La Junta de Gobierno Local de Santander ha aprobado adjudicar a COPSESA las obras de recuperación del malecón sur de la Dársena de Molnedo, por un importe de 1.023.070 euros y un plazo de ejecución de diez meses.

La Autoridad Portuaria de Santander ha otorgado la concesión necesaria para llevar a cabo esta actuación y, una vez formalizado el convenio entre ambas administraciones, está previsto que los trabajos puedan comenzar próximamente, ha informado este viernes el Real Club Marítimo de Santander.

La intervención abarcará una superficie de más de 5.000 metros cuadrados y permitirá recuperar la esencia portuaria del malecón e integrarlo en el frente marítimo consolidado de Santander.

El proyecto ordenará los distintos usos del espacio peatonal, rodado, náutico, deportivo y estancial, mejorará su accesibilidad y embellecerá el entorno, desde el respeto a su historia y a la identidad de los elementos que lo conforman.

“Esta actuación permitirá recuperar y poner en valor uno de los espacios más emblemáticos del entorno del puerto deportivo Puertochico”, ha apuntado el Real Club Marítimo.

Por su parte, el Ayuntamiento ha precisado a esta agencia que el acuerdo contempla dos anualidades, una este año, de 287.244 euros, IVA incluido, y otra en 2027 de 735.825, también IVA incluido.

El Cabildo de Gran Canaria ha sacado a licitación por 509.514 euros las obras para reforzar un talud situado junto a la carretera GC-200, que conecta La Aldea de San Nicolás con Mogán. La actuación busca evitar que la erosión del terreno provoque daños mayores y pueda llegar a hundir parte de la vía.

Los trabajos se realizarán junto al barrio de El Hoyo, a la salida del casco urbano de La Aldea y en dirección a Mogán. En concreto, se actuará sobre un tramo de 110 metros de talud situado bajo la carretera.

La erosión pone en riesgo la carretera

El terreno presenta zonas inestables y una erosión importante provocada por la lluvia y el viento de la borrasca Therese. Hasta ahora, la vegetación había ayudado a mantener el suelo sujeto gracias a las raíces de arbustos, palmeras y otras plantas que cubren gran parte del talud.

Sin embargo, las inspecciones realizadas por el Cabildo han detectado un deterioro significativo. La erosión ya ha provocado desprendimientos de terreno en algunos puntos y ha afectado tanto al pavimento del arcén como a las tuberías de agua enterradas que discurren junto a la carretera.

Si el problema continúa, el terreno podría perder más apoyo y comprometer la estabilidad de la vía.

Una pantalla de micropilotes para sujetar el terreno

Para reforzar la carretera, el Servicio de Obras Públicas instalará una pantalla de micropilotes junto al borde de la plataforma, en el margen izquierdo de la GC-200.

Se trata de una estructura formada por pequeños pilotes que se introducen en el terreno para darle estabilidad y evitar que se desplace. Con esta solución, el Cabildo pretende mantener firme la plataforma de la carretera y protegerla frente al avance de la erosión.

Además, este sistema permitirá ejecutar las obras sin necesidad de realizar expropiaciones y reducirá el tiempo de los trabajos, con el objetivo de causar las menores molestias posibles a los conductores.

Cómo afectarán las obras al tráfico

Durante los trabajos será necesario cerrar temporalmente el carril situado junto al margen izquierdo de la carretera, en el sentido de circulación entre Mogán y La Aldea. Ese espacio se utilizará para colocar la maquinaria y los equipos necesarios para ejecutar la obra.

El carril del margen derecho, en dirección a La Aldea, permanecerá abierto en todo momento para permitir el paso alternativo de vehículos. Según el Cabildo, se garantizará una anchura libre de más de 3,20 metros en ese tramo.

Las obras podrían comenzar en 2027

Las empresas interesadas en realizar los trabajos podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 21 de octubre. Una vez finalizado ese plazo, la Mesa de Contratación del Cabildo iniciará el proceso para adjudicar la obra.

La previsión de la corporación insular es que el contrato esté adjudicado y los trabajos puedan comenzar durante el primer trimestre de 2027.

El plazo previsto para ejecutar las obras es de cuatro meses.

El Partido Popular de Cantabria propone utilizar la futura Ley de Vivienda para modificar otra dos leyes. El grupo parlamentario popular ha presentado dos enmiendas a su propia Ley de Vivienda para incluir dos modificaciones del Plan de Ordenación del Litoral (POL) y de la Ley de Carreteras.

El proyecto de ley, que tramita en estos momentos el Parlamento de Cantabria, ha sido redactado por el Gobierno de Buruaga pero, aún así, su propio grupo parlamentario ha presentado 27 enmiendas parciales al texto para añadir o modificar el texto inicial remitido desde la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de Roberto Media.

Así, el Partido Popular plantea aprovechar la futura Ley de Vivienda para modificar el POL e incluir la nueva actuación integral estratégica productiva Solía, el futuro y polémico polígono industrial donde se ejecutarán la segunda y tercera fase del Centro de Datos Altamira.

Una área de 61 hectáreas entre Astillero, Piélagos, Villaescusa y Camargo de suelo rústico protegido donde no se puede actuar. Para ello, el Gobierno de Cantabria necesita recalificar el terreno. De ahí que se plantee esta modificación del POL para desproteger el terreno y poder utilizarlo para usos industriales. el PP aprovechará la Ley de Vivienda para corregir otra Ley, la del POL.

La operación estaba impulsada también inicialmente por el PRC mediante otra vía más rápida, aunque finalmente renunció a ello. Los afectados por el PSIR -que supone recalificaciones y expropiaciones- se han unido en una plataforma ciudadana bautizada como La mancha gris que alerta sobre “las modificaciones ad hoc”, es decir, a medida de los intereses de los promotores interesados en el proyecto.

La iniciativa del Partido Popular justifica que ya se ha agotado el polígono industrial de Morero y que hace falta más espacio: reservas de suelo “para implantar nuevas actividades económicas”.

Por ello, propone sacar del POL los terrenos, excepto una avenida arbolada con plátanos que conduce a la casa palacio de Juenga y añade que en los 200 metros alrededor de la ribera de la ría “solo se ubicarán los sistemas de espacios libres”.

La idea de convertir una zona protegida en suelo urbanizable necesita que se modifique la Ley del Plan de Ordenación del Litoral y que se plantee un PSIR, un Plan Singular de Interés Regional protegido junto a la ría que ejecutará la recalificación y, en su caso, las expropiaciones donde se ubicarán las fases dos y tres del Proyecto Altamira.

Modificación de la Ley de Carreteras

La Ley de Vivienda también servirá de comodín para aprobar otra modificación de la Ley de Carreteras, que el grupo parlamentario popular ha planteado como otra enmienda al proyecto.

En concreto pretenden modificar un artículo de la Ley para que, a partir de ahora, solo se necesite una declaración responsable -comunicar a la administración la buena voluntad de cumplir con la normativa- para hacer obras en las edificaciones que invaden la zona de protección de la carreteras. Es decir, aquellas que quedan dentro de las franjas que hay a cada lado de la vía y que delimitan la línea a partir de la cual se puede construir.

También se permitiría levantar -en estos márgenes de las vías- levantar “instalaciones fácilmente desmontables y aquellas otras destinadas al servicio de la carretera”, solo con una declaración responsable. Hasta ahora, para ello, era necesario el permiso de la Consejería de Obras Públicas.

Con la modificación de la Ley que plantea el PP, se podrían pintar fachadas, reparar tejados, cambiar ventanas y puertas, reparar el interior o hacer otras de mantenimiento, sin permiso, solo con la declaración responsable.

Una Ley de Vivienda en cuestión

El PSOE ya ha anunciado su rechazo: “queremos una ley que ponga en el centro a las personas y no al mercado como prioridad”, argumentó. Los socialistas dicen que el PP propone lo de siempre: liberalizar y confiar en que el mercado lo resolverá. Pero, en su opinión, si no se interviene el problema no se resuelve, empeora. 

La postura del PRC es un poco más ambigua, inicialmente facilitó su tramitación y votó en contra de las enmiendas a la totalidad para que el proyecto siguiese adelante, pero consideran que es insuficiente y que necesita cambios. Los regionalistas han presentado cien aportaciones que consideran “imprescindibles” y ha advertido de que, si no son incorporadas, la futura norma no contará con su apoyo.

La Junta de Gobierno de Santander ha aprobado el proyecto técnico para la reparación del acceso a la playa de Los Peligros, con un presupuesto de 203.889 euros y un plazo de ejecución de seis meses

La Demarcación de Costas en Cantabria ha sometido a información pública, por un periodo de 20 días, la solicitud de concesión de ocupación de dominio público marítimo-terrestre para el acceso a la playa de Los Peligros, formulada por el Ayuntamiento de Santander.

Con el anuncio publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado, se abre el citado periodo para que cualquier interesado pueda consultar la solicitud y presentar alegaciones, observaciones o sugerencias.

La documentación técnica que sirve de base a la solicitud estará disponible en las oficinas de esta Demarcación y en la web: https://www.miteco.gob.es/es/costas/participacion-publica/39-cnc02-26-39- 0004.html.

El acceso al citado arenal está cerrado desde 2021, cuando un temporal destruyó la rampa.

Detalles del proyecto

La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Santander aprobó este lunes el proyecto técnico para la reparación de los accesos a la playa de Los Peligros, una actuación que permitirá recuperar y reforzar la bajada a este arenal desde la avenida de Reina Victoria, deteriorada especialmente como consecuencia de los temporales y de su exposición directa a la acción del mar. El proyecto cuenta con un presupuesto de licitación de 203.889 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

La actuación se desarrollará sobre una superficie aproximada de 379 metros cuadrados y afectará tanto a terrenos municipales como al dominio público marítimo-terrestre. En concreto, alrededor de 187 metros cuadrados de la intervención se encuentran dentro de este último ámbito, cuya competencia corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica, a través de la Demarcación de Costas de Cantabria.

El objetivo es recuperar las condiciones de uso de un acceso que salva un importante desnivel entre Reina Victoria y la playa y que se articula mediante una escalinata y una rampa que desciende hacia el arenal. Un fuerte temporal registrado a comienzos de 2021 causó importantes desperfectos en este punto, llegando a dejar inservible parte del recorrido.

El proyecto contempla la reconstrucción de la rampa de acceso y de sus muros laterales, la reparación de los peldaños dañados de la escalinata y de las zonas estanciales, la renovación de pavimentos y la recuperación de los distintos elementos urbanos deteriorados.

Uno de los aspectos más importantes será precisamente el refuerzo de la zona más expuesta al mar. Para ello, se proyectan cimentaciones, una estructura de escollera y rellenos drenantes. También se instalará un sistema específico de drenaje mediante tubería situada en el trasdós de la escollera para facilitar la evacuación de aguas y mejorar el comportamiento de la infraestructura.

La intervención incluirá igualmente la renovación de los pavimentos exteriores, con soluciones de piedra natural y adoquín de granito en distintos puntos del recorrido, buscando mantener la integración de la actuación con el carácter del entorno.

El proyecto plantea materiales robustos y resistentes, especialmente seleccionados teniendo en cuenta la elevada exposición de este acceso al oleaje, la humedad y los temporales.

También se reconstruirán y repararán los muros de mampostería de piedra, recuperando en la medida de lo posible materiales existentes.

A ello se sumarán actuaciones de jardinería y recuperación de las zonas verdes, así como trabajos de acondicionamiento del terreno y movimientos de tierras.

La actuación se completará con la renovación del alumbrado exterior y la incorporación de mobiliario urbano, incluyendo una papelera para recogida separada de residuos y nueva señalización informativa sobre la playa de Los Peligros.

El proyecto contempla además la limpieza de grafitis existentes en elementos de mampostería y la aplicación posterior de un tratamiento protector antigrafiti.

El diseño presta también especial atención a la integración paisajística de la actuación en un enclave especialmente sensible de la bahía. Se busca una solución continuista respecto a los elementos preexistentes, utilizando piedra y otros materiales acordes con el entorno y procurando que la nueva intervención tenga un mantenimiento reducido y una mayor resistencia frente a futuros episodios de oleaje.

La aprobación por parte de la Junta de Gobierno Local supone un paso previo necesario para poder avanzar hacia la contratación de las obras pero la eficacia de la aprobación del proyecto técnico está condicionada al otorgamiento de la concesión administrativa, imprescindible para ejecutar la parte de la actuación situada en terrenos de dominio público marítimo-terrestre.

Este miércoles se producía una avería por reventón en la red de abastecimiento situada en la calle Río Estenilla, en el barrio de Santa María de Benquerencia de Toledo. Debido a la distribución de la red en esta zona, ha sido necesario cerrar numerosas válvulas, lo que está haciendo que el proceso de reparación sea más largo de lo previsto.

La concejala de Obras y Servicios Públicos, Loreto Molina, ha explicado que la ubicación de la rotura y las características de la tubería han obligado a cerrar numerosas válvulas para poder acotar la incidencia. Esta circunstancia hizo que el agua continuara manando por la calzada durante el tiempo necesario para completar el cierre de la red.

Varios de los accesos al lugar, en el entorno del hospital de Toledo han tenido que se cerrados al tráfico. Desde FACSA, la empresa que gestiona el servicio de agua, informan de que la avería no implica cortes de agua para los vecinos. No obstante, los trabajos de reparación se prolongarán hasta mediados de la próxima semana y afectarán al tráfico en la zona, así como a determinadas rutas de autobús.

Se recomienda a las personas que trabajan en el Hospital Universitario de Toledo (HUT) que, debido a las obras en calles río Estenilla con río Guadiana, y que dejan su coche en el parking de empleados del propio hospital tienen que entrar por vía Tarpeya.

Mientras duren las obras de reparación que se han prolongado durante la noche, así queda el recorrido de las líneas de autobús que discurren por la zona.

Línea 62

En el trayecto Zocodover - Benquerencia, el autobús circula por calle Río Guadalimar (parada provisional en Sescam), Río Guadalmena, Río Alberche, Río Valdeyernos (parada provisional en esquina con Río Fresnedoso) y sigue recorrido habitual.

Las paradas fuera de servicio son las correspondientes a Urgencias, Hospital Universitario, frente residencia de la tercera edad y calle río Fresnedoso.

En el trayecto Benquerencia - Zocodover, el autobús circula por Río Estenilla, Río Guadalmena, Río Henares y sigue recorrido habitual. La parada fuera de servicio es la que se sitúa en la residencia de la tercera edad.

Línea 91

En el trayecto Buenavista- Benquerencia, circula por calle Río Guadalimar (parada provisional en Sescam), Río Guadalmena y sigue recorrido habitual.

Las paradas fuera de servicio son las correspondientes a Urgencias y Hospital Universitario, frente residencia de la tercera edad.

En el trayecto Benquerencia - Buenavista,circula por Río Guadalmena y Río Henares y sigue recorrido habitual.

La parada fuera de servicio es la que se sitúa en la residencia de la tercera edad.

Línea 92

En el trayecto Buenavista - Benquerencia, circula por calle Río Guadalimar (parada provisional en Sescam), Río Guadalmena, Río Alberche, Río Valdeyernos (parada provisional en esquina con Río Fresnedoso) y sigue recorrido habitual.

Las paradas fuera de servicio son las correspondientes a Urgencias, Hospital Universitario, frente residencia de la tercera edad y calle río Fresnedoso.

En el trayecto Benquerencia - Buenavista, circula por Río Guadalmena y Río Henares y sigue recorrido habitual.

La parada fuera de servicio es la que se sitúa en la residencia de la tercera edad.

Línea 94

El autobús circula por calle Río Guadalimar (parada provisional en Sescam), Río Guadalmena y sigue recorrido habitual.

Las paradas fuera de servicio son las correspondientes a Urgencias y Hospital Universitario, frente residencia de la tercera edad.

Línea 32

Circula por calle Río Guadalimar (parada provisional en Sescam), Río Guadalmena, Río Portiña y sigue recorrido habitual.

Búho 2

El trayecto Zocodover - Benquerencia, circula por calle Río Guadalimar (parada provisional en Sescam), Río Guadalmena y sigue recorrido habitual.

Las paradas fuera de servicio son las correspondientes a Urgencias y Hospital Universitario, frente residencia de la tercera edad.

Entre Benquerencia - Zocodover,circula por Río Guadalmena y Río Henares y sigue recorrido habitual

La parada fuera de servicio es la que se sitúa en la residencia de la tercera edad.

Búho 3

El trayecto Valparaíso - Benquerencia, circula por calle Río Guadalimar (parada provisional en Sescam), Río Guadalmena y sigue recorrido habitual.

Las paradas fuera de servicio son las correspondientes a Urgencias y Hospital Universitario, frente residencia de la tercera edad.

El trayecto Benquerencia - Valparaíso circula por Río Guadalmena y Río Henares y sigue recorrido habitual

La parada fuera de servicio es la que se sitúa en la residencia de la tercera edad.

La Diputación de Badajoz licitará en el mes de octubre el proyecto de rehabilitación del antiguo Palacio de Justicia de Mérida. La actuación contará con un presupuesto superior a los 2,7 millones de euros y un plazo de ejecución de 20 meses para dar al inmueble un doble uso: administrativo, mediante personal de la institución provincial, y cultural, como espacio expositivo, de presentaciones u obras de teatro, contando para ello con un acceso independiente.

El proyecto ha sido presentado por la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, y el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, acompañados por los arquitectos encargados de redactar el estudio, Jorge López y José Manuel Barragán.

El regidor emeritense ha subrayado la auténtica revolución que supondrá “la transformación de este cinturón cultural y social” de la ciudad de Mérida que “une el Conservatorio de Música con el Museo del Costurero”. Y es que, junto a la adecuación del Palacio de Justicia, se acondicionarán los espacios exteriores, tanto los que dan a la calle Almendralejo como la parte que da a la Escuela Oficial de Idiomas (EOI).

En este sentido, se hará accesible la entrada del Palacio de Justicia hasta la Iglesia del Carmen y el edificio del Costurero, para el que, según ha indicado Osuna, “se está preparando el proyecto definitivo por parte del ayuntamiento de remodelación del espacio”. Asimismo, se remodelará por completo la plaza de la EOI como espacio verde y accesible, con la modificación del espacio anexo a la trasera del patio del Costurero, de modo que solo quedará vacío el edificio de la antigua Policía Local.

Un espacio que, según ha criticado el alcalde, “la Junta de Extremadura se negó a poder utilizarlo como ampliación de la EOI” y ante lo que el consistorio “está repensando si tendrá otros usos o si podrá buscarse una nueva accesibilidad al propio patio del Costurero”.

Reforma de la plaza del Conservatorio

Para cerrar el círculo de esta actuación urbanística, la Diputación de Badajoz anunciará además “en unos meses” la reforma de la plaza del Conservatorio, “muy importante en la actividad diaria de Mérida”, con una inversión cercana a los 435.000 euros, tal y como ha explicado Raquel del Puerto.

La propuesta general plantea “reordenar esta plaza a través de la circulación, de incorporación de vegetación, de mobiliario urbano o zonas de sombra”, con el objetivo de eliminar las barreras arquitectónicas y reducir el ruido que soporta por el tráfico, lo que “mejorará la calidad de vida de los ciudadanos”.

Usos del antiguo Palacio de Justicia

En cuanto a la rehabilitación del Palacio de Justicia, un edificio histórico que albergó con anterioridad un convento y un hospital psiquiátrico y que permanece sin uso desde el traslado de los juzgados en 2011, la presidenta provincial ha detallado que la planta semisótano y la primera se destinarán a uso administrativo para el personal del organismo provincial Restaura, con acceso por la plaza de la EOI.

Por su parte, la planta baja o nivel cero, cuyo acceso principal se situará en la calle Almendralejo, se reservará para uso sociocultural. Contará con el patio central cubierto para albergar exposiciones y eventos durante todo el año, además de disponer de despachos, salas de actos o vestuarios.

Del Puerto ha resaltado que este proyecto, que ha asemejado al del Hospital Centro Vivo de Badajoz, implica una mejora para Mérida a nivel urbanístico al poner en valor el patrimonio histórico y los espacios urbanos; a nivel cultural y social al servicio del arte, el tejido empresarial y el mundo asociativo; y a nivel de los servicios públicos para una atención más ágil y eficiente. Asimismo, ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Mérida expresando que “ojalá ese ejemplo lo tomen otras administraciones” para que realicen inversiones en la capital extremeña y pueda “seguir siendo un referente a nivel cultural y patrimonial de la provincia, Extremadura y de toda España”.

Por último, el arquitecto Jorge López ha señalado algunos aspectos técnicos complejos de la obra, como la solución que requieren las “tremendas humedades de capilaridad” que sufre el edificio, o la reserva de una partida de 150.000 euros para la actuación arqueológica, ya que se prevén hallazgos tras las catas previas realizadas. López ha aprovechado la presentación para reivindicar la necesidad de que el Consorcio de la Ciudad Monumental revise las restricciones vigentes para la instalación de placas fotovoltaicas en el centro histórico.

Se anunció en plena crisis de Barajas. Cuando el aeropuerto madrileño aún ocupaba titulares por los cientos de sintecho que se refugiaron allí, el Ayuntamiento de Madrid adjudicó la construcción de un albergue para personas sin hogar en El Cañaveral. En este joven barrio del Este de la capital la noticia no sentó bien: los vecinos salieron a la calle reclamando que se paralizara el nuevo centro, al menos, hasta que la administración resuelva otras cuentas pendientes en materia de transporte o infraestructuras.

Las obras arrancaron y se frenaron temporalmente, de golpe, pero no por las protestas vecinales: la empresa adjudicataria había incumplido el contrato y este se disolvió, así que aquel proyecto “de urgencia” tuvo que aplazarse y volver a ser licitado con más presupuesto, un segundo promotor y otro calendario. Hasta este otoño no llegará el nuevo plazo para su construcción.

La primera concesionaria fue FTC Obras y Energía, que ganó una adjudicación por valor estimado de casi ocho millones (7.956.347 euros) incluyendo IVA y con un plazo de seis meses para construir en número 21 de la calle Batalla de Salamina. Sin embargo, al concluir ese plazo el Ayuntamiento resolvió en una Junta de Gobierno de finales de febrero que era necesario disolver ese acuerdo debido a los retrasos acumulados. Unas semanas más tarde, el 6 de marzo, se anunció un nuevo contrato para culminar la obra. Esta vez cayó en manos de Vías y Construcciones SA, otra compañía integrada en el Grupo ACS de Florentino Pérez.

“Durante la primera ejecución de las obras se detectaron retrasos en la ejecución y se hicieron dos visitas, el 13 y el 26 de enero. Comprobamos que no existía actividad alguna y que la obra se encontraba en situación de abandono”, detalló a preguntas de los concejales la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Rodero, sobre las razones que llevaron a anular el antiguo contrato y delegar la continuidad del centro en otra empresa privada, sin apuntar el motivo de fondo que llevó a dejar la obra por parte de una compañía que mantiene numerosos contratos con administraciones públicas. La nueva empresa, Vías, se puso manos a la obra en el mes de marzo con siete meses de plazo.

En total, según confirman fuentes municipales, llegaron a ejecutarse 3,14 millones de euros por las obras efectuadas durante el primer contrato, lo que sumaría unos 12 millones aproximadamente en la cuenta total, sumando la cuantía adjudicada en el segundo. Además, a FTC Obras se le incautó la garantía obtenida. “La diferencia entre lo presupuestado al principio y el nuevo acuerdo viene dada, fundamentalmente, porque hubo que incorporar requerimientos específicos que hicieron las compañias de electricidad y agua”, sostienen desde el Área de Obras, a lo que explican que en prodecimientos de emergencia como este “no se exige la redacción ni la aprobación formal de un proyecto técnico antes de adjudicar y comenzar la obra, pues lo que se busca es una actuación inmediata. De momento, se mantienen las previsiones del otoño y aseguran que el centro estará listo ”antes de que acabe el año“.

Mientras que la ciudad se vaciaba por el verano y con los trabajos ya avanzados, García Rodero y su homólogo en Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, acudieron a visitar el futuro albergue. Ambos prometieron desde allí que el nuevo recurso proporcionará una “respuesta social ágil” a quienes lleven poco tiempo en situación de calle, tratando de prolongar la etapa lo menos posible. La idea es construir sobre 3.619 metros cuadrados de superficie en una parcela de casi 15.000 m², con capacidad para 176 personas en 12 módulos habitacionales, con cuatro cuartos cada uno y provistos de taquillas, repisas, enchufes, cerraduras electrónicas, aseos, duchas y una zona común.

Asimismo, el Ayuntamiento también ha detallado que dos de estos módulos se adaptarán para personas con movilidad reducida. En la resolución que consolida ese segundo contrato, la propia Vicealcaldía admitió que la ciudad sigue en “la misma situación de emergencia” que, en su día, llevó a licitar este centro en El Cañaveral: pese a la salida progresiva del colapso en Barajas, la necesidad aún “persiste” en el resto de la ciudad. A pesar de que el objetivo era continuar una obra ya empezada por el antiguo adjudicatario, este segundo intento se promocionó con más presupuesto y un plazo mayor.

Unos días después de que la Junta de Gobierno aprobara el nuevo contrato, tanto el PSOE como Vox en Vicálvaro –distrito de El Cañaveral– preguntaron por el proyecto al concejal-presidente de la zona, Ángel Ramos. Los primeros lo hicieron para cuestionar la paralización de un centro tramitado “de urgencia” y sugerir posibles irregularidades en el procedimiento; mientras que los segundos atacaron directamente su construcción y lo tildaron de “asentamiento”, preguntando si había medidas previstas para garantizar su compatibilidad con la “convivencia”.

“Responsabilidades políticas” o un problema de la empresa

El asunto sobrevoló instancias superiores una semana más tarde, cuando también los socialistas lo registraron en una comisión municipal de Obras y Equipamientos. La misma en la que Paloma García Rodero terminó explicando ante la oposición las razones que llevaron a paralizar el contrato. Aun con todo, el portavoz del PSOE Pedro Barrero sugirió un vínculo “privilegiado” entre el primer contratista y el Ayuntamiento, señalando otros proyectos municipales adjudicados a FTC Obras y que también había dejado colgados, como la promoción de casi 90 viviendas en Villaverde: “Cuando los problemas se repiten ya no es mala suerte, sino mala gestión o algo peor, favoritismo”.

Desde el salón de comisiones de la Casa de Cisneros, junto a la Plaza de la Villa, se habló de posibles “responsabilidades políticas” (más allá de las empresariales) en el tropiezo del albergue, que nació en respuesta a una situación de emergencia social. “La emergencia existió en el papel después de la llegada de 276 personas sin hogar, pero la gestión ha sido un fracaso”, determinó Barrero en su réplica a la responsable de Obras, recordando que el calendario inicial tenía previsto acabar los trabajos en marzo. Finalmente, el centro verá la luz unos siete meses más tarde.

Su inauguración, aunque tarde, vendrá también a culminar uno de los compromisos del área de Políticas Sociales, que aseguró para este 2026 una ampliación de la red hasta llegar a las 1.420 plazas para toda la ciudad. Actualmente son 1.250, sin contar las que aportará el futuro centro de El Cañaveral y de las que unas 370 son en viviendas públicas de la EMVS (Empresa Municipal de Vivienda y Suelo) o subcontratadas al mercado privado.

De conseguirlo, también zanjará un proyecto sacado adelante a trompicones que difícilmente aplacará todas las críticas que emanan desde colectivos sociales u ONG: más recursos, flexibilidad en los centros para brindar independencia a sus usuarios o una atención transversal pensada, sobre todo, para los nuevos perfiles que llegan a los albergues, ahora más jóvenes y a veces, con trabajo. Al fin y al cabo, el problema de la vivienda en la ciudad de la vivienda cara presiona para que muchos de los que nunca se vieron como vulnerables hoy no sepan donde vivir.

El representante legal de Dragados, empresa contratista que ejecutó la senda costera de Santander y sus pasarelas, incluida la de El Bocal que colapsó el pasado mes de marzo y causó la muerte de seis jóvenes, ha defendido la actuación de esta mercantil y ha considerado “razonable” la obra acometida. Según ha indicado, se hizo conforme a lo establecido por la empresa Fronda, encargada del diseño y fabricación de los pasos de madera, incluidas las dos piezas de las que constó finalmente la siniestrada, y ha apuntado al respecto que esto no afectó a la “seguridad” de la estructura.

Así lo ha manifestado este viernes durante su declaración, como investigado, ante la jueza que instruye la causa por la tragedia, en la que también resultó herida grave otra estudiante. La comparecencia se ha prolongado durante dos horas y media y ha respondido a preguntas de todas las partes personas.

Entre otros aspectos, ha sido cuestionado por la ausencia de una prueba de carga de la pasarela, construida en 2014, a lo que ha contestado que “mayor prueba de carga que doce años usándose no existe”, según han trasladado a Europa Press fuentes conocedoras de sus manifestaciones.

Las mismas han señalado a esta agencia que el representante legal de Dragados, que era jefe de las delegaciones de la sociedad en Cantabria y Asturias y que cuenta con cerca de cuarenta años de experiencia, ha rechazado “ningún tipo de abaratamiento” en la construcción de esta infraestructura, tanto por parte de su empresa como del Ministerio para la Transición Ecológica, del que depende la Demarcación de Costas en Cantabria, que encargó el proyecto y las obras.

La jueza acordó tomar declaración al responsable de la empresa contratista como investigado en lugar de testigo a raíz de los testimonios de varios peritos, que apreciaron una diferencia entre el diseño elaborado por Fronda y la ejecución llevada a cabo por Dragados.

Pero el representante legal de esta última empresa ha alegado que todas las pasarelas de la senda costera, incluida la que está junto a la playa de El Bocal que cedió y se rompió, se construyeron conforme “al detalle del especialista”, que era Fronda, por lo que ha considerado que lo hecho desde el área de obra de Dragados “era lo más razonable”.

Así, ha relatado que tras la “anomalía” en el diseño inicial detectada por la propia Fronda se hizo un cambio, “pero siempre atendiendo al pliego de prescripciones técnicas, a los materiales, a las unidades de obra y a los precios”, ha puntualizado ante la jueza y tal y como han trasladado las citadas fuentes.

En este punto, el declarante ha precisado que un principio estaba previsto que el puente fuese de madera aserrada de pino silvestre, pero ha explicado que como no se vende así en el mercado se optó por vigas de madera encolada. El representante de Dragados ha achacado que se hiciera en dos piezas de cinco metros en lugar de una de diez metros por decisión del taller de Fronda que las prefabricó, que igualmente entendió que era “lo más razonable” y que “no afecta a la seguridad de la obra”, como a su juicio prueba el hecho de que la pasarela haya “aguantado bastante” sin caerse, “doce años sin conservación ni mantenimiento”, ha apostillado.

Falta de mantenimiento

Al hilo de lo anterior, el representante de Dragados ha remarcado que “la causa directa” del colapso fue la rotura de los herrajes por oxidación, mientras que en su opinión “el motivo” para que esto ocurriera fue “la falta de mantenimiento”, algo que requiere “vigilar” la pasarela y “repasar” el estado de “todas” sus piezas . A su entender, los elementos de metal -de acero galvanizado- deberían haberse sustituido cada “cuatro o cinco años” porque, si no se hace esto, “pasa lo que pasa”. Y de todos modos, ha zanjado que “no se ha intentado abaratar nada”.

Fronda vs. Dragados

La jueza de El Bocal acordó iniciar la acción penal contra el responsable de la contratista a raíz de las declaraciones prestadas el pasado 19 de junio por los peritos propuestos por dos de los investigados, concretamente por el jefe de Servicio de Proyectos y Obras en la Demarcación de Costas hasta el año 2023 y el ingeniero de Fronda que firmó el proyecto de la pasarela. Ambos incidieron en un aspecto ya recogido por el judicial, quien apreció una diferencia entre el diseño elaborado por Fronda y la ejecución llevada a cabo por Dragados, a la que la magistrada declaró como posible responsable civil.

Concretamente, el perito judicial indicó que, en el proyecto, los rastreles y durmientes “aparentan continuidad en toda la longitud del puente, mientras que en la pasarela ejecutada cada elemento se ha dividido en dos piezas de la mitad de longitud”. Aunque para él esta variación “no resulta significativa desde el punto de vista del comportamiento estructural global”, para los otros dos especialistas la decisión de dividir en dos segmentos iguales cada rastrel “debilitó la robustez del conjunto” y “supuso un incremento notable de la vulnerabilidad de la solución”.

A la luz de sendas periciales, la jueza apreció que si bien la diferencia entre lo proyectado y lo ejecutado “no parece presentarse como causa inmediata del colapso de la pasarela, sí concurren suficientes indicios para entender que condicionó la particular forma de la rotura (más brusca) del tablero”, dando lugar a un “efecto trampilla”, un “posible negligente hacer imputable a la empresa constructora” que “pudo tener alguna incidencia en el resultado final del siniestro”.

Siete investigados y tres posibles responsables civiles

Desde que inició la instrucción, a raíz del accidente del 3 de marzo, la magistrada ha iniciado la acción penal frente a siete personas: la gestora del 112 que un día anterior recibió la llamada de un vecino que alertaba del estado de la pasarela; la agente de la Policía Local de Santander que recibió el aviso de la anterior; el jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria y director facultativo de la obra de la senda costera; los dos funcionarios que han sido jefes de Servicio de Proyectos y Obras desde la construcción de la senda; el ingeniero que firmó el proyecto de la pasarela de madera y ahora el representante de la contratista que construyó la infraestructura.

Además, la magistrada ha declarado como posibles responsables civiles al Ayuntamiento de Santander, a la Demarcación de Costas y a Dragados también.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ya tiene luz verde para licitar, a través de Adif, la redacción de los proyectos de la conexión de alta velocidad Madrid-Extremadura en el tramo comprendido entre Talavera de la Reina (Toledo) y Talayuela (Cáceres).

El valor estimado del contrato asciende a 14,7 millones de euros para un tramo de unos 46 kilómetros, que conectará con el trazado que actualmente se encuentra en construcción entre Plasencia (Cáceres) y Talayuela. A su vez, enlazará a su vez con el tramo entre Plasencia y Badajoz, operativo desde 2022. Durante el proceso de redacción se definirá tanto la plataforma ferroviaria, como una nueva estación en el municipio toledano de Oropesa.

El contrato autorizado se ha dividido en cuatro lotes, correspondientes a los diferentes subtramos del trayecto, donde se detallan elementos como esa nueva estación o varios viaductos.

El trayecto Talavera de la Reina-Talayuela se corresponde con los tramos III y IV del Estudio Informativo de la Línea de Alta Velocidad (LAV) Madrid-Extremadura para el trazado comprendido entre Madrid y Oropesa.

Mientras, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa con la tramitación de los tramos restantes de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura entre Talavera de la Reina y Madrid, que se corresponden con los tramos I y II del Estudio Informativo.

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha valorado positivamente la decisión porque, asegura, representa un nuevo avance en la definición de una infraestructura ferroviaria considerada “estratégica” tanto para la ciudad como para su conexión con Extremadura. “Todo avance que suponga acercar la alta velocidad a Talavera es una buena noticia”, ha dicho, para matizar que se trata de la mera redacción del proyecto, y no del inicio de las obras y pide dar celeridad al proyecto para que estén terminadas en 2030, “como están comprometidas”.

“Talavera necesita que se cumplan los plazos y que cada paso administrativo se traduzca en el siguiente”, ha dicho el alcalde, para advertir a renglón seguido que la ciudad “no puede conformarse con anuncios”.

Cuando el pasado 27 de agosto los camiones encargados del movimiento de tierras entraron en la parcela 89.37 de Rosales del Canal, muchos vecinos estaban todavía de vacaciones y otros no esperaban que las obras comenzaran de forma inmediata. Los trabajos levantan grandes cantidades de polvo que, según denuncian los residentes, cubren los vehículos estacionados en las proximidades, mientras unas torres móviles de videovigilancia controlan ahora el perímetro de la actuación.

Precisamente, la instalación de estas cámaras ya ha sido puesta en conocimiento de la Subdelegación del Gobierno en Aragón y se ha realizado una consulta ante la Agencia Española de Protección de Datos para conocer si cumplen los requisitos establecidos para la captación de imágenes en un espacio próximo a viviendas y vías públicas.

“Con nocturnidad y alevosía”, resumen los vecinos el inicio de unas obras a las que se oponen desde hace casi dos años. En los cerca de 6.000 metros cuadrados de la parcela 89.37, originalmente calificada para equipamiento público docente, el Gobierno de Aragón prevé levantar 192 viviendas públicas de alquiler asequible dentro del programa de Vivienda Dotacional Pública desarrollado en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza.

La promoción forma parte de un paquete de 640 viviendas repartidas entre Rosales del Canal y Miralbueno. En este caso, el Gobierno de Aragón asumió la competencia para tramitar la licencia urbanística de las obras, lo que le permite agilizar los trámites al concentrar el procedimiento administrativo evitando los periodos de alegaciones en vía administrativa que luego también pueden acabar en vía judicial.

A la controversia urbanística se ha sumado ahora otra de carácter ambiental. El portavoz de la Asociación Vecinal Entrelagos, Nacho Jordán, ha anunciado que pondrán los hechos en conocimiento del departamento competente en Medio Ambiente para que compruebe si los trabajos de extracción de tierras se ajustan a la normativa y a las autorizaciones correspondientes.

La asociación sostiene que los materiales están siendo trasladados a una gravera de Áridos Blesa situada al norte del polígono de Malpica y reclama que se acredite su correcta gestión. En concreto, Entrelagos exige que se compruebe la procedencia y naturaleza de los materiales, su trazabilidad, la documentación que ampara su transporte y destino y el cumplimiento del Plan de Gestión de Residuos de la obra.

El próximo 27 de septiembre está prevista una nueva manifestación y un recorrido en bici con familias y niños hasta la actual ubicación del centro de salud en Arcosur “para evidenciar las distancias (a más de 2,5 kilómetros) y reivindicar que se haga donde ya hay población consolidada y en crecimiento permanente en Arcosur Norte.

Sin respuesta de los tribunales

La oposición vecinal al proyecto comenzó hace dos años, cuando Entrelagos reclamó preservar la parcela 89.37 para cubrir las necesidades de equipamientos de Rosales del Canal y Arcosur Norte. La asociación recuerda que el solar estaba destinado originalmente a uso educativo y que el propio Departamento de Sanidad llegó a solicitarlo para construir un centro de salud. Entre sus reivindicaciones figuran también un instituto con Bachillerato y Formación Profesional, completar las instalaciones educativas existentes y disponer de nuevos equipamientos deportivos.

La reclamación vecinal ha obtenido también respaldo político. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza aprobó el 23 de diciembre de 2025, con los 16 votos de PSOE, Vox y Zaragoza en Común frente a los 15 del PP, una moción para revertir la cesión y el cambio de uso de la 89.37, restituir su destino dotacional educativo y elaborar una planificación integral de los equipamientos educativos y servicios públicos necesarios en el Distrito Sur. El acuerdo político, sin embargo, no ha impedido que la promoción siga adelante.

El conflicto terminó trasladándose a los tribunales. Entrelagos mantiene recursos contencioso-administrativos contra las decisiones que han permitido desarrollar las viviendas en estos suelos y cuestiona el acuerdo adoptado por el Gobierno de Aragón en septiembre de 2024 para declarar compatible la vivienda dotacional pública con los usos de equipamiento previstos en parcelas de Rosales del Canal y Miralbueno.

La asociación sostiene en su demanda que esos terrenos estaban protegidos por el planeamiento como equipamientos públicos y que la construcción de viviendas exigía modificar previamente el Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza. También argumenta que la cesión de los solares municipales a la Comunidad Autónoma estaba condicionada al cumplimiento del planeamiento vigente y cuestiona distintos aspectos de la tramitación seguida posteriormente.

Entre ellos, Entrelagos destaca que durante el procedimiento se emitieron informes que plantearon reparos al modelo elegido y pone el foco en la cronología de la licitación: según recoge su demanda, el plazo para presentar ofertas comenzó el 20 de noviembre de 2024 y el acuerdo que había declarado la compatibilidad de usos no se publicó oficialmente hasta el día 28.

La asociación pidió al Tribunal Superior de Justicia de Aragón que declarase nulo o anulable el acuerdo que permitió compatibilizar la vivienda dotacional con los usos anteriores de las parcelas. Los recursos continúan pendientes de resolución y, al no haberse acordado medidas cautelares que paralizaran el proyecto, Entrelagos teme que la sentencia llegue cuando las 192 viviendas de Rosales estén ya muy avanzadas o incluso construidas.

Equipamientos pendientes

Para Entrelagos, el comienzo de las obras en la 89.37 agrava un problema que va mucho más allá de las 192 viviendas (número por encima de las 160 previstas). La asociación recuerda que Sanidad llegó a solicitar esta misma parcela para construir un centro de salud pero Rosales del Canal continúa necesitando equipamientos educativos y sanitarios para atender a una población ya consolidada y al futuro crecimiento de Arcosur Norte.

Aunque se ha trasladado que el Gobierno de Aragón planea construir dos nuevos colegios y un instituto en Arcosur tampoco resuelve, a juicio de la asociación, esas carencias porque no dan respuesta a las necesidades de Rosales y Arcosur Norte. El portavoz de la asociación, Nacho Jordán, cree que “se utiliza el anuncio de equipamientos públicos como reclamo para la promoción inmobiliaria encareciendo el precio de la vivienda allí donde todavía no vive nadie en vez de donde ya hay población consolidada con carencias que no se verán cubiertas con esos anuncios aunque se materialicen”.

La búsqueda de emplazamientos tampoco resulta sencilla. El corredor aéreo del aeropuerto de Zaragoza condiciona parte del suelo de Arcosur y limita determinados usos educativos y sanitarios por la afección del ruido, como reconoce la propia documentación municipal. A ello se añaden las dudas sobre la presencia de dolinas y las condiciones geológicas de algunos terrenos, que han obligado a realizar estudios antes de decidir dónde ubicar determinados equipamientos.

En Rosales, además, las principales parcelas dotacionales tienen ya un destino concreto o están comprometidas. La 89.38 alberga el CPI Rosales del Canal y reserva espacio para completar sus instalaciones; la 89.35 mantiene su uso deportivo y la 89.37, inicialmente destinada a equipamiento educativo, ha pasado a albergar las viviendas públicas que ahora comienzan a construirse.

Por eso, la asociación Entrelagos reclama que Ayuntamiento y Gobierno de Aragón planifiquen conjuntamente los equipamientos de Rosales del Canal y Arcosur Norte, teniendo en cuenta tanto la población existente como el crecimiento previsto y las limitaciones reales de los terrenos disponibles. Su temor es que la pérdida progresiva de parcelas aptas termine haciendo más difícil encontrar suelo para los servicios públicos que consideran todavía pendientes.

Tras los informes jurídicos que han paralizado el pago del sobrecoste de 8,3 millones de la obra para el desdoblamiento del túnel de Belate, el Gobierno de Navarra ha decidido que la única salida posible al entuerto que ha generado varias crisis entre los socios es la de romper el contrato de la obra y volver a abrir el proceso de licitación. Así lo ha anunciado este miércoles la presidenta, María Chivite, en el Parlamento foral.

“No vamos a pagar ni un euro que no esté perfectamente justificado y acreditado como necesario”, ha solemnizado la presidenta navarra en una comparecencia parlamentaria solictada por UPN, principal partido de la oposición y el que denunció las obras de este túnel ante la Guardia Civil.

El de Belate es el contrato más elevado adjudicado por su Ejecutivo a las empresas que investiga el juez instructor del Tribunal Central de Instancia (Audiencia Nacional) Ismael Moreno por corrupción. Recayó por 76 millones de euros en Acciona, la local Osés y Servinabar 2000, la mercantil del empresario vasco Antxon Alonso y de la que aparentemente era copartícipe el exdirigente socialista Santos Cerdán. Esta última tenía un 15%, pero fue excluida de la UTE al saltar el presunto caso de corrupción.

Al poco de empezarse las obras, las empresas de la UTE anunciaron un sobrecoste de 8,3 millones de euros que justificaban por razones técnicas y de proyecto. El Departamento de Cohesión Territorial, del que depende Obras Públicas, lo tramitó como un modificado, pero a la hora de abonarlo, un informe de la Intervención General lo echó para atrás al considerar que no estaba debidamente justificado. Este hecho se cobró el cargo del director general Pedro López Vera tras una importante crisis entre los socios del Gobierno.

Pero los trabajos de ese modificado ya se habían ejecutado en la obra, por lo que el Gobierno de Navarra ha estado estudiando estos meses fórmulas para abonar a las empresas de la UTE esos 8,3 millones de euros. La vía elegida fue la del enriquecimiento injusto, pero de nuevo ha sido rechazada, esta vez por la asesoría jurídica.

Ahora, y tras no encontrar otra solución, el Ejecutivo ha decidido resolver el contrato “por desistimiento expreso de las partes” para así poder abrir una nueva licitación, que la obra “continúe” y cumplir “los plazos de la Comisión Europea”, que amenazó a Navarra a cerrar la carretera N-121-A, la que une Pamplona con Francia a través de Irún por incumplir la normativa de túneles al no estar desdoblados. 

“No podemos mantener indefinidamente una situación contractual en la que existen trabajos pendientes, una modificación contractual que hoy no puede desplegar los efectos pretendidos y una necesidad evidente de dar una salida jurídica a la relación entre la Administración y la actual empresa contratista”, ha añadido el vicepresidente primero y portavoz del Gobierno, Javier Remírez. Fuentes de la UTE consultadas por este periódico aseguran que han trasladado al Ejecutivo su “total disposición para colaborar en la búsqueda de la mejor solución”.

El portavoz del Ejecutivo también ha avanzado que lo “esperable” es que ahora se produzca un “periodo de transición” en la obra, donde la maquinaria lleva semanas parada. “Creemos que todas y todos los presentes aquí hoy entenderán que es mucho más responsable afrontar esa transición de manera ordenada que tratar de mantener una situación contractual que no ofrece una salida segura, ha apostillado. 

Por su parte, el consejero de Cohesión Territorial ha informado que la actual adjudicataria del contrato ha completado un 56% de la obra y que se le han abonado ya 38 millones de euros. Según ha añadido, la UTE ha ejecutado trabajos por valor de 9 millones de euros no incluidos en el contrato y que no han sido abonados.

“Se quería satisfacer a Servinabar”

La oposición ha criticado con dureza la decisión tomada por el Gobierno de Chivite. El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha asegurado que volver a licitar la obra “constata el fracaso de una gestión de este Gobierno que no es limpia” y le ha preguntado a la presidenta cuánto dinero va a costar y si alguien va a asumir responsabilidades.

El portavoz regionalista ha afirmado que el Gobierno de Navarra ha estado “al servicio de presuntos corruptos” en la gestión de esta obra. “Tenemos la convicción de que no se trata de ineptitud, se trataba de satisfacer a las empresas de la UTE, entre las que estaba Servinabar”, ha añadido. Chivite le ha respondido que el Gobierno “podría haber levantado el reparo suspensivo” pero que no lo hizo porque habría “añadido un foco interesado” a la obra.

“Su tesis de que había un pacto oculto para pagar se cae con tres hechos: el reparo suspensivo que no se ha levantado; el informe jurídico; y que las obras se están haciendo, no se ha pagado por nada que no se haya hecho”, ha defendido.

Los socios del PSN en el Gobierno de Navarra, Geroa Bai y Contigo/Zurekin, así como EH Bildu, socio presupuestario, han mostrado su preocupación por el retraso que porovocará una nueva licitación en las obras y han pedido “un análisis sosegado” sobre la gestión de la obra y su adjudicación.

El Ministerio de Transportes, a través de Adif, y el Gobierno de Cantabria han suscrito este miércoles el convenio de la terminal intermodal del Llano de La Pasiega (Piélagos), por el que ambas administraciones financiarán al 50%, y en un plazo de tres años, los casi 62 millones que costará esta infraestructura, cuyas obras está previsto que comiencen “a finales de 2028” y terminen en 2030, año en el que estará listo también todo este centro logístico.

En el acto de la firma, celebrado en la Delegación del Gobierno, tanto el ministro, Óscar Puente, como la presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga (PP), han destacado la importancia de la estación intermodal.

El ministro ha resaltado que este convenio “articula una apuesta personal” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la petición que le realizó Buruaga en su primera reunión con él en Moncloa en septiembre de 2024.

“No sé lo que hablarían en esa reunión pero nada más terminar cogió el teléfono, me llamó y me dijo que La Pasiega tenía que tener prioridad absoluta”, ha explicado el ministro, que ha señalado que este convenio supone un “compromiso firme, concreto”, con “plazos y financiación concreta” y “despeja cualquier duda que pudiera existir sobre la viabilidad y la ejecutividad” de la decisión adoptada por ambos gobiernos de ejecutar la terminal intermodal.

“Esto no es un papel mojado, este es un papel que vale”, ha destacado el ministro, que ha resaltado que la firma “da un nivel de certidumbre” sobre la actuación que no tiene “nada que ver con otro tipo de documentos, que son declaraciones”.

Según ha señalado, la terminal intermodal “reforzará el tándem existente entre la de Muriedas, recién ampliada, y el Puerto de Santander”, promoviendo así el transporte ferroviario de mercancías como eje vertebrador de las cadenas logísticas multimodales.

Para la jefa del Ejecutivo regional, la firma del convenio de la intermodal representa “un auténtico trampolín de oportunidades para Cantabria” pues se trata de una infraestructura “que marca la diferencia”.

Y es que esta estación “garantiza que las empresas van a poder disponer de esas posibilidades de logística e intermodalidad que nos demandan” y “da pleno sentido al Llano de la Pasiega porque ahora sí está llamado a convertirse en un polo de atracción para futuros desarrollos industriales y logísticos gracias a esa ubicación privilegiada en el corredor Santander-Torrelavega y a sus excelentes conexiones portuarias, ferroviarias y viarias tanto con la Cornisa Cantábrica como con la Meseta”.

Buruaga ha reconocido que llegar hasta esta firma “no ha sido nada fácil” pero, por ello, le deja “mayor satisfacción”. “Hemos pasado de escuchar que la intermodal no era de interés general del Estado, que no recibiría una financiación pública por parte del Gobierno de la Nación a la firma de un convenio para su construcción y financiación al 50% en los próximos tres años”, ha subrayado.

La presidenta ha resaltado que “el Gobierno de Cantabria nunca jamás se rindió, ni tiró la toalla y, sin ruido ni conflicto, con argumentos sólidos, con tenacidad y con muchos meses de trabajo técnico y también político hemos demostrado que la estación intermodal tenía todo el sentido, sacando adelante esta reivindicación que no solo es una gran oportunidad para Cantabria sino una necesidad vital para el Puerto de Santander”.

“Bien está, lo que bien acaba”, ha aseverado Buruaga, que ha agradecido tanto a Pedro Sánchez como al ministro que hayan sido “receptivos” al planteamiento del Gobierno regional y que se hayan podido “vencer todos los obstáculos” para esta infraestructura.

En el acto, también ha intervenido el delegado del Gobierno, Pedro Casares, que ha considerado que la intermodal supone un “determinante proyecto” que “marcará un antes y un después” en La Pasiega y hará que “deje de ser un polígono industrial más y se convierta en el centro logístico más importante de Cantabria y, por tanto, en un activo fundamental para la industria” de la comunidad.

Comisión de seguimiento

De esta manera, la futura instalación logística contará con una superficie de 14 hectáreas y estará conectada a la línea ferroviaria Palencia-Santander. El convenio, rubricado por el presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, y el consejero de Industria, Eduardo Arasti, establece las condiciones de colaboración y financiación entre el Gobierno central y la comunidad autónoma y las bases para la futura explotación de las instalaciones.

De esta forma, el acuerdo, autorizado el pasado mes de junio por el Consejo de Ministras y Ministros, fija la inversión para la redacción del proyecto y la ejecución de las obras en 62 millones de euros (IVA incluido), que serán financiados al 50% entre Adif y la sociedad Suelo Industrial de Cantabria (SICAN).

Asimismo, ambas entidades serán titulares de la terminal en igual proporción al término del proyecto, en régimen de copropiedad. Igualmente, el convenio también refleja la creación de una Comisión de Seguimiento formada por dos representantes designados por Adif, uno designado por el Gobierno de Cantabria y un último designado por SICAN para garantizar la correcta ejecución de las actuaciones recogidas.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente (PSOE), ha asegurado que moverá “todos los obstáculos necesarios” para que las obras del tercer carril de la Autovía de la Meseta (A-67) en el tramo entre Bezana y Polanco “no paren”.

Así ha contestado el ministro este miércoles en Santander a la reclamación de la presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), que le ha pedido “decisión y gestión” para desbloquear y reanudar esas actuaciones, “que comenzaron con dos años de retraso y ampliaron su plazo de 30 a 64 meses”.

Por otra parte, Puente ha avanzado que en octubre volverá a Cantabria para inaugurar las obras de acondicionamiento de la carretera del Desfiladero de La Hermida que, “tras décadas de expectativas defraudadas”, son una realidad.

También, ha recordado que su departamento aprobó en julio la Declaración de Impacto Ambiental para el proyecto de ampliación de la S-10 en Santander, que incluye la remodelación del enlace del aeropuerto, “la carretera con mayor tráfico de toda la comunidad”.

Por otro lado, ha subrayado que su departamento va dando forma a la futura autovía A-73, que unirá Burgos y Aguilar de Campoo y que mejorará la comunicación de la zona oriental de Castilla y León y Cantabria y enlazará la A-1, que discurre de Madrid a Irún, con la A-67.

En este sentido, ha anunciado que entre este miércoles y el lunes estará en el Boletín Oficial del Estado, iniciando su información pública, el tramo entre Báscones de Valdivia y Aguilar.

“Es el tramo del esperado arranque de una autovía que entronca con la de Santander en Aguilar, pues extiende sus prestaciones en el itinerario directo de los cántabros para viajar a la meseta y de muchos castellanos y leoneses que viajan con mucha frecuencia a Santander”, ha apostillado.

Puente ha realizado estos anuncios durante el acto de firma del convenio entre el Ministerio y el Gobierno de Cantabria para la ejecución de la terminal intermodal de La Pasiega, que se ha celebrado este miércoles en la Delegación del Gobierno.

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha indicado este lunes que lo que trasladó Geroa Bai a la opinión pública tras el encuentro que mantuvieron este lunes los socios de Gobierno sobre la situación de la obra del túnel de Belate y el pago del sobrecoste de 8,3 millones “nada tiene que ver con lo que trasladó en el interno de la reunión”. “De ahí mi sorpresa”, ha manifestado la presidenta.

En declaraciones a los medios de comunicación este martes, Chivite ha añadido que en el encuentro de este lunes se emplazaron “a seguir hablando, a que el consejero diera más detalles” y a que “sigan estando informados como lo han venido estando desde el minuto uno de todos los pasos que se vayan a dar”. “Seguiremos hablando”, ha insistido.

Geroa Bai trasladó tras la reunión, en declaraciones a los medios de comunicación, que salían más preocupados de lo que habían entrado y que todas las salidas, tras los informes de la Intervención y de la asesoría jurídica sobre el modificado de la obra, son preocupantes. “No es lo que traslado en el interno de la reunión”, ha reiterado la presidenta, quien ha barajado que “quizás comenzamos en periodo preelectoral, entiendo esos posicionamientos en ese marco, pero no es lo que se trasladó en la reunión, donde se dijo que se van a trabajar soluciones”.

“Todavía no hay nada cerrado, estamos en conversaciones con la UTE, también con la asesoría jurídica del Gobierno porque todos los pasos que vayamos a dar tienen que venir perfectamente avalados desde un punto de vista legal y todavía no hay nada cerrado encima de la mesa”, ha sentenciado, para recordar que este miércoles darán “todos los detalles” en la comparecencia programada en el Parlamento. Y preguntada por qué tipo de soluciones se están planteando, Chivite ha señalado que “mañana contaremos”.

Sobre si cree que pudiera estar condicionando la proximidad de las elecciones, María Chivite ha indicado que “también estamos viendo cómo el PNV en el País Vasco va despegándose un poco del Partido Socialista”. Y ha repetido que lo expuesto por Geroa Bai “no es lo que se trasladó en el interno de la reunión, me sorprendieron las declaraciones, sí”.

“Hemos venido hablando con ellos, con todos los grupos, han sabido cada paso que se ha dado, cada informe que ha habido y vamos a seguir trabajando de la misma manera, con transparencia y aportando toda la información porque nos emplazamos a una reunión quizás más detallada, con cronogramas, con escenarios, conforme se vayan cerrando escenarios porque todavía está abierto”, ha añadido.

La presidenta ha manifestado que “el Gobierno de Navarra no va a pagar ni euro que no venga con el correspondiente respaldo de nuestra asesoría jurídica, por tanto no se va a pagar”. “Se abren otros escenarios, que iremos viendo cómo los afrontamos”, ha dicho, para asegurar que “la voluntad política es que la obra continúe”. “Es un reto que cogimos desde el inicio de la legislatura pasada, recuerdo que tenemos también a la Comisión Europea vigilando esta infraestructura porque se lleva incumpliendo una directiva europea desde el año 2004 porque gobiernos anteriores no hicieron”, ha afirmado.

Sobre si la UTE también muestra esa misma voluntad, Chivite ha indicado que “estamos en conversaciones, es pronto para decir; estamos hablando con la UTE”.

La presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, buscaba este lunes templar las aguas con sus socios de Gobierno tras el duro revés de los servicios jurídicos, que tumbaron la vía que exploraba el Departamento de Cohesión territorial para pagar los 8,3 millones de euros de sobrecoste derivados del modificado que en noviembre de 2025 rechazó la intervención general del Gobierno. Pero lejos de eso, su principal socio, Geroa Bai, ha elevado el tono y asegura que “no se ha actuado con rigor técnico y jurídico suficiente”. “Salimos todavía más preocupados”, ha lamentado su portavoz, Pablo Azcona, a la salida de la reunión que han mantenido durante más de dos horas los tres partidos que conforman la coalición de gobierno.

La obra de Belate, que ahora investiga el juez instructor del Tribunal Central de Instancia (Audiencia Nacional) Ismael Moreno, es una contratación de 76 millones de euros que recayó en Acciona, lo local Osés y Servinabar 2000, la mercantil del empresario vasco Antxon Alonso y de la que aparentemente era copartícipe el exdirigente socialista Santos Cerdán. Esta última tenía un 15%, pero fue excluida de la UTE al saltar el presunto caso de corrupción.

Al poco tiempo de iniciarse la obra, las empresas de la UTE presentaron un modificado del contrato que incluía un sobrecoste de 8,3 millones de euros. La dirección general de Obras Públicas lo autorizó, pero a última hora un informe de la Intervención General lo echó para atrás al considerar que ese sobrecoste no estaba debidamente justificado. Aquel informe derivó en una primera crisis entre los socios del Ejecutivo de María Chivite, que terminó destituyendo al director general Pedro López Vera.

Pero los trabajos de ese modificado ya se habían ejecutado en la obra, por lo que el Gobierno de Navarra ha estado estudiando estos meses fórmulas para abonar a las empresas de la UTE esos 8,3 millones de euros. La vía elegida fue la del enriquecimiento injusto, pero de nuevo ha sido rechazada, esta vez por la asesoría jurídica.

Este nuevo varapalo jurídico ha vuelto a levantar ampollas entre los socios, que han exigido que no se pague a la UTE “ni un solo euro más” de lo que esté avalado jurídicamente. Pero Geroa Bai (Socialverdes y PNV) asegura que “encauzar las cosas va a ser difícil”. Ven complicada una solución al pago del sobrecoste y mientras tanto la obra está parada. “Ha habido una gestión defectuosa en el trámite de esta obra”, ha insistido Azcona, que ha reclamado al Gobierno que presente una propuesta con respaldo jurídico para solucionar la crisis del sobrecoste “cuanto antes”.

También Contigo/Zurekin, el tercer socio del Ejecutivo, ha reclamado “rigor” y “transparencia” y, a diferencia de Geroa Bai, su portavoz, Miguel Garrido, ha señalado que ha salido del encuentro “con algunas certezas”, como por ejemplo el compromiso por parte del Ejecutivo foral de que “no se va a pagar ni un euro más del que correspondía al proyecto inicial” de las obras de duplicación del túnel“.

El PSN, quien está al frente de la consejería de Cohesión Territoral, por su parte ha insistido en que se sigue buscando una “solución jurídica” que aporte la “máxima garantía legal” a la obra. “La prioridad absoluta del Gobierno foral es continuar con las obras de la duplicación del túnel de Belate, siempre buscando una solución jurídica que nos dé la máxima garantía legal posible”, ha aseverado la portavoz socialista, Ainhoa Unzu.

Las obras de ampliación y modernización del Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan comenzarán a partir de noviembre, tal y como ha adelantado este lunes el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Ha sido durante su intervención con motivo de la inauguración de la Ciudad Administrativa de Ciudad Real, donde el presidente regional ha aprovechado para lanzar algunos anuncios en materia de sanidad.

Asimismo, y tras destacar los beneficios de la inteligencia artificial en la salud, García-Page ha anunciado que este martes, en la reunión del Consejo de Gobierno, se van a aprobar tres mesas de diagnóstico para el cáncer de mama “de las más avanzadas” que existen ahora mismo. Una irá al hospital de Ciudad Real, otra al Socorro de Albacete y otra a Guadalajara.

De otro lado, y en materia de empleo, también ha informado de que “antes de que acabe el año” se anunciará la nueva oferta pública de empleo que “no será menor de 3.500 puestos de trabajo públicos” para que “la ciudadanía siga regenerando el servicio público”.

También ha aprovechado para comentar que, en noviembre, Castilla-La Mancha va a contar con una ley que autorizará a la Junta a la reconversión de los edificios públicos para que se puedan convertir preferentemente en viviendas. Sin ir más lejos, ha dicho, este martes se aprobará en Consejo de Gobierno la operación para el Virgen de la Luz en Cuenca, que albergará viviendas o el Archivo Histórico, entre otros.

“Con la ley que aprobaremos, que será norma ya en noviembre, nos llevará a contar con una operativa mínima, con una estrategia de 1.000 viviendas que tendrán obviamente su protección pública, que irán a evitar problemas, pero sobre todo a dar soluciones”, ha dado a conocer el presidente.

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, ha adjudicado definitivamente las obras del tercer carril de la autopista TF-5 entre Guamasa y el Aeropuerto del Norte, en sentido Santa Cruz de Tenerife.

La adjudicataria es la unión temporal de empresas (UTE) formada por Ferrovial Construcción, S.A. y Asyota Asfaltos y Obras, S.L., por un importe de 58.182.981,26 euros con IGIC, indica una nota de Obras Públicas.

La actuación partía de un presupuesto base de licitación de 66.401.344,71 euros por lo que el importe de adjudicación supone una reducción de más de 8,2 millones de euros respecto al presupuesto inicialmente previsto, aunque, según Obras Públicas, se mantienen los criterios técnicos y de seguridad establecidos para la ejecución de la infraestructura.

La intervención ampliará de dos a tres carriles este tramo de la TF-5 en dirección Santa Cruz de Tenerife, lo que, según el Gobierno canario, favorecerá una mayor capacidad de absorción del tráfico y unas mejores condiciones de circulación para los miles de usuarios que transitan diariamente por esta vía.

El proyecto contempla, además, la remodelación de los enlaces de Guamasa y San Lázaro, así como la construcción de un nuevo enlace directo con el Aeropuerto de Tenerife Norte.

Esta nueva configuración permitirá separar los tráficos con origen y destino norte y sur, y se sustituirá el actual sistema, basado en un único acceso, por una estructura más eficiente con conexiones diferenciadas.

De esta manera, los vehículos procedentes del norte podrán acceder directamente al aeropuerto a través del nuevo enlace, y se evitará continuar hasta San Lázaro, como sucede actualmente.

Esta reorganización permitirá reducir la carga circulatoria en el tramo más saturado de la TF-5 y contribuirá, según el Gobierno canario, a mejorar de forma significativa la fluidez general del tráfico. 

El CEIP Enrique Tierno Galván de La Zubia, en Granada, ha comenzado el curso escolar con parte de sus instalaciones todavía en obras. Ventanas pendientes de colocar, baños sin terminar, polvo y materiales de construcción conviven estos días con el alumnado, mientras el centro ha tenido que reorganizar algunos de sus espacios para poder arrancar las clases con normalidad. Todo ante la indignación del propio centro, las familias de los estudiantes y hasta el consistorio local.

La actuación, destinada a eliminar barreras arquitectónicas y mejorar la accesibilidad del colegio, cuenta con una inversión de 210.277,58 euros de la Junta de Andalucía. Según fuentes del propio centro educativo, las obras debían estar casi finalizadas -a falta de detalles-, a comienzos de curso, pero la realidad ha sido distinta. Mientras la Consejería de Educación sostiene que los trabajos tienen un plazo de ejecución de cuatro meses y que la fecha prevista para su finalización es el próximo 31 de octubre, la comunidad educativa, sin embargo, se siente engañada: el curso ha comenzado antes de que las obras hayan terminado y con buena parte de los trabajos todavía visibles en el centro.

“Nos habían dicho que a principios de septiembre iba a estar prácticamente finalizada, solo a falta de poner el elevador”, explica Carmen, presidenta del AMPA del colegio, que tiene una hija de diez años escolarizada en el centro. Según relata, las familias se encontraron al comenzar septiembre con una obra mucho menos avanzada de lo que esperaban. El AMPA asegura que durante el verano apenas ha visto trabajadores en el centro y que, ante la proximidad del inicio de las clases, la dirección y el Ayuntamiento de La Zubia tuvieron que reclamar a la Junta medidas para garantizar que el alumnado pudiera acceder al colegio sin entrar en las zonas de trabajo.

La situación ha obligado además al centro a reorganizar parte de su funcionamiento. Según el AMPA, algunas aulas han tenido que cambiar de ubicación y espacios como la biblioteca y el aula de música se han adaptado para acoger clases que ya no podían desarrollarse en sus emplazamientos habituales. Uno de los cambios que más preocupa a las familias afecta al aula TEA, donde están escolarizados cinco alumnos con necesidades específicas. “Son niños con autismo severo y van a tener que cambiar de clase cuando ya llevan tres años adaptándose a un aula”, señala Carmen. El resto del alumnado también se ha visto afectado, según el AMPA, por cambios en los patios y por la reorganización de los espacios del centro.

La presidenta de la asociación de madres y padres insiste, no obstante, en que las familias no cuestionan la necesidad de la actuación. Al contrario: las obras pretenden precisamente eliminar las barreras arquitectónicas que tenía el colegio. La crítica se centra en las condiciones en las que el centro afronta el comienzo del curso y en las expectativas que, según el AMPA, se habían trasladado sobre el calendario de los trabajos.

El Ayuntamiento de La Zubia, gobernado por el PSOE, también ha reclamado a la Junta que acelere las obras. La alcaldesa, Puri López, ha visitado en varias ocasiones el centro y avala la versión de las familias y el propio colegio: la existencia de trabajos pendientes, materiales de obra en distintas zonas, ventanas sin colocar, baños sin terminar y polvo derivado de las actuaciones. “Estamos hablando de nuestros niños y niñas y de un centro educativo en el que pasan muchas horas cada día”, señala López, que reclama que alumnado, profesorado y trabajadores puedan desarrollar su actividad “con todas las garantías de seguridad y bienestar”.

Una obra con plazo hasta finales de octubre

No obstante, la Junta de Andalucía ofrece una explicación distinta sobre el calendario. La Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), asegura que la actuación fue programada dentro del programa de Obras de Escolarización de Verano y que contempla un periodo de ejecución de cuatro meses. El Ejecutivo regional cifra en 210.277,58 euros la inversión y explica que la intervención tiene como objetivo la “supresión de barreras físicas y arquitectónicas” para garantizar la movilidad y la inclusión del alumnado. Según la Junta, la fecha de conclusión prevista es el 31 de octubre de 2026. Es decir, casi dos meses después del inicio del curso escolar. Una explicación que choca con el calendario que manejaba la comunidad educativa, mucho más corto en el tiempo.

Sin embargo, la Junta sostiene que mantiene el contacto con la dirección del centro y que las instalaciones serán sectorizadas para separar las zonas de trabajo de las utilizadas por el alumnado. También asegura que se adoptarán todas las medidas de prevención necesarias para garantizar el inicio del curso.

Es precisamente ahí donde aparece la principal diferencia entre la versión de la Administración y la de las familias. La Junta defiende que los trabajos se encuentran dentro del plazo previsto y que el centro puede comenzar el curso con las medidas de seguridad correspondientes. El AMPA, en cambio, considera que la comunidad educativa esperaba que la obra estuviera prácticamente acabada cuando los alumnos regresaran a las aulas.

Mientras los trabajos continúan, la dirección del centro ha tenido que reorganizar espacios y recorridos para hacer compatible la actividad educativa con una actuación que todavía tiene por delante varias semanas de ejecución. Carmen reconoce que la dirección está extremando las precauciones para evitar que el alumnado acceda a las zonas de obra. “Se está controlando al máximo”, asegura después de haber recorrido el colegio para comprobar las entradas, las salidas y las medidas de seguridad.

El AMPA ha convocado además una concentración a las puertas del centro para reclamar que las obras se aceleren y que el colegio pueda recuperar cuanto antes la normalidad. La actuación que debía servir para hacer el Tierno Galván más accesible ha convertido, al menos durante el arranque del curso, parte del colegio en un espacio de convivencia entre clases y trabajos de construcción. La Junta mantiene octubre como fecha de finalización. Las familias esperan que, esta vez, el calendario se cumpla.

Los vecinos afectados por el socavón provocado por las obras de la línea L9 del metro de Barcelona, en el barrio del Putxet, demandarán al Ayuntamiento de Barcelona, tal como ha avanzado el diario Ara. Este movimiento se suma al anuncio que ya hicieron el lunes de demandar también a la Generalitat.

Se trata de demandas colectivas de carácter administrativo que se presentarán ante sendas administraciones, como máximo, el 14 de septiembre. La abogada que representa a los afectados, Carmen Pérez Pozo-Toledano, asegura que reclamarán daños materiales, económicos y morales sobre la base del principio culpa in vigilando, que hace referencia que el contratante de un servicio tiene responsabilidad en que se realice de manera correcta.

Según Pérez, el hecho de que los vecinos avisaran previamente de que las obras estaban causando desperfectos es relevante de cara a plantear la responsabilidad de la Administración. “La Generalitat tiene la responsabilidad de vigilar que la constructora que contrata está haciendo bien el trabajo”, apuntó a principios de agosto en una entrevista para elDiario.es.

La letrada asegura que los daños causados a los afectados son “irreparables” y subraya que, a pesar de que pedirán indemnizaciones económica, “nadie quitará el miedo” generado a los vecinos y comerciantes de la zona.

El socavón se generó el pasado 7 de julio, lo que obligó a desalojar a 93 unidades de convivencia, lo que equivale a unas 300 personas. De ellas, un 60% pudieron volver a sus hogares a principios de agosto, pero el resto sigue sin poder regresar.

Las estimaciones iniciales hablaban de un desalojo de días que se fue incrementando a medida que pasaba el tiempo. Así, se han convertido en semanas y luego meses: habrá un primer grupo, de 15 viviendas y un local, que podrá volver a mediados de octubre, pero la Generalitat ha reconocido que hasta principios de 2027 no puede asegurar que todo el mundo haya regresado a sus casas.

Las obras para el desdoblamiento del túnel de Belate, en el norte de Navarra, han abierto una nueva brecha entre los socios del Gobierno de Chivite tras el último revés jurídico sobre el abono del sobrecoste de 8,3 millones de euros que acumulan los trabajos. Los servicios jurídicos del Gobierno navarro han rechazado el pago de ese sobrecoste mediante la fórmula del enriquecimiento injusto, una vía legal que existe para el pago de trabajos ajenos al contrato de adjudicación. Se trata del mismo sobrecoste que ya generó una crisis entre los socios en noviembre del año pasado después de que la Intervención General tumbase el modificado del contrato al considerar que carecía de justificación.

Geroa Bai y Contigo/Zurekin, socios del PSN en el Ejecutivo foral, así como EH Bildu, socio presupuestario, han mostrado su malestar por el futuro incierto de las obras y han reclamado a la presidenta Chivite más explicaciones sobre el pago del sobrecoste.

“Lo que está ocurriendo no puede abordarse ya como una cuestión meramente técnica o administrativa”, ha explicado Geroa Bai en una nota de prensa. “La dimensión que ha adquirido el expediente exige una respuesta política al más alto nivel, que permita determinar con claridad qué ha ocurrido, qué consecuencias puede tener la situación actual y, sobre todo, qué medidas va a adoptar a partir de ahora”, ha añadido la coalición de Socialverdes y el PNV.

“Especialmente incomprensible resulta que los socios de gobierno del PSN no hayamos tenido ocasión de conocer este informe hasta momentos antes de hacerse pública la existencia del mismo y las graves consecuencias ahora detalladas. Esta actitud del PSN colisiona frontalmente con la transparencia y lealtad debidas entre socios de Gobierno”, ha reprochado. En ese sentido, Geroa Bai ha recordado que viene reclamando “desde el momento en que tuvo conocimiento de los sobrecostes” que cualquier actuación relacionada con las obras “debía llevarse a cabo con el máximo rigor y con todas las garantías jurídicas y procedimentales, además de con la máxima diligencia política, precisamente por la importancia y trascendencia de esta infraestructura para Navarra”.

Desde Contigo/Zurekin, coalición de Podemos, IU y Batzarre, han considerado “inaceptable la posibilidad de que la ciudadanía pueda acabar sufriendo las consecuencias de la chapuza administrativa del modificado planteado para la obra”, ha expuesto. Ha advertido además de que no aceptarán “ninguna solución que le cueste a la ciudadanía un solo euro más del imprescindible para la obra”. “Los responsables de esta situación son quienes deben poner las soluciones, y éstas deben pasar por garantizar la continuidad de la obra al coste derivado de las necesidades constructivas y de nada más”, ha opinado.

Por último, EH Bildu, socio externo del Gobierno de Chivite, ha reconocido su “preocupación” por el informe de los servicios jurídicos a raíz del sobrecoste, si bien no ha querido hacer más valoraciones hasta no tener más explicaciones de Chivite, a quien han solicitado una reunión. “Consideramos que le corresponde al propio Gobierno de Navarra determinar y, en su caso, depurar las responsabilidades políticas de haber llegado a esta situación”, han expuesto en un comunicado.

La obra de Belate, que ahora investiga el juez instructor del Tribunal Central de Instancia (Audiencia Nacional) Ismael Moreno, se trata de una contratación de 76 millones de euros que recayó en Acciona, lo local Osés y Servinabar 2000, la mercantil del empresario vasco Antxon Alonso y de la que aparentemente era copartícipe el exdirigente socialista Santos Cerdán. Esta última tenía un 15%, pero fue excluida de la UTE al saltar el presunto caso de corrupción.