La Xunta avanza en su plan contra las bajas: inspectores de Sanidade presionan a los médicos revisando caso por caso

Antes de que el plan para dificultar las bajas laborales anunciado por la Xunta haya buscado el acuerdo en el diálogo social, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) está ya desplegando medidas para tratar de reducirlas, con el foco puesto en los trabajadores que pasan en la actualidad por una incapacidad temporal. La Consellería de Sanidad está enviando a los inspectores que dependen de este departamento a reunirse con médicos de familia y hacer una revisión de cada uno de sus casos, que ellos ya gestionan y evalúan para decidir si el trabajador debe recibir el alta o no. Según publica el diario La Voz de Galicia, los encuentros están siendo con jefes de servicio y de unidad, pero también con algunos médicos de familia que tienen índices de bajas más altos. Algunos profesionales han reaccionado con enfado ante esta medida de presión y recalcan que tienen casos con tiempos que se prolongan debido a que están pendientes de pruebas o atención especializada en la que hay largas demoras en la sanidad pública gallega.

En alguno de los casos de reuniones, se explica que previamente la Inspección remitió al profesional una lista de todos sus pacientes con baja y pidió explicaciones por cada uno de ellos, pese a que los motivos ya constan en la historia clínica electrónica del Sergas. Las reuniones se han realizado en varios centros de salud de varias áreas sanitarias, entre ellas las de A Coruña, Santiago, Lugo y Ferrol.

La Consellería de Sanidade señaló, según cita La Voz de Galicia, que las reuniones pretenden “informar a facultativos sobre las novedades en la gestión de las incapacidades temporales puestas en marcha por la Xunta”. Este departamento no ha respondido, por el momento, a las preguntas remitidas por elDiario.es sobre el número de reuniones realizadas o las previsiones en este sentido.

La Xunta ya había puesto en marcha un ensayo para reevaluar los casos de personas de baja laboral, del que hizo balance hace unos meses: entre 130.000 casos revisados hubo 30.000 altas. Pero en el debate sobre el estado de la Autonomía, celebrado a principios de abril, el presidente gallego, Alfonso Rueda, anunció que su equipo iba a “pisar el acelerador” y puso sobre la mesa los primeros datos de su plan para dificultar el derecho a la baja laboral, que pasa por crear unidades especializadas para controlar las incapacidades temporales por los motivos más frecuentes (problemas psiquiátricos “menores” y lesiones músculo-esqueléticas) y reforzar el papel de las mutuas privadas.

El Gobierno gallego ha repetido que va a negociar sus propuestas en el diálogo social, un foro al que ha tratado de dar más peso con una nueva regulación. Sin embargo, el sindicato mayoritario en Galicia, la CIG, va a estar fuera de esas negociaciones porque ya ha anunciado que rechaza participar en estas mesas, dado que hay ya vías para la negociación tripartita -entre Gobierno, sindicatos y patronal- y sostiene que la mejor forma de trasladar las reivindicaciones de las personas trabajadoras es sector a sector. Las conversaciones sobre el plan sobre las bajas no han comenzado todavía. El conselleiro de Emprego, José González, señaló que el proceso empezará en estos días. En cualquier caso, Rueda ya avisó de que el plan irá adelante con o sin acuerdo.

Cuando el presidente gallego anunció las nuevas medidas, estas recibieron las críticas de los sindicatos, los grupos de la oposición y asociaciones de médicos. Tanto CIG como CCOO pusieron el foco en que el fuerte deterioro de la sanidad pública y sus listas de espera influyen en el tiempo que duran las bajas, dado que los pacientes afrontan grandes demoras para ser atendidos o tratados. También apuntaron a otras cuestiones, como el descuido de la salud laboral, los incumplimientos en la materia, la edad de los trabajadores o la duración de las jornadas laborales.