El Gobierno de Canarias ha acusado este viernes a Pedro Sánchez de recurrir al “efectismo” político, al “tacticismo” y a la improvisación por anunciar para Ceuta el estatus de región ultraperiférica (RUP) de la Unión Europea, cuando es una decisión que depende de Bruselas y no del Gobierno de España.

Canarias es la única región ultraperiférica española, recuerda, una figura que está “claramente regulada” en el tratado europeo y que responde “a unas características estructurales muy claras que tienen que ver con la distancia del continente y otro tipo de condicionantes”, ha dicho en rueda de prensa el portavoz del Gobierno, quien ha preguntado en qué beneficia a los ceutíes o a la resolución de la crisis migratoria en esa ciudad este anuncio de Sánchez.

“Contra el efectismo y el tacticismo político en el que está instalado Pedro Sánchez, Canarias y Ceuta necesitan respuesta” ante la inmigración, ha afirmado Cabello, quien ha calificado de “fracaso” la política del Gobierno de España en esta materia, obviando la postura de PP y Vox al respecto, que imposibilita que, entre otras cosas, los menores migrantes llegados a Ceuta sean derivados a la Península, descongestionando la situación en la ciudad autónoma.

Cabe recordar que las llegadas de migrantes a Canarias por vía irregular han descendido más de un 70% en lo que va de año, según datos de Frontex.

“Lo que anuncia Pedro Sánchez es algo que ni siquiera es competencia suya, tendría que ir a discutirlo a Bruselas”, según Cabello, para quien el Estado ha sido incapaz en un mes de dar respuesta a la grave emergencia migratoria de Ceuta.

El portavoz ha mostrado el profundo pesar del Gobierno de Canarias por la tragedia conocida este jueves por el fallecimiento de más de 80 personas de los 128 ocupantes de un cayuco en la ruta a Canarias, un “drama humanitario de primer nivel” que no pude convertirse en “uno de esos titulares que se mezclan con otras noticias de actualidad”.

Cabello ha dirigido sus críticas y reivindicaciones únicamente al presidente Pedro Sánchez, a quien ha invitado a que visite a los supervivientes y escuche por lo que han pasado después de 27 días a la deriva arrojando cadáveres por la borda. Nada ha dicho sobre los partidos que gobiernan en comunidades autónomas que no cumplen la Ley de Extranjería.

“Es fundamental que haya un gran acuerdo de Estado de todos los partidos en materia migratoria”, porque es “un problema estructural y no un fenómeno puntual”, ha demandado, y ha advertido de que o hay cambios o no se sabe “hasta cuándo se va a poder seguir aguantando esta situación de presión”.

Alfonso Cabello ha exigido que el Gobierno informe sobre su planificación ante la evolución de los flujos migratorios y las posibles llegadas durante los próximos meses, porque en el otoño el mar está más en calma y puede haber un incremento de las llegadas de embarcaciones a Canarias.

La estructura de acogida “está muy tensionada y Canarias no puede estar sola frente a un fenómeno que es estructural y que es competencia del Gobierno del Estado”, ha señalado el portavoz, que ha insistido en que la gestión de las políticas migratorias es un fracaso, pero a renglón seguido ha reconocido que “la presión ha disminuido” en las Islas.

El portavoz ha demandado que el Gobierno del Estado asuma su competencia en la realización del triaje de los inmigrantes que desembarcan en las islas, incluida su edad, porque Canarias puede colaborar, pero no sustituirlo en esa labor.

También ha pedido que el Estado asuma la figura del representante o defensor del menor, prevista en el nuevo marco europeo.

Coalición Canaria (CC) ha urgido este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que deje de “colaborar” con dictaduras “corruptas” como la de Marruecos. Sánchez ha comparecido a petición propia en el Congreso de los Diputados tras la crisis desatada en Ceuta por la entrada masiva de migrantes irregulares a principios de agosto.

Así lo ha puesto de manifiesto la diputada canaria Cristina Valido durante su intervención en este pleno extraordinario.

Valido ha comenzado su discurso trasladando el apoyo “sin matices” de Canarias a Ceuta y defendiendo que su partido cree “en la buena vecindad, la buena diplomacia y en la cooperación” con Marruecos pero “sin chantajes, sin sometimientos y sin dependencia”.

Europa “se tambaleará”

Como Canarias es una de las regiones afectadas “de manera diaria” por la inmigración, Valido ha llamado a que Europa revise sus acuerdos porque la “vulnerabilidad” de la frontera de España y, por ende, de Europa “no admite discusión”. De lo contrario, ha avisado, “la falta de acción y previsión” ante este reto migratorio hará que Europa se “tambalee”.

Por ello, además de “vías legales y ordenadas” y fronteras “seguras”, la nacionalista canaria ha exigido a Sánchez que deje de “financiar y colaborar” con dictaduras “corruptas” que no utilizan los millones que reciben para invertirlos en su gente.

“Si no hay luces largas, si no hay prevención, esto sólo nos conduce a lo que los ceutíes sienten hoy, a lo que los canarios hemos sentido, al más tremendo desamparo”, ha avisado Valido al término de su alocución.

El Gobierno de Canarias, formado por CC y el PP, con el apoyo de dos partidos minoritarios, ha izado este miércoles en sus sedes de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas de Gran Canaria la bandera de Ceuta para enviar un “mensaje de apoyo y solidaridad” al pueblo ceutí, que está atravesando “una situación muy compleja”, según ha señalado el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello.

Izar esta bandera en Canarias con motivo de la celebración del día de esta ciudad autónoma es para el Gobierno de las islas una señal de “tremenda empatía desde el pueblo canario con el pueblo ceutí por la crisis migratoria que están viviendo”.

En opinión del portavoz del Ejecutivo, hay que tener en cuenta “lo que tiene que estar sufriendo ahora mismo el pueblo, pero también las más de 140 víctimas que ha habido en medio de toda esta crisis migratoria”.

En su opinión, la situación de Ceuta reafirma lo ocurrido en Canarias y demuestra que “el Gobierno de España fracasa cuando trata de atender la política migratoria”. “Ha fracasado con Canarias a lo largo de los últimos años y fracasa ahora con Ceuta”, ha dicho. Los datos de Frontex, sin embargo, confirman que el número de llegadas irregulares a las Islas ha caído en lo que va de año más de un 71% (de hecho, la ruta canaria registró la mayor bajada de toda la UE), y que los centros de acogida de menores sin acompañamiento ya no se encuentran en situación de colapso, motivo por el cual el Gobierno canario incluso ha cerrado ya varios de ellos.

“No es normal que con el tiempo que ha pasado todavía se siga en la situación en la que se encuentra el pueblo ceutí”, ha manifestado Cabello, quien ha considerado “muy importante” que pueda darse “una respuesta coordinada por parte del conjunto del Estado español”, obviando el rechazo de las comunidades donde gobiernan el PP y Vox a aplicar la Ley de Extranjería, que permitiría sacar de Ceuta a cientos de menores en situación irregular llegados a la ciudad autónoma.

Pese a estas circunstancias y a los datos de Frontex, Cabello ha criticado que el Gobierno central “no tiene una política migratoria que esté funcionando de manera coordinada”.

“Reacciona a golpe de emergencia, a golpe de crisis y, por desgracia, los territorios fronterizos, como es el caso de Canarias, el caso de Ceuta, de Melilla, o también frontera norte, como es el caso de País Vasco, tenemos mucha experiencia en este asunto”, ha indicado.

Cabello ha reclamado que en el Congreso de los Diputados pueda celebrarse “un debate a este respecto de cuál tiene que ser la política migratoria”, en el que los territorios fronterizos puedan participar, como es el caso de Canarias, “y se pueda dar una respuesta”.

“Pero la realidad es que, a día de hoy, el pueblo ceutí sigue estando solo, sigue sufriendo las consecuencias de la crisis migratoria”, ha afirmado.

Tras criticar al Gobierno central, Cabello ha afeado tímidamente que muchas comunidades autónomas y otros lugares que se están sumando a la ola de solidaridad con Ceuta “esconden la cabeza cuando se trata de apoyarlo en forma de dar respuesta, acogiendo y pudiendo solucionar la presión que se está viviendo ahora en el pueblo ceutí”, eso sí, sin mencionar a su socio de gobierno, el PP.

La votación al nuevo modelo de financiación autonómica este 4 de septiembre no lo emitirá finalmente la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, del Partido Popular, sino la de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, de Coalición Canaria.

Así lo ha anunciado este lunes el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que, cuestionado por este hecho, ha hecho especial hincapié en que no existe ningún tipo de choque en el seno del Ejecutivo por este asunto. “El Gobierno de Canarias va a estar a favor si se cumplen los requisitos. Y cuando digo el Gobierno de Canarias, digo el Gobierno de Canarias en su conjunto”, aseguró.

Ya el pasado julio, ante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que debía celebrarse a finales de mes, y que fue aplazado para este 4 de septiembre, el presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo, firmó un decreto de sustitución obligado por las circunstancias políticas, donde Asián se vería obligada a desobedecer una orden de Alberto Núñez Feijóo de votar en contra de la propuesta, a pesar de los 1.300 millones de euros adicionales que se consignarán mediante ese nuevo sistema para Canarias, por lo que la titular del departamento decidió cogerse unos días de vacaciones para justificar su ausencia.

En otro orden, Alfonso Cabello aseguró que Canarias votará a favor del nuevo sistema de financiación autonómica este miércoles, al considerar que la propuesta técnica cumple con las principales reivindicaciones de las islas.

El portavoz del Ejecutivo autonómico explicó que el planteamiento que se someterá al CPFF deja fuera del nuevo modelo los recursos vinculados al Régimen Económico y Fiscal (REF), una condición que calificó prácticamente como “una línea roja” para Canarias.

Además, Cabello destacó que la propuesta mejora los planteamientos iniciales del Gobierno de España respecto a las asignaciones correspondientes a la CCAA y supone también una “mejora significativa” respecto al anterior sistema de financiación autonómica.

En concreto, señaló que la propuesta contempla actualmente unos 1.337 millones de euros para Canarias dentro del nuevo sistema de financiación, una cifra que, a su juicio, supone una “financiación muy importante” para la comunidad autónoma.

“Por lo tanto, si se cumplen esos requisitos Canarias votará a favor de ese sistema de financiación”, dijo el portavoz.

Lo ha vuelto a hacer el equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, liderado por José Manuel Bermúdez, de Coalición Canaria, y Carlos Tarife, del Partido Popular, asistidos en la banda de la extrema derecha por el portavoz “nacionalista” (y dos piedras) José Alberto Díaz-Estébanez, que está a un tris de hacerse de Vox. La ocasión, la convocatoria por parte de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de una manifestación este miércoles para protestar por los sucesos de Ceuta y, teóricamente, mostrar su solidaridad con ese pueblo, que vive momentos de tensión muy preocupantes.

Es conveniente recordar que la convocatoria parte de la presidenta de la FEMP y alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, del PP de toda la vida, que la lanzó sin encomendarse a su junta directiva, algo que hubiera sido muy saludable teniendo en cuenta la cantidad de sensibilidades de todo tipo que se agolpan en una organización de 7.410 entidades locales, entre ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares.

Pero si hubiera que dar por buenas las intenciones de la convocatoria, la solidaridad con la ciudad autónoma de Ceuta, de ellas colgaron luego los enunciados de las convocatorias en las que cada alcalde o alcaldesa ha aprovechado para hablar de su libro.

Así, la alcaldesa de Mogán, nuestra musa Onalia Bueno, lanzó para la ocasión un vídeo en redes sociales bastante bochornoso en el que mezcló la llegada de cayucos al puerto de Arguineguín en 2020 con la crisis provocada en Ceuta, obviando no sólo las evidentes diferencias entre ambas y esquivando contar cuál fue su comportamiento insolidario y racista de entonces, como relata muy bien en este artículo mi compañera Teresa Cárdenes.

En Arrecife, su alcalde, Yonathan de León, del Partido Popular, tampoco quiso perder la oportunidad de meterle un dedo en el ojo a la oposición y el Gobierno socialista y lanzar todo tipo de soflamas, mayormente coincidentes con las que lanza la entidad que refuerza la convocatoria de la FEMP en Lanzarote, Hazte Oír, que le está cogiendo el gustillo a pinchar en sus algaradas callejeras conejeras (no majoreras).

En Puerto del Rosario el consistorio fue mucho más prudente, seguramente por la presencia del PSOE en el gobierno municipal. Y la declaración lanzada por su Junta de Gobierno tras acordar respaldar la manifestación es un ejemplo de responsabilidad y compromiso institucional, además de un llamamiento a la mesura en momentos tan delicados para la política y los derechos humanos.

Pero donde a Coalición Canaria volvieron a saltársele los plomos fue en Santa Cruz de Tenerife. En su comunicado oficial de convocatoria se entrecomillan declaraciones de su alcalde, José Manuel Bermúdez (CC), que, como mínimo, perjudican las políticas del Gobierno de Fernando Clavijo para con Marruecos. Aunque trata de revestir su declaración de preocupación por los derechos de las personas migrantes, Bermúdez no se resiste a hacer una peligrosa incursión en la geopolítica y en las relaciones bilaterales de España y Marruecos. Así, entre otras proclamas, suelta que “la solidaridad con Ceuta debe ir acompañada de una defensa inequívoca de la legalidad, de la integridad territorial del Estado y de unas reglas claras que garanticen que situaciones como esta no puedan volver a producirse sin una respuesta firme y coordinada de las instituciones”. No deja claro que lo ocurrido haya sido una agresión a España del país de donde procedieron las 70.000 personas que entraron a Ceuta hace ya un mes.

Pero el que vuelve a bordarlo es el portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y concejal de Hacienda, además de diputado regional y parlanchín profesional en diversas tertulias retro, José Alberto Díaz-Estébanez. En el mismo comunicado del consistorio en el que se convoca a la gente a manifestarse el miércoles, el que fuera también concejal de Hacienda en el escándalo de Las Teresitas suelta estas perlas: “Existe una preocupación evidente ante la falta de reglas claras y de compromisos inequívocos frente a un vecino capaz de utilizar distintos medios para alcanzar sus objetivos. Canarias y Ceuta sabemos que vivimos en espacios geográficos con una enorme complejidad y que la estabilidad, la seguridad y la defensa de nuestros territorios no pueden depender de la improvisación ni de respuestas tardías”. Por eso, a su entender, la concentración a cuyo frente se va a colocar junto a su alcalde, “tiene también un profundo significado político. No se trata únicamente de expresar solidaridad, que es imprescindible, sino de recordar que Ceuta es España y que sus ciudadanos tienen derecho a saber que, cuando atraviesan una situación extraordinaria, no van a quedarse solos ni a depender de decisiones que llegan cuando el daño ya está hecho”.

Tanto Bermúdez como Estébanez, con la ayuda impagable de Carlos Tarife, atacan al Gobierno de España y sus relaciones con Marruecos sin percatarse que también se llevan por delante la estrategia de Fernando Clavijo, líder de su partido y presidente del Gobierno canario, de encontrar puntos de encuentro con el vecino en aquellas materias en las que es competente la Comunidad Autónoma de Canarias. Solo en esta legislatura, Clavijo ha viajado tres veces a Marruecos con el fin de establecer lazos de amistad en materias aparentemente inocuas pero con las que Clavijo trata de transmitir al país vecino que Canarias quiere sumarse al nuevo escenario abierto desde que España accedió a reconocer la soberanía marroquí sobre el Sahara que aún no ha sido convenientemente explicada. Como seguramente no llegarán a ser convenientemente explicadas las causas y la identidad de los responsables de los sucesos de Ceuta de los pasados 30 y 31 de julio.

En esos viajes a Marruecos, siempre según la versión oficial del Gobierno de Canarias, se ha tratado de fortalecer algo que el ejecutivo llama “eje Atlántico” para afianzar “una relación basada en la buena vecindad, la cooperación institucional y el interés común”. De la importancia que Canarias da a estas relaciones puede ser reflejo el tamaño de la expedición que viajó el pasado mes de enero: además de la consejera de Universidades, el director general de Relaciones con África, y los rectores de las dos universidades públicas de Canarias, viajaron los presidentes de las dos autoridades portuarias canarias; el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Pedro Ortega, el presidente de la Asociación Industrial de Canarias (ASINCA), Virgilio Correa, la delegada de Proexca en Marruecos, Elvira Butler; el presidente del Club Deportivo Tenerife Femenino, Sergio Batista, así como el presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, Juan José Arencibia, y el presidente de la Federación Canaria y Tinerfeña de Fútbol, Alejandro Morales, entre otros.

Tras esa última visita, el presidente canario llegó a afirmar que gracias al trabajo continuado “se han ido tejiendo conexiones, esos puentes necesarios para dejar de hablar de que Canarias tiene una oportunidad por su posición en el Atlántico Medio y convertirlo en una realidad”.

No solo dentro de su partido tiene un problema de verborrea Clavijo. Su socio y vicepresidente, Manolo Domínguez, no se ha querido quedar fuera de la fiesta. En unas recientes declaraciones a Libertad Digital, el también presidente del PP canario ha dicho que “el Gobierno de Sánchez se ha tomado a broma la relación con Marruecos. Si hubiera habido desde el principio diálogo y respeto, estaríamos en otra situación. Pero, cuando tú eres el rey de Marruecos y ves enfrente a una persona como Pedro Sánchez, con el que puedes hacer lo que te da la gana, aprovechas la situación. Hay que cambiar la relación con Marruecos para que haya respeto por ambas partes”.

Debe pesar mucho en el ánimo de estos políticos de estrategia restringida la presencia en la ecuación de Ángel Víctor Torres, ministro plenipotenciario del mando único para la crisis de Ceuta y seguro repetidor a la presidencia del Gobierno canario en 2027. Al que las encuestas, dicho sea de paso, siguen colocando como ganador a pesar de la crisis que ahora ha de comerse.

Mientras tanto, Fernando Clavijo, en la línea de la prudencia y del fortalecimiento de su “eje atlántico” ha transmitido un mensaje evidentemente conciliador. Desde el primer minuto habló de “establecer una política de carácter diplomático con Marruecos”, no sin dejar de manifestar su preocupación por los sucesos.

Esta legislatura, con Fernando Clavijo (Coalición Canaria) al frente (aupado por el PP y los partidos minoritarios ASG y AHI, pese a que el PSOE logró la victoria mejorando sus resultados de 2019) ha estado marcada por el malestar creciente en las islas por el aumento poblacional y las elevadas cifras de turistas que están llevando a las islas hacia un colapso estructural, por mucho que desde el Gobierno canario se haya insistido en poner como principal problema del archipiélago la inmigración irregular. En solo unos meses, las Islas tendrán que regresar a las urnas y votar de nuevo, por lo que la mayoría de los partidos políticos y sus líderes se encuentran ya en una suerte de precampaña electoral.

A sabiendas de que la población canaria ha manifestado masivamente su rechazo al modelo de desarrollo actual y de que el Gobierno de CC y el PP no ha impulsado ninguna medida para ponerle límites (principal reivindicación de las protestas), desde Coalición Canaria se ha vuelto a insistir, tal y como hizo hace algo más de un año, en que una moratoria turística supone cientos de millones en indemnizaciones a los empresarios hoteleros. Es decir, y en resumen, que esta petición ciudadana, que defienden otros partidos políticos, no es viable y generaría enormes costes de dinero público, según los argumentos de CC.

En otras palabras, que lo que prometen otros partidos nacionalistas, en concreto Nueva Canarias, sería un golpe a las arcas públicas y algo irrealizable.

Sin embargo, la realidad es bien distinta.

Fue a finales de este mes de agosto, en el primer Consejo de Gobierno del nuevo curso tras las vacaciones, cuando el portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Cabello, anunció que el coste para Canarias de la moratoria de 2001 y de las directrices de 2003 (cuando el presidente de NC, Román Rodríguez, lideraba el Gobierno canario bajo las siglas de CC) sería de unos 400 millones, y no los 1.000 que pedían los empresarios turísticos, apuntándose el tanto de haber logrado reducir la cantidad a pagar.

Cabello defendió que el Ejecutivo autonómico optó por cumplir las resoluciones judiciales, pero negociando sus efectos para reducir al máximo el impacto económico, insistiendo en que “hay unas sentencias que nos obligan”. Y lamentó que el actual Gobierno tenga que asumir las consecuencias de decisiones adoptadas en legislaturas anteriores. “Hoy nos toca gestionar las consecuencias de aquellas moratorias turísticas”, dijo.

Pero ahí está la clave: esas sentencias condenatorias no corresponden a la moratoria aprobada durante la etapa de Román Rodríguez y, de hecho, así lo atestiguó el propio Gobierno de Clavijo en abril de 2025, aunque el presidente insistiera entonces en lo contrario.

Así, en mayo del pasado año, cuando el Gobierno canario culpó a Román Rodríguez y a NC de dichas sentencias, el partido señalado formuló una pregunta al Ejecutivo para aclarar la situación y, en su defensa, citó un documento del propio Gobierno canario que, precisamente, exoneraba a NC.

El documento de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas aclaraba que “las sentencias” por normas de 2001 y 2003 “fueron todas desestimatorias, por lo que no hubo indemnizaciones por responsabilidad patrimonial”. Es decir, la moratoria de Rodríguez no generó ningún perjuicio económico y, por ende, una moratoria bien realizada es viable.

Ese mismo documento sí mencionó otra ley, pero de 2009, cuando gobernaba Paulino Rivero, de Coalición Canaria, que “se está actualmente trabajando en la ejecución de las sentencias, no habiéndose realizado, hasta la fecha, pago alguno en concepto de indemnizaciones”.

Por tanto, las indemnizaciones no provienen de la moratoria turística de Rodríguez, sino de decisiones y directrices del Gobierno de Rivero. Sin embargo, para defender su acusación, Clavijo argumentó que las leyes aprobadas en 2001 y 2003 eran el germen de las medidas que se tomaron en materia de moratoria turística después, las que sí conllevaron indemnizaciones, adoptadas por el Gobierno de Rivero, y, por ello, eran el origen de las sentencias condenatorias.

Al conocerse este documento del propio Gobierno canario que exculpaba a NC, en mayo de 2025, Nueva Canarias acusó al Gobierno de Clavijo de convertir “el bulo en una práctica política”, y exigió a Clavijo una rectificación inmediata “por mentir en sede parlamentaria para difamar al presidente de NC-BC, Román Rodríguez”. Dicha rectificación no llegó y 15 meses después vuelve a repetirse la historia.

De nuevo CC culpa al presidente de NC y, de paso, demoniza la idea de una nueva moratoria en las Islas, meses antes de que haya que regresar a las urnas.

Tras la nueva acusación de CC, este mes de agosto, Román Rodríguez respondió y señaló que otra vez el Gobierno canario “de las derechas” pretende trasladar a la sociedad “que no se puede hacer nada para frenar el desarrollismo turístico”, como han demandado las masivas movilizaciones en los últimos años. Pero para el líder de NC, esto “no es cierto” y pone de ejemplo el caso de Veneguera, en Gran Canaria, donde gracias a la moratoria de 2001 se consiguió frenar un proyecto turístico y, posteriormente, proteger este enclave natural.

Y mientras, en las islas siguen aprobándose proyectos para la construcción de nuevos hoteles y cientos de camas turísticas, pese a que son ya más de 18 millones de visitantes y se superan los 2,2 millones de habitantes registrados, lo que conlleva problemas como un déficit estructural en las carreteras, los servicios públicos (transportes, limpieza, etc.), la depuración de aguas, la generación de aguas y de energía, la gestión de los residuos, la protección de los parajes naturales y la escasez de vivienda, entre otros.

Al mismo tiempo, los sueldos en Canarias siguen siendo los segundos más bajos del país, con los costes laborales más bajos, mientras la cesta de la compra sigue estando entre las más caras del país y con precios en el mercado inmobiliario más propios de la península y solo al alcance, en muchas ocasiones, de inversores extranjeros.

Quiénes recibirán los 400 millones

Aunque ha sido preguntado por ello, el Gobierno de Canarias no ha facilitado un listado de los grupos empresariales beneficiarios del acuerdo alcanzado tras las sentencias condenatorias por la ley de 2009, la de Paulino Rivero, pero sí aclaró que ya ha efectuado su primer pago y que cuenta con hasta 36 expedientes independientes en su haber. Además, confirmó que hay un beneficiario que recibirá la mayor parte de la cuantía total, al menos del 60% de los 400 millones.

Según la agencia Europa Press, que cita a “medios”, ese beneficiario podría ser el grupo Lopesan -que recibiría en torno a 260 millones con intereses-, sin embargo, esta información no ha sido confirmada por el Ejecutivo regional, así como tampoco por el propio grupo empresarial, que no ha querido pronunciarse al respecto.

El Ejecutivo canario calcula que si se agota el plazo estimado de pago -el primero de ellos se efectuó en julio-, el importe a abonar podría ascender a cerca de los 460 millones de euros con intereses. La previsión de pago depende, asimismo, de un procedimiento ahora en manos de la Consejería de Hacienda, encargada de desarrollar el expediente, liberar los créditos, hacer la transferencia a la Consejería de Política Territorial y esta efectuar finalmente el pago.

Coalición Canaria de El Rosario, Tenerife, ha denunciado la “inacción y falta de transparencia” del Gobierno municipal ante la aparición de “posibles vertidos y residuos” en diferentes puntos de la costa del municipio y ha exigido al Ayuntamiento que actúe de manera inmediata para determinar el origen de estas incidencias y garantizar la seguridad de los usuarios del litoral.

El concejal de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de El Rosario, José Miguel Fregel, asegura que durante las últimas semanas ha recibido fotografías y vídeos remitidos por vecinos y usuarios de la costa en los que se observan “anomalías” en el agua, así como imágenes que “podrían apuntar a desperfectos en alguno de los emisarios existentes en la zona”, según CC.

Ante esta situación, el partido explica que Fregel se desplazó personalmente hasta el litoral para comprobar el estado del agua y constató la presencia de una acumulación o mancha en la superficie en una zona en la que, además, había personas bañándose.

“Lo mínimo que puede exigir cualquier vecino es saber si el agua en la que se está bañando está en condiciones. Lo que no podemos aceptar es que aparezcan estas señales una vez más y que el Ayuntamiento permanezca en silencio como si no estuviera pasando nada”, denuncia el edil nacionalista. Coalición Canaria reclama al Gobierno local que determine mediante los correspondientes análisis el origen y composición de estas manchas y que informe públicamente sobre los resultados.

Fregel recuerda que los problemas relacionados con la calidad de las aguas del litoral de El Rosario “no son nuevos” y señala que Coalición Canaria de El Rosario ya ha denunciado situaciones similares en años anteriores.

El concejal nacionalista considera especialmente grave que, ante la aparición de “nuevos indicios”, los vecinos desconozcan si se están realizando todos los controles necesarios para garantizar la calidad sanitaria del agua.

“No podemos normalizar que los vecinos vean manchas en el mar, que existan dudas sobre posibles vertidos y que nadie explique qué está ocurriendo. Si el agua está en perfectas condiciones, el Ayuntamiento debe demostrarlo con análisis. Y si existe un problema, tiene la obligación de actuar inmediatamente”, señala Fregel.

Para CC de El Rosario, la respuesta del Gobierno municipal no puede limitarse a intervenir únicamente cuando la situación alcanza una gravedad evidente. “La salud pública y la protección de nuestro litoral exigen prevención, mantenimiento y vigilancia. Esperar a que el problema sea evidente o a que sean los propios vecinos quienes den la voz de alarma no es gestionar”, sostiene el concejal.

Dudas sobre el estado y mantenimiento de los emisarios

Otro de los asuntos que preocupa a los nacionalistas es el estado de las infraestructuras de evacuación existentes en la costa. Fregel asegura haber recibido recientemente un vídeo grabado por un submarinista en el que se apreciaría un posible desperfecto en uno de los emisarios submarinos y advierte de que situaciones similares “ya se han producido anteriormente”.

Por este motivo, CC exige al Ayuntamiento que informe sobre cuándo se realizaron las últimas revisiones y actuaciones de mantenimiento de estas instalaciones y cuál es actualmente su estado.

“Queremos saber qué mantenimiento se está haciendo, con qué periodicidad se revisan los emisarios y si existe alguna rotura o incidencia que pueda estar relacionada con lo que estamos viendo en la costa”, afirma Fregel.

El concejal nacionalista considera que el Gobierno municipal tiene la obligación de ofrecer estas explicaciones con total transparencia. “Cuando estamos hablando del mar, de nuestra costa y de personas que se están bañando, no caben las excusas ni la improvisación. Los vecinos tienen derecho a conocer exactamente qué está pasando”, insiste.

Coalición Canaria reclama al Ayuntamiento de El Rosario que active de manera inmediata los mecanismos necesarios para analizar la calidad de las aguas en los puntos afectados y que traslade públicamente los resultados a la ciudadanía.

Asimismo, pide que se compruebe el estado de los emisarios del municipio, se revise su mantenimiento y se determine si alguna incidencia en estas infraestructuras pudiera estar provocando o contribuyendo a la situación denunciada.

“No estamos pidiendo nada extraordinario. Estamos pidiendo que el Ayuntamiento haga su trabajo: revisar, analizar, prevenir e informar”, subraya José Miguel Fregel. Para el concejal de CC, el silencio institucional genera además una situación de incertidumbre que resulta “completamente innecesaria”.

“Si hay un problema, hay que solucionarlo. Si no lo hay, que se publique la información que permita a los vecinos estar tranquilos. Lo que no puede ocurrir es que sean los ciudadanos quienes tengan que enviar fotografías y vídeos mientras el Ayuntamiento mira hacia otro lado”, denuncia.

La costa de El Rosario, la gran olvidada, según CC

Fregel considera que lo sucedido vuelve a poner de manifiesto la falta de atención que, a juicio de Coalición Canaria, recibe el litoral del municipio por parte del Gobierno local.

“La costa de El Rosario no puede seguir siendo la gran olvidada. No podemos acordarnos de ella solamente cuando surge un problema. Necesita mantenimiento, vigilancia, planificación y una política seria de protección durante todo el año”, defiende.

El edil nacionalista insiste en que Coalición Canaria seguirá fiscalizando la actuación municipal y reclamando todas las explicaciones necesarias para conocer qué está ocurriendo.

“Estamos preocupados por el estado de nuestras aguas y queremos respuestas. No vamos a esperar a que ocurra algo más grave para exigir que se actúe. El Ayuntamiento debe intervenir ahora, analizar el agua, revisar las instalaciones y explicar públicamente a los vecinos cuáles son los resultados”, concluye José Miguel Fregel.

Coalición Canaria, a través de su diputada Cristina Valido, preguntará al Gobierno en el Congreso por el expediente de derribo de Casa Las Señoras, en el municipio de Pájara (Fuerteventura), una vivienda centenaria que está previsto demoler este miércoles, 26 de agosto, en una decisión en la que considera se ve el “desconocimiento” del Ejecutivo central respecto a las singularidades de Canarias.

En este sentido, Valido ha registrado una pregunta escrita dirigida a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, para que se pronuncie al respecto de este expediente de derribo, según ha informado la formación en un comunicado.

CC recuerda que la vivienda afectada, conocida como Casa Las Señoras, tiene más de 150 años de antigüedad y es considerada “el último testimonio construido en pie del antiguo asentamiento costero de Cueva de la Negra”, vinculado históricamente a familias de pescadores de la zona de Jandía, en Fuerteventura.

La casa sigue estando habitada en la actualidad, y la familia ha presentado varios escritos a la Demarcación de Costas de Canarias para evitar su demolición, órgano que “no resolvió, ni siquiera respondió”, según asegura Coalición Canaria en la nota.

Concretamente, tal y como se recoge en la exposición de motivos de la iniciativa de CC, dicha solicitud fue presentada el pasado 15 de julio de 2026 por la representación letrada de la familia ante la Demarcación de Costas de Canarias, en tanto culmina la tramitación de la reforma legislativa sobre núcleos costeros tradicionales afectados por la Ley de Costas, actualmente en curso en el Congreso.

No obstante, sin haber resuelto dicha solicitud, el 12 de agosto se notificó el señalamiento de la fecha de derribo para el 26 de agosto.

Valido también se interesa sobre las razonas por las que el expediente no ha recibido el mismo tratamiento de subsanación y tramitación en plazo que, según ha trasladado públicamente la representación letrada de la familia, “sí se ha dado en otros casos similares”, subraya CC.

Según la formación, la familia, que reside en ella desde hace generaciones, no reclama una declaración formal de Bien de Interés Cultural, sino que se valore su interés etnográfico y patrimonial antes de que se ejecute un derribo que considera “irreversible”.

Desde Coalición Canaria se insiste en que episodios como este confirman la necesidad de que Canarias cuente con más peso político en el Estado, de forma que decisiones que afectan a su historia y su patrimonio no se tomen sin contar con quienes mejor conocen la realidad del Archipiélago.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC), ha abogado este viernes por “establecer una política de carácter diplomático con Marruecos” tanto desde el Ejecutivo español como desde la Unión Europea, ante los sucesos que se viven en las últimas horas con la entrada de miles de inmigrantes irregulares a Ceuta desde el reino alauí. Mientras el presidente regional centra su mensaje en posibles soluciones, su vicepresidente, del PP, aprovecha para cargar contra el Gobierno central.

Por su parte, el Gobierno central ha desplegado ya al Ejército en Ceuta y ha cerrado la frontera con Melilla. Pedro Sánchez, desde Ceuta, ha calificado lo ocurrido de “violación de la integridad nacional”.

En un mensaje que ha publicado Fernando Clavijo en la red social X, el presidente canario ha dicho que debe brindarse atención humanitaria a esas miles de personas, algunas familias con menores a cargo, pero que también debe sondearse esa posibilidad diplomática “para encontrar una solución conjunta a esta situación”.

“Además, se debe avanzar en un proyecto estable para la atención de los territorios fronterizos ante el fenómeno migratorio”, ha concluido su mensaje Clavijo.

Domínguez (PP) carga contra el Gobierno central

Alrededor de 49.000 personas han entrado a Ceuta irregularmente desde Marruecos desde este jueves, en una ciudad que tiene una población de 84.000 habitantes, y según fuentes policiales, el número de cadáveres recuperados en las últimas horas en la costa ceutí ha ascendido a 24.

Mientras tanto, el vicepresidente del Gobierno de Canarias y líder del Partido Popular en las islas, Manuel Domínguez, ha aprovechado la situación en Ceuta para atacar el Gobierno central, tildando lo ocurrido de “inadmisible”, y culpan de ello a un Ejecutivo no proteje a la ciudadanía española.

En un vídeo que ha publicado en sus redes sociales, Domínguez ha comenzado diciendo que le daba igual “ser políticamente incorrecto” porque lo que está pasando en la ciudad autónoma es “inaceptable”, y que “ha superado a la Guardia Civil y a la Policía Nacional”.

“La realidad es que no tenemos a un Gobierno que nos proteja, que nadie me venga con historias de que este es un mensaje racista, que este es un mensaje de desprecio, que tenemos que acoger a todo el mundo, y todos esos mantras que he escuchado mil veces”, ha insistido el líder de los populares canarios.

En ese sentido, Domínguez ha señalado que el “buenismo, la dejación y el desprecio que sienten hacia nuestros agentes”, sin referirse específicamente a nadie en concreto, “es lo que nos ha llevado a esta situación”, y ha criticado la respuesta que ha dado al Ejecutivo, al que ha acusado de no tomarse en serio al país.

“Yo no culpo a quienes vienen de manera irregular, sino a los españoles que viven en La Moncloa y provocan este efecto llamada”, ha agregado.

Finalmente, el vicepresidente canario ha mandado un abrazo a la ciudadanía ceutí, independientemente de la religión que profesen, ya que esta, ha dicho, no es una cuestión de creencias, “sino de proteger nuestras fronteras y de proteger nuestra tierra”.

El Cabildo de Lanzarote, gobernado por Coalición Canaria y el Partido Popular, ha acordado contratar al abogado José Antonio Choclán para presentar una querella ante el Tribunal Supremo contra la expresidenta insular y diputada en el Congreso Dolores Corujo (PSOE). La corporación ha contratado los servicios del Bufete Choclán por 14.500 euros, más 1.015 euros de IGIC, al límite del importe máximo establecido por la ley para los contratos menores.

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, anunció en Radio Lanzarote la querella contra Corujo después de que se conociera que la Fiscalía del Tribunal Supremo había archivado otra denuncia presentada por CC contra la socialista. Esta denuncia fue presentada ante la Fiscalía de Arrecife por David Monte, director insular de Presidencia del Cabildo y abogado del senador nacionalista Pedro Sanginés. La denuncia fue remitida a los fiscales del alto tribunal, ya que Corujo está aforada ante el Supremo al ser diputada en el Congreso.

Los hechos que denunció Monte se remontan a 2020, cuando Corujo estaba al frente del Cabildo tras diez años de gobierno de Sanginés. El director insular trasladó al Ministerio Público unas supuestas irregularidades en la incorporación del exconsejero Juan Manuel Sosa al grupo de gobierno socialista. Según él, el objetivo habría sido garantizar la legislatura del PSOE y evitar una moción de censura de CC y el PP.

Tres letrados y ''numerosos procedimientos''

Para justificar la contratación del despacho madrileño, el Cabildo argumenta que su Asesoría Jurídica cuenta con tres letrados y un ''número de procedimientos'' desde 2012 de ''numerosos procedimientos''. Aunque el documento no aclara la cifra exacta, el Cabildo mantiene que ''la cantidad de procedimientos y la diversidad de materias hace imposible que desde la Asesoría Jurídica se tramiten todos y cada uno de ellos''. En esta línea, añaden que la especialización de las letradas no incluye el Derecho Penal.

José Antonio Choclán ya ha representado a otros políticos de Canarias. Entre ellos está incluso el presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo (CC), que lo contrató para que lo defendiera en el caso Grúas, o la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno. Choclán también ha defendido a importantes empresarios de las islas, como el lanzaroteño Juan Francisco Rosa o Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas.

El abogado penalista defendió a Víctor de Aldama en el caso Ábalos, que se saldó con cuatro años y medio de prisión para él, 24 para el exministro de Transportes José Luis Ábalos y 19 y medio para el exasesor Koldo García. Choclán también ha sido contratado por otros concoidos nombres como Julio Iglesias, Cristiano Ronaldo, Cristina Cifuentes o Corinna Larsen.

Una ''persecución judicial''

En una nota de prensa, Dolores Corujo ha valorado que la contratación de Choclán ''no es más que un intento a la desesperada de Oswaldo Betancort'' de mantener viva una ''persecución judicial contra ella''. Además, rechaza que se utilicen fondos públicos ''con el único fin de inhabilitarla''.

Corujo ha recordado que la Fiscalía ha negado de manera tajante la existencia de indicios penales en la denuncia de David Monte, y recuerda que este fue contratado como director insular ''con un sueldo de más de 5.000 euros al mes''. ''Ahora, cuando se demuestra que las acusaciones contra mí carecían de cualquier fundamento, Oswaldo Betancort paga 15.500 euros a Choclán tan solo por la presentación de una querella contra mí, en una huida hacia adelante que tan solo pretende mantener viva una denuncia que carece de todo fundamento'', reprocha la socialista.

''Poco le importa el dinero público cuando dilapida más de cinco mil euros al mes en pagar al abogado CC en el Cabildo y contrata a Choclán, que tan solo por presentar la denuncia cobrará 15.500 euros'', asevera Corujo.

Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) ha calificado este jueves al Gobierno de Canarias de Coalición Canaria y Partido Popular como un “fracaso absoluto”, en una legislatura que ve “perdida” debido a la falta de respuesta a los principales problemas de la sociedad canaria, que lejos de mejorar, considera se han agravado.

Así lo ha asegurado el secretario general de NC-BC, Luis Campos, en una rueda de prensa en la que ha querido hacer un balance de los tres años de legislatura del actual Gobierno de Canarias, señalando que se encuentra en medio de una crisis institucional por el choque entre los dos socios debido a la propuesta de financiación autonómica (CC la apoya, y el PP, no).

El también portavoz de NC en el Parlamento ha dicho que esta crisis institucional en el seno del Gobierno coincide con una “crisis canaria para la mayoría social” de las islas, por los problemas que empeoran ante la falta de soluciones más allá de los “titulares”.

Se cumplen “tres años del Gobierno más ineficaz de la historia de esta tierra”, según Campos, que lamenta la baja ejecución presupuestaria que ha tenido, “la peor de la historia de Canarias” y también que sea el que más fondos comunitarios ha perdido y tendrá que devolver a Europa. Son ya más de 3.400 millones de euros de los presupuestos que se han quedado sin usar y casi 200 millones los fondos europeos que habrá que reenbolsar por no haberles tampoco dado salida.

Entre los problemas que, a su juicio, se han visto agravados en esta legislatura “perdida”, se encuentra como elemento central el de la vivienda.

“Sin duda alguna, la vivienda, el mayor fracaso de este Gobierno”, ha opinado Campos, quien atribuye a la falta de acción del Ejecutivo de CC y PP que sea “habitual” en el archipiélago ver de nuevo “cuevas, chabolas, cuarterías o caravanas como soluciones habitacionales”, sobre todo entre funcionarios que tienen que desplazarse a otra isla para trabajar.

Un acceso a la vivienda que se ha vuelto “imposible” para la gran mayoría de la población canaria y que, en definitiva, supone “un derecho absolutamente quebrado”.

Problemas en sanidad y educación

Desde NC también han alertado sobre “fracasos” en la gestión de la política sanitaria y educativa por parte del Ejecutivo “de las derechas canarias”.

En materia de sanidad, ha indicado Campos que pese a inyectar 1.000 millones de euros en las cuentas, la atención sanitaria “está peor que hace tres años”, con un servicio de Urgencias “colapsado” y tensiones laborales que llegan a los médicos, los técnicos de ambulancias o al personal sanitario de las gerencias y su negativa a seguir haciendo horas extra por los recortes.

Los recursos que han inyectado de más, ha agregado el líder de NC, “se han ido por el sumidero”.

En cuanto a la materia educativa, ha destacado que en un momento en el que se tienen “más recursos que nunca”, se sigue incumpliendo la legislación regional, alejándose cada vez más del umbral del 5% del presupuesto invertido en educación (un porcentaje obligarorio según la Ley Canaria de Educación y que estuvo a punto de alcanzarse durante la pasada legislatura), y en medio de un “malestar enorme” entre la comunidad educativa.

“Dentro del ámbito educativo, abandono de los más vulnerables, de los que más apoyo necesitan, de los que más recursos necesitan. Presumen de hablar de una escuela inclusiva cuando en realidad es la antítesis cuando nos acercamos a sus aulas, sin apoyo, sin recursos humanos, sin recursos materiales”, ha afeado Campos.

Unas críticas que también ha extendido a la dependencia, donde hay “mucha propaganda, pero no soluciones”, y al reto demográfico, donde se han creado “muchas mesas técnicas”, pero luego no se ha puesto en marcha ni una sola medida para afrontarlo.

Finalmente, en lo que a lo puramente económico se refiere, Campos ha defendido que en aquello que no depende del Gobierno canario, las islas van “como una tralla”, pero que luego se tienen los salarios “más bajos de todo el Estado” y con una política fiscal “que roza la extrema derecha”.

En definitiva, ha concluido el líder de NC, este Gobierno ha sido “útil para los más ricos de esta tierra”, pero que se ha mostrado “absolutamente inútil para la inmensa mayoría social de la gente que vive en Canarias”.

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha archivado las diligencias incoadas contra la secretaria insular del PSOE de Lanzarote y diputada por la provincia de Las Palmas, María Dolores Corujo, respecto a los pagos recibidos por el consejero Juan Manuel Sosa durante la etapa en que fue presidenta del Cabildo insular.

El PSOE de Lanzarote ha informado este miércoles en nota de prensa de que la Fiscalía concluye que los hechos investigados no son constitutivos de infracción penal alguna.

Los socialistas consideran que esta decisión “desminte de plano al abogado de Coalición Canaria contratado por (el presidente actual del Cabildo de Lanzarote) Oswaldo Betancort como director insular para instrumentar una cacería judicial contra la líder socialista”.

Por su parte, Corujo ha manifestado su satisfacción por este archivo: “Desde el primer momento sostuve que se trataba de una denuncia política, de una cacería emprendida por Oswaldo Betancort con el único fin de tratar de inhabilitarme como candidata. Hoy, el Ministerio Fiscal me da la razón”.

“Como se recordará, en enero de 2026, Oswaldo Betancort nombró director insular de la Presidencia a David Montes, abogado del Grupo de Coalición Canaria en el Cabildo, a quien el 2 de febrero le encargó que estudiara el expediente de Juan Manuel Sosa”, señala la nota de los socialistas lanzaroteños.

Por su parte, Corujo ha añadido que 25 días después de ser incorporado al Cabildo, estaba presentada la denuncia contra ella, que hoy la Fiscalía del Supremo ha rechazado.

La secretaria insular del PSOE de Lanzarote ha anticipado que a lo largo de los próximos días dará a conocer las acciones que emprenderá “como consecuencia de esta denuncia falsa”.

“No podemos normalizar que se contrate por más de 5.000 euros al mes al abogado de Coalición Canaria para interponer denuncias falsas y tenerlo en los medios día sí y día también difundiendo falsedades como mi pretendida pero inexistente imputación. Ahora es el turno de nuestros abogados”, ha afeado.

“Ninguna nota de prensa devuelve cinco meses de sospecha sobre una persona y sobre su familia, seguida de continuos infundios y acusaciones en los medios de comunicación por el propio denunciante pagado por Oswaldo Betancort desde el Cabildo”, ha concluido Corujo.

La Orotava, en el norte de Tenerife, aprobó hace 33 meses solicitarle al Gobierno de Canarias la declaración de zona tensionada para, entre otras medidas, poder topar los precios de los alquileres, al menos, de la zona del casco histórico, pero sigue sin dar ese paso propuesto por los concejales de Asamblea por La Orotava y respaldado por el pleno local hace casi tres años.

Este importante municipio del norte de Tenerife, el de mayor superficie de la Isla y con el 72% del Parque Nacional del Teide, cuenta con una población de unos 42.500 habitantes, y su Ayuntamiento ha elaborado un reciente informe sobre los precios de las casas (de venta y alquileres) de 2020 a 2023 que fue expuesto en la comisión de Urbanismo del pasado 1 de julio y que constata que la localidad no sólo cumple los requisitos para la declaración de zona tensionada en el casco histórico, sino que también lo hace la mayoría de sus barrios, con aumentos de las cantidades que se piden de hasta el 129% en algunas de esas zonas periféricas, como ocurre en Pinolere, Aguamansa y La Florida. El límite exigido para declarar la zona tensionada es del 19%. Además, hay zonas con incrementos del 60 y 70%.

Cabe recordar que el Gobierno de Canarias no ha aprobado hasta ahora ninguna de las peticiones recibidas para declarar zona tensionada en ningún municipio de las Islas. El Ejecutivo de Clavijo no aplica la Ley estatal de Vivienda y, de hecho, cuando esta fue aprobada, anunció que la recurriría en los tribunales, cosa que después no hizo porque se le pasó el plazo para hacerlo. El Gobierno canario ha señalado en diversas ocasiones que su solución a la crisis de vivienda en las Islas pasa por construir más y más rápido, sin adoptar medidas para regular los precios de los alquileres o controlar la especulación.

En el pleno de este pasado martes, el gobierno local (CC) admitió que aún no ha remitido al Ejecutivo regional esa solicitud, en la que insiste desde hace mucho tiempo grupos como Asamblea por La Orotava. Una situación que critica el portavoz de esta coalición, Manuel Pacheco, que censura que “ni siquiera sepan el procedimiento para declarar el municipio zona tensionada pese a contar ya con ese informe del mercado inmobiliario, que nos mostraron en comisión, pero que aún no poseemos porque, como siempre, no lo adjuntaron a la convocatoria y que hemos pedido durante todo este mes de julio”.

“Aún no han abordado ni qué hacer con ese diagnóstico, si enviarlo o no a la Comunidad, pese a que la ley es clara y obliga a adjuntar un plan específico de medidas cuando se cumplen los requisitos de las llamadas zonas tensionadas”, comenta a Canarias Ahora. Además, compara a La Orotava con otros municipios que sí han enviado la solicitud en menos de un año.

Versión del gobierno local

Durante el pleno, el portavoz de CC y edil de Hacienda, entre otras áreas, David Felipe Benítez, explicó que ese estudio no se elaboró en exclusividad para la declaración de zona tensionada, sino que “es mucho más ambicioso sobre el mercado residencial en La Orotava, abarcando múltiples aspectos sector por sector, distrito por distrito en función de la población, edades, precios de la vivienda y cómo ha evolucionado. Incluso, planifica el futuro y prevé las nuevas viviendas a construir según el PGO y, por tanto, va mucho más allá que un simple informe sobre la declaración de zona tensionada”. Además, remarcó que “no es el ayuntamiento el que declara esa zona, sino el Gobierno regional el competente y no hemos enviado el acuerdo plenario porque no tendría ningún sentido y sería absurdo hacerlo sin los datos del estudio para que se puedan estudiar. Es ahora, cuando ya se ha informado en comisión, cuando ese acuerdo del pleno se enviará con ese estudio de forma conjunta y ya nos informarán sobre si procede o no procede”.

Sobre el plan de acción municipal en esta materia, y también a preguntas de Asamblea, indicó que se redactará en función de esa respuesta autonómica, “si cumplimos o no con lo de la zona tensionada para no empezar trabajos en balde. 33 meses después, no se han leído la ley”, les reprochó.

Grandes tenedores

El edil de Asamblea por La Orotava ya se quejó públicamente el pasado mes de junio de que el Consistorio villero lleve 18 años sin subir el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). No lo hace por la mayoría de contribuyentes, a los que beneficia una congelación así, sino por los grandes tenedores de inmuebles, sobre todo constructoras o grandes promotoras, así como bancos y, en muchos menos casos, propietarios aislados con más de nueve viviendas.

Según esgrime, el Plan General de Ordenación (PGO) orotavense calcula unas 2.500 casas vacías en la localidad. Si la mitad de estas propiedades pertenecen a grandes tenedores, “principalmente a entidades bancarias y empresas de la construcción con promociones muy conocidas que están vacías total o parcialmente, se podría recaudar millones de euros añadidos al año porque la Ley de Vivienda de 2023 permite subir el IBI hasta triplicarlo en los casos de grandes tenedores”. Esto permitiría ingresar un dinero considerable que, a su vez, se podría destinar a potenciar las políticas sociales o, precisamente, las de vivienda, “una de las grandes debilidades de la gestión local”.

Sin embargo, el gobierno orotavense se ha escudado hasta ahora, según denuncia, en sus dudas sobre cómo aplicar la norma y en cómo definir o considerar una casa vacía o cumplidora de las condiciones establecidas. En opinión de Pacheco, se trata de argumentos muy débiles “porque la norma deja muy claro cómo aplicarla en cada caso”, por lo que, a su juicio, sólo ha habido desidia o una clara intención de beneficiar o no perjudicar a estos grandes tenedores, entre los que se encuentran diversas constructoras con muchas promociones en la Villa.

Benítez explicó entonces a este periódico que Benítez, explica a este periódico que, “en realidad, el ayuntamiento aprobó un recargo del 50% en el IBI a los grandes tenedores en 2018 (grandes empresas y entidades bancarias)”, si bien reconoció que, desde entonces, no ha aplicado en la práctica ese incremento a través del consorcio de tributos porque la ley de Haciendas Locales “no detallaba, por ejemplo, qué se consideraba un gran tenedor o una vivienda vacía. Esto cambia con la ley de 2023 y el texto refundido de la de Haciendas Locales, que sí aclara estas cuestiones. A partir de ahí, nosotros llevamos meses trabajando con el consorcio de tributos para obtener datos de cuántas grandes empresas o bancos tienen más de diez viviendas desocupadas. Con todo esto, se está haciendo un estudio económico para ver el impacto de la medida, qué número de casas de uso residencial hay en ese caso para ver también la viabilidad de implantar esta medida, ya que lleva consigo también unos costes administrativos”.

El edil añadió que “hay que demostrar, a su vez, que esa vivienda está vacía, algo que previsiblemente se podrá hacer a través de los consumos de agua, para lo que habrá que interconectar el padrón del agua con el del IBI. Esto lleva, por tanto, un trabajo administrativo y unos costes, pero se necesita ese estudio económico para ver la viabilidad de la medida, ya que, si para el ayuntamiento es superior que lo que se va a obtener, pues no tiene ningún sentido, aparte de que el problema actual de la vivienda no se soluciona con esto. Esperamos que en unos meses tengamos ese estudio”.

“Cuando Marchena y la Sala II del Tribunal Supremo decretaron el archivo de los decretos dictados por Fernando Clavijo, me llegó la orden de Santos Cerdán de que no presentara recurso (...) y como no la obedecí, sufrí como castigo que me apartaran del escaño de senador en representación de Canarias”. Así se ha expresado el exsenador socialista tinerfeño Santiago Pérez en una larga conversación con este periódico para hacer balance de uno de los escándalos protagonizados por el actual presidente del Gobierno canario, el caso Reparos, del que acaba de retirarse como denunciante y acusación particular en disconformidad con la última resolución de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que ha decidido mantener a una sola persona como imputada, el último alcalde de Coalición Canaria en La Laguna, José Alberto Díaz.

Es ahora cuando Santiago Pérez (La Laguna, 1954) ha decidido contar públicamente lo ocurrido en torno a los episodios que se sucedieron después de que Clavijo decidiera aforarse como senador por la Comunidad Autónoma para que los litigios impulsados por el político socialista pudieran sustanciarse en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, comandada entonces por el canario Manuel Marchena.

El veterano político socialista, ya retirado de la primera línea de fuego, vio cómo el caso Reparos se tropezaba con el criterio del poderoso magistrado y sus compañeros de sala con argumentos que él descalifica hasta el punto de opinar que existen dos varas de medir en el alto tribunal español: “Es como si la Sala II del Supremo aplicara un criterio para los políticos de izquierdas, con el que puede condenarse por prevaricación a siete años de inhabilitación a la alcaldesa socialista de San Juan de La Rambla por reconocerle y pagarle 4.220 euros al medianero de una finca expropiada por el Ayuntamiento; y otro criterio distinto para los del PP y sus aliados ultraperiféricos, que permite convertir en meras irregularidades y decretar el archivo de 127 decretos investigados por prevaricación, todos y cada uno de los cuales la Intervención General del Ayuntamiento calificó como nulos de pleno derecho, y mediante los que se comprometieron y pagaron ilegalmente 60,352 millones de euros entre enero de 2011 y mayo de 2019”.

Las tomaduras de pelo de Marchena

No recurrió aquel archivo ante el Supremo porque dice no aceptar “tomaduras de pelo, ni de Marchena ni de nadie cuando estoy defendiendo la legalidad y la buena administración del dinero de los contribuyentes”. Y explica así su decisión de mantener viva la causa en los juzgados canarios, concretamente en el 4 de La Laguna, y ante la Audiencia Provincial: “Si Cerdán llegó a creerse lo que le dijo Clavijo, eso de que los socialistas canarios somos simples medianeros de los jefes de Madrid, estaba equivocado. Al menos conmigo y con muchas y muchos compañeros socialistas del archipiélago. Cuando recibí esa orden, comuniqué a la dirección del Grupo Socialista del Senado que si se declaraba también el archivo de la parte principal de la investigación que se instruía en un juzgado de La Laguna, sí presentaría recurso. Y eso es lo que he hecho hasta en tres ocasiones desde la primavera de 2023”.

Por eso cayó en desgracia en su partido de toda la vida, que no permitió que repitiera como senador sin recibir explicación alguna hasta la fecha. Fue el pago por no haber aceptado nunca “órdenes de nadie en lo que respecta a lo ocurrido en el Ayuntamiento de La Laguna. Y, en este [caso Reparos] y en otros casos, como el de Las Teresitas, [del que también fue denunciante] siempre he tratado de liberar al PSOE de ese tipo de presiones de ATI-Coalición Canaria. Nunca he tenido otra obligación que la de cumplir mis compromisos electorales con los ciudadanos laguneros, tinerfeños y canarios”.

Pérez está convencido de que tras las instrucciones de Santos Cerdán subyacían las negociaciones con Coalición Canaria para conseguir su voto favorable al Gobierno en el Congreso de los Diputados. “No es la primera vez que, además de lo que llaman la Agenda Canaria, exigen bajo cuerda total impunidad para algún caso de corrupción. Lo hicieron con el caso Floreal. Y, después de lograr el archivo, traicionaron a Jerónimo Saavedra con una moción de censura. Y también lo han hecho en otros casos”.

La obligación de un cargo público

Tres años después de que Marchena diera carpetazo al asunto en el Supremo desoyendo el criterio de la Fiscalía, que enfatizó que cada uno de los decretos de Clavijo y de los demás investigados se dictaron “contraviniendo de forma grave la Ley de Contratos del Sector Público”, es decir, el leitmotiv del caso Reparos, Santiago Pérez decide parar y abandonar la acusación. “He tomado la decisión de dejar de ejercer la acusación popular”, argumenta, “porque el juzgado de instrucción, y ahora también la Audiencia Provincial, van extendiendo a los demás investigados la amnistía que Marchena concedió a Clavijo. Y porque no tengo la obligación de seguir reemplazando a una Fiscalía que, cumpliendo órdenes de Luzón [el fiscal jefe Anticorrupción], ha abandonado en este caso su principal función constitucional: promover la acción de los tribunales en defensa de la legalidad”.

Cree que los cargos públicos están obligados a actuar como él ha hecho a lo largo de toda su vida política, y como buen jurista que es, aunque jubilado, recurre a la Ley: “El artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal impone a funcionarios y autoridades el deber legal de denunciar los hechos de corrupción que conozcan en el ejercicio de sus funciones. Y eso es lo que hice, después de más de un año y medio advirtiendo en el Pleno del Ayuntamiento de La Laguna de que había que erradicar aquella práctica ilegal, mientras Coalición Canaria miraba para otro lado. Luego me personé como acusación particular y, más adelante, pedí a la Fiscalía Anticorrupción que tomara cartas en el asunto, ante la parálisis total de la investigación por parte del Juzgado de La Laguna y de la Fiscalía ordinaria”.

Lo dice la Ley y lo dice el propio Gobierno de Canarias: el monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife no tiene valor artístico y, al ensalzar la dictadura de Franco, debe ser retirada de la vía pública. El Ayuntamiento dispone de menos de seis meses para cumplir y quitar ese vestigio de la dictadura de las calles de la capital tinerfeña, pero este lunes el alcade, José Manuel Bermúdez (Coalición Canaria), ha anunciado un nuevo intendo de la corporación para evitar dar cumplimiento a las leyes de Memoria Democrática.

En esta ocasión, dedicará recursos públicos y el dinero de los contribuyentes a encagar un nuevo estudio para incluir la escultura en el catálogo municipal de patrimonio con un grado de protección integral, “por sus posibles valores artísticos”, valores que ya han sido descartados en diversas ocasiones por expertos de las universidades canarias y, más recientemente, por el Consejo de Patrimonio Cultural del Gobierno canario.

Sin embargo, Bermúdez intenta de nuevo eludir cumplir la Ley. Tras una reunión del Consejo Municipal de Patrimonio Histórico de Santa Cruz, el alcalde, que gobierna con el PP, ha asegurado que entiende que, tras esta decisión, la orden de retirada dictada por el Ministerio de Memoria Democrática, que había dado seis meses para quitar de la vía pública la escultura, debería quedar en suspensión, pues “hay una expectativa de protección y parece lógico que no se actúe”.

El regidor municipal ha asegurado que todas las administraciones incluidas en el Consejo Municipal, como el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife o la Universidad de La Laguna, se han mostrado favorables a estudiar la protección del monumento, tras rechazarse recientemente el grado máximo (Bien de Interés Cultural, BIC) por parte del área de Patrimonio del Ejecutivo autonómico.

Los hechos confirman lo contrario: el monumento no ha sido declarado BIC tras el rechazo mayoritario del Consejo: 16 votos en contra de la declaración, una abstención y ningún voto favorable. El órgano concluyó que la escultura no reúne los valores patrimoniales necesarios para su protección mediante la máxima figura de tutela prevista en la legislación canaria de patrimonio cultural.

El Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias es el principal órgano de coordinación, consulta y participación en materia de patrimonio cultural del archipiélago. En él están representados el Gobierno de Canarias, los siete cabildos insulares, la Federación Canaria de Municipios, la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel, los colegios profesionales de arquitectos, las universidades canarias, museos de reconocido prestigio, asociaciones dedicadas a la defensa del patrimonio cultural y personas expertas en la materia, garantizando una amplia representación institucional, técnica y social en la adopción de sus acuerdos.

El Ayuntamiento de Santa Cruz, gobernado durante más de 12 años por Bermúdez, junto al PP, lleva años dilatando el cumplimiento de la ley encargando diferentes estudios y recurriendo a los tribunales en busca de protección para la escultura, que representa al dictador y al avión Dragon Rapide. Por encargo de Bermúdez, el Ayuntamiento gastó más de 56.000 euros en un catálogo de vestigios que determinara qué calles había que cambiar exactamente, pese a que el Catálogo realizado por el Gobierno de Canarias ya lo especificaba. También recurrió ante la justicia este mismo catálogo.

En 2018 encargó más informes para tratar de encontrar los “valores artísticos” de la obra. Así, pidió un estudio a expertos a la Universidad de La Laguna (ULL), otro a la Academia Canaria de Bellas Artes San Miguel de Arcángel y otro al Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio (CICOP) para conocer el valor “cultural y patrimonial” del monumento a Franco. La conclusión fue que dos de los informes negaron esos valores y el tercero sí lo reconoció, pero con un detalle: en el informe no hace referencia ni una sola vez a por qué fue erigida la escultura, ni qué representa.

El Gobierno de Canarias, integrado por Coalición Canaria y el PP, respaldará este miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera el nuevo modelo de financiación autonómica tras ver reconocidas sus singularidades con planteamientos “razonables que no perjudican a otras comunidades” y que le reportarán 1.300 millones más al año a sus servicios esenciales.

Así lo ha anunciado su presidente, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), tras reunirse en Las Palmas de Gran Canaria con los ministros de Hacienda y Política Territorial, Arcadi España y Ángel Víctor Torres, con quienes ha acordado además el adelanto de partidas presupuestarias ligadas a la llamada Agenda Canaria a la que CC ligó el acuerdo de investidura en favor de Pedro Sánchez.

Hasta ahora, el Gobierno canario, a través de su consejera de Hacienda, Matilde Asián (PP), había rechazado el nuevo modelo ofrecido por el Estado al considerar que la propuesta era “discriminatoria”.

Clavijo ha valorado, sobre todo, que por primera vez va a quedar plasmado por escrito que, al calcular los recursos que Canarias recibe del sistema de financiación, no se computarán los que le llegan por su Régimen Económico y Fiscal (REF) para compensar su condición insular y la lejanía del continente, algo que de forma recurrente ha tenido que defender cada vez que se reforma el modelo.

“El REF compensa nuestras desigualdades, pero no financia la sanidad, la educación o los servicios sociales. Por primera vez en la historia, queda por escrito que eso está fuera del sistema de financiación”, ha explicado el presidente.

Además, ha subrayado que Canarias deja de estar peor financiada que la media del resto de autonomías porque el fondo de dinamización “equilibra” lo que no recibe del bloque del sistema de financiación “puro y duro, que es la Ley Orgánica”.

El ministro de Hacienda ha valorado que “Canarias se ha querido sentar a negociar, no ha pedido cosas imposibles y no ha pedido cosas que perjudiquen a otras comunidades autónomas”, unos elementos que ha considerado propios “de una negociación franca” y que ha confrontado con lo que han hecho otros presidentes autonómicos, al plantear “propuestas que sabían que eran inviables”.

“El Gobierno de Canarias ha hecho planteamientos razonables que atienden a circunstancias específicas y que no perjudican a otras comunidades. Eso es mucho, no ha pedido máximos”, ha remarcado España, unas valoraciones que Clavijo ha relacionado con “el modo canario de hacer política, que surte efecto y da resultado”.

En el pacto sobre la nueva financiación autonómica, Canarias y Hacienda también han acordado que queda fuera de ese bloque la partida con la que esta región dejó de compensar al Estado tras la extinción del Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas (IGTE) y con la que ahora se dota el Fondo de Desarrollo de Canarias.

Clavijo ha valorado igualmente que el Gobierno se haya comprometido a dar a esta comunidad “más margen de maniobra para abordar sus retos futuros, que no son pocos, por tener un endeudamiento por debajo del exigido, en los criterios de estabilidad y superávit”, con lo que se hace “justicia con Canarias”.

Eso será posible desde que se apruebe el llamado 'Decreto Canario', un decreto ley que, entre otras cosas, habilitará a esta comunidad a usar 687 millones de euros durante tres años, según ha precisado el ministro de Hacienda.

Sobre este asunto, el presidente regional y el ministro Ángel Víctor Torres, han dicho que la intención del Gobierno es aprobarlo en Consejo de Ministros, bien el 25 de agosto o el 1 de septiembre, lo que supondrá además que La Palma cuente con la bonificación del 60 % del IRPF para su reconstrucción tras el volcán y que las islas reciban los 100 millones de euros de este año para poder acabar las compensaciones que quedan por abonar a agricultores y otros sectores.

“No todos los territorios de nuestro país son iguales ni tienen las mismas características, ni la misma estructura, ni la misma posición geográfica, y eso lo entendemos desde el Gobierno de España y lo atendemos”, ha subrayado el ministro Arcadi España.

“Canarias nunca se levanta de una mesa, otros ni se sientan”

Respecto al rechazo que ya ha mostrado el PP al modelo de financiación que ha diseñado el Gobierno, España ha dicho que, mientras que “Canarias nunca se levanta de una mesa, otros ni se sientan”, al tiempo que ha estimado que lo que hay que preguntarse es “cuáles son las razones del no para que las comunidades autónomas gobernadas por el PP no quieran este modelo, que no es perfecto, pero es muchísimo mejor que el actual y pone casi 21.000 millones de euros adicionales” para el conjunto de ellas.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha adelantado en esta rueda de prensa que el Consejo de Ministros prevé aprobar este martes un adelanto de partidas para Canarias previstas para lo que queda de ejercicio con el fin de facilitar su ejecución a esta Administración.

Entre ellas, ha citado la concesión de una subvención de 45 millones de euros para el Plan Integral de Empleo para Canarias, la redacción de una modificación presupuestaria de 23,1 millones de euros para compensar a las islas por las consecuencias de la guerra en Irán, y un acuerdo relacionado con actuaciones en distintas islas para fortalecer el sistema energético.

Además, se dará el visto bueno a otro acuerdo en el que se autoriza la celebración de un contrato de obras del cierre del muelle de ribera del puerto de Granadilla por un valor de 53,9 millones de euros, y otro para otro contrato de un proyecto en el puerto de La Luz y de Las Palmas por 45,3 millones de euros.

Este martes también se abordará el Plan de Pobreza, por el que Canarias recibirá 30 millones de euros, mientras que, tras la aprobación del Decreto Canarias, a finales de agosto o principios de septiembre, se prevé aprobar el Plan de Infraestructuras Hidráulicas, que son unos 23 millones de euros en el siguiente Consejo de Ministros.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), ha afirmado este martes que el archipiélago va “francamente mejor” que el que dejó el Pacto de las Flores (presidido por el PSOE en la pasada legislatura) mientras que el portavoz del Grupo Socialista, Sebastián Franquis, le ha reprochado que “ha vendido mucho y ha hecho muy poquito”.

En la sesión de control del pleno del Parlamento ha comentado que su Ejecutivo recibió “la peor” gestión de la historia de una comunidad autónoma (obviando que fue una legislatura marcada por la pandemia de COVID y el erupción en La Palma) y ahora el paro se ha rebajado a unas 141.000 personas, la lista de espera quirúrgica ha bajado un 11% y la espera por la dependencia ha pasado de 800 a 350 días.

No obstante, ha reconocido que “a las familias no les va mejor” y por ello, ha dicho, se ha deflactado el tramo autonómico del IRPF. Sin embargo, Clavijo ha justificado el que no se haya cumplido la promesa electoral de bajar el IGIC del 7 al 5% culpando al Gobierno central, del que ha dicho que no ha “hecho su tarea” con la planificación presupuestaria.

Ha insistido en que Canarias “tiene retos por delante muy complejos” y por ello ha pedido apoyo a los socialistas canarios y que “en vez de criticar desde la barra” colaboren y se pongan “a trabajar” por las islas.

Franquis ha respondido que el Gobierno canario ha “desaprovechado” una “oportunidad histórica” para mejorar el desarrollo económico y social de Canarias pues ha disfrutado de más recursos económicos que “nunca” gracias a los fondos europeos “extraordinarios” (Canarias tendrá que devolver unos 200 millones a la UE por no haberlos utilizado dentro del plazo previsto) y un “récord” de recaudación vía impuestos.

Sin embargo, en lugar de “cambiar las cosas”, lo que ha ocurrido es que han pasado tres años y el Gobierno canario ha dejado “3.400 millones de euros de los Presupuestos sin ejecutar”, más de 35.000 viviendas han salido del mercado residencial por la gestión y la “prepotencia” del Gobierno con el alquiler vacacional y hay 162 días de espera para una consulta con un especialista, “el peor” dato de toda España.

En esa línea ha criticado los “incumplimientos” y las “promesas” del Gobierno regional, especialmente la bajada del tipo general del IGIC “y con todos los ingresos que tienen”.

Domínguez defiende el balance económico y el PSOE le acusa de gobernar para una minoría

En su turno de palabra, el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez (PP), también ha defendido los resultados económicos y sociales del Ejecutivo autonómico tras tres años de legislatura, mientras que la diputada socialista Nira Fierro le ha acusado de gobernar “para una minoría” y de olvidarse de “la inmensa mayoría de los canarios y canarias”, además de recordarle que la bonanza económica en España se debe a la reforma laboral impulsada por el Gobierno central.

Fierro, al igual que Franquis, ha reprochado al Ejecutivo canario que no haya aprovechado los años de crecimiento económico y generación de empleo para mejorar la redistribución de la riqueza en las Islas y dar respuesta a problemas como el acceso a la vivienda, el coste de la cesta de la compra o las dificultades en la sanidad.

La diputada socialista ha defendido la implantación de una tasa turística, una moratoria al alquiler vacacional, la creación de un registro de grandes tenedores y medidas para limitar los precios de los alquileres.

También ha criticado la política de vivienda del Ejecutivo canario, basada en construir más y más rápido, y ha sostenido que la vivienda asequible incentivada pueda pasar al mercado privado después de solo siete años, algo que ha calificado de “especulación”.

Fierro se ha referido asimismo a la situación del Hospital Universitario de Canarias (HUC) y ha asegurado que “la Canarias de la calle sufre” por las políticas del Ejecutivo.

“Ustedes llevan tres años gobernando para una minoría, olvidándose de la inmensa mayoría de los canarios y canarias”, ha afirmado la diputada socialista.

Domínguez ha rechazado las críticas y ha acusado a Fierro de “faltar a la verdad” respecto a las medidas en materia de vivienda, un asunto que, ha señalado, será objeto de debate en el Parlamento.

El vicepresidente ha atribuido además la falta de vivienda en Canarias a la legislación estatal, que, según él, favorece la ocupación y provoca que viviendas que podrían destinarse al alquiler salgan del mercado. Cabe recordar que el propio consejero de Vivienda, Pablo Rodríguez, reconoció el año pasado que los datos oficiales de ocupación no se corresponden con la “excesiva alarma” que a su juicio generan algunos “medios o partidos políticos”. De hecho, en Canarias, los desahucios triplican el número de ocupaciones de viviendas.

Domínguez ha insistido en que “la falta de vivienda en Canarias es por la ley estatal, que favorece a los ocupa, que ayuda a la gente ocupa y que expulsa a la vivienda del mercado”, obviando que el Gobierno del que forma parte se ha negado a aplicar dicha ley en las Islas, especialmente la declaración de zonas tensionadas para lograr bajar el precio de los alquileres.

En cuanto al balance de la legislatura, el vicepresidente ha destacado que el producto interior bruto (PIB) de Canarias crece por encima de la media nacional y ha defendido la evolución del mercado laboral, eso sí, sin mencionar la reforma laboral del Gobierno central.

Domínguez ha asegurado que Canarias registra cifras récord de afiliación a la Seguridad Social y también ha resaltado la evolución del número de autónomos, que ha cifrado en 147.975.

Fierro le ha replicado que la mejora del empleo se debe a la reforma laboral aprobada por el Gobierno de España y ha acusado al Ejecutivo canario de vivir en “un mundo de fantasía”.

En materia educativa, Domínguez ha destacado el incremento de las plazas para el primer ciclo de educación infantil, que, según ha indicado, han pasado de unas 500 cuando el actual Ejecutivo llegó al Gobierno a unas 4.000 en la actualidad, así como la gratuidad de los libros de texto. No ha mencionado que esas plazas se dejaron previstas por el anterior Gobierno.

Asimismo, el vicepresidente ha defendido estas actuaciones como medidas de política social destinadas a ayudar a las familias a afrontar situaciones de dificultad y los efectos de la inflación.

Domínguez ha cerrado su intervención afirmando que “cuando uno se dedica a gobernar y no a robar, puede hacer grandes cosas financieramente”. Sobre los 3.000 millones sin ejecutar no ha ofrecido ninguna explicación.

Se acabó la espera. Llegan las elecciones. Las tan ansiadas elecciones. Serán en 2027, se cumplan o no los anuncios y los renuncios de Pedro Sánchez, sencillamente porque tocan ese año. La discusión de precisión se centra ahora casi exclusivamente en saber en qué mes concreto del primer cuatrimestre se celebrarán las generales porque el presidente del Gobierno ha descartado el super domingo electoral: las adelantará a las autonómicas (donde toque, como Canarias) y a las locales (en toda España) el 23 de mayo.

En los partidos políticos, naturalmente, no se habla de otra cosa. Las encuestas y sus trackings son la herramienta habitual de cada semana para el diagnóstico y las acciones correspondientes, y el frenesí ya se ha apoderado de la actividad pública de casi todos esos partidos.

Esta semana, sin ir más lejos, ha estado en Canarias Alberto Núñez Feijóo con su habitual gracejo para presentar a sus candidatos a las dos capitales provinciales: Poli Suárez para Las Palmas de Gran Canaria, y Carmen Pérez, para Santa Cruz de Tenerife. En ambos casos se pronunciaron las soflamas de rigor, esas que se elaboran en los laboratorios de ideas de los grandes partidos y que no siempre tienen el éxito perseguido.

Por ejemplo, Carmen Pérez, actual concejala de Empleo, Comercio y Turismo, ha proclamado en las redes sociales lo siguiente: “Alberto Núñez Feijóo me ha designado candidata a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife para liderar el cambio en nuestra ciudad”. Independientemente de lo democrático y participativo del proceso de elección de la candidata, llama mucho la atención que su primer mensaje sea que va a promover “un cambio” en la capital tinerfeña, donde el PP gobierna con Coalición Canaria, ahora y cada vez que ha sido necesario, es decir, siempre. No deja en buen lugar a quien hasta ahora era y sigue siendo la cabeza visible del partido en esa ciudad, Carlos Tarife, primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, que nunca fue el lápiz más afilado del estuche, es verdad, y que empezó a cubrirse de gloria el día que posó con un consolador tamaño king-size entre las manos haciéndose el moderno ¡en un sex shop!

Lo mandan, a Tarife, al Parlamento de Canarias, dicen que para ejercer de portavoz, lo cual va a mejorar notablemente la calidad de los debates en la cámara autonómica canaria.

Para Las Palmas de Gran Canaria, “el presidente Feijóo”, como gusta a la muchachada pepera llamar al líder del partido, ha designado al secretario general del PP en Canarias y actual consejero de Educación del Gobierno regional, Poli Suárez. O Poli Díaz (el Potro de Vallecas), como lo llamó “el presidente Feijóo” en Televisión Canaria provocando una vez más el revuelo y el relajo en las redes sociales, siempre dispuestas a amplificar sus cada vez más frecuentes patinazos. El eslogan elegido para la ocasión en Las Palmas de Gran Canaria ha sido “Recuperar la ilusión”, que se puede traducir como que después de dos mandatos en la oposición, ya va siendo hora, ¿no?

Mientras que la de Carmen Pérez es una candidatura de circunstancias, condicionada siempre a los resultados que obtenga Coalición Canaria y que ambas fuerzas puedan volver a sumar sin Vox, la de Poli Suárez, el Potro de Moya, es una apuesta fuerte por una plaza que el PP quiere recuperar a toda costa para tratar de reeditar aquellos años de las mayorías absolutas de José Manuel Soria pero con otro talante, porque Poli Suárez es otra cosa bien distinta.

Tentaron a Evaristo Quintana

Sin embargo, la mecha por la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria no la encendió ninguno de los grandes partidos con opciones de ocuparla, el PSOE o el PP, sino Coalición Canaria a través de su filial en la isla, Primero Canarias (Prica), que tuvo la habilidad de presentar antes que nadie a Marcial Morales como candidato. Un golpe político de mucho efecto y mucho nivel que allana las posibles reticencias y rivalidades dentro de CC porque, al fin y al cabo, el que fuera presidente del Cabildo de Fuerteventura y alcalde de Puerto del Rosario, además de consejero de Políticas Sociales del Gobierno canario, lo fue siempre por el partido de Clavijo. Nadie ha rechistado por tanto dentro de esas filas, donde perdió de repente toda opción la polémica presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, que habrá de disputar ahora el segundo o el cuarto puesto, los que le corresponden a CC, con María Fernández, directora general de Transportes.

Pero Morales no fue la primera opción de Primero Canarias, cuyos dirigentes barajaron varias opciones antes de proponerlo como candidato a la alcaldía. Teodoro Sosa, su presidente, tenía en mente otro perfil más mediático y popular, el periodista de la cadena Ser Evaristo Quintana, que ha admitido a este periódico que llegó a recibir esa oferta, aunque ahora le resta importancia. Pero lo cierto es que Sosa llegó a proponerlo ante los empresarios que están patrocinando su movimiento de respaldo a Fernando Clavijo.

Pero la jugada maestra de Marcial Morales se convirtió de repente en innegociable y las dos organizaciones están cerrando filas para intentar que Coalición Canaria recupere algo de oxígeno en un ayuntamiento que se le ha negado siempre, incluso en los momentos más prósperos de José Carlos Mauricio, que estuvo a punto de ser alcalde a principios de siglo a través de un pacto de time sharing en el que se incluía el PP, que lo traicionó en el último minuto. Fue de tal calibre el toletazo que en las siguientes elecciones ni siquiera salió él elegido, y eso que iba de cabeza de lista.

Los empresarios que siguen de cerca el proceso de formación de listas de los distintos partidos políticos con opción de gobierno han saludado con mucha satisfacción los movimientos escenificados hasta ahora. Que el PP y Coalición Canaria se fortalezcan en Las Palmas de Gran Canaria con dos candidatos menos planos que los anteriores se puede traducir también en lo que más les importa, que es el Gobierno de Canarias, sobre el que se ciernen muchas incertidumbres cara a este 2027.

Esos empresarios, que podemos localizar en sectores tan destacados como el portuario y el de la automoción, están respaldando todas estas operaciones abiertamente. Saben de lo agradecido que es Fernando Clavijo cuando se le apoya y que siempre le dan lo que le piden. Ya lo comprobaron cuando en 2015 colocó a dos consejeros impuestos por ellos sin ni siquiera conocerlos de antemano. Y quieren repetir la jugada en todas las administraciones posibles, pero fundamentalmente la autonómica.

Como inspirador de una parte de ese empresariado, muy vinculado al sector de la automoción por la vía de su pertenencia al consejo de administración de Domingo Alonso Group, es José Manuel Soria, que aunque no se trata con otros empresarios impulsores de la operación, necesita buena sintonía con el poder para que todos sus negocios, vehiculizados a través de su empresa de asesoramiento, puedan prosperar adecuadamente.

Las encuestas y los últimos acontecimientos los tienen alarmados porque saben que la actual suma de CC-PP-Agrupación Socialista Gomera podría no alcanzar los 36 diputados necesarios para gobernar. Y no solo porque Casimiro Curbelo haya enseñado ya sus colmillos y sus capacidades para pasarse al adversario si no se le hace caso. Sino porque el crecimiento que presenta Vox en esas encuestas se produce a costa de la caída del PP y de Coalición Canaria, lo que podría obligar a tener que contar con la ultraderecha para mantener a Clavijo en la presidencia.

Una fatalidad que, para estos empresarios y esos partidos, no es de índole ideológica, ni mucho menos, sino porque una aceptación de CC a incluir en el Gobierno a un partido antinacionalista sería el principio de su fin. Poca gente lo entendería, y mucho menos la filial grancanaria, que lleva a gala su condición izquierdista para intentar captar los votos de Nueva Canarias, partido del que se escindió.

Mientras, el PSOE sigue muy bien posicionado. La última encuesta de Perfiles, conocida la semana pasada, arroja datos muy significativos: el 37% de las personas encuestadas dice que el Pacto de las Flores fue un gobierno mejor que el actual, frente al 18% que sostiene lo contrario, que el de Clavijo es mejor. Al resto, ya se sabe, los dos les parecen igual de buenos que igual de malos.

Pero la reedición de un pacto de las flores tampoco cuenta ahora mismo, siempre según las encuestas, con los números necesarios. El PSOE volvería a ganar las elecciones con Ángel Víctor Torres a la cabeza, candidato que sigue siendo el más valorado. Pero todo está pendiente de que se pueda componer un frente popular a su izquierda y que la movilización lo haga posible. El actual escenario nacional parece que anima a los promotores de la iniciativa porque la sensación de golpismo judicial y el miedo que empieza a levantarse alrededor de la ultraderecha, que vuelve a enseñar la patita en los gobiernos autonómicos del PP, puede servir de revulsivo.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, de Coalición Canaria (CC), ha insistido en su defensa al monumento a Franco, si bien asegura que va a acatar la ley “como está escrita, no como la interpreta el ministerio”. En este sentido, el regidor acusa al Gobierno de España de actuar con motivaciones ideológicas y a falta de “rigor jurídico”, incluso llega a cuestionar por qué el expresidente canario Ángel Víctor Torres no actuó antes, cuando dirigió el Gobierno autonómico.

Bermúdez se ha pronunciado así en Televisión Canaria este pasado jueves, donde si bien reconoce que puede considerarse un vestigio franquista por su origen y significado, por otro lado señala que el debate está en su valor artístico. Sin embargo, es aquí cuando el alcalde cae en una contradicción, pues resulta difícil reconocer que el monumento es un símbolo del franquismo, por lo que de acuerdo con la Ley de Memoria Democrática debe ser retirado, y al mismo tiempo, busca fórmulas para mantenerlo en pie.

El alcalde, para abrir debate, dice que hay dos puntos clave; por un lado está que los vestigios franquista deben estar catalogados oficialmente como tales; y por otro, que si tienen valor artístico o patrimonial protegido, pueden mantenerse o resignificarse.

Bermúdez centra así el debate en el supuesto valor artístico como argumento para evitar su retirada, pues subraya que “hay informes que dicen que lo tiene y otros que no lo tiene”, por los que considera que eliminar la escultura sin un proceso adecuado podría incluso incurrir en una “ilegalidad”. No obstante, el alcalde se acoge a un argumento que choca con la ley que busca eliminar símbolos de exaltación de la dictadura franquista.

En este contexto, el Cabildo de Tenerife abrió el pasado año la instrucción para que fuera declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en cumplimiento de una sentencia ante la cruzada de la asociación San Miguel de Arcángel que pretende proteger el monumento de Juan de Ávalos, y que, como defienden los expertos y expertas en el Catálogo de Vestigios de Canarias, así como se manifestó en la inauguración de la escultura en 1966: representa la partida “del generalísimo Franco cuando capitán general de Canarias salió de aquí y para acaudillar el monumento nacional”.

Durante la fase de instrucción de la primera Corporación insular, se presentaron varios informes; dos desfavorables a declararlo BIC y otros dos que ensalzan su valor artístico, sin tener en cuenta que es una exaltación de la dictadura franquista.

En cualquier caso, José Manuel Bermúdez, en lugar de asumir una decisión política clara, parece apoyarse en procedimientos administrativos y dudas técnicas para dilatar el proceso que terminaría por retirar definitivamente la escultura de Juan de Ávalos.

Asimismo, pese a que sí existen informes del Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias que se oponen a declarar BIC el monumento a Franco de Tenerife, Bermúdez insiste en acusar al ministerio de convertir la retirada de la escultura en un debate político a un año de las elecciones.

Según el alcalde capitalino, el Gobierno de Canarias no ha notificado “oficialmente” al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en una comisión técnica si procede que sea declarado BIC.

Pues bien, este argumento ahora pierde peso tras las declaraciones este viernes de la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, que ha afirmado en comisión parlamentaria que el Gobierno de Canarias ya ha determinado que la escultura de Juan de Ávalos, conocida como el monumento a Franco, “no es Bien de Interés Cultural (BIC)” y que, por tanto, el Ejecutivo autonómico “no tiene nada más que decir”, correspondiendo ahora actuar a cada administración en el ámbito de sus competencias.

Así lo expresó Nieves Lady Barreto en comisión parlamentaria, según informa la Agencia EFE, después de que el pleno del Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias haya acordado recientemente rechazar la declaración como BIC, con categoría de Monumento.

En respuesta a una pregunta sobre los mecanismos de seguimiento y evaluación de las medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas de la represión franquista, la consejera ha señalado que la posición del Gobierno respecto a la escultura de Ávalos es clara.

“La escultura de Ávalos no tenemos que decir nada más. El Gobierno de Canarias ha dicho que no es BIC. No tenemos que decir nada más”, ha manifestado.

Ha añadido que, una vez fijado ese criterio, “cada uno, en el ámbito de sus competencias, tendrá que hacer lo que le corresponda”.

En cuanto al plazo de la retirada, seis meses, José Manuel Bermúdez acusa al ministerio de actuar “con prisas” y califica la resolución de “sesgada y precipitada” cuando, según el alcalde capitalino, “habría que redactar un proyecto técnico para poder hacerlo conforme a la ley” al tener que retirar, según manifiesta, “la fuente que se ve detrás y todos los elementos que lo rodean”.

Pese a las argumentaciones del alcalde santacrucero, asegura que actuará conforme a la ley, y reitera, “tal y como está escrita”, concluye Bermúdez su intervención la cadena autonómica.

El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles, con los votos de CC, PP y Vox, el dictamen de la comisión de investigación sobre el caso Mascarillas, que sitúa la responsabilidad política en el Ejecutivo regional (formado entonces por PSOE, NC, ASG y Sí Podemos), y en particular en su presidente, el actual ministro Ángel Víctor Torres.

CC, PP y Vox han rechazado el voto particular presentado por PSOE, NC y ASG (que en la actualidad forma parte del Gobierno regional junto a CC y PP), que consideran que el dictamen no se basa en datos objetivos ni en hechos, sino en suposiciones y relatos y en unas conclusiones construidas de antemano para convertir la tragedia de la pandemia en un ataque a Torres por su “fortaleza electoral”.

El debate se ha celebrado en un pleno semivacío por la ausencia de la oposición y la votación ha dividido a los grupos que apoyan al actual Gobierno de Canarias, ya que CC, PP y AHI han apoyado el dictamen, mientras que ASG, que formó parte del anterior Ejecutivo y también de este, se ha unido a PSOE y Nueva Canarias en un voto particular.

El informe concluye que la principal responsabilidad política recae en el Gobierno de Canarias y se proyecta “de manera especialmente intensa sobre Ángel Víctor Torres, así como sobre Antonio Olivera y los responsables del área de Sanidad”, según expuso en el pleno del Parlamento el presidente de la comisión parlamentaria de investigación, Raúl Acosta, de AHI.

La presidenta del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Nira Fierro, sostuvo que los grupos que promovieron la comisión registraron su solicitud en febrero de 2024 hablando ya del denominado “caso Torres”, lo que, a su juicio, demuestra que “ni la investigación, ni el estudio, ni el análisis fueron nunca su objetivo”: “Sus conclusiones estaban escritas desde el mismo momento en que registraron la solicitud”, afirmó.

La actuación de Torres, avalada por la justicia pero criticada por sus rivales políticos

La diputada socialista aseguró que los trabajos parlamentarios, con más de 70 comparecencias y un amplio volumen de documentación analizada, han desmontado el relato político construido por CC, PP y Vox.

En este sentido, recordó que tanto resoluciones judiciales como pronunciamientos del Tribunal de Cuentas avalan la actuación del anterior Ejecutivo y desmienten las acusaciones formuladas durante estos dos años.

Fierro criticó lo que calificó como una estrategia basada en “mentiras, bulos, embustes, fango y basura lingüística” para erosionar la imagen pública del expresidente Ángel Víctor Torres. “Han intentado permanentemente dañar la imagen de una persona honrada y limpia”, afirmó, defendiendo que el exjefe del Ejecutivo actuó siempre desde el interés general y recordando que las resoluciones judiciales conocidas hasta la fecha respaldan esa actuación.

La presidenta socialista contrapuso esa estrategia política con lo que definió como “hechos probados” sobre la gestión de la pandemia en Canarias. Entre ellos destacó que el Archipiélago fue uno de los territorios con menor mortalidad por COVID-19, la realización de cribados en las residencias de mayores, la rápida respuesta ante el primer brote detectado en Adeje (Tenerife), la creación de comités científicos para asesorar las decisiones del Gobierno, y la colaboración entre las administraciones y el sector privado para garantizar el suministro de material sanitario.

Asimismo, hizo hincapié en que ningún cargo del PSOE en Canarias está investigado por la contratación de material sanitario, que las adjudicaciones se realizaron conforme a la normativa de emergencia vigente durante la pandemia y que el propio presidente de la Audiencia de Cuentas llegó a afirmar que los contratos eran “administrativamente impecables”.

Acusaciones sin pruebas y basadas en bulos

Además, Fierro rechazó también algunas de las principales conclusiones recogidas en el dictamen de la comisión, calificándolas de “falsedades intencionadas”, y negó que Canarias fuera el epicentro de la corrupción en la compra de material sanitario, recordando que de los cerca de 1.300 expedientes de contratación solo dos han sido objeto de investigación parlamentaria.

Asimismo, sostuvo que no existe prueba alguna de que Ángel Víctor Torres interviniera en la adjudicación de contratos o favoreciera a empresa alguna.

La presidenta del Grupo Socialista también trasladó un mensaje de agradecimiento a la ciudadanía canaria por el comportamiento demostrado durante la pandemia y reivindicó el trabajo realizado por el Gobierno del Pacto de las Flores para proteger la salud pública, el empleo y el Estado del bienestar en uno de los momentos más difíciles vividos por las islas, así como el rigor con lo que se actuó en un contexto fuera de la normalidad administrativa y donde salvar vidas era lo más urgente.

Fierro concluyó con un llamamiento a la responsabilidad política y a la defensa de la verdad frente a la confrontación partidista. También dirigió unas palabras a quienes integraron el anterior Ejecutivo autonómico y, de forma especial, al expresidente Ángel Víctor Torres, defendiendo que, pese a la “campaña de descrédito” sufrida durante los últimos años, la actuación del Gobierno socialista durante la emergencia sanitaria ha quedado respaldada tanto por la documentación analizada como por las resoluciones judiciales conocidas.