Human Rights Watch señala a España como uno de los mayores exportadores de software de ciberespionaje de la UE

La Unión Europea (UE) y España se han consolidado como algunos de los principales exportadores mundiales de software espía y tecnologías de vigilancia, herramientas que gobiernos de todo el mundo utilizan para perseguir a activistas, periodistas, académicos e incluso trabajadores humanitarios.

Esta es una de las principales conclusiones de un informe publicado este martes por Human Rights Watch (HRW), que alerta de la falta de controles efectivos en la UE para impedir que tecnología desarrollada y fabricada en territorio comunitario termine en manos de regímenes acusados de graves violaciones de derechos humanos. 

Según el documento, los Estados miembros de la UE, donde tienen su sede la gran mayoría de las empresas líderes del sector, están haciendo “demasiado poco” para evitar que estas herramientas terminen en manos de gobiernos con historiales probados de represión.

La investigación de HRW señala a España junto a Francia, Alemania, Grecia e Italia como los “mayores exportadores” de productos de cibervigilancia, en línea con lo que publicó este periódico el pasado diciembre, en un reportaje que relataba cómo Barcelona se ha convertido en un hub de empresas de ciberespías, principalmente de capital israelí, durante el último lustro.

Este sector, cada vez más boyante, medra en España y en otros países gracias a una opacidad y falta de transparencia en la que también intervienen los Gobiernos de los Estados miembro e incluso la propia Comisión Europea, denuncia el documento. 

HRW registró solicitudes de acceso a la información pública en todos los Estados Miembros para saber qué tipo de tecnología se vende desde empresas radicadas en España y el resto de países comunitarios, pero se dio de bruces contra un muro de opacidad a pesar de que hace apenas un lustro la UE defendió que esa información debía ser pública. 

España lidera en exportaciones de este material, pero también en falta de transparencia. La mayoría de los Estados, incluyendo el Gobierno español, rechazó dar información sobre estas transacciones alegando que los datos solicitados constituían secretos comerciales y contenían información sensible. De esta manera, no ha sido posible conocer qué empresas operan ni qué tecnologías están vendiendo.

Lo más sorprendente, asegura HRW, fue constatar cómo la Comisión Europea proporcionó a algunos Estados miembros el lenguaje específico que debían utilizar para redactar sus negativas a las solicitudes de transparencia, participando directamente en el secretismo que denuncia el informe. 

El documento señala que estas justificaciones de confidencialidad comercial son “injustificadas” bajo el lenguaje original de la ley europea, ya que los informes requeridos no exigen revelar nombres de empresas ni detalles técnicos específicos, sino solo datos estadísticos agregados.

Una ley europea “vaciada” por la propia Comisión

En 2021, la UE aprobó una reforma ambiciosa, conocida como el “Reglamento de Doble Uso”, diseñada para controlar la exportación de tecnologías que pueden tener fines tanto civiles como militares. La norma obligaba a los Estados a considerar el historial de derechos humanos de los países compradores antes de aprobar una exportación.

El informe, sin embargo, denuncia que unas directrices publicadas por la Comisión Europea en enero de 2024 “vaciaron” de contenido el reglamento porque permitieron a los Estados miembro reportar de forma separada el tipo de tecnología y el destino de las ventas. 

El resultado, denuncia HRW, es que no hay manera de evaluar el riesgo de las exportaciones, porque no se puede saber qué herramienta fue a cada país. La Comisión justifica este secretismo por la necesidad de proteger la “confidencialidad comercial” de las empresas, un argumento que HRW considera injustificado y que no está alineado con el texto original de la ley.

A pesar de las dificultades para obtener datos fiables, HRW ha podido determinar que la tecnología de ciberespionaje europea sigue siendo exportada hacia países con prácticas controvertidas. Bulgaria, por ejemplo, exportó software espía a Azerbaiyán en 2022, a pesar del historial de ese país en el control de la disidencia política. 

Polonia, por su parte, autorizó en 2023 la venta de sistemas de interceptación de telecomunicaciones a Ruanda, a pesar de que el Ejecutivo de ese país africano utiliza esa tecnología para reprimir a la oposición tanto dentro de Ruanda como entre la diáspora, sostiene el informe. 

En Suecia, la empresa MSAB exporta herramientas capaces de extraer datos de teléfonos móviles. Estos productos se venden a países como la India —donde se ha documentado el uso de software espía contra activistas— pero las autoridades suecas argumentan que no siempre entran en la categoría de “ciber-vigilancia” por no estar diseñados específicamente para la vigilancia “encubierta”. Este “vacío legal” permite que tecnología muy intrusiva pase bajo el radar de las regulaciones, señala HRW.

Impacto en la libertad de premsa

El informe, liderado por el investigador Zach Campbell, alerta también del riesgo para los periodistas y defensores de los derechos humanos ante la proliferación de este tipo de herramientas.

HRW considera incluso que estos programas son una amenaza directa a la “seguridad física” de activistas, periodistas y opositores y pone en riesgo su capacidad para proteger sus fuentes de información. El informe subraya que la vigilancia es, por definición, una interferencia en el derecho a la privacidad según el Convenio Europeo de Derechos Humanos y que su uso solo debe ser legal bajo estrictas condiciones y supervisión judicial.

Como recomendaciones, HRW sugiere que las empresas que exportan estos productos deberían estar obligadas por ley a evaluar el riesgo de que sus productos contribuyan a la violación de derechos humanos antes de venderlos. 

La entidad también exige que los informes públicos incluyan el nombre del exportador, la descripción del usuario final y el destino de cada licencia. Reclama, a su vez, que los Estados prohíban automáticamente ventas a países con historiales de abusos documentados por la ONU u otras instituciones europeas.