El expresidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, anunció en enero de 2024 la elaboración de una auditoría forense del sector público de la Generalitat para clarificar supuestos “aspectos de dudosa legalidad” en cuanto a contrataciones, falta de control de recursos, colocación a dedo y pagos sin autorización, y anunció la supresión de seis empresas “fantasma” cuyas funciones aseguraba que estaban duplicadas.

Mazón trató de esta forma de sembrar dudas sobre la gestión del anterior Gobierno del Botánico presidido por el socialista Ximo Puig. Sin embargo, no parece que la jugada le haya salido del todo bien a tenor del resultado de las dos primeras auditorías, según ha afirmado la diputada socialista del PSPV, Romina del Rey, quien ha tenido acceso a ambos documentos los cuales han sido cotejados por elDiario.es.

Del Rey ha comentado que los informes ponen de relieve “el aval, en términos generales, a la gestión del Consell del Botánico en el sector público de la Generalitat y, en concreto, sobre estos dos organismos, señalados por Mazón y el PP en su día como focos de irregularidades y mala gestión administrativa”, Según la diputada socialista, “lo que ha pasado de una manera contundente es que al PP le ha salido el tiro por la culata en sus denuncias contra la gestión de la izquierda en el Sector Público, lo que explica por qué de forma vergonzante liquidaron la comisión de investigación del sector público en las Corts sin llegar a hacer ningún trabajo”.

Los análisis se refieren a la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI) y al Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial (IVACE) y ponen de relieve que en términos generales ambas entidades son eficientes y cumplen con los objetivos para los que se crearon, si bien es cierto que señalan algunos indicadores como tasa de éxito de los proyectos en el primer caso o la ejecución presupuestaria en el segundo que han empeorado desde 2024, con el PP al frente del Consell.

En concreto, en el caso de la AVI que tiene como objetivo diseñar y coordinar la estrategia de innovación de la Comunitat Valenciana y promover el fortalecimiento y desarrollo del Sistema Valenciana de Innovación, la auditoría concluye, entre otros aspectos, que cuenta con un marco normativo bien estructurado. Se han implementado mecanismos de trazabilidad adecuados y se han corregido debilidades detectadas.

Además, presenta un ecosistema tecnológico consolidado. Dispone de un inventario actualizado, medidas de seguridad robustas y planificación estratégica tecnológica. Dispone de un procedimiento de subvenciones que demuestra un cumplimiento adecuado en todas las fases del procedimiento de concesión de ayudas y destaca por el uso efectivo de herramientas digitales, accesibilidad de la normativa y alineación con la normativa de protección de datos. También cuenta con un mapa de riesgos actualizado que identifica los riesgos por áreas y establece prioridades de acción.

En cuanto a la plantilla de la AVI, está compuesta por personal funcionarial y laboral, regulado por la normativa de función pública y derecho laboral: “Se han detectado vacantes en la plantilla que podrían impactar la capacidad operativa de la agencia y la calidad del servicio prestado”, dice el informe

En relación con la ejecución presupuestaria, el análisis muestra que en 2024, la AVI tiene un presupuesto total para operaciones no financieras de 61.422.000,00 euros, con obligaciones reconocidas de 35.827.181,69 €, lo que representa una diferencia del -41,6%. “Estas cifras de infra ejecución presupuestaria sugieren que persisten desafíos en la utilización efectiva del presupuesto asignado, aunque se debe tener en cuenta la gestión plurianual de las convocatorias de ayudas gestionadas por la AVI”.

Aunque se ha registrado una ligera disminución en el total de gastos en 2024, “se observa un aumento en los gastos de personal y en la amortización del inmovilizado”. La proporción de gastos de personal sobre el total de los gastos ha aumentado en 2024 respecto a 2023, 8% y 7,42% respectivamente, cuyo valor para el ejercicio 2022 fue de 7,81%.

En cuanto a la tasa de éxito de los proyectos ha pasado de los 37 de 2022 a los 29 de 2023 y 2024. El total de proyectos de innovación financiados ha oscilado de los 75 en 2022 a los 47 en 2023 y a los 55 en 2024. El plazo de realización de pagos ha pasado de 128 días en 2022 a 49 en 2023 y a 74 en 2024. El coste total de las operaciones fue de 34 millones en 2022, subió a 44,4 millones en 2023 y bajó a 42,5 millones en 2024. En cuanto a la ejecución presupuestaria fue del 56,9% en 2022, del 53% en 2023 y del 44,2% en 2024.

Auditoría del IVACE

El IVACE tiene como objetivo estratégico la gestión de la política industrial de la Generalitat Valenciana y el soporte a las empresas. La auditoría concluye, entre otras cosas, que presenta un sistema de control interno maduro, normativamente alienado y operativamente consolidado; cuenta con una infraestructura tecnológica consolidada y una estructura organizativa funcionalmente definida; dispone de diversos manuales de procedimientos que abarcan áreas clave de su gestión (es decir, que es comprobable, se puede hacer la trazabilidad). Además, tiene un plan estratégico de subvenciones y un plan de actividades como herramientas clave.

El informe destaca el exceso de externalizaciones, especialmente en los últimos dos años. En concreto, “el IVACE externaliza actualmente servicios como el asesoramiento a la internacionalización y la gestión de ayudas del PRTR, aunque se plantea que asumirlos con medios propios podría ser más eficiente”. La internalización, dice el estudio, “ofrecería mayor control y consolidación del conocimiento, pero también implicaría retos como mayores costes fijos y menor flexibilidad; es necesario analizar si esta opción mejora la eficacia y eficiencia a medio y largo plazo”.

En cuanto a la estructura de costes, “los otros gastos de explotación predominan, especialmente la partida de subvenciones concedidas” y apunta: “Aunque se ha registrado una ligera disminución en el total de gastos en 2024, se observa un aumento en los gastos por servicios exteriores y en la amortización del inmovilizado. La proporción de gastos de personal representa el 4,70% de los costos totales en 2024 (4,71% en 2023). Además, se ha observado un número elevado de puestos fijos vacantes en el IVACE, con 121 de un total de 170 puestos disponibles en 2024”.

Estos factores podrían tener “implicaciones negativas en la capacidad de la entidad para atender adecuadamente las demandas operativas y de gestión”.

Los gastos en servicios exteriores han aumentado considerablemente, “representando el 8,33% de los costos totales en 2024, lo que indica una creciente dependencia de estos servicios para el funcionamiento del IVACE. En términos de otros gastos de explotación, estos alcanzan el 93,55% de los costos totales, lo que es comparable a los niveles de otras entidades en el sector”.

El coste por trabajador en el IVACE es de 57.654,38 euros en 2024, que es “inferior a los costes incurridos por otras entidades que oscilan entre 62.020,90 euros y 66.825,45 euros”. En cuanto al número medio de empleados, “se mantiene en 136, mientras que las otras entidades tienen un número medio de empleados que varía entre 51 y 437”. Estas diferencias “no solo tienen su reflejo en materia de contención de costes de personal, sino que además demuestra una importante capacidad en la gestión de subvenciones, ya que el importe de subvenciones concedidas por trabajador en el IVACE es de más de 1 millón de euros por empleado, mientras que entidades como la Agencia para el Crecimiento de las Empresas de Catalunya (ACCIO) tienen un ratio de 87.655,96 euros por empleado (no obstante hay que tomar este ratio con prudencia, puesto que el importe de los programas de subvenciones varían enormemente y puede no ser un indicador del volumen de gestión de subvenciones por trabajador)”.

La auditoría señala que la ejecución presupuestaria con el Botànic fue del 55% en 2022, pero resulta que en 2023 y en 2024 se desplomó al 39,88%.

El concejal de Grandes Proyectos del Ayuntamiento de València, José Marí Olano, informó a trabajadores públicos de convocatorias de empleo que estaban a punto de salir. El edil, mano derecha de la alcaldesa María José Catalá, se reunió con los trabajadores del Consorcio Valencia 2007 en la primavera de 2024 para trasladarles información sobre una serie de plazas que se publicarían en breve y les insta a optar a ellas, según las grabaciones a las que ha tenido acceso elDiario.es. Compromís y el PSPV han trasladado estas informaciones a la Fiscalía Anticorrupción, que investiga el proceso, y han pedido que se investigue al este concejal.

La Fiscalía Anticorrupción ha admitido la denuncia de Compromís e inicia las diligencias sobre la publicación y adjudicación de varias plazas en organismos públicos dependientes del Ayuntamiento de València y de la Autoridad Portuaria (APV), plazas que se convocaron de forma prácticamente simultánea y que ocuparon extrabajadores de la entidad, que se encontraba entonces en proceso de extinción. La denuncia afecta a la alcaldesa, a las concejalas de Turismo, Paula Llobet, y Deportes, Rocío Gil, y a la presidenta de la APV, Mar Chao.

“Se publican mañana en el Diari Oficial”

En los audios a los que ha tenido acceso elDiario.es se escucha al concejal hablar con los trabajadores sobre algunas de las plazas que ahora están siendo investigadas. A los pocos minutos de arrancar la reunión, expone: “El proceso está de la siguiente manera: Hay ya dos plazas convocadas en el Boletín Oficial de la Provincia por parte la Fundación Deportiva Municipal. Esas plazas se enviaron al Boletín Oficial del Estado, las ha devuelto diciendo que no procede su convocatoria en el Boletín Oficial del Estado y se publican mañana, en principio, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, con lo cual se abrirá el el plazo de presentación de solicitudes. Hay otras tres plazas convocadas en la fundación Visit Valencia, que ya ha vencido el plazo de solicitudes y no se ha presentado ninguna. Esta semana, en principio, se publican dos plazas con perfil jurídico en Aumsa”, dice. El edil apunta que todas las plazas son vacantes que ya existen, que no se crea ninguna nueva, y que todo sigue los criterios de cada entidad. “Se ha leído la ley hasta donde se ha podido leer”, les dice.

“Puedo deciros al 90% que van a salir. Y pronto”

Marí Olano habla de unas plazas en la empresa municipal de vivienda, Aumsa, que finalmente no llegaron a crearse. Explica que ha trabajado mucho este aspecto: “Lo de Aumsa no os lo prometo porque me estoy desesperando hasta límites que rozan la mala educación con la gerencia de Aumsa. Por distintas razones se han ido retrasando. Las plazas ya tienen todas las condiciones y sacramentos administrativos que tienen que tener para que se publiquen, pero no... no hay más”. Los trabajadores le preguntan por otras vacantes y Marí Olano les dice que no lo tiene claro porque no son de su compentencia, pero añade: “Las de Aumsa sí que puedo deciros al 90% que van a salir. Y van a salir pronto. Son dos plazas de perfil jurídico”, vuelve a comentar. 

“Es mejor que lo hablemos en privado”

“Si [en] alguna de las plazas de Visit que no ha tenido convocatoria sigue alguien interesado, aunque sea modificando un poco, no en lo esencial, los requisitos de la convocatoria, no de la plaza... pues es una cuestión que soy todo oídos. Yo creo que es mejor que lo hablemos en privado, pero yo estaré encantado de intentar solucionarlo. Os reitero: de la convocatoria, no de la plaza”, recalca el edil, que subraya que las condiciones de la plaza “no se tocan: son las condiciones del puesto” y añade que “hará su propuesta”.

“Se ha leído la ley hasta donde se podía leer”

El edil de Grandes Proyectos da garantías a los trabajadores sobre el proceso y los tranquiliza: “Han intervenido tres secretarios municipales (...) No quiero utilizar la palabra 'forzado', pero se ha leído la ley hasta donde se podía leer y hasta aquí es donde yo creo que se ha podido llegar”, explica. Son entidades en las que “se han podido encontrar vacantes”. “Nosotros nos hemos movido dentro de donde nos podemos mover dentro del margen que nos permite la ley”, insiste más adelante.

Ampliación de la denuncia

Tras la publicación de las conversaciones por elDiario.es, Compromís y el PSPV han señalado al concejal de Grandes Proyectos en su ampliación de denuncia. Ambas formaciones han trasladado las informaciones publicadas por esta redacción a la Fiscalía Anticorrupción, según manifestaron ante los medios. La portavoz de Compromís, formación que inició la denuncia que ha dado pie a la investigación, considera que es una “operación de clientelismo” y que pueden darse delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios. Las grabaciones, plantea, “demuestra[n] que era una operación planificada para cometer fraude de ley desde dentro del gobierno”.

El PSPV también pedirá que se investigue al concejal por un posible delito de revelación de secretos y utilización de información privilegiada y ha pedido que haga pública su agenda. La alcaldesa, por el momento, ha encargado un informe a los servicios jurídicos municipales sobre la adjudicación de la única plaza municipal que llega a ocuparse y defiende que el proceso fue “transparente”.

Cinco de los seis técnicos del Ayuntamiento de Alicante citados hoy a la comisión municipal que investiga las posibles irregularidades en la adjudicación de las viviendas de protección pública de la Playa de San Juan se han acogido a su derecho de evitar acudir.

Así lo ha anunciado la secretaría de la comisión a los grupos políticos este martes, cuando estaba previsto que comparecieran la jefa de servicio de Patrimonio y varios técnicos del área en ejercicio, como el arquitecto municipal adjudicatario de uno de los pisos, y otros que están jubilados.

Los grupos municipales de PSPV-PSOE, Compromís y Vox han criticado la situación, ya que previamente no tenían conocimiento de estas ausencias y han reclamado parte de la documentación solicitada para el estudio de las comparecencias que, han afirmado, el equipo de gobierno no les ha facilitado.

“El Partido Popular se ha dedicado durante este tiempo a insistir reiteradamente en el hecho de que la comparecencia podía llevar consigo responsabilidades judiciales y creo que esto ha sido persuasivo”, ha opinado la portavoz del PSPV-PSOE, Ana Barceló.

La socialista ha considerado, respecto a la documentación que han podido consultar, que existen “diferencias” entre la nota inicial, que era “muy beligerante” y con la que se conocieron las supuestas irregularidades en la adjudicación de los pisos, y el informe definitivo utilizado en la denuncia del ayuntamiento ante la fiscalía ya que, a su entender, “le da una lavada de cara” y “termina siendo mucho más amable”.

Desde Compromís, su portavoz municipal, Rafa Mas, ha reiterado la petición de la documentación que solicitaron hace tres meses, a la vez que ha pedido al PP que aparte al vicealcalde, Manuel Villar, de la presidencia de la comisión al contar con “información privilegiada” y no compartir con la oposición la declinación de asistencia a la comisión por parte de los funcionarios que, según ha sostenido, conocía con anterioridad.

La concejala de Vox, Carmen Robledillo, que también ha insistido en la falta de expedientes y en que su grupo ya tenía sus “sospechas” de que estas ausencias iban a ocurrir “en cuanto el procedimiento estaba judicializado”.

A todo ello ha contestado Villar, quien ha afirmado que no va a hacer valoraciones del día a día de la comisión y que la documentación “había sido enviada pero no subida” y que “al verificarlo esta mañana” la han colgado en el portal que están usando para compartirla.

Al Ayuntamiento de Alicante ha asistido al mediodía el único compareciente que sí va a declarar, un técnico jurídico jubilado del área de Patrimonio.

Compromís y el PSPV han anunciado que este miércoles ampliarán la denuncia ante la Fiscalía que presentó la coalición valencianista por la presunta creación de plazas públicas a dedo para personal del Consorcio Valencia 2007 por la que Anticorrupción ha abierto una investigación a la alcaldesa, María José Catalá, a la presidenta del Puerto, Mar Chao y a las concejalas del PP Rocío Gil y Paula Llobet.

Ambas formaciones han anunciado que pedirán al Ministerio Público que investigue también al concejal de Proyectos y Contratación, José Marí Olano, tras la publicación en exclusiva por elDiario.es de la transcripción de unos audios en los que el edil invita a los extrabajadores del Consorcio a presentarse a varias plazas que se ofertaron en el año 2024 en Visit Valencia y en la Fundación Deportiva Municipal.

Tal y como ha avanzado esta redacción, el edil de Grandes Proyectos mantuvo varios encuentros con personal del Consorcio Valencia 2007, en el marco de un proceso de mediación con los liquidadores, al que asistieron también sindicatos, la plantilla afectada y otros trabajadores que finalmente fueron subrogados, el personal de marinería.

En la reunión, Marí Olano indicó a los trabajadores que podían que presentarse a otras convocatorias públicas, y los empleados plantearon las dudas sobre la liquidación del ente -que han recurrido en el juzgado- o si se conservará la antigüedad como empleados públicos. Algunos hablan de que trabajadores se van a quedar “fuera” y el edil responde en que él no ha hecho las cuentas: “Yo lo que he conseguido es sacar a provisión en entidades municipales hasta ahora siete plazas”, señala. Fuentes consultadas confirman que el edil insistió en la posibilidad de presentarse a procesos públicos y el consistorio “haría todo lo posible por no dejarlos en la estacada”.

Al hilo de esta información, la portavoz de Compromís per València, Papi Robles, ha anunciado que la formación valencianista, ampliará este miércoles la denuncia “tras conocerse unos audios del concejal José María Olano en los que detalla paso a paso el proceso presuntamente irregular diseñado por el gobierno formado por PP y Vox para colocar a dos personas en entidades públicas valencianas”.

“Lo hemos dicho esta mañana, era muy extraño que Olano no estuviera implicado. Aquí tenemos la prueba que lo demuestra. María José Catalá tendrá que dar muchas explicaciones sobre este asunto. Huele muy mal”, ha resaltado en un comunicado.

Según fuentes del Ayuntamiento, fue un encuentro con 20 trabajadores, lo que refleja en su opinión de la voluntad de trasparencia.

Por su parte, el edil socialista Borja Sanjuan ha remarcado que el Partido Socialista va a pedir que se investigue a Marí Olano, “quien reconoce en audios que estaba generando plazas a medida para colocar a las personas que quería introducir en los organismos públicos del Ayuntamiento de València.

Para Sanjuan, “es un escándalo de corrupción de tal magnitud y tan claro que solo cabe que María José Catalá asuma responsabilidades y cese fulminantemente al concejal Marí Olano, una persona a la que ella misma describió como el señor Lobo”.

El gasto público en personal eventual suele ser el blanco principal al que golpea la ultraderecha. Y, en el caso valenciano, lejos de recortarlo por coherencia política, ha afianzado el statu quo en las instituciones en las que gobierna. El Parlamento autonómico dirigido por PP y Vox, partidos que hicieron de la eliminación de la “grasa política” un lema, gasta cerca de un millón de euros al año solo en los asesores de la Mesa, una constante en la última década, según los informes anuales de fiscalización del ente. En los últimos diez años el gasto en personal eventual ha oscilado entre los 733.000 euros y el millón.

En concreto, en el año 2024, el primer ejercicio completo de Vox al frente de la Cámara, el gasto se incrementó un 12% respecto al año anterior y ascendió a los 942.779 euros, según el informe sobre la Cuenta General de las Corts que elabora anualmente la Sindicatura de Comptes. El incremento notable se debe en buena medida a que el 2023 fue año electoral, que deja algunos meses con la Cámara disuelta y en fase de creación de Gobierno, circunstancia que hace que los gastos suelan reducirse. En cambio, en el año 2022, último de la izquierda al frente de la Cámara, el gasto en asesores fue de 1,02 millones de euros.

La Mesa de las Corts está presidida por Vox, con Llanos Massó al frente. Cuenta con otros dos vicepresidentes, miembros del Partido Popular, y dos secretarios, uno del PP y una de Compromís. Entre todos suman 18 asesores. Solo Massó tiene 10 asesores en Presidencia, con una vacante, según figura en el organigrama de la Cámara, y como ya informó elDiario.es, dos de ellos no acuden presencialmente a trabajar y centran su actividad en el partido.

En el año 2015, el ejercicio electoral en el que cambió el color político de las Corts, el gasto reconocido de personal eventual fue de 832.000 euros en el año, y descendió a 733.000 euros en el 2016. Ya en 2017 ascendió a los 756.000 euros y se mantuvo en 2018. En 2020 volvió a ascender hasta los 976.000 euros.

Los diputados suponen un tercio del presupuesto de personal

Los informes de fiscalización también analizan el gasto en diputados y funcionarios. En el caso de los parlamentarios, se desprende que su salario se lleva casi un tercio del presupuesto en personal de la Cámara. Las retribuciones de los diputados y diputadas supusieron 5.939.749 euros en 2024, lo que representa el 30,3% de las obligaciones reconocidas del capítulo de personal. El informe afea que los diputados no presenten su certificado de empadronamiento para justificar las dietas por kilometraje.

Este capítulo comprende las retribuciones de tres colectivos: los diputados y diputadas, el personal de plantilla de la institución integrado en la relación de puestos de trabajo (RPT) y un número variable de miembros del Cuerpo Nacional de Policía, en torno a una veintena.

El gasto ha ido aumentando paulatinamente en los últimos años —el personal se adapta a los incrementos salariales de los funcionarios, que se aprueban en el BOE— y varía en función de si se han abonado retribuciones extraordinarias a los funcionarios o si es un ejercicio electoral, en el que descienden ligeramente. En 2016, según el informe anual de la Sindicatura, el coste de los altos cargos fue de 5,5 millones, mientras que en 2015 —año electoral— fue de 5,1, aumento que se debe a una paga extra, según recoge el informe.

Els canvis aprovats pel PP i Vox per a l’Agència Valenciana Antifrau comencen a materialitzar-se. El nou reglament proposat pel director de l’Agència Valenciana Antifrau, nomenat amb la majoria conservadora i ultra de la cambra, canvia l’estructura de col·laboració amb els òrgans judicials i elimina definitivament el Consell de Participació de l’organisme.

La proposta de norma interna, publicada dijous en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, introdueix una bateria de canvis en el funcionament de l’ens de prevenció de la corrupció, traslladant els últims canvis legislatius. El juny de 2025, en el marc de la negociació pressupostària, el PP i Vox van pactar una esmena a la llei d’acompanyament que modifica la llei de l’Agència Antifrau i afecta la col·laboració amb el ministeri fiscal en investigacions en marxa, un aspecte que va resultar clau en investigacions com el cas Azud o el cas Erial, en què Antifrau va elaborar informes pericials incorporats al sumari. “Aquesta última modificació legislativa i l’evolució en el funcionament de la institució aconsellen una reformulació integral de la seua norma organitzativa”, apunta el document, que inicia el període d’exposició pública.

Mentre que en el reglament anterior es remarca que l’Agència serà un òrgan de col·laboració amb Fiscalia, si hi ha indicis de delicte, i s’estableixen els mecanismes, la nova proposta es limita a assenyalar que són funcions del director, figura que ara encarna Eduardo Beut, “remetre, quan s’escaiga, les actuacions al ministeri fiscal o a l’autoritat judicial, o al Tribunal de Comptes”. Remarca el reglament proposat que Antifrau no admetrà denúncies de fets que siguen investigats per la Fiscalia o la Policia Judicial. El PP i Vox van canviar la llei per a introduir que “l’Agència no té competències en les funcions i les matèries que corresponen a l’autoritat judicial, el ministeri fiscal i la Policia Judicial ni pot investigar els mateixos fets que han sigut objecte de les seues investigacions”, com figurava en l’esmena.

En canvi, en el reglament encara en vigor, que quedarà derogat, estableix, en l’article 10, les formes de col·laboració amb altres organismes. I concreta: “En el context de la realització de diligències d’investigació penal, instrucció de causes i celebració de judicis, relacionats amb les funcions de l’Agència i el seu àmbit d’actuació, aquesta podrà col·laborar amb el ministeri fiscal, els jutjats i els tribunals, quan es requerisca, mitjançant l’assistència tècnica i l’emissió d’informes pericials per personal funcionari al seu servei, especialitzat en matèria juridicoadministrativa, econòmica, comptable i de control administratiu, i amb coneixement profund de les administracions i el seu sector públic i els procediments administratius”. Aquesta redacció desapareix en la nova proposta.

L’oposició i organismes com ara Transparència Internacional, World Compliance Association Fundación Hay Derecho, el Sindicat de Tècnics del Ministeri d’Hisenda-Gestha, l’Observatori Ciutadà contra la Corrupció, Acció Cívica i Plataforma Ciutadana Castelló per la Justícia i Contra la Corrupció van criticar que aquests canvis “acaben desmantellant l’AVAF com a oficina independent per a la lluita contra la corrupció”. L’Agència no ha volgut fer-hi comentaris.

El nou reglament elimina també les referències al Consell de Participació, a conseqüència dels canvis legals pactats pel PP i Vox en les Corts. Es tracta d’un òrgan assessor i de consulta de l’Agència, via per a la participació de la societat civil i de persones expertes, i que al seu torn exercia de control del treball de l’organisme. També estableix que, en el cas de les resolucions, “podrà ser limitat el contingut o comunicar-se les resolucions quan continguen informació que puga afectar dades sensibles que requerisquen protecció especial o que poguera identificar la persona informant”.

Los cambios aprobados por PP y Vox para la Agencia Valenciana Antifraude comienzan a materializarse. El nuevo reglamento propuesto por el director de la Agencia Valenciana Antifraude, nombrado con la mayoría conservadora y ultra de la Cámara, cambia la estructura de colaboración con los órganos judiciales y elimina definitivamente el Consejo de Participación del organismo.

La propuesta de norma interna, publicada este jueves en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, introduce una batería de cambios en el funcionamiento del ente de prevención de la corrupción, trasladando los últimos cambios legislativos. En junio de 2025, el marco de la negociación presupuestaria, PP y Vox pactaron una enmienda a la ley de acompañamiento que modifica la ley de la Agencia Antifraude y afecta a la colaboración con el Ministerio Fiscal en investigaciones en marcha, un aspecto que resultó clave en investigaciones como el caso Azud o el caso Erial, donde Antifraude elaboró informes periciales incorporados al sumario. “Esta última modificación legislativa y la evolución en el funcionamiento de la institución aconsejan una reformulación integral de su norma organizativa”, apunta el documento, que inicia el periodo de exposición pública.

Mientras que en el reglamento anterior se remarca que la Agencia será un órgano de colaboración con Fiscalía, si hay indicios de delito, y se establecen los mecanismos, la nueva propuesta se limita a señalar que son funciones del director, figura que ahora encarna Eduardo Beut, “remitir, cuando proceda, las actuaciones al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial, o al Tribunal de Cuentas”. Recalca el reglamento propuesto que Antifraude no admitirá denuncias de hechos que estén siendo investigados por Fiscalía o la Policía Judicial. PP y Vox cambiaron la ley para introducir que “la Agencia no tiene competencias en las funciones y materias que corresponden a la autoridad judicial, el ministerio fiscal y la policía judicial ni puede investigar los mismos hechos que han sido objeto de sus investigaciones”, como figuraba en la enmienda.

En cambio, en el reglamento aún en vigor, que quedará derogado, establece, en su artículo 10, las formas de colaboración con otros organismos. Y concreta: “En el contexto de la realización de diligencias de investigación penal, instrucción de causas y celebración de juicios, relacionados con las funciones de la Agencia y su ámbito de actuación, esta podrá colaborar con el Ministerio Fiscal, los Juzgados y los Tribunales, cuando así se requiera, mediante la asistencia técnica y emisión de informes periciales por personal funcionario a su servicio, especializado en materia jurídico-administrativa, económica, contable, y de control administrativo, y con conocimiento profundo de las administraciones y su sector público y los procedimientos administrativos”. Esta redacción desaparece en la nueva propuesta.

La oposición y organismos como Transparencia Internacional, World Compliance Association Fundación, Hay Derecho, el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda-GESTHA, el Observatori Ciutadà contra la Corrupció, Acción Cívica y Plataforma Ciutadana Castelló per la Justícia i Contra la Corrupció criticaron que estos cambios “terminan por desmantelar a la AVAF como oficina independiente para la lucha contra la corrupción”. La Agencia no ha querido hacer comentarios al respecto.

El nuevo reglamento elimina también las referencias al Consejo de Participación, como consecuencia de los cambios legales pactados por PP y Vox en las Corts. Se trata de un órgano asesor y de consulta de la Agencia, cauce para la participación de la sociedad civil y de personas expertas, y que a su vez ejercía de control del trabajo del organismo. También establece que, en el caso de las resoluciones, “podrá ser limitado el contenido o comunicarse las resoluciones cuando contengan información que puedan afectar datos sensibles que requieran de especial protección o que pudiera identificar a la persona informante”.

L’expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, va començar el curs polític el mes de setembre passat amb aires renovats i convençut que havia sortejat els moments més delicats sobre el seu futur després de la seua desaparició en els pitjors moments de la dana que va deixar 230 morts el 29 d’octubre de 2024.

Així doncs, va iniciar una operació per a tractar d’aplacar les crítiques i millorar la seva imatge, especialment en la zona zero de la riuada, consistent a adjudicar noves ajudes directes per duplicat, és a dir, injeccions econòmiques per als afectats en conceptes que ja havien sigut objecte d’indemnització. En aquest sentit, el 2 de setembre va anunciar un paquet de 350 milions d’euros per a famílies, autònoms, afectats per expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) i per pèrdua de vehicles.

Gairebé al mateix temps, el Consell va aprovar una modificació pressupostària per a ampliar la despesa en campanyes de publicitat, una modificació que no es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) tal com és preceptiu. Des del PSPV van detectar l’alteració en els comptes autonòmics i van sol·licitar còpia de les modificacions de crèdit que no s’havien publicat.

De la documentació obtinguda es desprén que en les mateixes dates en què es van anunciar les ajudes, en concret el 16 de setembre, es va autoritzar una modificació de crèdit per a gastar 700.000 euros addicionals a “cobrir les necessitats de campanyes de difusió publicitària de la Generalitat i de difusió d’informació d’interés general per a la ciutadania i les diverses necessitats que es preveuen fins a la finalització de l’exercici”.

I això que els pressupostos de la Generalitat per al 2025 presentats el març del 2025 reflectien unes partides pròximes a 15 milions d’euros en l’Àrea de Promoció Institucional i Comunicació, les encarregades de coordinar la publicitat que s’atorga als mitjans i a les associacions relacionades amb aquest àmbit. En aquests mateixos comptes, Mazón va incrementar en un 33% la partida de subvenció presidencial per a regar associacions festives i culturals a dit, fins a 4 milions d’euros.

A més, l’endemà d’anunciar-se les ajudes, el PP va llançar una ambiciosa campanya de propaganda tant en les seues xarxes socials com des dels seus càrrecs en les localitats afectades per la riuada amb l’objectiu com a mínim poc estètic que quedara ben clar que les ajudes venien de la Generalitat. Així doncs, el perfil de la xarxa social X del PP valencià es va afanyar a llançar diferents missatges amb cadascuna de les ajudes: “El Consell de Carlos Mazón amplia ajudes per pèrdua de vehicle”, en deia un.

També regidors i càrrecs del partit de poblacions afectades per la dana van remetre el missatge següent via WhatsApp a què va tindre accés elDiario.es: “Acaba la declaració institucional del president Carlos Mazón, en què ha anunciat 350 milions d’euros més en noves ajudes sense burocràcia. Els qui hagen rebut 6.000 euros d’ajudes a primeres necessitats ara rebran 3.000 euros més. Qui va rebre 2.000 euros pel cotxe en rebrà més, sense necessitat de comprar un vehicle ni pagar impostos. Els que van cobrar el complement de 360 euros per ERTO rebran 360 euros més. I tot això, SENSE NECESSITAT DE DEMANAR L’AJUDA”, en al·lusió a la frase manipulada de Pedro Sánchez sobre la petició de recursos.

Malgrat totes aquestes maniobres, Mazón es va veure obligat a dimitir poc després de l’aniversari de la tragèdia acorralat per les noves mentides sobre el seu parador revelades pels mitjans de comunicació, entre els quals elDiario.es, que va avançar la seua arribada al Palau de la Generalitat prop de les 20.00 i no després del seu dinar en El Ventorro, com havia sostingut, i per les protestes de les víctimes en el funeral d’estat.

Crítiques del PSPV

La portaveu de Transparència del PSPV-PSOE en les Corts, Mercedes Caballero, ha denunciat que Presidència de la Generalitat “va incomplir la llei en una operació de llavada d’imatge de l’expresident Carlos Mazón, en amagar una modificació de crèdit que va servir per a injectar, al començament de setembre del 2025, 700.000 euros a campanyes de publicitat”. “És vergonyós descobrir l’opacitat amb què el Consell del PP dilapida els diners de tots els valencians per a campanyes d’autobombo amb la finalitat de defensar l’indefensable, com va ser la terrible i irresponsable gestió de la dana feta per Mazón, el president més nefast i nociu per als valencians en la història de la Generalitat”.

Tal com va explicar Caballero, “és molt reprovable que Presidència, que està obligada per llei a publicar, com la resta de les conselleries, totes les seues modificacions de crèdit en el Diari Oficial, amagara als valencians aquest canvi en els comptes per a incrementar en 700.000 euros la despesa en campanyes de publicitat”. “Estem davant un ús pervers i partidista dels recursos públics amb la finalitat de llavar políticament la imatge de Mazón, que va tornar del parèntesi de les vacances l’estiu del 2025 amb anuncis grandiloqüents d’ajudes duplicades per als afectats de la dana, simplement per a intentar ‘comprar’ la voluntat d’aquells a qui tant de mal va fer en la terrible sobretaula d’El Ventorro, quan va dimitir de les seues responsabilitats en el pitjor dia per als valencians”.

El expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, inició el curso político el pasado mes de septiembre con aires renovados y convencido de que había sorteado los momentos más delicados sobre su futuro después de su desaparición en los peores momentos de la dana que dejó 230 fallecidos el 29 de octubre de 2024.

Así, inició una operación para tratar de aplacar las críticas y mejorar su imagen, especialmente en la zona cero de la riada, consistente en adjudicar nuevas ayudas directas por duplicado, es decir, inyecciones económicas para los afectados en conceptos que ya habían sido objeto de indemnización. En este sentido, el 2 de septiembre anunció un paquete de 350 millones de euros para familias, autónomos, afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y por pérdida de vehículos.

Prácticamente al mismo tiempo, el Consell aprobó una modificación presupuestaria para ampliar el gasto en campañas de publicidad, una modificación que no se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) tal y como es preceptivo. Desde el PSPV detectaron la alteración en las cuentas autonómicas y solicitaron copia de las modificaciones de crédito que no se habían publicado.

De la documentación obtenida se desprende que en las mismas fechas en las que se anunciaron las ayudas, en concreto el 16 de septiembre, se autorizó una modificación de crédito para gastar 700.000 euros adicionales en “cubrir las necesidades de campañas de difusión publicitaria de la Generalitat y de difusión de información de interés general para la ciudadanía y las diversas necesidades que se prevén hasta la finalización del ejercicio”.

Y eso que los presupuestos de la Generalitat para 2025 presentados en marzo de 2025 reflejaban unas partidas cercanas a 15 millones de euros en el área de Promoción Institucional y Comunicación, las encargadas de coordinar la publicidad que se otorga a los medios y asociaciones relacionadas con este ámbito. En esas mismas cuentas, Mazón incrementó en un 33% la partida de subvención presidencial para regar a asociaciones festivas y culturales a dedo, hasta los 4 millones de euros.

Además, al día siguiente de anunciarse las ayudas el PP lanzó una ambiciosa campaña de propaganda tanto en sus redes sociales como desde sus cargos en las localidades afectadas por la riada con el objetivo cuanto menos poco estético de que quedara bien clara que las ayudas venían de la Generalitat. Así, el perfil de la red social X del PP valenciano se apresuró a lanzar distintos mensajes con cada una de las ayudas: “El Consell de Carlos Mazón amplía ayudas por pérdida de vehículo”, decía uno de ellos.

También concejales y cargos del partido de poblaciones afectadas por la dana remitieron el siguiente mensaje vía WhatsApp al que tuvo acceso elDiario.es: “Acaba la declaración institucional del presidente Carlos Mazón donde ha anunciado otros 350 millones de euros en nuevas ayudas sin burocracia. Quienes hayan recibido 6000 euros de ayudas primeras necesidad ahora recibirán 3000 euros más. Quien recibió 2000 euros por el coche recibirá otros tantos, sin necesidad de comprar un vehículo ni pagar impuestos. Quienes cobraron el complemento de 360 euros por ERTE recibirá otros 360 euros. Y todo ello, SIN NECESIDAD DE PEDIR LA AYUDA”, en alusión a la frase manipulada de Pedro Sánchez sobre la petición de recursos.

Pese a todas estas maniobras, Mazón se vio obligado a dimitir poco después del aniversario de la tragedia acorralado por las nuevas mentiras sobre su paradero reveladas por los medios de comunicación, entre ellos elDiario.es, que avanzó su llegada al Palau de la Generalitat cerca de las 20h y no tras su comida en El Ventorro, como había sostenido, y por las protestas de las víctimas en el funeral de Estado.

Críticas del PSPV

La portavoz de Transparencia del PSPV-PSOE en las Corts, Mercedes Caballero, ha denunciado que Presidencia de la Generalitat “incumplió la ley en una operación de lavado de imagen del expresidente Carlos Mazón, al esconder una modificación de crédito que sirvió para inyectar, a principios de septiembre de 2025, 700.000 euros a campañas de publicidad”. “Es vergonzoso descubrir la opacidad con la que el Consell del PP dilapida el dinero de todos los valencianos para campañas de autobombo con el fin de defender lo indefendible, como fue la terrible e irresponsable gestión de la Dana realizada por Mazón, el presidente más nefasto y dañino para los valencianos en la historia de la Generalitat”.

Tal como explicó Caballero, “es muy reprobable que Presidencia, que está obligada por ley a publicar como el resto de consellerias todas sus modificaciones de crédito en el Diario Oficial, escondiera a los valencianos este cambio en las cuentas para incrementar en 700.000 euros el gasto en campañas de publicidad”. “Estamos ante un uso perverso y partidista del los recursos públicos con el fin de lavar políticamente la imagen de Mazón, que volvió del paréntesis de las vacaciones en el verano de 2025 con anuncios grandilocuentes de ayudas duplicadas para los afectados de la Dana, simplemente para intentar 'comprar' la voluntad de aquellos a los que tanto daño hizo en la terrible sobremesa del Ventorro, cuando dimitió de sus responsabilidades en el peor día para los valencianos”.

El PP valencià assumeix una vegada més els postulats més ultres de Vox, en aquest cas els relacionats amb la immigració. Tots dos partits han pactat una proposició no de llei “de tramitació especial d’urgència” per a aplicar mesures urgents davant un pretés “augment de la immigració massiva i les seues conseqüències negatives”, tal com recull la proposta del grup parlamentari d’extrema dreta en les Corts Valencianes.

La proposta inicial de Vox instava el Consell a adoptar set mesures i el Govern central a impulsar una altra desena d’accions, totes de tint racista. Encara que inicialment els populars van presentar esmenes per a suavitzar tres de les propostes elevades a l’Estat, referides a repatriació d’immigrants, a l’arrelament com a fórmula per a legalitzar-los i a prioritzar als espanyols en la percepció de prestacions, finalment van acordar la retirada de les 10 propostes que s’havien de plantejar a l’executiu central.

D’aquesta manera, la proposició no de llei pactada tirarà avant dimecres, tret de sorpresa d’última hora, amb els vots a favor del PP i de Vox. Entre les mesures que es proposen a la Generalitat destaca “promoure la signatura d’acords per a la reintegració dels menors estrangers no acompanyats sota tutela de la Generalitat als països d’origen, impulsant la col·laboració necessària amb els serveis de protecció del menor dels països d’origen, a fi de facilitar la reintegració amb les famílies dels menors estrangers no acompanyats residents a la Comunitat Valenciana i, en defecte d’això, a l’assumpció de la tutela d’aquests pels corresponents serveis de protecció al menor del país d’origen o residència habitual”.

També s’exigeix “impulsar, d’acord amb les competències autonòmiques, un programa de retorn voluntari i de reintegració per a facilitar a les persones immigrants a la Comunitat Valenciana tornar al país d’origen”, així com “col·laborar amb associacions, administracions i altres entitats per a facilitar el compliment del programa de retorn voluntari i de reintegració per a facilitar a les persones immigrants a la Comunitat Valenciana tornar al país d’origen”. A més, es demana “rebutjar les polítiques d’efecte crida que han portat milers de persones a jugar-se la vida, i perdre-la tràgicament en molts casos, a conseqüència de les falses promeses d’un futur millor a Espanya”.

Finalment, s’insta el Consell a “promoure la ubicació dels centres de menors estrangers no acompanyats als afores dels centres urbans, amb la finalitat que els ‘menes’ no generen problemes de convivència ni seguretat” i a “publicar estadístiques periòdiques relatives a la delinqüència i la inseguretat associada amb la immigració massiva en la Comunitat Valenciana”.

Sobre aquest tema, el portaveu del PP, Nando Pastor, va explicar que votaran a favor de la proposta amb l’esmena esmentada amb l’objectiu de “regular el fenomen de la immigració, intentant fer-ho tot de manera compatible, de manera regulada i ordenada”. Malgrat les propostes aprovades, Pastor va descartar que s’expulse els immigrants irregulars: “El que es promou són mesures per a promoure la regulació i l’ordenació d’aquest fenomen a la nostra Comunitat”.

El PP valenciano asume una vez más los postulados más ultras de Vox, en este caso los relacionados con la inmigración. Ambos partidos han pactado una Proposición no de Ley “de tramitación especial de urgencia” para aplicar medidas urgentes frente a un supuesto “aumento de la inmigración masiva y sus negativas consecuencias”, tal y como recoge la propuesta del grupo parlamentario de extrema derecha en las Corts Valencianes.

La propuesta inicial de Vox instaba al Consell a adoptar siete medidas y al Gobierno central a impulsar otra decena de acciones, todas ellas de tinte racista. Aunque inicialmente los populares presentaron enmiendas para suavizar tres de las propuestas elevadas al Estado, referidas a repatriación de inmigrantes, al arraigo como fórmula para legalizarlos y a priorizar a los españoles en la percepción de prestaciones, finalmente acordaron la retirada de las 10 propuestas que se iban a plantear al ejecutivo central.

De esta forma, la Proposición no de Ley pactada saldrá adelante este miércoles, salvo sorpresa de última hora, con los votos a favor del PP y de Vox. Entre las medidas que se proponen a la Generalitat destaca “promover la firma de acuerdos para la reintegración de los menores extranjeros no acompañados bajo tutela de la Generalitat a sus países de origen, impulsando la colaboración necesaria con los servicios de protección del menor de sus países de origen, a fin de facilitar la reintegración con las familias de los menores extranjeros no acompañados residentes en la Comunidad Valenciana y, en su defecto, a la asunción de la tutela de estos por los correspondientes servicios de protección al menor de su país de origen o residencia habitual”.

También se exige “impulsar, de acuerdo con las competencias autonómicas, un programa de retorno voluntario y de reintegración para facilitar a las personas inmigrantes en la Comunidad Valenciana volver a su país de origen”, así como “colaborar con asociaciones, administraciones y otras entidades para facilitar el cumplimiento del programa de retorno voluntario y de reintegración para facilitar a las personas inmigrantes en la Comunidad Valenciana volver a su país de origen”. Además, se pide “rechazar las políticas de efecto llamada que han llevado a miles de personas a jugarse la vida, y perderla trágicamente en muchos casos, a consecuencia de las falsas promesas de un futuro mejor en España”.

Por último, se insta al Consell a “promover la ubicación de los centros de menores extranjeros no acompañados en las afueras de los centros urbanos, con el fin de que los 'menas' no generen problemas de convivencia ni seguridad” y a “publicar estadísticas periódicas relativas a la delincuencia e inseguridad asociada con la inmigración masiva en la Comunitat Valenciana”.

Al respecto, el portavoz del PP, Nando Pastor, explicó que votarán a favor de la propuesta con la enmienda mencionada con el objetivo de “regular el fenómeno de la inmigración, intentar hacer todo de forma compatible, de forma regulada y ordenada”. Pese a las propuestas aprobadas, Pastor descartó que se vaya a expulsar a los inmigrantes irregulares: “Lo que se promueve son medidas para promover la regulación y la ordenación de ese fenómeno en nuestra comunidad”.

El Ayuntamiento de València desoye a la Acadèmia Valenciana de la Llengua e impondrá en el pleno la denominación 'Valéncia/Valencia'. El Ejecutivo capitaneado por María José Catalá lleva este martes al pleno de marzo una doble petición: plantear alegaciones al informe del ente estatutario —la autoridad en materia lingüística— y pedir la denominación bilingüe con el acento cerrado, contra el criterio de los filólogos.

Según la propuesta, a la que ha tenido acceso elDiario.es, junto al informe de alegaciones se plantea que se reclame mantener la denominación bilingüe. La propuesta de resolución, firmada este mismo lunes, plantea que además de presentar el informe de alegaciones “solicita que se mantenga la forma bilingüe Valéncia/Valencia propuesta por la corporación”; que “en todo caso, se solicita que se mantenga la doble denominación” y se pide que se remita el acuerdo a la Generalitat.

El concejal de Cultura, José Luis Moreno, ha reclamado introducir este punto en el pleno de manera extraordinaria tras recibir el informe de alegaciones del académico Abelard Saragossà, que difiere del criterio del órgano estatutario. Si todo va según lo previsto, la mayoría de PP y Vox aprobarán la moción, que eleva la petición a la Generalitat. Es la administración autonómica la encargada de aprobar los cambios de denominación, a través de un procedimiento instruido por la Dirección General de Administración Local que culmina con un decreto del Consell.

El gobierno de Catalá lleva meses insistiendo en cambiar el topónimo para revertir la decisión de la izquierda, que bajo el mandato de Joan Ribó impulsó la denominación 'València', que sí era acorde al criterio filológico. Tras la propuesta de PP y Vox, la AVL emitió un informe en el que dictamina que la denominación adecuada desde el punto de vista histórico y lingüístico es la forma tradicional y única València y apunta que el Ayuntamiento no ha aportado “ningún argumento” que justifique la forma en castellano y la denominación bilingüe del topónimo. La Acadèmia “considera que la denominación correcta y adecuada desde el punto de vista histórico y lingüístico es la forma tradicional y única València” y que “en cualquier caso, si el Ayuntamiento de València decide proponer para la aprobación oficial la forma doble, en contra del criterio de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, la solución bilingüe adecuada es València/Valencia”.

De seguir adelante con el cambio en el topónimo y aprobarse, la Generalitat podría incurrir en prevaricación administrativa, según apuntan fuentes académicas: los informes del organismo, que ha rechazado esta medida, son vinculantes. La responsabilidad se traslada al Ejecutivo autonómico al ser quien apruebe el decreto; el pleno municipal tan solo eleva la propuesta con sus alegaciones.

La Generalitat Valenciana recoge que los cambios de topónimo deben contar con un informe, preceptivo y vinculante, en el que la AVL podrá proponer alternativas “que considere más adecuada técnica e históricamente o advertir si hay incorrecciones lingüísticas”. En el caso de emitirse informe desfavorable por parte de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua o del ministerio, se dará traslado a la entidad local interesada para que emita alegaciones en el plazo de un mes, como así ha sido.

Las alegaciones del Ayuntamiento

El académico Abelard Saragossà es autor del informe que pretende aprobar la denominación con acento cerrado. El filólogo también es el responsable de presentar las alegaciones del consistorio la AVL y mantiene su criterio, que señala que la ciudad se pronuncia con la 'e' cerrada y no abierta.

Saragossà llega a hacer un análisis jurídico del informe lingüístico: el documento oficial de la Academia, dice, difiere de la legalidad que han establecido las Corts Valencianes “un ayuntamiento puede elegir una forma secundaria para el nombre de la población”. Y añade: “Toda institución democrática puede tomar decisiones dudosas o erróneas. Pero el respeto y la lealtad entre instituciones valencianas pide considerar las causas que han impulsado las Corts Valencianes a establecer dicha legalidad. En cambio, el documento oficial de la Academia no cumple esa obligación (que es, a la vez, científica y social): habla sin exponer y analizar los motivos que han tenido las Corts Valencianes para dar el derecho en un nombre secundario”, apunta.

Els comptes del grup parlamentari del PP en les Corts Valencianes van registrar un desfasament de 279.879 euros que no van poder justificar corresponent a l’any 2024 i que, per tant, han de reintegrar. Així consta en l’informe de la Sindicatura de Comptes sobre el compte general de les Corts relatiu a l’exercici 2024, que la institució va publicar dijous. El mateix document reflecteix que els populars ja haurien tornat 210.000 euros de la quantitat esmentada.

Fonts del grup popular, a preguntes d’elDiario.es, han eludit detallar a què es deu aquest desfasament i quin tipus de despeses no s’han pogut justificar i s’han limitat a restar validesa a l’informe: “Han difós únicament un primer informe amb data desactualitzada. L’últim informe no s’ha resolt. Hi ha un període d’al·legacions que no té res a veure amb aquesta quantitat. Es tindrà accés a l’informe definitiu. No hi ha res fora de control, perquè aquest l’exerceixen les Corts i el Tribunal de Comptes. No obstant això, agraïm la tasca de la Sindicatura de Comptes i els recordem que està pendent la renovació íntegra del seu organisme, tots els seus membres tenen el mandat caducat i un de vacant per defunció”, han al·legat.

Aquesta auditoria financera expressa una opinió amb la mateixa excepció d’anys anteriors: les Corts no disposen d’un registre actualitzat que reculla la valoració de l’immobilitzat no financer, així com les diverses circumstàncies que puguen produir-se en els seus actius.

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana cita els grups parlamentaris a adoptar les mesures de control intern necessàries perquè les despeses reparades pels informes de control financer de la Intervenció es completen i es justifiquen adequadament durant la fase d’al·legacions a aquests informes i no en la fase d’al·legacions dels expedients de reintegrament que, si escau, s’acorden posteriorment per la Mesa de les Corts.

Pel que fa als comptes anuals dels grups parlamentaris i la documentació justificativa, la Sindicatura ha detectat diversos “incompliments significatius” de la normativa aplicable a la gestió dels fons públics, que estableix que els comptes hauran de remetre’s a la Mesa de les Corts abans del 15 de febrer de l’exercici següent.

Retards en la presentació de comptes

No obstant això, Vox els va presentar inicialment el 15 de febrer de 2025, encara que el 28 de juliol va aportar altres comptes que corregien alguns errors; el PSPV i Compromís els van presentar fora de termini amb un cert retard, el 7 de maig i el 4 de juny de 2025, respectivament, si bé han pogut ser objecte del control financer de la Intervenció de les Corts; i el PP els va presentar el 30 de gener de 2026, amb quasi un any de retard, i no han pogut ser objecte del control financer.

Pel que fa als comptes justificatius trimestrals corresponents a despeses de l’exercici 2024, tots els grups els han presentat amb retard: el PP, Compromís i Vox fora del termini en dos dels quatre trimestres del 2024 i el PSPV en tres. A més, no sempre els grups completen la justificació adequada i en alguns casos, com el PP, ho fan posteriorment, en la fase dels expedients de reintegrament acordats per la Mesa de les Corts.

Aquests fets, segons l’informe de la Sindicatura, posen de manifest que el fet que els grups parlamentaris no presenten en forma i termini tant els seus comptes anuals com els justificatius trimestrals i la documentació de les despeses “dificulta i fins i tot impedeix” que la Intervenció de les Corts “execute adequadament els seus plans de control financer i ocasiona un retard en la formulació, la fiscalització i l’aprovació posterior” del Compte General.

Quant a exercicis anteriors, l’informe indica que, de les 19 recomanacions que figuraven en l’auditoria del 2023, les Corts n’han aplicat tres, parcialment cinc i 11 estan pendents d’implantar.

Las cuentas del grupo parlamentario del PP en las Corts Valencianes registraron un desfase de 279.879 euros que no pudieron justificar correspondiente al año 2024 y que por lo tanto deben reintegrar. Así consta en el informe de la Sindicatura de Comptes sobre la cuenta general de las Corts relativa al ejercicio 2024, que la institución publicó este jueves. El mismo documento refleja que los populares ya habrían devuelto 210.000 euros de la mencionada cuantía.

Fuentes del grupo popular, a preguntas de elDiario.es, han eludido detallar a qué se debe este desfase y qué tipo de gastos no se han podido justificar y se han limitado a restar validez al informe: “Han difundido únicamente un primer informe a fecha desactualizada. El último informe no se ha resuelto. Hay un periodo de alegaciones que no tiene nada que ver con esa cantidad. Se tendrá acceso al informe definitivo. No hay nada fuera de control porque este lo ejercen las Corts y el Tribunal de Cuentas. No obstante, agradecemos la labor de la Sindicatura de Comptes y les recordamos que está pendiente la renovación íntegra de su organismo, todos sus miembros tienen el mandato caducado y uno vacante por fallecimiento”, han alehgado.

Esta auditoría financiera expresa una opinión con la misma salvedad de años anteriores: lass Corts no disponen de un registro actualizado que recoja la valoración del inmovilizado no financiero, así como las diversas circunstancias que puedan producirse en sus activos.

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana emplaza a los grupos parlamentarios a adoptar las medidas de control interno necesarias para que los gastos reparados por los informes de control financiero de la Intervención se completen y justifiquen adecuadamente durante la fase de alegaciones a estos informes y no en la fase de alegaciones de los expedientes de reintegro que, en su caso, se acuerden posteriormente por la Mesa de Les Corts.

Respecto a las cuentas anuales de los grupos parlamentarios y la documentación justificativa, la Sindicatura ha detectado varios “incumplimientos significativos” de la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos, que establece que las cuentas deberán ser remitidas a la Mesa de Les Corts antes del 15 de febrero del ejercicio siguiente.

Retrasos en la presentación de cuentas

Sin embargo, Vox las presentó inicialmente el 15 de febrero de 2025, aunque el 28 de julio aportó otras cuentas que corregían algunos errores; el PSPV y Compromís las presentaron fuera de plazo con cierto retraso, el 7 de mayo y el 4 de junio de 2025, respectivamente, si bien han podido ser objeto del control financiero de la Intervención de Les Corts; y el PP las presentó el 30 de enero de 2026, con casi un año de retraso, y no han podido ser objeto del control financiero.

Respecto a las cuentas justificativas trimestrales correspondientes a gastos del ejercicio 2024, todos los grupos las han presentado con retraso: el PP, Compromís y Vox fuera del plazo en dos de los cuatro trimestres de 2024 y el PSPV en tres. Además, no siempre los grupos completan la adecuada justificación y en algunos casos, como el PP, lo hacen posteriormente, en la fase de los expedientes de reintegro acordados por la Mesa de Les Corts.

Estos hechos, según el informe de la Sindicatura, ponen de manifiesto que el hecho de que los grupos parlamentarios no presenten en forma y plazo tanto sus cuentas anuales como las justificativas trimestrales y la documentación de los gastos “dificulta e incluso impide” que la Intervención de Les Corts “ejecute adecuadamente sus planes de control financiero y ocasiona un retraso en la formulación, fiscalización y posterior aprobación” de la Cuenta General.

En cuanto a ejercicios anteriores, el informe indica que, de las 19 recomendaciones que figuraban en la auditoría de 2023, Les Corts han aplicado tres, parcialmente cinco y 11 están pendientes de implantar.

El mateix PP que va utilitzar el trasllat d’un funcionari per comissió de servei per a acusar Compromís que l’havia ascendit, en tractar-se del tècnic de la Conselleria d’Habitatge suspés per les irregularitats dels HPO d’Alacant, afirma ara que aquest procediment “una pràctica habitual en la funció pública” per a defensar el trasllat de la parella del president, Juan Francisco Pérez Llorca, de l’Ajuntament de Finestrat a la Diputació de València.

Els populars es van autodesmentir així dimecres la faula que van fabricar mesos arrere, quan va saltar l’escàndol de l’adjudicació d’habitatges protegits d’Alacant a alguns càrrecs, funcionaris i persones afins als populars en l’Ajuntament de la capital de l’Alacantí. Per a tractar de derivar responsabilitats en els partits de l’oposició, van denunciar que el funcionari que havia de comprovar que els adjudicataris complien tots els requisits i que va ser suspés de sou i de faena per cometre presumptes irregularitats, va ser ascendit per Compromís en l’època del Govern del Botànic. La realitat és que va accedir al càrrec per mitjà d’una comissió de servei.

El 3 de febrer passat, el síndic del PP, Nando Pastor, va afirmar que és “curiós” que Compromís demane una comissió d’investigació sobre el cas dels habitatges “quan en realitat, són els únics que han de donar explicacions en aquesta qüestió”, ja que va denunciar que “el funcionari que ha tingut a veure amb tots els fets no va ser ascendit per ningú del PP, va ser ascendit i posat a dit en aquest lloc tan concret per Compromís, pels responsables polítics del Botànic”, l’anterior govern valencià que compartien el PSPV i Compromís.

“Per tant, és Compromís qui ha de donar totes les explicacions del món”, va insistir, per a reclamar al síndic de la coalició, Joan Baldoví, i als seus dirigents polítics que diguen “quins dimonis, quins nassos van veure en aquest funcionari i el nomenaren a dit per a estar en el lloc adequat”.

Dimecres, preguntat per la comissió de servei que ha possibilitat el trasllat de la parella de Pérez Llorca, ja no es va parlar d’ascensos ni d’adjudicacions a dit, sent exactament el mateix cas. Pastor va afirmar que la comissió de serveis “és una pràctica habitual en la funció pública” i que consisteix a traslladar una plaça d’un lloc públic que un té en propietat a una altra Administració, i ha preguntat “on està el problema”.

“Hem d’avançar-nos abans que isca un titular que Vox està ficat en això”. Amb aquesta frase, pronunciada en una reunió interna i recollida en uns àudios a què van accedir El Mundo i El Plural, la cúpula de Vox assumia que coneixia mesos arrere les presumptes irregularitats comptables de Revuelta, la seua organització juvenil satèl·lit, amb els fons recaptats per a destinar a les víctimes de la dana. Els enregistraments van revelar no sols el grau de coneixement de la direcció nacional del partit, sinó també la implicació directa de Santiago Abascal, que seguia l’assumpte amb inquietud per a evitar un escàndol públic.

Un escàndol que no investigarà les Corts Valencianes perquè tant el PP com Vox van rebutjar dimecres en el ple la creació d’una comissió d’investigació a proposta del PSPV. Els partits de dretes i d’extrema dreta consideren que, com que es tracta d’una entitat privada que ha gestionat fons de particulars, sense cap injecció de diners públics, no s’escau crear la comissió esmentada.

“Nosaltres no incomplirem el nostre estatut i no investigarem una cosa sobre el que no tenim competències”, va dir la portaveu adjunta del PPCV, Laura Chuliá. No obstant això, el síndic del PSPV, José Muñoz, va negar que les Corts no tinguen capacitat legal per a investigar l’assumpte: “Bankia, Forum Filatélico o Fira València, s’ha acabat l’argument”, va dir esmentat comissions d’investigació parlamentàries sobre empreses vinculades a activitats polítiques.

Muñoz va assegurar que el PP “no vol investigar perquè es deuen a Vox” i va afegir: “Ara sabem per àudios de dirigents d’aquesta organització que va haver-hi 100.000 euros que no van arribar a la seua destinació”, al mateix temps que va comentar que la seua proposta pretenia “desemmascarar el fals patriotisme de Vox” i va remarcar que mentre l’Espanya que matina (lema voxista) s’alçava per a treballar i donar ajuda per a la dana, “els joves del seu partit promocionats per vostés pensaven com quedar-se els diners per a ajudar altres persones”.

Per part seua, Vox es va escudar davant aquesta acusació directa assenyalant que va ser la mateixa formació la que va traure a la llum aquestes presumptes irregularitats “i ho va portar a la Fiscalia”. El seu síndic adjunt, Joaquín Alés, va dir que la proposta dels socialistes és una “cortina de fum” i va criticar la “falta de rigor” esmentant aquesta falta de competències de les Corts per a investigar els fets amb una associació de caràcter privat. La proposta es votarà dijous i quedarà rebutjada per tindre tan sols amb el suport de Compromís.

El Govern central posa objeccions a tota una sèrie de lleis de les quals el PP valencià, secundat per Vox, ha fet bandera. El mateix dia que el Tribunal Constitucional admet a tràmit el recurs contra la Llei de costes, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publica l’acord per a analitzar un dels decrets de simplificació administrativa, dels primers amb la signatura de Juan Francisco Pérez Llorca, en què es colen nombroses reformes. Entre les quals —la més qüestionada—, una modificació de la llei d’ordenació del territori per a construir habitatge protegit en sòl destinat a equipaments.

En concret, l’executiu central qüestiona la creació de la figura dels “projectes residencials locals”, una eina a priori excepcional que permet construir habitatges en règim de protecció pública en solars vacants no executats, qualificats d’ equipament, o en solars vacants de patrimoni municipal. La llei preveu que la mesura haja de tirar avant amb majoria absoluta en un ple municipal, i implica poder construir habitatge en sòl destinat a usos escolars, sanitaris o esportius.

La norma, introduïda en un decret òmnibus, no especifica si l’habitatge ha de ser de promoció pública o privada (fins i tot en règim d’habitatge protegit), ni quina serà la fórmula: drets de superfície, permutes... Aquesta última, un intercanvi previst en la llei, és la preferida dels constructors i per la qual advoquen les administracions dirigides pel PP valencià, i ha generat polèmica en els últims mesos pel que fa al control del sòl i les adjudicacions. Apunta a més que la Generalitat podrà executar aquests projectes locals i l’adjudicació dels habitatges directament per la conselleria competent en matèria d’habitatge o a través de l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl.

El Govern central no entra en el fons de l’assumpte, només qüestiona si hi ha invasió de competències. Considera que aquesta regulació pot vulnerar normativa estatal perquè en sòl públic només pot haver-hi habitatge social; és a dir, habitatge de titularitat pública o habitatge cedit per a atendre col·lectius vulnerables. No és un habitatge protegit a l’ús.

Des de la Conselleria de Territori, dirigida per Vicente Martínez Mus, apunten que la figura del projecte residencial local busca utilitzar parcel·les inutilitzades reservades per a dotacions públiques per a habitatges. “Aquesta és una de les apostes de la Generalitat per a fomentar l’habitatge i l’objectiu és arribar a un acord perquè puga tirar avant”, afirmen. En l’executiu autonòmic veuen marge per a negociar amb el Govern central, com s’ha fet amb altres normes en què finalment no ha arribat el recurs d’inconstitucionalitat.

La Generalitat Valenciana va defensar en el seu moment que la reforma vol donar “eines als ajuntaments per a poder fer canvis més àgils quant al sòl dotacional i poder construir habitatges en sòls que en principi eren per a instal·lacions municipals amb el condicionant que es recupere aquest sòl en altres zones”, van apuntar des de la conselleria competent en territori.

Des del Ministeri de Política Territorial expliquen que la comissió bilateral és un procés per a evitar el conflicte. En el decret de simplificació —anomenat “mesures urgents contra la hiperregulació”— també es qüestionen altres articles que tenen a veure amb l’accés a arxius, documentació i qüestions en el marc acadèmic. Aquest procés no implica una suspensió de la norma, que segueix plenament en vigor. “L’aposta de la Generalitat per combatre la hiperregulació és claríssima, ja que entenem que cal eliminar burocràcia, agilitar tràmits i facilitar la vida a les persones”, apunten des de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, autora del decret llei.

Recurs sobre la Llei de costes

La publicació en el DOGV de l’inici de la comissió bilateral coincideix amb l’admissió a tràmit en el Tribunal Constitucional del recurs del Govern central contra la Llei de costes. L’alt tribunal suspén cautelarment els articles que protegeixen els habitatges construïts en les partions, que el Consell considera nuclis de valor tradicional i “d’interés etnològic del litoral”. L’executiu va impugnar una trentena d’articles i la major part van ser corregits en una comissió bilateral amb la Generalitat Valenciana, excepte aquests últims dos articles i una disposició addicional, sobre la qual es pronunciarà el Constitucional.

L’executiu autonòmic continua reivindicant la llei valenciana de costes com “una eina clau per a protegir habitatges, drets dels propietaris i el patrimoni cultural valencià en el litoral” i remarca es va defensar la norma fins al final davant el Constitucional, apunten fonts de Territori. El departament que dirigeix Vicente Martínez Mus apunta que nuclis costaners com els de la platja de Babilònia (Guardamar del Segura) o Torre la Sal (Cabanes) necessiten el suport que ofereix aquesta llei per a defensar les casetes de primera línia que es veuen “amenaçades” per la inacció del Govern, i recorden que el Constitucional va donar la raó a Galícia quan el Govern va recórrer contra una llei similar. El PP valencià insisteix que les partions no són una solució.

Modificacions en la llei trans

El Govern ja ha recorregut contra altres lleis valencianes aprovades pel PP i Vox, com les modificacions de la ‘llei trans’ valenciana, que dreta i ultradreta van retallar en el parlament valencià, obrint la porta a les teràpies de conversió. Segons una altra resolució publicada dimecres en el DOGV, continua sense haver-hi acord amb l’Administració autonòmica per a revertir les modificacions que afecten l’atenció sanitària de menors trans i els programes i els continguts educatius.

El Gobierno central pone reparos a toda una serie de leyes de las que el PP valenciano, apoyado por Vox, ha hecho bandera. El mismo día que el Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso contra la ley de Costas, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publica el acuerdo para analizar uno de los decretos de simplificación administrativa, de los primeros con la firma de Juan Francisco Pérez Llorca, en el que se cuelan numerosas reformas. Entre ellas —la más cuestionada—, una modificación de la ley de ordenación del territorio para construir vivienda protegida en suelo destinado a equipamientos.

En concreto, el Ejecutivo central cuestiona la creación de la figura de los “proyectos habitacionales locales”, una herramienta a priori excepcional que permite la construcción de viviendas en régimen de protección pública en solares vacantes no ejecutados, calificados como equipamiento, o en solares vacantes de patrimonio municipal. La ley prevé que la medida tenga que salir adelante con mayoría absoluta en un pleno municipal, e implica poder construir vivienda en suelo destinado a usos escolares, sanitarios o deportivos.

La norma, introducida en un decreto 'ómnibus', no especifica si la vivienda ha de ser de promoción pública o privada (aun en régimen de vivienda protegida), ni cuál será la fórmula: derechos de superficie, permutas... Esta última, un intercambio previsto en la ley, es la preferida de los constructores y por la que abogan las administraciones dirigidas por el PP valenciano, y ha generado polémica en los últimos meses respecto al control del suelo y las adjudicaciones. Apunta además que la Generalitat podrá ejecutar estos proyectos locales y la adjudicación de las viviendas directamente por la conselleria competente en materia de vivienda o a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo.

El Gobierno central no entra en el fondo del asunto, solo cuestiona si hay invasión de competencias. Considera que esta regulación puede vulnerar normativa estatal porque en suelo público solo puede haber vivienda social; es decir, vivienda de titularidad pública o vivienda cedida para atender a colectivos vulnerables. No es una vivienda protegida al uso.

Desde la Conselleria de Territorio, dirigida por Vicente Martínez Mus, apuntan que la figura del proyecto habitacional local busca utilizar parcelas inutilizadas reservadas para dotaciones públicas para viviendas. “Esta es una de las apuestas de la Generalitat para fomentar la vivienda y el objetivo es llegar a un acuerdo para que pueda salir adelante”, afirman. En el Ejecutivo autonómico ven margen para negociar con el Gobierno central, como se ha hecho con otras normas en las que finalmente no ha llegado el recurso de inconstitucionalidad.

La Generalitat Valenciana defendió en su momento que la reforma quiere dar “herramientas a los ayuntamientos para poder realizar cambios más ágiles en cuanto al suelo dotacional y poder construir viviendas en suelos que en principio eran para instalaciones municipales con el condicionante de que se recupere ese suelo en otras zonas”, apuntaron desde la Conselleria competente en Territorio.

Desde el Ministerio de Política Territorial explican que la comisión bilateral es un proceso para evitar el conflicto. En el decreto de simplificación —llamado “medidas urgentes contra la hiperregulación”— también se cuestionan otros artículos que tienen que ver con el acceso a archivos, documentación y cuestiones en el marco académico. Este proceso no implica una suspensión de la norma, que sigue plenamente en vigor. “La apuesta de la Generalitat por combatir la hiperregulación es clarísima, ya que entendemos que hay que eliminar burocracia, agilizar trámites y facilitar la vida a las personas”, apuntan desde la conselleria de Hacienda y Administración Pública, autora del decreto-ley.

Recurso sobre la ley de Costas

La publicación en el DOGV del inicio de la comisión bilateral coincide con la admisión a trámite en el Tribunal Constitucional del recurso del Gobierno central contra la ley de Costas. El Alto Tribunal suspende cautelarmente los artículos que protegen las viviendas construidas en los deslindes, que el Consell considera núcleos de valor tradicional y “de interés etnológico del litoral”. El Ejecutivo impugnó una treintena de artículos y la mayoría fueron corregidos en una comisión bilateral con la Generalitat Valenciana, salvo estos últimos dos artículos y una disposición adicional, sobre la que se pronunciará el Constitucional.

El Ejecutivo autonómico sigue reivindicando la ley valenciana de costas como “una herramienta clave para proteger viviendas, derechos de los propietarios y el patrimonio cultural valenciano en el litoral” y remarca se va a defender la norma hasta el final ante el Constitucional, apuntan fuentes de Territorio. El departamento que dirige Vicente Martínez Mus apunta que núcleos costeros como los de playa Babilonia (Guardamar del Segura) o Torre la Sal (Cabanes) necesitan del respaldo que ofrece esta ley para defender las casetas de primera línea que se ven “amenazadas” por la innacción del Gobierno, y recuerdan que el Constitucional dio la razón a Galicia cuando el Gobierno recurrió una ley similar. El PP valenciano insiste en que los deslindes no son una solución.

Modificaciones en la ley trans

El Gobierno ya ha recurrido otras leyes valencianas aprobadas por el PP y Vox, como las modificaciones de la 'ley trans' valenciana, que derecha y ultraderecha recortaron en el parlamento valenciano, abriendo la puerta a las terapias de conversión. Según otra resolución publicada este miércoles en el DOGV, sigue sin haber acuerdo con la administración autonómica para revertir las modificaciones que afectan a la atención sanitaria de menores trans y a los programas y contenidos educativos.

“Tenemos que adelantarnos antes de que salga un titular de que Vox está metido en esto”. Con esa frase, pronunciada en una reunión interna y recogida en unos audios a los que accedieron El Mundo y El Plural, la cúpula de Vox asumía que conocía meses atrás las presuntas irregularidades contables de Revuelta, su organización juvenil satélite, con los fondos recaudados para destinar a las víctimas de la dana. Las grabaciones revelaron no solo el grado de conocimiento de la dirección nacional del partido, sino también la implicación directa de Santiago Abascal, que seguía el asunto con inquietud para evitar un escándalo público.

Un escándalo que no investigará las Corts Valencianes puesto que tanto el PP como Vox rechazaron este miércoles en el pleno la creación de una comisión de investigación a propuesta del PSPV. Los partidos de derechas y de extrema derecha consideran que al tratarse de una entidad privada que ha gestionado fondos de particulares, sin ninguna inyección de dinero público, no procede crear la mencionada comisión.

“Nosotros no vamos a incumplir nuestro Estatut y no vamos a investigar algo sobre lo que no tenemos competencias”, dijo la portavoz adjunta del PPCV, Laura Chulià. Sin embargo, el síndic del PSPV, José Muñoz, negó que las Corts no tengan capacidad legal para investigar el asunto: “Bankia, Fórum Filatélico o Feria Valencia, se acabó el argumento”, dijo citando comisiones de investigación parlamentarias sobre empresas vinculadas a actividades políticas.

Muñoz aseguró que el PP “no quiere investigar porque se deben a Vox” y añadió: “Ahora sabemos por audios de dirigentes de esta organización que hubo 100.000 euros que no llegaron a su destino”, al tiempo que comentó que su propuesta pretendía “desenmascarar el falso patriotismo de Vox” y remarcó que mientras la España que madruga (lema voxista) se levantaba para trabajar y dar ayuda para la dana, “los jóvenes de su partido promocionados por ustedes pensaban cómo quedarse el dinero para ayudar a otras personas”.

Por su parte, Vox se escudó frente a esa acusación directa señalando que fue la propia formación la que sacó a la luz esas presuntas irregularidades “llevándolo a la Fiscalía”. Su síndic adjunto, Joaquín Alés, dijo que la propuesta de los socialistas es una “cortina de humo” y criticó la “falta de rigor” citando esa falta de competencias de las Corts para investigar lo ocurrido con una asociación de carácter privado. La propuesta se votará este jueves y quedará rechazada al contar tan solo con el apoyo de Compromís.

El mismo PP que utilizó el traslado de un funcionario por comisión de servicio para acusar acusar a Compromís de que lo había ascendido, al tratarse del técnico de la Conselleria de Vivienda suspendido por las irregularidades de las VPO de Alicante, afirma ahora que este procedimiento “una práctica habitual en la Función Pública” para defender el traslado de la pareja del presidente, Juan Francisco Pérez Llorca, del Ayuntamiento de Finestrat a la Diputación de Valencia.

Los populares se autodesmentieron así este miércoles el bulo que fabricaron meses atrás, cuando saltó el escándalo de la adjudicación de viviendas protegidas de Alicante a algunos cargos, funcionarios y personas afines a los populares en el Ayuntamiento de la capital alicantina. Para tratar de derivar responsabilidades en los partidos de la oposición denunciaron que el funcionario que debía comprobar que los adjudicatarios cumplían todos los requisitos y que fue suspendido de empleo y sueldo por cometer presuntas irregularidades, fue ascendido por Compromís en la épica del Gobierno del Botánico. La realidad es que accedió al cargo por medio de una comisión de servicio.

El pasado 3 de febrero, el síndic del PP, Nando Pastor, afirmó que es “curioso” que Compromís pida una comisión de investigación sobre el caso de las viviendas “cuando en realidad, son los únicos que tienen que dar explicaciones en esta cuestión”, ya que denunció que “el funcionario que ha tenido que ver con todo lo ocurrido no fue ascendido por nadie del PP, fue ascendido y puesto a dedo en ese sitio tan concreto por Compromís, por los responsables políticos del Botànic”, el anterior gobierno valenciano que compartían PSPV y Compromís.

“Por lo tanto, es Compromís quien tiene que dar todas las explicaciones del mundo”, insistió, para reclamar al síndic de la coalición, Joan Baldoví, y a sus dirigentes políticos que digan “qué demonios, qué narices vieron en ese funcionario y lo nombrasen a dedo para estar en el sitio adecuado”.

Este miércoles, preguntado por la comisión de servicio que ha posibilitado el traslado de la pareja de Pérez Llorca, ya no se habló de ascensos ni de adjudicaciones a dedo, siendo exactamente el mismo caso. Pastor afirmó que la comisión de servicios “es una práctica habitual en la Función Pública” y que consiste en trasladar una plaza de un puesto público que uno tiene en propiedad a otra administración, y ha preguntado “dónde está el problema”.