El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), ha afirmado este martes que el archipiélago va “francamente mejor” que el que dejó el Pacto de las Flores (presidido por el PSOE en la pasada legislatura) mientras que el portavoz del Grupo Socialista, Sebastián Franquis, le ha reprochado que “ha vendido mucho y ha hecho muy poquito”.

En la sesión de control del pleno del Parlamento ha comentado que su Ejecutivo recibió “la peor” gestión de la historia de una comunidad autónoma (obviando que fue una legislatura marcada por la pandemia de COVID y el erupción en La Palma) y ahora el paro se ha rebajado a unas 141.000 personas, la lista de espera quirúrgica ha bajado un 11% y la espera por la dependencia ha pasado de 800 a 350 días.

No obstante, ha reconocido que “a las familias no les va mejor” y por ello, ha dicho, se ha deflactado el tramo autonómico del IRPF. Sin embargo, Clavijo ha justificado el que no se haya cumplido la promesa electoral de bajar el IGIC del 7 al 5% culpando al Gobierno central, del que ha dicho que no ha “hecho su tarea” con la planificación presupuestaria.

Ha insistido en que Canarias “tiene retos por delante muy complejos” y por ello ha pedido apoyo a los socialistas canarios y que “en vez de criticar desde la barra” colaboren y se pongan “a trabajar” por las islas.

Franquis ha respondido que el Gobierno canario ha “desaprovechado” una “oportunidad histórica” para mejorar el desarrollo económico y social de Canarias pues ha disfrutado de más recursos económicos que “nunca” gracias a los fondos europeos “extraordinarios” (Canarias tendrá que devolver unos 200 millones a la UE por no haberlos utilizado dentro del plazo previsto) y un “récord” de recaudación vía impuestos.

Sin embargo, en lugar de “cambiar las cosas”, lo que ha ocurrido es que han pasado tres años y el Gobierno canario ha dejado “3.400 millones de euros de los Presupuestos sin ejecutar”, más de 35.000 viviendas han salido del mercado residencial por la gestión y la “prepotencia” del Gobierno con el alquiler vacacional y hay 162 días de espera para una consulta con un especialista, “el peor” dato de toda España.

En esa línea ha criticado los “incumplimientos” y las “promesas” del Gobierno regional, especialmente la bajada del tipo general del IGIC “y con todos los ingresos que tienen”.

Domínguez defiende el balance económico y el PSOE le acusa de gobernar para una minoría

En su turno de palabra, el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez (PP), también ha defendido los resultados económicos y sociales del Ejecutivo autonómico tras tres años de legislatura, mientras que la diputada socialista Nira Fierro le ha acusado de gobernar “para una minoría” y de olvidarse de “la inmensa mayoría de los canarios y canarias”, además de recordarle que la bonanza económica en España se debe a la reforma laboral impulsada por el Gobierno central.

Fierro, al igual que Franquis, ha reprochado al Ejecutivo canario que no haya aprovechado los años de crecimiento económico y generación de empleo para mejorar la redistribución de la riqueza en las Islas y dar respuesta a problemas como el acceso a la vivienda, el coste de la cesta de la compra o las dificultades en la sanidad.

La diputada socialista ha defendido la implantación de una tasa turística, una moratoria al alquiler vacacional, la creación de un registro de grandes tenedores y medidas para limitar los precios de los alquileres.

También ha criticado la política de vivienda del Ejecutivo canario, basada en construir más y más rápido, y ha sostenido que la vivienda asequible incentivada pueda pasar al mercado privado después de solo siete años, algo que ha calificado de “especulación”.

Fierro se ha referido asimismo a la situación del Hospital Universitario de Canarias (HUC) y ha asegurado que “la Canarias de la calle sufre” por las políticas del Ejecutivo.

“Ustedes llevan tres años gobernando para una minoría, olvidándose de la inmensa mayoría de los canarios y canarias”, ha afirmado la diputada socialista.

Domínguez ha rechazado las críticas y ha acusado a Fierro de “faltar a la verdad” respecto a las medidas en materia de vivienda, un asunto que, ha señalado, será objeto de debate en el Parlamento.

El vicepresidente ha atribuido además la falta de vivienda en Canarias a la legislación estatal, que, según él, favorece la ocupación y provoca que viviendas que podrían destinarse al alquiler salgan del mercado. Cabe recordar que el propio consejero de Vivienda, Pablo Rodríguez, reconoció el año pasado que los datos oficiales de ocupación no se corresponden con la “excesiva alarma” que a su juicio generan algunos “medios o partidos políticos”. De hecho, en Canarias, los desahucios triplican el número de ocupaciones de viviendas.

Domínguez ha insistido en que “la falta de vivienda en Canarias es por la ley estatal, que favorece a los ocupa, que ayuda a la gente ocupa y que expulsa a la vivienda del mercado”, obviando que el Gobierno del que forma parte se ha negado a aplicar dicha ley en las Islas, especialmente la declaración de zonas tensionadas para lograr bajar el precio de los alquileres.

En cuanto al balance de la legislatura, el vicepresidente ha destacado que el producto interior bruto (PIB) de Canarias crece por encima de la media nacional y ha defendido la evolución del mercado laboral, eso sí, sin mencionar la reforma laboral del Gobierno central.

Domínguez ha asegurado que Canarias registra cifras récord de afiliación a la Seguridad Social y también ha resaltado la evolución del número de autónomos, que ha cifrado en 147.975.

Fierro le ha replicado que la mejora del empleo se debe a la reforma laboral aprobada por el Gobierno de España y ha acusado al Ejecutivo canario de vivir en “un mundo de fantasía”.

En materia educativa, Domínguez ha destacado el incremento de las plazas para el primer ciclo de educación infantil, que, según ha indicado, han pasado de unas 500 cuando el actual Ejecutivo llegó al Gobierno a unas 4.000 en la actualidad, así como la gratuidad de los libros de texto. No ha mencionado que esas plazas se dejaron previstas por el anterior Gobierno.

Asimismo, el vicepresidente ha defendido estas actuaciones como medidas de política social destinadas a ayudar a las familias a afrontar situaciones de dificultad y los efectos de la inflación.

Domínguez ha cerrado su intervención afirmando que “cuando uno se dedica a gobernar y no a robar, puede hacer grandes cosas financieramente”. Sobre los 3.000 millones sin ejecutar no ha ofrecido ninguna explicación.

Se acabó la espera. Llegan las elecciones. Las tan ansiadas elecciones. Serán en 2027, se cumplan o no los anuncios y los renuncios de Pedro Sánchez, sencillamente porque tocan ese año. La discusión de precisión se centra ahora casi exclusivamente en saber en qué mes concreto del primer cuatrimestre se celebrarán las generales porque el presidente del Gobierno ha descartado el super domingo electoral: las adelantará a las autonómicas (donde toque, como Canarias) y a las locales (en toda España) el 23 de mayo.

En los partidos políticos, naturalmente, no se habla de otra cosa. Las encuestas y sus trackings son la herramienta habitual de cada semana para el diagnóstico y las acciones correspondientes, y el frenesí ya se ha apoderado de la actividad pública de casi todos esos partidos.

Esta semana, sin ir más lejos, ha estado en Canarias Alberto Núñez Feijóo con su habitual gracejo para presentar a sus candidatos a las dos capitales provinciales: Poli Suárez para Las Palmas de Gran Canaria, y Carmen Pérez, para Santa Cruz de Tenerife. En ambos casos se pronunciaron las soflamas de rigor, esas que se elaboran en los laboratorios de ideas de los grandes partidos y que no siempre tienen el éxito perseguido.

Por ejemplo, Carmen Pérez, actual concejala de Empleo, Comercio y Turismo, ha proclamado en las redes sociales lo siguiente: “Alberto Núñez Feijóo me ha designado candidata a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife para liderar el cambio en nuestra ciudad”. Independientemente de lo democrático y participativo del proceso de elección de la candidata, llama mucho la atención que su primer mensaje sea que va a promover “un cambio” en la capital tinerfeña, donde el PP gobierna con Coalición Canaria, ahora y cada vez que ha sido necesario, es decir, siempre. No deja en buen lugar a quien hasta ahora era y sigue siendo la cabeza visible del partido en esa ciudad, Carlos Tarife, primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, que nunca fue el lápiz más afilado del estuche, es verdad, y que empezó a cubrirse de gloria el día que posó con un consolador tamaño king-size entre las manos haciéndose el moderno ¡en un sex shop!

Lo mandan, a Tarife, al Parlamento de Canarias, dicen que para ejercer de portavoz, lo cual va a mejorar notablemente la calidad de los debates en la cámara autonómica canaria.

Para Las Palmas de Gran Canaria, “el presidente Feijóo”, como gusta a la muchachada pepera llamar al líder del partido, ha designado al secretario general del PP en Canarias y actual consejero de Educación del Gobierno regional, Poli Suárez. O Poli Díaz (el Potro de Vallecas), como lo llamó “el presidente Feijóo” en Televisión Canaria provocando una vez más el revuelo y el relajo en las redes sociales, siempre dispuestas a amplificar sus cada vez más frecuentes patinazos. El eslogan elegido para la ocasión en Las Palmas de Gran Canaria ha sido “Recuperar la ilusión”, que se puede traducir como que después de dos mandatos en la oposición, ya va siendo hora, ¿no?

Mientras que la de Carmen Pérez es una candidatura de circunstancias, condicionada siempre a los resultados que obtenga Coalición Canaria y que ambas fuerzas puedan volver a sumar sin Vox, la de Poli Suárez, el Potro de Moya, es una apuesta fuerte por una plaza que el PP quiere recuperar a toda costa para tratar de reeditar aquellos años de las mayorías absolutas de José Manuel Soria pero con otro talante, porque Poli Suárez es otra cosa bien distinta.

Tentaron a Evaristo Quintana

Sin embargo, la mecha por la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria no la encendió ninguno de los grandes partidos con opciones de ocuparla, el PSOE o el PP, sino Coalición Canaria a través de su filial en la isla, Primero Canarias (Prica), que tuvo la habilidad de presentar antes que nadie a Marcial Morales como candidato. Un golpe político de mucho efecto y mucho nivel que allana las posibles reticencias y rivalidades dentro de CC porque, al fin y al cabo, el que fuera presidente del Cabildo de Fuerteventura y alcalde de Puerto del Rosario, además de consejero de Políticas Sociales del Gobierno canario, lo fue siempre por el partido de Clavijo. Nadie ha rechistado por tanto dentro de esas filas, donde perdió de repente toda opción la polémica presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, que habrá de disputar ahora el segundo o el cuarto puesto, los que le corresponden a CC, con María Fernández, directora general de Transportes.

Pero Morales no fue la primera opción de Primero Canarias, cuyos dirigentes barajaron varias opciones antes de proponerlo como candidato a la alcaldía. Teodoro Sosa, su presidente, tenía en mente otro perfil más mediático y popular, el periodista de la cadena Ser Evaristo Quintana, que ha admitido a este periódico que llegó a recibir esa oferta, aunque ahora le resta importancia. Pero lo cierto es que Sosa llegó a proponerlo ante los empresarios que están patrocinando su movimiento de respaldo a Fernando Clavijo.

Pero la jugada maestra de Marcial Morales se convirtió de repente en innegociable y las dos organizaciones están cerrando filas para intentar que Coalición Canaria recupere algo de oxígeno en un ayuntamiento que se le ha negado siempre, incluso en los momentos más prósperos de José Carlos Mauricio, que estuvo a punto de ser alcalde a principios de siglo a través de un pacto de time sharing en el que se incluía el PP, que lo traicionó en el último minuto. Fue de tal calibre el toletazo que en las siguientes elecciones ni siquiera salió él elegido, y eso que iba de cabeza de lista.

Los empresarios que siguen de cerca el proceso de formación de listas de los distintos partidos políticos con opción de gobierno han saludado con mucha satisfacción los movimientos escenificados hasta ahora. Que el PP y Coalición Canaria se fortalezcan en Las Palmas de Gran Canaria con dos candidatos menos planos que los anteriores se puede traducir también en lo que más les importa, que es el Gobierno de Canarias, sobre el que se ciernen muchas incertidumbres cara a este 2027.

Esos empresarios, que podemos localizar en sectores tan destacados como el portuario y el de la automoción, están respaldando todas estas operaciones abiertamente. Saben de lo agradecido que es Fernando Clavijo cuando se le apoya y que siempre le dan lo que le piden. Ya lo comprobaron cuando en 2015 colocó a dos consejeros impuestos por ellos sin ni siquiera conocerlos de antemano. Y quieren repetir la jugada en todas las administraciones posibles, pero fundamentalmente la autonómica.

Como inspirador de una parte de ese empresariado, muy vinculado al sector de la automoción por la vía de su pertenencia al consejo de administración de Domingo Alonso Group, es José Manuel Soria, que aunque no se trata con otros empresarios impulsores de la operación, necesita buena sintonía con el poder para que todos sus negocios, vehiculizados a través de su empresa de asesoramiento, puedan prosperar adecuadamente.

Las encuestas y los últimos acontecimientos los tienen alarmados porque saben que la actual suma de CC-PP-Agrupación Socialista Gomera podría no alcanzar los 36 diputados necesarios para gobernar. Y no solo porque Casimiro Curbelo haya enseñado ya sus colmillos y sus capacidades para pasarse al adversario si no se le hace caso. Sino porque el crecimiento que presenta Vox en esas encuestas se produce a costa de la caída del PP y de Coalición Canaria, lo que podría obligar a tener que contar con la ultraderecha para mantener a Clavijo en la presidencia.

Una fatalidad que, para estos empresarios y esos partidos, no es de índole ideológica, ni mucho menos, sino porque una aceptación de CC a incluir en el Gobierno a un partido antinacionalista sería el principio de su fin. Poca gente lo entendería, y mucho menos la filial grancanaria, que lleva a gala su condición izquierdista para intentar captar los votos de Nueva Canarias, partido del que se escindió.

Mientras, el PSOE sigue muy bien posicionado. La última encuesta de Perfiles, conocida la semana pasada, arroja datos muy significativos: el 37% de las personas encuestadas dice que el Pacto de las Flores fue un gobierno mejor que el actual, frente al 18% que sostiene lo contrario, que el de Clavijo es mejor. Al resto, ya se sabe, los dos les parecen igual de buenos que igual de malos.

Pero la reedición de un pacto de las flores tampoco cuenta ahora mismo, siempre según las encuestas, con los números necesarios. El PSOE volvería a ganar las elecciones con Ángel Víctor Torres a la cabeza, candidato que sigue siendo el más valorado. Pero todo está pendiente de que se pueda componer un frente popular a su izquierda y que la movilización lo haga posible. El actual escenario nacional parece que anima a los promotores de la iniciativa porque la sensación de golpismo judicial y el miedo que empieza a levantarse alrededor de la ultraderecha, que vuelve a enseñar la patita en los gobiernos autonómicos del PP, puede servir de revulsivo.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, de Coalición Canaria (CC), ha insistido en su defensa al monumento a Franco, si bien asegura que va a acatar la ley “como está escrita, no como la interpreta el ministerio”. En este sentido, el regidor acusa al Gobierno de España de actuar con motivaciones ideológicas y a falta de “rigor jurídico”, incluso llega a cuestionar por qué el expresidente canario Ángel Víctor Torres no actuó antes, cuando dirigió el Gobierno autonómico.

Bermúdez se ha pronunciado así en Televisión Canaria este pasado jueves, donde si bien reconoce que puede considerarse un vestigio franquista por su origen y significado, por otro lado señala que el debate está en su valor artístico. Sin embargo, es aquí cuando el alcalde cae en una contradicción, pues resulta difícil reconocer que el monumento es un símbolo del franquismo, por lo que de acuerdo con la Ley de Memoria Democrática debe ser retirado, y al mismo tiempo, busca fórmulas para mantenerlo en pie.

El alcalde, para abrir debate, dice que hay dos puntos clave; por un lado está que los vestigios franquista deben estar catalogados oficialmente como tales; y por otro, que si tienen valor artístico o patrimonial protegido, pueden mantenerse o resignificarse.

Bermúdez centra así el debate en el supuesto valor artístico como argumento para evitar su retirada, pues subraya que “hay informes que dicen que lo tiene y otros que no lo tiene”, por los que considera que eliminar la escultura sin un proceso adecuado podría incluso incurrir en una “ilegalidad”. No obstante, el alcalde se acoge a un argumento que choca con la ley que busca eliminar símbolos de exaltación de la dictadura franquista.

En este contexto, el Cabildo de Tenerife abrió el pasado año la instrucción para que fuera declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en cumplimiento de una sentencia ante la cruzada de la asociación San Miguel de Arcángel que pretende proteger el monumento de Juan de Ávalos, y que, como defienden los expertos y expertas en el Catálogo de Vestigios de Canarias, así como se manifestó en la inauguración de la escultura en 1966: representa la partida “del generalísimo Franco cuando capitán general de Canarias salió de aquí y para acaudillar el monumento nacional”.

Durante la fase de instrucción de la primera Corporación insular, se presentaron varios informes; dos desfavorables a declararlo BIC y otros dos que ensalzan su valor artístico, sin tener en cuenta que es una exaltación de la dictadura franquista.

En cualquier caso, José Manuel Bermúdez, en lugar de asumir una decisión política clara, parece apoyarse en procedimientos administrativos y dudas técnicas para dilatar el proceso que terminaría por retirar definitivamente la escultura de Juan de Ávalos.

Asimismo, pese a que sí existen informes del Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias que se oponen a declarar BIC el monumento a Franco de Tenerife, Bermúdez insiste en acusar al ministerio de convertir la retirada de la escultura en un debate político a un año de las elecciones.

Según el alcalde capitalino, el Gobierno de Canarias no ha notificado “oficialmente” al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en una comisión técnica si procede que sea declarado BIC.

Pues bien, este argumento ahora pierde peso tras las declaraciones este viernes de la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, que ha afirmado en comisión parlamentaria que el Gobierno de Canarias ya ha determinado que la escultura de Juan de Ávalos, conocida como el monumento a Franco, “no es Bien de Interés Cultural (BIC)” y que, por tanto, el Ejecutivo autonómico “no tiene nada más que decir”, correspondiendo ahora actuar a cada administración en el ámbito de sus competencias.

Así lo expresó Nieves Lady Barreto en comisión parlamentaria, según informa la Agencia EFE, después de que el pleno del Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias haya acordado recientemente rechazar la declaración como BIC, con categoría de Monumento.

En respuesta a una pregunta sobre los mecanismos de seguimiento y evaluación de las medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas de la represión franquista, la consejera ha señalado que la posición del Gobierno respecto a la escultura de Ávalos es clara.

“La escultura de Ávalos no tenemos que decir nada más. El Gobierno de Canarias ha dicho que no es BIC. No tenemos que decir nada más”, ha manifestado.

Ha añadido que, una vez fijado ese criterio, “cada uno, en el ámbito de sus competencias, tendrá que hacer lo que le corresponda”.

En cuanto al plazo de la retirada, seis meses, José Manuel Bermúdez acusa al ministerio de actuar “con prisas” y califica la resolución de “sesgada y precipitada” cuando, según el alcalde capitalino, “habría que redactar un proyecto técnico para poder hacerlo conforme a la ley” al tener que retirar, según manifiesta, “la fuente que se ve detrás y todos los elementos que lo rodean”.

Pese a las argumentaciones del alcalde santacrucero, asegura que actuará conforme a la ley, y reitera, “tal y como está escrita”, concluye Bermúdez su intervención la cadena autonómica.

El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles, con los votos de CC, PP y Vox, el dictamen de la comisión de investigación sobre el caso Mascarillas, que sitúa la responsabilidad política en el Ejecutivo regional (formado entonces por PSOE, NC, ASG y Sí Podemos), y en particular en su presidente, el actual ministro Ángel Víctor Torres.

CC, PP y Vox han rechazado el voto particular presentado por PSOE, NC y ASG (que en la actualidad forma parte del Gobierno regional junto a CC y PP), que consideran que el dictamen no se basa en datos objetivos ni en hechos, sino en suposiciones y relatos y en unas conclusiones construidas de antemano para convertir la tragedia de la pandemia en un ataque a Torres por su “fortaleza electoral”.

El debate se ha celebrado en un pleno semivacío por la ausencia de la oposición y la votación ha dividido a los grupos que apoyan al actual Gobierno de Canarias, ya que CC, PP y AHI han apoyado el dictamen, mientras que ASG, que formó parte del anterior Ejecutivo y también de este, se ha unido a PSOE y Nueva Canarias en un voto particular.

El informe concluye que la principal responsabilidad política recae en el Gobierno de Canarias y se proyecta “de manera especialmente intensa sobre Ángel Víctor Torres, así como sobre Antonio Olivera y los responsables del área de Sanidad”, según expuso en el pleno del Parlamento el presidente de la comisión parlamentaria de investigación, Raúl Acosta, de AHI.

La presidenta del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Nira Fierro, sostuvo que los grupos que promovieron la comisión registraron su solicitud en febrero de 2024 hablando ya del denominado “caso Torres”, lo que, a su juicio, demuestra que “ni la investigación, ni el estudio, ni el análisis fueron nunca su objetivo”: “Sus conclusiones estaban escritas desde el mismo momento en que registraron la solicitud”, afirmó.

La actuación de Torres, avalada por la justicia pero criticada por sus rivales políticos

La diputada socialista aseguró que los trabajos parlamentarios, con más de 70 comparecencias y un amplio volumen de documentación analizada, han desmontado el relato político construido por CC, PP y Vox.

En este sentido, recordó que tanto resoluciones judiciales como pronunciamientos del Tribunal de Cuentas avalan la actuación del anterior Ejecutivo y desmienten las acusaciones formuladas durante estos dos años.

Fierro criticó lo que calificó como una estrategia basada en “mentiras, bulos, embustes, fango y basura lingüística” para erosionar la imagen pública del expresidente Ángel Víctor Torres. “Han intentado permanentemente dañar la imagen de una persona honrada y limpia”, afirmó, defendiendo que el exjefe del Ejecutivo actuó siempre desde el interés general y recordando que las resoluciones judiciales conocidas hasta la fecha respaldan esa actuación.

La presidenta socialista contrapuso esa estrategia política con lo que definió como “hechos probados” sobre la gestión de la pandemia en Canarias. Entre ellos destacó que el Archipiélago fue uno de los territorios con menor mortalidad por COVID-19, la realización de cribados en las residencias de mayores, la rápida respuesta ante el primer brote detectado en Adeje (Tenerife), la creación de comités científicos para asesorar las decisiones del Gobierno, y la colaboración entre las administraciones y el sector privado para garantizar el suministro de material sanitario.

Asimismo, hizo hincapié en que ningún cargo del PSOE en Canarias está investigado por la contratación de material sanitario, que las adjudicaciones se realizaron conforme a la normativa de emergencia vigente durante la pandemia y que el propio presidente de la Audiencia de Cuentas llegó a afirmar que los contratos eran “administrativamente impecables”.

Acusaciones sin pruebas y basadas en bulos

Además, Fierro rechazó también algunas de las principales conclusiones recogidas en el dictamen de la comisión, calificándolas de “falsedades intencionadas”, y negó que Canarias fuera el epicentro de la corrupción en la compra de material sanitario, recordando que de los cerca de 1.300 expedientes de contratación solo dos han sido objeto de investigación parlamentaria.

Asimismo, sostuvo que no existe prueba alguna de que Ángel Víctor Torres interviniera en la adjudicación de contratos o favoreciera a empresa alguna.

La presidenta del Grupo Socialista también trasladó un mensaje de agradecimiento a la ciudadanía canaria por el comportamiento demostrado durante la pandemia y reivindicó el trabajo realizado por el Gobierno del Pacto de las Flores para proteger la salud pública, el empleo y el Estado del bienestar en uno de los momentos más difíciles vividos por las islas, así como el rigor con lo que se actuó en un contexto fuera de la normalidad administrativa y donde salvar vidas era lo más urgente.

Fierro concluyó con un llamamiento a la responsabilidad política y a la defensa de la verdad frente a la confrontación partidista. También dirigió unas palabras a quienes integraron el anterior Ejecutivo autonómico y, de forma especial, al expresidente Ángel Víctor Torres, defendiendo que, pese a la “campaña de descrédito” sufrida durante los últimos años, la actuación del Gobierno socialista durante la emergencia sanitaria ha quedado respaldada tanto por la documentación analizada como por las resoluciones judiciales conocidas.

El pleno del Parlamento de Canarias debate este miércoles los dictámenes de la Ley Canaria de la Ciencia y de la Ley de Municipios Turísticos, entre otros asuntos.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), ha asegurado en el pleno del Parlamento que si alguien va al médico de cabecera sin cita en la sanidad pública es atendido, después de que el portavoz de Nueva Canarias, Luis Campos, denunciara que una cita tarda hasta más de diez días. “Si usted va mañana a su médico de cabecera sin pedir cita lo atienden el mismo día, porque a mí y a familiares míos nos ha ocurrido”, ha replicado el líder del Ejecutivo canario, y ha enfatizado: “Usted solo tiene que ir hoy al centro de salud si tiene cualquier problema y le aseguro que lo van a atender. Y, si no, vamos los dos juntos. Yo voy con usted”.

Clavijo, quien se ha declarado “usuario de la sanidad pública”, ha explicado que si en la atención primaria se da cita para otro día es porque los centros tienen que organizarse y hacer “un esfuerzo importante para reconfirmar aquellas citas a las que luego el paciente no acude”.

Según el presidente regional, “es evidente que la sanidad está mucho mejor” que como la dejó el anterior Gobierno de Canarias en 2023.

El portavoz de Nueva Canarias, Luis Campos, denunció, por el contrario, “el progresivo deterioro del sistema sanitario público”, y se refirió a las protestas laborales, la saturación en urgencias y los retrasos en la atención primaria.

Campos reclamó a Clavijo que escuche las reivindicaciones de los profesionales del Servicio Canario de la Salud y ha calificado de “cínica” y “vergonzosa” la propuesta de la Consejería de Sanidad a los médicos en huelga para solucionar las sustituciones de las bajas y las vacaciones.

También ha denunciado Campos la situación de los técnicos de transporte sanitario en huelga o la situación del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, cuya falta de captación de sangre ha provocado la suspensión de pruebas quirúrgicas.

El portavoz de NC ha lamentado además el “colapso estructural” de los servicios de urgencias en los grandes hospitales, donde se acumulan durante días enfermos en camillas, ha denunciado.

El presidente de Canarias ha insistido en que la sanidad está mucho mejor y ha sostenido que las listas de espera, las intervenciones quirúrgicas y las consultas han mejorado sustancialmente.

Respecto a las movilizaciones del personal sanitario, ha calificado las reivindicaciones de “legítimas” y “razonables”, pero ha matizado que la base del conflicto no se circunscribe a Canarias, sino que depende directamente del Ejecutivo central, que ha respondido con “arrogancia y prepotencia”.

En el ámbito autonómico, la Consejería de Sanidad negocia distintas propuestas para incorporar más recursos y aplicar cambios organizativos en la red, como la instauración de turnos de mañana y tarde, ha señalado.

En todo caso, ha advertido de que el Gobierno de Canarias no permitirá en ningún caso que se resienta la atención a los pacientes durante este proceso de reorganización asistencial.

Críticas a la consejera de Sanidad

El diputado socialista Miguel Ángel Pérez del Pino ha afirmado este martes que a la consejera de Sanidad, Esther Monzón, no le preocupa el sufrimiento de los pacientes canarios, gobierna de espaldas a la Cámara y es indiferente a las reivindicaciones del personal de las ambulancias.

Miguel Ángel Pérez del Pino, que ha cuestionado a la consejera por su falta de interlocución ante las demandas del personal del transporte sanitario, ha aseverado que las respuestas de Monzón acerca de este conflicto son tan “vergonzantes” como las expresadas con anterioridad en el pleno por parte del presidente Fernando Clavijo sobre la sanidad canaria.

Monzón rechaza sistemáticamente reunirse con los sindicatos y se niega a sentarse con los trabajadores, pero con la patronal lo hace “disimuladamente”, ha opinado el diputado socialista, quien ha comparado esta situación con la intervención de Clavijo en el ámbito turístico “cuando sonaron los pitos de la patronal de Tenerife”.

La consejera ha replicado que tiene pleno conocimiento de las demandas de los trabajadores de las ambulancias, respeta sus reivindicaciones y comparte la necesidad de avanzar en su reconocimiento profesional, por lo que confía en que se culmine el proceso de negociación con todas las garantías.

Pero también ha incidido en que se trata de un conflicto de naturaleza laboral y retributiva en el que no puede intervenir la administración autonómica aunque Pérez del Pino “manipule”, ha dicho la consejera, para indicar que ello no implica que la Consejería sea ajena al proceso negociador.

No hay una posición pasiva y Sanidad está haciendo todos los esfuerzos posibles en su convicción de que el transporte sanitario es un servicio esencial que debe estar acompañado de unas condiciones laborales dignas, ha añadido Monzón, quien ha reiterado su rechazo a los recientes actos vandálicos que impidieron que pudieran efectuarse 59 tratamientos sanitarios.

Coalición Canaria ha intentado este martes explicar el no del Gobierno de Canarias a los objetivos de estabilidad planteados por el Estado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, al considerar que la regla de gasto propuesta resulta “profundamente injusta” para las Islas y limita la capacidad de respuesta de una comunidad autónoma que “ha gestionado sus cuentas con responsabilidad”. Sin embargo, hay que señalar que la nueva propuesta del Gobierno central mejora la anterior al elevar el límite del 3,2% (límite marcado por Europa) al 4%, lo que para Canarias supone poder disponer de unos 166 millones más.

El secretario nacional de Organización de Coalición Canaria, David Toledo, invitó al PSOE a “situarse al lado de Canarias” en un momento especialmente vulnerable para el Archipiélago por las consecuencias económicas derivadas de la guerra en Oriente Medio y por el impacto que ese contexto tiene en los precios, en los servicios públicos y en la vida diaria de las familias. Hay que recordar que el Gobierno central acaba de aprobar ampliar las ayudas a Canarias por este motivo a más de 23 millones, mientras que el Gobierno canario aporta menos de 15 millones.

“Canarias ha hecho las cosas bien. Somos una de las comunidades autónomas menos endeudadas de todo el Estado, hemos gestionado con responsabilidad y, sin embargo, el Gobierno de España pretende castigarnos impidiendo que podamos utilizar nuestros propios recursos para atender mejor a los canarios”, afirmó Toledo.

El dirigente nacionalista afeó que el Estado pretenda limitar el aumento del gasto al 4%, obviando que en la actulidad el límite es más bajo, es decir, que en la práctica, el Estado está dando a las comunidades la posibilidad de gastar más, hasta un total de 1.700 millones en conjunto. Sin embargo, Toledo ha argüido que, como los ingresos de Canarias pueden crecer en torno al 9%, se pierde un 5%, casi 300 millones, que, según él, podrían “destinarse a más médicos, más vivienda, más educación o mejores servicios sociales” pero que “se verían bloqueados o destinados a amortizar deuda”.

Toledo no ha hecho ningún comentario respecto a que cuando el Gobierno central hizo su primera propuesta, del 3,2%, la consejera canaria de Hacienda, Matilde Asian, se abstuvo en la votación, pero sin embargo, cuando días después se mejoró al 4%, votó en contra, siguiendo el dictamen de su partido, el PP.

Toledo ha defendido su argumento sin explicar ese cambio de criterio, y abundó en que “no tiene ningún sentido obligar a Canarias a ahorrar para pagar a los bancos cuando las Islas han cumplido, tienen unas cuentas saneadas y necesitan reforzar sus servicios públicos”.

Sin embargo, pese a reconocer que Canarias debe mejorar sus servicios públicos, Toledo no ha mencionado nada respecto a los fondos de los que dispone el Gobierno canario pero a los que no da ningún uso. Se trata de los más de 3.300 millones de inejecución presupuestaria del Ejecutivo de Clavijo en los distintos presupuestos de la comunidad autónoma en lo que va de legislatura y que podrían haberse destinado también a esos fines mencionados, como vivienda o sanidad. Lo mismo ocurre con los más de 200 millones de fondos europeos que Canarias tiene que devolver a la UE por no haberlos utilizado dentro del plazo estipulado.

Toledo, sin embargo, ha insistido en que “se está castigando a quien ha sido responsable y se impide que los recursos de los canarios se queden en Canarias para mejorar la vida de la gente”.

Coalición Canaria defendió que el cumplimiento de las reglas fiscales no puede convertirse en una penalización para las comunidades que han hecho una gestión rigurosa, especialmente en territorios como Canarias, que soportan sobrecostes estructurales derivados de la lejanía, la insularidad y su condición de región ultraperiférica.

“Lo que defendemos es justo lo contrario: si Canarias hace las cosas bien y tiene recursos, ese dinero debe servir para atender mejor a los canarios, no para quedarse atrapado en una regla de gasto que no entiende la realidad de las Islas”, concluyó Toledo. Otra cosa es que luego se les dé uso una vez se incluyan en los presupuestos del Gobierno canario, o bien pasen a engrosar esa cifra de más de 3.000 millones de euros sin uso alguno.

El pleno del Parlamento de Canarias inicia una nueva sesión con una declaración institucional sobre los devastadores terremotos ocurridos en Venezuela.

Al Gobierno de Canarias no le preocupa el pacto que su socio, el Partido Popular, ha firmado en Andalucía con Vox para, entre otras medidas, rechazar la acogida de menores migrantes no acompañados tal y como se recoge en el artículo 35 de la Ley de Extranjería, recientemente reformado precisamente para que cada autonomía tenga la obligación de aceptar la distribución de estas personas desde las regiones donde son rescatadas.

Así lo manifestó este lunes el portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, al término del consejo de gobierno a preguntas de los periodistas. “Ahora mismo hay una ley en vigor que obliga a esa solidaridad obligatoria. Y nosotros seguimos en el mismo escenario. Por lo tanto, todas las comunidades autónomas del conjunto del Estado español están obligadas a dar respuesta cuando se encuentra en situación de saturación migratoria una comunidad autónoma, como es el caso de Canarias”.

A esa despreocupación se suma la plena confianza en la pata popular del Gobierno canario. Ni siquiera la cuestión, tan polémica y comentada en todos los foros políticos y sociales, fue objeto de debate este lunes en el consejo. “El vicepresidente del Gobierno de Canarias [Manuel Domínguez], que a su vez es presidente del Partido Popular en Canarias, ha sido defensor en primera línea de este acuerdo y de esta ley que obliga a todas las comunidades autónomas”, contestó al ser preguntado Alfonso Cabello, quien acto seguido disparó al PSOE: “Si fuera por eso, hay otras comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista que también han puesto muchos impedimentos a la hora de aceptar estas solicitudes”.

El Gobierno canario suma este acuerdo en Andalucía a los “muchos obstáculos” que se ha encontrado a lo largo del tiempo “y se han podido ir venciendo. Incluso cuando el Gobierno de Canarias ha tenido que ir a los tribunales, hemos obtenido la razón”, rememoró.

Andalucía, es con diferencia, la comunidad autónoma con más plazas de acogida (2.827) para menores migrantes no acompañados después de la distribución decretada en función de los parámetros de cada una de las regiones. Le siguen Catalunya (2.650), Madrid (2.325), la Comunidad Valenciana (1.767), Galicia (886), Castilla y León (783), Canarias (737), País Vasco (731) , Castilla-La Mancha (692), Murcia (517), Aragón (441), Baleares (406), Extremadura (344), Asturias (331), Navarra (223), Cantabria (194), La Rioja (107), Melilla (28) y Ceuta (27).

Los constantes desplantes de gobiernos autonómicos gobernados por el PP, como Madrid, Castilla y León, Aragón o Valencia, a los que de modo inminente se sumará Andalucía en aplicación de este acuerdo con Vox, no hacen mella en la confianza que tiene Fernando Clavijo (Coalición Canaria) en Manuel Domínguez (PP). Nada que ver con lo ocurrido en 1993, cuando el vicepresidente Manuel Hermoso promovió y ganó una moción de censura contra su presidente, Jerónimo Saavedra, atendiendo a lo que su grupo de acólitos, el que luego dio lugar a Coalición Canaria, consideraba que hacía contra Canarias Carlos Solchaga, ministro de Economía y Hacienda de Felipe González, por las pegas que ponía a la reforma del Régimen Económico y Fiscal (REF) canario planteada desde las islas.

Los grupos que apoyan al Gobierno de Canarias (CC, PP, ASG y AHI) han defendido este lunes que el proyecto de Ley Canaria de Ciencia pone el foco en el desarrollo de una inteligencia artificial (IA) “ética y responsable” y en la retención del talento investigador mediante medidas para reducir la burocracia y favorecer la carrera científica.

Así lo ha explicado en rueda de prensa la diputada de Coalición Canaria Cristina Calero, acompañada por representantes del PP, Agrupación Socialista Gomera y Agrupación Herreña Independiente, quienes han presentado las principales enmiendas incorporadas al texto durante su tramitación parlamentaria, que culminará el próximo miércoles cuando el pleno someterá a votación la ley.

La nueva ley, que lleva tramitándose más de un año, fue criticada por las dos universidades públicas el pasado verano, ya que, según ellas, el Gobierno canario no contó con ninguna de estas dos instituciones para su elaboración. Además, según señalaron entonces los rectores, “no profundiza ni resuelve los problemas actuales de las universidades canarias en materia de I+D+i”. Ambos tacharon de “preocupante” que el Ejecutivo de Fernando Clavijo no abriese un trámite de audiencia pública amplio, “de modo que las universidades solo tuvieron conocimiento del texto una vez remitido al Parlamento, incumpliendo, la Ley 4/2023 de la Presidencia y del Gobierno de Canarias”.

Calero ha señalado que la norma parte de la idea de que la ciencia debe convertirse en una “palanca de cambio” para Canarias, teniendo en cuenta las distintas necesidades y potencialidades de cada isla, y ha destacado que uno de sus ejes es establecer principios para el uso de la inteligencia artificial con las personas “en el centro” y no la tecnología.

Según ha indicado, el proyecto adapta el desarrollo de la IA a los principios del reglamento europeo, con medidas como la supervisión humana, la transparencia, la evaluación previa de riesgos y la auditabilidad de los sistemas, especialmente cuando sean utilizados por las administraciones públicas.

Otro de los pilares de la ley será la gestión del talento investigador, ha apuntado.

En este sentido, Calero ha explicado que el texto incorpora el denominado Pasaporte Científico Canario, una herramienta digital que recogerá la trayectoria académica, profesional e investigadora de cada científico para evitar que tenga que aportar reiteradamente la misma documentación en convocatorias de ayudas o procesos de selección.

“Queremos investigadores investigando y no detrás de papeles”, ha resumido la diputada, quien ha defendido la simplificación administrativa para agilizar convocatorias y reducir cargas burocráticas.

La parlamentaria también ha destacado que la futura norma reconoce a la Universidad de La Laguna y a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria como agentes singulares de generación de conocimiento y contempla la creación de “antenas universitarias” para extender la actividad investigadora y formativa a las islas no capitalinas.

Asimismo, el proyecto permitirá que las universidades públicas puedan destinar remanentes de tesorería a financiar infraestructuras científicas, equipamiento o programas propios de investigación, previa autorización del Gobierno de Canarias, una demanda planteada por las propias instituciones académicas.

La ley incorpora además el reconocimiento de estructuras de excelencia investigadora, impulsa los doctorados industriales para estrechar la colaboración entre universidades y empresas e incluye medidas para compensar los sobrecostes derivados de la insularidad y la fragmentación territorial.

La diputada ha asegurado que el proyecto ha sido ampliamente debatido durante su tramitación y ha defendido el consenso alcanzado entre los grupos que sustentan al Ejecutivo para incorporar las demandas trasladadas por el sector de la investigación, el desarrollo y la innovación.

Preguntados por la postura de las universidades públicas canarias, que hace unos días se quejaron, entre otros asuntos, de la visión especialmente economicista de la ley, la diputada del grupo Nacionalista ha esgrimido que la norma recoge el valor “per se” de la ciencia.

“El borrador no contenía todos los sectores de investigación y ahora sí. Se ha recogido explícitamente que aquellos sectores que queden fuera de la estrategia específica de investigación puedan ser complementados para que no queden fuera de ninguna convocatoria”, ha respondido Calero.

Las universidades habían lamentado que en el texto legal la ciencia apareciese “justificada casi exclusivamente por su contribución a la productividad, la competitividad o el crecimiento económico”.

También lamentaban las entidades académicas, en una crítica compartida por los principales grupos de la oposición, el “escaso peso” de las universidades públicas canarias en el consejo asesor que plantea la ley, que durante la tramitación pasó de un asiento a dos para cada una.

Algunos testigos presenciales pudieron comprobar el pasado lunes el grado de tensión que se masca en el ambiente político canario a un escaso año vista de las elecciones municipales. El consultor político Iván Redondo presentaba su libro, El manual, en el Club La Provincia ante un selecto grupo de personas invitadas, muchas de ellas nacionalistas, que solo relajaron el rictus cuando el interviniente accedió a contemplar como fuerza con “potencialidad” la del reencuentro del nacionalismo “desde abajo” que encarnan -se supone- Coalición Canaria y Municipalistas Primero Canarias. Se pusieron tensos cuando recordó que todas las encuestas, tanto las privadas como las públicas, auguran a día de hoy una victoria electoral del PSOE en las autonómicas de Canarias, y Redondo lo notó, así que añadió que esa reunificación podría “competir” por esa primera plaza.

No es ese pronóstico lo más discutible de esta parte del discurso de Iván Redondo, sino la procedencia de esa reunificación nacionalista: “desde abajo”. Pretender que la creación de un nuevo partido político, constituido a partir de una ruptura con otro y cimentado sobre cargos públicos de una amplia trayectoria, tenga una procedencia desde la base hacia la altura es forzar un poco el discurso. Partido por dos.

El historial político e institucional de los que dirigen esa reunificación nacionalista “desde abajo” es tan extenso que aconsejaría modificar algunos parámetros del discurso para no parecer ridículos. Y no sólo desde el punto de vista conceptual. La líder más veterana de la política de Canarias, de toda la política de Canarias, es uno de los iconos del nacionalismo isleño. Se llama Ana Oramas, y lleva en política la friolera de 47 años, el 70% de su vida. Empezó como concejala en Santa Cruz de Tenerife en 1979 y ahora es la vicepresidenta primera del Parlamento canario. El portavoz del grupo nacionalista en esa misma Cámara, José Miguel Barragán, del mismo partido, ya ha cumplido 45 años en lo público, lo que supone un 70% de sus 63 años de vida.

Pero ni Oramas ni Barragán estaban en el acto de Iván Redondo, así que es probable que eso confundiera al experto. Pero sí estaba en primera fila Fernando Clavijo, presidente regional, que, a sus 55 años, lleva 23 en política (el 41%); o Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar, que ya ha cumplido los 50, de los cuales, 27 los ha dedicado a la vida pública, más de la mitad de su vida. Lo mismo que el actual alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, compañero de Sosa en la fundación de Primero Canarias, que a sus 62, ha dedicado 35 a la política (un 56,4%).

Sosa y Hernández invocaron en su momento la necesidad de renovación en Nueva Canarias como la causa principal del cisma que encabezaron y que desembocó en su nuevo partido, seguramente sin contemplar que algún día alguien recordaría que el líder al que se enfrentaron, Román Rodríguez, lleva en la política 33 de sus 70 años, es decir, un 47% de su vida, cuatro años más que Sosa y dos menos que Hernández.

Nada que objetar, por supuesto, a que un grupo de personas constituya un partido a partir de una crisis interna de otro, por muy forzada o postiza que pueda parecer desde fuera. Ni que aprovechen la palanca que supone hacerlo desde las instituciones, a modo y manera que hizo en 2005 su líder defenestrado, Román Rodríguez, cuando encabezó la creación de Nueva Canarias tras ocupar la presidencia del Gobierno bajo las siglas de Coalición Canaria.

Lo que realmente podría ser reprochable es que bajo esa estratagema se tratara de esconder inicialmente y con un éxito dudoso el verdadero fin del proyecto: confluir en todo lo que se pueda con Coalición Canaria. No para ir en alianza electoral a unas generales para la obtención del tan cacareado grupo parlamentario canario en las Cortes, que también, sino para afianzar a Fernando Clavijo (o a quien le suceda) en el poder a cambio de asegurarse sus dirigentes lo propio en Gran Canaria, y no en todas sus instituciones.

Exactamente recorrer el sentido inverso que se recorrió hace 21 años para salir de la dinámica derechista de CC, que no solo no se ha suavizado estos años, sino que se ha radicalizado, como puede comprobarse a poco que se analice la evolución de los servicios públicos y la poca capacidad para resolver problemas como el de la vivienda, la preservación del territorio, la dependencia o la movilidad en Canarias teniendo récord de recaudación presupuestaria.

Arucas como símbolo

Se trata, por tanto, de consolidar a Coalición Canaria, como atestigua el primer acuerdo público que han firmado estas dos fuerzas presuntamente nacionalistas. Ha ocurrido en la ciudad de Arucas, adonde acudieron los líderes y lideresas de ambos partidos para escenificar un acuerdo que las partes contratantes locales, es decir, los concejales tránsfugas de Nueva Canarias, se han tenido que comer con papas. Basta con leer el comunicado conjunto emitido por ambos firmantes y ver las fotografías que ellos mismos distribuyeron para comprobar que este ha sido un acuerdo tomado en las alturas, no en las bases, dividido entre dos.

En la mesa, un solo dirigente aruquense que ni siquiera es concejal y sí alto cargo del Gobierno canario, José Gilberto Moreno, director de Puertos Canarios y vicesecretario insular de Identidad y Estrategia de Coalición Canaria en Gran Canaria. El resto, dirigentes de fuera de la ciudad. Por no estar, ni siquiera acudió al acto el concejal de Primero Canarias (Prica, a partir de ahora, por ahorrar) y ex de Nueva Canarias Marcelo Afonso, que está en el grupo de gobierno con el PSOE en calidad de tránsfuga de calidad. Sí estaba en la primera fila pero sin derecho ni a voz ni a foto el único concejal de CC en la ciudad, José Eduardo Marrero.

La mesa la completaban, por parte de Prica, el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa; el secretario de Organización, Samuel Henríquez, y la alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín. Y por parte de CC, además de José Gilberto Moreno, Pablo Rodríguez, secretario general de Gran Canaria y consejero de Obras Públicas, y María Fernández, directora general de Transportes y vicesecretaria general.

En el público, dos presencias muy significativas de lo que promete ser este acuerdo. Por un lado, Froilán Rodríguez, exalcalde e histórico dirigente de la izquierda nacionalista canaria por cuanto fue uno de los más significados dirigentes de Ican, el germen de Nueva Canarias. Lo llevaron como símbolo de que se puede gobernar una ciudad así con un programa de izquierdas. Y de otro, Juan José Cardona, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria con el Partido Popular, donde fue mano derecha de José Manuel Soria tanto en ese ayuntamiento como en el Cabildo de la isla, ejecutando las políticas correspondientes. Ahora es personal de confianza de Fernando Clavijo en calidad de asesor en la Presidencia del Gobierno. Muy de izquierdas este nacionalismo, sí.

La única ausencia destacable y no oficialmente disculpada fue la de Óscar Hernández, presidente de Prica, cuya presencia había sido anunciada por los servicios de prensa del partido.

No es casual que para esta puesta en escena, la del abierto apoyo de Prica a Coalición Canaria, es decir, al candidato Fernando Clavijo, se haya celebrado en un hotel en el centro histórico de Arucas, la ciudad de la que es natural y de la que fue alcalde Ángel Víctor Torres, el candidato que quita el sueño a sus adversarios políticos porque todas las encuestas lo siguen dando como el más valorado y ganador de las elecciones autonómicas si se celebraran ahora mismo.

Un enjambre ideológico

A partir de este acontecimiento queda clara cuál va a ser el recorrido del nuevo y prometedor partido. El enjambre ideológico en el que se ha metido va a resultar muy complicado de digerir. Por un lado, va a respaldar en las próximas elecciones autonómicas y locales a un partido de derechas que ahora mismo gobierna con el Partido Popular, su socio natural salvo excepciones paulinistas. Y, por si ese apoyo ya explícito fuera poco, su contribución a generar un estropicio en el voto progresista de Gran Canaria va a restar muy probablemente representación suficiente para reeditar algo que pueda parecerse al pacto de las flores (PSOE, Nueva Canarias, Podemos, ASG).

Pero ese enjambre también lo tiene en sus propias filas porque en ellas ya se está revolcando con partidos como Ciuca, con una amplia trayectoria de corrupción que, al menos en Telde, requerirá muchas explicaciones.

Pero todo vale en pos de esa presunta reunificación del nacionalismo canario. O casi todo.

Porque a Teodoro Sosa sí cabe atribuirle que fuera él quien le pusiera bola negra a la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, que era secretaria de Política Municipal de Coalición Canaria cuando empezaron los escarceos con lo que luego se ha configurado como Prica. Ya venía ella marcada por su intento de moverle la silla a Pablo Rodríguez para quedarse con la marca CC de Gran Canaria, pero apareció el alcalde de Gáldar y se puso él en su lugar como socio fiable.

La polémica alcaldesa optó entonces por recluirse en sus cuarteles de invierno, retomar su proyecto de partido propio Bueno para… (incluido para ella) y arrimarse al Partido Popular con sus 5.000 votos garantizados (no tienen por qué ser todos comprados) en una nueva demostración de lo moldeable que son las ideologías en estos determinados espectros de la política canaria. A Bueno le habría parecido igual de bueno ir con CC que con el PP, porque cualquier partido que sea bueno para Bueno es bueno para Gran Canaria. Y dos piedras.

Las encuestas

Las encuestas, tanto públicas como privadas a las que se refirió Iván Redondo el lunes pasado reducen un poquito la presunta potencialidad que él mismo otorgó a Prica: no más de 20.000 votos, un 2% del electorado, de los que en torno a 15.000-17.000 estarían en Gran Canaria. Pero el estropicio al voto progresista que provocaría su concurrencia estaría hecho, como ocurre en la provincia de Santa Cruz de Tenerife con el proyecto de Alberto Rodríguez, Drago Verdes Canarias, que podrá alcanzar otros 20.000 votos, 15.000 de ellos en la isla de Tenerife. Otra cosa es que el estropicio beneficie a Coalición Canaria, porque como bien dijo Redondo el lunes pasado, a veces dos más dos puede ser uno y medio.

Pero los líderes de Prica garantizarían sus candidaturas. A la espera de lo que decida Antonio Morales, que se ha situado de momento en terreno neutral, Teodoro Sosa será con toda probabilidad el candidato al Cabildo, con el Parlamento como alternativa, puesto este último que también apetece a Óscar Hernández, después de tantos años en Agüimes. Y los líderes locales que desembarcaron de Nueva Canarias se supone que conservarán sus expectativas, salvo que, como el caso de Arucas, sean postergados por los acuerdos “nacionales” de la nueva formación en la que se han integrado.

Pero el principal objetivo, el que ha llevado a determinados empresarios grancanarios a respaldar abiertamente a Prica, empieza a manifestarse públicamente para que quede claro: garantizar la continuidad de Coalición Canaria, a ser posible con el PP, para que solo cambie lo que no les perjudique y en un contexto de discusión sobre el modelo turístico, crisis de vivienda o regulación ambiental, la vida siga igual.

Queda un año por delante. Para algunos va a ser agotador. Sobre todo explicando la prioridad nacional canaria.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, de Coalición Canaria (CC), apuesta por figuras atractivas internacionales para congeniar con las personas migrantes que viven en la ciudad o para que el Carnaval sea más grande. Por eso, tras la visita del papa León XIV, sueña con que hagan lo propio la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado o el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella. Y Bud Banny, claro, “pero si nos hace un descuento del 50%”.

Así se expresó el dirigente nacionalista en una entrevista publicada este domingo por el diario de Editorial Prensa Ibérica en Canarias El Día, donde hizo un amplio repaso a diversos temas de la gestión municipal.

Las cuatro personalidades que pretende Bermúdez tienen una clara vertiente electoralista. Meloni, Machado y De la Espriella, porque las nacionalidades más numerosas en la ciudad tras la española son, respectivamente, Venezuela, Italia y Colombia, y en el caso concreto de los europeos, solo podrían votar en España en el caso de elecciones municipales.

Se da la circunstancia que los tres dirigentes políticos a los que Bermúdez estaría encantado de recibir en su ciudad son de ideología ultraconservadora y que una de ellas, María Corina Machado, ni siquiera ostenta alguna representación institucional.

En cuanto a Bad Bunny, el alcance y el valor electoral del carnaval santacrucero es innegable, especialmente si concita algún reconocimiento externo por las figuras que invite a actuar en sus escenarios. Aunque también puede tener efectos negativos, como la polémica que se generó en torno a la contratación del dominicano Juan Luis Guerra en 2019, que costó más de 500.000 euros y se contrató de manera llamativa hasta el punto de levantar las sospechas de la fiscalía, que acabó archivando las diligencias.

El caché de Bad Banny fluctúa entre los 750.000 y el 1.300.000 dólares en función del formato de su espectáculo.

Bermúdez también se pronunció en esa entrevista en torno a la situación política nacional y se expresó de modo bien distinto a la concordia que el presidente del Gobierno y secretario general de su partido, Fernando Clavijo, trata de imponer no con mucho éxito.

El alcalde de Santa Cruz sostiene que Pedro Sánchez hace tiempo que no debería estar al frente del Gobierno, en concreto hace tres años, cuando no consiguió aprobar los primeros presupuestos de esta legislatura. Su visión sobre la actual coyuntura es la siguiente: “Como no hay mayoría suficiente, España se gobierna a golpe de anuncio y real decreto ley, que luego las Cortes no validan”, lo que a su entender conduce a que el país esté sufriendo “un retroceso de primer nivel” y que sea “el hazmerreír institucional de Europa con el gobierno de Sánchez”.

Podemos Canarias ha dado este viernes un ultimátum al gobierno municipal de Coalición Canaria y Partido Popular en Santa Cruz de Tenerife para que inicie de inmediato la retirada del monumento a Franco, después de que el Gobierno de España haya ordenado su eliminación en un plazo máximo de seis meses. La formación anuncia que, si el Ayuntamiento mantiene su estrategia de retrasar el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, ampliará la denuncia presentada hace seis meses ante la Fiscalía por un presunto delito de prevaricación.

Podemos sostiene que la resolución del Estado demuestra que tenía razón cuando denunció que el expediente para declarar el monumento Bien de Interés Cultural era una maniobra para bloquear su retirada. Tras el rechazo del BIC por el Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias y la orden del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, la organización considera que el Ayuntamiento ha agotado todas las excusas para mantener un símbolo de exaltación franquista en el espacio público.

La coordinadora autonómica de Podemos Canarias y diputada en el Congreso, Noemí Santana, afirmó que “hace seis meses denunciamos ante la Fiscalía que el Ayuntamiento estaba utilizando todas las herramientas posibles para incumplir la ley. Hoy el tiempo nos da la razón. La coartada del BIC se ha derrumbado y ya no existe ninguna excusa para retrasar la retirada del monumento. Si CC y PP persisten en desobedecer la Ley de Memoria Democrática, ampliaremos la denuncia con todos los hechos ocurridos desde entonces”.

La formación advierte además de que prolongar este incumplimiento puede salir muy caro a la ciudadanía de Santa Cruz. La Ley de Memoria Democrática contempla sanciones para las administraciones que incumplan sus obligaciones y el Gobierno de España ya ha advertido de que, si el Ayuntamiento no actúa dentro del plazo fijado, ejecutará subsidiariamente la retirada y repercutirá el coste al consistorio.

El secretario de Comunicación de Podemos Canarias, Fernando Ruiz, señaló que “si CC y PP siguen anteponiendo su defensa de un monumento franquista al cumplimiento de la ley, serán las chicharreras y los chicharreros quienes acaben pagando la factura con sus impuestos. No solo por las posibles sanciones, sino también por una ejecución subsidiaria que podría haberse evitado”.

Ruiz añadió que “nos preocupa que ahora intenten justificar un gasto millonario para conservar el monumento una vez retirado. No vamos a permitir que conviertan la protección de un símbolo franquista en otro despilfarro de dinero público. Lo que corresponde es retirarlo cuanto antes y cumplir la ley sin más maniobras dilatorias”.

Para Podemos Canarias, la resolución del Gobierno marca el final de una estrategia de bloqueo que la formación denunció hace seis meses ante la Fiscalía. “Se acabó el tiempo de las excusas. Ahora toca cumplir la ley”, concluye la organización.

La asamblea de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife decidió en la noche de este jueves, con el apoyo de los sindicatos, negarse desde ahora a cubrir cualquier servicio extraordinario que se les pida por desacuerdos con cómo se están organizando y otras diferencias con la gestión del cuerpo. A partir de esta decisión, los agentes municipales de la capital tinerfeña eludirán reforzar cualquier acto, actividad o dispositivo entendidos como horas y trabajos extras “por cualquier causa”.

De esta forma, y atendiendo a lo ocurrido en otros muchos años, se verán debilitadas coberturas en verano como las playas, los numerosos festejos, los refuerzos de fin de semana (dadas las vacaciones de muchos policías) y numerosos actos por las fechas estivales, según apuntan a este periódico fuentes del cuerpo.

Para ello, los agentes que secunden la protesta presentarán un parte interno con su número profesional en la que dejan claro que desean “aplazar temporalmente su disponibilidad voluntaria para participar en cualquier evento, servicio extraordinario, actividad o dispositivo que deba desarrollarse fuera de su jornada y funciones ordinarias de trabajo, así como en cualquier otro proyecto, iniciativa, unidad, servicio o actividad cuya participación tenga carácter voluntario”.

Los agentes aclaran que esta decisión tendrá carácter temporal hasta una nueva comunicación de cada uno de los policías que la presenten y confirma las malas relaciones con los gestores locales.

El gobierno de Santa Cruz de Tenerife rehusó este jueves dar su versión sobre esta protesta, aunque sí recalcan que respetan la postura de los sindicatos, “como no puede ser de otra forma”, según fuentes del equipo gobernante.

No es la primera vez que los agentes y sindicatos de la Policía de Santa Cruz se quejan de los servicios extra, al considerar insuficiente lo que se paga por esta carga de trabajo. El pasado Carnaval, por ejemplo, el sindicato CSIF alertó de la falta de policías voluntarios para servicios tan complejos como los de esos días y, sobre todo, noches. Según esta central, la protesta se debe, sobre todo, a la “negativa reiterada” de la concejala de Recursos Humanos, Purificación Dávila, “a reconocer la penosidad y especial carga laboral que sufren los policías de servicio en las fiestas”.

Una carga que, según detallan, supone “jornadas extraordinarias, exposición a riesgos, trabajo nocturno continuado, gestión de aglomeraciones y un nivel de exigencia física y psicológica que requiere de un tratamiento específico por parte de la corporación, pero, con esa negativa, no se aplican compensaciones, descansos, incentivos y medidas de protección imprescindibles”.

La situación también se dio en enero pasado con el rastro de la ciudad y el malestar ha continuado, con lo que ahora se verán afectados los servicios especiales del periodo estival.

La gerente de la Fundación Puertos de Las Palmas, Betsabé Morales, secretaria de Acción Electoral de Coalición Canaria en Gran Canaria, ha acabado por dimitir. Lo ha hecho más de dos meses después de conocer una auditoría formulada por Puertos del Estado que detectó graves irregularidades, entre ellas la ilegalidad de su nombramiento, ejecutado sin los principios de publicidad, mérito y capacidad.

La noticia ha sido adelantada por La Provincia, que asegura que la dimisión fue presentada este jueves, pero aceptada hoy.

La Fundación Puertos de Las Palmas ha funcionado estos dos últimos años como una auténtica agencia de colocación de Coalición Canaria en Gran Canaria. La auditoría del Estado ha señalado la existencia de una sucesión irregular de contratos para que el secretario de Cultura del partido, Marcial J. Rodríguez de León, haya podido entrar como consultor externo para quedarse allí como administrativo.

Como adelantó Canarias Ahora, la gestión de Morales dejó algunas perlas que la auditoría reflejó fielmente, como una batería de gastos muy llamativos que van desde procesiones religiosas a patrocinios deportivos, pasando por el pago a un entrenador profesional para que preparase a las personas que se inscribieron en una media maratón a razón de 26 euros por persona con un tope de 14.900 euros.

Fueron gastos encaminados al fortalecimiento de la imagen de la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, secretaria de Organización de CC en Gran Canaria, en su carrera para ser candidata al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

El marketing y la imagen constituyen el centro de muchas de las decisiones puestas en entredicho por los auditores que colocaron en el centro la contratación de la gerente, que llegó hasta allí después gestionar la empresa de publicidad Kinewa Ideas del País, muy vinculada a otras acciones de Coalición Canaria y de la Autoridad Portuaria, a múltiples acciones promocionales como el acto de entrega de los Premios Fundación Puertos de Las Palmas (14.989,85 euros); la presentación de la marca “Fundación Puertos”, por 13.791,21 euros, adjudicada a Atlantis para nueve acciones de las que solo constan tres; o el proyecto Un puerto abierto para todos, adjudicado a QRear Comunicación por 14.850 euros gracias a una oferta presentada fuera de plazo.

Dentro de estas acciones a mayor gloria de la imagen del puerto y su presidenta se incluye la contratación por 14.900 euros del servicio “cobertura fotográfica y videográfica de las actividades llevadas a cabo por la Fundación Puertos de Las Palmas”, contrato que recayó en la pareja de la jefa de gabinete de la presidenta de la Autoridad Portuaria, Angélica Muñoz, también de Coalición Canaria. A este fotógrafo se le atribuyen también varios contratos menores en la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

Las acciones fuera del puerto, es decir, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, tienen mucho que ver con las vírgenes de los alrededores.

Siempre según la auditoría, la coronación canónica de la Virgen del Carmen se destinaron 5.000 euros, entregados a la parroquia de igual nombre; a las fiestas del Carmen de 2025 se entregaron 2.000 euros sin factura, solo mediante un recibo de la parroquia y a las Fiestas de la Naval 2025, otros 2.000.

La Autoridad Portuaria de Las Palmas no responde ante Puertos del Estado. Y no parece que Puertos del Estado tenga en su poder herramientas para hacer que la Autoridad Portuaria de Las Palmas le haga caso. O que las tenga y no las esté usando. Está pasando con el escándalo descubierto en la Fundación Puertos de Las Palmas, donde una auditoría ha arrojado ilegalidades en contrataciones y en gastos. Y está pasando en el seno mismo del organismo portuario con su director, cuyo nombramiento está en entredicho por haberse producido con un vicio inicial: accedió a la condición de trabajador de la Autoridad Portuaria en 2008 sin reunir los requisitos legales exigidos, y con ese antecedente fue nombrado director posteriormente.

Un funcionario de la Autoridad Portuaria ya jubilado, José Fernández, quien llegó a ser director general de Costas del Gobierno de España, lleva meses planteando esta ilegalidad sin que los organismos públicos responsables le hagan el más mínimo caso. Ingeniero de Caminos, Fernández fue durante muchos años trabajador de la Autoridad Portuaria y conoce todas las debilidades del organismo y, concretamente, las que han rodeado este nombramiento.

De momento solo ha conseguido que la Autoridad Portuaria le haya reconocido que no existe un expediente que avale la contratación de Francisco Trujillo como trabajador público, requisito indispensable para luego acceder a la dirección de Puertos de Las Palmas. Pero su requerimiento para que este nombramiento sea revisado de oficio ha caído en saco roto. No solo lo ha despreciado la Autoridad Portuaria de Las Palmas, dedicada estos últimos tiempos a apagar numerosos incendios de tipo legal y contable, sino también Puertos del Estado, que es incapaz de imponer de oficio a la Autoridad Portuaria que cumpla con la ley.

El último escrito de José Fernández a Puertos del Estado este pasado 2 de julio es especialmente elocuente. Se titula “Falta de respuesta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas a la solicitud de revisión de oficio comunicada a Puertos del Estado”. En él recuerda que envió un escrito el 29 de marzo informando de la desidia de Puertos de Las Palmas respecto a esta cuestión. Que Puertos del Estado informó por mail al reclamante que ya había remitido el asunto a la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Y que desde entonces. “y pese a haber transcurrido más de tres meses desde su presentación, la Autoridad Portuaria no me ha dado respuesta ni notificado resolución alguna sobre las actuaciones previas ni sobre la incoación del procedimiento de revisión de oficio solicitado”, dice este nuevo requerimiento del ciudadano.

Fernández recuerda al organismo estatal responsable de todos los puertos de interés general de España, que es Puertos del Estado el que promovió una auditoría a la Fundación Puertos de Las Palmas, donde precisamente se detectó que la contratación de su gerente, Betsabé Morales, incurrió en las mismas irregularidades que se señalan respecto a Francisco Trujillo, es decir, la ausencia de los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.

Por eso reclama de Puertos del Estado que vuelva a requerir de la Autoridad Portuaria que haga algo, que actúe de oficio y que resuelva en el sentido que considere más oportuno, pero que resuelva.

Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) ha denunciado que CC y el PP han impuesto su mayoría en la Mesa del Parlamento de Canarias, presidida por Astrid Pérez (PP), para cambiar las reglas del procedimiento para legislar mediante una resolución y sin reformar el Reglamento de la Cámara con el objetivo de “reforzar el poder de la mayoría” de CC, el PP, la ASG y la AHI que sustenta al Gobierno presidido por Fernando Clavijo.

El portavoz parlamentario y la portavoz adjunta y vicepresidenta de la Mesa de la Cámara en la pasada legislatura de NC-BC, Luis Campos y Esther González, denunciaron esta alteración del Reglamento “por la puerta de atrás”, hecha además para “recortar las garantías de las minorías” en el Legislativo.

La resolución aprobada por la Mesa del Parlamento regula la tramitación de enmiendas a las propuestas legislativas en la fase de la ponencia. Esther González dijo que el Reglamento permite al órgano del Gobierno de la Cámara dictar resoluciones cuando existe una laguna, contradicción o discrepancia.

De hecho, la resolución argumenta que el Reglamento regula las enmiendas transaccionales, in voce y de subsanación en comisión y en pleno, pero no en ponencia. Es cierto, según la portavoz adjunta de NC-BC, que “aquí existía una laguna”, pero el problema “no es que se quiera completar esa laguna, sino la forma en que se ha hecho”.

Se refería a que las “discrepancias” serán resueltas por el criterio del “voto ponderado, que favorece automáticamente a la mayoría”. La Mesa “lo que no puede hacer es aprovechar ese vacío para cambiar las reglas en beneficio de la mayoría,” criticó la portavoz adjunta. Es una forma “perversa, maliciosa y fuera de toda lógica” de resolver una laguna del Reglamento, recriminó González.

Luis Campos elevó el grado de preocupación porque la mayoría impondrá su criterio. Están para gobernar, observó para subrayar a continuación que las “minorías también tienen derechos parlamentarios que deben ser protegidos”. Las “reglas del juego pertenecen a toda la Cámara y no pueden cambiarse unilateralmente”, censuró el portavoz parlamentario.

Esther González criticó que la resolución haya comenzado a aplicarse de manera inmediata en las ponencias legislativas, incluso respecto de iniciativas que ya se encontraban en tramitación. “Ya se aplicó en la ponencia celebrada este lunes, otorgándole además efectos retroactivos sobre procedimientos ya iniciados. Se están cambiando las reglas del partido cuando el partido ya está en juego”, recriminó.

Nueva Canarias-Bloque Canarista advierte de que este precedente supone una concentración de poder en la Mesa y abre la puerta a que futuras modificaciones del procedimiento legislativo puedan realizarse “sin acudir al mecanismo ordinario de reforma” del Reglamento.

En opinión de NC-BC, “estamos hablando de la calidad democrática” del Parlamento de Canarias. Hoy cambian las reglas para las enmiendas; mañana podrían hacerlo con cualquier otro derecho de la oposición, alertó Luis Campos.

Si el Reglamento necesita actualizarse, para Esther González debe hacerse con transparencia, mediante el procedimiento previsto y con el debate político que corresponde al pleno. Lo contrario “debilita la calidad democrática de la institución y reduce el papel de la oposición en la elaboración de las leyes”, reiteró la vicepresidenta primera de la Mesa en la pasada legislatura.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife prevé aprobar de manera definitiva su Plan General de Ordenación (PGO), suspendido por la justicia en 2017, a finales del próximo mandato, más de una década después, si bien la aprobación inicial se estima a principios, sobre 2027.

Es lo que ha declarado el primer teniente de alcalde, Carlos Tarife (PP), en una rueda de prensa para hacer balance del mandato en la que también ha intervenido el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez (CC).

Ni una palabra del fiasco del carril bici, tumbado también por la justicia por defectos en su tramitación tras costar varios millones a las arcas públicas; ni sobre la situación “de absoluta emergencia” del arbolado de la ciudad, tal y como expusieron diferentes expertos en una comisión parlamentaria el pasado año.

Al respecto del número de años que lleva tramitándose el Plan General, Bermúdez ha señalado que los plazos son “los que desgraciadamente la normativa nos da” tras estimar el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que el plan debía comenzar de cero, obviando que el retraso es consecuencia de una tramitación defectuosa del PGO, hasta el punto de que fue tumbado por la justicia por carecer de evaluación ambiental.

“Y en eso estamos. Se ven afectadas todas las actuaciones del Ayuntamiento porque el planeamiento es antiguo”, ha declarado el alcalde, que ha recordado que el planeamiento vigente es de 1992, con una adaptación de 2005.

Al respecto, Tarife, primer teniente de alcalde y como líder del PP, que gestiona Urbanismo, ha apuntado que la tardanza en la elaboración del planeamiento tiene incidencias en cuestiones como la puesta en marcha del gimnasio GO FIT en el Pabellón Municipal de Deportes o en la puesta en marcha de supermercados, según ha ejemplificado.

“Nos encantaría que las leyes urbanísticas fuesen más ágiles. A principios del próximo mandato será la aprobación inicial, y finales del mandato siguiente la aprobación definitiva”, ha asegurado.

Respecto al balance de gestión de estos tres años, José Manuel Bermúdez ha defendido que Santa Cruz atraviesa “la mayor transformación urbana de su historia” y ha destacado la captación de 64 millones de euros de fondos europeos y la aprobación del mayor presupuesto municipal hasta la fecha.

Esto, según ha aseverado, ha permitido mantener una de las presiones fiscales más bajas del país.

El alcalde ha añadido que en estos dos años se han concluido 30 obras, a razón de una por mes, y que actualmente hay otras 14 en ejecución por un valor en conjunto de 51 millones de euros.

En materia de vivienda, ha resaltado que la capital concentra el 50% de la promoción de vivienda pública que se construye en Tenerife, con 300 nuevas viviendas en marcha y 1.500 en proceso de rehabilitación, además de actuaciones como la adquisición de un edificio en Valleseco para incorporarlo al parque público o los proyectos impulsados junto a Visocan en La Gallega.

Asimismo, ha reivindicado avances en la recuperación patrimonial, con la rehabilitación del Templo Masónico, el acuerdo para instalar el CaixaForum en el Parque Viera y Clavijo y las futuras intervenciones en el Teatro Guimerá y el Palacio de Carta.

Por su parte, el primer teniente de alcalde, Carlos Tarife, ha valorado la estabilidad política del gobierno municipal y ha asegurado que el objetivo es dejar preparados los principales proyectos estratégicos para el próximo mandato.

Entre ellos ha citado la normalización urbanística de Las Teresitas, la recuperación en julio de tres aparcamientos concesionados y la elaboración de un nuevo contrato de limpieza que permitirá incorporar entre 40 y 50 barrenderos más para reforzar el servicio en los barrios.

Tarife también ha subrayado las actuaciones vinculadas a la sostenibilidad y al objetivo de alcanzar el vertido cero, así como la creación de más de 500 plazas de aparcamiento provisionales al amparo de la Ley del Suelo y la habilitación de tres espacios litorales para mascotas en el municipio.

Es un hecho demostrable que la colonización de la televisión pública canaria por el pensamiento clavijista único se ha acelerado con la llegada del nuevo administrador general, César Toledo. Parecía imposible superar las marcas registradas por sus antecesores, pero los datos objetivos están ahí para quien quiera fijarse en ellos.

Esta colonización da la razón a los estrategas de Presidencia del Gobierno que un día recomendaron puentear a la anterior administradora general, María Méndez, colocando a Toledo en un puesto de nueva creación al que, para no llamarle Comisariado Político, lo bautizaron con el rimbombante y nada sutil Dirección de Medios y Contenidos. María Méndez, que tiene más dignidad que algunos que ocuparon antes su puesto, entendió el recado y se mandó a mudar. Lo que tardaron los dueños de la tele en elevar a César Toledo al rango máximo fue mínimo.

La censura de asuntos como la reivindicación del personal (con huelga convenientemente silenciada para la visita del Papa) no sorprende a nadie, ni siquiera a los propios trabajadores, y el veto a determinados partidos políticos adversarios directos o indirectos de Coalición Canaria ya lo asumen esos partidos con tanta naturalidad que ni se quejan. O se quejan poco.

Lo ocurrido hace unos días en el programa de debate político La Retranca, donde un tertuliano del régimen insultó a un senador del PSOE que se atrevió a afear a la dirección del programa falta de pluralidad, y la pirueta a la semana siguiente de tratar de colocar al insultado como responsable de que lo insultaran, ha vuelto a hacer sonar las alarmas sobre el modo en el que Clavijo está dirigiendo una televisión que él mismo, personalmente, sin mediar Alfonso Cabello (su viceconsejero para todo), recordó que “es del Gobierno”. Y punto.

Me he molestado en diseccionar programa a programa la identidad de cada uno de los analistas, tertulianos, comentaristas y todólogos invitados a cada uno de ellos y el resultado deja en pañales a otras televisiones autonómicas sectarias, como Telemadrid o la televisión pública gallega.

Ya les adelanto que en cualquier mesa o plató en los que se abra la puerta a una persona opinadora, sea un programa de parrilla o un especial por la crisis de Venezuela o el debate del estado de la nacionalidad en el Parlamento, allí habrá siempre al menos un tertuliano adicto al régimen, todos ellos, por más señas, tertulianos fijos de la misma emisora, la Cadena Ser en Canarias. Un dato este que es muy relevante porque, como todo el mundo sabe -empezando por la Cadena Ser en Madrid- esta emisora mantiene en Canarias una línea editorial de entrega absoluta a Coalición Canaria, y más concretamente a Fernando Clavijo, y radicalmente enfrentada al PSOE y a partidos que puedan incomodar al del presidente del Gobierno, particularmente Nueva Canarias.

Tan estrecha sintonía se gestó en la primera legislatura de Fernando Clavijo como presidente (2015-2019) y ya entonces el líder de Coalición Canaria marcó tanto el territorio con la Ser que se ocupó personalmente de que a su directora en Canarias, Lourdes Santana, no le faltara de nada, incluido el Premio Canarias de Comunicación, dotado entonces con 20.000 euros. Sin disimulo. Por los servicios prestados.

Hay políticos y políticas que llevan años sin pisar un estudio de la cadena Ser, ni siquiera ocupando puestos de alta representación popular o institucional. Quizás sea el de Patricia Hernández, exalcaldesa y actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el ejemplo más elocuente: desde 2020 hasta la fecha solo ha sido entrevistada en la Ser de Canarias una sola vez, “siete minutos y por teléfono” en la campaña de 2023, como relata ella misma. Tampoco se queda atrás Santiago Pérez, ex dirigente socialista, senador, consejero de cabildo y concejal de La Laguna, que pagó caro su atrevimiento de denunciar a Clavijo en las dos causas penales que consiguió que le archivara el Supremo cuando se aforó, el caso Grúas y el caso Reparos. Hace más de diez años que no se le da voz a pesar de haber sido duramente criticado en antena por sus opinadores durante todo este tiempo.

Román Rodríguez, fundador y hasta el otro día presidente de Nueva Canarias, también es anatema en esa radio. Y no ha sido por falta de voluntad sino por falta de invitación. El lugar del nacionalismo progresista lo ocupa en su programación Alberto Rodríguez.

Las quejas en Podemos son similares. La cadena no acude a sus convocatorias de prensa (solo una en tres años) y su líder regional y diputada nacional, Noemí Santana, no ha sido entrevistada en lo que va de legislatura. La única excepción es Gemma Martínez Soliño, que es concejala en el gobierno municipal de Las Palmas de Gran Canaria, y acude una vez por semana a una tertulia sobre la ciudad con los grupos municipales.

Nada que objetar a la línea editorial que quiera mantener en Canarias la Cadena Ser, bueno fuera. Lo que es criticable es que su brigada de opinadores se haya convertido en el núcleo irradiador de toda la opinión que se emite en la televisión pública de Canarias, que esa sí la pagamos entre toda la ciudadanía. Y las pruebas están al alcance de cualquiera. 

Aquí van.

1.- De buena tinta. 

Este es un programa que marca la línea editorial de la cadena. No en vano se emite después del Telenoticias 2, el de la tarde-noche. Está producido por Galera Norte, cuyo administrador es Elías Bacallado junior y en cuya lista de socios figura el periodista Jorge Bethencourt, uno de los más destacados caudillos de la brigada clavijista. Es el programa que mejor paga a sus tertulianos, 500 euros por participación.

Aunque tiene una nómina muy amplia de periodistas, los que más repiten son, además de Jorge Bethencourt, Francisco Pomares y Juan García Luján, todos tertulianos fijos de la Ser. Aunque el más recurrente es Alfonso González Jerez, columnista de Prensa Ibérica (El Día) y uno de los más combativos defensores de Coalición Canaria, partido para el que ha trabajado directamente o a través de alguna empresa pública como Emmasa, la responsable del agua de Santa Cruz de Tenerife. Janire Alfaya, periodista de la Ser, también figura en esta lista de opinadores, pero de momento ha logrado mantener un criterio libre, en muchas ocasiones distinto al de sus compañeros. Sus intervenciones, naturalmente, son muchas menos.

Completan el panel de comentaristas de De buena Tinta Mayer Trujillo (director de La Radio Canaria y del programa La Retranca), Roberto González (conductor de Las Mañanas de Herrera, en Cope Canarias), Selene Melián (de Radio Marca), Juan Manuel Bethencourt, Ángeles Arencibia y los trabajadores de la casa Noemí Galván y Tomás Galván. 

2.- La Retranca. 

Concebido como el programa político estrella de la cadena, está producido por Macaronesia Producción en lo que constituye su primera experiencia de televisión en directo. Se dio a conocer como la asesoría encargada de llevarle las redes sociales al vicepresidente del Gobierno, Manuel Domínguez, del PP, que luego la apadrinó como productora para que Clavijo / Alfonso Cabello /César Toledo le otorgaran un programa de televisión, que es este. Se nota la mano del PP por la identidad de algunos de sus tertulianos, como ocurrió recientemente con la portavoz del partido en el Parlamento regional, Luz Reverón, aunque para ese programa, el del 4 de junio, la persona anunciada inicialmente fue Rebeca Paniagua, diputada de ese partido pero periodista.

El programa se emite desde un plató montado en una nave en Tegueste y cuesta a la cadena 30.000 euros por entrega. Cada invitado cobra 200 euros.

Es, con diferencia, el programa con mayor sesgo ideológico de toda la cadena, aun contando de modo recurrente con la presencia de Alberto Rodríguez, líder de Drago Canarias, que sirve a los directivos de Televisión Pública como coartada para presumir de pluralidad cuando en realidad acude con la intención de darle mucha proyección a su opción soberanista y de izquierdas con el objetivo nada disimulado de arañar votos y prestigio al PSOE y Nueva Canarias. 

El sesgo conservador lo marca la analista Melisa Rodríguez, quien fuera destacada dirigente nacional de Ciudadanos, hoy retirada de la política pero dedicada al mundo de la joyería y la comunicación, según su propia presentación. Esta contertulia ha participado cuatro veces de las siete emisiones producidas hasta ahora. Pero la dirección del programa no ha tenido recato en cargar más ese sesgo conservador con invitados como Jorge Marichal (14 de mayo) y la mencionada Luz Reverón (4 de junio).

La única concesión progresista en esa mesa de debate fue la presencia de la abogada Loueila Sid Ahmed Ndiaye, experta en migraciones (11 de junio), a la que acompañaron, además del recurrente Alberto Rodríguez, Juan García Luján y Jorge Bethencourt, ambos tertulianos fijos de la Ser.

De las siete entregas emitidas hasta ahora, en todas las mesas de debate ha habido siempre dos personas de la cadena Ser, y en dos ocasiones, su directora, Lourdes Santana, en persona (14 y 28 de mayo).

Después de Alberto Rodríguez, con cinco presencias, los tertulianos que han repetido más veces están vinculados a la Cadena Ser: Juan García Luján, jefe de prensa de Santa Lucía de Tirajana, y Janire Alfaya, que han estado en el programa tres veces, frente a las dos de Jorge Bethencourt y dos de Francisco Pomares, que no podía faltar y el protagonista de primer altercado. 

Completan la nómina de analistas Antonio Salazar (director de La Gaveta), que ha acudido dos veces; Ángeles Arencibia (jefa de prensa de la Fundación Juan Negrín), que ha estado una vez en La Retranca, las mismas que el periodista de El Día Miguel Ángel Autero.

3.- Hay que verlo. 

Este magazine de tarde es el segundo intento de esta segunda presidencia de Clavijo de controlar esa franja horaria después del estrepitoso fracaso que supuso Conecta Canarias (CC), que entregó a una productora sin experiencia, Etiazul. El programa tuvo muchos momentos memorables, pero seguramente el más comentado fue aquel en el que la presentadora, ejecutando órdenes que le llegaban por el pinganillo, retiró la palabra a Francisco Pomares cuando trató de vincular mascarillas con comisiones y con el presidente de la UD Las Palmas.

Hay que verlo es una coproducción de la ya mencionada Galera Norte (De buena tinta) y La Cometa, vinculada a Sigma Dos e introducida en Canarias de la mano de José Manuel Soria. La Cometa es la productora del exitoso formato Mañaneros 360, en Televisión Española.

En lo que estrenan este julio el plató que han acondicionado en una nave industrial de Taco (La Laguna) han estado compartiendo plató con Videre (Prensa Ibérica), que produce Ponte al Día, un magazine de mañana. 

No falta una comentarista de actualidad de la Cadena Ser, en este caso Puchi Méndez, pero entre los todólogos fijos se encuentra nada más y nada menos que el único que tiene Coalición Canaria en Arucas, el abogado José Eduardo Marrero, ex de Ciudadanos, cuyo futuro político no está muy claro desde que este jueves su partido firmara una alianza electoral con Primero Canarias para 2027 y más allá.

3.- Buenos Días Canarias

Veterano programa de producción propia donde se nota mucho menos la larga mano de la brigada opinadora de Clavijo, quizás porque todavía no han tenido tiempo de fijarse en él o porque solo pagan 60 euros por asistencia. Tiene mucha más pluralidad, pero no se libra de analistas como Francisco Pomares, que en lo que va de junio ya ha acudido en dos ocasiones.

4.- Debate sobre el Estado de la Nacionalidad

Los programas informativos especiales no se libran de la larga mano de la manipulación ideológica que impera en Televisión Canaria.

El debate sobre el Estado de la Nacionalidad, celebrado del 10 al 12 de marzo pasado, no iba a ser una excepción. Así que, además del amplio despliegue técnico y de periodistas de la casa cubriendo informativamente el acontecimiento, la cadena decidió montar “dos mesas de análisis político” para analizar, interpretar y explicar a la ciudadanía lo que en el Parlamento pasaba esos dos días. Las mesas estuvieron formadas las siguientes personas: Marta Cantero, directora de Contenidos de la Cadena Ser en Canarias, Jorge Bethencourt, Francisco Pomares y Silvia Fernández, periodista de Canarias7, la única ajena a la emisora de Prisa en Canarias. 

Y por si esas dos mesas fueran pocas, tras el discurso del presidente del Gobierno, retomaron desde el plató los analistas Francisco Pomares y Jorge Bethencourt.

Ya por la tarde, el panel de analistas se completó con la directora de la Cadena Ser en Canarias, Lourdes Santana, a la que se añadió a la periodista tinerfeña Chicha Arozarena, ex trabajadora de Radio Nacional de España.

En total, cuatro periodistas de la brigada opinadora de la Cadena Ser, entre ellas su directora regional y su jefa de Contenidos, frente a dos de otros medios.

5.- Venezuela, a debate

Ocurrió el 1 de enero, con motivo de la crisis que vivió Venezuela con motivo del ataque del ejército de Estados Unidos y el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa. A tal fin, Televisión Canaria hizo un despliegue ideológico claramente marcado por el anti chavismo y la defensa de la acción de Donald Trump, aunque en los comunicados de prensa previos la frase central fue “una casa en la que caben todas las opiniones”. Es cierto que el programa incluyó un cara a cara entre un detractor del chavismo y un defensor del régimen bolivariano y que hubo conexiones externas con variadas voces, pero al regresar al plató ya en el tramo central y final del programa, las opiniones no iban a ser tan plurales.

Así que, para la ocasión, la dirección dispuso de nuevo la presencia de la directora de la Cadena Ser en Canarias, Lourdes Santana, y la de su más estrecho consultor editorial, Francisco Pomares, para que formaran la “mesa de análisis” junto al periodista Antonio Salazar, que nunca ha escondido su ideología neoliberal. Completaba el panel Ángeles Arencibia.

En total, seis opinadores de la Cadena Ser en Canarias, incluyendo su directora regional y su directora de Contenidos, copan cada día con más presencia los espacios más destacados de la televisión pública de Canarias para fijar la posición del Gobierno de Fernando Clavijo, tanto en los asuntos de ámbito regional como los nacionales e internacionales.

La presencia de analistas de partidos políticos ha sido de representantes ajenos al PSOE, Nueva Canarias o Podemos, para potenciar a Drago como contrapeso a todos ellos, al PP y a Coalición Canaria. En el terreno de lo exótico debemos situar a una ex dirigente del desaparecido Ciudadanos, cuyos principios ideológicos reman en la misma dirección de la dirección de la cadena.

Si a este sesgo ideológico se le suma la nueva era de informativos impuesta por el nuevo administrador general de RTVC, es fácil deducir que Fernando Clavijo no se conforma con los medios afines, casi todos en Canarias, sino que quiere una radio y una televisión públicas absolutamente sumisas. Sin fisuras.

Gobiernos de Coalición Canaria (CC) han adjudicado casi diez millones de euros en menos de dos años a la consultora Cumbre 8 Islas, creada en octubre de 2023 y dirigida por el ex alto cargo de Ciudadanos Marcos Cohen, a través de contratos menores y tres concursos públicos en los que siempre obtuvo la mejor puntuación en los criterios subjetivos.

Esa valoración resultó decisiva para la adjudicación de dos licitaciones en las que la empresa quedó por detrás de sus competidoras en los factores objetivos, es decir, aquellos parámetros cuantificables y medibles de forma automática: una de 2,76 millones de euros del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, gobernado por el PSOE y CC, para atraer financiación y fondos europeos; y otra de 3,79 millones de la Sociedad Canaria de Fomento Económico (Proexca), dependiente del Gobierno de Canarias, conformado por CC y PP, para apoyar la gestión de proyectos “transformadores” para la economía canaria. Esta última adjudicación fue recurrida ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos, que desestimó el recurso interpuesto por otra de las compañías concurrentes, EVM Group.

El tercer gran contrato de Cumbre 8 Islas fue firmado con los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote (CACT), del Cabildo insular, integrado por CC y PP, por un importe de tres millones de euros, para diseñar iniciativas orientadas a la “transformación” del modelo turístico. El PSOE, líder de la oposición, calificó el contrato de “despilfarro monumental”, al considerar que no tendrá impacto real “mientras la isla colapsa”.

Los criterios subjetivos de las ofertas presentadas en este procedimiento abierto fueron evaluados por la Cámara de Comercio de Lanzarote, que recibió esa encomienda de gestión de los propios CACT el 16 de diciembre de 2024.

Mientras analizaba las propuestas del concurso, la institución contrató a la mercantil de Cohen por 198.400 euros para la elaboración de un plan de crecimiento económico y social de Lanzarote y La Graciosa mediante un procedimiento reforzado en el que invitó a tres empresas a participar y acabó eligiendo a Cumbre 8 Islas. El contrato se firmó el 24 de diciembre de 2024.

El 16 de enero de 2025, la Cámara emitió el informe de valoración del concurso de los CACT. La consultora de Cohen obtuvo 41 puntos, frente a los 26,6 de PricewaterhouseCoopers (PwC), una de las denominadas Big Four de la consultoría y la auditoría. En el subcriterio de “conocimiento y especificidad de los problemas asociados al Cabildo de Lanzarote y cómo estos afectan directa o indirectamente al desarrollo del servicio requerido”, la diferencia fue de 9 puntos a 1.

La Cámara de Comercio de Lanzarote contrató a Cumbre 8 Islas mientras tenía encomendada la evaluación de los criterios subjetivos del concurso de los CACT en el que la consultora acabaría resultando adjudicataria.

En los criterios objetivos de esa licitación, la empresa también obtuvo la mayor puntuación, con 50,91 puntos, frente a los 43 logrados por PwC. Fue el único de los tres concursos que ganó en la que lideró tanto la valoración subjetiva como la objetiva, según la Plataforma de Contratación del Sector Público. En la de La Laguna quedó por detrás de varias competidoras, entre ellas firmas como Deloitte o Ernst and Young. En la de Proexca fue segunda, por detrás de EVM Group.

Esas tres adjudicaciones millonarias, junto a la del procedimiento reforzado de la Cámara de Comercio de Lanzarote, elevan la cifra adjudicada a Cumbre 8 Islas a 9,84 millones de euros. A ello se suman ocho contratos ‘a dedo’ en favor de la firma de Cohen, muchos de ellos por importes próximos a 14.900 euros, justo por debajo del umbral de 15.000 euros establecido para los contratos menores.

Un contrato del Cabildo de Lanzarote para el servicio de consultoría para la realización del ‘Plan de Acción 2024’, por 14.500 euros. Otra adjudicación, esta vez de la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote, empresa pública dependiente de la Corporación insular, por 14.990 euros, para la asistencia técnica en la contratación de servicios de diseño y puesta en marcha de una campaña de concienciación turística.

El Cabildo de Tenerife, gobernado por CC y PP, contrató a la empresa por 14.800 euros para la coordinación del Plan director de Innovación de la isla. La Dirección General de Análisis y Estudios del Gobierno de Canarias hizo lo propio por 14.900 euros para la elaboración de un informe sobre la demanda de mano de obra de las empresas y las necesidades de formación en los sectores productivos de Gran Canaria.

El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, formado por un tripartito integrado por el PP, la Asamblea Ciudadana Portuense (ACP) y CC, lo contrató en dos ocasiones, por 6.000 euros cada una, para el patrocinio de los Premios Gastronómicos Mesa Abierta en los años 2024 y 2025.

La Agencia Local Gestora de la Energía (ALGE) del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, conformado por PSOE, NC y Podemos, pagó a Cumbre 8 Islas 4.990 euros para la redacción de una memoria económica-financiera para este órgano municipal. Y la Institución Ferial de Canarias (INFECAR), del Cabildo de Gran Canaria, gobernado por PSOE y NC, adjudicó a la consultora de Cohen un contrato de 14.990 euros para el desarrollo de documentación técnica de la institución.

Los ocho contratos menores suman 91.000 euros. El total de las adjudicaciones es de 9,93 millones. Si se excluyen aquellas tramitadas por administraciones o gobiernos en los que no participa Coalición Canaria (el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, INFECAR y la Cámara de Comercio de Lanzarote), la cifra se reduce a 9,71 millones de euros.

“Pensamos canario, transformamos Canarias”

Marcos Cohen fundó Cumbre 8 Islas en octubre de 2023 con un capital social de apenas 100 euros. Antes había sido senior mánager y director de PwC en Canarias. En el plano político, fue número tres en la lista de Ciudadanos al Congreso de los Diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife en las elecciones de 2019. Ese mismo año fue nombrado miembro de la gestora del partido en el Archipiélago, en un contexto de crisis interna en la formación. El eslogan de su consultora es “pensamos canario, transformamos Canarias”.

Cohen defiende de manera técnica el reciente éxito que ha tenido en los concursos públicos. Dice que “en determinados criterios ganas, y en otros no. Pero en su conjunto eres mejor que los demás. Por lo menos en los que hemos participado”, sostiene. Y añade una clave. “Si analizas los pliegos, hay un grado importante de conocimiento del territorio. O sea, se valora de forma importante. (…) La clave está en eso”.

Sobre el contrato firmado con los CACT en el que estuvo involucrada la Cámara de Comercio de Lanzarote, asegura que ambos organismos cuentan con “su área jurídica bien grande y su compliance”, en referencia a los departamentos de cumplimiento normativo, y que son ellos quienes deben vigilar estas cuestiones.

Cumbre 8 Islas también destaca por la incorporación de profesionales procedentes de la administración pública. En su plantilla figuran ex altos funcionarios y directivos del sector público canario, lo que le otorga, en palabras de Cohen, una “ventaja” a la hora de prestar servicio a sus clientes, ya que estas personas conocen “perfectamente la idiosincrasia” de la administración.

Tal y como reveló Canarias Ahora, Cohen celebró entre 2019 y 2020 con el núcleo duro del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife reuniones para tratar de lograr para PwC, la firma en la que trabajaba entonces, un contrato de unos dos millones de euros anuales destinado a la digitalización, modernización y agilización de los trámites administrativos del Consistorio.

El proyecto iba a ser liderado dentro del Ayuntamiento por Juan Ramón Lezcano (Ciudadanos), entonces concejal de Urbanismo. Pero no prosperó. Y Lezcano, poco después, dimitió, permitiendo que Evelyn Alonso accediera al cargo de concejala y firmara su apoyo a la moción de censura contra el PSOE, entregando el bastón de mando al nacionalista José Manuel Bermúdez (CC).

Cohen también estuvo presente en los viajes que el equipo de gobierno de Santa Cruz de Tenerife, ya liderado por Bermúdez, organizó a París para tratar de cerrar sin éxito la creación del Museo Rodin en la capital santacrucera. El periódico El Español publicó un artículo cuestionando la presencia del ahora presidente de Cumbre 8 Islas en esas reuniones.

El portavoz entonces de Unidas Podemos en Santa Cruz de Tenerife, Ramón Trujillo, denunció sin citarlo de manera expresa, pero refiriéndose a Cohen, que no había “ninguna razón” para que estuviera allí.