Las familias riojanas afrontan uno de los servicios de comedor más caros del país con unos umbrales de renta congelados que excluyen a la clase media trabajadora. La Federación de familias de la educación pública (FAPARioja) denuncia el control de un solo grupo empresarial sobre cuatro de los cinco lotes del servicio y la urgente necesidad de regresar a las cocinas in situ. El comedor escolar ha dejado de ser una simple herramienta de conciliación para convertirse en un pilar de resistencia social. Para muchos niños en La Rioja, la comida que reciben en el colegio es la mejor, y a veces la única, completa del día. Sin embargo, acceder a este servicio básico se ha transformado en una carrera de obstáculos económicos y burocráticos para muchos hogares riojanos.

A pesar de las “cantidades astronómicas” que el Gobierno regional anuncia para las partidas de becas, la realidad que aterriza en los hogares en este 2026 dibuja un panorama muy distinto: presupuestos congelados, umbrales de renta restrictivos y un servicio monopolizado por la gran industria del catering.

El último Consejo de Gobierno autorizó destinar 3,1 millones de euros a la convocatoria de ayudas de comedor escolar del próximo curso 2026-2027 para el alumnado que no tenga la consideración de transportado, escolarizado en Segundo Ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria en centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja. La cuantía final que recibirá cada familia se establece en función de los ingresos. Así se ha tipificado la ayuda tipo 1 con una cuantía máxima de 985 euros para familias con renta per cápita inferior o igual a 6.200 euros. La ayuda tipo 2, establece una cuantía máxima de 380 euros, para familias con renta per cápita superior a 6.200 euros y hasta 8.300 euros. Y la ayuda tipo 3, establece una cuantía máxima de 190 euros, para familias con renta per cápita superiores a 8.300 euros y hasta 9.000 euros.

El principal problema no es la cuantía de la ayuda máxima (Tipo 1), fijada en 985 euros por familia, sino el restrictivo filtro para acceder a ella: una renta per cápita inferior o igual a 6.200 euros. Ricardo Zaldívar es miembro de la junta directiva de FAPA Rioja y de la comisión de comedores y advierte de que “es muy difícil llegar a esa renta porque para entrar en esos baremos, prácticamente solo tiene que trabajar un solo miembro de la familia y a jornada parcial. En cuanto los dos progenitores trabajan, se quedan fuera”. Durante este curso 2025-2026 se benefician de este tipo de ayudas un total de 3.662 alumnos. En concreto, las ayudas tipo 1 llegan a 2.542 escolares; las tipo 2, a 876; y las tipo 3, a 244 estudiantes. 

El problema, explica Zaldívar, es que “a pesar del aumento del presupuesto general de La Rioja y de la recaudación, la partida destinada a estas ayudas se mantiene igual que el curso anterior y no se tiene en cuenta el aumento del coste de la vida de forma que la clase media baja queda completamente desprotegida”. El presupuesto de La Rioja para este año 2026 es de 2.118,60 millones de euros, lo que supone casi 35 millones más que en 2025 y la partida destinada a estas ayudas, permanece estancada en los 3,1 millones de euros, tal y como denuncian desde FAPA Rioja.

Y además, añade Zaldívar, “las resoluciones de las becas suelen publicarse en noviembre de forma que, durante los meses de septiembre y octubre, las familias deben abonar el precio íntegro del servicio, obligando a los equipos directivos de los colegios a hacer encajes de bolillos y retrasar los cobros para evitar que los menores se queden sin comer”.

El abismo de quedarse fuera

¿Qué pasa con las familias que no logran una beca y quedan fuera de estas ayudas? La respuesta es la renuncia. “Ante la imposibilidad de pagar, el peso de la conciliación vuelve a recaer en la red familiar, en los abuelos o, de forma mayoritaria, en las mujeres que son quienes se ven obligadas a reducir sus jornadas laborales, sus ingresos bajan y se cronifica la brecha de género”.

Y es que según los baremos establecidos una familia normal, de clase trabajadora no recibe esos 985 euros de beca. Por ejemplo, “si los dos progenitores trabajan, uno gana 14.000 euros al año y el otro 15.000 (sueldos netos que rondan los 1.000 o 1.100 euros al mes. En total, los ingresos de la casa son 29.000 euros anuales por lo que superan la renta per cápita exigida para recibir las ayudas tipo 1”. Esta familia recibiría las ayuda tipo 2, los 380 euros para todo el año.

La de Noelia es una de esas familias que se quedó fuera. Vivía en Santo Domingo de la Calzada y cuando se separó decidió trasladarse a Logroño con sus tres hijas. “En esos momentos, tenía casi asegurada plaza en un colegio público de Logroño, pero no tenía dónde vivir”. Cuando por fin encontró casa, el plazo para solicitar las ayudas había terminado. Por el servicio de comedor de las tres hijas, Noelia pagaba al mes cerca de mil euros. “Cuando llegué a Logroño tuve que montar mi propio negocio, una barbería en la calle República Argentina. Soy autónoma porque poder conciliar la vida laboral y familiar, sola y con tres hijas es bastante complicado así que trabajo cuando puedo”. Ahora, la situación es distinta porque Noelia ya está dentro de la red de las becas comedor. “Por el servicio de comedor de las tres pago unos 120 euros al mes”. Noelia comprende que tiene haber unos plazos de inscripción y unos tiempos, pero no entiende cómo personas que necesitan este tipo de ayudas se queden fuera como le ocurrió a ella, más aún cuando los de La Rioja están entre los comedores más caros de España.

Entre los más caros de España

La Rioja arrastra la fama de tener uno de los comedores escolares más caros de España. Actualmente, el precio del menú diario se sitúa en 7,17 euros en la tarifa mayoritaria, un coste que para una familia con dos hijos se traduce en un desembolso de unos 300 euros al mes. De hecho, solo Navarra, Cataluña y Baleares tienen un meno cuyo precio es igual o superior a los siete euros.

Y al elevado coste, desde FAPA Rioja denuncian también lo que califican de “anomalía administrativa en la licitación del servicio”. El concurso público de la región se dividió en cinco lotes para, “teóricamente, fomentar la competencia”, explica Zaldívar, pero “las exigencias técnicas, como acreditar contratos previos de más de un millón de euros, expulsaron a las pequeñas empresas locales”. El resultado de adjudicación, asevera, “un monopolio encubierto porque cuatro de los cinco lotes están en manos de un gigante empresarial, Mediterránea de Catering que concurrió utilizando dos empresas distintas, pero con una misma dirección, mismos proveedores... y esto no puede ser”. El quinto lote recayó sobre la empresa Seral.

Asimismo, el portavoz de FAPA Rioja denuncia otra trampa para la conciliación: un recargo en el precio para el alumnado esporádico. Y es que según una orden de 2006 de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, “el centro podrá establecer previo acuerdo del Consejo Escolar, el precio diario del menú para los comensales esporádicos, que no podrá exceder en un 30 por ciento el precio diario establecido para los comensales habituales. A estos efectos se considerará como carácter esporádico la no utilización del servicio todos los días”. Una penalización económica que desde FAPA Rioja tachan de “sinsentido”.

Otro de los “necesita mejorar” para esta Federación de familias son las cocinas centrales. Abogan por el regreso a lo cocinado in situ frente al sistema de cocinas centrales. “En coles de Logroño como el Obispo Blanco Nájera, el Bretón de los Herreros o el María Matute hay cocinas integradas y el servicio de comedor funciona mejor porque se garantiza el uso de verdura fresca y se elimina la dependencia de la gran industria alimentaria”. Zaldívar reconoce la dificultad de implantar cocinas en todos los centros escolares, pero no entiende “cómo se construyen colegios nuevos en La Rioja, como el de Rincón de Soto, sin cocina”. Y mientras el Gobierno de La Rioja construye nuevos colegios sin cocina, Zaldívar mira con envidia al Gobierno vasco que acaba de anunciar treinta cocinas propias y diez cocinas zonales en plena polémica por el modelo de comedores escolares de colegios públicos. Este anuncio, cuenta el portavoz de FAPA Rioja, llega en plena polémica por el modelo de comedores escolares en Euskadi, con especial presión en Vitoria-Gasteiz y Álava donde varias AMPA y plataformas han reclamado menos dependencia del catering centralizado.

En La Rioja, solo quince colegios públicos cuentan con cocina en el centro.

Representantes del colectivo de familias del IES El Astillero han denunciado públicamente el “riesgo para la seguridad del alumnado” que existe en el edificio de Bachillerato, cuyas “múltiples deficiencias constructivas y de diseño llevan años generando preocupación en la comunidad educativa” ya que constituyen, a su juicio, “un problema real de seguridad que exige una intervención inmediata por parte de la administración educativa”.

Según la documentación trasladada formalmente a la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria, existen riesgos identificados que requieren intervención a corto plazo, entre ellos la posibilidad de desprendimiento de ventanales “hasta el punto de haberse llegado a plantear la delimitación de perímetros de seguridad en zonas potencialmente afectadas”, además de condiciones térmicas e higrométricas “inadecuadas” en las aulas.

Las familias han indicado en un comunicado que estos problemas con los ventanales “no son nuevos ni desconocidos para la administración”, sino que vienen siendo advertidos desde hace años por distintos equipos directivos del centro. Además, existen informes técnicos, registros de incidencias y antecedentes suficientes “como para haber actuado con mayor diligencia”, en su opinión.

“Estamos hablando de nuestros hijos e hijas. No podemos aceptar que acudan cada día a un edificio sobre el que pesan advertencias técnicas, riesgos conocidos y problemas estructurales que siguen sin resolverse. La seguridad del alumnado no puede seguir esperando”, han subrayado.

A esta preocupación se suma “la profunda frustración de las familias ante la falta de interlocución institucional”. Los representantes del colectivo han solicitado formalmente mantener una reunión con la directora general de Centros e Infraestructuras Educativas, Reyes Mantilla, para abordar de forma urgente soluciones definitivas a esta problemática, sin que hasta el momento se haya producido una respuesta satisfactoria que permita avanzar hacia una solución concreta, han señalado.

“Lo que más desconcierta a las familias no es solo la existencia del problema, sino la sensación de que, pese a la gravedad de lo denunciado, seguimos encontrando silencio, demora y falta de compromiso político ante una cuestión que afecta directamente a la seguridad de menores”, han apuntado al respecto.

Ante esta situación, las familias exigen una reunión urgente e inmediata con responsables de la Dirección General de Centros e Infraestructuras Educativas; un compromiso público y por escrito sobre las actuaciones que se van a ejecutar; la adopción de medidas preventivas inmediatas que garanticen la seguridad del alumnado y personal del centro, y una solución estructural definitiva, con calendario de ejecución y dotación presupuestaria.

Los representantes de las familias han anunciado que mantendrán su labor de denuncia pública y reclamación institucional hasta que se garantice que el alumnado del IES El Astillero desarrolla su actividad educativa en unas instalaciones seguras, dignas y adecuadas.

La Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) de Alhama da inicio a su programa Escuela de Familias 2024/2025, diseñado para ofrecer herramientas útiles a las familias en áreas de gran relevancia educativa y social, informan desde el Ayuntamiento.

El primer encuentro tendrá lugar el jueves 23 de enero, a las 19:00 horas, en el CEIP Ricardo Codorníu. La charla inaugural, titulada 'Intervenciones Asistidas con Caballos: Un Camino hacia el Bienestar y el Crecimiento Personal', estará a cargo de la psicopedagoga Reina Candeal Esteban, experta en intervenciones asistidas con caballos e intervención social.

Durante esta sesión, los asistentes tendrán la oportunidad de conocer cómo estas intervenciones pueden convertirse en una herramienta poderosa para el desarrollo personal, el bienestar emocional y el fortalecimiento de vínculos afectivos. Además, entre los asistentes se sorteará una sesión de equinoterapia como incentivo especial.

La empresa Animunis estará presente ofreciendo un servicio de monitor gratuito para que los más pequeños disfruten mientras los padres participan activamente en la charla.

Fundación Cavalli, entidad colaboradora de esta charla, desempeña un papel clave al rescatar y rehabilitar animales de granja en situación de vulnerabilidad o maltrato. Su compromiso con el bienestar animal y humano ha permitido la creación de programas terapéuticos que favorecen tanto a los participantes como a los animales, generando un impacto positivo en la comunidad.

Este ciclo incluye temáticas como el bullying, el autismo en primera persona, el uso de juguetes educativos, y hábitos de vida saludable. Todas las charlas están diseñadas para padres, madres y tutores que deseen adquirir herramientas y conocimientos esenciales para el desarrollo integral de sus hijos.

Cuatro institutos asturianos con más de mil estudiantes verán reforzado su servicio de orientación en este curso 2024/2025. Son los IES Número 1 y Fernández Vallín, de Gijón, y La Corredoria y doctor Fleming, de Oviedo, así como los centros de educación especial de Latores y Castiello.

Es una de las novedades que incorpora el nuevo curso académico, a punto de comenzar, y que este martes explicaba la consejera Lydia Espina a las direcciones y equipos educativos de los centros asturianos de enseñanza pública y concertada

La consejera destacaba también la mejora de la dotación tecnológica para los equipos directivos y el personal administrativo de los centros públicos, con la distribución, por fases, de 1.600 equipos, que comenzará este curso y se prolongará también al siguiente. Se trata de “una petición histórica de quienes hemos gestionado el ciclo de Primaria”, según aseguró Espina, quien reconoció que tras el despliegue tecnológico dirigido al alumnado, la Consejería tenía pendiente llegar al personal educativo.

Dentro de las políticas educativas que se pondrán en marcha a lo largo de este curso destaca la estrategia de autismo que, de manera pionera a nivel nacional, se va a empezar a desarrollar en Asturias durante este curso y parte de un pilotaje desarrollado el año pasado en tres centros educativos, liderado por la unidad de autismo de la propio consejería. El objetivo es implementar la intervención en los casos de alumnado autista que, a nivel nacional, suponen el 50% del alumnado con necesidades educativas especiales. “Queremos anticiparnos y aprender a trabajar con ellos”, destacaba la consejera.

Asimismo, y por tercer año consecutivo, volverá a desarrollarse el programa Vuela, que potenciará la parte destinada a atender al alumnado con trastorno del espectro autista (TEA) y el PROA+, destinado al bienestar emocional en el ámbito educativo.

Mientras que en la Formación Profesional éste será el curso de implantación de la nueva ley, en el que una de las novedades destacadas es el inicio de las estancias formativas en empresas a partir del mes de enero, los Centros Educativos de Personas Adultas (CEPA) han visto incrementada su matrícula un 14% respecto al pasado curso.

En Inclusión Educativa y Orientación continúa la extensión de las aulas abiertas a 27 centros, así como el refuerzo del personas docente que da respuesta a 130 alumnos y alumnas. Y la estrategia con alumnado de altas capacidades alcanza su tercer año, con un programa de enriquecimiento curricular que se desarrolla en colaboración con Valnalón.

Por último, otra de las novedades, en este caso, con respecto al Servicio de Inspección Educativa, será la aplicación informática para el registro y notificación de situaciones de posible acoso escolar.

El Gobierno regional destinará el próximo curso 2024/2025 un total de 2,9 millones de euros en ayudas al comedor escolar para alumnado no transportados de La Rioja, lo que significa un millón más que la partida del pasado curso, que permitirá apoyar a las familias más vulnerables ante la subida de precio del menú. “Los criterios de adjudicación de este servicio han cambiado y se ha primado la calidad de los menús muy por encima de otros condicionantes como el precio, que ahora solo supone el 15% de la puntuación frente al 40% del anterior pliego”, dicen desde el Gobierno de La Rioja.

El consejero de Educación y Empleo, Alberto Galiana, lo ha anunciado durante su comparecencia en el Parlamento de La Rioja, donde ha destacado que este aumento de las ayudas, que pasan de 1,9 millones en la convocatoria de junio de 2023 a 2,9 millones de euros para el próximo curso, un 52,6% más, y que permitirá “a las familias que cuentan con menos ingresos acceder a un servicio de comedor en los centros escolares de mayor calidad”. 

El importe de estas ayudas al comedor escolar se establecerá según los intervalos de renta per cápita, estableciendo tres tipos: Tipo 1, que son las mayoritarias, para rentas per cápita hasta 6.200 euros y a las que se destina el próximo curso 985 euros por alumno; Tipo 2, para rentas per cápita superiores a 6.200 euros, a las que se destina 380 euros por alumno; y Tipo 3, para rentar superiores a 7.300 y hasta 8.300 euros, a las que se destina 190 euros por alumnos. Estas ayudas, cuya convocatoria publica mañana el BOR, podrán solicitarse entre el 19 de junio y el 2 de julio.  

Aumento de las ayudas y de los umbrales de renta para ayudar a más familias

De esta forma, a partir del próximo curso, además de incrementar los umbrales de renta para acceder a estas ayudas, se aumentará en 425 euros la cantidad destinada a las familias beneficiaras de las ayudas Tipo 1, pasando de conceder 560 euros a 985 euros; las de Tipo 2 se ampliarán en 100 euros, pasando de otorgar 280 euros a 380 euros; y las de Tipo 3, aumentarán en 50 euros, pasando de conceder 140 euros a 190 euros. 

Durante este curso que finaliza, se han beneficiado del Tipo 1 de estas ayudas 2.700 alumnos; 447 alumnos han recibido subvenciones del Tipo 2; y del Tipo 3 se han registrado 364 beneficiarios.

Por otra parte, el consejero de Educación y Empleo ha informado de que hoy se ha adjudicado el nuevo servicio de comedor escolar para el próximo curso 2024/205, que se distribuye en cinco lotes por un valor total de 5.988.087 euros, distribuidos en dos anualidades (2024 y 2025), con tres empresas que lo gestionarán a partir del próximo mes de septiembre. De esta forma, “un año después, se acaba con la mala ejecución de un mal contrato y ahora se prima la calidad, como ya ha demostrado la empresa que desde enero se ha hecho cargo de este periodo transitorio”.

Así, la empresa Mediterránea de Catering, que desde el pasado mes de enero ofrece este servicio de manera provisional en toda La Rioja, se encargará de los lotes 1 y 4 (Rioja Baja y Logroño y Área Metropolitana II); Servei D’Apats llevará los lotes 2 y 5 (Rioja Alta y Logroño y Área metropolitana III); y la empresa Servicios Renovados de Alimentación se hará cargo del lote 3 (Logroño y Área Metropolitana I). El precio del servicio por menú y día asciende a 7,49 euros (más IVA) en el lote 3; y a 6,75 euros (más IVA) en el resto de los lotes. 

En lugar de en un lote único como ocurría hasta ahora, el reparto en tres lotes ha facilitado la concurrencia de más empresas y redundará en una atención más cercana y de mayor calidad. En la elaboración del pliego para contratar el servicio de comedor escolar se ha favorecido la cocina de cercanía, primando la proximidad al centro escolar, así como el uso de verduras y hortalizas. Además, se aumenta la ratio de cuidadores para la atención de los alumnos y las penalizaciones por posibles infracciones serán más graves.

La cuesta de enero el próximo mes de septiembre será más empinada para aquellos que necesiten del servicio de comedor escolar. Así lo asegura la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de La Rioja que calculan que los precios en La Rioja serán superiores al resto de comunidades autónomas“. Unos precios que dicen se han incrementado un 73% con respecto al curso anterior. ”Demasiado altos para ser asumidos sólo por las familias“, consideran.

Así, la Fapa Rioja considera que este incremento es demasiado alto para que sea asumido únicamente por las familias y cifran la subida entre “un 56,2 % (7,17 euros/día) y un 73,2 % ( 7,95 euros/día), con respecto a lo que pagaban al comienzo de este curso escolar”, incremento que alertan deberán asumir las familias mientras que en otras comunidades autónomas la situación es distinta porque los gobiernos asumirán parte o el total de ese gasto. “No será así en La Rioja”, aventuran desde FAPA Rioja, “por lo que el próximo curso los comedores escolares riojanos serán los más caros de España”.

¿Cómo está la situación en otras comunidades autónomas?

En Extremadura el 86% de las familias tiene el comedor escolar gratuito, en Cantabria y Asturias tienen un máximo de pago para las familias, 5,5 y 4,5 euros al día respectivamente, y el resto lo asumen sus gobiernos como copago. En Galicia los comedores gestionados por el Gobierno, dan el servicio al 80% de las familias gratuito o por un euro. “Estos son algunos de los datos, y muestran que los precios del servicio de comedor de La Rioja serían entre un 35,5% y un 45,8% más altos que los de la media española, incremento con el que FapaRioja no está de acuerdo y del que no ha sido conocedora hasta la publicación de la propuesta de adjudicación”.

Desde la Federación recuerdan que colaboraron con la Consejería de Educación y Empleo en la redacción del pliego de prescripciones técnicas para la nueva licitación de los comedores escolares que desarrollan cómo deberán ser las características de las comidas, los ratios de las personas monitoras o las penalizaciones a las nuevas empresas, pero en la fijación del precio del comedor porque “una vez cerrado el pliego de prescripciones técnicas, no se ha invitado a participar a FapaRioja en ninguna otra decisión entre las que está el establecimiento del precio”, cuantía que insisten es demasiado elevado para que lo puedan asumir las familias. “Muchas de ellas han ido dejando de utilizar este servicio de comedor por los problemas generados por la anterior empresa lo que ha dificultado la conciliación y quizás el alto precio del mismo provoque un nuevo abandono progresivo de este servicio”.

Desde FapaRioja recuerdan la intención de la Consejería de Educación de “estudiar la ampliación de las ayudas al comedor para el próximo curso”, pero consideran que esta medida no es suficiente porque “el encarecimiento que van a sufrir los comedores escolares va a suponer una traba de acceso de primer nivel para las familias.” Por todo ello solicitan un “apoyo más realista, en el que, más allá de su consideración como complementario por la Ley, se valore la importancia real del comedor escolar como un servicio esencial por varios motivos: desde el punto de vista económico, por constituir una verdadera política activa de empleo al permitir la conciliación de la vida familiar con la vida laboral; desde el punto de vista social, por dar cobertura nutricional a situaciones de exclusión social; y desde la perspectiva educativa y pedagógica por contribuir al logro de que alumnado refuerce vínculos sociales y adquiera hábitos de vida saludables”. Y por esto, pide un sistema de copago “en el que, al igual que sucede en otras comunidades autónomas, se establezca un precio máximo a abonar por las familias a partir del cual, sea la administración pública la que se haga cargo de la diferencia a pagar a las empresas contratistas del servicio. Y, por supuesto, sin que ello vaya en detrimento de las ayudas ya establecidas en favor de las familias con rentas más bajas”.

Tal y como habían anunciado el pasado martes en rueda de prensa, representantes de la enseñanza de CC.OO, UGT, CSIF y SUATEA se han encerrado a las siete de la tarde de este jueves en el Colegio Público Buenavista de Oviedo.

Es la primera de las medidas anunciadas que precede a la manifestación que han convocado mañana viernes y que saldrá a las siete de la tarde de la estación de Renfe de la capital asturiana.

La ausencia de respuesta por parte de la Consejería de Educación, que según denuncian, se niega a sentarse a negociar con ellos, y la cronificación de sus demandas con el paso de los años rozan el hartazgo sindical que amenaza con aumentar las medidas de presión hasta llegar a la convocatoria de una huelga.

Jorge Caro, del sindicato CSIF asegura que “la huelga es el último paso, pero lo daremos si la Consejería no nos da otra alternativa”. En este sentido, Borja Llorente, de CC.OO afirma que “si hay huelga es la consejera quien la convoca por su cerrazón y falta de compromiso con la escuela pública”.

Si hay huelga la convocará la consejera por su cerrazón y falta de compromiso con la escuela pública

Solicitan un nuevo acuerdo para las plantillas del profesorado, que exigen estén completas a uno de septiembre. Piden reducir las medias jornadas y también que las horas lectivas pasen de 25 a 23 horas para poder dedicar más tiempo a atender al alumnado.

Los representantes sindicales coinciden en la falta de interés de la Consejería de Educación por la enseñanza pública, y denuncian que la consejera Lydia Espina “continúa parapetada en la política educativa del artificio, del marketing, de las fotos sin contenido y las reuniones sin compromiso”.

Desde CC.OO Llorente denuncia que la enseñanza púbica está infradotada en comparación con la concertada, con un gasto educativo por debajo del que la administración disponía en 2009, descontando la inflación. Asegura que el presupuesto está “dopado” por los planes de resiliencia y hay “recortes encubiertos” que nunca han llegado a revertirse.

De hecho, añaden, un docente asturiano cobra en su primer sexenio 23.000 euros menos de lo que cobra su homólogo en Cantabria.

A los cuatro sindicatos les ha acompañado, esta mañana, Gema Valdés, presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Asturias 'Miguel Virgós'. Asegura que han decidido personarse públicamente como una parte más de las reivindicaciones de la escuela pública porque “todo lo que es favorable para el profesorado lo es para nuestros hijos, y ya es hora de que la educación en Asturias dé un paso adelante”.

Les Escuelines, “el proyecto estrella de la legislatura”

Las denuncias sindicales alcanzan también a Les Escuelines, “el proyecto estrella del gobierno en esta legislatura”, aseguran. Exigen que la implantación del ciclo 0 a 3 años sea totalmente pública, con carácter gratuito y educativo y, por tanto, su plena inclusión en la Consejería de Educación.

Un proyecto, dicen, que va a acabar quedando en nada porque siguen sin resolverse las cuestiones laborales y de organización, como la integración de las trabajadoras en la red autonómica, la equiparación de salarios o la unificación de las distintas bolsas de personal.

En este sentido denuncia que si la red arranca el 1 de septiembre lo hará con gran desigualdad y condiciones peculiares, y se preguntan cómo conseguirán abrir 31 escuelas, si han quedado vacantes gran parte de las direcciones porque nadie quiere asumir esa responsabilidad, estando como están las cosas.

Así las cosas, el jueves 30 se encerrarán, como ya hicieron el pasado mes de octubre en la Consejería, pero en este caso en el Colegio Público Buenavista de Oviedo, y el viernes 31, a las 19 horas, saldrán en manifestación 'Pola Escuela Pública', desde la estación de tren de la capital asturiana.

Educación abre la negociación para implantar las 23 horas lectivas

Por su parte, y ante las movilizaciones anunciadas por los sindicatos, la Consejería de Educación ha anunciado hoy su intención de abrir la negociación con las organizaciones para implantar la jornada de 23 horas lectivas semanales a maestros de Infantil y Primaria, “a lo largo de este legislatura”.

Un paso “insuficiente” para Jorge Caro de CSIF porque, según ha asegurado, los problemas de la educación pública asturiana van mucho más allá de esta reducción de jornada. “Si bien es un tema importante, no es ni mucho menos el único que hay que arreglar de manera urgente por el bien de la calidad educativa”, ha dicho.

Caro ha lamentado que, una vez más, la consejera vuelva a “vender humo a futuros”.

La Confederación de AMPAs Gonzalo Anaya ha reivindicado este martes las infraestructuras educativas que garanticen una educación pública de calidad y la recuperación del Plan Edificant, que permita llevar a cabo 43 actuaciones de construcción y mejora de centros de 22 municipios valencianos.

En una concentración celebrada a las puertas del Palau de la Generalitat bajo el lema 'Con cada obra construimos educación. No a la paralización del Edificant', en la que han participado unas 200 personas según los organizadores, la entidad cívica ha exigido al Gobierno valenciano que recupere el plan y no recorte los presupuestos asignados a mejorar las infraestructuras educativas.

Según denunciaban, más de 190 millones de euros en inversiones se han visto afectados por estas paralizaciones. Entre estas actuaciones se encuentran doce municipios a los que el Consell ha comunicado que no tendrán Edificant “por un informe de lesividad”, según la confederación, y otros 10 con las obras paralizadas porque no les autorizan unos incrementos derivados de la inflación.

Un audio del president de la Generalitat, Carlos Mazón, de la campaña electoral ha servido para dar comienzo a la protesta: “Tengo el compromiso de completar el 100% del Pla Edificant para el curso 2024-2025, en el que estará finalizado de manera exprés con toda la contratación, apoyo Técnico y gestión para todas las infraestructuras educativas que se necesitan en la Comunitat Valenciana”.

El presidente de la Gonzalo Anaya, Rubén Pacheco, ha afirmado: “No queremos, no podemos y no aceptaremos volver a los tiempos de una educación con infraestructuras deficientes. Nos tenemos que levantar para reclamar los centros escolares que nuestras hijas e hijos merecen”.

A la concentración se han sumado ayuntamientos afectados, la Plataforma en defensa de l'Ensenyament Públic y representantes políticos del PSPV como el vicesecretario del partido, Carlos Fernández Bielsa, y el diputado autonómico y portavoz de Educación en les Corts, José Luis Lorenz, alcaldes y concejales socialistas y también de Compromís, como el síndic en las Corts, Joan Baldoví, la portavoz en el Congreso Àgueda Micó o el diputado Gerard Fullana.

“Recorte histórico”

Carlos Fernández Bielsa ha lamentado que el PP quiera volver a “la educación de los barracones a las que nos tenía acostumbrado en los tiempos de Zaplana y Camps” y le ha pedido que abandone el “sectarismo institucional” que practica.

Según Bielsa, el PP de Carlos Mazón ha realizado “un recorte histórico” al plan de infraestructuras educativas del Botànic, lo que supone un “retroceso en la educación pública de calidad” y le ha exigido que “revierta” la situación e impulse el plan Edificant que ha supuesto “la mejora en más de 500 colegios públicos durante los gobiernos presididos por Ximo Puig”.

Por su parte, José Luis Lorenz ha señalado que la paralización del Plan Edificant es la “consecuencia de los recortes del PP de Mazón que ascienden a 122 millones, un 40 % menos en inversión educativa que el Consell de Ximo Puig”.

En cuanto a Baldoví, el dirigente valencianista ha recordado: “Desgraciadamente cada semana se suman casos y a las 15 obras que han dicho que no quieren hacer por Edificant en 12 pueblos, ahora hay más paralizaciones en otras poblaciones. El Gobierno de Mazón recorta cada mes 21 millones de euros para construir escuelas, mientras baja los impuestos a los más ricos”.

Analizando las obras “ayuntamiento por ayuntamiento”

El conseller de Educación, José Antonio Rovira, por su parte, ha asegurado que su departamento está analizando “ayuntamiento por ayuntamiento” una serie de obras del Plan de infraestructuras escolares Edificant que el anterior Consell del Botànic “firmó estando en funciones” y ha garantizado que, “si son necesarias, se harán”.

Así lo ha manifestado el titular de Educación, que ha defendido que la administración autonómica está “trabajando en planificar bien esas infraestructuras”.

“Lo que hemos dejado en stand-by son unas obras concretas que firmó el Botànic estando en funciones, cuando ya había perdido las elecciones. Estamos ahora analizando ayuntamiento por ayuntamiento la necesidad o no de esa infraestructura”, ha explicado. “Y aseguro que, si son necesarias, se harán”, ha concluido.

La Confederació d'AMPAs Gonzalo Anaya ha reivindicat aquest dimarts les infraestructures educatives que garantisquen una educació pública de qualitat i la recuperació del Pla Edificant, que permeta dur a terme 43 actuacions de construcció i millora de centres de 22 municipis valencians.

En una concentració celebrada a les portes del Palau de la Generalitat amb el lema 'Amb cada obra construïm educació. No a la paralització d'Edificant', en la qual han participat unes 200 persones segons els organitzadors, l'entitat cívica ha exigit al Govern valencià que recupere el pla i no retalle els pressupostos assignats a millorar les infraestructures educatives.

Segons denunciaven, més de 190 milions d'euros en inversions s'han vist afectats per aquestes paralitzacions. Entre aquestes actuacions hi ha dotze municipis als quals el Consell ha comunicat que no tindran Edificant “per un informe de lesivitat”, segons la confederació, i 10 més amb les obres paralitzades perquè no els autoritzen uns increments derivats de la inflació.

Un àudio del president de la Generalitat, Carlos Mazón, de la campanya electoral ha servit per donar començament a la protesta: “Tinc el compromís de completar el 100% del Pla Edificant per al curs 2024-2025, en el qual estarà finalitzat de manera exprés amb tota la contractació, suport tècnic i gestió per a totes les infraestructures educatives que es necessiten a la Comunitat Valenciana”.

El president de la Gonzalo Anaya, Rubén Pacheco, ha afirmat: “No volem, no podem i no acceptarem tornar als temps d'una educació amb infraestructures deficients. Ens hem d'aixecar per reclamar els centres escolars que les nostres filles i fills mereixen”.

A la concentració s'han sumat ajuntaments afectats, la Plataforma en defensa de l'Ensenyament Públic i representants polítics del PSPV com el vicesecretari del partit, Carlos Fernández Bielsa, i el diputat autonòmic i portaveu d'Educació a les Corts, José Luis Lorenz, alcaldes i regidors socialistes i també de Compromís, com el síndic a les Corts, Joan Baldoví, la portaveu al Congrés Àgueda Micó o el diputat Gerard Fullana.

“Retall històric”

Carlos Fernández Bielsa ha lamentat que el PP vulga tornar a “l'educació dels barracons a què ens tenia acostumat en els temps de Zaplana i Camps” i li ha demanat que abandone el “sectarisme institucional” que practica.

Segons Bielsa, el PP de Carlos Mazón ha realitzat “una retallada històrica” al pla d'infraestructures educatives del Botànic, fet que suposa un “retrocés en l'educació pública de qualitat” i li ha exigit que “revertisca” la situació i impulse el pla Edificant, que ha suposat “la millora en més de 500 col·legis públics durant els governs presidits per Ximo Puig”.

Per la seua banda, José Luis Lorenz ha assenyalat que la paralització d'Edificant és la “conseqüència de les retallades del PP de Mazón que ascendeixen a 122 milions, un 40% menys en inversió educativa que el Consell de Ximo Puig”.

Baldoví, per part seua, ha recordat: “Desgraciadament cada setmana se sumen casos i a les 15 obres que han dit que no volen fer per Edificant a 12 pobles, ara hi ha més paralitzacions en altres poblacions. El Govern de Mazón retalla cada mes 21 milions d'euros per construir escoles, mentre baixa els impostos als més rics”.

Analitzant les obres “ajuntament per ajuntament”

El conseller d'Educació, José Antonio Rovira, per part seua, ha assegurat que el seu departament està analitzant “ajuntament per ajuntament” una sèrie d'obres del Pla d'infraestructures escolars Edificant que l'anterior Consell del Botànic “va signar estant en funcions” i ha garantit que, “si són necessàries, es faran”.

Així ho ha manifestat el titular d'Educació, que ha defensat que l'administració autonòmica està “treballant a planificar bé aquestes infraestructures”.

“El que hem deixat a stand-by són unes obres concretes que va signar el Botànic estant en funcions, quan ja havia perdut les eleccions. Ara estem analitzant ajuntament per ajuntament la necessitat o no d'aquesta infraestructura”, ha explicat. “I assegure que, si són necessàries, es faran”, ha conclòs.

La iniciativa legislativa popular (ILP) que reclama la reducción del número de alumnos por aula en Andalucía se debatirá en el Parlamento andaluz el próximo miércoles, 14 de diciembre, con el posicionamiento contrario del Gobierno de Juan Manuel Moreno. Este 'no' de la Junta de Andalucía se basa en que adoptar esta medida supondría un importante aumento de la inversión en educación y que es el Ministerio quien debe fijar una bajada de ratios en todo el Estado.

Como paso previo a que la Mesa del Parlamento fijase la fecha para el pleno en el que se debatirá la iniciativa, que finalmente se celebrará en una semana, el Consejo de Gobierno ha hecho pública su posición, contraria a la aprobación de la medida. Ahora, la Comisión Promotora de esta iniciativa espera que la Cámara andaluza sea “permeable a los argumentos de la comunidad educativa y la iniciativa sea aprobada” pese a esta posición contraria que ha mostrado inicialmente el Gobierno andaluz.

La Comisión Promotora de la iniciativa, en la que trabajan desde hace meses más de 30 colectivos de la comunidad educativa, tomará el 14 de diciembre la palabra para plantear la propuesta. El pleno deberá decidir si continúa la tramitación legislativa para su debate, enmienda y aprobación. Los impulsores apuntan que, a pesar del dictamen negativo del Consejo de Gobierno, “la ILP puede continuar su recorrido parlamentario si el pleno así lo decide”. Por ello, confían en que todos los grupos escuchen sus argumentos y “la ILP, que cuenta con un amplísimo consenso entre docentes, familias y estudiantes, llegue finalmente a ser aprobada y aplicada en todas las aulas de Andalucía”.

Esta iniciativa popular para la bajada de ratios escolares llegó a reunir 52.846 firmas el pasado verano, con lo que superó ampliamente el trámite de presentación de 40.000 firmas validadas exigido por la ley, tal y como certificó la Mesa del Parlamento el pasado 16 de noviembre. Pese a ello, el Consejo de Gobierno de la Junta ha acordado mostrar su criterio contrario a la toma en consideración de esta iniciativa para modificar la Ley de Educación de Andalucía, señalando que “la reducción generalizada de la ratio alumno por aula en todos los niveles educativos debe implementarse, por su efecto en la arquitectura del sistema educativo y su financiación, en el marco de una normativa estatal”.

El Ejecutivo andaluz remarca que, “como principio fundamental de la normativa básica, es el Estado el que asume la responsabilidad de fijar los límites máximos para todo el país en la Ley Orgánica de Educación y en los decretos de desarrollo, aportando a las comunidades autónomas los recursos necesarios para poder implementarlo”. Al respecto, desde la Junta han indicado que la Lomloe, la nueva ley educativa impulsada por el Gobierno central, “no contempla una bajada de la ratio en las aulas del sistema educativo español”.

“Recorta la libertad de las familias”

En su evaluación de la citada proposición de ley promovida con esa ILP, el Consejo de Gobierno considera que la medida que plantea “implicaría la redefinición de la red de centros docentes, recortando la libertad de las familias para elegir centro educativo”. En este sentido, incide en que “actualmente más del 93% de las familias andaluzas matricula a su hijo o hija en el primer centro solicitado, y casi el 98% en alguno de los elegidos, porcentajes que bajarían significativamente”, según destaca el informe esgrimido por el Ejecutivo andaluz.

El conjunto de medidas recogidas en la proposición de ley comportarían, según el mismo estudio en el que se apoya la Junta para manifestar su criterio contrario a esta iniciativa, “un incremento anual en los presupuestos de la Comunidad de Andalucía de 1.362 millones para atender sólo el aumento de personal docente y no docente, sin tener en consideración los gastos derivados de las nuevas necesidades de infraestructuras, siempre que fuese posible por la disponibilidad de terrenos y espacios, ni los gastos indirectos por el crecimiento de unidades tanto en centros públicos como concertados”.

La Junta ha agregado que, “según datos del Ministerio de Educación, el número medio de alumnos por aula en Andalucía, que cuenta con el mayor sistema educativo del país, es similar al del resto de las comunidades autónomas en las enseñanzas de régimen general, y de forma particular en la comparativa con las que cuentan con un sistema educativo de un tamaño parecido, es decir, Cataluña y Madrid”. Igualmente, “Andalucía está en la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de la Unión Europea, y con ratios mejores que países como Francia, Irlanda o Países Bajos”.

“Reducción progresiva de las ratios medias”

En todo caso, Andalucía, según recoge el acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado este lunes, “seguirá avanzando en la reducción progresiva de las ratios medias en las aulas, como ha ocurrido en los últimos cuatro cursos, marcando como prioridad los centros de zonas con especial problemática socioeconómica, así como las aulas con alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo”.

Al respecto, desde la Junta ponen de relieve que, “entre 2019 y 2022, la ratio ha pasado de 20,9 a 19,2 en las aulas andaluzas de Infantil y de 21,3 a 20,3 en Primaria, dentro de una estrategia de mejora de la calidad de la enseñanza que tiene en cuenta además otros parámetros, especialmente el refuerzo de las plantillas para aumentar los apoyos educativos”.

Por su parte, la Comisión Promotora de la ILP lamenta que el Ejecutivo andaluz presente como principal argumento para oponerse a la medida que la bajada de las ratios escolares supondría un aumento de la inversión en educación, “cuando Andalucía sigue estando a la cola de las comunidades autónomas en gasto por alumno o alumna”. La portavoz de la Comisión, Carmen Yuste, se pregunta en este sentido “¿cómo es posible que el Gobierno de la Junta mantenga que la ratio ha bajado sin adoptar ninguna medida y, al mismo tiempo, que las medidas encaminadas a la bajada de ratios tienen un coste inasumible?”. A su juicio, “la verdad es que la ratio no está bajando de forma generalizada y que la implantación de la ILP no supondría una gran inversión extra, sino un freno a los recortes y al cierre de clases públicas”.

Nada impide dar el paso a una comunidad

Desde la Comisión Promotora de la ILP, que cuenta con el apoyo de familias, docentes y estudiantes, tampoco se entiende el argumento de que es el Ministerio el que tiene que fijar las ratios de todos los territorios del Estado. “La realidad de la educación en las diferentes comunidades es diversa y, si bien el Gobierno central fija unas ratios máximas para todo el Estado, nada impide que las comunidades autónomas rebajen ese límite máximo”. Tanto es así, recuerdan, que comunidades gobernadas por partidos de diferente signo político han aprobado ya medidas para la bajada de las ratios escolares en sus territorios, como es el caso de Castilla y León, Cataluña, País Vasco o Cantabria.

El dictamen negativo del Consejo de Gobierno presagia que la posición del PP será contraria a la aprobación de la iniciativa en el debate del 14 de diciembre. Por ello, la Comisión Promotora y los colectivos adheridos a la ILP esperan que los diferentes grupos parlamentarios, incluido el del PP, “sean permeables a los argumentos que se plantearán en el Parlamento, dado el apoyo unánime con el que cuenta la iniciativa en la comunidad educativa”.

Que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para bajar el número máximo de alumnos por clase en Andalucía no duerma el sueño de los justos. Esta ha sido una de las reivindicaciones que este sábado han lanzado en la calle los impulsores de esta medida para la que el pasado mes de agosto reunieron casi 53.000 firmas, tras una enorme movilización que les permitió superar de largo el mínimo exigido (40.000 apoyos) para que una propuesta que llega de fuera del Parlamento andaluz sea tramitada en el mismo. Y aunque los tiempos están tasados, ahora lo que se exige es celeridad para que los grupos políticos debatan la cuestión, y siempre con un mensaje rotundo desde la comunidad educativa: “No somos sardinas en lata”.

Este volvió a ser uno de los mensajes más coreados en las marchas, desarrolladas en las ocho provincias andaluzas y que (según los organizadores) reunieron a unas 2.700 personas, desde las 800 de Sevilla y las 500 de Málaga a las 200 de Almería y Jaén. Desde Ustea, el sindicato que ha pilotado esta ILP para reducir la ratio, se incidía especialmente en la elevada presencia de familias y asociaciones de madres y padres. “Tiene que haber implicación de las familias, que son las que sufren la masificación”, se subraya en este sentido.

La iniciativa legislativa lo que pretende es modificar la Ley de Educación de Andalucía de 2007 para rebajar las ratios máximas por unidad educativa, de ahí ese mensaje continuo de “bajada de ratio por ley”. La norma establece unos máximos de 25 alumnos en aulas de segundo ciclo de Educación Infantil y en Educación Primaria, 30 en Educación Secundaria Obligatoria y 35 en Bachillerato, y el objetivo de la comunidad educativa es reducir en cinco alumnos estos topes, “eso permitiría un cierto desahogo”.

La Consejería de Desarrollo Educativo insiste (este mismo sábado lo ha vuelto a hacer la consejera, Patricia del Pozo) en que la ratio media ya va a la baja por el descenso de la natalidad, una realidad numérica que no lo es tal en muchos centros educativos: la reducción del número de alumnos se está produciendo en entornos rurales y municipios pequeños, mientras que en las ciudades de mayor tamaño “se están generalizando” ratios de 28 estudiantes en Infantil y Primaria, 33 en Secundaria y 38 en Bachillerato. La Junta de Andalucía, denuncian los impulsores de la ILP, cierra aulas en cuanto el número de estudiantes baja del máximo que le permite la ley, algo que no puede hacer en localidades pequeñas porque puede darse la circunstancia de que sea la única clase en la que se imparte ese curso.

“Baja la natalidad y el número de niños, pero también el número de aulas”, es la denuncia principal, y como muestra se pone el botón de lo ocurrido en la última legislatura, cuando se dio cerrojazo a 1.181 clases en toda Andalucía. Ninguna de ellas, por cierto, era de centros concertados, de ahí que esta reivindicación conecte también con la defensa de una educación pública de calidad que mantienen colectivos sociales, sindicales y políticos. De hecho, esta demanda de reducción del número de alumnos por aula se ve clave no sólo para mejorar la calidad educativa, sino también para erradicar las altas tasas de fracaso y abandono escolar y para mejorar las condiciones laborales del personal docente.

En cuanto a los tiempos de tramitación de la iniciativa legislativa es verdad que están más que tasados, pero lo que se exige es celeridad. En la actualidad la Oficina del Censo está validando las firmas que permitieron registrar la propuesta, un trámite al que no le falta mucho para que se complete y remitirlo de nuevo al Parlamento. A partir de ese momento, tiene que debatirse en el pleno de la Cámara antes de que transcurran seis meses, lo que sitúa el momento ya en primavera. Si es a mediados o a finales de la estación dependerá de la prisa que se le inyecte a la tramitación, que es lo que precisamente se reclama.

De ahí el grito en la calle de este sábado, la primera acción de un calendario que todavía no está definido pero que será regular para que el proceso no se duerma. Luego llegará el debate parlamentario, en el que cada grupo fijará su posición pero que en última instancia está en manos del PP, que disfruta de una holgada mayoría: lo que decida hacer el partido que preside Juan Manuel Moreno será lo que se haga. Y por eso el mensaje que la comunidad educativa andaluza ha reiterado este sábado desde las ocho provincias: “No somos sardinas en lata”.

Mantener viva la llama de la reivindicación para que el pleno del Parlamento andaluz aborde cuanto antes la reducción del número de alumnos por aula. Ese es el objetivo de los impulsores de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre la cuestión que ya está en la Cámara andaluza, pero para meter presión y acelerar en lo posible los plazos se han convocado para este sábado 22 de octubre manifestaciones en las ocho provincias andaluzas, con las que la comunidad educativa vuelve a la calle para incidir en una de sus reclamaciones históricas.

La jornada reivindicativa se vivirá en paralelo en toda Andalucía, impulsada por un movimiento que logró reunir casi 53.000 firmas, muchas más de las 40.000 que son necesarias para validar una petición de este tipo. La recogida de avales se convirtió en una auténtica carrera contra el reloj en pleno mes de agosto, después de que la Mesa de la Cámara andaluza les negase una prórroga para ampliar el plazo, una denegación sin precedentes en los últimos 16 años.

Con el lema En defensa de la educación pública, bajada de ratio ya por ley, la campaña de apoyo a la ILP ha convocado unas movilizaciones que reunirán a todos los sectores de la comunidad educativa (docentes, familias y estudiantes), así como a los más de 30 colectivos y organizaciones adheridas a esta iniciativa. Las actuaciones arrancaron el pasado miércoles con concentraciones simbólicas en las delegaciones de la Consejería de Desarrollo Educativo en Huelva y Málaga, en lo que se plantea como un calendario de protestas que se prolongará durante la tramitación de esta iniciativa legislativa.

Cambiar la Ley de Educación de Andalucía

Las firmas se entregaron el pasado 11 de agosto y ahora están siendo revisadas para su validación, paso previo para que la ILP llegue al pleno de la Cámara y dé inicio su tramitación legislativa. El objetivo es modificar la Ley de Educación de Andalucía de 2007 para rebajar las ratios máximas por unidad educativa para que queden en 20 alumnos en aulas de segundo ciclo de Educación Infantil y en Educación Primaria, 25 en Educación Secundaria Obligatoria y de 30 en Bachillerato. Frente a esta reivindicación, los impulsores de la iniciativa denuncian que “se están generalizando” ratios de 28 estudiantes en Infantil y Primaria, 33 en Secundaria y 38 en Bachillerato.

La intención ahora es que la ILP llegue al pleno del Parlamento “cuanto antes” para su debate, aprobación y aplicación, de ahí unas movilizaciones que se ponen en marcha asumiendo que la iniciativa “sólo tiene alguna posibilidad si es apoyada por una movilización social importante”. Tras un arranque de curso en el que la educación pública insistió en la necesidad de “más docentes y menos ratio”, y con los institutos públicos reclamando más personal, el que la ILP prospere queda ahora en manos del PP, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara andaluza y será por tanto su voto el que decida la cuestión.

La portavoz regional y el secretario de organización de Podemos, María Marín y Ángel Luis Hernández, han mantenido esta mañana un encuentro con Clara García, portavoz de la Federación Regional de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas Juan González, para analizar cómo ha comenzado el año académico en los centros públicos de la Comunidad Autónoma, que arrancó la pasada semana en primaria y hoy lo hace en secundaria y bachillerato.

Precisamente es la puesta en marcha del curso en los institutos la que ha generado una nueva polémica, ya que, a pesar de que la ley de gratuidad de libros de texto marca que este año debería de entrar en vigor en tercero y cuarto de la ESO, el Gobierno regional ha decidido retrasar su aplicación y hacer que las familias tengan que soportar plenamente el gasto que supone. Marín ha recordado que esta norma fue aprobada por unanimidad en marzo de 2018, y que ahora López Miras “vuelve a meter un hachazo a la economía de las familias con hijos e hijas en edad escolar, que ven cómo suspende sus derechos hasta el año 2025”.

A este dato se suma la falta de ayudas a las economías domésticas para hacer frente a la inflación producto de la guerra en Ucrania por parte de la Comunidad Autónoma, que se niega a aplicar descuentos en gastos cotidianos como el transporte público para complementar el descuento del 30 por ciento en el precio de los abonos para autobús y tranvía, tal y como están haciendo otras administraciones autonómicas.

La diputada autonómica ha considerado que la actitud de López Miras “demuestra una vez más la estrategia del Partido Popular”, ya que mientras desde la oposición “Feijoo culpa al gobierno de España de la vuelta al cole más cara de la historia, allí donde gobiernan recortan ayudas y se ensañan con las familias de clase media trabajadora”. Marín ha llamado a la ciudadanía de la Región de Murcia a “tomar nota” de qué hace el Partido Popular cuando gobierna, “recortando derechos conquistados y arrasando con la igualdad de oportunidades”. Por último, ha apostado por dar solución a los problemas a los que el Gobierno regional condena a las miles de familias que tienen hijos en tercero y cuarto de la ESO, dejando “sin un voto más al PP y a sus socios, Ciudadanos y Vox, que aprobaron este recorte en los Presupuestos de 2022”.

Para debatir y votar sus iniciativas en el Parlamento de Andalucía hacen falta 40.000 firmas y han presentado 51.000 después de que la Mesa de la Cámara les negase una prórroga para lograrlas

La comunidad educativa echa un pulso al Parlamento andaluz para bajar el número de alumnos por aula

La comunidad educativa ha logrado conseguir cerca de 53.000 firmas para impulsar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en el Parlamento de Andalucía con la que quieren plantear la bajada de la ratio por aula, es decir, el número de alumnos por clase en la comunidad autónoma. Cumplen así lo establecido, ya que para este tipo de iniciativas hacen falta 40.000 firmas que respalden la petición. Y lo hacen precisamente a pesar de que la Mesa de la Cámara andaluza les negó una prórroga hace dos semanas para ampliar el tiempo de captación de dichas firmas. Algo que no había pasado en los últimos 16 años.

La negativa del órgano de dirección del Parlamento a conceder una ampliación del plazo para que la Cámara aborde esta propuesta, Carmen Yuste, de USTEA (uno de los promotores de la iniciativa) reconoce que “fue al principio un jarro de agua fría”. Sin embargo, ha provocado una reacción de indignación en los más de 20 colectivos proponentes (todos los sindicatos, directores de centros, FAMPA, colectivos de inspectores educactivos de Andalucía, Redes...etc). Apoyados en los grupos de izquierdas en la oposición -PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía-, la propuesta ha despertado un movimiento de protesta y solidaridad que se ha traducido en una campaña de recogida de firmas en pleno verano, a pie de calle, a pie de playa incluso. Y han logrado el objetivo en fecha tope: el 11 de agosto.

Este jueves se han presentado así las firmas, que tendrán que ser cotejadas por la cámara para evitar duplicidades. “Pero no va a haber 13.000 errores”, explica Yuste. Después, el Parlamento tiene seis meses para incluir su tramitación, debate y votación en sesión plenaria de un debate que es de los más engañosos del sistema, ya que se habla de ratio media y se esconden los matices. “La campaña no termina hoy”, asegura Yuste, que anuncia un otoño movido para presionar y que la iniciativa llegue a pleno cuanto antes. A pesar de que el PP tiene mayoría absoluta en la Cámara, la representante de USTEA se muestra optimista: “La bajada de la ratio es tan de cajón que incluso gobiernos de derechas como Castilla y León han introducido medidas en esa línea. Es un clamor de la comunidad educativa y veo posible que salga adelante”. Ya han logrado que parte de la oposición tome postura al respecto. “En el Parlamento lo tendrán que hacer todos”.

A la espera, pues, Yuste ya se muestra satisfecha porque “hemos conseguido la movilización colectiva, que todo el mundo entienda la necesidad de que haya menos niños y niñas en la clase”.

Las federaciones provinciales de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo, la Confederación Regional (CONFAPA) y las federaciones provinciales de la escuela concertada, así como CONCAPA regional, han abandonado la convocatoria de la Mesa de Padres y Madres del alumnado. Denuncian el “incumplimiento reiterado” de su Reglamento, que obliga a convocarla una vez por trimestre, a dotarla de contenido y a que sirva de marco de trabajo entre la Administración y las familias. Alegan que este foro se creó para establecer un marco de comunicación y un espacio de trabajo entre la Administración y los representantes de las familias.

Las organizaciones representantes de las familias de la escuela pública y concertada afirman que “dejar estar no es participar”. “Las familias tenemos derecho a conocer y aportar a la formulación de políticas educativas, seguir su implementación y elaborar recomendaciones sobre las estrategias y programas. Participar significa colaborar, intervenir, cooperar, contribuir y aportar”, han informado.

“Todas las cuestiones que planteamos para ser incluidas en el orden del día de esta Mesa de Padres y Madres son muy importantes para la educación de nuestros hijos e hijas, y no merecen ser tratadas de soslayo una vez al año”, han añadido.

Han recordado que en diversas ocasiones en los últimos meses han solicitado reuniones con la Consejería de Educación para tratar decisiones que se han tomado respecto a sus hijos “sin tener a sus familias en consideración”, incidiendo en que no solo no se los ha citado sino que ni siquiera se les ha informado.

“Una falta de respeto”

“Para las familias representadas por nuestras federaciones es una falta de respeto no considerarnos interlocutor en todas aquellas cuestiones que nos afectan. Las federaciones hemos expresado en multitud de ocasiones nuestras inquietudes acerca de la jornada lectiva, la pérdida de horas, los comedores, el transporte, la evaluación, la organización del final de curso en secundaria, las relaciones entre las AMPA y equipos directivos, la gratuidad de materiales, la pérdida de las subvenciones de las AMPA, federaciones y confederaciones, el copago en la enseñanza pública, las ratios... Y esta administración no nos considera interlocutor válido para tratar estos asuntos que afectan de lleno a nuestros hijos cada día”, han criticado.

Asimismo, han lamentado que ninguno de los compromisos adquiridos por la Administración en la anterior Mesa de Padres y Madres se ha cumplido, lo que denota “el interés de colaborar con las familias en pos de la educación en nuestra región”.

“La razón de ser de todo el trabajo, el de la Consejería y el nuestro, son nuestros hijos y nuestras organizaciones estarán siempre dispuestas a colaborar, contribuir y participar conjuntamente. Por ello esperamos que la Administración educativa rectifique y nos dè respuestas a nuestras demandas con hechos, no con buenas palabras, comenzando por establecer un calendario de reuniones tal y como recoge el propio reglamento de la Mesa de Padres”, han concluido.

La Consejería de Educación vuelve a tener en sus manos la patata caliente en la que se ha convertido la planificación del calendario escolar. El consejero Francisco Mañanes abrió el melón la semana pasada al anunciar que la propuesta de su departamento pasa por mantener el sistema bimestral y ampliar nuevamente la jornada reducida a los meses de septiembre y junio.

Es este cambio el que más controversia genera y en el que la postura de las partes implicadas -familias y docentes- es muy distante, lo que hace muy difícil que el calendario del próximo curso escolar 2019/2020 pueda salir adelante por consenso.

Para la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, “esta propuesta no es válida”. Según defiende su presidenta, Leticia Cardenal, “el alumnado tiene derecho a recibir el currículo completo” y, por ello, no son partidarios de reducir las horas lectivas de los estudiantes de Educación Primaria -no afecta a Secundaria-.

En conversación con este diario, Cardenal señala que “hay que diferenciar entre las horas lectivas del alumno y las del docente” y, en este sentido, señala que desde su organización están “de acuerdo” en que se reduzca la carga lectiva de los profesores. Así, valoran como “positivo” que la Consejería y los sindicatos puedan alcanzar un acuerdo en la Mesa Sectorial, aunque subraya que “esto no puede conllevar una reducción del número de horas de formación del alumnado. Desde luego que no”.

“No vemos que sea malo permanecer en el colegio, como se quiere dar a entender. Nosotros vamos a seguir luchando por la educación de nuestros hijos y seguiremos peleando porque sigan teniendo la jornada completa durante todo el curso”, sostiene Cardenal, que rechaza valorar el plantón de los sindicatos en la mesa de negociación celebrada el pasado jueves.

Por su parte, los sindicatos de momento no han entrado a valorar el anuncio de la Consejería, a la que piden que remita por escrito su propuesta. Sí lo ha hecho el presidente del Consejo Escolar, Emilio Corral, para quien el planteamiento de Educación es “equiparable al resto de España”, puesto que en todas las comunidades autónomas “el calendario es de cuatro horas o más”.

Además, el presidente del Consejo Escolar ha ido más allá al sostener que si este calendario se hubiera propuesto “desde un principio, quizás se hubiera evitado parte del conflicto”. Una vez eliminada la limitación horaria contemplada en real decreto de 2012, ya derogado, “es posible llegar a este acuerdo que propone la Consejería”, ha defendido.

El calendario escolar del próximo curso sigue dando dolores de cabeza a Francisco Fernández Mañanes. El consejero de Educación trata de contentar a todas las partes y busca un acuerdo de mínimos que ponga en común las posturas de sindicatos, padres, madres, alumnos y profesores, pero de momento parece que se impone el malestar y la desconfianza entre las distintas sensibilidades que existen dentro de la comunidad educativa de Cantabria.

Y es que el máximo responsable de la Consejería tiene como uno de los mayores puntos de conflicto desde que accedió el cargo el novedoso calendario escolar que le dejó en herencia su antecesor, el también socialista Ramón Ruiz, una apuesta arriesgada que cuenta con tantos adeptos como detractores, y que ha generado un intenso debate desde que este sistema con una semana de vacaciones cada dos meses se puso en marcha a principios de legislatura.

Como suele ocurrir al que trata de taparse la cabeza y se destapa los pies, Mañanes busca cuadrar el círculo y contentar a todos, cosechando en cada cambio de criterio un sinfín de descalificaciones y críticas furibundas. El calendario que se aprobará definitivamente en los próximos días será el que se aplique de septiembre de 2018 a junio de 2019, es decir, en pleno año electoral, lo que obliga al Gobierno bipartito a hilar muy fino para no encontrarse con una manifestación a la puerta de los colegios... electorales.

En las últimas horas, la Consejería de Educación y la Mesa Sectorial han aprobado el que será el nuevo calendario escolar para el próximo curso, que mantendrá el sistema de bimestres delimitados por periodos de descanso coincidiendo con el puente de noviembre, las fiestas navideñas, las vacaciones de carnaval y, en este caso, la Semana Santa.

El calendario, como es preceptivo, incluye al menos 175 días lectivos y comenzará en Primaria el 10 de septiembre y concluirá el 21 de junio, mientras que en Secundaria empezará el 12 de septiembre y finalizará el 25 de junio.

Nuevo elemento de fricción

Sin embargo, superado el primer escollo con la puesta en común de las jornadas festivas y el desarrollo del curso académico para los niveles inferiores, ha surgido un nuevo elemento de fricción con los horarios que permanecerán abiertos los centros educativos en los meses de junio y septiembre. 

La FAPA había advertido que, de no respetarse la propuesta realizada por el Consejo Escolar de Cantabria para ampliar los horarios y facilitar la conciliación en estos periodos en los que es habitual la jornada reducida, pondrían en marcha sus reivindicaciones y padres y madres saldrían a las calles si era necesario.

Por ello, para evitar estas protestas, la Consejería de Educación ha garantizado a la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos el cumplimiento del acuerdo del Consejo Escolar sobre los horarios escolares durante los meses de junio y septiembre, cuando se impartirán cinco horas al alumnado, tres horas y media sobre “materias curriculares” y la hora y media restante sobre contenidos “no curriculares”. 

En ambos periodos, la jornada será “completa”, de cinco horas -de nueve de la mañana a dos de la tarde-, siendo lectivas tres y media. Educación ha añadido en una nota de prensa que “se contará con la presencia tanto del personal docente como no docente adscrito a cada uno de los centros, además de los habituales servicios de comedor y transportes escolar”, lo que ha provocado el descontento de algunas organizaciones sindicales.

Y es que para dicha “supervisión” no está previsto, en principio, destinar un mayor presupuesto, y se espera contar además con la colaboración de otras entidades, como los ayuntamientos o las AMPAs, para que por ejemplo planteen actividades a desarrollar.

“Los colegios no son ludotecas”

Nada más hacerse pública esta decisión, el sindicato ANPE ha criticado la “deslealtad” de la FAPA por presionar a la Consejería, mientras la organización sindical CSIF ha manifestado su “estupor” por la “cesión” del consejero Francisco Fernández Mañanes al “chantaje” de padres y madres.

“Los centros educativos no son ludotecas. Sí estamos a favor de la conciliación familiar, pero no de esta forma”, ha subrayado en un comunicado el presidente del Sector de Educación de CSIF Cantabria, Alberto Hontañón.

Este sindicato también ha señalado que le parece “muy acertado” que los centros educativos estén abiertos al entorno y que ahí se organicen actividades de toda índole, pero “no bajo la supervisión de los equipos directivos ni de los docentes, que ya doblamos nuestros horarios de forma gratuita para contentar las ocurrencias de nuestros gobernantes y asociaciones varias”.

FAPA, ante estas declaraciones, ha recordado ha exigido que esta medida “se haga dentro de la legalidad, respetando tanto la legislación educativa en lo que a las horas lectivas se refiere, como la legislación laboral que afecta a todos los sectores de la comunidad educativa”.

“Entendemos que el tema es complejo y hay muchas cuestiones a tener en cuenta, pero no podemos permitir que la discrepancia se convierta en enfrentamiento”, ha señalado la federación de padres, que por ello ha exigido “respeto”, tanto para su postura como para las demás.

Por último, ha reiterado su apoyo al trabajo realizado por el profesorado en los centros. “Rechazamos que nuestras demandas se quieran vender como un ataque hacia el sector y, por extensión, tampoco vamos a permitir que haya quien nos utilice para tal fin. Sabemos que nuestras reclamaciones les afectan en su labor pero entendemos que es competencia de la administración, y no de FAPA, hacer que esto se lleve a cabo respetando sus derechos”, ha concluido.

La marea verde en defensa de la educación, integrada por docentes, padres, madres y alumnos, ha vuelto a tomar las calles de Santander este martes tras meses de espera, y han vuelto a exigir alto y claro la necesidad de desarrollar una ley educativa de consenso, que ponga fin a los vaivenes políticos y busque soluciones a los problemas más acuciantes que padece el sistema público.

En una marcha convocada por los sindicatos STEC, CCOO y UGT, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (FAPA), el Colectivo de Estudiantes y el Frente de Estudiantes bajo el lema 'Ya no hay excusas', y que ha recorrido desde la Consejería de Educación de Cantabria hasta los Jardines de Pereda, estos colectivos han reclamado de nuevo la “derogación inmediata” de la LOMCE y la “reversión de los recortes”.

“La Plataforma Estatal por la Escuela Pública denuncia el abandono de la educación, que no es una prioridad para el Gobierno del PP. Mientras el Gobierno lanza el mensaje de que la economía se recupera, la educación sigue en crisis. El deterioro al que este Gobierno está sometiendo a la educación por los recortes de los últimos años ha afectado sobre todo a la escuela pública”, han subrayado en su manifiesto.

A la falta de participación de los representantes de la comunidad educativa en las negociaciones para impulsar una nueva norma que derogue la ley aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en contra del resto de grupos parlamentarios, los convocantes han lamentado la reciente publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional que avala aspectos de la LOMCE “tan dañinos para el alumnado” como los itinerarios excluyentes de la ESO, la segregación por sexo de algunas escuelas concertadas o la impartición de la asignatura de religión católica.

“Como colofón a las políticas de recorte del Gobierno, el borrador de Presupuestos Generales del Estado vuelve a reducir la inversión pública en educación al 3,7% del PIB, una inversión similar a la registrada en el año 1992”, han subrayado durante la lectura del manifiesto, en el que han reivindicado otros aspectos como la bajada de ratios en las aulas, la recuperación de programas de atención a la diversidad, la reducción de horas lectivas para el profesorado o más becas y ayudas para el alumnado.

Aviso a Mañanes

A pesar de que la manifestación tenía como objeto protestar por las políticas educativas del Gobierno de España, las organizaciones convocantes también han expresado sus críticas hacia la Consejería de Educación del Ejecutivo autonómico, y más concretamente hacia su titular, el socialista Francisco Fernández Mañanes, al que han pedido que “no se esconda ante sus responsabilidades”.

“No se puede limitar a la gestión burocrática del día a día, tiene que dialogar y negociar con los diferentes sectores de la comunidad educativa, porque esta le demanda cuestiones básicas para la calidad del sistema como son las ratios, los horarios lectivos, los desdobles, la no supresión de aulas en la red pública, acabar con la masificación de determinadas etapas, el apoyo a la escuela rural o el mantenimiento de la actual oferta de ciclos de Formación Profesional”, han recalcado.

Además, han criticado que Mañanes y su equipo “no están cumpliendo” los pactos que se firmaron antes de su llegada al Gobierno, así como el desarrollo y aplicación del Acuerdo por la Educación que toda la comunidad educativa, representada en el Consejo Escolar de Cantabria, suscribió hace ahora un año. “En definitiva, al señor consejero le exigimos diálogo y compromiso con la escuela pública”, han concluido su intervención.

“Sobran los motivos”; “sigue todo igual, no ha cambiado nada”; “parece que se había quedado un poco dormido el asunto, pero las contrarreformas del PP y la LOMCE siguen avanzando”. Son los principales motivos que ha expuesto la comunidad educativa de Cantabria para llamar a una nueva movilización contra esta ley y sus efectos a nivel estatal y regional. La manifestación, que se suma a las que se convocan en todo el país por esta misma causa, arrancará a las 18.30 horas de la Consejería de Educación y transcurrirá hasta los Jardines de Pereda.

UGT, STEC, CCOO FAPA, Colectivo de Estudiantes y Frente de Estudiantes aúnan fuerzas para impulsar esta iniciativa bajo el lema 'Ya no hay excusas' e invitan a participar a toda persona que entienda la educación pública como “algo importante y que merece la pena”, según ha remarcado Laura Guate, de UGT.

“Seguimos exigiendo una financiación adecuada para la enseñanza pública, la gratuidad, la laicidad, la democratización de los centros, la participación...lo mismo que estamos demandando los últimos años”, ha subrayado José Ramón Merino de STEC. Ha hecho especial hincapié en la financiación, que se encuentra, tanto a nivel nacional como de Cantabria, en niveles “muy desfavorables”.

Y es que, según ha detallado, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado -que aún no está aprobado- destinaría el 3,8% del PIB. “Lo peor es que eso no queda ahí”, ha explicado, ya que las previsiones que mandó este Gobierno del PP a Bruselas el pasado mes de octubre establecen que para 2020 “todavía baja más: hasta el 3,5%”.

En lo que respecta a Cantabria “estamos peor” en este aspecto, ha señalado, ya que se destina el 3,4% del PIB. “Ni si quiera nos acompasamos” al nivel de crecimiento de este índice, que creció el 3,1% en 2017 y el presupuesto en Educación el 2,9. “Se incumple uno de los puntos del acuerdo por la educación que salió del Consejo Escolar, que establece llegar al 5% en ocho años”, ha recordado este portavoz sindicalista. “No solo no nos acercamos, sino que nos estamos alejando”, ha incidido.

En definitiva, desde la comunidad educativa reclaman la mejora de las ratios, establecer los horarios lectivos previos a la crisis, la vuelta a los desdobles, que no se supriman aulas en la red de centros públicos, el fin de la masificación y el mantenimientos de la oferta de ciclos formativos, según ha enumerado el propio Merino.

Por su parte, Conchi Sánchez, de la Federación de Enseñanza de CCOO ha instado a toda la sociedad a que “salga a la calle” para “combatir la LOMCE” con el objetivo de “cambiar un modelo de sociedad”. Es una ley que “avala la exclusividad” y que “promueve una sociedad dual, con ciudadanos de primera y de segunda”, ha denunciado. Y ha recordado que recientemente el Tribunal Constitucional ha avalado la segregación por sexo “como un modelo pedagógico”, así como “los itinerarios formativos tempranos” y la “optatividad entre la religión y los valores democráticos”. Por todo ello, ha concluido asegurando que “no podemos permitir un modelo de sociedad clasista”.

La presidenta de La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Cantabria (FAPA), Leticia Cardenal, ha criticado que “a los partidos políticos se les llena la boca con eso de defender la enseñanza pública pero luego no lo hacen”. Ante ello, ha seguido la misma línea reivindicativa que sus compañeras, a lo que ha sumado más participación para el colectivo que encabeza, así como mejoras en las instalaciones de los centros educativos públicos que “se están cayendo a trozos”. También ha criticado el copago señalando que le enseñanza debería ser “totalmente gratuita”.

Finalmente, Iván Rodríguez, en representación del Frente de Estudiantes, ha advertido que “se acerca una nueva ola de privatizaciones y de desmantelamiento de lo público”, y ha lamentado que haya familias que “no puedan pagar las tasas”. Además, ha recordado el caso del máster de Cifuentes que desveló este diario para criticar “cómo se maneja la educación pública desde los poderes”. “No solo hay que luchar por la derogación de la LOMCE y la creación de una nueva ley adaptada, sino que hay que hacerlo por una educación que responda a los intereses de la mayoría social”, ha concluido.

Calendario escolar

A preguntas de la prensa, estos representantes de la comunidad educativa han pedido a la Consejería de Educación que “respete el informe del Consejo Escolar sobre el calendario escolar” del próximo curso, puesto que “ha concitado el consenso de toda la comunidad educativa, desde sindicatos a familias y desde la enseñanza pública a la concertada”. Asimismo, todos han coincidido en recriminar al consejero, Francisco Fernández Mañanes, que el calendario se negocia “tarde”, con una primera reunión con sindicatos prevista para este jueves y una segunda con la mesa de familias el viernes.

Guate ha lamentado que “están desinformados” y ha apuntado a la “conciliación” como mayor problema del calendario lectivo. “Para conciliar hace falta planificar y para planificar hace falta tiempo”, ha remarcado, recordando la demanda de este sindicato, junto con otros, de haber negociado el calendario escolar cuando las empresas “todavía podían hacer algo con sus calendarios laborales”.

“Ahora parece que va con prisa cuando hemos tenido todo el año para hacer esto”, ha reprochado ante la intención del consejero de tener el calendario “resuelto” en la tercera semana de mayo. Sánchez, por su parte, ha hecho un llamamiento a que “cambie la negociación” porque “últimamente se reducen a que se habla todo de una vez y después se decide”. “Todas las negociaciones van así, deprisa, mal y nunca, y hacemos un llamamiento para que esto cambie ya”, ha concluido.

Reacciones

La primera formación en apoyar esta movilización ha sido el PSOE, cuya secretaria de Economía y Comunicación, Ainoa Quiñones, ha instado a “salir a las calles” para exigir la derogación de la LOMCE y la reversión de los recortes que viene padeciendo la educación desde el inicio de la crisis. “Los socialistas formaremos parte de esa marea verde que vuelve a movilizarse ante la negativa del Gobierno de Rajoy a derogar la LOMCE y a revertir los recortes que lleva aplicando en educación desde los últimos años”, ha subrayado.

Los resultados de la encuesta sobre el calendario escolar de Cantabria impulsada por la Consejería de Educación dejaron un dato llamativo: la escasa participación de las familias en el sondeo. Tan solo lo hicieron el 26% en Primaria y el 14% en Secundaria, algo por lo que el consejero, Francisco Mañanes, mostró su sorpresa. No obstante, la Federación de Asociaciones de Madres y Padres (FAPA) culpabiliza a su departamento de estos resultados. El colectivo denuncia que las familias se encontraron con “dificultades” para rellenar la encuesta y critica que su opinión “importe poco” para la Consejería.

Así pues, se reunirán este martes con Mañanes para plantearle las “muchas cosas por corregir y solucionar” en el calendario escolar y en el sistema educativo. Sobre este encuentro, esperan que “sirva para avanzar en estos y otros aspectos” que consideran “deben resolverse”. “Sin duda podemos decir que esta encuesta ha sido más propia del célebre programa 'Humor Amarillo' que una búsqueda real de participación de las familias”, subrayan desde esta Federación.

FAPA ve esta escasa participación como “un dato preocupante”. Sin embargo, recalca que “no deja de estar en sintonía con lo que las familias nos hemos acostumbrado (o nos han acostumbrado) a vivir en lo que a participación en el ámbito educativo se refiere”. “La LOMCE vino a rematar lo que ya poco a poco se venía aplicando: a las familias se las llama a última hora, para lucir la foto, pero cuando todas las decisiones ya están tomadas por otros”, denuncian desde este colectivo.

Dificultades

Critican que se hayan tenido que “enterar por la prensa” de los resultados de este sondeo, como en otras ocasiones. Además, entre las dificultades que se encontraron las familias señalan que algunos centros “no les han facilitado la información”, mientras que en otros tenían que acudir a secretaría para pedir las claves de acceso, “algo que no es fácil para muchas familias”, recalcan.

Desde FAPA se hacen eco de las “quejas” por el funcionamiento de la plataforma Yedra en la que se llevaba a cabo la encuesta. “Un acceso a la misma poco intuitivo y un envío final que ni siquiera dejaba claro si quedaba rellenada y enviada o se podía modificar antes de acabar el plazo (pues seguía permitiendo el acceso) han supuesto que haya quienes ni siquiera sabían si la habían contestado o no”, explican.

Por otro lado, consideran que en la encuesta se “echaba en falta” una opción para que las familias pudiesen exponer aquellos aspectos que considerasen oportunos y critican que tampoco se haya consultado sobre la desaparición de las jornadas reducidas de junio y septiembre cuando, en su opinión, es “algo fundamental para la conciliación”.

En lo referente a la participación del alumnado también reprochan “falta de claridad”. Por todo ello, los integrantes de esta Federación de Padres y Madres muestran su “extrañeza” por la “sorpresa” que ha causado en la Consejería la “baja participación” de las familias en este cuestionario.