UGT Canarias ha emitido un comunicado este miércoles exigiendo la dimisión del viceconsejero de Comunicación del Gobierno de Canarias, Jonathan Domínguez (Coalición Canaria), tras sus declaraciones contra los sindicalistas, a quienes ha cuestionado públicamente su experiencia laboral y su legitimidad para representar a la clase trabajadora.

“Si contara con la comprensión lectora necesaria, entendería que los sindicatos están formados por trabajadores organizados, no por una suerte de estructura ajena a los mismos, como los voceros de la extremaderecha difunden con escaso éxito, ya que sindicatos como la UGT crecen día tras día, en afiliación y representatividad, lo que prueba el respaldo de la clase trabajadora canaria”, ha espetado el sindicato.

Para UGT resulta “especialmente sorprendente” que quien realiza estas afirmaciones sea, precisamente, una persona que, según las informaciones publicadas, ha pasado 22 de sus 47 años vinculada a responsabilidades y cargos públicos. “Una trayectoria perfectamente legítima, pero que debería aconsejarle cierta prudencia antes de repartir certificados sobre quién trabaja, quién ha trabajado y quién merece representar a los trabajadores”, opina la organización.

El sindicato considera que el viceconsejero ha traspasado una línea que resulta impropia de un representante institucional. Una cosa es discrepar de las posiciones sindicales, algo “absolutamente legítimo en democracia”, y otra muy distinta desacreditar a quienes ejercen la representación de miles de trabajadores y trabajadoras.

La legitimidad sindical no la concede ningún viceconsejero, recuerda UGT. “La otorgan los trabajadores en las urnas, centro de trabajo a centro de trabajo, y las miles de personas que libremente deciden afiliarse a una organización sindical”, responde.

UGT Canarias recuerda que los datos desmienten el relato de quienes insisten en presentar al sindicalismo como una realidad en decadencia. La organización registra un crecimiento de miles de nuevas afiliaciones anuales y cuenta actualmente con más de 4.000 delegados y delegadas, cuando hace apenas cuatro años su representación se situaba superaba ligeramente los 2.000.

Es decir, lejos de perder respaldo, UGT continúa ampliando su presencia en las empresas y fortaleciendo su capacidad de representación. Una evolución que demuestra que los trabajadores siguen considerando necesarias las organizaciones sindicales para defender sus salarios, sus condiciones laborales y sus derechos.

La afiliación sindical constituye, además, una expresión de participación social de enorme magnitud, con cifras que superan ampliamente las que habitualmente registran las organizaciones políticas, expone la organización.

“Negar esta realidad no es ejercer la crítica política. Es demostrar un profundo desconocimiento de cómo funciona nuestro sistema de relaciones laborales, de la negociación colectiva y del papel que la Constitución Española reconoce a los sindicatos”, añade.

UGT Canarias recuerda al viceconsejero que los sindicatos no necesitan recibir lecciones sobre cuál debe ser su función. El artículo 7 de la Constitución reconoce expresamente su contribución a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales de los trabajadores. Y esa defensa no se limita a negociar convenios colectivos: también exige pronunciarse sobre las políticas públicas que afectan al empleo, la vivienda, los servicios públicos o el poder adquisitivo de las familias.

Defender a los trabajadores también significa cuestionar las decisiones de los gobiernos, aunque esa crítica incomode a quienes ocupan sus despachos, resalta UGT

La organización sindical se pregunta, además, qué pretende conseguir el responsable de Comunicación del Ejecutivo canario con semejantes declaraciones y cuáles son los resultados concretos de su gestión que justifican su responsabilidad institucional.

“Resulta paradójico que alguien que ha desarrollado buena parte de su trayectoria profesional en el ámbito público cuestione la experiencia laboral de quienes dedican su actividad a defender los derechos de los demás. UGT no cuestiona la legitimidad del empleo público ni de las responsabilidades políticas. Lo que cuestiona es que se utilice un cargo institucional para desprestigiar a representantes de los trabajadores mediante generalizaciones carentes de fundamento”, sentencia.

Petición de dimisión

“Desde UGT Canarias consideramos que el debate público merece bastante más altura. Los problemas de la ciudadanía canaria son demasiado importantes como para que un alto cargo del Gobierno dedique sus intervenciones a desacreditar al movimiento sindical.Por ello, la organización exige a Jonathan Domínguez que asuma su responsabilidad política y presente su dimisión. Asimismo, reclama al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que aclare si comparte las manifestaciones de su viceconsejero sobre las organizaciones sindicales”, reclara UGT.

“Los sindicatos seguiremos estando donde siempre hemos estado: en los centros de trabajo, en las mesas de negociación y defendiendo los derechos de quienes viven de su salario. Nuestra legitimidad no depende de la opinión de un cargo político, sino de la confianza que los trabajadores depositan en nosotros cada día”, concluye.

El alcalde del municipio tinerfeño de San Juan de la Rambla, Juan Ramos, de CC, ha calificado este martes de “traición política” la moción de censura registrada por tres grupos del Ayuntamiento y ha advertido de que el municipio “no puede volver a quedar atrapado en las luchas por el poder”.

Los grupos municipales Socialista, AUP Sí Se Puede y Nueva Canarias, que anunciaron este lunes que iban a presentar la moción, darán una rueda de prensa el miércoles para explicar los motivos de su decisión.

Juan Ramos ha expresado su “sorpresa, indignación y profunda decepción” ante la moción de censura registrada por su exsocio de gobierno Juan Siverio, que era hasta su dimisión este lunes el primer teniente de alcalde por Sí Se Puede, junto a los grupos de la oposición, PSOE y Nueva Canarias, una maniobra que considera “difícil de justificar desde la responsabilidad institucional y que vuelve a situar al municipio en un escenario de incertidumbre política”.

Ramos señala en un comunicado este martes que este movimiento resulta especialmente incomprensible después de tres años de gobierno en los que, según subraya, se ha dado plena libertad a los concejales para gestionar sus respectivas áreas, respetando su autonomía y priorizando en todo momento la estabilidad del pacto y el buen funcionamiento del Ayuntamiento.

“Durante estos tres años hemos procurado que cada concejal pudiera desarrollar su trabajo, tomar decisiones en sus competencias y sacar adelante sus proyectos. La prioridad siempre ha sido el municipio, no las diferencias personales ni las disputas partidistas. Por eso sorprende que, después de todo este tiempo, se opte por romper la estabilidad del gobierno mediante una operación como esta”, afirma.

El alcalde considera que la decisión de Siverio no solo supone una ruptura con sus actuales compañeros de gobierno, sino también con compromisos políticos que el propio exsocio trasladó a los vecinos durante la campaña electoral.

En concreto, recuerda que manifestó públicamente que no apoyaría mociones de censura y que nunca pactaría con el PSOE.

“Los compromisos electorales no pueden convertirse en palabras que se olvidan cuando aparece una oportunidad para alcanzar el poder. Si alguien anuncia ante los vecinos que no participará en una moción de censura y que nunca pactará con una determinada formación política, debe explicar qué ha cambiado ahora para justificar exactamente lo contrario”, señala Ramos, quien recuerda además que esta sería la segunda ocasión en la que Siverio rompe un pacto de gobierno.

Ramos también considera especialmente llamativa la alianza con el PSOE por la trayectoria de confrontación política que, durante el mandato, ha mantenido esta formación con la concejala Yanira Mesa, compañera de partido de Siverio.

El alcalde recuerda que los socialistas llegaron a solicitar un pleno para promover su destitución del gobierno municipal, en un contexto de enfrentamiento político que contrasta con la alianza que ahora se presenta, añade Ramos en el comunicado.

“Resulta difícil comprender cómo se puede dar este paso sin tener en cuenta lo ocurrido durante estos años, ni cómo se puede dejar atrás a una compañera de partido que ha tenido que afrontar una confrontación política constante con quienes ahora se convierten en socios de esta operación. Es una contradicción que merece una explicación clara”, manifiesta.

El alcalde considera legítimo que los grupos políticos ejerzan sus derechos y defiendan sus planteamientos, pero insiste en que una decisión de esta trascendencia debe explicarse con transparencia y atendiendo al interés general.

Al respecto, afirma que la forma en que se ha producido la iniciativa genera interrogantes sobre las motivaciones que la impulsan.

“Cuando se producen giros políticos tan radicales, después de haber defendido públicamente posiciones completamente opuestas, es razonable preguntarse qué razones los explican. Los vecinos merecen saber si estamos ante una decisión basada en un proyecto alternativo para el municipio o ante una operación cuyo principal objetivo es un cambio en el reparto del poder”, añade.

Ramos subraya que cualquier sospecha sobre motivaciones ajenas al interés público debe abordarse con responsabilidad y que corresponde a sus promotores explicar sus razones.

Más allá de las diferencias políticas, Juan Ramos advierte de que la principal preocupación debe ser el efecto que esta maniobra pueda tener sobre la gestión municipal y opina que “lo verdaderamente preocupante es que San Juan de la Rambla vuelva a pagar las consecuencias de las disputas políticas”.

“No podemos permitir que todo ese esfuerzo quede en suspenso por una operación que, a día de hoy, no se ha explicado suficientemente desde el punto de vista de sus beneficios para el municipio”, señala el alcalde.

Ramos lamenta que la Villa vuelva a verse envuelta en una nueva polémica política después de décadas en las que, a su juicio, las disputas y los cambios de rumbo han condicionado en demasiadas ocasiones la imagen pública del municipio y la continuidad de la gestión.

“San Juan de la Rambla necesita estabilidad, planificación y un gobierno centrado en resolver problemas. No necesita volver a convertirse en escenario de enfrentamientos permanentes ni que los proyectos municipales queden supeditados a las estrategias de los partidos”, afirma.

El alcalde insiste en que la estabilidad institucional no es un privilegio de quienes gobiernan, sino una herramienta para garantizar que los servicios funcionen, que las inversiones avancen y que los compromisos adquiridos con la población puedan cumplirse.

Por ello, reclama a quienes promueven la moción que expliquen qué proyecto común los une, qué prioridades comparten y cómo garantizarán que la gestión municipal no se resienta.

Izquierda Unida Canaria (IUC) ha reclamado este martes al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez (Coalición Canaria), que deje de destinar dinero público a defender judicialmente la permanencia del monumento dedicado al dictador Francisco Franco y ha pedido transparencia sobre el coste de los procedimientos.

La organización critica la decisión municipal conocida este lunes de presentar un nuevo recurso judicial para mantener el monumento, y añade que los recursos públicos deberían destinarse a atender las necesidades sociales de la ciudadanía, mejorar los barrios y reforzar los servicios públicos.

IUC sostiene que la memoria democrática no implica borrar la historia, sino evitar los homenajes públicos a quienes acabaron con las libertades, y defiende que estos espacios deben abordarse desde el estudio y la contextualización histórica.

La organización también reclama conocer el coste acumulado de los procedimientos judiciales, los informes y los recursos destinados a mantener el monumento, así como el gasto previsto para la nueva iniciativa judicial, ya que el Ayuntamiento, tras varios recursos, no ha informado de cuánto están costando a los contribuyentes de Santa Cruz.

“El dinero público debe servir para mejorar la vida de la gente, no para perpetuar homenajes a una dictadura”, afirma el coordinador de IUC Tenerife, Francisco Santamaría, quien reclama al Ayuntamiento que priorice las políticas sociales y el cumplimiento de la legalidad en materia de memoria democrática. 

La Junta Electoral Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha ordenado al Ayuntamiento de la capital la retirada inmediata de la nota de prensa titulada Bermúdez acusa al PSOE de engañar a los vecinos de Santa Cruz con la tasa de basura. La nota se publicó el pasado 6 de octubre en la web oficial municipal y se difundió en las redes sociales institucionales. El acuerdo, adoptado por unanimidad y fechado este lunes 19 de octubre, estima parcialmente la denuncia presentada por el Partido Socialista Obrero Español contra el alcalde, José Manuel Bermúdez (Coalición Canaria), en plena precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre.

La Junta declara que el comunicado vulnera el artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). El Ayuntamiento deberá eliminarlo de la web y de todas las redes sociales institucionales en las que se haya publicado, y comunicar después al órgano electoral que ha cumplido la orden. Además, requiere al alcalde a que, hasta la celebración de los comicios, se abstenga de difundir por medios institucionales comunicaciones que aludan a realizaciones o logros o que contengan valoraciones con connotaciones electoralistas. El órgano le advierte de las consecuencias legales si no lo cumple.

Carga partidista

En su resolución, la Junta Electoral reconoce que parte del contenido de la nota podía tener interés general en lo que tendría que ver con las explicaciones sobre el régimen jurídico de la tasa municipal de recogida de residuos, sobre su exigibilidad mientras no haya un pronunciamiento judicial que afecte a su aplicación y sobre las cautelas que deben tener los vecinos al ceder sus datos personales. Según la Junta, estos aspectos, aisladamente y expuestos de forma objetiva, podían considerarse información vinculada al funcionamiento de los servicios municipales.

Sin embargo, el órgano electoral aprecia que el texto incluye «expresiones de confrontación política directa» con el PSOE al atribuir responsabilidades políticas al presidente del Gobierno y a la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Patricia Hernández. También contiene valoraciones críticas que van más allá de explicar el marco jurídico del tributo.

La Junta concede «especial relevancia» a la afirmación de que la tasa de basura se habría mantenido estable e incluso reducido durante los últimos años bajo la gestión municipal. Esa afirmación se contrapone a la responsabilidad que la nota atribuye al Gobierno de España por su incremento. A juicio del órgano electoral, esto introduce una valoración favorable de la gestión propia y otra desfavorable de una formación que concurre a las elecciones. Por ello concluye que la difusión de la nota a través de la web oficial «resulta incompatible con el deber de neutralidad exigible durante el período electoral».

Pese a todas estas consideraciones, la Junta Electoral de Santa Cruz de Tenerife ha decidido no abrir expediente sancionador contra el alcalde Bermúdez, y por eso la estimación de la denuncia del PSOE es solo parcial. 

Los grupos municipales Socialista, AUP Sí Se Puede y Nueva Canarias presentarán este martes una moción de censura al alcalde del municipio tinerfeño de San Juan de la Rambla, Juan Ramos Reyes, de Coalición Canaria (CC).

El anuncio lo han realizado los citados grupos este lunes al difundir una convocatoria de rueda de prensa para el miércoles con el objetivo de exponer los motivos políticos e institucionales que han llevado a promover esta iniciativa.

La rueda de prensa tendrá lugar este martes, a las 09.00 horas en el Mirador de la Palabra.

En la convocatoria se presentará al concejal socialista Jesús Ezequiel Domínguez como candidato propuesto a la Alcaldía.

Los representantes de los grupos promotores explicarán las razones que fundamentan esta decisión y trasladarán a los medios de comunicación su valoración de la situación política y municipal que ha motivado la presentación de la moción de censura.

Tras las elecciones locales de 2023 el Ayuntamiento de San Juan de la Rambla estaba gobernado por CC, en pacto con el Partido Popular y AUP-SSP, con seis concejales en conjunto. A su vez la oposición está integrada por cuatro ediles del PSOE y uno de Nueva Canarias.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, de Coalición Canaria, ha anunciado este lunes que el Ayuntamiento (CC y PP) prepara un nuevo recurso contra la orden de la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática, dependiente del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que exige retirar el monumentol dictador Francisco Franco situado en la capital isleña, al considerar que existen argumentos legales para mantenerlo por sus posibles valores artísticos. Cabe recordar que dichos supuestos valores han sido negados en más de una ocasión por diferentes comités de expertos y por ambas universidades públicas canarias y que solo un estudio sí reconocía esos valores, pero obviaba precisamente los valores franquistas del conjunto.

El propio Gobierno de Canarias concluyó el pasado agosto que la obra no puede ser catalogada como Bien de Interés Cultural, tras los dictámenes desfavorables de los órganos técnicos y del Consejo del Patrimonio Cultural de Canarias. Por otro lado, la justicia tampoco ha dado la razón a Bermúdez, ya que ha rechazado los recursos interpuestos contra la decisión de no catalogar como BIC la obra.

Pese a ello, el alcalde se aferra, una vez más, a los supuestos valores artísticos del monumento. Alega que la legislación de memoria democrática contempla la posibilidad de proteger elementos de estas características cuando concurran valores artísticos que deban ser ponderados por la Comisión Municipal de Patrimonio Histórico. Es decir, ignorar los múltiples informes que niegan un valor artístico y fiarlo todo a un informe que haga el propio Ayuntamiento.

“¿Qué estoy pidiendo? Que se aplique la ley. No que no se aplique la ley. Que se aplique la ley como la ley está escrita”, ha afirmado Bermúdez, quien ha sostenido que determinados artículos de la norma deben tenerse en cuenta al valorar el futuro del monumento.

El regidor ha insistido en que su posición no supone rechazar la aplicación de la legislación vigente, sino defender que se tengan en cuenta todas sus disposiciones, incluidas las relativas a la protección patrimonial.

El Ayuntamiento trabaja en la preparación del recurso, que aún no ha sido presentado, según ha indicado Bermúdez, que no ha explicado cuánto dinero de los contribuyentes ha invertido ya para intentar mantener en las calles de Santa Cruz de Tenerife una escultura en homenaje a un dictador.

Canarias se halla a la cola en la clasificación de comunidades autónomas del país que más viviendas protegidas han terminado desde el año 2019, el ejercicio en que las Islas estrenaron legislatura, en julio, y Gobierno progresista, el apoyado por PSOE, NC, Sí Podemos y ASG. Tras esa etapa, la que se cerró con las elecciones autonómicas de mayo de 2023, el Ejecutivo regional está bajo el control de CC y PP, con la presidencia del nacionalista Fernando Clavijo.

Con unos o con otros al mando, aunque en la pasada legislatura con el factor limitante de la covid, los resultados oficiales ahora conocidos para el archipiélago (difundidos previamente por eldiario.es), que son los publicados por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno español (1990-junio de 2026), seguro que no superan el aprobado: están muy por debajo de eso.

Para empezar, Canarias lleva casi cuatro años seguidos, desde 2023, sin terminar un piso protegido, mientras que en la legislatura pasada, con el socialista Ángel Víctor Torres de presidente del Gobierno autonómico, solo se finalizaron 268 unidades, con 60 dentro del año 2019 (una parte de ese año fue legislatura gobernada por Fernando Clavijo) y 208 en 2022.

Por mucho que se mire a todos lados, no se encuentra nada más en las estadísticas servidas por el Ministerio. Por lo tanto, la media resultante para ese periodo de siete años y seis meses, de enero de 2019 a junio de 2026, es descorazonadora, pues solo sale un promedio por año de vivienda protegida terminada de 36 unidades.

En Canarias, la población de derecho supera los dos millones de personas, en torno a 2,2 millones; las islas recibieron en 2025 la cifra de 18,4 millones de turistas; hay una oferta elevadísima de viviendas explotadas en régimen de alquiler vacacional, y la presión de la segunda residencia también es fortísima, de manera singular por parte de la demanda extranjera (ya se dio la cifra de visitantes turísticos).

Pese a las peticiones formuladas por muy pocos ayuntamientos, entre ellos el de Las Palmas de Gran Canaria, el Ejecutivo autonómico se ha negado por ahora a activar el sistema nacional establecido por ley para limitar el ascenso especulativo de los precios de alquiler de las viviendas en zonas calificadas como tensionadas.

A tremendo déficit de oferta en el segmento público en Canarias, se une otro registro casi igual de negativo: la dinámica de construcción tampoco ha ido mucho mejor para la vivienda privada, la de mercado libre. Este sector no termina en Canarias, como también ocurre en el resto de España, de recuperar un ritmo razonable de edificación tras la potente crisis del ladrillo en 2008.

En efecto, así es. En el primer semestre de 2026, solo se han terminado 1.574 viviendas de promoción privada y mercado libre en las islas, mientras que en 2025 se llegó a 3.152 residencias. Como contraste a estos valores, se tienen los registros más abultados del periodo 1990-2026, que son el de más 29.600 en 2008, el año del crack, y casi 28.200 en 2002. Desde 2012, no se recupera una oferta media igual o superior a los 5.000 pisos privados por año, el registro de 1994.

Está claro que Canarias no es una gran potencia regional en construcción de vivienda protegida, ni en términos absolutos ni en relativos respecto a la oferta global de primeras residencias, pero sí es verdad que los indicadores absolutos del periodo 2019-2026 poco se parecen a los de los años 1997 y 1998, que son los ejercicios anuales del periodo de análisis más abierto, de 1990 a junio de 2026, en que más hubo vivienda pública terminada, con niveles por encima de las 4.000 unidades en ambos casos.

En 2022, cuando más se terminó vivienda protegida en los últimos casi ocho años, solo se alcanzaron las 208 unidades de pisos protegidos. Todo lo demás dentro de la etapa 2019-2026 es puro desierto, sino fuera por ese dato de 2022 y las 60 viviendas de 2019. El resto representa la sequía más absoluta.

Pedro Sánchez ‘versus’ Mariano Rajoy

Desde 2023, en España se han entregado 47.000 pisos públicos protegidos. La cifra prometida por el Gobierno de Pedro Sánchez fue de 184.000. Obvio que se ha estado muy lejos de alcanzarla, pero con Mariano Rajoy en el Gobierno español la cosa fue aún peor en su segunda legislatura, con solo 18.000 viviendas entregadas.

Un estudio del Banco de España cifra el déficit de vivienda pública en el país en 750.000 unidades, una carencia que cada año que pasa sin las soluciones adecuadas se eleva en 250.000 más. Por poner ejemplos opuestos al español, conviene citar cómo lo hacen en Viena, donde el 60% de la vivienda es pública.

Además, conviene saber que en España solo el 1,5% del parque de viviendas es de titularidad pública, nivel muy por debajo de la media en los países de la OCDE, en el 7,1%, y lejísimo del 16,4% de Reino Unido y el 14% de Francia. 

España se acerca al nivel relativo de Alemania, con el 2,6%, y está por encima de Portugal, en el 1,1%.

Coalición Canaria (CC) y Municipalistas Primero Canarias han cerrado este miércoles el acuerdo para presentar listas conjuntas en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Según han anunciado, su candidata por la provincia de Santa Cruz de Tenerife será Cristina Valido (como ya se había anunciado) y en la provincia de Las Palmas la lista estará encabezada por Teodoro Sosa y María Fernández.

No obstante, ambas formaciones confían en poder “sumar el apoyo del resto de fuerzas políticas locales e insulares que han participado este último año en las reuniones de la Mesa de Unidad Canaria promovida por los municipalistas”, destacan en un comunicado.

El objetivo, aseguran, es aumentar la representación de los nacionalistas canarios en las Cortes Generales para poder contar con una voz propia que defienda con más fuerza los intereses de Canarias en Madrid.

“En el escenario político de máxima polarización que se está viviendo en el Estado, con dos bloques cada vez más divididos y enfrentados, CC y 1ºCAN se proponen articular una candidatura unificada, conformada por todos los partidos de lealtad estrictamente canaria, que ofrezca una alternativa sólida y real a la ciudadanía de las islas”, aseguran en el comunicado.

El compromiso, dicen, es “lograr la unidad de acción política canaria en Madrid a través de un proyecto de cooperación entre formaciones que reconocen y respetan sus diferentes identidades y sus distintas sensibilidades, pero que deciden anteponer los intereses de Canarias por encima de cualquier consideración personal o partidista”.

Ambas formacione aseguran que defenderán la actualización de las inversiones estatales y la mejora de los recursos destinados a políticas esenciales y proyectos estratégicos para el archipiélago, con medidas específicas para afrontar el reto de la vivienda, reforzar el escudo social, mejorar la redistribución de la renta, avanzar en la igualdad de oportunidades, impulsar la transición energética y dar respuesta a los efectos del cambio climático.

Primero Canarias y CC creen que “estas elecciones generales suponen una oportunidad para aumentar la fuerza de Canarias en Madrid. En anteriores convocatorias electorales, la división del voto canario ha debilitado sus opciones electorales, afectando negativamente a la consecución de logros para el archipiélago”.

La candidatura confía poder alcanzar representación suficiente “con la que exigir el pleno reconocimiento de los derechos históricos del archipiélago, consolidar su estatus diferencial y conseguir los avances políticos, sociales y económicos que Canarias necesita”.

“Más allá de los cabezas de lista, los nombres de las personas que integrarán las diferentes candidaturas al Congreso y al Senado ser conocerán en los próximos días, una vez sean registradas ante la Junta Electoral. El acuerdo será presentado este sábado en Las Palmas de Gran Canaria con la firma de la ‘Declaración por la unidad canaria en Madrid’, que se espera suscriban una veintena de formaciones políticas de todo el archipiélago”, detalla el comunicado.

Entre los ejes de acción política que se recogerán en el acuerdo de unidad figuran la implicación del Estado en la financiación de vivienda pública y asequible, con una Ley de Residencia para Canarias; el pleno desarrollo del Estatuto de Autonomía, incluidas las competencias en costas, puertos y aeropuertos; el reconocimiento del hecho diferencial canario y el blindaje del estatus de región ultraperiférica en la Unión Europea; la defensa del Régimen Económico y Fiscal y un sistema de financiación autonómica justo.

La candidatura defenderá también la consolidación de las bonificaciones al transporte de personas y mercancías, la renovación de los convenios de infraestructuras con el Estado, el mantenimiento íntegro del POSEI, una gestión del fenómeno migratorio que active el Cupo de Solidaridad y la presencia de las instituciones canarias en los asuntos de política exterior que afectan al archipiélago.

El secretario general de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, ha defendido este viernes que el cofundador de Primero Canarias, Teodoro Sosa, es “el mejor candidato” que pueden tener los dos partidos al Congreso por Las Palmas en las elecciones generales del 29 de noviembre, un elogio al que el aludido ha respondido ofreciéndose a “arrimar el hombro”.

Según Clavijo, sería “un auténtico honor y un lujo” que el alcalde de Gáldar y uno de los impulsores de Municipalistas Primero Canarias encabezara una candidatura de coalición por la provincia de Las Palmas.

“Yo creo que es el mejor, ¿no? Ahora mismo Teodoro es el político más valorado de toda Gran Canaria. Por lo tanto, sería un magnífico candidato”, ha manifestado Clavijo, al ser preguntado sobre este asunto cuando visitaba con Sosa las obras del tercer aerogenerador del Parque Eólico Botija-Gáldar.

El líder de CC considera que el actual alcalde de Gáldar y vicepresidente segundo del Cabildo de Gran Canaria “está llamado a otro tipo de instituciones y de retos”.

“Desde luego, para nosotros sería un auténtico honor y un lujo que una persona con su valía, su valoración, pudiese encabezar esa lista en la coalición”, ha añadido, en relación a los acuerdos electorales que busca CC en Gran Canaria.

A su lado, Sosa ha subrayado que, en estos momentos, todo aquel que sienta “lealtad canaria” tiene que “arrimar el hombro”.

“Mi organización, Primero Canarias, tiene menos de un año de existencia, pero desde el minuto 1 se constituyó con un mandato claro del congreso constituyente, que era: mesa de unidad canaria, mesa de trabajo y de encuentro y no de distanciamiento entre las fuerzas. Lealtad hacia esta tierra”, ha señalado.

Para Sosa, el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre representa “la primera prueba de fuego” para la unidad nacionalista a la que aspira su partido.

“Todos los que nos sentimos nacionalistas añorábamos, deseábamos que volviera la posibilidad de una alianza entre todas las fuerzas canarias. La unidad de esos partidos de este ámbito puede dar pie a volver de nuevo a tener grupo político propio en el Congreso. Ya por eso solo merece la pena los esfuerzos personales”, ha dicho

Por ello, ha subrayado que él arrimará “el hombro donde mi organización y la alianza que se pueda constituir decida”.

“No lo decidiré yo --el ser cabeza de lista--. Yo estoy tranquilamente en el municipio de Gáldar y como vicepresidente del Cabildo, pero sé que todos tendremos que hacer esfuerzos personales. Donde quiera que me toque, ahí estaré”, ha manifestado.

El dirigente de Primero Canarias ha hecho especial hincapié en que hay voluntad de intentar llegar al mejor acuerdo por Canarias “sin ombliguismo, personalismos y sin mochilas personales, dejando a un lado las diferencias. Es más lo que nos une que lo que nos separa”.

Con todo, Sosa ha añadido que, más allá de la alianza que puedan suscribir Primero Canarias y Coalición Canaria, prevé que más de una veintena de organizaciones participen en la firma de un manifiesto en defensa de los intereses del archipiélago.

“Hay que alentar e ilusionar a la gente que está viéndonos, que no tiene que resignarse a votar a los dos bandos, a los rojos o a los azules. Vote usted por Canarias y por los intereses de Canarias, que merece la pena. Hace muchos años que nos recriminaban que estábamos separados, pues ahora no hay esa división, ahora hay ilusión y tenemos que transmitirla”, concluyó.

La Ejecutiva insular de Coalición Canaria (CC) Gran Canaria celebrada en la tarde de este miércoles ha acordado abrir un proceso de diálogo con las organizaciones nacionalistas de la isla de cara a cerrar posibles acuerdos de coalición de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

Así lo ha informado la formación política, que añade que el objetivo de este proceso es explorar fórmulas de colaboración que permitan sumar fuerzas en torno a una agenda propia para Canarias.

El secretario general de CC Gran Canaria, Pablo Rodríguez, ha resaltado que las islas “necesitan una voz fuerte en las Cortes Generales que no dependa de las estrategias de los partidos de ámbito estatal”.

También ha subrayado que Coalición Canaria encara este proceso de diálogo “con la mano tendida y sin vetos, pero con una premisa clara: la única obediencia es a Canarias. Nuestro bloque no es la izquierda ni la derecha, nuestro bloque es Canarias”.

Rodríguez ha afirmado que “el nacionalismo canario tiene ante sí una oportunidad que no puede dejar pasar. Gran Canaria lleva demasiado tiempo con el espacio nacionalista dividido, y esa división solo ha beneficiado a quienes deciden el futuro de Canarias desde Madrid”.

Asimismo, ha recordado que este proceso no parte de cero este 2026. “En junio dimos un primer paso en Arucas con Municipalistas Primero Canarias, un acuerdo que demuestra que, cuando ponemos por delante los intereses de nuestra gente, el entendimiento es posible. Además, en otros municipios como Telde o Santa Lucía, con CCD y La Fortaleza, respectivamente, entre otros, llevamos años demostrando que las alianzas nacionalistas funcionan y dan estabilidad”, ha dicho.

En este sentido, la Fortaleza de Santa Lucía ya ha acordado en el seno de su organización sumarse a esta “gran alianza nacionalista” para los próximos comicios.

“Estamos preparados para afrontar con responsabilidad un calendario electoral muy exigente. Vamos a escuchar a todas las organizaciones que comparten con nosotros la defensa de esta tierra para construir juntos una propuesta útil para Gran Canaria y para Canarias”, ha concluido.

El Cabildo de Tenerife suspenderá ''de forma parcial y provisional'' uno de los contratos del Circuito del Motor. En concreto, se trata del relativo al Proyecto de Explanaciones e Instalaciones Desmontables, uno de los cuatro en los que se dividió la obra. La decisión llega después de que el Tribunal Supremo desestimara el recurso interpuesto por el Cabildo contra la sentencia que confirmó la nulidad de este proyecto y que concluía además que la declaración de impacto ambiental del Circuito estaba caducada.

''En este momento, se está valorando la providencia del Tribunal Supremo por la que se establece la inadmisión del recurso de casación presentado en relación con este procedimiento'', detallan desde la corporación que preside Rosa Dávila (Coalición Canaria). La resolución del Alto Tribunal es firme e inadmite a trámite el recurso de casación por ''falta de fundamentación suficiente'' y ''carencia de interés casacional objetivo''. Además, impone a la corporación insular el pago de las costas procesales hasta un importe máximo de 1.000 euros.

Sobre la paralización del resto de la obra, que ocupa 650.000 metros cuadrados de suelo en el municipio de Granadilla, el Cabildo ''está a la espera de que los tribunales se pronuncien sobre los otros tres procedimientos judiciales que aún se encuentran pendientes de resolución''. Las partes del proyecto que aún están pendientes de resolución judicial son el proyecto modificado de la fase 2 del acceso norte, la adaptación del Circuito del Motor al Plan de Defensa contra Avenidas y el Proyecto modificado de la pista de velocidad.

ATAN (Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza) ha exigido paralizar inmediatamente la obra completa, la restauración de los terrenos destruidos y la depuración de responsabilidades legales y políticas. El Supremo ha dado la razón a los ecologistas, que reivindican que el Circuito es ''contrario a la Ley'' al tener la declaración de impacto ambiental caducada y, por lo tanto, carecer de cobertura ambiental y legal.

''Nadie en el Cabildo puede decir que no lo sabía. Avisó ATAN en 2022, en el trámite de alegaciones, avisaron los propios técnicos del Cabildo, avisó el Defensor del Pueblo en enero de 2024, cuando advirtió de que el acta de replanteo de 2016 pudo ser un simple trámite para esquivar la caducidad. Avisaron los juzgados en primera instancia. Avisó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en apelación. Y ahora sentencia el Supremo'', continúa ATAN.

Los ecologistas denuncian que, a pesar de todo, el Cabildo siguió adelante, ''tanto el de Rosa Dávila como el de Pedro Martín''. ''Siguió destruyendo territorio después de que el TSJC confirmara la caducidad, con el único objetivo de imponer los hechos consumados, destrozar la zona para que no quede nada y meter las máquinas antes de que llegara la última decisión de los tribunales'', critican.

ATAN denuncia que el Cabildo de Tenerife ha ''antepuesto un proyecto ilegal'' al medio ambiente y a las advertencias de jueces e instituciones. ''Este Cabildo es responsable de esta ilegalidad, del daño ambiental. Causado y del despilfarro de millones de euros de dinero público en una obra que todo el mundo sabía muerta'', concluyen. 

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por el Cabildo de Tenerife contra una de las sentencias que confirma que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Circuito del Motor está caducada. La providencia del Alto Tribunal emitida el 30 de septiembre inadmite a trámite el recurso de casación del Cabildo por ''falta de fundamentación suficiente'' y ''carencia de interés casacional objetivo''. La resolución del Supremo es firme e impone a la corporación insular el pago de las costas procesales hasta un importe máximo de 1.000 euros.

Se trata del recurso interpuesto por el Cabildo contra la primera sentencia que emitió el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) sobre el Circuito del Motor. Esta desestimó el recurso de apelación presentado la corporación que preside Rosa Dávila (Coalición Canaria) y confirmó la nulidad del Proyecto de Explanaciones e Instalaciones para Graderíos Desmontables del Circuito.

Este es uno de los cuatro proyectos en los que se divide la obra, que pretende ocupar 650.000 metros cuadrados de suelo en el municipio de Granadilla y que cuenta con una inversión pública inicial de 51 millones de euros.

La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo dio la razón a ATAN (Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza) y concluyó que las obras no se ejecutaron de forma real ni efectiva dentro de los plazos legales.

La DIA fue aprobada en 2011 con la condición de que esta caducaría si los trabajos no empezaban a ejecutarse en un plazo máximo de cinco años. El Cabildo defendía que las obras empezaron el 23 de agosto de 2016, tan solo unos pocos días antes de que caducara la DIA. Sin embargo, la sentencia del TSJC recoge que la documentación evidencia que ''si bien el acta de replanteo establecía que se iniciarían las obras al día siguiente, nunca se realizaron''. 

Esta providencia del Supremo es la primera resolución firme de los cuatro procedimientos abiertos en los tribunales sobre el Parque Internacional del Motor. Aún quedan pendientes otros tres procedimientos: el proyecto modificado de la fase 2 del acceso norte, la adaptación del Circuito del Motor al Plan de Defensa contra Avenidas y el Proyecto modificado de la pista de velocidad.

Paralizar las obras

''Queda confirmado lo que ATAN lleva años denunciando: la DIA del circuito está caducada y el proyecto carece de cobertura ambiental y, por tanto, legal: el Circuito del Motor es contrario a la Ley'', ha subrayado la asociación en una nota de prensa. ATAN pide la paralización inmediata de las obras, la restauración de los terrenos destruidos y la depuración de responsabilidades legales y políticas.

''Nadie en el Cabildo puede decir que no lo sabía. Avisó ATAN en 2022, en el trámite de alegaciones, avisaron los propios técnicos del Cabildo, avisó el Defensor del Pueblo en enero de 2024, cuando advirtió de que el acta de replanteo de 2016 pudo ser un simple trámite para esquivar la caducidad. Avisaron los juzgados en primera instancia. Avisó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en apelación. Y ahora sentencia el Supremo'', continúa ATAN.

Los ecologistas denuncian que, a pesar de todo, el Cabildo siguió adelante, ''tanto el de Rosa Dávila como el de Pedro Martín''. ''Siguió destruyendo territorio después de que el TSJC confirmara la caducidad, con el único objetivo de imponer los hechos consumados, destrozar la zona para que no quede nada y meter las máquinas antes de que llegara la última decisión de los tribunales'', critican.

ATAN denuncia que el Cabildo de Tenerife ha ''antepuesto un proyecto ilegal'' al medio ambiente y a las advertencias de jueces e instituciones. ''Este Cabildo es responsable de esta ilegalidad, del daño ambiental. Causado y del despilfarro de millones de euros de dinero público en una obra que todo el mundo sabía muerta'', concluyen.

Las ejecutivas de Primero Canarias y de Coalición Canaria se reunirán esta tarde por separado para acordar su participación en alianza electoral a las generales del próximo 29 de noviembre, han confirmado fuentes de ambas formaciones.

Sólo Primero Canarias ha hecho público un comunicado anunciando su reunión orgánica, en la que como único punto en el orden del día figura el análisis del “escenario político ante la próxima cita con las urnas” y para abordar “la necesidad de acelerar las reuniones con otras fuerzas nacionalistas para concretar la Mesa de Unidad Canaria, la iniciativa para lograr la unidad de acción política de los partidos de lealtad canaria en Madrid”.

Coalición Canaria, por su parte, también celebrará reunión de su ejecutiva esta misma tarde con el mismo objetivo, lo que podría conducir a que antes de que termine el día se conozca la decisión de confluir conjuntamente a las elecciones generales.

Dado que Cristina Valido ya ha sido confirmada como candidata de Coalición Canaria por Santa Cruz de Tenerife, todo parece indicar que Primero Canarias hará valer su fuerza en la provincia de Las Palmas, particularmente en Gran Canaria, para que el número uno por la circunscripción sea uno de sus líderes. En este caso, el que suena con más insistencia es el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa.

Cristina Valido repetirá como cabeza de lista de Coalición Canaria (CC) al Congreso de los Diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife. 

En una reunión extraordinaria celebrada esta tarde, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) acordó además elevar al Consejo Político Nacional, el máximo órgano de CC entre congresos, la autorización para explorar posibles coaliciones electorales en la provincia de Las Palmas, con el objetivo de “avanzar en la unidad del nacionalismo canario y reforzar la representación de las islas en las Cortes Generales”.

El secretario nacional de Organización de Coalición Canaria, David Toledo, aseguró que “si algo ha demostrado esta legislatura es que Canarias necesita un grupo propio y fuerte en Madrid, que no dependa de las estrategias de los partidos estatales y que defienda los intereses de las islas gobierne quien gobierne a partir del 29 de noviembre”.

Toledo insistió que los nacionalistas afrontan el nuevo escenario electoral con el objetivo de “sumar fuerzas y avanzar hacia un grupo propio de Canarias en Madrid, que aumente la capacidad de las islas para negociar y defender la Agenda Canaria ante el Estado”.

“No se trata simplemente de sumar siglas. Se trata de sumar fuerza para Canarias. Una sola diputada nacionalista ha demostrado esta legislatura lo que puede conseguir una voz que tiene como única prioridad las islas. Ahora debemos trabajar para ser más fuertes”, señaló.

Toledo advirtió de que los partidos estatales volverán a plantear las elecciones generales como una batalla entre bloques. “Intentarán que el 29 de noviembre tengamos que elegir entre izquierda y derecha, entre PP y PSOE. Nosotros no estamos en ninguno de esos bloques. Nuestro bloque es Canarias”.

Una “voz propia” para Canarias

Cristina Valido ocupa un escaño en el Congreso por Santa Cruz de Tenerife desde el inicio de la XV Legislatura, en agosto de 2023. “Durante estos tres años ha centrado buena parte de su actividad parlamentaria en el desarrollo y cumplimiento de la Agenda Canaria”, señala CC, que menciona “entre los avances impulsados” durante esta legislatura la reforma de la Ley de Extranjería para establecer un mecanismo corresponsable de distribución de menores migrantes no acompañados, la modificación de la RIC (Reserva de Inversiones para Canarias) para permitir destinar recursos a vivienda en alquiler habitual y la incorporación a la Ley de Movilidad Sostenible de la financiación estatal de la gratuidad de las guaguas en Canarias.

Toledo sostuvo que estos avances “demuestran para qué sirve tener una voz propia en Madrid: para negociar, alcanzar acuerdos y colocar los problemas de Canarias en la agenda del Estado”.

El secretario nacional de Organización recordó que Canarias elige 15 diputados al Congreso y defendió la necesidad de reforzar una representación nacionalista que responda a los intereses de las islas y no a las estrategias de los partidos estatales.

“Pueden cambiar los gobiernos, las mayorías y los presidentes en Madrid. Lo que no cambia son los intereses de esta tierra. El 29 de noviembre los canarios y canarias y los ciudadanos que tienen su proyecto de vida en esta tierra, no elegimos entre PP y PSOE, ni entre izquierda y derecha. Elegimos Canarias”, concluyó.

Miles de canarios han salido este sábado a la calle para alzar la voz contra la especulación, reclamar el derecho a la vivienda, arremeter contra la clase política y expresar su apoyo a la convocatoria de una huelga general.

En las dos capitales canarias se han celebrado las manifestaciones más multitudinarias: en Las Palmas de Gran Canaria se han congregado unas 8.000 personas según los convocantes; y en la de Santa Cruz de Tenerife, unas 10.000, cifran los organizadores.

También se han celebrado manifestaciones en Arrecife, con un centenar de participantes, y en Puerto del Rosario, con unas 70.

Javier Marrero, portavoz de Derecho al Techo, ha explicado que uno de los mensajes de esta manifestación va explícitamente dirigido al Gobierno de Canarias, que tiene “mucha responsabilidad” en la crisis de la vivienda porque también “tiene competencias”. “Empezando por la declaración de zonas tensionadas, con las que ”ecuperaríamos un montón de inmuebles, de viviendas que pasarían a ser residenciales“, y con la que ”se podría empezar a controlar el precio de los alquileres“.

A continuación mostramos una galería de la jornada.

El Consejo Político Nacional (CPN) de Coalición Canaria ha proclamado este sábado por unanimidad a Fernando Clavijo como candidato de la formación nacionalista a la Presidencia de Canarias en las elecciones autonómicas de mayo de 2027.

Tras recibir el respaldo de la organización, Clavijo ha apelado a afrontar los próximos meses desde “la unidad, el compromiso y la defensa de Canarias por encima de cualquier sigla e independientemente del escenario político que se abra en el Estado”.

“Por encima de nuestras siglas está Canarias, estemos donde estemos. Lo demostramos desde la oposición y lo estamos demostrando ahora desde el Gobierno”, ha afirmado el candidato nacionalista.

Clavijo ha reivindicado también “la fortaleza” de un proyecto que, según ha defendido, se construye “de abajo hacia arriba”, desde los barrios, los municipios y las islas. “El secreto de CC es que hay un equipo de hombres y mujeres que antepone los intereses de su isla y de Canarias a los suyos”, ha señalado.

Política estatal

Ante la incertidumbre política en el ámbito estatal, Clavijo ha asegurado que Coalición Canaria mantendrá sus prioridades al margen de lo que ocurra en Madrid. “Si hay elecciones anticipadas, que vengan. Mientras otros se pelean, nosotros hablamos de Canarias. A nosotros nos duele y sentimos Canarias”, ha afirmado.

El candidato ha reivindicado la denominada “política útil” de su formación para negociar con el Estado y obtener, según ha señalado, resultados para las islas. Entre los asuntos en los que ha puesto el foco se encuentran la gestión migratoria, el denominado ‘Decreto Canarias’, la financiación autonómica y la posición mantenida esta semana por CC ante los decretos estatales en materia de vivienda.

Clavijo ha situado además entre los principales retos para los próximos años la vivienda, el reto demográfico, la negociación del próximo marco financiero europeo, el desarrollo del ‘Decreto Canarias’ y la revisión del modelo de desarrollo de las islas.

La reivindicación de la “política útil” llega, no obstante, con algunos de los compromisos asumidos por CC y PP al comienzo de la legislatura todavía pendientes. Uno de los más claros es la rebaja del IGIC general del 7% al 5%, una de las principales promesas electorales de ambas formaciones en 2023. Tres años después, Clavijo ha descartado llevarla a cabo en esta legislatura al argumentar que supondría una pérdida de ingresos y obligaría a realizar recortes.

También la vivienda, que el candidato vuelve a situar entre las prioridades de cara a 2027, sigue siendo una de las principales asignaturas pendientes de su Ejecutivo. En agosto de 2026, el propio Gobierno de Canarias afrontaba el último año de legislatura señalando la vivienda como uno de sus principales retos, mientras el Instituto Canario de la Vivienda había ejecutado solo el 12% de su presupuesto durante la primera mitad del año.

En este ámbito, además, el Gobierno de Clavijo ha defendido el aumento de la construcción como respuesta a la emergencia habitacional, mientras que colectivos sociales y partidos de la oposición le han reclamado medidas como la declaración de zonas tensionadas, prevista en la Ley estatal de Vivienda y que el Ejecutivo canario no ha aplicado. Clavijo mantiene que esta herramienta no resolvería el problema.

“Vamos a afrontarlos como siempre: con honestidad, unidad, transparencia y compromiso. No desde el miedo, sino desde nuestras convicciones y defendiendo nuestra identidad y nuestra canariedad”, ha asegurado.

El candidato de CC ha llamado asimismo a afrontar los próximos meses con “unidad, trabajo” y “los pies en la calle”, y ha insistido en que la formación mantendrá una agenda propia al margen de la situación política estatal.

“Pase lo que pase en Madrid, sabemos lo que tenemos que hacer. No nos van a doblegar ni unos ni otros, porque quienes nos mandan no son los de fuera, son nuestros vecinos, los canarios y las canarias”, ha concluido.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha calificado de “auténtico disparate” el segundo decreto impulsado por el Gobierno de España para establecer la prórroga automática de determinados contratos de alquiler y ha defendido el voto en contra de Coalición Canaria (CC), al considerar que la medida podía provocar el efecto contrario al buscado y reducir la oferta de viviendas en alquiler.

Clavijo se pronunció en estos términos este sábado, después de ser designado oficialmente candidato de Coalición Canaria a la Presidencia del Gobierno autonómico durante la reunión del Consejo Político Nacional del partido.

El presidente canario ha diferenciado entre este segundo decreto y el primero aprobado por el Ejecutivo estatal. Según ha explicado, Coalición Canaria sí respaldó inicialmente las medidas porque, a su juicio, ofrecían garantías a los pequeños propietarios y protección a los inquilinos en situación de vulnerabilidad.

Sin embargo, ha cuestionado las medidas relacionadas con las renovaciones tácitas y las indemnizaciones previstas en el segundo decreto. “Nos parecía un auténtico disparate que iba a conseguir el efecto contrario, y es que saliese vivienda del mercado de alquiler”, ha afirmado.

Clavijo reclama más vivienda para hacer frente al problema del alquiler

El presidente de Canarias ha lamentado además el clima de enfrentamiento en torno al acceso a la vivienda y ha criticado que, después de ocho años, el Gobierno de España no haya logrado, según su valoración, un mayor acuerdo con las distintas fuerzas políticas para abordar el problema.

“Tras ocho años, el Gobierno de España podía haber negociado y trabajado conjuntamente”, ha señalado.

Clavijo ha situado la falta de vivienda como uno de los principales problemas que afectan actualmente a España y ha asegurado que serían necesarias más de 800.000 viviendas para facilitar el acceso de la población al mercado residencial.

Sus declaraciones se producen en un contexto de fuerte debate político y social sobre el precio de los alquileres, la escasez de vivienda disponible y las medidas que deben adoptar las distintas administraciones para ampliar la oferta residencial.

El Gobierno canario defiende sus medidas en vivienda

Preguntado por las críticas de colectivos sociales y de los manifestantes que cuestionan la gestión del Ejecutivo autonómico en materia de vivienda, Clavijo ha defendido las medidas adoptadas por el Gobierno de Canarias durante la actual legislatura.

Entre ellas, ha citado iniciativas destinadas a agilizar la transformación jurídica del suelo, acelerar la tramitación de las licencias urbanísticas y facilitar la construcción de nuevas viviendas mediante la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC).

También ha destacado la actualización de los módulos de construcción con el objetivo de incentivar al sector privado a promover vivienda asequible.

Según ha afirmado el presidente canario, actualmente se encuentran en construcción más de 4.000 viviendas públicas en las islas.

Clavijo también ha asegurado que Canarias ha pasado de construir “menos de 1.000 viviendas al año” en 2023 a prever más de 6.000 viviendas en ejecución en 2026, sumando promoción pública y privada.

“No vamos a prometer varitas mágicas”

El presidente de Canarias ha reconocido, no obstante, que resolver el problema de la vivienda llevará tiempo y ha descartado comprometerse con soluciones inmediatas.

“No vamos a prometer varitas mágicas, a la gente no la vamos a engañar, no le vamos a decir que en seis meses o en un año vamos a hacer 800.000 viviendas”, ha afirmado.

Clavijo ha admitido que se trata de un problema “complicado”, aunque ha defendido que el Ejecutivo autonómico está destinando recursos y aplicando, dentro de sus competencias, las medidas que considera posibles.

“Hemos puesto absolutamente en práctica todo lo que está en nuestras manos y lo que el ordenamiento jurídico nos permite”, ha concluido Clavijo.

Por el momento, los propios datos oficiales del Gobierno de Canarias muestran que las cifras anunciadas por el Ejecutivo incluyen viviendas que todavía no están terminadas. Según el visor de vivienda pública presentado por el Gobierno autonómico en junio de 2026, el parque contabilizado alcanzaba las 4.033 viviendas, pero esa cifra sumaba viviendas finalizadas, en construcción y planificadas. En concreto, 1.966 estaban en ejecución y otras 1.819 permanecían planificadas, mientras que el resto correspondía a promociones ya finalizadas.

El contraste también afecta al cumplimiento de los planes anteriores. El Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025 contemplaba la creación de 5.971 nuevas viviendas, con una inversión prevista superior a 664 millones de euros. El propio Ejecutivo canario mantenía en junio de 2026 que la evaluación definitiva de ese plan todavía se encontraba en elaboración.

La diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, ha pedido este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que disuelva las Cortes y convoque elecciones si el pleno de la Cámara tumba el decreto ley de Vivienda que incluye, entre otras medidas, la prohibición de los desahucios hasta 2030.

“Que las urnas decidan qué es lo que quieren, no podemos seguir aquí sin ser capaces de llegar a acuerdos de mínimos en las cosas que más preocupan a la gente en su día a día”, ha aseverado Valido a su llegada al Congreso, donde se va a debatir y votar la convalidación de los dos decretos de Vivienda aprobados el martes por el Consejo de Ministros.

Coalición Canaria adelantó este jueves que votará a favor del decreto que incluye la prohibición de los desahucios pese a considerarlo “muy mejorable” y rechazará el segundo, que contempla la prórroga automática de los contratos de alquiler, y que tacha de “disparate”.

El primero tiene visos de ser derogado con los votos de PP, Vox, Junts y Unión del Pueblo Navarro. Para Valido, si la Cámara no es capaz de convalidar ese decreto “de mínimos”, “no tiene sentido alargar más esta legislatura”.

La Ejecutiva de CC decidió el sentido de su voto en una reunión celebrada la tarde de este jueves en Arrecife, Lanzarote. Con esta decisión, el partido liderado por Fernando Clavijo adopta la misma posición que el Partido Nacionalista Vasco (PNV).

Según CC, su voto favorable al primer decreto no supone un cheque en blanco. “Hay muchas cuestiones con las que no estamos de acuerdo y tiene mucho que mejorar”, explicó el secretario nacional de Organización de CC, David Toledo.

CC aprovechará su tramitación como proyecto de ley para plantear cambios que reconozcan las singularidades de Canarias, aumenten la oferta de vivienda y reduzcan la carga burocrática. Entre ellos, defenderá que el silencio administrativo sea positivo cuando transcurran seis meses sin resolución de las licencias de obra.

La única diputada de Coalición Canaria (CC) en el Congreso, Cristina Valido, votará este viernes a favor de la convalidación de decreto ley que fija límites al desahucio de personas en situación vulnerable, entre otras medidas, mientras que rechazará el referido a la renovación automática de los alquileres.

Así lo ha decidido la Ejecutiva de CC en una reunión celebrada la tarde de este jueves en Arrecife. Con esta decisión, el partido liderado por Fernando Clavijo adopta la misma posición que el Partido Nacionalista Vasco (PNV).

Sin los cinco votos del PNV, el Gobierno se queda sin los apoyos necesarios para convalidar el texto incluso aunque Junts finalmente votara a favor, algo que la formación independentista catalana decidirá en una reunión esta misma noche. El 'no' de los nacionalistas vascos y de CC se suma así al rechazo inamovible de las derechas estatales de PP y Vox.

CC apoyará el primer texto pese a considerar “que es insuficiente y necesita cambios”. Según afirman en un comunicado, los nacionalistas canarios han logrado el compromiso de incorporar a ese primer decreto que “se tramite la posibilidad de limitar la compra de vivienda por no residentes” en las Islas .

El secretario nacional de Organización de CC, David Toledo, criticó la forma de actuar del Gobierno del Estado. “Después de ocho años no se puede pretender resolver un problema de esta magnitud con dos decretos, deprisa y corriendo, y dando 48 horas a los grupos para analizarlos. No se puede seguir gobernando a golpe de improvisación”, afirmó.

Toledo insistió en “el modo canario de hacer política frente a la dinámica de bloques. ”No estamos para elegir un bando. Estamos para dialogar, alcanzar acuerdos y conseguir soluciones que mejoren la vida de la gente“, señaló.

Un “sí crítico” al primer decreto

CC señala que su voto favorable al primer decreto no supone un cheque en blanco. “Hay muchas cuestiones con las que no estamos de acuerdo y tiene mucho que mejorar”, aseguró Toledo.

CC dice que aprovechará su tramitación como proyecto de ley para plantear cambios que reconozcan las singularidades de Canarias, aumenten la oferta de vivienda y reduzcan la carga burocrática. Entre ellos, defenderá que el silencio administrativo sea positivo cuando transcurran seis meses sin resolución de las licencias de obra.

“El problema de la vivienda no se resuelve si no conseguimos que haya más casas en el mercado”, sostuvo Toledo, que reclamó también mayores garantías jurídicas para propietarios e inquilinos y medidas que permitan que las personas vulnerables dejen de serlo.

Toledo defendió que Canarias necesita instrumentos propios ante una presión demográfica, turística y residencial que “no es comparable a la de otros territorios”. “La limitación de la compra de vivienda por no residentes es una medida fundamental para Canarias”, afirmó.

El dirigente nacionalista incidió en que el objetivo es proteger el acceso a la vivienda de quienes viven en las islas frente a la adquisición de inmuebles que permanecen vacíos durante buena parte del año. “No podemos permitir que se especule con la vivienda en Canarias

mientras nuestra gente tiene dificultades para encontrar dónde vivir“, señaló.

Toledo recordó que CC lleva tiempo defendiendo esta medida. “Cuando la pusimos sobre la mesa algunos dijeron que eran ocurrencias políticas. Hoy hemos conseguido abrir la vía para que pueda convertirse en una realidad”.

“No rotundo” al segundo decreto

En cuanto al segundo decreto, CC votará en contra porque considera que “genera inseguridad jurídica, desprotege al pequeño propietario y puede provocar la retirada de viviendas del mercado del alquiler”.

“Somos radicalmente contrarios a este decreto. Es un auténtico disparate”, afirmó Toledo.

El número dos de los nacionalistas canarios cuestionó especialmente las.compensaciones económicas previstas en determinados supuestos de no renovación de los contratos y advirtió de sus posibles consecuencias sobre un mercado “que ya tiene un grave problema de falta de oferta”.

“El efecto práctico puede ser que se retiren cientos o miles de casas del mercado en Canarias cuando ya estamos viviendo una auténtica emergencia habitacional”, señaló.

Toledo recordó que alrededor de nueve de cada diez alquileres residenciales están, según los datos manejados por CC, en manos de pequeños propietarios y defendió que las políticas públicas deben ofrecer garantías a ambas partes.

“Tenemos que proteger a todas las personas de esta tierra, a los inquilinos y también a los pequeños propietarios. Necesitamos más vivienda, más seguridad jurídica y más oferta, no medidas que provoquen que haya todavía menos casas disponibles en el mercado”, concluyó.

Coalición Canaria aún no sabe qué votará sobre los decretos de vivienda que pretende aprobar este viernes el Gobierno central hasta que lo decida la Ejecutiva el partido esta tarde-noche.

La diputada Cristina Valido espera a lo que decida su partido, mientras que el líder de la formación y presidente de Canarias, Fernando Clavijo cuestionó este miércoles ambos decretos y no garantizó su apoyo.

“Entendemos que hemos tenido mucho tiempo y hemos hablado mucho sobre vivienda como para ahora legislar deprisa y corriendo, en el último minuto”, dijo Clavijo este miércoles al finalizar  una visita a Irlanda.

El presidente de Canarias explicó en declaraciones recogidas por EFE que su partido recibió del Ministerio de Vivienda un documento que ni siquiera era el texto definitivo y formuló varias propuestas que, según él, no aparecen reflejadas en el documento.

“Pedíamos, por ejemplo, que, pasados seis meses, el silencio administrativo es positivo cuando quieras construir una vivienda y no te conteste el ayuntamiento. Los ayuntamientos en España superan los dos años y medio para dar una licencia, pero esa (medida) permitiría agilizarlo”, dijo.

“También nos preocupa el hecho de que hay dos decretos (...) y, evidentemente, el que se ha publicado, el segundo, no estamos en disposición de apoyarlo, pero el partido se reunirá y tomaremos una decisión cuando podamos analizarlo en profundidad”.

Los ojos están puestos ahora en Junts y Coalición Canaria después de que Podemos anunciara su voto a favor sumándose así a PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, el BNG y Compromís. El PNV ha señalado que apoyará el primero de los decretos de vivienda del Gobierno, el más amplio, que incluye medidas antideshaucios y las prórrogas de dos años de los alquileres cuya vigencia finalice en 2028. No obstante, tumbará el segundo.