturado al Servizo Galego de Saúde (Sergas) intervenciones maxilofaciales con sedación en las que, en realidad, no se aplicó más que anestesia local y haya cobrado, en consecuencia, más de lo que debería. Tras una investigación previa, pide analizar si los hechos constituyen un delito de falsedad documental y estafa.

Las indagaciones, de las que se encargó la policía judicial, se iniciaron a raíz de una denuncia registrada en el verano de 2025 por Xosé Rubal, cirujano maxilofacial asociado a Cosaga -otro centro privado- a través del Instituto Dental Facial. En el proceso fueron identificados tres pacientes que confirmaron que, para sus intervenciones, habían recibido anestesia local, con un pinchazo en la zona del diente, y no habían sido sedados, pese a que las facturas cargadas después a la sanidad pública decían otra cosa. El escrito de la Fiscalía expone que los pacientes del Sergas que requieren intervención quirúrgica maxilofacial en Ourense son derivados a dos centros privados: Cosaga y centro médico El Carmen, ambos pertenecientes al grupo Recoletas, originario de Castilla y León y que anunció la adquisición de las clínicas ourensanas en 2022. En el momento de redactar esta información ni la Consellería de Sanidade ni el grupo Recoletas habían contestado a las preguntas remitidas por este diario.

El informe de la policía judicial, entregado en enero de 2026, relata las comprobaciones hechas y llega a la conclusión de que en el centro médico El Carmen se han emitido facturas por importes que “no se corresponden con las intervenciones realmente efectuadas, produciendo un perjuicio económico para el erario público”. Y añade que, si el grupo empresarial sigue aplicando esta metodología detectada en El Carmen, “no resulta descabellado inferir” que esté facturando al Sergas intervenciones “con sedación, que conllevan una tarifa más elevada, cuando en realidad las mismas podrían estarse realizando únicamente con anestesia local”.

La investigación recoge que uno de los pacientes tuvo que ser intervenido en el centro médico El Carmen en dos ocasiones, en 2022 y en 2023, para extraerle una pieza dental y que las dos veces fue anestesiado con un pinchazo en la encía. El documento del alta, sin embargo, indica que hubo sedación y se cobraron 110,89 euros, pese a que la extracción que se le hizo a esta persona tenía un coste de 76,44 euros. En el caso de otro paciente al que se le quitó una muela del juicio en esta clínica en 2023 sucedió lo mismo, según el escrito.

El tercer caso que aparece en la documentación también muestra irregularidades, según la policía judicial: una paciente fue primero a consulta, en mayo de 2023, y luego fue intervenida en junio de ese año porque tenía un quiste apical. El procedimiento habitual es que, si tras la consulta hay una operación, se emite una única factura, expone la policía judicial. Pero aquí se le cargaron al Sergas por separado la consulta inicial, por 34,25 euros, y la intervención después, por 1.284,77 euros. El informe añade que, además, esta segunda cantidad “no se corresponde con concepto alguno de los que figura en la autorización de uso (normativa reguladora)”. El concepto que sí figura es el de “quiste odontogénico”, con un coste algo inferior, de 1.218 euros.

Las conclusiones del informe policial son que hay irregularidades por la inclusión de operaciones con sedación que no la tuvieron y también en la conceptualización porque se aplican tarifas que no coinciden con “los conceptos autorizados” ni con los diagnósticos que constan en los informes médicos. “Se han constatado irregularidades en la aplicación de tarifas superiores a las acordadas en las autorizaciones de uso vigentes en ese momento”, indica. También advierte “discrepancias” entre la factura electrónica emitida por el centro médico y el listado de intervenciones entregado físicamente al departamento de admisión que supervisa y valida el pago de las facturas.

La derivación de pacientes ourensanos a la privada

En el área sanitaria de Ourense, los pacientes de la sanidad pública que necesitan una intervención maxilofacial se derivan a centros privados. La relación con el del Carmen fue objeto de críticas por parte del Consello de Contas, que analizó los servicios externalizados en un informe publicado en 2024, pero que fiscalizó la actividad de 2022. Señalaba que, pese a los más de 20 años transcurridos desde que se empezaron a derivar pacientes no había habido “el debido soporte contractual” y la relación se basaba en “la utilización pertinaz de la figura de la autorización de uso y lejos en todo momento de los criterios que deben regir la contratación por la administración”.

En la actualidad, las derivaciones tanto al centro médico El Carmen como a Cosaga, están amparadas por un acuerdo marco, que está vigente desde el 1 de marzo de 2025. En la licitación hubo varias empresas adjudicatarias: la unión de El Carmen y Cosaga consiguió el lote de los procedimientos de media y baja complejidad y parte del de procedimientos de especial diagnóstico y terapéuticos. En aquel proceso se decidió también derivar los casos complejos de Ourense a Vigo, al hospital privado Vithas.

Tras la formalización de este acuerdo marco, el médico que presentó la denuncia ante Fiscalía acudió también a la Comisión Galega da Competencia porque asegura el servicio del que él se ocupa está siendo estrangulado. Rubal se encarga, a través del Instituto Dental y Facial, del área de maxilofacial y odontología de Cosaga. El cirujano señala que, desde la concentración de esta empresa con el centro médico El Carmen, dentro del grupo Recoletas, su unidad ha sido marginada, con unos precios que le han sido impuestos y que considera inviables. Y critica que esto supone reducir a una sola las alternativas en el área sanitaria para los pacientes derivados de la pública.

Todos los indicadores con los que se analiza la evolución de las listas de espera han empeorado en Galicia. Al cierre de 2025, los pacientes de la sanidad pública tenían que aguardar más que en 2024 tanto para someterse a una operación como para ver a un médico o hacerse una prueba. Los datos del año pasado muestran no solo un empeoramiento con respecto al ejercicio anterior, sino también que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) sigue sin recuperar los tiempos que había antes de la pandemia (54 días para pasar por quirófano en 2019).

Los datos los ha explicado el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, que ha tratado de justificar los malos resultados señalando que ha habido un aumento de la actividad y atribuyendo el incremento de las listas de espera a la huelga de médicos convocada a nivel estatal contra el Estatuto Marco a finales del año pasado. No ha hecho referencia, sin embargo, a las convocatorias que han afectado específicamente a la sanidad pública gallega, con paros en atención primaria en noviembre, y también en la actualidad.

Los datos del Sergas indican que la espera media para una operación era, con los datos al cierre de 2025, de 72,8 días, frente a los 67,1 de demora de 2024. Es decir, los pacientes tienen que esperar 5,7 días más. El incremento en la demora afecta a todas las prioridades, aunque en diferente medida. La prioridad 1 ha empeorado en 3,1 días y tiene una espera media de 20,2 días. La prioridad 2 es la peor parada: la demora es de casi 73 días, seis más que en 2024. Y la prioridad 3 registró una espera de 75,7 días de media, es decir, 5,8 más que el año anterior. La Xunta apunta que, pese a que han ido a peor, los tiempos gallegos están por debajo del estándar que establece un plazo de 30 días para las intervenciones más urgentes.

También sube el porcentaje de pacientes que deben aguardar más de seis meses para una operación. Al término de 2025 eran 2.810, el 5,7% del total. Un año antes representaban el 3,9%. El Sergas indica que, en total, se hicieron 207.409 intervenciones en la sanidad pública el año pasado, que son casi 2.600 más que el ejercicio anterior. Sin embargo, entre las de prioridad 1, la cifra cayó de 27.740 a 27.560.

En cuanto a las esperas para las consultas médicas, la demora media se situó en 62,6 días (eran 60,8 un año antes), algo más de dos meses, y los gallegos en lista de espera eran 205.248. De ellos, algo más de cuatro de cada diez (41,2%) afrontaban una demora de más de 60 días, frente al 36% que tenía que esperar más de dos meses en 2024. Para hacerse pruebas estaban aguardando casi 124.000 pacientes al finalizar 2025, con un tiempo medio de 97,8 días. Al cierre de 2024, la espera era de 87,3, es decir, 10,5 días menos.

En las vías rápidas establecidas para varios tipos de cáncer, el tiempo medio de espera no registró apenas variación entre 2024 y 2025 en el cómputo global, pero los resultados fueron dispares en cada caso. La vía rápida del cáncer de mama aumentó la espera en 2,5 días, de casi cuatro a algo más de seis. Las cifras son similares en el oncohematológico y también empeoraron en el de vejiga, que pasó de 3,8 a 5,2.

Gómez Caamaño aseguró que la tendencia era positiva hasta noviembre y achacó que el empeoramiento de los indicadores se debió a las huelgas de médicos posteriores. La Xunta asegura que por este motivo se tuvieron que suspender 1.086 cirugías y 27.800 consultas en el mes de diciembre.

En la actualidad, la sanidad gallega afronta otras protestas de los profesionales que reclaman cambios en las políticas autonómicas. Este jueves la Consellería ha informado de que los paros convocados en atención primaria por CIG y O'Mega han tenido useguimientoto del 5,98% en el turno de mañana. O'Mega lleva ya ocho jornadas de huelga, que han provocado la suspensión de 38.696 consultas en Galicia, según los cálculos de la Xunta. El sindicato informa de que las protestas han saltado también a los médicos especialistas y hay profesionales negándose a hacer peonadas en hospitales de toda la comunidad.

Varios pacientes que se encuentran en lista de espera para someterse a tratamiento de fecundación in vitro con Test Genético Preimplantacional (TGP) han denunciado este martes “inactividad” por parte del Servizo Galego de Saúde (Sergas) y falta de transparencia para saber cuánto tiempo les queda para ser atendidos. En concreto, nueve parejas han acudido este martes a presentar una queja colectiva en la sede de la Valeduría do Pobo, en Santiago de Compostela, ante lo que denuncian como “paralización” de un servicio “básico” desde noviembre del año 2024. El conselleiro de Sanidad ha admitido la existencia de “un retraso”.

“Cuando recibimos la noticia de que cumplíamos los requisitos que ellos ponen para acceder a esta prueba, sentimos una esperanza y una ilusión muy grande (...) Sin embargo, nos encontramos con una paralización del servicio, con una falta de empatía del Sergas, con respuestas vagas y con silencio”, asegura una de las pacientes. Por otro lado, según recoge Europa Press, han denunciado la falta de información por parte de la Administración que, según afirma una de las afectadas, no las han avisado de esta paralización, sino que se han enterado por llamadas a los centros sanitarios.

Respecto a los motivos por los que no se retoma el servicio, desde la Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS aseguran que el Sergas atribuye la problemática a la falta de especialistas que realicen esta técnica. Así pues, afirman que en julio de 2025 se había resuelto sin éxito un proceso de selección de personal cualificado, al no haber superado ninguno de los candidatos los requisitos que se pedían.

No obstante, no entienden por qué la Administración no ha presentado ninguna solución desde hace un año para satisfacer la demanda y resolver un problema que consideran “básico”.

FIV con TGP

“La fecundación in vitro con TGP es una técnica de carácter preventiva que busca evitar que la descendencia pueda padecer en el futuro enfermedades debido a determinados genes que poseen los padres y que favorecen la aparición de distintos tipos de dolencias como puede ser el cáncer”, asegura el director de la Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS, Fernando Abraldes.

Respecto al funcionamiento, la técnica consiste en estimular los ovarios para obtener óvulos, fecundarlos en el laboratorio y analizar genéticamente los embriones mediante TGP para seleccionar los sanos y transferirlos al útero.

No obstante, para que esta técnica logre resultados exitosos resulta imprescindible la rapidez, pues el tiempo biológico se reduce y, en consecuencia, la posibilidad de embarazo también. Por ello, los pacientes demandan una mayor celeridad en el proceso administrativo y que se solucione “cuanto antes” esta situación.

Así pues, según han anunciado, reclamarán una reunión con el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, así como con la gerencia del Sergas para trasladar su preocupación ante el “incumplimiento” de un servicio contemplado en la Cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.

Preguntado al respecto, el conselleiro ha reconocido que “efectivamente hay un retraso” en todo el proceso de reproducción humana asistida que, según ha dicho, se debe a “muchos factores”. Uno de ellos, según ha apuntado, es la figura del embriólogo, que “no está perfectamente definida en el sistema sanitario” lo que, conforme ha apuntado, supone un “inconveniente” a lo largo de todo este tipo de cuestiones“. Con todo, ha sostenido que el Sergas tratará de buscar ”lo antes posible“ soluciones al problema.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció hace algo más de un mes la “incorporación inmediata” de 21 psicólogos clínicos en atención primaria en Galicia, pero el proceso no está siendo todo lo rápido que prometió: en la provincia de Ourense no han conseguido contratar a ninguno de los tres previstos en estas semanas. Como adelantó el diario La Voz de Galicia, la jefa de Psiquiatría del área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, María Tajes, ha recurrido a publicar a través de sus redes sociales (en Linkedin) un anuncio en el que expone que lo que se ofrecen son contratos de interinidad sujetos a llamamiento según la normativa para el Servizo Galego de Saúde (Sergas).

La Consellería de Sanidade explica que en Ourense llegó a haber dos profesionales interesados en los puestos, pero en el momento de la incorporación renunciaron ambos a la plaza, de modo que las vacantes siguen siendo tres. “Se está en una búsqueda activa para poder cubrir e incorporar en el plazo más breve posible a los tres psicólogos clínicos, teniendo en cuenta que se trata de una especialidad deficitaria”, justifica el departamento que dirige Antonio Gómez Caamaño.

La de incorporar psicólogos clínicos a la atención primaria es una promesa que el actual presidente de la Xunta lanzó en el debate sobre el estado de la autonomía de octubre de 2023. No se concretó hasta el pasado 2 de febrero, cuando informó, tras la reunión del Consello, de los planes de Sanidade para sumar 21 profesionales a los siete que ya estaban trabajando en atención primaria. Consideraba que, de esta forma, quedaba constituida la red gallega de psicólogos clínicos en este nivel asistencial, integrada por 28 trabajadores, de los que ahora mismo están contratados 25. La Consellería indica que el problema de las plazas sin ocupar afecta solo al área de Ourense y que en el resto sí se han formalizado los contratos.

Cuando hizo el anuncio, Rueda añadió que la pretensión es que estos psicólogos pasen consulta, pero también que diseñen actividades preventivas. Y dijo que el objetivo es llegar a 50 antes de 2030. Las 21 nuevas contrataciones implican un desembolso de 1,5 millones de euros.

Entonces, la Xunta desglosó los centros de salud en los que iban a estar destinados estos psicólogos. En el área sanitaria de A Coruña y Cee son cinco: uno se va a ocupar de Abegondo/Curtis/Teixeiro; otro de Miño/Sada; otro más de A Laracha/Cerceda; un cuarto de Os Rosales/Labañou y el último de Vimianzo/Cee. Los tres profesionales incorporados en Santiago e Barbanza cubren Muros; Melide/Arzúa y Rianxo. En Vigo también son cinco: centro integral de saúde Olimpia Valencia, Navia, Ponteareas, Redondela y Moaña. En Pontevedra y O Salnés se ha incorporado a un profesional que se ocupará de los centros de salud Virxe Peregrina y de Sanxenxo.

En el área sanitaria de Lugo, A Mariña y Monforte se suman tres psicólogos: uno para Viveiro, otro para Sarria y uno más para el centro de salud Praza de Ferrol de Lugo. En Ferrol hay un nuevo psicólogo en el centro de salud Fontenla Maristany. Y en Ourense la intención era incorporar uno para cubrir Valle Inclán/Puente/O Carballiño; otro para Novoa-Santos/O Couto/Mariñamansa/Ribadavia y uno más para O Barco de Valdeorras/Viana do Bolo.

La Asociación de Pacientes e Usuarios del CHUS y el Comité de Empresa de la adjudicataria del transporte sanitario en el área sanitaria de Santiago y O Barbanza han denunciado deficiencias en el servicio y exigen su “desprivatización”. Lo hacen en un comunicado conjunto, en el que reclaman que se dote al servicio de los medios, materiales y humanos, necesarios para “garantizar un funcionamiento del conjunto del sistema de acuerdo con los principios de calidad y equidad” y que se integre como personal del Sergas a todo el personal subrogado.

“Llamamos a pacientes y usuarios a denunciar las carencias de las que sean víctimas durante la prestación del servicio bajo el convencimiento de que solo así será posible mejorar las condiciones materiales de atención”, animan, según recoge Europa Press. Recuerdan que, desde septiembre de 2024, el servicio de ambulancias de esta área está adjudicado para su gestión privada a la unión temporal de empresas TSNUX Santiago y Barbanza, compuesta por las compañías Ambulancias Casablanca Santiago, S.L. y Servicios Sanitarios del Cantábrico, S.L.

Sobre esto, remarcan su “absoluta discrepancia” con el hecho de que cualquier servicio que tenga como finalidad garantizar la atención sanitaria de pacientes “pueda ser explotado en un régimen de gestión privada, ya que esto resulta éticamente reprobable, al drenar recursos que no tienen como finalidad servicios asistenciales, sino garantizar la rentabilidad de la explotación”.

Apuntan también que la adjudicación se realizó sobre la base de 45 ambulancias, “que no fueron incrementadas por el adjudicatario en el trámite de licitación y que son manifiestamente insuficientes” para el área, que cuenta con una superficie total de 4.871 kilómetros cuadrados y una población de 443.458 habitantes, con una elevada dispersión geográfica a través de los 45 municipios que la componen y en la que se concentran seis servicios de referencia a nivel estatal, además del futuro centro de protonterapia.

El personal considera que son necesarias 10 unidades más para garantizar condiciones mínimas de seguridad y calidad. El comunicado agrega que la insuficiente dotación fue uno de los motivos de que se retrasase la puesta a disposición de camas que relacionan con el colapso de los días 9 y 12 de enero. Había, dicen, pacientes con el alta dada a la espera. “Esta precariedad constituye una de las causas estructurales que están afectando a los servicios de urgencias y a la vulneración de derechos fundamentales de los pacientes colocados en los pasillos esperando atención”, lamentan.

Ambas asociaciones consideran que las deficiencias anteriores son “consecuencia” del modelo de gestión privado que “prima” los criterios económicos en la adjudicación y que “favorece el drenaje de recursos públicos para retribuir el beneficio empresarial a costa de la atención sanitaria”.

La sanidad pública gallega va a recurrir a la inteligencia artificial para analizar 1,8 millones de pruebas en imagen para diagnosticar enfermedades en 2026. La secretaria xeral técnica de la Consellería de Sanidade, Natalia Lobato, anunció el plan para seguir aumentando la presencia de estas tecnologías en el Servizo Galego de Saúde, que pasa por encargarle la revisión de 1,5 millones de radiografías de tórax, 150.000 imágenes de cribados citológicos, 100.000 imágenes oftalmológicas y unas 40.000 para detección de cánceres de mama y próstata.

La inteligencia artificial es ya el recurso habitual en determinadas pruebas en la atención primaria: los médicos de familia están acostumbrados a que los informes de las radiografías les lleguen después de haber pasado por una máquina y sin que los haya visto un radiólogo. Ellos deben repasar imágenes y conclusiones cuando las reciben.

En el sector, hay profesionales que sostienen que el porcentaje de acierto es muy elevado en cuestiones como lesiones musculoesqueléticas y prefieren el apoyo de una IA a que nadie haya visto esa imagen cuando la repasan ellos y otros que lo consideran un elemento que añade inquietud tanto al médico como al paciente. El presidente del Consello Galego de Colexios Médicos, Eduardo Iglesias, señaló en una conversación con elDiario.es en noviembre de 2025 que a la IA le ve ventajas en tareas repetitivas porque ayuda a ganar tiempo y para analizar gran cantidad de datos. Avisó de que es necesario estar vigilante: “Permite hacer un cribado. Lo que da son sospechas, pero el diagnóstico final lo tiene que hacer un médico”.

La apuesta de la Xunta es clara. El balance que hacen de la aplicación de inteligencia artificial a estos procesos es positivo. El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, dijo en julio de 2025 que los resultados son “muy buenos” en las radiografías que se hacen en atención primaria y en urgencias. Y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, avanzó en noviembre del mismo año que la decisión es llevar estas tecnologías a “todos los procesos de diagnóstico de la sanidad pública”.

Lobato, que compareció en el Parlamento de Galicia para hablar de la digitalización en la sanidad pública gallega, aseguró que hasta hoy se han procesado un millón de pruebas con inteligencia artificial en urgencias y atención primaria, centradas en las radiografías de tórax y musculoesqueléticas. La inteligencia artificial interviene ya en otros programas sanitarios en Galicia, como uno para el seguimiento de la diabetes o el Proxecto Xenoma, una iniciativa para mapear el ADN del 15% de la población para predecir enfermedades.