Mujeres obligadas a tener sexo durante 12 horas sin descanso. Prostíbulos camuflados entre pisos de alquiler. Amenazas religiosas, deudas inasumibles o embarazos indeseados. Todo con tal de que escapar parezca una misión imposible. El pasado mes de abril, la Policía Nacional desarticuló dos redes de trata instaladas en distintos puntos de Madrid: una en Tetuán y la otra, en Ciudad Lineal. En esta última, de hecho, era una adolescente de 15 años quien ejercía de recepcionista, llegando a atender hasta a 100 clientes diarios por llamada telefónica.

Como resultado de ambas operaciones se ha detenido a once personas acusadas de delitos de trata, blanqueo de capitales y organización criminal. Las pesquisas comenzaron en octubre del año pasado, cuando los agentes recibieron la denuncia de una de sus víctimas. La mujer explicó que había sido engatusada para viajar desde su país de origen y, luego, obligada a prostituirse o tener sexo sin protección, siempre a gusto del cliente. Para retenerlas y evitar que escaparan las coaccionaban con santería, amenazas con ritos oscuros y supuestos maleficios, provenientes de esta religión afrocaribeña.

En muchos casos, podían ser explotadas sexualmente durante 12 horas sin descanso. Aunque las dos redes desmanteladas son independientes entre sí y con distintos cabecillas, en ambos casos estaba prohibido abandonar los pisos. No fue hasta el pasado mes de abril que los agentes lograron entrar en los domicilios y liberaron a cuatro víctimas.

“Las organizaciones criminales que estamos detectando suelen alquilar viviendas, ya sea a su propietario o subarrendándolas a un tercero. Estos pueden ser o no conscientes de las actividades que se llevan a cabo en sus pisos pero, en estos casos, la ley no exige responsabilidades para el dueño”, detalla Víctor de las Heras, jefe de la Sección de Investigación de la Brigada Provincial de Extranjería de Madrid y una de las personas a cargo de esta operación.

Coacciones con santería y sexo sin protección

Además de la primera víctima que acudió a ellos, una segunda afectada contactó con ellos para denunciar lo que ocurría en otro prostíbulo de Madrid, con un modus operandi similar. En su caso, afirmaba que todo empezó cuando una conocida le incitó a subir contenido sexual a una página web erótica, donde compartió una foto desnuda a un hombre que le ofrecía empleo. Eso sí, como “trabajadora sexual”.

La denunciante ha llegado a trabajar en tres domicilios distintos durante doce horas sin pausa. Solo podía descansar durante la noche, y con cuidado de no despertar a los vecinos. “Si alguna víctima tenía intención de abandonar el negocio, eran coaccionadas y amenazadas con desvelar su identidad y a qué se dedicaban”, reza el comunicado policial que informa de las detenciones, difundido este lunes.

Los clientes accedían al domicilio con un código para abrir la puerta y tenían bonos con ofertas que se podían utilizar sin límite de tiempo. En este caso, los agentes efectuaron tres entradas y registros en los domicilios utilizados como prostíbulo y pudieron liberar a tres mujeres.

Una mujer venezolana que había sido captada en su país con una falsa promesa de empleo ha sido liberada en Oviedo/Uviéu, donde ejercía la prostitución bajo coacciones, presionada por las amenazas de muerte que sufría su familia en Venezuela y bajo la vigilancia constante de las cámaras instaladas en el domicilio de la capital asturiana para que la red transnacional que la retenía pudiera tener controlados todos sus movimientos.

Los cinco integrantes de esta banda internacional dedicada a captar mujeres en Venezuela y Brasil para ejercer la prostitución en España han sido detenidos en Asturias, Murcia y Ponferrada y, tras pasar a disposición judicial, posteriormente han ingresado en prisión.

La colaboración ciudadana, clave

La Jefatura Superior de Policía de Asturias ha confirmado este viernes el éxito de la denominada 'Operación Cherry' que se ha saldado con la liberación de la mujer, víctima de trata con fines de explotación sexual, y el arresto de los cinco miembros de la organización.

La investigación se inició el pasado 10 de abril en Oviedo/Uviéu gracias a la colaboración de una ciudadana que alertó sobre el posible cautiverio de una joven venezolana.

Una supuesta deuda

Agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Asturias localizaron el domicilio donde la víctima permanecía retenida para costear una deuda impuesta de 10.000 euros.

La operación policial se desarrolló en varias fases. Inicialmente, se detuvo a una mujer de origen brasileño a la que se atribuye las labores del control directo de la víctima en la vivienda ubicada en la capital asturiana.

Los presuntos cabecillas

Al comprobar la dimensión transnacional de la red, la Policía Nacional solicitó la colaboración de la Interpol, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Venezuela y las Consejerías de Interior de Venezuela y la Agregaduría de Interior en Chile.

A través de este intercambio de información, los investigadores lograron identificar a los cabecillas: dos venezolanos que gestionaban la captación en origen y la logística del viaje.

La familia de la víctima, amenazada

Entre tanto, agentes del CICPC protegían a la familia de la víctima en Venezuela, a la que los ahora detenidos tenían amenazada de muerte.

Al mismo tiempo se organizó un operativo conjunto en el que participaron miembros de la Brigada de Extranjería y Fronteras de Murcia, para arrestar en esta provincia a otras dos mujeres, también de origen venezolano, que eran las encargadas del traslado, alojamiento y control de la víctima en territorio español. Tras ser detenidas, fueron puestas a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión.

Una banda “muy peligrosa”

Posteriormente, la Policía logró identificar y localizar en Ponferrada a los dos cabecillas de la trama. Se trata de dos hombres de origen venezolano considerados en medios policiales “de gran peligrosidad debido a sus antecedentes y su destreza en el manejo de armas de fuego”.

El pasado 8 de mayo, agentes de la Brigada de Extranjería y Fronteras y de la Brigada de Seguridad Ciudadana de Ponferrada procedieron a su detención en las inmediaciones de un domicilio de la localidad. Los detenidos pasaron también a disposición judicial y posteriormente se dictó contra ellos una orden de ingreso en prisión provisional y sin fianza.

La colaboración internacional

La Jefatura Superior de Policía de Asturias ha resaltado la importancia de la colaboración mantenida con el CICPC de Venezuela, la Interpol y las Consejerías de Interior en Venezuela y Agregaduría de Chile para proteger a la familia de la víctima.

Este importante operativo policial ha permitido además localizar y detener a uno de los miembros de la banda que tenía una orden de busca y captura por parte de las autoridades chilenas.

Orden de captura de Interpol

Sobre este miembro de la red pesaba una orden de captura de Interpol por hechos similares cometidos en 2021.

La Policía Nacional ha asegurado que este detenido presuntamente explotaba a menores venezolanas siguiendo el mismo modus operandi detectado ahora en España.

Reconocidas por las Naciones Unidas, galardonadas con el Premio Agenda Barcelona 2030 y, a finales de 2024, con el premio del Observatorio Catalán de la Justicia en Violencia Machista, Metzineres es hoy uno de los proyectos de referencia en la atención a mujeres en situación de extrema vulnerabilidad en Barcelona. Desde 2020, además, está considerado un Servicio de Intervención Especializada (SIE) por la Generalitat de Catalunya. Sin embargo, ninguno de estos reconocimientos las protege del riesgo que ahora afrontan: a partir del 30 de junio, Metzineres del Raval se quedará sin local para desarrollar su actividad porque la propiedad ha decidido no renovar el contrato de alquiler del espacio.

Ubicado en pleno corazón del Raval, Metzineres funciona como un espacio comunitario de refugio, atención y cuidados para “mujeres que son expulsadas del resto de redes de atención sociosanitaria por el hecho de usar drogas”, explica Aura Roig, antropóloga y directora de esta cooperativa fundada en 2017. “Son mujeres que vienen de situaciones traumáticas, de violencia, y que duermen en la calle”, añade.

Se trata de uno de los pocos servicios que existen en Barcelona dirigidos a mujeres que sobreviven en la calle y que, a diferencia de la mayoría, no centra su intervención en el problema que las ha llevado hasta allí, sino que las sitúa a ellas en el centro.

“Cuando vives en la calle y tienes que estar despierta, difícilmente lo haces sin consumir ningún tipo de sustancia”, explica Roig. “Empezar pidiendo la abstinencia o que se adapten a determinados modelos de atención es algo muy complejo. Al final, lo que vemos es que se utilizan las sustancias como una cortina de humo para no ir a las causas estructurales de su exclusión”.

Antes de fundar Metzineres, Roig estuvo al frente de la XADUD, una red de atención a mujeres que usan drogas creada en Barcelona en 2016. Se trataba de un espacio entre iguales para la recuperación de derechos, el soporte mutuo y el intercambio de conocimientos que, a día de hoy, sigue existiendo. Fue en esos encuentros semanales en el Ateneu del Raval donde empezaron a identificar las necesidades que compartían muchas de esas mujeres: las barreras del sistema cuando solicitaban acceso a los servicios de atención social.

“Nos reuníamos todas las semanas y creamos este espacio porque nos dimos cuenta de que no tenían un lugar donde poder juntarse sin ser juzgadas”, recuerda Roig. “Vimos lo terapéutico que resultó para ellas”. Cuando el proyecto de investigación finalizó, las mujeres continuaron reuniéndose. “Fue entonces cuando pensamos que sería importante crear un espacio donde se pudieran cubrir todas esas necesidades. Así nació Metzineres”, añade la directora del lugar.

Actualmente, Metzineres atiende a 647 mujeres. Cada día pasan por el espacio unas 60, y la cifra no deja de crecer. “Ofrecemos camas para que puedan descansar durante el día, duchas, talleres y un patio interior donde se puede hacer comunidad”, explica Roig. Pese al apoyo de la administración y del vecindario —y tal y como avanzó hace unas semanas El Periódico—, el futuro del proyecto es incierto. En junio finaliza la prórroga del contrato de alquiler y la propiedad ya ha comunicado que no habrá una nueva renovación. “Nos dijeron que no lo iban a vender, que se lo quedarían, pero ahora nos lo hemos encontrado en Idealista”, lamenta.

El local —que Metzineres tuvo que reformar y cuyo coste todavía está pagando— pertenece a Barcino Property, una sociedad dedicada a la inversión en inmuebles residenciales en localizaciones céntricas de Barcelona para su explotación en régimen de arrendamiento. El contrato finalizó en enero, pero la propiedad concedió una prórroga extraordinaria que termina el 30 de junio. Este medio ha cotactado con Barcino Property, que ha declinado hacer comentarios.

La salida del Raval de Metzineres no es una cuestión baladí. Según las usuarias y la directora del espacio, el hecho de estar en el centro de la ciudad es uno de los principales activos del equipamiento. “Es el barrio en el que trabajan y por el que se mueven. Sabemos que, si nos vamos de aquí, muchas no van a llegar”, apunta Roig.

Ser mujer y dormir en la calle

Sentada en el patio interior del local, alrededor de una mesa rectangular con seis sillas de plástico que desde 2017 ha sido testigo de tantas historias, Manu se emociona cada vez que recuerda su vida en la calle. “Se me revuelve el estómago solo de pensarlo”, explica. La voz se le quiebra cuando habla de la importancia de la apariencia. “La gente se cambia de acera, te tira el vaso de café o te mira mal solo porque no tienes buen aspecto”.

Tras sobrevivir en la calle durante cinco años, Manu hoy tiene un hogar. “Metzineres es bello, muy bello. Soy una romántica, pero estoy enamorada de Metzineres. Aquí somos chicas metzis”, dice entre carcajadas, mezclando el español con el italiano, su lengua materna.

Ser mujer y vivir en la calle, explica, es despertarse cada mañana a las siete. “Sé que eso es igual para mucha gente, pero en la calle hay veces que te despiertas porque la Guardia Urbana te está dando una patada”, abunda. “Tienes que pensar dónde lavarte la cara, cambiarte, porque llevas la misma ropa de ayer. Incluso te puedes despertar con las bragas bajadas y con la mochila a cuestas. Esa mochila que nunca desaparece”.

Para Manu, como para muchas de sus compañeras, Metzineres le devuelve la dignidad. “La destrucción y el maltrato son tantos… institucional, sanitario, político… A las personas sin hogar se las trata como una mierda”, apunta. Denuncia también la desconfianza sistemática que ha marcado su relación con las instituciones. “Como he sido yonqui, no me creen. Tengo que ir acompañada por una profesional para que me tengan en cuenta”, añade.

Aunque en Barcelona existen múltiples entidades de reducción de daños y de atención a personas sin hogar, muchas se centran en un único ámbito: consumo, trabajo sexual, violencia de género. “Puede ocurrir que una mujer sin hogar, embarazada y que consume drogas acuda a una entidad que atiende a mujeres embarazadas que duermen en la calle, pero le exijan dejar de consumir”, explica Andre Gaetano, referente de activismo y responsable de la imagen de Metzineres. “Como consume [drogas], no la aceptan y se queda en la calle. Ahí es donde entramos nosotras”.

En Metzineres no se pide cita previa ni datos personales. “Aquí todas son bienvenidas: mujeres trans, migrantes, mujeres con consumo acompañado, mujeres de género ampliado”, explica Gaetano. “El historial se construye cuando ellas quieren contarlo, de una forma más humana. Si han sufrido violencia, lo explican cuando se sienten seguras”.

A la izquierda de Gaetano, apoyado en la pared, un letrero de azulejos recuerda a las víctimas de la guerra contra las drogas. “Pero aquí apenas hay consumo”, señala Manu, hoy técnica comunitaria del proyecto. “Yo he consumido mucho, pero ahora que tengo un espacio, una casa, amigas, tengo mucha menos necesidad de consumir”, afirma.

Aunque el local cuenta con lo que llaman el “tocador de consumo”, una sala de consumo seguro y acompañado, lo que define a Metzineres es su comunidad. “Ninguna chica viene porque quiera consumir”, insiste Manu, frente a algunas críticas que recibe el proyecto. “Vienen porque es un espacio donde no hace falta pedir un abrazo para recibirlo. Aquí estás presente como persona”.

De constitución delgada, sonrisa amplia y un moño rojo que contrasta con el lateral rapado de su cabeza, Manu se ríe mientras describe la vida cotidiana en Metzineres. “Es como volver a tener seis años y estar con tus amigas”. En las literas, a veces duermen de dos en dos, abrazadas, para recuperarse de una mala noche o de la dureza de la calle. Las “tardes de tinta” son tardes de peluquería: “Nos teñimos el pelo, nos maquillamos, elegimos ropa del ropero… Lo más divertido es cuando vienen las vecinas y les hacemos el pelo”, dice entre risas. “La casa son las amigas”, resume Andre.

En Metzineres pasan muchas cosas. Además de reivindicar su ternura radical, organizan talleres, charlas y espacios de intercambio de saberes. Nada más entrar, una pared cubierta de mensajes ofrece consejos que se actualizan constantemente: qué hacer si ejerces el trabajo sexual, si duermes en la calle o si consumes metanfetamina.

Cada viernes celebran una paella comunitaria junto a otras entidades del barrio y, recientemente, han impulsado L’Arravalera, un proyecto financiado por el Ayuntamiento de Barcelona. Se trata de un espacio para crear comunidad, ubicado en la misma calle, que reivindica la memoria y la contracultura del Raval, dando voz a las comunidades que habitan los márgenes. Un lugar de encuentro donde autores, artistas, académicas y vecinas comparten saberes para sobrevivir a ciudades cada vez más gentrificadas.

Los datos de la organización son claros: de las mujeres atendidas durante el último año, el 70% se encontraba directamente viviendo en la calle y un 19% tenía techo gracias a algún tipo de recurso asistencial. El ahogo económico ha obligado a la entidad a cerrar los festivos y fines de semana, “justamente los días en que no reciben atención de otras instituciones y que para nosotras eran fundamentales”, señala Roig.

El año pasado también se quedaron sin financiación para el proyecto Espai de Drets, un recurso clave de acompañamiento jurídico. Sin un domicilio fijo, muchas no pueden recibir notificaciones judiciales ni acceder a una defensa adecuada. El proyecto les ofrecía un lugar estable para recibir comunicaciones y apoyo legal, facilitando el acceso a una abogada de oficio o a la defensa directa del servicio.

Además, permitía acogerse a medidas alternativas a la prisión, algo que antes era imposible al no disponer de un lugar donde cumplirlas ni de horarios compatibles con los servicios. También se elaboraban informes de vulnerabilidad que podían reducir condenas. La mayoría de los delitos no eran graves y estaban vinculados a la supervivencia, como pequeños hurtos de comida o el impago de multas.

“Estamos en una situación de mucho estrés y muchas de ellas están muy angustiadas”, concluye Roig. “Hemos pasado de tener un espacio que se nos queda pequeño a no saber si dentro de dos meses tendremos siquiera un lugar”, concluye finalmente Andre.

A día de hoy, la continuidad del proyecto pende de un hilo pese a su búsqueda de soporte y recolecta de firmas para evitar la pérdida de su local. La entidad no dispone de los recursos económicos necesarios para trasladarse a otro centro dentro del Raval, un elemento clave para mantener su labor y el vínculo con la comunidad a la que atiende.

Mientras tanto, siguen a la espera de una respuesta por parte de la administración pública, imprescindible para garantizar su futuro como servicio de intervención especializada reconocido por la Generalitat.

Pese a los intentos de mediación y diálogo, la situación permanece estancada, lo que pone en riesgo un trabajo que durante años ha dado respuesta a necesidades sociales urgentes. Sin una solución inmediata, el cierre no sería solo el fin de un espacio, sino la pérdida de un recurso fundamental para el barrio.

“Las instituciones públicas someten a la mujer trans migrante a un proceso de tortura. Es un sistema heteronormativo y, como no encajamos en él, nos empujan a una tortura física y emocional”. Vlada Krassova, originaria de Nicaragua, huyó de su país en 2018. Pasó siete años como refugiada en Costa Rica hasta que, en 2025, llegó a España a través de un programa de reasentamiento.

La mujer trans migrante sufre una triple discriminación: por ser trans, por ser migrante y por ser mujer. No se trata solo del complejo proceso —físico, psicológico, social y económico— que atraviesa una mujer trans. Cuando a esa realidad se suma la migración, la dificultad se multiplica.

“Una mujer trans nacida en España ya cuenta con la nacionalidad; si además tiene una familia que le ofrezca apoyo, mucho mejor. Pero para quienes llegan en situación administrativa irregular y sin red familiar, todo es mucho más complicado”, explica Juan Nicolás, consultor en política social y experto en género. “La realidad es que estas mujeres están en la cola de la exclusión social”.

Las trabas administrativas

Uno de los grandes hitos de la Ley Trans, aprobada en febrero de 2023, fue la autodeterminación de género: la posibilidad de modificar legalmente el nombre y el sexo sin necesidad de informes médicos ni tratamientos previos, contribuyendo a su despatologización.

Sin embargo, las personas trans migrantes en situación irregular no pueden iniciar este proceso. Hasta que regularizan su situación, permanecen en un limbo en el que la identidad que figura en su documentación no coincide con la que viven.

La Ley Trans no nos favorece a todas. Es para personas con nacionalidad española, no para migrantes y mucho menos para quienes están en situación irregular

“Vienen huyendo de sus países por ser trans y, cuando llegan aquí, se encuentran con trabas administrativas. La Ley Trans es importante, pero no llega a todo el mundo. Hay derechos recogidos en el papel que no se trasladan a la vida real”, añade Nicolás.

Alexandra Andino, mujer trans hondureña, llegó a España en 2012: “Migré porque lo que estaba en juego era mi vida”. Sin embargo, sus expectativas no se cumplieron: “Pensaba que España era un país avanzado y que todo sería más fácil, pero la Ley Trans no nos favorece a todas. Es para personas con nacionalidad española, no para migrantes y mucho menos para quienes están en situación irregular”.

La mayoría de mis compañeras no pueden acceder al reconocimiento de su identidad hasta obtener la nacionalidad

En el caso de Vlada, el reconocimiento de su identidad también fue una barrera. “En Costa Rica llevaba cinco años con mi nombre y género reconocidos, pero al llegar a España tuve que empezar de nuevo”. A pesar de su condición de refugiada, esperó más de un mes para regularizar su identidad: “Esa espera me generó mucha ansiedad. Veía a personas cis en mi situación hacer trámites con normalidad, mientras yo no sabía cuánto tiempo tendría que esperar”.

Actualmente, la nicaragüense trabaja en un estudio académico sobre el acceso al reconocimiento de la identidad de género y reconoce que su caso es excepcional: “La mayoría de mis compañeras no pueden acceder al reconocimiento de su identidad hasta obtener la nacionalidad, y eso implica muchísimo más tiempo”.

Durante este bloqueo administrativo, uno de los temores más habituales es ser nombradas en público con un nombre legal que ya no las representa, conocido como deadname.

Laura Johana, ecuatoriana de 41 años, vivió varios años en Chile antes de llegar a España en 2024. “Antes pedía que me llamaran por mi apellido. No solía haber problema, aunque siempre puede tocar alguien que se niegue”, relata. En su caso, el proceso fue más sencillo gracias a su madre, residente en Cartagena desde hace más de dos décadas, lo que le permitió obtener el permiso de residencia y realizar el cambio de nombre en el consulado ecuatoriano en Murcia.

“Sin papeles no puedes acudir a un endocrino”

La falta de regularización legal obliga a estas mujeres, en muchas ocasiones, a interrumpir su proceso hormonal. “Sin papeles no puedes acudir a un endocrino. Muchas hemos tenido que interrumpir la hormonación, y eso provoca un desajuste físico y emocional muy fuerte, incluso depresión”, explica Alexandra.

Para las personas trans es un método de tortura que la continuación del proceso hormonal no se considere una emergencia en el sistema sanitario

En el caso de Vlada, como refugiada, contaba con tres meses de tratamiento asegurados por parte del gobierno de Costa Rica. Pasado este periodo empezó el calvario: “La interrupción del proceso hormonal conlleva disforia, ansiedad y depresión”, explica. Las trabas burocráticas y la falta de sensibilidad del personal sanitario acentuaron este estado: “Para las personas trans es un método de tortura que la continuación del proceso hormonal no se considere una emergencia en el sistema sanitario”, denuncia la nicaraguense.

Se acentúa el problema de vivienda

Si para la mayoría social esta cuestión es uno de los grandes conflictos sociales y económicos del país, para las mujeres migrantes trans la dificultad se multiplica. “Las propias inmobiliarias me dicen que los propietarios les piden que no alquilen a personas como yo”, explica Alexandra Andino. A pesar de tener contrato y nóminas que la avalan, muchos caseros se niegan a alquilarles un hogar “por ser migrantes y transexuales”.

La transfobia y el racismo se suman al ya de por sí complicado mercado de la vivienda: “Cuando preguntamos por qué, nos dicen que vamos a usar el piso para prostituirnos, una migrante trans siempre carga con el estigma de la prostitución incluso aunque pueda demostrar que no la ejerce”, cuenta la hondureña.

El experto en políticas de género, Juan Nicolás, asegura “que les nieguen el acceso a la vivienda provoca que muchas acaben viviendo prácticamente hacinadas”.

“Una sociedad que las rechaza influye en cómo se muestran”

“El estigma está muy presente. Algunas incluso tienen miedo de coger el autobús porque sienten las miradas”, explica Nicolás. “Muchas están en proceso de hormonación y no han completado la transición. La sociedad rechaza lo diferente, y eso genera intimidación”.

Cuando a la identidad trans se suman la migración y una situación socioeconómica vulnerable, el estigma se intensifica. Una brecha de clase de la que no todas son conscientes: “Conozco chicas trans españolas con recursos a las que nunca veo en manifestaciones por nuestros derechos. Creo que piensan que a ellas la transfobia no les afecta, pero nos afecta a todas. Si alguien quiere agredirte, no va a preguntarte cuánto dinero tienes”, señala Alexandra.

Vivimos en un entorno que nos sanciona no solo a nivel legal, también socialmente, y no siempre tenemos acceso a educación, salud o procesos de sanación. Todo eso se convierte en rabia

Ese rechazo constante no solo condiciona la vida cotidiana, también moldea la forma en que muchas mujeres trans se relacionan con el mundo. Si pensamos en referentes en España, como La Veneno o Jedet, suele repetirse un patrón de personalidades fuertes y extrovertidas. Sin embargo, esa imagen responde, en parte, a un mecanismo de defensa.

“Frente a una sociedad que las rechaza, tienen que desarrollar herramientas para protegerse, y eso influye en cómo se muestran”, explica Nicolás.

Para Vlada Krassova, es la experiencia de la violencia y exclusión la que determina ese carácter: “Si has vivido situaciones de acoso o agresión, o conoces a alguien que las ha sufrido, te da rabia que el sistema de justicia no sea efectivo. Ese carácter es una rabia que trata de canalizarse”, señala.

“Nuestra euforia no es una condición psicológica, viene de la sanción social de todo un sistema que trata de disciplinarte. Pero nosotras seguimos en la lucha”. Aunque se define como una persona introvertida, reconoce el impacto del sistema: “Me ha dañado tanto que ahora soy más cerrada. Vivimos en un entorno que nos sanciona no solo a nivel legal, también socialmente, y no siempre tenemos acceso a educación, salud o procesos de sanación. Todo eso se convierte en rabia”.

Cuando la exclusión social empuja al trabajo sexual

Las dificultades para regularizar la situación administrativa y acceder al empleo empujan a muchas mujeres trans migrantes a ejercer la prostitución. Más que una elección, se trata de un contexto condicionado por la falta de alternativas.

Así, a la transfobia, el racismo y la misoginia se suma la 'putofobia': el estigma hacia quienes ejercen la prostitución. Alexandra vivió esta realidad durante dos años: “Pasé casi dos años de mi vida perdidos en un polígono, arriesgándome a palizas e insultos. Pero era la única forma de ganar dinero”.

Pasé casi dos años de mi vida perdidos en un polígono, arriesgándome a palizas e insultos. Pero era la única forma de ganar dinero

Actualmente, trabaja como coordinadora en Acción Triángulo, una ONG en defensa de las personas LGBIQA+, pero no olvida a las compañeras que siguen ejerciendo la prostitución: “Es un trabajo de mucho riesgo, muy discriminatorio y rodeado de mucha hipocresía, porque quienes más nos señalan luego son quienes más nos buscan”.

El trabajo sexual también condiciona la transición. “Quería seguir con la hormonación, pero perdería clientes. Muchos buscan chicas sin operar, y necesitas ese dinero”, explica Laura Johana. La ecuatoriana reconoce que no siente que la sociedad empatice con ellas: “La gente piensa que es un trabajo fácil, pero no lo es. No es fácil acostarse con hombres que no te gustan y no siempre son agradables”.

En otras muchas ocasiones, ni siquiera es la falta de alternativas lo que las empuja a la prostitución. Explica Juan Nicolás que “muchas llegan engañadas, pensando que trabajarán en cuidados o tareas domésticas, y acaban en redes de trata”.

Soluciones estructurales frente a la “estigmatización social y las trabajas administrativas”

“Es fundamental sensibilizar a propietarios, sanitarios y personal de la administración. Darles herramientas para saber cómo tratar, a nivel personal y profesional, a estas mujeres”, como experto en políticas de género y transgénero, para Juan Nicolás la respuesta pasa por el desarrollo de programas integrales que aborden todas estas dimensiones.

“La raíz del problema es que no pueden acceder a los recursos básicos por la estigmatización social y las trabas administrativas. Esos son los dos grandes motivos de exclusión, por eso la solución pasa por programas integrales de inclusión social”, concluye el experto.

El Hotel Jake volverá a abrir próximamente en Gamonal (Toledo). Este “prostíbulo disfrazado de hotel” tal y como lo calificaron vecinos y vecinas, y que fue señalado por la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, como un negocio “de explotación de mujeres”, retomará su actividad próximamente con la licencia de hotel-restaurante, tal y como anunciaba en su perfil en redes sociales: “La cuenta atrás ha comenzado, ya casi estamos de vuelta”, publicaban este pasado martes.

Lo hará renombrado como Sala New Jake y manteniendo su ubicación, cercana a una escuela infantil. Gamonal, que tiene poco más de 900 habitantes, es una entidad menor dependiente del Ayuntamiento de Talavera de la Reina. Mientras el PSOE estuvo en el gobierno talaverano, se ordenó el cierre del inmueble por la presión vecinal después de numerosas concentraciones y manifestaciones. No obstante, la polémica se desataba el pasado mes de septiembre de 2025 cuando se anunciaba que el lugar volvía a abrirse.

El alcalde de Gamonal, Álvaro Jerónimo, explica que la actividad del local “es evidente” donde a lo largo de su trayectoria en la localidad han observado “peleas, de vez en cuando un charco de sangre en la puerta, voces, mucho ruido” o incluso “las chicas saliendo de ahí porque las quieren pegar”.

Reivindica el completo cierre del establecimiento “por el malestar que los gamoninos y gamoninas llevamos tanto tiempo sufriendo”, recalcando que “encima tan cerca de un centro social, una guardería y un colegio” y que el perjuicio para los vecinos y vecinas “es y sigue siendo grandísimo”.

El alcalde de Talavera dice no tener “comunicación oficial de apertura”

El alcalde, José Julián Gregorio, ha señalado que no tiene “ninguna comunicación oficial” de que el establecimiento New Jake de Gamonal vaya a reabrir sus puertas; sin embargo, ha pedido a la prensa que pregunten a la anterior alcaldesa, Agustina García, sobre este asunto “porque no cerró el expediente cuando debió cerrarlo”.

Así respondió este pasado miércoles a las preguntas de la prensa donde recordó que lo que solicitó la anterior alcaldesa de Talavera al citado establecimiento durante su legislatura “fue un cierre temporal para que se hicieran una serie de subsanaciones”, por lo tanto, “Agustina García es la culpable de no haberlo cerrado en aquel momento”.

Jerónimo incide en que “ya llevamos prácticamente tres años de legislatura. Gregorio se encontró el local cerrado y ahora él ha dado autorización para que pueda abrirse. Es claro y evidente”. Además, achaca a Gregorio “no tener predisposición” pues “ha tenido tiempo más que suficiente para dar solución a la problemática”.

A mediados del mes de marzo, Álvaro Jerónimo se reunió con el alcalde de Talavera de la Reina y Gregorio dijo que en el caso de que New Jake abriese iban a tomar “medidas oportunas”, desde “instalar cámaras de vigilancia a incrementar los controles de policía”. Sin embargo, para Gamonal eso “no es suficiente”, ya que lo que ellos piden es el cese total de la actividad. “Son solo promesas, nada más. En febrero de 2025 se prometió que nos iban a instalar cámaras e íbamos a tener más presencial policial y no se ha hecho nada. El Ayuntamiento de Talavera solo se mueve cuando sale algo en prensa que les perjudica”, comenta Álvaro Jerónimo con afección.

Además, hace hincapié en que este tipo de establecimientos “seguro que no están en el centro de Talavera, allí no se abrirían nunca”.

Jerónimo critica que José Julián Gregorio rechace las evidencias y así se lo hacía ver en la reunión que mantuvieron en marzo: “Él me preguntaba que de dónde había sacado yo que quería abrir. Pues es tan sencillo como ver que están cambiando las máquinas de aire acondicionado o las luminarias, la gente no hace una inversión por gastarse el dinero si no van a abrir”.

“Solo se acuerdan de Gamonal cuando llegan las elecciones”

Le preguntamos si cree que al ser de distinto color político -PSOE- frente al equipo de gobierno de Talavera -PP y Vox- les perjudica a la hora de atajar problemáticas en la pedanía y Jerónimo responde: “Yo quiero pensar que no. Los gamoninos y gamoninas también formamos parte de Talavera, ellos deben trabajar por todos, si no es así mejor que no se dediquen a la política”.

No obstante, el alcalde de Gamonal apunta que existe cierto estigma cuando se trata de solucionar los problemas de la pedanía por parte del ayuntamiento de cabecera: “Solo se acuerdan de Gamonal cuando llegan las elecciones y para recaudar impuestos, pero no para solucionar las problemáticas y nuestras demandas”.

Por otro lado, Álvaro Jerónimo señala que si no se hacen caso a sus demandas volverán a concentrarse y a manifestarse: “No nos vamos a estar quietos”.

CCOO Toledo considera “cómplice” de la violencia a las mujeres a PP y Vox

Desde CCOO Toledo denuncian “la complicidad de PP y Vox” con la reapertura del “prostíbulo Jake” y han mostrado su “más firme rechazo a la decisión” del Gobierno municipal de Talavera de la Reina de autorizar la reapertura.

Para el sindicato supone “un paso atrás en la lucha por la igualdad y un desprecio a la dignidad de las mujeres”. Así lo ha puesto de manifiesto Mayte García, secretaria de Organización, mujeres y Políticas LGTBI de CCOO Toledo: “Las instituciones públicas no pueden ser facilitadoras de espacios donde se mercantiliza con el cuerpo de las mujeres”, a la vez que ha criticado que el equipo de gobierno de José Julián Gregorio “se escude en trámites burocráticos y licencias de hostelería para ignorar una realidad evidente: Todo el mundo sabe qué actividad se realiza en el Jake, permitir su reapertura es ser cómplice de un sistema que perpetúa la violencia contra las mujeres”.

El sindicato exige al alcalde, José Julián Gregorio, y a sus socios de Vox que “den marcha atrás y pongan por delante el bienestar social y el respeto de a los seres humanos”, sobre todo cuando “todo el mundo sabe qué actividad se realiza en el Jake” y donde “se mercantiliza el cuerpo de las mujeres”. Recalcan que “permitir su reapertura es ser cómplice de un sistema que perpetúa la violencia contra las mujeres”.

CCOO anuncia que apoyará las movilizaciones ciudadanas contra esta reapertura y seguirá denunciando cualquier política municipal que suponga una “degradación” de los derechos laborales y humanos de las mujeres. “Talavera y sus pedanías necesitan inversiones en empleo digno y servicios públicos, no hoteles de alterne que solo traen precariedad y explotación”, ha concluido Mayte García.

Hay una “gran disparidad de datos” sobre las mujeres que son víctimas de trata, tanto en el todo el país como en Castilla-La Mancha. Así lo ha denunciado la consejera de Igualdad del Gobierno regional, Sara Simón, quien ha lamentado que existan tan pocas cifras sobre la explotación sexual, una realidad a la que “nuestra sociedad todavía no ha querido afrontar o no ha querido mirar”.

Concretamente, ha afirmado que, según datos del Ministerio de Interior, en el año 2023 en Castilla-La Mancha solamente hubo 10 víctimas de trata. Por otro lado, asociaciones que han estado trabajando sobre el terreno, en concreto In Género, estiman que en el año 2024 hubo en Castilla-La Mancha 1.963 víctimas de trata, mientras que Médicos del Mundo arroja la cifra de 400.

“Esto significa que hay una gran disparidad de datos sobre la mesa y que es muy necesario que nos pongamos a colaborar para intercambiarnos la información y para poder saber cuál es esa radiografía que tenemos en la región”, ha reclamado con motivo de la reunión en Toledo de la Mesa Técnica contra la Trata con Fines de Explotación Sexual.

Los datos de los que dispone el Gobierno castellanomanchego apuntan que las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual en Castilla-La Mancha rondan entre los 23 y los 32 años, proceden en su mayoría de países de Latinoamérica y la deuda que mantienen con las personas que las explotan tiene más que ver con su situación de “irregularidad”.

Respecto a la procedencia, ha insistido en que están llegando más mujeres procedentes de Latinoamérica y las redes que estaban traficando o que ejercían este delito en los países del Este “están dejando de funcionar”.

Las principales razones para seguir obligando a estas mujeres no tienen tanto que ver “con la deuda física que pueden contraer, sino con la situación de irregularidad en la que se encuentran”. Incluso hay mujeres que llegan con documentación, a las que se les roba el pasaporte y “la situación de indefensión que tienen es muy grande”.

También, es destacable las amenazas sobre la familia o la descendencia que tienen en los países de origen. Las redes sociales y la nueva ciberprostitución también está afectando “de una manera especial a las víctimas de la trata con fines de explotación sexual y también hace más difícil, por otra parte, poder acceder o poder llegar a estas mujeres”.

Muchas veces es muy difícil poder mantener una situación de acompañamiento

Se ha detectado “el traslado de la obligación de ejercer la prostitución en puticlubs a pisos particulares”, a los que “es muy difícil acceder” por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. “El movimiento de las mujeres es muy alto y muchas veces es muy difícil poder mantener una situación de acompañamiento por demasiado tiempo”, ha precisado la consejera del ramo.

En este punto, ha señalado que cuando “los proxenetas ven que en un piso están llegando, por ejemplo, personas que pertenecen a una entidad y que están trabajando con las mujeres”, las cambian o trasladan a otros entornos.

Asimismo, ha demandado “avanzar y ahondar en poner en marcha herramientas legales” que permitan acabar con la trata con fines de explotación sexual y también acabar con la prostitución. “No todas las mujeres que son obligadas a ejercer la prostitución son víctimas de la trata, pero desde luego que sí que todas las mujeres que son víctimas de la trata con fines de explotación sexual acaban en la prostitución”, ha afirmado.

Tierra “de paso” y “de destino” para las redes de trata

En lo que también hay que trabajar, según Simón, “es en que no haya demanda de prostitución, porque solamente cuando no haya demanda no va a haber oferta”. “No va a haber personas que se sientan con el deseo ilícito de ofrecer a mujeres como si fuesen mercancía para obtener un beneficio económico”, ha aseverado.

Castilla-La Mancha es “una tierra de paso y una tierra de destino para las redes de trata con fines de explotación sexual”, un corredor de tránsito, especialmente en la zona que va desde Toledo a Ciudad Real y también, por supuesto, en la carretera de Levante.

Hay establecimientos en los que se ejerce la prostitución que no se cierran porque “no hay una herramienta legal para que así se pueda hacer”. Todos estos establecimientos están dados de alta de manera legal, con licencias de hoteles o de locales de ocio, ha remarcado Simón.

La Policía Nacional ha detenido, en el barrio zaragozano de Delicias, a dos personas --un hombre y una mujer-- como supuestos responsables de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, detención ilegal, coacciones y contra la integridad moral, en una operación que ha logrado liberar a cuatro mujeres extranjeras víctimas de trata. La investigación, desarrollada por agentes especializados en la lucha contra la trata, se inició en enero tras la detección de dos mujeres extranjeras que presentaban claros indicadores de explotación, ha informado la Policía Nacional.

Tras una entrevista especializada y bajo la protección de identidad reservada, ambas relataron haber sido captadas en su país de origen en una situación de extrema vulnerabilidad económica, donde se les ofreció un supuesto empleo y una oportunidad de comenzar una nueva vida en España.

La organización se encargaba de gestionar el viaje, facilitando billetes de avión y dinero para el desplazamiento. Sin embargo, una vez en España, eran trasladadas a un piso en el barrio de Delicias de Zaragoza, donde les retiraban la documentación y les comunicaban que habían contraído una deuda de 7.000 euros por los gastos del viaje, que debían saldar ejerciendo la prostitución.

La denominada 'madame' les obligaba a realizar sesiones fotográficas con ropa íntima y a anunciarse en páginas web de contenido sexual. Las víctimas permanecían vigiladas de forma permanente mediante cámaras de seguridad, sin libertad para abandonar la vivienda o tomar decisiones.

Estas mujeres eran sancionadas económicamente por cualquier queja, lo que incrementaba la deuda, y en ocasiones eran incluso forzadas a consumir sustancias estupefacientes con los demandantes de prostitución y las amenazaban con represalias hacia sus familias y con su supuesta deportación, generando un clima constante de miedo y sometimiento.

Finalmente, lograron recuperar sus pasaportes y abandonar la vivienda sin dinero ni apenas efectos personales. En una situación de absoluta desprotección, acudieron a una entidad social especializada en la atención a mujeres víctimas de violencia sexual, donde recibieron acogida y asesoramiento y fueron acompañadas a una comisaría para denunciar los hechos.

Además, la investigación permitió detectar la inminente llegada de otras dos mujeres en idénticas circunstancias, estableciendo un dispositivo de vigilancia que culminó con la localización del piso y la liberación de estas nuevas víctimas.

En este mismo operativo, el pasado 3 de febrero, los agentes detuvieron la mujer que ejercía el control directo sobre ellas y, posteriormente, del segundo implicado en las inmediaciones.

La Policía Nacional ha recordado que la trata de seres humanos es un delito grave que atenta contra la dignidad y la libertad de las personas, castigado con penas de prisión elevadas. Este tipo de organizaciones se aprovechan de situaciones de necesidad y vulnerabilidad, utilizando el engaño, la deuda y la intimidación como mecanismos de control. Asimismo, ha reiterado que cualquier información relacionada con posibles situaciones de trata o explotación puede comunicarse de forma totalmente confidencial a través del correo electrónico 'trata@policia.es', habilitado específicamente para la colaboración ciudadana en este ámbito.

La Guàrdia Civil ha desarticulat a Mallorca una organització criminal dedicada a l'explotació sexual de dones en situació administrativa irregular, la majoria joves procedents de Sud-amèrica, principalment de Colòmbia. L'entramat captava les víctimes mitjançant falses ofertes de feina a Espanya i, un cop al país, les sotmetia a prostitució forçada sota un règim d'amenaces, coaccions i control permanent.

En el marc de l'operació, els agents de l'Institut Armat han alliberat dotze dones que feia anys que eren explotades sexualment i han detingut cinc persones –quatre homes i una dona–, tots residents a Mallorca, per la seva presumpta implicació en delictes de tràfic d'éssers humans, tràfic de drogues i blanqueig de capitals.

La investigació apunta que l'organització podria haver explotat al voltant de mig centenar de dones. Les víctimes eren obligades no només a exercir la prostitució, sinó també a transportar i consumir substàncies estupefaents per poder treballar, en molts casos per exigència directa dels clients.

Les dones vivien en un clima de por constant, sotmeses a amenaces, intimidacions i vigilància contínua per part dels membres de la xarxa. La seva situació administrativa irregular les impedia acudir als serveis sanitaris, policials o assistencials, cosa que reforçava el seu aïllament i vulnerabilitat.

El control sobre les víctimes era absolut: havien de romandre disponibles en tot moment per a la prestació de serveis sexuals. L'organització obtenia beneficis tant del cobrament directe d'aquests serveis com de la venda de potenciadors sexuals i drogues, consumides habitualment pels clients.

Un cop identificats els responsables i esclarit el funcionament de l'entramat delictiu, la Guàrdia Civil va dur a terme tres entrades i registres en diferents domicilis de Mallorca, cosa que va permetre la desarticulació definitiva de l'organització, que operava en diversos municipis de l'illa.

Durant els registres, els agents van intervenir diners en efectiu, dosis de substàncies estupefaents preparades per a la venda i diverses armes de foc, entre elles escopetes i rifles.

Falses ofertes de feina com a mètode de captació

La investigació ha revelat que les dones eren captades als seus països d'origen mitjançant falses ofertes laborals, en les quals se'ls prometia feina al sector de l'hostaleria a Espanya. No obstant això, a la seva arribada eren obligades a exercir la prostitució.

Després de les detencions, es va activar el protocol de protecció a les víctimes. Les dones van ser traslladades a dependències segures, on se'ls va informar dels seus drets i es va iniciar un procés d'assistència integral.

La Guàrdia Civil no descarta que noves declaracions permetin esclarir altres mètodes de captació i trasllat, així com la possible implicació de més persones en l'organització. L'operació ha estat desenvolupada per l'Àrea de Delictes contra les Persones de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Guàrdia Civil a les Balears, amb la participació del Grup de Reserva i Seguretat (GRS), la Unitat de Seguretat Ciutadana de la Comandància (USECIC) i la Unitat Tècnica de Policia Judicial (UTPJ), amb seu a Madrid.

La Guardia Civil ha desarticulado en Mallorca una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres en situación administrativa irregular, la mayoría jóvenes procedentes de Sudamérica, principalmente de Colombia. El entramado captaba a las víctimas mediante falsas ofertas de trabajo en España y, una vez en el país, las sometía a prostitución forzada bajo un régimen de amenazas, coacciones y control permanente.

En el marco de la operación, los agentes del Instituto Armado han liberado a doce mujeres que llevaban años explotadas sexualmente y han detenido a cinco personas -cuatro hombres y una mujer-, todos ellos residentes en Mallorca, por su presunta implicación en delitos de trata de seres humanos, tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

La investigación apunta a que la organización podría haber explotado a alrededor de medio centenar de mujeres. Las víctimas eran obligadas no solo a ejercer la prostitución, sino también a transportar y consumir sustancias estupefacientes para poder trabajar, en muchos casos por exigencia directa de los clientes.

Las mujeres vivían en un clima de miedo constante, sometidas a amenazas, intimidaciones y vigilancia continua por parte de los miembros de la red. Su situación administrativa irregular las impedía acudir a los servicios sanitarios, policiales o asistenciales, lo que reforzaba su aislamiento y vulnerabilidad.

El control sobre las víctimas era absoluto: debían permanecer disponibles en todo momento para la prestación de servicios sexuales. La organización obtenía beneficios tanto del cobro directo de dichos servicios como de la venta de potenciadores sexuales y drogas, consumidas habitualmente por los clientes.

Una vez identificados los responsables y esclarecido el funcionamiento del entramado delictivo, la Guardia Civil llevó a cabo tres entradas y registros en distintos domicilios de Mallorca, lo que permitió la desarticulación definitiva de la organización, que operaba en varios municipios de la isla.

Durante los registros, los agentes intervinieron dinero en efectivo, dosis de sustancias estupefacientes preparadas para su venta y varias armas de fuego, entre ellas escopetas y rifles.

Falsas ofertas de trabajo como método de captación

La investigación ha revelado que las mujeres eran captadas en sus países de origen mediante falsas ofertas laborales, en las que se les prometía empleo en el sector de la hostelería en España. Sin embargo, a su llegada eran obligadas a ejercer la prostitución.

Tras las detenciones, se activó el protocolo de protección a las víctimas. Las mujeres fueron trasladadas a dependencias seguras, donde se les informó de sus derechos y se inició un proceso de asistencia integral.

La Guardia Civil no descarta que nuevas declaraciones permitan esclarecer otros métodos de captación y traslado, así como la posible implicación de más personas en la organización. La operación ha sido desarrollada por el Área de Delitos contra las Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en Balears, con la participación del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) y la Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ), con sede en Madrid.

El Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros de este martes la tramitación de urgencia de un real decreto que recoge las nuevas retribuciones para los abogados del turno de oficio. El nuevo reglamento, al que ha tenido acceso elDiario.es, supone la culminación de la ampliación del derecho a la justicia gratuita, con independencia de su nivel de renta, para las mujeres y menores víctimas de violencia sexual. La llamada ley de eficiencia, que entró en vigor hace un año, les reconoció este derecho, pero todavía no se habían publicado los baremos que se utilizan para retribuir a los profesionales que asumen estos casos, así como los de las víctimas de terrorismo y de trata y las personas con discapacidad necesitadas de “especial protección”.

En el catálogo que acompaña al texto se recoge la retribución que tendrán a partir ahora los abogados de oficio que representen a estas víctimas, que están exentas de todo el coste judicial (tasas, abogado y procurador) en aquellos pleitos que tienen que ver con su condición de víctima. La cuantía se fija en 87,63 euros, que se eleva hasta los 131,22 euros si el letrado acompaña a la víctima al formular la denuncia o solicitar una orden de protección después de haberla asesorado. La estimación del Ejecutivo es que esté aprobado dentro de dos meses y que, entonces, entre en vigor.

Esa cantidad es similar a la recibida por asesorar a las mujeres que han sufrido maltrato, que también gozan de este derecho con independencia de que tengan o no recursos para litigar y cuya remuneración fue actualizada hace un año. “La modificación asimila a todas estas víctimas con las víctimas de violencia de género con el mismo nivel de protección y garantizando la asistencia inmediata”, afirman fuentes del Ejecutivo. La asistencia a estos nuevos colectivos de víctimas tendrá un coste estimado de 144.000 euros en 2026. 

Audiencia Nacional

Por otro lado, el Ministerio de Justicia busca con este real decreto reducir la tensión existente con los letrados adscritos al turno de oficio en la Audiencia Nacional, donde se instruyen casos de terrorismo, narcotráfico, crimen organizado o corrupción. En los últimos meses se ha producido la renuncia de algunos profesionales ante la falta de medios para garantizar una defensa adecuada en procedimientos de especial complejidad, según un comunicado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). Según esta organización, los letrados reciben apenas 244,95 euros netos por asunto en procedimientos que pueden alargarse durante meses o años. La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha llegado a expresar su “preocupación” por esta situación. 

El nuevo reglamento incrementa un 38% el importe de las guardias de 24 horas ante la Audiencia Nacional que perciben los abogados del turno de oficio: pasa de 170,25 a 235,40 euros. También hay un aumento en la remuneración de los procedimientos penales “de especial complejidad” que se instruyen en este tribunal, que sube de 408,24 a 642 euros, lo que supone un incremento de más del 50%. El coste estimado de esta partida es el más elevado de todas las medidas que contempla el reglamento y supera los 250.000 euros. 

Acuerdo extrajudicial

La introducción del Real Decreto advierte de que el trabajo de los abogados de oficio “ha ido evolucionando” con el tiempo, sobre todo a partir de la Ley Orgánica 5/2024 que regula el Derecho de Defensa. Entre las novedades del reglamento está la inclusión de una “compensación superior” para el letrado a la que ofrece el propio procedimiento judicial si este culmina en acuerdo. Se trata, dice el texto, de “promover una cultura de diálogo y acuerdo que beneficie al conjunto de la ciudadanía y al buen funcionamiento de la administración de justicia”.

Así, se incentiva económicamente la negociación y el acuerdo extrajudicial con el objetivo de reducir la litigiosidad. Con la nueva norma, si el profesional logra un acuerdo —a través de los medios adecuados de solución de controversias (MASC) o de una transacción extrajudicial— percibirá el 125% de la cuantía aplicable al procedimiento judicial. Si se participa en un MASC pero no se logra acuerdo, se establece una compensación de 30 euros. La citada ley de eficiencia establece que para admitir una demanda civil es requisito probar un intento previo de acuerdo mediante MASC. 

Por otro lado, el Real Decreto también modifica el momento en el que los profesionales cobran sus honorarios. El nuevo marco normativo reestructura el calendario de cobros e implanta, como regla general, un sistema de pagos fraccionados como regla general. Los profesionales percibirán el 70% de los honorarios al inicio del proceso —tras la admisión de la demanda, recurso o apertura de juicio oral— y el 30% restante al finalizar la instancia con la sentencia. 

No obstante, el reglamento contempla excepciones para garantizar una retribución ágil en actuaciones específicas. En los nuevos MASC y transacciones extrajudiciales, se tramitará un expediente único y se abonará la totalidad tras acreditar el resultado de la negociación. En las visitas a prisión y los expedientes de extranjería devengarán el 100% del importe una vez certificada la actuación o resolución administrativa. 

La directora, guionista, productora de cine y escritora Mabel Lozano, reconocida activista contra la explotación sexual de mujeres y niñas, ha afirmado hoy que la prostitución es “la esclavitud que sigue existiendo y tiene nombre de mujer”. Con esta frase, la misma que pronunció en 2024 al recoger el Goya por su cortometraje Ava, ha concluido su intervención tras recibir el Premi Avançant en Igualtat de UGT Serveis Públics del País Valencià. El acto, celebrado en la Casa del Pueblo —sede de UGT en València—, ha congregado a numerosas autoridades y representantes del ámbito político, sindical, feminista y de la sociedad civil.

UGT Serveis Públics del País Valencià ha otorgado este galardón para reconocer públicamente a personas y entidades que promueven o defienden iniciativas orientadas a alcanzar la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. En el mismo acto también se ha concedido el Premio Merche Albiach a Maribel González Bustamante, funcionaria de la Generalitat y abogada de los servicios jurídicos del sindicato, por su labor sindical en favor de la igualdad.

Durante un discurso cargado de emoción, Lozano ha recordado a varias de las mujeres víctimas de explotación sexual que marcaron un punto de inflexión en su carrera y la llevaron a dedicarse por completo a ser “vocera” de quienes están “desnudas de derechos”. Ha subrayado que “en pleno siglo XXI” no puede tolerarse la existencia de la trata con fines de explotación sexual ni de la prostitución, e instó a la sociedad a no “seguir mirando hacia otro lado”. Según ha remarcado, se trata de una cuestión de “feminismo, justicia social y derechos humanos”. La cineasta y escritora ha reclamado asimismo una ley abolicionista en España, aunque ha enfatizado la necesidad de que incorpore recursos suficientes para evitar que más de 200.000 mujeres queden condenadas a la exclusión. Lozano ha agradecido el reconocimiento a UGT, “un lugar donde se defienden derechos”.

Por su parte, la secretaria general de UGT Serveis Públics, Mayte Montaner, ha puesto en valor la trayectoria valiente de Lozano, “que ha iluminado una de las realidades más oscuras de nuestra sociedad: la explotación sexual de mujeres y niñas”. Montaner ha advertido que la igualdad no será real mientras exista un mercado que convierta los cuerpos de las mujeres en mercancía. “Como sindicato de clase, combatimos todos los privilegios, también ese último privilegio masculino de pagar por acceder al cuerpo de una mujer, que es una forma extrema de violencia machista”, ha afirmado. Asimismo, ha reclamado una ley abolicionista valiente que establezca con claridad que en España no es posible comprar a una persona ni disponer del cuerpo de las mujeres.

UGT ha querido reconocer el papel de Lozano por su lucha incansable contra la explotación sexual y la trata de mujeres y niñas en todo el mundo. La cineasta se ha convertido en una figura de referencia por sus trabajos escritos y audiovisuales, que visibilizan esta violencia estructural y profundizan en el funcionamiento de la industria del sexo y el proxenetismo. Entre sus obras destacan los cortometrajes El proxeneta y Biografía del cadáver de una mujer, este último galardonado en los Premios Goya de 2021. En 2024 obtuvo también el Goya al mejor cortometraje documental por Ava, título con el que acaba de publicar su primera novela de ficción, presentada ayer en València. Su activismo por la igualdad, el feminismo y los derechos humanos se refleja igualmente en numerosos proyectos centrados en los derechos de las mujeres.

Tras los discursos, la gala ha continuado con un debate moderado por Laura Barrios, responsable de Mujer de UGT Serveis Públics y presidenta de Dones Joves. En la mesa han participado Lozano y Montaner, abordando cuestiones como la pornografía, la prostitución 2.0 y la captación de mujeres a través de plataformas como OnlyFans. Las tres han coincidido en una idea central: el feminismo solo puede ser abolicionista.

Con la distinción a Mabel Lozano, el Premi Avançant en Igualtat suma ya 18 ediciones reconociendo a mujeres y entidades referentes en la defensa de la igualdad, reforzando así el compromiso de UGT Serveis Públics con el feminismo. Desde su primera edición en 2008, otorgada a la presidenta del Tribunal Constitucional María Emilia Casas, el galardón ha premiado a figuras como Pepa Bueno, la asociación de juristas Themis, Carmen Calvo, Adela Cortina, Unifem, la Comisión de Mujeres por una Paz en Palestina-Israel, María Ángeles Durán, Almudena Grandes, Marcela Lagarde, Carmen Alborch, Matilde Fernández o Àngels Barceló.

 Agentes de la Policía Nacional han liberado a siete mujeres explotadas sexualmente en Logroño en una operación contra una red dedicada, presuntamente, a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, delitos relativos a la prostitución, y delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Las víctimas eran mujeres jóvenes procedentes de Brasil en situación de especial vulnerabilidad que tras ser captadas mediante el engaño eran forzadas a prostituirse en pisos prostíbulo.

El entramado las forzaba a mantener relaciones sexuales con menores, a consumir sustancias estupefacientes y a no rechazar ningún servicio aunque estuvieran con la menstruación. La operación ha terminado con la detención de los dos cabecillas de la red desmantelada.

La investigación se inició en el mes de junio de 2024 en Logroño, tras la interposición de una denuncia sobre un posible caso de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, poniendo de manifiesto la existencia de una posible red organizada. De forma prácticamente simultánea, se recibieron en Bilbao otras dos denuncias que presentaban un patrón delictivo coincidente con el caso de Logroño. 

La información obtenida a partir de las denuncias, sumado a las gestiones posteriores de los agentes, permitió detectar una organización criminal estructurada y jerarquizada con un reparto específico de funciones, dedicada a la captación, traslado, control y explotación sexual de mujeres.

El proceso de captación se iniciaba en Brasil, donde miembros del entramado seleccionaban a mujeres jóvenes que atravesaban situaciones de vulnerabilidad, necesidad y precariedad económica. Esta circunstancia aumentaba la probabilidad de aceptación de las falsas ofertas laborales que la organización ofrecía en España.

Una vez captadas, las víctimas eran puestas en contacto telefónico con la principal cabecilla de la red, residente en la ciudad de Logroño. Ella informaba a las mujeres sobre supuestos trabajos en nuestro país y les ofrecía cubrir los costes de viaje en caso de que no dispusieran de recursos económicos suficientes. Estos gastos se convertían posteriormente en una deuda que las víctimas debían saldar mediante el ejercicio forzado de la prostitución.

Control y normas estrictas

Ya en territorio español, las víctimas eran recogidas y trasladadas a un domicilio de la capital riojana utilizado para que las víctimas pernoctasen. Como medida de control, a su llegada al piso-prostíbulo se les retiraba el pasaporte, que quedaba bajo custodia de la líder de la organización y solo se les devolvía una vez cancelada la deuda adquirida. Desde allí debían trasladarse diariamente a otro inmueble cercano utilizado como piso-prostíbulo, donde se llevaba a cabo la explotación sexual.

Las víctimas estaban sometidas a normas estrictas y abusivas. La organización criminal, que se quedaba el 50% de los beneficios que generaban, las obligaba a estar disponibles en una jornada ininterrumpida de 10:00 a 23:00 horas, sin posibilidad de abandonar el piso salvo para servicios externos. Tenían prohibido cocinar, por lo que se veían obligadas a solicitar comida a domicilio, que además debía ser baja en calorías para no ganar peso y resultar así más atractivas a los puteros.

La explotación sexual era impuestos por el entramado sin posibilidad de que las mujeres pudieran rechazar ninguno de los abusos, incluso aquellos que solicitaban los clientes sin preservativo o durante los periodos de menstruación.

Relaciones sexuales con menores

En ocasiones, las víctimas fueron obligadas a mantener relaciones sexuales con menores de edad, a sabiendas de la condición de estos. Además, en el interior del piso se traficaba con sustancias estupefacientes, que eran proporcionadas a petición de los clientes. La organización incluso incitaba al consumo por parte de las propias víctimas para mejorar su comportamiento ante la clientela.

Como parte del proceso de explotación, las mujeres eran obligadas a acudir a un fotógrafo designado por la red para la realización de fotografías en ropa sensual. Dichas imágenes eran utilizadas para la publicación de anuncios en plataformas de contenido sexual en Internet, controladas también por la organización.

Una vez finalizada la fase de investigación se puso en marcha un operativo en la ciudad de Logroño que permitió la detención de dos personas, la principal investigada y su pareja sentimental, identificados como integrantes de la cúspide de la organización y principales beneficiarios económicos de la explotación. Durante el operativo se intervino diversa documentación relacionada con la actividad ilícita y 3.400 euros en efectivo, además de localizarse y liberarse a cuatro víctimas que en ese momento estaban siendo explotadas sexualmente. A lo largo de la investigación se han detectado y liberado siete víctimas en total. 

“Con la trata no hay trato”

La Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 900105090 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial de este tipo de delitos, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica.

Una colección de trajes elaborados por mujeres supervivientes de trata que participan en los programas de formación de APRAMP forma la exposión ‘Puntadas de dignidad', que ha impulsado el Gobierno de La Rioja ha impulsado la exposición ‘Puntadas de dignidad' en el marco del 25N, que este año pone el foco en la trata de mujeres y la prostitución. Cada pieza va acompañada de testimonios en primera persona que narran su proceso de recuperación, el descubrimiento de nuevas vocaciones y la reconstrucción de una vida autónoma lejos de la explotación. Se puede visitar hasta el 20 de diciembre en la sala de exposiciones del Instituto Riojano de la Juventud (IRJ), en la calle Muro de la Mata.

La consejera de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja, María Martín, acompañada por la directora ejecutiva de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), Rocío Mora, la subdirectora general de Igualdad, Begoña Marañón y el director del IRJ, Juan Diego Alcaide, ha participado hoy, día 26, en la inauguración de la exposición ‘Puntadas de dignidad’, organizada por APRAMP.

Durante el acto, la consejera ha subrayado el compromiso del Gobierno de La Rioja en la lucha contra la explotación sexual y la trata de mujeres y niñas. “La trata no es una elección, sino una de las formas más extremas de violencia y esclavitud contemporánea. Una de las violaciones más graves de los derechos y una de las expresiones más crueles de la desigualdad entre hombres y mujeres”, ha dicho.

La consejera ha puesto en valor el trabajo desarrollado por APRAMP y ha destacado que “a través de la formación, del acompañamiento integral y de oportunidades reales de empleo, cualquier mujer víctima de trata puede reconstruir su proyecto de vida y salir de ese infierno”. En este sentido, apelando al lema institucional de este año: ‘No es elección, es explotación’. ha insistido en que “el Gobierno de La Rioja y toda la sociedad riojana estamos del lado de estas mujeres, dispuestos a acompañarlas y a combatir esta lacra con todos los medios disponibles”.

La directora ejecutiva de APRAMP, Rocío Mora, ha señalado que este 25N es “un día emocional y duro”, pero también necesario para explicar “qué estamos haciendo, qué retos tenemos y qué queremos conseguir”. Mora ha agradecido el apoyo del Gobierno de La Rioja, “una comunidad que ha decidido mirar de frente y actuar”, y ha recordado que, si ya es difícil salir de la violencia de género en la pareja, “mucho más lo es cuando detrás hay redes criminales organizadas”.

Asimismo, ha recalcado que la mayoría de las mujeres atendidas —procedentes de 49 nacionalidades— “no quieren estar ahí, no es una decisión libre”, y ha insistido en la necesidad de alzar la voz ante una realidad que también afecta a mujeres españolas captadas a través de las redes sociales. Mora ha puesto en valor el trabajo integral de APRAMP, que atiende cada año a más de 5.550 mujeres, forma a más de 650 y acompaña a unas 150 en procesos penales, y ha destacado el papel de la formación y el empleo como herramientas de recuperación, así como la colaboración de empresas y administraciones.

A lo largo de este 25N han sido muchos los actos que se han organizado para poner el foco en la Violencia contra la Mujer. El Parlamento de La Rioja ha sido uno de ellos. Acto en el que se ha podido escuchar el testimonio de Paula (nombre ficticio). Una mujer que consiguió recuperar su vida con la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituta. Y es que este año, la campaña se ha centrado en la trata con fines de explotación sexual. Paula se ha presentado en el Parlamento regional como una “superviviente de explotación sexual, pero sobre todo como una mujer que ha logrado reconstruirse gracias al acompañamiento de otras”.

“Pensé que ese era mi destino”

“Yo llegué a este país como muchas personas, buscando una oportunidad, una vida mejor, un futuro distinto para mí y para mi familia, pero ese sueño muy pronto se convirtió en pesadilla, ya que caí en una red de explotación sexual, que me arrebató todo, mi libertad, mi salud, mi vida y mi confianza”. Y en su relato, ha recordado que durante mucho tiempo pensó que no existía salida. “Pensé que ese era mi destino, pero un día algo cambió”, cuando se cruzó la Unidad Móvil de APRAMP -en la que ahora colabora-, y “me dieron una mirada que yo no recibía, me miraban como persona, no como mujer, no como un producto”. Ellas, “se acercaron a mí sin juzgarme, sin presionarme, sin hacerme sentir culpable y me ofrecieron información, apoyo, escucha y sobre todo una puerta abierta”, por lo que a partir de ahí “empecé a reconstruirme, a recuperar mi salud, mi autonomía, mi capacidad de decidir”.

Rocío Mora es la directora ejecutiva de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP) y antes de la intervención de Paula ha aseverado que “una de las realidades más duras y persistentes en nuestra sociedad, como es la trata de seres humanos, que tiene rostro de mujer”. Una situación que genera “violencia extrema y organizada que destruye identidades, que destruye vidas y que destruye sueños”. Y la Asociación, ha dicho, “lleva más de tres décadas trabajando para centrar todas las actividades en la protección de los derechos de estas víctimas de explotación sexual y de otras formas de explotación, ofreciéndoles un apoyo, una asistencia integral a través de varios programas que son específicos y que están adaptados a sus necesidades”. Los protocolos logrados, muchos de ellos con el trabajo unido de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y con otras administraciones han sido destacados por Mora, que les ha permitido “ser eficaces”. “Si es difícil que cualquier mujer salga de la violencia en el ámbito de la pareja, muchísimo más difícil es salir del ámbito de la esclavitud, de la trata de seres humanos”, ha apostillado.

Y en este sentido, ha valorado que “en lo que va de año, hemos conseguido abrir 1.235 lugares, que son los nichos en los que se esclaviza los cuerpos de las mujeres, y donde nos hemos encontrado a entre 15 y 20 mujeres. A ello, ha unido que ”hemos recibido 987 llamadas de emergencia“. No obstante, para Mora ”si queremos avanzar en la lucha contra la trata necesitamos una Ley integral; una ley que garantice la especialización, que prevea la prevención, que garantice la reparación del daño, pero sobre todo que den mayores instrumentos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado“.

También han intervenido en el acto el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán y la presidenta del Parlamento regional, Marta Fernández Cornago, que han estado acompañados por otros responsables políticos como el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, y la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín.

Fernández Cornago, que ha abierto el acto, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad colectiva e individual “porque juntos podemos construir una comunidad capaz de garantizar la libertad y la dignidad de las víctimas”. Se ha referido al tema que ha centrado la campaña de este año: la trata con fines de explotación sexual y ha advertido de que es “una afrenta para la dignidad humana y un grave problema para todo Estado, todo pueblo y toda comunidad”. “Una lacra que requiere un abordaje integral situando a la víctima en el centro, porque hablamos de violencia contra mujeres y niñas, de vulnerabilidad de las víctimas y de violencia de los derechos humanos”, ha asegurado.

Asimismo, ha recordado que una de las principales conclusiones del III Congreso Internacional sobre Trata de Seres Humanos celebrado el pasado mes de octubre en Madrid fue “clara y contundente” y es que “la trata de seres humanos es una forma de esclavitud contemporánea que exige respuestas inmediatas, coordinadas y globales”.

Además, ha expresado, para concluir, su deseo de que “este acto sea un recordatorio de que las víctimas no están solas, pero también un reconocimiento de la enorme dificultad que enfrentan”. “El camino hacia la recuperación y la libertad no es fácil. Es un proceso largo, doloroso y lleno de obstáculos”, ha añadido. En este sentido, ha asegurado que “este mensaje no es una promesa vacía, ni una respuesta rápida; es un compromiso real, respaldado por el trabajo incansable de todos los profesionales y agentes involucrados, que día a día luchan para que las víctimas encuentren un camino hacia una vida diferente, hacia la libertad y hacia la dignidad”.

“Luchar sin fisuras”

Gonzalo Capellán ha cerrado el acto institucional quien ha recordado que la campaña institucional “se centra en la trata de mujeres y la explotación sexual, que es la esclavitud del siglo XXI”, ante lo que hay que “luchar sin fisuras”. Ha asegurado que “no es un problema de personas de regiones, de países de España, es un problema global de conjunto de la sociedad en todo el mundo ya que según ha indicado la ONU más de 840 millones de mujeres en todo el mundo sufren algún tipo de violencia sexual o lo han sufrido”.

Para concluir, Capellán ha indicado que esta “esclavitud” de la trata de seres humanos “es la cosificación del ser humano, reducirla a un objeto”. De ahí, que en este día, “todas las personas, en todos los ámbitos de la sociedad y en todas las manifestaciones tenemos que redoblar ese compromiso para seguir luchando, para estar juntos y para dar fuerza a todas las personas, tanto las que lo habéis sufrido como todas las potenciales mujeres en cualquier momento la pueden sufrir”. El acto ha estado amenizado por el Coro Joven de la Escuela Piccolo y Saxo.

El número 127 del Paseo de las Delicias vuelve a protagonizar una operación contra la trata. La Policía Nacional ha iniciado este viernes un segundo operativo por explotación sexual en este bloque de pisos, situado en el distrito madrileño de Arganzuela y que hace siete años ya fue inspeccionado por los agentes por esta misma razón. Esta ocasión se ha saldado con 16 detenidos, seis acusados de ser clientes de un negocio ilícito y el resto, por infringir la Ley de Extranjería. Hasta 140 personas han sido identificadas.

La operación se llevó a cabo a finales del mes de octubre gracias a la colaboración ciudadana, que permitió situar el foco sobre una persona que podía ser víctima de trata de blancas. En 2018 y en el mismo edificio del Paseo de las Delicias se liberó a una veintena de mujeres por ser víctimas de lo que ya entonces se investigó como una trama de explotación sexual.

Con esta última denuncia se inició la vigilancia del edificio en una investigación que aún sigue en curso. Según ha relatado el jefe de la Sección de Investigación de Trata de la Brigada Provincial de Extranjería de Madrid, el inspector jefe Víctor de las Heras, al edificio acudían numerosas personas que buscaban beneficiarse de la prostitución que se ejercía en los 16 apartamentos del bloque.

El bloque de edificio es propiedad de tres personas diferentes, que cuentan con todos los papeles en regla y contratos de arrendamiento por vivienda, en las que posteriormente se ejercía la prostitución en cada habitación.

Las inspecciones en las viviendas han permitido comprobar que en algunas había instalados temporizadores en las puertas para que los proxenetas controlaran la duración de los servicios de las mujeres. Además, había instaladas cámaras de seguridad para seguir sus movimientos.

En el dispositivo han participado agentes de la Brigada de Extranjería y Fronteras, de la Unidad de Intervención Policial, de la Unidad de Medios Aéreos, Guías Caninos y trabajadores de inspección de Trabajo y Seguridad Social de Madrid.

“Cualquier hombre puede llegar a cualquier ciudad de España, colocarse en una parada de un taxi y preguntar dónde están las chicas. Seguramente, el taxista o la taxista, aunque le mire con un poco de estupefacción al principio, en 10 minutos le deja en un sitio de prostitución”.

Este ejemplo, que pone Elisa San Miguel, muestra hasta qué punto está normalizada la prostitución en España. “Que España sea el primer país en consumo de prostitución en la Unión Europea muestra hasta qué punto esto es un problema”. Ella es secretaria de Mujeres Siemprevivas, una asociación feminista que trabaja en Guadalajara para acabar con la prostitución. Precisamente, este 23 de septiembre, Día contra la Trata con Fines de Explotación Sexual, este colectivo ha realizado una concentración para poner el foco sobre los consumidores de prostitución, los “puteros”, como responsables de esta lacra, ya que, como afirman desde la asociación, “sin demanda no hay prostitución. Sin prostitución no hay trata”.

Y es que los datos muestran que ser consumidor de prostitución es algo muy extendido en España. “Las encuestas señalan que cuatro de cada 10 hombres reconocen haber consumido o consumir prostitución en este país. Nosotras siempre sospechamos que de los otros seis, pues tal vez haya alguno más que no se atreve a reconocerlo en una encuesta”, afirma San Miguel.

De hecho, está tan extendido que no se atreve a dar un perfil del putero en España: “Es muy difícil identificarlo. Al final caemos en el estereotipo de hombre desaliñado, mayor y solitario, cuando esto no es así. Hay chavales jóvenes de 25 años que acaban en pisos de prostitución sus noches de fiesta o empresarios que acaban sus negocios en prostíbulos para cerrar grandes acuerdos económicos. Es decir, no hay un perfil exacto y esto nos pone en peligro como sociedad, a todos y a todas”.

Y es ahí donde ponen el foco desde Mujeres Siemprevivas. Su visión abolicionista se enfoca desde la prevención y la educación, para que ser consumidor de prostitución, ser putero, esté mal visto socialmente en todos los ámbitos: “Que ningún hombre pueda fardar entre su grupo de amigos de haber ido a un club la noche anterior sin ser señalado socialmente”, resume.

Además, muestra una preocupación: no ve un cambio de tendencia en las generaciones más jóvenes. A través de las intervenciones que su asociación hace, se han dado cuenta de que las nuevas generaciones también tienen normalizado el consumo de prostitución.

Algo que asocia sobre todo a dos factores. Por una parte, la pornografía supone la principal fuente de ‘aprendizaje’ afectivo-sexual para muchos jóvenes españoles. Por otra, ha surgido una contra reacción a la cultura del consentimiento sexual: hay hombres que encuentran en la prostitución el lugar donde tener esos comportamientos sexuales que en una relación sin dinero de por medio no podrían realizar.

“Cuando hablas con las mujeres prostituidas lo que cuentan precisamente es que muchas veces sienten miedo cuando ven llegar a jóvenes, porque son chavales que vienen a hacer en los cuerpos de las mujeres prostituidas lo que no pueden hacer con las mujeres fuera”, cuenta San Miguel. “Los chavales están aprendiendo qué es el sexo a través del porno, cuando lo único que hay ahí es violencia sexual. Pues luego lo reproducen en las relaciones con sus iguales y también con las mujeres prostituidas”.

Por eso, para Mujeres Siemprevivas, lo primero que hay que hacer para atajar la prostitución es invertir en educación sexoafectiva en el ámbito educativo. “Para mí es muy injusto criminalizar a la adolescencia. Los hemos dejado a su suerte navegando por un mundo virtual que les violenta. A todas las preguntas que ellos se han hecho sobre el sexo, han buscado respuestas en la pornografía, porque no tienen espacios en los que poder preguntar, hablar o plantear sus dudas”, concluye San Miguel.

En Ciudad Real, desde la Asociación de Mujeres Opañel también ponen el foco en los hombres que consumen prostitución. Dentro del proyecto ‘Se trata de igualdad’, difunden a través de las redes sociales mensajes contra la normalización que existe en España. “No soy putero, pero normalizo que en las despedidas de soltero se contraten mujeres” o “no soy putero, pero comparto memes que tratan a las chicas como objetos”, son mensajes de una campaña que denuncia ciertos comportamientos que fomentan la aceptación social de estas “violencias enmascaradas de servicios”.

También trabajan para prevenir que las mujeres y las niñas caigan en las redes de prostitución. “Todo forma parte de un mismo círculo. Si la sociedad ha normalizado la pornografía o determinadas plataformas tipo Onlyfans, porque hay una dulcificación en medios, en Internet o en televisión, pues como muchas niñas y jóvenes también van a normalizar o a ser más vulnerables a caer en estas redes de prostitución y trata”, explica Ana Hinchado, coordinadora de Proyectos de la Asociación de Mujeres Opañel.

“Tratamos de dar información fiable, de hablar de lo que es realmente la trata, de los distintos sistemas y métodos de captación que hay hoy en día muy asociados a las redes sociales para captar sobre todo a mujeres e incluso niñas”.

Según datos difundidos por la Consejería de Igualdad de Castilla-La Mancha, en España hay 114.576 mujeres en situación de prostitución y 92.496 en riesgo de trata. Para Hinchado, a pesar de que hay factores que pueden incrementar el riesgo de caer en estas redes (vulnerabilidad económica, víctimas de violencia de género o de violencia sexual…), ninguna mujer está exenta. “Las mujeres que tienen algunos factores de vulnerabilidad son más sensibles a poder caer, pero cualquiera somos susceptible. Hay muchas chicas jóvenes que no están en contextos de vulnerabilidad y que aun así también al final han caído en determinadas prácticas de explotación sexual.”, asegura.

La trata, “impedimento para lograr la igualdad”

Para tratar de prevenir, sensibilizar y actuar frente a la trata con fines de explotación sexual, el Gobierno de Castilla-La Mancha anunció este verano la creación de la Mesa Regional contra la Trata. Esta mesa se constituirá este viernes y tiene entre sus fines y funciones las de sensibilizar, educar, detectar posibles casos de trata y actuar de forma coordinada.

Está formada por representantes de numerosas instituciones y entidades, públicas y privadas, sin ánimo de lucro. Entre las personas que componen esta mesa, se encuentra la presidenta de Médicos del Mundo Castilla-La Mancha, Lourdes Nieto.

Nieto valora “muy positivamente” la creación de esta mesa y cuenta a este diario que, para ayudar a una mujer a salir de una situación de explotación sexual, hay que darles opciones reales.

“Por ejemplo, con planes de integración económica, sociolaboral y planes que trabajen en la recuperación psicosocial de estas mujeres. También pedimos la modificación de la ley de extranjería, porque la mayoría de estas mujeres son mujeres migrantes que están en situación irregular, con lo cual esto es una cuestión clave para que ellas puedan acceder a determinados recursos como víctimas de violencia que son”.

La presidenta regional de Médicos del Mundo también recalca la importancia de las políticas educativas, “que estén fundamentadas en valores de solidaridad, igualdad y justicia social”, para prevenir el consumo de prostitución. “Y luego también tienen que haber sanciones para puteros y proxenetas. Consumir prostitución es algo que no debería estar aceptado ni normalizado en la sociedad”, señala.

Desde AIETI (Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos) Castilla-La Mancha, Angélica Matías se suma a las peticiones para ofrecer una alternativa a las mujeres que sufren la explotación sexual: “Apoyo a las víctimas, oportunidades de reinserción y un acompañamiento sociolaboral sin estigmas, porque en el caso de la trata son las víctimas las que son estigmatizadas, ya que esta forma de violencia prácticamente es normalizada en nuestra sociedad”, sintetiza.

Matías pide también “criminalizar a los proxenetas y a los demandantes de explotación sexual” y afirma que la trata es un impedimento para lograr la igualdad. “En Castilla-La Mancha tenemos la ley por una sociedad libre de violencia, pero nunca podremos conseguir esa sociedad mientras exista una mujer vulnerada de cualquier manera en nuestra sociedad. Y mucho más con el tema de la explotación sexual”.

Cantabria ha gestionado 641 nuevos expedientes de violencia sexual este año en su Red de Centros de Información y Atención Integral, de los que 531 corresponden a mujeres --de ellas, un centenar de víctimas de violencia sexual, prostitución o trata-- y 110 a menores, de los que 40 han sufrido violencia sexual.

Así lo ha confirmado la directora general de Inclusión Social, Tamara González, durante el acto institucional celebrado este martes en el Parlamento de Cantabria y organizado por la Asociación Nueva Vida, con motivo del Día Internacional Contra la Explotación y la Trata de Personas, que se celebra el 23 de septiembre.

Además, la directora general ha anunciado que en 2026 el Gobierno de Cantabria realizará un estudio específico sobre prostitución y trata de personas. En esta línea, González ha asegurado que “es nuestra responsabilidad atajar esta realidad con hechos y no con palabras” porque “la prostitución es violencia, es desigualdad y es vulneración de derechos”.

Según el macroestudio sobre trata, explotación sexual y prostitución de mujeres de 2024, que se ha puesto de relieve durante el evento, esta realidad afecta a 1.891 mujeres en Cantabria, lo que la sitúa como la cuarta comunidad con mayor tasa, con un 72,78%, solo por detrás de Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana. En total, 114.576 mujeres están en esta situación en España.

Durante el acto, también han participado la presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González Revuelta, el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, el gerente técnico de la Asociación Nueva Vida, Julio David García, y el sindico de Sabadell y presidente del Fórum de Sindics i Defensors Locals de Catalunya, Josep Escartín.

Además, Nueva Vida ha reconocido a la Fundación la Caixa, que ha recibido el premio de reciente creación 'Por una Nueva Vida' de manos del subdirector general, Marc Simón. De esta manera, la asociación distingue el apoyo de la entidad, que durante los últimos siete años ha financiado con 800.000 euros un centro para madres con menores.

“Un atentado brutal contra la libertad”

Por su parte, la presidenta del Parlamento ha definido la trata como “un atentado brutal contra la libertad” porque “son personas prisioneras” y ha lamentado que hay “indudablemente un problema de incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace”, por lo que es “buen momento precisamente para pedir más recursos para este ámbito tanto a ministerios como a consejerías”, ha solicitado.

Mientras tanto, Casares ha señalado la lucha contra la trata como “una de las grandes causas que merecen la pena”. En esta línea, el delegado ha abogado por “tomar acción más allá de las leyes” porque “necesitamos a todos haciendo de todo, todo el tiempo”, para lo que ha pedido unidad a las administraciones locales, regionales y nacionales.

También, ha citado el informe de Fiscalía de 2024 que señala que en Cantabria hay activos 10 clubes de alterne y 46 pisos relacionados con la prostitución, aunque “probablemente haya muchos más”, ha lamentado.

Por otro lado, García ha definido este 23 de septiembre como “el día más importante del año” porque “conocemos la realidad de las víctimas” de trata. Además, ha agradecido el aumento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que “ha alcanzado máximos históricos” para actuar contra la explotación sexual, pero ha pedido que también se instauren “medidas eficaces” contra la pornografía.

El gerente de Nueva Vida ha solicitado “la abolición de la prostitución”, lo que “no puede depender de dinámicas electorales”. Además, para García es “esencial” la labor de las entidades sociales, a pesar de no saber “a cuántas víctimas no estamos llegando”.

Para completar las iniciativas del Día Internacional contra la Explotación y la Trata de Personas, este martes, a las 19.00 horas, se realizará una concentración ciudadana frente a la plaza del Ayuntaminto de Santander bajo el lema “No Más Trata”.

Cada 23 de septiembre, Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, tenemos el deber de pronunciarnos. Desde FeSMC UGT Castilla-La Mancha lo afirmamos rotundamente: la trata de personas y la explotación sexual ¡es esclavitud moderna!. Niegan derechos, destrozan vidas y perpetúan desigualdades que, como clase trabajadora, no toleraremos.

Las mafias se enriquecen a costa del sufrimiento de miles de mujeres y niñas, pero no están solas. Se apoyan en un sistema económico y social generador de pobreza, exclusión y precariedad. En definitiva, la trata es otra consecuencia de un modelo donde el cuerpo de las mujeres se convierte en mercancía y normaliza la desigualdad estructural.

Por lo tanto, desde FeSMC UGT Castilla La Mancha exigimos acciones con más decisión.

No vale sólo con hablar y condenar, necesitamos medidas concretas dotadas con fondos suficientes para proteger a las víctimas dándoles alternativas laborales para fortalecer la lucha frente a las redes criminales, esto es crucial. La guerra contra la trata es también sindical, se relaciona con proteger empleos decentes, los derechos humanos y la igualdad verdadera entre ambos sexos, en definitiva, defender lo que realmente importa.

Es inaceptable, en medio de discursos sobre progreso y justicia social, que persistan lugares en Castilla-La Mancha en los que se explota a las mujeres inhumanamente. La clase obrera ni lo puede ni lo debe ignorar. Debemos participar activamente denunciando, concienciando y demandando cambios en la estructura existente. 

La pelea contra la trata no se consigue únicamente con leyes; se conquista con trabajo en equipo, educación igualitaria, empleos estables y dignos, y con sindicatos sólidos que eviten que alguien sea dejado atrás.

Desde FeSMC UGT Castilla-La Mancha nos posicionamos con rotundidad: ninguna sociedad democrática puede consentir que personas sean tratadas como simples bienes.

La trata y la explotación sexual es pura violencia, esclavitud, y la más cruda negación de derechos humanos y laborales.

Hoy, como cada día, reafirmamos este compromiso con las víctimas, para acompañarlas y defender sus derechos. Con los trabajadores y trabajadoras, con miras a edificar una sociedad sin explotación. Y con la igualdad, ya que erradicar la trata solo será posible, acabando con el machismo y la precariedad.

La trata y la explotación sexual no se frenan solo con palabras bonitas, es preciso actuar, organizarse y luchar sindicalmente. Y en esa lucha, FeSMC UGT Castilla-La Mancha estará siempre en la vanguardia.

La Policía Nacional ha liberado a cinco mujeres explotadas sexualmente por una organización criminal transnacional presuntamente dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución coactiva, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas y distribución de medicamentos en las provincias de Toledo y Madrid, según ha informado Jefatura Superior de Policía de Madrid.

La operación policial ha culminado con la detención de ocho personas, siete en las provincias de Toledo y una en la Madrid, incluidos los tres responsables de la organización que han ingresado en prisión provisional.

Las víctimas eran captadas mediante el engaño y adquirían con el entramado una deuda que podía alcanzar los 6.000 euros, que debían saldar en tres meses ejerciendo la prostitución en los pisos club de alterne durante las 24 horas al día, donde además vivían intimidadas y sometidas a constantes amenazas, según detalla la Policía Nacional.

La investigación policial se inició en octubre de 2024 en Melilla cuando una mujer denunció haber sido víctima de trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

A raíz de esta denuncia, los agentes identificaron a una organización criminal asentada en territorio nacional compuesto por personas latinoamericanas y españolas cuyo modo de vida radicaba en la explotación sexual de mujeres de origen sudamericano que eran captadas en su país de origen, principalmente Colombia y Venezuela.

La red captaba a mujeres extranjeras en situación de vulnerabilidad económica mediante engaño, prometiéndoles un futuro laboral más favorable en España.

La organización criminal se hacía cargo de todas las gestiones y documentación necesaria para el viaje, informando a las víctimas que por ello contraerían una deuda que hasta 6.000 euros, la cual debían pagar en tres meses ejerciendo la prostitución.

Una vez en España, eran trasladadas a domicilios controlados por la red en la localidad de Torrijos (Toledo) y Madrid, donde eran desprovistas de su documentación y obligadas a ejercer la prostitución para saldar la deuda contraída con la organización criminal.

Control total, coacciones y drogas

La red contaba con mujeres que actuaban como falsas “madres de piso, encargadas de ejercer un control sobre las víctimas, marcar los horarios, fijar las tarifas y gestionar el cobro de los clientes. Las víctimas tenían que tener disponibilidad de 24 horas al día y la obligación de repartir el 50% de los beneficios”, explica la Policía Nacional.

Además, en las zonas comunes del domicilio había ubicadas cámaras de seguridad que grababan todo lo que ocurría en la vivienda, estando las víctimas permanentemente vigiladas. En algunos casos, las víctimas eran conminadas a cambiar de lugares de explotación, siendo aprovechado el momento del traslado por una de las víctimas para escapar de esta red criminal, momento en el que empezó a recibir amenazas tanto desde España como desde su país de origen, para que regresara y abonara el importe de la deuda.

La coordinación de la explotación sexual iba acompañada de una segunda actividad delictiva: la distribución de drogas. En los mismos inmuebles, los clientes podían adquirir cocaína. Todo esto generaba elevados beneficios económicos que eran redistribuidos entre los miembros de la organización criminal.

Durante la fase final de la operación, en la que se ha clausurado uno de los pisos club de alterne, se ejecutaron cuatro registros en las provincias de Toledo (3) y Madrid (1), donde se hallaron evidencias de la actividad delictiva y material probatorio de gran relevancia para la investigación. Procediendo a la detención de ocho personas en las provincias de Toledo (7) y Madrid (1), tres de los cuales se encuentran en prisión provisional. En el interior de los inmuebles se localizó una suma superior a 7.000 euros en efectivo.

Asimismo, se intervinieron 2 kilogramos de cocaína, parte de ella en roca pura y otra ya preparada en dosis para su distribución. Los agentes hallaron un laboratorio secundario para la producción de dicha sustancia con materiales específicos para el corte, manipulación y empaquetado de droga.

Además, se incautó abundante documentación relacionada con la actividad criminal, así como material informático y seis teléfonos móviles de los principales investigados.

El 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños, una fecha instaurada en 1999 en recuerdo de la llamada 'Ley Palacios', la primera norma en el mundo contra la prostitución infantil, aprobada en Argentina en 1913. La efeméride busca visibilizar una de las violaciones de derechos humanos más extendidas y menos denunciadas, que afecta de manera desproporcionada a mujeres y niñas en todo el mundo.

También a finales de los años 90, un grupo de entidades en Cáceres, incluyendo a Adhex, comenzó a investigar el fenómeno de la prostitución de mujeres extranjeras en nuestra región. Este esfuerzo inicial culminó en 2002 con el informe 'Esclavas en Extremadura', un hito que marcó el inicio de su incidencia política. Con recursos limitados, pero con una inquebrantable voluntad, empezaron a dar respuesta a las primeras víctimas.

El año 2007 fue un punto de inflexión. La campaña SERVA PEREGRINA, financiada por el Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX), acercó el debate a la sociedad extremeña de una forma audaz y directa. Con cuñas de radio, vídeos, cartelería y un mensaje de texto que interpelaba a la ciudadanía, la campaña generó una conciencia colectiva. Ese mismo año, el informe 'Mujeres sin rostro' profundizó en el problema con entrevistas a las propias víctimas, dando voz a quienes no la tenían nunca.

Consolidación y Atención Integral (2009-2016)

Entre 2009 y 2016, Adhex se centró en la atención integral a las víctimas. El Proyecto ASTERIA (luego ASTERIAenRED), en colaboración con el IMEX y el Ministerio de Sanidad, ofreció un apoyo crucial a mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual.

Durante este periodo, la incidencia política rindió frutos. Se aprobó el primer plan del gobierno central con propuestas de Adhex y se sentaron las bases para la Mesa contra la Trata y el protocolo extremeño, que finalmente se materializó en 2015. La asociación se mantuvo activa con campañas de sensibilización y la atención directa a quienes más lo necesitaban.

Formación y Campañas Focalizadas (2017-2024)

En este periodo, Adhex intensificó su labor formativa y de sensibilización. En 2017, publicó el Cuaderno 3 de la Guía orientativa para profesionales, una herramienta vital que capacitó a profesionales sanitarios. A partir de 2018, la organización se volcó en la población más joven con talleres y la guía Yo digo no. Guía joven contra la trata.

El Proyecto Zenobia (2019-2024) destacó por su curso online, que ha formado a más de 1.000 profesionales sobre el marco jurídico y los protocolos de trata, así como la relación entre la pornografía online, la prostitución y la trata. El proyecto también ha impulsado seminarios con expertas y campañas innovadoras como 'La buena vecindad', la única en España centrada en la trata en viviendas residenciales.

Proyectos Recientes y Cooperación Internacional (2020-2025)

El periodo más reciente ha estado marcado por la actualización del 'Protocolo extremeño contra la trata de seres humanos' en marzo de 2025, en la que Adhex jugó un papel imprescindible. También se han implementado proyectos clave como Aspasia y Shamsia, centrados en la prevención en centros educativos del ámbito rural, y el programa AIRIS, que ofrece acompañamiento social y jurídico a las víctimas.

Un hito emocionante en esta extensa trayectoria de lucha contra la trata, ha sido el proyecto de cooperación internacional Élida, desarrollado desde hace tres años en Paraguay. Para Adhex, llevar su experiencia a un país de origen y tránsito de víctimas de trata ha supuesto un paso enorme del que sentir gran satisfacción aun sabiendo que no es suficiente y es necesario seguir trabajando con más recursos.

Proyecto Élida: un puente de esperanza en Paraguay

El 'Diagnóstico de 2023' sobre la trata en el departamento de Caaguazú reveló una realidad alarmante, y Adhex, con el apoyo de la Diputación de Cáceres y la socia local paraguaya 'Luna Nueva', decidió actuar. Con una metodología integral y territorial, el proyecto se centró en dos líneas de acción complementarias: el fortalecimiento institucional y la articulación comunitaria.

Uno de los logros más significativos fue la reactivación de la Comisión Interinstitucional Departamental de Prevención y Combate a la Trata de Personas, que había dejado de operar. A través de capacitaciones técnicas, Adhex no solo transfirió conocimientos sobre la realidad de la trata, sino que también compartió la experiencia de las víctimas paraguayas en España, estableciendo un lazo de entendimiento y solidaridad y demostrando la dureza de las experiencias personales de las mujeres que viajan desde el país latino hasta Europa siendo víctimas de trata. El proyecto también ayudó a diseñar el Plan Departamental de Trata de Personas 2024-2028 y a crear las primeras comisiones municipales, hoy referentes nacionales.

Pero la lucha no se libró solo desde las instituciones. La otra gran apuesta fue construir redes de prevención junto a mujeres lideresas y organizaciones sociales locales. Desde un enfoque de participación y horizontalidad, se crearon rutas de actuación impresas que sirven como guía práctica. Gracias a este trabajo, se ha establecido una sólida red de mediación comunitaria, que ya ha comenzado a detectar y canalizar casos reales.

El proyecto Élida ha alcanzado a alrededor de 300 mujeres y adolescentes, pero su verdadero impacto va mucho más allá de las cifras. Ha convertido la lucha contra la trata en una tarea colectiva, uniendo a Estado, sociedad civil y comunidades. El éxito de este proyecto no solo se refleja en la mejora de las políticas públicas locales, sino en la creación de un espacio donde la dignidad y la justicia se construyen de la mano, forjando un futuro más esperanzador para las mujeres y niñas de Caaguazú.

Un futuro que se escribe con dignidad

La lucha contra la trata no se detiene. Con la evolución del Proyecto Zenobia, que abordará nuevas formas de explotación como la laboral, la reproductiva o los matrimonios forzosos, Adhex demuestra que está preparada para responder a los desafíos que emergen en un mundo cambiante y desafiante siempre para las mujeres.

En España, las cifras siguen alertando: solo en 2023 las fuerzas de seguridad rescataron a 1.466 víctimas de trata y explotación, un 24 % más que el año anterior. De ellas, casi 300 eran mujeres sometidas a redes de explotación sexual y más de 190 personas fueron forzadas a trabajos en condiciones de esclavitud. Organismos internacionales como el Consejo de Europa advierten, además, de la necesidad de reforzar las investigaciones en el ámbito laboral y garantizar compensaciones efectivas a las víctimas.

Lo que comenzó como un pequeño movimiento en Extremadura hoy es una voz fuerte que atraviesa fronteras y que ha hecho de la defensa de las mujeres y niñas un compromiso irrenunciable. Adhex ha demostrado que la perseverancia y la empatía pueden transformar realidades.

Su labor no es solo un testimonio de resistencia, sino una promesa: la de que ninguna mujer ni niña será invisible, la de que cada historia silenciada encontrará eco, y la de que la justicia y la libertad siempre tendrán quien las defienda.

La presidenta de Adhex, Flor Fondón, afirma con contundencia: 'Las falsas ofertas de trabajo son uno de los principales motores de la trata, por lo que la prevención y la sensibilización resultan fundamentales. Insistimos, además, en que la prostitución no es un trabajo bajo ningún concepto, sino una forma de explotación que genera una vulnerabilidad extrema, razón por la cual defendemos su abolición“.

Adhex no es simplemente una organización. Es un faro. Y su luz ya ilumina algunos caminos que hasta hace muy poco tiempo, parecían intransitables.