La empresa NIDEC ARISA ha trasladado este martes la relación de personas trabajadoras que han solicitado acogerse voluntariamente al Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Del total de 56 extinciones inicialmente planteadas por la empresa, se han presentado 35 solicitudes de adhesión voluntaria.

Tras su valoración, la empresa ha aceptado 26 solicitudes, mientras que 9 personas voluntarias no han sido admitidas, argumentando que dicha decisión responde a razones organizativas y productivas que hacen necesaria la permanencia de esos puestos de trabajo. La aceptación de estas 26 adhesiones voluntarias supone una reducción muy significativa del número de extinciones de carácter forzoso, que pasan a representar aproximadamente el 50 por ciento de las bajas inicialmente previstas.

Este hecho contribuye a minimizar el impacto social y el carácter traumático que conlleva un proceso de despido colectivo, al permitir que una parte importante de las salidas se produzca por decisión voluntaria de las personas trabajadoras. La empresa también ha informado de que contactará telefónicamente con cada una de las personas afectadas para comunicarles la fecha efectiva de finalización de su contrato.

Como criterio general, las extinciones se producirán entre el 15 de julio y el 31 de agosto, si bien, de forma excepcional, algunas podrán materializarse hasta el 15 de septiembre con el fin de garantizar la finalización de determinados proyectos o trabajos ya iniciados. En cualquier caso, el acuerdo alcanzado contempla la posibilidad de que las extinciones puedan ejecutarse hasta el 31 de diciembre, en función de las necesidades organizativas y productivas de la empresa.

Asimismo, en aquellos casos en los que no pueda respetarse el plazo legal de preaviso, la empresa abonará la compensación económica correspondiente, cantidad que será regularizada e incluida en la liquidación y el finiquito de cada persona trabajadora en el momento de la extinción de su contrato.

UGT FICA, mayoritaria en el comité, valora “positivamente que el proceso haya permitido canalizar un elevado número de solicitudes voluntarias, reduciendo así el alcance de las extinciones forzosas y mitigando el impacto que este procedimiento tendrá sobre la plantilla. No obstante, seguirá vigilante para garantizar el estricto cumplimiento del acuerdo alcanzado”.

En este sentido, UGT FICA realizará un seguimiento permanente de la aplicación del ERTE a través de la Comisión de Seguimiento prevista en el acuerdo y velará porque todas las medidas se apliquen conforme a lo pactado, supervisando el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la empresa y defendiendo en todo momento los derechos e intereses de la plantilla.

Acercamiento entre las partes negociadoras en ARISA. En las últimas horas, dirección y comité de empresa han mantenido un encuentro en el que “se ha producido un acercamiento entre las partes negociadoras”. Así lo ha trasladado el Comité a los trabajadores a través de un comunicado a la plantilla.

Tras este primer acercamiento, ambas partes volverán a sentarse la próxima semana. Una reunión a la que el Comité de Empresa dice acudir “con un compromiso firme y la voluntad de seguir trabajando para encontrar fórmulas que permitan alcanzar un acuerdo lo más justo posible”.

Y es que reiteran que el objetivo sigue siendo “minimizar al máximo el impacto de las salidas previstas y proteger las condiciones laborales de las personas que permanezcan en la plantilla”. Así, y aunque reconocen que “todavía quedan aspectos importantes por negociar”, parece que hay optimismo porque “el escenario actual permite continuar avanzando en la búsqueda de soluciones que mejoren la propuesta inicial planteada por la empresa”.

Este viernes, el Comité de Empresa ha convocado una asamblea informativa para trasladar a “con total transparencia el estado de las negociaciones, las principales cuestiones tratadas y las cifras que a cifra de hoy están sobre la mesa”. Asamblea en la que también se ofrecen a resolver “las dudas que puedan surgir”.

El pasado mes de junio, la dirección de la empresa Nidec Arisa afincada en Navarrete y dedicada al suministro de piezas para el automóvil, planteó al Comité de Empresa un expediente de regulación de empleo (ERE) con 56 despidos y un expediente temporal (ERTE) entre la plantilla de 217 trabajadores. De esta forma, la propuesta inicial de la empresa implicaría la reducción del 26 por ciento de la plantilla, además de las medidas que afectarían al 74 por ciento restante.

Los 56 trabajadores de TYC Narcea afectados por un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) recibieron ayer, martes, las cartas de despido. Ya contaban con ellas, por lo que no hubo efecto sorpresa, pero los días siguen pasando sin que atisben, a corto plazo, el apoyo institucional necesario para contar con el ansiado nuevo proyecto de explotación que les permitiría volver al tajo. Los únicos de la plantilla que se han 'librado' del despido han sido 12 trabajadores que permanecerán adscritos a labores de mantenimiento.

La solidaridad de la familia minera se escenificó con la instalación de tiendas de campaña en el Campo San Francisco de Oviedo/Uvieu, a escasos 200 metros del edificio de Presidencia. La ubicación no era casualidad. Querían que el presidente del Gobierno de Asturias, el socialista Adrián Barbón, les viera y se acercara a saludarles para tener la oportunidad de ofrecerle de primera mano la información para ponerle al día de la situación laboral. No tuvieron suerte.

Los trabajadores incluso colocaron una pancarta en una valla, en pleno Paseo de los Álamos, donde le recordaban que era hijo de minero, pero tampoco surtió efecto. Adrián Barbón no ha ido a verles y llevan ya cuatro semanas acampados.

Seguiremos acampados“

De momento, la acampada continuará adelante, ya que los trabajadores quieren tener algo más que esperanzas a lo que agarrarse, según ha confirmado a elDiario.es Asturias el portavoz de los trabajadores, Carlos Menéndez, que es delegado sindical de Comisiones Obreras (CCOO).

Los mineros se sienten decepcionados con la falta de respuesta del presidente asturiano: “Ni se acercó por aquí. Le pedí una reunión y nada. Le pedí la última el día 15 y me contestaron el día 18 que por motivos de agenda no me la podía dar, se ve que estaba muy ocupado. Y eso que estamos a 200 metros del edificio de Presidencia, pero así están las cosas”, lamenta el portavoz.

La reunión entre las partes

Lejos de frustrarse, los trabajadores lo intentaron con el director general de Energía y Minería, Javier Cueli, aunque la imagen que sacaron de él en otra pancarta no le dejaba en muy buen lugar. Le retrataron con una nariz de Pinocho.

Sin embargo, el director general no se lo ha tenido en cuenta y esta mañana se celebró una reunión, en Oviedo/Uviéu, entre los representantes de los trabajadores y de las federaciones sindicales con Javier Cueli y la jefa de gabinete de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, Verónica Noval.

En la reunión, transmitieron a los representantes sindicales que el Servicio de Minas de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo ultimaba la tramitación del proyecto de explotación de TYC Narcea y preveía iniciar “próximamente” el periodo de información pública.

La visita a la explotación

“El director general nos ha dicho que durante este mes de julio va a sacarlo a información pública, aunque no dijo una fecha concreta. Ayer estuvieron en la mina dos ingenieros del Servicio de Minas y pidieron modificar una parte del proyecto de explotación. También querían que unos documentos que habían pedido de seguridad y salud, unos anexos que había que mandar y unos planos que estuvieran todo dentro de un único documento en el proyecto de explotación y con eso lo sacaría a información pública”, explica el portavoz de los trabajadores.

Una vez que todo esté modificado y revisado, el siguiente trámite será su publicación en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) y una vez que salga a información pública se abrirá el período de alegaciones, con lo que ya empezarán a tener una fecha aproximada.

“Nosotros queremos fechas concretas y que todo esté avanzado lo máximo posible, porque desde ayer 56 compañeros se han quedado en la calle, de ahí que sigamos luchando para que cuanto antes puedan volver a trabajar.

El proceso de información pública es un trámite administrativo que no supone, en ningún caso, la aprobación definitiva del proyecto de explotación

Javier Cueli — Director general de Energía y Minería del Principado de Asturias

La versión del Principado

Por su parte, el director general ha aclarado que el proceso de información pública es un trámite administrativo que no supone, en ningún caso, la aprobación definitiva del proyecto de explotación.

“Hay que dejar muy claro que una cosa es que se tramite el proyecto de explotación y otra que una vez tramitado eso suponga la reapertura de la mina porque hay un condicionante previo que es si la empresa tiene o no que devolver las ayudas al cierre”, ha indicado Javier Cueli.

“Mientras no se resuelva ese condicionante, que seguramente será antes de que finalice la tramitación del proyecto de explotación, este plan no se podría activar”, ha añadido.

El accidente mortal de dos trabajadores

Cueli ha confirmado la visita que dos ingenieros del Servicio de Minas realizaron ayer a la explotación minera, que permanece cerrada desde que el pasado mes de noviembre fallecieron dos trabajadores, Óscar Díaz y Anilson Soares, en accidente laboral.

El director general ha enmarcado esta visita en la intención de avanzar en la revisión de diferente documentación que deberá ser aportada por la empresa en los próximos días.

El Comité de Empresa de ARISA ha solicitado “una reunión urgente” con la Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo del Gobierno de La Rioja ante la situación actual de la empresa. Aseguran que las posiciones entre el Comité y la empresa “continúan muy alejadas” y la primera traslada “con total claridad” su “enorme preocupación por las condiciones del ERTE planteado”.

El objetivo de este encuentro -han explicado en un comunicado interno a la plantilla- es trasladar “de primera mano la preocupación por la situación que atraviesa NIDEC ARISA” y solicitar “el apoyo y la implicación institucional en un momento especialmente difícil para la empresa, la plantilla y sus familias”. La propuesta inicial de la empresa planteaba un ERE que afectaría a 56 de sus 217 trabajadores y un ERTE al resto de empleados.

Entienden desde el Comité que las administraciones públicas deben conocer la realidad de este proceso y colaborar, en la medida de sus posibilidades, para favorecer soluciones que contribuyan al mantenimiento de la actividad industrial y del empleo, indica el comunicado.

Dentro de la negociación, desde el Comité expresan que ambas partes han expuesto y argumentado sus propuestas iniciales sobre las condiciones de las medidas de amortización de puestos de trabajo planteadas por la empresa. “Desde este momento podemos adelantar que las posiciones continúan muy alejadas y que, a día de hoy, no existe un escenario cercano que permita alcanzar un entendimiento”.

Nuevas reuniones para acercar posturas

En relación con el ERTE, que sigue siendo la cuestión que más preocupa a la parte social por “el enorme impacto que tendría sobre la plantilla”, la empresa ha presentado una primera propuesta. Esta será analizada en profundidad por la representación de las personas trabajadoras y, en la próxima reunión, “presentaremos una contraoferta con el objetivo de mejorar sustancialmente las condiciones planteadas”.

Ambas partes se han emplazado a la siguiente reunión del calendario de negociación “con el compromiso de seguir realizando propuestas que permitan acercar posturas y hacer lo menos traumáticas posible las salidas inicialmente planteadas por la empresa, de las que, por el momento, continúa sin moverse”. No obstante,“ queremos trasladar con total claridad nuestra enorme preocupación por las condiciones del ERTE planteado”.

La empresa mantiene una propuesta con una afectación que oscilaría entre el 50 por ciento y el cien por cien de los días de trabajo mensuales, durante un periodo de un año. Se trata de un planteamiento que, en las condiciones actuales, la parte social considera “absolutamente inasumible para la plantilla de NIDEC ARISA”.

Desde la representación social ya han manifestado a la dirección “que no es razonable pretender que las personas trabajadoras asuman un auténtico acto de fe”. “Y lo calificamos así porque, a día de hoy, el horizonte de carga de trabajo continúa siendo muy incierto”, afirman.

La propia empresa reconoce que no existen proyectos firmados para la fabricación de nuevas prensas, al menos durante 2027, por lo que resulta “muy difícil” pedir a la plantilla que soporte un ERTE “de esta magnitud sin garantías objetivas de recuperación de la actividad”.

Finalizan desde el Comité de Empresa expresando que su responsabilidad es continuar negociando “con rigor, exigiendo toda la información necesaria y defendiendo alternativas que reduzcan al máximo el impacto de las medidas planteadas”. Por ello, insisten, “seguiremos trabajando con firmeza para que cualquier medida que finalmente se adopte sea proporcionada, justificada y lo menos lesiva posible para las personas trabajadoras”.

La plantilla de Teknia Santander ha aprobado por unanimidad (78 votos favorables) el principio de acuerdo del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) alcanzado el pasado viernes 26 de junio en el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ORECLA).

El acuerdo, que el comité de empresa (UGT-FICA y CCOO) y Teknia firmarán este martes en la propia fábrica en Ampuero, fue en una votación que se prolongó hasta última hora del lunes con la correspondiente al turno de noche.

El acuerdo reduce nueve despidos de los inicialmente planteados (de 28 a 19); acepta voluntariedad en las salidas, y estipula una indemnización de 29 días por año trabajado con un tope de 19 mensualidades.

Además, recoge la oferta de una empresa de recolocación; una bolsa de trabajo hasta el 31 de octubre de 2027; mejora el convenio regulador hasta los 63 años, y también compensa económicamente la afectación del expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) aplicado en el año 2021, al incluirlo en las condiciones de la indemnización, ha informado en un comunicado el presidente del comité de empresa de Teknia Santander, Iñaki Martín (UGT-FICA).

El acuerdo del ERE aprobado por la plantilla de Teknia en Santander surge de una negociación que se inició el pasado 1 de junio y que se cerró el pasado viernes 26 de junio, en víspera de una huelga de dos días (29 y 30 de junio) convocada por el comité de empresa.

Los procedimientos por despido registrados en los juzgados de Canarias durante el primer trimestre de 2026 descendieron un 5,3% con respecto al mismo periodo del año anterior (de 2.780 en el invierno de 2025 a 2.634 en el de 2026), mientras que en la media del Estado crecieron un 3,5%. Las Islas registraron en este periodo la mayor tasa de demandas por despido por cada 100.000 habitantes del país: 117,1. La tasa media nacional fue de 86,7.

El Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial hizo públicos este lunes los datos sobre el efecto de la crisis en los órganos judiciales españoles durante el primer trimestre de 2026. Siguiendo en el ámbito de la pérdida de empleo, las reclamaciones de cantidad ante los tribunales disminuyeron un 4,8% en Canarias entre enero y marzo de 2026 en referencia al mismo periodo del año anterior, de 2.309 a 2.199.

En cuanto a expedientes de regulación de empleo (ERE), las Islas registraron un decremento del 100% del invierno de 2025 al pasado. Entre enero y marzo de 2025 se había computado uno. En el pasado invierno no se registró ninguno. De otro lado, el Archipiélago registró un descenso en los procesos de concurso de acreedores del 3,3% (de 1.022 en el invierno de 2025 a 988 entre enero y marzo pasados).

El estudio evidencia que en el periodo analizado Canarias registró la cuarta tasa más alta de concursos por cada 100.000 habitantes, 43,9, cifra sólo superada por Murcia (55,9), Cataluña (55,1) y Baleares (48,0).

Las estadísticas también señalan que el Archipiélago registró un descenso en los concursos presentados por personas naturales no empresarias, es decir, por ciudadanos de a pie que se declaran incapaces de pagar sus deudas: si en el primer trimestre de 2025 habían sido 975 las personas de las Islas que se habían acogido a la llamada ley de la segunda oportunidad, en el invierno de 2026 fueron 957, esto es, un 1,8% menos.

La tasa de personas naturales no empresarias por cada 100.000 habitantes que se acogieron a concurso en las Islas fue de 42,5, la cuarta más alta del país, por detrás de Murcia (52,7), Cataluña (44,4) y Baleares (43,9).

En el ámbito de los Procedimientos Especiales de Microempresas (PEM), el informe evidencia que en las Islas la presentación de PEM creció un 10% del primer trimestre de 2025 al de 2026, al pasar de 30 a 33.

Los PEM de personas jurídicas descendieron un 27,3% el invierno pasado (de 22 a 16); los de persona natural crecieron un 112,5%, de ocho a 17.

Lanzamientos hipotecarios

Las solicitudes de lanzamientos por ejecución hipotecaria registraron una disminución del 55,3%, de 76 en el primer trimestre de 2025 a 34 en el de este año, según datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial. En lo que se refiere a lanzamientos por incumplimiento de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) -esto es, desahucios por impago de alquiler-, el decremento en las Islas fue del 83,6%; de 372 casos en el primer trimestre de 2025 a 61 en el pasado invierno.

Por último, los procedimientos verbales posesorios por ocupación ilegal de vivienda crecieron un 35,9% en Canarias durante el invierno pasado: de 39 casos entre enero y marzo de 2025 se pasó a 53 en el mismo periodo de este año. La tasa es de 2,4 procesos por ocupación ilegal de viviendas por cada 100.000 habitantes.

Datos nacionales

En lo que se refiere a datos de todo el Estado español, entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este año, los órganos judiciales practicaron un total de 4005 lanzamientos, una cantidad inferior a la registrada en el mismo periodo de 2025. La disminución afectó tanto a los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias como a los causados por el impago del alquiler.

El número total de lanzamientos practicados por los órganos judiciales en el primer trimestre del año se redujo un 45,4%. Los más numerosos fueron nuevamente los derivados del impago del alquiler, que representaron el 64,9 % del total y que se redujeron en un 53,9% con respecto a 2025; los derivados de ejecuciones hipotecarias supusieron el 24,24 % y mostraron una disminución interanual del 18,3%.

El 23% del total de lanzamientos practicados en España se efectuaron en Cataluña que, con 921, fue la Comunidad Autónoma con un mayor número de ellos. Le siguieron la Comunidad Valenciana, con 741; Andalucía, con 616 y Madrid, con 582.

Los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) sumaron 2.600 en el primer trimestre del año, lo que ha supuesto en descenso interanual del 53,9 por ciento.

Teniendo en cuenta solo este tipo de lanzamientos, la Comunidad Valenciana aparece en el primer lugar con 513 practicados en el trimestre, el 19,7% del total. Le siguen Cataluña, con 489; Madrid, con 454 y Andalucía, con 355.

Los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias disminuyeron un 18,3% respecto al primer trimestre de 2025.

El edificio de la Junta General del Principado de Asturias, sede del parlamento regional, está situado a menos de un kilómetro del Paseo de los Álamos, en el campo San Francisco de Oviedo/Uviéu, y en este pulmón verde de la capital asturiana los trabajadores de la empresa TYC Narcea han instalado unas tiendas de campaña.

Es el último cartucho que les queda a los trabajadores de la explotación minera de Vega de Rengos, en el concejo asturiano de Cangas del Narcea, para hacerse visibles a los ojos de los representantes de los partidos políticos asturianos.

Necesitan que les vean, les escuchen e intenten agilizar todos los trámites para que 56 trabajadores de la mina no pierdan su empleo. Las cartas de despido, en aplicación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), se harán efectivas este próximo 30 de junio. Otros 12 trabajadores permanecerán adscritos a labores de mantenimiento.

Los ánimos están “altos”

La media de edad de los trabajadores se sitúa en 40 años. El más joven tiene 22 y el más veterano 62. La mayoría están casados y tienen hijos e hijas. Hay incluso alguno que ya tiene nietos. Pero también los solteros reivindican su derecho a conservar su puesto de trabajo. Todos ellos son profesionales, muchos con varios años de antigüedad y amplia experiencia en la mina, que luchan unidos por mantener la actividad minera en la comarca suroccidental asturiana.

Los trabajadores hacen turnos de 24 horas y se van relevando. El pasado miércoles, Diego, Miguel, Kike y Alberto estaban 'de guardia' en la acampada. Al igual que Carlos Ambres y Julio Menéndez Toral, que cogieron el testigo, todos ellos reconocían a elDiario.es que los ánimos entre los acampados “estaban altos” y resaltaban la importancia de permanecer unidos en la lucha para tratar de llevar al ánimo de los políticos que no pueden permanecer ajenos a una situación que dejará en la calle a 56 trabajadores.

La ayuda de la comarca suroccidental

Toda la zona del Suroccidente asturiano se ha volcado con los trabajadores: hostelería, comercios... Les ofrecen comida, bebida, aprovisionamiento para pasar lo mejor que puedan el día y la noche durante la acampada.

También la Policía Local de Oviedo y los concejales de Izquierda Unida (IU)-Convocatoria por Oviedo han ido a visitarles al Paseo de los Álamos para interesarse por ellos y preguntarles si necesitan algo, unos gestos que han agradecido los mineros acampados.

Del ERTE al ERE

El año pasado la empresa entró en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y este año están inmersos en otro, pero a partir del 30 de junio todo se complicará cuando se aplique un Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

La plantilla, integrada por 68 trabajadores, aceptó el ERE el pasado 1 de junio después de que la empresa se comprometiera a la readmisión de los despedidos cuando se autorice la vuelta a la actividad en la mina.

La muerte de Óscar y Anilson 

La actividad en la mina se paralizó el pasado mes de noviembre a raíz del accidente mortal en el que perdieron la vida dos de sus compañeros: Óscar Díaz Rodríguez, de 32 años y vecino de Cangas de Narcea, y Anilson Soares de Brito, de 42 años y vecino de Villablino.

Óscar Díaz, de 32 años, había crecido en Posada de Rengos. Sus compañeros le definen como una persona tranquila y discreta, con una forma de trabajar “impecable” y un sentido de la responsabilidad “intachable”.

Anilson Soares, de 42 años y vecino de Villablino, había emigrado desde Cabo Verde en busca de una oportunidad laboral que le permitiera una vida mejor. Formaba parte de la segunda generación de caboverdianos que se asentaron hace cincuenta años en la comarca de Laciana, para trabajar en las empresas del carbón de las cuencas leonesas. Padre de dos hijos, de 15 y de 10 años, sabía que la mina que le daba un respiro en la vida, también se la arrebataba. Su hermano Adolfo había muerto, en noviembre de 2007, cuando trabajaba en una explotación de Hijos de Baldomero, en Laciana. Solo tenía 27 años.

Atrapados en la mina

Los dos mineros habían quedado atrapados por un derrumbe en el nivel dos de la explotación de Vega de Rengos, de la empresa TYC Narcea. Al conocer la noticia del accidente laboral de Óscar y Anilson, el presidente del Principado, Adrián Barbón, suspendió un acto en Salamanca donde iba a intervenir y se trasladó a Asturias para conocer de primera mano la situación.

En esa ocasión, transmitió sus condolencias a los familiares y compañeros mineros, a través de su perfil oficial en X, que reproducimos a continuación.

Hoy, son los propios mineros a los que aquel fatídico 21 de noviembre transmitió su pesar por la muerte de sus compañeros quienes le recuerdan en una pancarta que él, que siempre se remite a sus orígenes familiares como 'hijo de minero', es quien puede ofrecerles una solución a los otros padres, hermanos, tíos, sobrinos y abuelos de mineros.

El papel de Barbón, 'hijo de minero'

Los trabajadores han pedido la mediación del presidente asturiano e incluso los alcaldes y alcaldesas de la comarca suroccidental asturiana se han reunido con él para que agilice los trámites y que los mineros puedan volver al tajo.

Los alcaldes y alcaldesas han acudido al Paseo de los Álamos para solidarizarse con la plantilla de TYC Narcea y transmitirles un mensaje de apoyo y solidaridad.

La unión entre los trabajadores en cuantas acciones realicen para defender sus empleos es fundamental y un factor decisivo para tratar de lograr su objetivo final de reanudar la actividad en la mina.

La evolución

El portavoz de los mineros, Carlos Menéndez, es delegado de Comisiones Obreras (CCOO) en la empresa y acumula más de 20 años de experiencia en las minas, primero en Carbonar y actualmente en TYC Narcea. Asegura que los ánimos “están muy altos”; una expresión que viene a corroborar las declaraciones de sus compañeros Diego, Miguel, Kike, Alberto, Carlos y Julio.

Carlos Menéndez relata a eldiario.es Asturias qué pasos se han seguido hasta llegar a la situación límite de acampar en el Paseo de los Álamos.

La paralización de actividad

“Nosotros estamos luchando para tener un proyecto de explotación que ya se envió en abril de 2025. Estábamos trabajando bajo un Proyecto de Investigación Complementaria (PIC). A raíz del accidente de Cerredo/Zarréu, donde se mataron cinco compañeros el año pasado, a nosotros se nos paró nuestra explotación y empezaron a pedirnos todo tipo de documentación. Estuvimos dos meses y medio de ERTE”, explica el portavoz.

Todos los permisos, en regla

El accidente de Cerredo/Zarréu ocurrió el 31 de marzo de 2025 y se llevó por delante la vida de los trabajadores Jorge Carro, Rubén Souto Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez.

“A raíz de ese accidente, la administración certificó que toda la documentación que requería, en materia de seguridad y de permisos, en Vega de Rengos estaba en regla y dieron la autorización para seguir trabajando bajo el PIC”, comenta Carlos Menéndez.

La responsabilidad

Pero llegó otra fecha negra para la minería asturiana. El 21 de noviembre de 2025, todo volvió a cambiar. Ese día, se produjo el accidente laboral en el que murieron Óscar y Anilson y, a raíz del siniestro, Minas paralizó el PIC y toda la actividad.

“Desde entonces, solo deja hacer unos trabajos de mantenimiento, mientras se elabora un informe de seguridad del accidente para determinar quién es el responsable”, expone el portavoz.

Concentraciones y una marcha

Posteriormente se creó una subcomisión de seguridad, y el 28 de enero pasado llegaron a la conclusión, después de varios informes de la empresa, de hacer unos labores de mantenimiento de la rampa.

“Desde ese momento -prosigue el portavoz- estamos luchando. Realizamos cuatro concentraciones y una marcha en Oviedo porque no se nos dejaba entrar a la mina a trabajar, ni extraer carbón, ni hacer nada, porque aunque estuviera la comisión aprobada, faltaba que el director de Minas, Javier Cueli, firmara y nos diera autorización”.

Una espera que dura 15 meses

“A la vez , la empresa en abril del año pasado también había enviado el proyecto de explotación que es el que nos permite explotar, sacar carbón, vender, comercializar... Se mandó en abril del año pasado y llevamos esperando 15 meses. Sabemos que a otras empresas en tres meses se lo habían concedido. Minas se ha puesto ahora con él. El problema es que ni te dan razones, ni te dan plazos”, lamenta.

El proyecto de explotación hay que sacarlo a la luz pública para que se abra un plazo de alegaciones. Tiene que ir al Ministerio de Medio Ambiente y tiene que pasar unos trámites que llevan unos tiempos.

La devolución de las ayudas

Por otro lado, desde la Ley del Cambio Climático del 2022, cualquier empresa que haya cerrado y hubiera obtenido ayudas tiene que devolverlas y ahora el Instituto de Transición Justa (ITJ) tiene que hacer una consulta para saber si la empresa tiene que devolver o no las ayudas.

“Nosotros tenemos el PIC desde el 2021. Ha habido cuatro ampliaciones y luego la quinta ya nos pone que está permitido hasta que se nos apruebe el Procedimiento Escrito de Trabajo (PETS), o sea, es ilimitado. No sé qué figura legal han buscado, pero ahora lo tenemos paralizado y ahora mismo no se nos permite extraer carbón, con lo cual la empresa, al no poder extraer ni vender carbón desde el 21 de noviembre, primero nos metió en un ERTE y ahora tenemos un ERE de extinción con 56 despedidos y 12 personas que quedarán para realizar labores de mantenimiento”, indica Carlos Menéndez.

La polémica

El problema está en el tejado de la administración. El Instituto de Transición Justa (ITJ) consultó a Bruselas y le respondió que las ayudas son estatales y, por lo tanto, se remiten a Madrid. Y han dicho a los trabajadores que no saben cuál es el procedimiento a seguir, según manifiesta el portavoz.

“El ITJ ha mandado a la Abogacía del Estado que le remita un informe de cómo va a ser el procedimiento que se va a seguir para saber si hay o no que devolver ayudas. Nosotros creemos -dice Carlos Menéndez- que no hay que devolverlas porque las ayudas al cierre las tuvo en la antigua mina, que era Carbonar Narcea”, añade.

El papel del ITJ

Carlos Menéndez habló con la directora del ITJ, Judit Carreras García, hace un mes y le dijo que tenía el borrador del informe delante de la mesa, que lo iba a revisar y que disponía de diez días para mandárselo a la empresa y a partir de ese momento empezarían a contar tres meses para que pueda confirmar si hay o no que devolver y la cuantía de las ayudas.

“Este viernes pasado, Judit Carreras habló con la empresa y le dijo que han tenido problemas y ha cambiado el abogado del Estado y que ahora en diez días le va a remitir a la empresa la información y a partir de ahí empiezan a contar los tres meses. Eso quiere decir que la decisión del ITJ se va a producir a finales de septiembre y antes no habrá proyecto de explotación, mientras que el ITJ no se pronuncie”, indica.

Los cálculos

Ese retraso implicaría que hasta que el ITJ no se pronuncie y se apruebe el proyecto, se saque a información pública y se revisen posibles alegaciones, antes de enero o febrero de 2027 no será posible que los trabajadores vuelvan a la explotación minera, según los cálculos del portavoz.

“En Madrid van a mirar con un informe jurídico si es legal que puedan empezar a sacar a información pública el informe antes de que el ITJ responda. Lo que tenemos claro los trabajadores -asegura Carlos Menéndez- es que la empresa Carbonar, que era la antigua propietaria, cobró al cierre más de 30 millones de euros de ayudas”.

Las diferencias

“Nosotros lo que tenemos ahora en común con la otra empresa, aparte de lo que son las instalaciones pero están fuera, los primeros 40 metros de entrada de la mina y una chimenea de ventilación. Creemos que lo único que se debería devolver como mucho sería eso, pero es de los años 80 del siglo pasado, ya no es de Carbonar, sino que es de Velasco, del anterior propietario, que no recibió ayudas, con lo cual creemos que no hace falta devolver nada”, argumenta.

Los trabajadores cuentan con informes que sostienen esta afirmación y han enviado dos -uno de ellos consta de 33 hojas- donde se explica todo lo que es una concesión minera.

“¿Cuáles son las cuadrículas mineras donde estaba explotando Carbonar? ¿Dónde está explotando TYC Narcea? ¿Cuáles son las diferencias?. El carbón que se extraía antes era carbón térmico y ahora ninguno es una antracita de bajo volátil. Son tantas, tantísimas las diferencias que lo único común es que estamos en el mismo sitio y tenemos los 40 metros de la entrada de la mina”, ilustra.

Carlos Menéndez estima que desde el primer día que se les dio el PIC ya se tendría que haber informado desde el Gobierno del Principado a Madrid, no ahora, sino hace cuatro años: “De ahí, las informaciones que salieron publicadas donde en Madrid decían que no sabían que se estaba extrayendo carbón en la mina”.

El apoyo de la comarca

La presidenta de la Asociación de Comarcas Mineras (ACOM) y alcaldesa de Ibias, Gemma Álvarez, pidió el pasado jueves “agilidad administrativa” para la reapertura de la mina de TYC Narcea, de Vega de Rengos, en el concejo de Cangas del Narcea.

Antes de participar, junto a los alcaldes asturianos integrantes de la entidad, en una reunión con Adrián Barbón, Álvarez explicó que la administración está “bloqueando los trámites necesarios” para retomar la actividad en la mina de Vega de Rengos, paralizada desde el pasado 21 de noviembre tras el accidente mortal en el que fallecieron Óscar y Anilson.

“Setenta familias llevan meses sin trabajo tras la paralización de la explotación”, afirmó Álvarez, quien lo califica como un problema “puramente administrativo” con consecuencias para la comarca.

Justicia con las comarcas mineras

Los alcaldes están “bastante preocupados por saber a dónde se están destinando todos los fondos de transición”, reconoció, tras advertir de que el dinero “acaba destinándose a otras zonas de costa”.

La alcaldesa también exigió “el compromiso y la justicia” con las comarcas mineras y solicitó que “esos fondos vayan destinados a las zonas mineras” y no a otros territorios ajenos a la transición energética que afecta directamente a estos municipios.

La economía doméstica y el paro

Mientras los políticos, desde sus despachos, buscan soluciones, sigue la protesta en la calle. Los trabajadores de TYC Narcea están dispuestos a seguir con la acampada “indefinidamente”.

La economía doméstica no solo no es boyante, sino que incluso para más de un trabajador se complica al tener agotado el subsidio de desempleo. El año pasado, los trabajadores ya estuvieron afectados por un ERTE, al que se ha sumado otro este año y actualmente viven bajo la amenaza de un ERE inminente.

“Hay compañeros que ya venían de otros sitios, que habían agotado el paro, y esto es como la minería, que lleva muchos años en guerras. La situación es muy complicada y eso que estamos hablando de que, en el caso de que se pueda arreglar, llegamos a las fechas de octubre y noviembre”, expone.

Carlos Menéndez no obvia que las complicaciones se verán a partir del próximo 30 de junio, fecha en la que se aplica el ERE: “Lo comprobaremos cuando pase un mes y ya no tengamos ingresos o los ingresos provengan del paro, donde ya sabemos que las cuantías son para subsistir, es decir, poco y mal”, sostiene.

El seguimiento de la primera jornada de huelga de cinco días convocada en la planta que Ence tiene en Navia por el despido de tres trabajadores es del “cien por cien”, ha afirmado este martes el presidente del comité de empresa, Javier Zardaín.

La huelga ha ocasionado un paro “completo” en la factoría de producción de pasta de celulosa y energía, según ha corroborado el presidente del comité, después de que ayer, lunes, los trabajadores y la dirección de la empresa no llegasen a un acuerdo tras varias horas de reunión en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (Sasec).

El despido

El detonante ha sido el despido forzoso de tres trabajadores que la dirección de la empresa anunció unos días después de haberse cerrado el proceso de salidas voluntarias contemplado en el expediente de regulación de empleo (ERE) acordado en febrero y vigente hasta diciembre de 2027.

Para el comité de empresa, estos despidos suponen un “punto de inflexión” en las relaciones laborales dentro de la empresa porque “chocan frontalmente” con el espíritu del acuerdo alcanzado y en el que si la parte social “aceptó un expediente tan duro, fue precisamente para evitar medidas traumáticas”.

Problemas pendientes

Unido a ello, los trabajadores han denunciado una “larga lista de problemas pendientes” por parte de la dirección como incumplimientos del convenio colectivo y del acuerdo de producción mínima, falta de refuerzos adecuados en algunas líneas de producción o deficiencias en limpieza e higiene industrial por recortes en empresas auxiliares.

Asimismo, señalan que se ha producido una “pérdida de confianza” porque, tras meses de negociaciones, la dirección de la factoría ha “incumplido o reinterpretado unilateralmente” los acuerdos alcanzados.

“Nos preocupa la falta de respeto total hacia la negociación colectiva. La única respuesta que tenemos es la movilización y la huelga”, ha indicado Zardaín, quien ha advertido de que la dirección “busca el desgaste de derechos construidos durante muchos años”.

La postura de la empresa

La dirección de la empresa ha emitido un comunicado hoy, martes, en el que asegura que continúa con la ejecución del Plan de Eficiencia y Competitividad en su negocio de Celulosa que “se implementará en el periodo 2026-2027 apoyado en dos pilares: por un lado, la adopción de soluciones de Inteligencia Artificial y reingeniería y automatización de procesos y, por otro, la racionalización de sus procesos operativos”.

En este escrito, la empresa sostiene que la ejecución de los proyectos de los que se compone este plan implicará “una reducción ordenada de su estructura de personal en el marco del procedimiento de despido colectivo acodado hace unos meses y que se implementaría hasta 2027”.

Los trabajadores de la empresa TYC Narcea han iniciado este lunes una acampada indefinida en el Paseo de los Álamos, en el Campo San Francisco, en Oviedo/Uviéu, para pedir que se reanude la actividad de la mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea, paralizada desde noviembre.

La protesta de la plantilla, formada por 68 empleados, busca pedir al Principado de Asturias y al Instituto para la Transición Justa (ITJ) que desbloqueen los trámites necesarios para la reactivación de la explotación, tras el accidente mortal del 21 de noviembre en el que fallecieron dos trabajadores.

Turnos rotatorios

La acampada se ha organizado en turnos rotatorios de 24 horas, con relevos cada tarde a las 18:00 horas y un mínimo de tres personas en todo momento.

“Cada uno tenemos nuestra vida independiente, tenemos familia, pero también queremos luchar por el trabajo”, ha señalado el portavoz de los trabajadores, Carlos Menéndez, quien ha subrayado que la acampada se mantendrá el tiempo que sea necesario.

El ERE comenzará la próxima semana

La empresa aplicará un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a 56 trabajadores a partir de la semana que viene, mientras otros 12 permanecerán en la mina realizando tareas de mantenimiento.

Los trabajadores han denunciado la situación en que se encuentra la tramitación del proyecto de explotación de la mina, que lleva catorce meses en manos de la Dirección General de Minas sin que haya salido a información pública.

“Si tienen el proyecto desde abril del año pasado, lo que tienen que hacer es estudiarlo, pedir la documentación que falte y sacarlo a la luz para que puedan hacerse alegaciones”, ha afirmado Menéndez.

Los trabajadores han considerado que ese plazo es más que suficiente para que la administración haya avanzado en la revisión y que la “parálisis” es injustificable.

“El silencio” del Principado

El portavoz de la plantilla ha denunciado el silencio del Gobierno del Principado, tras solicitar una reunión con el presidente, Adrián Barbón, y no recibir respuesta, lo que ha obligado a la plantilla a tomar la calle como canal de presión, ha explicado.

La plantilla aceptó el ERE el pasado 1 de junio después de que la empresa se comprometiera a la readmisión de los despedidos cuando se autorice la vuelta a la actividad en la mina, paralizada tras el accidente en el que fallecieron dos trabajadores el pasado 21 de noviembre.

En relación con este conflicto, el consejero de Haciendo y portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, ha asegurado que el Principado está anticipando la tramitación del plan de gestión de manera que, en caso de que el ITJ autorice que se reactive la explotación, “agilizar al máximo” los plazos para que se recupere la actividad a la que ha mostrado su “respeto absoluto” por las reivindicaciones de la plantilla.

La industria europea de componentes para automoción afronta uno de los momentos más complejos de las últimas décadas. Atrapados entre la ralentización del mercado del vehículo eléctrico, la presión sobre los márgenes, el incremento de los costes industriales y una competencia global cada vez más agresiva, los proveedores europeos ven cómo su capacidad para invertir y crecer pierde impulso justo cuando sus competidores chinos aceleran el paso.

Las señales de alarma se acumulan. Según un informe de CLEPA, la asociación europea de proveedores de automoción, uno de cada cuatro fabricantes de componentes prevé cerrar 2026 con pérdidas. El dato refleja el deterioro progresivo de la rentabilidad de un sector que constituye la columna vertebral industrial de la movilidad europea con 1,7 millones de empleos directos, de los que más de 200.000 se encuentran en España, y un volumen de negocio de 250.000 millones de euros (más de 41.000 en España).

Empleos en peligro

La complicada coyuntura que vive el sector pone en peligro hasta el 23% del valor añadido europeo hasta 2030, así como hasta 350.000 puestos de trabajo en Europa, según las previsiones de la patronal. Alrededor de 125.000 empleos ya se han perdido en los últimos años en Europa, mientras que España registró una inflexión en 2025 con un ligero retroceso de 3.000 puestos de trabajo.

Las expectativas son cada vez más preocupantes. El 76% de los proveedores espera una rentabilidad inferior al 5%, porcentaje considerado el mínimo necesario para sostener inversiones a largo plazo en innovación, desarrollo tecnológico y capacidad productiva. Apenas unos meses antes, en otoño de 2025, ese porcentaje se situaba en el 70%.

Más preocupante aún es el aumento de compañías que anticipan números rojos. El 24% de los proveedores prevé una rentabilidad negativa en 2026, frente al 15% registrado en la encuesta anterior. En otras palabras, uno de cada cuatro actores de la cadena de suministro europea se prepara para operar con márgenes negativos.

Estrategia de supervivencia

Ante esta situación, muchas empresas han optado por una estrategia de supervivencia. El 73% ha reestructurado de forma significativa sus carteras de productos, ha abandonado referencias de bajo valor añadido para concentrar recursos en tecnologías ligadas a la electrificación, el software y la digitalización. Paralelamente, el 40% ha incrementado su participación en sectores ajenos al automóvil, como la defensa, la industria energética o los mercados tecnológicos adyacentes.

La diversificación se ha convertido en una herramienta para preservar empleo, conocimiento y capacidad industrial mientras el mercado recupera estabilidad. “Los proveedores del sector automovilístico en Europa se enfrentan a una crisis de rentabilidad que exige medidas inmediatas y pragmáticas”, advierte Benjamin Krieger, secretario general de CLEPA. Según el directivo, esta apertura hacia nuevos mercados debe entenderse como una medida temporal para proteger la base industrial europea y no como un abandono del negocio automovilístico.

De forma paralela, los fabricantes de componentes esperan el rápido despliegue del escudo protector diseñado por la Comisión Europea mediante la Industrial Accelerator Act, una norma que exige un 75% de piezas europeas para que los vehículos logren el nivel máximo de ayudas públicas.

Los proveedores chinos aceleran

Más allá de la crisis coyuntural de rentabilidad, los datos revelan un desafío de fondo mucho más preocupante: la creciente diferencia inversora entre Europa y China. Según datos de Oxford Economics, los proveedores europeos mantuvieron prácticamente congeladas sus inversiones en fábricas, maquinaria y tecnología entre 2021 y 2026, con un gasto anual situado entre 42.000 y 43.000 millones de dólares. China siguió una trayectoria completamente opuesta. Durante ese mismo periodo incrementó sus inversiones un 57%, hasta alcanzar los 115.000 millones de dólares en 2026.

La divergencia también se refleja en los ingresos. Mientras el mercado europeo de proveedores creció un 23%, el chino avanzó un 35%, permitiendo que superara el billón de dólares de facturación y alcanzara un tamaño 2,5 veces superior al europeo.

La diferencia resulta aún más evidente al comparar inversión y ventas. En la Unión Europea, la inversión pasó de representar alrededor del 12% de los ingresos en 2021 a cerca del 10% en 2026. En China ocurrió lo contrario: aumentó del 9% al 11%, superando por primera vez los niveles europeos.

Las consecuencias ya se dejan sentir en las previsiones de producción. Los cálculos para los vehículos eléctricos de batería fabricados en Europa se han revisado significativamente a la baja. Si hace apenas un año se estimaba una producción superior a los 10,3 millones de unidades en 2032, las previsiones actuales la sitúan en torno a los 8,2 millones. La diferencia supone un déficit acumulado de aproximadamente diez millones de vehículos respecto a las expectativas anteriores.

Deterioro de los resultados

Las dificultades que atraviesa la cadena de suministro ya tuvieron un reflejo evidente en los resultados empresariales de 2025. El ejercicio estuvo marcado por la desaceleración de la demanda de vehículos eléctricos y la debilidad de la producción europea, obligando a numerosas compañías a acelerar ajustes y reestructuraciones.

Los grandes grupos alemanes fueron algunos de los más afectados. Bosch, el mayor proveedor automovilístico de Europa, cerró el año con una facturación de 91.000 millones de euros, pero sufrió unas pérdidas netas de 363 millones, las primeras desde 2009, debido al impacto de los costes asociados a sus programas de reorganización interna.

Continental registró una caída del 86% en su beneficio neto, hasta los 272 millones de euros, aunque logró amortiguar el golpe gracias al buen comportamiento de su negocio de neumáticos. Por su parte, ZF reportó pérdidas de 2.100 millones de euros tras asumir importantes cargos extraordinarios vinculados al abandono de proyectos de movilidad eléctrica considerados poco rentables, pese a mantener unos ingresos de 38.800 millones de euros.

No todas las compañías vivieron el mismo escenario. Valeo consiguió incrementar un 23% su beneficio neto, hasta los 200 millones de euros, impulsada por la fuerte demanda de tecnologías de asistencia avanzada a la conducción (ADAS) y soluciones de electrificación.

Impacto en los proveedores españoles

Entre los proveedores con matriz española también se observan estrategias y resultados divergentes. CIE Automotive volvió a demostrar una notable capacidad para generar rentabilidad incluso en un entorno adverso, alcanzando un beneficio récord de 336 millones de euros, un 3,1% más que el ejercicio anterior y superando los objetivos de su plan estratégico.

Grupo Antolin sufrió con mayor intensidad la debilidad del mercado. La multinacional burgalesa facturó 3.726 millones de euros, un 11% menos, y cerró el ejercicio con pérdidas de 81 millones de euros. Sin embargo, la compañía logró aumentar su cartera de pedidos un 81%, una señal positiva de cara a los próximos años.

Gestamp también acusó la ralentización del sector. El fabricante de componentes metálicos redujo su beneficio un 19%, hasta los 152 millones de euros, aunque mantuvo una sólida posición financiera gracias a una generación de caja libre de 278 millones de euros.

Ficosa, especializada en sistemas avanzados de visión, conectividad y asistencia a la conducción, superó los 1.390 millones de euros en ventas en su último ejercicio reportado gracias al peso creciente de sus tecnologías. Sin embargo, la caída de los volúmenes de producción en Europa obligó recientemente al grupo catalán a acometer una reestructuración de plantilla en su sede de Viladecavalls con un ERE de 105 despidos y un ERTE de suspensión temporal de contratos.

España resiste gracias a la posventa

El contexto también dejó huella en el conjunto de la industria española de componentes. Tras varios años de crecimiento, el sector entró en una fase de estabilización. Las previsiones apuntan a una facturación cercana a los 40.500 millones de euros en 2025, ligeramente por debajo de los 41.238 millones registrados en 2024.

La menor demanda de vehículos en Europa y China, junto con unos niveles de producción inferiores a los previstos y unos márgenes cada vez más ajustados, provocaron además una reducción del empleo cercana al 1%.

Sin embargo, el mercado de la posventa volvió a actuar como amortiguador de la actividad. Los fabricantes de recambios registraron un crecimiento de la facturación del 3,2% durante el segundo trimestre de 2025, mientras que los grupos de distribución mantuvieron una evolución positiva gracias al envejecimiento del parque automovilístico europeo y al aumento de las operaciones de mantenimiento.

“Ahora tenemos que ser muy cautos y objetivos para hacer las cosas bien. Para que un proveedor tenga éxito, no puedes ir a por todas, tienes que enfocarte en lo que haces mirando siempre al espejo en China porque los grandes fabricantes vendrán a Europa con sus proveedores”, alertó en un reciente encuentro del sector Javier Pujol, presidente de la asociación española de proveedores (Sernauto) y consejero delegado de Ficosa.

Competitividad y transición

Desde CLEPA insisten en que el problema no reside en la falta de compromiso industrial con la transición energética. Los proveedores europeos han invertido durante años en electrificación, software y nuevas tecnologías. Sin embargo, consideran que los elevados costes energéticos, las cadenas de suministro fragmentadas, la presión regulatoria y la competencia respaldada por fuertes ayudas estatales están limitando la capacidad de Europa para escalar sus innovaciones.

Por ello, la patronal reclama una regulación de CO₂ más flexible y tecnológicamente neutra, capaz de favorecer todas las tecnologías competitivas con bajas emisiones, así como la aplicación inmediata de la futura Ley de Aceleración Industrial para proteger la competitividad europea.

La Kings League, empresa fundada por Gerard Piqué impulsora de un torneo de fútbol con mucho tirón en redes sociales y entre los jóvenes, ha comunicado el despido de 41 trabajadores, lo que supone el 50% de la plantilla para los trabajadores, aunque la empresa lo rebaja al 30%.

Tal y como ha adelantado La Vanguardia y ha confirmado el Col·lectiu Ronda, que representa a los trabajadores, la empresa no pondrá en marcha sus competiciones en Francia y Alemania, y los autónomos que trabajan en estos dos países también perderán sus puestos de trabajo.

La empresa ha afirmado que pretende “preparar el producto de cara al futuro”, aunque esta afirmación, para el despacho que defiende a los empleados, carece credibilidad. “Sin las personas calificadas que han hecho posibles los eventos, este futuro sencillamente puede no ser viable”, ha manifestado el Col·lectiu Ronda.

Los trabajadores también han cargado contra la gestión de la empresa de los despidos. Hace tres semanas, según la versión de Ronda, Kings League comunicó el inicio de un proceso de despido colectivo y se exigió “confidencialidad, incluso en tono amenazador” a la parte social para no perjudicar a los acuerdos comerciales de la empresa.

Los empleados aducen que cumplieron el pacto de confidencialidad, que en cambio han acusado a la empresa de romper “dos días antes de empezar las negociaciones filtrando a la prensa una versión edulcorada y poco realista de la situación, que perjudica a los intereses de los trabajadores y exime a la dirección de cualquier responsabilidad”

El comunicado de los trabajadores reprocha al director general de Kings League, Djamel Agaoua, incorporado en 2025, y a Gerard Piqué sus planes de expansión internacional “simultánea y sin medida” en Brasil, Alemania e Italia, que también debían asumir los empleados de España.

“Si algo queda claro es que el derroche y los excesos no han estado vinculados a los salarios de los trabajadores”, agregan los letrados de la plantilla. En febrero de 2026, la empresa cerró una ronda de inversión de 63 millones de euros por la que la comisión directiva “sacó pecho públicamente”, agrega la parte social.

Los trabajadores consideran que “cuesta creer que no existan vías alternativas a los despidos, una medida que la propia compañía admite que supone un ahorro de tan solo poco más de dos millones de euros”. “A los trabajadores no se nos ha planteado otra alternativa o medida de ahorro que no fuera despedir a las personas que hemos hecho todo esto posible”, apostillan.

El presidente de CEOE-CEPYME Cantabria, Enrique Conde, ha subrayado que el talento se ha convertido “en uno de los principales factores de competitividad” y ve “una pena” que “casi todo” del que se forma en la comunidad autónoma “acabe fuera”, lo que supone “un lastre” para las empresas de la región.

Conde ha afirmado que Cantabria tiene “problemas” para atraer y retener talento y considera que, ante ello, hay que poner “condicionantes” y activar “determinadas palancas”. “Yo creo que estamos en ello”, ha dicho Conde, que ha reconocido que resolver esta cuestión “va a llevar mucho tiempo”.

Así lo ha indicado en el marco de la celebración del Plenario 2026 de CEOE-CEPYME Cantabria, que este viernes ha reunido en el Centro Botín a expertos, directivos y responsables de Recursos Humanos para analizar la cuestión del talento y la gestión del capital humano, uno de los retos de las empresas para competir “en mercados cambiantes”.

Conde ha insistido en que en Cantabria “no podemos permitirnos el lujo” de que el talento se escape“ y, sobre las razones de esa 'fuga', ha indicado que la capacidad que tiene la región a nivel empresarial ”es inferior a la que tienen otras comunidades“, como puede ser Madrid.

Además, ha señalado que los jóvenes “buscan una proyección que, por la razón que sea, ahora mismo no les hace atractivo quedarse en Cantabria”. “Los profesionales valoran cada vez más aspectos como el desarrollo profesional, la conciliación, el bienestar laboral, la inclusión o la diversidad, ha apostillado.

Conde ha subrayado que “las empresas que consigan atraer, desarrollar y fidelizar a los mejores profesionales serán las que tengan mayor capacidad para innovar, crecer y adaptarse a los cambios del mercado”. Además, ha advertido que es “un gran error” dejar que estos jóvenes se marchen y más con el “problema” demográfico que hay que en Cantabria, donde “se va a jubilar bastante talento y va a llegar al mercado muy poco”.

En este contexto, el presidente de la patronal ha abogado por intentar que el talento que existe en empresas de la región “que tienden a desaparecer” no se marche fuera y sea aprovechado “por las que realmente están creciendo” y tienen capacidad para ello. “Lo que no podemos es coartar el crecimiento de esas empresas que pueden competir”, ha dicho.

Antes del inicio de la jornada, Conde ha sido preguntado por la cadena de Expedientes de Regulación de Empleo (EREs) en empresas en la región, como Nestlé, Solvay o Teknia. En ese sentido, el presidente de la patronal cántabra ha indicado que “las empresas tienen que adaptarse a los nuevos mercados y a las nuevas tendencias” y “si ven que tienen departamentos que tarde o temprano van a desaparecer, lo que tienen que hacer es adaptar su personal, sus medios, su empresa a los nuevos mercados. Y dentro de esa situación, cada empresa tiene las herramientas que tiene”, ha sentenciado.

La empresa salmantina Perfumerías Avenida ha anunciado el inicio de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que podrá afectar hasta un centenar de trabajadores, cerca del 15% de una plantilla compuesta actualmente por unos 700 empleados. La medida forma parte de un proceso de reestructuración con el que la compañía busca adaptarse a los cambios experimentados por el sector de la perfumería y la cosmética durante los últimos años.  

Según ha explicado el nuevo consejero delegado del Grupo Recio, Javier Alonso, la negociación con los representantes de los trabajadores ya ha comenzado y se prolongará aproximadamente durante un mes y medio. El ajuste afectará únicamente al personal de tienda y no alcanzará a otros departamentos como logística, almacenes o administración. Además, irá acompañado del cierre de varios establecimientos.  

La dirección de la empresa atribuye esta decisión a la caída sostenida de las ventas desde la pandemia y a la transformación de los hábitos de consumo, cada vez más orientados hacia la compra a través de canales digitales. La compañía pretende reforzar precisamente su presencia online para recuperar competitividad en un mercado cada vez más dominado por el comercio electrónico.  

Perfumerías Avenida es una de las firmas comerciales más reconocidas de Salamanca. Integrada en el Grupo Recio, una empresa familiar con sede en la capital salmantina, sus orígenes se remontan a principios del siglo XX y a la actividad farmacéutica iniciada por Manuel Recio Sánchez. La actual cadena de tiendas nació en los años 80, dentro de la expansión comercial impulsada por la segunda generación de la familia. Solo en Castilla y León cuenta con más de 80 establecimientos.

En la actualidad cuenta con más de 200 tiendas en toda España, con liderazgo en Castilla y León y Galicia, repartidos por diez comunidades autónomas y presencia en más de 90 municipios españoles, además de una importante red logística y de distribución. La empresa desarrolla actividad tanto en el comercio minorista como en la distribución mayorista de productos de perfumería, cosmética, parafarmacia y cuidado personal.  

La compañía también es ampliamente conocida por su vinculación con el deporte femenino a través del club de baloncesto salmantino Club Baloncesto Perfumerías Avenida, una de las entidades más exitosas del baloncesto español, patrocinada desde hace más de dos décadas por el Grupo Recio. Ese vínculo decayó hace escasas semanas después de 25 años, afectado por la situación económica de la distribuidora.

Los trabajadores de la mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea, han aceptado este lunes el expediente de regulación de empleo (ERE) presentado por la dirección de Tyc Narcea, que pasa por el despido de 56 operarios mientras que otros 12 permanecerán realizando labores de mantenimiento en la explotación.

Tras varias reuniones en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (Sasec), la plantilla ha avalado en asamblea la última oferta planteada por la empresa, que se compromete a la readmisión de los despedidos cuando se autorice la vuelta a la actividad en la mina, paralizada tras el accidente en el que fallecieron dos trabajadores el pasado 21 de noviembre.

La readmisión

Los trabajadores han valorado que, aunque la propuesta de la dirección “no es la mejor”, los responsables se hayan comprometido a readmitir a los despedidos cuando se retome el proyecto de explotación, ha señalado Carlos Menéndez, portavoz de la plantilla.

La dirección de Tyc Narcea notificó hace más de dos semanas a los representantes de los trabajadores la presentación de ERE para la plantilla de la mina ante la paralización de la actividad tras el accidente en el que fallecieron dos operarios.

Proyecto de mantenimiento

Entretanto, la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo autorizó la pasada semana un proyecto de mantenimiento para reforzar las condiciones de seguridad en la explotación subterránea, pero no se contempla, en ningún caso, labores de extracción de carbón.

El Instituto de Transición Justa (ITJ) tiene pendiente aclarar si la empresa tiene que devolver las ayudas al cierre percibidas por la anterior propietaria de la explotación, una decisión a la que está condicionada la tramitación del proyecto de explotación por parte del Principado. 

En el valle de Cayón, en Cantabria, es raro que alguien llame Nestlé a la primera fábrica que la multinacional suiza puso en España en 1905. La gente dice “La Nestle”, con artículo y sin tilde. Los vecinos la consideran su fábrica, en un gesto de identificación con una empresa que ha sido el motor de empleo histórico para generaciones de familias de la comarca, con la que ahora están en frontal conflicto.

Por eso, la plantilla de Nestlé, en el municipio de La Penilla, y en las otras las cinco factorías repartidas por España afronta con particular malestar los despidos, un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) anunciado en abril para 301 empleados (49, en La Penilla). Por eso, también, tras las movilizaciones de mayo, los trabajadores y sus familias encaran con tensión los paros. Todo, mientras negocian con una dirección cuya última y rechazada propuesta ha sido despedir a 43.

Todos son conscientes de que Nestlé tiene un masivo plan mundial de despidos. Pero la consciencia no quita que se sientan defraudados. “Antes era nuestra empresa, era mi empresa... Desde el ERE es 'la' empresa': ha cambiado la empresa y cambiamos nosotros”, dice con manifiesta distancia Sergio Ruiz, delegado del sindicato USO en el comité de empresa.

“La gente de la zona siempre procuraba entrar en la empresa. Era la costumbre”, dice este hijo, hermano y padre de empleados de Nestlé, que lleva 37 años dentro. Pero, desde el anuncio del ERE, percibe “incertidumbre y ansiedad”: “A mi hija la hicieron fija a principios de año”, dice sin poder manifestar alegría.

“Es que ha sido nuestra vida. Hemos estado ahí viviendo todo el valle de 'La Nestle'. Había un cierto sentimiento de toda la gente como algo tuyo”, describe Antonio (nombre ficticio porque tiene familia trabajando en Nestlé) que ha dedicado 40 años a la empresa.

Terry, también jubilado y con familiares dentro, también pide anonimato, coincide con sus compañeros: “El sentimiento de pertenencia a la Nestle ha sido muy importante en todos los trabajadores de la empresa. La Penilla no merece este trato”.

Memoria histórica de un valle

El sentimiento identitario es notable porque, entre todos y sin pedírselo, hacen memoria histórica de Nestlé. Se saben la historia de su fábrica, porque es la historia de su valle. Como historiadores involuntarios, cuentan que, en 1905, Nestlé se instaló en Cantabria y trajo personal directivo suizo. En esta época existía una zona residencial conocida como “la colonia” donde vivían los ingenieros y jefes. Contaba incluso con su propia “escuela suiza” para los hijos de estos empleados, para enseñarles en su idioma. “Mi abuelo empezó trabajando allí con 12 años de botones”, dice Terry.

En la posguerra, subraya Terry, “la fórmula infantil del pelargón quitó el hambre a los niños”, dice. “Luego, con un bote de leche condensada y una tableta se criaron generaciones de hijos de empleados”.

A partir de las cincuenta, fue el boom de las contrataciones. “Decían que era una empresa familiar porque todo el mundo quería meter a sus hijos allí”, cuenta Antonio.

Antonio entró a la fábrica en 1975, porque su padre consideró que era más estable, aunque ganase menos que en su empleo. “En aquellos años, cuando las mujeres empleadas se casaban, las echaban por ley... tenían que dejar la fábrica”, añade este ex empleado cuyos dos hermanos trabajaron también en Nestlé.

En esa década, la fábrica creo una escuela de aprendices. “Escogieron a niños aprendices de 15 años y les prepararon para que luego fuesen los jefes de talleres”, evoca Terry.

En los setenta, Antonio dice que las condiciones salariales “no eran maravillosas, pero estaban bien”. Para 1977 se produjo la primera gran huelga. Paralizó el valle de Cayón “y prácticamente la actividad general en Cantabria” durante más de veinte días. Hubo incluso cartas de despidos “Y, a raíz de ahí, se cambió un poco la mentalidad”. Con cambio de mentalidad, Antonio se refiere a que mejoraron las condiciones. Entre los ochenta y los noventa, este ex miembro del comité recuerda que la empresa solía ir “de cara”, que “siempre” negociaba los convenios: “Los jefes decían que prpreferíanue los trapos sucios se lavaran en casa”.

Desde los años 2000, coinciden, las negociaciones empezaron a ser “más duras”. Cuentan que les mantenían el IPC, pero las subidas eran más peleadas. Aun así, todos recuerdan ese tiempo a la empresa multinacional como una empresa“muy local”, en la que el trabajo seguía pasando de padres a hijos.

Para que la gente comiese chocolate

El recuerdo más reciente, antes del anuncio de despidos, fue el Covid. “Fuimos trabajadores esenciales, indispensables, para que la gente en casa pudiese comer chocolate... Seis años después, un ERE”, confronta Juan Miguel González, presidente del comité de empresa de Nestlé en La Penilla, cuya abuela entro en la fábrica a mediados de los cincuenta: “Éramos una gran familia y ahora la empresa parece que no tiene sentimientos”.

“Nos ha dado mucho trabajo a todo el valle y al final es una repulsa lo que nos genera el ERE porque no lo vemos justificado. No se entiende que, desde Suiza, sean capaces de apretar un botón y digan que hay gente que sobra”, dice Terry, cuya opinión coincide con la de Antonio: “Las ofertas actuales de la empresa son irrisorias”.

Juan Miguel González, que lleva 26 años en la empresa y también está en el comité de empresa europeo, saca un único efecto bueno derivado del ERE: “Ha provocado que estemos muy unidos, trabajadores, vecinos y jubilados de todo el valle”, dice ante la contradicción de que la semana de la negociación del ERE se incorporarán trabajadores fijos discontinuos.

La empresa Majorel SP —integrada en el grupo Teleperformance— ha culminado el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afecta a 743 trabajadores en toda España, de los que 406 pertenecen a su centro de Zaragoza. El acuerdo, firmado por los sindicatos USO y CCOO, pone fin a un proceso iniciado esta primavera y que generó una fuerte contestación sindical y política en Aragón.

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha cargado este viernes contra el resultado de la negociación y ha denunciado que se trata del octavo ERE ejecutado por el grupo. A juicio del sindicato, el acuerdo consolida un modelo basado en la reducción de empleo en España y la derivación de actividad a otros países.

El despido colectivo se cerró finalmente con indemnizaciones de 30 días por año trabajado con un máximo de doce mensualidades. Según CGT, este límite perjudica especialmente a trabajadores de centros como el de Zaragoza, donde una parte importante de la plantilla acumula una elevada antigüedad tras años vinculada a la empresa.

La organización sindical sostiene que la compañía ha intentado presentar el proceso como una medida de carácter voluntario, aunque asegura que la realidad “ha sido muy distinta”. Según sus datos, únicamente se ha retirado la afectación a dos puestos de jefatura durante toda la negociación, uno de ellos en Zaragoza. Asimismo, critica que la empresa “rechazara la mayoría de solicitudes de adscripción voluntaria” procedentes de otros departamentos pese a haber abierto inicialmente esa posibilidad.

Críticas por la falta de medidas de protección

CGT denuncia además que el acuerdo no contempla medidas específicas para proteger a colectivos vulnerables. Entre ellos cita a personas con reducción de jornada por guarda legal, víctimas de violencia de género, víctimas de terrorismo o trabajadores mayores de 50 años. En el caso de los empleados de más de 55 años, el sindicato señala que el acuerdo únicamente garantiza el pago del convenio especial con la Seguridad Social hasta los 61 años, una medida que considera insuficiente para asegurar su futuro laboral.

La central sindical también cuestiona que la empresa haya ejecutado el despido colectivo mientras mantenía personal contratado a través de empresas de trabajo temporal. Según indica, la documentación aportada durante la negociación recogía la existencia de 21 trabajadores de ETT en el servicio de Stellantis y de otros empleados temporales en el servicio Porta, puestos que, a su juicio, podrían haberse utilizado para facilitar recolocaciones internas.

“Estamos ante un despido colectivo completamente evitable. La empresa ha rechazado estudiar alternativas reales mientras sigue justificando supuestas causas económicas después de años obteniendo beneficios millonarios gracias al trabajo de la plantilla”, sostienen desde CGT.

El ERE, planteado inicialmente por la empresa cuando todavía operaba bajo la marca Majorel tras su integración en Teleperformance, provocó movilizaciones sindicales y llegó también al ámbito político, con la moción presentada ayer por el PSOE en las Cortes de Aragón de apoyo a la plantilla. Tanto los representantes de los trabajadores como distintas formaciones reclamaron alternativas para evitar el ajuste, especialmente en Zaragoza, donde se concentra la mayor parte de los despidos.

Pese a ello, el proceso ha concluido finalmente con la salida de 406 trabajadores del centro zaragozano, una cifra que convierte a Aragón en uno de los territorios más afectados por la reestructuración de la compañía. CGT ha anunciado que continuará denunciando las deslocalizaciones y la pérdida de empleo en el sector del contact center.

Solo unos meses después de ejecutar 79 despidos, Cruz Roja ha anunciado a los sindicatos un nuevo Expediente de Regulación de Empleo (ERE), ahora para echar a 61 trabajadores. “Van cuatro ERE en dos años”, dos de ellos anulados por los tribunales, destacan en UGT. La ONG justifica las salidas por el término de contratos y licitaciones públicas, pero los sindicatos denuncian “falta de voluntad” para recolocar al menos a parte del personal. “Esto no lo vemos en ninguna ONG”, critica Gloria Mora, colaboradora de la Secretaría de política sindical de UGT Servicios Públicos.

A finales de 2023, los sindicatos denunciaron a Cruz Roja por ejecutar múltiples ceses en todo el país sin abrir el procedimiento de despido colectivo, que exige el cumplimiento de ciertas causas y la negociación con los representantes de la plantilla. La justicia les dio la razón, con la obligación de readmitir a 149 trabajadores despedidos en lo que consideró un ERE encubierto.

Esta batalla judicial supuso “un avance”, explican los sindicatos, porque Cruz Roja “se tuvo que poner las pilas” y “al menos desde entonces presenta ERE”, con las obligaciones vinculadas a este procedimiento, sostiene Emilio Andrés Oliver, responsable de Intervención Social de CCOO.

A finales de 2024, la ONG presentó un despido colectivo para 321 trabajadores, que impugnaron de nuevo los sindicatos ante la justicia. Este ERE también fue anulado, primero por la Audiencia Nacional y después por el Tribunal Supremo, por no respetar los plazos de aviso a la autoridad laboral, ni facilitar la información necesaria para la negociación a la parte trabajadora.

A finales de 2025, Cruz Roja presentó otro ERE. Justificado por el fin de contratos y licitaciones, esta vez fue pactado con la parte sindical: alcanzó a 79 personas, con una mejora de las condiciones de salida, como una indemnización de 33 días por año trabajado y un importe indemnizatorio mínimo de 2.500 euros.

Y, solo unos meses después, Cruz Roja ha comunicado a los sindicatos la intención de aplicar un nuevo ERE, que se concretó el pasado 30 de abril. En esta ocasión, alcanza a 61 personas, informan los sindicatos. “Iba a ERE por año, pero ahora ni eso. Apenas ha pasado el plazo legal de tres meses, nos ha comunicado otro despido colectivo”, lamenta Rubén González, responsable de UGT en Cruz Roja.

Fin de campañas y cambio tras la reforma laboral

elDiario.es ha preguntado a Cruz Roja por estos despidos, pero no ha recibido respuesta. Los sindicatos mayoritarios explican que la ONG justifica los ceses por la finalización de contratos y licitaciones públicas, que en algunos casos entienden que pueden justificar los despidos, pero en muchos otros consideran que se podrían acordar recolocaciones dentro de la entidad para no echar a los trabajadores a la calle.

En los ERE ejecutados en los últimos años, hay bastantes afectados con edad avanzada y largas carreras en la ONG, lamentan los sindicatos. En paralelo, “la ONG sigue contratando continuamente”, apunta Rubén González (UGT), “pero dicen que estos puestos no son compatibles con los de las personas despedidas”.

CCOO y UGT ubican también estos despidos como una derivada de la finalización de los contratos temporales de obra y servicio en la última reforma laboral. Una modalidad de contrato que utilizaba mucho Cruz Roja, explica la parte trabajadora, y que le brindaba una facilidad para prescindir de trabajadores al término de las campañas que ahora no existe con el actual marco legal.

“Cruz Roja no hace todo el esfuerzo que podría para mantener los puestos de trabajo”, lamenta González. En CCOO coinciden en la “falta de voluntad” de la entidad por llevar a cabo una verdadera “gestión de personal”, explica Emilio Andrés Oliver, una política de recursos humanos propia de la gran entidad que es, con alrededor de 14.000 empleados en España.

Ambos sindicatos están evaluando la documentación facilitada por la ONG para negociar el ERE en las próximas semanas, proceso en el que pedirán reducir al máximo las salidas y garantizar las condiciones de las personas despedidas.

Inquietud por el auge de Vox en algunos territorios

Gloria Mora destaca que la situación de despidos colectivos de Cruz Roja no la están viendo en otras entidades sociales por el momento, algunas con ciertas dificultades, en las que observan que “están ajustando las plantillas como pueden”.

No obstante, tanto en UGT como en CCOO reconocen que en el llamado tercer sector hay “bastante preocupación” por el futuro cercano, ante el “cambio de signo político” en varias administraciones públicas. La entrada de Vox en distintos gobiernos o la firma de acuerdos de la formación ultraderechista con el PP en varias administraciones públicas está comprometiendo las partidas económicas para ONG y otras entidades sociales, lo que hace temer posibles despidos y ERE. “Aún no está sucediendo, pero hay bastante temor. No es ninguna broma”, apunta la sindicalista.

“El sindicato lleva mucho tiempo diciendo que hemos externalizado muchos servicios que deberían ser públicos, como la protección de menores e intervención social, que ahora gestionan ONG e incluso fondos de inversión”, lamenta Mora, lo que, denuncia, ha dejado más desprotegidos a los trabajadores y trabajadoras que dependen de estas licitaciones públicas.

La sección sindical de UGT en la empresa Majorel ha exigido este miércoles la retirada del ERE y la búsqueda de “alternativas reales” al despido de 422 trabajadores en Zaragoza.

Tras la tercera reunión celebrada con la dirección de la compañía en Madrid, sobre el despido colectivo que también afecta a la plantilla de Barcelona, el sindicato lamenta la pasividad de la empresa para aportar soluciones.

Majorel, que ha sido comprada por la multinacional Teleperformance (TP), alega pérdidas económicas y la finalización de los servicios para Vodafone Perfect Star y Lowi. “Sin embargo, estos clientes no se van, sino que cambian a otra plataforma del mismo grupo mercantil y la empresa decide su traslado a territorios fuera de España (Colombia), creando escenarios de pérdidas para justificar las medidas”, han afirmado desde UGT.

Para la central sindical, “este despido colectivo va a crear un impacto social muy difícil de gestionar y asumir”. Un total de 422 familias en Zaragoza –769 en total con el centro de Barcelona– se quedan sin empleo, “algunas con situaciones muy complejas”. Una de cada cuatro personas de la plantilla tiene más de 50 años y del total, el 80% son mujeres. El sindicato rechaza este modelo de negocio “donde el despido es la principal solución y no se buscan alternativas como la recolocación, la formación o reubicación”.

Ante la gravedad de la situación, los días 14, 20 y 26 de mayo los sindicatos han convocado paros de dos horas, en Zaragoza, en el edificio del Centro empresarial Trovador. Mañana, jueves, también se ha convocado una concentración a las 14.00 horas a las puertas del mismo el mismo lugar.

La dirección de TYC Narcea ha notificado este lunes a los representantes de los trabajadores la presentación de un expediente de regulación de empleo (ERE) para la plantilla de la mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea, formada por unos 70 empleados.

Según ha señalado un portavoz de los trabajadores, la empresa ha anunciado esta decisión a la plantilla en una primera toma de contacto para empezar la negociación del ERE sin que haya notificado por el momento el número de despidos en una plantilla en la que 55 operarios están ya sometidos a una regulación de empleo temporal mientras los quince restantes realizan labores de mantenimiento en la mina.

El desencadenante

Los trabajadores de TYC Narcea esperaban además que este lunes se les notificara por parte de la Dirección General de Minas la autorización para realizar las labores de mantenimiento en la rampla de la explotación, que supondrían unos cuarenta días de trabajo, sin que por el momento se les haya notificado por parte de la administración autonómica, ha indicado el portavoz de los trabajadores.

La empresa ha adoptado esta decisión ante la congelación de las autorizaciones para retomar los trabajos ante la paralización indefinida del proyecto de investigación complementaria (PIC) y el retraso en la tramitación del proyecto de explotación en una mina que se encuentra parada desde el accidente del pasado 21 de noviembre, en el que perdieron la vida dos personas.

Extracción de 90.000 toneladas de carbón

Cuando ocurrió el siniestro, TYC Narcea tenía un permiso para extraer 90.000 toneladas de carbón destinadas a evaluar su utilización en actividades industriales, entre ellas la fabricación de arrabio de bajas emisiones en altos hornos, y estaba tramitando el proyecto de explotación.

El PIC que permitía realizar su actividad a la empresa fue suspendido por el Principado tras la denuncia de otra empresa del sector, una decisión ratificada en una sentencia por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que TYC Narcea recurrió ante el Tribunal Supremo.

Las ayudas al cierre

Además, el Instituto de Transición Justa (ITJ) tiene pendiente aclarar si la empresa tiene que devolver las ayudas al cierre percibidas por la anterior propietaria de la explotación, una decisión a la que está condicionada la tramitación del proyecto de explotación por parte del Principado.

En relación con este asunto, el consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, ha asegurado que desde el Principado estarán “vigilantes” para que se cumplan los derechos de los trabajadores y se ha mostrado confiado en una “rápida” respuesta del ITJ que determine si la empresa puede retomar su actividad o no. 

El comité de empresa de la fábrica de Nestlé en La Penilla (Santa María de Cayón) ha convocado varias movilizaciones en protesta por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado por la empresa que prevé 49 despidos en la planta cántabra y amenaza con una huelga indefinida, desde el 1 de junio, si la negociación no va bien.

Así, se han convocado paros de dos horas en cada turno —mañana, tarde y noche— los días 15, 20, 21, 27 y 28 de mayo coincidiendo con las fechas de las reuniones de negociación del ERE, que se celebrarán en Barcelona y en las que habrá cinco representantes sindicales de la planta cántabra. Coincidiendo con los momentos de paro se celebrarán concentraciones en la portería de entrada y en zona de carga de camiones.

Además, el 19 de mayo se llevará a cabo una concentración ante la Delegación del Gobierno, en Santander, a partir de las 11 horas; y para el día 24, a la misma hora, se ha programado una manifestación en Sarón, desde el campo de fútbol de la localidad hasta la portería de la fábrica.

Estas movilizaciones se han decidido en un pleno extraordinario del comité celebrado este viernes. El presidente del comité, Juan Miguel González (UGT), ha reconocido que la situación es “muy complicada” ya que el ERE puede llegar a afectar a 49 familias, y por ello ha pedido “unión y fuerza” a toda la plantilla, que supera los 800 fijos y que, añadiendo fijos discontinuos y eventuales, sobrepasa el millar de empleados. En declaraciones a los medios en La Penilla, González ha indicado que en una empresa que “da beneficios” un ERE así “no lo podemos permitir”.