La portavoz de Emergencias del PSPV en las Corts Valencianes, Alicia Andújar, ha denunciado la negativa del Consell de Pérez Llorca, a través del conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, a entregar a la Comisión de Investigación sobre la dana del 29 de octubre de 2024 un informe sobre la gestión que hicieron los responsables autonómicos en la presa de Buseo, la única de la que es titular y gestiona la Generalitat, en concreto, el conseller de Agricultura y portavoz del Consell, Miguel Barrachina.

Andújar ha censurado la actitud “obstruccionista y entorpecedora” de los trabajos de la comisión de investigación por parte de Valderrama, cuya “opacidad” es “intolerable”, ya que en este caso se da además la circunstancia de que la petición de este informe fue aprobada a mediados de diciembre en la comisión investigadora por unanimidad de todos los grupos parlamentarios de las Corts.

Cabe recordar que aquella noche del 29-O, en la que el agua llegó a desbordar por coronación la presa de Buseo, sobrepasando más de dos metros el muro de contención, el torrente descontrolado que arrasó con todo se llevó también la vida de siete personas, entre las 230 víctimas de la dana. Ante estos hechos, los representantes del PSPV en el órgano de investigación parlamentario propusieron a la comisión la ampliación del plan de trabajo para reclamar al Consell el “Informe del Incidente 35834231 emitido por el Centro de Coordinación de Emergencias en respuesta al oficio de 8 de julio de 2025 remitido por el Tribunal de Instancia de Catarroja, plaza nº 3”, así como otros dos informes elaborados por la Conselleria de Agricultura sobre el estado de la presa de Buseo que se elaboraron también a instancias de la jueza de Catarroja. El 14 de octubre, el PP tumbó en la comisión estas peticiones. Sin embargo, dos meses después, cuando la misma solicitud calcada la planteó Vox, resultó aprobada en la reunión de la comisión del mediados de diciembre pasado “por unanimidad” de todos los grupos.

La sorpresa ha sido que los diputados del órgano investigador del Parlamento se han encontrado con la negativa de Valderrama a entregar a la comisión el primero de los informes citados. En un escrito a la presidenta de las Corts, Llanos Massó, de Vox, el conseller de Emergencias traslada la negativa a remitir el documento alegando que, según el artículo 53.3 de la Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias, la información sobre la gestión de una incidencia de emergencia del 1·1·2 “únicamente se facilitará a solicitud de la autoridad judicial”. Y añade que “dicha documentación solicitada constituye una prueba judicial en el ámbito de un procedimiento penal, por lo que nos remitimos a las normas procesales y administrativas reguladoras de estas circunstancias”.

“Obstrucción a la investigación de las Corts”

Para la diputada Andújar, la respuesta es “un desaire más” del conseller Valderrama a las Corts, que “arrastra un largo historial de falta de transparencia y negativa a responder a las peticiones de información de los diputados”. “Las comisiones de investigación parlamentarias son órganos con atribuciones especiales para garantizar una efectiva fiscalización de la administración de la que son competentes, en este caso, de la Generalitat, por lo que negarse a entregar información es una claro intento de obstrucción de los trabajos para impedir que se conozca la verdad sobre la negligente e irresponsable gestión que hizo el conseller Barrachina de la presa de Buseo”, advierte la parlamentaria.

La parlamentaria recuerda que el artículo que cita el conseller, el 53, establece que “las conversaciones que los ciudadanos u organismos mantengan con 1·1·2 Comunitat Valenciana, ya sean por teléfono o por radio, serán grabadas”, y es a los efectos de esa protección de datos de carácter personal por lo que se estableció en esa ley, que es de 2010, la citada prevención.

“Pero esa referencia no puede emplearse para vetar al Parlamento valenciano un informe sobre la gestión realizada el 29-O por la Administración competente, coartando las pesquisas de los diputados”, recalca Andújar, que subraya que, por el contrario, la Constitución Española, en su artículo 23.1, garantiza el derecho a la información, como una de las principales funciones de los parlamentarios, y el artículo 12 del Reglamento de las Corts otorga a los diputados la facultad de “recabar los datos, informes y documentos administrativos, en papel o en soporte informático de las administraciones públicas de la Generalitat, que obren en poder de éstas y de las instituciones, organismos y entidades públicas empresaria les dependientes de la misma”.

En todo caso, matiza, el mismo artículo 12 señala que la Mesa, “a petición del Consell, podrá declarar el carácter no público” de determinadas actuaciones, “disponiendo el acceso directo a aquellos en los términos establecidos en el apartado anterior, pudiendo el diputado tomar notas, pero no obtener copias ni actuar acompañado de asesor”. “Lo que es inadmisible es que Valderrama, una vez más, pretenda maniatar la investigación, porque el informe, como apunta el conseller, tampoco es un documento procesal, sino que es un informe elaborado por el Centro de Coordinación de Emergencias sobre la gestión de la dana en la presa de Buseo”.

“Una falta de respeto para encubrir a Barrachina”

“Es evidente la doble moral del Consell de Pérez Llorca: Niega un informe sobre la gestión de la presa de Buseo alegando que por ley no puede, mientras se descubre que un alto cargo del Consell se llevó por orden de Presidencia, sin siquiera registrarlo en ningún sitio, la grabación de una conversación entre el 1·1·2 y la Aemet que luego fue filtrada manipulada”, constata Andújar, en referencia a la causa abierta en un juzgado por estos hechos. Para la parlamentaria, la actitud de Valderrama es “una falta de respeto a las Corts. ¿Qué está diciendo, que los diputados del PP, de Vox, del PSPV y de Compromís, y los letrados de las Corts no conocen la ley?”

La parlamentaria socialista recuerda el “reprobable historial de opacidad” de Valderrama, que “ha destituido al alto cargo que lo delató ante la jueza de Catarroja al confesar que desde abril de 2025 tenían conocimiento de las imágenes del Cecopi cuya existencia negaba el conseller a las Corts”.

La actitud de Valderrama, añade Alicia Andújar, “no es algo nuevo, porque lleva más de un año encubriendo a Mazón y al Consell del Ventorro”. “Ha llegado incluso a desobedecer a la jueza de Catarroja, escondiendo durante meses las grabaciones del Cecopi, y ahora se niega a enviar a Les Corts documentación sobre la situación de emergencia que se vivió en la presa de Buseo, encubriendo al conseller Miguel Barrachina, que era quien debía vigilar la presa de Buseo el día de la dana y no lo hizo”.

“Tenemos que saber por qué no se avisó a los municipios”

Los socialistas, insistió, solicitarán amparo a la Mesa de Les Corts para que ésta reclame la documentación requerida al conseller de Emergencias y “se garantice el derecho de las valencianas y valencianos a saber qué pasó el día de la dana y, en concreto, por qué no se avisó de la avenida de agua a los municipios aguas abajo de la presa de Buseo, como Sot de Chera o Pedralba, donde perdieron la vida siete personas”.

El expresident de la Generalitat Francisco Camps ha asegurado que “la batalla con Mónica Oltra por la ciudad de València es muy apetecible”, pero se sigue postulando para liderar el PP valenciano y presentarse como candidato a la Generalitat.

En una rueda de prensa celebrada en su despacho en el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, el expresident ha señalado que le parece “de lo más interesante luchar contra Oltra y Pilar Bernabé”, a quienes ha calificado como “destructoras de libertad y democracia”.

“Han pasado cosas muy interesantes en los últimos días: tenemos nueva candidata de Compromís al Ayuntamiento de València”, ha señalado Camps al ser preguntado por Oltra.

Sin embargo, el expresident ha reiterado “su ilusión” de ser presidente del Partido Popular, para lo que reclama “constantemente” -ha asegurado- la celebración del congreso regional del partido y después presentarse a la presidencia de la Generalitat Valenciana.

Asimismo, ha asegurado que el síndic de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, a quien ha calificado como “un personaje histriónico y menor”, “le ha metido en campaña”, en referencia a la polémica por el gasto de combustible de su coche oficial.

“Si los de Compromís han decidido que entre en campaña, que sepan que, en estos momentos, Martes Santo por la tarde, vuelvo a estar ya en campaña”, ha subrayado Camps.

En este sentido, el expresident ha aclarado que su único partido es el Partido Popular: “Siempre seré político a las órdenes del PP” y ha añadido: “El líder del PP tiene que dar la sensación de que quiere y de que puede ganar por mayoría absoluta. Este partido no se merece a nadie que no tenga esa capacidad y ese sentimiento”.

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha exigido hoy la creación de una Comisión de Investigación en la Diputación de València sobre la plaza adjudicada a la mujer de Pérez Llorca en un puesto de alta dirección. Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios de comunicación este viernes antes de presidir la comisión ejecutiva nacional (CEN) de los socialistas valencianos que se ha celebrado en la ciudad de Alicante, lugar que Morant ha calificado como “la zona cero del modelo especulativo del partido Popular y sus escándalos”: “Aquí se reparten viviendas de protección pública, se privatiza la sanidad y es donde aparecen posibles irregularidades en los bonos comercio que salpican a Carlos Baño”.

En este sentido, la líder de los socialistas valencianos ha señalado que Pérez Llorca “está utilizando los puestos públicos en las administraciones para su propio beneficio” y ha censurado que “la urgencia de que su pareja pueda conciliar se traduce en un sueldazo que dobla el que tenía como funcionaria en el Ayuntamiento de Finestrat”: “Eso no es motivo de extrema urgencia para ninguna administración, estamos ante una modificación de la norma para que proveer de un puesto de alta dirección a una persona que no formaba parte de la Diputación de València”.

Asimismo, Morant ha anunciado que los socialistas valencianos se personará -cuando se abran diligencias- en la causa que investiga al presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baños y ha alertado que “el Partido Popular lleva décadas convirtiendo la provincia de Alicante en su cortijo, pero esto tiene que acabar.

Un Consell “ausente”

Por otro lado, la secretaria general del PSPV ha apuntado que Pérez Llorca “ya no tiene que seguir pidiendo a Feijóo un congreso, lo que tiene que asumir es que esta etapa ha terminado y cuanto antes convocar elecciones” y ha subrayado que “el cambio de la Comunitat Valenciana comienza en Alicante”.

Con ello, ha denunciado que “los valencianos y valencianas estemos sufriendo un Consell ausente que, mientras el Gobierno de España aprobando decretos y ayudas para hacer frente a las consecuencias de la guerra, no toma medidas; y un Consell ausente que mientras el Gobierno pone sobre la mesa un nuevo sistema de financiación que da 4.669 millones de euros más al año para la Comunitat Valenciana lo que hace es decir que no por puro sectarismo”.

Agraït amb la vida. Malgrat els disgustos que li provocava el món contemporani, que colpejava els seus ideals, Ricard Pérez Casado (1945-2026) estava agraït. Com explica el seu entorn, l’exalcalde de València tenia un interés particular que veren la llum unes memòries que va començar a plasmar-se el 2017 i a què va dedicar huit anys de treball. Quan l’exalcalde va morir, el llibre acabava d’arribar a Balandra Edicions.

L’obra ha acabat de polir-se amb l’ajuda del periodista José Manuel Alcañiz, la dona de l’exalcalde, Júlia Blasco, i el professor Joan Romero, encarregat de presentar el volum en el Saló de Vidre de l’Ajuntament de València. “Torna a casa”, expressava el catedràtic emèrit, amic de l’exdirigent socialista, que posa en valor que la institució governada ara pel PP reivindique al mandatari. Abrigallat per part de l’equip de govern local —l’alcaldessa finalment no hi ha assistit—, per la delegada del Govern, Pilar Bernabé, l’exalcalde Joan Ribó i els grups polítics del PSPV i Compromís, el professor ha arrancat el primer acte d’homenatge a Pérez Casado a través de les seues memòries.

“Sempre va anteposar la seua independència a qualsevol altra institució, va ser el signe de la seua vida. Va ser un esperit lliure i, per tant, incòmode sovint”, recalca Romero, que considera el llibre una guia per a entendre una època, d’una modernitat que l’ha sorprés. Llegir-lo ha sigut com passejar de la mà de Pérez Casado o contemplar “un Cavanilles en miniatura”, en referència a l’il·lustrat i naturalista autor de les Observaciones sobre la Historia Natural, Geografía, Agricultura, población y frutos del Reino de Valencia.

Les memòries de Pérez Casado aborden la seua etapa prèvia a l’entrada en la política institucional, el període 1945 a 1975: des de la infància en una Nàquera encara rural, en què diàriament li recordaven que era fill dels vençuts, fins a la primera implicació en el Partit Socialista Valencià, detenint-se en una dècada clau: l’arribada a la ciutat de València, una ciutat en creixement i amb un urbanisme encara per desenvolupar, amb la llengua lluitant per recuperar-se, en què fa els seus estudis. La ciutat, que més tard governaria amb el PSPV, era llavors una urbs sense serveis, dividida per un ‘riu-claveguera’ i amb unes perifèries abandonades, assenyala Romero. S’entén així la seua obstinació a modernitzar-la, amb projectes com el Jardí del Túria o el Palau de la Música, i les primeres pedres de l’urbanisme contemporani en la capital.

Pérez Casado es deté en les ombres de la ruralitat, que reflecteix en la Nàquera en què es va criar —i que per a Romero, encarna moltes altres Nàqueres—, també les ombres de l’urbs en desenvolupament, les perifèries marginals, el contacte amb el món acadèmic i els seus estudis polítics. Recorda el rol de les dones en la militància antifranquista, que encarna la seua dona, Júlia, o el del periodisme valencià —de la residència en la dictadura a la consciència democràtica— amb figures com les de Josep Sorribes o Vicent Ventura.

Els seus records, apunta Romero, són la base del seu material literari: Pérez Casado usa la seua història particular per a recórrer la història de l’època, en un estil que al professor li recorda els Passats singulars d’Enzo Traverso, que aborden precisament El jo en l’escriptura de la història. Apunta, entre altres, la invitació dels serveis d’intel·ligència nord-americans per a passar 21 dies al país, o els primers passos de la socialdemocràcia a València.

L’alcalde socialista que va governar la ciutat entre el 1979 i els 1988 era un “gran coneixedor del seu país, europeista convençut i amant de la Mediterrània”, destaca el catedràtic de geografia humana. Fruit de la seua àmplia formació, Agraït a la vida constitueix “un llibre d’història, de geografia, d’antropologia social, d’etnografia, d’economia, de cultura, de política”. Una autobiografia per a entendre una època.

Agraït amb la vida. Pese a los disgustos que le provocaba el mundo contemporáneo, que golpeaba sus ideales, Ricard Pérez Casado (1945-2026) estaba agradecido. Como explica su entorno, el exalcalde de València tenía particular interés en que vieran la luz unas memorias que comenzó a plasmar en 2017 y a las que dedicó ocho años de trabajo. Cuando el exalcalde falleció el libro acababa de llegar a Balandra Edicions.

La obra ha terminado de pulirse con ayuda del periodista José Manuel Alcañiz, la esposa del exalcalde, Julia Blasco, y el profesor Joan Romero, encargado de presentar el volumen en el Salón de Cristal del Ayuntamiento de València. “Vuelve a casa”, expresaba el catedrático emérito, amigo del exdirigente socialista, que pone en valor que la institución gobernada ahora por el PP reivindique al mandatario. Arropado por parte del equipo de gobierno local -la alcaldesa finalmente no ha asistido-, por la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, el exalcalde Joan Ribó y los grupos políticos del PSPV y Compromís, el profesor ha arrancado el primer acto de homenaje a Pérez Casado a través de sus memorias.

“Siempre antepuso su independencia a cualquier otra institución, fue el signo de su vida. Fue un espíritu libre y, por tanto, incómodo a menudo”, recalca Romero, que considera el libro una guía para entender una época, de una modernidad que le ha sorprendido. Leerlo ha sido como pasear de la mano de Pérez Casado o contemplar “un Cavanilles en miniatura”, en referencia al ilustrado y naturalista autor de las Observaciones sobre la Historia Natural, Geografía, Agricultura, población y frutos del Reino de Valencia.

Las memorias de Pérez Casado abordan su etapa previa a la entrada en la política institucional, el periodo 1945 a 1975: desde la infancia en una Nàquera todavía rural, en la que a diario le recordaban ser hijo de los vencidos, hasta la primera implicación en el Partit Socialista Valencià, deteniéndose en una década clave: la llegada a la ciudad de València, una ciudad en crecimiento y con un urbanismo aún por desarrollar, con la lengua luchando por recuperarse, en la que realiza sus estudios. La ciudad, que más tarde gobernaría con el PSPV, era entonces una urbe sin servicios, dividida por un 'río-cloaca' y con unas periferias abandonadas, señala Romero. Se entiende así su empeño en modernizarla, con proyectos como el Jardín del Túria o el Palau de la Música, y las primeras piedras del urbanismo contemporáneo en la capital.

Pérez Casado se detiene en las sombras de la ruralidad, que refleja en la Nàquera en la que se crió -y que para Romero, encarna muchas otras Nàqueras-, también las sombras de la urbe en desarrollo, las periferias marginales, el contacto con el mundo académico y sus estudios políticos. Recuerda el rol de las mujeres en la militancia antifranquista, que encarna su esposa, Julia, o el del periodismo valenciano - de la residencia en la dictadura a la conciencia democrática- con figuras como las de Josep Sorribes o Vicent Ventura.

Sus recuerdos, apunta Romero, son la base de su material literario: Pérez Casado usa su historia particular para recorrer la historia de la época, en un estilo que al profesor le recuerda a los Pasados singulares de Enzo Traverso, que abordan precisamente El yo en la escritura de la historia. Apunta, entre otras, la invitación de los servicios de inteligencia estadounidenses para pasar 21 días en el país, o los primeros pasos de la socialdemocracia en Valencia.

El alcalde socialista que gobernó la ciudad entre 1979 y 1988 era un “gran conocedor de su país, europeísta convencido y amante del Mediterráneo”, destaca el catedrático de Geografía Humana. Fruto de su amplia formación, Agraït a la vida constituye “un libro de historia, de geografía, de antropología social, de etnografía, de economía, de cultura, de política”. Una autobiografía para entender una época.

Arcadi España es probablemente el hombre que más en serio se tomó las cuentas en el Gobierno valenciano cuando pasó por la Generalitat. El nuevo ministro de Hacienda del Ejecutivo de Pedro Sánchez en sustitución de María Jesús Montero considera que los impuestos “dan civilidad a una sociedad” y que los presupuestos deben dar respuesta a los problemas ciudadanos. Como responsable de Hacienda de Ximo Puig en su último Consell, reconocía en privado que cada día se levantaba preocupado por que cuadraran los presupuestos, o por la reforma de la financiación autonómica. En una región crónicamente infrafinanciada, cada euro público cuenta.

España, alumno aventajado de Puig y de Vicent Soler, fue el elegido para abordar los últimos presupuestos del Ejecutivo progresista del llamado Pacto del Botánico, los primeros presupuestos antes de las elecciones autonómicas y los que encajaron una gran reforma fiscal en un contexto de incertidumbre, entre la pandemia y la guerra de Ucrania.

Es un experto en negociar a tres bandas, como demostró en este departamento al cuadrar las cuentas con los socios de gobierno, Compromís y Unides Podem-Esquerra Unida. Ahora, en un contexo geopolítico complejo, se hará cargo del Ministerio de Hacienda y pondrá en práctica esa capacidad negociadora, en un Congreso en el que cada voto es clave.

Nacido en Carcaixent (1974) e hijo de un histórico del PSPV en la comarca, fue alumno en la facultad de Económicas de Vicent Soler, a quien sucedió en la Conselleria de Hacienda. Proyectó una reforma fiscal progresiva y progresista en plena crisis económica derivada de la guerra, además de abanderar, junto a su maestro, la reforma de la financiación autonómica y la condonación de la deuda.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat de València, fue jefe de gabinete de Ximo Puig en la Generalitat a su llegada al Palau; después conseller de Política Territorial, para finalmente dirigir la Conselleria de Hacienda.

Socialdemócrata y pragmático, en el Gobierno central –donde estuvo antes de pasar al gabinete del líder socialista– ha tenido una trayectoria paralela a la autonómica: primero, número 2 de Política Territorial, junto a Ángel Víctor Torres; ahora, jefe de las cuentas públicas.

Las tareas pendientes: Presupuestos y respuesta a la guerra

Montero le deja encima de la mesa una tarea titánica: no solo tendrá que presentar y tratar de atar los primeros Presupuestos de la legislatura, que ya están preparados; sino que tendrá que adaptar las cifras de las cuentas públicas para responder a los efectos económicos de la guerra en Irán, sin perder de vista el corsé fiscal de Bruselas.

La vicepresidenta dejó preparada la condonación de la deuda autonómica, el compromiso que cerró el PSOE con ERC para atar la investidura de Pedro Sánchez en 2023, pero que todavía espera su turno en el Congreso. Otro melón importante es la reforma del sistema de la financiación autonómica, que el equipo de Montero ya tenía diseñado, pero que aún tiene que pasar por el Consejo de Ministros. El objetivo era tenerlo aprobado a finales de este año, pero los cambios en la cartera anticipan un retraso en su tramitación.

Bronca en la sesión de control de las Corts Valencianes de este jueves a cuenta de la polémica suscitada por el traslado de la pareja del presidente del Gobierno valenciano, Juan Francisco Pérez Llorca, a la Diputación de Valencia, por medio de una comisión de servicio, cobrando el doble de lo que tenía asignado en su puesto de origen en el Ayuntamiento de Finestrat.

El jefe del Consell, ante las críticas del PSPV y de Compromís, ha sacado cuatro folios en los que ha asegurado que están las parejas de miembros de la oposición que entraron en su día a trabajar en la administración y se ha preguntado cuántos de ellos entraron “a dedo”.

El primero en tomar la palabra ha sido el portavoz del PSPV, José Muñoz, quien ha criticado al presidente que según dijo, venía a aportar “normalidad” y en cambio “los escándalos no dejan de sucederse con las VPO de Alicante, su cenador y piscina ilegales o el bono comercio de la Diputación de Alicante”. A todos ellos, ha añadido que ahora “su pareja obtiene una comisión de servicios en la Diputación de Valencia cobrando el doble que en el Ayuntamiento de Finestrat, es un traje a medida” y le ha recordado que “estaba muy indignado con los jetas y ahora campan a sus anchas”, por lo que le ha preguntado si piensa hacer algo para revertir esta situación.

Al respecto, Pérez Llorca ha acusado a la oposición de vivir únicamente “del relato y de la mentira” y ha asegurado que “los únicos escándalos que salen los que salen en su partido; su número dos y su número tres, RebecaTorró y Pilar Bernabé, escondieron los abusos denunciados por una compañera del PSOE”.

Muñoz ha rechazado estas críticas y ha insistido en el caso de su pareja: “Dicen que la comisión de servicios es por conciliación, pero muchos funcionarios la piden y no se les da. Por qué a ellos no. ¿Pensarán ellos que usted es un jeta? Esto no es machismo, es enchufismo, machismo es cuando habla de ministras guapas y feas y usted no ha dicho ni una palabra. La cacería es el siguiente argumento, usted no es víctima, son unos jetas, se aprovechan de lo público para lo privado. No hablo de legalidad, hablo de decencia y de dar normalidad a la Comunitat Valenciana”.

En su réplica, Pérez Llorca ha mostrado cuatro folios en los que según ha asegurado, figura un listado en el que se recogen todas las parejas de cargos del PSPV y Compromís que entraron a trabajar a la administración. Según el presidente, “la diferencia es que yo no utilizaré el nombre de ninguno de ellos” y ha asegurado que vino “para trabajar y no para entrar al fango y en el lío”.

El jefe del Consell ha comentado que no sabe “cuántas personas de este listado fueron contratadas a dedo” y ha puesto en valor que este miércoles, tras la información publicada por elDiario.es, dio todas las explicaciones: “Hablamos de una mujer que pidió comisión de servicios, ustedes aprobaron más de 11.000 pero esta mujer tiene el pecado de que es pareja del presidente, eso es lo que no tolero. Creo que tenemos que estar a la altura y ustedes no están. Solo viven de atacar. Un jeta es meter a tus queridas en Adif”.

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha indicado que el president, bajo la apariencia de “buen chico”, es “una copia mala” de su predecesor, Carlos Mazón, y “del peor PP”. El president ha aseverado que a su pareja “no le han sacado una plaza para ella”, sino que estaba ofertada desde julio del año pasado, algo que no es cierto ya que aunque se aprobó en julio, se aprobó en noviembre y se ofertó el pasado 28 de enero. Pérez Llorca ha asegurado que se hizo con un procedimiento de libre concurrencia, al que se presentaron 5 candidatos y se adjudicó a la persona que más experiencia tenía, que era ella. Además, ha desmentido que cobrara 25.000 euros en el Ayuntamiento de Finestrat, aunque no ha dicho cuál era su salario.

Al respecto, Baldoví le ha preguntado si se cree que los valencianos son bobos y le ha recordado que la Diputación tenía 40 plazas y solo ofertaron una en enero, cuando ya era presidente, “casualmente la que tenía una retribución de 52.000 euros· y tan solo dan seis días para presentarse con un fin de semana por medio”. Por su parte, la portavoz adjunta de Compromís, Isaura Navarro, le ha advertido de que no se trata de un caso de machismo, sino de “nepotismo”.

Pérez Llorca ha contestado que “efectivamente los valencianos no se chupan el dedo” y ha puesto en valor que en los últimos 15 días han aprobado “una nueva unidad para el hospital de la Ribera, 2 millones de ayudas a la huerta, el plan de caminos rurales, temas de industria para ayudar a las empresas que quieren instalarse en la Comunitat, obras en el juzgado de Ontinyent, el plan aeroespacial de la Comunitat Valenciana, y seguimos con el Plan Vive con más de 5.000 viviendas y ustedes se dedican a atacar a mi pareja”, ha lamentado.

Los portavoces de los diferentes grupos políticos con representación en las Corts Valencianes se han pronunciado este miércoles antes del pleno sobre la polémica suscitada a cuenta del traslado de la pareja del presidente del Gobierno valenciano, Juan Francisco Pérez Llorca, a la Diputación de Valencia, por medio de una comisión de servicio, cobrando el doble de lo que tenía asignado en puesto de origen en el Ayuntamiento de finestrat.

Como ha informado elDiario.es, se trata de Vanesa Soler Sillero, administrativa del Ayuntamiento de Finestrat, del que Pérez Llorca fue alcalde hasta su incorporación al Palau de la Generalitat, y actualmente secretaria de dirección del Centro de Asistencia a Municipios de la institución provincial, presidida por el también popular Vicente Mompó.

Mientras que en el ayuntamiento de la localidad de la Marina Baixa cobraba una retribución de unos 25.652, 96 euros brutos al año, el nuevo sueldo en la Diputación de Valencia asciende a unos 52.070,50 euros, sin contar los trienios que pueda tener la funcionaria de carrera. 

Al respecto, los portavoces del PP y de Vox han defendido el proceso mientras que el PSPV y Compromís han calificado de “jeta” al presidente Pérez Llorca.

El portavoz del grupo popular en las Corts, Nando Pastor, ha afirma que “lo que no sería ético es que cualquier funcionario no puediera optar a un traslado por comisión de servicio por el mero hecho de tener un parentesco con un cargo público o político” y ha insistido en que “una comisión de servicio es un procedimiento totalmente legal y habitual en la función pública”.

En la misma línea se ha pronunciado el síndico de Vox, José Maróia Llanos, quien, a preguntas de elDiario.es, ha rechazado que la Diputación se haya convertido en un “chiringuito” ya que “si una persona que es funcionaria tiene que pasar a vivir a València porque su marido se ha ido a vivir a València y tiene la opción legal de solicitar una comisión de servicios no hay que hacer ninguna otra valoración”.

El portavoz del PSPV, José Muñoz, ha advertido de que estudiarán acciones legales en las instancias que consideren oportunas y ha calificado de “jeta” a Pérez Llorca: “Vemos un PP repleto de jetas. Cuando conocimos el reparto de VPO a cargos del Partido Popular en Alicante vimos que Pérez Llorca se puso en un ladito y dijo estar muy enfadado con los jetas. Pues resulta que va a ser uno de ellos. Que alguien nos explique por qué es de urgente necesidad ese traslado para que su pareja esté trabajando a 30 metros cobrando el doble de lo que cobraba en el Ayuntamiento del que Pérez Llorca era alcalde”.

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha lamentado “la poca vergüenza y la cara” y se ha preguntado si de todos los funcionarios y funcionarias de la Comunitat Valenciana solamente la pareja de Pérez Llorca era la persona idónea para ocupar un despacho a 30 metros del Palau de la Generalitat. Baldoví ha afirmado que el PP se ha creído que “esto es su cortijo” y que ha perdido “toda la vergüenza”.

Por su parte, Carlos Fernández Bielsa, portavoz socialista en la Diputación de Valencia también ha tildado de “cortijo” a la institución provincial que president el popular Vicente Mompó, como en “la peor etapa” desde Alfonso Rus.

Fernández Bielsa ha cuestionado el “caos absoluto” en materia de contratación de la Diputación. “Existen trajes a medida en esta Diputación”, ha agregado el portavoz del PSPV.

La mujer que denunció por acoso laboral al alcalde de Almussafes, Toni González, y que posteriormente fue despedida de la Empresa Municipal de Serveis d'Almussafes (EMSPA) en la que trabajaba ha sido readmitida en su puesto de trabajo tras la resolución de la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) por la que se abrió un procedimiento sancionador de hasta 300.000 euros tanto al primer edil como a la mercantil por una posible infracción muy grave, al considerar que el despido se ejecutó como represalia. González recibió posteriormente una segunda denuncia de otra persona por acoso sexual, lo que ha derivado en su expulsión del PSPV-PSOE.

El consejo de administración de la Empresa Municipal de Serveis d'Almussafes (EMSPA) acordó el pasado 18 de marzo dejar sin efecto el despido, tal y como consta en el expediente avanzado por The Objective y al que ha tenido acceso elDiario.es.

Según el escrito, en la resolución de Antifraude “se exponen una serie de antecedentes de hecho, con los que no se muestra conformidad, no obstante, no teniendo esta propuesta como objeto la formulación de alegaciones, a la citada resolución, que se formalizarán en tiempo y forma, es necesario resolver sobre la procedencia de las medidas provisionales”.

Por este motivo y tras defender el procedimiento por el que se adoptó la decisión de despedir a la empleada, basado en informes jurídicos, el consejero delegado de la EMPSA considera que dado que se trata de “una medida cautelar proporcional, que garantiza el ejercicio del derecho a la persona afectada, por lo que propone su adopción, dado que, en ningún caso, la resolución adoptada, lo fue como un acto de represalia o hostigamiento, habiéndose acreditado, la colaboración plena de la sociedad, en el procedimiento principal de investigación”.

Por este motivo, el consejo de administración acordó “la suspensión inmediata de la eficacia ejecutiva del acuerdo de despido disciplinario de fecha 13 de febrero de 2026, reponiendo a la trabajadora G. A. a su puesto de trabajo con con mantenimiento íntegro de sus condiciones profesionales y retributivas, alta y cotización, hasta que recaiga resolución administrativa firme en el procedimiento seguido por la AVAF, o pronunciamiento jurisdiccional incompatible de dichos efectos, todo ello en cumplimiento de la resolución de la Agencia Valenciana Antifraude, y sin perjuicio del ejercicio de los derechos oportunos por los cauces pertinentes, y con independencia del fondo de la resolución adoptada en su día y del ejercicio de los derechos que se consideren”.

Como informó este diario, la Agencia abrió procedimiento sancionador de hasta 300.000 euros por una posible infracción muy grave y requirió a la empresa pública su restitución en su puesto y que se abstengan de realizar “nuevos actos de presión, descrédito, exposición pública, hostigamiento o alteración perjudicial de las condiciones de trabajo”.

Según la resolución de la AVAF, “a la vista del despido ya ejecutado, de la persistencia del perjuicio y del riesgo de consolidación del daño profesional y económico de la persona protegida, procede acordar una medida restauradora inmediata”. La Agencia constató que los argumentos esgrimidos por la EMSPA para despedir a la denunciante relacionados con la revelación de una serie de datos no se sostienen porque esa misma información se había publicado por la entidad municipal: “Los datos de los trabajadores supuestamente revelados ya habían sido publicados por la empresa pública municipal en los informes de auditoría de los años anteriores”.

Por este motivo, acordó incoar procedimiento sancionador por la posible comisión de una infracción muy grave del artículo 63.1.b) de la Ley 2/2023, en relación con el artículo 36 de la misma ley, por la adopción de represalias contra G. A., persona informante protegida. La mencionada infracción puede acarrear una multa de entre 30.000 y 300.000 euros

La resolución señala como presuntos responsables a Antonio Manuel Orea Pedraza como consejero de la EMPSA a la propia empresa municipal como persona jurídica, a los miembros del Consejo de Administración que asistieron y votaron favorablemente los acuerdos adoptados en las sesiones de 9 de enero de 2026 y 13 de febrero de 2026 y a Toni González, alcalde-presidente del Ayuntamiento de Almussafes, “en calidad de presunto responsable provisional, pendiente de concreción subjetiva tras la práctica de la prueba documental acordada en este acto”.

El PSPV-PSOE ha redirigido su denuncia por los presuntos delitos de falsedad documental y de falso testimonio en la comisión de investigación de la dana del Congreso de los Diputados contra Carlos Mazón al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV), según ha podido saber elDiario.es. El partido que lidera Diana Morant denuncia de nuevo al expresident, aforado por su condición de diputado autonómico, tras el archivo inicial de las diligencias por parte de la Fiscalía del Tribunal Supremo por falta de competencia.

La Fiscalía del alto tribunal indica en un decreto del pasado 18 de marzo, al que ha tenido acceso este diario, que carece de competencia y emplaza al denunciante (el secretario de Organización del PSPV, Vicent Mascarell, a ejercer la acción penal “que tenga por conveniente en un Tribunal de Justicia”.

En su denuncia, Mascarell pide que se cite como imputado a Carlos Mazón y, con la condición de testigo, a Maribel Vilaplana, la comensal que compartió mesa y mantel con el entonces jefe del Consell en un reservado del restaurante El Ventorro el 29 de octubre de 2024, trágica jornada que dejó 230 fallecidos.

La denuncia recuerda que, el pasado 17 de noviembre, Mazón fue expresamente advertido al inicio de su comparecencia de la obligación legal de no faltar a la verdad en su testimonio. Por el contrario, el PSPV considera que el expresident “transgredió la misma en varias ocasiones.

La lista de llamadas “no ofrece ninguna credibilidad”

El escrito recuerda que Mazón “no ha hecho público” el “registro de llamadas individualizado” sino que aportó un listado “hecho a mano, que no ofrece ninguna credibilidad” y en el que se han detectado “irregularidades, como llamadas que figuran y no se han realizado y llamadas que no figuran y sí se produjeron”. El PSPV echa en falta en el listado informal una llamada a las 20.19 con la entonces consellera Salomé Pradas, actualmente investigada en la causa que instruye la jueza de Catarroja. La llamada en cuestión, de apenas 38 segundos de duración, sí que figura en el acta notarial que aportó Pradas al procedimiento.

Por otro lado, la denuncia afirma que el listado incluye “al menos” tres llamadas que no se habrían realizado. “No solo falseó el listado de llamadas sino que mintió en su comparecencia ante la comisión de investigación del Congreso, al afirmar que 'había hecho públicas todas sus llamadas'”, sostiene la denuncia.

El PSPV también duda sobre el argumentario del expresident en relación con el envío del Es-Alert (“Se envió cuando los mandos operativos entendieron que era el momento adecuado para hacerlo”, dijo Mazón). La denuncia argumenta que, según han declarado varios testigos, la alerta masiva a los móviles se envió cuando lo ordenó Pradas en última instancia.

El compareciente también “faltó a la verdad”, a juicio del PSPV, cuando respondió sobre sus pasos entre 19.00 y las 20.00 y sobre el itinerario que hizo al volver al Palau de la Generalitat tras la larga sobremesa y paseo hasta un aparcamiento cercano con Maribel Vilaplana.

Además, las afirmaciones de Mazón en el Congreso sobre la hora en que supo que había fallecidos “son objetivamente falsas”, afirma la denuncia.

Una “clara voluntad de faltar a la verdad”

El expresident, tal como concluye la denuncia, “ocultó información sobre su itinerario a la salida del restaurante El Ventorro, omitiendo deliberadamente que acompañó a la Sra. Vilaplana al aparcamiento, así como que permaneció durante tiempo indeterminado hablando con la misma, coincidiendo con los momentos en que la consellera Sra. Pradas trataba de comunicarse con él, a las 19.10 y 19.36 y se estaban produciendo los momentos más dramáticos como consecuencia del desbordamiento del barranco del Poyo”.

“No se trata de lapsus ni de imprecisiones, sino de la clara voluntad de faltar a la verdad para ocultar su pasividad y ausencia de implicación en la gestión de la emergencia”, apostilla el escrito.

El PSPV-PSOE ha redirigit la seua denúncia pels presumptes delictes de falsedat documental i de fals testimoniatge en la comissió d’investigació de la dana del Congrés dels Diputats contra Carlos Mazón al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), segons ha pogut saber elDiario.es. El partit que lidera Diana Morant denuncia de nou l’expresident, aforat per la seua condició de diputat autonòmic, després de l’arxivament inicial de les diligències per part de la Fiscalia del Tribunal Suprem per falta de competència.

La Fiscalia de l’alt tribunal indica en un decret del 18 de març passat, a què ha tingut accés aquest diari, que manca de competència i cita el denunciant (el secretari d’Organització del PSPV, Vicent Mascarell, a exercir l’acció penal “que tinga per convenient en un Tribunal de Justícia”.

En la seua denúncia, Mascarell demana que se cite com a imputat Carlos Mazón i, amb la condició de testimoni, Maribel Vilaplana, la comensal que va compartir taula i estovalles amb el cap del Consell llavors en un reservat del restaurant El Ventorro el 29 d’octubre de 2024, tràgica jornada que va deixar 230 morts.

La denúncia recorda que, el 17 de novembre passat, Mazón va ser advertit expressament a l’inici de la seua compareixença de l’obligació legal de no faltar a la veritat en el seu testimoniatge. Per contra, el PSPV considera que l’expresident “va transgredir aquesta obligació diverses vegades.

La llista de telefonades “no ofereix cap credibilitat”

L’escrit recorda que Mazón “no ha fet públic” el “registre de telefonades individualitzat”, sinó que va aportar un llistat “fet a mà, que no ofereix cap credibilitat” i en què s’han detectat “irregularitats, com telefonades que hi figuren i no s’han fet, i telefonades que no hi figuren i sí que es van produir”. El PSPV troba a faltar en el llistat informal una telefonada a les 20.19 amb la consellera llavors Salomé Pradas, actualment investigada en la causa que instrueix la jutgessa de Catarroja. La telefonada en qüestió, de tot just 38 segons de duració, sí que figura en l’acta notarial que va aportar Pradas al procediment.

D’altra banda, la denúncia afirma que el llistat inclou “almenys” tres telefonades que no s’haurien fet. “No sols va falsejar el llistat de telefonades, sinó que va mentir en la seua compareixença davant la comissió d’investigació del Congrés, en afirmar que ‘havia fet públiques totes les seues telefonades’”, sosté la denúncia.

El PSPV també dubta sobre l’argumentari de l’expresident pel que fa a l’enviament de l’Es-Alert (“Es va enviar quan els comandaments operatius van entendre que era el moment adequat per a fer-ho”, va dir Mazón). La denúncia argumenta que, segons han declarat diversos testimonis, l’alerta massiva als mòbils es va enviar quan ho va ordenar Pradas en última instància.

El compareixent també “va faltar a la veritat”, segons el parer del PSPV, quan va respondre sobre els seus passos entre les 19.00 i les 20.00 i sobre l’itinerari que va fer en tornar al Palau de la Generalitat després de la llarga sobretaula i passeig fins a un aparcament pròxim amb Maribel Vilaplana.

A més, les afirmacions de Mazón en el Congrés sobre l’hora a què va saber que hi havia morts “són objectivament falses”, afirma la denúncia.

Una “voluntat clara de faltar a la veritat”

L’expresident, tal com conclou la denúncia, “va ocultar informació sobre el seu itinerari a l’eixida del restaurant El Ventorro, ometent deliberadament que va acompanyar la Sra. Vilaplana a l’aparcament, així com que va romandre durant temps indeterminat parlant amb aquesta, coincidint amb els moments que la consellera Sra. Pradas tractava de comunicar-se amb ell, a les 19.10 i les 19.36 i es produïen els moments més dramàtics a conseqüència del desbordament del barranc de Poio”.

“No es tracta de lapsus ni d’imprecisions, sinó de la clara voluntat de faltar a la veritat per a ocultar la seua passivitat i absència d’implicació en la gestió de l’emergència”, postil·la l’escrit.

El alcalde de Almussafes (Valencia), Toni González, ha iniciado acciones judiciales contra la secretaria general del PSPV-PSOE, la ministra Diana Morant, por los “insultos” proferidos contra él con el fin de “preservar su honor” y defenderse de lo que considera una “campaña de desprestigio”.

González, que fue suspendido cautelarmente de militancia en diciembre al hacerse públicas unas acusaciones de acoso sexual y laboral presentadas contra él y que finalmente ha sido expulsado por el PSOE, ha solicitado en el Juzgado Civil del Tribunal de instancia de Gandia un acto de conciliación previo a interponer una querella por los presuntos delitos de injurias graves y calumnias.

En su escrito al juzgado, al que ha tenido acceso EFE, el alcalde expone que Morant se ha dirigido a él en diversos medios como “putero y acosador laboral y sexual”, y añade que es conocedora de que se trata de “hechos infundados”, pero ha hecho esas manifestaciones “en términos electoralistas”.

Asimismo, pide que Morant reconozca en el acto de conciliación que “son inciertos los hechos imputados” y le indemnice con 50.000 euros por los daños que le han causado sus acusaciones, y advierte de que si no lo reconoce y no le indemniza presentará una querella por injurias graves y calumnias.

El alcalde ha señalado en un comunicado que los “gravísimos y reiterados insultos” de Morant hacia él buscan acabar con su carrera política y también le ocasionan “un enorme daño personal, familiar y profesional”, además de que han supuesto “un grave daño para la militancia” de la Agrupación Socialista de Almussafes.

Consultada la dirección del PSPV-PSOE por la Agencia EFE sobre estas acciones judiciales han señalado que por el momento no van a hacer declaraciones. 

El PSPV formaliza ante la Fiscalía la denuncia sobre la permuta de cuatro solares por 39 viviendas en València. Los socialistas han entregado una batería de documentos que apuntan a delitos de falsedad documental, prevaricación e incluso estafa en el proceso adminsitrativo. El Ayuntamiento intercambió con la promotora Domio Desarrollos II cuatro solares de suelo municipal para construir vivienda protegida por un edificio de 39 viviendas para el parque público, pero los socialistas apuntan que la empresa incumplió los pliegos porque los pisos ya estaban comercializados.

La constructora, según las denuncias vecinales recopiladas por los socialistas, anuló las reservas que habían formalizado poco antes de optar a la permuta. Muchos vecinos se negaron a la devolución del dinero -una señal de mil euros- y presentaron escritos en el Ayuntamiento preguntando por el expediente de las viviendas, apuntando incluso que sospechaban que se pretendía cambiar el proceso.

La promotora presentó una declaración responsable para optar al proceso, en la que debía acreditar que las viviendas no estaban comercializadas. Este fue un requisito planteado por un técnico municipal durante la elaboración de los pliegos, que no estaba contemplado inicialmente. A juicio del PSPV, la promotora mintió en la citada declaración porque ya existía un compromiso sobre esas viviendas. Se tuvo que cancelar la reserva a 39 familias inscritas en el registro del demandante para demostrar que los pisos estaban libres en el momento de optar al proceso público.

“”La empresa les quitó las viviendas a las familias con las que tenía un contrato para obtener a cambio un gran beneficio a costa de suelo público y del presupuesto municipal. Y hemos denunciado la falsedad documental porque la empresa vino al Ayuntamiento a declarar que nunca habían sido comercializadas y podemos demostrar con los documentos que hemos aportado a la Fiscalía que eso es completamente falso“, ha detallado Sanjuan. El responsable socialista también ha señalado que la actitud que mantuvo la empresa con las familias estafadas para romper unilateralmente el contrato apunta también ”a la existencia de un posible delito de estafa“.

“Sanjuan, además, ha hecho especial hincapié en otro de los delitos que han apuntado los socialistas en su escrito ante Fiscalía ”y es la posible prevaricación administrativa de los responsables municipales porque, tal y como acredita la documentación entregada, el concejal de Urbanismo y el concejal de Patrimonio eran conocedores de que esas viviendas estaban comercializadas, de que había familias que tenían un derecho adquirido sobre esas viviendas y que, por tanto, esa empresa nunca podía haber sido destinataria del pelotazo urbanístico que se ha llevado del Ayuntamiento de València“, ha insistido el edil.

Los socialistas también han señalado que existen vínculos entre la promotora y uno de los concejales que impulsó la permuta, el edil entonces responsable de Patrimonio, José Marí Olano. Fue compañero en la Abogacía de la Generalitat de la apoderada de la empresa matriz de la constructora, que también es la mujer del promotor. El propio Marí Olano reconoció que se conocían en el pleno municipal.

Al respecto, considera Sanjuan “muy preocupante” escuchar directamente por boca del concejal de Patrimonio, José Marí Olano, “reconocer relaciones personales en el pleno del ayuntamiento con los apoderados y con los titulares de la promotora destinataria de este pelotazo. Creo que de las palabras del otro día del señor Olano en el pleno, que están en el acta del pleno municipal, la Fiscalía podrá averiguar qué relaciones personales existen entre los concejales que adjudicaron el pelotazo y la empresa que se lo llevó”, ha incidido.

El Comité de Ética y Garantías del PSPV-PSOE ha abierto un expediente contra el alcalde de Almussafes (Valencia), Toni González, por “amenaza velada” a la secretaria general del partido y ministra de Ciencia, Diana Morant, y por “menospreciar” a la mujer que le denunció por presunto acoso sexual.

Fuentes del PSPV-PSOE han explicado que esa “amenaza velada” contra la líder de los socialistas valencianos hace referencia a unas declaraciones en las que el alcalde habría dicho: “Juro que como le pase algo a mi familia, Diana Morant se las verá conmigo”.

Las mismas fuentes han señalado que el expediente también se ha abierto por “deslealtad al proyecto socialista”, al asegurar que el alcalde ha reconocido que “está en conversaciones con otros partidos” para presentar una alternativa política en el municipio.

González, que fue suspendido cautelarmente de militancia el pasado mes de diciembre al hacerse públicas unas acusaciones de acoso sexual y laboral presentadas contra él, mantiene el cargo de alcalde de Almussafes y su acta en el grupo socialista, por lo que tiene que responder a la disciplina interna del partido, según las mimas fuentes socialistas, que también han dicho que son “varias” las denuncias por acoso sexual presentadas internamente contra el alcalde.

El alcalde, por su parte, ha negado las acusaciones de acoso y asegura que no ha tenido ninguna comunicación oficial por parte del PSOE de que se haya presentado una segunda denuncia contra él.

De hecho, ha remitido un burofax a la dirección nacional del PSOE, al que ha tenido acceso EFE, para que le informen de la existencia o no de esa segunda denuncia “con el fin de ejercitar, si fuera necesario, el derecho de defensa”.

González ha asegurado que toda esa situación obedece a una guerra interna del PSPV-PSOE en la provincia de Valencia, “que está abierto en canal”, según ha dicho.

En una carta abierta publicada en sus redes sociales González ha señalado que “la denuncia falsa por acoso sexual y laboral no es un hecho aislado sino que es el punto culminante de una campaña de acoso y derribo” contra su persona, que se inició hace más de cuatro años para menoscabar su imagen política, personal, familiar y profesional.

“Ante la falta de pruebas en mi contra y las pruebas y testimonios de mi inocencia que yo sí he aportado ante mi partido, resulta incomprensible que el caso no haya sido archivado”, afirma el alcalde, y añade que luchará “en todos los frentes posibles” para defender su honor y su imagen.

Por su parte, la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, en declaraciones a los periodistas en Les Corts Valencianes, ha manifestado que ella va a estar siempre “del lado de la víctima”.

El Ayuntamiento de València reconoce vínculos con la promotora que ganó el concurso de vivienda protegida que el PSPV ha llevado a Fiscalía. El concejal de Patrimonio que impulsó la permuta, junto al edil de Urbanismo, ha reconocido en el pleno del Ayuntamiento de València que la apoderada de la empresa propietaria de la promotora, una abogada de la Generalitat, es compañera de su hijo en la abogacía y coincidieron cuando él era director del gabinete jurídico. “Era una de las personas con las que me encontré en la Abogacía de la Generalitat”, ha afirmado en el pleno José Marí Olano, que fue responsable de Patrimonio en el momento de la operación, quien también ha señalado que la alta funcionaria es la mujer del dueño de la promotora. “La verdad es que es una persona muy maja. Debe tener mi edad más o menos. Y luego sé que es compañera de mi hijo, que sacó el año pasado las oposiciones a abogado de la Generalitat”, ha expuesto el edil, que ha comentado que “sabía que era la esposa” del propietario.

Marí Olano ha mostrado la relación en respuesta a las acusaciones del PSPV, cuyo portavoz, Borja Sanjuan, ha exhibido que la alta funcionaria fue también administradora de la empresa. “Rechazo las barbaridades que está diciendo. Ha perdido el norte”, le ha reprochado el concejal del PP. El edil era entonces responsable de Patrimonio e impulsó junto al edil de Urbanismo, Juan Giner, la permuta de los terrenos.

La abogada de la Generalitat Valenciana fue aupada como coordinadora de abogacía por el Consell del PP. Fue administradora de Inversiones Montelimar a finales de los 90, empresa propietaria del Grupo Domio, al que pertenece Domio Desarrollos II, la mercantil que ganó la permuta. La funcionaria no figura como responsable de la empresa que ganó el concurso, pero sí de la propietaria del grupo, en los años 1998 y 1999.

El PSPV denuncia vínculos de la mercantil que ganó el concurso público, de manera cuestionable, con los populares valencianos, dado que el cargo que ocupa la abogada es de libre designación entre el cuerpo funcionarial. Fue nombrada en una resolución de diciembre de 2023 firmada por el entonces subsecretario de Presidencia, Joaquín Vañó, con Carlos Mazón al frente del Consell, aunque llevaba años en la Administración autonómica.

En el pleno del Ayuntamiento de este martes, el portavoz socialista, Borja Sanjuan, ha señalado que “el PP la nombró abogada coordinadora en 2023”, como consta en el diario oficial de la Generalitat Valenciana. Los socialistas han llevado a Fiscalía la operación del Ayuntamiento de València, gobernado por PP y Vox, tras conocer que la empresa Domios Desarrollos II, que ganó el concurso público, anuló las prerreservas para presentarse a la permuta, algo que podría incumplir los pliegos de contratación. Sanjuan ha pedido una revisión de oficio de las permutas, que considera “un pelotazo a favor de amigos”.

Domio Desarrollos II ganó en octubre de 2025 un concurso público por el que el Ayuntamiento de València adquiría un edificio de obra nueva de 39 viviendas a cambio de cuatro solares de titularidad municipal en los que la promotora debe construir 200 viviendas de protección pública. El PSPV denunció que la constructora anuló la prerreserva a las familias antes de optar a la permuta, y considera que podría haber incluido información falsa en la declaración responsable que presentó al Ayuntamiento. El consistorio le ha requerido la documentación para examinarla.

La mercantil Domios Desarrollos II es propiedad de Domio Habitat, que a su vez es propiedad del Grupo Montelimar. La coordinadora de la abogacía figura como apoderada en varias empresas de Domio, incluida la propietaria, Grupo Montelimar. Sin embargo, no consta como representante de Domio Desarrollos, la empresa que concurrió al concurso.

Uno de los requisitos para presentarse al concurso público de la permuta, incluído a petición de un técnico municipal, era que que las viviendas no podían estar comercializadas. El Ayuntamiento recibió al menos cinco peticiones vecinales sobre el expediente de las viviendas protegidas, cinco personas que pidieron información y aportaron el contrato con la mercantil, que sospechaban que iba a cambiar las condiciones del edificio y cancelar su contrato. El consistorio les reconoció su derecho como interesados en el expediente de las viviendas protegidas e incorporó el contrato. Esto, a juicio de los socialistas, implica reconocer que había unos derechos sobre las viviendas.

Urbanismo: “Si la empresa no cumple, habrá que demandar”

El concejal de Urbanismo, Juan Giner, niega que haya negocio en el modelo de permutas y recuerda que el importe de los solares y las viviendas está tasado. “No hay pelotazo, sume y reste”, ha instado. El edil ya advirtió el viernes que de haber alguna denuncia, el proceso se revisaría. Este martes, ha apuntado que el consistorio ha requerido a la empresa que justifique la declaración responsable y pedido un informe a los servicios jurídicos. “Si [la empresa] cumple, se acabó; si no, habrá que demandar a la empresa”, ha señalado.

Sobre la cuestión de si la empresa cumplía o no los requisitos del concurso en el momento de su presentación, Giner ha señalado que la compañía presentó una declaración responsable acreditando que las viviendas no estaban comercializadas.

“Como usted lleva tres días haciendo desinformación, hemos requerido a la empresa para que justifique esa declaración responsable. Y con esa justificación hemos pedido un informe a los servicios jurídicos para que digan si cumple o no”, ha reiterado el concejal, quien ha insistido en la corrección del procedimiento porque, en el momento de la adjudicación, la empresa acreditó que no existían acuerdos de venta. “Ahora les hemos requerido para que lo justifiquen y un informe jurídico lo avalará”, ha completado Giner.

Les permutes de solars per a construir habitatge protegit de València estàn sota la lupa i atisben un bon negoci per a les constructores. El PSPV ha denunciat una tercera operació en el consistori que dirigeix María José Catalá, l'acord pel qual l'Ajuntament cedeix quatre solars a una promotora, on construirà habitatge protegit, a canvi que aquesta lliuri per al parc públic de gestió municipal un edifici amb 39 pisos acabats.

Els socialistes portaran a Fiscalia l'operació després de detectar que els pisos, també protegits, ja estiguessin en procés de comercialització i que, segons les denúnces recaptades, la promotora Domio va voler anul·lar les reserves per optar al concurs públic. Va retornar el senyal a les famílies, moltes d'elles conformes, segons ha apuntat el PSPV. Els socialistes veuen irregularitats en el procés perquè un dels requisits per optar al contracte era que els habitatges no estiguessin comercialitzats, cosa que l'empresa va haver d'acreditar. Segons l'Ajuntament, ho va fer mitjan·ant declaració responsable, i tant el consistori com la promotora defensen la legalitat de l'acord.

Amb tot, al marge del procés, la fórmula de la permuta de solars per habitatges, el mètode que el PP valencià tant en la Generalitat Valenciana com en l'Ajuntament de València han prioritzat, sembla un bon negoci per a les constructores. En aquest cas, la constructora canvia un edifici de 39 habitatges protegits a Patraix, que té un valor de 9,5 milions d'euros, per quatre solars on poder construir habitatge protegit de promoció privada, que tenen un valor estimat de 7,9 milions d'euros en el seu conjunt. Donada l'aparent pèrdua, l'Ajuntament va acordar compensar la promotora amb la diferència de valor, cosa que es tradueix en una mica més d'1,5 milions d'euros, segons consta en la documentació del contracte.

Per a l'acord, el consistori estima el valor del solar i el valor conjunt dels habitatges que adquireix, una mesura qüestionable per al PSPV. És un mal negoci per a les arques públiques, sostenen, a més de subratllar que és la promotora la que passa a controlar qui accedeix a un habitatge protegit. En aquests quatre solars es podran edificar més de 200 habitatges -el PSPV apunta que prop de 250-, que, gràcies a l'actualització de preu per metre quadrat que va aprovar el Consell de Carlos Mazón, es poden vendre per un preu màxim de 2.400 euros per metre quadrat.

Segons els informes municipals, la mercantil rep una parcel·la al carrer Vicent Marco Miranda, al barri de Malilla, amb possibilitat d'edificar 14 altures i 7.800 metres d'edificabilitat residencial -8.300 si se suma la terciària: oficines, locals o altres usos compatibles-. El valor estimat de l'edifici és de 17,8 milions d'euros per l'ajuntament, un càlcul similar del que resulta de multiplicar els metres d'edificabilitat residencial pel preu màxim del mòdul permís, que serien uns 18,7 milions d'euros. Cal tenir en compte que el preu s'estableix per la superfície útil de l'habitatge.

En el cas de la parcel·la del carrer Vicent Miquel Carceller, també a Malilla, permet edificar 14 altures amb 7.213 metres d'edificabilitat residencial i 7.749 metres quadrats d'edificabilitat total. El consistori calcula un valor de 16,8 milions d'euros per l'edifici com a valor en venda equivalent.

Sobre els solars de Nou Moles, en el cas del carrer Brasil, es preveuen sis altures i 4.469 metres d'edificabilitat residencial, més 1.212 metres quadrats d'edificabilitat terciària; uns 13,9 milions d'euros segons el càlcul del consistori. L'ltim solar, al carrer Pilota Valenciana, també consta de sis altures i 1.570 metres d'edificabilitat residencial -1.900 si s'afegeix la terciària- i un valor en venda equivalent de l'edifici de 4.4 milions d'euros.

En total, sumant els immobles dels quatre solars, tenint en compte els metres edificables, la promotora podria comercialitzar-los per prop de 52,9 milions d'euros. A canvi, lliurarà un immoble per valor de 9,5 milions amb els habitatges ja construïts, que han d'estar llestos abans de juliol de 2026, i rep una compensació per la diferència del valor del solar i de l'edifici construït.

Al procés van concórrer dues constructores, però Domio va resultar vencedora en tenir la feina molt més avançada. Quan va optar a la licitació tenia pràcticament la meitat de l'edifici fet, segons consta en la valoració. Els plecs primaven aquelles ofertes “els projectes immobiliaris estiguin en un estat de tramitació més avançat, amb preferència per aquells que acreditin la superació del projecte bàsic d'edificació visat col·legialment, tinguin la llicència d'edificació sol·licitada, la llicència d'edificació atorgada per l'Ajuntament, la qualificació provisional de VPO aprovada, el projecte d'execució presentat i les obres d'edificació iniciades amb indicació del seu estat d'execució”. La constructora adjudicatària complia aquestes condicions.

Les permutes són un dels pilars del pla d'habitatge de María José Catalá a València, que pretén aconseguir mil pisos protegits a la ciutat abans que conclogui el mandat. Pel moment, l'oposició ha alertat sobre tres d'aquests processos: un, perquè l'empresa que va guanyar el concurs -l'nica que es va presentar- era del marit d'una diputada del PP, que va acabar renunciant; un altre, una permuta que el PSPV ha portat a Antifrau, i aquesta tercera, que portaran a Fiscalia.

Las permutas de solares a para construir vivienda protegida de València están bajo la lupa y atisban un buen negocio para las constructoras. El PSPV ha denunciado una tercera operación en el consistorio que dirige María José Catalá, el acuerdo por el que el Ayuntamiento cede cuatro solares a una promotora, donde construirá vivienda protegida, a cambio de que esta entregue para el parque público de gestión municipal un edificio con 39 pisos terminados.

Los socialistas llevarán a Fiscalía la operación tras detectar que los pisos, también protegidos, ya estaban en proceso de comercialización y que, según las denuncias recabadas, la promotora Domio quiso anular las reservas para optar al concurso público. Devolvió la señal a las familias, muchas de ellas desconformes, según ha apuntado el PSPV. Los socialistas ven irregularidades en el proceso porque uno de los requisitos para optar al contrato era que las viviendas no estuvieran comercializadas, algo que la empresa debió acreditar. Según el Ayuntamiento, lo hizo mediante declaración responsable, y tanto el consistorio como la promotora defienden la legalidad del acuerdo.

Con todo, al margen del proceso, la fórmula de la permuta de solares por viviendas, el método que el PP valenciano tanto en la Generalitat Valenciana como en el Ayuntamiento de València han priorizado, parece un buen negocio para las constructoras. En este caso, la constructora cambia un edificio de 39 viviendas protegidas en Patraix, que tiene un valor de 9,5 millones de euros, por cuatro solares donde poder construir vivienda protegida de promoción privada, que tienen un valor estimado de 7,9 millones de euros en su conjunto. Dada la aparente pérdida, el Ayuntamiento acordó compensar a la promotora con la diferencia de valor, lo que se traduce en algo más de 1,5 millones de euros, según consta en la documentación del contrato.

Para el acuerdo, el consistorio estima el valor del suelo y el valor conjunto de las viviendas que adquiere, una medida cuestionable para el PSPV. Es un mal negocio para las arcas públicas, sostienen, además de subrayar que es la promotora la que pasa a controlar quién accede a una vivienda protegida. En esos cuatro solares se podrán edificar más de 200 viviendas -el PSPV apunta que cerca de 250-, que, gracias a la actualización de precio por metro cuadrado que aprobó el Consell de Carlos Mazón, se pueden vender por un precio máximo de 2.400 euros por metro cuadrado.

Según los informes municipales, la mercantil recibe una parcela en la calle Vicente Marco Miranda, en el barrio de Malilla, con posibilidad de edificar 14 alturas y 7.800 metros de edificabilidad residencial -8.300 si se suma la terciaria: oficinas, locales u otros usos compatibles-. El valor estimado del edifico es de 17,8 millones de euros por el ayuntamiento, un cálculo similar del que resulta de multiplicar los metros de edificabilidad residencial por el precio máximo del módulo permitido, que serían unos 18,7 millones de euros. Cabe tener en cuenta que el precio se establece por la superficie útil de la vivienda.

En el caso de la parcela de la calle Vicent Miquel Carceller, también en Malilla, permite edificar 14 alturas con 7.213 metros de edificabilidad residencial y 7.749 metros cuadrados de edificabilidad total. El consistorio calcula un valor de 16,8 millones de euros por el edificio como valor en venta equivalente.

Sobre los solares de Nou Moles, en el caso de la calle Brasil, se prevén seis alturas y 4.469 metros de edificabilidad residencial, más 1.212 metros cuadrados de edificabilidad terciaria; unos 13,9 millones de euros según el cálculo del consistorio. El último solar, en la calle Pilota Valenciana, también consta de seis alturas y 1.570 metros de edificabilidad residencial -1.900 si se añade la terciaria- y un valor en venta equivalente del edificio de 4.4 millones de euros.

En total, sumando los inmuebles de los cuatro solares, teniendo en cuenta los metros edificables, la promotora podría comercializarlos por cerca de 52,9 millones de euros. A cambio, entregará un inmueble por valor de 9,5 millones con las viviendas ya construidas, que deben estar listas antes de julio de 2026, y recibe una compensación por la diferencia del valor del suelo y del edificio construido.

Al proceso concurrieron dos constructoras, pero Domio resultó vencedora al tener el trabajo mucho más avanzado. Cuando optó a la licitación tenía prácticamente la mitad del edificio hecho, según consta en la valoración. Los pliegos primaban aquellas ofertas “cuyos proyectos inmobiliarios estén en un estado de tramitación más avanzado, con preferencia para aquellos que acrediten la superación del proyecto básico de edificación visado colegialmente, tengan la licencia de edificación solicitada, la licencia de edificación otorgada por el Ayuntamiento, la calificación provisional de VPO aprobada, el proyecto de ejecución presentado y las obras de edificación iniciadas con indicación de su estado de ejecución”. La constructora adjudicataria cumplía estas condiciones.

Las permutas son uno de los pilares del plan de vivienda de María José Catalá en València, que pretende conseguir mil pisos protegidos en la ciudad antes de que concluya el mandato. Por el momento, la oposición ha alertado sobre tres de estos procesos: uno, porque la empresa que ganó el concurso -la única que se presentó- era del marido de una diputada del PP, que terminó renunciando; otro, una permuta que el PSPV ha llevado a Antifraude, y esta tercera, que llevarán a Fiscalía.

El PSPV ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Alicante por presuntas irregularidades en la gestión del Hospital Universitario del Vinalopó, centro sanitario gestionado por la mercantil Elche Crevillent Salud S.A., perteneciente al grupo Ribera Salud. La denuncia se dirige inicialmente contra el gerente del hospital, Rafael Carrasco Moreno, y contra todas aquellas personas que pudieran resultar responsables a lo largo de la investigación, por hechos que podrían ser constitutivos, indiciariamente, de delitos de prevaricación administrativa, corrupción en los negocios, delitos contra la salud pública y denegación de prestaciones públicas por razones de discriminación.

La iniciativa judicial se fundamenta en informaciones publicadas por dos medios de comunicación en las que se revelan correos electrónicos internos del grupo Ribera Salud. Según dichas informaciones, la empresa habría reutilizado en el Hospital Universitario del Vinalopó catéteres de un solo uso hasta en diez ocasiones, una práctica expresamente prohibida por la normativa europea y española por el riesgo que supone para la seguridad del paciente. En concreto, un correo fechado el 6 de octubre de 2025, remitido por la jefa de auditoría del grupo, instaba a aplicar en el hospital de Torrejón prácticas que, según el propio mensaje, “ya se estaban realizando en Elche”, con el objetivo de ahorrar costes.

La normativa vigente —en particular el Reglamento (UE) 2017/745 sobre productos sanitarios y el Real Decreto 192/2023— establece condiciones extremadamente restrictivas para el reprocesamiento de productos de un solo uso, especialmente cuando se trata de dispositivos cuya función principal es garantizar la seguridad del paciente y del personal sanitario.

Para el PSPV, la reutilización reiterada de este material podría haber puesto en riesgo la salud de pacientes, al comprometer la esterilidad, funcionalidad e integridad de los dispositivos médicos empleados.

Afán de lucro y riesgo para la salud pública

En su escrito, el partido considera que estas prácticas responderían a un “desmedido afán de lucro” por parte de la empresa concesionaria en la prestación de un servicio público esencial como es la sanidad. Los socialistas subrayan que el contrato de concesión de la asistencia sanitaria integral del Departamento de Salud Elx-Crevillent fue adjudicado en 2007 y prorrogado recientemente hasta 2030 por un importe superior a 826 millones de euros.

La denuncia señala que, de confirmarse los hechos, se habría producido una vulneración grave de las obligaciones contractuales y legales que rigen la prestación del servicio sanitario público, financiado con fondos públicos.

Falta de supervisión de la Generalitat

Además de la actuación de la empresa concesionaria, el PSPV pone el foco en la posible omisión de deberes de vigilancia y control por parte de la Generalitat Valenciana. El pliego de prescripciones técnicas y el contrato de concesión atribuyen a la Conselleria de Sanidad la responsabilidad de supervisar y garantizar la calidad asistencial del servicio. Por ello, el partido solicita que se investigue si existió dejación de funciones en el control de la actividad de la concesionaria.

En este sentido, recuerdan que el Código Penal contempla responsabilidades en supuestos de omisión consciente de funciones inspectoras cuando ello favorece intereses privados en perjuicio del interés público, especialmente en materias que afectan directamente a la salud de la ciudadanía.

Diligencias

En su denuncia, el PSPV solicita a la Fiscalía que tome declaración al gerente del hospital, requiera a la Generalitat Valenciana el expediente íntegro del contrato de concesión, encargue a la Intervención General el análisis de la ejecución del contrato identifique a las personas responsables de la supervisión del servicio, así como que requiera a la empresa concesionaria la identificación del equipo directivo del hospital.

El PSPV afirma que actúa “en defensa de la legalidad, la salud pública y el interés general” y subraya que la sanidad pública, incluso cuando es gestionada mediante concesión administrativa, debe regirse por los más altos estándares de seguridad, transparencia y control. “Cuando se trata de la salud de los ciudadanos, no cabe el ahorro a costa de la seguridad”, concluyen los socialistas, que reclaman que se depuren todas las responsabilidades penales que pudieran derivarse de los hechos denunciados.

Afán de lucro y falta de control

La portavoz de Sanidad del Grupo Socialista en las Corts, Yaissel Sánchez, ha calificado de “absolutamente escandaloso” que Ribera Salud haya podido priorizar el beneficio económico por encima de la salud de la ciudadanía de los municipios adscritos al Departamento de Salud Elche-Crevillent. Sánchez ha advertido de que, de confirmarse los hechos conocidos, estaríamos ante una práctica intolerable que pone en riesgo la seguridad de los pacientes y evidencia las consecuencias de mantener un modelo concesional que antepone la rentabilidad a la calidad asistencial.

Asimismo, la dirigente socialista ha señalado la responsabilidad directa de la Conselleria de Sanidad del Partido Popular y del president de la Generalitat, Pérez Llorca, por no haber ejercido el control “férreo y riguroso” que establecen los pliegos de la concesión Sánchez ha recordado que se trata de la única concesión sanitaria que permanece en la Comunitat Valenciana por decisión del actual Consell, y ha subrayado que el PSPV-PSOE seguirá defendiendo una sanidad pública, transparente y centrada exclusivamente en la protección de la salud y la confianza de la ciudadanía.

Los partidos de izquierda en el ayuntamiento de Alicante, el PSPV-PSOE, Compromís y EU-Podem, han urgido este viernes al alcalde de la ciudad, Luis Barcala, del PP, a que urgentemente ponga fecha a la comisión que investigará las irregularidades en la adjudicación de las 140 viviendas de protección pública de la Playa de San Juan.

En una comparecencia conjunta, los tres portavoces municipales, la socialista Ana Barceló, Rafa Más (Compromís) y Manolo Copé (EU-Podem), han acusado al alcalde de no haber actuado decididamente y ocultar información pese a sus reiteradas declaraciones en el sentido de que ha tomado la iniciativa desde el primer momento para aclarar lo sucedido con medidas contundentes y “caiga quien caiga”.

Los grupos han adelantado este viernes que en el próximo pleno ordinario municipal, inicialmente previsto para el último jueves de febrero, plantearán una batería de medidas sobre vivienda, en el caso de los socialistas crear una comisión de seguimiento de las promociones de vivienda pública, crear una Ley del Suelo y que la promoción de viviendas VPP de la calle Ceuta vuelva al proyecto original y se dirijan a alquiler social.

El portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha señalado que el alcalde conocía las supuestas incompatibilidades de la promoción de VPP Les Naus en junio de 2024 como se refleja que en esa fecha quitó las competencias de Patrimonio a la concejal de Urbanismo, la popular Rocío Gómez, que ha dimitido tras conocerse que era una de las adjudicatarias.

Tras apuntar que cree que en torno al 40 por ciento de los beneficiarios siguen sin estar empadronados a día de hoy en Les Naus, Mas ha avanzado que planteará en el próximo pleno municipal acabar con el Plan Vive, por hacer recaer en las cooperativas la iniciativa de crear VPP, y defenderá que las viviendas públicas sobre suelo municipal vayan dirigidas en su totalidad a alquiler social.

Por EU-Podem, su único concejal, Manolo ha alabado “la unidad de acción” de la izquierda a raíz de este escándalo y pedirá que se movilicen las alrededor de 150.000 vacías que hay en la ciudad para alquileres asequibles, así como que se elabore un Plan Municipal de Vivienda “serio”.

PSPV y Compromís ven “bombas de humo” del PP

Los portavoces también ha sido preguntados por el aviso lanzado este jueves por la vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Vivienda, Susana Camarero, sobre que las viviendas de la Playa de San Juan de Alicante se dieron “en tiempos del Botànic” y que el PSPV y Compromís “quizás” se lleven “alguna sorpresa en las próximas horas”.

Para Barceló, “el PP practica el trilerismo” y Camarero ha querido “lanzar bombas de humo” ante lo cual los socialistas piden “que salga todo lo que tenga que salir” con “total transparencia” en un asunto que afecta a instituciones sobre las que el PSPV-PSOE “no gobierna”.

Por parte de Compromís, Rafa Mas ha señalado que la advertencia es “una salida a la desesperada” para “esparcir basura y desenfocar” el caso del alcalde popular, y ha insistido en que su partido pide “la revisión de todo el expediente y la expropiación de los pisos” adjudicados ilegítimamente.

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha exigido este jueves al Ayuntamiento de Alicante que abra expediente para que se devuelvan las viviendas públicas adjudicadas a cargados del Partido Popular y ha advertido que “han corrompido el sistema”.

Así se ha pronunciado este jueves Diana Morant en declaraciones a los medios de comunicación refiriéndose al escándalo de adjudicación de vivienda pública en Alicante y antes de reunirse con representantes de asociaciones de vecinos de la ciudad de Alicante para analizar la situación de la vivienda pública en la ciudad y trasladarle su compromiso con dar respuesta a la crisis habitacional que sufre la Comunitat Valenciana.

En este sentido, la líder de los socialistas valencianos ha afirmado que “estamos hablando de personas que han resultado adjudicatarias y que en un proceso limpio no habrían recibido una vivienda de protección pública nunca” y ha afeado a Pérez Llorca que “hable de honorabilidad de las administraciones cuando con el dinero de todos los alicantinos se han quedado con una vivienda”.

Además, ha apuntado que “ante este escándalo debería de responder el alcalde Barcala con su dimisión, pero también las personas implicadas devolviendo la vivienda” y ha insistido en que “se creen que lo fácil es apuntarse a política, estar dos años y medios de concejal y llevarse tres pisos, pero no, deben dimitir y devolver las viviendas”.

Asimismo, Morant ha señalado la hipocresía de VOX “poniéndose de lado de la defensa de lo público cuando fueron ellos con sus cambios normativos los que permitieron la perversión” y ha subrayado que “no engañan a nadie”: “VOX ha llegado a la Comunitat Valenciana a facilitar de nuevo el pelotazo urbanístico”.

“Pérez Llorca debe dar la cara, comparecer en Les Corts y explicarle a los alicantinos y alicantinas porque mientras hay 5.400 familias esperando una vivienda pública ellos se la reparten entre cargos del Partido Popular”, ha concluido la líder socialista.