Ni los fondos que destina la Xunta a la atención primaria son suficientes ni ha puesto remedio al problema de la falta de personal o de la temporalidad ni ha conseguido que la demora para ir al médico de familia sea de menos de 48 horas. El Consello de Contas confirma que esta área de la sanidad se ha deteriorado drásticamente: recibe el 12% del gasto sanitario, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda más del doble -un 25%-; solo la Comunidad de Madrid le destina menos; el 40% de los ayuntamientos no tienen pediatra y otro 30% lo comparte con otros territorios; el 28% de las plazas están vacantes y las demoras para ver al médico de familia se han incrementado. El informe analiza estos datos de espera solo en las áreas sanitarias de Pontevedra y Ferrol, pero recalca que los pacientes tienen que aguardar más de cinco días en el 39% de los casos en Pontevedra y en el 30% de las ocasiones en Ferrol.

El análisis de Contas -el ente que fiscaliza a las administraciones públicas en Galicia- llega en medio de protestas nunca desactivadas por la situación de la sanidad pública, en una jornada de huelga convocada por el sindicato CIG, cuando la Xunta anuncia una reforma de la atención primaria y con el debate abierto por el plan para limitar las bajas laborales. En este contexto, el informe hace una fotografía de la situación y señala que ese 12% del gasto destinado a primaria está por debajo también de la media estatal, que es del 14%

El documento añade que hubo, entre 2013 y 2023, una disminución de la población gallega y, a la vez, un envejecimiento, de modo que los mayores de 85 años aumentaron un 32%. Estos cambios, sumados a la dispersión de la población, “inciden directamente en las necesidades de la asistencia en atención primaria”. Pese a ello, el incremento en el gasto del Servizo Galego de Saúde (Sergas) -que fue del 27,5% entre 2019 y 2023- se dirigió sobre todo a atención hospitalaria y gasto farmacéutico. Para las consultas especializadas se destinó el 62% del gasto sanitario.

El análisis se refiere también al equipo humano en atención primaria, en donde están vacantes el 28% de las plazas. La falta de profesionales es, añade, “uno de los principales problemas estructurales”, reconocido por la propia Xunta. La cuestión se agudiza en medicina de familia y pediatría, recalca Contas, que indica que hay 120 ayuntamientos gallegos (el 40% del total) en los que los niños no tienen un especialista propio que los atienda y otros 96 en los que comparten pediatra, según los datos actualizados en octubre de 2025. En estos casos, los menores son derivados al médico de primaria, pero se pone de manifiesto “una cobertura insuficiente y desigual, especialmente en las zonas rurales”.

El personal sanitario tenía una tasa de temporalidad del 28%, según datos de principios de 2023. Hay una reducción tras la convocatoria de 468 plazas lanzada ese año, pero sigue sin alcanzarse el objetivo de que esa tasa se sitúe por debajo del 8% en todas las categorías profesionales.

Los documentos publicados este jueves son varios y se refieren, además de a la atención primaria y al Sergas, a las cuentas generales de la Xunta de Galicia en 2024 y al sector instrumental, es decir, entes que dependen de la administración autonómica o empresas en las que tiene una participación mayoritaria. Sobre estos puntos, Contas pone varios reparos. Señala que el Gobierno gallego incumplió la regla de gasto -que se determina cuánto puede aumentar el gasto de una administración teniendo en cuenta sus ingresos-, con un aumento del 9,1%, por encima de la media de las comunidades autónomas, que fue del 7% y del 2,6% que se había marcado.

Contratos sin concurrencia competitiva

El Consello de Contas señala que las rebajas fiscales aplicadas se incrementaron un 15,9% y representan 686 millones de euros que se dejan de recaudar. Estos beneficios fiscales, añade, equivalen al 0,66% del producto interior bruto (PIB) gallego, mientras que las normas que implican subir impuestos equivalen a solo el 0,27% del PIB.

El ente fiscalizador vuelve a poner el foco en la contratación, en la que el 42% del gasto -2.941 millones de euros- se tramita con procedimientos sin concurrencia competitiva entre varios candidatos. También afea que haya gastos corrientes registrados incorrectamente como inversiones, lo que “contribuye a proporcionar una imagen sobredimensionada del esfuerzo inversor de la administración”. Entre las partidas que no se pueden considerar inversiones cita las destinadas a la defensa contra incendios, la publicidad realizada en medios de comunicación y el contrato de seguimiento y gestión del plan de transporte público. Esta cuestión, recuerda Contas, se pone de manifiesto año tras año en sus controles.

Otra de las críticas se refiere a la falta de transparencia sobre entidades como la empresa público-privada Impulsa Galicia (disuelta en 2025 y a través de la que se promovió el proyecto de Altri y mediante la que se firmó un memorándum de entendimiento secreto con la empresa portuguesa) o la sociedad Recursos de Galicia. Contas señala que no se ha aprobado un marco normativo que aumente el nivel de supervisión sobre las mismas.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha condenado al Servizo Galego de Saúde (Sergas) a pagar 250.000 euros a un paciente que sufrió una demora en la intervención que necesitaba tras padecer un ictus por falta de camas en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

En su sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Alto tribunal gallego ha incrementado de 150.000 a 250.000 euros la indemnización que le corresponde a la víctima al considerarla “más ajustada a derecho”.

De esta manera, acoge parcialmente el recurso de apelación presentado contra la sentencia de la Plaza número 2 de la Sección Contencioso-administrativa del Tribunal de Instancia de Santiago de Compostela.

El fallo explica que el paciente fue inicialmente atendido en el hospital Ribera Povisa tras sufrir una hemorragia subaracnoidea, teniendo que aguardar más de 15 horas para ser derivado al Cunqueiro, hospital de referencia en estos casos.

Los jueces subrayan que “ningún protocolo” obliga a esperar en un pronóstico así, mientras que “queda acreditada la existencia de guías que obligan a actuar lo antes posible”.

“Debemos concluir que no hacerlo supuso una infracción clara de la lex artis ad hoc. Es decir, la no realización de la intervención que estaba pautada en las guías y que además tenía como uno de sus efectos principales evitar la producción de un resangrado que al producirse empeoró el pronóstico del paciente”, añaden.

Precisamente, el estado final del varón es de “gran invalidez” con dependencia “total” y con un grado de discapacidad del 95%.

Pese a todo, la sentencia no es firme, ya que cabe recurso contra la misma.

Retrasos en las pruebas diagnósticas, rehabilitaciones que nunca llegan, quejas a la Valedora do Pobo que chocan una y otra vez contra un muro, burocracia... la ineficiencia del Servizo Galego de Saúde (Sergas) se presenta en numerosos casos como la principal responsable de que se eternicen unas bajas laborales sobre las que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha puesto el foco como un “asunto urgente” que quiere solucionar.

Tanto es así que la creación de unidades especializadas y el anuncio de que la inspección médica se limitará, salvo casos extremos, a ratificar las propuestas de alta que lleguen de las mutuas privadas, se ha convertido en su principal aportación al debate sobre el estado de la autonomía que finaliza este viernes. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha visto en la medida visos de inconstitucionalidad mientras el BNG ha exigido a Rueda que se disculpe por “criminalizar” a los trabajadores al tratarlos de “vagos” y “defraudadores”. Aunque a menudo sean, sobre todo, las víctimas del propio sistema.

Paz (41): desde 2023 sin poder escribir en la pizarra

Paz —nombre ficticio— comenzó a sentir un fuerte dolor en su hombro a principios del año 2023. Lejos de desaparecer, se iba haciendo cada vez más fuerte y le afectaba tanto a la vida diaria como a su trabajo como docente. Tanto, que no era capaz ni de escribir en la pizarra. Su médico de familia le solicitó una consulta con el especialista. La cita tardó más de un año, hasta octubre de 2024: una prueba de imagen para la que fue derivada a la sanidad privada. El diagnóstico, tendinopatía con calcificación. La valoración del traumatólogo se demoró cuatro meses más, hasta febrero de 2025. Entonces, le prescribieron un tratamiento con ondas de choque al que, según la previsión, debería someterse en abril. En mayo, ante la falta de respuesta, Paz presenta su primera queja ante la Valedora do Pobo. El Servizo Galego de Saúde la llama al fin para iniciar el tratamiento a mediados de junio, que se prolonga durante un mes, y al finalizarlo le anuncian que en octubre —ya a la vuelta del verano— tendrá una nueva cita para evaluar el resultado. A partir de ahí, comienza un silencio administrativo que dura ya casi un año.

Esa falta de seguimiento provoca que la lesión empeore. El dolor se extiende también al codo y mover el brazo se convierte en un infierno. Busca solución en la privada y recurre a dos traumatólogos distintos, además de a una fisioterapeuta, que confirman la involución. A principios de año, al diagnóstico inicial se suma una epicondilitis lateral, el conocido como “codo de tenista”. Es entonces cuando, por fin, se decide a pedir la baja. Acto seguido, en febrero, presenta una nueva reclamación ante la Valedora, denunciando “atrasos reiterados, falta de seguimiento e impacto en la salud y la capacidad laboral”. Un mes y medio después, la Consellería de Sanidade continuaba sin enviar el informe demandado, así que la institución volvió a requerirlo, “recordando expresamente que tal envío resulta una obligación legal”. Era el martes, 7 de abril. Al día siguiente, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunciaba en el debate sobre el estado de la autonomía un plan para dificultar el acceso a las bajas. Sus prioridades: los problemas “menores” de salud mental y, como en el caso de Paz, las lesiones musculoesqueléticas.

Patricia (45): veinte meses de baja y ni rastro de rehabilitación

Patricia, limpiadora de 45 años, suma ya casi 20 meses de baja en dos tramos tras una recaída. Lo suyo empezó, también, con un dolor en el brazo. La resonancia confirmó desgaste y la presencia de varias calcificaciones en el cuello, así que se acogió a su primera incapacidad temporal que se prolongó durante siete meses. Como sucede en muchos de estos casos, al parar de forzar la zona afectada se produce una mejoría que, sin rehabilitación, desaparece al volver al trabajo. Fue lo que le sucedió a ella. A los dos meses, el sufrimiento había regresado, pero tuvo que “aguantar” a que se cumpliesen los seis que marca la normativa para poder acogerse a una nueva baja por recaída.

Desde entonces, ha pasado ya un año. En septiembre pasado se hizo una nueva resonancia —esta por el Sergas— que confirmó el diagnóstico inicial de la mutua. Una mutua que, desde el principio, le negó el acceso a la rehabilitación. Tras recibir los nuevos resultados, hace apenas tres semanas, Patricia la solicitó en el Sergas. La respuesta, que se lo tomase con calma, ya que a estas alturas del año todavía están atendiendo a los casos de noviembre pasado. Mientras, ella se resigna a seguir esperando. Según le han dicho, cuando cumpla los 24 meses de baja, tendrán que llamarla para estudiar su situación.

(En septiembre, el Sergas convocó 29 plazas de fisioterapeutas para toda Galicia en su “pírrica” oferta pública de empleo. Para el sindicato de enfermería Satse, a esa cifra le falta “por lo menos un cero”: si fuesen 270, aseguran, Galicia podría “empezar a avanzar en una ratio cercana a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud”. En la actualidad, la central cifra en 190 los fisioterapeutas de Atención Primaria y en 232 lo de hospitales, para atender a una población cada vez más envejecida de 2,7 millones de personas).

Manuel (61): dos años de espera, 16 pastillas al día y un desenlace “surrealista”

El caso de José Manuel es más complicado y, su final, una muestra del absurdo burocrático en el que a veces se ven atrapados los trabajadores. En 2021, con 56 años, el dolor de cabeza que había arrastrado toda la vida empeoró y decidió ponerse en manos de los médicos. A principios de 2023, tras una resonancia, el neurólogo le confirma una cefalea tensional intratable. La presencia de hernias y nódulos en su cuello provoca que sólo su pasado como nadador pueda explicar que aún mantenga la movilidad. Eso sí, con 16 pastillas cada día —siete con el desayuno— y, desde hace un tiempo, el bloqueo de sus nervios cada tres meses, una opción que sólo le dio resultado real la primera vez.

Con este diagnóstico, ni la mutua ni los servicios médicos discutieron nunca su baja hasta el segundo año. Se acuerda del día porque diluviaba en Santiago: el 8 de enero de 2025, un médico del Equipo de Valoración de Incapacidades de Compostela le dio el alta y tuvo que reincorporarse a su trabajo en una empresa de telecomunicaciones. En su situación, no podía esperar los 180 días de rigor para volver a pedir la baja por recaída así que, como primera medida, se tomó los dos meses de vacaciones que tenía pendientes; después, su médico de familia le concedió la incapacidad, en este caso, asociada a un “transtorno de ansiedad debido a una afección fisiológica conocida”.

Tras esa vuelta obligada a la actividad, José Manuel decide recurrir a la justicia. En marzo, el juzgado le concede una incapacidad permanente retroactiva, desde el día de su alta, que el Instituto Nacional de la Seguridad Social acepta sin dudar. Sin embargo —y ahora viene, en sus palabras, “lo surrealista”—, el 1 de abril, al cumplirse el año de baja, el INSS le envía un SMS en el que le confirma que es el único organismo que puede darle el alta o la incapacidad permanente. Es decir, para la administración todavía sigue de baja. A él, eso le supone, entre otras cosas, una pérdida de ingresos brutos de unos 3.000 euros anuales. Mientras, su situación sigue sumando días a una estadística que no para de crecer y de la que la Xunta prefiere culpar a los trabajadores.

Galicia es la comunidad autónoma que registra el porcentaje más bajo en satisfacción de toda España en cuanto al servicio de atención primaria, el más utilizado por la población a nivel nacional (80,8%), según un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado este viernes.

En los niveles “más críticos” se sitúan Andalucía, Valencia “y especialmente Galicia”, señala el documento, que asegura que la comunidad autónoma gallega “registra el porcentaje más bajo de satisfacción de todo el territorio, situándose por debajo del 73 por ciento”, recoge Europa Press. En contraposición, en Cantabria y el País Vasco los niveles alcanzan el 90%.

En Galicia, en lo que se refiere a las consultas de atención primaria, un 23,7% dijo estar totalmente satisfecho, frente a un 3,5% totalmente insatisfecho. Respecto al sistema sanitario, el documento revela que el 12,8% de los encuestados cree que, en general, funciona bastante bien, mientras un 44,3% apunta que funciona bien aunque son necesarios algunos cambios.

Sobre si han tenido algún problema para consultar por síntomas o enfermedades con su médico en Galicia, un 23,3% indica que alguna vez ha necesitado hacerlo y no lo ha conseguido y un 63,4 % asegura que cuando lo ha precisado ha podido hacerlo. Así, la atención que han recibido por su médico de cabecera ha sido buena en un 44,6% y mala en un 0,7% de los casos. En el especialista, un 52,6% la considera buena y un 2,4%, mala.

El análisis por comunidades confirma que la opinión de la ciudadanía sobre el sistema sanitario está “profundamente ligada al desempeño de cada comunidad autónoma”.

A nivel nacional, el 51,6% de la población mantiene una valoración positiva del funcionamiento del sistema sanitario público. No obstante, este promedio esconde una marcada desigualdad territorial, ya que Cantabria lidera la valoración con un 66,4% de opiniones favorables, situándose 14,8 puntos por encima de la media. En el extremo opuesto, Andalucía registra el índice más bajo con un 38,8 por ciento.

En el ámbito del ingreso hospitalario, la sanidad pública registra una valoración del 81,4% de los pacientes, con una nota media de 7,02 puntos sobre 10. Por otro lado, la coordinación entre los servicios de Atención Primaria y el ámbito hospitalario cuenta con una valoración del 49,4% de la población a nivel nacional.

En relación con la salud mental, el informe revela que el 19,9% de la población (prácticamente una de cada cinco personas) ha necesitado consultar a un profesional por un problema de salud o malestar emocional en el último año. De este grupo, el 51,1% fue atendido principalmente en el sistema público, donde el servicio recibe una valoración positiva del 56% por parte de sus usuarios.

Por otro lado, y a pesar de la variabilidad territorial detectada en otros indicadores, se mantiene una sólida y mayoritaria preferencia por la hospitalización pública, que elegiría el 73,9% de los ciudadanos frente al 23,9% que optaría por la sanidad privada.

La Consellería de Sanidade no va a tomar medidas por ahora para investigar si un grupo sanitario privado le está pasando facturas infladas en Ourense. La Fiscalía decidió presentar denuncia tras una investigación llevada a cabo por la policía judicial que concluye que el centro médico El Carmen, propiedad del Grupo Recoletas, ha cobrado por intervenciones maxilofaciales con sedación cuando, en realidad, a los pacientes se les había aplicado anestesia local. El primer procedimiento, el de la sedación, es más caro, de modo que el informe policial advierte de “un perjuicio económico para el erario público”. La información, adelantada por elDiario.es, ha sido publicada por varios medios después de que la propia Fiscalía distribuyese un comunicado de prensa al respecto.

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) insiste en que no se le ha notificado la denuncia y en que, por ese motivo, no va a emprender ninguna acción por ahora. “Cuando se tenga conocimiento de los términos concretos de esa denuncia, se evaluará en profundidad y se obrará en consecuencia”, señala, en respuesta a preguntas de esta redacción. En la jornada de ayer, después de que la información apareciese publicada, la Xunta añadía que colaborará en la investigación judicial. La sanidad pública deriva en Ourense a los pacientes a esta clínica privada -y a Cosaga, del mismo grupo- para intervenciones maxilofaciales.

La Fiscalía señala en su resolución que presenta denuncia ante los juzgados de Ourense por si los hechos pueden constituir un delito de falsedad documental o un delito de estafa. En ese mismo documento pide que se le notifique la decisión al centro médico El Carmen, al Grupo Recoletas y a tres trabajadores de estas empresas.

Los partidos de la oposición han reaccionado a la información acusando a la Xunta de falta de control en las derivaciones de la pública a la privada. La diputada del BNG Noa Presas anuncia iniciativas parlamentarias para pedir explicaciones y denuncia que esto pone de manifiesto los problemas de la sanidad en Ourense: “constante” privatización de servicios y reducción de la competencia porque el mismo grupo empresarial compró las dos clínicas a las que se hacen derivaciones. “La pregunta es clara: ¿cuántos más fraudes puede haber?”, dice la parlamentaria en un vídeo compartido en redes sociales.

Por su parte, la diputada del PSdeG Carmen Rodríguez Dacosta ha presentado en el Parlamento varias iniciativas tras conocer la denuncia de la Fiscalía. Apunta también a la falta de control de la Xunta, a la que acusa de estar “mirando para otro lado” en las derivaciones, que funcionan con “deficiencias”. Reclama que se aclaren las responsabilidades y se evalúe el alcance de los hechos, por lo que pide al Gobierno gallego que abra un expediente informativo y encargue una auditoría independiente sobre los servicios que prestan los centros privados con cargo al Sergas.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, no encuentra responsabilidades de su departamento en las huelgas que están afectando a la sanidad pública en Galicia. En la que demanda medidas específicas al Servizo Galego de Saúde (Sergas) y que ha provocado la suspensión de decenas de miles de consultas de atención primaria en este mes de marzo considera que la culpa es de los sindicatos convocantes (O'Mega, desde que empezó marzo, y la CIG, que convocó una protesta el día 12), a los que acusa de no querer buscar una solución realmente. Y en el conflicto entre sindicatos médicos y Ministerio de Sanidad por el estatuto marco lo que ve es “falta de sensibilidad” de la ministra, Mónica García, “para reunirse y buscar un acuerdo lo antes posible”.

Gómez Caamaño no ve contradicción entre reclamarle voluntad de diálogo a la ministra y haber eludido él mismo reuniones con O'Mega, que ha acusado a la Consellería de Sanidade de prepotencia y de no estar estableciendo una negociación “seria”. El conselleiro defiende que su departamento está negociando con cinco sindicatos la reforma de la atención primaria y que su voluntad de diálogo “es plena desde el principio”. Pero, asegura, “otra cosa es que CIG y O'Mega no quieren hablar para solucionar el problema”.

El bloqueo de las conversaciones con O'Mega ha provocado que las protestas hayan escalado y, a los paros en atención primaria, se hayan sumado profesionales de los hospitales que se niegan a hacer las llamadas peonadas -horas extra que se pagan a los médicos por atender por las tardes a pacientes en lista de espera-. Todo esto en un contexto en el que los datos de las demoras para una operación, una consulta especializada o una prueba diagnóstica han empeorado en 2025.

La semana pasada, cuando presentó los datos, Gómez Caamaño atribuyó los malos datos a las huelgas por el estatuto marco del finales de año, pero sin hacer mención a que ni a que la sanidad pública gallega sigue alejada de los tiempos previos a la pandemia ni a que hay también paros que reclaman medidas de la Xunta, no del Gobierno central. Este lunes, el conselleiro pidió “responsabilidad” a Mónica García y acusó a su ministerio de haber pasado de un modelo de “yo invito a cenar y tú pagas a uno de yo hago el daño y tú lo sufres”.

Gómez Caamaño compareció junto al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para informar de que queda abierto el trámite de consulta pública para elaborar el anteproyecto de ley de transformación digital del Sergas, que pretende dar respuesta a la introducción de las nuevas tecnologías -en 2025 la inteligencia artificial ya analizó un millón de imágenes en la sanidad pública gallega-.

La Fiscalía de Ourense ha presentado denuncia en los juzgados ante la sospecha de que el centro médico El Carmen de Ourense, una clínica privada propiedad del Grupo Recoletas, haya facturado al Servizo Galego de Saúde (Sergas) intervenciones maxilofaciales con sedación en las que, en realidad, no se aplicó más que anestesia local y haya cobrado, en consecuencia, más de lo que debería. Tras una investigación previa, pide analizar si los hechos constituyen un delito de falsedad documental y estafa.

Las indagaciones, de las que se encargó la policía judicial, se iniciaron a raíz de una denuncia registrada en el verano de 2025 por Xosé Rubal, cirujano maxilofacial asociado a Cosaga -otro centro privado- a través del Instituto Dental Facial. En el proceso fueron identificados tres pacientes que confirmaron que, para sus intervenciones, habían recibido anestesia local, con un pinchazo en la zona del diente, y no habían sido sedados, pese a que las facturas cargadas después a la sanidad pública decían otra cosa. El escrito de la Fiscalía expone que los pacientes del Sergas que requieren intervención quirúrgica maxilofacial en Ourense son derivados a dos centros privados: Cosaga y centro médico El Carmen, ambos pertenecientes al grupo Recoletas, originario de Castilla y León y que anunció la adquisición de las clínicas ourensanas en 2022. En el momento de redactar esta información ni la Consellería de Sanidade ni el grupo Recoletas habían contestado a las preguntas remitidas por este diario.

El informe de la policía judicial, entregado en enero de 2026, relata las comprobaciones hechas y llega a la conclusión de que en el centro médico El Carmen se han emitido facturas por importes que “no se corresponden con las intervenciones realmente efectuadas, produciendo un perjuicio económico para el erario público”. Y añade que, si el grupo empresarial sigue aplicando esta metodología detectada en El Carmen, “no resulta descabellado inferir” que esté facturando al Sergas intervenciones “con sedación, que conllevan una tarifa más elevada, cuando en realidad las mismas podrían estarse realizando únicamente con anestesia local”.

La investigación recoge que uno de los pacientes tuvo que ser intervenido en el centro médico El Carmen en dos ocasiones, en 2022 y en 2023, para extraerle una pieza dental y que las dos veces fue anestesiado con un pinchazo en la encía. El documento del alta, sin embargo, indica que hubo sedación y se cobraron 110,89 euros, pese a que la extracción que se le hizo a esta persona tenía un coste de 76,44 euros. En el caso de otro paciente al que se le quitó una muela del juicio en esta clínica en 2023 sucedió lo mismo, según el escrito.

El tercer caso que aparece en la documentación también muestra irregularidades, según la policía judicial: una paciente fue primero a consulta, en mayo de 2023, y luego fue intervenida en junio de ese año porque tenía un quiste apical. El procedimiento habitual es que, si tras la consulta hay una operación, se emite una única factura, expone la policía judicial. Pero aquí se le cargaron al Sergas por separado la consulta inicial, por 34,25 euros, y la intervención después, por 1.284,77 euros. El informe añade que, además, esta segunda cantidad “no se corresponde con concepto alguno de los que figura en la autorización de uso (normativa reguladora)”. El concepto que sí figura es el de “quiste odontogénico”, con un coste algo inferior, de 1.218 euros.

Las conclusiones del informe policial son que hay irregularidades por la inclusión de operaciones con sedación que no la tuvieron y también en la conceptualización porque se aplican tarifas que no coinciden con “los conceptos autorizados” ni con los diagnósticos que constan en los informes médicos. “Se han constatado irregularidades en la aplicación de tarifas superiores a las acordadas en las autorizaciones de uso vigentes en ese momento”, indica. También advierte “discrepancias” entre la factura electrónica emitida por el centro médico y el listado de intervenciones entregado físicamente al departamento de admisión que supervisa y valida el pago de las facturas.

La derivación de pacientes ourensanos a la privada

En el área sanitaria de Ourense, los pacientes de la sanidad pública que necesitan una intervención maxilofacial se derivan a centros privados. La relación con el del Carmen fue objeto de críticas por parte del Consello de Contas, que analizó los servicios externalizados en un informe publicado en 2024, pero que fiscalizó la actividad de 2022. Señalaba que, pese a los más de 20 años transcurridos desde que se empezaron a derivar pacientes no había habido “el debido soporte contractual” y la relación se basaba en “la utilización pertinaz de la figura de la autorización de uso y lejos en todo momento de los criterios que deben regir la contratación por la administración”.

En la actualidad, las derivaciones tanto al centro médico El Carmen como a Cosaga, están amparadas por un acuerdo marco, que está vigente desde el 1 de marzo de 2025. En la licitación hubo varias empresas adjudicatarias: la unión de El Carmen y Cosaga consiguió el lote de los procedimientos de media y baja complejidad y parte del de procedimientos de especial diagnóstico y terapéuticos. En aquel proceso se decidió también derivar los casos complejos de Ourense a Vigo, al hospital privado Vithas.

Tras la formalización de este acuerdo marco, el médico que presentó la denuncia ante Fiscalía acudió también a la Comisión Galega da Competencia porque asegura el servicio del que él se ocupa está siendo estrangulado. Rubal se encarga, a través del Instituto Dental y Facial, del área de maxilofacial y odontología de Cosaga. El cirujano señala que, desde la concentración de esta empresa con el centro médico El Carmen, dentro del grupo Recoletas, su unidad ha sido marginada, con unos precios que le han sido impuestos y que considera inviables. Y critica que esto supone reducir a una sola las alternativas en el área sanitaria para los pacientes derivados de la pública.

Todos los indicadores con los que se analiza la evolución de las listas de espera han empeorado en Galicia. Al cierre de 2025, los pacientes de la sanidad pública tenían que aguardar más que en 2024 tanto para someterse a una operación como para ver a un médico o hacerse una prueba. Los datos del año pasado muestran no solo un empeoramiento con respecto al ejercicio anterior, sino también que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) sigue sin recuperar los tiempos que había antes de la pandemia (54 días para pasar por quirófano en 2019).

Los datos los ha explicado el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, que ha tratado de justificar los malos resultados señalando que ha habido un aumento de la actividad y atribuyendo el incremento de las listas de espera a la huelga de médicos convocada a nivel estatal contra el Estatuto Marco a finales del año pasado. No ha hecho referencia, sin embargo, a las convocatorias que han afectado específicamente a la sanidad pública gallega, con paros en atención primaria en noviembre, y también en la actualidad.

Los datos del Sergas indican que la espera media para una operación era, con los datos al cierre de 2025, de 72,8 días, frente a los 67,1 de demora de 2024. Es decir, los pacientes tienen que esperar 5,7 días más. El incremento en la demora afecta a todas las prioridades, aunque en diferente medida. La prioridad 1 ha empeorado en 3,1 días y tiene una espera media de 20,2 días. La prioridad 2 es la peor parada: la demora es de casi 73 días, seis más que en 2024. Y la prioridad 3 registró una espera de 75,7 días de media, es decir, 5,8 más que el año anterior. La Xunta apunta que, pese a que han ido a peor, los tiempos gallegos están por debajo del estándar que establece un plazo de 30 días para las intervenciones más urgentes.

También sube el porcentaje de pacientes que deben aguardar más de seis meses para una operación. Al término de 2025 eran 2.810, el 5,7% del total. Un año antes representaban el 3,9%. El Sergas indica que, en total, se hicieron 207.409 intervenciones en la sanidad pública el año pasado, que son casi 2.600 más que el ejercicio anterior. Sin embargo, entre las de prioridad 1, la cifra cayó de 27.740 a 27.560.

En cuanto a las esperas para las consultas médicas, la demora media se situó en 62,6 días (eran 60,8 un año antes), algo más de dos meses, y los gallegos en lista de espera eran 205.248. De ellos, algo más de cuatro de cada diez (41,2%) afrontaban una demora de más de 60 días, frente al 36% que tenía que esperar más de dos meses en 2024. Para hacerse pruebas estaban aguardando casi 124.000 pacientes al finalizar 2025, con un tiempo medio de 97,8 días. Al cierre de 2024, la espera era de 87,3, es decir, 10,5 días menos.

En las vías rápidas establecidas para varios tipos de cáncer, el tiempo medio de espera no registró apenas variación entre 2024 y 2025 en el cómputo global, pero los resultados fueron dispares en cada caso. La vía rápida del cáncer de mama aumentó la espera en 2,5 días, de casi cuatro a algo más de seis. Las cifras son similares en el oncohematológico y también empeoraron en el de vejiga, que pasó de 3,8 a 5,2.

Gómez Caamaño aseguró que la tendencia era positiva hasta noviembre y achacó que el empeoramiento de los indicadores se debió a las huelgas de médicos posteriores. La Xunta asegura que por este motivo se tuvieron que suspender 1.086 cirugías y 27.800 consultas en el mes de diciembre.

En la actualidad, la sanidad gallega afronta otras protestas de los profesionales que reclaman cambios en las políticas autonómicas. Este jueves la Consellería ha informado de que los paros convocados en atención primaria por CIG y O'Mega han tenido useguimientoto del 5,98% en el turno de mañana. O'Mega lleva ya ocho jornadas de huelga, que han provocado la suspensión de 38.696 consultas en Galicia, según los cálculos de la Xunta. El sindicato informa de que las protestas han saltado también a los médicos especialistas y hay profesionales negándose a hacer peonadas en hospitales de toda la comunidad.

Varios pacientes que se encuentran en lista de espera para someterse a tratamiento de fecundación in vitro con Test Genético Preimplantacional (TGP) han denunciado este martes “inactividad” por parte del Servizo Galego de Saúde (Sergas) y falta de transparencia para saber cuánto tiempo les queda para ser atendidos. En concreto, nueve parejas han acudido este martes a presentar una queja colectiva en la sede de la Valeduría do Pobo, en Santiago de Compostela, ante lo que denuncian como “paralización” de un servicio “básico” desde noviembre del año 2024. El conselleiro de Sanidad ha admitido la existencia de “un retraso”.

“Cuando recibimos la noticia de que cumplíamos los requisitos que ellos ponen para acceder a esta prueba, sentimos una esperanza y una ilusión muy grande (...) Sin embargo, nos encontramos con una paralización del servicio, con una falta de empatía del Sergas, con respuestas vagas y con silencio”, asegura una de las pacientes. Por otro lado, según recoge Europa Press, han denunciado la falta de información por parte de la Administración que, según afirma una de las afectadas, no las han avisado de esta paralización, sino que se han enterado por llamadas a los centros sanitarios.

Respecto a los motivos por los que no se retoma el servicio, desde la Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS aseguran que el Sergas atribuye la problemática a la falta de especialistas que realicen esta técnica. Así pues, afirman que en julio de 2025 se había resuelto sin éxito un proceso de selección de personal cualificado, al no haber superado ninguno de los candidatos los requisitos que se pedían.

No obstante, no entienden por qué la Administración no ha presentado ninguna solución desde hace un año para satisfacer la demanda y resolver un problema que consideran “básico”.

FIV con TGP

“La fecundación in vitro con TGP es una técnica de carácter preventiva que busca evitar que la descendencia pueda padecer en el futuro enfermedades debido a determinados genes que poseen los padres y que favorecen la aparición de distintos tipos de dolencias como puede ser el cáncer”, asegura el director de la Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS, Fernando Abraldes.

Respecto al funcionamiento, la técnica consiste en estimular los ovarios para obtener óvulos, fecundarlos en el laboratorio y analizar genéticamente los embriones mediante TGP para seleccionar los sanos y transferirlos al útero.

No obstante, para que esta técnica logre resultados exitosos resulta imprescindible la rapidez, pues el tiempo biológico se reduce y, en consecuencia, la posibilidad de embarazo también. Por ello, los pacientes demandan una mayor celeridad en el proceso administrativo y que se solucione “cuanto antes” esta situación.

Así pues, según han anunciado, reclamarán una reunión con el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, así como con la gerencia del Sergas para trasladar su preocupación ante el “incumplimiento” de un servicio contemplado en la Cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.

Preguntado al respecto, el conselleiro ha reconocido que “efectivamente hay un retraso” en todo el proceso de reproducción humana asistida que, según ha dicho, se debe a “muchos factores”. Uno de ellos, según ha apuntado, es la figura del embriólogo, que “no está perfectamente definida en el sistema sanitario” lo que, conforme ha apuntado, supone un “inconveniente” a lo largo de todo este tipo de cuestiones“. Con todo, ha sostenido que el Sergas tratará de buscar ”lo antes posible“ soluciones al problema.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció hace algo más de un mes la “incorporación inmediata” de 21 psicólogos clínicos en atención primaria en Galicia, pero el proceso no está siendo todo lo rápido que prometió: en la provincia de Ourense no han conseguido contratar a ninguno de los tres previstos en estas semanas. Como adelantó el diario La Voz de Galicia, la jefa de Psiquiatría del área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, María Tajes, ha recurrido a publicar a través de sus redes sociales (en Linkedin) un anuncio en el que expone que lo que se ofrecen son contratos de interinidad sujetos a llamamiento según la normativa para el Servizo Galego de Saúde (Sergas).

La Consellería de Sanidade explica que en Ourense llegó a haber dos profesionales interesados en los puestos, pero en el momento de la incorporación renunciaron ambos a la plaza, de modo que las vacantes siguen siendo tres. “Se está en una búsqueda activa para poder cubrir e incorporar en el plazo más breve posible a los tres psicólogos clínicos, teniendo en cuenta que se trata de una especialidad deficitaria”, justifica el departamento que dirige Antonio Gómez Caamaño.

La de incorporar psicólogos clínicos a la atención primaria es una promesa que el actual presidente de la Xunta lanzó en el debate sobre el estado de la autonomía de octubre de 2023. No se concretó hasta el pasado 2 de febrero, cuando informó, tras la reunión del Consello, de los planes de Sanidade para sumar 21 profesionales a los siete que ya estaban trabajando en atención primaria. Consideraba que, de esta forma, quedaba constituida la red gallega de psicólogos clínicos en este nivel asistencial, integrada por 28 trabajadores, de los que ahora mismo están contratados 25. La Consellería indica que el problema de las plazas sin ocupar afecta solo al área de Ourense y que en el resto sí se han formalizado los contratos.

Cuando hizo el anuncio, Rueda añadió que la pretensión es que estos psicólogos pasen consulta, pero también que diseñen actividades preventivas. Y dijo que el objetivo es llegar a 50 antes de 2030. Las 21 nuevas contrataciones implican un desembolso de 1,5 millones de euros.

Entonces, la Xunta desglosó los centros de salud en los que iban a estar destinados estos psicólogos. En el área sanitaria de A Coruña y Cee son cinco: uno se va a ocupar de Abegondo/Curtis/Teixeiro; otro de Miño/Sada; otro más de A Laracha/Cerceda; un cuarto de Os Rosales/Labañou y el último de Vimianzo/Cee. Los tres profesionales incorporados en Santiago e Barbanza cubren Muros; Melide/Arzúa y Rianxo. En Vigo también son cinco: centro integral de saúde Olimpia Valencia, Navia, Ponteareas, Redondela y Moaña. En Pontevedra y O Salnés se ha incorporado a un profesional que se ocupará de los centros de salud Virxe Peregrina y de Sanxenxo.

En el área sanitaria de Lugo, A Mariña y Monforte se suman tres psicólogos: uno para Viveiro, otro para Sarria y uno más para el centro de salud Praza de Ferrol de Lugo. En Ferrol hay un nuevo psicólogo en el centro de salud Fontenla Maristany. Y en Ourense la intención era incorporar uno para cubrir Valle Inclán/Puente/O Carballiño; otro para Novoa-Santos/O Couto/Mariñamansa/Ribadavia y uno más para O Barco de Valdeorras/Viana do Bolo.

La Asociación de Pacientes e Usuarios del CHUS y el Comité de Empresa de la adjudicataria del transporte sanitario en el área sanitaria de Santiago y O Barbanza han denunciado deficiencias en el servicio y exigen su “desprivatización”. Lo hacen en un comunicado conjunto, en el que reclaman que se dote al servicio de los medios, materiales y humanos, necesarios para “garantizar un funcionamiento del conjunto del sistema de acuerdo con los principios de calidad y equidad” y que se integre como personal del Sergas a todo el personal subrogado.

“Llamamos a pacientes y usuarios a denunciar las carencias de las que sean víctimas durante la prestación del servicio bajo el convencimiento de que solo así será posible mejorar las condiciones materiales de atención”, animan, según recoge Europa Press. Recuerdan que, desde septiembre de 2024, el servicio de ambulancias de esta área está adjudicado para su gestión privada a la unión temporal de empresas TSNUX Santiago y Barbanza, compuesta por las compañías Ambulancias Casablanca Santiago, S.L. y Servicios Sanitarios del Cantábrico, S.L.

Sobre esto, remarcan su “absoluta discrepancia” con el hecho de que cualquier servicio que tenga como finalidad garantizar la atención sanitaria de pacientes “pueda ser explotado en un régimen de gestión privada, ya que esto resulta éticamente reprobable, al drenar recursos que no tienen como finalidad servicios asistenciales, sino garantizar la rentabilidad de la explotación”.

Apuntan también que la adjudicación se realizó sobre la base de 45 ambulancias, “que no fueron incrementadas por el adjudicatario en el trámite de licitación y que son manifiestamente insuficientes” para el área, que cuenta con una superficie total de 4.871 kilómetros cuadrados y una población de 443.458 habitantes, con una elevada dispersión geográfica a través de los 45 municipios que la componen y en la que se concentran seis servicios de referencia a nivel estatal, además del futuro centro de protonterapia.

El personal considera que son necesarias 10 unidades más para garantizar condiciones mínimas de seguridad y calidad. El comunicado agrega que la insuficiente dotación fue uno de los motivos de que se retrasase la puesta a disposición de camas que relacionan con el colapso de los días 9 y 12 de enero. Había, dicen, pacientes con el alta dada a la espera. “Esta precariedad constituye una de las causas estructurales que están afectando a los servicios de urgencias y a la vulneración de derechos fundamentales de los pacientes colocados en los pasillos esperando atención”, lamentan.

Ambas asociaciones consideran que las deficiencias anteriores son “consecuencia” del modelo de gestión privado que “prima” los criterios económicos en la adjudicación y que “favorece el drenaje de recursos públicos para retribuir el beneficio empresarial a costa de la atención sanitaria”.

La sanidad pública gallega va a recurrir a la inteligencia artificial para analizar 1,8 millones de pruebas en imagen para diagnosticar enfermedades en 2026. La secretaria xeral técnica de la Consellería de Sanidade, Natalia Lobato, anunció el plan para seguir aumentando la presencia de estas tecnologías en el Servizo Galego de Saúde, que pasa por encargarle la revisión de 1,5 millones de radiografías de tórax, 150.000 imágenes de cribados citológicos, 100.000 imágenes oftalmológicas y unas 40.000 para detección de cánceres de mama y próstata.

La inteligencia artificial es ya el recurso habitual en determinadas pruebas en la atención primaria: los médicos de familia están acostumbrados a que los informes de las radiografías les lleguen después de haber pasado por una máquina y sin que los haya visto un radiólogo. Ellos deben repasar imágenes y conclusiones cuando las reciben.

En el sector, hay profesionales que sostienen que el porcentaje de acierto es muy elevado en cuestiones como lesiones musculoesqueléticas y prefieren el apoyo de una IA a que nadie haya visto esa imagen cuando la repasan ellos y otros que lo consideran un elemento que añade inquietud tanto al médico como al paciente. El presidente del Consello Galego de Colexios Médicos, Eduardo Iglesias, señaló en una conversación con elDiario.es en noviembre de 2025 que a la IA le ve ventajas en tareas repetitivas porque ayuda a ganar tiempo y para analizar gran cantidad de datos. Avisó de que es necesario estar vigilante: “Permite hacer un cribado. Lo que da son sospechas, pero el diagnóstico final lo tiene que hacer un médico”.

La apuesta de la Xunta es clara. El balance que hacen de la aplicación de inteligencia artificial a estos procesos es positivo. El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, dijo en julio de 2025 que los resultados son “muy buenos” en las radiografías que se hacen en atención primaria y en urgencias. Y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, avanzó en noviembre del mismo año que la decisión es llevar estas tecnologías a “todos los procesos de diagnóstico de la sanidad pública”.

Lobato, que compareció en el Parlamento de Galicia para hablar de la digitalización en la sanidad pública gallega, aseguró que hasta hoy se han procesado un millón de pruebas con inteligencia artificial en urgencias y atención primaria, centradas en las radiografías de tórax y musculoesqueléticas. La inteligencia artificial interviene ya en otros programas sanitarios en Galicia, como uno para el seguimiento de la diabetes o el Proxecto Xenoma, una iniciativa para mapear el ADN del 15% de la población para predecir enfermedades.

Un juzgado de Santiago de Compostela ha anulado el programa de transición generacional de 2023 del Sergas para los facultativos hospitalarios al considerar que “vulnera los principios de igualdad y mérito”.

Según Europa Press, el objetivo del programa era retener en Galicia, con contratos de tres años para especialistas de hospital, a aquellos médicos que terminaban el MIR. Con esto, argumentaban los sindicatos cuando se implantó, se saltan los criterios de las listas de contratación habituales al dejar fuera a médicos con experiencia.

La resolución es recurrible y se refiere al primer programa, de 2023. El sindicato Simega, responsable del recurso, también ha recurrido el del 2024, aunque no se ha conocido todavía el fallo a este respecto.

En la sentencia, el juez da la razón al sindicato y asegura que el programa “vulnera los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública”, ya que los contratos ofertados “excluyen a todo el personal facultativo que no reúna la condición de terminar el MIR en el 2023 y se aparta del sistema convencionalmente pactado para la gestión de tales llamamientos”.

“La justificación del programa no ampara la infracción del principio de igualdad en el acceso al empleo”, defiende el magistrado, que afirma que “la restricción de los posibles aspirantes a participar en el programa produce la quiebra del principio de igualdad y de mérito y capacidad en el acceso, excluyendo a otros candidatos en posesión de la titulación, a los cuales se priva de la posibilidad de acceso a contratos de larga duración”.

El gerente del área sanitaria de Pontevedra-O Salnés, José Flores, ha confirmado a Europa Press que se han tenido que reprogramar cirugías no urgentes en el Hospital Montecelo debido a la saturación de urgencias por los casos de gripe.

Y es que este mismo jueves 48 pacientes permanecían en Urgencias a la espera de una cama, atendidos los pasillos y en zonas de expansión habilitadas como, entre otras, el área de endoscopias.

Tal y como ha expuesto, el principal motivo es el impacto en la población de la gripe y demás infecciones respiratorias.

Debido a esto, además de reprogramar endoscopias, también lo han tenido que hacer con cirugías que no revisten gravedad, además de las ambulatorias, tanto para este jueves como para próximos días.

Respecto a posibles derivaciones al Hospital Quirón, Flores ha señalado que, en base al convenio con este centro, asisten a pacientes traumatológicos y similar.

La Comisión de Centro del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) ha denunciado un “colapso grave y continuado” en el Servicio de Urgencias, “que se viene produciendo desde los primeros días de 2026 y que, lejos de mejorar, continúa agravándose ante la inacción de la gerencia”.

Así lo señalan en un comunicado frente a la postura mantenida por la gerencia del área sanitaria de A Coruña y Cee, que, en declaraciones a Europa Press, admite una “mayor demanda”, pero defiende las medidas impulsadas con el plan de invierno “activado”.

“La asistencia a Urgencias del Chuac está siendo elevada tanto en adultos como en niños con predominio de infecciones respiratorias y descompensaciones, sobre todo en gente de edad avanzada, pero acorde a esta época del año”.

“La gripe continúa teniendo un impacto relevante con una onda epidémica en ligero ascenso y con 60 pacientes ingresados en este momento”. “El plan de invierno está activado y se han puesto en marcha medidas organizativas en función de los niveles de sobreaforo y la demanda”, apuntan para aludir, además, a “refuerzos de personal necesario”.

Mientras, inciden en que es importante “que la población sea consciente de que las urgencias hospitalarias pasan estos días por los de mayor demanda del año pero que la asistencia está garantizada y que el complejo hospitalario tiene todos sus medios operativos, incluidas todas las camas de hospitalización”. “El periodo vacacional, la interacción social propia de estas fechas y las bajas temperaturas colaboran a la alta demanda”, indican también.

Pacientes en espera de cama

Por su parte, la Comisión de Centro, un comunicado, sostiene que a las 13.00 horas de este miércoles “más de 240 pacientes” permanecían en Urgencias, “de los que 68 estaban a la espera de una cama de hospitalización”.

“Una cifra que evidencia la saturación total del servicio y que se extiende ya a todo el complejo hospitalario”, apuntan desde la Comisión de Centro, que indican que “esta situación se produce sin que la gerencia adopte medidas reales, ni reforzando los cuadros de personal ni habilitando los recursos materiales necesarios”.

“Este colapso está teniendo consecuencias directas tanto para las personas usuarias como para el personal: atención en corredores, tiempos de espera inasumibles, sobrecarga asistencial extrema y riesgo de seguridad asistencial”, añaden para demandar planificación y rechazar que sea “un hecho puntual”.

En otro orden de cosas, el sindicato CSIF ha denunciado una “subida abusiva” del precio de los abonos del aparcamiento del Chuac, “que ha pasado de 65 a 80 euros mensaules para los trabajadores abonados”. Para el sindicato, esto supone “aprovecharse de la situación de necesidad de personal ante la falta de alternativas por las obras”, al tiempo que exige una “revisión urgente” del citado incremento.

El magistrado del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra condena a la Xunta de Galicia a indemnizar con 50.000 euros a un menor por una deficiente asistencia sanitaria en el Hospital Provincial de Pontevedra. En la sentencia, reconoce el derecho del niño, que tenía 11 años, a que lo acompañase su madre a una prueba radiológica rutinaria, durante la que sufrió la fractura del cráneo. A la hora de fijar la indemnización, tiene en cuenta los tiempos de hospitalización y tratamiento del menor, así como sus lesiones y secuelas.

Según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el juez indica en el fallo que la madre alertó a la radióloga “sobre la alta posibilidad” de que el niño causase un problema si no asistía con él a la prueba, por lo que, “en la ponderación de los intereses en conflicto, sin duda alguna, habría de habérselo permitido”. Además, añade que “el riesgo para la salud de la madre por recibir radiación era realmente pequeño” y que, frente a dicho riesgo mínimo, “prevalecía el de que el menor no acompañado tuviese algún problema, tal y como anunció su madre previamente (que lo conoce bien), y tal y como sucedió en la realidad”.

Los hechos sucedieron en febrero de 2020, cuando la demandante llevó a su hijo a realizarse la prueba al Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra (CHOP). Tal y como recoge la resolución, antes de entrar en la sala de rayos, solicitó acompañarlo, indicando que estaba “muy nervioso”. La profesional sanitaria, sin embargo, se lo denegó, por lo que pasaron a la sala tan sólo la radióloga y el pequeño. A los pocos minutos, la profesional llamó a los servicios de urgencias porque “el niño estaba en el suelo, inconsciente, convulsionando y con fractura de cráneo”.

“Cuando una madre ofrece ese dato, sobre un menor de tan solo 11 años, debe tomarse en consideración. Lo lógico es que la profesional sanitaria le hubiese informado de los riesgos que ello le podría conllevar (afección radiológica), pero si insiste, debió finalmente haber atendido su petición”, subraya el magistrado en la sentencia, en la que también aplica el principio del daño desproporcionado. En ese sentido, destaca que la prueba realizada “no tiene entre sus riesgos asociados, ni habituales ni poco habituales, la fractura de cráneo del paciente”. Sin embargo, el menor, que entró en la sala “bien de salud”, salió “convulsionando, con fractura de cráneo y otras dolencias ínsitas a una lesión violenta en la cabeza”.

El juez afirma que, de haber estado la madre dentro, tal y como solicitó, “es probable que el niño hubiese estado más tranquilo, no incurriendo en el comportamiento errático que produjo la lesión”. Por ello, entiende que se produjo una pérdida de oportunidad, pues “de haber estado la madre dentro de la sala tranquilizando al niño, existe un grado de probabilidad de al menos de un 50 % de que la fractura de cráneo no se hubiese producido”. La sentencia no es firme, pues cabe presentar recurso ante el TSXG.

Miles de personas, unas 15.000 según la Policía Nacional, se han manifestado este jueves por las calles del centro de Vigo, convocadas por la plataforma SOS Sanidade Pública, clamando por la “reconstrucción” del área sanitaria viguesa y coreando consignas como “Poner a Rueda en lista de espera”, “Menos inventos y más inversiones” o “Con nuestra salud no se juega”. Las denuncias contra la privatización de la sanidad fueron constantes en un acto marcado por la publicación de los audios del CEO de Ribera Salud en los que daba instrucciones para aumentar las listas de espera en el hospital de Torrejón. Ribera es el grupo propietario de Povisa, la clínica que atiende a más de 110.000 personas en el área a través de un convenio con la Xunta de casi 100 millones de euros al año.

El portavoz de la plataforma, Manuel González Moreira, ha denunciado la “apuesta” del PP por un modelo de sanidad privatizada y ha advertido de que los presupuestos autonómicos para el año que viene no aportan respuestas a las necesidades del área, por lo tanto, “el resultado va a ser el mismo: más dificultades de acceso a la sanidad pública, más precariedad profesional y, en definitiva, un servicio que seguirá siendo precario”, según recoge Europa Press.

“Para nadie es una sorpresa que las empresas quieren ganar dinero y que hacen negocio con la salud, quieren hacer dinero con la enfermedad”, ha subrayado.

Al respecto, y cuestionado por la polémica que rodea al Grupo Ribera Salud en la gestión del hospital de Torrejón de Ardoz (Madrid) y por si las malas prácticas podrían reproducirse en el hospital del grupo en Vigo, Povisa, González Moreira ha sido tajante: “¿A alguien le sorprendería que no pasara lo mismo? (...) Esto refuerza nuestra apuesta por acabar con este tipo de conciertos, que precarizan las condiciones de trabajadores y las condiciones de prestación del servicio a la ciudadanía”.

En la marcha han participado cargos políticos, como la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón; el alcalde de Vigo, Abel Caballero; diputados y concejales socialistas y nacionalistas; además de representantes sindicales y de plataformas en favor de la sanidad pública de toda la comarca.

Presencia política

Ana Pontón ha subrayado la necesidad de defender en las calles la sanidad pública, frente a un gobierno del PP que, en 16 años, ha “dinamitado” este servicio, especialmente la Atención Primaria, con un recorte de más de 16.000 millones de euros. Al respecto ha denunciado que el PP quiere “normalizar” situaciones como las listas de espera o la ausencia de pediatras para 11.000 niños y niñas, y ha pedido a Alfonso Rueda que “escuche el clamor” de la manifestación de Vigo en defensa de la sanidad pública.

En el caso de esta área sanitaria, la líder del BNG ha recordado que los gallegos siguen pagando un sobrecoste de 470 millones por el hospital Álvaro Cunqueiro. Igualmente ha puesto como ejemplo de privatización de la sanidad pública lo ocurrido en Torrejón de Ardoz y ha preguntado al presidente de la Xunta “si puede garantizar” que las prácticas realizadas en Grupo Ribera “no le afectan también a Povisa”, que atiende a 114.000 personas.

Por su parte, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, también ha reafirmado el apoyo “total” del gobierno municipal y de la ciudad a SOS Sanidade Pública, en sus reivindicaciones, y ha denunciado las “carencias absolutas” de la atención sanitaria en la ciudad y la comarca. “Pero no es nada nuevo, es la situación que tenemos en Vigo desde tanto tiempo atrás”, ha lamentado y ha pedido a Rueda “que tome nota” de las demandas que traslada esta manifestación.

Sobre el cuestionamiento a la gestión de Ribera Salud y la posible afección a Povisa, el regidor ha calificado como “escándalo intolerable” lo ocurrido en el hospital de Torrejón. “Lamentaríamos que estuviera pasando en más sitios, pero tiene que tomar acciones el gobierno de Madrid”, ha apuntado.

Deterioro del área sanitaria

En el manifiesto leído tras la marcha, SOS Sanidade Pública ha exigido “responsabilidades políticas por las condiciones en las que se encuentra” el área sanitaria de Vigo, y ha reclamado medidas para conseguir una asistencia “cien por cien pública y de calidad”.

La Plataforma ha denunciado el deterioro del servicio desde que la Xunta apostó en Vigo por un modelo concesional, con la construcción del hospital Álvaro Cunqueiro y ha proclamado que “no puede quedar impune” el sobrecoste de más de 470 millones de euros de esta infraestructura, la reducción de espacios y camas, o la decisión del PP de “mantener e incluso aumentar el negocio de la sanidad privada”.

Al respecto, han recordado que este hospital, inaugurado en 2015, no ha cumplido los objetivos del plan funcional inicial porque no da respuesta a las necesidades del área sanitaria. También han denunciado que no se ha reforzado la Atención Primaria con nuevos centros de salud o ampliación de otros, ni se ha logrado una disminución del peso de la sanidad privada.

Estas políticas, han remarcado, derivaron en “intolerables listas de espera”, servicios hospitalarios sin personal ni espacios suficientes, cartera de servicios incompleta, saturación del servicio de Urgencias, esperas inéditas en Atención Primaria, niños sin pediatra, sobrecarga de los profesionales de Enfemería, dificultades para acceder a los centros de salud y consultas por falta de personal administrativo, y un concierto económico con Povisa “sin transparencia y sin alternativa pública en este momento”.

“Reconstruir” la sanidad pública en Vigo

“Mientras la sanidad pública sufre, el dinero público sigue llenado las carteras de los accionistas de fondos de inversión extranjeros, que son los propietarios del Álvaro Cunqueiro y de Povisa”, ha proclamado SOS Sanidade Pública, que ha reiterado el lema de la manifestación y ha insistido: “Defendemos reconstruir las cosas que estaba previsto hacer y, por decisión política, no se hicieron”.

Al respecto, la plataforma ha demandado la reversión de la concesión y el “rescate” del hospital Álvaro Cunqueiro; la ampliación del hospital con más camas y la activación “a pleno rendimiento” del hospital Meixoeiro y del Nicolás Peña; recuperar la población de 300.000 pacientes que antes tenían servicios especializados en Vigo (Cirugía Torácica, Cardíaca, Hemodinámica, etc.); contrucción de un Centro de Alta Resolución; aumento de la inversión en Atención Primaria con recursos técnicos y humanos en centros de salud y PAC; o dotar de Urgencias al nuevo centro de salud de Moaña, ampliar el de Cangas y construir uno nuevo en O Hío, entre otras reivindicaciones.

Son tres los hospitales propiedad de Ribera Salud en Galicia. Todos ellos fueron adquiridos por el grupo en los últimos años de Alberto Núñez Feijóo al frente del Gobierno gallego. En 2021 se anunció la compra del Juan Cardona, en Ferrol. Un año antes, la compañía se había hecho con Polusa, en Lugo. Pero la operación más relevante, por el número de pacientes y por la especial relación con el Servizo Galego de Saúde (Sergas), fue en 2019, cuando Povisa pasó a manos de Ribera Salud. Este es el hospital de referencia para más de 100.000 personas del área de Vigo, con el que la Xunta tiene un millonario concierto que, en la actualidad, le reporta a la empresa 97,5 millones de euros anuales.

El modelo privatizador de Povisa era ya objeto de críticas reiteradas en Galicia antes de que se supiese, por un audio publicado por El País, que el CEO, Pablo Gallart, dio instrucciones de descartar pacientes con procesos considerados poco rentables para mejorar los resultados. La Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública ha cargado repetidamente contra el concierto con este centro. Este jueves se reafirmó en su postura: “Povisa es el cáncer de la sanidad pública en Vigo”. Le atribuye tener un 30% menos de personal que un hospital público de características similares y un papel en una reducción de las camas que estaba previsto que tuviese el hospital Álvaro Cunqueiro -público, pero con un canon que se paga aún anualmente a los constructores-. Para Manuel González Moreira, portavoz de SOS Sanidade Pública en Vigo, el audio de Gallart viene a confirmar que las empresas privadas ponen los beneficios por encima de la atención a los pacientes.

Ribera Salud tiene, además de estos tres hospitales, diez clínicas menores en Galicia, localizadas en Vigo, A Coruña, Lugo y Viveiro, según la información del grupo empresarial. En su sitio web consta que tiene 80 camas instaladas dependientes de Polusa y 115 en el Juan Cardona. En Povisa, son 400. En las siete áreas sanitarias de Galicia el Sergas deriva actividad a centros privados, pero el vínculo con el Policlínico de Vigo (de ahí viene el nombre de Povisa) es especial, “muy estrecho”, según lo calificó el Consello de Contas en uno de sus informes de fiscalización. Entre la Xunta y Povisa está vigente un concierto singular por el cual tiene adscritos pacientes de algunas partes de Vigo y de las comarcas de O Morrazo y Val Miñor.

Este modelo se inauguró en 1993, cuando el presidente de la Xunta era Manuel Fraga Iribarne, y se ha ido prologando por parte de los sucesivos gobiernos gallegos. La primera modificación en el acuerdo fue en 1996, el mismo año en el que Povisa pasó a manos del grupo Nosa Terra XXI, del empresario vigués, ya fallecido, José Silveira. En 2018 hubo una sacudida en la relación entre el Gobierno gallego y el hospital privado, que llegó a solicitar preconcurso de acreedores porque aseguraba que había acumulado unas pérdidas de 42 millones desde el inicio del concierto que estaba vigente en aquel momento, formalizado en 2014 y que terminó por prolongarse, al aplicarse las prórrogas, hasta 2024. En enero de 2019 se aplicó una modificación del concierto que implicaba un mayor desembolso por parte del Sergas, que asumía el suministro de medicación de dispensación ambulatoria y de alto impacto.

Ese mismo año se supo que los propietarios de Povisa estaban negociando venderlo a Ribera Salud, el grupo fundado en la Comunidad Valenciana y que por entonces era propiedad de la estadounidense Centene Corporation. La Xunta de Alberto Núñez Feijóo se reunió con los responsables del centro privado, dado que el concierto hacía que en ese momento lo tuviesen como hospital de referencia unos 140.000 gallegos. La operación de venta se firmó en octubre de ese año. Pero no fue el fin de los movimientos empresariales: Ribera Salud pasó en 2022 a manos de la francesa Vivalto Santé.

También hubo cambios en el concierto: en 2025, con el anterior vencido, se anunció un nuevo contrato que cambiaba algunos aspectos. El más evidente afecta al dinero público que se destina a Povisa, que pasó de 75 millones de euros anuales a 195 para dos años, es decir, 97,5 para cada ejercicio. La población a atender, sin embargo, se redujo. De las alrededor de 140.000 personas adscritas a Povisa en el concierto anterior, se pasaron a unas 116.000. Otra modificación relevante es la fórmula para calcular las cantidades a abonar al hospital privado: de las entregas por cápita -es decir, por paciente asignado- se pasó a abonos “en función de los procesos realmente realizados”. Así lo dijo el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, cuando anunció las nuevas condiciones. La secretaria xeral técnica de la Consellería, Natalia Lobato, insistió en junio en el Parlamento en que se había pasado a un contrato de servicios en función de la actividad realizada efectivamente y se había abandonado el sistema de cápita, como había reclamado el Consello de Contas.

Gómez Caamaño anunció también una “unidad de supervisión y control para el seguimiento del contrato”. Y a este órgano se ha remitido, tras conocerse el audio de Gallart, para asegurar que en Galicia no se puede dar una situación como la del hospital de Torrejón. Los hospitales de Ribera Salud con los que trabaja la Xunta, dijo, “están bajo supervisión” y esas unidades de control revisan que la atención que se da al amparo de los conciertos tiene “los máximos estándares de calidad” y está diseñada para “evitar prácticas irregulares o cualquier desviación” de los criterios asistenciales de la sanidad pública.

Los informes del Consello de Contas reflejan que los pagos a Povisa superan las cantidades incluidas en el concierto. El último, que analiza la cuenta general del Sergas de 2023, recoge que se le abonaron en total 87 millones de euros. Figuran 13,8 millones adjudicados al margen del concierto por otros servicios. Contas critica el uso de fórmulas opacas y la asignación a dedo de estos recursos. “En el ejercicio 2023, el Sergas sigue utilizando la autorización de uso temporal para contratar, de forma directa, la prestación de servicios sanitarios sin concurrencia, publicidad e igualdad de trato”, indica.

La Xunta asegura que la situación vivida en el Hospital de Torrejón —donde el CEO del Grupo Ribera dio la orden de rechazar pacientes para ampliar beneficios— no puede darse en Galicia, pese a que la empresa gestiona varios centros médicos en Galicia, liderados por Povisa, donde reciben atención más de 100.000 personas del área sanitaria de Vigo. En la comunidad gallega “no tenemos ese problema”, según el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, porque esos hospitales “están bajo supervisión”.

Caamaño destacó la existencia de “unidades de control” encargadas de garantizar que la atención asociada a estos conciertos “se haga con los máximos estándares de calidad” y está diseñada para “evitar prácticas irregulares o cualquier desviación” de los criterios asistenciales establecidos por la sanidad pública.

Este jueves, Sanidade aclaró a elDiario.es que el contrato iniciado en abril con Povisa establece además la obligación por parte de la empresa de “disponer del personal necesario y adecuado para ejecutar el contrato en los términos contractuales legalmente establecidos y con la máxima calidad exigible” y eso incluye que “la adecuada respuesta desde el punto de vista asistencial a los pacientes quede siempre garantizada”.

Recuerda que Povisa “sólo atiende a aquellos pacientes que libremente elijan recibir su asistencia sanitaria en este centro” y que, en los presupuestos de la Xunta para 2026, el gasto del Sergas en actividad concertada con medios ajenos “seguirá siendo inferior al 6% del gasto real total, cumpliendo con el mandato parlamentario”.

El nuevo contrato —con un coste de 195 millones de euros para un período de dos años—, llevaba aparejado un cámbio de fórmula, “dando cumplimiento a las recomendaciones del Consello de Contas”, como afirmaba entonces el gobierno gallego. La Xunta pasó de un concierto a un contrato de servicios y a pagar, así, en función de los procesos realizados, y no per cápita.

Privatización a la gallega

El BNG ha pedido una “investigación a fondo” en Povisa para verificar si Ribera Salud “manipuló las listas de espera”. La formación demanda a la Xunta una “respuesta enérgica” ante el “escándalo” del hospital de Torrejón, que ya provocó la dimisión del responsable. “Las 113 mil personas del área sanitaria adscritas a Povisa merecen garantías de que estas prácticas indecentes no se replicaron también no hospital vigués”, afirmaron la portavoz parlamentaria de sanidad, Montse Prado, y el portavoz municipal, Xabier P. Igrexas.

Por su parte, el portavoz de la plataforma SOS Sanidade Pública en Vigo, Manuel González Moreira, considera que la información conocida sobre el hospital de Torrejón supone la confirmación de que los modelos privatizadores de la sanidad sitúan el interés económico por encima de la atención a los pacientes: “Hacen negocio con la enfermedad, que no con la salud”. El principal centro en manos de Ribera Salud en Galicia es el Povisa de Vigo, que tiene un millonario concierto con el Servizo Galego de Saúde (Sergas) por el que atiende a unos 110.000 pacientes de la sanidad pública.

González Moreira considera que el modelo de Madrid y el gallego son dos formas de privatización, pero con algunas diferencias. En el caso de Povisa, es un centro de titularidad privada, con gestión privada, pero que debe atender a los pacientes asignados —en el área sanitaria eligen si quieren o no este centro— como se atenderían en la pública. El pago, desde este año, depende de los servicios realmente prestados.

La principal crítica al modelo, según el portavoz de SOS Sanidade Pública en Vigo, es que se detraen fondos de la pública y se entregan a empresas con un objetivo declarado de lograr beneficios, de modo que parte de ese dinero se destina a lucro privado. Otro de los reproches es que hay, como en el Sergas, una falta de transparencia de las listas de espera, ya que solo se publican las estructurales. González Moreira añade que se están tratando en Povisa pacientes que están en lista de espera en el hospital público, cuando el centro privado tiene ya su propia demora pendiente de gestionar.

Precisamente, SOS Sanidade Pública saldrá a la calle este jueves en Vigo para reclamar la “reconstrucción” de un área sanitaria —la que orbita en torno a la mayor ciudad de Galicia— en “crisis”. Entre sus demandas destaca la solicitud de un refuerzo hospitalario que permita que los pacientes atendidos en Povisa pasen a acudir a un hospital “100% público”. El presidente de la Xunta ha visitado esta mañana la ciudad olívica pero ha evitado contestar a la prensa.

Ribera Salud tiene otros dos hospitales en Galicia: Polusa en Lugo y el Juan Cardona de Ferrol. Además, son de su propiedad una decena de clínicas en las localidades de Vigo, A Coruña, Lugo y Viveiro.

La madre de Marta llegó a urgencias del hospital de A Coruña, el CHUAC, a la una de la tarde del martes 25 de noviembre —el ingreso está registrado a las 13:01—. La mujer, de 75 años, sufría un intenso dolor derivado de una de las subobstrucciones abdominales que padece desde que hace un año la operaron del abdomen para extirparle un cáncer de endometrio. Tras pasar la noche en una camilla en el pasillo, a las ocho de la mañana les comunicaron que tendría que ingresar e incluso les ofrecieron hacerlo allí o en Ferrol, más cerca de su casa. Sin embargo, desde que eligieron quedarse, todavía tuvieron que esperar otras doce horas en el mismo lugar –frente a los ascensores, y sin más intimidad que la que le proporcionaba un biombo en momentos puntuales–. La dirección del hospital asegura que se la mantuvo en urgencias mientras se seguía su evolución.

Marta estuvo todo ese tiempo con su madre. Más tranquila, narra lo sucedido a elDiario.es por teléfono desde la habitación de Cirugía General en la que, una semana después del ingreso, esperaba la comunicación oficial del alta. La “chicarrona” se encuentra mejor y con mucho ánimo. El de endometrio fue su segundo encuentro con un tumor. Antes, veinte años atrás, se las había visto con un cáncer de mama. Desde el verano ya no se somete a tratamientos de radio ni de quimioterapia, pero las secuelas de una intervención tan “invasiva” continúan. En octubre ya tuvo que pasar cinco días ingresada en Ferrol, alimentándose únicamente de suero, para “dejar descansar al intestino”. Esta vez, según cuentan, el dolor —“muchísimo”— sorprendió a estas vecinas de Ortigueira en A Coruña, a más de 120 kilómetros de casa, y por eso acudieron al CHUAC.

“El triaje y la consulta fueron rapidísmos”, rememora Marta, que recuerda que, en el primer momento, se las prometían muy felices con la diligencia de la atención. Hasta que todo se paró. “El servicio estaba saturadísimo”. Ese día, según los datos oficiales, las urgencias del hospital herculino atendieron 468 pacientes, 18 por encima de la media.

La camilla de su madre cambió el box por el pasillo, alineada con otras “siete u ocho” en una zona de especial trasiego, a un paso de los ascensores. Ni una ni otra pegaron ojo esa noche, que Marta pasó sentada en una silla de madera, “la más común que te puedas imaginar”. Durante esa larga espera, a su madre le colocaron una sonda nasogástrica y tuvo que hacer sus necesidades en una cuña, que era cuando “se instalaba el biombo”. En el tiempo compartido en aquel pequeño espacio, Marta, “indirectamente”, se enteró de la historia clínica de varios enfermos, “al igual que ellos y sus familiares se enterarían de la patología de mi madre”, algo que “se supone que es completamente privado”.

“Se vulneró su derecho a la dignidad y la intimidad”, escribió Marta en la queja –una vez se le bajó el “cabreo”– presentó personalmente en la oficina de atención al paciente, tras varios días intentándolo sin éxito a través de la app del Servizo Galego de Saúde (Sergas).

La respuesta del CHUAC a elDiario.es –prácticamente calcada a la que Marta recibió su reclamación– señala que una vez que la paciente, “perteneciente al Área Sanitaria de Ferrol”, fue vista por un facultativo, “se hace interconsulta a Cirugía General que decide realización de pruebas y seguimiento evolutivo en urgencias”. Tras ese seguimiento, “finalmente se decide ingreso en planta para tratamiento conservador” y “no se deriva a su área de referencia”.

La versión de Marta es muy distinta y así la registró en su queja. Asegura que la decisión de ingreso estaba ya tomada a primera hora de la mañana. “Nos lo comunicaron entre las ocho y las ocho y media y nos dieron a elegir entre quedarnos o derivarla a Ferrol”. Durante las doce horas siguientes –el ingreso está registrado a las 20:09h del miércoles–, cada vez que preguntaban al personal por qué todavía seguían en el pasillo, siempre recibían la misma respuesta: que no había camas libres en planta. “Incluso nos dijeron que la señora que tenía que dejar libre la cama para mi madre no se quería ir”. Esa situación, aún hoy, la indigna: “Si no hay camas, que busquen una solución, pero que no nos dejen allí tiradas”.

Marta insiste una y otra vez en que sus quejas son “contra el sistema, contra la organización”, pero nunca contra un personal sanitario que “no puede ser más profesional y más amable”. “Mi madre está encantada con su atención y con sus cuidados” y ella misma quiso agradecérselo con una caja de bombones. “Ellos, que dan el 120% de su esfuerzo, son los primeros perjudicados. El problema viene de arriba”.