Coalición Canaria ve “absolutamente insuficiente” el decreto de medidas aprobado por el Gobierno para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio y condiciona su apoyo a que haya “garantía de compensación financiera suficiente” al Ejecutivo canario.

La diputada de la formación en el Congreso, Cristina Valido, ha explicado a EFE este lunes que aún con alguna de las medidas propuestas por su partido e incorporadas en el decreto, como las ayudas directas al transporte marítimo o al sector primario, su formación considera “evidente el insuficiente impacto” del plan “en la vulnerable economía canaria”.

Así, ha avanzado que el voto de su partido en la Cámara Baja, donde aún debe convalidarse los dos decretos aprobados por el Consejo de Ministros -el de las ayudas por el conflicto y otro sobre vivienda-, dependerá de si antes de la votación el Gobierno les garantiza que compensará financieramente al Ejecutivo canario “para acometer todas las medidas que no pueden aplicarse en el archipiélago”.

Valido ha subrayado que el decreto está “pensado para la realidad peninsular” y “olvida, de nuevo, la singularidad fiscal canaria” ya que, ha recordado, “las medidas de mayor peso son las vinculadas a la reducción del IVA, no aplicables en Canarias”.

En ese sentido, ha dejado claro que los canarios “no han de soportar las medidas que requiere la situación con cargo a su presupuesto mientras que el Estado asume su coste para el territorio continental”.

Ha considerado que el IGIC (el Impuesto General Indirecto Canario) “soporta los servicios básicos de los canarios y no puede verse mermado por la necesidad de financiar medidas que el Estado soporta para la ciudadanía peninsular”.

Por ello, la diputada ha declarado que su formación espera que el Gobierno canario obtenga la respuesta que “por derecho corresponde a las islas”, y que el Gobierno de España “no siga ignorando su singularidad y las obligaciones que tiene con la única Región Ultraperiférica del Estado”.

Sobre el segundo decreto aprobado el viernes por el Consejo de Ministros, con medidas en materia de vivienda, Valido ha apuntado a que su formación lo estudiará en profundidad para decidir el sentido de su voto cuando llegue al pleno de la Cámara Baja para su convalidación.

Al menos una veintena de proyectos clave para combatir la violencia machista han sido ya cancelados por sus promotoras en los últimos días ante la parálisis del Instituto Canario de Igualdad (ICI), que no ha movilizado los fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género. A mediados de septiembre no se sabe nada de estas partidas que deben ejecutarse antes de final de año. La investigadora y experta en videojuegos Nira Santana es una de las afectadas y asegura a este periódico que si su investigación sobre el machismo en los videojuegos es estimada la tendrá que rechazar “porque es imposible hacerla respetando el dinero público”. 

Santana fue una de las primeras que en redes sociales anunció la pasada semana que la Dirección General de Juventud había apostado en un primer momento por su proyecto: una investigación en profundidad sobre el acoso y la discriminación que sufren las chicas que juegan a videojuegos y cómo eso las aleja de estudiar o trabajar en la industria. “Pero no va a poder ser. El Instituto Canario de Igualdad sigue sin resolver los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Sin esos fondos, el proyecto no puede empezar”, aseguraba. “Y es imposible desarrollar una investigación en solo cuatro meses, y lo más triste es que habiendo dinero para hacerlo, probablemente termine devolviéndose”, dijo la investigadora que denunció “el silencio institucional” al respecto. 

Este periódico publicó a finales de agosto la denuncia de varias expertas que trabajan en favor de la igualdad que afeaban la parálisis del Instituto Canario de Igualdad y el bloqueo a estos fondos. La consejera de Bienestar Social e Igualdad, Candelaria Delgado, respondió en el Parlamento que se ha iniciado “una tarea rigurosa de control, de depuración y de selección de programas para que cada proyecto financiado con estos fondos sea sólido, útil y sostenible en el tiempo”. 

Sin embargo, las expertas han empezado a cancelar en cascada los proyectos previstos, ya que no se ha dado una fecha concreta ni se ha anunciado si se va a prolongar el plazo de ejecución de esos proyectos, que según muchas de estas profesionales, en un principio se les prometió que se trabajaría con carácter bianual. 

Según ha podido recabar este periódico, de momento, los proyectos cancelados son: De Pixels y de sueños (la investigación de Nira Santana), Las chicas también juegan, Chicas con ciencia, Por no Hablar, Consexus, Sin Filtros, Sexplotación, Plan Formativo Igualitario (en el que entran las jornadas de Comunicación Igualitaria que se venían celebrando cada año en la Universidad de La Laguna), Cuida tu sexualidad, Brújula, Acuerparnos, Harimaguadas, Asesoramiento y formación para la prevención de la violencia de género, otro proyecto sobre salud mental y violencia machista en jóvenes, otro llamado Territorios libres de violencia, Expresión feminista, la cátedra de violencia contra las mujeres y fortaleciendo redes: discapacidad y violencia contra las mujeres. 

Nira Santana expone que “si yo trabajo con honestidad y responsabilidad de cara al dinero público que se me otorga, yo no puedo aceptar un proyecto de esta envergadura para desarrollarlo en un tiempo récord y además pasando por encima de mi salud. Entonces, aquí hay una cuestión también de cuidado, de pensar en las profesionales que están detrás de estos proyectos, que pretenden tener una dimensión y un impacto en la sociedad”.

Hay un silencio institucional y no podemos hacer nada

Además, lamenta que “con este tiempo de ejecución es imposible que haya un silencio institucional que ahora mismo hace que no podamos hacer absolutamente nada”. “No hay que olvidar que el Instituto Canario de Igualdad es una institución que nos pertenece a todas, que es nuestro, que está levantado gracias al activismo y que las personas que están al frente de esta institución tienen que estar a la altura de la misma”, insiste.

El Instituto Canario de Igualdad es una institución que nos pertenece a todas, es nuestro, está levantado gracias al activismo

Santana incide en que lo ideal es que se pudiera empezar desde principios de año a ejecutar los proyectos porque “necesitamos que la prevención pueda hacerse durante todo el año”.

Sobre el hecho de que desde la Consejería se haya asegurado que se van a mejorar los sistemas de valoración, adelanta: “Yo entiendo que después de tanto tiempo para valorar estos proyectos, cuando decidan aprobar o desestimar un proyecto, sobre todo en el caso de aquellos que van a desestimar, nos expresen los motivos y nos argumenten el porqué, porque entendemos que si es tan riguroso ese sistema, van a ser transparentes. Porque, si no, yo personalmente, ya adelanto que si mi proyecto fuera desestimado voy a pedir explicaciones públicas. Y es un proyecto que ya también declaro públicamente que, si es estimado, por mi parte voy a tener que rechazar”, asegura.

“Pero no lo voy a rechazar porque no quiera desarrollarlo, sino porque es imposible hacerlo respetando el dinero público que a mí se me otorga como investigadora para poder hacer algo verdaderamente importante para la sociedad canaria”, añade. “Lo que no se puede utilizar como un arma política es que nosotras hemos rechazado ejecutar esos proyectos”, agrega.

La investigadora subraya además que su trabajo se ajusta a los objetivos que fija el Pacto de Estado contra la Violencia de Género porque pretendía prevenir esa ciberviolencia machista dentro del entorno digital.

Me duele ver que una administración que debería impulsar medidas para acabar con esta lacra, no lo esté haciendo bien

“Me duele muchísimo ver que una administración que debería impulsar medidas para acabar con esta lacra que vivimos en nuestra sociedad, pues no lo esté haciendo bien. Porque afortunadamente, como profesional, yo trabajo en toda España, pero me da muchísima pena que Canarias, que es donde vivo, donde he nacido, pues esté ocurriendo esto. Y mi denuncia ya no es como una trabajadora perjudicada, mis declaraciones son como feminista, como una mujer comprometida con lo que está pasando, porque me duele muchísimo”, remarca Santana.

Nira Santana insiste en que “afortunadamente en Canarias tenemos unas iniciativas y unos profesionales increíbles y el problema es que no se les está dejando trabajar en condiciones”, y apunta que espera que se explique por qué se está produciendo este retraso y qué sistemas de evaluación están utilizando, que sean transparentes y “que agilicen esta cuestión para que el año que viene las trabajadoras puedan empezar a trabajar desde enero y que esto no vuelva a suceder más”. Y añade que “si hay personas que no pueden garantizarnos esto, pues tendrán que dar un paso atrás”.

Por su parte, Idaira Alemán, trabajadora social al frente del proyecto Por no hablar, es otra de las que ha tenido que cancelarlo. De momento, las jornadas que había previstas para octubre con el cartel cerrado están suspendidas, también la campaña que suele sacar por el día contra la Trata y la explotación sexual.

La decisión asegura que se tomó porque “faltaba menos de un mes para ejecutar las jornadas y no teniendo todavía la claridad de que vamos a tener la financiación, pues decidimos que no podíamos asumir ese riesgo de montar una jornada sin tener garantizado que lo íbamos a poder pagar. Sé que la Dirección General de Juventud ha luchado muchísimo por todos los proyectos, pero desde el Instituto Canario de Igualdad todavía siguen sin confirmar si los proyectos salen o no, con lo cual ya dificulta muchísimo ejecutar ciertas acciones que ya tenían fechas, tanto esta como la campaña Cero Cómplices que llevamos dos años haciendo y que este 23 de septiembre no va a poder ser”, resume.

“Ya las jornadas estaba todo el programa montado. De hecho, hemos tenido que pedir disculpas a todas las personas ponentes, que afortunadamente hemos recibido un montón de apoyo porque entienden perfectamente la situación, pero sí estaba todo el trabajo de diseño elaborado, al igual que la campaña, que ya había mucho adelantado. Yo creo que todas las personas que estamos en estos proyectos llevamos trabajando desde enero para que salgan adelante y al final pues nos quedamos en nada”, destaca.

Lo que más me duele es la gente joven, que nos hagan consultas online y que no tengamos una psicóloga a quien derivar

“Igual que las consultas, a mí lo que más me duele es la gente joven, que nos hagan consultas online y que no tengamos una psicóloga a quien derivar, como hacíamos años anteriores”, apunta. “O cuando nos dicen desde centros educativos ¿Cuándo pueden venir este año? Y les tenemos que decir: pues mira, no podemos ir. Es muy triste”, lamenta.

Idaira Alemán explica que en Por no Hablar tienen una línea de trabajo con jóvenes, una línea de trabajo con profesionales y otra con familias y luego las acciones destinadas a la comunidad en general. En la parte de trabajo con jóvenes “pues teníamos talleres que se daban en los centros educativos principalmente y también un buzón virtual en Instagram donde nos llegaban diferentes dudas y una compañera psicóloga que hacía el asesoramiento cuando había casos de consumo compulsivo de pornografía o cuando ya detectaban alguna inquietud en torno al consumo de porno”, subraya. “Y luego en los talleres de familias pues se hacía un acompañamiento de cómo las familias pueden abordar la desactivación de la pornografía y la activación de nuevos puentes de aprendizaje”, expone.

Explica que ahora a 15 de septiembre tienen muy poco margen y que si salieran adelante los fondos del Pacto de Estado tendrían que valorar qué acciones podrían desarrollar. De momento, sí que está suspendida la campaña y las jornadas, pero tendrían que valorar si podrían realizar alguna acción concreta. La trabajadora social subraya que en un primer momento se les planteó la idea de que los proyectos pudieran ser bianuales y así trabajar con mayor previsión, pero en julio se cambió el criterio.

Además, el proyecto Por no Hablar ha sido reconocido por el Consejo General de Trabajo Social. “Tenemos ese sabor agridulce porque, por un lado, se reconoce la innovación del proyecto, la labor que se está haciendo y, por otro, pues lo vemos que no podemos ejecutar gracias a otras administraciones que están apostando en cositas más pequeñas y podemos mantener algunas actividades puntuales, pero al final es verdad que la mayor parte de toda nuestra acción se desarrollaba con el dinero del Fondo del Pacto de Estado”, afirma Idaira Alemán.

Somos un montón de proyectos los que están paralizados y se traduce en que lo que está paralizado es la prevención en la violencia

La trabajadora social agrega que “somos un montón de proyectos los que están paralizados y es que se traduce en que lo que está paralizado es la prevención en la violencia y es lo que más nos duele y es verdad que como profesionales tampoco se nos está valorando porque llevamos un año trabajando muchas personas en muchos proyectos, proyectos que dan esperanza a una realidad tan dura como es la violencia machista y que al final quedan en un cajón”.

Varios de los proyectos cancelados han colgado comunicados en sus redes sociales. Por ejemplo, desde Sexplotación explican que este proyecto nació para luchar contra la explotación sexual de mujeres y niñas en Canarias, en el contexto de la prostitución y la trata con fines de explotación sexual y que en él participan “mujeres supervivientes que, con un inmenso esfuerzo, hemos vuelto una y otra vez a nuestros recuerdos más oscuros para transformar el dolor en conciencia”.

La demora del ICI nos ha dejado desamparadas

“Pero hoy nos vemos en una situación que nos duele profundamente. La demora del Instituto Canario de Igualdad (ICI) en repartir los fondos destinados a proyectos de juventud nos ha dejado desamparadas. Y nos preguntamos: si el ICI dice estar con las víctimas, ¿dónde está ahora?”, se cuestionan.

“Esta inacción no es un simple retraso administrativo: es un nuevo abandono. Significa más puertas cerradas, menos oportunidades, y para muchas mujeres, la amenaza real de volver al sistema prostitucional en busca de una salida. La actitud del ICI refleja lo que tantas veces hemos vivido las víctimas de violencia sexual: palabras de apoyo que nunca se cumplen, promesas de protección que acaban en silencio y desamparo”, insisten.

“Estamos dolidas, sí. Por nosotras, que sostenemos este proyecto con nuestra propia historia. Por nuestras compañeras de otros proyectos que también quedan en suspenso. Y, sobre todo, por todas las mujeres y niñas que siguen atrapadas en la explotación sexual en Canarias”, subrayan las mujeres que componen este proyecto.

Hoy lo decimos alto y claro: el ICI no está en el bando de las víctimas

“Hoy lo decimos alto y claro: el ICI no está en el bando de las víctimas”, recalcan desde Sexplotación.

El proyecto Harimaguadas es uno de los últimos que han anunciado su paralización en las redes sociales. Este mismo lunes, en Instagram señalaba que debió haberse puesto en marcha entre los meses de julio a septiembre y que no ha recibido respuesta del Instituto Canario de Igualdad (ICI). “Nos preocupa que cuando finalmente se nos dé una resolución, se nos pida ejecutar el proyecto en un tramo de calendario reducido, lo cual no sería realista y afectaría directamente a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas”, afirma.

La pasada semana, Candelaria Delgado habló en el Parlamento de “herencia envenenada” en referencia a la gestión recibida de la etapa en la que era directora del ICI Kika Fumero, en un Gobierno con Ángel Víctor Torres (PSOE) de presidente y Noemí Santana (Podemos) de consejera del área de Igualdad y en el que también gobernaba Nueva Canarias y ASG.

Kika Fumero ha respondido en una carta a la actual consejera en la que recuerda que nada más llegar al Gobierno, el Ejecutivo de Fernando Clavijo recortó el presupuesto en Igualdad y se preguntó  ¿qué ha pasado con los convenios y protocolos de actuación consolidados con universidades, farmacias, RTVC, el sector transporte y el de mujeres con discapacidad (CERMI Mujeres)? ¿Qué trabajo está haciendo con las mujeres migrantes, víctimas de tantas violencias en origen, durante la travesía y en destino? ¿Qué ha pasado con todo el trabajo que llevamos a cabo de la mano de Educación: centros de profesorado y responsables de igualdad de los centros educativos de Canarias?, entre otras cuestiones.

La educadora social Nereida Vizuete también ha respondido a la consejera de Bienestar Social en sus redes sociales y ha recordado tanto el recorte “drástico” en los presupuestos de igualdad como que el ICI no realiza apenas ninguna actividad. “Los datos hablan por sí solos, si le echamos un vistazo a la web del ICI vemos cómo van decayendo hasta el año actual y en 2025 no hay publicaciones”, destaca.

Vizuete insiste en que el Cabildo de Gran Canaria ha tenido que reforzar la red contra la violencia machista debido a que el Gobierno de Canarias ha menguado su presupuesto. Asimismo, ha pedido más transparencia al Gobierno de Canarias y ha recordado que hay fondos que se pierden porque no se ejecutan. “Quienes están en el Gobierno tienen la responsabilidad de actuar”, insiste.

El alcalde de Tinajo, Jesús Machín (Coalición Canaria), ha perdonado varias deudas por valor de 35.000 euros a la empresa Duque & Duque Lanzarote S.L., administrada por uno de sus hermanos. El primer edil de este municipio de Lanzarote lleva en el puesto 24 años y ha estado en el centro de la polémica en las últimas semanas por decir en un pleno que alojaba a agresores machistas en hoteles para evitar su detención. El pasado 30 de octubre, Machín firmó un decreto para tramitar la prescripción de deudas tributarias que ascienden a los cuatro millones de euros. Entre ellas, también hay pasivos de dos concejales de la corporación municipal. 

El documento, al que ha tenido acceso este periódico, fue firmado en noviembre de 2024 y recoge hasta 47 deudas contraídas entre los años 2000 y 2020. La resolución atiende a una propuesta de la Secretaría-Intervención emitida el 26 de noviembre del año pasado, en la que se argumentaba la necesidad de iniciar los trámites para la prescripción de estos adeudos. Un día después, la Alcaldía incoó el procedimiento y se emitió un informe jurídico que comprobaba su “viabilidad y legalidad”. 

Entre los beneficiarios de la prescripción de la deuda está Luis Miguel Pérez Berriel, concejal de Agricultura, Ganadería y Pesca, Parque Móvil y Transporte, Limpieza, Parques y Jardines, Vías y Obras, Mantenimiento de Viales y responsable del área de Protección Animal y Cementerio. En concreto, a 31 de diciembre de 2005 tenía pendiente de ingresar 2.987 euros y otros 2.358,50 correspondientes a “licencias urbanísticas”.

Otras dos de las cantidades pendientes de pago son de Jonathan Pérez Olivero, edil de Festejos, Economía y Hacienda, Recaudación y Catastro. En este caso, los importes son de 2.823,75 y 3.529,69 euros. Esta última correspondiente a “licencias urbanísticas”. 

De los 4.025.431,26 euros que se debían a las arcas públicas del Ayuntamiento, 34.665,75 han sido perdonados a la empresa Duque & Duque Lanzarote S.L. En concreto, se trata de siete deudas diferentes contraídas entre 2013 y 2014. Las dos primeras datan del 8 de mayo de 2013, tienen un importe de 4.315,20 y 4.604,14 euros, y corresponden a la legalización y ejecución de vivienda unifamiliar aislada en La Vegueta.

Las dos siguientes son del 13 de mayo de 2013, en el documento aparece el mismo concepto que en las anteriores y los importes son de 5.247,97 y 5.711,10 euros. La siguiente es de 5.247,97 euros, data del 22 de octubre de 2013 y se relaciona con un canon de aprovechamiento urbanístico y proyecto técnico de legalización y ejecución de vivienda unifamiliar aislada en La Vegueta. 

La empresa Duque & Duque Lanzarote fue constituida en noviembre de 2004 y en 2008 fueron nombrados dos administradores: José Carmelo Bermúdez Duque y Manuel Armando Machín Duque, hermano del alcalde, Jesús Casimiro Machín Duque. Se trata de una empresa pequeña dedicada a la construcción de edificios residenciales que tenía su domicilio social en La Vegueta, Tinajo.

En 2017 fue publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) el cierre provisional de la hoja registral de esta empresa por su baja en el índice de entidades jurídicas. Esta medida administrativa se toma cuando una empresa no ha cumplido con sus obligaciones legales o registrales sobre su actividad o su existencia legal. 

Deudas de varias consejerías y del Cabildo

Tinajo tampoco cobró a diferentes consejerías del Gobierno de Canarias más de 220.000 euros para obras de mejora en diferentes áreas del municipio. La cantidad de dinero más alta que nunca fue abonada la prometió la Consejería de Educación en 2008 y tiene un valor de 100.000,93 euros, que se tenían que dedicar a la construcción del colegio público Guiguan, en Mancha Blanca. La Consejería de Industria tampoco pagó al municipio 86.929,25 euros de una ayuda aprobada en 2007 para realizar “varias obras de ahorro y eficacia energética en el municipio”. 

Por su parte, el área de Empleo tenía dos deudas con el Ayuntamiento. Una de ellas de 14.679,53 euros para la mejora y el soterramiento de líneas eléctricas en Tinguatón y otra de 17.786,82 euros para la mejora y el soterramiento de líneas eléctricas esta vez en el núcleo de La Vegueta. En esta línea, la corporación municipal no cobró a las consejerías de Bienestar Social y de Presidencia otras dos cantidades de 1.200 y 2.486,86 euros para gastos del programa de concertación de plazas en escuelas infantiles privadas y para la potenciación y homogeneización de las policías locales de Canarias, respectivamente. 

Por otro lado, el Cabildo de Lanzarote quedó pendiente de pagar al Ayuntamiento 380.412,51 euros por deudas de 2001, 2002 y 2017. 

El documento también recoge cuatro deudas de la empresa Insular de Aguas de Lanzarote (Inalsa), encargada de la producción de agua en la isla. Dos de ellas corresponden a las tasas por ocupación de suelo de 2008 y 2009 que no se pagaron. En concreto, las cuantías son de 7.737,31 y 3.602,63 euros. La tercera data de 2012 y, en este caso, Inalsa no abonó 5.222,37 euros en concepto de tasas por el uso del subsuelo entre enero y agosto de ese año.

Tampoco pagó las relativas al periodo entre septiembre y diciembre de 2012, lo que supuso una pérdida para las arcas municipales de 2.209,20 euros más. También quedaron pendientes de pago las tasas por el uso del subsuelo entre enero y mayo de 2013. En total, esta empresa debía a Tinajo 22.318,77 euros. Este periódico ha pedido a la corporación municipal más detalles sobre por qué no se cobraron todas estas deudas, pero hasta el momento no ha respondido.

El decreto resuelve que se debe iniciar un expediente administrativo para determinar “la posible existencia de una actuación culposa en la administración de los recursos”. Esto significa que el Ayuntamiento deberá investigar si se produjo algún tipo de negligencia en la gestión del dinero público que haya provocado la pérdida de cuatro millones de euros en un municipio que en 2024 contaba con un presupuesto de 12 millones.

La bicefalia del PNV, ahora encarnada por Aitor Esteban en Sabin Etxea e Imanol Pradales en Ajuria Enea, se ha multiplicado este 11 de septiembre con el primero en Barcelona con motivo de la Diada nacional catalana y el segundo en Canarias con su homólogo Fernando Clavijo. Los nacionalistas vascos miman sus relaciones con Coalición Canaria (CC), partido amigo históricamente del PNV y con el que comparten espacio en Europa, y a la vez buscan seguir recuperando la cercanía perdida con Junts tras el 'procés', en el que la anterior bicefalia, la de Andoni Ortuzar e Iñigo Urkullu, medió entre Carles Puigdemont y Mariano Rajoy para evitar la declaración unilateral de independencia y el 155.

Tras la desaparición de CiU, el PNV ha estado más próximo al sector posconvergente más moderado, el que en su momento se articuló en torno al PDeCAT. Los sucesos de 2017 supusieron un punto de no retorno con Puigdemont que se tradujo en la ruptura de la coalición europea mantenida históricamente ya en 2019 y de nuevo en 2024. Los 'jeltzales' nunca han dejado de participar en la Diada -como a la inversa el PNV siempre recibe invitados catalanes en sus actos principales, como el Alderdi Eguna-, pero sí es cierto que hay que viajar en el tiempo a 2019 para ver el último año con un líder del partido en Barcelona un 11 de septiembre.

En 2024, el mismo Esteban fue el enviado, pero entonces como diputado en el Congreso. Ahora ha optado por asistir en primera persona como presidente y de la mano de Junts. Ha ido acompañado de un dirigente con gran peso en la nueva etapa, Joseba Díez Antxustegi, también portavoz parlamentario. Ortuzar, antes de dejar el cargo, ya había recompuesto los puentes, eso sí. El mismo día en que estalló la noticia de que Urkullu no iba a seguir con el lehendakari él se encontraba reunido con Jordi Turull y, después, viajó a Bélgica para estar con Puigdemont. En todo momento tuvo la asistencia de Joseba Aurrekoetxea.

“Queremos mostrar nuestro respeto al pueblo de Catalunya y recordar la defensa de la soberanía de Euskadi y Catalunya. Buena Diada nacional de Catalunya a todo el mundo”, ha escrito el PNV en euskera y catalán con motivo de la visita. Esteban y Díez Antxustegi aparecen en muchas fotografías hechas públicas por Junts muy cerca de sus máximos dirigentes, encabezados por Turull. “Es importante estar aquí. Pese a que las particularidades concretas de la vida política de Euskadi y Catalunya son diferentes, nos enfrentamos a problemas comunes y defendemos nuestra soberanía. Dentro de esos problemas comunes, nos toca darnos cuenta de que también nos está afectando toda la situación mundial y el contexto europeo. Nos va a tocar poner mucha atención a cómo se va a desarrollar ese nuevo orden europeo. Para que Europa no sea intrascendente se va a ver obligada a reforzarse, y ahí la nación vasca y la catalana tienen que buscar un hueco. Creo que tenemos que poner tanta o más atención al nuevo contexto europeo que al que hay en el Estado español. El PNV se siente en Catalunya como en casa”, ha dicho a los medios de comunicación Esteban en la capital catalana. El encuentro se ha producido después de la votación en el Congreso en la que el PNV secundó la reducción de la jornada laboral propuesta por Yolanda Díaz, a diferencia de Junts.

“Felicidades, Catalunya. Nación hermana de la nación vasca, tierra de acogida, pueblo cosmopolita con fuertes raíces e identidad propia. Visca Catalunya!”, ha publicado en X el propio Pradales. Pero él lo ha hecho desde Canarias, donde se encuentra de viaje oficial. El PNV tiene aún más vínculos con CC que con Junts y, de hecho, esta alianza le ha salvado el escaño europeo en 2019 y 2024 ante la ruptura con el nacionalismo catalán. CC gobierna en coalición con el PP en el archipiélago y defendió el 155 para Catalunya tras el 'procés'.

En el año y pocos meses que Pradales lleva al frente del Gobierno vasco ya ha mantenido varios encuentros con Clavijo. Han compartido las conferencias de presidentes de Santander y de Barcelona, pero el líder canario estuvo también en Vitoria, al igual que otros cargos de su equipo. Euskadi y Canarias comparten una línea conjunta sobre migración y de reclamación al Estado de cambios en esa materia, por ejemplo. De hecho, la consejera del ramo, Nerea Melgosa, está también en la delegación en Canarias.

Ambas comunidades buscan extender esa visión común a otras áreas interrelacionadas. Por ejemplo, la alianza que han cerrado en Tenerife sobre I+D+i, empleo y formación este jueves tiene mucho que ver con ello. “Este protocolo permitirá a Euskadi beneficiarse de aprendizajes desarrollados por la comunidad canaria, como el del proyecto ‘Tierra Firme’, de formación en origen en cooperación con países de África Occidental, centrado en la formación profesional, el empleo y la migración regular. En Euskadi tenemos ya un déficit de trabajadores debido al envejecimiento de la población. A su vez, están llegando personas migrantes que muchas veces no se ajustan a las cualificaciones y perfiles que demanda nuestro tejido empresarial. Tenemos que gestionar esta realidad. Y creemos que ‘Tierra Firme’, con el conocimiento en formación profesional en origen que conlleva, puede ser una referencia muy importante para que también nosotros empecemos a desarrollar experiencias similares”, ha dicho en las islas Pradales, que ya tuvo un encontronazo con sus socios del PSE-EE al dar a entender en un foro con el presidente gallego del PP Alfonso Rueda que Euskadi no recibía la migración que necesitaba. En el viaje, Pradales tendrá también la oportunidad de conocer el barco de rescate Open Arms. Será este viernes.

Ambos Gobiernos, vasco y canario, entienden que ofrecen una forma de hacer política diferente (y mejor) que la que se ve en Madrid. “Política basada en el diálogo, la colaboración, y la búsqueda permanente del bien común, por encima del ruido, la bronca y la polarización. Nos separan miles de kilómetros, o de millas náuticas si lo prefieren. Pero nos une una forma de entender la política”, ha manifestado Pradales en un comentario repetido después por el portavoz canario, Alfonso Cabello, en Radio Club Tenerife, la emisora local de la Cadena Ser. “Es una gozada y hay buena sintonía. Ambos Gobiernos, en este momento, están intentando alejarse del ruido político. Modo canario o vasco. Política útil”, ha señalado el dirigente de CC.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha abierto una nueva cruzada con el Gobierno central: empeñarse en un decreto que incluya todos los asuntos pendientes de la agenda canaria. Una agenda que fue firmada en 2023 como requisito necesario para que Coalición Canaria diera su apoyo en la investidura de Pedro Sánchez. Ese es el mismo texto que el que también firmó un poco antes con Alberto Núñez Feijóo en su intento fallido de convertirse en presidente y en el que CC cruzó la que aseguró en campaña electoral que sería su línea roja al apoyar a un candidato que también necesitó de los apoyos de la extrema derecha de Vox, esa que niega a las comunidades autónomas y que felicitó el día de Canarias recordando que han pedido “eliminar las autonomías”.

Clavijo ‘olvida’ en su petición en su reunión con Pedro Sánchez en Lanzarote que un decreto que incluya todas las medidas de esa agenda canaria ya firmada debe ser convalidado en el Congreso y que para ello se necesita de una mayoría parlamentaria que tanto está costando en esta legislatura.

Si se trata de medidas para Canarias, Clavijo podría pensar que tiene terreno ganado, ya que gobierna precisamente con la fuerza que más escaños tiene en el Congreso: el PP. Sin embargo, sus socios de derecha no han hecho más que poner la zancadilla a las iniciativas que plantea Coalición Canaria en Madrid.

El caso más reciente lo vimos con el decreto ‘antiapagones’. El PP puso incluso a un diputado canario en la tribuna a explicar su rechazo a ese decreto que incluía medidas que Coalición Canaria consideraba cruciales para el Archipiélago, cuyos sistemas energéticos han quedado obsoletos. El diputado por Las Palmas Guillermo Mariscal, durante su intervención, proclamó su total rechazo a la norma, que incluía medidas pedidas para garantizar la seguridad eléctrica en las islas.

Coalición Canaria lamentó ese mismo día en un comunicado que se habían frenado iniciativas que iban a ser clave para Canarias como la autorización exprés de instalaciones temporales de emergencia (como generadores) ante la urgencia de mejorar la cobertura energética en varias islas; la ampliación del procedimiento ágil a sistemas de almacenamiento energético o acciones específicas para las llamadas islas verdes como La Palma.

Precisamente, el consejero de Transición Ecológica de Canarias es Mariano Zapata (del PP) y ha sido duramente criticado por el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez (Coalición Canaria) al que ha acusado de “perjudicar” a la isla y le ha instado a abordar “la situación energética de la isla como lo hace con Tenerife, Gran Canaria o Fuerteventura”.

El día que cayó el decreto ‘antiapagones’ también se pronunció al respecto el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que calificó de “lamentable” que el PP haya vuelto a votar en contra de medidas para Canarias. “Han votado en contra de medidas para evitar los apagones en nuestra tierra”, ha dicho.

Esta semana, después de la reunión entre Sánchez y Clavijo volvió a recordar que un decreto debe ser aprobado en el Congreso, por ello Sánchez solo ha dicho, de momento, que lo vaa estudiar. Torres, por su parte, insistió en que el Gobierno de España va a cumplir con esa agenda canaria que incluye cuestiones en materia energética, hidráulica, para la isla de La Palma…

El abandono con los niños migrantes solos

El ministro recordó que si alguien está poniendo palos en las ruedas es el PP. “Recientemente, tuvimos un importante real decreto ley que aprobamos en el Consejo de Ministros para el sector eléctrico, fundamental para Canarias, por el sistema energético que tenemos en nuestra tierra y que incluso se cerró la víspera con una importante adición de medidas de emergencia, y, sin embargo, no se aprobó porque no conseguimos los apoyos suficientes. Increíblemente, el Partido Popular votó en contra de ese real decreto ley que era muy importante y es muy importante para Canarias. También lo hizo con el de los menores, incluso en el caso del sector energético interviniendo un representante del Partido Popular”, subrayó Torres.

Cabe recordar que hasta en dos ocasiones el PP se alineó con Vox y votó en contra de modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería, que permite la distribución obligatoria de los jóvenes llegados a las islas en pateras y cayucos entre todas las comunidades. Finalmente, esa reforma salió adelante en el segundo intento con 179 votos a favor gracias al apoyo de Junts.

Son numerosas las comunidades del PP que se han pronunciado en contra de acoger menores migrantes. La última ha sido Balears, que ha anunciado que pedirá la suspensión cautelar del traslado de menores migrantes una vez el Gobierno dicte la orden.

En Canarias, el PP de Las Palmas, por ejemplo, ha sido muy crítico, alineándose en ocasiones a la agenda de Vox y acudiendo a las inmediaciones del centro de migrantes Canarias 50 denunciando su saturación al tiempo que se opone en el ámbito estatal a que estas personas sean trasladadas a la Península.

Tasa por pernoctación, ecotasa y tasa por acceder a espacios naturales … Son conceptos que se confunden constantemente y que se entremezclan en el debate público estos días a las puertas de las movilizaciones contra la masificación turística convocadas en las Islas para el 18 de mayo. Coalición Canaria ha pasado de dar portazo varias veces a la posibilidad de crear un impuesto autonómico por pernoctar en establecimientos turísticos a llevar esta medida a su congreso celebrado este fin de semana en Tenerife.  

Según explicó hace unos días el partido en un comunicado, en la ponencia política Tenerife, el futuro es ahora se abordaría la implantación de una tasa turística insular por pernoctación, “graduable en función de la evolución del turismo, que no se aplique a los residentes canarios ni a colectivos sensibles, y cuya recaudación se orientará a financiar proyectos de sostenibilidad, cohesión, economía circular y acciones para la adaptación al cambio climático y para reducir el impacto que generan los turistas durante su estancia en nuestra Isla (huella cero)”, aseguraba.

El secretario general de Coalición Canaria y presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se vio obligado este sábado a aclarar esta cuestión. En declaraciones recogidas por EFE señala que “no se debe confundir” el debate interno de los partidos con los programas de gobierno y ha indicado que en el suyo no se incluía la tasa turística, pero sí revisar la fiscalidad para redistribuir la riqueza. También insistió en que no está en el programa de Gobierno con el PP. 

Unos días antes dijo que “las tasas ya están aquí” en referencia a la que ha puesto su socia en Mogán, Onalia Bueno o a las tasas que se pagan por acceder a espacios naturales. También hizo mención al pago que se lleva realizando desde hace años en la red de centros turísticos de Lanzarote. 

No es la primera vez que CC desvirtúa el concepto de tasa turística, que en realidad es un impuesto, para hablar de esos pagos por acceder a espacios naturales. La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, lo ha hecho en varias ocasiones; la última para hablar del acceso al Teide, una medida que ayuda a mitigar el efecto del turismo en ese punto si se combina con la limitación de número de visitantes, pero que no es el concepto de tasa por pernoctación que se aplica en las principales ciudades turísticas y que ha sido uno de los reclamos de las movilizaciones en contra de la masificación. 

Un debate recurrente en el Parlamento

La tasa o impuesto a las pernoctaciones hoteleras se ha debatido en el Parlamento de  Canarias en diversas ocasiones. La primera vez lo llevó Nueva Canarias en marzo del año 2015, pero la propuesta fue rechazada. En enero de 2019, cuando aún gobernaba Clavijo, volvió a llevarla. 

Podemos también se ha mostrado siempre a favor de una tasa turística y preguntó en la pasada legislatura en el Parlamento por los planes para aprobar esta medida. También exigió en campaña un compromiso de las fuerzas políticas con las que gobernaba en aquel momento para que la tasa saliera en un próximo mandato. 

El PSOE aludió entonces a la coyuntura económica y social por la pandemia, en la que se produjo un cero turístico durante meses. No obstante, en esta legislatura ha llevado la tasa turística varias veces al Parlamento. En una de ellas, registró una proposición de ley que el Gobierno de CC-PP tumbó “por no poder distinguir entre residentes y visitantes”. Meses antes, las fuerzas que sustentan al Ejecutivo de Clavijo también habían rechazado esta tasa además de la moratoria, controlar el crecimiento turístico y limitar la venta de viviendas a no residentes.

Clavijo ahora afea que estos partidos no aprobaran la tasa turística cuando gobernaban. Este mismo sábado, el presidente de Canarias ha dicho que “algunos que sí lo prometieron (la tasa turística) y lo llevaron en sus programas electorales y no cumplieron sus palabras”.

La próxima semana, el grupo socialista llevará al Pleno del Parlamento una pregunta “sobre la posición del Gobierno respecto a la implantación de un impuesto turístico en Canarias a la vista de las acciones emprendidas por diferentes instituciones de las islas”. 

Coalición Canaria, aunque siempre ha votado en contra de la media, Clavijo llegó decir que el pasado año de cara a las manifestaciones del 20 de abril no estaba cerrada a debatirla. Después de las manifestaciones, sin embargo, desechó esa idea y apostó por subir el IGIC a las pernoctaciones. En el Debate del Estado de la Nacionalidad, el presidente volvió a enredarse para descartar la tasa turística.

El PP, por su parte, siempre ha estado en contra de la tasa turística, una medida que en Balears, donde gobierna está implantada con normalidad. El vicepresidente Manuel Domínguez, advirtió este jueves de que su partido votará “en contra” de cualquier iniciativa que implique fijar una tasa por pernoctación en Tenerife.

El Tribunal Supremo ha dejado a un paso del banquillo al senador Pedro Sanginés, de Coalición Canaria, acusado de denunciar en falso a un empresario en 2009, cuando el parlamentario presidía el Cabildo insular de Lanzarote. La decisión llega después de que la Fiscalía recurriera el archivo del caso, que ahora está a la espera de que las partes presenten sus escritos de acusación.

La causa contra el senador de Coalición Canaria llegó al Tribunal Supremo en febrero de 2024. Está acusado de acudir en 2009 a dependencias policiales de Costa Teguise y denunciar unas irregularidades en un proceso público de contratación. Unos hechos que, según dijo entonces la Fiscalía, eran falsos: actuó “con ánimo de faltar a la verdad objetiva, y con manifiesto desprecio hacia la misma” y ratificó sus mentiras, según la Fiscalía, en sede judicial después de jurar o prometer decir la verdad.

Ese día, en comisaría, apuntó a un empresario del sector de las reformas como responsable de esas supuestas irregularidades. Un juzgado de Arrecife abrió una causa y el hoy senador ratificó en sede judicial, obligado a decir verdad como testigo, su versión de los hechos. Lo hizo, dice la Fiscalía, “faltando a la verdad objetiva”. Volvió a hacer lo mismo ocho años más tarde, en octubre de 2019, manteniendo sus imputaciones.

Esa causa se terminó archivando en noviembre de ese año, y entonces las actuaciones se dirigieron contra él. En un primer momento, el Supremo optó por archivar el caso pero la Sala de lo Penal instó su reapertura y el último movimiento del instructor ha sido dictar auto de procedimiento abreviado contra él y proponer que sea juzgado después de que prosperaran los recursos de la Fiscalía y la acusación particular.

En su auto de reapertura, el Supremo explicó que las pruebas apuntan a que el hoy senador actuó motivado por “intereses partidistas” al denunciar en falso al empresario hace ahora más de 15 años. El juez instructor entiende que ya no quedan más diligencias por poner en marcha y que el próximo paso, si así lo consideran las acusaciones que han impulsado el proceso, es el juicio: la Fiscalía llegó a pedir en su momento año y medio de cárcel para él.

El proceso judicial contra Sanginés arrancó, una vez archivada la causa contra el empresario que había sido denunciado en falso, por la hija del afectado, hoy fallecido.

Una delegación del Gobierno de Canarias encabezada por su portavoz y viceconsejero de Presidencia, Juan Alfonso Cabello, se ha reunido este miércoles en Vitoria con el Ejecutivo autonómico vasco, con las tres diputaciones -que son las competentes en la acogida de menores migrantes-, con las tres capitales, con los partidos políticos y con entidades sociales. Canarias ha agradecido la “solidaridad” de Euskadi ante las necesidades de las islas y sus representantes se han mostrado sorprendido de que haya comunidades que se digan colapsadas cuando apenas atienden a unas decenas de adolescentes. Es momento de “remover conciencias”, ha enfatizado. La consejera vasca Nerea Melgosa, de su lado, ha lamentado que siga existiendo “un determinado discurso xenófobo” y ha pedido a la ciudadanía que incluso “en la barra del bar” sea activa para desmontar “rumores” y mentiras sobre la inmigración en general y sobre los menores solos en particular.

La visita de Canarias ha coincidido con el nuevo reglamento del Estado para la distribución en la península de los menores migrantes llegados al archipiélago, unos 5.800 en 86 centros en la actualidad, según datos de esta comunidad. Sin embargo, estaba prevista con antelación. Canarias y Euskadi llevan tiempo colaborando en esta materia y, de hecho, en diciembre el lehendakari, Imanol Pradales, y su homólogo, Fernando Clavijo, lanzaron al Gobierno central una propuesta común de “reparto” bastante similar al resultante final conocido ahora. El PNV y Coalición Canarias, sus respectivos partidos, son socios y se presentaron en coalición a las europeas, por ejemplo. La delegación canaria, además de por Cabello, estaba integrada por los viceconsejeros Francisco Gaspar y Octavio Caraballo. Clavijo ya visitó Vitoria antes de Navidad.

La consejera vasca Melgosa, en una rueda de prensa conjunta con Cabello en el Parlamento Vasco, ha insistido en que el nuevo sistema para la distribución de menores es un buen paso, aunque ha insistido en que Euskadi quiere ser “frontera norte” de España para recibir más financiación. En el paso de Irún/Hendaya -donde Francia ha acometido devoluciones en caliente en el último lustro y ha causado fallecimientos entre personas que buscaban rutas alternativas- el 90% de quienes transitan proceden de Canarias, ha recordado Melgosa. En todo caso, la realidad es muy diferente a la de la “frontera sur”, ya que solamente el pasado año fallecieron allí 10.000 personas tratando de alcanzar tierra.

Melgosa sí ha mostrado su “preocupación” por el auge de los discursos xenófobos cada vez que se discute sobre estas materias. Ha recordado, por ejemplo, el episodio de tensionamiento cuando Javier Maroto del PP era alcalde de Vitoria y asoció con los extranjeros el fraude de las ayudas sociales. Melgosa se convirtió tras la polémica marcha de Maroto en la edil responsable de esta materia y desde 2023 forma parte del Gobierno vasco. Con “ciudadanos activos” contra los bulos en cada momento y en cada lugar, Euskadi “será mejor”, ha afirmado la titular de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, que ha puesto en valor la red con más de un centenar de municipios conformada para dar la mejor acogida a los recién llegados.

La consejera, en todo caso, no ha querido ofrecer las cifras concretas de cuántos menores migrantes acogen ahora Álava, Gipuzkoa y Bizkaia -que se dijo colapsada el pasado verano- y cuántos llegarían con el nuevo plan. Otras fuentes han situado en el entorno de 90 los adolescentes que serán acogidos y de 800 los ya instalados. Melgosa se escuda en que los datos no son definitivos y que hay que cuadrar la asignación concreta de cada comunidad autónoma.

Acto seguido, nada más terminar la comparecencia conjunta de Melgosa y Cabello, ha tomado la palabra la portavoz del PP, Laura Garrido, que ha asistido a una de las reuniones de la jornada. Aunque ha recordado que el PP cogobierna con CC en Canarias, ha insistido en que “para nada” se ha presentado un “reparto equitativo” ya que “por casualidad” -ha ironizado- son las regiones gobernadas por su formación las “perjudicadas”, dando por hecho que acoger a niños y adolescentes es un problema. Asimismo, ha subrayado que “todo el mundo conoce” que en Euskadi “hay un efecto-llamada” para los migrantes porque dispone “de un sistema de ayudas mucho mejor que el de otras comunidades autónomas”.

El secretario general insular de Coalición Canaria en Tenerife, Francisco Linares, ha dicho este sábado que su partido mira la nueva formación de Teodoro Sosa en Gran Canaria, el Bloque Nacionalista Rural (BNR), como “un movimiento municipalista interesante” tras su ruptura con Nueva Canarias, porque puede configurar algo “positivo y bueno” en materia de municipalidad en Canarias, por lo que están “expectantes” ante que suceda con ellos.

“Nosotros estamos viendo ese proceso desde fuera, y con el respeto máximo. Creo que es un movimiento municipalista interesante, del cual nuestro partido sabe mucho porque nuestros orígenes fueron esos. Nosotros comenzamos por varios pequeños partidos políticos, superando egocentrismos y personalismos, y dimos un paso a conformar un gran partido que hoy se llama Coalición Canaria”, ha recordado Linares.

Ha dicho que “desde el respeto y desde fuera” CC está “expectante” de qué es lo que puede pasar con esta formación, que, ha opinado, puede ser “algo positivo y bueno” para la municipalidad en Canarias.

Las declaraciones de Linares se han dado a lugar en una convención insular que Coalición Canaria celebra este sábado, en la que cargos y afiliados se reúnen para debatir asuntos importantes para el futuro de la isla, como el reto demográfico, la movilidad y la sanidad.

Esta jornada servirá de segundo encuentro con las bases de la formación de cara al VIII Congreso Nacional que Coalición Canaria celebrará los próximos 5 y 6 de abril en Gran Canaria.

El Gobierno de CC-PP ha salvado este martes sus presupuestos con acusaciones de “inconstitucionalidad” por parte de la oposición. PSOE y NC intentaron paralizar la votación advirtiendo en un escrito de que los cambios introducidos vía enmiendas en la Ley de Servicios Sociales apuntan hacia la privatización de la ayuda a domicilio y que tienen visos de no ser constitucionales. La Mesa desestimó el escrito y las cuentas canarias se aprobaron con los partidos que sustentan al Ejecutivo.

En pleno estuvo marcado porque a las puertas del Parlamento se concentraron colectivos sociales en contra de esos cambios que se pretenden en materia de ayuda a domicilio y denuncian que es “un ataque a los derechos sociales”. “El nuevo modelo consistiría en ayudas económicas que se darían de forma indirecta, es decir, la recibirían las empresas, pero figurarán como ayudas que se suman a la renta y, por tanto, el /la usuaria tendría que declarar. El ayuntamiento se desentiende de ofrecer ese servicio trasladando al usuario o su familia la búsqueda del mismo y la relación con la empresa que lo realice”, resumen.

“Si lo que se pretende con estas enmiendas es descargar a los ayuntamientos del peso de una licitación administrativa del servicio de ayuda a domicilio, ya sea con carácter puntual para cubrir contingencias, o estructural, existen alternativas ejecutivas previstas en la legislación sectorial sin necesidad de modificar el régimen de derechos subjetivos de los y las potenciales usuarias de este servicio”, detallaron PSOE y NC en un escrito dirigido a la mesa.

Durante el debate parlamentario, los partidos que sustentan el Gobierno insistieron en el carácter social de las cuentas y en volver a defender que se bonifique el impuesto a las grandes herencias. Asimismo, defendieron la gestión con los menores no acompañados.

Fernando Enseñat (PP) destacó que se han bajado impuestos “a los canarios y clases medias y trabajadores, a esas que pagan las subidas de impuestos de la izquierda y que empobrecieron en cuatro años de Gobierno”. Asimismo, se enredó en numerosos reproches contra el anterior Ejecutivo y en sacar los casos mascarillas y reconoció que el Instituto Canario de Igualdad solo tiene 13 millones, por lo que no entiende las propuestas de Vox contra las partidas contra la violencia de género.

Socorro Beato (CC) señaló que la oposición no hace “autocrítica” sobre su etapa en el Gobierno, mientras que José Miguel Barragán, del mismo grupo, usó el sarcasmo para referirse al pacto de las flores. “Aquí se viene llorado”, dijo en referencia a NC y PSOE, que han reprochado que no se incluyan muchas de sus enmiendas. También hizo referencia a la gestión de los rectores de las universidades públicas que se quejan de falta de financiación.

La diputada de Nueva Canarias Esther González apuntó que los presupuestos son “tramposos”, ya que CC y PP defendieron que bajarían los impuestos a las familias canarias y lo que han hecho es bonificar a las grandes herencias. Además, afeó que se haya eliminado la deducción en la renta por el aumento de la inflación, una medida “que fue capaz de llegar al bolsillo de las familias canarias con ingresos inferiores a 40.00 euros”.

González afeó que se vaya a incluir en el proyecto de presupuestos modificaciones de leyes como la Ley del Suelo o que se presenten vía enmiendas modificaciones a la Ley de Servicios Sociales.

El diputado socialista Sebastián Franquis tachó estos presupuestos de “herederos” del anterior, con recortes en políticas sociales. Asimismo, afeó que se están escondiendo los datos de la lista de espera sanitaria. “Hemos presentado 407 enmiendas, precisamente para mejorar estos presupuestos y que se parezcan más a Canarias. Lo que demuestran es la forma de entender Canarias”, dijo. “Nosotros queremos entenderla de la forma en que en Canarias se manifiesta en las calles y la que no se manifiesta. A la Canarias que se manifiesta el 8M, el 20 de abril, a la del 1 de mayo que pide salarios dignos y a la que no se manifiesta, a la de los desempleados de larga duración, a los ancianos que viven solos, a los jóvenes...”

Franquis señaló que en el pacto de las flores, por ejemplo, se incrementó en Sanidad 836 millones de euros frente a los 290 de la anterior legislatura de Clavijo. “Hay que tener mucha cara de subirse a esta tribuna y decir que el anterior gobierno no construyó vivienda” y recordó que CC mantuvo al archipiélago sin plan de vivienda ocho años y que las viviendas que van a entregar este año responde al plan del Gobierno del pacto de las flores. “Estos presupuestos no representan a la mayoría social de la comunidad autónoma”, insistió.

“Vuelven a desperdiciar la oportunidad de hacer algo positivo por la mayoría social de Canarias”, incidió el socialista Manuel Hernández, que se preguntó “¿dónde está el proyecto para hacer una Canarias más justa y menos desigual?”

Carmen Hernández (NC) cuestionó el recorte presupuestario a las universidades, que han denunciado un déficit de financiación. “Se ha recortado en las universidades públicas y por segundo año consecutivo en la cultura”, dijo. “Creemos que estas cuentas nos hacen más desiguales, más pobres y menos sostenibles”, insistió.

“Si hasta ahora estábamos avanzando en nuestro PIB y habíamos alcanzado el 4,6% (dedicado a Educación) y ahora invertimos un 4%; eso se llama retroceder”, dijo. Afeó que Socorro Beat dijera que las enmiendas de NC son malas o poco constructivas. “¿Apostar por la escuela pública es malo o poco constructivo'?”, cuestionó.

Nicasio Galván (Vox) ocupó sus dos turnos en hablar de presupuestos ideológicos, en cargar contra la agenda 2030 y contra la perspectiva de género. Mientras, AHI y ASG defendieron las cuentas de CC-PP.

El lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, de PNV y Coalición Canaria pero que gobiernan en coalición con PSE-EE y con PP, respectivamente, se han reunido este jueves por la tarde en el palacio de Ajuria Enea de Vitoria para articular una posición compartida. Exigen de la mano al Estado y al resto de comunidades un “reparto equitativo y justo” de los menores extranjeros que llegan a las islas. Clavijo y Pradales llevarán su petición a la conferencia de presidentes que se reunirá este viernes en Santander y entienden que en tres meses podría haber una nueva normativa estatal para articular planes de contingencia.

Clavijo ha considerado “absolutamente dramática” la situación de su comunidad autónoma como “frontera sur” de España y de Europa y Euskadi quiere ser considerada ahora “frontera norte” de España y contar con más medios para gestionar los flujos migratorios. “Muchos” de los que llegan a Canarias acaban en Euskadi, ha indicado Clavijo, que ha pedido que España asuma esta cuestión como “problema estructural”. Toca “quitar presión” a Canarias y una distribución “extraordinaria” para dar “tranquilidad”. En el caso vasco, Bizkaia ya se ha declarado en “excepcionalidad” por los menores que ya tiene acogidos. Paulatinamente, el debate público sobre la migración está ganando protagonismo en la agenda vasca.

Clavijo ha apelado a que la conferencia de presidentes rescate con este tema el espíritu de cooperación interterritorial vivido con las crisis del volcán de La Palma o con las inundaciones de Valencia. Preguntado expresamente por ello, ha indicado que su postura es compartida por el PP, con quien gobierna. Los 'populares' controlan el grueso de las comunidades autónomas y en otros momentos han frenado planes de acogida de los menores migrantes.

El presidente canario ha dado una rueda de prensa en Ajuria Enea acompañado de una ikurriña. Después no ha comparecido Pradales sino la consejera del ramo, Nerea Melgosa. El lehendakari se ha marchado de urgencia al aniversario de un medio de comunicación vitoriano. Ambas partes han destacado la buena sintonía entre Euskadi y Canarias y no solamente en materia migratoria. Los presidentes se reunieron ya en Bruselas recientemente y PNV y CC se presentaron juntos a las elecciones europeas. Consulta aquí el acuerdo íntegro [en PDF].

Coalición Canaria ha abierto la puerta a que Juan José Cardona, exalcalde de Las Palmas de Gran Canaria con el PP, se incorpore al partido. El también expresidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas ha asistido al brindis navideño del partido de Fernando Clavijo y ha sido fotografiado con toda la cúpula de la formación en Gran Canaria.

“Estaremos encantados de que personas con la experiencia de Juan José Cardona se incorporen al proyecto político, creo que él hace tiempo ha dado un paso a un lado desde el punto de vista de la primera línea política y ya sea en el ámbito que el quiera nosotros estaríamos encantados porque somos conscientes de que su conocimiento de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria es fundamental y puede ser una gran aportación”, ha dicho el secretario general de CC en Gran Canaria y consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez este jueves en la Cadena Ser.

Rodríguez ha insistido en que, en todo caso, la decisión depende de él y que tienen una buena relación personal. “Es evidente que tenemos muy buena relación a nivel personal y eso indudablemente le ha hecho venir”, dijo en referencia al brindis navideño.

“Nosotros no hacemos un examen para entrar en el partido y el que quiera estar va a tener abiertas las puertas de nuestro partido y lo ha sido así y así será y a nivel personal sería una aportación importante”, agregó Pablo Rodríguez.

El secretario general de CC en Gran Canaria remarcó que su formación está inmersa en un proceso de apertura del partido. “Lo que es mejor es a partir de las próximas elecciones o cuanto antes que sigamos desde CC sumando organizaciones y liderazgos políticos que al final aglutinen una mayoría social”, dijo.

Al ser preguntado por el alcálde de Gáldar, Teodoro Sosa, que encabeza al sector crítico con Nueva Canarias, ha dicho que está más cerca el fichaje de Juan José Cardona que el de él, que eso sería especular demasiado. “Primero, máximo respeto a los debates internos de otras formaciones políticas. Más allá de eso no nos gusta que se utilice a CC para sus propias guerras , que cada uno debata con los mejores argumentos”, ha dicho.

Este periódico ha intentado recabar la opinión de Juan José Cardona y si finalmente dará el paso de entrar en Coalición Canaria, pero hasta el momento no ha sido posible.

Este miércoles, Coalición Canaria anunciaba que el próximo 17 de mayo se celebrará el séptimo Congreso insular del partido en Infecar. El secretario general en Gran Canaria ha destacado que “va a ser un congreso muy importante para la organización en la isla, dado que no solo es nuestra séptima cita sino, con total seguridad, va a ser el congreso más abierto de la historia de nuestra formación”.

Rodríguez ha detallado que el comité organizador estará capitaneado por el líder los nacionalistas en San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal, que se encargará de coordinar las dos ponencias de la cita, una sobre la modernización de la organización nacionalista en la isla y otra sobre el Plan para Gran Canaria. 

El líder del PP en las Islas, Manuel Domínguez, aseguró este jueves que no le sorprende que Cardona haya asistido al brindis navideño de CC en Gran Canaria. En declaraciones a los periodistas recogidas por EFE, Domínguez ha recordado que, en los pasados comicios municipales y autonómicos, Cardona ya hizo unas manifestaciones “en contra” del que todavía era su partido.

“Cada uno demuestra a la sociedad cuál es su altura política”, ha añadido Domínguez.

Tras gobernar el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con mayoría absoluta, Cardona lse presentó en 2017 a las primeras elecciones primarias que celebraba el PP de Canarias para elegir al nuevo presidente en las islas. Sin embargo, se retiró de ese proceso electoral. Después, fue presidente de la Autoridad Portuaria.

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha vuelto a negar que haya una crisis en el pacto CC-PP en las Islas pese a que los populares están bloqueando el acuerdo para reformar la Ley de Extranjería. Tras la reunión del Consejo de Gobierno defendió a su vicepresidente, Manuel Domínguez (PP) y dijo que ha trabajado desde el primer momento para buscar una solución a la acogida de los menores migranes.

Cabello incide en que “no hay un rechazo específico” de las comunidades del PP, sino por parte de la estructura estatal de ese partido con respecto al acuerdo al que se estaba intentando llegar previo a la Conferencia de Presidentes. 

“Estamos decepcionados y tremendamente preocupados y cada uno tiene que dar las explicaciones que le corresponda”, ha dicho Cabello, que ha añadido que “la realidad es que por parte del Gobierno de Canarias poco más se le puede pedir a la hora de hacer un esfuerzo para intentar lograr un gran acuerdo de Estado por primera vez en esta materia. Lo hemos llevado hasta que entrara en el orden del día de la Conferencia de Presidentes e intentado con documentos previos”, ha dicho. 

Cabello se remite a las reuniones convocadas esta tarde del Pacto de Migración para intentar salir con una “voz única” en Canarias respecto a este tema. La cumbre, presidida por Clavijo en compañía de la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, empezará a las 16.00 horas en la sede de Presidencia de la isla de Tenerife con los grupos parlamentarios. A continuación, se sumarán al encuentro los titulares de los cabildos insulares, Federación Canaria de Municipios (Fecam) y representantes de las entidades del tercer sector.

“Al final, nosotros hemos intentado llegar al viernes con una propuesta lo mas adaptada posible. En Canarias todos los partidos menos Vox estan a favor de esa modificacion de la ley de extranjeria”, ha afirmado Cabello.

En este sentido, ha insistido en que en estos meses se ha trabajado en esa linea de la modificación del articulo 35 de la Ley de Extranjeria, en protocolos de recepcion de menores, en búsqueda de financiación especifica en esta materia...

“En principio hay pasos que se tienen que ir dando por los principales partidos políticos del Estado”, ha dicho, para añadir que “la realidad es que no se ha conseguido dar los pasos necesarios por ambas partes”.

Insistió en seguir en la búsqueda de una solución compartida entre todos . “Entendemos que la solucion no es mas crispación ni más ruido polítiico”, dijo.

Cabe recordar que la pasada semana la reunión entre el Gobierno central, el PP y los ejecutivos de Canarias y de Ceuta para abordar la acogida de menores migrantes y su reparto entre las comunidades autónomas terminó sin acuerdo. Una vez más el PP se oponía a la modificación de la Ley de Extranjería.

La ministra Sira Rego destacó que esa actitud del PP es porque su agenda “está condicionadísima por las políticas ultras de Vox”. Además, afeó a los populares haber llegado a la reunión “ni siquiera con la voluntad de entrar a debatir la posibilidad de buscar una solución para la situación puntual” de colapso de Canarias y Ceuta.

“¿Sabes con quién van a compartir sus colegios y sus centros sanitarios esos 6.000 menores [migrantes no acompañados] cuando se conviertan en mayores de edad? Con mis hijos y mis nietos”. Con un tono de voz elevado y en medio de una tertulia televisiva, así se expresó el viernes Echedey Eugenio, teniente de alcalde de Arrecife, capital de Lanzarote, y secretario de organización de Coalición Canaria en la isla.

Ocurrió a lo largo de la tertulia informativa de Lancelot Televisión 'Café de Periodistas', y en ella Echedey Eugenio dejó clara a la audiencia su posición respecto a la acogida de menores migrantes en las islas, en concreto, en Lanzarote. El moderador, el veterano periodista Jorge Coll, abrió la discusión hacia “temas más agrios” y planteó una pregunta para abrir los turnos de palabra: “La cuestión de la migración en Canarias. ¿Ha mejorado o ha empeorado?”.

El primero en intervenir fue el portavoz del PSOE, consejero del Cabildo de Lanzarote, Benjamín Perdomo, quien explicó a grandes rasgos que los movimientos migratorios son universales y también se han dado a lo largo de la historia y que la cercanía de Canarias con África nos permite ver de cerca esos flujos de personas que huyen de hambre, guerras y miseria. “Todo el mundo quiere para sí y para su entorno lo mejor” y añadía: “Yo creo que hay que tener cuidado con los debates, con los discursos”, y alude directamente a declaraciones recientes de Echedey Eugenio, presente en la mesa que, tras enfadarse por no estar dispuesto a recibir lecciones de Perdomo, responde. “Porque yo tengo una hija de cinco años, ¿y saben lo que va pasar?” Y añadía: “Se están derivando adultos, ¿menores, cuántos, al resto del territorio peninsular?: ninguno. ¿Sabes cuántos hay en Canarias? 6.000. ¿Sabes con quienes van a compartir sus colegios y sus centros sanitarios esos 6.000 menores cuando se conviertan en mayores de edad? Con mis hijos y mis nietos”.

El portavoz socialista, con los ojos abiertos, acierta a interrumpirle y le dice: “Lo que estás diciendo es como para que metas la cabeza debajo de la mesa, porque es de un racismo... es una barbaridad”.

Posteriormente, el moderador pone sobre la mesa la encuesta recientemente publicada por el CIS que afirma que la primera preocupación de los españoles y las españolas es la inmigración. En su turno, Eugenio insiste en el argumento anterior, diciendo que la solución a este problema la han tenido sobre la mesa tanto PSOE como PP, que es, según su criterio, la modificación de la Ley de Extranjería. “Esos 95 menores que llegaron ayer”, refiriéndose al pasado jueves-, “pasan a engordar la lista de los menores que ya tenemos en Canarias, casi tanta gente como la que vive en El Hierro, la que vive en Tinajo o la que vive en Haría, ¿y saben con quién van a compartir centro escolar? con sus hijos y con los míos, en una educación que está concebida para un número de personas y que estamos saturando” y continuó con el resto de servicios públicos: “Esas personas que llegan deshidratadas después van a nuestros hospitales y consumen nuestros recursos sanitarios”. El portavoz socialista, tras oír estas palabras, se lleva las manos a la cabeza, mira al cielo, al moderador, admite su soledad y continúa escuchando al teniente de alcalde: “El Partido Socialista está empeñado en convertir Canarias en la cárcel de los migrantes que vienen desde África”.

La diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido (Las Palmas de Gran Canaria, 1969) rechaza frontalmente el discurso del PP y Vox respecto a la estigmatización de los menores migrantes no acompañados. Su partido está al frente del Gobierno de Canarias, que comparte en coalición con los populares y que denuncia que la situación en las islas por el aumento del flujo migratorio resulta insostenible, especialmente en el caso de los menores.

Según datos del propio ejecutivo autonómico, a día de hoy tienen duplicada su capacidad de acogida. La ralentización de la reforma de la ley de extranjería, tumbada en el Congreso en el mes de julio con los votos en contra de PP, Junts y Vox, ha impedido que se dé impulso al mecanismo que todas las partes coinciden que aliviaría el problema: la derivación automatizada de esos menores a los sistemas de acogida de todas las Comunidades Autónomas del país, según sus capacidades y recursos. Valido recrimina al Gobierno la falta de diligencia en las reformas comprometidas y cree que el PSOE no se tomó del todo en serio la negociación con los populares. La Fiscalía acaba de avisar al Gobierno de Clavijo que que denunciará un delito de abandono si no acoge a los menores migrantes.

¿Se están ofreciendo condiciones dignas de acogida a los menores que llegan a Canarias?

Si nos dejan solos es imposible que Canarias pueda ofrecer la atención a la que esos menores tienen derecho. Los centros están sobreocupados. Estamos prácticamente doblando la capacidad de acogida y por delante quedan meses complicados. Y los funcionarios del gobierno de Canarias están haciendo un esfuerzo sobrehumano, no se les puede pedir más. 

¿No cree que el protocolo que acaba de impulsar el gobierno de Canarias vulnera esos derechos de los menores? La Fiscalía avisa que denunciará delito de abandono si no dan acogida a los menores migrantes.

Estoy al tanto de esa comunicación de la Fiscalía, pero comprenderá usted que es un asunto que compete al Gobierno de Canarias y esa es la instancia adecuada para analizar esta actuación fiscal.

¿Cómo afecta a las condiciones de vida de esas personas que los recursos estén desbordados? 

Es que no se trata solo de ofrecerles una cama y comida. Necesitan acceso a la sanidad o a la salud mental. Muchos de estos niños llegan con traumas enormes después de haberse jugado la vida, de haber pasado un infierno en el mar o incluso de ver morir a sus padres o a un hermano durante la travesía. Y es muy difícil poder atenderles en las condiciones que estamos.

Hay fuerzas políticas que defienden que lo que tendrían que hacer ustedes y el Gobierno central es impulsar deportaciones masivas. 

No se puede devolver a la gente al desierto. Y mucho menos a menores absolutamente desprotegidos. Quienes van con la bandera de la devolución deberían saber que eso no es posible. Muchos de los chavales no revelan su lugar de origen y no hay dónde devolverles. Vamos a abandonar el discurso de que esto se soluciona devolviendo a la gente. No va a ser posible por más que lo digan. 

Canarias y Ceuta son los dos territorios que ahora afrontan mayores dificultades para la gestión de la llegada de migrantes. Y es llamativo el contraste del discurso que lanzan ustedes desde Coalición Canaria o el propio presidente de Ceuta con los mensajes de la ultraderecha o incluso del PP, que también es gobierno en ambos sitios, y que directamente proclaman la alerta nacional migratoria o relacionan migrantes con criminalidad.

Es una instrumentalización política del drama humanitario. Algunos deben creer que políticamente les resulta rentable hablar en esos términos aunque pasen por encima de los derechos humanos de las personas. La cultura del odio es un peligro. 

No hemos encontrado datos ni registros que sustenten que el importante aumento del flujo migratorio este año en Canarias lleve aparejado un aumento de la criminalidad o de la 'okupación' ilegal. 

La sensación de inseguridad la generan los discursos de odio que sacan de contexto los acontecimientos. Los bulos, las imágenes manipuladas…Pero estamos aprendiendo. La propia población canaria está luchando contra eso, desmintiendo los bulos. Es muy importante que la propia ciudadanía tenga criterio para discriminar, destapar y denunciar todo bulo que se publique. 

Esos bulos también parecen aspirar a estigmatizar no solo a quienes llegan sino a quienes les reciben. En Mocejón (el pueblo de Toledo donde fue asesinado un niño de 11 años) se inventaron que el pueblo estaba paralizado de miedo por la llegada de 50 chavales migrantes. Da la sensación de que en Canarias, de momento, pinchan en hueso. Se han visto movilizaciones masivas por el control del turismo y, salvo que usted me corrija, no se recuerda nada parecido pidiendo deportaciones masivas. 

Ni las vas a ver. La mayoría de los canarios somos empáticos, sensibles y luchamos contra el discurso del odio. Demandamos respuestas y corresponsabilidad en el drama, pero no compramos el discurso racista que algunos quieren vender. 

¿Tiene solución el drama migratorio?

Mientras dure ese drama no se trata de buscar soluciones sino respuestas desde un punto de vista humanitario. Y eso pasa porque el estado asuma su responsabilidad y no se escude en que las competencias son del gobierno de Canarias. 

Pero es que las competencias son del gobierno de Canarias. 

España no se puede permitir el lujo de que haya un territorio integrado en su estado donde no se pueda acoger dignamente a menores migrantes porque el resto del país no apoya y no contribuye a dar la respuesta que se necesita. Y también echamos de menos una presencia más directa de las instituciones de la Unión Europea. Respecto a las soluciones, son complejas, muy complejas. África viene pidiendo auxilio desde hace mucho tiempo a través del éxodo de sus nuevas generaciones. Y no se mueve ficha. La solución no es criminalizarlos. Todo el dinero que se transfiere a los países de origen debería servir para que la gente deje de tener hambre, sed, para que tengan sanidad y educación. Si no lo conseguimos nadie va a frenar que sigan huyendo incluso sin saber a dónde van, cómo les van a tratar o cuál va a ser futuro. 

¿Hay alguna Comunidad que se haya ofrecido a echar una mano a Canarias con esta situación?

Lo que sabemos es que de los últimos acuerdos de conferencia sectorial para derivación de unos centenares de menores no hubo cumplimiento. 

¿Las Comunidades no cumplieron?

No se produjo el traslado de los niños. Las Comunidades ponen unas condiciones para que se garantice la financiación de los recursos necesarios para acoger a esos menores. Y eso hay que negociarlo, hay que dar ciertas garantías y alcanzar acuerdos para que esto sea una cuestión legislada y no tengamos que estar debatiendo los menores que cada Autonomía debe atender. 

La reforma de la ley de extranjería introducía justo ese mecanismo. Pero la tumbó el PP, que son sus compañeros de gobierno en Canarias y en teoría deberían estar concernidos por la gestión de la situación tan grave que ustedes describen. 

Estuvimos hasta el último momento antes de la votación intentando el acuerdo. El presidente Clavijo intermedió entre el PSOE y el PP. Pero tanto Junts como el PP denunciaron que no habían tenido las reuniones necesarias para poder apoyar una modificación legislativa. Entendían que un tema como este no se podía resolver con una llamada o con un whatsapp y no conseguimos que lo apoyaran. Seguimos trabajando para buscar el acercamiento, aunque a veces parece casi imposible. 

El caso es que si esa reforma hubiera seguido su curso hoy estarían más cerca de una solución. ¿Les decepcionó el PP, que comparte gobierno con ustedes?

La falta de diligencia la podemos ubicar en las dos partes. Tampoco se han producido por parte del Gobierno ni del PSOE reuniones serias de trabajo. La ministra de Infancia, Sira Rego, ha dicho esta semana que están terminando los trabajos técnicos para determinar el cálculo de derivaciones a las Comunidades. Está muy bien, pero estamos en septiembre, llevamos un año con esto y nosotros recogimos en nuestro acuerdo de investidura la modificación de la ley. Y todo el mundo podía imaginar que si los detalles no estaban negro sobre blanco y las condiciones de financiación tampoco estaban claras el PP no lo iba a apoyar. Esos cálculos tendrían que estar hechos hace muchos meses. 

¿Cree que esto está cerca de desbloquearse?

Me gustaría pensarlo, pero soy realista. Las agresiones verbales de unos y otros me hace temer que es difícil verlos sentarse en una misma mesa para abordar este drama migratorio. Ojalá que sí. 

El presidente Sánchez se reunió con el presidente Clavijo y comprometió 50 millones de euros para Canarias. ¿Es suficiente?

50 millones es un tercio de lo que supone la atención que ofrecemos. He preguntado a la ministra de Sanidad en qué momento se van a transferir los fondos que el gobierno canario está poniendo de su presupuesto para atender la sanidad de todas las personas que llegan. El estado tiene que asumir que esta es una competencia también del Gobierno de España. 

¿Habrá Presupuestos?

Tenemos serias dudas. Pero después de las elecciones todo el mundo decía que era imposible que Sánchez consiguiera los votos de Junts para ser investido. Estamos ya acostumbrados a ver hacerse realidad acuerdos que parecen imposibles, así que no descarto nada. 

¿El Gobierno ha contactado ya con Coalición Canaria para negociar? 

Tenemos prevista una reunión del presidente Clavijo con la ministra de Hacienda para ver cuál es la posición en las cuestiones de la agenda canaria en esos Presupuestos. Queremos que nos garanticen que todas las partidas que tienen que estar reflejadas de verdad lo estén. 

¿Y el futuro de la legislatura, cómo lo ve? El presidente asegura que tirará adelante aunque se desmorone la mayoría parlamentaria que lo invistió. 

Fue una expresión muy desafortunada. Un presidente de un país democrático no debería hacer ese tipo de expresiones…

Se refería a que si le tumban los Presupuestos no contempla adelantar elecciones. 

Sí, lo matizó al día siguiente. Pero me estás haciendo la pregunta del millón. Hay quien cree que en cualquier momento algo puede detonar una ruptura que acabe con la legislatura. Yo soy incapaz de pronosticar nada. 

Pronosticar con Pedro Sánchez suele resultar osado. 

Es muy difícil.

Y encima está Puigdemont en la ecuación.

Es más fácil adivinar el gordo de la lotería. 

Ambiente para una moción de censura no percibe, ¿no? 

No veo ese escenario. Hay alianzas que son imposibles. 

¿Coalición Canaria es socio o no es socio del gobierno de Pedro Sánchez?

Nosotros tenemos un acuerdo y eso no nos convierte en socio de nadie. Lo que firmamos es lo que firmamos: un acuerdo muy claro que nos compromete a votar los Presupuestos y las medidas impuestas por la Unión Europea a cambio del cumplimiento de la agenda canaria. Si eso no se cumple, quedamos liberados de prestar ese apoyo. 

Le propongo una escala imaginaria. A un lado, la destrucción nuclear de España. Al otro, una España federal de naciones libres, iguales y felices repleta de recursos para todos. ¿De qué extremo se sitúa usted más cerca respecto a los efectos de la financiación singular de Catalunya? 

Ni podemos oponernos ni podemos defender algo que no conocemos, algo que ni siquiera explican igual quienes lo han firmado. Lo único que reclamo es que, si hay que cambiar el sistema de financiación autonómica que nos hemos dado, o incluso si se quiere plantear otro modelo de estado, más federal, lo hagamos entre todos. Debatimos lo que quieran, pero con todos en la mesa. No sabemos cómo va a impactar ese acuerdo a la financiación canaria, una de las más vulnerables del estado. Así que exigimos transparencia. 

Ustedes votaron esta semana a favor del reconocimiento de Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela y eso ya ha tenido impacto en las relaciones diplomáticas. El Gobierno de Maduro amenaza con consecuencias. ¿No temen que su voto haya contribuido a complicar las cosas para los venezolanos que viven en Canarias y para los canarios que viven en Venezuela?  

La preocupación nos acompaña desde el primer momento por los venezolanos que están en Canarias y por los canarios que están en Venezuela. Y la salida tiene que estar en el espacio del diálogo, de la transparencia, del respeto a los derechos civiles y humanos. Es necesario que haya más diálogo y menos discusión para evitar un enfrentamiento civil. Apelo a que la comunidad internacional encuentre la fuerza necesaria para encontrar ese punto de diálogo en el que la convivencia sea posible. 

No es seguro que haya censura en Granadilla de Abona y otros municipios del Sur de Tenerife, pero lo que sí está claro es que los movimientos en las altas esferas de CC y PP no paran para intentar reeditar lo ocurrido en el Puerto de la Cruz. Eso sí, tanto en Granadilla como en Arico (otra cosa es Güímar, el caso más difícil) es necesario el concurso de terceros partidos y resulta más que curioso que, antes de lograr el sí de, al menos, uno de los dos ediles del PP en Granadilla, CC ya ha acordado censurar a la alcaldesa, la socialista Jennifer Miranda, con uno de esos partidos de los que Fernando Clavijo estuvo diciendo durante años que jamás pactaría: Vox.

Tampoco es que sea algo muy novedoso, pues ya ocurrió en 2023 en Teguise, el municipio del Norte de Lanzarote que gobernaba el ahora presidente insular, Oswaldo Betancourt (CC), y en el que los nacionalistas y el PP necesitaron el apoyo del único concejal de Vox, Ginés González, para sumar mayoría absoluta. Este edil no solo apoyó la toma de posesión, sino que entró en el gobierno y, al final, se dio de baja del partido ultraderechista y sigue gestionando como concejal no adscrito. Eso sí, seguramente nunca ha renegado de las ideas que le llevaron a figurar en un cartel de candidato a una de las alcaldías más importantes de la Isla de Los Volcanes, ese “centralismo” y rechazo a las autonomías que forma parte de la espina dorsal del ideario de los de Abascal (a caballo y sin él) y que a CC, supuestamente, tanto asustaba y repelía.

Pero el poder es el poder y Granadilla, uno de los municipios más pujantes de Tenerife, con el aeropuerto principal (el Reina Sofía, la gran entrada de turistas al Sur de la Isla), 65.000 habitantes, población creciente, un macropuerto industrial que ha evidenciado el craso error desarrollista y despilfarro que fue siempre y ha dejado en bulos y blasfemias los 5.000 empleos tan cacareados, un pretendido circuito del motor en Atogo que sigue amenazante y lugares en la costa tan emblemáticos y espectaculares como El Médano y Los Abrigos.

Canarias Ahora está en condiciones de sostener que, al menos en Granadilla, dos de las fuerzas imprescindibles para intentar desbancar al PSOE han alcanzado un acuerdo (como mínimo, verbal o de intenciones). Así lo confirman fuentes de ambas formaciones, por lo que, para alcanzar la necesaria cifra de 13 ediles (que marca la mayoría absoluta) solo necesitan el respaldo de uno de los dos concejales del PP, ya que CC cuenta con 10 y Vox, con 2 (José Sanabria González y Adaisy Arias Pérez).

Esos dos representantes conservadores, Marco Antonio Rodríguez y Bianca Cerbán, forman parte del actual gobierno junto al PSOE tras decantar la balanza el día de la toma de posesión de la actual corporación, en junio de 2023. Ese sábado, y ante sus malas relaciones con el, hasta entonces, alcalde de CC, Domingo Regalado, y otros miembros de este partido, optaron por un acuerdo con los socialistas que sorprendió a muchos (sobre todo fuera), pero que trabajaron durante tiempo. Eso sí, rompió la estrategia regional del PP, compensó el pacto de CC y PSOE en el Cabildo de Fuerteventura y, al incumplir las directrices de hacer alcalde, de nuevo, a Regalado, les costó un inmediato expediente de expulsión.

Expedientes de expulsión “de aquella manera”

No obstante, y como confiesan diversas fuentes del PP, esos expedientes siguen vigentes, “pero de aquella manera”, en el sentido de que pueden revertirse fácilmente si acaban propiciando un cambio de gobierno en detrimento del PSOE. Para ello, y dado ese acuerdo de CC y Vox, basta con que un único edil popular firme una censura para que, por las informaciones que maneja este periódico, se presente.

Como pasa en Arico y en Güímar, otras de las posibles plazas donde el PP y CC (en las altas esferas) exploran posibles censuras, todo depende de los concejales, pero los intentos, llamadas, ofertas y hasta presiones continúan. A este periódico le consta que, según las fuentes consultadas, uno de los dos ediles del PP en Granadilla se muestra totalmente fiel al pacto con el PSOE y defiende a la alcaldesa, pero las dudas se ciernen sobre el otro representante (sin especificar si es Rodríguez o Cerbán). La clave radica en si las direcciones insular, regional e, incluso, estatal convencen a ese otro edil.

Mientras, el acuerdo de CC y Vox, del que no trascenderán documentos, demuestra que el caso puntual de Teguise en junio de 2023 no es casual. Antes, Fernando Clavijo y otros dirigentes, en elecciones y durante años, repitieron hasta la saciedad que nunca pactarían con “los extremos, con Vox y con Podemos”, sobre todo por su visión centralista del Estado, aunque, por lo ocurrido en Teguise y, ahora, ante un eventual acuerdo para censurar a una alcaldesa del PSOE, todo parece relativizarse y contextualizarse: simplemente, depende de lo que se consiga a cambio.  

Lo que no ha trascendido hasta ahora es si Vox solo apoyaría la censura y puntos concretos durante los próximos años para facilitar la gestión, al menos en las líneas generales (presupuestos, por ejemplo), o si entrarían a cogobernar. Eso sí, los concejales de Vox en el municipio sureño lo tienen claro y, por lo indicado a este periódico, quieren cogobernar. Además, fuentes de este partido admiten que las negociaciones se llevan en Santa Cruz de Tenerife y Madrid.

Desde que perdió la Alcaldía, Domingo Regalado (CC) no ha parado de presionar a su partido y a dirigentes del PP para intentar revertir el pacto en Granadilla.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, no solo no ha reprochado al PP (su socio de gobierno) que haya votado en contra de empezar el trámite parlamentario para reformar la Ley de Extranjería (una medida que facilitaría la acogida de menores entre comunidades autónomas) sino que ha tratado de culpabilizar al Gobierno central de no negociar las propuestas de los populares. “Perplejo” es la palabra que más usó este miércoles para describir lo ocurrido este martes en el Congreso.

Según dijo, las propuestas del PP no son “descabelladas”. No obstante, algunas de ellas dilatarían aún más esa acogida entre comunidades con la que tanto insiste el presidente. En otras regiones “no los tienen en sus calles”, llegó a decir en el Parlamento este miércoles.

Entre las propuestas de los populares que podrían extender en el tiempo esas derivaciones, tal y como publicó este miércoles eldiario.es, está la de que solo se traslade a menores cuya edad haya sido confirmada por la Fiscalía, un proceso que puede tardar meses debido al colapso en el Ministerio Público para hacer estas pruebas. Cabe recordar que un aparato crucial para determinar la edad de estas personas se ha encontrado durante meses cerrado en una caja.

Otra de las medidas que plantea el PP es la convocatoria de una Conferencia de Presidentes, para que la normativa se negocie directamente entre Pedro Sánchez y los jefes de gobierno autonómicos. Según publicó eldiario.es, piden además que dicha reunión sea convocada en septiembre. Desde el Gobierno sostienen que retrasar todos los trámites del reparto a septiembre no solucionaría la emergencia como reclama Canarias, además teniendo en cuenta que en verano se suele incrementar la llegada de personas en pateras y cayucos.

Clavijo, sin embargo, dijo este miércoles que el desencuentro principal es el de la financiación. “Y yo ya le digo que todas las comunidades autónomas, porque todos los grupos nos lo dijeron en aquellas reuniones, entendemos que son migrantes y las competencias migratorias son del estado, y que son menores y hay que darles una atención y cumplir, pero al ser migrantes, la financiación, que además Europa pone dinero para ello, tiene que venir del del gobierno de España, mientras el menor sea menor, y hasta su mayoría de edad”, ha dicho Clavijo, cuyo partido es uno de los que registró junto a Sumar y PSOE.

El presidente de Canarias ha defendido tanto en el Parlamento como más tarde en declaraciones ante los medios que “ese es el principal escollo” (el de la financiación) aunque insistió en que “para mí sigue siendo inexplicable que nos hayamos dado una semana, que no haya sido posible dejarlo sobre la mesa y darnos una semana más para intentar buscar ese acuerdo y no estar ahora en extremo”.

Clavijo echó un guante a su socio diciendo que “el PSOE estaba más preocupado de que se produjese una votación para afear la conducta del partido popular y tratar de desestabilizar el gobierno, que de que prosperasen las negociaciones” y de “desestabilizar al Gobierno canario”.

Ambos partidos que sustentan el Gobierno, CC y PP han vuelto a insistir en que no se va a romper el pacto. “Este es un problema humanitario, no político”, dijo Clavijo, que advirtió de que “vamos a volver a tener las fotos de la vergüenza, y Canarias será noticia, y España será noticia, porque no vamos a poder atender de manera digna a esos menores”.

Reformar la Ley para acoger a menores migrantes era un compromiso del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con Coalición Canaria para que apoyara su investidura el pasado año. Se trata de una votación que resultó fallida y en la que el partido de Fernando Clavijo quedó retratado junto a Vox (una supuesta línea roja para CC) votando a favor del candidato popular.

En la llamada “agenda canaria”, que negoció el pasado verano el PP con CC, se recoge un artículo específico sobre ello. “Respecto a los niños, niñas y adolescentes migrantes, se considerará asunto prioritario en el Estado para, con cambios legislativos, lograr que todas las comunidades autónomas, se impliquen con solidaridad en la acogida, formación e integración de los menores que llegan a Canarias”, señala el documento.

Pese a ese compromiso, el PP junto Junts tumbó este miércoles la posibilidad de que se abriera el debate parlamentario para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería y obligar así a las comunidades autónomas a acoger menores migrantes, como ha venido pidiendo desde hace meses el Gobierno de Canarias (conformado por CC-PP y para el que la inmigración ha sido el eje central de su discurso).

El PP se justifica para votar en contra de esta reforma en cuestiones como la financiación, su exigencia en declarar la “emergencia migratoria” en todo el Estado, en que se celebre la conferencia de Presidentes para este asunto o que se deriven solo los menores confirmados por la Fiscalía, una cuestión que tarda meses.

Clavijo, lejos de reprocharlo, ha criticado que “el PSOE estaba más preocupado de que se produjese una votación para afear la conducta del partido popular y tratar de desestabilizar el Gobierno, que de que prosperasen las negociaciones”.

Además, ambos partidos han descartado que se vaya a romper la alianza que ambos tienen en las Islas, algo que no conviene a ninguno ya que ni PP ni CC ganaron las elecciones en Canarias. Una ruptura implicaría que CC tuviera que negociar con el ganador de las elecciones en las Islas: el PSOE y ser Clavijo vicepresidente o convocar elecciones anticipadas.

Se trata de escenarios que no bajaran ninguna de las dos formaciones que insisten en que el pacto es “sólido” y que han estado vendiendo una imagen de unidad con el tema migratorio pese a que los populares después se han desmarcado del texto presentado en el Congreso por su socio, CC, junto a PSOE y Sumar para reformar la Ley de Extrajería, asegurando que es un proyecto de esos partidos. El PP obviaba así que ha firmado el pacto en materia de inmigración y que en el Parlamento regional también votó a favor de exigir que se deriven menores a las comunidades autónomas.

“No puedo llegar a Canarias diciendo que el Congreso ha votado que no”. Ha sido la excusa de la diputada Cristina Valido (Coalición Canaria) en su intento de que el PP, su socio de Gobierno en el Archipiélago, no quedase “retratado” al votar en contra de la reforma de la Ley de Extranjería, un cambio normativo que permitiría derivar a menores migrantes a otras comunidades autónomas. Por ello, amenazó con pedir que no hubiera votación si se mantenía el desacuerdo. En las Islas, ambos partidos han vendido una imagen de unión en la crisis humanitaria reclamando una distribución de menores entre regiones y aprobando una iniciativa en el Parlamento regional con el resto de fuerzas. Sin embargo, en cuanto el PP nacional radicalizó su discurso contra la inmigración, los populares canarios han reculado tachando la reforma que se votó este martes como un proyecto de “PSOE, Sumar y PP” y alegando que no se ha negociado con ellos. 

Pese a que las negociaciones entre el Gobierno central, miembros de Sumar y de CC con el PP y Junts se prolongaron durante esta jornada, finalmente ambas formaciones han tumbado la reforma de la Ley de Extranjería para impulsar una distribución obligatoria de menores migrantes entre regiones.

Para Coalición Canaria, que quedó como segunda fuerza en votos en las elecciones autonómicas (19 escaños), su socio cómodo es el PP, que quedó tercera fuerza en esos comicios (15 diputados). Ambos hicieron una campaña electoral parecida basada en que bajarían los impuestos, pese a que después no han cumplido esa promesa excusándose en la “regla de gasto”. Para el partido del presidente Fernando Clavijo, romper con los populares le supondría tener que pactar con el PSOE, que fue la fuerza política más votada en las Islas (cosechó 23 escaños y la desaparición de Podemos del Parlamento no le permitió reeditar con ese partido y Nueva Canarias una nueva alianza) y que previsiblemente no se conformaría con la vicepresidencia del Gobierno de Canarias. 

La idea de que pueda romperse el pacto ronda desde hace semanas en Canarias. Los periodistas preguntan en cualquier acto por ello a los dirigentes de CC y del PP. “Los hechos, lo que me dicen es que yo tengo un acuerdo en el que el PP , NC , PSOE y ASG han apostado (en el Parlamento) por continuar en un camino y ese camino es la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería”, defendió este lunes el portavoz del Gobierno regional, Alfonso Cabello (CC), antes de conocer qué pasaría al día siguiente. Pese a las repreguntas que se le hicieron para que calificara la posición del PP, insistió en que ese partido en Canarias ha participado “activamente” en el proceso para reformar la ley. Además, desvió una de las preguntas para aclara que Junts también ha dado bandazos con su postura. 

A preguntas de este periódico, el secretario de Organización de CC, David Toledo evitaba criticar al PP este lunes y decía que el PSOE también puede ser “más flexible” y negociar los cambios que los populares proponen en ese texto como la declaración de “emergencia migratoria” en todas las comunidades autónomas y la petición de la convocatoria de la conferencia de presidentes. “Yo incluso comparto algunas de ellas y el PSOE tendrá que negociar como se ha negociado cualquier tipo de ley, lo que yo veo es un PSOE, en este caso un tanto inflexible y tiene que ser flexible como en cualquier tipo de negociación”, afirmó Toledo. 

Los dirigentes de CC ponen como ejemplo de que no se romperá el pacto que la pasada semana ambos partidos realizaron un acto en el que alabaron las medidas puestas en marcha esta legislatura, un año marcado por la promesa incumplida de bajar impuestos, por multiplicar el número de altos cargos o descafeinar la Ley de Cambio Climático. Este mismo lunes, el vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, descartó en el Parlamento de Canarias una ruptura del pacto. Según dijo, el Ejecutivo regional ha hecho un trabajo “de manera cohesionada, con acciones transversales y mucha unidad”, lo que ha permitido “sentar las bases para atender los problemas estructurales de la comunidad autónoma”. 

El vicepresidente del Gobierno de Canarias además acusó al PSOE de tener como “único objetivo” romper el pacto de gobierno en la comunidad autónoma, “enfrentar a las comunidades autónomas, dividir a la sociedad y enfrentar a las formaciones políticas”. Este lunes, el secretario general del PP en las Islas, Poli Suárez, se mostraba en los mismos términos y defendió que el pacto de gobierno “es sólido, de mucho diálogo, de mucha conversación, de mucho entendimiento”. 

La inmigración, eje central del discurso de CC-PP 

Desde inicios de esta legislatura, el Gobierno de CC-PP ha construido un relato en torno a la inmigración que se alarmaba ante la llegada de personas migrantes. Se ha propuesto potenciar a la Policía Canaria reclamando al Ministerio “una vía formal de intercambio de información e inteligencia” sobre delincuencia en general, actividades ilícitas en Canarias y control de la inmigración irregular, pero también CC ha llegado a querer por primera vez renunciar a competencias autonómicas (algo no propio de los partidos nacionalistas) para que se reforme la Ley de Extranjería aunque primero el Gobierno regional lo intentó con un texto en el que se hacían alusiones como que el “menor extranjero no acompañado entra ilegalmente accediendo al territorio de una Comunidad Autónoma traspasando la frontera común del Estado. Ello no crea ni puede crear un vínculo específico con la comunidad autónoma del lugar de entrada”. No obstante, hasta ahora, los menores han sido competencia de cada comunidad autónoma y es por ello que lo que se pretende reformar es la Ley de Extranjería para garantizar el traslado en caso de “saturación” de los recursos. 

Dirigentes de CC y PP se han mostrado en estos meses reticentes a  los centros de migrantes en Canarias. “Por qué se ha elegido Lanzarote y en concreto esa localización para ubicar ese gran centro para internamiento de las personas migrantes que llegan a otras islas, un centro que ni estaba previsto ni respeta el Pacto Canario por la Inmigración que el PSOE suscribió”, preguntó por escrito el senador por CC Pedro Sanginés en referencia a un centro que se iba a abrir en su isla. Altos cargos del PP participaron en febrero en una protesta de vecinos en ese municipio para frenar la instalación del centro. 

El Cabildo de Lanzarote, donde también gobierna CC, también llegó a prohibir que los menores migrantes no usen el transporte público. Una medida que se excusó en su “seguridad” por una pelea que se había producido tras unas actitudes racistas. La Red de Solidaridad con las personas migrantes describe la medida como ''discriminatoria y arbitraria'': ''No se protege a un colectivo vulnerable excluyéndolo aún más''. 

Estas no han sido las únicas polémicas con la crisis migratoria que señalan a CC y PP. Cabe recordar que Puertos Canarios (organismo que depende del Gobierno regional) llegó a pedir a Salvamento Marítimo que libere a Arguineguín y La Restinga de los rescates de migrantes. “No nos gusta la imagen de esas personas a la intemperie con una manta cubriéndoles los hombros. Es hora de tener unas instalaciones dignas en los muelles”, argumentó el director de la entidad canaria. 

La socia de CC en la isla de Gran Canaria, la polémica alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno también se llegó a negar a enterrar a los migrantes fallecidos en las costas canarias en su municipio. Es la misma que llegó a fletar tres guaguas para trasladar, sin alternativa habitacional ni comida, a unas 200 personas hasta Las Palmas de Gran Canaria. En esas fechas, y después de lamentar las condiciones en las que se encontraban los migrantes hacinados en el Muelle de Arguineguín, amenazó con sanciones de hasta 300.000 euros a los establecimientos turísticos que ofrecieron sus instalaciones para que estas personas se pudieran hospedar en ellos. Decenas de vecinos de Mogán organizaron entonces concentraciones xenófobas en las que insultaban a los migrantes alojados en esos hoteles.

La última decisión de CC-PP ha sido la de instalar carpas para instalar a menores migrantes pese a que la Fiscalía ya se pronunció en contra de esa medida.

El PP se comprometió a reformar la ley en la “agenda canaria”

La agenda canaria firmada entre Coalición Canaria y el PP el pasado verano para dar su apoyo (junto a Vox) a la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo recogía precisamente un apartado sobre cambiar la ley de extranjería. Se trata de un punto también recogido en la agenda ratificada por el PSOE para investir a Pedro Sánchez presidente del Gobierno. “Respecto a los niños, niñas y adolescentes migrantes se considerará asunto prioritario en el Estado para, con cambios legislativos, lograr que todas las comunidades autónomas, se impliquen con solidaridad en acogida, formación e integración de los menores que llegan a Canarias”, recoge ese texto. 

La Ley de Extranjería ha sacado a relucir las contradicciones entre los socios de Gobierno en Canarias: Coalición Canaria y el PP, que siguen presumiendo de unidad. Estas semanas, el PP regional se venía desmarcando de su formación a nivel estatal y defendía esos cambios legales que faciliten la acogida de menores entre las comunidades autónomas. En el Parlamento de Canarias, los populares votaron a favor de la derivación a otras regiones. Sin embargo, este mismo lunes, su secretario general en las Islas, Poli Suárez, dijo que el proyecto que se vota este martes es del “PSOE, Sumar y Coalición Canaria” y que no se ha negociado con su partido.

Horas más tarde, el portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Cabello (CC) contradecía esas palabras y defendía que el PP siempre “ha trabajado de forma activa” para modificar la Ley de Extranjería y que así se pronunció también en el Parlamento de Canarias. El portavoz insistió en que no baraja otro escenario posible a que este martes se dé luz verde a ese trámite parlamentario, en cuyo camino cree que se podrán tener en consideración las propuestas de los populares. En cualquier caso, defiende que el texto se apruebe el 30 de julio en el Consejo de Ministros como decreto ley para darle más agilidad a las medidas. 

Sobre el supuesto de que el PP vote en contra de reformar la ley y las posibles consecuencias para el pacto en Canarias, Cabello ha insistido en que son “optimistas” y ha esquivado valorar ese escenario.  “Al margen del tacticismo político, nosotros no entendemos nada que no sea que esto salga hacia adelante mañana”, dijo. “Esa modificación de la Ley de Extranjería ahora mismo es el único camino en el que está trabajando el Gobierno de Canarias para dar respuesta a la situación que estamos viviendo”, añadió.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC) también ha dicho este lunes que espera y desea que “nadie” se oponga a que el Congreso debata la reforma de la Ley de Extranjería. En el supuesto de que alguien tenga discrepancias o sugerencias, cree que las podría presentar “vía enmienda”. No obstante, lamentó que “el Gobierno de España no se haya sentado con el PP para negociar”.

Otras fuentes de CC consultadas tampoco creen que se vaya a producir una ruptura de la coalición. El secretario de Organización del partido, David Toledo, ha señalado a este periódico que “el Gobierno de Canarias tiene un programa de gobierno aprobado, hay un Gobierno que el otro día hacía un balance de gestión donde las cosas han funcionado muy bien”, ha remarcado. Sí cree que en esta cuestión deben ponerse de acuerdo los dos “grandes partidos de Estado” al igual que ocurrió con la reforma del Consejo General del Poder Judicial y pide a los socialistas que sean “flexibles” con las propuestas del PP. 

David Toledo insiste en que Canarias “ya ha repetido hasta la saciedad que estamos en una situación crítica, una emergencia humanitaria y que la política no puede estar por encima de salvarle a la a la vida a los niños y a las niñas”. Por ello, asegura que coincide con Alfonso Cabello en que hay que ser “positivo”. “El Partido Popular siempre ha estado de parte de de querer buscar una solución al tema migratorio en Canarias. Ha firmado el pacto canario de inmigración, ha estado hace tres lunes junto con todas las fuerzas políticas, excepto Vox, las asociaciones del tercer sector, todos juntos para dar ese impulso de llevar adelante la modificación de la Ley de Extranjería”, añade.

Toledo insiste en que el PP ha puesto seis condiciones sobre la mesa. “Yo incluso comparto algunas de ellas y el PSOE tendrá que negociar como se ha negociado cualquier tipo de ley, lo que yo veo es un PSOE, en este caso un tanto inflexible y tiene que ser flexible como en cualquier tipo de negociación”, afirmó.

Cabe recordar que el PP de Canarias confirmó a principios de julio en el Parlamento que respaldaría la reforma de la Ley de Extranjería. El vicepresidente, Manuel Domínguez anunció su apoyo después de semanas en las que no desvelaba su postura y en las que insistía en conocer con qué financiación contaría cada región para la acogida de los jóvenes. 

El PP regional también se mostraba este lunes confiado en que no se va a producir una ruptura en el Ejecutivo. “Nosotros, en el Gobierno de Canarias, tenemos un pacto sólido, de mucho diálogo, de mucha conversación, de mucho entendimiento”, dijo el secretario general de los populares en las Islas.

No obstante, no es la primera vez que rondan los rumores de ruptura o tensiones en el Ejecutivo regional. También se barajó sobre esa posibilidad cuando Coalición Canaria decidió apoyar la investidura de Pedro Sánchez, mientras el PP canario (con el que ya gobernaba en las Islas) se sumaba a las movilizaciones contra la amnistía y los asistentes le llegaban a gritar “rompe el pacto”. 

La reforma de la ley, en la agenda canaria

La agenda canaria firmada entre Coalición Canaria y el PP en su día para dar su apoyo a la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo recogía precisamente un apartado sobre cambiar la ley de extranjería. Se trata de un punto también recogido en la agenda ratificada por el PSOE para investir a Pedro Sánchez presidente del Gobierno.

“Respecto a los niños, niñas y adolescentes migrantes se considerará asunto prioritario en el Estado para, con cambios legislativos, lograr que todas las comunidades autónomas, se impliquen con solidaridad en acogida, formación e integración de los menores que llegan a Canarias”, recoge ese texto.

Sin embargo, el PP nacional ha dilatado su postura y este mismo fin de semana decía que no puede apoyar la reforma de la Ley de Extranjería por la negativa del Gobierno a negociar sus propuestas, con lo que el texto “no es nuestro”. Ante ello, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha destacado que tanto él como el portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado, mantuvieron contacto para intentar acercar posiciones de cara a la votación en el Congreso.