Los datos de la espera media para operarse en la sanidad pública gallega no han dejado de empeorar en el último año, en el que la demora se ha disparado tanto que solo el peor momento de la pandemia ofrece una cifra más negativa. Al cierre del primer semestre de 2020, la crisis sanitaria llevó la espera para una intervención a los 100,8 días. Seis años después, al término de junio de 2026, la cifra era de 89,5 días, es decir, prácticamente tres meses. Son casi 20 días más que un año antes. Y el dato ni siquiera recoge la realidad completa de lo que los pacientes aguardan en el sistema sanitario público gallego. El motivo es que estos números hacen referencia únicamente a la lista estructural, pero la no estructural, en la que muchas personas acaban por negarse a ser intervenidas en centros privados con los que la Xunta tiene un concierto, permanece fuera de los cálculos.

Rocío (nombre ficticio para evitar ser identificada) se está enfrentando ahora mismo a lo que supone pasar de la lista estructural a ese otro cajón en el que ni hay garantías del tiempo máximo que tendrá que esperar ni apenas información. La operación a la que se tiene que someter esta paciente tiene prioridad 2. Según la normativa, la prioridad 1 debe atenderse en 30 días; la dos, en 90; y la 3 no tiene un tiempo concreto de referencia. La ley -en este caso la de garantías de prestaciones sanitarias de Galicia- dice que, si la espera prevista es superior al tiempo máximo establecido, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) debe “ofertar la realización de la prestación en otro centro de la red pública o en un centro concertado”. En caso de que el paciente rechace esos centros alternativos, quedan sin efecto las garantías de tiempos máximos, según la misma norma, que replica la redacción de la estatal.

Esto explica por qué Rocío recibió el día 91 de su espera una llamada del Sergas para ofrecerle operarse en un centro privado que tiene un concierto con la Xunta. Expone que la funcionaria con la que habló le dijo que esas clínicas concertadas se comprometían a operarla en un plazo de tres meses, lo que implica que ya se estaban “saltando el plazo de la lista de espera”. Es decir, esta paciente ya había esperado esos 90 días que la sanidad pública no debe permitir que se superen en una operación de su prioridad, pero el Sergas actuaba como si comenzase la cuenta de cero.

“Al decirles que no, que yo no quería que ocultaran con dinero a la concertada la falta de recursos en la pública, me avisó de que esto podía conllevar esperar hasta un año y que era bajo mi responsabilidad”, añade. Al día siguiente comprobó que en la aplicación del Sergas para el móvil ya aparecía como que no había pasado ningún día en lista de espera. La única referencia de la que dispone ahora es cuántas personas hay en su misma situación, pero sin aclarar qué puesto ocupa ella en esa lista.

“Una silenciosa derivación de fondos a la privada”

Rocío considera esta práctica “una manera de cubrirse las espaldas” ante las largas listas de espera y de “forzar a los ciudadanos a ser operados en clínicas privadas donde no les han hecho el seguimiento de su estado y cuyos estándares en el criterio de selección y condiciones laborales de sus profesionales no son los mismos que en la pública”. Insiste en que “es una manera más de ocultar la falta de recursos en la sanidad pública gallega y de derivar fondos y pacientes a las clínicas privadas de manera silenciosa”.

Algo más de 14 meses fueron los que tuvo que esperar Nela Abella por una operación de varices en la pierna derecha, más de lo que su médico había dicho que era adecuado retrasarse en su situación, que era no más de un año. La intervención, con prioridad 3, le fue prescrita el 13 de diciembre de 2023. Dos meses después, el 8 de febrero de 2024, llegó la llamada ofreciéndole ir a un centro concertado en Santiago de Compostela. Se negó y fue relegada a la lista no estructural. Para el sistema, su espera fue de 57 días. En diciembre de 2024, cuando la demora real era ya de un año, llamó al servicio de espera quirúrgica y dice que allí la atendieron “de bastantes malos modos”, le dijeron que no le podían dar una orientación de cuánto tendría que aguardar y que el único dato que le podían facilitar era uno obvio para la paciente: aún no había hecho las pruebas del preoperatorio.

Abella le recordó a su interlocutora que la norma (tanto un Real Decreto como la ley gallega) dice que los ciudadanos deben tener acceso a la información personalizada sobre la espera prevista en relación con su proceso asistencial. Ahí la dirigieron a otro servicio en el que tampoco logró su objetivo. Pero poco después la llamaron y finalmente la operaron el 24 de febrero de 2025. “Esto es una privatización descarada de la sanidad, un trasvase de dinero a la privada”, protesta esta paciente, que llama la atención también acerca de que, si una persona no conoce los términos de la ley, se queda “desprotegida” y sumida en una espera a ciegas.

Las reprimendas recurrentes de la Valedora

Entre los muchos casos de pacientes relegados a la lista no estructural, varios han optado por quejarse, como Abella, tanto en los canales del Sergas como ante otros organismos, como la Valedora do Pobo, que acumula resoluciones sobre el asunto. Una de ellas recoge el caso de una mujer con más de dos años de demora para una operación -una artrodesis vertebral-, con prioridad 3. Ella misma explica en su queja que rechazó en dos ocasiones ser derivada a un centro privado y los motivos: los facultativos que la atendieron le habían recomendado siempre operarse en su centro público de referencia, que es el hospital vigués Álvaro Cunqueiro, “tanto por los medios disponibles como por la gran experiencia de los profesionales”. La Valedora le pide al Sergas que atienda el caso y recalca que, aunque un paciente pierda las garantías de los plazos máximos, “la atención debe realizarse en un tiempo prudencial”.

Otro caso es el de un paciente que rechazó someterse a una cirugía en un centro concertado porque una operación anterior, por el mismo motivo y realizada en 2022, había salido mal y no se resolvió su situación, sino que continuó con dolor y con las hernias de las que tenía que ser tratado. En julio de 2024 había vuelto a entrar en lista de espera y más de un año después se dirigió a la Valedora para exponer su caso. “Parece prudente programar la intervención objeto de la queja en un periodo de tiempo razonable”, fue la petición lanzada por esta institución al Sergas.

También aparece entre las resoluciones recientes la historia de otra paciente que llevaba un año y medio de espera para una intervención de prioridad 2 para una prótesis en la cadera derecha. De nuevo, la Valedora reprende a la Xunta: “Debe tenerse en cuenta que la pérdida de la garantía del plazo máximo no supone la desaparición de las circunstancias que determinaron la asignación de la prioridad 2 comentada”.

Las listas de espera en la sanidad pública gallega vuelven a empeorar. En el primer semestre del año han aumentado de nuevo las demoras en todos los indicadores principales: suben en las operaciones, para las consultas con especialistas y para someterse a pruebas diagnósticas. Los datos negativos tienen especial impacto en las cirugías, con una espera media que sube 20 días con respecto a los seis primeros meses del año pasado. Un paciente debe aguardar en Galicia 89,5 días, es decir, tres meses, para pasar por quirófano. Hay que ir al peor momento de la pandemia para encontrar datos peores, que son los 100,8 días de demora que había al cierre del primer semestre de 2020. Sube también el número de personas anotadas en las listas: eran 48.223 las que constaban al cierre del primer semestre de 2025, pero un año después habían subido un 17,2%, hasta 57.680.

Por prioridades, las esperas suben en todas, pero lo hace más en la 3, para la que el sistema público no promete un plazo concreto. La demora pasó de 71,9 días a 93,8, lo que supone que subió 21,9 días entre el primer semestre de 2025 y el mismo periodo de 2026. En la prioridad 2, que debe atenderse en un máximo de tres meses, los pacientes tuvieron que esperar 18,6 días más (88,7 frente a 70) y en la prioridad 1, en la que la operación debe realizarse en un plazo de un mes, la demora pasó de 17,7 a 22,2 días, lo que supone 4,5 más.

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) informa de que los pacientes que esperan más de seis meses a ser operados también se incrementaron en el último año: son 6.117 al cierre de junio de 2025, el 10,6% del total. En el primer semestre de 2025 representaban el 4,2%.

La demora para una consulta médica subió en 12,5 días en este periodo. Pasó de una media de 57,3 días en el primer semestre del año pasado a 69,8. También son más quienes tienen que afrontar una demora de, al menos, dos meses: en la primera mitad del año pasado eran 36,4% de quienes aguardaban una consulta, pero en la primera mitad de 2026 eran ya el 43,5%. El escenario no mejora si se pone el foco en la espera para una prueba: la media subió a 100,1 días, que son 16,4 más de los que había que esperar en los seis primeros meses de 2025.

Los datos del Sergas indican que hay un ámbito en el que los indicadores no empeoraron, que son las vías rápidas del cáncer. La demora media se ha mantenido en 6,6 días, pero han sido atendidos más pacientes (567 en el primer semestre de 2026, frente a 490 un año antes). La media se mantiene porque se compensan las vías en las que la espera subió (tres días más para melanoma y uno más para vejiga, mama y cabeza-cuello) con las que registraron bajadas (dos días menos para pulmón, 0,8 en endometrio y 0,7 en próstata).

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, que presentó en una rueda de prensa los datos, atribuyó el empeoramiento a la huelga médica por la reforma del estatuto marco, que sostiene que fue la que estuvo detrás de la bajada en la actividad. No obstante, el número de personas en lista de espera para operarse subió a un ritmo mayor que la caída de intervenciones. Hubo un 14,2% menos de cirugías en el primer semestre con respecto al mismo periodo del año pasado, pero los pacientes anotados en la lista subieron un 17,2%. En el caso de las consultas, se hicieron un 4,2% menos, pero se registró un 19,3% más de pacientes. Y en el de las pruebas diagnósticas, se hicieron un 3,4% menos, pero las personas que estaban en espera subieron un 16,8%.

La Xunta se defiende con el argumento de que las demoras son peores en otras comunidades autónomas y Galicia se encuentra por debajo de la media. Por ejemplo, en cirugía, la demora era de 122 días de media en el conjunto del sistema, mientras que en la sanidad pública gallega era de 89,5 días. También subraya que se ha hecho un esfuerzo en la actividad quirúrgica urgente, con 1.539 intervenciones más, lo que supone una subida del 10,8%.

La Xunta va a dar a los pacientes la posibilidad de saber cuánto cuestan los tratamientos que recibe o las consultas a las que acude en la sanidad pública. El presidente gallego, Alfonso Rueda, explicó que la información se va a dar a través de la app del Servizo Galego de Saúde (Sergas) y aseguró que la intención de la medida es avanzar en materia de transparencia.

La Consellería de Sanidade explica que quienes tengan la aplicación Sergas Móbil pueden acceder a los datos en el icono del portal del paciente É-saúde, en el apartado Valoración económica da miña atención sanitaria. Para entrar es necesario tener el certificado digital o el sistema Chave 365.

El Gobierno gallego indica que el paciente va a poder ver información sobre los servicios de atención primaria como consultas médicas, de enfermería o análisis de sangre, pero también de actos sanitarios en la atención especializada, como consultas, pruebas diagnósticas y tratamientos. Otra de las cuestiones cuyo coste económico se va a poder ver es el de la asistencia en urgencias o en los puntos de atención continuada (PAC). También habrá un apartado con lo que cuestan los medicamentos dispensados, que distinguirá la parte que paga la sanidad pública y la que abona el paciente.

Sanidade aclara que los importes de los servicios se basan en los precios públicos (que se fijan en el Decreto 56/2014 que establece las tarifas del Sergas). El coste de los medicamentos será el del momento de la dispensación, a partir del precio oficial de venta al público.

En los próximos tres meses también se va a ir incorporando para su consulta la información sobre los costes de una hospitalización, de la farmacia hospitalaria, prótesis, terapias respiratorias o transporte sanitario no urgente. La aplicación del Sergas la usan 2,3 millones de personas, señala la Xunta.

El portavoz de Sanidad del PSdeG, Julio Torrado, ha comparecido este lunes con los datos oficiales de las listas de espera del Servizo Galego de Saúde (Sergas) para denunciar el “récord histórico” alcanzado por el gobierno de Alfonso Rueda. 378.749 personas esperaban una cita médica a finales de diciembre, cuando la Consellería de Sanidade publicó la última actualización de los datos. Más allá del mal registro oficial, Torrado afirma que la realidad “es aún peor”.

Las cifras, colgadas en la web del Sergas, son 20.591 persona más que un año antes y 18.299 por encima de los seis meses anteriores. Por eso, el diputado socialista insistía: “No es una valoración nuestra ni un cálculo de parte”. Su crítica no acaba ahí: asegura que no sólo espera más gente, sino también más tiempo en las tres grandes categorías.

Así, la media para una prueba diagnóstica se eleva a 97,8 días –10,5 más que a final de 2024–; para una operación son 72,8 días –casi seis más– y para la primera consulta con el especialista, 62,6 días. Torrado llevó la comparación también a 2019, último año prepandemia. Entonces, confronto, en la lista quirúrgica esperaban 32.750 personas “y hoy son cerca de 50.000”.

“Y, aún así, los datos reales son peores”. Para el portavoz socialista, la cifra oficial se queda corta. “Si a usted, o a alguien de su casa, le dicen en un hospital gallego 'ya lo llamaremos', usted está esperando, pero no entra en la estadística hasta que tiene una fecha puesta”. En ese limbo “pueden pasar semanas o meses, por eso todo el mundo en este país sabe que la lista real es mayor”.

“Presumimos constantemente de tener un sistema sanitario cada vez más moderno y hay una fascinación tecnológica del gobierno de Rueda, que inaugura máquinas como quein toma cafés, pero cada vez hay más gente esperando y cada vez espera máis tiempo”, censuró. “Eso es inasumible”.

Falta de transparencia

Torrado criticó la falta de transparencia del gobierno popular. Recordó que los datos de las listas de espera se presentan dos veces al año. Sin embargo, “estamos a mediados de septiembre y aún no se conocen los del primer trimestre”. Recordó que los socialistas llevan tiempo proponiendo cambios en el cómputo para que refleje “lo que pasa de verdad y se puedan evaluar las políticas públicas con criterio”, algo que “siempre chocó con la negativa del PP y la Xunta”.

El diputado socialista se dirigió directamente al presidente gallego, Alfonso Rueda, y al conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, para pedirles que entren en el debate: “Cada vez que presentamos un dato somos unos mentirosos, cada vez que hacemos una valoración somos unos alarmistas y la culpa siempre acaba siendo de Pedro Sánchez”. “Así no se puede debatir, concluyó”.

Un juzgado de Santiago de Compostela ha condenado al Servicio Galego de Saúde (Sergas) a indemnizar con casi 300.000 euros a la viuda y los hijos de José Manuel Brey, el hombre que falleció el 4 de agosto de 2018 en el PAC (Punto de Atención Continuada) de la localidad pontevedresa de A Estrada sin recibir atención médica porque no había ningún facultativo en el centro. El juez considera “innegable” que la tardanza privó al paciente “de la probabilidad o expectativa” de salvarse y culpa a las deficiencias del servicio. La familia lo consideró entonces “una consecuencia palpable” de los recortes en sanidad.

La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, fue emitida el pasado miércoles por la Plaza Número 1 de la Sección de lo Contencioso Administrativo del Tribunal de Instancia y adelantada por La Voz de Galicia. En ella se recuerda cómo José Manuel, paciente de párkinson, llegó a las cinco y media de la tarde de aquel sábado al PAC acompañado de su mujer. Presentaba un cuadro de fiebre, dolor abdominal y dificultad para respirar. A las 19:13 comenzaron los vómitos que le taponaron las vías respiratorias. Media hora despues, a las 19:45 –dos horas y cuarto después de llegar a urgencias–, fallecía en la sala de espera, ahogado en su popio vómito, sin que en todo ese tiempo apareciese ningún médico para atenderlo.

Aquella tarde, el centro debería haber contado con dos facultativos. Uno se encontraba a algo más de 30 kilómetros de allí, en el PAC de Vilagarcía. Según relató, lo convocaron por teléfono para cubrir los dos refuerzos y aceptó el de Vilagarcía. Sin embargo, en el sistema del Sergas aparecía con las dos guardias asignadas. Al mismo tiempo.

El otro médico de guardia sí estaba en su puesto, pero tuvo que salir a atender una urgencia. Cuando lo hizo, avisó a la central del Sergas de que el servicio quedaba descubierto. El Servicio Galego de Saúde explicaría después que fue imposible encontrar sustituto. Se escudó en la falta general de médicos a lo que se sumaba que la demanda aparecía en un sábado de agosto. En ese tiempo en el que el PAC quedó vacío, fue cuando llegó José Manuel. Sin nadie para atenderlo, murió en las propias instalaciones.

La familia del fallecido inició entonces una batalla legal que pasó primero por la absolución de los médicos pese a que la sentencia, penal, reconocía que el desenlace podría haber sido diferente si lo hubiese atendido un facultativo. “Si el médico no tuvo la culpa, la tiene el Sergas”, aseguró entonces su hija. Es lo que ha entendido, ocho años después, el juez compostelano que, en vía administrativa, condena al Servizo Galego y su aseguradora a pagar 120.000 euros –60.000 para la viuda y 30.000 para cada uno de sus hijos–, una cantidad que, aplicados los intereses, se espera que ronde finalmente los 300.000 euros.

La “pérdida de oportunidad” es el eje de la sentencia, una figura jurídica que se aplica cuando la falta de celeridad, el error o la demora diagnóstica privan al paciente de la probabilidad de curación, supervivencia o mejoría que habría tenido si se hubiese actuado a tiempo. Aunque no puede asegurar al 100% que el paciente se hubiese salvado con una intervención inmediata, se reconoce como “innegable que la tardanza le privó de la probabilidad o expectativa estadística de lograrlo”. Para el juez, entre otras carencias, faltó una valoración médica inicial o embrionaria del paciente y lo hizo por deficiencias del servicio. No lo ve por tanto, causa directa de la muerte, pero sí causa de la pérdida de oportunidad de haberse salvado.

La sentencia no es firme y cabe recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, una posibilidad que ahora estudian los servicios juridicos del Sergas.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por un trabajador del Sergas que denunció acoso laboral, y ha condenado a la administración pública a indemnizarle con casi 38.500 euros por haber vulnerado su derecho fundamental a la integridad física y moral.

Según informa Europa Press, este trabajador desempeñaba su labor en Vigo atendiendo tareas administrativas en las áreas de Recursos Humanos y Dirección de Atención Primaria. A partir de enero de 2021, a raíz de una serie de discrepancias e incidencias, sus funciones fueron modificadas para que tuviera menos relación con Recursos Humanos y, en momentos posteriores, también se fueron cambiando y adaptando sus tareas.

Estos cambios motivaron que el trabajador dejara de tener acceso a ciertas aplicaciones, necesarias para llevar a cabo algunas funciones, y aunque se reajustó su acceso, necesitaba solicitar información a mayores al departamento de Recursos Humanos para ciertas tareas.

El empleado estuvo de baja por ansiedad, y trasladó en diversas ocasiones que estaba siendo objeto de acoso por algunas personas, llegando incluso a celebrarse una reunión con el gerente del área sanitaria. En julio de 2023, el trabajador solicitó que se activase el procedimiento por situaciones de acoso, aunque dicho procedimiento concluyó con un archivo en enero de 2024, al no considerarse probado ni el acoso laboral ni ninguna clase de trato discriminatorio.

A partir de ahí, presentó denuncia en un juzgado de lo Social, que desestimó su demanda, pero ahora el TSXG ha estimado en parte sus argumentos y, aunque considera que el Sergas adoptó medidas para adaptar su puesto de trabajo, reajustando sus funciones y alejándolo de las personas con las que existía un conflicto, señala que dichas medidas “apuntan en la dirección correcta pero son tardías y no responden a una iniciativa preventiva, sino que van dirigidas a la corrección y resolución de un problema ya manifestado”.

Al respecto, el TSXG apunta que el Sergas era conocedor de la existencia de esos problemas desde 2021, y no activó inmediatamente los mecanismos de protección. Asimismo, expone que en el trámite de evaluación de riesgos laborales realizado en 2019 y verificado en 2024 no se identificó ningún riesgo psicosocial. Tampoco se llevó a cabo un estudio de esos riesgos cuando este trabajador comunicó esos problemas, que le llevaron a estar de baja en varias ocasiones.

“Es decir, los superiores del actor se han limitado a adoptar, de forma sucesiva, unas adaptaciones de las condiciones del trabajo del actor, que no podemos negar que fueran bienintencionadas, pero carentes de todo rigor y estudio técnico, y que no han servido para resolver la problemática, generando problemas a la salud psíquica del actor, cuando estaban informados de la versión de los hechos facilitada por el actor, en diversas ocasiones. Es decir, le han proporcionado una protección ineficaz, desprotegiendo su salud”, señala el alto tribunal gallego.

Por ello, considera que este modo de actuar ha incidido en la salud del trabajador y se ha vulnerado un derecho fundamental en lo que respecta a la integridad física y moral, y condena al Sergas a pagarle 38.497,80 euros.

También declara el TSXG que el Sergas ha incumplido sus obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales y que tiene la obligación de llevar a cabo la oportuna evaluación de los riesgos psicosociales del trabajador en el puesto que desempeña.

Recurso del Sergas

Por su parte, el Sergas ha traslado su “absoluto respeto” por la decisión del TSXG, y ha recordado que, “en ningún momento” hubo inacción por parte de la gerencia del área sanitaria, sino que se ejecutaron los procedimientos previstos en el sistema de prevención de riesgos laborales (PRL).

Así, el Sergas dispone de un sistema de PRL integrado por una serie de mecanismos que son “públicos y fácil acceso para el personal” y que, una vez activados, “se ponen en marcha las medidas necesarias, adaptadas a la situación correspondiente”.

Como el juzgado de primera instancia dio la razón al Sergas, tras esta sentencia del TSXG revocando esa primera sentencia, el área sanitaria de Vigo ya presentó recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

La Xunta acaba de presentar su plan estratégico de salud mental para el periodo 2026-2030. En el documento, promete duplicar la inversión y contratar más psiquiatras, psicólogos y profesionales sanitarios especializados en salud mental para 2030. Lo hace después de que el plan anterior, lanzado entre 2020 y 2024 con la idea de hacer frente a las consecuencias de la pandemia, resultase ineficaz, presentase deficiencias de equidad y eficacia y dejase a Galicia lejos de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en cuanto al número de psiquiatras que debe haber en función de la población, según el informe realizado por el Consello de Contas.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, presentó las líneas del plan tras el Consello de la Xunta de este lunes. Anunció que se contratarán 357 nuevos profesionales, de los que 124 serán psiquiatras y psicólogos. Dentro de estos últimos, la promesa es que para 2030 haya 50 en la red de atención primaria, lo que supone sumar 22 a los actuales. El resto de los trabajadores serán del área de la enfermería especializada, la terapia ocupacional y otros ámbitos relacionados con la salud mental. El Gobierno gallego asegura que el presupuesto se va a duplicar y va a alcanzar los 177 millones de euros, frente a los 83 del plan anterior.

Caamaño indicó que se van a reforzar las áreas de la atención en la infancia y la adolescencia y también las medidas dirigidas a las personas mayores. Entre las líneas estratégicas, dijo, también está la atención a las personas con adicciones.

El plan de salud mental anterior fue objeto de un duro informe del Consello de Contas, que concluyó en mayo del año pasado que había brechas de equidad, sostenibilidad y eficacia en su implantación y que la ratio de psiquiatras por habitante en Galicia se encontraba un 42% por debajo de la recomendada por la OMS. La proporción que considera adecuada es de entre 13 y 15 de estos profesionales por cada 1.000 habitantes, pero en la comunidad la cifra era de 8,7. Otras comunidades tenían un mejor comportamiento: 12,8 en Euskadi y 12,5 en Catalunya.

El informe del órgano fiscalizador también confirmaba un incremento en el consumo de ansiolíticos y antidepresivos y constataba que las personas con rentas bajas eran las que más tomaban.

CCOO ha denunciado la presencia de cucarachas en la cocina del Hospital Clínico de Santiago de Compostela, el principal centro hospitalario de la capital gallega, que aseguran que ha llevado a que uno de estos insectos apareciese la semana pasada en la comida de un paciente.

La sección comarcal de CCOO - Sanidade en el área sanitaria de Santiago y O Barbanza asegura que la presencia de cucarachas “se intensificó” durante el mes de agosto y “culminó el pasado 4 de septiembre con la aparición de una en la comida de un paciente”. Tras este episodio, exige “medidas inmediatas y efectivas” para erradicar la plaga y “garantizar la seguridad alimentaria”, además de explicaciones sobre el programa de control y vigilancia aplicado en el área sanitaria.

El sindicato carga contra lo que califica de “abandono” del servicio de cocina hospitalaria en el Clínico de Santiago, que asegura que necesita, desde hace años, ampliaciones y mejoras. La jefatura de cocina, añade CCOO, está sin cubrir desde hace siete meses.

Fuentes del área sanitaria piden disculpas por lo ocurrido, que califica de “hecho aislado y excepcional” y asegura que así se le trasladó al afectado. Sostienen que ya hay “un calendario estricto de control de plagas”, pero que se han dado “indicaciones claras para analizar las circunstancias concretas e intensificar la desinfección”. Este fin de semana, añaden, “se tomaron medidas adicionales”.

La Consellería de Sanidade ha ratificado este lunes que en Galicia se han notificado tres casos confirmados de sarampión en el año 2026.

Según fuentes del departamento autonómico consultadas por Europa Press, de los tres casos confirmados, uno corresponde al inicial notificado el 23 de julio, cuyo origen se considera “probablemente importada”.

Los otros dos casos se corresponden a contactos estrechos de este caso inicial y, por tanto, se consideran relacionados con la importación.

La Consellería remarca que el riesgo para la población gallega continúa siendo “muy bajo”.

Asimismo, recuerda que el sarampión es una enfermedad muy contagiosa que se previene de forma muy eficaz mediante la vacunación. De hecho, la vacuna, incluida en el calendario sistemático de vacunación, es la principal medida de protección individual y colectiva.

Finalmente, Sanidade ha destacado que Galicia “mantiene elevadas coberturas de vacunación infantil frente al sarampión”, más del 95%, y dispone de un sistema de vigilancia epidemiológica que permite “detectar precozmente los casos y actuar con rapidez para limitar la posible transmisión”.

Estanislao García no olvidará el fin de año de 2025. Fue el día elegido por el servicio de urología del hospital de Santiago de Compostela (CHUS) para comunicarle que padecía un cáncer de grado dos. Hoy, casi siete meses después de aquel diagnóstico, cuenta con un punto de amargura que, por lo menos, pudieron dejarle tomar las uvas en paz. Lo dice así porque han pasado casi 200 días desde aquella noticia y Estanislao sigue esperando una operación mientras sus peticiones chocan contra el muro de silencio del Servizo Galego de Saúde (Sergas). “Tengo miedo y esta situación me parece una vergüenza”, confiesa.

“La única respuesta es que espere”, narra este periodista televisivo de 62 años, que lleva oficialmente en la lista para una intervención quirúrgica desde el pasado 12 de febrero. Aquel día, en el servicio de admisión, ya le advirtieron de que los 60 días comprometidos por el Sergas para pasar por quirófano “no se cumplían” y, por eso, la daban la opción de derivarse a alguna otra área sanitaria, como Ferrol o, en su caso, Lugo.

Antes de tomar una decisión, Estanislao ejerció su derecho a una segunda opinión. El médico consultado en el hospital de A Coruña (CHUAC) fue contundente: “Me dijo: 'Yo me quedaría'”. Y fue lo que hizo. A diferencia de las alternativas, en Santiago decía tener garantizado el uso quirúrgico del robot Da Vinci para practicarle una prostatectomía radical, “la mejor opción” para un paciente de sus características: una intervención compleja, de unas cuatro horas de duración, y con un postoperatorio complicado. La conversación tuvo lugar en aquel mes de febrero. La previsión del facultativo coruñés era entonces que estaría operado “una o dos semanas después de Semana Santa”.

Pero pasó la Pascua sin recibir noticias, así que se acercó de nuevo por su hospital a recabar información. “Me fueron dando largas. En abril me dijeron que todavía estaban operando a los de enero y me remitieron a finales de junio o mediados de julio”. El 16 de mayo presentó una queja ante el Defensor del Paciente del CHUS, de la que sigue sin saber nada. En poco más de tres semanas, el 11 de agosto, se cumplen los 180 días de espera máxima recogidos por la ley. Lo que más le asusta es no saber cómo ha evolucionado el tumor en todo este tiempo.

“Era un caso grave ,pero sin peligro vital ni una evolución muy rápida. Además, fue detectado muy rápido, que hoy sé que tuve suerte viendo cómo está la lista de primer diagnóstico”. Siete meses después, sin embargo, desconoce lo que ha podido pasar. “Imagina que me van a operar y descubren que ya saltó alguna célula a otro sitio”. Estanislao no lo oculta: “Estoy preocupadísmo y acojonado”

Él lo sobrelleva gracias a la terapia psicooncológica que le ofrece Andrea, la especialista de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Compostela con la que está “encantado”. Mientras, sigue de baja laboral –una de esas largas incapacidades que tanto preocupan a la Xunta y al PP– a la espera de que, algún día, suene por fin el teléfono y pueda poner fin a esta angustia.

Esa angustia se la trasladó por carta al conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño –oncólogo radioterápico en el mismo CHUS–. Un escrito en el que, además de las quejas por la “situación insostenible” provocada por la “negligente gestión” sanitaria, le cuenta el “enorme coste personal, emocional y familiar” que le está suponiendo esa espera interminable. Como el resto de sus iniciativas ante el Sergas, esta –al menos, de momento– tampoco ha obtenido respuesta.

Sanidade sí ha contestado a las preguntas de elDiario.es, pero sin entrar en el caso particular de Estanislao. Se limita a decir que la inclusión en las listas de espera “se realiza siempre siguiendo criterios clínicos de prioridad” y “otorgando una atención preferente a las patologías oncológicas urgentes”. “En el Servizo galego de Saúde la categoría de prioridad 1 registar un tiempo medio de espera de 20,2 días”. Ni una palabra sobre el grado 2.

En su respuesta, la Consellería saca pecho con las cifras de urología, “la quinta especialidad con mayor volumen quirúrgico de Galicia” con “más de 20.700 intervenciones quirúrgicas realizadas en 2025”. “Para garantizar un diagnóstico ágil, Galicia cuenta con nueve vías rápidas de cáncer, entre las que se incluye la de próstata y que en 2025 atendió a 4.457 pacientes, con un plazo medio de citación de 5,6 días”. Este domingo se cumplen 200 días desde que Estanislao conoció su diagnóstico.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, asegura que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) solo recurre a médicos titulados sin especialidad por “causas excepcionales” y para evitar “cerrar servicios”. Lo dijo en el pleno del Parlamento de Galicia, en respuesta a la diputada del BNG Montse Prado, quien criticó la gestión de la Xunta en sanidad, especialmente durante el verano, con medidas “estrella” como la de contratar profesionales sin especialidad de formación MIR.

“El PP, una vez más, en lugar de tomar medidas para garantizar que haya profesionales, lo hila todo a que la culpa es Madrid que no le manda médicos”, denunció y señaló que las contrataciones de médicos sin MIR van a más a pesar de que “desde hace 31 años es obligatoria [la especialidad] para trabajar en el sistema público de salud”.

El conselleiro repitió, según recoge Europa Press, que Galicia tiene un “déficit estructural de profesionales médicos” y ha trasladado la responsabilidad al Gobierno central insistiendo en que las principales herramientas para corregirlo están en el Ministerio de Sanidad, dado que es “quien acredita las unidades docentes, quien autoriza las pruebas de formación sanitaria especializada y quien regula las especialidades”.

Caamaño defendió sus políticas asegurando que, si “no hay profesionales disponibles para cubrir determinadas ausencias o necesidades asistenciales”, la responsabilidad de la Administración es “organizar los recursos existentes para garantizar que la ciudadanía siga recibiendo atención sanitaria”. “No vamos a cerrar servicios ni abandonar a ayuntamientos porque el Ministerio no hiciese los deberes a tiempo y no adoptase medidas para ofrecer soluciones al déficit de profesionales de atención primaria como le correspondía”, dijo.

El BNG planteó otra cuestión relacionada con la sanidad en el pleno. El diputado Paulo Ríos hizo referencia a las protestas de los vecinos de Moaña que reclaman que vuelva a abrir el punto de atención continuada (PAC) cerrado hace seis años. “Vemos como, abierto el centro de salud, no hay más que mentiras y mentiras, engaños, cuando tratan de hacer pasar una ambulancia por un PAC”, señaló. Caamaño consideró que las urgencias están cubiertas con un médico y una enfermera por las tardes y con la ampliación del horario de funcionamiento de la ambulancia de soporte vital avanzado de enfermería, que pasó de 12 a 24. “Señor conselleiro, ponga las urgencias ya o dimita, es lo único que tiene que hacer”, le contestó del diputado nacionalista.

Los trabajadores del hospital de Montecelo, en Pontevedra, han denunciado la presencia de ratas y culebras en el servicio de farmacia del centro. En un escrito remitido por la delegada de prevención al comité de seguridad e higiene del Área Sanitaria de Pontevedra e O Salnés, señala que, durante las visitas a la farmacia se han encontrado culebras, ratas e indicios de “otras plagas procedentes de zonas de sumideros”. Avisa de que la situación es especialmente preocupante porque en este servicio se gestionan, almacenan y dispensan medicamentos para toda el área hospitalaria, incluidos tratamientos de quimioterapia, de nutrición o fármacos para pacientes ingresados.

La presencia de estos animales, continúa el escrito, supone un riesgo para los trabajadores y también para la calidad y la seguridad de los medicamentos y productos sanitarios que salen de este servicio y que pueden poner en peligro a los pacientes. Los trabajadores reclaman una inspección y que se tomen medidas urgentes de desinfección. El gerente del área sanitaria, José Flores, admite la situación y señala que no es la primera vez que ocurre algo parecido. La razón, asegura, es que el hospital se encuentra rodeado de campo y que el servicio de farmacia se encuentra en la planta -2, lo que hace más fácil que estos animales accedan al interior.

Flores asegura que ya se ha activado el dispositivo previsto para estos casos: se ha comunicado la situación, de la que dice que la gerencia tuvo constancia ayer, martes, a la unidad de prevención de riesgos laborales y a medicina preventiva. “Se están tomando todas las medidas necesarias y se está investigando para actuar en consecuencia y de forma definitiva”, señala. Los trabajadores dieron el aviso al ver “alguna rata y una culebra”: “Es algo que puede pasar”.

El escrito de los trabajadores también avisa de que hay material mal almacenado, depositado directamente en el suelo y “deficiencias de orden, limpieza e higiene incompatibles con los estándares exigibles a un servicio sanitario”. Piden, por este motivo, que se revisen las condiciones en las que se depositan los materiales en la farmacia de Montecelo.

Relatan también que una trabajadora, que prefiere no dar su nombre, tuvo que acudir a urgencias por una picadura que desconoce qué animal se la hizo y tuvo que tomar antibióticos para tratarse.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Santiago de Compostela investiga una denuncia por presunta agresión sexual contra un médico del Centro de Saúde de Galeras. La denunciante atribuye al facultativo varios episodios de carácter inapropiado, desde comentarios de contenido sexual hasta supuestos tocamientos.

Según la denuncia, los primeros hechos se habrían producido entre 2019 y 2021. La usuaria del centro público de salud afirma que en esos años el médico realizó preguntas y comentarios insistentes sobre prácticas sexuales que no guardaban relación con el motivo de las consultas.

Posteriormente, la denuncia relata que durante una consulta presencial por un bulto en el cuello el médico mantuvo una conversación de carácter personal y realizó gestos de contenido sexual. A continuación llevó a cabo una exploración física durante la que pidió a la paciente que se quitara la ropa de cintura para arriba y realizó tocamientos que esta considera ajenos a cualquier finalidad médica.

Bloqueo y nerviosismo

Tras los hechos relatados en la denuncia, la mujer refiere haberse sentido bloqueada y nerviosa, y relata que abandonó la consulta. Semanas después del incidente, en agosto de 2021, solicitó el cambio de médico de cabecera, que le fue concedido y se hizo efectivo el mes siguiente.

Consultado por este periódico, el Sergas señaló que mantiene “máximo respeto por el procediemiento judicial en curso” y confirmó que ha facilitado la información requerida por las autoridades en el marco de la investigación. El servicio sanitario añadió que desconoce los hechos concretos que motivan las diligencias y declinó realizar valoraciones para no interferir en el procedimiento.

La causa se encuentra actualmente en fase inicial de instrucción. En el auto que inicia la investigación –y al que ha tenido acceso elDiario.es–, la magistrada señala que los hechos denunciados “presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito de agresión sexual”, por lo que considera necesario practicar las primeras actuaciones para determinar las circunstancias del caso.

Casi ocho mil pacientes del área sanitaria de Vigo aprovecharon la posibilidad de cambiar de centro para solicitar el traslado desde Povisa al complejo hospitalario público de la ciudad (CHUVI). Povisa, propiedad del grupo Ribera, es el mayor hospital privado de Galicia y el único que tiene una población asignada a través de un convenio con la Xunta. Con esta fuga masiva, la mayor en la imparable tendencia descendente de la última década –tras la apertura del Álvaro Cunqueiro–, se queda en el número de usuario asignados más bajo de su historia: 102.489 frente a los 139.000 de 2016 o los más de 150.000 que se le atribuyen en ejercicios anteriores. Para la plataforma SOS Sanidade Pública esto supone la constatación del “fracaso” de un modelo que la Xunta ha “mantenido artificialmente”.

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) abrió en abril y durante un mes el período de elección de centro para las 185.000 personas con derecho a hacerlo en el área sanitaria viguesa. Esta posibilidad, que data del acuerdo firmado en 2014 entre Xunta y Povisa, llevaba un año y medio paralizada. En octubre de 2024 fueron 3.474 los que decidieron apostar por la pública. Los 7.806 que acaban de hacerlo más que duplican aquella cifra. Entre una y otra han sido varios los escándalos que han sacudido a Ribera. El mayor, las maniobras en el hospital de Torrejón (Madrid) para alargar las listas de espera, lo que permitía aumentar los ingresos, o la reutilización hasta diez veces de catéteres de un solo uso.

Mientras, el número de pacientes que decide seguir el camino contrario y solicitar Povisa es casi testimonial, pero también baja: 276 este año y 321 en 2024. Desde que existe la posibilidad de elegir, uno de cada cuatro usuarios de Povisa han optado por acudir a la pública, algo que redunda en la saturación y las listas de espera del CHUVI. Se estima que, fuera de los períodos de elección, miles de pacientes escaparon utilizando otra posibilidad: el cambio de médico de familia a uno que tuviese asignado un centro del Sergas y no la clínica de Ribera .

Las inyecciones de la Xunta

El actual contrato entre el Sergas y Povisa acaba de cruzar su ecuador. Entró en vigor en abril de 2025 y es válido hasta marzo de 2027. La Xunta aporta 195 millones de euros para cubrir, durante este período, la atención especializada a una población de 116.000 personas. Una cifra ya entonces inflada, ya que el número total de tarjetas sanitarias asignadas era de 113.081. Este contrato, en el que Sanidade paga más por un número menor de especialidades, supuso también un cambio en las condiciones. Si, hasta entonces, Povisa facturaba per cápita, ese concierto pasó a convertires en un “contrato de servicios” en el que se paga en función de la actividad efectivamente realizada.

En 2024, tras una década en números rojos que llegó a plantear la viabilidad de la clínica, Povisa ofrecía por primera vez resultados positivos: 613.000 euros. La razón había que buscarla en el récord de ingresos procedentes del Sergas, 89 millones de euros, una cantidad equivalente a la del actual acuerdo. Como contó meses después La Voz de Galicia, ese saldo se debió a una inyección aprobada en diciembre por el Consello de la Xunta, de la que no se informó, y que permitió a Ribera Salud ingresar al menos 22,4 millones de euros. Sanidade explicó entonces que lo que habían hecho, de forma retroactiva, era “ajustar los costes reales” del servicio e “indemnizar los perjuicios que le ocasiona al contratista la permanencia forzosa en el servicio público”. El pago por paciente subió así de un golpe casi un 60%. En 2023, la Consellería ya había entregado, con idéntica falta de transparencia, otra partida de casi 6 millones a la clínica “para compensar pérdidas”.

La plataforma SOS Sanidade Pública –que, en diciembre, sacó a 15.000 personas a la calle contra el modelo privatizador– recordó que Povisa “goza de un concierto singular con el Sergas” y que, desde hace años, “ha sido privilegiado por los gobiernos del PP”, que llegaron a “recortar servicios previstos para el Hospital Meixoeiro para beneficiarla”, además de “rescatarla reiteradamente de situaciones de quiebra económica”. “En cada negociación con la Conselleria de Sanidade consiguió mejoras económicas no justificadas”, señala la plataforma en un comunicado en el que recuerda que “pasa de mano en mano, de multinacionales estadounidenses y francesas”. “Ahora, la población huye de un centro que pierde personal, servicios y recursos, demostrando que la privatización sanitaria en Galicia es un fracaso mantenido artificialmente por la Xunta”, concluye. Ni la Consellería de Sanidade ni Ribera Salud han respondido a las preguntas de esta redacción sobre el éxodo de pacientes.

Decenas de profesionales sanitarios se han concentrado este jueves ante hospitales y centros de salud de toda la geografía gallega para denunciar las listas de espera del Sergas, “uno de los principales problemas del sistema sanitario gallego”.

Convocados por la plataforma SOS Sanidade Pública, en Santiago, frente al centro de salud Concepción Arenal, alrededor de una treintena de trabajadores del sector han coreado consignas como 'coa nosa saúde non se xoga' o 'non ás listas de agarda na sanidade pública', según recoge Europa Press.

La misma escena se ha repetido en Vigo, en la rotonda del Álvaro Cunqueiro, algo más numerosa, y donde han denunciado además la situación del área sanitaria de Vigo.

En muchas localidades se han ido celebrando las concentraciones, así como en grandes ciudades como A Coruña, en la rotonda del Complexo Hospitalario de A Coruña (CHUAC), en Ourense, a las 11.00 horas en el CHUO; en Pontevedra, a las 12.00 horas en el Hospital Provincial; y en Ferrol, a las 20.00 horas delante del Centro de Salud Fontenla Maristany.

Para la plataforma, las listas de espera del Sergas es “uno de los principales problemas del sistema sanitario”, con un incremento, por ejemplo de las quirúrgicas, del 30% desde 2019. Señalan además que la consellería sigue “ocultando” informes respecto a las listas, sin incluir la estructural, por ejemplo.

Esto se ha agravado, señalan, por los efectos de la huelga “indefinida e intermitente” convocada por los sindicatos médicos. Un derecho “totalmente legítimo” pero que está teniendo un “impacto brutal” en las listas de espera. Desde diciembre se han aplazado un cuarto de millón de consultas.

Entre las medidas que propone la plataforma, están las listas de espera “transparentes”, prioridad a aquellos pacientes con riesgo de muerte o invalidez, optimización del trabajo en los hospitales públicos -en relación a esto han recordado que los privados trabajan durante toda la jornada- en base a una negociación en mesa sectorial con los sindicatos, más personal y la potenciación de la dedicación exclusiva.

La Asociación de Inspección Sanitaria de Galicia se suma a las críticas al plan contra las bajas de la Xunta. Traslada, en un comunicado, su preocupación por los efectos que puede tener el protocolo común de gestión de incapacidades temporales aprobado por el Gobierno gallego y el papel que las mutuas jugarán en él. El colectivo defiende que las altas laborales deben estar condicionadas solo al reconocimiento médico del trabajador por el correspondiente facultativo del Servizo Galego de Saúde (Sergas).

Reconocen que, en algunos casos, el alta puede ser expedida por los inspectores médicos, “también tras el reconocimiento médico del trabajador afectado”, pero cargan contra la resolución autonómica porque da a las mutuas privadas “una relevancia superior a la prevista en la legislación estatal”, según recoge Europa Press. Ese nuevo protocolo da más poder a las mutuas, cuyas propuestas de alta podrán ser validadas por los inspectores si se considera que están suficientemente motivadas y sin que se interprete que el silencio del médico de cabecera significa que el trabajador debe seguir de baja.

Estas críticas se suman a las de los sindicatos de clase, varios sindicatos médicos, asociaciones profesionales y los cuatro colegios médicos de Galicia, que se han pronunciado en contra de los planes de la Xunta. La asociación de inspectores considera también que es necesario “salvaguardar” la relación médico-paciente y “anteponer la valoración clínica presencial en las propuestas de alta”. También defiende la mejora de la eficiencia del sistema, “disminuyendo bajas evitables o excesivamente prolongadas”, así como “revisar y homogeneizar” los procesos de incapacidad temporal.

“La norma estatal es clara y concisa al señalar que la emisión del documento de incapacidad temporal, la baja o la confirmación del alta, debe ir precedida de un reconocimiento médico al trabajador que permita evidenciar de forma objetiva y efectiva si persiste o no la incapacidad para la realización de su actividad laboral”, resaltan.

Este va a ser uno de los temas que abordarán los representantes de la asociación en la reunión prevista para el próximo martes con el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, indican. “No se debe olvidar que la incapacidad temporal es una herramienta terapéutica más de las que los médicos de primaria disponen para contribuir a la curación de una enfermedad que impide a los pacientes el desarrollo de su actividad laboral. El hecho de que estas personas enfermas reciban las correspondientes retribuciones mientras persiste su dolencia es un avance social y un derecho de la ciudadanía que no debemos dejar que se deteriore”, concluyen.

La Xunta se ha embarcado en una convencida apuesta por dificultar las bajas laborales en Galicia. Una en la que el presidente autonómico, Alfonso Rueda, ha reiterado que no piensa dar marcha atrás, pese a que se ha quedado solo con la patronal en esta empresa. Al plan le han llovido las críticas desde que lo presentó. Las primeras reacciones fueron las de los sindicatos de clase. CCOO y CIG -el mayoritario en Galicia- manifestaron que el foco no se estaba poniendo donde debería estar, que es el refuerzo de la sanidad para evitar que las incapacidades temporales se alarguen por las demoras en la atención y los tratamientos o la vigilancia de la seguridad y la salud en el trabajo. La CIG habló también de vasallaje a los empresarios. Luego se fueron uniendo las voces de los partidos de la oposición, de asociaciones de médicos de familia -los que gestionan las bajas- y de pacientes, de sindicatos del gremio y de todos los colegios médicos de la comunidad.

El Gobierno gallego, sin embargo, no ha dejado de dar pasos para confirmar su proyecto. Incluso antes de lograr la bendición a través de un mermado diálogo social. La intención negociadora la enunció el propio Rueda cuando esbozó el plan en la Cámara gallega, en la que aseguró que se negociaría con patronal y sindicatos. Solo tardó unos días en aclarar que, en realidad, las medidas se aplicarían con o sin acuerdo. El 20 de abril, poco menos de dos semanas después del primer anuncio, la Xunta presentó un decreto para “institucionalizar” el diálogo social, con la vista puesta precisamente en la batalla contra las bajas. El presidente gallego no le dio importancia a que el sindicato con más representación, la CIG, se negase a participar desde el principio y tampoco a que poco después de la primera reunión lo abandonase también CCOO. Si solo quedan la patronal y UGT -con algo menos del 26% de los delegados sindicales elegidos en Galicia y que también ha manifestado su malestar por el “torpedeo” de la negociación “a golpe de titulares”-, será con ellos con los que el Gobierno gallego se siente a buscar acuerdos, dijo.

Pero la maquinaria ya ha echado a andar antes de que haya ningún fruto de esas conversaciones. La Xunta ha empezado a enviar a los inspectores de Sanidade a reunirse con médicos de familia para procurar que aceleren las altas, ha introducido como uno de los baremos del plus de productividad la duración de las incapacidades temporales y ha modificado el protocolo de gestión de las bajas, un cambio que está ya publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG), y que da más poder a las mutuas.

El proceso arrancó en realidad hace dos años: el 5 de agosto de 2024 Rueda presidió el último Consello de la Xunta antes de tomarse unos días de descanso estival. No hacía ni seis meses que había logrado su primera mayoría absoluta al frente del PP gallego y empezaba a lanzar medidas propias más allá de las heredadas. Fue en la comparecencia posterior a aquella reunión de su gabinete en plena época vacacional en la que anunció un plan para luchar contra el “absentismo”, un término en el que insistía -e insiste- la patronal para referirse a las personas de baja. El Gobierno gallego, a través del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, hablaba entonces abiertamente de “fraude” en las incapacidades temporales y ya adelantaba que habría una “intensificación” de la actividad inspectora.

En el debate del estado de la Autonomía del pasado 8 de abril, Rueda se presentó con un balance de aquellas medidas. Dijo que se habían revisado 130.000 casos y que 30.200 personas que “no debían” estar de baja recibieron el alta. Hizo una defensa cerrada de que este es un “asunto urgente” en Galicia porque “lastra la productividad” y citó que la media de la duración de las incapacidades temporales es la segunda más elevada del Estado, solo por detrás de la de Euskadi. Esa duración son 82,8 días en Galicia en el periodo 2017-2014, según recoge la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Pero hay más datos, que el presidente de la Xunta no citó: la incidencia gallega es la segunda más baja entre las comunidades autónomas, con 24,4 episodios de incapacidad temporal por cada 1.000 afiliados. Tampoco habló -y se lo recordaron en numerosas críticas- de la siniestralidad laboral, que creció en 2025 en la comunidad. Los datos oficiales del Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (Issga) muestran que fueron 30.749 los accidentes en el trabajo que derivaron en baja, un 1,3% más que el año anterior.

En el discurso del pasado abril, el presidente gallego avanzó que se crearían unidades especializadas para controlar las bajas, centradas en las originadas en lesiones musculoesqueléticas y cuestiones de psiquiatría, que son las más frecuentes, y que se daría más poder a las mutuas privadas en la revisión de las incapacidades temporales. Desde entonces se han ido concretando varias medidas. Primero trascendió que, desde antes incluso del anuncio en el Parlamento de Galicia, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) había estado enviando a sus inspectores a reunirse con médicos de familia de diferentes áreas sanitarias. La intención, según la Xunta, es “trasladar novedades legislativas y conceptos normativos específicos del absentismo”. Lo que ha ocurrido es que en esos encuentros se han ido repasando uno por uno los procesos de baja dependientes de esos facultativos como forma de presionar para que se acorten. Estas visitas ocurren desde marzo, según informó la Consellería de Sanidade, que indica que se revisaron ya 3.521 casos y se dieron 730 altas.

A bajas más cortas, más sueldo para el médico

El 18 de mayo, el presidente de la Xunta anunció que, para apoyar esta decisión de “pisar el acelerador” en el plan contra las bajas, va a incorporar a 18 personas para la inspección. Le va a dedicar a ello un presupuesto de tres millones de euros en los próximos tres años. Aquellos días se conoció otra medida: el Gobierno gallego ofrece a los médicos de familia ganar más dinero si acortan las bajas de los pacientes. Esto se hace a través del plus de productividad -que supone hasta 2.491 euros al año-, en el que se va a valorar que las incapacidades temporales se ajusten a lo que se considera tiempo “estándar”. La medida se ha encontrado con duras críticas de los propios médicos: sindicatos como O'Mega y Simega consideran que es una presión a los profesionales y lo ven “impresentable” por situar por encima de la salud intereses económicos y sembrar desconfianza entre sanitarios y pacientes.

El Consello Galego de Colexios Médicos también avisa de los “importantes riesgos éticos, clínicos y organizativos” de que se premie en el sueldo de los facultativos que las bajas duren menos. La extensión de las incapacidades temporales, recuerda, debe depender de “criterios clínicos, evidencia científica y respeto a la independencia profesional”. El órgano que agrupa a los cuatro colegios médicos gallegos rechaza también la aplicación de una duración estándar: los tiempos orientativos, argumenta, son herramientas administrativas y “nunca deben sustituir la valoración clínica individualizada”.

Los colectivos de médicos, como los sindicatos o los partidos de la oposición, reclaman que, en lugar de centrar los esfuerzos en cuestionar las bajas, se refuerce la sanidad pública y subrayan el impacto de las listas de espera en la prolongación de las incapacidades temporales.

El paso más reciente dentro de la implantación del plan para limitar las bajas, también sin que vaya precedido de un acuerdo con el sector o en el diálogo social, es la resolución publicada esta semana en el DOG para modificar el protocolo común para la gestión clínica y el seguimiento de la incapacidad temporal por parte de los inspectores médicos. Los cambios son que las mutuas ya no tendrán que pedir autorización para cada prueba que quieran realizar al paciente, sino que valdrá con una para todas ellas, y que la inspección va a validar las propuestas de alta si están “debidamente motivadas” y sin que se interprete que el silencio del médico de cabecera significa que el trabajador debe seguir de baja. Es decir, va a dar facilidades para aceptar las altas que vengan indicadas por las mutuas.

Las bajas como síntoma, no como problema económico

Los sindicatos de clase han repetido en estas últimas semanas sus advertencias sobre lo que consideran un discurso peligroso que “criminaliza” y sitúa como sospechosas a las personas de baja y también a los médicos que las atienden. El de no tener que acudir a trabajar para recuperarse de una dolencia, insisten tanto CIG como CCOO, es “un derecho conquistado, no un privilegio”. Además de los retrasos en la atención y las pruebas en una sanidad pública que no deja de empeorar en sus indicadores de demora, los sindicatos señalan que es necesario analizar y poner el foco en otras cuestiones relacionadas con las causas y la duración de las bajas. Señalan el envejecimiento de la población, el retraso de la edad de jubilación, el descuido de la salud laboral o las largas jornadas.

La CIG destaca que una de cada cuatro personas trabajadoras en Galicia tiene más de 55 años, lo que implica “mayor desgaste físico acumulado y más dificultades de recuperación”. Además, la jornada laboral en España supera la media europea y esos horarios prolongados “incrementan el desgaste físico y mental”. En la misma idea de que las incapacidades temporales deben abordarse como un síntoma, y no solo desde la perspectiva del impacto económico, CCOO elaboró un documento con su posición sobre el discurso del absentismo. Expone que lo que revelan las bajas es “que algo no funciona en el medio laboral” y la respuesta “no puede ser más control, más sospecha ni más presión”, sino más prevención “real” en las empresas, más inspecciones laborales y más inversión en sanidad.

“El absentismo no debería abordarse como una anomalía moral ni como una simple desviación económica. En la inmensa mayoría de los casos es el síntoma de algo más profundo: un modelo productivo que desgasta, unas condiciones laborales que enferman y un sistema sanitario público que, tras años de sobrecarga, no siempre puede responder con rapidez”, sostiene CCOO, que añade que aumentar la presión a quienes están de baja es injusto y, además, ineficaz.

El juzgado Nº2 de la sección de lo contencioso-administrativo de Santiago de Compostela ha condenado al Sergas a indemnizar con 190.000 euros a una viuda y a su hijo menor de edad por el retraso en el diagnóstico de cáncer de páncreas de un hombre de 54 años que murió por esta causa en 2022 en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

Tal y como se recoge en la sentencia, la magistrada considera que existió demora tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, lo que “influyó decisivamente en la evolución de la enfermedad y en su fallecimiento”, informa Europa Press.

Apuntan también que, dado el hombre ingresó varias veces por dolores abdominales (entre 2018 y 2020), entre otros síntomas -bajó de peso drásticamente en poco tiempo-, era fumador y tenía antecedentes de cáncer, “existieron datos alarmantes o de sospecha de la malignidad de la lesión”.

De hecho, relatan, ingresó varias veces con diagnóstico de pancreatitis, primero aguda, y luego crónica. No fue hasta casi 2021 cuando se le diagnosticó el tumor, por el que permaneció ingresado en el servicio de oncología.

Por su parte, la Consellería de Sanidade se defendió argumentando una dificultad en el diagnóstico por no presentar el paciente los síntomas más comunes de la enfermedad, alegato que la jueza desestima en este auto.

Por todo ello, la magistrada estima, en parte, el recurso de la familia y decreta una indemnización de 95.000 euros para la viuda y otra de igual cantidad para el hijo.

La Xunta de Galicia ofrece a los médicos de familia cobrar más dinero si las bajas de los pacientes a los que tratan tienen lo que considera una “duración estándar”. Es decir, va a premiar que las incapacidades laborales sean más cortas, dentro del plan que está desplegando para limitar este derecho de los trabajadores. La medida se va a aplicar a través del plus de productividad, que supone hasta 2.491 euros al año.

La información, que adelantó La Voz de Galicia, figura entre los objetivos que se marcan en los acuerdos de gestión que se firman entre el Servizo Galego de Saúde (Sergas) y cada una de las siete áreas sanitarias. Los de este año recogen por primera vez como uno de los baremos para ese plus de productividad la duración de las bajas laborales. Otros aspectos que se tienen en cuenta son la prescripción de medicamentos genéricos, la investigación y la participación en cribados.

La Xunta considera que cada uno de los procesos que motiva las bajas laborales tiene un tiempo “estándar” para que el paciente reciba el alta, según informa Europa Press. Anualmente, al cerrar el ejercicio, se hace una evaluación de los objetivos incluidos en los acuerdos de gestión, en la que ahora se va a valorar esa duración de las incapacidades temporales, como una forma de penalizar a los profesionales cuyos pacientes pasen más tiempo de baja de lo que el Gobierno gallego considera que corresponde.

Desde que el presidente gallego, Alfonso Rueda, anunció el plan de su Gobierno para dificultar el derecho a la baja, con el argumento económico de que en Galicia hay un problema de “absentismo”, han sido numerosas las críticas por alinearse con una reclamación de la patronal que no atiende a las causas que llevan a las incapacidades temporales, incluidas las jornadas de trabajo largas, la edad de las personas trabajadoras o los incumplimientos en materia de seguridad. Además, se han alzado voces de representantes sindicales y de profesionales sanitarios que recalcan que son recurrentes los casos en los que las bajas se prolongan a causa de la gestión de la sanidad pública y sus largas listas de espera para recibir atención especializada, tratamientos o hacerse pruebas.

Dentro de este objetivo de que haya menos bajas y de que duren menos, la Xunta ya empezó a enviar a los centros de salud a inspectores de Sanidade para presionar a los médicos de familia. En algunos casos se han reunido con los profesionales que tienen más pacientes de baja y han repasado caso por caso, a pesar de que los médicos ya tienen entre sus tareas hacer un seguimiento de las incapacidades temporales.

La Consellería de Sanidade dio el pasado lunes algunos datos sobre estos procesos: durante el mes de marzo los inspectores se reunieron con 110 médicos de familia en lo que llama “trabajo especial de apoyo”. Esas tareas han consistido en ir repasando los casos de baja para intentar reducirlos. Según la Xunta el resultado hasta ahora es que se ha hecho un doble control de 3.521 casos, lo que derivó en 730 altas, un 21%. Este proceso sigue en la actualidad, agregó el Gobierno gallego, que anunció ese mismo día que va a destinar 3 millones de euros a contratar a otros 18 inspectores para intensificar estas medidas.

Sanidade sostiene que la intención es evitar que las bajas “se extiendan más allá de cuando existan razones clínicas que lo aconsejen” y que este es uno de los 53 indicadores que se aplican en los acuerdos de gestión, utilizado también por comunidades como Castilla y León y recogido en un convenio con el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Asegura que la Xunta tiene “el convencimiento” de que los médicos de familia ya hacen “todo lo que está en su mano para que las bajas no se extiendan” más allá del momento en el que los pacientes se recuperan, a pesar de lo cual ha decidido aplicar esta medida. Añade que, de hecho, considera que el objetivo ya se cumple “en la inmensa mayoría de los casos”.

La Consellería defiende que sus iniciativas no pretenden fomentar o aconsejar que “una persona que reúna las condiciones clínicas para estar de baja vaya a trabajar”.

Los coordinadores de los servicios hospitalarios de urgencias en Galicia han emitido un comunicado en el que señalan que se sienten “discriminados” y “maltratados”, y denuncian el “bloqueo” de contratación de profesionales para sus servicios por parte de las gerencias de las áreas sanitarias, al “estar intervenidas por la Consellería de Sanidade”, que “fiscaliza y la autoriza o no”.

En total –según recoge Europa Press– son una decena de responsables de servicios de urgencias hospitalarios (SUH) los que suscriben un comunicado en el que se afea “la falta de respuesta y nulos avances” por parte del departamento que dirige Antonio Gómez Caamaño pese a los “reiterados avisos y solicitudes de solución a los problemas acuciantes” que, sostienen, padecen en su labor diaria.

Dificultades que, avisan, “afectan directamente a la seguridad clínica y a la calidad asistencial” prestada en urgencias. Por ello, “siempre desde la lealtad institucional”, se quejan de que la “voluntariedad” para la “realización de la atención continuada, prolongaciones o coberturas estaba instaurada en Galicia para los facultativos de atención Primaria y ”acaba de ser negociada“ para el resto de servicios hospitalarios ”volviendo a dejar al margen“ los de urgencias.

“No podemos permitir, que los verdaderos garantes de la accesibilidad y de la equidad del sistema sanitario público, volvamos a ser discriminados. Aquellos que están siempre, principal puerta de entrada para la gran mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, que ha quedado demostrada de una manera más evidente en el contexto de la pandemia por SARS-CoV-2 vuelvan a ser maltratados”, avisan.

No en vano, alertan de que “en estos momentos se ha bloqueado la contratación de profesionales” para sus servicios por parte de las gerencias de las áreas sanitarias, al estar “intervenidas por la Consellería de Sanidade”, que “fiscaliza y autoriza o no esa contratación”.

“Justo en los meses de estivales cuando la demanda en muchos SUH aumenta de manera exponencial por el efecto de atracción vacacional que ejerce la comunidad, que hace que algunos servicios lleguen casi a duplicar sus asistencias diarias”, agregan.

Equiparar condiciones a las de primaria

Además de que la capacidad de los servicios para contratar “ha disminuido”, los coordinadores de Urgencias también ponen el acento en que los trabajadores de sus servicios se hallan “en inferioridad” debido “a las condiciones económicas y laborales” logradas por sus compañeros de Atención Primaria.

Afirman que se alegran de la mejora en cuestión, pero reclaman que sean “equiparadas” para los profesionales que trabajen en los servicios de urgencias.

Problemas de seguridad clínica

En el comunicado también se incide en que, “desde hace 15 años se están solicitando herramientas informáticas para asegurar la trazabilidad” dentro de los servicios de urgencias, y avisan de que “su no existencia implica un problema grave de seguridad clínica y de riesgo para la calidad asistencial”.

“Un trabajo a demanda en el que en algún momento pueden encontrarse más de 200 pacientes dentro del servicio hace obligado disponer de un sistema de trazabilidad robusto y de contrastada fiabilidad, la probabilidad de confusiones y errores es elevada como se recoge ampliamente en la literatura médica. Se han reclamado en múltiples ocasiones y foros, pero a día de hoy seguimos sin disponer de ellas”, argumentan los coordinadores de Urgencias.

Por otro lado, se quejan de que las herramientas informáticas que se desarrollan para la organización se hacen sin contar con ellos. “Un claro ejemplo es IANUS 5, la nueva historia clínica electrónica, que si se implantase en el Sergas en estos momentos, llevaría a un bloqueo inmediato de los SUH ya que no está pensada para la atención urgente hospitalaria”, han apuntado.

Situación “dramática” en Ourense

Especial hincapié se hace en la situación del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) --la coordinadora del área, Beatriz Martínez, no suscribe un comunicado que sí secundan el resto de jefes de Urgencias de los principales hospitales de la comunidad--.

“En estos momentos la situación es dramática, disponiendo tan solo del 40% de los facultativos necesarios, exhaustos desde hace muchos meses, intentando mantener a flote ese servicio y la atención urgente del área”, se apunta.

“¿Alguno de ustedes se ha parado a pensar en lo que ocurriría si ese servicio de urgencias finalmente cierra? ¿Adónde acudirían cuando tuviesen un infarto, una parada cardíaca, un ictus? ¿Cuál sería el recurso al que irían solicitando ayuda? Esto lo único que refleja es la nefasta gestión de la gerencia de esa área sanitaria y la Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria por haber llegado a esta situación”, alerta.

Ante esta coyuntura, los profesionales de Urgencias de Galicia proclaman que es “el momento de que todos, sin excepción, arrimen el hombro”, al considerar una obligación “compartida” la de “salvar” este servicio en la comunidad.