El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha condenado a las empresas Covifacasa y Aceros Inoxidables Olarra a indemnizar con 153.543,16 euros a la viuda y la hija de un trabajador que falleció a causa de un cáncer contraído por su exposición al amianto.

Según ha informado Asociación Víctimas Amianto Euskadi (ASVIAMIE), el alto tribunal vasco ha desestimado los recursos de ambas compañías a la sentencia de la plaza número 11 de la sección Social del Tribunal de Instancia de Bilbao, de julio de 2025, que establecía indemnizaciones de 66.858,04 euros por parte de Aceros Inoxidables Olarra y de 86.685,12 euros por Cofivacasa, como sucesora de Acenor -planta de Larrondo-, por su responsabilidad en los daños causados, según recoge Europa Press.

El Tribunal Superior confirma la sentencia e impone las costas judiciales a las empresas recurrentes y los honorarios de la letrada de la contraparte, con la cantidad de 800 euros, más IVA. El electricista fallecido trabajó en Industrias Reunidas Minero metalúrgicas SA entre 1961 y 1962 y posteriormente -de 1962 a 1974- en la Sociedad Franco Española de Alambres. Más tarde, de 1974 a 1994, pasó a la planta de Larrondo de Acenor y entre 1994 y 2010 se incorporó a la plantilla de Aceros Inoxidables Olarra.

Asviamie recuerda que “entre los años 1974 y 1994, el amianto estaba presente tanto en las instalaciones de Acenor-Larrondo, como en los consumibles empleados por los trabajadores, en forma de placas, cuerdas, mangueras hidráulicas y en todas las zonas calientes del proceso productivo, como lingoteras o coladas de acero”. También asegura que de 1994 a 2010, en Olarra “el amianto continuaba presente”.

En marzo de 2019, al trabajador le diagnosticaron un carcinoma pulmonar y falleció en agosto de 2020, a causa de una neoplasia pulmonar. Tras una demanda promovida por MC Mutual, que fue estimada parcialmente, la resolución estimó la demanda de daños interpuesta por la viuda e hija del fallecido, y condenó a ambas empresas a indemnizar a la familia con 153.543,16 euros.

La sentencia fue recurrida por ambas empresas ante el TSJPV que ha rechazado sus argumentos, entre ellos que el tabaquismo del fallecido fue el origen de la enfermedad, y ha confirmado la resolución. El alto Tribunal afirma que “la causa principal y suficiente” del fallecimiento del electricista fue “la exposición al amianto entre 1974 y 2010”.

Según la asociación, ha quedado acreditado, mientras trabajó en Aceros Inoxidables Olarra “continuó expuesto al amianto, como electricista de primera, sin que se adoptaran las medidas preventivas que la legislación exigía, más allá de unos superficiales reconocimientos médicos”.

Asviamie ha expresado su satisfacción por la sentencia que “deja, una vez más, al descubierto el prolongado incumplimiento de grandes empresas siderúrgicas, de la normativa preventiva frente al riesgo cancerígeno y desbarata la socorrida excusa del tabaquismo, olvidando las sustancias cancerígenas presentes en el proceso productivo y causa de innumerables muertes por cáncer de origen laboral”. Además, ha pedido a las empresas infractoras que “abandonen la vía del continuo recurso judicial” y les ha exigido “mayor rigor en la actividad preventiva”.

Las empresas canarias del metal han advertido este martes de la imposibilidad de gestionar residuos peligrosos como el amianto, lo que obliga a que a partir del 1 de abril las obras en las que se detecte este material no puedan continuar si no hay vía legal para tratarlo.

El volumen de residuos de amianto retirados en la comunidad autónoma se ha multiplicado por cuatro al pasar de unas 1.000 toneladas en 2022 a más de 4.100 en 2024, según la Confederación Regional de Empresas del Metal y Nuevas Tecnologías de Canarias (CREM), integrada por Femete y Femepa.

La patronal reclama “soluciones urgentes” al Gobierno de Canarias, puesto que en las islas no hay instalaciones propias autorizadas para gestionar los residuos peligrosos y las comunidades autónomas que sí lo pueden hacer, como Andalucía, “están cerrando progresivamente sus plantas a los envíos procedentes del archipiélago”.

Por este motivo, las obras en las que se detecte amianto deberán paralizarse a partir del 1 de abril ante la ausencia de vías legales para su tratamiento, ha advertido CREM.

El bloqueo operativo afecta de forma directa a más de un millar de empresas de toda la cadena productiva, incluidas gestoras de residuos, chatarrerías, instaladoras, talleres de automoción, construcciones metálicas, industria alimentaria y sector hotelero, ha denunciado la organización empresarial, que ha solicitado una reunión urgente con el director general de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias para acordar un plan de acción inmediato.

Los representantes empresariales proponen la aprobación de una excepción transitoria a corto plazo, amparada en las obligaciones del Estado para garantizar los servicios esenciales en las regiones ultraperiféricas, y el impulso de infraestructuras propias para gestionar estos residuos a medio plazo.

Femepa y Femete consideran que las empresas canarias no pueden seguir siendo penalizadas por una carencia de infraestructura que no depende de ellas, ya que “cumplir la ley se ha vuelto imposible”.

El problema es “directamente inmanejable” en las islas no capitalinas, donde ya no opera con regularidad ningún gestor autorizado debido, entre otros factores, al encarecimiento de las tarifas del transporte marítimo interinsular.

La asociación ha reclamado la implicación conjunta de la sociedad y de las administraciones públicas para evitar que la actividad económica quede bloqueada y garantizar una gestión sostenible y circular de los residuos.

La Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Pamplona Plaza número 1 ha reconocido la muerte de un trabajador de BSH en Estella por su exposición al amianto y ha condenado a la empresa y al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a concederle una pensión de viudedad a su mujer.

La sentencia, que puede ser recurrida, reconoce como enfermedad laboral el cáncer de laringe que provocó el fallecimiento del trabajador y que había sido considerada por el INSS como una “enfermedad común”.

La víctima entró a trabajar en la empresa dedicada a la fabricación de electrodomésticos BSH en 1979, donde estuvo hasta el año 2006, y se encuentra incluida en el listado del Instituto Navarro de la Salud Pública de trabajadores expuestos al amianto, si bien no lo está en los listados elaborados por la empresa. Según recoge la sentencia, durante “aproximadamente” diez años trabajó como mecánico en la reparación de electrodomésticos en la fábrica de BSH en Estella, en la que se reparaban estufas catalíticas, para cuya fabricación la empresa utilizó amianto.

“Además de ello, en la nave había exposición al amianto de forma indirecta, ya que las fibras se dispersaban al guardar el amianto y al colocar las mantas en el montaje de los paneles catalíticos. Asimismo, era habitual que se liberaran fibras y polvo de amianto cuando se transportaba el amianto”, añade el fallo.

La magistrada destaca que durante esos años la empresa no realizó mediciones higiénicas de exposición al amianto en su planta de Estella ni tampoco proporcionó equipos de protección ni formación a sus trabajadores.

Por todo ello y pese a que el empleado tenía antecedentes como el tabaquismo, la jueza señala que el cáncer de laringe que le fue diagnosticado está relacionado con su exposición al amianto en el entorno laboral. Así, revoca resoluciones previas del INSS y reconoce a su viuda el derecho a pensión desde mayo de 2023.

“Las corporaciones empresariales son las primeras responsables, pero las administraciones públicas son corresponsables, porque en el mejor de los casos han mirado para otro lado y, desde luego, no han obligado a las mercantiles a cumplir la ley y poner las medidas de seguridad y salud para evitar esta pandemia”, señala Juan Antonio Castilla, portavoz de la Asociación de Defensa y Ayuda a las Víctimas del Amianto en Navarra (ADAVAN). Esta asociación “espera” que la sentencia no sea recurrida porque “supondría un mayor agravio y una falta de empatía hacia las víctimas”, añaden.

La Rioja elaborará un inventario de edificios públicos con posible presencia de amianto. Así se ha aprobado, por unanimidad, en la Comisión de Hacienda del Parlamento de La Rioja. La Proposición no de Ley, presentada por el PSOE de La Rioja parte del principio más elemental de precaución en materia de salud pública y seguridad en el entorno de los edificios e infraestructuras públicas. El diputado Miguel González de Legarra ha recordado que el amianto “fue ampliamente utilizado en la construcción durante décadas hasta su prohibición por sus efectos cancerígenos y, aunque su mayor peligrosidad se produce cuando se manipula, su mera presencia sin identificación ni control constituye una amenaza latente”.

La propuesta surge tras constatar que el Gobierno de La Rioja “reconoció a través de una respuesta parlamentaria que no existe ningún inventario de edificios públicos con amianto”. Posteriormente, el Ejecutivo manifestó su “intención de documentar la existencia de estos materiales”. El problema, ha dicho González de Legarra, es que todavía hoy, más de veinte años después de la prohibición de su uso, la Comunidad Autónoma “sigue sin contar con un estudio sistemático que permita conocer con certeza la situación real de su patrimonio público”.

La iniciativa aprobada “no exige retiradas inmediatas, ni intervenciones urgentes de impacto presupuestario, ni plantea cierres de instalaciones”. Su objetivo “es disponer de un mapa riguroso que permita conocer qué edificios pueden contener amianto, en qué condiciones se encuentra y cómo debe planificarse, en su caso, una estrategia progresiva y segura de retirada conforme a criterios de riesgo y prioridad sanitaria”.

Además, González de Legarra ha subrayado que la ausencia de un inventario “no solo supone una carencia técnica, sino que podría derivar en responsabilidades jurídicas si en el futuro se produjera alguna situación de riesgo para trabajadores públicos o ciudadanos usuarios de estos espacios”. El diputado socialista ha señalado que el Parlamento ha demostrado este martes “que la salud pública, la prevención y la transparencia están por encima de cualquier diferencia política”.

El Juzgado de lo Social número 4 de Pamplona ha condenado a la empresa Tafalla Iron Foundry S. Cooperativa, antigua Luzuriaga, por no haber adoptado las medidas de seguridad e higiene necesarias para evitar la exposición al amianto de un trabajador que falleció en 2023 a causa de un tumor pulmonar. La sentencia, que ha sido recurrida por la empresa, reconoce que el tumor se originó a causa de la exposición del trabajador al amianto durante los 40 años que estuvo en la compañía y condena a la empresa a indemnizar a la familia.

La víctima entró a la compañía en octubre de 1969 y, durante 40 años, hasta el 2009 estuvo trabajando en diferentes áreas de la empresa como en la de mantenimiento mecánico del almacén, en acabado o en machería. Según recoge el fallo, en esas secciones se utilizaba amianto con profusión sin que los trabajadores dispusiesen de medidas de protección y señala que es “probable que tenga relación con la exposición laboral al amianto y al sílice, con los que ha tenido contacto directo en su trabajo” porque el cáncer de pulmón “puede aparecer aún con baja exposición”. En julio de 2023 le fue diagnosticado un adenocarcinoma pulmonar que le provocó la muerte apenas un mes después, en agosto de 2023.

Pese a que la víctima era fumadora, la sentencia destaca que “desde el punto de vista de la evidencia científica” su patología es compatible con su exposición al amianto en el trabajo y que “reúne el criterio de causalidad”. “La presencia de factores extralaborales como el consumo de tabaco solo excluiría el carácter profesional de la enfermedad, cuando éste haya actuado con suficiente entidad o intensidad para considerarlo la causa principal de la enfermedad y no haya existido exposición laboral”, apostilla.

Así, la sentencia concluye que el trabajador falleció a consecuencia de un adenocarcinoma pulmonar producido “por la exposición al amianto durante la vigencia de la relación laboral” con la empresa “sin que se hubieran adoptado las medidas de seguridad e higiene en el trabajo para evitar el riesgo de enfermedad profesional”.

Desde la asociación de Defensa y Ayudas a Víctimas del Amianto en Navarra (Adavan) reprochan que la empresa haya recurrido la sentencia “con el objetivo de alargar y retorcer los procesos de forma artificial, revictivizando más a las víctimas” y le piden que cumpla “con su deber de reconocimiento y reparación”.

La empresa pública Tragsa ha licitado, coincidiendo con el fin del año 2025, la subcontratación de los trabajos de retirada de amianto de la antigua Residencia Cantabria, la cual almacena varios miles de toneladas de este material cancerígeno. 

Tras este anuncio, publicado en el Portal de Contratación del Estado y que establece un plazo de ejecución de los trabajos de 11 meses, el representante de UGT en el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo, Pedro Cobo, ha expresado su “preocupación” por la subcontratación de la encomienda inicial del Gobierno de Cantabria a Tragsa y ha advertido de que el sindicato se mantendrá “alerta” durante el proceso de desmantelamiento del complejo de la Residencia Cantabria, situado en Santander. 

Este anuncio del sindicato coincide con la demanda que hace al Gobierno de Cantabria de nuevas ayudas a los ayuntamientos para que la retirada de amianto en edificios e instalaciones públicos municipales sea una realidad en 2028.

Residencia Cantabria

La Consejería de Salud que dirige César Pascual (PP) encomendó a Tragsa el proceso de desmantelamiento de la Residencia Cantabria y la empresa pública está subcontratando los trabajos de desamiantado de más de 4.000 toneladas de material contaminante que se calcula conserva el edificio. Sin embargo, la propia Tragsa estima que puede haber más, ya que hay aplicaciones de amianto por el inmueble que no son visibles o que no se ha podido inspeccionar.

La licitación de los trabajos por Tragsa data del pasado 29 de diciembre, tanto del pliego de contratación como el de las prescripciones técnicas. La mayor singularidad, aparte de los cerca de seis millones que costarán los trabajos, es que solo podrán presentarse empresas especializadas y debidamente acreditadas. En Cantabria, el Registro de Empresas con Riesgo por Amianto (RERA) recoge a 17 empresas.

Una vez asignados los trabajos, el adjudicatario dispondrá de tres semanas para presentar ante el ICASS y la propia Tragsa el Plan de Trabajo de Amianto.

El desamiantado de la Residencia Cantabria entraña el manejo de un gran volumen de material, pero a la vez un meticuloso proceder en su manipulado, lo que hace que, inicialmente, haya que aislar el complejo de todas las conexiones con redes de la ciudad y, seguidamente, un extremo aislamiento de los dispositivos que se monten, como pueden ser andamios, y zonas de trabajo en el interior, para que no se fragmenten partículas cancerígenas y puedan contaminar a trabajadores y población cercana.

Los pliegos que ha licitado Tragsa dan cuenta de la magnitud de los trabajos: 3,8 millones de euros para la retirada de 39.671 metros cuadrados de encofrado perdido y forjado con amianto; 22.650 euros por la retirada de 935 metros lineales de bajantes de fibrocemento; 44.650 euros por la retirada de 3.422 metros cuadrados de cubiertas contaminadas; 190.000 euros por la retirada de 5.765 metros cuadrados de muro cortina y panel de fachada (en caso de requerirse andamiaje, Tragsa se encargará de él); 739.000 euros por la retirada de 27.100 metros cuadrados de suelo, pavimento y loseta vinílica con amianto; y una partida de 91.500 euros para los restos de elementos que haya que retirar (juntas de todo tipo, tubos de drenaje, aislamientos de material eléctrico, zapatas de freno, pasacables y otros elementos).

Censos municipales de amianto

Paralelamente, y según denuncia UGT, el proceso iniciado en 2024 para que los ayuntamientos elaboren censos de amianto y planes de retirada del mismo en sus instalaciones se encuentra parado al agotarse la partida de 150.000 euros que se dispuso entonces.

Solo 37 de los 102 municipios de Cantabria han recibido ayudas, incluido el de Santander, pero la habían solicitado 58. En este contexto, municipios como Laredo y Ramales de la Victoria son 'pioneros' en planificar la retirada de amianto en sus ayuntamientos, pero la inmensa mayoría restante carecen a día de hoy de censo y plan.

UGT ha instado al Gobierno de Cantabria, a través del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud, a que suplemente las ayudas con una nueva y suficiente partida para que todos los ayuntamientos puedan acometer la retirada de amianto en sus municipios, toda vez que la legislación española establece 2028 como horizonte máximo para que los trabajos estén concluidos.

Sobre la mesa se encuentra la prevención de los riesgos para la salud que entraña la presencia de amianto en Cantabria, algo que ya ha generado unos problemas en el pasado que el sindicato no quiere que se vuelvan a repetir.

“Es fundamental que se vuelva a sacar una orden en la que se dé cobertura económica a los ayuntamientos que la han solicitado y no la han recibido por verse agotada la partida y hacer un llamamiento al resto de ayuntamientos para la que la soliciten y cumplan con la elaboración de un censo donde se recojan los lugares con riesgo de amianto, para proceder así a su retirada y eliminar en Cantabria este material clasificado como carcinógeno de categoría 1A, que afecta gravemente a la salud de las personas y el medio ambiente”, ha asegurado Pedro Cobo.

UGT espera, en consonancia, una dotación suficiente del Gobierno de Cantabria a este fin, coordinando con los ayuntamientos las inversiones “preventivas” necesarias y evitando de este modo “las consecuencias extremadamente dañinas de este material que, sin ninguna duda, supondrá a futuro reducir drásticamente las muertes por este factor de riesgo con lo que supone de costes para los afectados, familiares, empresas y la sociedad en su conjunto”.

La prohibición en España del uso de amianto data de 2002. Se calcula que entre 1961 y ese año en España se fabricaron 20 millones de productos manufacturados con fibrocemento, utilizados en su mayoría en construcción. Según el Instituto Nacional de Estadística, durante ese período se construyeron en el país 5,5 millones de edificios.

El Gobierno de Cantabria ha concedido a la empresa propietaria del vertedero del Monte Carceña, en Castañeda, la autorización para poder acoger y eliminar materiales de construcción que contengan amianto y otros residuos con este tipo de minerales.

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este lunes la resolución dictada por la Dirección General de Medio Ambiente del Ejecutivo regional por la que permite la modificación no sustancial de la Autorización Ambiental Integrada otorgada a la empresa Integraciones Ambientales de Cantabria (IACAN) para incluir el amianto en el listado de los residuos que gestiona en sus instalaciones de Castañeda.

Está previsto que este vertedero, en el que se están ejecutando obras de ampliación, acoja, entre otros, los materiales con amianto procedentes del desmontaje de la antigua Residencia Cantabria.

En la resolución se indica que, según el Real Decreto que regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, se recoge que los materiales de construcción y residuos que contengan este mineral “podrán eliminarse en vertederos para residuos no peligrosos, sin realización previa de pruebas, a condición de que se cumplan” varios “requisitos”.

Así, se precisa que los residuos no deberán contener sustancias peligrosas distintas del amianto aglomerado, incluidas las fibras aglomeradas mediante un aglutinante o envasadas en plástico o sistemas similares que garanticen la imposibilidad de emisión de fibras durante su manipulación, y que en la celda en que se depositen no se deberán introducir otro tipo de residuos y ésta sea “suficientemente estanca”.

También se indica que la manipulación de los residuos de amianto que lleguen al vertedero envasados se realizará de forma que no se produzca la rotura ni del contenido ni del continente del embalaje.

Y para evitar la dispersión de fibras, la zona de depósito se cubrirá diariamente y antes de cada operación de compactado con material adecuado que no contenga elementos angulosos que puedan producir daños por punzonamiento y, si el residuo no está envasado, se regará periódicamente.

Para evitar la dispersión de fibras se colocará sobre el vertedero o la celda una cubierta superior final de material adecuado que no contenga elementos angulosos que puedan producir daños por punzonamiento.

En el vertedero o la celda no se efectuará ninguna obra que pudiera provocar la liberación de fibras. Y una vez clausurado el vertedero o la celda, la entidad explotadora del vertedero conservará un plano con la ubicación, en planta y en alzado, de los residuos de amianto, información que deberá ser remitida al órgano ambiental competente de la comunidad autónoma.

También se establece que se tomarán las medidas apropiadas para limitar los usos posibles del suelo tras el cierre del vertedero para evitar el contacto humano con los residuos.

Además, se recuerda que se deberán cumplir las disposiciones de seguridad y salud aplicables para los trabajadores que estén expuestos o sean susceptibles de estar expuestos a fibras de amianto o de materiales que lo contengan.

En la resolución se indica que, antes de gestionar los residuos de materiales de construcción que contengan amianto y otros residuos de amianto deberá presentarse una memoria justificativa ante la Dirección General de Medio Ambiente y Cambio Climático sobre el cumplimiento de todos estos requisitos.

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha estimado la demanda presentada por una viuda cuyo marido falleció por asbestosis, a consecuencia del contacto con el amianto, y ha establecido que tiene derecho a recibir la pensión de viudedad derivada de enfermedad profesional. 

En la sentencia, que puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, la Sala de lo Social del TSJN revoca un fallo del Juzgado de lo Social nº 3 de Pamplona, que había confirmado la resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) que calificaba como enfermedad común dicha contingencia. Así, tras la decisión de la Sala de lo Social, la base reguladora de la pensión de viudedad se elevará de 1.448,65 a 1.775,70 euros, con fecha de efectos desde el 27 de marzo de 2023. 

El trabajador falleció en junio de 2009, cuando tenía 59 años. Empleado de BSH, desde octubre de 2002 tenía reconocida una incapacidad permanente absoluta derivada de enfermedad común. La empresa de origen, así como sus sucesoras, se han dedicado a la fabricación de distintos electrodomésticos (lavadoras, cocinas, hornillos de gas, estufas de infrarrojos, estufas catalíticas, lavavajillas, etc.). Según consta en la sentencia, la asbestosis puede ser difícil de diagnosticar porque sus signos y síntomas son similares a los de muchos tipos de enfermedades respiratorias. 

La Sala, tras rechazar la prescripción alegada por las entidades recurridas, analiza la labor del trabajador fallecido. Así, explica que su profesión era de almacenero y que se encargaba de descargar los sacos de amianto en el almacén y llevarlos hasta el horno. 

Para los magistrados “no es discutible” que el operario fue diagnosticado de asbestosis en 1996, patología que se deriva de la exposición al amianto. Entre sus labores estaba también la de cambiar botellas de butano vacías. Esta función la llevaba a cabo en una estancia contigua al recinto donde se cardaba amianto. Al respecto, el Tribunal destaca que las puertas de ambos recintos se encontraban abiertas, esto es, no existían compartimentos estancos. 

La Sala concluye que “el esposo de la demandante estuvo expuesto, por tanto, al amianto tanto al transportar sacos de amianto como al cambiar las botellas de gas, tarea a la que destinó media hora todos los días durante tres años, y ha sido diagnosticado de asbestosis, lo que determina la concurrencia de las exigencias legales y jurisprudenciales necesarias para presumir la presencia de una enfermedad profesional al apreciar la patología”.

En el año 2017, la Plataforma vecinal 'Mi barrio sin amianto' elaboró un mapa sobre la presencia de asbesto en el toledano barrio del polígono. En este lugar los vecinos llevaban años denunciando la presencia de este material contaminante y prohibido desde hace ya más de 20 años por sus efectos sobre la salud pública relacionados con al cáncer. Entonces se hablaba de al menos 13 focos en el barrio más poblado de la ciudad.

El Ayuntamiento de Toledo se comprometió a realizar su propio mapa del amianto en la actual legislatura, para toda la ciudad. El objetivo es conocer “con detalle” qué edificios, tanto públicos como privados contienen este tipo de material, más allá de los vertederos sellados en el barrio del Polígono, y así planificar su retirada.

Este compromiso, adquirido por el alcalde, Carlos Velázquez, en el Congreso Nacional de Amianto celebrado en Toledo el año pasado, ha visto ahora la luz con la publicación de un mapa del amianto en el municipio. Resulta que hay, al menos 1.083 emplazamientos con amianto en la ciudad, según el estudio elaborado por una empresa especializada

El censo se puede consultar en la página web que se enlaza a través de un mapa o un listado que incluye la referencia catastral de los edificios que aún mantienen este tipo de material, cuyo uso se prohibió totalmente a finales de 2002. En la página se pueden notificar también otras localizaciones que no estén recogidas. 

Este mapa es producto de un trabajo científico que utilizó tecnología de teledetección, una herramienta que ha permitido localizar con detalle la presencia de amianto en instalaciones a lo largo de toda la ciudad.

Contar con estos datos en mano es crucial, ya que permitirá a la administración planificar y actuar para conseguir la retirada de este material. Además, el mapa servirá para que los propietarios particulares conozcan la situación en sus inmuebles y puedan tomar medidas.

¿Quién y cómo debe retirar el material?

El Gobierno municipal dice haber iniciado ya las tareas de retirada del material. Un ejemplo de esta acción se llevó a cabo durante la intervención en el pabellón Gonzalo Pérez de Vargas de la Escuela Central de Educación Física.

El alcalde defiende que su gobierno ha demostrado su voluntad de control ambiental estricto al intervenir en obras de riesgo. Recuerda que los vecinos alertaron y mostraron su preocupación ante la demolición de las obras del cuartel de la Guardia Civil. Ante esta alerta, el Ayuntamiento tuvo que instar a la paralización de la demolición al detectar riesgo medioambiental.

La obra, que estaba siendo realizada por el Ministerio del Interior, solo se permitió reanudar cuando se pusieron en marcha todas las medidas y protocolos de seguridad requeridos.

A modo de dato tranquilizador, se informa que en este 2025 se han realizado dos mediciones anuales en el municipio, cuyos resultados se mantienen “dentro de los parámetros establecidos”, aunque la pregunta en el aire es quién debe retirar el material en los edificios privados afectados o cómo hacerlo.

Los vecinos llevan décadas pidiendo respuestas

La iniciativa y sensibilización en torno a este problema en la ciudad han sido impulsadas fundamentalmente por la Asociación de Vecinos del Tajo -así como la Plataforma 'Mi barrio sin amianto', cuyos miembros llevan varias décadas pidiendo respuestas y soluciones a las administraciones para los vertidos que había en el barrio del Polígono, que en buena medida fueron sellados.

Cabe recordar que la extinta empresa Ibertubo depositó alrededor de 90 mil toneladas de este componente del fibrocemento en distintos puntos del Polígono de Toledo. En el Congreso celebrado el año pasado se puso de manifiesto que Toledo registra 35 casos de mesotelioma, una de las patologías asociadas al contacto con este mineral, prohibido desde hace más dos décadas.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha desestimado el recurso de Fundiciones Gelma contra la sentencia del Juzgado de lo Social Único de Eibar (Gipuzkoa), que condenó a esta empresa a indemnizar con 199.530,64 euros a la familia de un trabajador fallecido por un cáncer de pulmón por amianto.

En un comunicado, la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi, Asviamie, ha informado de que Antonio M. falleció en diciembre de 2009 a consecuencia de un cáncer en pulmón izquierdo, tras trabajar desde 1966 en la fundición con exposición laboral al amianto y sílice en la fundición, “sin medidas preventivas”. Desde Asviamie han destacado que “existen antiguos informes de Osalan en los que se señala que no se utilizaban protecciones respiratorias y que el Ministerio de Trabajo elaboró un informe sobre los problemas higiénicos por humos, gases y ruido en Elma SA”, según recoge Europa Press.

Además, en 2006 se emitió un informe de evaluación ambiental en Fundiciones Gelma, según el cual “no existen aislamientos de amianto y que las cubiertas de fibrocemento son sustituidas por chapa”. La asociación también ha destacado que el puesto de trabajo ocupado por Antonio fue “moldeo y desmoldeo, lo cual implicaba la manipulación de mazarotas y bebedores, utilizando palas para la limpieza del polvo”. Más tarde, pasó a la rebaba de las piezas fundidas y finalmente a las prensas.

Las mismas fuentes han aseverado que “en ninguna de las tres empresas en las que trabajó Antonio existían sistemas de ventilación en prensas, mecanizado y fundición”. En mayo de 2008, a Antonio le diagnosticaron un cáncer en el pulmón izquierdo y el 13 de octubre de 2024 el INSS dictó una resolución reconociendo a la viuda las prestaciones de viudedad, muerte y supervivencia derivadas de enfermedad profesional.

El 29 de mayo de 2025, el Juzgado de lo Social de Eibar desestimó la prescripción alegada por Fundiciones Gelma, estimó la demanda de la viuda e hijo del trabajador fallecido y condenó a la empresa a indemnizar con 122.313,14 euros a la viuda y 77.217,50 euros al hijo, más intereses. El recurso de suplicación de Gelma ha sido ahora desestimado por el TSJPV, confirmando la sentencia.

El Gobierno vasco desconoce en qué punto se encuentra la elaboración de los censos de instalaciones con amianto por parte de los Ayuntamientos y el calendario para su retirada. El Departamento de Industria, Transición Energética y Medio Ambiente que dirige Mikel Jauregi reconoce en la respuesta a una solicitud de información a través del Parlamento Vasco que “en la actualidad, el Gobierno vasco no dispone de un registro oficial donde se recojan los censos municipales de instalaciones con presencia de amianto”.

Pese a que la parlamentaria de EH Bildu, Amancay Villalba, pregunta de forma concreta “cuántos ayuntamientos han enviado información” sobre el censo instalaciones con amianto y el calendario, el consejero no ofrece en su respuesta ninguna cifra y se limita a señalar que la ley que obliga a la realización de estos censos “no determina un plazo específico para la remisión”. Es decir, que según se desprende de la respuesta, el departamento no tiene constancia de si los ayuntamientos vascos avanzan en este censo al que están obligados por ley, pese a que Medio Ambiente es una de las partes que tiene que recibir estos censos y después comprobar la retirada de amianto de las instalaciones afectadas. Y Jauregi remite a una próxima reunión de la Mesa Interdepartamental del Amianto, convocada el 19 de noviembre, para poder tener más información al respecto.

Hace casi un año, en noviembre de 2024, el departamento que dirige Mikel Jauregi reconocía que sólo cinco municipios habían finalizado estos censos y remitido los pertinentes informes al Gobierno vasco. Es decir, que los otros 247 estaba incumpliendo la ley que les obliga a elaborarlos. Los únicos que tenían realizados y entregados los censos eran los ayuntamientos de Errigoiti, Olaberria, Ayala, Legazpi y Beasain. Un año antes, en 2023, los habían entregado ya Errigoiti, Olaberria.

Jauregi señalaba hace un año -también en respuesta parlamentaria- que un total de 31 ayuntamientos vascos habían pedido algún tipo de ayudas para llevar a cabo diferentes actuaciones relacionadas con el amianto, y que dentro de la memoria justificativa de la ejecución de la subvención concedida figuraban la obligación de remitir estos censos. Por ello, el departamento contaba con recibir en breve los censos de los 26 municipios a los que faltaba sólo por cumplir con uno de los requisitos para percibir las ayudas. En estos momentos el censo elaborado por estos municipios, si es que existe, no parece estar registrados por parte del departamento. Sí señala el consejero en su respuesta que “es intención de este departamento poner en común en la próxima reunión a celebrar de la mesa de trabajo sobre amianto, -el 19 de noviembre- la situación de los censos recibidos oficialmente en cada uno de los Departamentos competentes a los que deben remitirse según lo dispuesto en la ley 7/2022”.

Dicha ley recoge que su disposición adicional decimocuarta que los censos serán “remitidos a las autoridades sanitarias, medioambientales y laborales competentes de las comunidades autónomas”, por lo que se entiende que el departamento en el que se incluye Medio Ambiente debería disponer de ese listado. La norma señala que serán las autoridades autonómicas las que “deberán inspeccionar para verificar, respectivamente, que se han retirado y enviado a un gestor autorizado. Esa retirada priorizará las instalaciones y emplazamientos atendiendo a su grado de peligrosidad y exposición a la población más vulnerable. En todo caso las instalaciones o emplazamientos de carácter público con mayor riesgo deberán estar gestionadas antes de 2028”. Una fecha que empieza a parecer difícil de cumplir si sigue sin tenerse constancia de dónde se encuentra esta sustancia.

Según señala el departamento, la mesa de trabajo del amianto, en la que hay representantes del departamento de Industria, Transición Energética y Medio Ambiente y de los departamentos de Salud y Economía, Trabajo y Empleo, donde se abordan temas técnicos, ha celebrado ocho reuniones en el año 2025 tratando diferentes cuestiones relacionadas con el amianto y lo regulado en ese ámbito por la Ley 7/2022. “La siguiente reunión del grupo de trabajo a nivel de responsables políticos está convocada para el próximo 19 de noviembre”, y en el orden del día previsto se encuentra analizar los avances durante el año 2025, situación de censos, instrumentos económicos (para censar y para retirar), comunicación a ayuntamientos, gestión del amianto en poder de la ciudadanía, así como soluciones a la recogida y vertido, posibles acciones comunicativas y propuestas para el 2026.

Jauregi señala que la ley no establece la obligatoriedad de elaborar un plan de desamiantado en las comunidades autónomas, pero que “es intención del grupo de trabajo interdepartamental puesto en marcha, y dentro de las competencias que tiene atribuidas cada departamento gubernamental que participa, seguir avanzando en las actuaciones que se consideren necesarias abordar para cumplir con los objetivos previstos en la citada ley”. En este sentido, señala que se está trabajando paralelamente con otros agentes implicados como son las Diputaciones Forales acordando soluciones al amianto en poder de la ciudadanía, dado que la gestión de este residuo es de competencia municipal según lo dispuesto en la Ley 7/2022 sobre los “residuos domésticos peligrosos”.

La ley estatal aprobada el mes de abril de 2022 en el Congreso de los Diputados -Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular-, imponía el plazo de un año a los ayuntamientos desde la entrada en vigor de la norma para elaborar el listado de instalaciones afectadas con esta sustancia, altamente contaminante. El censo debía acompañarse de un calendario que planifique su retirada y tanto el listado como el calendario, con carácter público, y remitirse a las autoridades sanitarias, medioambientales y laborales competentes de las comunidades autónomas. El plazo para el cumplimiento de esta norma, que finalizaba en abril de 2023, se alargó primero hasta finales del año 2023, pero la realidad ha demostrado el incumplimiento absoluto de los plazos, porque los ayuntamientos aseguran que tienen muchas dificultades para elaborar dicho censo.

Lo cierto es que la ausencia de censos en manos del Gobierno vasco impide tener una valoración de la cantidad que amianto que existe en los municipios y de la cantidad que se prevé retirar hasta el año 2030, fecha que fija la citada norma, que obliga a que esté retirado de los edificios públicos y de mayor riesgo antes de 2028.

Desde el Gobierno vasco señalan que se han realizado “diferentes acciones para apoyar a los ayuntamientos en la elaboración de los censos de amianto”, como jornadas divulgativas, un buzón de correo electrónico para que cada entidad local pueda trasladar dudas o diferentes aspectos relativos a la elaboración de los censos de amianto, además de ayudas para llevarlos a cabo. No obstante, recuerdan que “que la responsabilidad de cumplir con las obligaciones atribuidas a las entidades locales en la ley 7/2022, es de cada ayuntamiento. El Gobierno vasco informa periódicamente a los ayuntamientos sobre dichas obligaciones legales y, tras la próxima reunión de la Mesa Interdepartamental del Amianto, evaluará nuevas acciones o comunicaciones necesarias”.

El Ayuntamiento de Cartes ha recibido una subvención de 4.490 euros para la elaboración de un censo y un cronograma de retirada de instalaciones y emplazamientos con amianto.

La finalidad de la misma es impulsar, facilitar y garantizar la correcta identificación, con vistas a su posterior gestión y tratamiento como residuos, de las instalaciones y emplazamientos con amianto en el municipio, ha informado este martes el Ayuntamiento.

Uno de los objetivos generales establecidos en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, es la concienciación sobre la problemática del uso de amianto y la necesidad de su localización y desmantelamiento de las infraestructuras o instalaciones que aún lo contengan, fortaleciendo la protección del medio ambiente y la salud humana al incluir medidas para contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Para dar cumplimiento a dicho objetivo, en Cartes se elaborará próximamente un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto que incluya un calendario en el que se planifique su retirada, priorizando las instalaciones y emplazamientos por su mayor grado de peligrosidad y exposición a la población más vulnerable.

La Fiscalía ha abierto una investigación para aclarar si el Ayuntamiento de Granada ha expuesto a vecinos y trabajadores municipales al amianto, un material altamente cancerígeno, durante unas obras municipales. En concreto, el Ministerio Fiscal está analizando la denuncia presentada por una plataforma vecinal que ha comprobado que en la remodelación de varias calles de la ciudad se habrían podido cometer varios delitos contra la salud pública, la seguridad de los trabajadores y el medio ambiente.

Según el escrito, al que ha tenido acceso este medio, las obras ejecutadas en varias calles de la capital -Emperatriz Eugenia, Gran Capitán y Avenida de Cervantes- se habrían realizado sobre antiguas canalizaciones de fibrocemento con amianto sin las medidas de protección que exige la ley. Dice el escrito que ni equipos adecuados, ni humeder el suelo para evitar que se dispersen las partículas, ni un plan de trabajo específico: el riesgo se habría gestionado, sencillamente, ignorándolo.

La denuncia parte de la plataforma 'Salvemos la Avenida de Cervantes', impulsada por vecinos y apoyada por Podemos Granada, que, tras tener conocimiento de otras obras similares en otras dos vías de la ciudad, ha decidido ampliar la demanda tras confirmar que la exposición al amianto se estaba produciendo de forma “descontrolada” en otras remodelaciones. En todos los casos, dicen, las zanjas se abrieron con tramos de tuberías de amianto al aire, mientras operarios y peatones pasaban sin equipos ni perímetros de seguridad. “Sólo pusieron un cartel de peligro amianto y una valla ligera”, denuncian, “pero el polvo ya estaba en la calle”.

Emasagra, la empresa municipal de aguas, ha sido la encargada de ejecutar estos trabajos de canalización dentro de un plan de mejora de infraestructuras que se está llevando a cabo en distintos puntos de la ciudad. En todos los casos, se trataba de obras de sustitución de conducciones antiguas -muchas de ellas fabricadas con fibrocemento-, en calles con una elevada densidad de población y tráfico peatonal, algunas incluso junto a centros escolares. Las actuaciones, sin embargo y según los denunciantes, se habrían realizado sin los planes de prevención y seguridad que exige la normativa estatal cuando existe presencia de amianto.

Un material cancerígeno

Algo grave porque, según explica la plataforma a través de diferentes escritos a los que ha tenido acceso este medio, la exposición al amianto -incluso a niveles bajos- es acumulativa y persistente. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte de que no existe un umbral seguro, y que la inhalación de fibras puede provocar cáncer de tipo 1 después del contacto inicial, con un periodo de latencia en el aire de incluso 40 años. Por eso las medidas de prevención y control ambiental no son recomendaciones, sino obligaciones legales.

De hecho, el Real Decreto 396/2006 obliga a que, antes de cualquier obra que pueda alterar materiales que contengan fibras de amianto, se elabore un Plan de Trabajo con Amianto (PTA). Este documento debe especificar la metodología de retirada, las medidas de protección personal y ambiental, el control del polvo en suspensión, el tratamiento de los residuos y el perímetro de exclusión para evitar la exposición de la población. Dicho plan, además, tiene que ser aprobado por la autoridad laboral antes de iniciar la obra. Sin embargo, los denunciantes aseguran que en las canalizaciones ejecutadas por Emasagra no existía ningún plan de trabajo y que la presencia de amianto ni siquiera fue identificada en el Plan de Seguridad y Salud.

En las denuncias presentadas ante la Fiscalía, la Delegación de Empleo y la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía, la plataforma vecinal incluyen imágenes que evidencian cómo durante las excavaciones quedaron expuestos tramos de tuberías de fibrocemento, visibles a simple vista, mientras se retiraba tierra con maquinaria pesada. Las imágenes muestran la manipulación directa de esos tubos por parte de operarios sin equipos de protección adecuados ni procedimientos para humedecer el suelo y evitar la dispersión de fibras. Según los vecinos, “la única medida adoptada” tras hablar con los propios trabajadores fue colocar un cartel de advertencia y un vallado ligero. “Una respuesta más estética que preventiva”, explican en la denuncia.

No obstante, según Salvador Soler, el letrado de la plataforma que ha iniciado el procedimiento judicial, la omisión de medidas preventivas supone una infracción grave de la legislación laboral y ambiental, al tiempo que da pie a varios: contra la seguridad de los trabajadores (artículo 316 del Código Penal), contra el medio ambiente (artículo 325) y de prevaricación administrativa y ambiental (artículos 404 y 329). En el caso de la obra de la Avenida de Cervantes, la denuncia añade otro elemento: la licitación se aprobó sin que se hubiese realizado la Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada, obligatoria en zonas urbanas de alta contaminación atmosférica como Granada, que tiene declarado un nivel de protección especial por calidad del aire.

Por eso, la plataforma vecinal pide que se suspendan las obras hasta que se garantice la seguridad y que se lleve a cabo una evaluación sanitaria urgente de las zonas afectadas, incluidas mediciones ambientales para determinar si existe contaminación residual. También solicitan la intervención de la Inspección de Trabajo y la apertura de expedientes sancionadores contra las empresas implicadas -Emasagra y Sorigué- por haber ejecutado las obras sin tomar las medidas adecuadas para los trabajadores y los viandantes.

No en vano, los denunciantes han recurrido tanto a la Delegación de Salud como a la de Empleo para que la Junta de Andalucía tome cartas en el asunto. Al respecto, desde el Ejecutivo regional confirman que están “estudiando las reclamaciones”, aunque fuentes del Gobierno andaluz admiten que se trata de “temas delicados”. No obstante, hasta la fecha no consta que se haya realizado inspección alguna ni se haya abierto un procedimiento formal. La Fiscalía, por su parte, está en plena investigación practicando diligencias para aclarar los posibles delitos e infracciones que se habrían cometido.

El ayuntamiento niega el problema

Sin embargo, el Ayuntamiento de Granada niega cualquier irregularidad. Fuentes del área de Urbanismo sostienen que “las obras cumplen con la normativa vigente” y que “no se ha producido exposición alguna a amianto”. También desde Emasagra insisten en que no se ha manipulado material peligroso y que “las canalizaciones sustituidas no contenían amianto”. Sin embargo, los denunciantes replican que existen evidencias gráficas y técnicas que demuestran lo contrario y recuerdan que la propia empresa reconoció a los vecinos, en reuniones informales, que el riesgo “no se había contemplado” en el plan inicial.

Por otro lado, desde el Consistorio argumentan que el Tribunal Administrativo de Contratos ha rechazado el recurso presentado por los vecinos sobre las obras de la Avenida Cervantes porque la licitación de la obra no supera los 3 millones de euros y la denuncia está impulsada por un partido político. Sin embargo, desde la plataforma recuerdan que la respuesta del tribunal es arbitraria y que dicho organismo no es “independiente” porque está nombrado por el propio Ayuntamiento de Granada. Para los denunciantes, desde el Consistorio “se banaliza el riesgo sanitario y ambiental”.

Pero la denuncia ha destapado un conflicto que va más allá de una obra concreta. Lo que se denuncia es una práctica generalizada de omisión: la sustitución de antiguas tuberías de fibrocemento sin aplicar los protocolos que exige la ley. Granada, como muchas otras ciudades, mantiene todavía una red subterránea instalada en los años 70 y 80, cuando el uso del amianto era habitual. Su retirada requiere procedimientos especializados, pero la presión por ejecutar obras y cumplir plazos acaba relegando los controles de seguridad. Algo que se estaría produciendo en este caso, tal y como denuncian los vecinos.

Mientras la investigación judicial avanza, las obras ya están terminadas y las calles, asfaltadas de nuevo. Ahora, queda la duda de si la ciudad ha convivido durante meses con un material que, por ley, debería haber sido tratado con protocolos de alta seguridad. Lo que las denuncias sostienen es que el Ayuntamiento y las empresas contratadas miraron para otro lado. Ahora deberá ser la Justicia la que determine si fue así o no.

La oposición del Parlamento de Cantabria (PRC, PSOE y Vox) ha unido este lunes sus votos para instar al Gobierno regional (PP) a buscar una ubicación “alternativa” a la de Castañeda, y más alejada de la población“, para acoger el vertedero de amianto, al que se llevarán las toneladas de este material que se retiren del edificio de la antigua Residencia.

En otros de sus puntos, la iniciativa aprobada -una proposición no de ley que ha partido del PSOE- pide también al Ejecutivo publicar el expediente completo, con toda la información y los informes pertinentes, sobre el desmantelamiento de la Residencia y el futuro almacenaje de amianto en el vertedero de Castañeda, así como organizar asambleas informativas para los vecinos sobre dicho proyecto.

También le reclama que adopte las medidas oportunas para garantizar que la demolición de la Residencia y la gestión del amianto “cumpla estrictamente los requisitos y actuaciones que exige la ley para asegurar que no existe peligro para la salud pública”. La iniciativa ha contado con el voto en contra de los integrantes del Grupo Parlamentario Popular, que, aunque es el más numeroso con 15 de los 35 diputados de la Cámara, no cuenta con mayoría absoluta.

Y es que han insistido en que el proyecto previsto “cumple la normativa” y cuenta “con todos los parabienes de los informes técnicos”. Así, han acusado a la oposición de estar “pervirtiendo” y utilizando “de manera fraudulenta” la figura de las proposiciones no de ley. “No se puede usar un PNL para tumbar o cambiar de emplazamiento un proyecto que cuenta con todos los informes técnicos favorables, que cumple la normativa. La figura de la proposición no de ley no está para eso. Están ustedes mezclando la labor del Ejecutivo con la labor del Legislativo”, ha replicado su diputado Alejandro Liz.

Además, ha acusado al PSOE de pretender crear en torno a este proyecto una “alarma que se basa en puras mentiras”. “Es absolutamente falso que el amianto perfectamente sellado en un vertedero sea peligroso para la salud. El amianto es peligroso en los tejados”, ha afirmado.

También le ha reprochado que tenga el “atrevimiento” de presentar esta iniciativa cuando este vertedero se proyecta para cumplir con lo que dicta una ley aprobada por los socialistas desde el Gobierno de España y después de que el bipartito PRC-PSOE no hiciera “nada” para que la comunidad pudiera contar con uno. “Este problema le han generado ustedes”, ha afirmado Liz.

Y ha añadido que frente a la “irresponsabilidad” e “hipocresía” del PSOE, está la “responsabilidad” del Gobierno del PP para que Cantabria disponga de un vertedero de amianto y no tenga que llevarlo a otras comunidades, lo que supondría “encarecer” el proceso.

Por su parte, el PSOE considera que ha sido la necesidad de acoger “4.000 toneladas” de amianto procedentes del desmontaje de la Residencia lo que ha llevado al Gobierno a abordar la creación de este vertedero. “Ustedes han cometido un gran error. Se han puesto a tirar la Residencia sin saber cuánto volumen de amianto había y ahora de repente no les salen las cuentas y hay que habilitar un vertedero”, ha afirmado el socialista Raúl Pesquera.

Además, el también exconsejero de Sanidad ha insistido en mostrar su preocupación por la retirada del amianto de la Residencia y ha afirmado que, si fuera alcalde de Santander, estaría “muy preocupado” ante la posibilidad de que “convirtamos la Residencia Cantabria en un Chernóbil en Santander”.

Esta última referencia ha sido muy criticada por Liz (PP), que ha asegurado que “aquí no hay ningún Chernóbil”. Además, refiriéndose a Pesquera, le ha dicho: “lo único que veo de amianto es el rostro de usted”. Además, ha negado “opacidad” por parte del Gobierno de Cantabria y ha garantizado que los parlamentarios podrán consultar el expediente que reclaman ya que va a remitirse al Parlamento para su consulta.

En este sentido, por parte del PRC se ha recriminado al Ejecutivo que no haya contado “nada” sobre cómo van a ser los plazos y el proceso para desmantelar la Residencia y también le han acusado de haber decidido “sin ningún tipo de informe adicional” y “sin transparencia” cambiar la tipología del vertedero de Castañeda para que pueda acoger amianto, un material “muy peligroso” y que, “si entra en contacto con el aire puede generar muchos problemas para los ciudadanos”.

También Vox ha criticado al Ejecutivo por haber aprobado el proyecto de esta instalación “de manera unilateral” y “sin contar” con el Parlamento ni con los vecinos de las zonas afectadas, algo que, según este partido, responde a la “obsesión” del Gobierno por “acelerar” proyectos “a costa de lo que sea y de quien sea”. Aunque Vox no está en contra de que Cantabria cuente con un vertedero para este tipo de residuo, ha pedido “aplicar el sentido común” y estudiar otras ubicaciones más alejadas de la población“.

Fondos Europeos

Por otra parte, la oposición también se ha unido este lunes para dar luz verde a una moción presentada por el PSOE que insta al Gobierno cántabro a que en un mes remita a la Cámara un plan de choque que permita el seguimiento y la ejecución total de los Fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resilencia (MMR) asignados a la comunidad.

La iniciativa recoge la elaboración de un cronograma mensual de la Consejería de Economía en el que especifique hitos y objetivos cumplidos, así como los pendientes de cumplir. Asimismo, incluía que el consejero del área, Luis Ángel Agüeros, compadeciera trimestralmente en el Pleno, punto que ha sido retirado por los socialistas tras aceptar una enmienda de Vox.

La socialista Ana Belén Álvarez ha lamentado que Cantabria “esté a la cola” en la ejecución de los fondos europeos y ha pedido al Ejecutivo cántabro más transparencia en la publicación de los datos. También ha mostrado la “preocupación” de su partido por el estado de ejecución que, según señaló en el pasado Pleno el Agüeros, es del 63% a 30 de septiembre.

Una preocupación que también ha reconocido compartir el PRC, que considera la moción “muy razonable y de sentido común”. Según ha explicado la diputada Paula Fernández “no es una crítica”, sino “una llamada a la responsabilidad compartida, al trabajo conjunto y a la transparencia”, algo que “no debe incomodar a un Gobierno que dice gestionar con transparencia, con eficacia”.

Por su parte, Vox ha apoyado la iniciativa porque comparte “el fondo” aunque “discrepa profundamente en la forma”. Su diputada Natividad Pérez ha aprovechado su intervención para criticar la “incapacidad” del Gobierno central (PSOE-Sumar) para gestionar estos fondos.

Por último, el PP se ha preguntado si “es necesario generar más burocracia y mayor carga administrativa a las diferentes consejerías para placebo del Partido Socialista” o, si “lo importante y lo responsable” es que en los “pocos” meses que quedan de ejecución -hasta agosto de 2026- “se centren todos los esfuerzos en lograr ejecutar el mayor número de fondos posibles”. “No están siendo responsables”, ha dicho Carlos Caramés al resto de grupo.

El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media (PP), ha defendido que el vertedero de amianto que se ubicará “en muy poco tiempo” en Castañeda es “legal”, “seguro” y supone “una oportunidad” para Cantabria. Así lo ha señalado Media este miércoles en la visita que ha realizado a las instalaciones de IACAN, en Castañeda, donde ha desmentido las “mentiras” que se han lanzado en torno a este proyecto y ha criticado que se genere “una alarma injustificada”, “metiendo miedo” a la sociedad.

El consejero ha recordado que el proyecto no lo promueve el Ejecutivo regional, sino que se trata de una iniciativa privada, cuya empresa asegura que “va a ser rentable”. Además, ha aseverado que esta obra “es legal, está autorizada y cumple con toda la normativa vigente”.

En este punto, ha señalado que IACAN cuenta con una autorización ambiental integrada vigente desde 2009, que permite la construcción y uso de un nuevo vaso, en el que se depositará el amianto y que garantiza que la entidad “cumple siempre” los requisitos para gestionar materiales de construcción que contengan amianto y otros residuos de asbesto.

Según ha explicado, al contar ya la empresa con autorización de vertedero para residuos no peligrosos y en su proyecto inicial estar reflejada la construcción de una segunda celda independiente hidráulicamente, deberá solicitar a la Dirección General de Medio Ambiente una modificación no sustancial de la autorización integral que posee para la gestión de este material en la que se cumplan todos los requisitos que dicta el real decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

Una modificación que, previsiblemente, solicitará la empresa en las próximas semanas. “Según los informes que ya hemos recabado de los técnicos de la Dirección General de Medio Ambiente todo apunta a que la posible solicitud que la empresa realice en las próximas semanas cumpliría el carácter de modificación no sustancial y, por lo tanto, estaría sometida a un procedimiento administrativo muy sencillo”, ha dicho.

Asimismo, el consejero, que ha recordado que en toda España existen 35 instalaciones de este tipo, muchas de ellas en comunidades limítrofes a Cantabria, ha afirmado que el amianto es “altamente peligroso donde está ahora” y no en un vertedero como el que se está construyendo.

Media ha recordado que el monitoreo de la calidad del aire en este tipo de instalaciones “es una obligación” y que el depósito de este tipo de materiales se realiza de tal manera que se asegura que está completamente sellado en una capa impermeable que impide la liberación de sus fibras que evitan que el material esté expuesto al aire o al agua.

Además, en relación a su transporte y manipulación, el consejero ha insistido que estos trabajos se realizan por empresas especializadas, siguiendo normas de seguridad “estrictas”, y que cuentan con habilitación específica para su manipulación.

“El peligro del amianto no se deriva de su transporte o depósito en vertedero, sino de su permanencia al aire libre, siendo eso lo que nos debe preocupar y no el depósito en vertedero, que es donde debería estar”, ha reiterado, al tiempo que ha asegurado que “es absolutamente falso y falto de rigor científico que el depósito de amianto en vertedero genere peligro alguno para la salud”.

Finalmente, el consejero ha asegurado que esta nueva instalación supondrá “una oportunidad” para Cantabria, que dotará a la región de una instalación “muy necesaria” para conseguir que las empresas, los particulares y también las administraciones públicas “nos beneficiemos” de tener una instalación “segura” en la Comunidad.

El Grupo Socialista de Castañeda ha presentado una denuncia en el Ayuntamiento porque las obras de ampliación del vertedero para contener amianto se están realizando “sin la correspondiente licencia municipal”, algo que en su opinión es “gravísimo”.

Así lo ha aseverado el secretario general del PSOE de Castañeda, Fidel San Emeterio, que ha explicado en un comunicado que en la denuncia se expone que el Ayuntamiento “no tiene constancia” de que exista un expediente relativo a la construcción de un vertedero de residuos de amianto en el municipio y que, por lo tanto, dicha obra carece de la pertinente licencia municipal.

En este sentido, la denuncia del PSOE indica que “solo” consta una licencia fechada el 14 de marzo de 2022, por resolución de Alcaldía, para ejecutar obras de la segunda fase de impermeabilización para un volumen de dos millones de metros cúbicos de residuos no peligrosos en el vertedero de residuos no peligrosos de Castañeda.

Por otra parte, el PSOE ha denunciado que, tras rechazarse en el Pleno de la Corporación celebrado este jueves, con los votos en contra del PP, la moción socialista para pedir transparencia sobre la obra del vertedero de amianto y que se estudiasen otras posibles ubicaciones que no afectase a más de 20.000 personas en un radio de 5 kilómetros, el alcalde, Marcos García Carrera (PP), dio por terminada la sesión “antes de tiempo, evitando que en el apartado de ruegos se siguiese hablando del vertedero de amianto”.

Un hecho “inadmisible” a juicio de San Emeterio, “con una falta de transparencia y actitud democrática muy graves, tratándose de un tema que afecta a la salud y seguridad de los vecinos y vecinas de Castañeda y el entorno”, ha valorado.

Según ha indicado, en el salón de plenos estaba congregado numeroso público, entre vecinos y políticos, como, por ejemplo, los socialistas de Cayón, Piélagos y Corvera de Toranzo, que asistieron a la sesión “esperando a que el alcalde informase de este asunto”.

“Es un tema que preocupa a los habitantes de la zona y que quedaron estupefactos al ver cómo el alcalde cortaba el Pleno antes de que se le pudiese hacer un ruego sobre el vertedero de amianto, un material que es cancerígeno”, ha afirmado.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para esclarecer posibles vertidos ilegales en Andalucía y Extremadura, tras la detención de dos personas por verter amianto en una finca catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC) por el Gobierno andaluz, después de hacerse pasar por integrantes de una empresa autorizada para retirar uralita.

En un comunicado, la Policía Autonómica ha informado de que la investigación, en el marco de la ‘Operación Barroco’, se inició hace un año tras detectarse vertidos contaminantes compuestos por grandes cantidades de uralita, material que contiene amianto con alto potencial cancerígeno, en las inmediaciones de la Hacienda Ibarburu, en la carretera N-IV a su paso por Dos Hermanas.

Los agentes comprobaron que los residuos contaminantes eran depositados sin ningún tipo de medida de seguridad medioambiental contraviniendo la normativa autonómica y afectando directamente a un enclave protegido, ya que la finca está catalogada como BIC por la Junta de Andalucía desde 2002.

Fruto de las pesquisas se identificó al autor material de los vertidos, a quien se le imputó un delito contra el medio ambiente y posteriormente como consecuencia de la continuación de las investigaciones, se logró identificar y detener a un segundo sujeto, a quien, además del delito anterior, se le imputaron también delitos de estafa y contra los derechos de los trabajadores.

El modus operandi de los autores consistía en ofrecer sus servicios como empresa especializada en la retirada y tratamiento de residuos tóxicos y peligrosos, asegurando contar con los permisos y certificaciones necesarios que la Junta requiere para tal actividad.

Así pues, una vez que eran contratados para la retirada de la uralita, procedían a su retirada manipulando dicho material sin adoptar medidas preventivas y lo transportaban en vehículos alquilados que carecían de las características adecuadas para tal fin.

Finalmente, volvían a verter los residuos contaminantes en lugares de difícil acceso, obviando cualquier tipo de tratamiento para su descontaminación o eliminación, generando un grave riesgo para la salud pública.

Cerca de 40 ayuntamientos cántabros se han beneficiado de las ayudas del Gobierno regional destinadas a entidades locales para la elaboración de un censo y cronograma de retirada de instalaciones y emplazamientos con amianto situados en sus respectivos municipios.

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este miércoles, 27 de agosto, la resolución de la convocatoria de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente y que ha agotado los 150.000 euros de subvención, por lo que no se descarta una nueva convocatoria.

El objetivo de la medida es apoyar a los consistorios a la elaboración de este registro de obligado cumplimiento, como recoge la Ley estatal de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular.

En la actualidad, solo dos municipios cántabros (Ramales de la Victoria y Laredo) cuentan con este censo, según ha indicado el consejero del ramo, Roberto Media, que ha subrayado así la importancia de estas ayudas para “facilitar el trabajo y minimizar el coste que deberán asumir los ayuntamientos para su elaboración”.

En un comunicado, el titular de la Consejería ha puesto en valor los beneficios que estas actuaciones supondrán para el medio ambiente y la salud pública.

Por otro lado, ha indicado que, tras el “gran número” de peticiones recibidas de los ayuntamientos para poder beneficiarse de estas ayudas, su departamento no descarta la posibilidad de llevar a cabo una nueva convocatoria “que consiga dar respuesta a todas las solicitudes recibidas”.

Características de este registro

La Ley estatal establece que cada ayuntamiento debe elaborar un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto que incluya un calendario en el que se evalúe su riesgo y se planifique su retirada segura.

En su disposición adicional decimocuarta, la norma fija su entrada en vigor el 8 de abril de 2023, aunque actualmente solo dos municipios de la región cuentan con este registro.

Tanto el censo como el calendario deben tener carácter público y se deben remitir a las autoridades sanitarias, medioambientales y laborales competentes de la comunidad autónoma.

En el caso de aquellas instalaciones de mayor riesgo, como emplazamientos de carácter público, deberán estar gestionadas antes del año 2028. Para ello, cada municipio deberá realizar las inspecciones que sean oportunas para localizar e identificar los materiales con amianto.

En una etapa posterior, para completar el proceso de diagnóstico, se valorará la prioridad sobre su retirada y se establecerá un calendario para su ejecución.

Dentro de este registro se incluirán viviendas, oficinas, edificios industriales, agrícolas, locales de trabajo o cualquier otra construcción, hasta instalaciones industriales, redes municipales de abastecimiento de agua o, incluso, carreteras u otro tipo de infraestructuras.

Los comités locales del PRC en Castañeda y Piélagos han denunciado la “opacidad” del Gobierno de Cantabria y de ambos ayuntamientos, todos gobernados por el PP, en torno al proyecto de instalación de una planta de tratamiento de amianto en el vertedero de Carceña.

Según advierten, se trata de una instalación “altamente contaminante y con un enorme impacto ambiental” cuyo desarrollo “se está tramitando de espaldas a los vecinos, generando alarma y desconfianza”.

Las agrupaciones regionalistas de ambos municipios han exigido en un comunicado “acceso inmediato” a toda la documentación del proyecto ya que, mientras Piélagos manifiesta desconocer el mismo, Castañeda se niega a facilitar la documentación, lo que les hace temer que, en efecto, “pone en cuestión la seguridad y la salud de los ciudadanos”.

La portavoz del PRC de Piélagos, Susana Iglesias, ha criticado la actitud del alcalde, Carlos Caramés (PP), al que acusa de dar “escasas y confusas explicaciones” sobre la incidencia del proyecto en el municipio.

“Los vecinos de Piélagos tienen derecho a saber qué se pretende instalar a pocos kilómetros de sus casas y qué riesgos conlleva, y lo que no pueden recibir son evasivas del alcalde, que en el último pleno reconoció no tener ninguna información sobre este proyecto”, ha sentenciado.

“Se trata del tratamiento de un residuo tóxico que va a atravesar el municipio, al ser la única vía de acceso al vertedero; si es verdad que desconoce el proyecto, el señor Caramés estaría demostrando una vez más su dejadez y su desidia, además de actuar de forma negligente por no seguir de cerca el desarrollo de una instalación que, previsiblemente, va a tener graves impactos sobre Piélagos”, ha añadido.

Por su parte, la secretaria general del PRC de Castañeda, Luz Gutiérrez, ha reprochado al alcalde 'popular', Marcos García, que anteponga la disciplina de partido a la defensa de sus vecinos y su absoluta opacidad.

“El alcalde pone los intereses del PP por encima de los de sus vecinos al negarse a plantar cara a este proyecto, cuando su obligación es velar por la protección de Castañeda y no obedecer consignas que le llegan desde Santander a espaldas de los habitantes del municipio”, ha lamentado. “Lo primero es informar a los vecinos, cosa que no está haciendo, negando incluso la documentación a la oposición”.

Los regionalistas han cuestionado, además, la “falta de coherencia y claridad” del consejero de Medio Ambiente, Roberto Media (PP), que en un principio evitó pronunciarse y dar información sobre la ubicación de la planta y los detalles del proyecto, “escudándose en que se trataba de un proyecto privado”, para después informar que esta es una propuesta del propio Gobierno a la empresa que gestiona el vertedero de Carceña.

La dirigente regionalista ha advertido que “todo parece indicar que se llevará a cabo una aprobación exprés de esta iniciativa” lo que evidencia, a su juicio, “unas maneras nada aconsejables para el tema del que se trata, pues afecta a la salud de los vecinos y a una política medioambiental que el Gobierno de Cantabria realiza a parches y sin una estrategia planificada”.

En este sentido, ha exigido “transparencia total y un análisis en profundidad” de las posibles consecuencias medioambientales de la planta “para garantizar la seguridad del entorno y las poblaciones afectadas”.

“Es una irresponsabilidad que el Gobierno de Cantabria no informe la ciudadanía, que los ayuntamientos oculten información y que no se haga un estudio detallado sobre un proyecto que puede condicionar el futuro de estos municipios y provocar graves afecciones medioambientales y de salud pública”, ha afirmado.

El PSOE ha denunciado el “oscurantismo” del Gobierno de Cantabria (PP) sobre el anunciado vertedero de amianto de Castañeda y le ha exigido que aporte “toda la información” sobre este proyecto que está generando “máxima preocupación” entre los vecinos de la zona dado que se trata “de un material muy peligroso para la salud pública”, ya que es cancerígeno.

Así lo ha requerido este martes, en declaraciones a los medios de comunicación, la portavoz del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones, que ha instado al Ejecutivo regional y a los alcaldes de Castañeda --municipio donde se va a ubicar-- y de los cercanos de Santa María de Cayón y de Piélagos, todos del PP, que convoquen asambleas para aportar a los vecinos “toda la información que tengan” sobre esta actuación: en qué va a consistir; cuándo se va a trasladar el amianto o qué afecciones puede tener, entre otras cuestiones.

Además, Quiñones ha pedido que en estas asambleas se aporten los informes técnicos del proyecto dado que “estamos hablando de algo muy importante”. La portavoz socialista considera que este “oscurantismo” del Gobierno solo se explica de dos maneras “y las dos son negativas”.

“La primera, que haya esos informes, que todo esté en orden y que el Gobierno de Cantabria y los ayuntamientos no hayan trasladado a sus vecinos, cosa que nos parece mal porque genera una alarma en la población. O dos, que realmente se estén realizando esas obras sin informes pertinentes, sin informes técnicos y que nada han pensado en los vecinos de la zona, que es más negativo todavía”, ha enumerado.

“Cuando todas las cosas se realizan con transparencia, con informes técnicos y sin ningún tipo de miedo a trasladar a la ciudadanía todas las respuestas, todo va bien. Pero cuando hay ese oscurantismo y no se habla o no se cuenta la realidad, entonces es cuando nos empezamos a preocupar”, ha añadido.

Quiñones ha comparecido acompañada de los secretarios generales de las agrupaciones socialistas de Castañeda, Santa María de Cayón y Piélagos y del portavoz del PSOE en el Parlamento de Cantabria, Mario Iglesias, que ha anunciado que su grupo, cuando se inicie el nuevo periodo de sesiones en septiembre, presentarán iniciativas sobre este proyecto.

Iglesias ha señalado que los socialistas, para poder tener una opinión sobre este proyecto y sobre la idoneidad de la ubicación escogida, necesitan tener primero “toda la información que se nos está negando” y ver los expedientes relativos a esta actuación.

Y es que ha insistido que “les preocupa sobremanera” este vertedero de un material como el amianto “del que ha muerto muchísima gente en España y en el mundo”.

De hecho, los socialistas han aludido en sus declaraciones a un informe que señala a España como “el cuarto país de la Unión Europea con más muertes por amianto”.

Iglesias ha incidido también en el “oscurantismo” del Ejecutivo ya que, según ha dicho, cuando se anunció el vertedero no se informó de su ubicación. “Luego ya, metidos en verano, cuando la gente ya está a otras cosas, sí que ha dado la información de que es precisamente en el municipio de Castañeda”, ha indicado.

El proyecto

Según la información que se conoce hasta ahora, la instalación --la primera en Cantabria de estas características-- se ubicará en el monte Carceña, en Castañeda, y estará a cargo de Iacan la empresa que gestiona el vertedero de residuos del municipio ubicado en esta zona.

Para ello, se presentará “en las próximas semanas, a lo largo del mes de agosto”, un proyecto para modificar su autorización ambiental, un permiso que, según el consejero de Medio Ambiente, Roberto Media, lleva “una tramitación muy sencilla”.

El pasado 16 de julio el consejero de Medio Ambiente, Roberto Media, anunció que había empezado ya la construcción del vaso del vertedero de amianto, que estará operativa “en unos meses”.

Albergará, entre otros, los elementos contaminantes que resulten de la demolición del edificio de la antigua Residencia Cantabria, lo que “abaratará costes” al no tener que enviarlos a otras comunidades.

Quiñones ha señalado que, hasta ahora, el vertedero que actualmente se ubica en el Monte Carceña es “para material no peligroso” mientras que el amianto sí lo es.

Aunque el vertedero está en Castañeda, Quiñones ha señalado que se encuentra “a escasos dos kilómetros” de Renedo, capital del municipio de Piélagos, y está “muy cerca” también de La Penilla, que pertenece a Santa María de Cayón, donde hay “empresas muy importantes como la Nestlé”.