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Las asociaciones de afectados por iDental consideran que el Estado también tiene responsabilidad en lo ocurrido

Representantes legales de las asociaciones que aglutinan las denuncias contra la cadena dental creen que es factible que el caso acabe en la Audiencia Nacional

iDental cerró sus clínicas en junio tras las múltiples demandas de mala praxis, y las abogadas consultadas creen que su modelo "no era ayudar a la salud de las personas" y que la Fiscalía General del Estado tendría que actuar

Los afectados por iDental denuncian su situación

Los afectados por iDental denuncian su situación

Los afectados del caso iDental siguen sin respuesta. El fraude y las malas praxis denunciadas por miles de personas en distintas ciudades de todo el país están investigándose en las fiscalías de distintos puntos desde hace varios meses, cuando comenzaron las quejas y los pacientes se dieron cuenta de que sus tratamientos estaban llenos de irregularidades. Las víctimas aseguran que se les acaba el tiempo, y tanto ellas como sus representantes legales apuntan a otros responsables de lo ocurrido: el Estado.

La mayoría de casos denunciados tienen que ver con pacientes que necesitaban implantes por el mal estado de su dentadura. Pero en estas clínicas, que ya han cerrado, se optaba por una solución más drástica en algunos casos, y que era aplicada por odontólogos muy jóvenes que no tenían supervisión: se extraían todas las piezas de los afectados, también las sanas, para asegurarles que les pondrían una prótesis que les solucionaría sus problemas. En algunos casos, sin avisarles de que iban a hacerlo.

Lo que ocurría, según estos testimonios, es que salían de la consulta con una prótesis provisional que se vendía como la definitiva. En varios casos conocidos por eldiario.es, estas acababan por caerse, dejando a las víctimas sin dientes ni implantes. Los procedimientos también solían ser realizados por numerosos odontólogos, sin que los pacientes tuviesen un profesional asignado en concreto.

Tanto el Ministerio de Sanidad como las comunidades autónomas tenían que estar vigilantes ante las múltiples quejas que comenzaron a acumular estas clínicas, señalan los afectados. La ministra del ramo, Carmen Montón, anunció que enviaría a la Fiscalía toda la documentación de la que disponían y pidió a los bancos que no cobraran las cuotas de los afectados que financiaron tratamientos. Pero eso, por el momento, no se ha traducido en que vean satisfechas sus dos principales demandas: recuperar sus historiales clínicos y que les arreglen la boca.

50% de denuncias con el 2% de cuota de mercado

"La responsabilidad patrimonial del Estado es algo que está ahí. La administración no ha cumplido su labor de vigilancia, ya que los colegios de odontólogos llevaban años denunciándolo", asegura Ángela de Miguel, abogada y portavoz de la Plataforma de afectados por las cadenas dentales (Afecade), que asiste a 200 personas que ya han denunciado. Según De Miguel, hay estimaciones del Consejo de Dentistas que señalan que "iDental tenía el 50% de las denuncias en el sector cuando disponían del 2% de cuota de mercado".

Según esta experta, los métodos de iDental podrían formar parte de una "estafa piramidal" por su modelo de financiar los tratamientos de los clientes más antiguos con lo que ingresaban de los nuevos. "Se entraba con una financiera, por el que iDental cobraba el 100% del tratamiento. Después, en tratamientos que duran años, necesitaban nuevos pacientes para pagar lo de los antiguos", explica De Miguel, en cuya asociación hay 600 personas inscritas.

La portavoz de Afecade tiene claro que el modelo de negocio que empleaba la empresa "no era ayudar a la salud de las personas". Algo que considera evidente por la mala calidad de las prótesis que se ponían a los afectados y las denuncias de que no se cumplían los procesos de esterilización de los instrumentos utilizados por los odontólogos. Por estas razones, De Miguel insta que actúe "la fiscalía general". "Puede que se trate de un tema de Consumo por tratarse de un negocio privado, pero los afectados son pacientes antes que consumidores; está claro que es un tema de salud", añade.

Julia García, que representa legalmente a la asociación Defensor del Paciente, asiste a víctimas de Valencia, Granada, Albacete, Alicante o Málaga. Entre los delitos que ha podido cometer iDental cita los de lesiones o la estafa, a lo que suma la mala praxis y las imprudencias médicas. Tanto ella como De Miguel creen que esta causa puede acabar en la Audiencia Nacional por su complejidad y por afectar a ciudadanos de numerosas ciudades.

García destaca que están estudiando cuál es la responsabilidad de la administración, que fue utilizada por la propia iDental como reclamo. En sus campañas de publicidad en una cadena de televisión o en prensa, se presentaban como "dentistas con corazón" y aseguraban que parte de los tratamientos estaban financiados por las comunidades o el Estado. "El ministerio tenía conocimiento de la existencia de estas clínicas, ya que la gente incluso pensaba que las falsas subvenciones provenían de Sanidad", apunta la experta. 

La abogada insiste en que en los establecimientos de iDental llamaba la atención la mala calidad de los materiales mencionada antes. Algo en lo que también tienen responsabilidad los dentistas que atendían a los clientes. "Lo que más llama la atención es que cada vez eran atendidos por personas distintas, con experiencia bastante escasa. Y si se abre una causa penal, los que hicieron los tratamientos son ellos, por loque también son máximos responsables", señala García, que estima que "puede haber base para que se abra una investigación por organización criminal".

Los avisos de los colegios profesionales

Los colegios de odontólogos han declarado en varias ocasiones que llevaban años avisando de lo que estaba ocurriendo en cadenas como iDental y Funnydent. Tanto que incluso recibieron sanciones por sus quejas, como le ocurrió al Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Álava, que fue sancionado con 250.000 euros por la Autoridad vasca de Competencia por la censura que hizo su presidenta de este tipo de clínicas en una entrevista. Posteriormente, el TSJ vasco rebajó la multa a los 9.000 euros.

Desde el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid (COEM), su secretario, David Rubio, recuerda que "en 2015 enviamos la primera carta a la Consejería de Sanidad de Madrid, en la que advertíamos de lo que se denunciaba. No se hizo nada". Rubio admite que siempre han encontrado apoyo de las administraciones, ya que los cargos electos o los políticos "siempre se van a reunir contigo".

Otro tema, señala, "es que se tomen medidas efectivas para que esto se arregle o no hubiese ocurrido". El odontólogo también recalca que tuvo que ser el COEM el que denunciara para que se recuperasen algunas historias clínicas de la Comunidad de Madrid, cuando "tendría que haber sido la Comunidad de Madrid la que lo impulsara".

eldiario.es ha contactado con el Ministerio de Sanidad para preguntar si tomarán más medidas para resarcir a los afectados, si considera que el Gobierno central tiene responsabilidad en la mala praxis denunciada o si el de Idental es un problema de salud pública. A la hora de cierre de este artículo, el departamento que dirige Carmen Montón no había respondido.

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