El Gobierno niega haber usado fondos europeos para pagar las pensiones y defiende los cambios en los Presupuestos

El Gobierno niega haber utilizado fondos europeos para el pago de pensiones y defiende la legalidad de efectuar modificaciones presupuestarias, haya unas cuentas en vigor o sean prorrogadas, después de que el Partido Popular les haya acusado de usar el Plan de Recuperación como “respiración asistida del sanchismo”.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado en el Senado que las modificaciones presupuestarias –la vía que ha permitido efectuar cambios en las cuentas prorrogadas, a pesar de que no se han aprobado unos Presupuestos Generales del Estado desde 2023– son un “instrumento ordinario”, legal, y que los fondos europeos se han destinado “exclusivamente” a las inversiones comprometidas con Bruselas.

El Partido Popular ha salido este martes en tromba contra el 'número dos' del Ejecutivo durante la sesión de control en la Camara alta, aprovechando el informe sobre la Cuenta General del Estado de 2024 del Tribunal de Cuentas. El supervisor afeó que en aquel año se utilizaron de fondos europeos “sobrantes” para atender el pago de pensiones de clases pasivas y complementos a mínimos por importe de 2.389,4 millones de euros, según recoge EFE.

En una intervención en la que ha hilado desde el juicio al exministro José Luis Ábalos a la gestión del hantavirus, la portavoz popular, Alicia García, ha dicho que el Ejecutivo utiliza el “método del trilero”, moviendo dineros entre partidas presupuestarias y usando los fondos europeos como “respiración asistida del sanchismo”.

Un instrumento “ordinario” y “transparente”

Una acusación en la que ha incidido el senador Gerardo Camps, también de los populares, asegurando que han convertido la “oportunidad histórica” del Plan de Recuperación en “oxígeno presupuestario” para seguir en el poder. “La pregunta que miles de pensionistas tienen derecho a preguntarse es inquietante: si no hubieran existido los fondos europeos, ¿habría podido este gobierno ejecutar con normalidad el pago de las pensiones?”, se ha cuestionado, ominoso.

Cuerpo, al que le han reprochado su “serenidad impostada” y ser “la sonrisa tranquila del régimen sanchista”, ha defendido que las modificaciones presupuestarias son “instrumentos ordinarios” y “transparentes” para adaptar las cuentas públicas ante circunstancias sobrevenidas. Este año ya se han reprogramado 32.000 millones de euros, entre los que se han destinado 7.300 millones para hacer frente al impacto de las borrascas de principios de año o 10.300 millones para poner en marcha el fondo España Crece.

Para defenderse de las acusaciones de trilerismo, Cuerpo ha esgrimido los datos de las modificaciones presupuestarias efectuadas por Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda entre 2012 y 2018 en el Gobierno de Mariano Rajoy: 193.000 millones.

“Los fondos del Plan de Recuperación se destinan exclusivamente a los proyectos e inversiones recogidos en el Plan de Recuperación y esto forma parte de su éxito”, ha zanjado el vicepresidente en su cara a cara con la portavoz popular.

Hacienda ya defendió que era legal el traspaso entre partidas presupuestarias en sus alegaciones al informe del Tribunal de Cuentas, aunque fueran de créditos procedentes de fondos europeos, ya que no todos los ejercicios se perciben las mismas anualidades del Plan de Recuperación.

La Comisión Europea autoriza los desembolsos en función del cumplimiento de una serie de hitos y objetivos, con independencia del coste ejecutado, por lo que “existe una total desconexión entre los recursos recibidos y los gastos necesarios para dar cumplimiento a dichos hitos y objetivos”. Y una prórroga supondría adjudicar a 2024 los mismos recursos que en 2023, aunque las necesidades y recursos a percibir fueran distintos.

Por ello, los criterios de prórroga presupuestaria aprobados por el Gobierno establecieron la adaptación del servicio 50 de 2023 a las necesidades presupuestarias de 2024, lo que se tradujo en la identificación y puesta a disposición de Hacienda de 4.528 millones de créditos sobrantes: 1.965 millones del Ministerio de Industria, 1.380 millones de Vivienda y 1.183 millones de Educación. Parte de estos créditos sobrantes se utilizaron para financiar el complemento de pensiones mínimas (667 millones), una opción permitida legalmente por los presupuestos de 2023, y para ampliar la partida de clases pasivas (1.722 millones), tal y como permite la Ley General Presupuestaria, explica Hacienda en el documento, recogido por EFE.

De hecho, en la Comisión Europea no hay demasiada preocupación, más allá del anuncio de que estudiarán el caso. Según un portavoz comunitario, los Estados miembros pueden tener que adelantar dinero para financiar algunas inversiones de sus planes de recuperación antes de recibir los fondos europeos y, “de manera similar, un Estado miembro puede también utilizar la liquidez de los pagos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para cubrir otros gastos”. “En principio, estas operaciones ordinarias de gestión de tesorería por parte de los Estados miembro no afectan a los intereses financieros de la Unión ni tienen consecuencias para la implementación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia”, añadió.