El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha reconocido el derecho de un agente de la Ertzaintza a trabajar en quincenas alternas para conciliar su vida laboral con la familiar. El alto tribunal vasco ha rechazado un recurso presentado por la Administración General vasca contra una sentencia de la sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Vitoria, que había dado la razón al agente.

La sentencia de primera instancia anuló la resolución de la dirección de Recursos Humanos, que denegó al agente su solicitud de trabajar por quincenas, a pesar de que contaba con el visto bueno de la jefatura de su comisaría. El agente había pedido que se le permitiera desempeñar el servicio por quincenas alternas, ya que por sentencia de divorcio debía hacerse cargo de sus hijos menores cada quince días.

Después de que el juzgado de Vitoria diera la razón al policía, la Administración General vasca recurrió ante el TSJPV con el argumento de que la medida solicitada no estaba incluida en el régimen jurídico de la función pública, sino que era “una medida de conciliación a la carta, no contemplada en la normativa”. El TSJPV cita sentencias anteriores para sostener que, aunque las medidas de conciliación no son ilimitadas, “únicamente pueden denegarse en el caso de que concurran razones el servicio que impidan o hagan excesivamente gravoso proceder conforme a lo interesado”.

La sentencia establece que la Administración “no ha motivado ni justificado debidamente su denegación” y ha utilizado argumentos genéricos, sin precisar qué perjuicios para la organización del servicio supone conceder la medida de conciliación solicitada. La sala explica que el agente ya disfrutó en 2020 del calendario por quincenas que reclama ahora, sin que se haya constatado ninguna incidencia en la prestación del servicio.

El jefe de la comisaría se mostró conforme porque consideró “que esta organización del trabajo no afectaba a la organización del servicio”, que se pudo prestar “con total normalidad”. “Es cierto que el jefe de la comisaría no es, en principio, el competente para otorgar la medida solicitada por el interesado. Ahora bien, su parecer al respecto es sumamente importante, habida cuenta de que es quien conoce de primera mano cómo se organizan los grupos y si los cambios solicitados van a tener alguna incidencia”, añade el TSJPV. Esta resolución no es firme y podría ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

La Ertzaintza celebrará elecciones sindicales el 26 de marzo, tal y como ya contó este periódico. Un total de 7.482 ertzainas podrán votar, de los que 1.456 son de Álava, 3.898 de Bizkaia y 2.128 de Gipuzkoa. Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco en una nota, se elegirán diecisiete representantes en Álava, veintitrés en Bizkaia y veinte en Gipuzkoa.

Las anteriores elecciones fueron en 2022. En ellas, Erne fue la primera fuerza y alcanzó veinte años consecutivos de primacía, aunque también se constató el ascenso como segunda fuerza de Esan, en sus orígenes escisión de ELA. Quedó a 200 papeletas de la victoria. Como resultado de aquellos comicios, la representación sindical actual en la Ertzaintza es la siguiente: 22 representantes de rne, 20 de Esan, diez de Euspel, siete de Sipe y 4 de ELA. Precisamente ese escrutinio dejó ya sin representación a ninguna sigla no corporativa, ya que la sección sindical de ELA en la Ertzaintza perdió todos sus delegados como en el pasado les ocurrió a los otros sindicatos de clase, CCOO y UGT. Las de 2026 serán las primeras elecciones tras la irrupción en 2023 de 'Ertzainas en lucha'.

La irrupción de 'Ertzainas en lucha' ha marcado un antes y un después en la Ertzaintza. La tercera fuerza sindical, Euspel, mantuvo una estrecha colaboración con el movimiento, que usaba el amarillo como color corporativo y que llegó a hacer vídeos de tono muy duro contra otras centrales, y llevó sus reivindicaciones a los foros de negociación. Los otros tres, Erne, Esan y Sipe, que en su día participó en movilizaciones dentro del novimiento Jusapol de las Fuerzas de Seguridad del Estado, han actuado desde entonces en unidad de acción.

Así, con Erne, Esan y Sipe, el nuevo equipo al frente de Seguridad, con Bingen Zupiria a la cabeza, ha logrado en estos meses cerrar el primer convenio de la Policía vasca tras una década con el anterior caducado. Se plantearon subidas salariales generalizadas. También se ha cerrado un “plan de empleo” para intentar que la plantilla pactada en 2004 por los Gobiernos central y vasco, 8.000 efectivos, pueda ser una realidad en 2030.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha respondido al anuncio de la Xunta de que dejará de utilizar a la policía autonómica para proteger a las mujeres víctimas de violencia machista si el Ministerio del Interior no aumenta el número de plazas de esa unidad adscrita. En un mensaje en la red social X, Redondo ha asegurado que su departamento no va a consentir “amenazas” y que exigirán “el cumplimiento de la Ley contra la violencia de género y la correcta ejecución de los fondos del Pacto de Estado”.

Fue el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, quien este jueves anunció que la policía autonómica se limitaría a realizar las labores de su competencia y ejemplificó las que dejaría de cubrir —“somos la única comunidad que ejercía esa función”— usando el caso concreto de las víctimas de violencia machista. Lo hizo en el marco de las negociaciones con Interior para renovar un convenio con el que el ejecutivo autonómico pretende aumentar el número de efectivos de los 388 actuales hasta 500. Las diferencias proceden de que la Xunta quiere cambiar las condiciones actuales: en lugar de pagar el coste al 50% entre ambas administraciones, propone que sea Madrid quien se encargue de sufragar las nuevas plazas.

El primero en responderle, sólo horas después, fue el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, quien exigió a Calvo que rectificase su actitud “intolerable” y pidió al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que lo desautorizase, porque lo contrario significaría que el ejecutivo autonómico “está dispuesto a poner en iresgo la protección de las víctimas de violencia machista para presionar en una negociación con el Estado”. Para él, “las víctimas no son una moneda de cambio ni un instrumento de chantaje político”.

No tardó en sumarse el líder del PSdeG. Para José Ramón Gómez Besteiro, la Xunta “traspasa todas las líneas rojas” al usar a las víctimas como arma política. Tildó de “indecentes y vergonzosas” las palabras de Calvo a quien acusó de emplear su proteccion para “presionar al Ministerio y evitar la firma del convenio de la policía adscrita caducado desde 2008”.

La postura del conselleiro —a última hora de la mañana del jueves, Rueda todavía no había hablado del asunto— indignó también al BNG. Su diputado Iago Tabarés se sumaba a la petición de los socialistas para que el presidente desautorizase a Calvo —a quien acusó de “cruzar todos los límites de lo admisible en la estrategia de confrontación de un PP cada vez más radical— y ”garantizase“ la protección de las víctimas. Además, achacó a la ”sumisión“ de la Xunta a ”los dictados de Génova“ su renuncia a contar con una policía gallega ”similar a las de Euskadi, Cataluña, Navarra y Canarias“.

“Las palabras del conselleiro son de una gravedad intolerable. Espero que sean sólo una pésima ocurrencia personal y no una orden del presidente de la Xunta”. El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, respondió con esa contundencia a Diego Calvo, responsable de Presidencia en el ejecutivo autonómico, quien —una semana después del 25N— amenazó con que la unidad de policía adscrita deje de proteger a las víctimas de violencia de género si no el Ministerio del Interior no acepta aumentar su número de efectivos. “Somos la única comunidad que ejercía esa función, pero si por la merma de efectivos no podemos hacerlo con calidad, renunciaremos”, aseguró este jueves en declaraciones a los medios.

Si Calvo contase con el respaldo de Rueda en su afirmación, “sería aún más grave”, aseguró Blanco en unas declaraciones remitidas a los medios. “Significaría que el propio gobierno gallego está dispuesto a poner en iresgo la protección de las víctimas de violencia machista para presionar en una negociación con el Estado”.

“Si de verdad consideran que la seguridad y la protección de las mujeres non e un servicio prioritario estamos ante una falta de responsabilidad de una magnitud inaceptable”, continuó el delegado, antes de dejar claro que “las víctimas de violencia de género no son una moneda de cambio ni un instrumento de chantaje político” y que su protección “es prioritaria”, por lo que no permitirá “que nadie utilice a las víctimas para tapar su propia falta de diálogo y planificación”.

Mensaje “muy peligroso”

Blanco denuncia que la Xunta “está lanzando un mensaje muy peligroso a las mujeres y la sociedad: que su seguridad es secundaria, que su protección puede quedar en suspenso y que pueden jugar con su tranquilidad”. “Es reprobable”, añadió, “por eso exigimos una rectificación inmediata y que pidan disculpas a las víctimas de violencia machista”.

El delegado del Gobierno se pregunta además “qué es eso de un 'convenido del pasado'”, como lo definió Calvo. “Los acuerdos hay que cumplirlos siempre y la ley es clara, la unidad adscrita de la policía debe ser cofinanciada al 50% por el Estado y la comunidad autónoma. El Gobierno ya dejó claro que pone su parte. Ahora es la Xunta la que tiene que cumplir”, como antes hicieron Andalucía o Madrid “donde el acuerdo se renovó sin problema”.

Sin embargo, la Xunta plantea una vía “intermedia”, que mantiene las condiciones vigentes para los 388 efectivos actuales, pero reclama que el Ministerio asuma las nóminas de las nuevas plazas, hasta llegar a 500. “Es hora de que asuman sus competencias y garanticen lo que les corresponde”, concluyó Blanco.

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha advertido este jueves de que, si no hay avances en la renovación del convenio y mejora de la Unidad de Policía Adscrita, esta dejará de prestar otras funciones “que no sean de competencia autonómica” y ha apuntado, por ejemplo, a la protección de víctimas de violencia machista.

Así lo ha transmitido en declaraciones a los medios, recogidas por Europa Press, y así lo han trasladado representantes del Ejecutivo autonómico a cargos del Gobierno central en un encuentro mantenido en la pasada jornada, en el que no se lograron limar las diferencias que hay entre ambas administraciones.

Así, Calvo ha ratificado la “preocupación” de la Xunta ante la “falta de voluntad” que ve en el Gobierno en relación a alcanzar un acuerdo que permita cubrir la plantilla de la Unidad de Policía Nacional Adscrita de Galicia (UPA), actualmente con 338 agentes.

Una “falta de diálogo” que, ha lamentado, “imposibilita avanzar en la firma de un nuevo convenio para cubrir las plazas pendientes y completar la plantilla de 500 agentes, poniendo en peligro a prestación de los servicios”.

Diego Calvo ha explicado que, en un encuentro en el que participó el director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, se comunicó a los representantes del Gobierno central “la total disposición de la Xunta para avanzar en las negociaciones y conseguir un acuerdo avalado por ambas partes”.

Pero, después de haber retirado ya agendes de sedes institucionales como el Parlamento y San Caetano, también se advirtió que, “ante la bajada de efectivos, no es posible garantizar la prestación de servicios que no son competencia autonómica” y, por lo tanto, “deberá hacerse cargo de ellos el Ministerio del Interior, como autoridad competente”.

Es el caso de la protección en situaciones de violencia machista, servicio, remarca la Xunta, “de competencia exclusivamente estatal y en el que la Xunta coopera desde 2016, en base a un acuerdo de colaboración”. Las Policías adscritas de otras comunidades, recalca la Administración gallega, no prestan esta protección como se hace en Galicia.

“Motivos más que suficientes”

Dada la coyuntura, el Gobierno gallego cree que el Ejecutivo estatal tiene “motivos más que suficientes para llegar a un acuerdo consensuado con la Xunta, dado que está colaborando con servicios que corresponden al Estado”.

El Gobierno gallego espera que el Ministerio del Interior reflexione y haya diálogo para avanzar en las negociaciones. En este sentido, el conselleiro ha insistido en que no es voluntad de la Xunta que la UPA reduzca funciones, pero ha insistido en que, si no hay avances, habrá que hacerlo.

Mientras que el Gobierno defiende una cofinanciación al 50%, la Xunta ha planteado una vía “intermedia” que consiste en que las condiciones vigentes continúen para los efectivos actuales, y las nóminas correspondientes a la cobertura de las nuevas plazas se asuman según las condiciones del Ministerio.

Estos ya fueron los términos trasladados al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, el pasado mes de febrero, en un encuentro en el que participaron tanto el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, como el propio conselleiro de Presidencia, pero el Gobierno gallego se queja de que no hubo un pronunciamiento al respecto por parte del Ejecutivo estatal.

Actualmente, el Estado paga los salarios y la comunidad la productividad de los policías y resto de costes de funcionamiento de la unidad policial, mientras que ahora se exige asumir las nóminas al 50% y que los gastos de funcionamiento sigan corriendo a cuenta de la Xunta, lo que supone, según denuncia la Xunta, “multiplicar por tres el presupuesto autonómico destinado a la UPA”.

“No se hace de un día para otro”

A preguntas de los medios sobre cómo se actuaría en el caso de retirar agentes de las labores de protección a víctimas de violencia machista, Calvo ha indicado que tal renuncia no se haría “de un día para otro”. “Si es necesario renunciar a más funciones lo haremos en tiempo y forma; lo que no podemos es prestar un servicio sin garantizar la calidad del mismo”, ha agregado.

“El ministerio dijo que le iba a dar una vuelta y espero que podamos llegar a un acuerdo”, ha continuado, antes de recordar que, en el caso de la protección ante violencia machista, la UPA solo efectúa esta tarea en las ciudades, donde se tendría que encargar la Policía Nacional.

De hacerlo, “no será cosa de un día para otra”, sino que se hará con un plazo que permita al Ministerio poder “organizar sus funciones” y que las víctimas “no queden sin protección”.

“Somos la única comunidad que ejercía esa función, pero si por la merma de efectivos no podemos hacerlo con calidad, renunciaremos a esa función extra. Será en el plazo necesario, hablaremos con varios meses para que se puedan adaptar”, ha zanjado.

El llistat dels condecorats amb les medalles al mèrit policial per la seua actuació en la DANA de València que es va fer públic dimecres revela noms, com a mínim, curiosos. Entre el voltant de 60 persones que rebran la Condecoració de Plata de la Generalitat hi ha 53 policies, quatre militars, una jutgessa de violència de gènere i Fernando Castellano Martí, cap del Servei d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Festejos Taurins de la Conselleria d’Emergències. Castellano Martí és, a més, cosí de l’exconseller de Governació i Interior i exsecretari general del PP valencià, Serafín Castellano, polític amb qui va accedir a l’Administració autonòmica com a assessor jurídic. En l’actualitat és funcionari de lliure designació en una direcció de servei.

Fernando Castellano és l’expert de la Conselleria d’Emergències en festejos taurins. De fet, en el seu dia a dia recorre els ajuntaments valencians amb gran arrelament en aquesta tradició per a oferir coordinació amb l’Administració autonòmica o fer conferències sobre seguretat. Amb l’entrada de Juan Carlos Valderrama a la Conselleria d’Emergències després de la catàstrofe, el departament s’ha convertit en una repetició de les que van ser les conselleries de Serafín Castellano. Valderrama va ser col·laborador del polític de Benissanó, així com la secretària autonòmica d’Emergències, Irene Rodrigo, o el mateix Fernando Castellano, ara cap de servei.

Les condecoracions han generat un gran malestar en el cos policial, ja que, juntament amb els condecorats per jugar-se la vida el dia de la DANA i embrutar-se de fang els dies posteriors, la Generalitat ha inclòs els escortes de Carlos Mazón en aquestes jornades, comandaments policials o la cap de seguretat del Palau de la Generalitat. A aquesta humiliació per a la tropa que va estar de fang fins a la cintura, se suma ara l’equiparació amb una medalla de plata a un cap de servei de festejos taurins. L’argumentació per a donar-li aquest premi es basa en la col·laboració amb la policia autonòmica, encara que algunes fonts critiquen la inoportunitat del moment.

Un altre nom cridaner en els premiats amb medalla de plata és el subdirector general del Joc de la Conselleria d’Hisenda, Rafael Carrión Peinado. Entre les seues competències, el servei d’homologacions del joc i el servei de normes i estudis sobre el joc. Carrión compartirà medalla per la seua col·laboració amb la policia autonòmica amb la unitat que es va desplegar en la zona de Benetússer i Paiporta la matinada de la DANA i que va fer desenes de rescats jugant-se la vida. La policia autonòmica té competències en joc, per la qual cosa el reconeixement ha d’estar vinculat a aquesta col·laboració.

De plata també tindrà medalla el Mestre Honorable de l’Orde de Cavallers de Sant Cristòfor, Antonio Marín Andrés. Aquesta associació cívica és molt coneguda per organitzar jures de bandera civils.

Les suspicàcies sobre alguns dels guardonats no paren de créixer, més encara quan el Govern de Mazón s’ha negat a entregar els expedients de mèrits als sindicats i a l’oposició. A més, han descarregat la responsabilitat en la comissària de la policia de la Generalitat, Marisol Conde, malgrat que és la Conselleria d’Emergències la que les certifica.

El listado de los condecorados con las medallas al mérito policial por su actuación en la dana de València que se hizo público este miércoles revela nombres, como mínimo, curiosos. Entre los alrededor de 60 personas que recibirán la Condecoración de Plata de la Generalitat se encuentran 53 policías, cuatro militares, una jueza de violencia de género y Fernando Castellano Martí, jefe de servicio de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Festejos Taurinos de la Conselleria de Emergencias. Castellano Martí es, además, primo del exconseller de Gobernación e Interior y exsecretario general del PP valenciano, Serafín Castellano, político con el que accedió a la administración autonómica como asesor jurídico. En la actualidad es funcionario de libre designación en una jefatura de servicio.

Fernando Castellano es el experto de la Conselleria de Emergencias en festejos taurinos. De hecho, en su día a día recorre los ayuntamientos valencianos con gran arraigo en esta tradición para ofrecer coordinación con la administración autonómica o dar conferencias sobre seguridad. Con la entrada de Juan Carlos Valderrama a la conselleria de Emergencias tras la catástrofe, el departamento se ha convertido en una repetición de los que fueron las consellerias de Serafín Castellano. Valderrama fue colaborador del político de Benissanó, así como la secretaria autonómica de Emergencias, Irene Rodrigo, o el propio Fernando Castellano, ahora jefe de servicio.

Las condecoraciones han generado un gran malestar en el cuerpo policial, puesto que, junto a los condecorados por jugarse la vida el día de la dana y ensuciarse de fango los días posteriores, la Generalitat ha incluido a los escoltas de Carlos Mazón en esas jornadas, mandos policiales o la jefa de seguridad del Palau de la Generalitat. A esta humillación para la tropa que estuvo de barro hasta la cintura, se suma ahora la equiparación con una medalla de plata a un jefe de servicio de festejos taurinos. La argumentación para darle este premio se basa en la colaboración con la policía autonómica, aunque algunas fuentes critican lo inoportuno del momento.

Otro nombre llamativo en los premiados con medalla de plata es el subdirector general del Juego de la Conselleria de Hacienda, Rafael Carrión Peinado. Entre sus competencias, el servicio de homologaciones del juego y el servicio de normas y estudios sobre el juego. Carrión compartirá medalla por su colaboración con la policía autonómica con la unidad que se desplegó en la zona de Benetússer y Paiporta la madrugada de la dana y que realizó decenas de rescates jugándose la vida. La policía autonómica tiene competencias en juego, por lo que el reconocimiento debe estar vinculado a esa colaboración.

De plata también tendrá medalla el Maestre Honorable de la Orden de Caballeros de San Cristóbal, Antonio Marín Andrés. Esta asociación cívica es muy conocida por organizar juras de bandera civiles.

Las suspicacias sobre algunos de los galardonados no paran de crecer, máxime cuando el Gobierno de Mazón se ha negado a entregar los expedientes de méritos a los sindicatos y a la oposición. Además, han descargado la responsabilidad en la comisaria de la policía de la Generalitat, Marisol Conde, pese a que es la Conselleria de Emergencias la que las certifica.

Con el objetivo de apoyar a Iker Arana, el joven que denuncia que perdió un testículo por las cargas policiales de la Ertzaintza en los disturbios registrados el pasado mes de abril durante el desalojo del gaztetxe de Rekalde, en Bilbao, han creado una plataforma llamada Justizia Aranarentzat. “Justizia Aranarentzat no nace solo para Iker. Es una herramienta colectiva para frenar la violencia institucional, para visibilizar los abusos y para exigir justicia donde solo hay encubrimiento. No vamos a permitir que el caso de Iker quede silenciado. Vamos a seguir organizadas hasta que la verdad y la justicia prevalezcan”, han explicado durante la presentación de la plataforma en la que ha participado el joven herido.

Según han criticado, aquel día los vecinos de Rekalde sufrieron “brutalidad policial”, porque los agentes de la Ertzaintza actuaron “con total impunidad, ocultando pruebas y encubriendo al agente responsable”. “Existen indicios suficientes para afirmar que el proyectil que impactó en Iker fue disparado de forma directa, en un contexto en el que no se producía ningún tipo de altercado ni situación de riesgo”, han asegurado.

También han lamentado la “lentitud y opacidad” con la que se ha desarrollado el proceso de identificación del agente responsable, pese a la existencia de múltiples pruebas audiovisuales obtenidas desde el entorno vecinal ya que, fue identificado la semana pasada, tres meses después de lo ocurrido. En cuanto a las imágenes, la plataforma ha subrayado que tuvieron que ser “amistades y vecinos” quienes recopilaran imágenes “esenciales para la investigación”, sin la colaboración activa de las autoridades policiales, a las que han acusado de “falta de transparencia” en el uso de las cámaras corporales por parte de la Ertzaintza.

En este sentido, la investigación interna de la Ertzaintza sigue abierta, como lo aseguró el pasado consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, a principios de mayo en el Parlamento Vasco en una comparecencia a petición propia y confirmaron hace unos días fuentes de su equipo. En su intervención Zupiria sostuvo que la Policía intervino de modo justificado y “no se puede aceptar con normalidad que la Ertzaintza reciba agresiones y se produzcan disturbios cuando tiene que cumplir con su labor legal, cuando tiene que hacer cumplir la ley”. Aun así, señaló estar “preocupado” por la denuncia que interpuso el joven tras lo ocurrido. “Mi preocupación ha aumentado viendo la dura denuncia que ha hecho un ciudadano ante la actuación de la Ertzaintza. Según esta denuncia, ha recibido un daño como consecuencia de la incorrecta actuación de la Ertzaintza en los disturbios que se produjeron en Rekalde”, señaló.

La plataforma ha denunciado que “pese a que había numerosos agentes presentes equipados con cámaras, no se ha podido extraer ninguna prueba concluyente de ellas lo que evidencia una actitud de encubrimiento y que la Ertzaintza dificulta deliberadamente la investigación de los hechos”. “En lugar de asumir responsabilidades, los agentes presentes se han limitado a protegerse entre sí, reforzando un muro de silencio que impide el acceso a la verdad y obstaculiza la justicia y es una muestra más de la brutalidad y de la impunidad con la que actúa la Ertzaintza, dentro de un patrón más amplio de represión policial”, han argumentado.

La plataforma ha asegurado que trabajará para que “el caso no quede enterrado en el silencio, se esclarezcan completamente los hechos y todos los responsables de la actuación policial comparezcan ante la justicia”. Entre las medidas “urgentes” que han solicitado para evitar que se produzcan casos como este está la prohibición del uso de escopetas y balas de 'foam', que se introdujeron precisamente para evitar el uso de pelotas de goma tras el fallecimiento en una carga de Íñigo Cabacas. También demandan la identificación “obligatoria” de los agentes y mandos policiales en cualquier intervención, como garantía de transparencia y rendición de cuentas, y, por último, la disolución de la Brigada Móvil, el grupo de antidisturbios, ya que entienden que esta unidad policial está “especializada en la represión de protestas y representa un riesgo constante para quienes ejercen su derecho a la movilización social y la protesta pacífica”.

Zupiria mostró en el Parlamento Vasco su firme confianza tanto en el dispositivo policial como en los jefes de la Ertzaintza que lo llevaron a cabo aquel día. “Si ha ocurrido como el denunciante asegura, ha sido un comportamiento inadecuado. Creo que el dispositivo policial que tuvo lugar en la víspera del desalojo era necesario y tengo toda la confianza en los jefes de la Ertzaintza que organizaron dicho dispositivo. Conocí de cerca lo que ocurrió y las decisiones que se tomaron e hicieron lo necesario para cumplir con una orden judicial. Los disturbios no los provocó la Ertzaintza, los provocaron quienes actuaron contra la presencia de la Ertzaintza. En ese contexto, ha podido ocurrir que un agente haya tenido una actuación incorrecta. Si eso es cierto, nos corresponde a nosotros investigarlo y ponerlo en manos de la Justicia, quien tendrá la última palabra”, indicó.

“La Ertzaintza tiene legitimidad para utilizar la fuerza a la hora de hacer su trabajo, pero si alguna vez ocurre algo, una conducta, una actuación aislada que pueda poner en duda la actuación correcta de la Ertzaintza, creo que debemos responder con firmeza. La sociedad vasca debe ser exigente con la Ertzaintza. La sociedad ha dado la legitimidad a los miembros de la Ertzaintza para que cuando sea necesario, utilice la fuerza siempre dentro de la ley. Por eso, porque les hemos dado la legitimidad, debemos ser exigentes con el uso de la fuerza, fuerza legítima sí, pero violencia, de ninguna manera”, afirmó el consejero.

Preguntado por el material y equipamiento policial que se utilizó en el dispositivo, Zupiria confirmó que hubo salvas -disparos en vacío- y balas de 'foam' cuando se detectó “peligro”. Las hay de dos tipos, las SIR y las SIRX, más duras. “En la actuación no se utilizaron pelotas de goma. En un momento determinado, porque vieron un peligro, sacaron las escopetas y las pelotas de los furgones, pero no fueron utilizadas”, matizó. De hecho, este material no se ha empleado nunca desde el fallecimiento de Cabacas, en abril de 2012. “Se utilizaron proyectiles de salva y balas de 'foam'. En la operación hubo 40 'bodycam', se han visto las imágenes de todas y en ninguna ha aparecido la situación que describe el denunciante. Aunque eso no quiere decir nada. El despliegue no está finalizado. Si lo que relata el denunciante es verdad, estaríamos ante una situación grave y considero que ante situaciones graves hay que tener respuestas claras”, subrayó.

Durante la presentación de la plataforma, Iker Arana ha asegurado que, durante el desalojo del gaztetxe de Rekalde, “de repente y sin venir a cuento”, la Ertzaintza les disparó un pelotazo y que, cuando algunos de ellos les reprocharon la actitud agresiva que habían tenido al dispararles sin motivo alguno, les volvieron a disparar, “siendo ese segundo disparo el que me impactó en los testículos”. “El pelotazo fue directo y de forma intencionada, como lo estoy demostrando a través de diferentes pruebas. No se pudo sacar ninguna evidencia de ninguna de las 35 cámaras analizadas, puesto que estaban apagadas, se veían borrosas o apuntaban hacia otro lado”, ha reprochado.

Tras el suceso el joven permaneció seis días ingresado en el hospital de Basurto. Él mismo convocó una rueda de prensa cuando le dieron el alta para informar de que procedería a denunciar a la Policía vasca. “La Ertzaintza puede utilizar elementos para disolver concentraciones, pero eso nunca debe ser un uso desmedido de la fuerza. Lo que ocurrió fue injustificable, gratuito, un abuso de poder completamente fuera de lugar, además pude ver cómo me apuntaban y disparaban de forma directa. Quiero decirlo claro: fue represión pura, una vez más. Fue una agresión directa a las personas que estábamos ejerciendo nuestro derecho a concentrarnos y no pienso quedarme callado porque lo que me pasó a mí podría haberle pasado a cualquiera de los que estábamos allí y, porque si no lo contamos, lo normalizan”, denunció tras la salida del hospital.

La orden de desalojo del gaztetxe, un centro social autogestionado y en este caso okupado de Rekalde, estaba prevista para las 09.00 horas de del pasado viernes 4 de abril, pero durante la noche anterior comenzaron los disturbios cuando un amplio dispositivo de la Ertzaintza lo custodió durante la jornada previa a su desalojo, por orden judicial. Tras los incidentes, en los que resultó herido Arana, detuvieron a cinco personas por atentado contra agentes de la autoridad, aunque ya han sido puestas en libertad, y según el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, 15 ertzainas resultaron heridos, pero no de gravedad.

Finalmente, a las 10.20 se produjo el desalojo y se identificó a las cuatro personas que pasaron la noche dentro, a las que se les abrirá un expediente sancionador por obstrucción, en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana. Durante estos desórdenes públicos se cruzaron numerosos contenedores en la calzada y a seis de ellos les prendieron fuego. Según el Ayuntamiento de Bilbao los daños materiales, según un recuento inicial, ascienden a más de 6.000 euros. Este periódico se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento, que asegura que al tratarse de un edificio privado y al tratarse de un desalojo ordenado por un juzgado, no van a realizar comentarios al respecto.

El gaztetxe de Rekalde, de nombre Etxarri, se puso en marcha por jóvenes de la zona en 2014, en la misma zona en la que se produjo el desalojo de Kukutza en 2011 en el que hubo una veintena de detenidos, disturbios y denuncias de “violencia policial” que llegaron hasta la Defensoría del Pueblo, el Ararteko. “Se abrió con el objetivo de darle una respuesta colectiva a los problemas de la juventud trabajadora del barrio que dejó la perdida Kukutza III Gaztetxea. Durante todos estos años Etxarri ha sido un espacio para la socialización y politización de la juventud, un refugio para diferentes organizaciones del barrio y un lugar para el desarrollo de un modelo de ocio alternativo”, informan desde el gaztetxe, que aseguran que a lo largo de estos años se han realizado decenas de charlas, exposiciones, conciertos y asambleas dentro del edificio.

La Ertzaintza mantiene abierta la investigación para aclarar las circunstancias en las que un joven pudo ser herido por la propia Policía vasca en los disturbios registrados el pasado mes de abril por el desalojo del gaztetxe de Rekalde, en Bilbao. El joven denunciante es Iker Arana, quien asegura haber perdido “un testículo por las cargas policiales” durante el desalojo debido a que uno de los agentes, según expone, le disparó “una bala de 'foam' a propósito” en la entrepierna.

Según ha explicado el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, que ha comparecido a petición propia en el Parlamento Vasco, la Policía intervino de modo justificado y “no se puede aceptar con normalidad que la Ertzaintza reciba agresiones y se produzcan disturbios cuando tiene que cumplir con su labor legal, cuando tiene que hacer cumplir la ley”. Ahora bien, ha reconocido que hay una denuncia. “Mi preocupación ha aumentado viendo la dura denuncia que ha hecho un ciudadano ante la actuación de la Ertzaintza. Según esta denuncia, ha recibido un daño como consecuencia de la incorrecta actuación de la Ertzaintza en los disturbios que se produjeron en Rekalde”, ha destacado el consejero.

“Tal y como dijo el consejero Bingen Zupiria, la Ertzaintza puede utilizar elementos para disolver concentraciones, pero eso nunca debe ser un uso desmedido de la fuerza. Lo que ocurrió fue injustificable, gratuito, un abuso de poder completamente fuera de lugar, además pude ver cómo me apuntaban y disparaban de forma directa. Quiero decirlo claro: fue represión pura, una vez más. Fue una agresión directa a las personas que estábamos ejerciendo nuestro derecho a concentrarnos y no pienso quedarme callado porque lo que me pasó a mí podría haberle pasado a cualquiera de los que estábamos allí y, porque si no lo contamos, lo normalizan”, aseguró Arana en una rueda de prensa realizada tras permanecer seis días ingresado en el hospital de Basurto.

El joven anunció en ese encuentro su intención de denunciar a la Ertzaintza, denuncia que fue interpuesta el 23 de abril y por la que se ha abierto un atestado. “Quiero informar de que interpondré las correspondientes denuncias para que se esclarezcan los hechos y para que se juzgue a los responsables de esta actuación policial. Tanto al agente que me disparó intencionadamente el proyectil como a las personas encargadas del operativo policial. Sé que será un camino largo y duro porque como he visto en casos similares las instituciones del Estado protegen a la Policía y dificultan el esclarecimiento de los hechos y la búsqueda de responsabilidades. Aun siendo consciente de la dificultad del proceso, estoy decidido a emprender la vía judicial. Quiero destacar la importancia de la activación social frente al abuso y la impunidad policial para que se haga justicia y casos como el mío no se vuelvan a repetir”, aseguró.

En este sentido, Zupiria ha mostrado en el Parlamento Vasco su firme confianza tanto en el dispositivo policial como en los jefes de la Ertzaintza que lo llevaron a cabo aquel día. “Si ha ocurrido como el denunciante asegura, ha sido un comportamiento inadecuado. Creo que el dispositivo policial que tuvo lugar en la víspera del desalojo era necesario y tengo toda la confianza en los jefes de la Ertzaintza que organizaron dicho dispositivo. Conocí de cerca lo que ocurrió y las decisiones que se tomaron e hicieron lo necesario para cumplir con una orden judicial. Los disturbios no los provocó la Ertzaintza, los provocaron quienes actuaron contra la presencia de la Ertzaintza. En ese contexto, ha podido ocurrir que un agente haya tenido una actuación incorrecta. Si eso es cierto, nos corresponde a nosotros investigarlo y ponerlo en manos de la Justicia, quien tendrá la última palabra”, ha indicado.

“La Ertzaintza tiene legitimidad para utilizar la fuerza a la hora de hacer su trabajo, pero si alguna vez ocurre algo, una conducta, una actuación aislada que pueda poner en duda la actuación correcta de la Ertzaintza, creo que debemos responder con firmeza. La sociedad vasca debe ser exigente con la Ertzaintza. La sociedad ha dado la legitimidad a los miembros de la Ertzaintza para que cuando sea necesario, utilice la fuerza siempre dentro de la ley. Por eso, porque les hemos dado la legitimidad, debemos ser exigentes con el uso de la fuerza, fuerza legítima sí, pero violencia, de ninguna manera”, ha afirmado el consejero.

Preguntado por el material y equipamiento policial que se utilizó en el dispositivo, Zupiria ha confirmado que hubo salvas -disparos en vacío- y balas de 'foam' cuando se detectó “peligro”. “En la actuación no se utilizaron pelotas de goma. En un momento determinado, porque vieron un peligro, sacaron las escopetas y las pelotas de los furgones, pero no fueron utilizadas”, ha matizado. De hecho, este material no se ha empleado nunca desde el fallecimiento de Íñigo Cabacas tras una carga ocurrida en abril de 2012.

“Se utilizaron proyectiles de salva y balas de 'foam'. En la operación hubo 40 'bodycam', se han visto las imágenes de todas y en ninguna ha aparecido la situación que describe el denunciante. Aunque eso no quiere decir nada. El despliegue no está finalizado. Si lo que relata el denunciante es verdad, estaríamos ante una situación grave y considero que ante situaciones graves hay que tener respuestas claras”, ha subrayado.

La orden de desalojo del 'gaztetxe', un centro social autogestionado y en este caso okupado de Rekalde, estaba prevista para las 09.00 horas de del pasado viernes 4 de abril, pero durante la noche anterior comenzaron los disturbios cuando un amplio dispositivo de la Ertzaintza lo custodió durante la jornada previa a su desalojo, por orden judicial. Tras los incidentes, en los que resultó herido Arana, detuvieron a cinco personas por atentado contra agentes de la autoridad, y según el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, 15 ertzainas resultaron heridos, pero no de gravedad.

Finalmente, el viernes a las 10.20 produjo el desalojo y se identificó a las cuatro personas que pasaron la noche dentro, a las que se les abrirá un expediente sancionador por obstrucción, en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana. Durante estos desórdenes públicos se cruzaron numerosos contenedores en la calzada y a seis de ellos les prendieron fuego. Según el Ayuntamiento de Bilbao los daños materiales, en un recuento inicial, ascienden a más de 6.000 euros. Este periódico se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento, que asegura que al tratarse de un edificio privado y al tratarse de un desalojo ordenado por un juzgado, ha informado de que no van a realizar comentarios al respecto.

El Sindicato Profesional de la Ertzaintza (Sipe) ha denunciado que dos mujeres agentes de la Ertzaintza han sufrido “graves episodios de acoso laboral, sexual y sexista”. El sindicato, que tilda la situación de “caso flagrante de violencia institucional”, ha elevado formalmente sus quejas al consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Bingen Zupiria; al viceconsejero, Ricardo Ituarte; a la directora de Emakunde, Miren Elgarresta, y a la directora general de la academia de Arkaute, Miren Dobaran. “Los hechos, documentados con testimonios, grabaciones y pruebas objetivas, reflejan una situación de hostigamiento continuado y encubrimiento sistemático por parte de la jerarquía policial”, abunda el sindicato en una nota de prensa hecha pública este martes.

¿Cuáles son los dos casos? Según explica el sindicato, en uno de ellos la víctima es una funcionaria de carrera, mientras que en el otro se ha visto perjudicada una agente en prácticas. En el caso de la agente de carrera, que estaría adscrita a la sección de Tráfico en Álava, el sindicato habla de “comentarios machistas, presiones y un deterioro de su salud mental que le ha impedido continuar con su labor profesional”. A la agente en prácticas en Arkaute, siempre según el sindicato, se le ha sometido a “una estrategia de aislamiento y presión psicológica con el objetivo de declararla no apta y expulsarla del cuerpo”.

La dirección de Recursos Humanos del Departamento de Seguridad, en un informe hecho público este mismo martes, ha respondido a las quejas de Sipe con información adicional. En cuanto al caso de la agente de carrera, indica que el 6 de febrero de este año 2025 recibió un escrito en el que se trasladaba “una posible situación de acoso moral y por razón de sexo”. El comité de mediación de acoso de la Ertzaintza se reunió el 12 de febrero, siempre según Recursos Humanos, y acordó que hubiera una reunión con ella y con las personas que se identificaban en el escrito.

La agente, se explica, “en dos ocasiones muestra su negativa a mantener una reunión de mediación impidiendo con ello que la mediación pudiera realizarse”. Esto, añade Recursos Humanos, llevó al comité a acordar por unanimidad que no era posible determinar si había existido acoso laboral o no, “ya que la información recogida en las entrevistas realizadas a todas las partes implicadas es contradictoria”. Sí recogía ese acuerdo del comité lo siguiente: “se concluye que existen problemas de relaciones interpersonales en el marco laboral y que la comunicación y trato carecen de la formalidad requerida en una Organización de la entidad que tiene la Ertzaintza”. Se acordó igualmente solicitar la impartición de “una jornada de sensibilización del uso del lenguaje inclusivo y no sexista”.

En el caso de la agente en práticas, el 17 de marzo de 2025 ya se acordó la incoación de oficio de un expediente “de acoso moral”. El comité de mediación se reunió para analizar este caso al día siguiente. Los integrantes del comité mantuvieron reuniones tanto con la denunciante como con las personas que se identificaban como presuntas agresoras, además de con testigos. “Para que el procedimiento fuese lo más garantista posible y objetivo, se consideró necesario no iniciar dichas entrevistas hasta que el equipo de seguimiento de la [academia de Arkaute] no finalizase las suyas”, se explica desde Recursos Humanos. En total, según los datos brindados desde el Gobierno vasco, se ha entrevistado a diez personas. “No se considera que exista estrategia o complot del grupo para influenciar en el resultado de la prueba del test de relaciones socio-laborales contra la funcionaria en prácticas, ni indicios de acoso laboral”, concluyó el comité de mediación por unanimidad después de las reuiones, el 14 de abril.

“Lo más alarmante es que, pese a la activación de protocolos internos por parte del comité de mediación, las instituciones han omitido abrir procedimientos sancionadores reales o medidas de protección eficaces”, se quejan desde Sipe. “En la Ertzaintza hay mujeres que están siendo acosadas por ser mujeres, y la institución lo permite. El silencio y la inacción también son formas de violencia”, ha protestado el secretario de Organización del sindicato, Juan Carlos Sáenz Alonso.

Reclamaciones de Sipe

Ante estos dos casos concretos, el sindicato Sipe ha exigido que el Gobierno vasco, el Departamento de Seguridad encabezado por el consejero Zupiria y a la dirección de la academia acometan una “actuación inmediata y ejemplarizante”. Las exigencias, detalladas en el comunicado, son varias: que se abran expedientes disciplinarios (“contra los superiores jerárquicos y compañeros implicados”, se subraya), que se revisen de forma integral los protocolos antiacoso (los actuales “son ineficaces y se han convertido en herramientas burocráticas sin impacto real”), que se brinda una protección real y urgente a las víctimas, que se investigue de forma independiente lo ocurrido en Arkaute (que “no puede resolverse internamente”), que se depuren responsabilidades entre los mandos (“ceses inmediatos y responsabilidades políticas”, pide el sindicato) y que se esboce un plan de “prevención real” ante el acoso en la Ertzaintza (“basado en la transparencia, la formación obligatoria en igualdad, mecanismos de denuncia seguros y protección efectiva de la víctima”).

“La Ertzaintza debe ser una institución ejemplar en la defensa de los derechos humanos y no un entorno donde se perpetúe el machismo con respaldo institucional. No vamos a permitir que se convierta en un espacio de impunidad ni que se silencie a las víctimas. El silencio mata. La pasividad institucional es cómplice”, remacha el sindicato.

El Gobierno vasco y la Asociación de Municipios Vascos-Eudel han anunciado la convocatoria de 643 nuevas plazas de ertzainas y policías locales a través de un concurso-oposición conjunto cuyo plazo de inscripción se abrirá este próximo viernes. El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, y la presidenta de Eudel y alcaldesa de Derio, Esther Apraiz, han anunciado este miércoles, en una rueda de prensa en Vitoria-Gasteiz, los detalles del nuevo concurso-oposición para ser agente de la Euskal Polizia.

Esta nueva convocatoria, la sexta conjunta puesta en marcha por la Academia Vasca de Policía y Emergencias, ofrecerá 643 nuevas plazas de agente de la escala básica para la Ertzaintza y 22 Policías locales y servicios de policía de Euskadi. Las plazas se podrán ampliar si se producen vacantes en alguna de las administraciones públicas convocantes a lo largo del proceso selectivo. Por el momento, se han convocado 473 plazas para la Ertzaintza y 170 para ser agente de policía local en los siguientes municipios vascos: Abanto-Zierbena (2) Amorebieta-Etxano (3) Andoain (2) Aretxabaleta (1) Azkoitia (1) Bakio (1) Barakaldo (12) Basauri (3) Bilbao (67) Elgoibar (2) Erandio (1) Etxebarri (1) Getxo (1) Irun (1) Lasarte-Oria (2) Ortuella (1) Portugalete (8) Tolosa (3) Valle de Trapaga (4) Vitoria-Gasteiz (48) Urretxu (2) Zarautz (4).

Zupiria ha señalado en su intervención que, gracias a estas convocatorias compartidas, el Gobierno vasco y los ayuntamientos de Euskadi “ la coordinación policial desde el inicio, promoviendo la convivencia y homogeneización de criterios de formación y actuación, en aras a ofrecer un servicio a la ciudadanía eficaz y eficiente”. “Mediante estas convocatorias conjuntas fortalecemos el servicio público que ofrecen tanto la Ertzaintza como las Policías locales, y preparamos a nuestras policías para los retos que la sociedad actual nos plantea” ha subrayado.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Municipios Vascos-Eudel, Esther Apraiz, ha explicado que las OPE conjuntas “son una herramienta voluntaria para los ayuntamientos, que permite ganar agilidad y eficiencia en los procesos, pero sobre todo reforzar desde la raíz la coordinación fundamental entre Policías locales y Ertzaintza”. Apraiz ha añadido que esta colaboración contribuye a configurar “una Euskal Polizia moderna, profesional y altamente cualificada para prestar el mejor servicio público, desde la cercanía y empatía con las vecinas y vecinos de nuestros municipios”.

Inscripción y requisitos

Las personas interesadas en participar en este nuevo concurso-oposición podrán inscribirse a partir del 21 de marzo en la web oficial de la Academia Vasca de Policía y Emergencias (arkauteakademia.eus). En esta plataforma se ofrecerá el formulario, oficial y normalizado, en el que, además, se tendrá que hacer constar el idioma (euskera o castellano) en el que se desee realizar los ejercicios de la oposición. Para optar a alguna de estas plazas, las y los aspirantes deberán: Tener más de 18 y menos de 38 años; disponer del título de Bachiller o una titulación equivalente o superior; y cumplir todos los requisitos de la plaza a la que se opte según el cuerpo. El plazo de inscripción permanecerá abierto 20 días hábiles.

La Academia estima realizar las primeras pruebas, psicotécnicas y de conocimiento, en los meses de junio-julio, para, después del verano, finalizar el proceso de selección con las pruebas físicas y entrevistas personales. De esta manera, las y los agentes comenzarían su formación en la Academia de Arkaute a principios de 2026, y se incorporarían al servicio en prácticas a finales de 2026. Como novedad, esta promoción contará con un nuevo modelo educativo que concentrará su currículum en ocho meses de formación. Para ello, el alumnado volverá a pernoctar en la Academia durante sus meses de su formación para fomentar la cohesión, el conocimiento y la colaboración entre ertzainas y policías locales.

El 7 de octubre de 2003, el Gobierno de coalición PSOE-Partido Andalucista aprobó el proyecto de ley de creación del Cuerpo de Policía Andaluza, que fue remitido al Parlamento una semana después. Pero el documento, que contó con un informe favorable del Consejo Consultivo, no llegó a debatirse en aquella legislatura, porque decayó cuatro meses después con la convocatoria electoral de 2004. El siguiente Gobierno socialista, ya sin la muleta del PA, nunca retomó el proyecto.

La exposición de motivos de aquella ley cita el artículo 14.1 del Estatuto de Autonomía, donde residía entonces la potestad de la Junta de Andalucía para dotarse de un cuerpo policial propio. La reforma estatutaria de 2007 relegó este asunto al artículo 65. “La presente ley supone un acontecimiento histórico, pues por primera vez se crea un cuerpo de policía propio de una comunidad autónoma desde la aprobación de la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, rezaba el encabezado del proyecto de ley.

El texto de aquella ley, que sigue almacenado en los registros del Parlamento andaluz, venía a regular una Policía Autonómica pero sin competencias en materia de seguridad ciudadana, que dependían y dependen de la Policía Nacional, ni de tráfico, que son potestad de la Guardia Civil. El expresidente Manuel Chaves dejó recogido en el diario de sesiones que su compromiso de “negociar” con el Gobierno central la “delegación de esas dos competencias del Estado”, buscando la “máxima coordinación” entre los cuerpos de seguridad nacionales y autonómicos.

22 años después de impulsar aquella ley (y 44 desde que lo permite el Estatuto), el pacto entre el PSOE y Junts para delegar las competencias sobre inmigración a Cataluña y ampliar las atribuciones de los Mossos ha obligado a los partidos andaluces a posicionarse, justo la semana del 28 de febrero, Día de Andalucía.

Pero el Gobierno de Juan Manuel Moreno ha rechazado asumir las competencias en seguridad y formar un cuerpo policial propio, y el actual PSOE andaluz se ha desentendido del proyecto que impulsaron junto a los nacionalistas hace dos décadas, en aplicación de un artículo sin desarrollar del Estatuto. “Estamos abiertos a debatirlo”, ha respondido (con sumo cuidado) la nueva vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, a la pregunta de si van a reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez lo mismo que han pactado ya con los catalanes.

Esta semana, la Mesa del Congreso de los Diputados ha admitido la proposición de ley del PSOE y Junts para la delegación de competencias en materia de inmigración a . Los acuerdos del Gobierno de Sánchez con los partidos independentistas catalanes son terremotos políticos con réplicas en toda España, pero con especial temblor en Andalucía, que reivindica su “papel histórico” de contrapeso en los equilibrios territoriales frente a las demandas nacionalistas.

Es el leit motiv del 28F, el “no ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie”, de Rafael Escudero; el “café para todos”, de Manuel Clavero Arévalo; el sentido mismo del proceso autonomista andaluz, que reclamó un autogobierno de la misma escala y al mismo tiempo que las llamadas comunidades históricas: Cataluña, Euskadi y Galicia.

Las pulsiones para profundizar en ese autogobierno las marca hoy, como ayer, el nacionalismo catalán, ahora mutado en independentismo. La dependencia que tiene Sánchez de estos apoyos para la gobernabilidad del país coloca al PSOE andaluz en una permanente encrucijada, driblando contradicciones entre lo que dijo e hizo ayer y lo que dice y hace hoy.

Estos días, la federación más numerosa del PSOE, ahora pilotada por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha hecho un eslalon para evitar comprometer su posición en un debate espinoso que no sólo aborda la delegación de competencias en materia de inmigración a , sino que lo hace en el marco mental impuesto por la derecha independentista catalana, que vincula la inmigración con la inseguridad ciudadana, algo que el PSOE andaluz reprochó duramente al primer Gobierno de Juan Manuel Moreno, que dependía del apoyo externo de Vox.

En aquella primera legislatura, la Junta de Andalucía aceptó una demanda de la ultraderecha para aumentar el gasto en vigilancia y seguridad en los centros de menores migrantes no acompañados, pese a que el registro oficial de delincuencia marcaba un 0,54%.

El PP de Moreno echó el freno a otras exigencias de sus socios a cambio del apoyo en la investidura, como “la deportación de 52.000 extranjeros en situación irregular en Andalucía”, algo que ni siquiera formaba parte de las competencias de un Ejecutivo autonómico.

Dudas y recelos en el Parlamento andaluz

De momento, la ley sobre inmigración de PSOE y Junts ha dejado una foto fija en el Parlamento andaluz: el PP y Vox en contra, el PSOE “abierto al debate”, Por Andalucía y Adelante Andalucía recelan en general de la política migratoria de España.

La portavoz de la coalición de izquierdas, Inmaculada Nieto, se desmarcó del acuerdo para y arremetió duramente contra la gestión de los CIE -Centros de Internamiento de Extranjeros-, en especial el de Algeciras (el único que hay en Andalucía). Su compañero, el diputado y miembro de Podemos, Juan Antonio Delgado, sí defendía la “utilidad” de contar con una política integral andaluza.

Delgado es guardia civil de profesión y tiene una doble experiencia significativa para este debate, porque ha trabajado muchos años en el litoral andaluz, asistiendo a inmigrantes cuando llegan en pateras, y antes estuvo destinado en Barcelona en los años 90, cuando el Gobierno de José María Aznar pactó con Jordi Pujol la delegación a la Generalitat del mando de las unidades de Tráfico de la Guardia Civil, que pasarían a ser gestionadas por los Mossos.

“Aquello supuso expulsar de a muchos guardias civiles que llevaban años asentados allí, que tenían familia e hijos en los colegios. Recuerdo a compañeros llorar, buscar destino en Aragón, lo más cerca de sus casas, y a algunos cogerse la baja para retrasar su salida. Al final faltaban recursos y muchos se reconvirtieron en Mossos”, dice Delgado.

Adelante Andalucía, el partido de Teresa Rodríguez, sí apoya la creación de una policía andaluza, pero “siempre que fuera bajo criterios y valores muy diferentes de los que impregnan hoy todas las policías”. “Haría falta una policía andaluza que respetara los derechos humanos en todas las ocasiones, que tuviera formación en violencias machistas o que tuviera como tarea la persecución de la explotación laboral”, argumentan.

La creación de una Policía Andaluza es uno de los muchos aspectos sin desarrollar del Estatuto, del primero y del segundo. Este último profundizó en el autogobierno en paralelo a la reforma del Estatut catalán y, al contrario que aquel, contó con el respaldo mayoritario de los partidos: PSOE, PP e IU. Por eso, implícitamente, socialistas y populares ya pactaron una Policía integral para Andalucía, blindada en una Ley Orgánica que fue aprobada en el Parlamento autonómico y en el Congreso de los Diputados.

En el texto de la Ley de Creación de una Policía Andaluza del año 2003, como en el reciente acuerdo PSOE-Junts sobre inmigración, el órgano de cooperación previsto entre cuerpos policiales era autonómico: la Junta de Seguridad de Andalucía.

Sin embargo, el marco competencial que planteó el Ejecutivo de Chaves hace 20 años fue mucho menos ambicioso: la policía andaluza habría intervenido en asuntos urbanísticos, en delitos contra el medio ambiente, contra la violencia de género o agresión a menores, de seguridad laboral, pero no se planteó un cuerpo homologable a la Policía Nacional en materia de seguridad ciudadana o a la Guardia Civil, en gestión del tráfico [aspectos ambos que recoge el Estatuto andaluz]. Mucho menos de control de fronteras y gestión de política migratoria, asuntos que residen en el Gobierno central.

Los socialistas encargaron el proyecto a Alfonso Perales, entonces consejero de la Presidencia, y los nacionalistas designaron a su secretario de Comunicación, Javier Aroca, que se “pateó España”, visitando la academia de policía de los Mossos d'esquadra y de la Ertzaintza, y entrevistando a policías nacionales y guardias civiles para trabajarse bien la ley.

El PA fue muy crítico con el resultado del proyecto de ley que impulsaron sus socios de coalición. Sus consejeros no pusieron reparos dentro del gabinete, pero Aroca sí mostró ante los medios su descontento: denunció que se trataba de una “policía descafeinada” y acusó a los socialistas de aprobarlo de manera tardía en el Consejo de Gobierno, a sabiendas de que no daría tiempo a aprobarlo en el Parlamento antes de que expirase la legislatura.

360 agentes

El PSOE andaluz, en efecto, no llegó a desarrollar aquella ley ni cuando siguió gobernando con mayoría absoluta. Chaves sí incluyó en su programa electoral para 2004 el compromiso de crear un cuerpo de policía propio, y la oposición se lo reclamó en el Parlamento en varios debates tensos en los que terminaban acusando a los socialistas de traicionar el Estatuto.

La financiación y los recursos necesarios para ostentar las competencias de una policía autonómica formaban parte de aquellos debates, en los que la cifra de incorporación de agentes osciló entres los 5.000 -durante diez años- a más a 12.000.

Andalucía cuenta hoy con una Policía Autonómica, una unidad del cuerpo nacional adscrita a la Junta de Andalucía, con 360 agentes, según datos de la Consejería de Presidencia. El pasado febrero, firmó un acuerdo con el Ministerio de Interior para incorporar a 70 más este año y otros 50 en los próximos ejercicios.

El Gobierno de Moreno ha reclamado insistentemente más efectivos, pero no es partidario de asumir más competencias en materia de seguridad ciudadana -como ha pactado Junts para - ni de tener un cuerpo policial propio, como permite el Estatuto andaluz. Sí ha aprovechado este debate para denunciar que la policía adscrita a la Junta cuenta hoy con casi la mitad de agentes que hace 22 años, cuando el PSOE llevó su proyecto de ley al Parlamento (en torno a 520)

La Policía Autonómica adscrita la Junta depende orgánicamente del Ministerio del Interior. En Andalucía hay, además, 29.930 efectivos de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado: 13.800 son policías nacionales y 16.130 son guardia civiles, según datos de la Delegación del Gobierno en esta comunidad.

El Gobierno andaluz ha conseguido calmar temporalmente el malestar de los sindicatos representativos en la Policía Nacional (Jupol, SUP, CEP, UFP y SPP), que habían amenazado con convocar movilizaciones si la Junta de Andalucía y el Ministerio del Interior no tomaban pronto decisiones respecto a la situación de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la Junta, que resumen en “sangría de efectivos” y “mala gestión”. Novedades importantes no hay, pero una reunión esta semana del consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, y su equipo con los representantes de los agentes concluyó con el compromiso de la Junta de crear “en los próximos días ”una mesa de trabajo para tratar de resolver las reivindicaciones policiales, que no son recientes, sino que vienen de mucho tiempo atrás“.

El problema de la policía autonómica se resumiría así: el Ministerio del Interior no ha convocado las vacantes disponibles en la Unidad Adscrita de Andalucía argumentando que antes es necesario firmar un nuevo convenio con el Ejecutivo andaluz para tener la cobertura jurídica necesaria que permita la llegada de nuevos policías. Y la firma no llega, ni tiene fecha, pero la “buena predisposición” del consejero ha hecho que los ánimos reivindicativos policiales se hayan calmado, según traslada a elDiario.es Andalucía el secretario federal de la Unidad Adscrita por parte del SUP, Antonio López. “No hay ningún conflicto entre ambas partes, al contrario, se trabaja con objetivos comunes y en sintonía”, dicen tras la reunión fuentes de la Consejería.

Las respuestas a las consultas de este periódico a las administraciones son en positivo. No obstante, el caso es que el convenio está caducado desde diciembre de 2010. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, urgió al Ministerio del Interior en un acto a finales del pasado mes de noviembre a firmar “antes de fin de año” un convenio entre ambas administraciones para ampliar los medios humanos que el colectivo viene reclamando. Fuentes de la Consejería de la Presidencia indican que siguen “esperando” al departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska. Por su parte, desde Interior se indica que existe una “total disposición” para firmar el nuevo convenio y que las conversaciones entre las dos administraciones “han avanzado mucho y van por el buen camino”.

“Grave proceso de pérdida de recursos humanos”

Los cometidos que esta policía autonómica ejercen se enmarcan en protección de edificios y autoridades, medio ambiente, patrimonio histórico, protección a menores, juegos y espectáculos, o vigilancia y aplicación de la normativa autonómica. “Ahora somos la mitad” de los 725 puestos a cubrir, según el Catálogo de Puestos de Trabajo (CPT), el porcentaje “más bajo” de todas las unidades adscritas y de cooperación existentes en España. La Unidad Adscrita de Policía Nacional en Andalucía llegó a tener casi 500 agentes en 2013 y “desde entonces ha sufrido un constante y grave proceso de pérdida de recursos humanos”, reivindican los sindicatos.

Según explica Antonio López, del SUP, “son muchos años” con las mismas reivindicaciones “muchas veces por cuestiones burocráticas” aunque “a algunas se les ha ido dando solución”. Del encuentro con el consejero salieron con “buena sensación” pese a la “evidente falta de personal” que arrastra la Unidad y que “se nota en cada provincia andaluza”. “El último concurso de ingreso se convocó en 2012 y los requerimientos para nuestros servicios siguen igual”, añade.

López confía en que la Junta avance para “paliar nuestros problemas” mientras le consta el “interés” de la Administración autonómica en renovar el acuerdo con Interior, que es quien hasta ahora “ha dado largas” al Gobierno andaluz. Por eso, los agentes “agotarán posibilidades” de avance tras el compromiso adquirido por la Junta, para el que “no hay plazos”, según detalla López.

“Colapso de los servicios”

Por su parte, el secretario general de Relaciones Institucionales de la UFP en Andalucía, Víctor Manuel Sepúlveda, insiste en que la situación de la Unidad Adscrita es de “colapso de los servicios” por la “falta de personal”. “Hay compañeros que se jubilan o que cambian de destino, pero los puestos no se cubren”, resume, incidiendo en que se trata de “un problema político”, “un tira y afloja en el que no se ponen de acuerdo” pero que ha generado que actualmente sean “la mitad de agentes” de los previstos en el CPT, asegura el también secretario provincial de UFP en Sevilla.

El momento de la firma de un acuerdo “parece no llegar nunca porque los responsables políticos de la seguridad de los andaluces –el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz– no han sido capaces de poner la seguridad de los ciudadanos de Andalucía por encima de los desencuentros partidarios”, resumían los sindicatos hace unos días en un comunicado conjunto a partir del cual consiguieron que se celebrara un encuentro directamente con el consejero Sanz.

Los sindicatos habían advertido de que “después de meses en los que la actitud de la Junta” había sido “cerrar cualquier puerta al diálogo” se disponían a iniciar “una campaña pública de denuncia que incluirá concentraciones hasta que se consiga crear una mesa de negociación entre los sindicatos policiales y el Ejecutivo andaluz”, algo que finalmente se producirá “en los próximos días” de acuerdo a las citadas fuentes de ambas partes.

Una “sangría de efectivos”, denunciaron, por la “pasividad” y “falta de compromiso” de ambos gobiernos, a quienes reparten culpas pese a que el funcionamiento es competencia exclusiva de la Junta y de quien dependen en última instancia. En concreto se trata de un recurso policial previsto en el Estatuto de Autonomía de Andalucía y que nació del acuerdo alcanzado por el Estado y la Junta en diciembre de 1992. A partir de la orden ministerial que la creó formalmente en agosto de 1993, el consenso entre Moncloa y San Telmo permitió firmar sucesivas prórrogas en hasta cinco ocasiones sin que, desde diciembre de 2010, fecha en la que expiró la vigencia del último acuerdo firmado, se haya logrado dar estabilidad a “un proyecto que no tendrá futuro si no se frena ya esa pérdida sistemática de efectivos”.

Adelantar dietas

Los sindicatos han denunciado asimismo situaciones que afectan a los derechos retributivos de los agentes destinados en la Unidad Adscrita, que se ven “obligados a adelantar de su bolsillo el dinero en concepto de dietas por los desplazamientos que realizan en acto de servicio a despliegues como el del Rocío, el Plan Infoca o el Campeonato de Motociclismo de Jerez”, según han lamentado. “Esa inédita situación es todavía más grave si tenemos en cuenta que en algunas ocasiones no se han devuelto esas cuantías hasta transcurrido un año”, indican.

La “mala gestión económica” y la “pésima gestión de la jefatura” de esta unidad policial que es responsabilidad de la Junta afecta también a las cuantías de los complementos salariales que perciben los agentes, de tal forma que “policías de una misma escala pueden cobrar hasta 8.000 euros anuales menos que otros por un sistema de asignación de funciones que queda en manos del criterio subjetivo de determinados mandos y que tiene un impacto directo” en los salarios. Igualmente, la llamada gratificación en concepto de complemento por pertenecer a esta unidad “jamás fue actualizada desde su creación”, esto es, más de treinta años, por lo que “la Junta de Andalucía se permite el lujo de disponer de efectivos policiales por menos de 300 euros al mes por agente y que son cobrados pasados más de cuatro meses”.

También en la esfera competencial de la Junta, los sindicatos lamentan que la asignación de condecoraciones -de la propia Unidad Adscrita, de Policías Locales y de Protección Civil- ha generado “un profundo malestar entre los agentes porque se viene aplicando un sistema de recompensas profesionales que no está presidido por la transparencia y méritos”. Esa forma de operar por parte de los responsables de la Unidad Adscrita y de los de la Consejería de Presidencia “se enfrenta abiertamente a lo que todos los sindicatos de Policía Nacional defendemos: un sistema justo y objetivo en el que no quepa arbitrariedad o capricho alguno por parte de la Administración”.

Los sindicatos Jupol, SUP, CEP y UFP, que representan a la mayoría de los policías nacionales de la Unidad Adscrita y de todas las demás plantillas del Cuerpo en Andalucía, exigen al consejero Sanz “que adopte las medidas necesarias en su ámbito competencial para poner fin a la mala gestión porque desde la promesa incumplida de su secretario de Interior, David Gil, por reunirse con todos los sindicatos quedó en saco roto”. “De lo contrario, y después de meses en los que la actitud de la Junta ha sido cerrar cualquier puerta al diálogo, iniciaremos una campaña pública de denuncia que incluirá concentraciones hasta que se consiga crear una mesa de negociación entre los sindicatos policiales y el Ejecutivo andaluz”, han advertido.

“Estaremos donde suponga una mejora al colectivo”

Desde el Sindicato Reformista de Policías (SRP), también consultado por este periódico, se reitera “la necesidad de más policías” adscritos a la Junta. Antes de la reunión, en la que no tenían representación, comentaban que apoyaban “toda movilización a favor de mejoras de la Policía Nacional”. Pese a no ser un sindicato representativo, “como organización sindical estaremos donde suponga una mejora al colectivo”, reiterando “la necesidad de más policías adscritos a la Junta de Andalucía”. “Nos encontramos con un catálogo de puesto obsoleto que está del 2008, pero que a la vez, desde hace unos 12 años no se han vuelto a convocar plazas en la citada Unidad Adscrita en Andalucía”, inciden.

Fuentes de esta organización piden “que se cubra la totalidad” del CPT y que “al menos unos 150 efectivos policiales se cubran de forma inmediata”. “No puede ser la Unidad de Adscrita de Andalucía la que tenga que soportar la carga de no entendimiento entre el Gobierno central y el autonómico, al ser ambos de diferente color político”, señalan.

El sindicato Euspel y el movimiento asindical Ertzainas en lucha se han manifestado este lunes por las calles de Bilbao para exigir un “convenio digno” que renueve el actual, congelado durante años, y una equiparación real. Cientos de ertzainas han desfilado por Bilbao tras una pancarta que rezaba “Por un convenio digno. 12 años sin convenio”. “Rechazo de los ertzainas, a un acuerdo a espaldas del colectivo, inconcreto, que nos aleja de la equiparación”, había protestado ya Euspel de antemano en redes sociales, a raíz del acuerdo al que ha llegado ya la mayoría sindical (integrada por Erne, Esan y Sipe) con el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, que contempla un incremento bruto mínimo de 4.200 euros por agente.

Desde Ertzainas en lucha, ha acusado a aquellos sindicatos de “traición”. “No conocíamos a nadie que fuera capaz de firmar un contrato, unas escrituras ni un acuerdo regulador sin leer la letra pequeña. Hasta hoy. La des-unión sindical ha firmado un acuerdo de bases sobre el convenio, sin saber en detalle las modificaciones y afecciones a esos emolumentos. Dicen que van a someterlo a votación de sus bases. Nicolás Maduro también lo hizo”, protestó cuando trascendió el acuerdo. “Cargamos un 20% de pérdida de poder adquisitivo desde hace trece años, pero eso no les importa al ofertar miserias, mientras solicitan un compromiso del que ellos carecen”, abundaban. Les acusaron, además, de “firmar la condena de todo un colectivo sin garantizar lo que ocurrirá en el 2028”, año en el que previsiblemente se celebrarán elecciones. Y avanzaban: “No tenemos equiparación salarial, ellos tampoco tendrán paz social, el conflicto continúa”.

El acuerdo de la mayoría sindical

La semana pasada, los sindicatos Erne, Esan y Sipe anunciaron que el pacto recogía una equiparación de las productividades (nocturnos o festivos) y otros complementos con las del resto de funcionarios del Gobierno. Otras medidas del pacto -señalaron entonces- son la anulación de la penalización en las productividades por causar baja o coger licencia. Hay ajustes para la denominada carrera profesional. También se recoge un plus de participación en actividades de control de masas y orden público, en determinadas unidades vinculado a formación.

El consejero Zupiria, por su parte, indicó que el acuerdo permitirá “renovar el convenio laboral” y continuar “modernizando y agilizando la organización” de la Policía vasca. Se estima una inversión de 45 millones de euros. Tras pactar las bases con “mucho diálogo” y “voluntad” por las dos partes, el compromiso es “traducirlas” en un convenio “en el plazo más breve posible”, ha agregado. En palabras de Zupiria, se ha encontrado “un punto intermedio” satisfactorio para las partes. “Hemos alcanzado este acuerdo con el objetivo de que sirva para que Euskadi siga siendo un país seguro y para que la ciudadanía vasca tenga una buena percepción de su seguridad”, ha manifestado también.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha anunciado que esta semana han puesto en marcha una prueba piloto con los ertzainas de la comisaría de Sestao (Bizkaia), que serán los primeros en llevar cámaras de seguridad en el uniforme. En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Zupiria ha explicado que, ahora mismo, se está iniciando el despliegue de esta nueva herramienta y, esta misma semana, van a comenzar con una prueba piloto en la zona de la Margen Izquierda desde la comisaría de Sestao.

Zupiria ha asegurado que esta medida va a suponer, “desde un punto de vista jurídico, una mayor seguridad para todos”. Así, ha indicado que va a suponer “una mayor seguridad para los ertzainas”, que “van a activar estos dispositivos de grabación y, cuando se produzcan situaciones de conflicto, van a poder garantizar y demostrar que han tenido un comportamiento debido porque va a quedar registrado”.

Además, en caso de que los ciudadanos se puedan sentir “maltratados” por la Policía, habrá un “elemento de prueba muy importante que los jueces solicitan una y otra vez” y que va a permitir tener “una idea cabal de lo que ha sucedido y cuáles son las responsabilidades que se han producido”. Por todo ello, el consejero de Seguridad ha defendido que las cámaras que utilizarán los ertzainas son “un elemento de transparencia y de seguridad jurídica para todos”.

Sindicatos

En otro orden de cosas, Zupiria ha señalado que ha establecido una relación “discreta e informal” con los sindicatos de la Ertzaintza y ha indicado que están en unos primeros contactos con “la voluntad de hablar con todos y llegar a acuerdos” que sean “sostenibles y razonables” para la sociedad vasca y que permitan “modernizar la Ertzaintza como un cuerpo de seguridad integral, como un servicio público que presta servicios de seguridad a la ciudadanía vasca”. “Se está hablando y supongo que nos estamos tomando la medida todos como sucede en todas las negociaciones”, ha dicho, para recordar, en relación a la plantilla, que los efectivos acordados en la Junta de Seguridad con el Gobierno central, son 8.000 ertzainas, pero “estamos por debajo de esa cifra”.

Por ello, ha destacado el compromiso adquirido por el Ejecutivo vasco de “intentar llegar a esos 8.000 efectivos cuanto antes” porque “en su día se decidió que esa era la cifra necesaria para atender todos los servicios que la Ertzaintza debe ofrecer como servicio público y policía integral que es”. Por otro lado, preguntado si existe más inseguridad en Euskadi o es más bien un problema de percepción de seguridad, Zupiria ha dicho que “todos somos conscientes de la importancia que tiene la seguridad para nuestra calidad de vida” por lo que ha considerado importante que quienes tienen la responsabilidad de gestionar sean conscientes de que “esa sensación de seguridad o inseguridad, más allá de los índices delincuenciales, es muy importante”,

En ese sentido, ha apuntado que, “si en un barrio concreto se producen situaciones que perturban la convivencia entre las personas que viven en ese barrio por parte de personas nuevas y desarraigadas que han llegado, esa sensación genera una preocupación por la seguridad y por el bienestar”. “Eso ha sucedido en algunos puntos de nuestra comunidad, como en Trintxerpe, en la zona de Egia-Gross en Donosti o en la zona de Coronación y Aldabe en Gasteiz, donde hay personas que ven que la convivencia que ha caracterizado a esos barrios en algunos momentos se ve perturbada por actuaciones incívicas de algunas personas y también por algún delito”, ha señalado.

Zupiria ha asegurado que esa es “una realidad” que desde el Departamento de Seguridad, la Ertzaintza y las policías locales se está “siguiendo con atención y hay miles de actuaciones preventivas en todos estos lugares para intentar evitar esos problemas de convivencia y la comisión de delitos y, si estos se producen, buscar a los malhechores y detenerlos”. El consejero ha afirmado que la inseguridad y la percepción de la isneguridad son “dos cuestiones que van íntimamente ligadas”, por lo que hay que trabajar “en los dos frentes: tenemos que ser eficientes en la lucha contra el delito y contra quienes delincan y, a la vez, trabajar, para que la población se sienta lo más segura posible, teniendo en cuenta que nos movemos en un entorno que está lleno de incertidumbres y de inseguridades”.

Por otro lado, en relación a los delicuentes reincidentes, ha remarcado la importancia de la colaboración de Ertzaintza y el sistema judicial, jueces y fiscales, para encontrar los “medios oportunos” con el objetivo de que “estas personas que está demostrado que son reincidentes y actúan una y otra vez contra el bien común, reciban cuanto antes la respuesta que la justicia les debe dar, en el sentido que la justicia decida”. “Es verdad que estas personas que delinquen 15 veces, con el ritmo de la justicia, en su momento llegarán a un tribunal y seguramente serán condenadas y terminarán en prisión, pero desde el momento en el que se produce el delito hasta que la justicia finaliza su trabajo, pasa un tiempo en el que estas personas, en muchos casos, siguen delinquiendo”, ha dicho, para reconocer que eso genera frustración o impotencia en los agentes de Ertzaintza y también “una sensación de inseguridad en la ciudadanía”.

Protección a las mujeres

Por otro lado, en relación al aumento de las denuncias por violencia de género y agresiones sexuales, el consejero de Seguridad ha afirmado que la Ertzaintza tiene “un funcionamiento ejemplar en esta cuestión” y hay “toda una organización de agentes del ámbito de la investigación que dedican su tiempo y su trabajo a mantener una relación estrecha con mujeres que han denunciado casos de violencia de género y, por lo tanto, son víctimas”. “Es una actuación estratégica para la Ertzaintza en la que se invierten muchos medios personales y materiales porque se considera que es un elemento estratégico y, al final, lo que está en riesgo es la integridad de muchas mujeres y sus derechos humanos más básicos”, ha subrayado.

Además, cree que ahora se denuncian más los delitos de violencia de género “porque hay una conciencia mayor y una aceptación general de que éste es un hecho inadmisible y cada vez hay más mujeres que, encontrándose en una situación como ésta, deciden recurrir a los recursos que existen para denunciar ese delito y solicitar la protección que se les debe”. “Es un tipo de delito que ha ido creciendo estos últimos años, probablemente porque hay una conciencia mayor de que deben ser denunciados esos hechos y de que las instituciones instituciones y la sociedad deben ofrecer una protección especial a esas víctimas”, ha reiterado, para recordar que en la actualidad hay más de 1.000 mujeres en Euskadi que reciben un seguimiento de la Ertzaintza y una atención especial.

Por otro lado, ha confirmado que se ha producido la interconexión entre el sistema de VioGén del Ministerio del Interior Biogen y el sistema EBA del Gobierno vasco contra la violencia doméstica y de género, de forma que “cualquier mujer con riesgo de sufrir violencia de género de la Comunidad Autónoma vasca, cuando salga al exterior, va a encontrar con que Policía Nacional y Guardia Civil tienen un acceso directo y automático a la información tiene la Ertzaintza, y viceversa”. Por último, se ha referido al aumento de hechos violentos entre menores y las consecuencias de la “facilidad” en el acceso a las nuevas herramientas de información, sobre todo a contenidos pornográficos, por lo que ha considerado “muy importante establecer algunos sistemas de control parental o de control educativo sobre el acceso de los menores de edad a los contenidos que les llegan a través de internet”.

Gonzalo Capellán iniciaba este martes su primer Debate del Estado de la Región como presidente del Gobierno de La Rioja. A las 11.00 horas arrancaba en el Parlamento de La Rioja la primera sesión en la que el presidente puede intervenir por tiempo ilimitado. Así, a lo largo de casi tres horas, ha repasado algunos de las medidas puestas en marcha por su gobierno a lo largo del último año, ha lanzado críticas al Gobierno de España y al anterior Gobierno regional y ha presentado algunos anuncios de próximas políticas que pondrá en marcha.

Pacto de región sobre financiación autonómica

Tras asegurar que “el mayor riesgo que afronta nuestras región” es la financiación de Cataluña, ha planteado a los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios un pacto de región soobre este asunto. “Les convocaré para concitar el mayor acuerdo social posible en defensa de una financiación justa para La Rioja y para los riojanos”, ha dicho.

Capellán ha reiterado “la más firme oposición a esta maniobra política” y ha señalado que “La Rioja, y los riojanos, no pueden perder ni un solo euro para el mantenimiento de sus políticas públicas. Y la defensa de este principio, juntos con los de igualdad, solidaridad y redistribución de la riqueza es el único mandato al que nosotros nos debemos”.

Ayudas a la compra de vehículos nuevos

Durante su intervención, Capellán ha anunciado que, a partir del próximo 1 de octubre, “el Gobierno de La Rioja activará, a través de la ADER, una nueva línea de ayudas directas por importe de 2.000 euros destinada a la compra de un vehículo nuevo por parte de particulares y empresas que permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre”.

El objetivo de este plan autonómico de compra bonificada, cuyos detalles se conocerán próximamente, es “contribuir a renovar el envejecido parque de vehículos de nuestra Comunidad, impulsar el sector de la automoción, mejorar las emisiones y ganar en seguridad. A esta medida dedicaremos 2 millones de euros de los Presupuestos Generales de la Comunidad hasta final de año”, ha apuntado.

Medidas para los pequeños municipios

Entre los anuncios que ha presentado hoy el presidente de La Rioja, varios han ido dirigidos al medio rural y sus pequeños municipios, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus habitantes y los servicios de los que disponen. En este sentido, ha avanzado un plan “contra la exclusión financiera en los pequeños municipios, con una partida específica en los próximos presupuestos para facilitar el acceso a los servicios bancarios a los riojanos que residen en el medio rural”.

A su vez, ha detallado una inédita partida presupuestaria “exclusiva para ayudar a los ayuntamientos menores de 5.000 habitantes de nuestra región a tramitar expedientes de declaración de ruina de edificios, con el objetivo de poder hacer frente a este tipo de procesos y poder rentabilizar las opciones que ofrecen esas dependencias para el municipio”. 

Otra de las medidas en las que trabaja el Gobierno de La Rioja destinada a los vecinos de los pequeños municipios es la dirigida a disponer en estas localidades con un centro de ocio y sociabilidad intergeneracional “que constituya un punto de encuentro para vecinos de distintas edades, con la idea de que se conviertan en un recurso dinamizador de la vida social, favoreciendo el fortalecimiento de los nexos de unión de los vecinos”.

Nuevo impuesto a instalaciones de generación de energía

En materia medioambiental, Gonzalo Capellán ha anunciado la creación de un nuevo impuesto para las grandes infraestructuras de generación de energía eólica y fotovoltaica, “que revertirá en la mejora de la protección del paisaje, excluyendo del mismo a las instalaciones destinadas al autoconsumo y las de menor potencia, que no tienen efectos negativos sobre el paisaje o sobre los usos prioritarios del suelo”. En este ámbito, ha señalado que a principios de otoño comenzará su tramitación parlamentaria la nueva Ley del Paisaje, “para la que solicito su apoyo expreso en orden a proteger los valores de nuestro territorio”, ha señalado.

Posible comienzo de las clases del grado de Medicina

También se ha referido al avance de la implantación del Grado de Medicina en la Universidad de La Rioja. El Gobierno de La Rioja va a convocar el concurso de ideas para la construcción del edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud con previsión de que el edificio pueda estar construido a finales de 2027. No obstante, ha anunciado también que trabaja con la Universidad para que los estudios de Medicina en La Rioja puedan dar comienzo con anterioridad a esa fecha.

La Universidad de La Rioja ha protagonizado otro de los grandes anuncios de la jornada, ya que contará con la mayor inversión pública –complementaria a la financiación ordinaria- “nunca antes realizada con cargo a los presupuestos regionales para la mejora del equipamiento y material científico-tecnológico”.

En lo referido a Educación, ha asegurado que los Presupuestos de La Rioja para 2025 la partida “ volverá a marcar un máximo histórico, tanto en personal como en el conjunto del presupuesto educativo, que superará los 430 millones de euros”.

Plan de modernización de infraestructuras deportivas

Entre los últimos anuncios que contenía su discurso se incluía un Plan de ampliación y modernización de las infraestructuras deportivas de nuestra Comunidad en Logroño, cabeceras de comarca y principales núcleos de población de nuestra región con una dotación que superará los 12,85 millones de euros. Un plan que se extenderá por todo el territorio regional con otras dotaciones adicionales acordes a la dimensión y usuarios de los distintos municipios. 

En este momento se ha referido a los alcaldes que le acompañaban en el hemiciclo, como al también portavoz del PSOE, Javier García, con quien se ha comprometido a financiar un nuevo polideportivo para Arnedo y con especial énfasis al alcalde de Nájera, Jorge Salavarri, al que le ha confrmado que su ciudad tendrá nuevos campos de fútbol de hierba artificial. También ha anunciado que construirán una pista de pádel en Sotés.

Después de la intervención y los anuncios de Gonzalo Capellán, el Debate del Estado de la Región se retomará este miércoles a las 9.00 horas con las respuesta de todos los grupos parlamentarios.

“Te hunden psicológicamente porque te hacen sentir que eres una basura, que no vales para nada, como un ser inservible. Psicológicamente te van destruyendo. Cuando sufres vejaciones, sea en cualquier lugar, psicológicamente te va afectando mental y personalmente”. “Todos los que hemos sufrido racismo tenemos un sentimiento de culpabilidad. Te culpas y te preguntas por qué naciste oscuro, indio, moro o africano”.

El primero es el testimonio de una mujer cubana a su llegada a Bizkaia. El segundo, el de un hombre colombiano. Ambos llevan tiempo viviendo en Euskadi y han sido víctimas de racismo, según recoge la asociación SOS Racismo en su informe anual 'Voces de la discriminación', relativa a los datos de 2023. “Este año se vuelve a evidenciar que la mayoría de denuncias que se reciben en la oficina son de víctimas de acciones racistas y xenófobas llevadas a cabo por fuerzas policiales”, reconoce el informe.

Los datos del informe arrojan que a lo largo del año pasado se realizaron en la asociación 35 denuncias por casos de racismo. Todas las víctimas, menos una, eran una personas migradas. Al igual que en años anteriores, gran parte de ellos denunciaron ser víctimas de la Policía. “Otro año más el racismo policial está en primer lugar como agente discriminador con un 46% de los casos denunciados. De los cuales un 83% provienen de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de este porcentaje el 81% corresponde al racismo policial y frente a un 19% de otras instituciones públicas. Seguido de agresiones racistas cometidas por particulares, con un 14%. El racismo vecinal y laboral ocupan cada uno un 11% de las discriminaciones, seguido en un 6% de la seguridad privada y el racismo inmobiliario. En menor porcentaje el racismo escolar y la islamofobia con un 3% cada uno”, sostiene el informe.

Del total de denuncias con respecto a prácticas policiales racistas, el cuerpo de seguridad con mayor porcentaje de denuncias recogidas en SOS Racismo Bizkaia se le atribuye a la Ertzaintza, con el 54% del total. El 38% de los casos son denuncias contra la Policía Municipal de Bilbao y el 8% restante contra la Policía Local de Portugalete.

En cuanto al perfil denunciante, el 40% de los afectados fueron personas de origen marroquí, el 14% de ellos de origen argelino y un 6% de Cuba, Gambia, Mali y Colombia. “Las acciones o prácticas que se denuncian, realizadas por agentes de la Policía, son racistas, ya que se basan en múltiples indicadores que, por el contrario, en personas blancas no se dan. Estos indicadores se centran en el colorismo, etnia y raza, en relación con la edad, la pobreza y el género, afectando más a los varones”, explica el informe.

Insultos racistas, agresiones y multas injustificadas

En cuanto a tipo de ataque, desde SOS Racismo Bizkaia destacan que la mayoría de los casos se basan en “insultos racistas, agresiones físicas, multas injustificadas, paradas pasadas en el perfil étnico-racial, el abuso de poder o las prácticas ilegales”, siendo el 57% hombres y el 43% mujeres. “Es necesario recalcar que las mujeres migradas, racializadas y gitanas están atravesadas por diversas opresiones, concluyendo esta interseccionalidad en el atraso de la denuncia, ya que priorizan otras necesidades mayores como la supervivencia o los cuidados”, señala el informe.

Como conclusión, la asociación indica que el perfil general de las personas denunciantes por abusos policiales racistas son hombres de origen marroquí, con una media de edad de entre 29 y 48 años, cuya situación administrativa es regular. “Podemos afirmar que los jóvenes marroquís son la comunidad más violentada por los cuerpos policiales y de seguridad a través de cacheos en la vía pública, paradas por perfil étnico y prácticas ilegales”, asevera el documento.

“En este informe se identifica y reconoce, por cuarto año consecutivo, el racismo policial como principal obstáculo para la vida de las personas migradas, racializadas y gitanas en nuestro territorio. La criminalización de los cuerpos visiblemente racializados en los espacios públicos acaba con situaciones violentas de agresiones racistas, que sin razón de ser terminan en multas, denuncias o maltrato físico”, concluye.

La Dirección General de Seguridad del Gobierno de Canarias ignoró un informe de sus servicios jurídicos para ascender a dedo, de subcomisario a comisario, al actual jefe de la Policía Autonómica, Antonio Almenara. La administración basó ese ascenso en el artículo 39 de la ley de creación del cuerpo autonómico, que contempla la posibilidad de destinar de manera temporal a funcionarios a puestos de superior empleo. Sin embargo, lo hizo sin que mediara para ello una convocatoria pública de todo el personal que cumpliera los requisitos y sin una valoración de méritos (puesto en el escalafón u otros), pese a que así lo exige la norma, según precisa un informe del servicio de régimen jurídico y modernización de la propia Dirección General de Seguridad que está fechado tan sólo 21 días antes de su nombramiento como comisario.

Los hechos sucedieron en octubre del año pasado. El entonces jefe de la Policía Canaria, Luis Santos Jara, en el cargo desde abril de 2012, había causado baja laboral como consecuencia de un conflicto con la consejera de Seguridad, Nieves Lady Barreto (Coalición Canaria), que ha acabado judicializado, con el alto cargo acusando a la política de varios delitos, entre ellos acoso laboral. Para suplir esa baja, la dirigente nacionalista nombró jefe accidental a Antonio Almenara, que era subcomisario. Ni hubo convocatoria pública ni se llevó al Consejo de Gobierno. El elegido no era, tampoco, quien ostentaba el mayor puesto en el escalafón, ya que hay otro subcomisario, Jesús González, por encima.

Tan sólo cuatro días después de su nombramiento como jefe accidental, Almenara fue a ascendido a “comisario URO (Unidad de Recursos Operativos)” en virtud de ese artículo 39 de la Ley 2/2008 del Cuerpo General de la Policía Canaria, lo que conllevaba no sólo un aumento retributivo de alrededor de 400 euros mensuales, sino, además, que de esta manera superaba en rango al otro subcomisario.

La resolución que autoriza ese ascenso está firmada por el director general de Seguridad, David del Pino, que antes de acceder a este cargo político también ejercía como subcomisario en la policía autonómica. Está fechada el 30 de octubre. El día 9 de ese mismo mes, 21 días antes, sus propios servicios jurídicos habían emitido un informe, precisamente encargado por el alto cargo, sobre la aplicación del mentado artículo 39 sobre destino temporal a puestos de superior empleo.

En ese informe, el jefe del servicio jurídico había realizado dos advertencias. La primera, que este sistema de provisión “excepcional” de puestos de trabajo, esos ascensos vía artículo 39, sólo pueden realizarse sobre el personal que ostente la titulación exigible al subgrupo de la Función Pública en que se encuadre el empleo al que aspira. Y el actual jefe de la Policía Canaria cumplía este requisito, ya que pertenece a la escala superior en el grupo A y subgrupo A1, en el que se integran los puestos de comisario principal, comisario y subcomisario.

Un ascenso de forma directa, sin convocatoria

Sin embargo, ese informe también alertaba de que la ley impone una convocatoria pública previa de todo el personal que cumpla los requisitos y que recoja un baremo de méritos, como por ejemplo el puesto en el escalafón. Y esto no lo hizo el director de Seguridad, que concedió el ascenso de forma directa, sin convocatoria, pese a que había otro candidato con un puesto más elevado en el escalafón.

Este ascenso sería utilizado meses después para mantener a Almenara en la jefatura del cuerpo tras la reincorporación de su anterior inquilino, Luis Santos Jara. En esta ocasión, a través de una orden firmada por el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, en sustitución de Nieves Lady Barreto, puesto que su compañera en el Consejo de Gobierno se había abstenido de cualquier actuación que involucrase a Santos Jara por su conflicto con él.

Para tratar de justificar la destitución de Santos Jara y la designación en su lugar de Almenara, esa orden consideraba “imprescindible” separar un cargo, el de jefe del cuerpo (de libre designación, aunque sujeto a los principios de objetividad, mérito y capacidad), de un puesto, el de comisario principal, que ostenta con carácter definitivo desde noviembre de 2022 el mando defenestrado por el actual Gobierno de CC y PP.

Además, esa resolución hacía referencia a la necesidad de “contar con una policía de proximidad centrada en la excelencia”, para lo que se fijaba “como objetivo específico implantar sistemas de gestión con una clara orientación hacia la modernización de la organización policial”. En ningún momento hace referencia al informe jurídico del 9 de octubre, pero sí a uno posterior (del 2 de noviembre) sobre el “posible equívoco” de limitar el acceso a la jefatura del cuerpo a quienes ostenten el empleo de comisario principal, aclarando que pueden ocupar ese cargo quienes pertenezcan “a la escala superior”, comisarios y subcomisarios incluidos.

La designación de la jefatura de la Policía Canaria está recogida en el artículo 23 de la ley de creación del cuerpo y estipula que este cargo será elegido por el Gobierno de entre los miembros de la escala superior por un procedimiento de “libre nombramiento” pero “con convocatoria pública, de acuerdo a los principios de objetividad, mérito y capacidad, pudiendo ser removido libremente”. El apartado 3 de ese artículo precisa que, en los casos de “vacante, ausencia o enfermedad” del jefe del cuerpo, será el consejero competente en materia de Seguridad quien designe a su suplente “entre los comisarios principales o, en su defecto, entre los mandos del empleo inmediatamente inferior”.

Escrito de Intersindical Canaria

El del subcomisario Almenara a comisario no es el único ascenso autorizado por el Gobierno en los últimos meses en virtud del artículo 39. El pasado mes de abril, a raíz de la publicación en febrero de una actualización del escalafón de la Policía Canaria, Intersindical Canaria (IC) remitió un escrito a la Consejería de Seguridad que alertaba de un “incumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad” en el ascenso de determinados funcionarios.

En ese escrito, el sindicato decía desconocer cuál había sido el criterio utilizado para acordar el paso de policía a oficial o de oficial a subinspector o de subinspector a inspector, puesto que no tenía constancia de la convocatoria pública previa que era exigible, tal y como el informe de los servicios jurídicos había puesto de manifiesto. La organización sindical exigía en ese escrito que fueran incluidos funcionarios que cumplían los requisitos y amenazaba con impugnar los autorizados hasta ese momento.

La Consejería de Seguridad ha publicado recientemente las bases de un concurso para el acceso al empleo de oficial. En esta convocatoria, los méritos se valorarán hasta un máximo de cinco puntos y, dentro de ellos, la antigüedad hasta un máximo de 1.5. Las bases otorgan 0.080 puntos por año o “su fracción de meses o días” en el empleo de oficial “o equivalente”, aunque sea en otras administraciones públicas, tal y como establece el reglamento de los criterios generales de selección y promoción aprobado el pasado mes de diciembre por la propia consejera Nieves Lady Barreto y por el presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo. Pero, además, el concurso también computa el periodo ocupado en aplicación del mencionado artículo 39. Es decir, aquellos que hayan sido ascendidos sin convocatoria pública -pese a la advertencia de los servicios jurídicos- obtendrán puntos por ello.

Este periódico no ha recibido contestación a las preguntas formuladas el pasado jueves a la Consejería.

El Tribunal Constitucional ha decidido amparar a una conductora condenada por ir borracha al volante de su coche por las calles de Madrid. Por unanimidad, la sala entiende que la Policía Nacional vulneró sus derechos fundamentales cuando trasladaron a la mujer a una comisaría para que se le hiciera la prueba de alcoholemia, al no tener medios para hacerlo en el lugar donde fue identificada, sin que tuvieran ninguna cobertura legal para su detención. Existen otros muchos casos en los que la Policía puede detener a alguien y llevárselo a comisaría, pero en casos de posible conducción alcohólica no pueden ejecutar una detención.

La sala segunda del Constitucional ha estudiado el caso de una mujer condenada a pagar una multa de 1.260 euros y a un año y un mes sin carnet de conducir por un delito contra la seguridad del tráfico. Porque en la madrugada del 24 de abril de 2021 fue cazada por la Policía Nacional cuando conducía su coche por la calle Costa Rica de Madrid con “síntomas evidentes de intoxicación etílica”. Los agentes no pudieron localizar a policías municipales con un etilómetro de precisión y llevaron a la acusada hasta las dependencias de la calle Plomo, la comisaría de policía judicial de Tráfico. Allí las pruebas de alcoholemia certificaron que la mujer cuadruplicaba el límite legal de alcohol por aire respirado.

Su condena fue firmada por un juzgado de lo penal apenas un mes después del incidente y ratificada en noviembre de 2021 por la Audiencia Provincial de Madrid. Ya entonces la defensa de la mujer alegó, sin éxito, que había sido detenida “sin ser informada de sus derechos” y que eso daba al traste con toda la causa judicial posterior y las diligencias practicadas, entre ellas el control de alcoholemia. Se había vulnerado, afirmó, el artículo 17.3 de la Constitución.

Tanto el juzgado como la Audiencia entendieron que no había sido detenida sino “conducida” a instalaciones de la Policía Municipal para que se le practicara la prueba de alcoholemia. Los jueces avalaron la versión de los agentes: que ella acudió voluntariamente tras advertir a la mujer de que “podría incurrir en un delito de desobediencia” si no lo hacia. Según la Policía, ella se sometió “voluntariamente” a la prueba de alcoholemia y figuró como “investigada no detenida”. Los jueces del tribunal madrileño concluyeron: “En todo momento se han respetado los derechos de la conductora, sin que se le haya causado indefensión”.

El Supremo inadmitió su último recurso a finales de 2022. Un recurso en el que volvía a alegar que había sido llevada a comisaría “sin determinar su condición de detenida” y “sin información de derechos”. En una providencia, la Sala de lo Penal directamente inadmitió su recurso: las pruebas contra ella eran suficientes para confirmar su condena y sus alegaciones sobre la vulneración de un derecho fundamental no tenían “interés casacional”, dijo el Supremo con Manuel Marchena como ponente.

La sala segunda del Constitucional, según confirman a elDiario.es fuentes de este organismo, no ha entrado a estudiar si los policías leyeron o no sus derechos a la mujer, sino que han centrado su debate en si los agentes podían llevarla hasta la comisaría para que fuera sometida a un control de alcoholemia.

Inmovilizar el vehículo hasta que se le pueda hacer la prueba, por ejemplo, es una opción viable, pero no detener a la conductora, entiende el Constitucional. La situación también podría ser distinta si, además de la sospecha de que la conductora ha bebido, ha cometido algún tipo de infracción o posible delito al volante que justifique su detención.

Otra parte del debate se ha centrado en las consecuencias del fallo. La mayor parte de la sala ha apostado por directamente anular la condena que firmó el juzgado de lo penal y confirmaron todas las instancias superiores, de tal manera que en la práctica queda absuelta del delito contra la seguridad del tráfico. Dos integrantes del grupo de magistrados entendían, por contra, que era necesario retrotraer las actuaciones a un punto anterior, sin que fuera necesario anular directamente la condena sin opción a reconsiderar el caso.

“No me conformo” con las Cercanías. Al presidente de la preautonomía de Andalucía, y presidente de la Junta entre 1982 y 1984, Rafael Escuredo, no le basta el traspaso a la comunidad autónoma de las competencias sobre los trenes de corta y media distancia, pedido por el Parlamento al Gobierno autonómico a iniciativa de la izquierda y respaldada por el PP el pasado jueves, y con la abstención del PSOE, emulando el reciente pacto de PSOE y ERC para el traslado de Rodalies a Catalunya. Durante el acto de cesión de fondos documentales e históricos del también presidente autonómico a la Fundación Andalucía, Socialismo y Democracia, Escuredo ha enfatizado que quiere “todo” lo que se le ha dado a otras comunidades y que se contemple el Estatuto de Autonomía aprobado en 2007, esto es, la gestión de la Seguridad Social, la creación de una Policía Autonómica, las políticas penitenciarias y una financiación autonómica “que satisfaga las necesidades” de la ciudadanía andaluza.

Escuredo, que se ha mostrado reivindicativo con “la verdad” de proceso autonómico andaluz en torno al 4 de diciembre de 1977, aunque con una actitud de “respeto” hacia quienes “pacíficamente” se han manifestado este domingo para rememorar aquel espíritu por la autonomía plena (en respuesta a preguntas de este medio por la presencia del presidente de la Junta en la marcha respaldada por el PP y los empresarios contra los pactos de Sánchez y el independentismo catalán), ha dicho que, de igual manera que esos traspasos de competencias estatales, no quiere “que la sanidad se quede en manos privadas”. “Cualquier manifestación pacífica es respetable. No tengo nada más que decir”, ha insistido acerca de la presencia de Moreno en la marcha convocada por el Foro Economía y Sociedad.

“Yo defiendo la valentía de Pedro Sánchez”

“No nos vamos a conformar con eso”, ha dicho en referencia a la transferencia de los Cercanías. “Ahora es el momento de hacerlo”, ha añadido en aras de una “igualdad” entre autonomías históricas porque “ya nos robaron lo que le dieron gratis a catalanes y vascos”, recordando que la huelga de hambre que hizo en febrero de 1980, antes del referéndum del 28F, era “la única manera” que tenía para hacer oír su “voz silenciada” en aquellos años para defender la autonomía plena para Andalucía.

“Hay que ser valiente, como lo fue Adolfo Suárez”, y “yo ahora defiendo la valentía de Pedro Sánchez”, ha dicho a continuación como “hombre de la Transición” y conocedor directo de la Ley de Amnistía de 1977, recordando en ese punto los indultos del PP (“de Aznar”) a las 1.432 personas integrantes de Tierra Lliure. “No lo pasamos bien quienes estuvimos encerrados aquel día el Congreso de los Diputados”, ha dicho en alusión al 23F, solicitando “serenidad” para ver “cómo se hicieron las cosas” durante el paso de la dictadura a la democracia en España. “Tiempos difíciles y de confusión”, ha dicho en otro pasaje de su intervención.

“La historia está escrita”

Escuredo ha pedido “respeto desde la verdad”, para lo cual ha querido “aportar un grano de arena” contribuyendo con la cesión del archivo documental. “La historia está escrita”, ha insistido, cediendo igualmente el protagonismo de aquellos años de la petición de la autonomía plena “al pueblo andaluz”, sin ánimo de desmentir a su predecesor en la palabra, Manuel Pezzi, presidente del PSOE-A, quien le había asignado en su presentación su papel de “gran líder andaluz” en la consecución de aquel fin. “Ya tenemos bastante con un padre de la patria andaluza”, ha bromeado Escuredo a quienes le otorgan ese 'cargo' en paralelo al de Blas Infante, “como dice el preámbulo del Estatuto”, ha querido aclarar, y a quien “sacaron de su casa de Coria para asesinarlo”.

“Bienvenidos sean quienes lleguen ahora al andalucismo”, ha dicho también, sin señalar a personas o partidos en concreto, porque “ni la bandera ni el himno ni el escudo son de nadie”. “Son de todos”, ha aclarado, pero “sin olvidarse de la historia ni de quienes intentan manejarla”. “Dónde mejor” que en la Fundación Socialismo y Democracia para contar con ese archivo que tenía en su casa, ha comentado Escuredo, descartando el traspaso al PSOE, según ha comentado.

Acompañado de la plana mayor del PSOE-A en la sede de San Vicente, Pezzi ha repasado la figura de Escuredo en el proceso autonómico andaluz, refrendado el 28F de 1980 impulsado el 4D. “A esta hora estábamos ya convocados para pedir la autonomía plena y salir del subdesarollo”, ha rememorado Pezzi cuando “aprendimos el mensaje que nos daba la ciudadanía” mientras “la derecha estaba en contra porque decían que España se rompía”, a la cabeza con Fraga, “el gran jefe de Moreno, Ayuso o Mañueco”.

En cuanto al archivo cedido por Escuredo ha dicho que “era de primer orden conservarlo”, de modo “digitalizado y ordenado”, para “que nadie nos reescriba la historia”. “Ni estaban ni se les esperaba a quienes hoy se envuelven en la bandera andaluza”, ha resumido el presidente del PSOE andaluz. Su secretario general, Juan Espadas, presente en el acto, pero que salía con premura hacia Huelva, ha comentado brevemente que suponía “un honor” asistir a la firma de cesión y ha reforzado la idea de que “hay que leer la historia”.