CCOO Industria ha denunciado que, cerca de cumplirse un año desde que estalló el conflicto de Eserman Puertollano, debido al ERE extintivo planteado por la empresa y auspiciado por Repsol Puertollano, “argumentando una supuesta modificación productiva”, ninguna de las personas que se quedaron en la calle haya sido contratada por la empresa Katoen.

El secretario general de CCOO Ciudad Real, Víctor Manuel Arias, ha recordado que gracias “a la lucha de la clase trabajadora” de Eserman, promovida y organizada por el sindicato, se consiguió acordar prejubilaciones para 19 personas e indemnizaciones por encima de lo que marca la ley para el resto de los 34 trabajadores y trabajadoras que conformaban la plantilla.

No obstante, en un intento de procurar a estas 34 personas una alternativa laboral, dado que todas tienen una edad en la que necesitan seguir trabajando, CCOO habló con Repsol, con la empresa Katoen que iba a asumir el servicio, con el Ayuntamiento de Puertollano y con la Junta de Comunidades para que, a la hora de hacer contratación, se contará con estas personas.

Según indica el sindicato, en aquel momento, tanto Ayuntamiento como la Junta de Castilla La Mancha se comprometieron a buscar soluciones, “pero a día de hoy no tenemos nada”.

“No escatimaron titulares comprometiéndose a hacer todo lo que estuviera en su mano para recolocar o recualificar a los trabajadores, con el fin de buscarles una salida profesional. El alcalde llegó incluso a decir que el personal de la nueva empresa Katoen serían trabajadores de Puertollano y de Eserman. Sin embargo, nada de eso ha ocurrido, porque Katoen no ha contratado a ningún trabajador de Eserman y ha seguido contando sus trabajadores desplazados desde otros lugares”, ha señalado Víctor Manuel Arias.

“Es una falta de respeto”

Ante esta realidad, CCOO sostiene que ninguna administración ha cumplido con su palabra, dejando a estos trabajadores de Eserman “desamparados”.

“No es admisible que después de procesos tan duros y traumáticos, como son los ERE, las partes implicadas no respondan a los compromisos adquiridos. Consideramos que es una falta de respeto a quienes defendemos los intereses de las personas trabajadoras, pero sobre todo, a las personas trabajadoras”, ha añadido el secretario general de CCOO Industria, Juan Cuevas.

“No podemos olvidarnos de que detrás de todo está una multinacional como Repsol que, lejos de su imagen y predicamento de Responsabilidad Social Corporativa, castiga de manera continua a las personas trabajadoras de las subcontratas”, ha añadido.

Al hilo de esto, CCOO Industria demanda un debate sobre la subcontratación, porque conflictos como el de Eserman evidencian que debería ser una figura a extinguir en nuestro ordenamiento laboral.

“Lejos de cumplir con la expectativa de eficacia y especificidad, se usan como artilugio legal para reducir drásticamente las condiciones y seguridad en el empleo de las personas trabajadoras”.

Por último, Comisiones Obreras insta a las partes que en su momento aseguraron estar implicadas “a que busquen y den soluciones, porque el único actor que ha dado la cara por las personas trabajadoras ha sido Comisiones Obreras”.

La Inspección de Trabajo del Gobierno vasco ha dado el visto bueno al ERE de Tubos Reunidos, que afectará finalmente a un total de 242 personas, frente a las 301 que había previsto inicialmente. En su informe, este organismo considera que el ERE “cumple sustancialmente los requisitos legales y que concurren causas económicas, productivas y organizativas para su aplicación”, y no aprecia “indicios de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho” en la tramitación del despido colectivo. Lo que sí constata el inspector es el “deterioro progresivo” de la situación económica de la empresa con fuertes pérdidas en 2025, 118 millones, y una deuda financiera de 263,2 millones, y apunta a que existe “causa legal de disolución”.

También precisa la Inspección que no se desprenden elementos que permitan considerar que la decisión de Tubos Reunidos tenga por finalidad “la obtención indebida de prestaciones por desempleo” por parte de los trabajadores y considera que el proceso negociador se desarrolló en los términos “legalmente exigentes”. “No hay elementos suficientemente objetivos que permitan afirmar de forma concluyente la inexistencia de negociación efectiva ni la concurrencia de mala fe negociadora” de acuerdo a lo que exige la normativa. Además, tampoco observa elementos que permitan concluir la existencia de “coacción o imposición” en la adscripción voluntaria.

Aunque señala que buena parte de la base de la empresa para presentar el ERE está en previsiones económicas para los próximos ejercicios, colocándose en el peor de los escenarios posible, constata que al cierre del ejercicio 2025, de acuerdo con el balance provisional, el capital social era de 21.000 euros, y el patrimonio neto de 8.608 euros. Es decir, que el patrimonio neto es inferior a la mitad del capital social (10.500 euros), por lo que existe “causa legal de disolución” conforme al artículo 363.1.e del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital“.

Además, recoge también las previsiones de pérdidas hasta 2028, con pérdidas acumuladas en el periodo de 64,7 millones euros en el Ebitda y 120,6 millones euro a nivel de EBIT. Por ello, la empresa concluye que la situación económica prevista en Tubos Reunidos “redunda en evidenciar la inviabilidad del proyecto empresarial en su actual configuración” y que concurre la causa económica prevista en el artículo 51 ET“, que establece que un despido es colectivo cuando la extinción de contratos se funda en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.

El informe no es vinculante, pero sí puede tener importancia si finalmente el ERE se judicializa. ELA, LAB y ESK mantienen su intención de impugnar el expediente de regulación.

El informe de la Inspección se ha conocido cuando los sindicatos mantenían un encuentro con el departamento de Industria al que han pedido que medie para que el comité de empresa pueda mantener una reunión con Sepi. Los sindicatos han coincidido en criticar la falta de soluciones aportadas por el Gobierno vasco, que “no asume responsabilidades”, han criticado. Desde el Gobierno vasco, que ha estado representado por el viceconsejero Andoitz Korta, han insistido en el que problema de la empresa radica en la deuda, y han trasladado a las centrales, lo que ya se sabía, que Sepi insiste en la imposibilidad legal de una reestructuración o quita de la deuda, pero que sí ofrece una refinanciación, algo que al parecer no es suficiente en la actual situación de la empresa. El viceconsejero ha reiterado que la empresa necesita un nuevo inversor y “nadie va a comprar un piso con una hipoteca que es cinco veces mayor que su valor. En Tubos Reunidos, cada mes, sale más dinero del que entra y esto genera más deuda”, ha señalado en su reunión con las centrales.

El juez que investiga a la exmilitante del PSOE Leire Díez por delitos de tráfico de influencias y cohecho ha tomado declaración como testigo este jueves al que fuera vicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías. En el interrogatorio, que se ha prolongado durante más de una hora, Zarrías ha explicado que contrató a Leire Díez después de que ella le pidiera apoyo económico porque estaba culminando una investigación en la que pretendía demostrar la participación del comisario José Manuel Villarejo en el inicio del procedimiento de los ERE, en el que estuvo procesado y acabó absuelto por el Tribunal Constitucional. 

En una declaración ante los medios tras su declaración, el propio Zarrías ha explicado que mantuvo en nómina a Leire Díez con ese objetivo entre los meses de junio y septiembre de 2024, cuando le entregó las conclusiones de ese trabajo en un pendrive. Le pagó, en total, 16.000 euros. Sin embargo, en ese trabajo, que Zarrías ha puesto a disposición del juzgado, no había “nada” que probara que el comisario hubiera intervenido en el asunto de los ERE. Ante el juez, Zarrías ha reconocido que la supuesta investigación no cumplió con sus expectativas porque contenía únicamente información pública, de acuerdo a las fuentes jurídicas consultadas.

Zarrías también ha explicado que conoció a Leire Díez en otoño de 2021. Según su versión, ella le contactó porque estaba investigando el caso de los ERE y le reclamó información sobre la causa judicial que él le facilitó. Según ha afirmado, ella se presentó como periodista y como militante del PSOE, aunque en ningún caso mencionó si actuaba por orden de la cúpula del partido. 

El juez Arturo Zamarriego citó a Zarrías para interrogarle sobre su “relación personal” con Leire Díez, a la que tuvo contratada a través de una empresa llamada Zaño Sociedad Consultora. El Partido Popular solicitó realizar registrar la sede de su consultora y citar a Zarrías como imputado pero el juez, apoyado en la Fiscalía, decidió que compareciera únicamente como testigo. 

La Fiscalía atribuye a Leire Díez el “liderazgo” de un “plan delictivo” con el objetivo de desacreditar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, encargada de diversas investigaciones abiertas en causas judiciales contra el Gobierno y el PSOE; y a la Fiscalía Anticorrupción, que ejerce la acusación pública en varios de esos casos. La investigación trata de determinar si actuaba por orden de la cúpula del PSOE o por iniciativa propia.

Las acusaciones señalan que Leire Díez estuvo a sueldo de la consultora en el periodo en el que ella supuestamente recopilaba información contra la UCO. Su tesis es que la empresa de Zarrías podría haber participado “activa y decisivamente” en la financiación de estas supuestas actuaciones. El Boletín Oficial del Registro Mercantil registró el pasado abril la disolución de la consultora. 

Iberia y los sindicatos han cerrado un acuerdo para llevar adelante el expediente de regulación de empleo (ERE) voluntario para 996 personas, que dejarán la compañía con un 80% del salario bruto en caso de prejubilaciones y con 35 días por año trabajado para los menores de 60 años en las bajas incentivadas, han avanzado a EFE fuentes sindicales y de la compañía.

De los 10.700 empleados de Iberia, el ERE afecta a 996 personas: 106 son pilotos, 137 tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) y 753 trabajadores de tierra, entre ellos técnicos de mantenimiento y personal de los servicios corporativos.

Contempla bajas incentivadas para menores de 60 años para todos los colectivos con un importe de 35 días, con un tope de 30 mensualidades y un mínimo de una anualidad; y prejubilaciones a partir de los 61 años en caso de tierra y pilotos y de 58 para los TCP.

El acuerdo ha sido suscrito por la empresa y los sindicatos de vuelo Sepla (pilotos), Sitcpla y Stavla (tripulantes de cabina de pasajeros o TCP), Candidatura Independiente, UGT Vuelo y CCOO Vuelo, junto con los sindicatos de tierra CCOO, UGT y ASETMA (un 92 % de las secciones sindicales), según explica Iberia.

USO es el único sindicato con representatividad que no lo ha firmado porque someterá mañana a consulta el acuerdo entre sus afiliados y actuará en función del resultado, han dicho a EFE fuentes del sindicato.

60 años para tierra; 58 para tripulantes

Podrán acogerse a las prejubilaciones los trabajadores de tierra que hayan cumplido 60 o más años el 31 de diciembre de 2026 (nacidos en 1966 y anteriores) y los TCP con 58 años o más.

El acuerdo establece que de las 753 salidas en tierra, la empresa ofrecerá un cupo de bajas incentivadas (entre 44 y 50) que, de no completarse, permitirían la salida de más personas por prejubilación.

Los trabajadores de tierra obtendrán un 80 % del salario regulador (incluido plus de asistencia y la gratificación adicional) y un convenio especial con la Seguridad Social hasta el momento en que se garantice el 100 % de su pensión de jubilación ordinaria. La prestación tendrá garantizada una subida del 2 % hasta que cumplan los 65 años.

Tendrán también derecho a la cobertura de la mutua Loreto hasta los 65 años.

Para los TCP, en salidas entre los 58 y los 60 años se partirá de una cantidad inicial de 2.920,04 euros por mes revalorizada acorde a la revisión salarial de convenio y que se verá incrementada, en un 2 % para los años 2027 y 2028.

Para quienes dejen la empresa con más de 60 años, la cantidad será la equivalente al 100 % de la pensión que hubiera correspondido si en ese momento hubiera tenido cumplidos los 65 años. En este caso, la cobertura de Loreto será hasta los 62 años.

Podrán pedir la baja incentivada quienes sean menores de 60 años al cierre de 2026, en tierra, y 58 en el colectivo de TCP. En ese caso, percibirán 35 días por año de servicio con un máximo de 30 mensualidades y un mínimo de una anualidad.

No obstante, si no se cubriera el cupo de excedentes previsto con prejubilaciones y bajas incentivadas podrán beneficiarse también de este ERE los nacidos en 1967.

Se confirman los peores presagios. Tubos Reunidos perdió el año pasado un total de 118,1 millones de euros y acumula una deuda de 263,2 millones de euros. Las cifras confirman que la situación es mucho peor de lo que mostraban los resultados provisionales, que se publicaban en el mes de febrero, que apuntaban a pérdidas de 71,3 millones de euros, en los que no estaban incluidos el impacto del deterioro de los activos afectados por la caída de la actividad en Estados Unidos. Una vez incluido este impacto, y con la deuda engordada por el “el impacto de los intereses capitalizados del préstamo” concedido por Sepi, la empresa asegura que “afronta el reto más decisivo de sus 134 años de trayectoria industrial”. “La empresa se encuentra en una situación que compromete su viabilidad y que podría exigir la adopción de medidas adicionales” si no se consigue cumplir el plan de viabilidad que pasa por renegociar la deuda.

Según la información que ha facilitado la empresa, las pérdidas de 118,1 millones de euros se completan con un Ebitda negativo de 22,8 millones de euros y un gasto por deterioro de activos de 40,8 millones de euros. Todo ello como consecuencia de las políticas arancelarias restrictivas (y, especialmente, el aumento del arancel a la importación de acero de Estados Unidos hasta el 50% a partir de junio de 2025), de la depreciación del dólar frente al euro, de la fuerte competencia del tubo de bajo coste en Europa y de un entorno marcado por las incertidumbres geopolíticas, lo que ha llevado a un estancamiento de la demanda“.

En este contexto, con el ERE ya presentado para 285 trabajadores, sin acuerdo con los sindicatos, la empresa urge a renegociar la deuda que ha pasado de 234,3 a 263,2 millones de euros de la que la Sepi es el principal acreedor, y que tiene un vencimiento inferior a tres años. “La Sociedad ha iniciado conversaciones con sus acreedores sin que hasta la fecha se haya adoptado acuerdo alguno al respecto. La compañía sigue analizando alternativas para la restructuración de su deuda”, señala la empresa.

Tubos Reunidos asegura que lleva meses trabajando en el plan de viabilidad para la empresa que inició con la suspensión de la actividad de la planta del Grupo en Estados Unidos y ha continuado en febrero de 2026 mediante la comunicación de un Expediente de Regulación de Empleo en las plantas de Amurrio y Trápaga, “cuya negociación ha concluido sin acuerdo con el comité de empresa a pesar de haber obtenido un número de adhesiones suficiente”. Si se consigue la renegociación de la deuda, el siguiente paso será “la obtención de nueva financiación en el corto plazo que permita la viabilidad de la compañía”, para después “buscar alianzas estratégicas, preferentemente con socios industriales, orientadas a impulsar la actividad del grupo, especialmente fuera de los Estados Unidos”. “En tanto no se logre la consecución de las anteriores líneas de actuación, el grupo se encuentra en una situación que compromete su viabilidad y que podría exigir la adopción de medidas adicionales como resultado del deterioro experimentado”.

La empresa de telemarketing Majorel, integrada en el grupo Teleperformance, ha ejecutado un nuevo expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a 279 trabajadores en España, entre ellos decenas en su centro de Jerez de la Frontera. El proceso, que se ha cerrado sin acuerdo con la representación sindical, se salda con 88 despidos forzosos y condiciones económicas más duras que las planteadas durante la negociación.

La decisión fue comunicada a la plantilla por correo electrónico tras concluir sin consenso el periodo de consultas, un trámite obligatorio en este tipo de procedimientos. Al no alcanzarse acuerdo, la empresa ha optado por aplicar las condiciones mínimas previstas en la legislación para los despidos colectivos: 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades para las salidas forzosas.

El ajuste, el tercero en apenas dos años en la compañía, supone además un empeoramiento respecto a la última oferta que la dirección había puesto sobre la mesa, que incluía menos despidos obligatorios y mayores indemnizaciones. Finalmente, el ERE afecta a 279 personas, con 88 despidos forzosos, 191 salidas voluntarias y solo 50 trabajadores que quedan fuera del proceso.

Tanto CCOO como UGT han rechazado el resultado y han anunciado su impugnación en los tribunales. Los sindicatos consideran que no concurren las causas alegadas por la empresa y denuncian que no ha existido una negociación real. Desde UGT, además, apuntan a la falta de transparencia en la documentación facilitada, especialmente en lo relativo a la contratación a través de empresas de trabajo temporal, y sostienen que la compañía ha priorizado un criterio estrictamente económico, concentrando los despidos en los trabajadores con menor coste.

Entre la plantilla, el impacto del ERE se interpreta como parte de un proceso más amplio. Varios trabajadores del centro de Jerez, que prefieren mantener el anonimato, apuntan a una reducción progresiva de la actividad local en favor de plataformas en Latinoamérica. “Lo que están tratando por todos los medios es deslocalizar, mandar el trabajo fuera”, explica uno de ellos. “En poco tiempo han abierto varias plataformas en Colombia y cada vez se llevan más carga de trabajo”.

Ese traslado, aseguran, se percibe claramente en el día a día. “Puedes empezar con 1.800 gestiones y en cuestión de minutos ver cómo bajan a 300 mientras aumentan en otros países”, relata otro trabajador. “Esto no es solo un ERE, es un cierre progresivo”.

Este periódico ha tratado sin éxito de ponerse en contacto con la empresa para conocer su posición. Desde UGT comentan que, hasta ahora, la empresa se ha negado a hacer declaraciones a los medios de comunicación.

“Una sensación muy dura después de tantos años”

El momento de las comunicaciones de despido ha dejado una huella especialmente dura en la plantilla. “Fue brutal. Veías cómo llamaban a compañeros, los llevaban a un despacho y ya no volvían”, cuenta una trabajadora. “Desviaron las llamadas y apenas trabajamos ese día. Fue una sensación muy dura después de tantos años”.

Más allá del ajuste, los testimonios coinciden en señalar un deterioro continuado de las condiciones laborales. “Por siete horas cobro unos 1.100 euros netos con las pagas prorrateadas. Allí, por ese dinero, tienen varios trabajadores”, explica un empleado. Otro añade: “La mayoría somos mujeres con hijos, con contratos parciales y sueldos muy bajos. No compensa para nada”.

La presión se articula, según describen, a través de objetivos de rendimiento que consideran inalcanzables. “Nos exigen niveles de satisfacción del 95% o incluso del 100%, algo que es totalmente irreal”, señala una trabajadora. “Todo lo que no sea un 9 o un 10 te penaliza, aunque hayas hecho bien tu trabajo”.

Ese sistema de evaluación tiene consecuencias directas en el ambiente laboral. “Con una sola mala valoración puedes perder todo lo anterior. Es una presión constante”, explican. A ello se suma la dureza de la atención telefónica: “Te pueden decir de todo y no puedes colgar. Tienes que tragártelo”.

El desgaste psicológico es una de las denuncias más repetidas. “La gestión del estrés la haces tú por tu cuenta. La empresa no te ayuda”, relata una empleada. “Para sobrellevarlo, muchas acabamos medicándonos. Es muy complicado salir de una llamada así y seguir como si nada”.

La incertidumbre sobre el futuro es ahora generalizada. “No sabemos qué será lo próximo. Nos tienen en esa inseguridad constante”, resume otra trabajadora. Muchos ya buscan alternativas fuera del sector: “La gente se está preparando oposiciones o buscando otra cosa porque no hay futuro aquí si siguen llevándose el trabajo fuera”.

Tras la ejecución del ERE, el conflicto se traslada ahora a los tribunales. Los sindicatos han iniciado la impugnación colectiva y animan a los trabajadores a recurrir también de forma individual. Entre la plantilla, las expectativas son contenidas. “Ojalá se pueda conseguir al menos que se declare improcedente y mejorar las condiciones”, señala un trabajador. “Pero la empresa ya avisó de que si no había acuerdo, las condiciones serían peores. Y así ha sido”.

Tubos Reunidos ha reconocido 42 contratos eventuales en fraude de ley, detectados por la Inspección de Trabajo al revisar la documentación del ERE, que pasarán a ser indefinidos. Les ofrecerá la posibilidad de quedarse en la empresa o sumarse a las bajas voluntarias que se han ofertado al resto del personal indefinido. Es decir, una indemnización 45 días por año más un lineal de 1.500 euros anuales con un máximo de 10 mensualidades. No obstante, si se suman a las bajas voluntarias, la empresa advierte de que saldrán el 31 de marzo “con las condiciones prefijadas para los eventuales”. Es decir, indemnizaciones de 33 días por año con un tope de dos ejercicios. Más adelante, y “si la empresa logra los recursos necesarios para el plan de bajas incentivadas, estas 42 personas recibirán una mejora idéntica a las condiciones recibidas por el personal fijo que dejará voluntariamente la compañía”. Además, todas las condiciones de estas bajas están sujetas, además de a la financiación, a que no se impugne el ERE.

La dirección de Tubos Reunidos ha señalado en un comunicado que “no hubo mala fe” en las renovaciones irregulares de estos trabajadores eventuales, sino todo lo contrario. Aseguran que querían “preservar así su derecho de representación”, por ser trabajadores cuyos contratos finalizaban durante los días previos al inicio del ERE. “Fueron renovados por la compañía para que pudiesen obtener los mismos beneficios económicos que se determinasen para este colectivo en el ERE”, han señalado desde la empresa. 

Han indicado que “tras la reunión mantenida ayer en la delegación de trabajo, la Inspección de Trabajo ha comunicado a Tubos Reunidos que, pese a que no hubo mala fe en la realización de esas 42 renovaciones, las mismas no tendrían una causa de temporalidad válida, y, por tanto, serían de facto contratos indefinidos”. Por ello, “respeta las condiciones de voluntariedad que ha planteado desde inicio de la negociación también para estas personas. De modo, que las 42 personas anteriormente eventuales, que no tuvieron posibilidad de adherirse a la oferta de bajas voluntarias realizada por la empresa para el personal indefinido, pueden adherirse ahora a tal oferta”. Y si se adhieren, saldrán como estaba previsto, el próximo martes con las condiciones de los eventuales. Para el resto de indemnización, tendrán que esperar.

El ERE de Tubos Reunidos afecta a 285 trabajadores, 16 menos de los que había previsto inicialmente, 301. Según la documentación presentada de esas 285 salidas 205 son bajas voluntarias, 152 en Amurrio y 53 en Trápaga, mientras que 80 son ceses personal eventual, a los que hay que restar ahora los 42 que pasan a ser fijos, que empezarán a abandonar la empresa a finales de este mes. En el caso de las bajas voluntarias las salidas serán entre 31 de marzo de 2026 y el 30 de junio de 2027.

El ERE de Tubos Reunidos, que afecta a 285 personas, ha destapado la existencia de más de 40 contratos eventuales que la Inspección de Trabajo considera que se encuentran en fraude de ley y que, por lo tanto, tendrían que ser contratos indefinidos. Los sindicatos han informado de esta cuestión después de la reunión que han mantenido con la Inspección para presentar sus alegaciones el ERE. Estos contratos -entre 42 y 47- forman parte de los 80 eventuales que la empresa ha incluido en el Expediente de Regulación de Empleo, y que, en teoría, dejarían la empresa este mismo mes, que acaba el próximo martes. Al considerar la Inspección que están en fraude de ley, deberían ser contratos fijos, lo que supone que la dirección de Tubos Reunidos tendrá que presentar “una nueva decisión” sobre estos trabajadores incluidos en el ERE, según han confirmado fuentes del departamento de Trabajo. Las mismas fuentes han señalado que se ha detectado el fraude en la revisión que la Inspección hace de todos los contratos de una empresa que están afectados por un expediente de regulación.

Si estos más de 40 trabajadores con contratos en fraude pasan a ser considerados fijos, la empresa debería ofrecerles las mismas condiciones que al resto de los trabajadores con contratos indefinidos, y poder sumarse a las bajas voluntarias, con las que se ha pactado una indemnización equivalente a 45 días de salario por año de servicio, con un tope de 24 mensualidades, además de una cantidad lineal de 1.500 euros por año de servicio con un límite de 10 anualidades. Aunque son unas cantidades que están sujetas a que “la persona despedida no impugne su despido, no exista una sentencia colectiva que califique como nulo o improcedente el presente ERE” y a que la empresa “consiga un acuerdo de refinanciación con sus acreedores que permita intentar conseguir su viabilidad”. Son cifras por encima de la que recibirán los eventuales, 33 días de salario por año de servicio, con un tope de 24 mensualidades, pero que no están sujetas a esas condiciones. Desde la dirección de la empresa no han querido comentar este miércoles qué pasos dará a partir de ahora.

Los sindicatos han denunciado tras la reunión con la Inspección de Trabajo, en la que han conocido los contratos en fraude de ley, que se quiere “maquillar los despidos” como salidas “voluntarias” . “Tienen que tener las mismas opciones de despido que tiene la plantilla fija”, ha señalado el representante de ESK, Gorka Abaskal, y, por lo tanto, “la misma opción de adherirse o no a las bajas voluntarias”. Y ha denunciado que la empresa les quiere dejar como única opción aplicarles un despido objetivo con veinte días de indemnización por año.

Mientras la resolución del ERE se complica, ya que 40 bajas voluntarias más encarecería aún más la factura de los despidos, que suman alrededor de 40 millones -un dinero que hoy por hoy no tiene- la empresa espera la decisión de la Sepi sobre la deuda que acumula. En principio, 241 millones de euros, de los que la Sepi es el principal acreedor, y una pérdidas provisionales de 71,3 millones de euros. Las cifras se actualizarán en los próximos días, cuando presente los resultados definitivos. Y todo hace prever que para mal.

Tubos Reunidos ha presentado ya oficialmente el ERE ante el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo. Despedirá a 285 trabajadores, 16 menos de los que había previsto inicialmente, 301. Una cifra que hace unos días la empresa aseguraba haber cubierto con bajas voluntarias. Según la documentación presentada este lunes por la noche y que se ha trasladado a los sindicatos, de esas 285 salidas 205 son bajas voluntarias, 152 en Amurrio y 53 en Trápaga, mientras que 80 son ceses personal eventual -70 en Amurrio y 10 en Trápaga-, que empezarán a abandonar la empresa a finales de este mes. En el caso de las bajas voluntarias las salidas serán entre 31 de marzo de 2026 y el 30 de junio de 2027.

Las condiciones económicas con las que producirán las salidas voluntarias están condicionadas a que “la persona despedida no impugne su despido, no exista una sentencia colectiva que califique como nulo o improcedente el presente ERE” y a que la empresa “consiga un acuerdo de refinanciación con sus acreedores que permita intentar conseguir su viabilidad”, algo que la empresa reconoce en su escrito que está “seriamente comprometido”. Sólo quedan exentos de estas condiciones los 80 eventuales que recibirán una indemnización de 33 días de salario por año de servicio, con un tope de 24 mensualidades.

En cuanto a las bajas voluntarias, los trabajadores recibirán “siempre que se den las condiciones anteriormente indicadas”, una indemnización equivalente a 45 días de salario por año de servicio, con un tope de 24 mensualidades, además de una cantidad lineal de 1.500 euros por año de servicio con un límite de 10 anualidades.

En la comunicación que la empresa realiza a los sindicatos, la dirección lamenta que no haya habido acuerdo con la parte social, y señala que, pese a ello, la decisión final de la empresa “no solo mejora, respecto al personal eventual, la última oferta económica”, sino que, evidencia “la clara voluntad de la empresa, manifestada en todo momento, de que el presente ERE resulte de aplicación únicamente al personal eventual y a todas aquellas personas adheridas al plan de bajas voluntarias propuesto por la empresa durante las citadas consultas”. “Con esta decisión, Tubos Reunidos trata de apurar sus opciones para conseguir un acuerdo de refinanciación con sus acreedores y entidades bancarias que permita tratar de conseguir una viabilidad”, que reitera que está “seriamente comprometida”. De hecho, su negativa reiterada a no negociar un acuerdo social para la implementación de las medidas de viabilidad ampliamente explicadas durante el periodo de consultas “supone una importante traba añadida para la viabilidad de la empresa”, acusa a los sindicatos.

Los representantes del comité, que mantienen la huelga indefinida en la planta de Amurrio, han señalado que no ha cambiado nada en su postura respecto al ERE, que sigue manteniendo el cierre de la acería, salvo su presentación oficial ante la autoridad laboral. “Entendemos que el camino sigue siendo la impugnación de este ERE y las movilizaciones para conseguir un futuro para la empresa y para nuestros puestos de trabajo, tanto los que están en juego mediante las artimañas de manipulación de la empresa, como los del resto de la plantilla. Entendemos que la lucha continúa, que todavía no podemos parar hasta salvar la acería, conservar la logística y asegurar el futuro de todos los puestos de trabajo de tubos reunidos”, señala Gorka Abaskal, representante de ESK.

Además, las centrales ponen en duda la “voluntariedad” de los despidos a los que aseguran que se ha llegado “por la manipulación, el chantaje, las amenazas de cierre o de ir hacia un abismo”. Además de los 80 eventuales “a los que no se les ha dado ninguna opción de no ser voluntarios”. “Las personas se van a la calle son despidos forzosos se pueden indemnizar o no, pero no dejan de ser despidos forzosos”. 

La constructora turca Limak, encargada del proyecto de renovación integral del Camp Nou, ha presentado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 399 trabajadores, tal y como ha adelantado La Vanguardia y ha confirmado el departamento de Empresa y Trabajo a la Agència Catalana de Notícies (ACN).

El argumento esgrimido por la compañía para el recorte de empleo es que, más allá de la obra del campo de fútbol, la firma turca no ha encontrado otros proyectos. El ERE se plantea para dos años, por lo que la previsión es ir disminuyendo el volumen de trabajadores a medida que se vayan terminando las obras del estadio deportivo.

Limak ha subcontratado a lo largo de la obra varias empresas, con lo que ha llegado a haber hasta 1.200 operarios trabajando en el estadio. A finales de noviembre del pasado año, una de estas empresas, Extrem Works, fue multada con un millón de euros por tener 79 a trabajadores de origen turco sin papeles.

El sindicato CCOO había denunciado que la firma había despedido a trabajadores irregulares de las obras. El sindicato se ha manifestado en diversas ocasiones para denunciar las prácticas de la empresa, que ha estado despidiendo a trabajadores a medida que se ha ido cumpliendo el calendario de las obras. Algunos despidos, además, se han dado justo después de que los trabajadores realizaran protestas para denunciar su situación.

 Inspección de Trabajo dependiente de la Generalitat de Catalunya, detectó a diversos trabajadores en situación irregular y está realizando actas de infracción.

Las obras del Camp Nou llevan cosechando irregularidades desde sus inicios; desde trabajadores sin contrato hasta vulneración de condiciones laborales y explotación por parte de trabajadores traídos de diversas partes de Europa y hasta de refugiados palestinos, tal y como han demostrado diversas investigaciones llevadas a cabo por El Periódico de Catalunya.

El club ya reconoció en verano del pasado 2024 que había habido “malas prácticas” en las subcontrataciones de las obras del nuevo estadio, pero aseguró que no había habido “mala fe”. Por ello, se anunció la pronta firma de un convenio con los sindicatos para fiscalizar las obras. Pero dicho convenio nunca se llegó a firmar.

El sindicato Comisiones Obreras ha presentado una denuncia contra la empresa de reparto Glovo ante la Audiencia Nacional por el despido “masivo” de trabajadores que asegura que la compañía está ejecutando sin acudir al mecanismo legal para ello, el despido colectivo, lo que se considera un “ERE encubierto”. Además, Glovo presentó un ERE formal para 750 trabajadores hace unos días.

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO ha acusado este jueves a la empresa de llevar a cabo un “despido masivo, superando con creces los 30 despidos en los últimos 90 días, que requieren la presentación oficial de un expediente regulador de empleo (ERE) justificado y negociado” con los representantes de los trabajadores, recoge el comunicado.

Según apuntan fuentes sindicales a elDiario.es, CCOO tiene contabilizados “más de 200 despidos” en los últimos meses solo en dos provincias de España.

En el sindicato precisan no obstante que el cálculo para el ERE se tiene que hacer del pasado 18 de diciembre hasta ayer, 18 de marzo, que fue cuando CCOO registró la demanda. En este periodo, las extinciones de las que tienen conocimiento exceden “con creces” los límites legales, indican.

El sindicato denuncia la “enésima estrategia que Glovo está siguiendo para desprenderse de su responsabilidad” como empleador de sus mensajeros, desde que el pasado julio pasó a un modelo laboral, acorralado por las causas judiciales.

“Está queriendo imputar a la plantilla su nefasta gestión empresarial, que provoca una pérdida de cuota de mercado, y busca un modelo de utilización de trabajadores de usar y tirar en función del volumen de pedidos”, denuncia el sindicato.

CCOO explica que se están imputando problemas ajenos a los empleados para justificar despidos disciplinarios, como en los casos en los que Glovo está alegando tiempos de espera excesivos y ausencias en días de alerta climatológica de nivel rojo, informa EFE.

El sindicato explica que, si gana el juicio, el sindicato intentará que se anulen esos despidos disciplinarios y la readmisión de esas personas a sus puestos, con el abono de los salarios de tramitación.

Además del uso “interesado” de esos despidos, CCOO ha criticado el uso del “periodo de prueba de un mes como salvaguarda de contratación temporal encubierta”, ya que supuestamente se alega que este no ha sido superado en la mayor parte de las nuevas contrataciones.

También estudia la externalización de la plantilla

El sindicato estudia, además, acudir a los tribunales para denunciar la externalización de la plantilla a través de “numerosas empresas fantasma” consideradas flotas por parte de Glovo y que, a juicio de CCOO, suponen una cesión ilegal de trabajadores.

El pasado 11 de marzo, la empresa anunció un ERE que afectará a unos 750 repartidores de toda España, tras asegurar que se ha visto obligada a reducir su servicio en diferentes provincias para “evitar su cierre”. La primera reunión negociadora del ERE tendrá lugar el próximo 27 de marzo, indican en CCOO a elDiario.es.

La reestructuración llega menos de un año después de que la compañía pasara a contratar a sus repartidores para adaptarse a la Ley Rider, con más de 14.000 repartidores contratados directamente, según señalaron entonces fuentes de la compañía a EFE.

elDiario.es ha contactado a Glovo a propósito de la demanda por ERE encubierto, pero no ha recibido respuesta en el momento de publicación de esta información.

La plantilla de Tubos Reunidos en Amurrio se ha concentrado este miércoles ante las Juntas Generales de Álava, donde los partidos discutían varias mociones sobre la crítica situación de la empresa. El debate partía de una iniciativa presentada por Elkarrekin, pero finalmente se han votado, además de la moción de esta formación, otra de los partidos del Gobierno foral -PNV y PSE-EE- otra de EH Bildu y otra del PP, sin que ninguna haya conseguido votos suficientes para salir adelante. El desencuentro ha llegado entre acusaciones de unos y otros de usar la situación de la empresa y de sus trabajadores para buscar el rédito político, y constituye en cierto modo un espejo del callejón de difícil salida en el que se encuentra la empresa, a la espera de que un milagro en forma de quita de la deuda, permita su viabilidad, al menos en el corto plazo.

El ERE de 301 trabajadores -salvo 27 de Trápaga, la mayoría de la planta de Amurrio- se ha cerrado finalmente con bajas voluntarias, según comunicó la empresa el pasado lunes, pese a que el periodo de consultas se cerró sin acuerdo. Un “cierre en falso”, según los sindicatos que desde el principio han estado a favor de no aceptar las condiciones del ERE -ELA, LAB y ESK-, porque la empresa ofrece a estos trabajadores que se han sumado a las bajas voluntarias unas cantidades de dinero que hoy por hoy no tiene. Estos trabajadores se van prejubilados a los 57 años con un plan de rentas al 70% del salario bruto o en salidas voluntarias con indemnizaciones de 45 días por año trabajado con máximo de dos años, más 1.500 euros adicionales por año de trabajo hasta un máximo de diez años. Es decir, que todo está pendiente de una renegociación de la deuda, por un lado, y de que entre 'dinero fresco' en la empresa, es decir de un inversor.

Allanar el camino del acuerdo social, era el primer paso. Un ERE aplicado en desacuerdo y probablemente judicializado haría imposible pasar a la renegociación de la deuda. Pero no por eso esa renegociación será más fácil, sobre todo porque asciende a 241 millones de euros, y la Sepi es el principal acreedor. Esto supone que para que la banca y el resto de acreedores admitan una negociación, la primera condición es cerrar un acuerdo con Sepi. Y Tubos Reunidos no quiere renegociar la deuda con Sepi. Renegociar supondría alargar el periodo de devolución del préstamo, cuyos intereses seguirían creciendo haciendo más grande la bola de la deuda. En la situación en la que se encuentra la empresa sólo le valdría una quita, y ahí pueden entrar muchos factores al margen de la voluntad política que el Gobierno central dice tener para intentar salvar la situación de la empresa. No parece una tarea fácil.

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, anunció este martes que propondría una fórmula “extraordinaria” que permitiría “abrir una vía legal” para que la Sepi “pueda reestructurar su deuda” en Tubos Reunidos. Una “fórmula extraordinaria” para responder a “situaciones extraordinarias”, señaló, sin que haya transcendido en qué podría consistir esa vía sin que el trato de la sociedad estatal a Tubos Reunidos entrara en colisión con el que han recibido otras empresas que también se beneficiaron de esos préstamos, y que están devolviéndolos o lo han hecho ya. Sepi siempre ha descartado la posibilidad de entrar en quitas, porque podrían entenderse como ayudas de Estado, aunque sí podría renegociar plazos de pagos.

Hay que recordar que Tubos Reunidos recibió 112,8 millones de euros en 2021 concedidos por el Estado a través Fondo de Apoyo a la Solvencia para Empresas Estratégicas (FASEE), constituido para apoyar a las empresas más afectadas por la pandemia de COVID-19. Un préstamo que, además, está siendo investigado por la Audiencia Nacional para determinar si el expresidente de Sepi, Fernández Guerrero, que fue asesor de Tubos Reunidos, medió a cambio de dinero para que la empresa recibiera este préstamo.

Según datos de la Sepi del mes de agosto del año pasado, con Tubos Reunidos son veinte empresas las que cuentan con este crédito: Tubos Reunidos, Vicinay -con la que ha pactado una renegociación de la deuda-, Air Europa, Plus Ultra Líneas Aéreas, Duro Felguera, Grupo Airtificial, Grupo Serhs, Reinosa Forgings & Castings, Grupo Losán, Grupo Abades, Técnicas Reunidas, Grupo Abba, Grupo Julià, Grupo Mediterránea, Air Nostrum, Volotea, Vicinay, Isastur, Vivanta, Imasa y Meeting Point. Son ocho las que ya han cancelado su préstamo: Grupo Hotusa, Grupo Soho, Ávoris, Eurodivisas, Wamos, Rugui Steel, Ferroatlántica y Hesperia.

Respecto a la posible ayuda del Gobierno vasco, al margen de renegociar la propia deuda que la empresa mantiene con el Ejecutivo, Jauregi descartó la posibilidad de otorgar un “crédito rápido” a la empresa. “El Gobierno vasco no es el INI [Instituto Nacional de Industria], no tenemos la vocación de hacer este tipo de cosas; nunca la hemos tenido y ahora tampoco vamos a empezar a hacer estas cosas”, indicó. A partir de ahora toca esperar la decisión de Sepi para que la empresa inicie los siguientes pasos de su plan de reestructuración. Mientras, los trabajadores de Amurrio mantienen la huelga indefinida. Quieren que se retire el ERE y que se dé marcha atrás en el cierre de la acería.

Ya hay fecha para hacer efectiva la marcha atrás en el recorte “de golpe” en la pensión máxima por jubilación anticipada que la Seguridad Social está aplicando desde el pasado 1 de enero, en lugar de las penalizaciones progresivas pactadas en la reforma de 2021. Como adelantó elDiario.es, el Ministerio de Elma Saiz decidió revertir este criterio tras las quejas de sindicatos, con el apoyo de la patronal, aunque hasta el momento no había aclarado cuándo estaría en vigor. Fuentes del Ministerio responden a este medio que trabajan para que esté listo este mes de marzo.

“Estamos terminando el análisis jurídico sobre este asunto y esperamos que esté resuelto lo antes posible”, afirman en la Seguridad Social. “Nuestra intención es que esté en este mismo mes”, indican a preguntas de este medio.

La cuestión afecta a las penalizaciones (o coeficientes reductores) que se aplican a los trabajadores que se jubilan de manera anticipada y que tienen derecho a recibir la pensión máxima. En la reforma de pensiones de 2021 se pactó que esta penalización aumentara, dado que era en la práctica inferior respecto a los empleados con salarios más bajos, y se acordó un incremento progresivo de 2024 a 2033.

Sin embargo, a finales de año, la Seguridad Social comunicó de manera sorpresiva en la página web de su Simulador de la pensión que a partir del 1 de enero dejaban de ser de aplicación estos coeficientes progresivos. Desde esa fecha, el organismo público está aplicando las penalizaciones previstas para 2033 “de golpe”, como denunciaron varios trabajadores afectados por el cambio a este medio.

En la práctica, esto puede significar un gran —y repentino— aumento de las penalizaciones por retiro anticipado para quienes cobran la pensión máxima. En el caso más extremo, el recorte puede alcanzar un extra de 400 euros al mes. “En mi caso pueden ser 300 euros menos de pensión al mes”, denuncia Íñigo Pastor, que tiene que jubilarse en los próximos meses, cuando cumpla los 63 años, fruto de una prejubilación acordada en su empresa.

Fuentes sindicales esperan también que el nuevo criterio de la Seguridad Social esté listo de manera inminente, antes de que termine marzo. CCOO y UGT exigieron al Ministerio de Elma Saiz que solucionara esta cuestión, además del desbloqueo de la jubilación parcial para los empleados públicos, para seguir negociando cualquier otra cuestión en la mesa de diálogo de la Seguridad Social.

Un nuevo criterio para volver a aplicar los recortes progresivos

La solución por el momento se concretará en un nuevo criterio interno de la Seguridad Social que corrija la instrucción previa que se está aplicando en estos momentos, explican fuentes del diálogo social. Es decir, no tiene que pasar por el Parlamento y puede aplicarse de manera inmediata una vez se dicte.

El foco del conflicto es la interpretación de la Seguridad Social de la ley pactada con los sindicatos y los empresarios en 2021 sobre estos coeficientes reductores. En la disposición transitoria 34 de la Ley de la Seguridad Social se plasmó el periodo transitorio para elevar, poco a poco, estas penalizaciones. Sin embargo, se incluyó un 'pero'.

En el apartado uno se contempló —en un artículo de difícil comprensión— que estos coeficientes “solo resultarán de aplicación” cuando la pensión reconocida no resultase en ningún caso inferior a la que habría correspondido con la aplicación de las normas vigentes en 2021.

La Seguridad Social había interpretado que esta condición ya se había superado. Es decir, que la pensión máxima ya era en todo caso superior a la de 2021, debido a su aumento en los últimos años de elevada inflación. Ahora, el organismo público trabaja en la argumentación jurídica para justificar que se vuelva a aplicar el recorte progresivo.

Quejas por la “incertidumbre” y las pensiones ya recortadas

Varios trabajadores y pensionistas afectados por esta situación han denunciado a elDiario.es la gran “incertidumbre” y la “ansiedad” que están viviendo en relación a la cuantía de sus pensiones. “Que es para siempre”, subraya Íñigo Pastor.

Primero, por un cambio de criterio sin apenas antelación ni comunicación a los afectados por parte de a Seguridad Social, que supone diferencias sustanciales en las cuantías de las prestaciones. Y, después, una vez el Ministerio afirmó a este medio que daba marcha atrás en este recorte de golpe, por la falta de respuestas en este sentido en las oficinas y otros canales de información de la Seguridad Social, donde han seguido diciendo a los afectados que las penalizaciones progresivas ya no son de aplicación.

“La opacidad no puede ser una política pública. Quienes cumplimos los requisitos legales para una jubilación anticipada voluntaria tenemos derecho a que una decisión del tal calado como el cese de la vida laboral pueda tomarse con confianza basada en información veraz y transparente del órgano gestor, tal y como marca la ley y nuestra Constitución”, dice Juan (nombre ficticio), en una queja presentada a la Seguridad Social.

Varios afectados están demorando la jubilación unos meses, hasta que se solucione esta situación. En los sindicatos recuerdan que la pensión se puede pedir con efecto retroactivo de 90 días, por lo que estaban recomendando por el momento aplazar las citas con la Seguridad Social hasta que se aclare este aspecto.

Pero hay algunas personas que no han tenido opción —o suficiente información— y se han jubilado desde el 1 de enero con este mayor recorte en su pensión. Por ejemplo, es el caso de las personas que tenían salidas pactadas en procesos de ERE y prejubilaciones, explica Íñigo Pastor, como algunos de sus compañeros, que tenían que jubilarse cuando cumplieran los 63 años de manera obligada.

Para estas personas que ya se han jubilado durante este primer trimestre, fuentes sindicales indican que han exigido al Ministerio “que puedan revisar la cuantía de su pensión”, algo sobre lo que son optimistas. Eso sí, por el momento no saben qué solución dará el departamento de Saiz: si una revisión de oficio de la Seguridad Social de las pensiones aprobadas en este lapso de tiempo o si las personas afectadas tendrán que pedir de manera proactiva que se les revise su prestación.

Los sindicatos y la dirección de Tubos Reunidos no han llegado a un acuerdo. La última reunión que se ha llevado a cabo este viernes en Bilbao ha ratificado el rechazo sindical a las condiciones ofrecidas por la empresa para la salida de 301 trabajadores, pese a los altibajos de los últimos días y de que la plantilla de Trápaga -mucho menos afectada por el ERE que la de Amurrio, con sólo 27 personas- votara el jueves en referéndum aceptar la oferta de la dirección. “Seguiremos defendiendo el empleo en la empresa, hoy ha ganado la dignidad y la coherencia”, han señalado los sindicatos.

La empresa ha señalado que aplicará el ERE, aunque ya sin acuerdo con la parte social, y estudiará “todos los escenarios que se abren ante esta nueva situación”. De entrada, ha advertido de que “la reestructuración de la deuda con la SEPI y con entidades financieras, así como la búsqueda de financiación quedan seriamente afectados”.

A partir de ahora se abre un escenario incierto para la empresa, que en esta última reunión ha ofrecido que se aplicara el ERE “exclusivamente de forma voluntaria”, una comisión de estudio de la continuidad de la acería de Amurrio, que se prevé cerrar, y una bolsa de trabajo para las salidas. Todo ello estaba supeditado a que se aceptara en referéndum las condiciones del ERE por las dos plantas, Amurrio y Trápaga, lo que se ha rechazado por la parte sindical.

La negociación ha abierto una brecha indiscutible entre las dos plantas, con Trápaga favorable al acuerdo, y Amurrio en contra, y también dentro de los propios sindicatos. ELA ha vuelto a dejar claro este viernes que los que eran sus delegados en Trápaga “no representan al sindicato” tras votar por aceptar las condiciones del ERE. También se ha dado un cisma en UGT. Este sindicato votó el lunes por continuar las negociaciones con la empresa, lo mismo que CCOO y los delegados de ELA en Trápaga, y sus representantes votaron en la planta vizcaína a favor de aceptar la oferta de la empresa. Sin embargo, la noche del jueves UGT en Amurrio también anunció que no aceptaría el ERE, lo que ha dado la mayoría en la mesa sindical a los contrarios a aceptar la condiciones ofertadas por la empresa.

Desde la empresa han insistido en que “la bajada de la demanda y por consiguiente la sobreproducción que existe en la actualidad es estructural, por lo que hay que redimensionar la compañía”. “De hecho, en los últimos diez ejercicios Tubos Reunidos únicamente ha dado resultados positivos en dos de ellos”, sostienen. Por eso, ha advertido de que “la empresa se ve obligada a aplicar el ERE, y a estudiar todos los escenarios que se abren ante esta nueva situación”, han señalado, abriendo la posibilidad a un proceso concursal si no consigue reestructurar la deuda.

Hay que tener en cuenta que no tener cerrado el acuerdo social dificulta mucho estas negociaciones con los acreedores. Sobre todo si el ERE se judicializa y se abre un proceso que puede ser muy largo. “Los siguientes pasos que era la reestructuración de la deuda con la SEPI y con entidades financieras, así como la búsqueda de financiación quedan seriamente afectados”, señala la compañía. Los trabajadores arrancarán además este domingo una huelga indefinida en la planta de Amurrio.

ELA ha afirmado tras la reunión que seguirá “defendiendo el empleo” en las plantas de Tubos Reunidos tras “lograr que el ERE para despedir a 301 personas no se haya aprobado” y ha advertido de que sus delegados en Trápaga, que eran favorables al acuerdo, “ya no representan” al sindicato. Han señalado, por otra parte, que el futuro de Tubos Reunidos “no pasa por los despidos, sino por un proyecto industrial que corrija la nefasta gestión de los últimos años, lastrada por el reparto indebido de beneficios”. LAB, por su parte, ha afirmado que “ha ganado la dignidad, la coherencia y la lucha de clases” frente “al chantaje, la amenaza, el miedo y el posibilismo”. “Hoy ha quedado claro que no ha habido ningún acuerdo en el ERE de Tubos Reunidos. Tanto quienes defendíamos que el periodo de consultas había finalizado el lunes sin acuerdo como quienes apostaban por una prórroga han confirmado finalmente que no existe ningún tipo de firma”, ha afirmado el sindicato.

Antes de que se cerrara la posibilidad de un acuerdo, el consejero Mikel Jauregi ya insistía en las dificultades para la viabilidad de la empresa. Aunque señalaba que siguen en conversaciones con la SEPI para reestructurar la deuda, se preguntaba “quién es el valiente que en estas circunstancias”, con un conflicto bélico en Irán, “va a entrar a rescatar a Tubos Reunidos”. Una situación a la que se une ahora una reestructuración de plantilla sin acuerdo social.

El pasado 1 de marzo se despidieron de Telefónica 2.700 trabajadores, la primera oleada de empleados que saldrán de la multinacional de telecomunicaciones en el ERE acordado con los sindicatos para un total de 5.800 trabajadores, entre sus diferentes filiales. Es el despido colectivo más numeroso de los últimos tiempos en España, que en el inicio de 2026 ha sumado un goteo de expedientes de extinción en varios sectores y empresas. El último, en Iberia, para 996 trabajadores, anunciado este jueves; el penúltimo en Glovo (750 despidos); y con especial incidencia en la industria, como en Tubos Reunidos (301). Ahora, todas las miradas se dirigen a la nueva guerra de Oriente Medio, de momento con una gran incertidumbre sobre su alcance y consecuencias.

A falta de datos oficiales, que todavía no se han publicado, elDiario.es ha recopilado en los dos primeros meses del año los datos de los despidos colectivos que han trascendido a la esfera pública. Las causas que figuran son las alegadas por las empresas, que no siempre coinciden con los motivos que denuncian los sindicatos.

En total, al menos hay 11.000 trabajadores afectados por estos ERE, un dato elevado en los últimos años –en los que España vive un contexto de fuerte crecimiento económico y de aumento del empleo a niveles récord– y que está muy marcado por el abultado expediente de Telefónica. 

Los despidos colectivos recogidos en la tabla responden a los problemas específicos de algunas empresas (como Castilian o Mediapro) así como de ciertos sectores, como la siderurgia (Tubos Reunidos, Metal Group). Además, otros ERE son fruto de decisiones estratégicas de las compañías, incluso cuando tienen una buena situación económica y con beneficios en sus cuentas, como puede ser el caso de Nestlé y Coca-Cola.

Así, el ERE de Telefónica, que la compañía ha enmarcado en su nuevo Plan de Restructuración para mejorar su “eficiencia” y ha contado con un acuerdo con la parte sindical, es el más numeroso.

Le sigue, en términos absolutos, el que acaba de anunciar Iberia. La aerolínea ya trabajaba con la idea del ERE, al que finalmente ha puesto cifra este jueves. La compañía ha planteado a los sindicatos un expediente de regulación de empleo voluntario para 996 trabajadores, que afectará a varios colectivos: 106 pilotos y 137 tripulantes de cabina, 305 operarios de mantenimiento, 243 de producción en tierra y 205 de las áreas corporativas. La dirección justifica la medida en la necesidad de renovar determinados perfiles, en el marco del proceso de transformación recogido en su Plan de Vuelo 2030.

Otro de los más numerosos es el de Glovo, para 750 repartidores. La multinacional anuncia un ERE menos de un año después de abandonar el modelo de riders autónomos, cercada por múltiples causas judiciales. El sindicato CCOO ya ha advertido que rechazará el despido colectivo, mientras denuncia además la existencia de un “ERE encubierto” en una lluvia de despidos individuales en los últimos meses. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha afirmado que no tolerará “ningún chantaje” de Glovo y ha anunciado que el Ministerio tomará “todas las medidas” que pueda en este ERE.

El cuarto de mayor volumen es el despido colectivo de Pepsico, que supondrá la salida de unas 400 personas de la multinacional por la externalización del servicio de distribución y que se ha saldado con un acuerdo con la parte trabajadora, para mejorar las condiciones de salida, especialmente de los trabajadores de avanzada edad.

Todavía en fase de negociación, y en pleno conflicto con los sindicatos, se encuentran los otros dos ERE más cuantiosos: el de la empresa de call center Majorel, con 329 salidas, que golpea especialmente a su centro de Salamanca y en el que los sindicatos denuncian una posible deslocalización de trabajo a países más baratos en mano de obra, y el de Tubos Reunidos, para 301 empleados en las fábricas de Amurrio (Álava) y Trapagaran (Bizkaia).

Este último contempla el cierre de la acería, medida que rechazan los sindicatos por considerar que deja la empresa en una situación crítica para el futuro, por lo que han anunciado una huelga indefinida y están pidiendo a las autoridades que medien para evitar estas salidas en una empresa que ha recibido en los últimos años “más de 112 millones de euros de financiación pública para garantizar su viabilidad hasta 2026”, denuncia el sindicato LAB.

La parte trabajadora también se opone al ERE anunciado por la empresa química Solvay, para 77 empleados de su fábrica de Torrelavega (Cantabria), tras recibir más de 30 millones de euros de dinero público en el PERTE de Descarbonización, denuncia CCOO.

Entre los ERE más significativos por su impacto proporcional figuran el de Metal Group, finalmente para la totalidad de su plantilla –de unas 180 personas– de las plantas de Lebario (Abadiño) y Legutio, en Euskadi, que echarán el cierre tras la marcha de su principal cliente, Volkswagen, que el año pasado optó por trasladar sus pedidos a China. En algunos casos, la afectación territorial es muy pronunciada, como los alrededor de 200 despidos en International Paper ante la clausura de las plantas de Valls y Montblanc (Tarragona), así como la de Griñón (Madrid).

También destacan por su peso relativo el ERE de AzkoNobel, que se ha saldado con el despido de 101 personas de la planta de El Prat de Llobregat (Barcelona) –la antigua Industrias Titan–, la mitad de la plantilla; el de Telefónica, con unas 5.800 salidas en España que suponen alrededor del 33% de los trabajadores de la multinacional; y el de Avatel, que alcanza a 290 trabajadores, un 24% del total.

Además, algunos despidos colectivos están anunciados, pero aún sin cifra ni ubicación de los centros de trabajo afectados por los despidos, lo que mantiene la incertidumbre sobre las plantillas. Por ejemplo, es el caso del ajuste global anunciado en octubre por Nestlé, que prevé 16.000 salidas (6% de su fuerza laboral), mayoritariamente en Europa, pero que todavía no ha sido concretado. O del ERE de XPO Logistics, del cual solo ha trascendido que podría alcanzar a a 21 de los 38 que tiene en España.

Entre los últimos despidos anunciados, sobresale el que afecta a 250 personas en Mediapro, de un total de 7.000 empleados, dentro de un plan de reestructuración del negocio tras perder el año pasado su principal contrato, el de la Liga española de fútbol.

ERE en tiempos de bonanza y con una nueva incertidumbre

Dada la falta de datos estadísticos publicados de 2026 por el momento, en los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) y en la patronal CEOE indican que no pueden valorar la magnitud de los despidos colectivos del arranque del año. Aunque, con los datos del cierre de 2025 y la percepción de los expedientes que han ido trascendiendo en los primeros dos meses de 2026, la sensación de los agentes sociales no es de alarma.

“Siempre teniendo en cuenta que cada persona en un ERE es algo que no desea nadie y que hay que lamentar, puesto que el interés de toda empresa siempre es poder aumentar su plantilla en la medida de lo posible”, precisan fuentes de la patronal CEOE.

Los sindicatos mayoritarios explican que este año están especialmente atentos a si la inteligencia artificial (IA) empieza a jugar un papel determinante en matera de despidos. Un temor a futuro por el momento, más allá de algunos primeros casos en España y a nivel internacional. La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, destacaba hace poco “aún no se ven consecuencias en el mercado laboral ni las temidas oleadas de despidos” como consecuencia de la IA, aunque añadió que la institución estaría “extremadamente” atenta de aquí en adelante.

Sin embargo, el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, que ha desatado un nuevo conflicto armado en Oriente Medio, mantiene ahora a todos los actores económicos alerta, con una gran incertidumbre, sobre el propio desarrollo de la guerra y sus posibles consecuencias económicas, que pueden tener un gran impacto en el aumento de los costes energéticos y, como derivada, una nueva crisis inflacionista.

Los agentes sociales recuerdan que por el momento el contexto en España es de crecimiento económico y de auge del empleo, hasta niveles cercanos a récord histórico de casi 22 millones de cotizantes a la Seguridad Social. A cierre de 2025, hubo 41.200 trabajadores afectados por despidos colectivos, lo que supone un aumento respecto a los últimos ejercicios (37.372, en 2024), pero la mitad de los registrados durante la crisis financiera, en 2012, por ejemplo.

“Cuando la densidad es tan baja, un solo ERE puede alterar toda la estadística”, advierte Javier Pacheco, secretario de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CCOO, que recomienda partir de esta consideración antes de interpretar posibles aumentos, como el que resulta del gran expediente de Telefónica, o una especial incidencia territorial, por ejemplo ante el despido colectivo para casi 800 personas de Amazon en Barcelona a finales de 2025.

En UGT sí perciben “un aumento significativo” de los ERE en el sector industrial en este arranque de año, sostiene Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical del sindicato. Este sector es el que habitualmente concentra más número de expedientes, aunque en términos absolutos con frecuencia tengan una mayor afectación de trabajadores los despidos colectivos de los sectores de telecomunicaciones y de banca.

Además de los despidos colectivos, las empresas con problemas también acuden a la otra fórmula de regulación de empleo que se volvió muy popular durante la crisis por la pandemia de COVID: los ERTE. Como medida temporal, implican la suspensión de contratos o la reducción de la jornada de los trabajadores y en 2025 redujeron su número de afectados: 78.300 trabajadores alcanzados por suspensiones (frente a 143.000 en 2024) y 5.400 con reducciones de jornada (8.700 el año anterior).

“Es que estamos en una fase de creación de empleo”, recuerda Javier Pacheco, que considera que la verdadera prueba para saber si los ERTE aumentan su protagonismo frente a los ERE llegará cuando España tenga que enfrentarse a una crisis económica en el futuro. Por el momento, en el Ministerio de Trabajo destacan que sí están funcionando de manera rápida y eficaz para proteger empleos y empresas ante las catástrofes puntuales que ha afrontado el país en los últimos años, como la dana en Valencia.

De momento, hasta que se aclare la magnitud de la guerra en Oriente Medio, casi todas las miradas apuntan a EEUU e Irán. Como punto de partida, los sindicatos y patronal han pactado con Trabajo una mesa para monitorizar posibles efectos en la economía española y evaluar si es necesario tomar alguna medida de protección. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha insistido en mandar un mensaje de “tranquilidad” y “confianza” en que el Gobierno desplegará medidas de apoyo y ayudas a empresas y trabajadores si son necesarias.

Iberia ha planteado a los representantes sindicales un expediente de regulación de empleo (ERE) para 996 trabajadores, tanto de tierra como de vuelo, que sería voluntario, han dicho a EFE fuentes de la aerolínea. Del número total de personas que podrían acogerse a este ERE voluntario, 243 pertenecen a los colectivos de vuelo (106 pilotos y 137 tripulantes de cabina o TCP) y 753 al colectivo de tierra (305 de mantenimiento o MRO, 243 de producción en tierra y 205 de las áreas corporativas).

Este jueves se ha constituido la comisión negociadora del ERE, con la participación de representantes de la compañía y de los trabajadores de los distintos colectivos: pilotos, TCP y tierra.

La dirección de Iberia cree que hay causas suficientes ajustadas a la ley para solicitar el ERE, basadas en la necesaria renovación de perfiles que exige el proceso de transformación de la compañía recogido en su Plan de Vuelo 2030.

El presidente y consejero delegado de Iberia, Marco Sansavini, dijo el pasado 27 de febrero en la presentación de resultados de IAG —el grupo al que pertenece la española junto con British Airways, Vueling, Aer Lingus y Level— que el objeto del ERE no es tanto reducir la plantilla de la compañía, como renovar los perfiles profesionales.

El pasado 17 de febrero Iberia comunicó a los representantes de los trabajadores su intención de iniciar un procedimiento de ERE voluntario en Iberia.

La compañía había recibido a mediados de febrero la petición del comité intercentros de los trabajadores de tierra que pedía analizar si se daban las causas para iniciar un procedimiento de ERE de adscripción voluntaria.

La petición, firmada por los sindicatos UGT, CCOO, Astema y Somos-Cesha, se sumó a la que ya habían hecho antes representantes de los trabajadores de vuelo, tanto los pilotos como los TCP.

Con una flota de 168 aviones, Iberia vuela a 145 ciudades y da empleo a 10.568 personas. En 2027 cumplirá su centenario.

Glovo ha anunciado un expediente de regulación de empleo (ERE) para despedir a “un máximo de 750 repartidores”, ha adelantado El País y confirman a elDiario.es fuentes de la multinacional de repartos a domicilio. El anuncio del ERE se produce en medio de una lluvia de despidos individuales que CCOO ya pretendía denunciar ante la Audiencia Nacional como un “ERE encubierto” y que en el sindicato advierten de que “seguramente” también llevarán a los tribunales.

La multinacional anuncia un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) solo unos meses después de que abandonara el modelo de riders autónomos, en julio, acorralada por varias causas judiciales y de la Inspección de Trabajo por el abuso de falsos autónomos.

“No vamos a permitir ningún chantaje por parte de Glovo ni ninguna otra empresa. En España solo se trabaja con derechos y eso garantiza la Ley Rider”, ha afirmado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras conocerse la noticia.

Glovo dice que es “para evitar su cierre”

“Glovo se ve obligado a reducir su servicio en más de 60 localidades en diferentes provincias de España para evitar su cierre”, indican fuentes de la multinacional. “Para el resto de ciudades, que superan las 800 en toda España, la app de Glovo mantiene de momento su operativa habitual”, añaden estas fuentes.

“Tras esta difícil decisión, la compañía seguirá trabajando para consolidar el modelo operativo y ofrecer la mejor experiencia posible a los usuarios y establecimientos que confían en la app”, añaden en Glovo.

En CCOO, sindicato mayoritario en Glovo en las elecciones que han ido produciéndose desde julio, explican que la compañía ha justificado el ERE por “causas produtivas y organizativas”, no económicas, como podría parecer por su mención al “cierre” de la empresa.

Carlos Sola, adjunto de la secretaría de Acción Sindical de FSC CCOO, advierte de que el sindicato de partida rechaza este nuevo ERE, a falta de que la empresa traslade la documentación que lo justifique, y más en medio de “una vorágine” de despidos individuales que el sindicato ya pretendía demandar por “ERE encubierto”.

Como publicaba este martes elDiario.es, en los últimos ocho meses, varios repartidores han sido despedidos bajo justificaciones como ausencias injustificadas o retrasos en los pedidos. Algunos de ellos, incluso, mientras se encontraban de baja médica.

CCOO sospecha una externalización de la plantilla

En CCOO creen que el ERE anunciado se debe a una intención de “externalizar plantilla” a través de más empresas subcontratas. “Si no, al tiempo”, avisa Carlos Sola, que considera que Glovo no tiene intención de dejar de repartir en estas 60 ciudades afectadas por el ERE (aún por especificarse), sino de hacerlo sin asumir el riesgo de tener plantilla contratada directamente.

El sindicato ya ha advertido de que Glovo está subcontratando a muchos repartidores a través de “empresas o pseudo empresas ad hoc”, expresamente creadas para crear flotas de mensajeros para la multinacional de mochilas amarillas, una relación que en la parte trabajadora piden que la Inspección de Trabajo investigue por si puede incurrir en una cesión ilegal de trabajadores.

“Son trabajadores de usar y tirar, que funcionan casi como trabajadores temporales a disposición de Glovo”, denuncia Sola, que critica que Glovo quiere “poner el jaque el modelo laboral español”, primero con falsos autónomos y ahora con otro tipo de fraudes e irregularidades de la normativa, indica el sindicalista.

Glovo sostiene que en la actualidad tiene alrededor de “21.000” mensajeros en total en toda España, “tanto contratados como a través de empresas terceras”. Es decir, subcontratados. Aunque no precisa la cifra de plantilla directa, en julio la multinacional afirmaba que contrató a unas 14.000 personas. Con esa referencia, el despido colectivo de 750 mensajeros supondría una afectación del 5% de la plantilla.

El periodo de consultas del ERE de Tubos Reunidos ha finalizado este lunes sin acuerdo. Al menos el periodo oficial, porque las partes volverán a reunirse el viernes 13, después de que hayan decidido darse un nuevo margen para que las centrales analicen con la plantilla la “última y definitiva oferta” que la dirección les ha puesto sobre la mesa: prejubilaciones desde los 57 con un plan de rentas al 70% del salario bruto, un convenio especial con la Seguridad Social a partir de los 63 años y, para las salidas voluntarias, una indemnización de 45 días por año trabajado con máximo de dos años, más 1.500 euros adicionales por año de trabajo hasta un máximo de diez años. Es una mejora sustancial de las condiciones iniciales del ERE que, sin embargo, no mueve ni un ápice el número de los despidos ni la decisión de cerrar la acería de Amurrio, las dos condiciones que planteaban los sindicatos como indispensables para dar por buena la negociación y lo que ha motivado la clara división entre las centrales ante la recta final del proceso de consultas.

La dirección de la empresa se ha negado en redondo durante todo el proceso de negociación a reducir los despidos ni a rectificar en el cierre de la acería porque considera que no puede salirse de la reestructuración que ha planteado para poder pasar al siguiente paso de negociar la deuda de 244 millones de euros con la Sepi y resto de instituciones y la banca, y garantizar la continuidad de la empresa. También se ha negado en la reunión de este lunes, la que en principio era la última.

A partir de ahí ha empezado la división de las centrales que han votado si seguir negociando o no divididas entre los sindicatos que conforman la mesa negociadora del ERE y también entre los representantes de las plantas de Amurrio y de Trápaga, afectados de forma muy diferente por los despidos. En concreto, de las 301 salidas 274 trabajadores son de Amurrio y 27 Trápaga, lo que ya les lleva a posicionamientos radicalmente diferentes.

A la hora de votar si continuar con las negociaciones o no, CCOO y UGT de ambas plantas han votado a favor de volver a reunirse el viernes, además de la representación de ELA en Trápaga. El resto de los sindicatos se han mostrado en contra de alargar el periodo de consultas. Son ELA de Amurrio y los sindicatos LAB y ESK de ambas plantas, que dan por finalizado el periodo de consultas y sin acuerdo, pese a que la dirección ha decidido citarles el viernes tras haberse registrado un empate en la votación de los sindicatos, para que “puedan analizar la oferta, consultar con la plantilla y decidir si la aceptan”, han señalado desde la empresa.

Los sindicatos que han votado en contra de seguir con la negociación porque no quieren negociar nada que no sea retirar el ERE, han reiterado en sendos comunicados tras el encuentro que las conversaciones están finalizadas. ELA ha denunciado también que la empresa “ha querido dividir a los y las trabajadoras de Amurrio y Trápaga, intentando facilitar así el acuerdo a la hora de ejecutar los despidos”. Esa división se ha plasmado precisamente en el voto de este sindicato. ESK ha abogado por “intensificar la lucha” y pedir la implicación de las instituciones. LAB también ha denunciado la “preocupante pasividad de las instituciones”, que siguen sin asumir su papel, han señalado.

La plantilla volverá a movilizarse este martes, y realizarán asambleas a lo largo de la semana con sus afiliados y con la plantilla para clarificar posturas. Coincidiendo con la reunión de este lunes han realizado manifestaciones y cortes de tráfico en varios puntos de Bilbao cercanos al Palacio Euskalduna, donde se ha celebrado el encuentro con la dirección.

El Gobierno de Cantabria se reunirá este martes con el comisionado para la Reindustrialización del Ministerio de Industria, Jaime Peris Pascual, para abordar el expediente de regulación de empleo (ERE), que Solvay anunció en su planta de Barreda. Así lo ha avanzado este lunes el consejero de Industria, Eduardo Arasti, en el pleno del Parlamento de Cantabria en respuesta a una interpelación del portavoz socialista, Mario Iglesias, sobre las medidas del Gobierno de Cantabria ante el anuncio de ese ERE.

El consejero ha recordado que también ha pedido por segunda vez una reunión con la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea y comisaria para la Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, y con el vicepresidente ejecutivo y comisario de Mercado Interior, Stéphane Séjourné. Estas son, ha explicado Arasti, las seis actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno de Cantabria que abarcan todas las áreas de decisión fundamentales para que se adopten las medidas necesarias.

Con ello, el Ejecutivo regional defiende que busca dotar a Solvay de los mecanismos de compensación suficientes por la emisión de gases de CO2 para mejorar su competitividad y para hacer rentable y productivo su proceso de transición energética. 

El PSOE ve “un patrón”

“Sin competitividad una empresa acaba en liquidación”, ha apostillado Arasti, quien ha vuelto a criticar los costes que soportan las industrias electrointensivas españolas por la emisión de gases a la atmósfera y por los elevados costes de la energía, mayores que el resto de competidores, y ha insistido en señalar que la “inacción” del Gobierno de España “lastra” la competitividad de esas industrias.

Por su lado, Iglesias (PSOE) le ha reprochado que se dedique a echar la culpa al Gobierno de España o a la Unión Europea y ha recordado que la situación de Solvay no es un hecho aislado en Cantabria sino que los ERE se han repetido en los últimos meses en grandes empresas de la región convirtiendo esas situaciones en un “patrón”. “Cuando esto ocurre, hay que ir más allá de las reuniones y lo que tiene que hacer es trabajar para evitar la conflictividad laboral creciente”, ha advertido el portavoz socialista a Arasti.

Iglesias ha tendido la mano del PSOE al consejero para alcanzar un acuerdo entre empresa y trabajadores en Solvay, una planta que, ha recordado, da empleo a 700 trabajadores y ha recibido más de 60 millones de euros en ayudas públicas en los últimos años.

El Grup Damm ha comunicat aquest dimarts a la plantilla la seva intenció de tancar el 2026 la històrica indústria làctia mallorquina Agama, encara que sense concretar una data definitiva per al cessament de l'activitat. L'anunci arriba mesos després que l'empresa comuniqués que deixaria de comprar llet a les tres vaqueries mallorquines que distribueixen a Agama, una decisió que ja va encendre totes les alarmes entre treballadors i ramaders.

La companyia ha traslladat a la representació legal dels treballadors l'inici d'un procediment d'acomiadament col·lectiu conforme a la normativa vigent, encara que assegura que treballa en un pla de recol·locació per als 16 empleats de la planta de Palma en diferents empreses del grup amb l'objectiu de minimitzar l'impacte laboral. Els empleats, per la seva banda, han lamentat la decisió adoptada, encara que admeten amb resignació que es tracta d'un anunci que “es veia venir”.

Durant els últims mesos, els treballadors han treballat en una proposta que consideraven viable: deixar Agama en mans de la plantilla mitjançant un pont financer d'1,2 milions d'euros, equivalent als fons públics que Damm ha de retornar si cessa la seva activitat, i que els treballadors proposaven reinvertir en donar continuïtat a la marca sota un model cooperatiu. No obstant això, el delegat de Personal i Prevenció de CCOO d'Agama, Jesús Ávila, lamenta que no hi ha hagut reunions conjuntes que permetessin fer realitat la proposta, cosa que ha impedit construir i defensar adequadament la iniciativa.

“Així és inviable”, retreu Ávila en declaracions a elDiario.es, convençut que hi havia fórmules per intentar sostenir el projecte. En aquesta línia, lamenta la manca de resposta per part de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural les últimes setmanes, assegurant que s'ha treballat en la fórmula d'una empresa públic-privada que permetés reforçar la cadena de valor i sostenir les explotacions lleteres vinculades a la indústria.

“Ens hem bolcat amb l'empresa. Hi ha persones que van entrar amb 18 anys i s'anaven a jubilar aquí. És un ofici que es perdrà”, incideix, il·lustrant l'impacte que suposa el tancament d'una marca que durant dècades ha format part de la memòria col·lectiva obrera i pagesa de Mallorca. Pel que fa als ERO, Ávila assenyala que alguns treballadors es podrien acollir a les recol·locacions ofertes, encara que adverteix que l'expedient podria ser impugnat.

Des del grup, per la seva banda, atribueixen el tancament a l'increment sostingut dels costos de producció, la caiguda del consum de marques de major preu i les dificultats logístiques derivades de la insularitat, cosa que, asseguren, ha erosionat la competitivitat de la indústria local i ha impactat de forma directa en la inviabilitat econòmica d'Agama després de 10 anys de gestió.

Un dels elements clau, segons assenyalen fonts de Damm a Europa Press, és l'estructura del mercat: el preu del litre de llet de quilòmetre zero -amb origen a Mallorca- és aproximadament un 50% superior al de la marca blanca i un 18% més car que la marca de fabricant líder, ambdues procedents de la Península. Com a conseqüència, més del 95% de la llet que es consumeix actualment a Mallorca procedeix de fora de la illa, cosa que ha anat arraconant la producció local.

“À quin poble es permet tancar la seva indústria lletera?”

El 2017, Agama va ser adquirida pel grup cerveser i, després d'anys d'alts i baixos, el passat 26 de setembre l'empresa va comunicar a les tres vaqueries de Mallorca que abasten la marca la seva intenció de deixar de comprar-los llet a partir de desembre de 2026. “À quin poble es permet tancar la seva indústria lletera? Si tanca Agama, serà un atemptat contra la sobirania alimentària de Balears”, retreuen aleshores les associacions que representen els pagesos de Mallorca.

L'empresa assegura haver intentat revertir aquesta tendència promovent el consum de producte local i donant suport al sector primari, invertint més de vuit milions d'euros en la modernització i digitalització de la fàbrica de Palma, millorant l'eficiència i sostenibilitat de la cadena productiva. No obstant això, després d'una dècada de gestió, el grup considera que el projecte ha deixat de ser viable econòmicament.

Agama va néixer el 1958 com una associació de productors locals amb l'objectiu d'industrialitzar la llet mallorquina, pasteuritzar-la i distribuir-la sota una marca reconeguda. El boom turístic registrat a la major de les Balears, l'increment de la població i la modernització de l'agricultura van generar el context perfecte per posar en marxa una cooperativa que integrés producció, recollida i distribució, de manera que els ramaders de diferents zones de l'illa van decidir unir-se per impulsar una indústria que assegurés preus estables i control sanitari. Agama va portar amb si la tecnificació del procés (centrifugat, pasteurització, envasat en ampolla de vidre) i la centralització de la recollida, convertint-se en un símbol de modernització del camp mallorquí.