“Para los talibanes, estoy muerta. Oficialmente, no existo”. Con estas palabras, la periodista Khadija Amin describe la cruda realidad que enfrentan las mujeres en Afganistán, una situación que ha desgranado este lunes en la Biblioteca Pública del Estado 'A. Rodríguez-Moñino / M. Brey' de la capital cacereña. El encuentro, organizado por Amnistía Internacional Extremadura, se enmarca en la exposición 'Ellas son la revolución', que busca dar voz a quienes el régimen de Kabul intenta silenciar sistemáticamente.

Amin, que fue un rostro conocido de la televisión pública afgana hasta la toma de poder de los talibanes en agosto de 2021, ha explicado cómo el sistema legal ha sido desmantelado para anular cualquier derecho femenino. Uno de los puntos más alarmantes compartidos en la charla se refiere a la reciente deriva del código penal talibán. Según denunció la activista, la normativa actual establece que, si una mujer no presenta fracturas óseas o heridas abiertas de gravedad, la agresión no se considera maltrato punible.

Esta desprotección contrasta con la paradoja de las nuevas leyes de “moralidad”, que incluyen penas más severas y específicas para el maltrato de animales que para la violencia doméstica cotidiana. “Se nos ha situado por debajo de los animales en la jerarquía legal”, lamentó Amin ante un auditorio que llenó el salón de actos de la biblioteca.

El peso de la voz del hombre

La periodista también compartió su drama personal, que ejemplifica la indefensión jurídica absoluta. En el nuevo Afganistán, el testimonio de una mujer carece de valor frente al de un hombre. En su caso, su exmarido la ha registrado oficialmente como fallecida, lo que la deja sin entidad jurídica, sin pasaporte y sin posibilidad legal de reclamar la custodia de sus hijos, que permanecen en Kabul.

“Mi exmarido dice que estoy muerta y, para el Estado afgano, eso es una verdad absoluta porque lo dice un hombre. Mi voz, mis documentos o mi presencia física no cuentan nada”, explicó.

Desde la aprobación de la Ley de Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio en agosto de 2024, el silencio es obligatorio. Las mujeres tienen prohibido hablar en público, cantar o incluso leer en voz alta, ya que su voz es considerada awrah (algo íntimo que debe ocultarse). Además, el uso del velo integral es obligatorio, una norma que Khadija siempre cuestionó y que fue uno de los detonantes de las amenazas que la obligaron al exilio.

Resistencia desde el exilio

Pese a la distancia, Amin mantiene una red de contacto con mujeres que resisten dentro del país. La situación en Extremadura, a través de estos encuentros, sirve para que la ciudadanía no olvide que Afganistán se ha convertido en una “cárcel a cielo abierto”.

La activista afgana reconoce que, pese a tener trabajo y participar en charlas por las tardes, la situación de su país la atraviesa emocionalmente cada día. “Hay momentos en los que no quiero ni salir de casa”, confiesa. La distancia con sus hijos, de quienes no sabe dónde están ni cómo se encuentran, agrava una herida que nunca puede cerrar. Denuncia que, por el hecho de ser mujer y haber nacido en Afganistán, no solo ha visto vulnerados sus derechos fundamentales, sino que ni siquiera dispone de documentación que facilite la búsqueda de sus hijos. “Todo lo que pasa allí me afecta personalmente”, explica, describiendo una montaña rusa emocional que le impide vivir con tranquilidad mientras las mujeres afganas siguen siendo castigadas simplemente por serlo.

Sobre la posibilidad de un cambio a corto plazo, se muestra pesimista. Considera que, tras cinco años sin avances significativos, la situación no variará sin un respaldo firme de la comunidad internacional. “Sin apoyo internacional es imposible”, sostiene, al tiempo que lamenta la falta de implicación interna en la defensa de los derechos de las mujeres. A su juicio, la prioridad geopolítica se centra en conflictos armados y tensiones regionales, mientras la vulneración sistemática de derechos en Afganistán no genera la misma reacción. Desde España, pide visibilidad y compromiso: difundir lo que ocurre, apoyar a las organizaciones que trabajan sobre el terreno y firmar peticiones. En ese contexto menciona a la asociación 'Esperanza de libertad', que canaliza ayuda directa a mujeres dentro del país y promueve acciones de denuncia y solidaridad internacional.

Al finalizar el acto, se hizo mención al documental “¿Dónde están mis hijos?”, disponible en plataformas como Movistar Plus+, una pieza audiovisual que Khadija define como una “carta para el futuro”, para que sus hijos sepan que su madre nunca dejó de luchar por ellos ni por los derechos de todas las afganas.

La exposición

La exposición 'Ellas son la revolución' se integra en una campaña internacional de Amnistía Internacional destinada a sensibilizar a la ciudadanía y a exigir que la comunidad internacional haga rendir cuentas a los talibanes por posibles crímenes de derecho internacional, incluida la persecución por motivos de género. La exposición ha recorrido ya espacios como la Casa de las Mujeres de Avilés y el municipio de Rivas‑Vaciamadrid, consolidándose como una herramienta de denuncia y de movilización social.

Afganistán ha lanzado a primera hora de la madrugada ataques “no provocados” contra posiciones fronterizas de Pakistán, tras varios días de crecientes tensiones entre ambos países, según un comunicado difundido a los medios por las fuerzas de seguridad paquistaníes.

Mientras tanto, el Ejército de Pakistán publicó de madrugada un mensaje en la red social X (antes Twitter) en el que aseguraba que había respondido a la “agresión afgana” y que habría forzado a los talibanes a “retirarse y dejar a sus muertos atrás”.

Las fuerzas armadas pakistaníes han informado también del despliegue de drones hacia la zona fronteriza con Afganistán y han asegurado haber destruido varios puestos avanzados afganos así como varias bases militares.

De acuerdo con los militares de Pakistán, el gobierno afgano de los talibán se ha puesto en contacto oficialmente con sus homólogos paquistaníes para solicitar un alto el fuego.

El portavoz del Gobierno de los talibanes en Kabul, Zabihullah Mujahid, informó este domingo de que más de 58 soldados paquistaníes y al menos nueve afganos murieron en los combates entre Afganistán y Pakistán que tuvieron lugar anoche en la frontera entre ambos países.

“Unos 25 de sus puestos de seguridad fueron capturados, y sus instalaciones, incautadas. Más de 58 de sus soldados han sido asesinados y aproximadamente 30 resultaron heridos. También se les confiscaron armas y municiones. Hasta 9 de nuestros muyahidines han sido martirizados y tenemos hasta 18 heridos”, dijo el portavoz del Gobierno de Afganistán en una rueda de prensa en Kabul.

A su vez, el Ejército de Pakistán ha comunicado que 23 soldados paquistaníes y más de 200 combatientes talibanes afganos e insurgentes afiliados a los fundamentalistas de Kabul murieron en los enfrentamientos armados en la frontera de este país con Afganistán.

“Durante los enfrentamientos nocturnos, 23 valientes hijos de Pakistán abrazaron el martirio mientras defendían la integridad territorial de nuestra amada patria frente a esta acción indignante, mientras que 29 soldados resultaron heridos”, dijo en un comunicado el ala de medios del Ejército paquistaní (ISPR).

La fuente evaluó que, según estimaciones de inteligencia “creíbles”, “más de 200 combatientes talibanes y terroristas afiliados fueron neutralizados, mientras que el número de heridos es mucho mayor”. Existe un amplio contraste entre las cifras ofrecidas por las autoridades de uno y otro país, aunque por el momento no es posible verificar de forma independiente ninguna de ellas.

El portavoz talibán Mujahid señaló que los enfrentamientos se interrumpieron a medianoche gracias a la mediación de países como Qatar y Arabia Saudí.

“Más tarde, alrededor de la medianoche, a petición de países como Qatar y Arabia Saudí, el Emirato Islámico (como se autodenominan los talibanes) detuvo los combates, pero según nuestra información, por la mañana la parte paquistaní volvió a disparar artillería contra ciertas posiciones y las hostilidades se reanudaron en algunas zonas”, dijo el portavoz.

“Si continúan disparando, nos reservamos el derecho a defender nuestro territorio”, advirtió el portavoz talibán. Según los talibanes, los enfrentamientos se produjeron tras los bombardeos aéreos de Pakistán en terreno afgano que tuvieron lugar el pasado viernes. Los fundamentalistas han considerado su acción de anoche como una serie de “operaciones de represalia”.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, aseguró este domingo que su país dará una respuesta “fuerte y efectiva” a cada acto de agresión de Afganistán en medio de los continuos enfrentamientos fronterizos con este país. “Cada acto de agresión será respondido con una respuesta fuerte y efectiva”, dijo en un comunicado la Oficina del primer ministro de Pakistán.

Sharif añadió que el Ejército de Pakistán no sólo dio una “respuesta firme y adecuada” a la agresión afgana de anoche, sino que también destruyó varios puestos fronterizos de los talibanes en el transcurso de los combates.

Los enfrentamientos en la Línea Durand han continuado hoy en algunos puestos, según las autoridades de seguridad paquistaníes, que afirman que han capturado al menos 19 puestos transfronterizos desde donde se perpetraron ataques contra Pakistán.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí señalaba a su vez esta madrugada que el gobierno afgano “tendrá que responder a este ataque” contra Pakistán.

Islamabad ha cerrado todos los cruces fronterizos entre Pakistán y Afganistán, incluyendo los de Torkham, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, y Chaman, en Baluchistán.

Las relaciones entre Pakistán y Afganistán se deterioraron tras la toma de poder de Kabul por parte de los fundamentalistas en agosto de 2021, tras la salida de las tropas estadounidenses del país y la caída del Gobierno republicano.

El Gobierno paquistaní culpa a los talibanes afganos de proporcionar refugio al TTP -hermanos ideológicos de los fundamentalistas de Kabul- para perpetrar atentados en Pakistán. Kabul niega estas acusaciones.

A las 9:00 de la mañana del 15 de agosto de 2021 Khadija Amin se encontraba, un día más, en los estudios del canal nacional de noticias afgano en Kabul presentando el informativo matinal. “Ese día justo comenté con algunas compañeras que llegaría el día en que no tendríamos que hacer el informativo con pañuelo. No sabíamos que tres horas después seríamos expulsadas de nuestro trabajo”. Ese mismo día los talibanes entraron en Kabul y se hicieron con el poder en Afganistán. “Estaba haciendo un reportaje en la calle y cuando quise volver a la redacción ya no me dejaron entrar”, rememora. Como ella, millones de mujeres afganas han visto desaparecer sus derechos en ese país. Cuatro de ellas han analizado en una jornada organizada por la Universidad Pública de Navarra la situación de las mujeres en Afganistán, que definen como un “apartheid de género”.

Khadija Amin no se resignó y luchó por sus derechos, al igual que había hecho años antes para poder estudiar Periodismo en la Universidad. Casada a través de un matrimonio forzado por su familia con un hombre que la maltrataba decidió divorciarse aunque ello supusiera perder la custodia de sus hijos. Entró a la Universidad y pocos años después ya trabajaba en la televisión nacional. “Siempre fui una mujer que luchó por sus derechos”, sostiene. Pero tras enfrentarse a los talibanes para recuperar su puesto de trabajo y ser entrevistada en varios medios de comunicación internacionales fue amenazada de muerte. “Decidí que tenía que irme del país”.

A través de contactos logró una plaza en un avión con destino a España. Llegó al aeropuerto de Torrejón de Ardoz (Madrid) a finales de agosto del 2021. Ahora trabaja para que la lucha por los derechos en Afganistán no caiga en el olvido, para lo que reclama una mayor atención mediática. “No podemos dejar que se normalice lo que hacen los talibanes, Afganistán antes no era así, ahora las mujeres no pueden vivir libremente”, lamenta.

Esa misma lucha la está librando también Safia Jan Mohammad, jueza en el Tribunal Supremo de Afganistán refugiada en Pamplona. Como magistrada lideró en 2016 la creación del tribunal de violencia contra la mujer de Kabul, un gran avance para un país en el que la violencia machista estaba normalizada. “Era común que la familia del agresor ofreciera a su hija, obviamente sin su consentimiento, a la familia de la víctima para evitar así una venganza”. La creación de ese juzgado, explica, llevó a las mujeres a tener más “valentía” y “confianza” en la ley. Así, muchas se animaban a denunciar la violencia que sufrían a pesar de que en muchas ocasiones ello supusiera enfrentarse a su propia familia. Para ello se habilitaron recursos de acogida para mujeres denunciantes. “Llegamos a trabajar en 15 casos diferentes por día”, recuerda.

Pero no todos estaban de acuerdo. “Muchos de los hombres que condenamos eran gente de poder en la sociedad y trataron de usarlo para no ser castigados. También había talibanes”. “Tenía que ir con seguridad al trabajo, empezó a haber atentados contra jueces y contra nuestra independencia”, señala.

Con la llegada al poder de los talibanes todo desapareció. “Abrieron las puertas de las cárceles donde estaban sus amigos y cerraron las de todos los progresos de las mujeres. Destruyeron las casas de protección para mujeres y ahora las hay incluso que aceptan ir a la cárcel porque se sienten más seguras allí que en sus propias casas”, lamenta.

En los cuatro años que los talibanes llevan en el poder los casos de violencia contra las mujeres se han disparado. También los suicidios de aquellas que no aguantan más. “Los talibanes han instaurado su ley, una interpretación errónea del islam”, lamenta Safia Jan Mohammad, que cuenta que ahora si una mujer quiere denunciar tiene que ir al juzgado acompañada de su marido. “¿Cómo van a denunciar a su marido si tienen que ir con él al juzgado? Un hombre puede pegar a su mujer en la calle sin que nadie le diga nada, si la denuncia por adulterio a ella la van a lapidar sin que pueda defenderse. Esta es la situación de las mujeres en Afganistán”.

Safia Jan Mohammad logró escapar a Turquía, donde vivió con su marido y sus hijos durante seis meses “de manera muy precaria”. Finalmente, en 2022 logró llegar a España y ahora está ya asentada en Pamplona, si bien lamenta las dificultades que como refugiada tiene para encontrar un trabajo. “Quiero trabajar, no quiero ser una carga para el Estado, pero por desgracia no podemos acceder a determinados trabajos por problemas con la convalidación de los títulos universitarios”, lamenta. También ha encontrado barreras para acceder a una vivienda. “Nos preguntan de dónde somos y cuando decimos que de Afganistán buscan en internet para ver dónde está y se encuentran noticias de los talibanes y creen que todos somos así”.

Pese a llevar ya tres años en España no olvida sus raíces ni tampoco a sus compañeros de trabajo. Cuenta que muchos han sido expulsados por los talibanes y que otros han logrado huir como refugiados. “Los talibanes que salieron de la cárcel tienen ganas de venganza contra los jueces que les condenaron”.

De 4 millones de niñas escolarizadas a tener prohibida la educación

También es magistrada Fariba Quraishi, quien durante años ejerció como jueza en tribunales de familia y de violencia contra la mujer. Recuerda el 15 de agosto de 2021 como el “día negro” en el que todos los avances logrados durante décadas se “vinieron abajo”.

“Yo he perdido mi identidad después de 18 años de estudios y años trabajando de jueza. Como mujer feminista me han expulsado del trabajo y me han obligado a refugiarme en otro país. No me atrevo a hablar con mi familia en Afganistán porque me da pena decirles que mi hija está yendo a una escuela en España mientras ellas están allí sin derechos. Sigo sufriendo porque veo a las mujeres en mi país y aunque yo viva aquí mi sufrimiento está en Afganistán”.

Según la presidenta de la Asociación de Mujeres Afganas en España (AME), Sunita Nasir, en 2021, antes de la llegada del régimen talibán había escolarizadas en Afganistán más de 4 millones de niñas. “Ahora la educación secundaria y la universitaria está prohibida para ellas”, apunta. También lo está acceder a un puesto de trabajo o incluso el moverse con libertad si no es bajo la tutela masculina. “El régimen busca silenciar a las mujeres por completo”.

Por ello, todas ellas reclaman que no se normalice el régimen de los talibanes y que se mantenga la atención mediática en Afganistán. “El mundo no puede quedarse callado”, concluyen.

Al menos 76 personas, en su mayoría migrantes afganos recientemente deportados de Irán, han fallecido en la noche del martes en el oeste de Afganistán cuando el autobús en el que viajaban se incendió tras una colisión múltiple, en lo que ya se considera “uno de los accidentes de tráfico más mortíferos de los últimos años en el país”.

El portavoz del gobierno de la provincia de Herat, Mufti Mohammad Yousuf Saeedi, ha informado a EFE de que el autobús, que viajaba desde el puesto fronterizo de Islam Qala hacia Kabul, colisionó con un camión de carga y una motocicleta en la carretera de circunvalación de Herat y se incendió tras el impacto. “Adultos, mujeres, niños, el conductor del autobús, el motorista y el conductor del Mazda se encuentran entre las víctimas”, ha detallado el portavoz.

Los pasajeros del autobús formaban parte de la masiva oleada de afganos que están siendo deportados o forzados a abandonar los países vecinos, principalmente Irán y Pakistán.

Muchos de los que ahora son forzados a volver son parte de los cientos de miles que huyeron de Afganistán en agosto de 2021 por temor al regreso de los talibanes al poder, y ahora se enfrentan a un retorno a un país sumido en una profunda crisis, con más de la mitad de su población necesitada de ayuda, según la ONU.

El siniestro ha ocurrido un día después de que el ministro de Interior de Irán, Eskandar Momeni, anunciara que otros 800.000 afganos tendrían que abandonar el país antes del próximo mes de marzo.

La administración local de Herat ha expresado sus condolencias a las familias de las víctimas y aseguró que “los equipos de rescate y el personal médico llegaron inmediatamente al lugar del accidente y trasladaron a los heridos a los hospitales de Herat”.

Los accidentes de tráfico son habituales en Afganistán, en gran parte debido al mal estado de las carreteras tras décadas de guerra, la conducción peligrosa en las autopistas y la falta de regulación, según recoge EFE. El pasado mes de julio, otro accidente en la misma autovía ya había dejado 11 muertos.

“No estamos hablando de discriminación. Es apartheid de género. Una lógica del régimen talibán que les permite mantener el poder. Han borrado a las mujeres de la vida pública y ponerle un nombre abre la puerta al nivel adecuado de rendición de cuentas”. La activista británico-afgana Sahar Halaimzai no duda en pronunciar las palabras que, para ella, definen con precisión lo que ocurre en Afganistán desde el regreso de los talibanes al poder hace justo cuatro años en agosto de 2021.

“Llamarlo apartheid de género es estratégico, como también lo es que se incluya en el tratado de crímenes de lesa humanidad que algunos países y organizaciones están intentando impulsar”, insiste la activista en una entrevista con elDiario.es.

Este viernes se cumple el cuarto aniversario de la toma de Kabul por parte de los talibanes. Desde su regreso al poder, la jerarquía integrista afgana ha borrado a las mujeres y a las niñas de la vida pública y les ha negado los derechos más básicos. Lo ha hecho de forma sistemática y metódica con un centenar de decretos que les han negado el derecho de asistir a la escuela secundaria, ir a la universidad, trabajar en la mayoría de sectores o desplazarse solas, entre otros. Estas prohibiciones tienen un impacto devastador en las tasas de alfabetización, la pobreza, la salud maternoinfantil y el bienestar mental de las mujeres.

Halaimzai, que dirige la Iniciativa para Afganistán del Fondo Malala —la organización formada por la activista premio nobel de la paz Malala Yousafzai— sabe que las palabras importan, pero que en este caso también pueden ser una herramienta jurídica. Su objetivo es que el término se codifique como un crimen en el nuevo Tratado sobre Crímenes de Lesa Humanidad que Naciones Unidas ha comenzado a preparar. El reconocimiento no sería solo simbólico: obligaría a los Estados a actuar y abriría la puerta a que los líderes talibanes pudieran ser perseguidos internacionalmente.

A diferencia de los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad pueden cometerse tanto en tiempos de guerra como de paz, y de aprobarse el tratado podrían incluir la desaparición forzada, la violación y la esclavitud sexual, las ejecuciones extrajudiciales masivas y el apartheid.

El Fondo Malala ha tejido alianzas con personas expertas en la lucha contra el apartheid de Sudáfrica —la Fundación Nelson Mandela les ha dado su apoyo desde el inicio— con el objetivo de dar pasos firmes hacia el fin de un sistema que niega los derechos más básicos a la mitad de la población del país.

La activista subraya que el uso del término “apartheid de género” no es retórico. “Es el único que capta la naturaleza totalitaria del régimen talibán”, afirma. La expresión se inspira en el apartheid racial de Sudáfrica. El paralelismo no es casual: como entonces, el sistema se basa en leyes y prácticas que buscan excluir de la vida pública a un grupo entero de personas por su condición, en el caso de Afganistán, el género.

“Sin ese reconocimiento legal, se sigue tratando como una manifestación cultural y no como un delito deliberado”, advierte. El objetivo es cerrar esa brecha para que la comunidad internacional esté obligada a actuar, desde la política exterior hasta la ayuda humanitaria y la protección a personas refugiadas.

Halaimzai insiste en que no basta con denunciar. Es necesario actuar. “El reconocimiento legal del apartheid de género permitiría una acción internacional coordinada, desde la política exterior hasta la distribución de la ayuda humanitaria. Codificarlo como crimen de lesa humanidad daría herramientas para proteger a las víctimas y perseguir a los responsables”. Ese reconocimiento, afirma, permitiría cerrar una brecha que ha permitido que la violencia de género sistemática se trate como una cuestión cultural y no como una violación del derecho internacional.

Nombrar el crimen para acabar con la impunidad

Desde 2021, Afganistán es el único país del mundo que prohíbe expresamente la educación secundaria y universitaria a las niñas. Las mujeres tienen vetado trabajar, moverse libremente, acudir solas a un médico o aparecer en público sin un acompañante masculino. “Esto no es una práctica cultural o religiosa. Es una estrategia codificada de control”, recalca Halaimzai.

El marco para esa codificación es el futuro Tratado sobre Crímenes de Lesa Humanidad. La resolución 79/122 de la Asamblea General fue aprobada por consenso en diciembre de 2024 y se prevén conferencias diplomáticas en 2028 y 2029 para cerrar el texto, tras un periodo de trabajo que incluirá la definición de crímenes, jurisdicción y obligaciones de los Estados.

Amnistía Internacional ha subrayado que este tratado ofrecería “la oportunidad de remediar algunos de los compromisos que se alcanzaron en Roma hace más de 25 años. También contribuiría a incorporar los avances del derecho internacional producidos desde entonces, algo especialmente importante en lo que respecta a la igualdad de género y a la protección contra los delitos de género”. La nueva convención mejoraría los estándares internacionales en materia de justicia de género, reconociendo crímenes que han recibido poca atención, como el apartheid de género o el matrimonio forzado.

En junio de 2024, durante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas celebrado en Ginebra, el secretario general de la ONU, António Guterres, se sumó al creciente número de voces que reclaman reconocer formalmente que la situación de las mujeres y niñas en Afganistán constituye un apartheid de género. Guterres instó a la comunidad internacional a adoptar “medidas efectivas” para poner fin a esta discriminación sistemática, comparables a las que contribuyeron a desmantelar el apartheid en Sudáfrica.

Halaimzai destaca que “España ha jugado un papel crítico en impulsar el tratado”. “Está actuando con una claridad moral propia”, afirma. Su expectativa es que el Gobierno español mantenga el liderazgo político y diplomático hasta la adopción final. Para la activista, la posición española es también una oportunidad para enviar un mensaje claro: ningún Estado debe reconocer al régimen talibán como legítimo. “Volvieron al poder no porque el pueblo afgano lo quisiera. Hubo una negociación con Estados Unidos y el pueblo afgano no fue invitado a la mesa”, recuerda.

En enero de este año, El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, solicitó a los jueces del tribunal la aprobación de dos órdenes de arresto, una contra el líder supremo de los talibanes, Haibatullah Akhundzada, y otra contra el presidente de la Corte Suprema, Abdul Hakim Haqqani, por persecución por motivos de género en Afganistán.

Una red de resistencia

El trabajo de Halaimzai no se limita al plano diplomático. El Fondo Malala ha redirigido sus programas para seguir apoyando la educación de las mujeres y las niñas en un contexto de prohibiciones. Los programas de educación alternativa del Fondo Malala tienen la capacidad de llegar a dos millones de niñas en el país mediante clases clandestinas en casas particulares, clases por radio, televisión o plataformas digitales y aplicaciones.

Además de formación, ofrecen apoyo emocional en un país donde, por primera vez, las cifras de suicidio de las mujeres superan a las de los hombres. “Es un contexto increíblemente complejo y nuestros socios son muy audaces y creativos para sortear las trabas”, señala Halaimzai quien, a pesar del amplio alcance de sus programas, subraya que “no dejan de ser un recurso para mitigar un problema que es profundo y sistémico”.

Las cifras confirman el colapso social. El 80% de la población vive en la pobreza. El desempleo femenino ha empujado a muchas familias a la mendicidad. Las clínicas han cerrado. La venta de anticonceptivos ha sido prohibida. La mortalidad materna está en uno de los niveles más altos del mundo. Según el último índice de ONU Mujeres, el 78% de las mujeres afganas entre 18 y 29 años no trabaja, no estudia ni recibe formación.

Halaimzai se esfuerza también por cambiar algunos relatos falsos. “Afganistán es un país conservador, pero la mayoría de los hombres están a favor de la educación de las mujeres y las niñas”, plantea. La activista cita una encuesta sobre la opinión pública afgana realizada por The Asia Foundation en 2017 que mostró que la mayoría de la población, sin distinción de género ni de grupo demográfico, considera que las mujeres deberían tener las mismas oportunidades que los hombres en educación y empleo. En concreto, el 72,4% estuvo de acuerdo en que las mujeres deberían poder trabajar fuera del hogar y el 82,3% opinó que deberían tener las mismas oportunidades educativas. Ese estudio se basó en una muestra representativa de más de 10.000 personas de todas las provincias de Afganistán y en distintos grupos étnicos.

La activista señala que el sistema diseñado por los talibanes es perverso y obliga a colaborar a los hombres para que opriman a las mujeres. “La noción de que los padres y hermanos oprimen a sus hijas y hermanas no es correcta. Es más complejo. Los talibanes también castigan a los hombres si las mujeres de su familia se atreven a desafiar las normas. Te pueden quitar el coche y eso puede significar no tener pan en casa”, explica.

“La situación de las mujeres y las niñas en Afganistán es otra prueba de fuego para la comunidad internacional sobre cuáles son los límites de lo aceptable”, señala la activista. Naciones Unidas no reconoce a los talibanes como el gobierno legítimo de Afganistán. Hasta la fecha, solo Rusia ha otorgado ese reconocimiento formal, motivada por una combinación de intereses geopolíticos, estratégicos y de seguridad regional.

Moscú aceptó las credenciales del embajador talibán y colocó su bandera en la embajada afgana en julio de 2025. Otros países, como China, Irán, Pakistán, Turkmenistán, Emiratos Árabes Unidos y Uzbekistán, han aceptado a diplomáticos designados por los talibanes —en calidad de embajadores o cónsules— y, en algunos casos, han restablecido misiones diplomáticas o entregado el control de las embajadas.

El reto, dice, es convertir las palabras en acción sostenida: “La comunidad internacional tiene que actuar con honestidad. Han creado las condiciones para el regreso de los talibanes. Ahora deben actuar con legalidad, con diplomacia, para apoyar a las mujeres y a las niñas y ayudar a la población afgana dentro y fuera del país”.

Sahar Halaimzai comparte su experiencia personal para mostrar una situación que se repite generación tras generación en su país. La activista nació en Kabul y llegó al Reino Unido con 13 años, con su hermano y sin estudios formales. “Llegamos solos como menores no acompañados y no hablábamos inglés”, explica, y avisa: “Es una situación que se repite una y otra vez, y tuvimos la suerte de llegar a una sociedad que en ese momento nos acogió. Ahora hay otra ola de familias de Afganistán que se ven obligadas a marchar y lamentablemente se enfrentan a un clima mucho más hostil”.

Cuando Zuhal tiene un mal día o se siente sola, le reconforta leer una cita de su padre que ha colgado en la pared de su habitación: “No seas la hija de tu padre, sino la hija de tu sabiduría, ya que tu sabiduría hará que el nombre de tu padre perdure”. Zuhal vive desde hace medio año en Sant Cugat del Vallès, una ciudad situada a media hora de Barcelona, y participa en un programa de protección de defensores de derechos humanos de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo. Su padre, profesor de biología en un instituto, permanece en Kabul junto al resto de la familia.

El 15 de agosto se cumplirán cuatro años desde que los talibán retomaron el poder, cuando entraron en Kabul sin resistencia militar significativa y provocaron la huida del entonces presidente Ashraf Ghani. Ese día marcó el colapso del gobierno respaldado por Occidente y el inicio del segundo régimen talibán en el país, 20 años después de haber sido derrocado en 2001 por la invasión liderada por Estados Unidos. El colapso coincidió con la retirada de las tropas estadounidenses y aliadas, como parte del acuerdo firmado en Doha en 2020.

Borradas de la vida pública

Han sido cuatro años marcados por profundos retrocesos en los derechos humanos, especialmente para las mujeres y las niñas, que han sido borradas de la vida pública y han sido privadas de sus derechos más básicos. El Ministerio de la Mujer ha sido disuelto y en su lugar se ha creado el “Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio”. No hay ninguna mujer en el gabinete talibán ni en altos cargos públicos, ni en la judicatura, fiscalía o en cargos municipales.

Human Rights Watch y otras organizaciones hablan de “apartheid de género”. Esta represión ha desencadenado una grave crisis de salud mental entre las mujeres del país: Afganistán es el único país del mundo donde las tasas de suicidio o de intentos de suicidio son más altas en mujeres que en hombres.

Zuhal, que cumplirá 22 años en agosto, nació y creció en Kabul. A los 14 años, empezó a colaborar con la ONG catalana Ponts per la Pau (Puentes para la Paz), que proporciona formación profesional y educación a mujeres y niñas, hasta convertirse en la coordinadora de toda la red nacional.

La activista creció en una familia numerosa: es la cuarta de cinco hermanos. Su hermana mayor, de 30 años, es abogada, aunque ya no puede ejercer. La menor, de 14, tiene prohibido ir a la escuela. Uno de sus hermanos es farmacéutico y el otro, informático. Todos siguen en Kabul.

“Mis padres siempre me han apoyado. Son mis amigos, mi modelo a seguir. Cuando tomé la decisión de marchar, me dijeron, 'confiamos en tus decisiones. Nosotros sentamos las bases; ahora tienes libertad para elegir tu camino'”, explica Zuhal en un encuentro que tuvo lugar en una cafetería de Sant Cugat.

Desde su llegada a esta tranquila localidad, la joven ha ido adquiriendo hábitos que ahora mismo son impensables en Kabul: desplazarse sola en bicicleta, cruzar parques de noche o ir a la biblioteca a estudiar.

Llega al encuentro en bicicleta, cargada con una moderna mochila impermeable llena de libros. En un perfecto inglés, cuenta que está aprendiendo castellano y catalán para poder estudiar Ciencias Políticas en Barcelona.

“Mi padre siempre me decía que si hablas un idioma piensas como una persona, si hablas dos idiomas, piensas como dos personas, si hablas muchos idiomas, tu mente se abre al mundo”, explica.

Antes de la vuelta de los talibán al poder, Zuhal quería estudiar Ciencias Políticas en la Universidad de Kabul y se formó en violencia basada en género, protección, salud mental, gestión de conflictos y liderazgo. De la noche a la mañana, y a golpe de edictos, los talibán acabaron con su sueño de poder estudiar en la universidad: “Primero pensamos que se trataba de un cierre temporal, una medida provisional, ahora visto con la perspectiva de cuatro años, fuimos un tanto ingenuos”, lamenta.

Su labor como activista le abrió la puerta a poder entrar en el programa de protección de defensores de los derechos humanos. Reconoce que fue muy duro para ella tomar la decisión de marcharse de Afganistán porque está muy unida a su familia: “Pero pensé: si comparo la cifra de familiares que echo de menos con la cifra de personas a las que puedo ayudar alzando mi voz, la decisión está clara. Escogí entre mi familia y las niñas y jóvenes de mi país. Me decanté por la cifra más alta”.

Sin derecho a la escuela

Afganistán es ahora el único país del mundo donde las niñas no tienen derecho a asistir a la escuela secundaria. Hasta la fecha, estas restricciones han afectado a alrededor de 1,5 millones de niñas afganas.

Según un informe de la UNESCO, si la prohibición continúa hasta 2030, más de cuatro millones de niñas se verán afectadas. La organización denuncia que el régimen talibán ha anulado dos décadas de progresos, amenazando el futuro de toda una generación.

A ello se suma la prohibición de que mujeres trabajen, salvo en unos pocos sectores. Se les impide desplazarse si no son escoltadas por un mahram, un pariente masculino, como padre, marido o hermano. No pueden acceder a parques o gimnasios. El código de vestimenta es estricto y sanciona a los hombres en caso de incumplimiento de las mujeres y las niñas de la familia, lo que ha convertido, en muchas ocasiones muy a su pesar, a los padres y hermanos en colaboradores del sistema policial para esquivar sanciones que podrían suponer la ruina para la familia.

La ONG Ponts per la Pau impulsa programas de apoyo psicosocial a las mujeres, alfabetización y también les da herramientas para que puedan ser emprendedoras, ya que hoy por hoy todavía tienen permiso para hacer trabajos artesanales. “Tenemos que apoyar a las mujeres para que puedan tener una fuente de ingresos. Los talibanes les permiten hacer trabajos artesanales así que disponemos de un pequeño espacio que les permitirá ganar dinero para tener pan”, explica Zuhal.

Asimismo, la organización ha tejido una red de escuelas y bibliotecas clandestinas para las niñas; aulas en los sótanos o en las despensas de algunas casas, para que puedan estudiar en grupos reducidos o, cuando no es posible, sin moverse de su casa. Cuentan con el apoyo de muchas profesoras que perdieron el trabajo con la llegada de los talibán. Más de 700 niñas estudian hoy en estos espacios ocultos, con la complicidad de sus familias. “Deberíamos conseguir que cada hogar en el que vive una niña se convierta en una escuela”, afirma Zuhal. “Si un miembro de la familia recibe educación, toda la familia se beneficia. Y si transformamos una sola mentalidad, ya es un logro”. “La mentalidad talibán ocupa el espacio público, pero también penetra en los hogares. Es importante no normalizar esta situación y repetir una y otra vez que no se puede privar a las mujeres y a las niñas de sus derechos”, señala.

“La cifra de 700 niñas no es suficiente; tiene que crecer exponencialmente. Cada niña que estudia influye en su familia. Si tenemos en cuenta que las familias afganas son muy numerosas, tenemos un gran impacto en la comunidad cada vez que logramos que una niña o una mujer entre en nuestro programa”, subraya la activista. “Cambiar la mentalidad de una persona ya es un logro. Mis tíos, al ver lo que he conseguido gracias a la educación, animan ahora a mis primas y sobrinas a seguir mi ejemplo”.

En un país donde muchos jóvenes sueñan con dejar los estudios para emigrar, los padres de Zuhal les enseñaron a priorizar la educación sobre el dinero. “Aunque a veces apenas había dinero en casa, siempre había para pagar la matrícula y el material escolar”. Su madre, que huyó a Pakistán durante el primer régimen talibán, terminó secundaria pero no pudo ir a la universidad: “Ella y mi padre querían cruzar la frontera con mis dos hermanos mayores. Mi madre, que es muy fuerte, logró cruzar embarazada de mi tercer hermano, y con los dos pequeños de la mano”, explica Zuhal: “Mi padre no pudo cruzar, se quedó atrás”.

El exilio generación tras generación

La experiencia del exilio se repite en Afganistán generación tras generación. “Yo soy la semilla que plantó una mujer afgana que se exilió muchos años antes que yo”, indica Zuhal.

Esa mujer es Nadia Ghulam, una activista y escritora afgana que desde 2006 vive en Badalona y que es la fundadora de Ponts per la Pau. La vida de Nadia cambió en 1991, durante la guerra civil afgana, cuando una bomba destruyó la casa familiar. Nadia resultó gravemente herida y pasó seis meses en el hospital, donde fue sometida a catorce operaciones. En ese momento, los talibanes habían tomado el control del país y su familia había quedado en la ruina. Su hermano había muerto, su padre estaba enfermo y ninguna de las mujeres de la familia podía trabajar ya que les estaba prohibido. Fue en ese momento cuando Nadia, que tenía once años y todavía se recuperaba de las secuelas del ataque, decidió suplantar “por unos días” a su hermano para poder trabajar y mantener a la familia. Terminó viviendo como un hombre durante diez años. Hizo trabajos físicos muy duros, a pesar de su edad y constantemente cambiaba de pueblo para que nadie descubriera su secreto, que se hacía cada vez más difícil de ocultar. La activista recuerda que “las mujeres, las niñas y las personas vulnerables siempre son los más afectados por las guerras y la violencia” y la historia de Afganistán en el último siglo es una sucesión de guerras, intervenciones extranjeras, regímenes inestables y una población atrapada en un conflicto casi permanente.

“Generación tras generación, las mujeres de Afganistán han luchado para defender sus derechos, mejorar sus vidas y las de sus hijas. Mi madre y la madre de Zuhal han luchado para que nosotras nos convirtamos en lo que somos”, dice Ghulam.

Estas son las voces de los afganos cuyos datos se incluyeron en una filtración de datos de 2022 del Gobierno británico y que se hizo pública el martes tras levantarse una orden judicial. Todos los nombres han sido cambiados para proteger su identidad.

Azizullah

Trabajé con las fuerzas británicas y de la coalición encabezada por Estados Unidos como intérprete en Helmand y Kandahar durante más de 10 años.

Cuando leí el correo electrónico la mañana del 15 de julio, me quedé paralizado. Sentí que se me helaba la sangre. Descubrir que el Gobierno británico había filtrado por accidente los nombres y datos de personas como yo, afganos que habían trabajado con el ejército del Reino Unido, que habían confiado en el país y que ahora viven con miedo por haberlo hecho.

Lo primero que me vino a la mente no fue mi seguridad. Fue la de mi familia. Mi madre, mi hermano, mi hermana, que ahora mismo están en Turquía esperando. Llevamos cuatro años esperando en virtud de la Política de Reubicación y Asistencia a los Afganos (ARAP, por sus siglas en inglés), enviando un correo electrónico tras otro, aferrándonos a la promesa de que el Reino Unido no nos abandonaría. Y ahora, esto. Esta quiebra. Esta traición.

Yo soy quien se encarga de todos los trámites de mis familiares y el único que sabía hasta ahora de esta filtración. Todavía no se lo he dicho. ¿Cómo voy a hacerlo? Mi familia ya ha sufrido bastante. Si les cuento lo que ha pasado, me aterra pensar en cómo les afectará, no solo emocional, sino también físicamente. Se derrumbarán. Lo sé.

Y no solo ellos. Mi tía y sus hijos se quedaron en Afganistán. Han colaborado mucho con la ISAF (Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, creada por la ONU) y, más tarde, con las fuerzas de la coalición, tanto británicas como estadounidenses. Ahora están escondidos. Si los encuentran, morirán. No me cabe duda. No estamos hablando de un riesgo hipotético. Estamos hablando de personas que están siendo perseguidas, detenidas, torturadas y asesinadas. Y está sucediendo mientras escribo estas líneas.

Van a morir en ese infierno a menos que alguien actúe. Y quiero dejar claro que salvarles es responsabilidad exclusiva del Gobierno británico. Es su error. Nos deben nuestras vidas.

Naser

Trabajé con las fuerzas de la coalición en Afganistán no solo como intérprete, sino también en proyectos de seguridad. Cuando estalló el caos en Abbey Gate en agosto de 2021, tenía un salvoconducto, pero aun así no pude subir a ningún vuelo de evacuación. Desde entonces, he solicitado ayuda una y otra vez a los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea. Incluso me arriesgué a viajar a Pakistán, donde esperé más de un año, sin ingresos y con un miedo constante. Otros compañeros que trabajaban conmigo fueron reubicados en Alemania desde Pakistán. Esperé y vi cómo muchos de mis colegas se marchaban uno tras otro. Pero la vida allí [en Pakistán] era insoportable, y decidí volver a Kabul, porque en ningún otro sitio nos trataban bien.

Ni siquiera sabía que ayer [martes] se enviaron los correos electrónicos. Mi hermano recibió uno y me lo dijo. Los correos electrónicos que enviamos con nuestras solicitudes a lo largo de los años, nuestros archivos, contenían nuestras fotos junto a los soldados de la OTAN, nuestras direcciones y detalles de los proyectos de seguridad en los que trabajábamos. Se envió toda la información que podía ayudarnos a reubicarnos. Estoy aterrorizado. ¿Cómo puede alguien ser tan descuidado con nuestras vidas? Los talibanes persiguen activamente a quienes trabajaron con las fuerzas británicas. ¡No estoy enfadado! Me avergüenza haber puesto en peligro la vida de mis hijos por una potencia extranjera.

Mi familia y yo hemos sido detenidos varias veces a lo largo de los años: mis hermanos, mis primos y yo. En aquel entonces, al menos, esperaba que los talibanes no tuvieran información sobre nuestro pasado como colaboradores. ¿Pero ahora? ¿Cómo nos salvaremos si de repente sacan una lista? ¿Y si lo negamos y nos muestran las pruebas delante de las narices?

Las últimas 24 horas han sido insoportables. Desde 2022, algunas personas han recibido invitaciones del Gobierno británico para entrar en el país, pero nosotros no. Nos sentimos olvidados. Le suplico al Gobierno británico que no solo ayude a los que están atrapados en Pakistán e Irán, sino que también ayude a los que trabajamos con el Reino Unido y estamos atrapados en Afganistán. Mis hijos, mi madre anciana... Solo me tienen a mí. La mayoría de los miembros de mi familia ya se han ido a otros países. Yo sigo en Afganistán. Estoy asustado y confundido.

Nos dijeron [las autoridades británicas] que no respondiéramos a los correos electrónicos, sino que utilizáramos el portal. Cuatro años de espera y la ayuda todavía no ha llegado. ¿Qué esperanza nos queda ahora? Lo perdimos todo en Pakistán: nuestros ahorros, nuestra dignidad. Ahora, sin dinero y sin vuelos de evacuación, con los vecinos echándonos de sus casas, me pregunto: ¿no somos humanos? ¿No merecemos ayuda?

Sameem

Me concedieron el estatuto de refugiado en el Reino Unido en 2013 y desde entonces he trabajado como intérprete autónomo para el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Defensa, lo que incluía la formación de soldados británicos. Mi esposa pudo venir también al Reino Unido y solicité el traslado de mi familia —mi padre, mi hermano y mis hermanas— a través del programa ARAP [política de reubicación y asistencia a afganos, por sus siglas en inglés], pero me dijeron que no cumplían los requisitos.

Pero mis familiares corren un gran peligro en Afganistán debido a su trabajo. Mi padre fue fiscal del Gobierno afgano durante muchos años. Los talibanes mataron a uno de mis hermanos en 2011 y otro fue asesinado a tiros delante de sus dos hijos en 2021. Desde que Kabul quedó bajo control de los talibán hace cuatro años, mi familia vive escondida.

Ayer [martes] recibí un correo electrónico del Gobierno británico en el que me informaban de que mis datos podrían haber sido filtrados. Me proporcionaron un enlace para que yo mismo pudiera confirmar que era una de las personas afectadas y pude comprobar que efectivamente así era. Es muy preocupante y frustrante, porque significa que ahora los talibanes pueden localizar fácilmente a mi familia.

Respondí al correo electrónico diciendo: “Mi familia corría un gran peligro en Afganistán y ustedes no les ayudaron a reubicarse, pero ahora han compartido sus datos. Si les pasa algo, ¿quién se hará responsable?”. No han respondido.

El Gobierno británico debe asumir ahora la responsabilidad de esta filtración de datos. Ya he perdido a dos miembros de mi familia. No quiero perder a más.

Shah

Sé que mi nombre figura en la lista filtrada porque el Gobierno británico me notificó que mis datos se habían visto comprometidos en una filtración de datos del Ministerio de Defensa. Mi familia y yo, que vivimos en Afganistán, nos enfrentamos ahora a una amenaza inminente contra nuestras vidas debido a esta filtración. Creo que cuando esos datos caigan en manos de los talibanes, provocarán mi detención, tortura y muerte. Después de que los talibanes tomaran el poder, me escondí porque desempeñé un papel relevante en los tribunales para llevar a los terroristas talibanes capturados por los británicos ante la justicia.

Los talibanes han interrogado a miembros de mi familia para intentar que les proporcionen información sobre mi paradero, por lo que ahora me es demasiado peligroso tener cualquier tipo de contacto con ellos. Me he trasladado a un lugar seguro debido al peligro en el que me encuentro.

En la primavera de 2023, el interés de los talibanes por mí aumentó. Creo que esto puede estar relacionado con la filtración de datos. Localizaron a mi familia, pero yo no estaba en casa porque me había escondido en otro lugar. Desde entonces, han interrogado a muchos miembros de mi familia para obtener más información sobre mi paradero. Contrariamente a lo que dice el Gobierno británico, no creo que los talibanes hayan perdido interés en mí. Lo peor de todo esto es no haber sabido hasta esta semana que mi nombre figuraba en una base de datos filtrada a la que los talibanes podrían haber tenido acceso.

Ahmad

Iba de camino a una cita con el médico para buscar tratamiento para una enfermedad relacionada con el estrés cuando apareció en mi bandeja de entrada el correo electrónico del Gobierno británico. Me sentó fatal. Ya estaba sometido a un estrés enorme debido a la situación de mi familia, pero esto empeoró las cosas.

Entre 2016 y agosto de 2021 trabajé con la NDS-D011, una unidad de la Dirección Nacional de Seguridad de Afganistán que contaba con el apoyo de los servicios de inteligencia británicos. Tras la caída de Kabul y mi evacuación al Reino Unido en 2021, envié los datos personales de mi familia más cercana —mis padres, dos hermanas y tres hermanos— al Ministerio de Defensa como parte de una solicitud de reunificación familiar.

A pesar de que han pasado más de tres años, ni yo ni ninguno de mis aproximadamente 120 colegas que también se trasladaron al Reino Unido hemos conseguido poner a salvo a nuestras familias. Formo parte de un grupo de chat con estas personas y ayer [martes], otras 65 personas informaron de que habían recibido el mismo correo electrónico en el que se reconocía la filtración de datos.

Anoche, todos nos pusimos en contacto con nuestras familias y les advertimos de que tomaran precauciones de seguridad adicionales. Ninguno de nuestros familiares puede vivir libremente ni de forma segura en Afganistán. Dos de mis excompañeros que no pudieron huir del país fueron detenidos por los talibanes hace unos ocho meses y siguen encarcelados. Los talibanes consideran traidores a todos los que han trabajado con gobiernos extranjeros y los castigan por ello. ¿Pueden estos gobiernos [del Reino Unido y los países de la coalición] garantizar que los talibanes mantendrán su promesa de no atacar a nuestras familias?

Era plena noche cuando Zarin Gul se dio cuenta de que tendría que llevar a su hija Nasrin al hospital lo antes posible. Embarazada de su octavo hijo, Nasrin había empezado a sentir fuertes dolores. Su marido estaba trabajando en Irán y ella y su madre estaban solas con los siete niños.

Gul ayudó a su hija a subirse a un bicitaxi y las dos se adentraron en la noche. Sujetando la mano de Nasrin mientras su vehículo traqueteaba por el camino de tierra, Gul rezaba para no encontrarse con un puesto de control talibán. “No dejaba de pensar: 'Ojalá estuviera aquí el marido de Nasrin; ojalá yo pudiera aliviar el dolor de mi hija”, dice Gul.

Sus plegarias no fueron escuchadas. Unos combatientes talibanes vieron la pequeña luz del bicitaxi y les hicieron señas para que se detuvieran y explicaran a dónde se dirigían. Asustada, Gul les dijo que su hija estaba enferma y necesitaba atención médica urgente. Entonces preguntaron por qué viajaban sin un acompañante masculino, o mahram. Gul les explicó que el marido de su hija trabajaba en el extranjero pero los combatientes se negaron a dejarlas pasar y seguir viaje hasta el hospital.

“Les supliqué diciéndoles que mi hija se estaba muriendo, les rogué que nos lo permitieran pero se negaron”, cuenta Gul. “Desesperada, mentí y dije que el conductor del bicitaxi era mi sobrino y nuestro tutor, solo así nos dejaron pasar”.

Pero cuando llegaron al hospital ya era demasiado tarde. El bebé había muerto en el vientre de Nasrin, que tenía el útero desgarrado. Los médicos dijeron que había que trasladarla a otro hospital, así que Gul ayudó a su hija a subirse a otro bicitaxi y volvieron a ponerse en marcha hacia un hospital público a una hora de distancia. En el camino fueron detenidas de nuevo por otros dos puestos de control talibanes. En todos los casos, reteniéndolas durante mucho tiempo por viajar sin un hombre.

Por fin llegaron al hospital. Pero Nasrin no había sobrevivido al viaje. “Los médicos nos dijeron que, debido al exceso de hemorragia y al desgarro del útero, tanto el bebé como la madre habían muerto”, dice Gul. “Los enterramos uno al lado de la otra”.

El sistema de salud, en peligro

De acuerdo con el testimonio de decenas de profesionales sanitarios y mujeres que The Guardian y la agencia de noticias afgana Zan Times entrevistaron en múltiples provincias del país, el sistema maternoinfantil de Afganistán está en riesgo y se ha visto peligrosamente erosionado por la política draconiana de los talibanes contra las mujeres.

Según las agencias de la ONU, la mortalidad materna en Afganistán se está viendo afectada negativamente por la resistencia de los talibanes a permitir que las mujeres se desplacen a los hospitales sin acompañante, el aumento de los matrimonios precoces, el deficiente acceso a la atención sanitaria, la inseguridad de las carreteras y una cultura que no presta atención a la salud femenina.

Incluso antes de que los talibanes tomaran el poder, la tasa de mortalidad materna de Afganistán multiplicaba por tres la media mundial, de acuerdo con las cifras más recientes del Banco Mundial (2020). Según los expertos, es probable que la salud materna se deteriore aún más tras la decisión de los talibanes de vetar, en diciembre de 2024, que las mujeres reciban formación médica, incluidas las futuras matronas.

Según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 24 madres y 167 bebés mueren cada día por causas evitables en Afganistán. Se calcula que más de 20.000 pueblos de todo el país carecen de servicios sanitarios básicos, algo que afecta a 14 millones de personas. ONU Mujeres estima que la probabilidad de que una mujer muera durante el parto en Afganistán se habrá incrementado en un 50% para 2026.

Por todo Afganistán, el personal hospitalario informa de que de manera sistemática se impide a las mujeres acceder a la atención sanitaria materna cuando no las acompaña un hombre. Un profesional sanitario del hospital regional Mirwais, en la provincia de Kandahar, dice que el hospital recibe pacientes femeninas de Kandahar y de las provincias vecinas. “La mayoría llega en estado crítico y algunas mueren simplemente porque las trajeron demasiado tarde”, explica. “Algunos bebés mueren en el útero, mientras que otros fallecen a los pocos minutos de nacer”. Según el personal del Mirwais, al menos 800 madres y más de 1.000 recién nacidos murieron el año pasado en el hospital.

“Una joven llegó al hospital tras dar a luz en un taxi, su bebé había muerto en el camino por falta de oxígeno”, cuenta Samina, una comadrona que trabaja en un hospital público de Kandahar. “Cuando le pregunté por qué no había acudido antes al hospital, me contestó: 'Tuve que esperar a que mi marido regresara del trabajo, no tenía otro tutor masculino”.

Entrevistadas por The Guardian, dos mujeres cuentan que sufrieron un aborto espontáneo por falta de atención médica. Una entrevistada habla de la muerte de una familiar durante el parto. 

“Mi hermana murió ayer durante el parto”, dice Pashtana (nombre ficticio), de 35 años, en la provincia de Kandahar. “Cuando se puso de parto su marido no estaba en casa y no pudo ir sola al médico”. Según Pashtana, si su hermana hubiera viajado sola a la clínica, “no la habrían atendido por no tener un mahram”.

Varias mujeres explican a The Guardian que no podían acceder a tratamientos y recetas por no ir con un varón tutor o por no llevar la autorización firmada por uno. “No puedo ir al médico ni obtener medicamentos si no me acompaña mi hijo o mi nieto”, cuenta Qandi Gul (nombre ficticio), una mujer de 50 años que había acudido a una clínica para una revisión ocular.

“Desde que los talibanes tomaron el poder, las mujeres no van al médico a menos que la enfermedad llegue hasta el punto de ser insoportable”, dice una doctora de la provincia oriental de Nangarhar. “Una de las razones es la dificultad económica pero a veces el motivo es el descuido de los hombres en las familias que no llevan antes a la mujer al médico, y como no pueden desplazarse solas, su estado empeora”.

Escasez de trabajadoras sanitarias

La creciente escasez de profesionales médicas y de comadronas formadas está poniendo en grave peligro la vida de mujeres y niños. Especialmente en las zonas rurales, donde hay pocos médicos con educación formal. Según los médicos entrevistados por The Guardian, “más de la mitad” de sus compañeras han abandonado sus puestos de trabajo, sobre todo en las ciudades y pueblos más pequeños.

“La mayoría de mis compañeras ha abandonado Afganistán y eso ha afectado gravemente al sector sanitario del país”, dice la doctora Sima (nombre ficticio), que decidió quedarse junto a su marido, también médico. “Los dos somos especialistas y nos dimos cuenta de que este trabajo no lo podríamos hacer en el extranjero, así que nos hemos quedado para servir al país”.

Una comadrona de la provincia de Takhar cuenta que representantes del ministerio talibán para la prevención del vicio y la propagación de la virtud acosan y humillan al personal médico femenino de manera constante. “Hacemos todo lo posible por hacer nuestro trabajo, pero la presión es insoportable, muchas queremos dejarlo; a veces nos insultan diciendo que nuestra ropa es 'antiislámica”, dice.

“Un día, teníamos la sala de urgencias desbordada de pacientes. Esa sección es solo para mujeres, y no se admiten hombres pero los talibanes irrumpieron y se llevaron a tres enfermeras, alegando que sus uniformes eran inapropiados”, explica. “Les hicieron firmar un compromiso de llevar ropa más larga antes de dejarlas marchar. Incluso en emergencias de vida o muerte, en lugar de dejarnos tratar a los pacientes nos detienen por nuestra ropa”.

Traducción de Francisco de Zárate.

El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, ha solicitado este jueves a los jueces la aprobación de dos órdenes de arresto, una contra el líder supremo de los talibanes, Haibatullah Akhundzada, y otra contra el presidente de la Corte Suprema, Abdul Hakim Haqqani, por persecución por motivos de género en Afganistán.

El fiscal asegura tener “motivos razonables” para considerar a ambos “penalmente responsables” de un crimen de lesa humanidad en todo el territorio de Afganistán desde el 15 de agosto de 2021 por perseguir a niñas y mujeres afganas, y a personas que los talibanes percibían como “no conformes con sus expectativas ideológicas de identidad o expresión de género”, o “como aliadas de niñas y mujeres”.

“Esta persecución en curso conlleva numerosas y graves privaciones de los derechos fundamentales de las víctimas, contrarias al derecho internacional, incluido el derecho a la integridad física y la autonomía, a la libertad de circulación y de expresión, a la educación, a la vida privada y familiar y a la libertad de reunión”, denuncia Khan.

Además, el fiscal subraya que la resistencia u oposición percibida a los talibanes “fue, y es, brutalmente reprimida mediante la comisión de crímenes que incluyen asesinato, encarcelamiento, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, desaparición forzada y otros actos inhumanos”.

Estas son las primeras órdenes de arresto solicitadas por el fiscal como parte de su investigación de crímenes graves en Afganistán, aunque asegura que “próximamente presentará más solicitudes para otros altos cargos de los talibanes”.

Entre las pruebas con las que cuenta su oficina, hay material audiovisual, decretos oficiales, informes forenses, así como testimonios de expertos y testigos, y declaraciones de los propios sospechosos y otros representantes de los talibanes.

“Persecución sin precedentes, inadmisible y continua”

“Estas solicitudes reconocen que las mujeres y las niñas afganas, así como la comunidad LGBTQI+, se enfrentan a una persecución sin precedentes, inadmisible y continua por parte de los talibanes. Nuestra acción indica que el statu quo para las mujeres y las niñas en Afganistán no es aceptable. Las supercvivientes afganas, en particular las mujeres y las niñas, merecen rendir cuentas ante un tribunal de justicia”, advierte el fiscal.

A finales de noviembre, Chile, Costa Rica, España, Francia, Luxemburgo y México mostraron su “preocupación por el grave deterioro de la situación de los derechos humanos en Afganistán, especialmente para mujeres y niñas” y pidieron al fiscal considerar “los crímenes contra mujeres y niñas” cometidos por los talibanes. Khan les aseguró que la persecución de género ya está incluida en su investigación y les prometió anunciar resultados “pronto”.

“La interpretación de la sharia por parte de los talibanes no debe ni puede utilizarse para justificar la privación de derechos humanos fundamentales ni la comisión de crímenes conexos contemplados en el Estatuto de Roma (tratado de la CPI)”, ha alertado este jueves, a la espera de que los jueces autoricen las órdenes de arresto contra los líderes talibanes.

En 2020, la fiscalía de la CPI logró la autorización unánime de los jueces para comenzar a investigar los presuntos crímenes cometidos en el territorio de Afganistán desde el 1 de mayo de 2003, así como los crímenes vinculados con el conflicto armado y la situación en Afganistán, que fueran cometidos en el territorio de otros Estados parte de la CPI desde julio de 2002.

El anterior gobierno afgano impugnó la admisibilidad de la investigación, pero el 31 de octubre de 2022, tras la toma del poder por parte de los talibanes, la fiscalía ha retomado el caso y “ha estado llevando a cabo una investigación independiente, imparcial y sólida” de los crímenes en Afganistán.

No obstante, Khan solo centrará sus esfuerzos en investigar los crímenes presuntamente cometidos por los talibanes y la filial del grupo Estado Islámico (EI-Khorasan), dejando en segundo plano otros aspectos, como los presuntos crímenes cometidos por soldados estadounidenses.

Alia Azizi había trabajado como oficial de policía con el Gobierno afgano. Era jefa de la prisión de mujeres en Herat (Afganistán) desde 2019 hasta agosto de 2021, cuando los talibanes retomaron el poder. El 24 de agosto, recibió una llamada: el nuevo jefe del poder talibán de la prisión central de Herat le pidió que volviera a trabajar. Dos meses más tarde recibió otra llamada, pero nadie volvió a saber nada más de ella; desapareció después de recibir amenazas de muerte por parte de las familias de los prisioneros, cuentan sus familiares.

Alia Azizi era una de las 3.600 mujeres que, entre 2009 y 2021, Estados Unidos, Alemania, Japón y la Unión Europea apoyaron con millones de dólares en la construcción de instalaciones y la formación de reclutas femeninas en Afganistán. Su testimonio se recoge en el último informe publicado por la organización Human Rights Watch: “Double Betrayal: Abuses against Afghan Policewomen Past and Present”. En este informe realizado a través de 24 entrevistas, las mujeres que en su momento sirvieron como policías cuentan los abusos ejercidos por parte del gobierno anterior y la inseguridad que viven después de la toma del poder por parte de los talibanes.

Mientras estuvieron empleadas por el anterior gobierno, cientos de mujeres policía también sufrieron acoso y agresiones sexuales, incluidas violaciones, por parte de compañeros y supervisores varones a los que nunca se les exigieron responsabilidades. Antiguas y actuales mujeres policía de Afganistán y de países en los que se esconden o solicitan asilo describieron a la organización los continuos trastornos psicológicos y traumas relacionados con estos abusos pasados y su temor a sufrir represalias por parte de sus familias y de los talibanes.

“El jefe de policía del distrito fue a su casa por la noche y la violó. Su marido no estaba ese día”, cuenta una ex agente cuya identidad permanece oculta por protección: “Lloró delante de mí. Dijo que no podía presentar una denuncia oficial porque temía que su marido se divorciara de ella y perdiera la custodia de sus hijos”.

En los años previos al retorno talibán, muchas mujeres buscaban trabajar fuera del hogar, y entrar en la Policía Nacional afgana para tener un poco de autonomía, aunque eso tampoco las libraba de las resistencias familiares. Existía un cierto estigma asociado a la institución –sobre todo por parte de las comunidades más conservadoras– que imaginaba a las mujeres policías como “promiscuas sexualmente”, cuenta el informe. La poca educación que habían recibido durante su infancia junto con la falta de oportunidades laborales, las hacía particularmente vulnerables al abuso y, las continuas denuncias por parte de las víctimas, hacían que este estigma fuera en aumento. Por todo ello, muchas optaron por ocultar su empleo a sus familias.

Nadie que proteja los derechos

Entre 2009 y 2010, Estados Unidos propició un aumento de sus tropas, entre ellas mujeres, en Afganistán. Sin embargo, dentro de la Policía Nacional afgana no se promovió ninguna reforma. “La corrupción era rampante dentro de la policía y el poder Judicial, y ambas instituciones tenían la reputación de una cultura de sobornos y abuso”, señala el informe.

Además de los abusos, la idea de ascender de su posición era un espejismo. El informe asegura que el 70% de las mujeres entrevistadas sufrieron abuso sexual por parte de sus compañeros y, según la organización, 33 mujeres policías dijeron que habían sido despedidas de su trabajo y que a 51 se les bloqueó el ascenso por negarse a tener relaciones sexuales con sus supervisores.

Un funcionario no identificado aseguró a la organización que “reclutar a más mujeres para unirse a la policía no iba a ayudar a abordar la violencia contra las mujeres cuando ellas mismas son abusadas por otros oficiales dentro de la fuerza”. Pese a que el Departamento de Género del Ministerio de Interior era el responsable de investigar estos abusos, algunos etiquetaban a este cuerpo como a una institución “simbólica”.

“No había nadie para proteger nuestros derechos”, cuenta otra testigo.

En las entrevistas que los investigadores de la UNAMA (Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán) llevaron a cabo en 2012, las mujeres policía dijeron que rara vez se quejaban oficialmente sobre acoso sexual y violencia sexual porque “sabían de la impunidad de la que gozaban los altos oficiales masculinos y temían la estigmatización que sufrirían y el riesgo de perder sus trabajos”. Aquellas que se sentían coaccionadas a aceptar tener sexo a menudo lo hacían ante la preocupación de ser castigadas por los oficiales masculinos.

Tras la toma del poder talibán

En los meses posteriores a que los talibanes tomaran el poder en Afganistán en agosto de 2021, sus fuerzas de seguridad llevaron a cabo asesinatos de venganza dirigidos a aquellos funcionarios que habían sido parte de las fuerzas de seguridad del gobierno anterior.

HRW documentó 47 de estos asesinatos y, por su parte, la ONU documentó 218 ejecuciones extrajudiciales de ex oficiales del ejército, la policía y el servicio de inteligencia, y 14 casos de desapariciones forzadas, la mayoría en los primeros meses después de la toma del poder.

Aunque el número de mujeres en las fuerzas de seguridad era menor, éstas han sido especialmente vulnerables. Las pocas que han vuelto a trabajar aseguran que los talibanes las tratan con sospecha, como si estuvieran bajo investigación, y les exigen los números de teléfono de sus antiguos colegas. Además, también se enfrentan a amenazas adicionales de miembros de la familia.

“El estrés era real porque algunas de nuestras compañeras fueron encontradas muertas, aunque sigue siendo incierto si los talibanes fueron responsables o si tenían problemas relacionados con la familia”, explica una ex policía a la organización. Otras, como le sucedió a Alia Azizi, aseguran haber recibido llamadas telefónicas amenazantes.

Desde la toma de control de los talibanes en agosto de 2021, los gobiernos extranjeros han acogido a varios miles de afganos que trabajaban para el gobierno anterior, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación financiados por los países donantes. Sin embargo, según el informe, “estos representan solo una fracción de aquellos en riesgo en Afganistán que necesitan reasentamiento”.

Incluso antes de la toma de poder por parte de los talibanes, EEUU implementó el programa de Visas de Inmigrante Especial para miembros de las fuerzas de seguridad del gobierno anterior que trabajaron con las fuerzas estadounidenses. Sin embargo, entre 2016 y 2021 este programa estuvo prácticamente estancado, y en marzo de 2024, 130.000 solicitudes seguían sin procesar.

El informe también denuncia el “historial deficiente en el reasentamiento de afganos” de la Unión Europea y sus estados miembros. Según el Comité Internacional de Rescate, más de 250.000 refugiados afganos necesitaban reasentamiento en 2023. Sin embargo, solo 329 fueron reasentados dentro de la UE.

Si bien 13.000 afganos fueron acogidos a través de evacuaciones de emergencia en 2021, muchos permanecen en campamentos de refugiados en Grecia u otros países. En ese sentido, la organización asegura que la UE no ha sido capaz de “proporcionar vías hacia un reasentamiento sostenible”, lo que supone que muchas familias se sometan al periplo migratorio irregular con el fin de obtener el asilo político.

Una mujer ex policía y víctima de amenazas telefónicas explica que, poco después de la toma de poder por parte de los talibanes, ella y su familia trataron de llegar a Irán por carretera. Al no tener visados, escaparon, fueron detenidos y deportados de regreso a Afganistán. De vuelta a casa, decidieron vender todas sus pertenencias para poder pagar las tarifas y, al fin, obtener un visado iraní a través de un intermediario. Con la intención de llegar a EEUU, la mujer solicitó otro visado para Brasil, donde residió durante 9 meses sola. “Pagué 3.500 dólares por los billetes, crucé 11 países y llegué a EEUU. Solicité asilo, y me concedieron el estatus de refugiada. Ahora, estoy tratando de traer a mi familia”, cuenta la mujer que, finalmente, llegó a su destino tras cruzar por el Tapón del Darién, una de las rutas migratorias más peligrosas entre Colombia y Panamá.

“La opresión de mujeres y niñas por parte de los talibanes golpea doblemente a las ex policías. Los gobiernos que financiaron y formaron a mujeres en las fuerzas policiales afganas también deben presionar a los talibanes para que pongan fin a todos los abusos contra mujeres y niñas”, afirma Fereshta Abbasi, investigadora de Afganistán de HRW.

Pese a que muchas ex policías han logrado escapar a los países vecinos, la mayoría de las entrevistadas declararon sufrir trastornos y traumas psicológicos a largo plazo por los abusos sufridos antes y después de la toma. Sobre todo, por no haber encontrado un “apoyo psicosocial adaptado a sus necesidades”, denuncia el informe.

HRW pide a los talibanes que “pongan fin a todo el acoso y las amenazas contra las ex policías y otras personas que trabajaron para el anterior gobierno e investiguen de forma creíble los incidentes de violencia”. Sin embargo, también pone énfasis en el deber de los países que anteriormente habían apoyado los programas.

El mundo fue testigo en agosto de 2021 de un acontecimiento devastador en Afganistán: los talibanes tomaron el poder tras dos décadas. Entre el caos y el miedo, muchas personas buscaron escapar de un régimen conocido por su brutalidad y su opresión, especialmente hacia las mujeres. Fue el caso de Roya Musawi, una joven periodista afgana que entonces trataba de labrarse su futuro en ese contexto tan adverso, pero que se vio obligada a escapar de la barbarie con tan solo 26 años.

Su testimonio no es solo una crónica de fuga y supervivencia, sino también una mirada íntima al duro proceso de integración en una tierra extranjera que ahora es su casa y a la que agradece la oportunidad que le ha dado -a ella y a su familia- de empezar de cero. Y es que la vida en Afganistán para Roya y para muchas mujeres fue un campo de batalla constante contra la represión. En su caso, logró avances significativos: fue a la universidad, vivió sola en Kabul y colaboró con la economía familiar. Sin embargo, la llegada de los talibanes significó un retroceso dramático: “Afganistán sufre un apartheid de género”, denuncia esta periodista en conversación con elDiario.es.

Así, los derechos conquistados durante veinte años han caído en saco roto: el cierre de las escuelas para niñas tras la educación primaria y la prohibición para mujeres de acceder a parques públicos o de ocupar el asiento del copiloto de un vehículo son solo algunos ejemplos de las restricciones impuestas. “Los talibanes han eliminado a las mujeres de la sociedad”, lamenta Roya.

Cuenta, además, que nada más llegar al poder sustituyeron las facultades de arte y filosofía de las universidades por religión. “Dentro de cuatro o cinco años tendremos más terroristas y más extremistas, y esto puede ser un peligro para los países de alrededor y para la comunidad internacional en su conjunto. Afganistán se convertirá en un nido de terroristas porque lo verán como una zona muy segura para ellos”, explica, resaltando la importancia de la educación para evitar extremismos. “Es la base de todo”, subraya. “Si no hubiese estudiado no sería la persona que soy ahora”, señala.

Roya y su familia vivían en Ghazni, a unos 130 kilómetros de Kabul. Llevaban una vida tranquila, dentro de las circunstancias, ya que también fueron víctimas de episodios de represión estremecedores: su padre, que regentaba un supermercado -que fue bombardeado y tuvo que sobreponerse a sus consecuencias- fue golpeado y detenido hasta en dos ocasiones. “Probablemente porque somos parte de la comunidad musulmana chiíta, una minoría”, señala Roya. Además, en otra ocasión, y con ella como testigo, golpearon a su madre mientras estaban de compras porque salió en público sin un hombre que la acompañara.

Cuando los talibanes comenzaban a recuperar el poder, Roya estaba empezando a ejercer como periodista. Para ella, según cuenta, era muy difícil hacer su trabajo porque, por ser mujer, le negaban el acceso a información para sus entrevistas y reportajes. “Yo llevaba burka solo para protegerme”, añade, expresando la incomodidad que le suponía ponérselo mientras usaba su cámara, pone como ejemplo.

Cambiar la ropa a color blanco

No obstante, el suceso que marcó un antes y un después en su vida profesional fue una llamada que recibió desde un número oculto cuando regresó a casa de una jornada laboral. Al otro lado de la línea se identificó un comandante talibán, quien le aseguró que si no dejaba de trabajar como periodista cambiarían su ropa al color blanco, como se utiliza en los ritos funerarios en el Islam. Esta amenaza de muerte lo cambió todo para ella. Estuvo un mes recluida en casa, sin tener contacto con el exterior por miedo a poner en peligro tanto su vida como la de su familia.

Posteriormente se fue a Kabul, a la capital, donde encontró trabajo como asistente de comunicación de una ONG. Y ejerció allí, casi de forma clandestina -ya que no publicaba nada de ello en sus redes sociales para proteger a su familia-, hasta que la capital fue tomada por los talibanes. Entonces recibió una carta de evacuación del Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Sabía del desafío que supondría pasar los puntos de control, pero ella y su familia se aferraron a la oportunidad que se les había brindado por arriesgada que fuera.

La huida estuvo marcada por intimidaciones y violencia. Las largas esperas entre un punto de control y otro, todos ellos militarizados, fueron lo más parecido a un “infierno”. Por un lado, las amenazas, los golpes y los disparos al cielo de los talibanes. Por otro, el miedo y la incertidumbre de lo que les depararía tras dejar su vida en Afganistán. Después de 22 horas sin dormir, Roya y su familia finalmente encontraron refugio entre soldados británicos y españoles, un contraste abismal respecto a lo que habían vivido previamente con los talibanes.

Al llegar a España fueron recibidos por Cruz Roja. Y en Cantabria, concretamente en Santander, arrancó la nueva vida para Roya y su familia. El proceso de adaptación e integración, según cuenta, fue complicado: “Cuando llegué aquí no conocía a nadie, no sabía decir 'hola' en español, fue un trauma muy fuerte”, recuerda. A pesar de las dificultades, la comunidad local la acogió, ayudándola a superar las barreras del idioma y la cultura. “Agradezco mucho al Gobierno de España y a la gente de aquí cómo nos ha acogido”, señala.

Roya ha encontrado trabajo como intérprete y traductora para otros refugiados afganos a través de la Asociación Nueva Vida, lo que le permite utilizar su experiencia para ayudar a quienes enfrentan un camino similar. Este rol no solo es una oportunidad de empleo, sino también una vía para su propia integración y adaptación a una nueva vida en España. “La asociación me ha dado una nueva vida literal”, afirma con satisfacción.

Ahora, cerca de cumplir tres años en Santander, Roya reflexiona sobre lo que ha vivido y las paradojas que rodean su situación: “Los extraños nos trataron como seres humanos, mientras que compatriotas afganos nos golpearon y dispararon como si fuéramos animales”, expresa. Y aunque añora trabajar como periodista, que es su objetivo a largo plazo, reconoce que el camino no será fácil. Sin embargo, su determinación es firme, alimentada por el deseo de una vida mejor y más segura para ella y su familia, lejos de la sombra opresiva de los talibanes.

En julio de 2023, el Ministerio talibán para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio ordenó el cierre de más de 12.000 salones de belleza femeninos en Afganistán. Como resultado, decenas de miles de mujeres que habían trabajado en el sector de la cosmetología durante años se vieron sin empleo.

A pesar de las continuas amenazas de los talibanes, algunas de estas mujeres no han abandonado la lucha por su derecho al trabajo. Para poder seguir ayudando a sus familias, trasladaron los equipos de los salones de belleza a sus hogares y crearon salones improvisados. Cuentan con menos clientes y salarios bajos, pero mantienen la esperanza de un futuro mejor.

Bahara, casada y madre de seis hijos, ha trabajado como peluquera desde hace aproximadamente 18 años. Señala que actualmente se enfrenta a dificultades tanto económicas como psicológicas tras la prohibición de los talibanes de las actividades de su salón. En un intento por asegurar un futuro mejor para su familia, Bahara transformó su negocio en una sastrería para mujeres mientras continúa con su trabajo de peluquera. Esto le permite ejercer discretamente su derecho natural a la igualdad laboral.

Sin embargo, ha perdido alrededor del 90% de su clientela y el 10% restante demanda sus servicios con mucha menos frecuencia. A pesar de la disminución de sus ingresos, Bahara todavía tiene que contribuir económicamente con los talibanes, ya que su negocio sigue figurando en los registros financieros y debe continuar con los pagos hasta el final del año fiscal, incluso posiblemente después.

“Durante el gobierno anterior mi negocio floreció y mis ingresos eran buenos, pero ahora he perdido casi toda mi clientela. No puedo realizar mi trabajo correctamente por miedo a los talibanes. Mientras trabajo, me preocupa constantemente que nos puedan atacar y las clientas se abstienen de venir por miedo a ser detenidas”, explica Bahara.

Fátima, otra peluquera en Kabul, se ha visto obligada a trasladar todo el material de su local a su casa, donde trabaja a pesar de las restricciones impuestas por los talibanes. Para Fátima, este trabajo es el único medio para mantenerse a sí misma y a sus hijos. “A pesar de los prejuicios sociales que rodean esta profesión y los numerosos obstáculos que tuve que afrontar, consideraba la peluquería un oficio legítimo e hice un esfuerzo por aprenderlo. Trabajé de forma independiente durante seis años, cubriendo mis necesidades y las de mis hijos. Ahora, los talibanes no solo consideran que mi profesión va en contra de la sharía [ley islámica], sino que también miran con desprecio a las peluqueras y nos tachan de impuras”.

Los salones de belleza del resto del país también se han visto afectados. Humaira (nombre ficticio), una peluquera de la región de Baghlan que ha dedicado 20 años de su vida a esta actividad, dice que las restricciones a las mujeres en los pueblos superan a las de las ciudades. Tras la orden de los talibanes de prohibir el funcionamiento de los salones de belleza femeninos, ella también se vio obligada a trasladar su negocio al sótano de su casa.

“Las restricciones talibanes nos obligan a trabajar con miedo y las clientas no se atreven a venir. Antes, muchas novias venían acompañadas, pero ahora pedimos que vengan solas y si traen un acompañante no deben entrar juntas en mi casa. Tampoco permitimos que las novias salgan con sus vestidos de boda puestos”.

Humaira relata que, tras el cierre de los salones en su región, los talibanes asaltaron las casas de las peluqueras para asegurarse de que no habían trasladado los equipos de belleza a sus hogares. Añade que una de sus amigas había instalado un salón de belleza en su casa, pero los talibanes se enteraron, atacaron su vivienda, agredieron a su marido y destruyeron todo el material.

Algunas peluqueras han intentado hablar en varias ocasiones con el ministro talibán para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio con el fin de tratar sus necesidades ocupacionales, pero solo han recibido respuestas violentas e irrespetuosas.

Desde el resurgimiento de los talibanes en Afganistán, las medidas más restrictivas se han centrado en contra de las actividades de las mujeres. En unos incidentes ocurridos recientemente, algunas mujeres de varias provincias fueron detenidas, acusadas de no respetar la obligatoriedad del hiyab y fueron trasladadas a lugares no revelados. Estas acciones han provocado un mayor confinamiento de las mujeres afganas en sus hogares.

Aun así, un importante número de mujeres en Afganistán, especialmente peluqueras, se esfuerza por sortear estas condiciones desfavorables y cambiar la atmósfera restrictiva del país. En medio de estas terribles circunstancias, luchan por mantener viva la esperanza de que algún día recuperarán sus derechos.

La Biblioteca General de la Universidad de Castilla-La Mancha en el Campus de Ciudad Real acoge hasta el 15 de diciembre una muestra con 16 testimonios de la lucha de las mujeres afganas por su futuro bajo el dominio talibán.

Bajo el título 'Ellas son la revolución', la exposición que organiza Amnistía Internacional en colaboración con la propia Biblioteca recoge fotografías y testimonios de profesoras, policías, políticas, juezas, médicas, científicas o artistas que luchan por restablecer los derechos de las mujeres en su país, los cuales les fueron arrebatados con la llegada de los talibanes al poder en agosto de 2021.

El poder talibán provocó cambios radicales en la vida de toda la población afgana, pero las mujeres y niñas se enfrentan cotidianamente a restricciones de sus derechos especialmente alarmantes. Tal y como denuncia Amnistía Internacional a través de esta muestra, han visto gravemente limitado el acceso a la educación y al empleo, están más expuestas a la violencia de género y a restricciones graves del derecho a la libertad de reunión, circulación y expresión, incluida la ropa que llevan.

Además, han sido excluidas de la vida pública, de la participación política y de los órganos de poder donde se toman decisiones que les afectan directamente, según ha informado la UCLM.

Con esta exposición, la organización pretende recordar los logros que, con gran esfuerzo, consiguieron las mujeres en los últimos 20 años y que corren peligro de ser borrados tras la llegada de los talibanes al poder, tenerlas presentes y exigir a la comunidad internacional que las escuche y que haga todo lo posible para que recuperen sus derechos.

Adele Odim, de 23 años, tiene grabado a fuego el 15 de agosto de 2021 porque es la fecha que ha marcado su vida, la de su familia y la de todo un país. Su Afganistán natal entraba en una etapa de oscuridad con el regreso del régimen talibán al poder y todo su mundo de ilusiones y su futuro se derrumbaba encima de esta joven musulmana perteneciente a la etnia Hazara. Junto a su madre enferma logró subirse al avión militar fletado por el Gobierno español con el que 2.000 personas abandonaron la capital, Kabul, rumbo a España. Actualmente madre e hija viven refugiadas en Asturias.

Dos años después de su huida, Adele pone voz y rostro al horror que viven las niñas y mujeres bajo el dominio talibán porque, como ella misma explica, “soy de un país donde las mujeres no tienen ningún derecho humano menos respirar”. “No tienen derecho a trabajar, a estudiar, a salir de casa, a nada. Ahora sólo tienen el derecho a respirar”, afirma.

Intenta aguantar sin llorar mientras relata lo feliz que era antes de la llegada de los talibanes, cuando vivía tranquila junto a su familia. Iba tapada, pero sólo se ponía un velo ligero en el pelo. Esta joven, natural de Ghor, estudiaba tercero de Periodismo en la Universidad de Herat y salía libremente a disfrutar con sus amigos en su tiempo de ocio. Una situación que cambió radicalmente con la llegada de los talibanes cuando se les prohibió a las mujeres estudiar, trabajar y fueron obligadas a permanecer recluidas en sus casas.

En la escuela las niñas estudiábamos en el suelo porque no teníamos mesas, ni sillas, ni libretas, ni lápices. No teníamos nada, pero queremos volver a hacerlo incluso en esas condiciones

Recuerda que la discriminación que sufrían las niñas y mujeres por su género no les impedía estudiar, por sus ansias de aprender, pese a las limitaciones que les imponían los talibanes.

“Me pongo malísima al ver que aquí [en referencia a Occidente] veo a la gente y a las jóvenes que se están quejando de todas estas cosas que tienen, cuando nosotras queremos estudiar y no nos dejan. Tampoco nos dejan trabajar. Tenemos todas las obligaciones que los talibanes quieren. Ellos piensan que las mujeres no tienen ningún derecho, menos tener niños y estar en casa siempre. No les importan nada las mujeres y las ignoran”, ratifica.

Aunque tampoco antes tenían una libertad plena, opina que al menos podían estudiar y trabajar, pero no libremente: “Las mujeres tenían que vestirse con una ropa negra y larga, pero ahora nada. La situación es más dura y terrible que mis palabras. No os lo podéis imaginar”, describe.

Adele explica que en la escuela las niñas estudiaban sin medios, pero podían formarse. Dice que ella se conformaría con que al menos no les prohibieran acudir a los centros educativos, como ocurre actualmente. “Estudiábamos en el suelo porque no teníamos mesas, ni sillas, ni libretas, ni lápices. No teníamos nada, pero queremos estudiar incluso así. Aceptamos esta situación, pero tampoco nos dejan”, reconoce.

Además, en Afganistán no había escuelas cerca de su casa, como ocurre en España. Compara las dos realidades: “En España hay uno o dos colegios en cada barrio. En Afganistán tienes que ir dos horas caminando hasta llegar al colegio, pero ahora lo prohíben a las mujeres y piensan que como eres musulmana te tienes que casar cuando tienes nueve o diez años, cuando tú eres una niña. Y en vez de jugar en el parque, con tus amigas, no te dejan”.

Los matrimonios forzados también están a la orden del día y Adele cuenta cómo los talibanes obligan a las niñas mayores de 12 años a casarse y tener hijos sin haber abandonado aún la adolescencia.

“Una vez vi a una niña de 14 años que estaba embarazada y era ya su segundo bebé. Estaba casada con un hombre de 45 años”, comenta mientras las primeras lágrimas le impiden momentáneamente continuar.

Bajo el dominio talibán las mujeres han perdido todos los derechos adquiridos y, desde agosto de 2021, el temor se instauró entre la población. A partir de ese momento, las mujeres que se atrevían a salir a la calle corrían el riesgo de ser secuestradas, agredidas sexualmente o asesinadas. Adele asegura que ella también se veía obligada a adoptar sus precauciones.

Yo llevaba siempre un cuchillo y un espray de pimienta para que los talibanes no me cogieran y me llevaran. A los talibanes no les importa si la mujer ya está casada o no. Para ellos, una mujer no es para un hombre sino para varios

Cuando los talibanes ocuparon el poder, las mujeres de la etnia hazara se sintieron amenazadas, especialmente ella y su familia porque además su padre había sido militar y dos de los hermanos de Adele tenían vinculación con el Ejército. Un hermano era militar y otro había trabajado para los militares españoles y americanos.

Seis meses antes de su huida del país murió su padre y la situación empeoró aún más ya que su madre se encontró sola con seis hijos a los que no podía garantizar su seguridad.

Horas de angustia hasta abandonar el país en una huida traumática

El hermano que trabajaba con los militares españoles destinados en Afganistán les ayudó a abandonar el país a ella y a su madre. La huida fue también traumática para toda la familia.

“La jefa de mi hermano nos mandó un correo que decía que nos podía ayudar a salir de Afganistán. Teníamos varias razones para no vivir ahí porque nuestra vida corría peligro. Mi padre y mi hermano eran militares y otro hermano trabajó con los militares españoles y americanos; unas buenas razones para los talibanes para matarnos”, indica.

A esas razones se sumaba el hecho de que Adele pertenece a la etnia Hazara, donde la mayor diferencia con otras etnias es que en la suya ofrecen los mismos derechos a los hombres que a las mujeres y dejan que éstas accedan a la educación; una mentalidad que convirtió a este grupo étnico –que representa casi un tercio de la población afgana– en el más perseguido.

“Salí de Afganistán con mucho dolor. No me imaginaba que iba a salir hasta el momento en que vi que había llegado a Madrid”, afirma.

Ella y su madre se quedaron a vivir en Asturias y uno de sus hermanos reside actualmente en la capital de España. En Afganistán quedaron otros familiares que no pueden salir de casa.

“Mis hermanos estuvieron siete meses en Afganistán escondidos, unos días en unas casas y otros días en otras. El año pasado lo pasé muy mal por el peligro que veía de que fuera posible que cogieran a mis hermanos, se los llevaran y los mataran. Cogieron a uno de mis hermanos pero menos mal que no lo mataron, pero sí lo pegaron”, relata.

Añade que ahora sus familiares están refugiados en Irán, donde la situación tampoco es mucho mejor, especialmente para las personas refugiadas.

Adele estudiaba tercer curso de Periodismo en Afganistán y llegó a trabajar como periodista “hasta los últimos días” en que llegaron los talibanes al país. También para ella era una situación muy arriesgada porque veía cómo cada día mataban a periodistas, pero no lo podía dejar porque era su sustento de vida.

“Yo llevaba siempre un cuchillo y un espray de pimienta para que los talibanes no me cogieran, no me llevaran, ni me mataran. Para mí era terrible. A los talibanes no les importa si la mujer tiene o no marido, se la llevan y no es una mujer para un hombre, sino para varios. Esto también pasa ahora. Es terrible”.

Como periodista también tenía que medir mucho el contenido de sus informaciones, porque funcionaba la censura y le decían “qué podía poner y qué no. Pero por lo menos podíamos trabajar. Ahora sólo trabajan las chicas en la televisión y tienen que llevar siempre mascarillas, no pueden estar en el mismo espacio a la vez que los hombres, ellas graban por separado los vídeos”, resalta.

La imposibilidad de las mujeres para acceder a un empleo está abocando a mucha población a la muerte porque, según relata Adele, muchas familias sobrevivían con el dinero que les proporcionaban las mujeres que trabajaban.

“Muchos hombres murieron estos últimos años y ahora muchas familias mueren de hambre porque vivían del salario de las mujeres que trabajaban y que ahora no pueden”.

Adele cree que las posibilidades de que el régimen talibán cambie son nulas y se muestra crítica por la falta de apoyo de la comunidad internacional: “Ahora creo que las posibilidades de que esto cambie son cero, porque nadie hace nada”, lamenta.

Adele estudia en Asturias un módulo sociosanitario porque aspira a ser enfermera y poder algún día ayudar a las mujeres de su país si es que por fin puede regresar. La situación de su madre es diferente porque, según comenta, a ella le cuesta más empezar de cero en España.

“Sus hermanos y toda su familia siguen en Afganistán. Apenas habla y sólo llora”, dice con emoción contenida.

Adele pone voz y cara a las “mujeres afganas que luchan por su futuro bajo el dominio talibán” como Amnistía Internacional ha subtitulado la exposición 'Ellas son la revolución', inaugurada el pasado 13 de julio, y que permanecerá abierta hasta el próximo 31 de agosto en el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo.

La bióloga Eva García Vázquez es profesora de Genética en el Departamento de Biología Funcional de la Universidad de Oviedo. Es miembro y activista de Amnistía Internacional desde 1981 y apoya la causa de las mujeres afganas. Con la exposición afirma que pretenden dar voz y poner cara a las mujeres afganas que sufren una discriminación en razón de su género que, según opina, “se podría considerar ya un crimen de lesa humanidad” y cree que, como tal, podría ser investigado por la Corte Penal Internacional.

“Desde la toma de poder por los talibanes, hace sólo dos años, progresivamente se ha privado a las mujeres de sus derechos. Están inhabilitadas para circular libremente, se les prohíbe trabajar, se les impide acceder a la educación, están borradas de la vida pública. Son encarceladas, torturadas y sometidas a desaparición forzada si no siguen estrictamente estas nuevas normas que rigen en su poder”, destaca la profesora universitaria.

Por su parte, el rector Ignacio Villaverde, destaca el papel que pueden jugar en este terreno las universidades que, bajo su criterio, no pueden permanecer calladas ante el horror talibán. En este sentido, recuerda el comunicado que la conferencia de rectores hizo público en diciembre de 2022 donde condenaba rotundamente la prohibición del acceso de las mujeres a la universidad y de las niñas mayores de 12 años al instituto decretada en Afganistán.

“Como universidad con vocación internacional y de defensa de los derechos humanos, nuestra universidad no puede permanecer callada. La colaboración con Amnistía Internacional –añadió– es nuestra forma de tejer redes de apoyo en favor de la mujer afgana”.

La exposición 'Ellas son la revolución' es fruto de la colaboración entre la institución académica y Amnistía Internacional y recoge el testimonio de 16 mujeres afganas que luchan por su futuro bajo el dominio talibán.

A través de paneles se muestran los testimonios de esta lucha, donde hay comentarios de mujeres periodistas, profesoras, exparlamentarias, deportistas y activistas y se complementa con un mural elaborado por alumnado de quinto y sexto curso de Primaria de la ESO del colegio público Hermanos Arregui de Pola de Siero, en el que los niños del centro han escrito mensajes solicitando a los talibanes que permitan a las jóvenes afganas volver al colegio y han dibujado tulipanes, la flor nacional de Afganistán, como símbolo de ánimo y apoyo para las niñas afganas.

Los 16 testimonios de las mujeres afganas

Entre los testimonios recogidos figura el de la periodista Elaha Sahel que asegura: “Todo cambió cuando los talibanes tomaron el poder en agosto de 2021, nuestras familias fueron quienes primero nos impusieron restricciones por temor a las represalias talibanes”.

Así vio la situación la exparlamentaria y exembajadora afgana en Noruega Shukria Barakzai: “Los primeros días todo el mundo estaba conmocionado, pero luego vi a unas mujeres valientes que resistían y participaban en manifestaciones y alzaban sus voces. Es la nueva generación. Ellas son la revolución”.

Muy contundente era el mensaje de Fawzia Amini, jueza decana del Tribunal Supremo de Afganistán: “Pretenden borrar a las mujeres de la sociedad y encarcelarnos a todas en nuestro propio domicilio”.

La ginecóloga Masouda Faizi lanza un mensaje muy desalentador: “Si fuera joven, no podría hacer nada porque las mujeres y niñas no tienen ninguna oportunidad”.

Muy pesimista también es el testimonio de la activista Shamail Zarei: “Llevo escondida desde que los talibanes tomaron el poder y ya no puedo hacer lo que hacía antes. Millones de mujeres y niñas teníamos un futuro que ya no existe”.

“Los presos tienen derechos a diferencia de las mujeres”

Las activistas Sediqa Mushtaq, Zahra Yagana también han expuesto un panorama desolador para las mujeres afganas. La primera sostiene que están obligando a las familias a aceptar que sus hijas contraigan matrimonio con talibanes y dice que ella conoce a familias que están casando a sus hijas con sus propios familiares por miedo. La segunda cree que ha perdido todos los derechos y oportunidades por los que tanto se ha esforzado estos años.

“Todo está destruido y desde fuera del país no puedo hacer nada para ayudar a quienes siguen en Afganistán”, admite Zahra Yagana.

Otros testimonios siguen la misma línea de pesimismo. Es el caso de la abogada Azam Ahmadi, que dice: “Me siento como en una cárcel. Incluso los presos tienen derechos, a diferencia de las mujeres bajo el dominio talibán”.

La científica Nahid Rahimi, miembro del equipo afgano de robótica también expresa su sentimiento de rechazo hacia el régimen talibán por la pérdida de derechos de las mujeres.

“Las mujeres son el tronco de la sociedad. Si ellas no estudian, ¿Cómo se puede tener una sociedad estable?”, se pregunta Nahid Rahimi.

La artista Nagena Azimi lo resume de esta manera: “La mentalidad de los talibanes se basa en la guerra, en la violencia y en matar. No han cambiado, tienen las mismas opiniones que hace 20 años”.

Las mujeres afganas luchan por recuperar su libertad de pensamiento y de movimientos, para no quedarse ancladas en un pasado sin retorno. Quieren un futuro con derechos y la educación es uno de los principios básicos. Los testimonios de estas 16 mujeres valientes y, especialmente, el de Adele Odim es el primer paso para conseguir que un día puedan volver a Afganistán, sin que ser mujer sea jugarse la vida. Ellas son la revolución.

El Gobierno talibán ha anunciado la prohibición de los salones de belleza para mujeres en Afganistán y ha dado un plazo de un mes para el cierre de todos los que estén funcionando en el país. Se trata de la más reciente de una serie de restricciones basadas en la rígida interpretación de la ley islámica.

“El ministerio envió una carta a los municipios para cancelar la licencia de los salones de belleza” a partir del 25 de julio, ha informado este martes a EFE el portavoz del Ministerio de Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio, Mohammad Sadiq Akif Mahajir.

En la misiva, el todopoderoso ministerio fundamentalista instruye a las autoridades de Kabul y demás provincias afganas a concluir las actividades en los centros de belleza para mujeres a lo largo de este mes, y una vez pasado el plazo, “estarán prohibidas” en el país. La medida ha sido ejecutada tras la orden del líder supremo de los talibanes, el mulá Mawlawi Haibatullah Akhundzada.

Este veto, otro más que se añade a la lista de prohibiciones impuestas a las afganas desde la llegada al poder de los talibanes en agosto de 2021, supone también una pérdida importante de las pocas fuentes de ingresos con las que cuentan. “Miles de familias encabezadas por mujeres perderán fuentes de ingresos. Esto es realmente difícil para nosotras para sobrevivir y es una especie de tortura para nosotras”, ha dicho a EFE una maquilladora en un centro de estética de Kabul.

Retroceso de derechos

Desde la llegada al poder de los fundamentalistas hace casi dos años, las mujeres han experimentado un retroceso en materia de derechos, con restricciones como la segregación por sexos en lugares públicos, la imposición del velo o la obligación de ir acompañadas por un familiar masculino en trayectos largos.

A esta lista de recortes se incluyó el pasado diciembre la prohibición para trabajar en ONG o estudiar en la universidad, una orden que sucede al veto a la educación secundaria femenina impuesta desde que los talibanes llegaron al poder.

La realidad que viven las afganas a día de hoy se asemeja cada vez más a la época del primer régimen de entre 1996 y 2001, cuando en base a una rígida interpretación del islam y su estricto código social conocido como pashtunwali prohibieron la asistencia femenina a las escuelas y recluyeron a las mujeres en el hogar.

Detrás de muchas de estas regulaciones contra las mujeres se encuentra el todopoderoso Ministerio de Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio, una institución que entró en vigor durante el primer régimen talibán y se extinguió con la invasión estadounidense, quedando en un mal recuerdo para los afganos durante los siguientes 20 años.

Con la vuelta al poder de los talibanes hace casi dos años, la institución regresó, instalándose, precisamente, en el ahora extinto Ministerio de la Mujer.

“¿Dónde están tus hijos?”, preguntaban los talibanes en los interrogatorios a los mayores de la región de Panjshir, en el noreste de Afganistán, tras la toma de Kabul. “Han dicho que están en las montañas”, insistían. Allí se refugiaron quienes plantaron cara a los extremistas y se unieron al Frente de Resistencia Nacional (FRN). Allí, también, los talibanes perpetraron un castigo colectivo contra los civiles escondidos, calificados por Amnistía Internacional (AI) como “crímenes de guerra”.

Con el título 'Tus hijos están en las montañas', la ONG ha publicado este jueves un nuevo estudio en el que detalla la persecución de los habitantes de Panjshir después de la caída de Kabul en 2021. “La cruel táctica talibán de atacar a civiles por sospecharse su afiliación al Frente de Resistencia Nacional está causando un sufrimiento y un miedo generalizados”, denuncia Agnès Callamard, secretaria general de AI. “Miles de personas se están viendo arrastradas por la continuada opresión talibán, que tiene la clara intención de intimidar y castigar”.

Callamard detalla que “la lista de crímenes de guerra y otras violaciones del derecho internacional humanitario cometidas por los talibanes en Panjshir es muy larga: ejecuciones extrajudiciales, tortura, toma de rehenes, detención ilegítima e incendio de casas civiles”. Aunque cada una de esas acciones puede ser un crimen de guerra, en su conjunto y con las detenciones arbitrarias y las restricciones impuestas a la población civil “constituyen también el crimen de guerra de castigo colectivo”.

Esos crímenes dieron comienzo después de que los talibanes se hicieran con el poder en agosto de 2021, tras la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán y la toma del control de la capital, Kabul.

Arrestos arbitrarios

“Los talibanes han castigado colectivamente (a la población) con la detención arbitraria de hombres civiles y chicos, a veces en grandes grupos, por sospechas de pertenecer al FRN”, afirma AI en el informe. Esas detenciones tuvieron lugar en el trascurso de operaciones militares o en redadas en viviendas de personas sospechosas de haberse unido a la guerrilla opositora, entre mayo y agosto de 2022.

Al menos 90 personas fueron detenidas, según las fotos de todos ellos, en ocho incidentes separados –en seis de ellos, los detenidos fueron maniatados–. Los propios talibanes grabaron vídeos y, en algunas de las imágenes, dijeron que los detenidos eran combatientes opositores, pero AI verificó que la mayoría eran civiles y, muchas veces, parientes de los milicianos del FRN.

En mayo del año pasado, después de que los talibanes se molestaran porque el clérigo de una localidad celebrara la festividad musulmana del Aid Al Fitr en una fecha diferente a la oficial, aumentó la tensión en la zona y se enfrentaron con los opositores. Algunas familias abandonaron la aldea por miedo y, cuando llegaron los talibanes, arrestaron a todos aquellos que tenían edad para luchar, incluidos los mayores de 15 años. La búsqueda se realizaba casa por casa.

Unas 200 personas fueron detenidas en total, los más jóvenes fueron puestos en libertad el mismo día, mientras que los mayores estuvieron en manos de los talibanes hasta una semana y fueron sometido a interrogatorios, según AI.

Los talibanes también han arrestado a familiares de opositores, como el hijo de 17 años de un exmiembro del Gobierno, que creían que se había unido al FRN en el distrito de Darah: “Los talibanes rodearon mi casa y se llevaron a mi hijo. Lo golpearon y lo torturaron. Le dijeron que, si él no encontraba a su padre, lo volverían a arrestar”, relató posteriormente el progenitor a AI. Los talibanes regresaron dos días después y, al no encontrar al joven que había huido de casa, amenazaron a su hermana: “Esta vez preguntaron a mi hija dónde estaba su padre. Apuntaron con un arma al pecho de una chica de 11 años”.

Torturas hasta la muerte

El informe recoge tres casos de civiles torturados hasta la muerte, tras haber sido arrestados por los talibanes en Panjshir. Todas las víctimas eran ganaderos, que estaban siguiendo las normas tradicionales de la zona para el pastoreo.

En octubre de 2022, Noor Mohammad y Ghulam Ishan no encontraban su ganado en las montañas del distrito de Darah y fueron hasta el vecino de Rokha a buscarlos (es frecuente que los animales se dejen en las montañas cuando no dan leche y sean recogidos en septiembre). Ellos creían tener el permiso de los talibanes locales, pero testigos dijeron a AI que fueron detenidos cuando llegaron a la zona de Hesarak. Unos días después, el cuerpo de Mohammad fue encontrado debajo de una roca, en la zona donde había desaparecido; Ishan seguía vivo en ese momento, pero herido por los golpes recibidos durante la detención. Su cuerpo fue encontrado cuatro días más tarde.

Las fotos y vídeos recopilados y analizados por AI indican que “ambos hombres fueron sometidos a torturas”.

Ejecuciones extrajudiciales

A mediados de septiembre de 2022, las fuerzas talibanas se enfrentaron al FRN en Panjshir, capturaron y ejecutaron a decenas de combatientes opositores entre los días 12 y 14, según los testimonios recogidos por AI, las imágenes de los vídeos que los propios talibanes publicaron y el recuento de víctimas de diferentes fuentes.

Según la ONU, 48 miembros del FRN fueron ejecutados extrajudicialmente, mientras que fuentes locales cifran en 57 los fallecidos en esos días y al menos 17 de ellos habrían sido asesinados.

Por ejemplo, en el distrito de Rokha, las imágenes analizadas por la ONG internacional revelan tumbas cavadas en una zona montañosa justo después de que se produjeran las ejecuciones. En muchos de los casos, los miembros del FRN estaban maniatados y, en pequeños grupos, recibían los disparos por la espalda en una ladera de las montañas, que AI ha podido geolocalizar gracias a las imágenes de los vídeos de las ejecuciones.

Bases militares en escuelas

Los talibanes han establecido bases militares en áreas residenciales en varias zonas de Panjshir, muchas veces en escuelas, mezquitas y viviendas, de las que fueron expulsados los habitantes. Incluso algunos de estos edificios fueron convertidos en centros de detención.

Las escuelas ocupadas y convertidas en bases militares fueron cerradas “temporalmente” por los talibanes, pero en marzo de 2023 todavía tenían bases en 28 escuelas de esa región, según un medio local. Mientras, un informe de la ONU de febrero de 2023 sitúa a las fuerzas talibanas en 24 de los 129 centros educativos de toda la zona.

Un colegio femenino de Paraza, en la aldea de Tankhul, fue tomado por los talibanes: “Ahora las niñas están estudiando en casa”, según un testigo entrevistado por AI, quien detalló que en cada escuela ocupada había unos 50 talibanes. El movimiento extremista, tras su llegada al poder, prohibió la educación secundaria y universitaria femenina, por lo que sólo las alumnas de primaria siguen acudiendo a la escuela y, esta misma semana, decenas de ellas han sufrido síntomas de envenenamiento.

Más de medio centenar de alumnas de primaria fueron envenenadas el pasado sábado y otras 26 estudiantes al día siguiente, en la provincia norteña de Sar-e-Pul, según dijo a la Agencia EFE este lunes el director de información provincial, Mufti Ameer.

El sábado también sufrieron síntomas de envenenamiento tres maestras, un maestro, dos conserjes y un padre en esa escuela, y el domingo cuatro profesoras del segundo centro.

Según Ameer, “todas las estudiantes que fueron trasladadas al hospital tenían náuseas y problemas respiratorios debido a que personas desconocidas rociaron veneno en las aulas”, pero su estado de salud “es bueno”.

La agencia de noticias Reuters cifra en alrededor de 60 las alumnas hospitalizadas después de haber sido envenenadas en un colegio de Sar-e-Pul, en el distrito de Sancharak, según informó hoy el portavoz de la Policía provincial. Den Mohammad Nazari dijo que “algunas personas desconocidas entraron en el colegio de las chicas (...) cuando las chicas llegaron a las aulas, sufrieron envenenamiento”. Las víctimas fueron llevadas al hospital y se encuentran en “buen estado”, agregó.

Las fuentes no detallaron qué sustancia fue utilizada ni quién podría estar detrás de los incidentes, que recuerdan a los que han ocurrido recientemente en el vecino Irán, donde se calcula que unas 13.000 alumnas han sufrido síntomas de envenenamiento desde el pasado noviembre, según el recuento ofrecido por Reuters.

En Afganistán, las chicas no pueden recibir educación secundaria y universitaria, como parte de prohibiciones contra las mujeres que impusieron los talibanes desde su regreso al poder en agosto de 2021. La medida fue adoptada unos meses después y fue recibida por protestas y oposición de las estudiantes afganas, y por las condenas de toda la comunidad internacional.

Las niñas pueden asistir a clase hasta los 12 años y las autoridades talibanas han mantenido abiertas las escuelas primarias, aunque con determinadas normas.

Más de 100 guardias nepalíes, que arriesgaron sus vidas para proteger al personal de la embajada británica en Afganistán antes de que los talibanes tomaran el control de Kabul, fueron deportados a Nepal en contra de su voluntad en un operativo secreto poco después de haber sido trasladados por vía aérea a un lugar seguro en Reino Unido, según ha revelado The Guardian.

Cientos de ciudadanos nepalíes —y un número menor de ciudadanos indios— que protegían instituciones clave en Kabul fueron trasladados a Reino Unido en un vuelo de la Real Fuerza Aérea británica durante la caótica evacuación de la capital afgana llevada a cabo por países occidentales en agosto de 2021, cuando las fuerzas talibanas llegaron a la ciudad.

Ahora ha salido a la luz que, días después de su llegada a Reino Unido, más de 100 de los ciudadanos nepalíes evacuados fueron enviados a la fuerza a sus países de origen, a pesar de que a muchos de ellos se les habían expedido visados de seis meses tras su llegada.

The Guardian ha entrevistado a algunos de los deportados, que creen que sus vidas corren peligro en Nepal. Algunos fueron expulsados a la fuerza de habitaciones de hotel en Reino Unido, en zonas como Northampton, Reading, Oxford y Swindon, incluso antes de completar la cuarentena de 10 días en un hotel, requisito obligatorio entonces para los recién llegados a Reino Unido a causa de la pandemia de COVID-19.

Cuando los antiguos guardias fueron repatriados en 2021, Nepal era uno de los países que integraba la lista roja con la que el Gobierno británico advierte el riesgo de viajar allí. Algunos de los nepalíes deportados han conseguido volver a Reino Unido y han solicitado asilo.

Detenidos por orden de Interior

En marzo, al menos 10 guardias nepalíes que protegían al personal de la embajada británica en Kabul y seguían viviendo en Reino Unido fueron arrestados durante una redada en su hotel del oeste de Londres y detenidos por orden del Ministerio del Interior.

Tras conocerse las detenciones, Interior emitió un comunicado en el que declaraba que las expulsiones de los detenidos habían quedado en suspenso “a la espera de una nueva revisión”. El comunicado decía que los evacuados habían sido trasladados en avión desde Kabul como “gesto de buena voluntad”, con el acuerdo de que debían retornar a sus países de origen.

Más de 100 de los nepalíes expulsados de Reino Unido han escrito a Rudra Dhakal, residente británico de ascendencia nepalí que les presta apoyo, con copia al Ministerio del Interior, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Defensa, el gobierno nepalí y ACNUR. La carta se titula “Llamamiento urgente para una mayor protección humanitaria en Reino Unido”.

“Las fuerzas de seguridad fronteriza de Reino Unido nos engañaron. Nos deportaron a la fuerza a Nepal contra nuestra voluntad. Al momento de nuestra deportación, nunca nos dieron la opción de permanecer en Reino Unido para seguir recibiendo protección humanitaria”, escribieron los guardias deportados.

“Los utilizaron”

Dhakal continúa ofreciendo apoyo a los guardias. “Estos veteranos, los más valientes entre los valientes, dijeron que proporcionaban seguridad en primera línea... pero acabaron siendo dejados atrás. Los utilizaron en la primera línea de la guerra”, critica.

Uno de los deportados es Deepak Punmagar, de 42 años. “En Afganistán vivíamos bajo amenaza”, dice a The Guardian. “No sabíamos si sobreviviríamos. Cuando llegué a Reino Unido me sentí seguro, pero me deportaron a Nepal el 17 de agosto”, indica.

A algunos de los guardias nepalíes evacuados de Kabul en 2021, que realizaban en Afganistán un trabajo casi idéntico al de los expulsados por la fuerza, se les concedió permiso indefinido para permanecer en Reino Unido, incluidos dos de los diez detenidos en marzo, que permanecen en centros de detención para inmigrantes.

Jamie Bell, del bufete de abogados Duncan Lewis Solicitors, que representa a algunos de los detenidos que continuan detenidos, afirma: “Estos valientes hombres fueron evacuados de Afganistán y, posteriormente, fueron preparadas y tramitadas sus solicitudes de residencia permanente en Reino Unido. Nunca se les habló de ningún gesto de buena voluntad y no existió nunca el acuerdo de que podrían ser expulsados, y mucho menos detenidos tras una redada matutina en su hotel. Resulta alarmante ver cuántos se han visto afectados por esta terrible situación”.

Un portavoz del Ministerio del Interior responde: “Mantenemos nuestro compromiso de ofrecer protección a las personas vulnerables y en situación de riesgo que huyen de Afganistán y hasta ahora, hemos puesto a salvo a unas 24.500 personas en Reino Unido”.

“Como gesto de buena voluntad, se evacuó de Afganistán a varios ciudadanos nepaleses que no cumplían los requisitos del programa de reasentamiento de ciudadanos afganos. Esto se hizo con el entendimiento de que, una vez en Reino Unido, estas personas organizarían el viaje de regreso al país de su nacionalidad y que se les ofrecería apoyo para el mismo”, asegura. Se ha solicitado información a la embajada de Nepal en Reino Unido.

Traducción de Julián Cnochaert.

Las mujeres afganas siguen privadas de sus derechos humanos y civiles básicos. Los talibanes han prohibido que las niñas vayan a la escuela secundaria, al instituto y a la universidad, y también han vetado a las mujeres en la mayoría de los ámbitos laborales. Además, deben ir tapadas de pies a cabeza en público y no se les permite acceder a parques y gimnasios. A pesar de estas restricciones, las mujeres resisten, luchan por la igualdad y se oponen a la mentalidad regresiva y represiva de los talibanes.

Para hablar de los retos a los que se enfrentan las afganas y de las perspectivas de futuro, Hasht-e Subh entrevista a Shukria Barakzai, una activista afgana de los derechos humanos. Era periodista antes de pasarse al activismo político. Llegó a ser miembro del parlamento afgano y más tarde fue nombrada embajadora en Noruega. Ahora es una de las Afghan Active Women [Mujeres Activas Afganas] que defiende los derechos de las mujeres en Afganistán en las plataformas internacionales.

Desde que los talibanes tomaron el poder en Afganistán, las mujeres del país han sido despojadas de casi todos sus derechos esenciales. Ante estas circunstancias, ¿es posible hablar de igualdad de género?

Es indudable que la llegada de los talibanes al poder supuso la pérdida total de derechos para las mujeres afganas, pero esta pérdida no impide que se hable de la importancia de la libertad y la igualdad. Creo que históricamente las mujeres tenían los mismos derechos y responsabilidades legales que los hombres, pero la realidad era diferente cuando se trataba de cómo se ponían en práctica esos derechos. A pesar de las desigualdades a las que se enfrentan, las mujeres siempre han estado decididas a abogar por la igualdad. Es importante tener en cuenta que las mujeres aspiran a alcanzar la justicia y la igualdad, aunque la consecución de estos objetivos pueda ser un proceso largo. Sin embargo, el ascenso de los talibanes y su toma del poder ha suscitado preocupación no solo en relación con los derechos de las mujeres, sino también con los derechos civiles bajo el [llamado] gobierno de facto. No solo se excluye sistemáticamente a las mujeres afganas de todas las esferas de la vida (un acto que puede considerarse un crímen y una violación de los derechos humanos), sino que también se niega a los hombres y a otros ciudadanos afganos sus derechos fundamentales.

Los talibanes también vinculan la exclusión de las mujeres de la esfera pública y de la educación a la religión e incluso a la cultura. En países donde las mujeres gozan de mejores condiciones, ha costado mucho esfuerzo cambiar las leyes y la cultura para avanzar en la igualdad de género. ¿Cómo ve la situación de las mujeres en Afganistán?

Sin duda, la religión, la cultura, las costumbres y las tradiciones de una sociedad tienen una gran influencia en la percepción pública de los derechos de la mujer. Es importante señalar que hace un siglo Europa y América eran los lugares menos favorables para las mujeres. Por supuesto, con el progreso de la ciencia, la educación, la economía y las creencias que deben reconocerse como valores en una sociedad, se está superando lentamente la cuestión de la discriminación de género. Pero aún sigue siendo un asunto fundamental en las sociedades. Lo que los talibanes reivindican en Afganistán no tiene ningún antecedente en la cultura afgana. Incluso en los pueblos más remotos de Afganistán, verás que las mujeres mayores están obligadas a enseñar el Corán a las niñas y a los niños pequeños. Es decir, empiezan a enseñar y a aprender ciencia desde la misma edad en aldeas y pueblos. Esta ha sido una tradición y en muchos pueblos de Afganistán comprenderás que la lectura de los grandes libros de Masnavi-ye-Ma'navi (un extenso poema escrito en persa por Jalal al-Din Muhammad Balkhi, también conocido como Rumi) junto con otros libros e historias persas, incluido el Shahnama (largo poema épico escrito por el poeta persa Ferdowsi entre los años 977 y 1010), forma parte de las costumbres y la cultura del pueblo afgano. Por lo tanto, no podemos estar de acuerdo con las afirmaciones de los talibanes de que sus creencias sobre las mujeres tienen raíces religiosas o culturales, ya que esto va en contra del principio básico de educación y aprendizaje de la religión. Creo que los talibanes hacen su propia lectura que no encaja con la religión o la cultura.

Hablando de educación, ¿qué hay que hacer para que las mujeres afganas vuelvan a tener la oportunidad de estudiar y participar en la sociedad? ¿Puede convertirse Afganistán en un lugar mejor solo con eliminar las barreras educativas para las mujeres?

Creo que la educación no es una oportunidad que haya que dar a las mujeres, es un derecho. Quienes se consideran gobernantes en Afganistán, sean quienes sean, son responsables de proporcionar el contexto, el espacio y el lugar. Por tanto, los talibanes no solo son responsables de la seguridad de todas las alumnas creando un entorno sano y seguro, sino que también tienen la obligación de abrir las puertas de las escuelas y universidades a las niñas. No creo que recibir educación deba ser un privilegio que conceden los gobernantes a la gente. Muchos países islámicos ofrecen y financian costosas becas a sus estudiantes en el extranjero para animarles a adquirir conocimientos.

Por lo tanto, no olvidemos que la cuestión sobre la educación de las mujeres y niñas y su trabajo no debe ser política, ni debe debatirse como un problema social. Afganistán es [el antiguo] Afganistán. Si vas a aldeas y lugares remotos verás que las mujeres cultivan la tierra, recogen la cosecha, reforman sus casas, plantan flores y crían gallinas al igual que los hombres. Hacen muchas cosas realmente, pero el hecho de que los talibanes no lo sepan y que sus políticas sean contrarias a las mujeres y exclusivas para ellas es una cuestión aparte, pero mi petición especial es que la educación de las mujeres se separe de las preocupaciones y los privilegios políticos.

Usted fue parlamentaria de la República Islámica de Afganistán. ¿En qué medida la restauración de un sistema parlamentario en Afganistán puede ayudar a mejorar la situación de las mujeres?

Una cuestión crítica y subyacente en Afganistán es la ausencia de partidos políticos significativos. Como elemento crucial de un sistema parlamentario, la existencia de partidos políticos importantes les confiere el poder político. De lo contrario, si los parlamentos siguen estando compuestos solo por personas (al margen de los partidos políticos), como hemos visto en las tres últimas legislaturas, el sistema parlamentario no puede establecerse. Porque en ningún otro país compiten más de dos partidos políticos en unas elecciones hasta que se consideran las bases para construir un sistema único y dependiente del voto del pueblo.

En segundo lugar, además de esto, debe haber una actividad clara de los partidos y grupos políticos, para que podamos alcanzar el principio que es necesario para el sistema parlamentario. Cualquier sistema que llegue a Afganistán debe basarse en el voto del pueblo afgano. Que Afganistán tenga una buena presidencia o un buen parlamento, con o sin canciller, son debates en los que hay que trabajar, pero entregar el poder a una sola persona no es digno del sistema de gobierno de Afganistán. Tenemos una amarga experiencia en este sentido.

Amnistía Internacional ha salido a las calles de Castilla-La Mancha coincidiendo con el 8M, el Día Internacional de las Mujeres, para recordar “el acoso a las mujeres y niñas afganas y la valentía de quienes siguen reivindicando sus derechos”. Y lo ha hecho con un mensaje claro que puede verse en los escaparates de diversos comercios en Toledo.

Es la campaña 'Comercios que dan la cara por Afganistán' en la que los maniquíes de los escaparates aparecen con la cabeza cubierta “en solidaridad por las restricciones que sufren las mujeres afganas”. Una campaña que se desarrolla en 50 comercios de la capital de Castilla-La Mancha y que se repite en Albacete. La tienda sostenible Cherry Bomb se suma a la campaña. En esta ciudad, Amnistía Internacional participaba en la Carrera por la Igualdad del 5 de marzo en los Ejidos de la Feria.

Mientras, en Ciudad Real el grupo local de la ONG participará esta tarde en la concentración convocada por la Asamblea Feminista a las 20 horas en la plaza Mayor, donde denunciará las últimas medidas impuestas por el régimen talibán.

En Valdepeñas esa participación se producirá en el acto institucional del 8M a las 12 horas en la Plaza de España. Y en Cuenca celebrará una acción simbólica.

“Somos poderosas, las mujeres tenemos el poder. Prométanme no olvidarnos. Los próximos seis meses o el próximo año averigüen qué está pasando en el país. Mírennos y piensen en nosotras. Juntas podemos lograrlo”. Estas fueron las palabras que una activista afgana dirigía a la comunidad internacional después de que los talibanes tomaran el control de Afganistán en agosto de 2021.

Amnistía Internacional reclama no olvidarse de las mujeres y niñas en Afganistán y por eso estará presente en las manifestaciones del 8 de marzo que se celebrarán en Castilla-La Mancha bajo el lema #EllasSonLaRevolución, recordando cómo en este país “se siguen recortando drásticamente sus derechos”. Recuerdan que “aunque ya no estén en los focos, su situación no solo no ha mejorado, sino que cada día empeora con nuevas restricciones y medidas discriminatorias que imponen los talibanes”.

Desde 2021, Amnistía Internacional ha denunciado que los talibanes violan los derechos de las mujeres y las niñas a la educación, al trabajo y a la libre circulación; detienen a mujeres y niñas por infracciones menores de normas discriminatorias; y contribuyen al aumento del número de matrimonios precoces y forzados en Afganistán. Además, la represión contra aquellas que siguen teniendo la valentía de protestar pacíficamente contra estas normas opresivas sigue siendo muy fuerte. Son amenazadas, detenidas, recluidas, torturadas y sometidas a desaparición forzada. 

“En estos casi dos años, los talibanes han puesto en marcha una serie de medidas contra mujeres y niñas destinadas a sacarlas del ámbito público y meterlas en sus casas. No pueden viajar sin ir acompañadas de un pariente cercano varón, deben ir cubiertas fuera de casa, no pueden entrar en los jardines y en los parques de Kabul, o tienen prohibido practicar deporte”, manifestó Leticia García del Castillo, responsable del área de derechos de las mujeres en Amnistía Internacional Castilla-La Mancha.

Derechos de las mujeres en riesgo

Pero además de Afganistán, queremos recordar otros lugares en los que los derechos de las mujeres están en riesgo o se están limitando. En Irán, la 'policía de la moral' sigue vigilando que la legislación discriminatoria que, entre otras cosas, obliga al uso del velo, se siga cumpliendo. El 13 de septiembre de 2022, la joven Mahsa Amini, de 22 años, fue detenida en Teherán por no llevar bien puesto el velo. La golpearon violentamente para meterla en el furgón policial. Pocas horas después, fue llevada a un hospital en coma y tres días después murió. A raíz de estos sucesos, mujeres y hombres de diversos sectores de la sociedad, se han manifestado contra el régimen que ha respondido con una fuerte represión: disparos con munición real, juicios ilegales, extorsiones a familiares de las personas detenidas y las fallecidas, condenas de muerte y ejecuciones. Se estima que más de 300 personas han muerto por manifestarse, incluidos al menos 41 niños y niñas.

Las mujeres que protestan se enfrentan a violencia policial también en otros países como Colombia. Amnistía Internacional documentó hasta 28 casos de violencia sexual y otro tipo de violencia de género por parte de las fuerzas de seguridad en el transcurso de las manifestaciones celebradas durante el Paro Nacional de 2021.

En Yemen, país que lleva muchos años de conflictos continuados, la tutela masculina sigue siendo un instrumento de control social sobre la vida y las libertades de las mujeres, que lleva a situaciones tan límite como que se mantenga encarceladas a mujeres que han cumplido su condena si ningún tutor masculino se responsabiliza de ellas o si sus familiares se niegan a recibirlas.

Mientras en Estados Unidos, “se ha dado un grave paso hacia atrás en cuanto al disfrute de los derechos de las mujeres”, sostiene la ONG, al poner fin a la protección del derecho al aborto que regía en todo el país y abrir la puerta a la prohibición de dicho derecho, dejando la decisión de si se sigue o no adelante con un embarazo en manos de los estados, y no de la mujer o la persona embarazada.  

“Son muchas las luces rojas que se encienden en diferentes países para alertarnos que no podemos dejar de seguir luchando para proteger los derechos de las mujeres”, destacó Leticia García del Castillo.