La Audiencia Provincial de Valladolid obliga a las entidades financieras que cubrieron los tratamientos de Idental a devolver a sus clientes el importe de estos tratamientos defectuosos o no practicados por entender que en los contratos de préstamos al consumo existe una vinculación entre el contrato de prestación de servicios suscrito con la clínica dental, que “desapareció sorpresivamente del mercado”, y el contrato de financiación firmado con el banco.

En tratamientos no realizados o mal realizados, la entidad financiera debe devolver al consumidor las cantidades que el cliente haya pagado en devolución del crédito concedido; en caso de tratamientos incompletos, debe restituir esas mismas cantidades, pero descontado el valor de lo bien hecho que redunde en utilidad del consumidor.

La Sección Primera ha reconocido el derecho de una consumidora que acudió a una clínica de Idental para un tratamiento a percibir 1.713 euros, importe equivalente al valor total del tratamiento dental financiado. Pero el Tribunal estima el recurso de la financiera, Banco Cetelem, contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia 1 de Valladolid y exonera al banco del abono de la reparación o el tratamiento completo y de pagar los daños morales, conceptos por los que el Juzgado de Instancia reconoció a la clienta de la clínica dental el derecho a percibir cerca de 4.500 euros frente a los más de 20.000 a que ascendía su reclamación.

“Quedan fuera de dichas obligaciones las de indemnizar al consumidor por los eventuales daños materiales y morales derivados de la negligente actuación de Idental, que solo a dicha entidad resultan imputables”, precisa la Sala que clarifica así los derechos que puede ejercitar el consumidor contra el prestamista en los contratos de préstamos al consumo ante la falta de precisión de la Ley de Contratos de Crédito al Consumo y de la directiva europea sobre la materia incorporada a la legislación española, que se limitan a decir que son los mismos derechos que el consumidor tiene frente al proveedor.

La Audiencia vallisoletana considera que el banco tiene que responder porque lo que suscribe el cliente con la financiera es un “contrato” vinculado. “Estamos ante un contrato en el que el crédito contratado sirve exclusivamente para financiar un contrato relativo al suministro de bienes específicos o a la prestación de servicios específicos (en el caso de litis, servicios dentales), y ambos contratos, el de prestación de servicios (contrato de consumo) y el de financiación o crédito, constituyen una unidad comercial desde un punto de vista objetivo”, señala la sentencia.

Los magistrados de la Sección 1ª, en una sentencia de la que ha sido ponente el presidente Francisco Javier Carranza, mantienen que, si bien es de una “injusticia palmaria” que el consumidor tenga que seguir pagando el préstamo concertado para adquirir una cosa o servicio que no se le ha prestado (o que se le ha prestado mal) no se puede afirmar que la responsabilidad de la entidad financiera sea la misma que la del proveedor.

En este sentido, la Sala considera que el alcance de los derechos ejercitables por el consumidor frente a la entidad financiera en los contratos vinculados del artículo 29.3 de la Ley de Contratos de Crédito Consumo “debe limitarse al que podemos denominar objeto prestacional del contrato de financiación, esto es, a la cantidad financiada, único elemento sobre el que recae el consentimiento y el poder de decisión y control de la entidad financiera y, por lo tanto, su responsabilidad”. Tal decisión excluye “ las eventuales indemnizaciones de daños y perjuicios cuya fuente obligacional es ajena a dicho objeto y no puede ser controlada por la entidad financiera, puesto que trae causa del comportamiento negligente del vendedor de la cosa o del prestador del servicio financiado”.

La sentencia añade que “el objeto prestacional del contrato de financiación se corresponde con el valor total (en caso de financiación del total) o parcial (en caso de financiación solo de una parte) del valor de la cosa o del servicio prestado en el contrato de consumo vinculado”. Aclara que “ la cantidad máxima de la que debe responder la entidad financiera frente al consumidor en caso de incumplimiento contractual del proveedor, en este caso, Idental, es la cantidad financiada. Y esto es así porque de no establecerse dicho límite ” la entidad financiadora se convertiría en una especie de fiadora sin beneficio de exclusión, o de aseguradora de la responsabilidad contractual del proveedor sin límite cuantitativo alguno, lo que conduciría, por razones obvias, a una drástica reducción o práctica desaparición de las ofertas de financiación en perjuicio de los intereses de los consumidores entendidos en su conjunto“.

La Audiencia Nacional juzgará a 35 personas en la pieza económica del caso iDental, que desvela un entramado financiero que logró 54 millones de euros de Bankia para financiar compras empresariales que acabaron quebrando para defraudar el dinero. Entre las sociedades afectadas están dos ubicadas, y hoy cerradas, en la provincia de León y que han dejado en el paro a 40 trabajadores.

A principios de 2016 saltaba la noticia, el fondo de inversión Weston Hill Asset Management compraba el manantial y la embotelladora de la Corporación Pascual en Folgoso de la Ribera y la patatera Centro AGM de Manipulados de Alimentos en Riego de la Vega para hacer inversiones millonarias y multiplicar beneficios y empleos en ambas empresas.

La realidad es que a día de hoy los dueños y directivos del fondo están acusados por la Audiencia Nacional de estafa continuada, apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y organización criminal. Y las empresas leonesas, en las que supuestamente iban a invertir hasta 24 millones de euros, están cerradas a cal y canto y sus trabajadores en la calle.

Todo este entramado criminal, como textualmente lo llama la Audiencia Nacional, fue montado en el año 2015 por los ejecutivos Luis Sans y los hermanos José María y Juan Garrido López, que configuraron una “una organización criminal con el objetivo de obtener multimillonarios beneficios ilícitos mediante actividades falsa”. Entre sus colaboradores imputados está el ejecutivo Jaime Bagur y antiguo alto directivo de Bankia.

Su actividad consistió, según el juez José de la Mata, en el “desarrollo de una estructura societaria gracias a la cual consiguieron fraudulentamente una importante financiación de la entidad Bankia para su inversión en distintas explotaciones mercantiles, con el objetivo de su enriquecimiento personal a costa de los fondos desembolsados por la entidad bancaria. Y todo ello, en perjuicio de la viabilidad de las explotaciones económicas adquiridas y de la integridad patrimonial de la financiera”. Para ello ficharon al director de análisis de riesgos de Bankia, el también imputado Jorge Puga, que les facilitó financiación para comprar empresas, entre ellas la patatatera y embotelladora leonesas. Pero un dinero que no usaron para el crecimiento de las sociedades, sino para su enrequecimiento personal.

La operación fue repetida en al menos seis empresas, y ha supuesto un fraude de 54 millones de euros en préstamos hipotecarios obtenidos a favor de la organización investigada, cita el auto que los aboca a juicio. Posteriormente aplicaron la técnica en la sociedad iDental, que derivó en la operación 'Apolonia' en la que fueron detenidos y destapado todo el entramado de fraude empresarial.

El sistema del fraude

Para lograr sus objetivos la organización criminal constituía una sociedad o bien adquiría las participaciones de una sociedad constituida previamente “utilizando para ello a terceras personas interpuestas, con la clara finalidad de que los verdaderos artífices y beneficiarios de estas no aparecieran como administradores de estas mercantiles”.

Una vez montada la empresa “se elaboraba un documento bancario ficticio mediante el cual se certificaba la existencia de un capital millonario de la sociedad recientemente creada/adquirida en una cuenta bancaria del USB Bank de Zúrich (Suiza). Naturalmente, el documento era falso y el capital inexistente”. Seguidamente realizaban una ampliación de capital de la sociedad mercantil siempre mediante un supuesto desembolso de fondos (también inexistente) por parte otra sociedad pantalla.

Entonces era cuando acudían a Bankia para la obtención de créditos hipotecarios por valor superior a la inversión que se pretendía. Ese dinero servía para comprar las empresas y, a la vez, para “disponer del resto de los fondos otorgados y no utilizados en la compra, para desviarlos a su propio patrimonio a través de sociedades interpuestas mediante transferencias bancarias”.

En el caso de las empresas leonesas afectadas la operativa del fraude detallado por el juez es el siguiente. En 2015 crearon la sociedad Agua Vitaminada N+1 para comprar la embotelladora de Folgoso de la Ribera. Para ello ampliaron ficticiamente el capital social de la mercantil en 6 millones euros mediante su supuesto depósito en una cuenta de la sucursal del USB de Zúrich, lo que les permitió solicitar y obtener un crédito hipotecario de 7,5 millone euros de Bankia.

En el caso de la patatera usaron la sociedad Kinlan Business en 2015 para comprar las participaciones de la patatera AGM, a la que luego le cambiaron el nombre por Patatas Naturales Seleccionadas, ampliado el capital por 5 millones de euros, gracias a lo que Bankia les concedio 6,5 milones de euros.

Para conseguir estos fondo la organización criminal lograba que el directivo de Bankia compinchado aceptada valoraciones hinchadas de las empresas. Así la patatera supuestamente valía 4,3 milones y la embotelladora berciana 11,5 cuando según valoraciones independientes en realida eran 2,7 y 1,4 millones respectivamente.

De los 7,5 millones de euros de la empresa de la embotelladora de Folgoso de la Ribera pagaron 2,75 millones a la Corporación Pascual y otros casi 3 millones de euros fueron pagos a una sociedad inexistente que el juez cree que eran a testaferros de los hermanos Garrido López y Luis Sans. En la empresa usada para comprar la patatera de los 6,5 millones recibidos se pagaron 3,5 a la empresa AGM titular de la explotación patatera, del implicado en la trama Enredadera Ángel Luis García 'El Patatero', y otros 2,5 y 1,5 millones a empresas y directivos de la trama imputados por el fraude.

El juez De la Mata detalla además, gracias a un grupo de Whatsapp llamado 'Samurai Capital' que los hermanos Garrido López y Luis Sans idearon llevar a las sociedades Agua Vitaminada y Patatas Naturales a concurso de acreedores, “asegurándose no aparecer como responsables y gestionado desde fuera por una sociedad no vinculada a ellos”. Todo ello a que consideraban en las conversaciones de Whatsapp que esas quiebras, situación hoy de las empresas, iban a conllevar numerosas demandas civiles de las que no querían ser responsables.

El entramado montado incluía facturación cruzada entre las sociedades, ventas de activos por debajo de su valor y cambios accionariales bajo sospecha de fraude. Las 2 empresas leonesas se declararon en concuro de acreedores en el año 2018 y a día de hoy permanecen cerradas y sin actividad. Desde que el supuesto fondo las compró han costado el puesto de trabajo a 40 trabajadores de la dos factorías.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide penas de seis años de cárcel para los cinco máximos responsables del Grupo iDental por un fraude a la Seguridad Social, valorado en 23,6 millones de euros, y de tres años para dos colaboradores, así como multas que van de los 3,5 millones a los 90,3 millones de euros.

En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, la Fiscalía, que considera a todos ellos responsables de un delito continuado contra la Seguridad Social perpetrado entre 2015 y 2018, solicita las máximas penas de 6 años y multa de 46,1 millones de euros para Antonio Javier García Pellicer y Vicente Castañer Blasco.

La misma pena de cárcel que reclama también para Luis Sans, y los hermanos José María y Juan Garrido López, a los que pide abonar 90.304.807 euros de multa.

Los dos colaboradores -José Luis González Sánchez y Domingo Bejarano-, a los que considera cooperadores necesarios en el delito, se enfrentarán por su parte a 3 años de prisión, y multas de 41,9 y 3,2 millones de euros, respectivamente.

Para la Fiscalía se ha producido “un perjuicio millonario a las arcas de la Seguridad Social que se empezó a acumular con la gestión de los acusados Antonio García Pellicer y Vicente Castañer Blasco cuando ocupaban los cargos de responsabilidad en las empresas que conforman el Grupo Idental”.

Perjuicio que, tras “el relevo de estos y el nombramiento de José Luis González Sánchez como administrador, con la dirección efectiva de los acusados Luis Sans Huecas” y los hermanos Garrido “ha llegado hasta la cifra, incluidos intereses, costas y recargo” de 23.620.980 euros.

En este procedimiento, una pieza separada de la causa en la que se investiga el presunto fraude de las clínicas odontológicas Idental, también es parte acusadora la Seguridad Social que según su escrito de calificación, al que también ha tenido acceso Efe, pide las mismas penas de cárcel para los procesados que las solicitadas por la Fiscalía.

En cuanto a las multas, a los siete encausados les reclama el “séptuplo de la cuantía defraudada”, que, en el caso de la Seguridad Social, se cree alcanza los 23.757.460 euros.

La causa distingue dos etapas en el fraude de iDental, una primera en la que se acumularon 8,5 millones de deuda y una segunda en que llegó hasta los 16,6 millones.

A esto suma un tercer periodo, cuando se trató de repetir la estafa con el Instituto Odontológico Asociados (IOA) en el que los impagos fueron de 1,7 millones.

En una primera etapa, estando al frente de las 55 empresas del Grupo iDental Castañer y García Pellicer, la Seguridad Social concluye que los impagos acumulados de febrero de 2015 a octubre de 2017 alcanzaron 8,9 millones de euros, por los que les reclama 11,5 millones en concepto de responsabilidad civil.

En cuanto a las 21 sociedades cuyas participaciones fueron transmitidas en octubre de 2017, acumularon 16,1 millones de deuda, por los que reclama 20,9 millones en concepto de responsabilidad civil a Sans, a los hermanos Garrido y a sus dos colaboradores.

A esto se añaden las deudas acumuladas por el Grupo IOA, que ascienden a 1,3 millones, por la que Sans, los hermanos Garrido y Bejarano deberán ser condenados también como responsables civiles a pagar 1,6 millones.

Tras la presentación de los escritos de acusación, a finales de octubre, el juez del caso, José de la Mata, dictó recientemente el auto de apertura de juicio oral por estos hechos, que serán los primeros relacionados con el caso Idental que serán juzgados..

Según De la Mata, el grupo iDental empezó a acumular irregularidades cuando García Pellicer y Vicente Castañer ocupaban los cargos de responsabilidad en sus empresas y que continuaron creciendo tras el relevo de éstos y el nombramiento de González Sánchez.

El auto detalla las distintas etapas de iDental y del IOA entre 2015 y 2018, en las que los imputados desarrollaron maniobras que “señalan el ánimo defraudatorio de los responsables del grupo, que revelan el vaciamiento patrimonial del mismo mediante la salida de fondos o generando ficticias obligaciones para su provecho en caso de convenio concursal”.

En la causa que se sigue por este fraude en la gestión de iDental, el juez de la Mata requirió a decenas entidades financieras que cesaran de reclamar a los afectados la devolución del dinero que abonaron por unos tratamientos que no llegaron a recibir o que quedaron interrumpidos. 

El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Valladolid ha fallado a favor de una de las damnificadas por la macro estafa de iDental y en contra de una de las financieras de estas clínicas dentales, EVOFinance, que deberá indemnizarla con 5.000 euros por el tratamiento incompleto recibido.

La financiera, que prestó 3.000 euros en 2015 a la demandante, defendida por los abogados de la Plataforma en Defensa del Paciente (Afecade), ha sido condenada a pagar 5.000 euros en concepto de cantidad necesaria para completar el tratamiento que iDental llevó a cabo defectuosamente y dejó sin terminar por el cierre de las clínicas en 2018.

Además, la justicia también condena a EVO a pagar los intereses que pudieran corresponder desde la interposición de la demanda y a dar como resuelto el crédito contraído, aunque éste ya había sido satisfecho en su totalidad por la demandante.

Los hechos se remontan al mes de agosto de 2015 cuando la paciente contrató un tratamiento con iDental -implantes y prótesis removibles- por el importe de 3.000 euros, y que fue financiado a través de Fracciona (ahora EVOFinance), a razón de 36 cuotas mensuales de 83,34€ cada una.

El crédito fue suscrito por el hijo de la paciente. Dicho crédito ha sido satisfecho. No así el tratamiento, que fue defectuoso (prótesis rotas, movilidad de los tornillos, etc) y que fue interrumpido unilateralmente por iDental a mediados de 2018 a raíz del cierre de las clínicas.

El juez de primera instancia, sin embargo, ha desestimado la petición de la demandante de una indemnización de 34.200 euros por el daño moral ocasionado y los graves perjuicios físicos del tratamiento defectuoso (inflamaciones continuas, dolores de cabeza, temor al contagio de VIH y de hepatitis, problemas laborales derivados, etc), al considerar que la financiera no puede ser responsable del delito contra la salud cometido por iDental.

Desde Afecade, los letrados que han defendido a una de las afectadas por iDental aseguran estar “muy satisfechos con la sentencia. Primero porque se ha hecho justicia y la cliente podrá por fin concluir su tratamiento y tener una salud dental digna. Pero, además, porque se ha admitido uno de los principales argumentos como plataforma: que las financieras deben cumplir con el contrato”.

En este sentido, desde Afecade, que defienden a centenares de afectados con la colaboración de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), se muestran contrarios a que en la sentencia se desestime condenar a la financiera a pagar daños morales.

“Creemos que las financieras deberían abonar estos daños morales, por cuanto la Ley de Contratos de Crédito al Consumo establece que se puede reclamar al suministrador del servicio y además 'todos los derechos' a las financieras. Con lo cual, entendemos que deberían incluirse los daños morales, a los que sin duda hubieran condenado a iDental”.

Pintadas con insultos, los cristales rotos y precintados por la Policía y un cartel que ha permanecido durante meses es lo único que a día de hoy queda de la clínica que iDental tenía en Albacete.  Ha pasado un año desde que cerrase sin previo aviso. Eso sucedió el 11 de junio del 2019. Desde ese momento los cientos de afectados por el cierre en la provincia de Albacete  y otros municipios de la región,  siguen reclamando a todas las administraciones posibles que se declaren este caso como “emergencia sanitaria”. Su reclamación ha llegado hasta Bruselas, la seno de la Unión Europea, pero hoy por hoy, un año después siguen sin conseguirlo.

Los afectados, pacientes que viven en sus carnes esta estafa, estánduelo. Su via crucis apenas acaba de empezar y las historias, aunque cada una distinta a la anterior, tienen características comunes: personas con pocos recursos que acudían llamadas por los descuentos que no eran tales, a una clínica que hasta el día en que cerró pasó todos los controles e inspecciones sanitarios, algo a todas luces imposible de creer después de conocerse las decenas de casos de afectados por Hepatitis, VIH o bacterias a causa de la mala praxis en todo el territorio nacional.

El de Eugenio es uno de los casos más graves de los que se han dado en la provincia de Albacete. Es Manuela, su mujer, quien cuenta su historia. Eugenio ha pagado con su salud la mala praxis de iDental. Acudió a la clínica para arreglarse la boca. “Le pusieron seis implantes” que se rompieron hasta cinco veces por lo que tuvieron que cambiarle las piezas“. Esto le conllevó un nuevo presupuesto que aumentaba la cuantía del inicial ya que la clínica, lejos de asumir la mala calidad de las piezas, responsabilizaba al paciente por las roturas.

Su calvario empezó en la última revisión que tenía Eugenio antes del cierre de iDental.  “Le cambiaron una de las piezas que se había roto” y , tal y como cuenta Manuela, le transmitieron una bacteria que le produjo endocarditis bacteriana. Poco después de que la clínica echara el cierre dejando a cientos de personas con el tratamiento a medias, él empezó a sentirse mal, a enfermar.  Esa bacteria le perforó el corazón, concretamente la membrana del ventrículo izquierdo que casi le cuesta la vida. “Lo operaron a vida o muerte”, explica su mujer.

Acudieron a iDental porque no podían permitirse otra cosa. Son jubilados, con pocos ingresos y una economía que no podía hacer frente al gasto que supone un tratamiento dental, lo que al final les conminó a  quedarse con la opción 'low cost'. Aún así pagaron más de 5.000 euros de tratamiento.

Hoy, un año después, lamentan el abandono al que están sometidos. “Nos dieron un abogado de oficio que nos atendió en el momento pero no hemos vuelto a saber nada”.  Las secuelas hoy permanecen en Eugenio. Su mujer asegura que no es ni la mitad “de lo que él era hace un año”, algo que ha mermado también su salud psíquica: “Tiene una gran depresión”.

Inma, Lola y Vicente

En casa de Inma son dos las víctimas de iDental. “Me pusieron cuatro implantes y una dentadura fija en la parte superior pero es de resina y no de porcelana”, el material con el que se debería poner la prótesis definitiva. “La que yo llevo era para tres meses y la llevo 3 años y medio”, cuenta Inma.  Acudió a iDental por un diente roto “y me quitaron todo lo de arriba. Todo fuera. Sin más. Eso es lo que les interesaba, sacar dientes.”

A su madre a punto estuvieron de quitarle las piezas sanas que tenía en la boca. El cierre de la cadena lo impidió.  “Menos mal que no lo hicieron”, asegura Inma.  Lola sigue hoy todavía haciendo frente a los pagos de una financiera que no desiste en cobrarle por un trabajo a medias y mal hecho.  Y todo ello a pesar de que han dado orden al banco de que no abone los recibos. “El abogado mandó un burofax para detener los pagos pero lo que hacen es pasar los recibos con otra referencia y el banco lo acepta”, nos cuenta la afectada.

En total Inma pagó unos 2.644 euros y su madre, que sigue pagando, tenía pendiente de abono unos 3.000 euros el día que cerró la clínica. Precios que, según les vendía iDental, llevaban hasta el 70% de bonificación y venían subvencionados por el Estado. Una mentira. “Te inflaban el precio y te vendían el descuento pero el resto de dentistas me dicen que lo que pagamos es el precio habitual, no había nada de descuentos”, asegura esta afectada.

Vicente, vecino de Villarrobledo, también se presta a contar su historia. En este caso, además, afecta también a su madre, quien le sirvio de aval para la financiación de su tratamiento. “Necesitaba raspado bucodental, extracción de piezas, me iban a poner implantes”, explica.  Su tratamiento, tras el cierre se quedó a medias y la financiera no se hace cargo de su caso. Le han cobrado por el 50% del tratamiento, ateniéndose a los informes de iDental, pero la realidad es muy diferente. “Tengo que empezar de cero. He ido a varias clínicas que me han dicho que hay que empezar todo el tratamiento y me cuesta 9.000 euros”, añade.

En el caso de Vicente hay un facto más a tener en cuenta: su madre. Al ejercer de avalista tiene que reclamar ella directamente a la financiera como lo ha hecho él, pero sin derecho a abogado de oficio gratuito.

Un año de “duelo” por sus derechos

“Este año ha sido de luchar mucho y conseguir poco, en cuanto a la vulneración de nuestros derechos ha sido un año catastrófico”. La que habla es Paqui López, presidenta de una de las plataformas de afectados creadas en Albacete que en los últimos meses han recurrido a todas las instancias administrativas para pedir justicia. Su sensación es que las financieras “se están yendo de rositas”, mientras que las deudas las están vendiendo a fondos buitres que “acosas a los pacientes” quienes bajo amenazas de embargo de sus viviendas, “al final pagan”.

Una de sus mayores reinvindicaciones es el caso iDental se declare Emergencia Sanitaria, algo que no han conseguido hasta el momento. Éste sería el primer paso para conseguir el objetivo último, que la salud bucodental plena esté dentro de la sanidad pública. “Les hemos hecho los números y cuadran. Es viable y factible”, añade López.

Ante la avalancha de reclamaciones y problemas que siguen surgiendo todavía ahora, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha creado una Oficina técnica de atención a afectados para canalizar todas las peticiones, dudas, reclamaciones y situaciones especiales que puedan necesitar las personas afectadas y que, hasta este momento,  se articulaban a través del Servicio de Consumo de la Dirección Provincial de Sanidad de Albacete.

Hoy esas reclamaciones superan los 1.400 casos en Albacete, la única ciudad de la región que contaba con una sede de esta cadena low cost en la que había, al cierre, 12.500 expedientes.

En este tiempo tampoco  hay mejores noticias con respecto a otras clínicas a las que han acudido para seguir con esos tratamientos. Y es que son pocos los que quieren enfrentarse a enmendar el daño hecho por iDental. “En su mayoría a la gente no se le está atendiendo y a quien se le deriva a otra clínicas y los reciben,  les preparan un informe bucodental donde les dicen lo que les falta, pero nunca dan presupuestos en mano”, se lamenta López.

El cierre de iDental ha traido consigo graves problemas de salud para estos pacientes con dos casos conocidos de infectados de Hepatitis C y B.  Ante esta situación, este jueves, 13 de junio se concentrarán a las puertas de la clínica para escenificar “el velatorio por nuestros derechos que están maltrechos pero no eterrados porque vamos a seguir peleando”.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha adoptado una medida cautelar en el marco del procedimiento judicial de iDental, que consiste en la suspensión de las reclamaciones judiciales o extrajudiciales que se hayan formulado por las entidades financieras que hayan suscrito contratos de crédito vinculados a los tratamientos odontológicos firmados con las clínicas de este grupo.

En un auto, De la Mata adoptada dicha medida “sin perjuicio de las soluciones extraprocesales que se hayan celebrado de forma particular o colectiva por las asociaciones de consumidores o perjudicados”.

Además, el juez también acuerda requerir a las diez entidades financieras (Sabadell Consumer Finance SAU, Banco Cooperativo Español SA; Evo Finance; Santander Consumer Finance; Banco Cetelem SAU; Banco Pichincha; Uno-e-Banka; BBVA Consumer Finance; Finanmadrid SAU Pepper EFC y Montjuic EFC SA) para que cesen en dichas reclamaciones, así como a “abstenerse de incluir en los ficheros de información patrimonial a aquellos perjudicados que hayan cesado en el pago de los créditos contratados y procedan a retirar de los registros citados a aquellas personas cuya inscripción se solicitó por el impago de los créditos”.

Evitar más perjuicios a los denunciantes

El instructor explica que la suspensión de las reclamaciones de créditos vinculados a los tratamientos médicos “permitiría evitar mayores perjuicios a los denunciantes, obligándoles a abonar los gastos periódicos del crédito a sabiendas de que el tratamiento odontológico no les será administrado, sin perjuicio de las soluciones extraprocesales que puedan ser asumidos por aquellos”.

Por el contrario, prosigue, la continuación del pago o ejecución de estos créditos agravaría aún más la situación de los perjudicados, quienes, en los casos más graves, “se ven incluso imposibilitados de acudir a un nuevo tratamiento que trate de resolver su caso, o completar el tratamiento que, en muchos casos, ni siquiera ha sido, aparentemente, iniciado por iDental”.

“En este caso ha quedado acreditado (con el carácter provisional propio de esta fase procesal) un patrón uniforme de actuación consistente en el incumplimiento del contrato de prestación de servicios al que está vinculado el contrato de financiación y la pasividad de la entidad beneficiaria iDental, que se quedó con los capitales recibidos de las entidades financieras y no solicitó la cancelación o interrupción de los créditos al consumo”, explica el instructor.

También, dice De la Mata, ha quedado acreditado que los contratos constituyen una unidad comercial y, por tanto, el incumplimiento del contrato de servicios conlleva la resolución del contrato de préstamo. Igualmente destaca que, por fuentes abiertas, ha constado que las entidades financieras han expresado su inquietud ante la situación y gravedad de los hechos y han manifestado su compromiso para atender las reclamaciones presentadas y su disposición a facilitar soluciones.

Protección de los derechos del consumidor

Con la medida adoptada, señala el juez, se trata de garantizar una protección eficaz de los derechos del consumidor, evitando que una situación claramente injusta se mantenga durante la tramitación del proceso principal. Esto permitirá a los usuarios/prestatarios no sufrir aún más perjuicios, “ahora como consecuencia de la ejecución de un contrato al consumo vinculado a un contrato de servicios que no han sido prestados”.

Dicha medida cautelar, según el juez, les permitirá, tanto a ellos como a las entidades financieras determinar, en función de las circunstancias de cada caso, la solución más apropiada, entre las que puedan estar, indica, acordar que la interrupción del servicio provoque que se cancelen las obligaciones contractuales (en los casos que los servicios no han comenzado) o la cancelación o devolución de los créditos, según corresponda, como consecuencia de la evaluación por un tercero de la parte del tratamiento no prestada.

Otra alternativa, expone el auto, es la continuación del tratamiento iniciado con otras clínicas dentales proporcionadas por las entidades financieras o bien otras soluciones que las partes, en ejercicio de sus derechos, consideren oportunas.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha adoptado una medida cautelar en el marco del procedimiento judicial de Idental que consiste en la suspensión cautelar de las reclamaciones judiciales o extrajudiciales que se hayan formulado por las entidades financieras que hayan suscrito contratos de crédito vinculados a los tratamientos odontológicos firmados con las clínicas del Grupo Idental.

 En un auto, De la Mata adoptada dicha medida “sin perjuicio de las soluciones extraprocesales que se hayan celebrado de forma particular o colectiva por las asociaciones de consumidores o perjudicados”. 

Además, el juez también acuerda requerir a las diez entidades financieras (Sabadell Consumer Finance SAU, Banco Cooperativo Español SA; Evo Finance; Santander Consumer Finance; Banco Cetelem SAU; Banco Pichincha; Uno-e-Banka; BBVA Consumer Finance; Finanmadrid SAU Pepper EFC y Montjuic EFC SA) para que cesen en dichas reclamaciones, así como a abstenerse de incluir en los ficheros de información patrimonial a aquellos perjudicados que hayan cesado en el pago de los créditos contratados y procedan a retirar de los registros citados a aquellas personas cuya inscripción se solicitó por el impago de los créditos.

El instructor explica que la suspensión de las reclamaciones de créditos vinculados a los tratamientos médicos firmados con Idental permitiría evitar mayores perjuicios a los denunciantes, obligándoles a abonar los gastos periódicos del crédito a sabiendas de que el tratamiento odontológico no les será administrado, sin perjuicio de las soluciones extraprocesales que puedan ser asumidos por aquellos.

Por el contrario, prosigue, la continuación del pago o ejecución de estos créditos agravaría aún más la situación de los perjudicados, quienes, en los casos más graves, “se ven incluso imposibilitados de acudir a un nuevo tratamiento que trate de resolver su caso, o completar el tratamiento que, en muchos casos, ni siquiera ha sido, aparentemente, iniciado por Idental”.

“En este caso ha quedado acreditado (con el carácter provisional propio de esta fase procesal) un patrón uniforme de actuación consistente en el incumplimiento del contrato de prestación de servicios al que está vinculado el contrato de financiación y la pasividad de la entidad beneficiaria Idental, que se quedó con los capitales recibidos de las entidades financieras y no solicitó la cancelación o interrupción de los créditos al consumo”, explica el instructor.

También, dice De la Mata, ha quedado acreditado que los contratos constituyen una unidad comercial y, por tanto, el incumplimiento del contrato de servicios conlleva la resolución del contrato de préstamo. Igualmente destaca que, por fuentes abiertas, ha constado que las entidades financieras han expresado su inquietud ante la situación y gravedad de los hechos y han manifestado su compromiso para atender las reclamaciones presentadas y su disposición a facilitar soluciones.

Protección de los derechos del consumidor

Con la medida adoptada, señala el juez, se trata de garantizar una protección eficaz de los derechos del consumidor, evitando que una situación claramente injusta se mantenga durante la tramitación del proceso principal. Esto permitirá a los usuarios/prestatarios no sufrir aún más perjuicios, “ahora como consecuencia de la ejecución de un contrato al consumo vinculado a un contrato de servicios que no han sido prestados.

 Dicha medida cautelar, según el juez, les permitirá, tanto a ellos como a las entidades financieras determinar, en función de las circunstancias de cada caso, la solución más apropiada en cada caso, entre las que puedan estar, indica, acordar que la interrupción del servicio provoque que se cancelen las obligaciones contractuales (en los casos que los servicios no han comenzado)  o la cancelación o devolución de los créditos, según corresponda, como consecuencia de la evaluación por un tercero de la parte del tratamiento no prestada.

 Otra alternativa, expone el auto, es la continuación del tratamiento iniciado con otras clínicas dentales proporcionadas por las entidades financieras o bien otras soluciones que las partes, en ejercicio de sus derechos, consideren oportunas.

El director general de Comercio, Consumo y Simplificación Administrativa, Francisco Abril, instó hoy a las entidades financieras del caso iDental a que no reclamen el importe de los tratamientos no efectuados. El cierre en junio de esta clínica con sede en Cobatillas (Murcia) provocó que un elevado número de pacientes vieran interrumpidos o no concluidos tratamientos que habían sido financiados mediante créditos vinculados.

La Dirección General, dependiente de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, ya se ha puesto en contacto por escrito con dichas entidades, dado que tiene constancia de que algunas de ellas están informando a los afectados de que, si no siguen abonando las cuotas pendientes de los créditos vinculados, serán incluidos en un fichero de solvencia patrimonial y crédito ('fichero de morosos').

Abril advirtió a las entidades de que “continuar con esta práctica anómala puede ser constitutivo de infracción en materia de defensa de los consumidores, con el consecuente inicio de un procedimiento sancionador”. Además, recordó a las entidades que se trata de una vulneración de lo dispuesto en la Ley 16/2011, de 24 de junio, de Contratos de Crédito al Consumo.

Dicho texto recoge que el consumidor, además de poder ejercitar los derechos que le correspondan frente al proveedor de los bienes o servicios adquiridos mediante un contrato de crédito vinculado, puede ejercitar esos mismos derechos frente al prestamista, siempre que concurran dos requisitos.

El primero de esos requisitos es que los bienes o servicios objeto del contrato no hayan sido entregados o no sean conforme a lo pactado en el contrato, tal y como sucede en el caso de iDental. Además, es necesario que el consumidor haya reclamado judicial o extrajudicialmente por cualquier medio acreditado en derecho contra el proveedor, y no haya obtenido la satisfacción a la que tiene derecho.

Cobro indebido

La Dirección General también ha informado a las entidades de que la satisfacción de esos contratos supondría incurrir en un cobro indebido, con las consecuencias previstas en la citada Ley de Contratos de Crédito al Consumo, como por ejemplo el derecho a la indemnización de los daños y perjuicios causados cuando el cobro se produce por dolo o negligencia del prestamista.

Por otra parte, Abril recordó a las entidades que “no pueden exigir acreditación alguna, informes médicos o informes periciales sobre el estado de los tratamientos, puesto que la prestación del servicio no se realizó”. Así, el crédito contratado servía exclusivamente para financiar la prestación de servicios específicos, y ambos contratos constituyen una unidad comercial desde un punto de vista objetivo.

“Se trata de una situación muy delicada para los afectados, y por lo que respecta al área de Consumo vamos a defender al máximo los derechos de estas personas”, concluyó el director general.

El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón ha asumido la atención de 205 clientes de I-Dental, una cadena de clínicas dentales investigada por un presunto fraude masivo a los consumidores cuyo centro de Zaragoza fue clausurado por el ayuntamiento en abril, poco después de que la Fiscalía denunciara su actividad ante los juzgados.

Los clientes de la clínica, alrededor de un millar según las estimaciones de la Asociación de Consumidores Torre Ramona, se quedaron sin asistencia tras el cierre, en ocasiones tras haber pagado por adelantado sus tratamientos y en otras cuando los procesos de intervención bucodental seguían abiertos.

La consejera de Sanidad, Pilar Ventura, señala en una respuesta parlamentaria a la diputada del PP Carmen Susín que en estos primeros siete meses “se han entregado a las unidades de Salud Bucodental 205 expedientes”, 182 de cuyos titulares “han sido llamados y realizada un primera visita solicitando ortopantomografía” en la mayoría de los casos. Otros diez no han podido ser localizados.

Tras esa radiografía de la boca, 107 de esos 182 afectados han sido derivados al Servicio de Admisión del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza, que participa en el dispositivo especial de atención junto con el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Aragón y la fundación Odontología Solidaria, mientras los 75 informes restantes están a la espera de recibir los resultados de las pruebas radiológicas.

El acceso al dispositivo requiere superar antes una valoración de la situación socioeconómica basada en el resultado de la declaración del IRPF de 2017, ya que el protocolo de atención está restringido a rentas de menos de 18.000 euros anuales, aunque ese nivel se flexibiliza cuando se trata de desempleados, discapacitados y miembros de familias numerosas o monoparentales.

“Los criterios para acceder a la lista de afectados con derecho a reparación bucodental, son la renta (rentas inferiores a 18.000 euros), o circunstancias sociales” valoradas en función de la renta, señala Ventura.

Un calvario para acceder al juzgado

La situación de los afectados por el cierre y el funcionamiento de I-Dental volverá dentro de unas semanas a las Cortes de Aragón, que debatirán una propuesta de resolución de los conservadores sobre este tema.

Los populares reclaman al Gobierno de Aragón que “establezca un convenio de colaboración entre el Salud y el Instituto de Medicina Legal de Aragón” para que odontólogos y forenses realicen “las valoraciones periciales del estado de salud bucodental de las personas afectadas por la estafa de ¡Dental con la finalidad de poder ser presentadas ante los tribunales”, así como ante los bancos con los que contrataron “créditos al consumo vinculados a los tratamientos” que no terminaron de recibir o que fueron defectuosamente ejecutados.

Los conservadores recuerdan que esas valoraciones son necesarias para fundamentar las reclamaciones.

Sin embargo, los afectados “están encontrando dificultades para realizarlas en el sector profesional privado”, ya sea por “el elevado coste que les piden”o por “las negativas que están obteniendo de algunos profesionales independientes”.

Y, también, “por la falta de confianza que les supone trabajar con otras cadenas odontológicas que sí aceptarían realizar esa valoración, pero a los exclusivos efectos de poder ser tratados en esas mismas clínicas” y sin que los informes puedan presentarse “ante los tribunales ni ante cualquier otro órgano”.

Ana Tamargo (Madrid, 1977) es una de las mas de 300.000 personas afectadas por la estafa de Idental. En 2016 acudió a una de las clínicas para que le colocaran varios implantes bucales. Siempre había querido arreglarse la boca, pero debido a sus ingresos no había podido permitírselo. Idental se anunciaba como una “clínica de asistencia social” y Ana, como tantos otros clientes, pensó que iban a ayudarla. Su intervención costaba 7.000 euros, pero gracias a esa supuesta ayuda, solo tenía que desembolsar 1.800, un dinero que le sería adelantado por una financiera.

Después de una mala experiencia durante la primera limpieza bucal se echó atrás y decidió no continuar con el proceso. Pero el contrato con la financiera seguía vigente y durante once meses tuvo que pagar un total de 550 euros por una intervención que no le habían hecho. Este modelo es el mismo que la cúpula de la compañía quería repetir en los llamados Institutos Odontológicos y que ha supuesto esta semana la prisión incondicional para el exdirectivo de la compañía Luis Sans y para otras otras tres personas más. Al final, después de varias reclamaciones, a Ana le devolvieron su dinero. Se considera una afortunada. Ahora, aprovechando que está desempleada –trabajaba como limpiadora– trata de asesorar a otros afectados a través de las redes sociales.

¿Llegó a iDental pensando que prestaban un servicio social?

Sí. Todo el mundo iba a las clínicas creyendo que te daban una ayuda del Estado o de alguna institución benéfica. Se anunciaban diciendo que tenían convenios con Cruz Roja y con Cáritas, y nosotros, que en muchos casos somos personas sin demasiada cultura, nos lo creímos. Jugaban con que la mayoría jamás habíamos ido al dentista. Te hacían un presupuesto de muchos euros y luego te decían que te aplicaban un tanto por ciento de descuento por esa ayuda. En mi caso la intervención costaba 7.000 y me lo dejaban en 2.800. Dije que era demasiado y en menos de un mes me volvieron a llamar para decirme que me reducían 1.000 euros y que una financiera me iba a conceder un préstamo en condiciones muy ventajosas.

¿No le pareció extraño?

Me resulto raro, pero me iban a arreglar la boca a un precio supuestamente subvencionado. El contrato me llegó por correo electrónico y creo lo firmé sin apenas leerlo. Te pones tan contenta de que te hayan concedido un crédito para una cosa tan necesaria...

Hay gente que denuncia que en los contratos había datos falsos ¿fue su caso?

Para que la financiera pudiera concederte el préstamo tenían que inventarse datos que probaran que eras solvente. Mi contrato decía que estaba casada, que cobraba mil euros y que no tenía hijos. Todo era mentira. No estoy casada con mi pareja y tengo un hijo. Creemos que las financieras e iDental estaban compinchadas, o que al menos lo estaban los comerciales. Si había relación entre las empresas es algo que no sabemos.

¿Cómo fue su experiencia con los servicios odontológicos de iDental?

Primero me hicieron una limpieza bucal. Tengo las encías muy sensibles y cuando la dentista empezó me hizo muchísimo daño, así que solicité anestesia. El anestesista llegó con muy malas formas. Empezó a hacerme preguntas y yo me sentí fatal. Entonces la dentista me vio la boca y me advirtió de que no iban a poder colocarme el implante. Me negué a seguir con el proceso. Había una cláusula según la cual, si rescindías el contrato después de 14 días, tenías que pagar todo el tratamiento: en mi caso fueron 7.000 euros. Tuve que estar 11 meses pagando las letras, pero hay pacientes que tuvieron que abonar toda la intervención. Así que, a pesar de todo, tuve suerte.

¿Durante ese tiempo tuvo que seguir pagando?

Sí. En total 550 euros. No quería que me metieran en una lista de morosos. Entonces reclamé a la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid. Me dijeron que no era de su competencia y me derivaron a la Consejería de Sanidad. Ellos me volvieron a derivar a Consumo. Al final decidí poner una reclamación a la financiera en el Banco de España. Seguramente les entró miedo y en dos días me devolvieron mi dinero.

¿Cómo cree que ha sido la respuesta de las administraciones en este caso?

Evidentemente el Ministerio de Sanidad no ha abierto las clínicas de iDental, pero cuando empezaron a llegar tantas denuncias y reclamaciones se podía haber hecho algo más. Esto se ha permitido desde 2015. ¿Nadie había visto nada raro? Ahora el Ministerio ha dicho que va a luchar contra la publicidad engañosa y nos parece muy bien… aunque eso ya estaba aprobado. Algunos partidos políticos nos han escuchado y asesorado. Nos reunimos con el PSOE, Podemos y Ciudadanos en el Congreso este mes de marzo y nos recomendaron fundar la asociación de afectados por iDental Adafi.

Ahora trata de ayudar a gente por su cuenta ¿por qué lo hace?

Es por empatía. Hay muchísima gente mayor que no sabe a quién acudir, que sienten vergüenza y no quieren decirle a sus familias que se han quedado sin dientes y sin dinero. Mucha gente solo quiere hablar contigo. He hecho muchos amigos. Gente a la que acabas queriendo mucho porque hablas con ellos a diario. Señoras mayores que no saben ni encontrar un teléfono en internet. Tengo el móvil lleno de fotografías de bocas que me mandan otros afectados. Es terrible. Pero tenemos que apoyarnos.

¿Cree que la salud bucodental debería estar dentro del sistema nacional de salud?

Por supuesto que sí. Desde Adafi y Actora Consumo –una asociación de consumidores zaragozana– se ha empezado a recoger firmas para que así sea. La salud bucodental tiene que ser un derecho sanitario como cualquier otro. No es sólo una cuestión estética. Con una salud bucal deficiente se producen producir problemas estomacales, digestivos e incluso psicológicos. Nos va a llevar mucho tiempo recoger todas las firmas, pero lo conseguiremos.

La estafa de iDental presenta el marco perfecto en el que la financiarización de la economía es capaz de introducirse en las mentes y en los cuerpos de las personas hasta dejarles sin dientes. Esta salvaje hipótesis se ha hecho realidad en este país, donde hemos visto a personas de todas las edades, sin muchas de sus piezas dentales, tras haber caído en la trampa de contratar un tratamiento bucodental y un préstamo financiero para sufragarlo (a través de las entidades Evo Banco, Sabadell, Cetelem o BBVA). Y esta no es una estafa aislada, es parte estructural del modelo económico global en el que deambulamos.

Las estafas en las cadenas de clínicas dentales se han vuelto una práctica habitual en España, porque antes de iDental, las han pergeñado también Vitaldent, Fannydent… y atentos a las que vendrán. Y es que la mano invisible del mercado aprieta y ahoga en un país con más de 25.000 clínicas dentales y con 34.500 dentistas (Consejo General de Dentistas de España), entre los cuales hay jóvenes dentistas trabajando en condiciones precarias en estas empresas mercantiles que compiten entre ellas abaratando costes y precios. Y mientras el mercado hace de las suyas, no parece que desde la sanidad pública se esté haciendo mucho para integrar el servicio de salud bucodental entre sus prestaciones, aunque proclame que del mal cuidado dental se derivan muchas enfermedades y a veces graves problemas para nuestra salud.

Pero volvemos sobre el modelo económico. El geógrafo David Harvey acuñó el concepto de “Acumulación por desposesión” para dar compresión a esta estrategia neoliberal. Este concepto remite procesos en los que el capital, tras momentos de gran acumulación especulativa –como en la burbuja inmobiliaria que llevó a la crisis- sigue acumulando a partir de sustraer a las capas más precarias y pobres de la sociedad lo poco que les queda.

Lo más cruel de esta dinámica de desposesión se desempeña robándoles aquello que es imprescindible para la vida. Lo podemos observar con estos más de 10 años de desahucios por hipotecas (viviendas que bancos y fondos de inversión utilizan ahora para controlar el mercado de alquiler); lo vemos ahora con la generación de una nueva burbuja inmobiliaria a partir de la especulación con el mercado de la vivienda de alquiler; lo hemos visto con la privatización de la gestión del agua en municipios endeudados tras la crisis, lo que ha generado la subida del precio y el aumento de los impagos y cortes de agua; lo vemos con la proliferación de casas de apuestas y juegos; lo hemos visto con la disminución del gasto en sanidad y educación pública y el aumento de la privatización de ambas; y ahora lo vemos a través de la especulación con los dientes de las poblaciones con menos recursos económicos.

Se trata, en definitiva, de que todo aquello que estaba o debería estar protegido, porque tiene el objetivo de satisfacer necesidades básicas de la gente, como la vivienda, la educación, la protección de la salud, de la alimentación, el acceso al agua potable… es ahora objetivo primordial del capital, desposeyendo así al que menos tiene, repito, de lo poco que le queda. Este mantenimiento voraz y cruel del sistema es quizás lo más semejante a una guerra sin armas, que está dejando un mar de heridos con cicatrices que se encarnan en sus mentes y en sus cuerpos, a veces de forma irresoluble (y que me perdonen aquellos territorios en guerra de este mundo). Las fotos de un grupo de mujeres en una protesta, mujeres de diferentes edades afectadas por iDental, con cara de rabia y con las bocas abiertas sin dientes, es la imagen de la distopía que no nos anunciaron los “dentistas con corazón”, como así se presentaban los de iDental.

¿Y quién lleva a cabo esta brutalidad? La empresa iDental es en realidad un conglomerado de empresas. Entre ellas, ya ha quebrado “Medical Global Investments”, sobre la que el informe del acreedor señaló: “Ha desplazado toda su actividad y giro comercial a otra entidad”, con el objetivo de “ocultar responsabilidades, para el alzamiento de bienes y para la defraudación a los acreedores”(…) “iDental es un monumental fraude que arrastra a los clientes/pacientes/damnificados con escasos recursos monetarios hacia la más absoluta ruina económica y a irremediables perjuicios e incontrolables secuelas nocivas para su salud”.

No es gracioso saber que, antes de esta situación, antes de que supiéramos que nuestros dientes valían tanto, el fondo buitre Weston Hill Asset Management se había quedado con iDental por 25 millones de euros, supuestamente, para salvar la empresa. Está claro que era imposible intuir dónde se estaba metiendo una persona cuando decidió entrar a una sede de iDental a preguntar que “¿qué es eso de que nos beneficiamos de subvenciones para ayudar a arreglar la boca a quien no tiene muchos ingresos?”. Aquí no vale eso que ha dicho algún odontólogo refiriéndose a las víctimas: “Ellos eligieron lo que querían hacer”. Aquí no hay azar ni igualdad de oportunidades, hay estrategia, hay estafa y hay crueldad.

Así, tras unos meses cerradas las clínicas, se abrió la vía judicial de la “estafa iDental” gracias a que los afectados y afectadas se han organizado y se han puesto manos a la obra. Y la lucha no es fácil, pero ya es mucho que en tan pocos meses la estafa iDental haya sido reconocida y categorizada como tal desde las instituciones públicas. El juez de la Audiencia Nacional, José de La Mata, apunta los supuestos delitos de estafa, administración fraudulenta, falsedad documental, lesiones apropiación indebida, delitos contra la salud pública y blanqueo de capitales. Casi nada.

Y esto nos abre también muchas preguntas: ¿Dónde están los controles públicos para haber evitado esta situación? ¿Cómo es posible que este tipo de estafa se repita con diferentes empresas durante años? Se van a exigir responsabilidades a las empresas -si encuentran a sus propietarios-, pero ¿y las responsabilidades del Estado por no controlar estas prácticas? ¿Qué se puede hacer desde las diferentes instituciones públicas para abordar el problema?

De momento, las instituciones políticas que han aprobado medidas, el Congreso de los Diputados y, en nuestra comunidad, la Asamblea Regional, tienen que esforzarse por ejecutarlas con todas las garantías y celeridad posibles. Y también el sistema judicial tiene que hacerse valer adoptando sentencias valientes para responsabilizar a los culpables y reparar en todo lo posible los derechos vulnerados. Así, quizás, se haga saber a la sociedad quién es el culpable –que nunca es el vecino o la vecina-; se pueda aprender mínimamente cómo se ha podido llegar a materializar esa estafa; y, lo más difícil, se pueda hacer sentir que las instituciones hacen todo el esfuerzo para poder reestablecer la salud y la economía de quienes menos tienen y han sido estafadas.

Mientras seguiremos pergeñando la ilusión de democratización de nuestras sociedades, y sobre cómo llegar y cómo puede ser un nuevo “Contrato Social” que evite estos y otros muchos desastres del neoliberalismo.

El escándalo de iDental, clínicas que se presentaban publicitariamente como “dentistas con corazón”, abarca ya a más de 240.000 personas repartidas por todo el Estado con necesidades urgentes de tratamiento, con procedimientos cobrados y no concluidos, con secuelas graves, y –para aquellos que no las sufren ya- con la incertidumbre de quién se responsabilizará de su atención cuando aparezcan los previsibles problemas generados por la evidente mala praxis en la ejecución de los trabajos.

Hace unos días un juzgado de Asturias condenó a iDental y al odontólogo interviniente a indemnizar a una paciente en casi 25.000 € por los daños irreparables acarreados. También la policía allanó 23 clínicas de la compañía, recuperando los expedientes de pacientes allí encontrados, necesarios para la práctica judicial y su posterior atención médica, depositándolos para su clasificación y custodia en hospitales públicos, que estarán disponibles para los afectados a partir del mes de octubre.

Los engaños, haciendo alusión a supuestas subvenciones estatales y una política comercial agresiva ofertando descuentos y financiando las operaciones con créditos bancarios (los bancos, ¡cuando no!) consiguieron un elevado éxito entre nuestras vecinas menos pudientes, que creían haber encontrado un tratamiento barato y accesible.

Dada la envergadura de la presunta estafa, la Audiencia Nacional, a través del juez De la Mata, decidió recientemente asumir la investigación de lo sucedido.

A posteriori, cuando ya habían transcurrido largos meses y después de que se ignoraran miles de denuncias presentadas ante distintos estamentos del Estado nacional y regional, en Andalucía la Junta reacciona... expedientando al inspector que, con varios meses de antelación, venía solicitado el cierre preventivo de algunas de esas clínicas.

Para entonces, el ex alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, ya había abandonado el cargo de Subdirector de Inspección de los Servicios Sanitarios de la Junta, días después de que el escándalo -por la pasividad y abandono con que las administraciones competentes sometieron a los afectados, estimados en 62.000 en Andalucía- estallase de lleno y cobrara relieve público.

Saltan de inmediato las preguntas: ¿Pura coincidencia o huída de la quema inminente? Expedientando al inspector en Andalucía, ¿se busca un cabeza de turco con el que aventar las responsabilidades inherentes a las más altas autoridades sanitarias?

Ante todo este despropósito, sólo cabe exigir justicia y reparación para los miles de afectados de iDental, investigación de los hechos y actuación rigurosa de la justicia con los culpables. También es urgente la paralización de los pagos a financieras y la devolución de lo cobrado indebidamente. Por último, demandamos la cobertura universal de los tratamientos bucodentales por parte de la sanidad pública.

No estamos ante un caso aislado, sino una dinámica extendida en el sector, sustentado en un modelo de negocio basado en franquicias. Se aprovechan así, sin miramientos, del hueco abierto por las débiles prestaciones públicas en la salud dental -parcial y desigual según en el territorio del Estado en el que nos encontremos- y en el dejar hacer de las áreas de Salud y Consumo de las propias administraciones públicas.

NOTA: Los afectados de iDental, después de meses y a veces años de peregrinaje por bancos, oficinas de consumo, Salud Pública, etc., denunciando sus problemas -mala praxis, irregular prestación de los servicios, utilización de material experimental, falta de atención adecuada, tratamientos interrumpidos o sin empezar, devolución del dinero pagado directamente o previamente a través de una financiera, cancelación de las deudas- y dado el olvido al que habían sido condenados por las Administraciones Públicas, han constituido asociaciones para la defensa de sus derechos, que se concentran y manifiestan habitualmente en sus ciudades, reclamándolos. Como ejemplo, en Sevilla existe desde el pasado mes de junio ASAI (Asociación Sevillana de Afectados de iDental) que se reúne habitualmente en APDHA, en nuestra sede de Sevilla en la calle Blanco White.

El magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha ordenado la entrada y registro de todas las sedes que las clínicas dentales 'low cost' iDental tienen por todo el país, un total de 23 establecimientos en los que ya ha entrado la Policía Nacional en busca de pruebas y para hacer inventario de cara a las posibles indemnizaciones de quienes fueron sus pacientes.

Los registros, entre ellos en la sede de iDental en Rivas Vaciamadrid (Madrid), se realizan en el marco de la operación 'Apolonia' y persiguen, además del inventario, recuperar dispositivos informáticos y repositorios de datos que contengan imágenes de pruebas médicas de usuarios para facilitar su devolución a los pacientes, que así podrán continuar con su tratamiento o denunciar, en su caso, según informan a Europa Press en fuentes judiciales.

Para los registros, ejecutados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) y la Unidad de Investigación Tecnológica (UIT) junto con la Científica, la Policía Nacional ha movilizado en torno a 300 efectivos que han procedido a la entrada en las sedes de iDental en 23 provincias.

En concreto, los registros se están efectuando en Gijón, Salamanca (Santa Marta de Tormes), Valladolid, Segovia, Zaragoza, Barcelona, Tarragona, Gerona, Castellón, Valencia (capital y Alfalar), Albacete, Alicante, Elche, Murcia, Almería, Granada, Málaga, Córdoba, Sevilla, Cádiz (Puerto de Santa María) y Las Palmas de Gran Canaria, según fuentes policiales.

De la Mata investiga a iDental por presuntos delitos de estafa continuada, apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, lesiones, contra la salud pública, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, desde que asumió la instrucción el pasado 26 de julio y procedió al registro de 17 sedes en 8 comunidades autónomas para incautar información societaria e historiales clínicos de pacientes.

MÁS DE 200 PIEZAS DE INVESTIGACIÓN

Se estima que podría haber 400.000 afectados en todo el país, que es la cifra aproximada de pacientes que pasaron por estas clínicas contra las que se han venido presentando ya miles de denuncias, que se acumulan ya en más de 200 piezas de investigación repartidas por todo el territorio nacional, aunque podrían llegar a superar el millar.

De hecho, el juez ha establecido un sistema de coordinación con las comunidades autónomas con afectados, la Fiscalía y el Ministerio de Justicia a fin de agilizar la recogida de información y facilitar que los pacientes afectados tengan acceso a los historiales médicos que se encontraban tras el primer registro bajo custodia policial o judicial, documentos imprescindibles para presentar denuncia o continuar el tratamiento.

Esta clínica 'low cost' se dedicaba a prestar servicios odontológicos, aunque ofrecía un sistema de financiación de tratamientos a través de entidades bancarias mediante las que percibía el abono íntegro anticipado de sus servicios. Tras ello, según denuncian los afectados, los pacientes “eran atendidos por personal no cualificado, se empleaba material de baja calidad, y los tratamientos no eran finalizados, dejando los procesos odontológicos incompletos”.

Alrededor de 300 agentes de la Policía Nacional registran 23 clínicas de iDental en 21 provincias para incautarse de equipos informáticos, recopilar pruebas para devolverselas a los pacientes afectados y elaborar un inventario de activos.

Fuentes policiales han informado a Efe que la operación Apolonia, puesta en marcha por orden del juzgado de instrucción número 5 de Madrid, afecta a 23 clínicas: Rivas-Vaciamadrid (Madrid), Gijón, Salamanca, Valladolid, Segovia, Zaragoza, Barcelona, Tarragona, Girona, Castellón, Valencia, Albacete, Alicante, Elche (Alicante), Murcia, Almería, Granada, Málaga, Córdoba, Sevilla, Cádiz y Las Palmas.

En el interior de estas clínicas, la Policía intervendrá equipos informáticos que albergan expedientes médicos de los afectados tras el cierre por el presunto fraude, a fin de que pueden recuperar sus pruebas, completar su tratamiento y, en su caso, denunciar su situación.

Además, los registros permitirán hacer un inventario para que la ORGA (Oficina de recuperación y Gestión de Activos) proceda a la venta anticipada para un posible resarcimiento económico a los afectados.

Los registros que se practicarán durante la jornada son continuación que los efectuados el 3 de agosto, cuando fueron inspecciones a 19 clínicas. El cierre de todas las sedes de iDental ha afectado a miles de pacientes en 24 ciudades españolas, tantas como sedes tenía la empresa, hasta el punto de que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata decidió asumir la investigación por el presunto fraude.

Desde hace meses pacientes de iDental de todo el territorio nacional han venido realizándose pruebas por posible contagio de hepatitis y VIH relacionadas con los tratamientos en estas clínicas dentales. Ahora la plataforma que aúna a los afectados en Albacete ha denunciado la aparición de dos casos de hepatitis. Se trata, tal y como ha explicado a eldiarioclm.es Paqui López, presidenta del colectivo, de un caso de Hepatitis B y otro de Hepatitis C.

Dice López que en ambos casos se trata de personas jóvenes, “gente sana, sin adicciones, con una vida muy normal, sin excesos. Es decir, no son pacientes de riesgo” con el denominador común de haber sido tratados en esta clínica dental 'low cost'.

Especialmente grave es uno de los dos casos, el de hepatitis C, cuyo afectado podría tener el virus desde el año 2015 o 2016 sin haber desarrollado sintomatología. Ahora, tras hacerse las pruebas para la detección del virus, se habría comprobado que hay daños en el hígado después de estos años de afección. “Tiene fibrosis en el hígado”, añade Paqui López que asegura que ahora el paciente requerirá tratamiento de por vida.

Desde hace semanas muchos de los pacientes de esta clínica en Albacete se han practicado estos exámenes médicos para descartar cualquier infección relacionada con una posible mala praxis en los tratamientos de iDental. Por el momento, se cuenta con estos dos casos pero López no se aventura a descartar que puedan seguir apareciendo más, ya que no todos se han sometido a las pruebas.

Otra de las consecuencias que ha dejado iDental estas últimas horas en Albacete es el caso de una paciente, una niña de 15 años, a la que se le ha “descolgado la mandíbula” como consecuencia de la ortodoncia que le habían puesto en la clínica albaceteña. “Estuvimos ayer (este jueves) en el hospital con la madre y la niña que tuvo que ser intervenida por un cirujano maxilofacial que le encajó la mandíbula”, asegura la presidenta del colectivo de afectados de iDental en Albacete. “Es una pena porque le han jodido la vida a una niña de 15 años”, lamenta López.

A finales del mes de junio, en la Comunitat Valenciana, el Defensor del Paciente remitía un escrito a la Fiscalía donde se instaba a “tomar medidas inmediatas porque el tema iDental ha puesto en grave riesgo a todos los pacientes que han pasado por esas clínicas, miles de pacientes a los que se les ha tratado sin esterilizar el material, aparte de la presunta estafa a que han sido sometidos”. Hablaba de posibles casos de contagio de enfermedades infecciosas como hepatitis C, e incluso VIH.

Tras el cierre de las clínicas en todo el territorio nacional el pasado 11 de junio las noticias en torno a esta cadena 'low cost' no dejan de agravarse. Miles de afectados se han quedado con los tratamientos a medias y la deuda con las financieras. Algo que ha provocado que la Audiencia Nacional haya asumido la causa.

La Policía Nacional realizan este viernes registros en 17 clínicas de iDental de toda España a requerimiento de la Audiencia Nacional, han informado a Europa Press fuentes policiales. La inspección se ha realizado en coordinación con la Comisaría General de Policía Judicial, con la colaboración de agentes de la UDEF y la UDEV, además de con Mossos d'Esquadra para los casos localizados en Catalunya.

Los registros también han incluido la sede madrileña de la sociedad de inversión que adquirió iDental, Weston Hill Capital S.L. En una nota de prensa, el tribunal explica que la operación busca “documentación tanto societaria como de historiales clínicos de pacientes, cuyos datos son especialmente sensibles”.

En concreto, se han inspeccionado cinco clínicas en Andalucía (Almería, Cádiz Sevilla, Córdoba y Málaga), otras cinco en la Comunidad valenciana (Valencia, Alicante, Castellón, Elche y Alfafar), tres en Catalunya (Barcelona, Girona y Tarragona), que se suman a los establecimientos examinados en Zaragoza, Gijón, Palma de Mallorca y Murcia.

El magistrado José de la Mata asumió la semana pasada la investigación del presunto fraude masivo de la clínica 'low cost' iDental, después de que al menos 11 juzgados se inhibieran en favor de la Audiencia Nacional. Los motivos fueron el volumen de la causa, el despliegue de la operativa presuntamente fraudulenta a lo largo del país, la complejidad de la estructura societaria montada y las miles de personas perjudicadas.

Se investiga si los hechos denunciados por los clientes de iDental son constitutivos de delito de administración fraudulenta, estafa continuada, apropiación indebida, falsedad documental, lesiones, contra la salud pública, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. El número de perjudicados podría ascender a decenas de miles, según el propio tribunal.

La clínica se dedicaba a prestar servicios odontológicos, aunque de forma paralela ofrecía un sistema de financiación de tratamientos a través de entidades bancarias, mediante las cuales percibía el abono íntegro anticipado de sus servicios.

Tras ello, y según consta en la denuncia de los afectados, “los pacientes eran atendidos por personal no cualificado, se empleaba material de baja calidad y los tratamientos no eran finalizados, dejando los procesos odontológicos incompletos”.

El Gobierno de Aragón –a través de los Departamentos de Ciudadanía y Derechos Sociales y el de Sanidad– la Obra Social del Hospital San Juan de Dios, la Fundación Odontología Solidaria y el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Aragón han suscrito un protocolo de atención para los afectados por el cierre de las clínicas iDental en la comunidad. Con este acuerdo, explican desde el Ejecutivo autonómico, se proporcionará a los damnificados tratamiento de salud, funcional y estético-social, conforme a criterios de vulnerabilidad por renta y otras circunstancias sociales.

Se va a remitir una carta a estos ciudadanos con los formularios oportunos de solicitud de atención y oficio explicativo del protocolo. “Las peticiones serán valoradas y se citará a los afectados para la exploración y propuesta de tratamiento conforme a la cartera de servicios del sistema público de salud y de las entidades colaboradoras que nos acompañan en este protocolo y que están demostrando un sentido ético y una responsabilidad social encomiables”, explica la directora general de Protección de Consumidores y Usuarios, Rosa María Cihuelo.

Las personas que se quieran acoger a este protocolo tendrán que acreditar la situación de vulnerabilidad, con información sobre renta, título de familia numerosa o monoparental, otras circunstancias sociales. Se procederá a valorar las solicitudes conforme a criterios de vulnerabilidad económica (rentas inferiores a 18.000 euros) u otras circunstancias sociales de los afectados.

Los casos resultantes serán evaluados gracias a los voluntarios del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Aragón y de la Fundación Odontología Solidaria; tras estos exámenes, se determinará en cada caso el tratamiento de salud, funcional y estético-social que proceda. En el caso de que estos tratamientos puedan enmarcarse en la cartera de servicios del SALUD, los pacientes se derivarán a la Unidad de Salud Bucodental correspondiente y el resto de los casos, al Hospital San Juan de Dios.

Asimismo, el Gobierno de Aragón ha trasladado formalmente al Juzgado y al Ministerio Fiscal, en el marco del proceso judicial abierto contra iDental, la necesidad de adoptar las medidas que procedan en lo que concierne al aseguramiento y custodia de las historias clínicas de los afectados.

Registro en las clínicas iDental

La Policía registra este viernes la clínica de iDental en Zaragoza en busca de historiales y pruebas. Además de la de la capital aragonesa, apunta EFE, también se efectuarán registros en otras 18 clínicas, en una operación ordenada por el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

En Zaragoza, es Actora Consumo (Asociación de Consumidores de Torre Ramona) quien se encarga de recoger las denuncias. En la actualidad, apuntan, tienen ya 500 expedientes abiertos de pacientes en todo Aragón y están tramitando la documentación de todos los afectados para una denuncia conjunta que, en toda España, “suma ya 300.000 personas afectadas”.

La Consejería de Salud comenzará la próxima semana a citar a los pacientes afectados por el cierre de la clínica iDental en Murcia que han solicitado sus historias clínicas, para hacerles entrega de esta documentación. Hasta la fecha, más de 600 pacientes de la Región han reclamado la recuperación de estos expedientes.

Una vez citados los solicitantes, se les hará entrega de una copia de su historia clínica, ya que el original debe quedar consignado en la Consejería, en previsión de posibles requerimientos de los juzgados.

Hay que recordar que los interesados deben realizar esta solicitud ante el Servicio de Atención al Ciudadano de la Consejería, o por vía telemática, y que este procedimiento es totalmente gratuito.

Desde el pasado 13 de julio, la Dirección General de Planificación, Investigación, Farmacia y Atención al Ciudadano custodia estos documentos, tras obtener autorización judicial para acceder a las instalaciones de iDental en la pedanía murciana de Cobatillas, donde se ubicaba la única delegación de la empresa en la Región.

La Consejería está clasificando el material recuperado y, una vez clasificados y revisados los historiales, se contactará, a partir de la próxima semana, con los afectados que los han solicitado para su entrega.

Las comunidades de Murcia y Castilla y León son las únicas que tienen custodiadas las historias clínicas de los pacientes de esta clínica, tras haber solicitado ambas permiso a los juzgados para evitar su extravío.

La Comunidad sigue trabajando en coordinación con el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y demás comunidades para adoptar las medidas necesarias y defender los derechos de los clientes.

Afectados por la estafa de iDental

Las financieras de iDental se han comprometido a la cancelación de la deuda o bien la posibilidad de ser evaluados sin coste adicional por una clínica alternativa, que posteriormente les permitiría continuar con el tratamiento, según confirmó la Comunidad en un comunicado de prensa.

La Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente requirió a estas entidades (Evo Finance, BBVA, Pepper Finance, Sabadell Consumer y Banco Cetelem) que “informaran sobre el número de clientes con los que tenían contrato para sufragar tratamientos de iDental, así como la proporción que ya había sido abonada en cada caso”.

En la Región de Murcia habría unas 2.000 personas damnificadas entre las 100.000 afectadas en España, aunque se desconoce el número de expedientes que han quedado abiertos tras el cierre de la clínica en la pedanía murciana de Cobatillas el pasado 13 de junio.

El Colegio de Odontólogos presentó una demanda conjunta que incluye los delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad documental.

Los dentistas de estas clínicas daban un presupuesto inflado del coste del tratamiento para los pacientes. El coste medio de estos tratamientos era de 3.000 euros, por lo que la asociación nacional de afectados por iDental (Adafi) calcula que estas clínicas han estafado en torno a 600.000 euros a nivel nacional.

Las malas prácticas de los odontólogos de estas clínicas, algunos de ellos en prácticas, han llevado a que algunos pacientes hayan perdido dientes sanos e implantes o incluso hayan tenido infecciones. De hecho, la alarma saltó con una afectada en Valencia que resultó infectada de hepatitis B al no haber sido tratada con material esterilizado, según informó el diario La Opinión.

El magistrado José de la Mata ha asumido la investigación del presunto fraude masivo de la clínica “low cost” iDental después de que al menos once juzgados se hayan inhibido en favor de la Audiencia Nacional debido al volumen extraordinario de la causa, el despliegue de la operativa presuntamente fraudulenta a lo largo del país, la complejidad de la estructura societaria montada y las miles de personas perjudicadas.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 investigará si estos hechos son constitutivos de delito de administración fraudulenta, estafa, apropiación indebida, falsedad documental, lesiones y contra la salud pública, según expone en el auto en el que recoge que la investigación se inició a raíz de una denuncia de afectados de esta cadena en Andalucía.

La clínica se dedicaba a prestar servicios odontológicos si bien ofrecía paralelamente un sistema de financiación de tratamientos a través de entidades bancarias mediante las cuáles percibía el abono íntegro anticipado de sus servicios. Tras ello, y según consta en la denuncia de los afectados, “los pacientes eran atendidos por personal no cualificado, se empleaba material de baja calidad y los tratamientos no eran finalizados, dejando los procesos odontológicos incompletos”.

“Miles o decenas de miles” de afectados

Aunque se desconoce el número total de perjudicados, según De la Mata existen referencias sólidas de que se trata de miles, si no decenas de miles de víctimas, con decenas de procedimientos judiciales incoados, “habiendo comenzado un tortuoso camino de inhibiciones y acumulaciones que es preciso sistematizar y ordenar, evitando una situación de caos procesal que cause notables perjuicios a los perjudicados y a las propias potenciales personas investigadas”.

Como muestra de la magnitud de la causa, el juez añade las investigaciones administrativas que han incoado distintas comunidades autónomas y colegios profesionales, que se constatan con la simple navegación por Internet. Por ejemplo, los investigadores se han incautado de los historiales de más de 15.000 afectados de una de las sedes de esta compañía en Las Palmas de Gran Canaria

Una única investigación

El juez presagia que, debido al tamaño de la estructura organizativa, su despliegue territorial y su modelo de negocio, se trata de una investigación compleja que requiere de la participación de Unidades Centrales de Investigación “bajo una lógica y dirección únicas”, resultando absolutamente incompatible con un manejo fragmentario y asistemático, como ocurriría en caso de desarrollar la investigación por distintas unidades bajo la dirección de decenas de juzgados de instrucción“.

El auto recuerda el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que fija la competencia de la Audiencia Nacional en el caso de grandes defraudaciones “que puedan causar una grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia”.

Los afectados del caso iDental siguen sin respuesta. El fraude y las malas praxis denunciadas por miles de personas en distintas ciudades de todo el país están investigándose en las fiscalías de distintos puntos desde hace varios meses, cuando comenzaron las quejas y los pacientes se dieron cuenta de que sus tratamientos estaban llenos de irregularidades. Las víctimas aseguran que se les acaba el tiempo, y tanto ellas como sus representantes legales apuntan a otros responsables de lo ocurrido: el Estado.

La mayoría de casos denunciados tienen que ver con pacientes que necesitaban implantes por el mal estado de su dentadura. Pero en estas clínicas, que ya han cerrado, se optaba por una solución más drástica en algunos casos, y que era aplicada por odontólogos muy jóvenes que no tenían supervisión: se extraían todas las piezas de los afectados, también las sanas, para asegurarles que les pondrían una prótesis que les solucionaría sus problemas. En algunos casos, sin avisarles de que iban a hacerlo.

Lo que ocurría, según estos testimonios, es que salían de la consulta con una prótesis provisional que se vendía como la definitiva. En varios casos conocidos por eldiario.es, estas acababan por caerse, dejando a las víctimas sin dientes ni implantes. Los procedimientos también solían ser realizados por numerosos odontólogos, sin que los pacientes tuviesen un profesional asignado en concreto.

Tanto el Ministerio de Sanidad como las comunidades autónomas tenían que estar vigilantes ante las múltiples quejas que comenzaron a acumular estas clínicas, señalan los afectados. La ministra del ramo, Carmen Montón, anunció que enviaría a la Fiscalía toda la documentación de la que disponían y pidió a los bancos que no cobraran las cuotas de los afectados que financiaron tratamientos. Pero eso, por el momento, no se ha traducido en que vean satisfechas sus dos principales demandas: recuperar sus historiales clínicos y que les arreglen la boca.

50% de denuncias con el 2% de cuota de mercado

“La responsabilidad patrimonial del Estado es algo que está ahí. La administración no ha cumplido su labor de vigilancia, ya que los colegios de odontólogos llevaban años denunciándolo”, asegura Ángela de Miguel, abogada y portavoz de la Plataforma de afectados por las cadenas dentales (Afecade), que asiste a 200 personas que ya han denunciado. Según De Miguel, hay estimaciones del Consejo de Dentistas que señalan que “iDental tenía el 50% de las denuncias en el sector cuando disponían del 2% de cuota de mercado”.

Según esta experta, los métodos de iDental podrían formar parte de una “estafa piramidal” por su modelo de financiar los tratamientos de los clientes más antiguos con lo que ingresaban de los nuevos. “Se entraba con una financiera, por el que iDental cobraba el 100% del tratamiento. Después, en tratamientos que duran años, necesitaban nuevos pacientes para pagar lo de los antiguos”, explica De Miguel, en cuya asociación hay 600 personas inscritas.

La portavoz de Afecade tiene claro que el modelo de negocio que empleaba la empresa “no era ayudar a la salud de las personas”. Algo que considera evidente por la mala calidad de las prótesis que se ponían a los afectados y las denuncias de que no se cumplían los procesos de esterilización de los instrumentos utilizados por los odontólogos. Por estas razones, De Miguel insta que actúe “la fiscalía general”. “Puede que se trate de un tema de Consumo por tratarse de un negocio privado, pero los afectados son pacientes antes que consumidores; está claro que es un tema de salud”, añade.

Julia García, que representa legalmente a la asociación Defensor del Paciente, asiste a víctimas de Valencia, Granada, Albacete, Alicante o Málaga. Entre los delitos que ha podido cometer iDental cita los de lesiones o la estafa, a lo que suma la mala praxis y las imprudencias médicas. Tanto ella como De Miguel creen que esta causa puede acabar en la Audiencia Nacional por su complejidad y por afectar a ciudadanos de numerosas ciudades.

García destaca que están estudiando cuál es la responsabilidad de la administración, que fue utilizada por la propia iDental como reclamo. En sus campañas de publicidad en una cadena de televisión o en prensa, se presentaban como “dentistas con corazón” y aseguraban que parte de los tratamientos estaban financiados por las comunidades o el Estado. “El ministerio tenía conocimiento de la existencia de estas clínicas, ya que la gente incluso pensaba que las falsas subvenciones provenían de Sanidad”, apunta la experta.

La abogada insiste en que en los establecimientos de iDental llamaba la atención la mala calidad de los materiales mencionada antes. Algo en lo que también tienen responsabilidad los dentistas que atendían a los clientes. “Lo que más llama la atención es que cada vez eran atendidos por personas distintas, con experiencia bastante escasa. Y si se abre una causa penal, los que hicieron los tratamientos son ellos, por loque también son máximos responsables”, señala García, que estima que “puede haber base para que se abra una investigación por organización criminal”.

Los avisos de los colegios profesionales

Los colegios de odontólogos han declarado en varias ocasiones que llevaban años avisando de lo que estaba ocurriendo en cadenas como iDental y Funnydent. Tanto que incluso recibieron sanciones por sus quejas, como le ocurrió al Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Álava, que fue sancionado con 250.000 euros por la Autoridad vasca de Competencia por la censura que hizo su presidenta de este tipo de clínicas en una entrevista. Posteriormente, el TSJ vasco rebajó la multa a los 9.000 euros.

Desde el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid (COEM), su secretario, David Rubio, recuerda que “en 2015 enviamos la primera carta a la Consejería de Sanidad de Madrid, en la que advertíamos de lo que se denunciaba. No se hizo nada”. Rubio admite que siempre han encontrado apoyo de las administraciones, ya que los cargos electos o los políticos “siempre se van a reunir contigo”.

Otro tema, señala, “es que se tomen medidas efectivas para que esto se arregle o no hubiese ocurrido”. El odontólogo también recalca que tuvo que ser el COEM el que denunciara para que se recuperasen algunas historias clínicas de la Comunidad de Madrid, cuando “tendría que haber sido la Comunidad de Madrid la que lo impulsara”.

eldiario.es ha contactado con el Ministerio de Sanidad para preguntar si tomarán más medidas para resarcir a los afectados, si considera que el Gobierno central tiene responsabilidad en la mala praxis denunciada o si el de Idental es un problema de salud pública. A la hora de cierre de este artículo, el departamento que dirige Carmen Montón no había respondido.