La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha salido con un doble rapapolvo del intento de cuestión de inconstitucionalidad elevado al Tribunal Constitucional sobre un inciso de la normativa vasca de empleo público de 2022 que indica que “todos los puestos de trabajo existentes en las administraciones públicas vascas, sus instituciones y organismos, incluidos aquellos de naturaleza temporal o coyuntural, tendrán asignado su correspondiente perfil lingüístico”. Por un lado, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, pidió inadmitir el debate porque el planteamiento de los jueces vascos sobre las exigencias de euskera era “notoriamente infundado”, al no estar en riesgo el castellano. Por otro lado, el auto de inadmisión a trámite, cuyo ponente ha sido el magistrado conservador Enrique Arnaldo, apunta que ni siquiera entrar en el fondo cambiaría nada sobre lo que debe resolver el Superior vasco, que es un recurso de Vox sobre la aplicación concreta de un decreto de 2024 que desarrollaba esa ley.

Así, el asunto se ha zanjado en la corte de garantías sin que el Constitucional avale o no avale la política lingüística vasca, como deslizó el Gobierno de Imanol Pradales en una primera reacción luego de que 'Gara' adelantase la decisión judicial, del 23 de junio y que no fue nunca hecha pública. Lo que se ha hecho es no admitir a trámite la cuestión de inconstitucional y acordar que no se analizará en ningún caso el artículo sobre la exigencia en “todos los puestos” de un perfil. Es más, el Superior queda ahora con las manos totalmente libres para seguir tramitando el recurso de Vox contra la “globalidad” del decreto de desarrollo de 2024.

El Constitucional afea la forma de proceder del Superior vasco al elevar un artículo sin una razón “concreta” para la resolución que luego ha de dictar. Dice textualmente el auto que “cabría la posibilidad de que aún desestimándose la cuestión y declarándose la constitucionalidad del precepto, dicho pronunciamiento no fuera relevante, en la medida en que el tribunal [Superior] podría declarar la nulidad de la totalidad del decreto 19/2024”.

Vox, el partido que instó el recurso inicial que dio pie a esta cuestión de inconstitucionalidad, ha hecho una interpretación 'sui generis' y asegura que un Constitucional “absolutamente politizado y escorado hacia la parte progresista” ha emitido un auto “esperable”. “⁠⁠Pedro Sánchez pone todas las instituciones del Estado al servicio de sus propios intereses y los de su partido, en este caso utiliza al Tribunal Constitucional para pagar y blindar el apoyo del PNV, para mantenerse en La Moncloa sea cual sea el precio que se le exija”, ha clamado la única parlamentaria vasca, Amaia Martínez Grisaleña, sobre la resolución redactada por Arnaldo, muy significado por su posición conservadora.

De su lado, el PSE-EE ha ironizado que quienes “hasta ayer denunciaban la ofensiva judicial contra el euskera, hoy encuentren motivos de satisfacción en los pronunciamientos del Tribunal Constitucional”, en referencia a PNV y EH Bildu. El euskera es precisamente el gran punto de fricción actualmente entre los socialistas y sus socios de Gobierno el PNV. Y es que hace unas semanas se aprobó una reforma de esta misma ley de empleo público para blindar las exigencias de euskera. Lo hizo el PNV en solitario, aunque gracias a la abstención de EH Bildu. El PP deslizó que quiere llevar al Constitucional esos cambios, de modo que la pelota podría volver a la corte de garantías nuevamente.

El Tribunal Constitucional ha acordado no admitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad elevada por la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) en relación con las exigencias de euskera de la antigua redacción de la normativa autonómica de empleo público, de 2022. Según ha informado 'Gara' y ha comprobado este periódico, la decisión se adoptó el 23 de junio y no se había hecho pública.

El inciso recurrido decía que “todos los puestos de trabajo existentes en las administraciones públicas vascas, sus instituciones y organismos, incluidos aquellos de naturaleza temporal o coyuntural, tendrán asignado su correspondiente perfil lingüístico, determinado según las características y necesidades comunicativas atribuidas a dichos puestos de trabajo y a las destrezas lingüísticas exigibles a dicho fin”. Sin embargo, hace apenas unas semanas el Parlamento Vasco aprobó una reforma de esa ley de empleo público para modificar lo relativo a las exigencias idiomáticas precisamente por la judicialización de las convocatorias. Se eliminaron los índices generales para fijar el porcentaje de plazas perfiladas dando autonomía a cada institución convocante. Era una propuesta del PNV, el socio de Gobierno, el PSE-EE, la rechazó, pero salió adelante merced a la abstención de EH Bildu.

En una primera valoración, fuentes del Gobierno vasco han indicado sobre la resolución del Constitucional que “a falta de comunicación oficial” y “a la espera de conocer en profundidad la fundamentación jurídica del auto”, esta decisión del Tribunal Constitucional “viene a respaldar el modelo que las Administraciones vascas han construido durante años con amplios consensos”. “Se trata, por tanto, de una noticia positiva, ya que el modelo en su conjunto continúa quedando salvaguardado, al margen de los recursos presentados por el PP y Vox”, abundan. Los 'populares', en todo caso, manifestaron su deseo de recurrir la reforma recién aprobada.

Según el Ejecutivo, “la modificación aprobada recientemente en el Parlamento responde precisamente a la necesidad de ofrecer una solución a la inseguridad jurídica existente en relación con dichas convocatorias”. “La reforma aprobada establece tres criterios para determinar los perfiles lingüísticos con criterios de proporcionalidad. Estos criterios se inspiran en la doctrina y la jurisprudencia desarrolladas hasta la fecha en esta materia, la realidad sociolingüística, la naturaleza y funciones del puesto de trabajo, así como la planificación y los objetivos de normalización lingüística de cada administración y un modelo que ofrece mayores garantías para el conjunto de la ciudadanía”, opina el Gobierno de Imanol Pradales.

“Hoy contamos con una buena noticias: quedan preservadas las bases del modelo lingüístico de las administraciones públicas vascas; y además el Parlamento ha aprobado una modificación de ley para dotar de más seguridad jurídica sin más exigencias”, abundan estas fuentes oficiales.

Desde EH Bildu también lo ven como una “muy buena noticia”. “Es una muy buena noticia para quienes defendemos la igualdad refectiva del euskara y para quienes queremos avanzar en la normalización de nuestra lengua”, ha dicho el parlamentario Josu Aztiria. Sin embargo, a la vez entiende que “la ofensiva contra el euskara no ha cesado”. “Seguiremos trabajando para dotar a nuestra lengua nacional de un nuevo estatus”, compromete la coalición abertzale.

La presidenta del Consejo de Relaciones Laborales (CRL) vasco, Emilia Málaga, ha recordado este miércoles que el uso del euskera o del castellano en las reuniones de negociación colectiva depende de las partes, es decir, de los sindicatos y de la patronal, ya que se trata de encuentros bipartitos en los que la institución sólo presta la sala o personal técnico cuando es requerido. La presidenta del organismo sociolaboral, que respondía a una pregunta sobre la advertencia de ELA de que usará sólo el euskera en la negociación sectorial a partir del mes de septiembre, haya o no servicio de traducción, ha señalado que el CRL no tiene traductores porque “no los necesita”, ya que se trata de un organismo público que, como tal, es absolutamente bilingüe, tanto en sus relaciones con la ciudadanía como con la patronal y los sindicatos. En cualquier caso, ha considerado que “no tiene por qué ser un inconveniente” que la negociación se desarrolle en euskera, pese a que ha reconocido que hoy por hoy el mayoritario es el castellano.

Málaga ha insistido en que “son las partes las que deciden” y piden lo que necesitan, por lo que no ha querido especular si podría ponerse ese servicio de traducción o no, en el caso de que “todas las partes así lo requieran”. En cualquier caso, ha recordado que en estos momentos hay 46 negociaciones sectoriales abiertas, y, pese a reconocer que “todas las negociaciones son complicadas”, no ha considerado que “negociar sólo en euskera vaya a suponer ningún inconveniente” para la velocidad de las negociaciones o para llegar acuerdos.

La presidenta del CRL, que ha presentado la memoria socioeconómica del organismo correspondiente al año 2025, se ha referido también a preguntas de los periodistas, a las polémicas declaraciones de Alberto Núñez Feijóo en las que apostaba por recortar el sueldo a los trabajadores que están de baja laboral, una situación que ha equiparado con el absentismo laboral, asumiendo el lenguaje de la patronal en este ámbito, y hacerlo con o sin acuerdo con los sindicatos. Málaga no ha querido comentar las opiniones del presidente del PP, pero ha defendido el valor de la negociación colectiva para llegar a acuerdos entre patronal y sindicatos. En este sentido, ha considerado que abordar “con o sin acuerdo” temas como el absentismo o las bajas laborales, es “hacer una lectura casi entre vencedores y vencidos”.

Según ha señalado, en Euskadi la mayoría de los convenios sectoriales en Euskadi recogen complementos o por Incapacidad Temporal o por accidente laboral. En concreto, de 90 convenios sectoriales, 85 recogen complementos por accidente laboral o enfermedad profesional, que cubren al 99% de las trabajadoras y de los trabajadores con su convenio sectorial negociado en Euskadi. A su vez, 81 de esos 90 recogen complementos por enfermedad común, lo que significa que el 88,5% de las personas cubiertas por un convenio de sector negociado aquí tiene un complemento por enfermedad común. Esto indica que estos complementos han sido acordados en el seno de la negociación colectiva desde la autonomía de las partes, y que “hay un acuerdo importantísimo entre las partes implicadas para recoger estos complementos” y ha defendido ese acuerdo como base para continuar.

En lo que se refiere a la memoria socioeconómica del Consejo de Relaciones Laborales, se muestra que el año 2025 se cerró con el 63,8% de trabajadores con convenio actualizado y la cifra más baja de personas con convenio decaído, el 4,5%. Este año 2026 sigue también “la senda del acuerdo” de años anteriores, aunque el porcentaje de trabajadores con sus convenios actualizados se encuentra por debajo del registrado el año anterior. Esto es consecuencia de la finalización del periodo de vigencia en 2025 de acuerdos que afectan a más de 86.000 trabajadores y que se están negociando en la actualidad, entre ellos, los de la industria siderometalúrgica de Álava y Bizkaia.

A lo largo de 2026 se han registrado ocho acuerdos sectoriales que han permitido actualizar las condiciones de casi 22.000 personas. Entre ellos cabe citar el de Hostelería de Álava con más de 5.700 empleos, el de Colectividades de Comedores Escolares de Centros del Gobierno vasco con más de 4.200 y un nuevo ámbito, el de Restauración Colectiva de la CAPV, también con más de 4.200 personas. A estos habría que añadir 15 convenios estatales sectoriales con incidencia en la CAPV que en conjunto afectan a unos 11.000 trabajadores y trabajadoras.

En cuanto al incremento salarial medio de los convenios vigentes en 2026, este se sitúa en el 3,10%: un 3,20% en los negociados en la CAPV y un 2,87% en los de ámbito estatal con incidencia en la comunidad autónoma. Respecto a la conflictividad, el período enero-abril de 2026 ha aumentado el número de huelgas, pero se ha reducido de manera importante tanto el número de personas que ha tomado parte, que descendieron un 65,1%, como el de jornadas no trabajadas, que se redujeron un 25,6% si lo comparamos con el mismo período del año anterior.

A la espera de cómo termine el año 2026, al finalizar 2025, el 63,8% de la población asalariada de Euskadi tenía sus convenios actualizados, el 31,7% se hallaba con sus acuerdos en situación de prórroga y únicamente el 4,5% se encontraba con sus convenios decaídos y sin cobertura. En cuanto al período de gestación de los acuerdos, ha señalado que en la negociación sectorial es largo (548 días), y muy superior a la duración de los procesos negociadores en los convenios de empresa (330 días). Dentro de los convenios de sector, los procesos más largos se dan en los convenios negociados en la comunidad, cuya duración media es de 778 días, frente a los 403 en los convenios de sector con incidencia en Euskadi pero negociados a nivel estatal. Los convenios fijados el año pasado recogen un incremento salarial medio del 3,32%: un 3,21% de incremento medio en los convenios negociados en la comunidad autónoma y un 3,57% de incremento en los convenios de ámbito estatal con incidencia en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.

ELA, el principal sindicato vasco, ha anunciado este martes que a partir del mes de septiembre negociará únicamente en euskera los 27 convenios sectoriales que se encuentran actualmente en proceso “aunque no exista un servicio de traducción”. Es una medida que afectará por ejemplo a la negociación de convenios tan importantes como el Metal de Bizkaia y Álava, el de Intervención Social de Gipuzkoa y buena parte de los relativos a Servicios e Industria.

Paralelamente, ha solicitado al Consejo de Relaciones Laborales (CRL) que habilite los recursos necesarios para que las mesas de negociación puedan desarrollarse en euskera con normalidad. Según ha señalado el responsable de negociación colectiva del sindicato, Pello Igeregi, ELA “no renunciará al uso del euskera” y durante la negociación “corresponderá al resto de organizaciones sindicales y a las patronales buscar los medios necesarios para seguir el desarrollo de las negociaciones”.

El sindicato parte de la base de que ni la patronal ni el CRL están colaborando para favorecer el uso del euskera en la negociación colectiva. En este sentido, Igeregi ha recordado que en 2022, junto a LAB y Euskalgintzaren Kontseilua, propuso la universalización de los planes de euskera en las empresas, “una iniciativa que fue rechazada y en los convenios colectivos rara vez aceptan medidas a favor de los derechos lingüísticos de las personas euskaldunes”. En este contexto, considera que el primer paso regular el euskera en los convenios es hacerlos visibles en las negociaciones.

En cuanto al CRL , ha señalado que “carece de un servicio estable de traducción e interpretación, por lo que las escasas negociaciones que se desarrollan en euskera dependen del trabajo de su propio personal que no cuenta con formación específica para desempeñar esa función”. En este sentido, ha señalado que se han reunido con la presidenta del CRL, Emilia Málaga, a quien han trasladado la necesidad de que el organismo disponga de medios para garantizar negociaciones en euskera.

ELA concluye del análisis de 1.499 convenios vigentes, que el 83,19% no incorpora ninguna medida para garantizar los derechos lingüísticos de las personas euskaldunes en el ámbito laboral y que las medidas existentes son, en su mayoría, “de carácter simbólico” como el pago de los costes de cursos para aprender euskera y o la regulación del paisaje lingüístico. “Solo el 5,07% de los convenios cuenta con un plan de euskera o contempla el compromiso de elaborarlo. El 13,8% prevé ayudas para el aprendizaje de la lengua, el 4,37% permite estudiar euskera dentro de la jornada laboral y únicamente el 1,66% establece que el conocimiento del euskera se valorará en la contratación”, han señalado.

“Al igual que ocurre con cualquier otra opresión social, como las opresiones de género, clase o raza, la opresión lingüística solo puede superarse si se regula el uso de las lenguas y se destinan recursos para superar la situación de subordinación. El uso de la lengua que ha ganado la supremacía absoluta se naturaliza y el uso de otras lenguas se considera excepcional, a menos que existan normas y recursos para equiparar los derechos lingüísticos”, ha afirmado Igeregi. Como ejemplo, ha indicado que si una empresa no dispone de medios para celebrar reuniones en euskera y parte de la plantilla no conoce la lengua, estas se desarrollarán en castellano. Del mismo modo, si el aprendizaje del euskera no se reconoce como un derecho laboral, el único idioma cuyo conocimiento estará realmente garantizado será el castellano.

En este sentido, reconoce que el sindicato no ha conseguido “situar los derechos lingüísticos al mismo nivel que otras reivindicaciones laborales, como las mejoras salariales o la reducción de jornada”, una cuestión que atribuye tanto a la negativa de las patronales a negociar medidas de normalización del euskera como a la incapacidad de los sindicatos para organizar movilizaciones y huelgas específicas en defensa de estos derechos.

Tras el anuncio de ELA, el sindicato LAB ha dado la “bienvenida” a la iniciativa de usar solo el euskera, a partir de septiembre, pero ha asegurado que le sorprende que no haya contado con ellos porque “haberla impulsado conjuntamente, habría sido más eficaz”. El sindicato ha defendido que se necesitan garantías “para poder utilizar el euskera no solo en la negociación colectiva, sino también en los juzgados y en otras muchas instancias”. A través de un comunicado, LAB ha advertido, además, de que “en los últimos tiempos estamos viviendo una ofensiva contra el euskera”, por lo que ha defendido dar “un nuevo impulso a las medidas en favor del euskera” y que esta lengua adquiera “una centralidad aún mayor en la acción sindical”. “Seguiremos reclamando garantías para la euskaldunización de la administración pública y continuaremos impulsando planes de euskera en los centros de trabajo”, han añadido.

Por contra, UGT de Euskadi ha mostrado su “sorpresa” por el anuncio de ELA y ha apelado a “construir consensos por el euskera en vez de lanzar ultimátums y falsos debates en torno a su uso en el ámbito sociolaboral”. “Cabe preguntarse por qué no lo han hecho antes si lo estimaban necesario, dado que la misma cuestión, intervenir exclusivamente en euskera, es algo que ya venían haciendo con normalidad desde hace años en las negociaciones del sector público”, ha dicho el sindicato.

La Universidad pública vasca (EHU, por sus siglas en euskera) ha presentado este lunes un amplio análisis estadístico de las notas de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU, la antigua Selectividad) a la luz de la controversia por las calificaciones de euskera y por el hecho hasta ahora desconocido de que 40 estudiantes hayan logrado en la jurisdicción contencioso-administrativa que un juez anule temporalmente su calificación en el examen de lengua vasca a la hora de formalizar su matrícula universitaria. La conclusión, verbalizada por el rector, Joxerramon Bengoetxea, es que lo sucedido “entra dentro de una normalidad estadística” a pesar de que las denuncias de alumnos de colegios privados del entorno de Bilbao con modelo A (el que imparte la docencia mayoritariamente en castellano) hayan abierto un debate político y social de grandes dimensiones.

El primer dato es que las medidas cautelares afectan al 0,33% de los 11.833 estudiantes que hicieron la prueba de euskera. La nota media general euskera fue de 6,33 sobre 10, “en medio de la tabla”. La de castellano sí fue superior, de 6,42, pero en una de las dos variantes de Matemáticas fue de 5,08 puntos e incluso en Física la media fue de suspenso, de 3,99. Es cierto que euskera fue la asignatura con más ceros, aparentemente 313 inicialmente y 163 después de las revisiones, el 2,64% y el 1,37% respectivamente, pero en proporción los hubo más en otras materias, principalmente en Física, cursada por muchos menos alumnos. Llegaron al 3,2%.

El rector, acompañado por la vicerrectora Urtza Garay, ha insistido en que la PAU es un proceso totalmente garantista, regulado por un real decreto estatal y que permite, en caso de desacuerdo con la calificación inicial, solicitar una revisión. Es más, si la segunda nota difiere en dos puntos de la primera, automáticamente se realiza de oficio otra revisión externa e independiente.

Frente a las acusaciones de que hubo un tribunal de Bilbao con alumnos de colegios concretos de modelo A con una elevada proporción de ceros, la EHU ha insistido en que “las revisiones apenas modifican la calificación”. En total, 4.233 alumnos han pedido una segunda corrección, un tercio del total, y 8.127 ejercicios han sido comprobados, ya que se puede pedir la segunda evaluación de varias asignaturas. En euskera, las revisiones han movido la media en apenas 0,13 puntos al alza, por 0,22 de Historia del Arte, por ejemplo.

La comparativa de la Selectividad del pasado año muestra que, en efecto, las notas de euskera han bajado de 6,81 a 6,33, pero el desplome en Física o en las dos Matemáticas es mayor. Sólo se mejora en Biología y en Castellano. La EHU lo atribuye a los nuevos criterios de evaluación y asegura que tocará trabajar en coordinación con Educación para que los centros entiendan los nuevos criterios.

La conclusión es que las notas de euskera “no siguen una tendencia aislada” y que hay “en todas las asignaturas” casos de ceros e incluso dieces. “El cero es una calificación más”, ha recordado la vicerrectora Garay, que ha insistido en que muchas de las “anomalías” atribuidas a la lengua vasca se ven igualmente, sin polémica política y social alguna, en otras asignaturas.

El análisis de la EHU ha entrado en un terreno hasta ahora inexplorado y ha cruzado sus datos con los de Educación y ha analizado si la tendencia de las notas es diferente en función del modelo. Además del A existen el D, con el euskera como lengua vehicular, y el B, mixto. A falta de conclusiones definitivas, habría seis tribunales de 41 con medias de euskera por debajo de 5. “Y en esos tribunales hay estudiantes del A o del D”, han dicho los responsables universitarios. Un dato final: el 71,6% de quienes han tenido un cero han aprobado la Selectividad y la proporción sube al 74,8% entre quienes inicialmente sacaron esa nota en euskera.

Cientos de personas se han concentrado este jueves en los campus de la EHU de Bilbao, Donostia y Vitoria para denunciar “la ofensiva judicial contra el euskera”, después de que decenas de estudiantes hayan presentado demandas ante la Justicia para que no se tenga en cuenta su calificación de Euskera y Literatura II en el cálculo de la nota de acceso y de admisión a la universidad y al menos 25 autos de juzgados del contencioso-administrativo de Bilbao hayan decretado medidas cautelares para aquellos alumnos que hayan acudido a los tribunales. “La ofensiva contra la normalización del euskera no se detiene. Al contrario, se está extendiendo, y ahora ha puesto en su punto de mira el sistema educativo. Solo así puede entenderse lo ocurrido en los últimos días: cómo se han utilizado los malos resultados obtenidos por algunos estudiantes en el examen de Euskera y Literatura de la prueba de acceso a la universidad para atacar al euskera. En estos días hemos visto cómo la preocupación de ese alumnado ha sido utilizada política y mediáticamente contra el papel que desempeña el sistema educativo de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa en la normalización del euskera. Y con especial gravedad hemos visto, una vez más, cómo el poder judicial ha tenido la última palabra, obligando a la EHU a eximir de euskera a los estudiantes que, tras obtener malos resultados, han acudido a la vía judicia”, han leído en un comunicado representantes del Euskalgintzaren Kontseilua organización que agrupa las principales entidades a favor del euskera, en los campus de EHU las tres capitales.

En el caso de Bilbao, ha sido la secretaria general de Euskalgintzaren Kontseilua, Idurre Eskisabel, la encargada de leer el escrito, acompañada de representantes de los sindicatos ELA, LAB y Steilas. “De nuevo, el poder judicial se ha situado por encima de las instituciones que cuentan con el conocimiento y la legitimidad para resolver esta cuestión, por encima de la propia EHU e incluso del Gobierno vasco. Mediante esta ofensiva política, mediática y judicial actualmente en marcha, se está profundizando cada vez más en el proceso de desoficialización del euskera. De hecho, lo ocurrido en torno a las pruebas de acceso a la universidad tiene consecuencias graves y evidentes en lo que respecta a la oficialidad del euskera. Por un lado, premiará y privilegiará en el acceso a la universidad a quienes renuncian al euskera. En cambio, menospreciará a quienes han otorgado al euskera la misma importancia que al resto de asignaturas, a quienes han respetado el lugar que le reconoce el currículo educativo y han hecho el esfuerzo de aprenderlo. Convertirá en víctimas de una gran injusticia a miles y miles de estudiantes. Y este perjuicio no se soluciona aumentando plazas. Si así fuera, habría que aplicar la misma lógica al alumnado que ha obtenido malos resultados en Matemáticas o Castellano y no está conforme con ellos”, ha lamentado tras una pancarta en la que se leía “Euskara guztiontzat”.

Según ha criticado, lo ocurrido deja al descubierto que aquellos que viven en euskera son “ciudadanos de segunda”. “Todo ello ha puesto de manifiesto hasta qué punto quienes nos desenvolvemos en euskera somos ciudadanía de segunda; hasta qué punto el euskera es una lengua de segunda y subordinada al castellano. El mensaje que se ha trasladado a la sociedad es claro: el euskera no vale tanto como el castellano. Todo ello está muy lejos de una verdadera oficialidad, muy lejos de la igualdad y aún más lejos de la política de normalización que necesita una lengua minorizada como el euskera”, ha aseverado.

Durante la concentración también han criticado el papel del Gobierno vasco en esta situación. Este martes, tras la primera resolución judicial que decretó medidas cautelares, se celebró una reunión de urgencia entre el rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, y el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno vasco, Juan Ignacio Pérez Iglesias, tras la cual tomaron la decisión de ofertar más plazas en la universidad para que los alumnos que han recurrido su examen puedan entrar sin dejar al resto de los alumnos fuera. “En Euskalgintzaren Kontseilua vemos con gran preocupación la actitud mostrada en estos días por el Gobierno vasco ante esta cuestión. Ha sido especialmente inquietante comprobar que, en lugar de abordar el verdadero problema –que el sistema de modelos lingüísticos vigente deja a parte del alumnado sin alcanzar el nivel mínimo de euskera recogido en el currículo–, el Departamento de Educación ha optado por señalar al profesorado encargado de corregir los exámenes, poniendo en duda su conocimiento, rigor y criterio. Queremos expresar nuestro apoyo a todo ese profesorado que trabaja día a día en la enseñanza y transmisión del euskera, así como a quienes han participado en la corrección de las pruebas como parte de esa labor”, ha señalado Eskisabel.

Para las entidades a favor del euskera la solución es clara: acabar con los modelos educativos A, en el que el castellano es la lengua principal y el euskera se enseña únicamente como una asignatura adicional y B, en el que se imparten algunas asignaturas en euskera y otras en castellano, cuyos alumnos son los afectados en los exámenes de euskera de la Selectividad de este año. “Tenemos claro que el núcleo de este problema reside en el sistema de modelos. Desde hace tiempo se sabe y se ha demostrado que los modelos A y B no sirven para cumplir los objetivos establecidos por el propio currículo educativo. Estos modelos, además de obstaculizar el avance en la normalización del euskera, vulneran el derecho de miles de estudiantes a adquirir la lengua. Por ello, desde hace tiempo Kontseilua viene reclamando la superación del actual sistema de modelos y la generalización de un modelo educativo en euskera, con el objetivo de ofrecer más recursos a quienes menos euskera tienen. Ese es el camino, no solo para avanzar en la normalización y revitalización del euskera en un momento en que su futuro está en juego, sino también para desatar uno de los principales nudos como sociedad, profundizando en la justicia y la cohesión social”, ha trasladado, tras recordar que “en el último debate de la Ley de Educación se perdió una excelente oportunidad para dar ese paso”.

“En un momento en el que la ofensiva se ha extendido al ámbito educativo, se abre una nueva oportunidad para impulsar un modelo educativo generalizado en euskera, y queremos hacer un llamamiento a todos los agentes del ámbito del euskera y de la educación, así como a las fuerzas políticas y sindicales que creen en el futuro del euskera. Y, por supuesto, hacemos un llamamiento a todas las personas euskaltzales, a toda la ciudadanía que defiende el euskera, la justicia social y la igualdad, para que sean impulsoras de este cambio. Mientras tanto, seguiremos trabajando para crear unas condiciones reales para poder vivir en euskera. Tomemos conciencia, empoderémonos y organicémonos como euskaltzales: en los centros educativos, en la calle, entre amistades, en las redes y en todos los ámbitos de la vida”, ha concluido Eskisabel.

Joan den martxoaren 24an, egunkari honetan bertan, Gipuzkoako NNGG-ko (PP) Antolakuntza Idazkariordeak funtzio publikoko euskararen eskakizunari buruz esandakoak aztertzen zituen testu bat argitaratu nuen. Oro har, nire testuak euskara administrazio publikoko profesionalak kanporatzen dituen “hesi” edo “harresi” gisa aurkeztearen arriskuaz ohartarazten du eta hizkuntza eskakizuna frustrazioarekin eta talentu ihesarekin lotzen duten diskurtsoak kritikatzen ditu. Ikuspegi horrek, funtsean, herritarrek erakundeek beren hizkuntzan artatuak izateko duten eskubidea ez ikusiarena egiten du. Beraz, eztabaidaren gunea ez litzateke eskakizunak apaltzea izan behar, ikaskuntza eta integrazioa erraztea baizik.

Joan den apirilaren 30ean, PPko legebiltzarkide baten txanda izan da. Alderdiak berak argitaratutako bideo batean, PNVk, EH Bilduk eta PSE-EEk hizkuntza auziaren inguruan egindako kudeaketa partidista kritikatu zuen. Gainera, euskara eskatzeak “frustrazioa” eta “behin-behinekotasuna” (lan-prekarizazioa edo bitartekotasuna) sortzen dutela defendatzen zuen, kualifikatutako profesionalek plaza finkoak lortzea eragozten dutelako. Horrek, bere ustez, talentu ihesa dakar, eskatutako hizkuntza profilak ez betetzeagatik beren karrera euskal lurraldetik kanpo garatzea hautatzen baitute.

“Talentu ihesaren” argumentuak arazo juridiko eta sozial konplexu bat sinplifikatzen du. Bi hizkuntza ofizial dituen autonomi erkidego batean, biak ezagutzea gaitasun eskakizun gisa hartu ohi da, eta ez soilik meritu gisa. Berriro azaldu beharra dagoela ulertzen dut, baina Konstituzioak zein Euskal Autonomia Estatutuak euskara babesten dute. Konstituzioaren kasuan, 3. artikuluko 2. paragrafoak argi dio: “Espainiako gainerako hizkuntzak ere ofizialak izango dira dagozkien Autonomia Erkidegoetan, haien Estatutuekin bat etorriz”. Zertarako balio du hizkuntza bat ofizial izendatzeak gero administrazio publikoko lanpostuetan hori jakitea eskatzen ez bada?

PPko legebiltzarkideak, gaztelania bikainean, “errealitate soziolinguistikora” jotzen du (non eguneroko erabileran gaztelania nagusi den eremu askotan). Hala ere, eskubide linguistikoen printzipioa alde batera uzten du: herritarrek administrazioaren aldetik euskaraz artatuak izateko duten eskubidea. Erabileraren egoeraren eta administrazioak hizkuntza horretan artatua izateko eskubidea bermatzeko duen betebeharraren arteko dilema faltsu bat sortzen da. Aldi berean, diskurtso kutsatu bat sortzen du eta ez du aipatzen herritarrei esparru publikoan hizkuntza horretan bizi ahal izatea bermatzen ez bazaie, herritarrak lagunduko dioten mekanismoak erabiliko dituela, jakina.

Duela denbora bat, euskararekin kritiko direnen artean argumentu bat irakurri nuen: Juan Sebastian Elkanok ez zuela testamentua euskaraz egin. “Hain euskalduna eta euskaltzalea ere ez zen izango espainieraz egin bazuen” edo “Begira zein gutxi inporta zitzaien euskara, gaztelaniaz egiten zutela”. Baina, ba al zegoen beste aukerarik? Gaztelania zen hizkuntza ofizial bakarra administrazioan, eta lege-arloko izapide guztiak hizkuntza horretan egin behar ziren. Logikoa zen lege-izapideren bat egin behar zuten euskaldun guztiek gaztelaniaz egitea eta ez euskaraz. Agian horrela ulertzen da nola Aro Modernoan, Nafarroan, 10 nafarretik 8 euskaldunak ziren, baina hori denborarekin aldatuz joan zen botereak ezarritako hizkuntza politiken ondorioz, Peio Monteano soziologoak “Del euskera al castellano” liburuan erakusten duen bezala.

Bi hizkuntza ofizialetan artatua izateko %100eko aukera bermatzen ez bada, begi-bistakoa da jendeak dagokion izapidea egiteko aukera ematen dion hizkuntza erabiliko duela azkenean. Lehen bezala gaur egun ere. Inork ez du euskarazko elebakartasuna proposatzen; funtzio publikoko langileen elebitasuna eskatzen ari da. Sektore pribatuko langileak ez bezala, lehenengoak administrazio publikoaren mende daude.

Administrazioan hizkuntza profila eskatzea ez da kontrol neurri bat, herritarrek bi hizkuntza ofizialetako edozeinetan artatuak izateko duten eskubidea bermatzea baizik. Diskriminazioa, berez, euskaldun batek bere administrazioan bere hizkuntza erabili ezin izatea litzateke.

Agian Alberto Lopezek, Zuzenbide Konstituzionaleko katedradunak, onartu egin behar du gaztelaniaz bakarrik hitz egiten duten herritarren eskubideak sobera bermatuta daudela, inork ez baitu zalantzan jartzen hizkuntza horretan artatuak izango direnik. Proposatzen dena da, behingoz, administrazio publikoan %100ean euskaraz bizi nahi duen herritarrak aukera izatea.

Espainiako Konstituzioaren 3. artikuluko hirugarren paragrafoan gaineratzen denez: “Espainiako hizkuntza-modalitate desberdinen aberastasuna kultur ondarea da, eta errespetu eta babes berezikoa izango da”. Nola babesten da euskara hizkuntza ofiziala, gero edozein euskalduni administrazio publikoan zerbait kudeatu behar duenean %100 euskaraz bizitzeko eskubidea bermatzen ez bazaio, bizi den tokian bizi dela? 

Profil eskakizuna udalerri bakoitzeko hiztun portzentajearen arabera oinarritze hori 1989an egindako itunei dagokie. Gaur egungo hizkuntza-politikak, arreta beharren arabera profilak esleitzen dituenak, urte hartan lortutako adostasunetan ditu sustraiak. Funtsezko arauak artikulatu ziren, hala nola Euskal Funtzio Publikoaren 6/1989 Legea eta 224/1989 Dekretua. Bi hauek administrazioaren izaera elebiduna ezarri zuten eta profilen hedapena antolatu zuten. Hala ere, arau horiek 1982ko Normalizazio Legean oinarritutako mugarria izan baziren ere, 2026ko errealitatea oso bestelakoa da.

2026an, funtzio publikoan euskararen ezagutza udalerri bakoitzaren arabera baldintzatzea akats bat da, baita Vox-en edo PPren gaztelaniazko elebakartasunaren aldeko posizioetatik datozenen argumentu gisa ere. 20 urtetan, Espainian %50 etorkin ez-gaztelaniadunak diren udalerriak daudenean, udalerri horretan hiztun den biztanleriaren portzentajearen arabera gaztelania eskatzea planteatuko al da? Ez dut uste. Orduan, nola da posible hori onartzea hizkuntza koofizial batekin?

2023an argitaratutako VII. Inkesta Soziolinguistikoko datuak argigarriak dira: EAEko 16 urtetik gorako gazteen %74,5 euskalduna da, hiru hamarkadatan ia 50 puntuko gehikuntza izan da. Gaur egun, 1991n baino 261.000 euskaldun gehiago ditugu; portzentajea %24,1etik %36,2ra igo da.

Ez dut ulertzen zein den egungo hizkuntza normalizazioa oztopo burokratiko eta laboral gisa aurkezten duten pertsonen helburua. Argi dago hizkuntzaren ofizialtasun estatusaren aurkako erasotzat har daitekeela, eta horrek erresistentzia handia sortzen du euskal gizarteko beste sektore batzuetan. Irakaslea naizenez, ziur nago beste batzuei ere gertatu zaiela, beti aurkitu dut nire soldaten edo lan baldintzen inguruko kritikaren bat egin duen norbait. Soldata horiek behera egitea nahi duen inbidia moduko bat, haiena bezala, haien soldata gora parekatzea eskatu beharrean. Bada, lanpostu publikoetan euskara maila igotzearen aurkako kritikarekin gauza bera gertatzen da. Helburu hori lortzeko inguruan dauden zailtasun guztiekin amaitzean zentratu beharrean, kritika eskakizunean zentratzen da.

Ez, euskera ez da arazoa. Hitz egin dezagun gizartearen zati batek dagokion titulazioa ez izatea eragiten duten benetako arazoez; hitz egin dezagun agian euskaltegi publikoak saturatuta daudela eta plaza gehiago behar direla, edota bitarteko langileek C1 titulua lortzeko nola lagundu daitekeen beren lana kaltetu gabe, plaza dutenekin gertatzen den bezala. Hitz egin dezagun, halaber, langile askoren lan-ordutegiek ez dietela uzten beren bizitza errealitatea dituzten beharrizanekin uztartzen (familia-beharrak edota euskara ikastea planteatzea, esaterako), euskaltegi publikoetan ordutegiak zabaltzeko premiaz eta inbertsioaz. Zure arazoa hizkuntza ez dela aditzera eman nahi baduzu, hori izan behar da eztabaida. Horiek dira arazoak, eta ez euskara edo C1 maila eskatzea.

Ondoren, hitz egin dezagun zintzotasun osoz, sumindurarik gabe baina egiaz, euskara ikasi nahi ez duten edo titulazioa ateratzeko ahalegina egiteari uko egiten dioten pertsonak badaudela. Hitz egin dezagun Bilbon A ereduan lehen hezkuntzan 33 urteko bitartekotasuna duten pertsona horiei buruz; HE1 (B2) titulazioa izanik eta 3-5 urtetan HE2 (C1) ateratzeko aukera izanik, ez dute ahalegin txikiena ere egin. Kasu honek euskararekin kritikoak diren eskuineko hedabideen azalak bete zituen duela bi urte. Badakit jendea egonkortze prozesuetatik kanpo utzi dutela eskatzen zen ingeles profila ez izateagatik, baina horrek ez dio inori dramarik eragin. Euskadin euskara eskatzeak, berriz, bai.

Gero, hitz egin dezagun Laura Ré Lozano bezalako pertsonez, 2018an Euskadira iritsi zen murtziarra, euskaraz ezin hobeto egiten duena eta C1 maila duena; Toheed Ghulametaz, 2016an iritsi zen eta euskaraz ezin hobeto komunikatzen den gazteaz; Idoloris Fajardoz, 19 urterekin iritsi zen eta euskaraz egiten duen kubatarraz; Siguanabaz, Nikaraguako DJa eta euskalduna dena; Kasiaz, euskara Polonian ikasi zuen poloniarraz, edota Dianaz, Gasteizera ikastera etorri eta euskara ikasi zuen alemaniarraz. Hitz egin dezagun Euskadira euskara ikastera etorri zen Xavi katalanaz; bi urtetan euskaraz hitz egiten hasi zen Ariel Martínez hondurastarraz, edota Euskadira bizitzera etorri eta euskara berea egin zuen Malou Henriksen daniarraz; baita Hide Domino japoniarraz ere, euskara Tokion ikasten hasi eta ondoren Madrilgo Euskal Etxean jarraitu zuena. Hitz egin dezagun nire bikoteaz, murtziarra izanik 2021ean Euskadira iritsi zena eta urte eta erdian Hizkuntza Eskola Ofizialean euskarazko A1 eta A2 mailak lortu zituena.

Funtzionario izatea ez da eskubide bat. Hala ere, euskara ondare partekatua eta herritarren eskubidea da. Euskara oztopo baztertzaile gisa aurkeztea irakurketa erredukzionista da, indarrean dagoen lege-esparrua zein elebitasunerantz erabakitasunez doan gizarte baten errealitatea alde batera uzten dituena. Benetako erronka ez dago hizkuntza profilen eskakizunean, baizik eta herritar bakoitzak —jatorria edozein dela ere— aberastasun partekatu horren parte izateko beharrezko tresnak, denbora eta erakundeen babesa izatea bermatzeko.

Bitartekotasun edo kudeaketa arazoak hizkuntzari egozteak benetako irtenbideetatik fokua desbideratzeko balio du soilik: inbertsio gehiago, ikasteko baldintza hobeak eta herritarren eskubideak hauteskunde etekinaren gainetik lehenetsiko dituen borondate politikoa. Bi hizkuntzak hitz egiten dituen administrazio bat eraikitzea ez da inposizio ekintza bat, gure identitateari eta gure demokraziari diegun errespetuaren oinarrizko ariketa baizik.

El juez de lo contencioso-administrativo de Bilbao Emilio Lamo de Espinosa ha avisado al rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, de que si no da cumplimiento con carácter “inmediato” a la resolución judicial para que no cuente la nota de euskera a los estudiantes que recurrieron en los tribunales su baja calificación a la hora de formalizar la inscripción en la Universidad “se procederá a deducir testimonio por la posible comisión de delito de desobediencia”. Aunque públicamente la Universidad ya ha explicado que acatará el fallo habilitando más plazas para no excluir ni a los beneficiarios de las cautelares, unos 25 estudiantes, ni a los posibles afectados por el efecto dominó de ocupación de esas plaza, el magistrado responde así a nuevas quejas de los recurrentes que ofrecen “pantallazos” que acreditarían que no están pudiendo matricularse.

“Los hechos expuestos permiten concluir que pese al tiempo transcurrido, la preinscripción no se ha formalizado ya que el sistema informático no ha sido adaptado a la realiudad de los autos, que obliga a que no sean tenidas en cuenta o queden en suspenso las calificaciones del ejercicio de Lengua Vasca y Literatura II. Por lo tanto, se hace preciso requerir expresamente a la UPV/EHU [sic] para que proceda sin demora al inmediato cumplimiento de lo ordenado”, expone Lamo de Espinosa. Añade que le da un tope de 48 horas a la EHU para ejecutar los mandamientos judiciales y ordena que se confirme la inscripción de los estudiantes “mediante la certificación correspondiente”.

El Gobierno vasco implantará, a partir de la convocatoria de octubre, un nuevo modelo “asimétrico” de acreditación del conocimiento del euskera con el objetivo de ofrecer “un sistema más flexible y adaptado a las capacidades de cada persona”. La principal novedad será la incorporación de las acreditaciones variables, de modo que una persona podrá acreditar diferentes niveles en comprensión lectora y expresión escrita respecto a la comprensión auditiva y expresión oral.

La vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, del PNV, ha presentado, este martes en rueda de prensa el nuevo sistema, que busca reconocer “de forma más precisa” las competencias lingüísticas de quienes aprenden euskera. Según ha señalado, hasta ahora, para obtener un nivel oficial era necesario acreditar el mismo nivel en comprensión lectora, comprensión auditiva, expresión escrita y expresión oral. Con el nuevo modelo ya no será obligatorio que todas las competencias se encuentren al mismo nivel.

Así y a modo de ejemplo, ha explicado que las nuevas acreditaciones asimétricas permitirán que una persona obtenga un nivel B1 en comprensión lectora y expresión escrita -el tercero de los seis niveles- y un B2 en comprensión auditiva y expresión oral -el cuarto-. El certificado reflejará esa diferencia entre competencias.

Bengoetxea ha asegurado que el cambio no supondrá una reducción del nivel de exigencia de los exámenes, ya que las pruebas seguirán evaluando las cuatro competencias lingüísticas “con las mismas garantías académicas, aunque el resultado reconocerá con mayor precisión el nivel alcanzado en cada una de ellas”. “No cambiamos el nivel de exigencia ni rebajamos los requisitos. Construimos un sistema más justo y más adaptado también a la realidad de las personas, con el objetivo de intentar acercar el euskera para que más personas lo aprendan, lo utilicen con autonomía y formen parte activa de la comunidad lingüística vasca”, ha señalado.

Las personas interesadas en participar en la convocatoria de octubre podrán inscribirse del 7 al 13 de septiembre. Con carácter general, podrán presentarse quienes tengan al menos 16 años o los cumplan durante el año de la matrícula y no será necesario tener acreditado previamente un nivel simétrico, con una excepción, para presentarse a la acreditación asimétrica A2-B1 se deberá tener acreditado el nivel A2. El Ejecutivo vasco ha enmarcado esta reforma en su estrategia para facilitar el aprendizaje del euskera y favorecer que un mayor número de personas complete su itinerario formativo. En los últimos años, más de 100.000 personas han pasado por los euskaltegis y 43.500 han recibido ayudas para aprender la lengua vasca.

Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) ha informado este lunes de que recurrirá la decisión adoptada por varios juzgados de no tener en cuenta la calificación de Euskera y Literatura II en el cálculo de la nota de acceso y de admisión a la universidad de las personas que han acudido a la Justicia. La resolución judicial, hecha pública este mismo lunes, establece que “no sean tenidas en cuenta, o queden en suspenso, a los efectos de cálculo de la nota de acceso y de admisión, y por ende de los procedimientos de preinscripción, adjudicación de plazas y matrícula” de las personas que han acudido a los juzgados. Asimismo, el auto requiere a la EHU “la reserva de la plaza correspondiente mientras se sustancia el recurso”.

Sin embargo, desde la Universidad pública vasca determinan que “la medida cautelar resulta de imposible cumplimiento”. “La universidad pública no hace reserva de plazas al margen del procedimiento general de acceso, ya que la adjudicación de las plazas universitarias se realiza exclusivamente en función de la nota de acceso y del número de plazas ofertadas para cada titulación, respetando estrictamente el orden de prelación de todas las personas aspirantes. Reservar una plaza a una persona concreta al margen de ese procedimiento e independientemente de su calificación, supondría alterar el sistema de acceso y afectar a los derechos del resto del estudiantado”, aclaran desde la EHU.

En este sentido, la universidad insiste en que “no comparte la decisión adoptada por los juzgados en torno a las medidas cautelarísimas y presentará el correspondiente recurso”. “El propio auto señala que las medidas cautelares tienen como finalidad que no resulten irreparables las consecuencias derivadas de la duración del proceso. Sin embargo, el cumplimiento de estas medidas cautelares podría generar precisamente un perjuicio irreparable para el resto del estudiantado que ha realizado la PAU conforme a las mismas reglas y cuyos derechos deben ser igualmente protegidos. Alterar el procedimiento ordinario de adjudicación de plazas supondría situar en una posición de desprotección al conjunto de las personas aspirantes y quebrar el principio de igualdad que debe regir el acceso a la universidad pública”, informan.

“La EHU ha actuado en todo momento conforme a la normativa vigente y ha aplicado estrictamente lo establecido en el Real Decreto 534/2024, por el que se regulan los requisitos de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado. La propia norma dispone que, en las comunidades autónomas con dos lenguas oficiales, el alumnado debe acreditar las competencias lingüísticas en ambas lenguas como parte de la prueba de acceso, motivo por el que la calificación de Euskera y Literatura II forma parte del cálculo de la nota de acceso y admisión en los términos previstos por la legislación estatal”, concluyen en un comunicado.

La noticia del recurso se ha producido después de que al menos tres juzgados de lo contencioso-administrativo de Bilbao hayan decretado, como medidas cautelares, que no sea tenida en cuenta la nota de euskera a la hora de condicionar el acceso a la Universidad de los estudiantes que presentaron un recurso judicial tras recibir un 0 en la Selectividad. A falta de que se hagan públicas las resoluciones completas, medios como 'El Correo' o EiTB mencionan que los diferentes magistrados han asumido la “urgencia” de adoptar esta medida porque, de lo contrario, estos alumnos podrían quedarse sin plaza.

Los autos indican que “se ha podido quebrar en este procedimiento el deber de garantizar el anonimato del alumnado y de los centros durante el proceso de corrección y calificación de los ejercicios”. La mayoría de calificaciones bajas se concentraron en un tribunal corrector de Bilbao donde se examinaban estudiantes de centros privados concertados de modelo A, el que es mayoritariamente en castellano. “Se ha podido quebrar en este procedimiento el deber de garantizar el anonimato del alumnado y de los centros durante el proceso de corrección y calificación de los ejercicios”, se puede leer en la resolución.

La semana pasada, un grupo de familias de estudiantes que sacaron un cero en el exámen de euskera de la Selectividad vasca pidió en los tribunales la nulidad de las calificaciones y “de todo el procedimiento”. Representados por el abogado Iñaki Picaza los afectados presentaron una demanda ante un Juzgado de lo contencioso-administrativo al considerar que se “han saltado la garantía de anonimato de los alumnos y el centro del que proceden”, en su mayoría de colegios privados concertados y que estudian en el modelo A, en el que el castellano es la lengua principal y el euskera se enseña únicamente como una asignatura adicional. “La demanda es contra la autoridad educativa, que ha seguido este procedimiento reglado, saltándose, con absoluto desprecio, la garantía de anonimato de los alumnos y el centro del que proceden, que es lo que garantiza la objetividad en las correcciones. Si esos principios fundamentales se quiebran, no vale nada”, detalló Picaza.

Con la demanda, según aclaró el abogado, “no se busca ni una reevaluación de las notas ni que hagan un nuevo examen, simplemente que ese examen, esa nota no se tenga por puesta, porque el procedimiento es nulo”. “Hay casos sangrantes como los de alumnos que tienen, no solo un B2 o cursan el EGA, sino que tienen un curriculum académico excelente, premio extraordinario de bachillerato, por lo que es imposible una nota tan baja porque algunos eran brillantes en lengua vasca o son de familias euskaldunes”, argumentó.

Las resoluciones -que ahora recurrirá la EHU- solamente afectan a quienes han recurrido a la Justicia ordinaria y no a todos los posibles afectados. Con todo, son medidas cautelares y no suponen un pronunciamiento sobre el fondo del asunto. Precisamente, según ha informado la EHU, este martes 2.332 estudiantes realizarán la PAU en convocatoria extraordinaria.

Al menos tres juzgados de lo contencioso-administrativo de Bilbao han decretado, como medidas cautelares, que no sea tenida en cuenta la nota de euskera a la hora de condicionar el acceso a la Universidad de los estudiantes que presentaron un recurso judicial tras recibir un 0 en la Selectividad. A falta de que se hagan públicas las resoluciones completas, medios como 'El Correo' o EiTB mencionan que los diferentes magistrados han asumido la “urgencia” de adoptar esta medida porque, de lo contrario, estos alumnos podrían quedarse sin plaza.

Igualmente, entrando más al fondo del asunto, los autos indican que “se ha podido quebrar en este procedimiento el deber de garantizar el anonimato del alumnado y de los centros durante el proceso de corrección y calificación de los ejercicios”. La mayoría de calificaciones bajas se concentraron en un tribunal corrector de Bilbao donde se examinaban estudiantes de centros privados concertados de modelo A, el que es mayoritariamente en castellano. “Se ha podido quebrar en este procedimiento el deber de garantizar el anonimato del alumnado y de los centros durante el proceso de corrección y calificación de los ejercicios”, se puede leer en la resolución.

El asunto lleva semanas generando gran controversia en Euskadi, hasta el punto de motivar una 'cumbre' entre el rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, y los consejeros de Educación, Begoña Pedrosa, y Universidades, Juan Ignacio Pérez Iglesias. Sin embargo, el pasado lunes se acometió la revisión de esos exámenes y se determinó que en aproximadamente un 80% de los casos la calificación podía ser algo más alta que cero, pero no los dos puntos que implican que, de oficio, sea necesario un tercer tribunal corrector por observarse una gran diferencia. “En la mayoría de los casos las notas no han experimentado incrementos significativos y han permanecido próximas al cero. Como consecuencia, la distribución general de las calificaciones apenas ha registrado cambios relevantes”, explicó la Universidad, al tiempo que pidió orillar las “presiones” políticas y mediáticas en torno a la prueba ahora conocida como PAU.

Las resoluciones solamente afectan a quienes han recurrido a la Justicia ordinaria y no a todos los posibles afectados. Aunque no son pocos. Representados por el abogado Iñaki Picaza, quienes se sintieron afectados buscaron la nulidad de esas calificaciones. Con todo, son medidas cautelares y no suponen un pronunciamiento sobre el fondo del asunto. Precisamente, según ha informado la EHU, este martes 2.332 estudiantes realizarán la PAU en convocatoria extraordinaria.

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha vuelto a proponer este viernes que el euskera sea considerado lengua “propia” de toda la comunidad foral, para lo que sea necesario modificar el artículo 9 de la LORAFNA, el equivalente en la comunidad foral al Estatuto en el resto de autonomías. Con todo, ha matizado que ello no conllevaría la eliminación de la actual zonificación lingüística.

Navarra está dividida en tres zonas lingüísticas: zona vascófona, zona mixta y zona no vascófona. En la primera, el castellano y el euskera son lenguas cooficiales. En las dos últimas, de mayoría castellanoparlante, el castellano es la lengua oficial, aunque en la zona mixta, el euskera disfruta de un régimen especial para que se fomente y promueva su uso. 

Chivite, que ha comparecido en la ponencia que se desarrolla en el Parlamento para la actualización de la LORAFNA, sí que ha considerado que la Administración Pública “debe tener capacidad de atender al ciudadano en su lengua” y por ello ha defendido que, “incluso fuera de las zonas vascófonas la Administración debe, en cierta medida, euskaldunizarse sobre todo en la atención directa al público”.

“El euskera es una lengua propia que la sociedad está normalizando, con la que convive, que está más presente, que avanza en la superación de una percepción de la lengua exclusivamente ligada a determinadas ideologías políticas y considero que esto es positivo”, ha aseverado la presidenta navarra, que ha asegurado que es “deseable socialmente que el mayor número posible de navarros/as conozcan el euskera”.

No obstante, Chivite ha indicado que no se puede negar la realidad sociolingüística de Navarra, “y es que, aun habiendo avanzado mucho en el conocimiento del euskera por la población navarra, en estos momentos no hay una amplia mayoría que conoce y habla el euskera, o no con un alto nivel”, ha apostillado.

“Por lo tanto, con determinadas propuestas que también se han planteado aquí por otros ponentes, que por supuesto respeto, aunque no comparto, podríamos crear una desigualdad de oportunidades que es justo lo que no queremos”, ha manifestado, para añadir: “Si eso pasa, de nuevo volvemos al rechazo social a una lengua, no por la lengua en sí, sino porque se entiende como una barrera que discrimina, en lugar de como un patrimonio propio que queremos preservar”.

Reforma de la LORAFNA

La presidenta del Gobierno navarro también se ha referido a una posible reforma de la ley del Amejoramiento del Fuero y se ha comprometido a impulsarla si se determina que existe un “amplio consenso social y político”.

Ha expuesto que “la Navarra de 2026 ha cambiado socialmente respecto a la Navarra de 1982”. “Siendo cierto que hay valores y principios que siguen vigentes, no es menos cierto que sería interesante abrir el debate de la reforma, cuando menos, para incorporar cuestiones que son hoy parte de nuestra realidad, que entendemos mejoran nuestra razón de ser, hacen de nuestra comunidad un espacio mejor económica y socialmente, también institucionalmente”, ha dicho.

Según ha indicado, “en el actual momento político es más que oportuno”. “Ante cualquier tentación centralizadora, de desmantelamiento del Estado de las Autonomías o de desmantelamiento del Estado del Bienestar, debemos blindar al máximo nivel las competencias, servicios y derechos que hacen de nuestra Comunidad foral una región puntera en lo económico y lo social”, ha apuntado, para incidir en que “cualquier modificación debería ser fruto del consenso”.

Sobre el hecho de que no existiera un referéndum en su momento, Chivite ha asegurado que ello “no resta un ápice de legitimidad a esta norma” que se ha “asumido y aplicado con normalidad”. “Es nuestro gran referente”, ha concluido.

En noviembre de 2022 un hallazgo en el poblado vascón de Irulegi, situado en el Valle de Aranguren, en Navarra, revolucionó las investigaciones sobre el origen del euskera. La ya famosa 'Mano de Irulegi', una pieza de bronce datada en el siglo I a.C. con una inscripción muy similar a “zorioneko”, afortunado en esta lengua, fue encontrada entre los restos de una antigua vivienda de este yacimiento. Cuatro años después, en esa misma casa, se ha dado con los restos de una vasija con una inscripción, 'abar', que para los expertos podría tratarse del primer registro de un número en lengua vascónica por su parecido a “hamar”, diez en euskera.

Han sido los investigadores de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, que llevan trabajando en las excavaciones del poblado de Irulegi desde 2017, los que encontraron esta pieza, que está partida en dos fragmentos y corresponde al borde de un recipiente de almacenaje fabricado in situ o en las inmediaciones del poblado. Desde el inicio de las excavaciones en Irulegi han sido numerosos los objetos y restos materiales encontrados que están permitiendo conocer más datos sobre la población vascona y sus relaciones con otros pueblos del entorno.

El descubrimiento ha sido presentado este jueves por el director del yacimiento de Irulegi, el arqueólogo Mattin Aiestaran, y el experto en epigrafía Javier Velaza Frías, que es catedrático de la Universidad de Barcelona. Han estado acompañados por los alcaldes de Pamplona, Joseba Asiron, y del Valle de Aranguren, Manolo Romero.

Según han explicado los expertos, la inscripción de la pieza está en un signario paleohispánico, “probablemente vascónico”. Es 'a[ba]ŕ' o 'abaŕ,' y podría ser la expresión de su capacidad. “Probablemente, representa diez unidades de medida, aunque no se sabe cuál exactamente”, ha apuntado Javier Velaza.

Si esta interpretación es correcta, la inscripción constituiría el primer testimonio de un numeral vascónico, cuya forma además coincidiría exactamente con la que recientes estudios han atribuido también al numeral diez en ibérico, para el que se ha propuesto una correspondencia con el vasco “(h)amar (diez)”.

Los investigadores han destacado la “gran importancia” del hallazgo para el conocimiento de las relaciones entre el vascónico y el ibérico, y de ambos con el vasco histórico (el euskera en sus fases antiguas o reconstruidas) y el euskara actual. Y es que según el epigrafista experto en lengua ibérica Joan Ferrer i Jané, que también ha participado en la traducción de la pieza, el protovasco tendría su origen en “alguna variante aquitana”, lo que lo acercaría al ibérico.

“Desde hace unos diez años los estudiosos de la lengua ibérica habían identificado que en esa lengua hay una serie de palabras que coincidían de manear muy llamativa con los numerales del euskera”, ha explicado el catedrático Javier Velaza. Este hecho “había sido objeto de diferentes interpretaciones”; por un lado, que el sistema numeral ibérico fue similar al vasco porque estaban “genéticamente emparentadas” o porque “una de ellas hubiera tomado prestado el sistema numeral de la otra”. A este segundo planteamiento “le faltaba una pata” que era poder comparar con los numerales de la lengua vascónica. El valor es “importante porque por primera vez tendríamos un numeral vascónico que coincidiría exactamente con el numeral ibérico y con el numeral del vasco histórico”, ha apostillado.

Una segunda pieza con un nombre

También ha sido encontrada junto a estos fragmentos una segunda pieza inscrita que corresponde a la base exterior de un recipiente de uso personal de importación, con una tipología campaniense de barniz negro o pintado procedente de Italia.

Este fragmento contiene el texto “basi”, que podría corresponder a un nombre abreviado –quizás el del propietario del recipiente y de la casa–. “Vuelve a decirnos que en Irulegi se escribía y se leía y, por tanto, había una cultura gráfica que vamos ratificando con nuevos ejemplos”, ha remarcado Velaza.

Estos dos nuevos testimonios, hallados uno en el interior de la misma casa en la que se encontró la 'Mano de Irulegi' y el otro en el exterior de esa misma vivienda, se unen al bronce epigráfico de la Mano de Irulegi, a los textos de las monedas y al stylus encontrado en el poblado y “vienen a ratificar la presencia de la escritura en la vida cotidiana del poblado de Irulegi”, aseguran los expertos. El estudio epigráfico y lingüístico de los hallazgos se publicará en el próximo número de la revista ‘Palaeohispanica’. 

Las piezas recientemente encontradas y el resto de hallazgos de este poblado se encuentran expuestas en la muestra 'De Irulegi a Pompelo. Los orígenes de una ciudad', que se puede visitar hasta el 27 de septiembre en la sala de exposiciones ubicada en el sótano de Civivox Pompelo.

La vicelehendakari primera del PNV, Ibone Bengoetxea, que es también la consejera de Cultura y Política Lingüística, ha negado que el acuerdo con EH Bildu para posibilitar la aprobación de la reforma legislativa de la normativa autonómica de empleo público en lo tocante a las exigencias de euskera en la Administración suponga un problema con el PSE-EE. “El Gobierno no está en riesgo”, ha enfatizado ante los medios de comunicación a los pocos minutos de terminada la sesión.

“La relación con el socio no está tocada. Somos un Gobierno compacto. Hace dos días presentamos conjuntamente el balance de los dos años de esta legislatura y, además, presentamos juntos el trayecto que nos queda para los próximos meses. Yo diría que la relación con el socio de Gobierno es estupenda”, ha querido destacar Bengoetxea. Ha agregado que “en democracia” es “normal” el hecho de “no compartir el 100% de todos los proyectos”.

Por otro lado, Bengoetxea se ha excusado de dar plazos para la aprobación del decreto de desarrollo de la ley. Ha recordado que es proceso largo y garantista que requiere de la emisión de informes y de tiempo. La vicelehendakari ha manifestado estar satisfecha por los avances que supondrá la ley en términos de “seguridad jurídica”. “Va a limitar las sentencias en contra de decisiones administrativas”, ha garantizado.

EH Bildu ha logrado, casi al cierre del curso político en el Parlamento Vasco, el hito político de meter cuña en el Gobierno de coalición de PNV y PSE-EE liderado por Imanol Pradales. Con su abstención, la principal fuerza de la oposición ha facilitado que salga adelante una reforma de la ley autonómica de empleo público para blindar las exigencias de euskera en las convocatorias ante las sucesivas sentencias judiciales. Se trata de una iniciativa planteada en solitario por el PNV, con los socialistas claramente en frente. Es algo que no había pasado ni en esta legislatura ni en la década en que lleva operando el bipartito.

Aunque durante meses EH Bildu consideró esta propuesta como insuficiente, como un mero “parche” alejado de la reforma integral que ellos presentaron, finalmente ha alcanzado un acuerdo con los nacionalistas para permitir que prospere al menos un gesto para intentar hacer frente a la “ofensiva judicial”, como define el contexto actual la denominada 'euskalgintza'. “No era una opción” que el debate se cerrará con todas las propuestas decaídas, ha admitido Pello Otxandiano, líder de EH Bildu y que significativamente ha ejercido como portavoz en el debate por delante del habitual en esta materia, Josu Aztiria.

Otxandiano no ha ocultado su felicidad por el resultado del debate. De hecho, lo ha considerado un “salto” como los que ya se han producido “en Iparralde y en Nafarroa”, en referencia a los acuerdos entre nacionalistas en esos ámbitos. Ha considerado que el Parlamento Vasco ha superado “la política de bloques” y que ha “aumentado la calidad democrática”. Frente a los “tiempos oscuros”, ha dicho Otxandiano parafraseando al propio Pradales, “grandes acuerdos de país”. Además, ha añadido que tienen acordado con el PNV que si esta ley no funciona se revisará y se buscará una nueva fórmula en línea con la iniciativa orginal que ellos presentaron y que buscaba imitar el modelo enteramente bilingüe de Catalunya o Galicia, aunque esto el PNV no lo interpreta así. De hecho, Otxandiano ha añadido, mirando a los socialistas, que su partido allí “lo tiene bastante claro” y no se opone a incrementar las exigencias de las respectivas lenguas cooficiales.

EH Bildu llevaba tiempo buscando abrir esa brecha entre PNV y PSE-EE. En sus discursos, los dirigentes de la formación soberanista habían apelado a activar la amplia mayoría abertzale que tiene la Cámara autonómica. En 2022 y 2023 y también con el euskera sobre el tapete, el PNV coqueteó con intentar una reforma educativa con la coalición abertzale, pero el entonces lehendakari, Iñigo Urkullu, accedió a mantener los modelos A, B y D, es decir, a que se pueda seguir optando por cursar los estudios también mayoritariamente en castellano, como reclamaron los socialistas. Y todo a pesar de que la misma ley pone un objetivo común a todos los estudiantes: que a los 16 años alcancen el nivel B2 del marco común europeo en ambos idiomas oficiales.

Desde el PSE-EE, Pau Blasi ha deslizado en su intervención durante la sesión referencias a la “deslealtad” del PNV y a su “lealtad” al pacto de Gobierno. Los insultos, pintadas y pancartas han venido de otro lado“, ha añadido. Ha pedido a ”otros“, en velada referencia también a sus socios, que expliquen ”por qué se han movido de los consensos y de las lealtades“ con ”saltos al vacío y propuestas de máximos contrarios a la visión pluralista del país“.

Ha añadido que han sido meses de “burradas” -ha dicho que no iban a tolerar que los comparen con la ultraderecha por no opinar lo mismo sobre el euskera-, que la “mayoría” de “expertos” están en contra del cambio normativo y que hay que operar “con una visión pluralista del país”. En una intervención bilingüe, ha retado sin citar nombres a ver si el PNV sería capaz de garantizar que todos sus consejeros fueran bilingües. Ahora los hay que no dominan el euskera.

Markel Olano, del PNV y que ha avisado de inicio que él no iba a emplear el castellano en sus intervenciones como gesto, a pesar de la recomendación de sus asesores, ha asegurado que es “mentira” que la reforma vaya a incrementar las exigencias de euskera en la Administración. Se trata de dar seguridad jurídica, ha insistido. Ha apuntado que el PNV busca “un espacio de centralidad”. Olano, además, ha destacado la amplia mayoría que respaldará la reforma, de más de dos tercios del total de representantes.

Pero la reforma, en puridad, solamente ha contado con el 'sí' de sus proponentes, del PNV. 27 de 75. Eso sí, la abstención de EH Bildu ha hecho que el 'no' de PSE-EE, PP, Sumar y Vox, 21 de 75, haya resultado insuficiente en la votación final. Y, además, el texto aprobado ni siquiera es la propuesta original del PNV, ya que los nacionalistas presentaron tres enmiendas al único artículo del que consistía la ley. Ahora se introducirá en la ley que las administraciones “deberán determinar con el máximo rigor” el perfil de las plazas y la fecha de preceptividad, que es el momento en el que hay que cumplir ese requisito. Es más, se plantea que quienes no dominen la lengua vasca tengan en ese tiempo “diferido” apoyo institucional para lograr la capacitación.

Se eliminan los índices generales que hasta ahora se habían usado de referencia para determinar el porcentaje de puestos con exigencia de euskera y, por decreto, se regulará que pueda hacerlo cada institución. De hecho, la segunda enmienda hace mención expresa a que el Gobierno dictará un nuevo decreto sobre la materia para “actualizar” el aprobado en 2024, justo al final del mandato de Urkullu. La tercera enmienda habilita a que el Ejecutivo pueda regular ese “diferimiento” de las fechas de preceptividad y las “excepciones”.

Según el PSE-EE, este nuevo marco generará más “discrecionalidad” y menos seguridad jurídica y ha remarcado que afecta a 120.000 empleados públicos. “La reforma es mala y la tramitación aún peor”, ha añadido el socialista Blasi. Sumar ha lamentado que la nueva ley llegue “sin consenso” y siendo “apenas un apaño”. “Dejan fuera del euskera a muchos y muchos trabajadores”, ha manifestado Jon Hernández, único representante de la coalición y procedente de IU.

Desde la bancada del PP, Santiago López Céspedes ha definido la nueva legislación como un “atropello”. “No se vota si quieremos más euskera o menos euskera. Ésa es la trampa de siempre. Esto no va de proteger al euskera. Va de protegerse a ustedes, señores del PNV, de sus propios excesos”, ha señalado. Y ha agregado: “No le van a ganar a Bildu jugando a ser Bildu. De hecho, van ustedes perdiendo”. Vox ha despachado el debate como un “pacto entre separatistas”, el “Lizarra lingüístico”.

Eso sí, el propio acuerdo de PNV y EH Bildu asume que todo está condicionado por los tribunales. Por un lado, el Tribunal Constitucional tiene que resolver una cuestión elevada por el Superior vasco sobre la normativa anterior, la de 2022 desarrollada por decreto en 2024. Por otro lado, el PP ya ha avisado de que utilizará “todas las herramientas legales” a su alcance para lograr que se revise. En el pasado, Vox también ha presentado recursos.

El Parlamento Vasco, este jueves, se internará en una zona no explorada no ya en la legislatura sino probablemente en los diez años que llevan gobernando juntos PNV y PSE-EE. El Ejecutivo va a operar por separado en un debate legislativo, en este caso en lo relativo a la reforma de la normativa autonómica de empleo público para blindar las exigencias de euskera. Los nacionalistas presentaron en solitario, hace ya un año, la iniciativa y ahora, a horas del debate, han alcanzado un acuerdo con EH Bildu, que se convertirá en socio circunstancial y que facilitará la ley con una abstención.

La reforma viene motivada por una cascada de sentencias judiciales que han respondido a recursos contra convocatorias, sobre todo en ayuntamientos. Sectores de la denominada 'euskalgintza' han denunciado una “ofensiva” judicial y cargos locales de PNV y EH Bildu se han movilizado en el mismo sentido. Así, el partido mayoritario del Gobierno, el PNV, planteó un blindaje de la ley autonómica con una reforma quirúrgica, de artículo único. Los socialistas pronto pusieron pie en pared y escenificaron una brecha desconocida en su década de matrimonio de conveniencia, en la que únicamente han actuado por separado en temas previamente pactados, como la reforma del Estatuto en su día.

En paralelo, EH Bildu presentó una alternativa más ambiciosa, mucho más larga y que hacía que las dos lenguas oficiales fuesen exigibles de inicio en la Administración. Bebía de modelos como el catalán o el gallego, expusieron. Es más, durante la tramitación simultánea y paralela de ambos textos, la formación abertzale lanzó críticas por insuficiente al plan del PNV. La realidad del Parlamento es que, sin el PSE-EE, el PNV carece de mayoría. EH Bildu tiene sus mismos escaños. En las dos votaciones anteriores de la ley, en ponencia y en comisión, la de EH Bildu ha ido decayendo y la del PNV se ha salvado sin más apoyos que los propios, con el socio de Gobierno en contra, pero con la abstención decisiva de la coalición abertzale.

De cara al pleno, PNV y EH Bildu han alcanzado un acuerdo. Lo han firmado, por parte de los primeros, los dirigentes Joseba Díez Antxustegi y Markel Olano y, por parte de EH Bildu, Pello Otxandiano y Josu Aztiria. EH Bildu quería garantizarse que su abstención no sería a cambio de nada, sino contar con garantías de que, si el plan del PNV naufraga, se revisará, se analizará y se podrá retomar la reforma en otros términos.

En todo caso, lo que aprobará la Cámara será diferente a la propuesta inicial del PNV. En el camino, el propio grupo se autoenmendó y ha sacado adelante tres enmiendas para una reforma de artículo único. Ahora se introducirá en la ley que las administraciones “deberán determinar con el máximo rigor” el perfil de las plazas y la fecha de preceptividad, que es el momento en el que hay que cumplir ese requisito. Es más, se plantea que quienes no dominen la lengua vasca tengan en ese tiempo “diferido” apoyo institucional para lograr la capacitación.

Se eliminan los índices generales que hasta ahora se habían usado de referencia para determinar el porcentaje de puestos con exigencia de euskera y, por decreto, se regulará que pueda hacerlo cada institución. De hecho, la segunda enmienda hace mención expresa a que el Gobierno dictará un nuevo decreto sobre la materia para “actualizar” el aprobado en 2024, justo al final del mandato de Iñigo Urkullu. La tercera enmienda habilita a que el Ejecutivo pueda regular ese “diferimiento” de las fechas de preceptividad y las “excepciones”.

Los términos del acuerdo

El documento firmado es de seis páginas en cada uno de los idiomas oficiales. En su versión castellana, se alude a una “vía de trabajo compartida” para “avanzar” en este tema “de manera ordenada, responsable y útil”. EH Bildu se compromente a “facilitar” la nueva ley, una vía “adecuada y técnicamente prudente” y también una “contribución efectiva” a la normalización del euskera“ en la Administración, como ”garantía de los derechos lingüísticos de la ciudadanía“.

A partir de ahí, se hará un “seguimiento compartido” del “despliegue” y de los efectos de los cambios. Habrá una “comisión de seguimiento” y “en el caso de que [...] se concluya que la modificación legal ahora posibilitada no dispone de suficiencia estructural para cumplir sus objetivos principales” se abrirá un nuevo proceso “ordenado” para “elaborar una nueva propuesta”. EH Bildu ha logrado introducir ahí que se tendrán en cuenta sus modelos -“por ejemplo Cataluña o Galicia”- e incluso la “doctrina” del Tribunal Constitucional, que aún tiene que pronunciarse sobre la normativa ahora en vigor y que seguramente reciba nuevas peticiones sobre esta reforma, como ha deslizado el PP.

PNV y EH Bildu crean un “espacio estable” de “intercambio entre partidos” y se prometen “lealtad, discreción y voluntad”, aunque los primeros seguirán gobernando con el PSE-EE. Será a los tres años de entrada en vigor de la ley, en 2029, cuando “en su caso” se puedan tratar la “necesidad de analizar nuevos ajustes normativos o aplicativos”. Significativamente, apuntan a que se analizará la situación también a la luz del Estatuto que esté vigente, dando a entender que podrían llegar a buen puerto las negociaciones para modificarlo.

La Real Academia de la Lengua Vasca, Euskaltzaindia, ha acometido una nueva actualización de su diccionario, que recoge 603 nuevas formas, revisa otras 2.359, entre ellas 1.057 nuevas acepciones, e incluye 3.630 nuevos ejemplos. El trabajo se ha centrado principalmente en apartados relacionados con el ámbito docente. Según ha explicado en un comunicado, Euskaltzaindia “completa y revisa constantemente” el diccionario e introduce novedades cada seis meses desde 2016, año en el que se publicó su última edición en papel. Así, la actualización que se ha incorporado a la red este martes recoge los resultados del trabajo realizado en la primera mitad del año 2026.

En concreto, en los últimos seis meses se han recogido 603 nuevas formas y se han revisado 2.359, entre ellas 1.057 nuevas acepciones, además de incorporar 3.630 nuevos ejemplos. En total, el diccionario cuenta ahora con 53.142 formas, 72.035 acepciones y 122.209 ejemplos. En el caso de las nuevas formas, el grupo de trabajo del diccionario ha finalizado el repaso a los libros de texto de la ESO, con temas como euskera y literatura, física y química, matemáticas y tecnología. También se ha completado el léxico de la formación profesional, según recoge Europa Press.

La directora del diccionario, Miriam Urkia, ha destacado la importancia de analizar las palabras del mundo docente “pero no sólo eso: es imprescindible que los alumnos tengan a su disposición definiciones y ejemplos que les ayuden en uso, para que el vocabulario les resulte útil”. También, ha añadido, se revisa continuamente lo ya recogido para adaptarlo a las necesidades actuales, “un trabajo que no se acaba nunca (introducir nuevas acepciones, silenciar las no utilizadas, marcas de registro, añadir/renovar ejemplos...)”.

Entre las nuevas formas recogidas, se encuentran 'antonomasia', 'apokope', 'kultismo', 'lagunarteko erregistro', 'berotze global', 'energia(-)kontsumo', 'gas erreal', 'grabitazio(-)indar', 'planoerdi', 'probabilitatearen teoria', 'trinomio', 'autobus elektriko', 'bluetooth', 'euskarri digital', 'ohmmetro', 'absentismo(-)tasa', 'adimen(-)test', 'autoindukzio', 'errematxagailu', 'hondakinak kudeatu', 'hutsean ontziratu', 'norbera babesteko ekipamendu', 'ongizate fisiko', 'segurtasun(-)arau' y 'trebetasun sozial'.

Por otro lado, en este semestre se han recogido de forma expresa combinaciones habituales ('gezurretan harrapatu', 'gizalegez jokatu' o 'su artifizial'); formas coloquiales ('euskañol', 'bostekoa eman' o 'juntadizo'); expresivas ('bixi-bixi', 'sekula halakorik' y 'horrelakorik'); dialectales ('en hainbertzetan' o 'en pintada'); y otras que “merecían visualizarse por su frecuencia de uso actual” ('aztarna digital', 'elikagai(-)banku', 'bidaia(-)gida' o 'harrera(-)zentro'). Asimismo, se han eliminado algunas entradas ('adularia', 'grosularia', 'krisoberilo', 'arruket', 'atzandel' o 'baku'), se han añadido marcas de uso (en 'aitañi eta amañi') y se han revisado y completado acepciones en varias entradas ('ziniko -filosifiakoa'-, 'huts -fisikakoa-' o 'inbertsore -ekonomiakoa-'), sobre todo las recogidas de los libros de texto.

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha defendido este jueves en el Parlamento de Navarra impulsar una modificación de la LORAFNA, el equivalente en la comunidad foral al Estatuto en el resto de autonomías, para que el euskera sea reconocida como lengua “propia” de Navarra.

En la actualidad, la LORAFNA reconoce, en su artículo 9, únicamente al castellano como “lengua oficial de Navarra”. En un segundo punto se añade que “el vascuence” tiene también “carácter de lengua oficial en las zonas vascoparlantes”, pero no en el conjunto de la comunidad foral. Y es que Navarra está dividida en tres zonas lingüísticas: zona vascófona, zona mixta y zona no vascófona. En la primera, el castellano y el euskera son lenguas cooficiales. En las dos últimas, de mayoría castellanoparlante, el castellano es la lengua oficial, aunque en la zona mixta, el euskera disfruta de un régimen especial para que se fomente y promueva su uso. La propuesta de Chivite no implicaría en todo caso una modificación de la zonificación lingüística.

“Hemos superado como sociedad una etapa en la que el euskera quizás tenía unas connotaciones más políticas que sociales”, ha defendido la presidenta Chivite para anunciar que en su comparecencia en la ponencia de estudio de la LORAFNA defenderá su modificación. Según ha añadido ese cambio se ha producido “gracias a un enfoque desde lo público que ha buscado socializar y acercar el euskera a través del aprendidaje independientemente del lugar en el que se viva y sin obligar ni imponer”.

Chivite se ha referido a una manifestación que se celebró el pasado fin de semana en Pamplona para pedir “condiciones verdaderas para vivir en euskera” y en la que se hablaba de “universalizar el conocimiento”. A este respecto, la presidenta ha afirmado que “precisamente eso, el conocimiento, es la clave para avanzar en la socialización de la lengua”. María Chivite ha defendido “la consideración de que el euskera debe entenderse desde la pluralidad, una clave relevante para conectar con el conjunto de la sociedad navarra, que también es plural y que se tiene que ver reconocida e incluida en el sentimiento de pertenencia de esta lengua que es propia a todos los navarros y las navarras”.

“Estamos en un momento en el que el euskera vive una posición de absoluta normalidad en el ámbito de la convivencia y esto seguramente es fruto de una evolución que tiene muchos factores”, ha afirmado Chivite. Uno de estos factores, según la presidenta navarra, es el papel que “la educación ha tenido y tiene en el ámbito del euskera”. “La extensión del modelo D al conjunto de la Comunidad y en especial a la zona no vascófona ha permitido hacer accesible el conocimiento de la lengua al conjunto de la ciudadanía, independientemente del lugar en el que viva. De hecho, desde el curso 2020/2021 hemos implantado unidades de modelo D en Mendigorría, en Larraga, en Lezkairu, Aibar o Falcés”, ha enmuerado, entre otros lugares.

También ha destacado “las ayudas económicas que se dan a los centros de Infantil y Primaria que desde el año 2015 han ido implantando el modelo D y que son centros especialmente pequeños, en el ámbito de lo rural, de las zonas mixta y no vascófona”.

María Chivite ha afirmado que esta aproximación “es la más adecuada” para que el euskera sea considerado por el conjunto de la sociedad navarra “como una lengua propia y no como un instrumento o una herramienta política”. “No hay fronteras cuando la educación pública se convierte en el vehículo transmisor. Yo creo que conseguimos que trascienda lo político para convertirse en parte de nuestro acervo y de nuestro conocimiento”, ha destacado.

Chivite ha señalado que “es este enfoque, el del conocimiento, desde la no politización, desde la no imposición, el que está siendo clave para que el euskera cuente con una aceptación social incluso en localidades donde históricamente no han tenido un contacto o un vínculo con esta lengua”. “Educación acerca el conocimiento, Educación preserva el patrimonio, y ese papel es nuclear para que el euskera cuente cada vez con más implantación y más conocImiento, y que cada vez más personas quieran apuntarse al conocimiento de esta lengua”, ha finalizado.

Decenas de alumnos, en su mayoría de colegios privados concertados y que estudian en el modelo A, en el que el castellano es la lengua principal y el euskera se enseña únicamente como una asignatura adicional, o en el modelo B, en el que se imparten algunas asignaturas en euskera y otras en castellano, han denunciado una “oleada de suspensos y ceros” en el examen de Lengua Vasca y Literatura de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), la antigua Selectividad. En una concentración celebrada este lunes ante la Escuela de Ingeniería de Bilbao, han exigido “soluciones” y han asegurado que confían en que se trate de “un error del corrector”, porque de no ser así han lamentado que se están “jugando su futuro”. El asunto ha motivado una reunión “de urgencia”, este martes, con el rector, Joxerramon Bengoetxea, y los consejeros de Universidades, Juan Ignacio Pérez Iglesias, y Educación, Begoña Pedrosa.

Según alumnos y profesores de colegios como el Ayalde-Munabe de Leioa, el Colegio Vizcaya de Zamudio o en Bilbao los centros El Carmen, María Inmaculada y Nuestra Señora de la Merced, los resultados que han obtenido sus alumnos y en concreto los que se han examinado en una de las salas de la Facultad de Economía y Empresa Sarriko y cuentan con apellidos a partir de la letra I, no coinciden con las notas que han ido obteniendo a lo largo del curso. Aunque reconocen que la media de euskera en la PAU de sus alumnos no suele ser especialmente alta, coinciden en que jamás ha habido un “número tan grande de ceros”.

Por ello, se han unido para exigir una corrección extraordinaria del examen de euskera. Sin embargo, desde la EHU han destacado que “la corrección de las pruebas se realiza bajo estrictos criterios de objetividad, anonimato y confidencialidad”. “Las personas integrantes de los tribunales no conocen en ningún momento la identidad del alumnado examinado ni su centro educativo de procedencia, precisamente para garantizar la igualdad de trato y la imparcialidad de las evaluaciones”, han detallado.

El examen de Lengua Vasca y Literatura de este año, al igual que en años anteriores consta de una parte de escritura y otra de lectura, con preguntas para evaluar la comprensión de texto, gramática, adjetivos y la opción de escoger entre escribir un correo electrónico o un comentario de texto, por un lado y por el otro, ligar en un texto un anuncio publicitario o un bertso con un texto que aportan al alumno. Es, no obstante, la primera vez que esas preguntas para evaluar la comprensión del texto que se aporta no se pueden responder tipo test.

La EHU ha criticado que “resulta incomprensible la solicitud de una mayor transparencia en los términos planteados mientras el procedimiento permanece abierto”. “La transparencia debe ser compatible con el respeto a la confidencialidad y a las garantías jurídicas que protegen los derechos de todas las personas afectadas. La obligación de preservar la reserva de determinadas actuaciones durante la tramitación del procedimiento responde precisamente a la necesidad de asegurar que este concluya con todas las garantías, con pleno respeto a los principios de objetividad, igualdad de trato y seguridad jurídica”, ha apuntado la Universidad pública vasca, que según ha publicado en un comunicado, “reitera su compromiso con el rigor, la imparcialidad y la calidad del sistema de acceso a la universidad, así como con la defensa de un procedimiento que ofrezca las máximas garantías para todo el alumnado”.

A pesar de ello, la Universidad ha recordado que “el procedimiento de segunda corrección continúa desarrollándose con normalidad y conforme a los plazos legalmente establecidos, y que las calificaciones resultantes de este proceso se publicarán el próximo lunes”, 22 de junio.

Tras la polémica, este martes por la tarde se han reunido de urgencia los consejeros de Universidades y Educación, Juan Ignacio Pérez Iglesias y Begoña Pedrosa, con el rector de la EHU Joxerramon Bengoetxea. Lo han hecho después de que la portavoz del Gobierno vasco y consejera de Gobernanza, María Ubarretxena haya señalado que comprende la preocupación de las familias, pero que el procedimiento de elaboración y corrección de exámenes y su revisión corresponden exclusivamente a la EHU. “Ahora esperamos rigor, transparencia y celeridad. El procedimiento de revisión está abierto y debe desarrollarse con las máximas garantías. Los dos consejeros han pedido una reunión de urgencia al rector, que se llevará a cabo esta tarde”, ha indicado a preguntas de los periodistas. Asimismo, la portavoz ha solicitado que no se use esta situación “para atacar al euskera”.

Sobre esta cuestión y a modo de respuesta a Ubarretxena, la Universidad ha querido aclarar que la organización de la PAU no es responsabilidad exclusiva de la EHU. La comisión organizadora está integrada por cinco representantes del Gobierno vasco y cinco de la EHU, y los tribunales evaluadores cuentan con profesorado universitario y de Educación Secundaria. “La Universidad considera importante recordar que la confianza de la ciudadanía en este proceso exige reconocer la responsabilidad compartida de las instituciones que participan en él. Presentar la organización de la PAU como una responsabilidad exclusiva de la EHU no se corresponde con la realidad de un modelo de gobernanza y gestión compartido entre el Gobierno vasco y la Universidad”, han criticado desde la EHU.

Pamplona ha acogido este sábado una multitudinaria marcha, en la que han participado alrededor de 4.000 personas, según la Delegación de Gobierno, para reclamar que se den “condiciones verdaderas para vivir en euskera” en “todo el territorio”.

Una marcha, convocada por Euskalgintzaren Kontseilua con el lema 'Todo lo necesario para vivir en euskera', que se ha distribuido en tres columnas, que han partido desde el Parque de la Runa, Parque de Antoniutti y Plaza de la Libertad, para confluir en la Plaza del Castillo. Cada columna ha estado protagonizada por un colectivo diferente que, pasadas las 17:00 horas, ha leído un pregón y ha lanzado un chupinazo para dar inicio a la marcha.

Así, la columna del Parque de la Runa ha estado protagonizada por el colectivo Azterketak Euskaraz, cuyos representantes han reivindicado que “sea obligatorio poder obtener el Bachillerato en euskera para construir una Euskal Herria euskaldun y euskaltzale”. “Como estudiantes, es un derecho básico poder hacer las pruebas finales en nuestra lengua materna y en la misma lengua en la que hemos estudiado”, han manifestado. Y han destacado que “cuando se hace colectivamente, la lucha se convierte en un juego y el equipo continúa hasta ganar el premio”.

La columna del Parque de Antoniutti ha estado protagonizada por el grupo motor de Batuz Aldatu, quienes han incidido en su pregón en la “responsabilidad” de los representantes políticos e institucionales en el desarrollo del euskera. Les han reclamado “cambiar el modelo de las políticas lingüísticas” hacia la “universalización del conocimiento y a creación y desarrollo de espacios de uso”.

Finalmente, la columna que ha partido desde la Plaza de la Libertad ha tenido como cara visible a creadores de contenido quienes han considerado “imprescindible que el euskera tenga también su lugar en la red”. Han señalado que el “gran reto” es que los contenidos en euskera “logren la presencia y la fuerza” que tiene los contenidos en otras lenguas. “Actuar en euskera en las redes es apoyarnos mutuamente, darnos visibilidad y mantener viva nuestra esencia”, han remarcado. Han destacado que las plataformas digitales “son el principal punto de encuentro de las nuevas generaciones”, por ello, “necesitamos contenido diverso creado desde el euskera, ”referentes“ y ”comunidad“.

Entre los participantes en la movilización de la Plaza de la Libertad se ha podido ver al presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde; la vicepresidenta segunda y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno foral, Ana Ollo; así como representantes de EH Bildu y Geroa Bai o del sindicato ELA.

Por su parte, en declaraciones previas a los medios de comunicación, Idurre Eskisabel, secretaria general de Kontseilua, ha explicado que “muchas veces se deja en manos de los ciudadanos ese esfuerzo de vivir en euskera, pero vemos que es una situación de minorización”, “un profundo problema estructural” y “necesitamos condiciones verdaderas para poder vivir en euskera”.

Eskisabel ha reivindicado “políticas sociales, culturales y materiales para poder realizar ese objetivo, que corresponde con nuestros derechos lingüísticos y que es lo que se necesita para avanzar en la normalización del euskera”. En este sentido, ha considerado que es necesario “todo un ecosistema, todo un universo” pero “hay que empezar con unas claves”, entre ellas la oficialidad del euskera “en todo el territorio”. Ha opinado que este es “el único modo por el cual podemos tener unas políticas lingüísticas que se puedan hacer en profundidad y que, además, duren en el tiempo, tengan una garantía”.

Por otro lado, ha apostado por “dar un salto cualitativo en políticas lingüísticas” y “cambiar de paradigma”. “No hay que tener miedo a que se generalice el conocimiento del euskera”, ha subrayado la representante de Kontseilua, quien ha afirmado que supondría “avanzar en democratización y en justicia social”.

Para conseguir todo esto, ha señalado, “se necesita un movimiento a favor del euskera activo, abierto, inclusivo, plural, que nos acoja, pero que a la vez tenga muy claro cuál es el problema de fondo”.