Lo que debía haber sido una celebración del fútbol alevín en la localidad coruñesa de Cedeira se convirtió el pasado sábado en un foco de tensión social y deportiva. Durante el desarrollo de la Copa Convivencia, uno de los torneos que ponen el cierre a la temporada, se denunció un supuesto incidente de comentarios racistas que ya investiga la Guardia Civil. Agentes del instituto armado se personaron en el propio campo municipal Carmen Maseda para tomar declaración de lo sucedido a los asistentes..

Según la narración de Diario de Ferrol, todo comenzó en el choque entre el As Pontes y el Racing de San Pedro, club del barrio ferrolano do Inferniño. Un incidente entre dos jugadores, con insultos racistas, se trasladó a la grada e, incluso, se acusa a uno de los entrenadores del equipo pontés de repetir el improperio, algo que el club ha negado de forma taxativa. Como consecuencia, el San Pedro se retiró del torneo y el Eume Deportivo se negó a enfrentarse a As Pontes.

La situación, recoge Europa Press, derivó posteriormente en un cruce de comunicados entre clubes, instituciones y asociaciones deportivas: desde las que rechazan cualquier acto racista, al del C.D. As Pontes, que defiende a su entrenador y apela a la presunción de inocencia.

La reacción más inmediata llegó del club anfitrión, Cedeira S.D., que en un comunicado titulado El racismo no tiene cabida en el fútbol expresó su “más firme condena y rechazo” ante los hechos, que consideró “inaceptables” y contrarios a los valores que defienden como entidad.

“En Cedeira S.D. no hay lugar para el racismo ni para ningún tipo de discriminación”, señala el texto, donde también se comprometen a trabajar activamente para erradicar estas conductas y promover una cultura de respeto.

Por su parte, el Ayuntamiento de Cedeira respaldó al club local y rechazó “cualquier comportamiento racista, xenófobo o violento en el deporte”, así como cualquier falta de respeto dentro y fuera del campo.

El gobierno municipal subrayó que la apuesta por el deporte lleva aparejados “comportamientos éticos”, entre los que citó la valoración del contrario, el respeto a las reglas y la práctica del juego limpio.

As Pontes: “No hay ninguna prueba”

Por su parte, el C.D. As Pontes también emitió un comunicado oficial en el que, si bien declara “tolerancia cero” ante el racismo, defiende a su entrenador, al que se le acusa de proferir los comentarios. El club asegura haber abierto una investigación interna “desde el primer momento”, pero sostiene que “a día de hoy no existe ninguna prueba objetiva que acredite que tales comentarios se produjeran”.

El comunicado enfatiza la trayectoria del técnico: “Se trata de un entrenador que lleva años formando a niños y niñas de todas las razas, nacionalidades y religiones, sin que conste ninguna queja anterior contra su conducta”. Por ello, el club apela a la presunción de inocencia y advierte que no tomará “ninguna medida sancionadora mientras no se demuestre lo contrario”.

Además, el C.D. As Pontes anuncia acciones legales contra quienes, desde el anonimato en redes sociales, viertan “odio y juicios sin fundamento”. Su servicio jurídico revisará todas las publicaciones y, aquellas que vulneren la honra de las personas o la imagen del club, “serán puestas en conocimiento de la Fiscalía y serán objeto de la correspondiente denuncia ante el Juzgado de Instrucción”.

“No tenemos que recibir lecciones de nadie sobre cómo actuar ante este tipo de casos. Sí exigimos que se actúe cuando existan hechos demostrados, no rumores”, zanja el club.

San Pedro: “Toda la temporada sufriendo racismo”

Por su parte, el Racing San Pedro, un club ferrolano del barrio de O Inferniño, ha terciado: “Llevamos toda la temporada sufriendo racismo”.

Lejos de limitarse al supuesto incidente puntual de Cedeira, el club denuncia una situación recurrente: “A lo largo de toda la temporada, hemos sido testigos de diversas situaciones de racismo hacia nuestros jugadores, en diferentes categorías y competiciones”.

Desde Racing San Pedro repudian y condenan “enérgicamente cualquier acto de racismo, discriminación o xenofobia”, y subrayan que estos hechos “atentan contra los valores que promovemos como club: respeto, inclusión, solidaridad y juego limpio”. Acompañan y apoyan a todos sus jugadores y familias afectados, y afirman que “no están solos”.

El comunicado cierra con un mensaje contundente: “Seguiremos trabajando para erradicar cualquier forma de discriminación dentro y fuera de la cancha. Juntos por un fútbol sin racismo”.

Víctor San Vidal vuelve a ser objeto de polémica. El que fuera alcalde de Fontanar (Guadalajara) y que dimitió tras hacerse público un vídeo en el que llamaba “retrasada mental”, insultaba y humillaba a una empleada municipal, ha sido contratado como personal laboral en el Ayuntamiento de Guadalajara, gobernado por PP y Vox. La cuestión es que su contratación es como “operario de cultura”, es decir, empleado público, y San Vidal está condenado además por malversación de caudales públicos e inhabilitado para empleo o cargo público.

Según el decreto municipal al que ha tenido acceso este medio, Víctor San Vidal aparece contratado como personal laboral con fecha de 14 de mayo, por un periodo de dos meses, para el Área de Cultura, que dirige el primer teniente de alcalde, Francisco Javier Toquero, de Vox.

Este texto justifica su contratación en la “necesidad” de personal con motivo del “incremento ocasional e imprevisible” de actividad el departamento municipal de Cultura del Ayuntamiento.

Se da la circunstancia de que San Vidal fue condenado hace justo un año por la Audiencia Provincial de Guadalajara, por malversación de fondos públicos y prevaricación, junto a otras cuatro personas, a raíz de la denuncia de varias trabajadoras del Ayuntamiento. La sentencia fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con una rebaja de penas a finales del años pasado, pero manteniendo la inhabilitación para cargo o empleo público.

Es el motivo por el que desde el Grupo Municipal AIKE de Guadalajara han dado la voz de alarma. Han realizado una consulta jurídica y consideran también “verificado” que el exalcalde no puede ocupar ese puesto. Por eso han registrado en el Ayuntamiento una petición en la que solicitan a la alcaldesa, Ana Guarinos (PP), y al mencionado concejal de Cultura, de Vox, que se “depuren responsabilidades ”sobre dicha contratación y se tomen de forma urgente las medidas oportunas que garanticen el cumplimiento de dicha sentencia“.

En este escrito piden evitar que “una persona con inhabilitación especial y con dos sentencias más, una por agresión y otra por delito de acoso laboral a una trabajadora municipal” cuando Víctor San Vidal Martínez ocupaba el cargo de alcalde de Fontanar, forme parte de la plantilla del área de Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara.

AIKE hace así referencia también al hecho de que San Vidal también fue condenado en febrero de 2025 a cuatro meses de prisión por un delito de acoso laboral tras someter a una mencionada empleada municipal a años de “reiterados” actos “hostiles y humillantes”. El entonces alcalde admitió los hechos y dimitió.

Vox deriva la responsabilidad al PP que justifica el contrato

Preguntado por este medio por su versión de los hechos, el Área de Cultura, a cuyos mandos está Vox, deriva la responsabilidad de la contratación y de las acciones a tomar en relación con el caso en la Concejalía de Recursos Humanos, Contratación y Compras, al frente de la cual está Isabel Nogueroles, del PP.

Mientras, según el informe del Servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Guadalajara, al que ha tenido acceso elDiario.es Castilla-La Mancha, el Consistorio justifica la contratación del exalcalde de Fontanar, Víctor San Vidal, en una respuesta a las preguntas planteadas por el Grupo Municipal AIKE.

Confirman que la contratación se produjo mediante decreto con fecha 13 de mayo de 2026, durante dos meses como personal laboral “por circunstancias de la producción” y para realizar tareas de operario de Cultura. Un contrato con efectos desde el 14 de mayo.

El consistorio esgrime que “en el expediente de contratación del Sr. San Vidal consta declaración jurada firmada por él de no estar inhabilitado para el desempeño del puesto de operario de Cultura por no serle aplicable la inhabilitación especial para empleo o cargo público a la que fue condenado”.

También aluden a un auto aclaratorio de la Audiencia Provincial de Guadalajara de fecha 13 de febrero de 2026, sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y que, según se establece en su parte dispositiva, la pena impuesta al exalcalde concreta que la inhabilitación especial solo está relacionada “con la contabilidad, gestión económica o control de tesorería de los caudales públicos relacionados con la administración local”.

Finalmente, justifica el ayuntamiento que la contratación del exalcalde condenado “no ha sido una contratación directa, ya que este forma parte de la bolsa de empleo de operarios de servicios/peones vigente del Ayuntamiento de Guadalajara, resultante del proceso selectivo llevado a cabo” y que “la primera persona disponible en dicha bolsa en el momento de la contratación era el Sr. San Vidal” por lo que “en cumplimiento del reglamento regulador de los criterios de gestión de las bolsas de trabajo del Ayuntamiento de Guadalajara era obligado su llamamiento”

El departamento de Recursos Humanos considera que “no existía ningún motivo para excluirle del llamamiento ya que a la vista del auto aclaratorio, la inhabilitación especial no alcanza al puesto objeto de contrato (peón de cultura), puesto que sus funciones no están relacionadas con la contabilidad, gestión económica o control de tesorería de los caudales públicos del Ayuntamiento de Guadalajara”.

Se considera que el contrato “es conforme a la legalidad” y recuerdan finalmente a la concejala Susana Martínez que “no hay impedimento, ni legal ni jurisprudencial, para que el señor San Vidal pueda acceder a un puesto de operario de Cultura”. También sostienen que “en ningún caso cabía la posibilidad de excluir o saltar al aspirante al que correspondía la contratación, según el orden establecido en la bolsa de trabajo, formada a resultas de un proceso selectivo basado en los prinicipios de igualdad, mérito y capacidad”.

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada y edil de 'Por La Rioja' ha emitido este lunes un contundente comunicado oficial para denunciar públicamente un ataque homófobo dirigido hacia su persona. Los hechos sucedieron durante las fiestas de la localidad, la pasada semana, pero ha sido este fin de semana cuando Óscar Reina ha interpuesto la denuncia ante la Guardia Civil.

Se trata de una enorme pintada en el emblemático Puente del Santo, en la que se señala directamente su apellido acompañado de insultos de carácter homófobo. El concejal ha querido dejar claro que, tras tres años de responsabilidad pública en los que ha asumido con normalidad “la crítica política y la discrepancia”, lo ocurrido estos últimos días supone “un salto cualitativo inaceptable”. “No estamos ante una crítica ni ante una opinión. Estamos ante un ataque personal con un componente discriminatorio evidente que vulnera gravemente la dignidad”, ha subrayado, incidiendo en que se trata de un acto deliberado que busca la humillación pública.

Asegura además, que no es la primera vez. “No es un hecho anecdótico ni aislado. Es un acto deliberado que busca señalar, degradar y humillar públicamente a una persona, traspasando todos los límites que una sociedad democrática debe preservar”, denuncia, “no estamos ante una crítica. No estamos ante una opinión. Estamos ante un ataque personal con un componente discriminatorio evidente que vulnera gravemente la dignidad, no solo de quien lo sufre directamente, sino de cualquier ciudadano que crea en el respeto y en la igualdad”.

Además del ataque personal, el primer teniente de alcalde ha recordado el profundo valor histórico, cultural y sentimental que el Puente del Santo tiene para todas las generaciones de calceatenses. “Dañarlo de esta manera es también faltar al respeto a nuestra historia y a nuestra identidad”, ha lamentado.

El edil ha hecho un llamamiento a la responsabilidad colectiva y a la firmeza institucional para frenar la radicalización en el espacio público: “Cuando el insulto sustituye al argumento y el odio se utiliza como herramienta, no se ataca únicamente a una persona: se erosiona la convivencia y se degrada la vida pública”, continúa. Apela, además, a la responsabilidad colectiva, a la firmeza en las instituciones y al compromiso dela sociedad para rechazar con matices este tipo de comportamientos.

Finalmente, el comunicado concluye con un mensaje rotundo en el que asegura que no va a consentir “que se normalice el señalamiento personal” y recuerda que la responsabilidad institucional no implica aceptar cualquier tipo de degradación. “Santo Domingo de la Calzada no puede ni debe identificarse con el odio, el insulto y la intolerancia. Defender el respeto no es una opción; es una obligación”, concluye.

Pocas plantas tienen peor fama y, al mismo tiempo, una estética tan espectacular como el cardo borriquero. Basta escuchar a alguien decir “eres un cardo borriquero” para entender que la expresión no suele emplearse precisamente como un cumplido. Sin embargo, basta acercarse al campo mediterráneo en primavera para descubrir que detrás de ese apodo despectivo se esconde una de las flores silvestres más llamativas de la península.

El cardo borriquero, conocido científicamente como Onopordum acanthium o emparentado en muchas zonas con el cardo mariano (Silybum marianum), alcanza durante los meses de primavera su máximo esplendor, levantando enormes tallos espinosos coronados por flores lilas de aspecto casi escultórico que pueden superar fácilmente el metro de altura.

Lugares para ver cardos borriqueros en primavera

Aunque aparecen prácticamente por toda la geografía mediterránea, existen zonas donde los cardos borriqueros forman paisajes especialmente impresionantes entre abril y junio. Son habituales en márgenes de caminos, terrenos baldíos, viñedos y campos poco intervenidos, especialmente allí donde el calor y el suelo seco favorecen su crecimiento.

El supuesto motivo por el que ser un “cardo borriquero” es despectivo, a pesar de ser una flor

La contradicción es bastante curiosa. Porque aunque visualmente el cardo borriquero puede resultar espectacular, en España terminó convirtiéndose en una expresión despectiva asociada a personas antipáticas o ariscas, probablemente por sus espinas y su aspecto agresivo.

La propia RAE recoge las dos acepciones del término. Por un lado, define el cardo como una “planta anual, de la familia de las compuestas, que alcanza un metro de altura, de hojas grandes y espinosas como las de la alcachofa, flores azules en cabezuela, y pencas que se comen crudas o cocidas”. Pero además añade una segunda definición coloquial mucho menos amable: “persona arisca”.

Quizá precisamente por esa mezcla entre belleza y espinas, el cardo terminó funcionando como metáfora de alguien difícil de tratar.

Más allá de su mala fama popular, el cardo borriquero posee una enorme importancia ecológica y tradicional. Durante siglos incluso llegó a cultivarse como alimento. Algunas partes de la planta se consumían cocidas o crudas, de manera parecida a la alcachofa, con la que comparte parentesco dentro de la familia de las asteráceas.

Lo más fascinante del cardo borriquero es probablemente cómo una planta tan despreciada terminó convirtiéndose en una de las siluetas más reconocibles del paisaje rural español. Porque aunque muchos sigan usando su nombre como insulto, basta ver uno en plena floración para entender que pocas plantas silvestres consiguen resultar tan exageradas, tan agresivas y al mismo tiempo tan bonitas como esta.

El alcalde de Siero, el socialista Ángel García 'Cepi', dice que tiene mucho aguante, pero su paciencia también tiene un límite. Esta vez, la línea roja la ha traspasado un vecino del cuarto concejo de Asturias al que el primer edil ha identificado como el presunto autor de un vídeo realizado con Inteligencia Artificial (IA) donde sobre una imagen suya delante de la casa consistorial van sucediéndose imágenes de mujeres en actitudes provocativas y se suceden los insultos como “putero”, “cabrón”, “sinvergüenza” o “vago”, entre otros.

Acompañado del abogado penalista Luis Tuero, el alcalde ha comparecido este lunes en sede judicial para ratificar su denuncia en las diligencias abiertas contra este vecino al que imputa un delito de injurias.

A la entrada de los juzgados de Siero, 'Cepi' ha explicado que en octubre del año pasado ya interpuso una denuncia ante la Policía Nacional tras la publicación de varios videos creados con IA en la red social Facebook.

De las críticas a las descalificaciones

En estos vídeos se descalificaba no solo su gestión política al frente del Ayuntamiento de Siero, sino que también se añadían descalificaciones e insultos.

“A través de un mismo perfil, me llamaban sinvergüenza, vago, putero…, por lo que decidí emprender acciones legales”, ratifica.

El aguante

Asegura que ha tenido que dar el paso de acudir a la justicia para que cesen los ataques contra él y admite que se vio abocado a denunciar porque la situación ya pasó a otro nivel: “lo hice para intentar corregir que hoy en día los cargos públicos tenemos que aguantar mucho. Es algo notorio y evidente. Y yo encajo muy bien cuando me dicen que soy muy malo, que lo hago muy mal. Todas estas cuestiones políticas, la verdad que lo llevo muy bien. Incluso los insultos cuando son puntuales ni reparo en ellos”, reconoce.

Sin embargo, “cuando ya llega un momento en el que los insultos son reiterados y hay un tipo de descalificaciones graves, que atentan ya no solamente contra mi honor y mi persona, sino que también mi entorno familiar o más cercano pueden verlo, eso no puede tolerarse”, sostiene.

La Audiencia estimó su recurso

'Cepi' ha recordado que no es la primera vez que denuncia en el juzgado por hechos similares, en alusión a su etapa de concejal en el consistorio sierense, y ante la publicación en un blog de insultos y amenazas por parte de un policía local.

En aquella ocasión, la denuncia fue archivada en primera instancia pero el alcalde recurrió ante la Audiencia Provincial de Asturias y su recurso fue estimado.

'Cepi' ha avanzado hoy su intención de continuar en la misma línea de denunciar cualquier tipo de acoso en redes sociales para que este tipo de hechos no se repitan.

Luis Carandell recogió, en uno de sus libros, la célebre respuesta que José María Gil Robles, al frente de la derechista CEDA, a un diputado en el Congreso español, que le espetó, en 1934, “su señoría es de los que todavía llevan calzoncillos de seda”. “No sabía que su esposa fuera tan indiscreta”, replicó con sorna.

¿Qué se hizo de aquel ingenio y de aquellos oradores, en un tiempo y en un mundo en el que el arte del exabrupto sustituye a Demóstenes en la conversación pública? El insulto sustituye al argumento, a la patraña se le llama post-verdad y el supuesto mantra de los indios del western que Javier Krahe utilizó en una canción contra el felipismo, se extiende a todas las esferas del poder y no sólo a la política en sentido estricto: Hombre blanco hablar con lengua de serpiente.

Los embustes de Pericón eran alta literatura comparados con la barahúnda de medias verdades o de mentiras completas que no sólo se extienden por las redes sino por los medios de comunicación que tienen el derecho y el deber constitucional de preservar la veracidad. Telecinco tendría que reponer urgentemente La máquina de la verdad, de Julián Lago, para acordarnos de qué se suponía que era eso en los años 90 del pasado siglo. ¿Imaginan a Miguel Ángel Rodríguez, al Pequeño Nicolás, a José Luis Ábalos, a Cristóbal Montoro, al rey emérito o al comisario Villarejo entre sus nuevos concursantes?

Nos hemos acostumbrado a que algunos líderes políticos digan algo y lo contrario en menos que canta un gallo: “¿Ha visto alguien lo mal que lo está haciendo España? Sus datos económicos, a pesar de que apenas contribuye algo a la OTAN y a su defensa militar, son absolutamente horrendos. Es triste verlo”, acaba de soltar Donald Trump a través de sus redes. Sólo que, hace menos de un año, cuando pretendía que nuestro país aportara un 5% al mantenimiento de esa misma plataforma militar, utilizaba el argumento contrario: “La economía española es buena (…) Lo están haciendo muy bien”.

El racismo es un bicho con dos patas: la del miedo y la de la difamación, como puede apreciarse en las canchas de fútbol o cada vez que toca regularización de inmigrantes o campaña electoral

En El Arte de la Guerra, Sun Tzu sostiene que «toda guerra se basa en el engaño», con el propósito de manipular la percepción del enemigo para ganar sin luchar, aparentando debilidad cuando se es fuerte, inactividad cuando se mueven tropas, y cercanía cuando se está lejos. Goebbels elevó dicha máxima a la enésima potencia. La propaganda –que es una de las fórmulas sublimes del engaño– llevó al Tercer Reich a aniquilar a seis millones de judíos y a medio millón de gitanos, entre otras etnias, en su caso ideológicas, como izquierdistas, demócratas o simplemente cristianos o musulmanes –tártaros o bosnios, aunque a estos últimos los etiquetaban como raza aria–. El racismo es un bicho con dos patas: la del miedo y la de la difamación, como puede apreciarse en las canchas de fútbol o cada vez que toca regularización de inmigrantes o campaña electoral.

También llama a engaño la estupidez. Hace unos días, en las jornadas taurinas de Algeciras –en las que participaron en otro tiempo aficionados de la talla de Francisco Brines, Almudena Grandes, Eduardo Mendicutti, Darío Jaramillo, Felipe Benítez Reyes o Carlos Marzal–, apareció un tal Antonini de Jiménez, youtuber de profesión, ferviente seguidor de Isabel Díaz Ayuso o de Santiago Abascal, que llegó a proclamar, sin despeinarse, que “si Noelia [Castillo] hubiera tenido un novio torero, habría conocido otra forma de entender el dolor”, aludiendo a la joven de 25 años que optó por la eutanasia tras un largo proceso judicial y un largo sufrimiento privado.

Es difícil batir dicha plusmarca soez, pero expresiones similares siguen a la orden del día, por no hablar de las teorías conspiranoicas, tan al uso. Como diría Joaquín Sabina, no parece fácil echar margaritas a los cuerdos, en los tiempos que corren.

La lengua vernácula de la contemporaneidad es la del insulto. En la vida cotidiana, tales prácticas suelen preceder a las de otra violencia, la física

Pero la lengua vernácula de la contemporaneidad es la del insulto. En la vida cotidiana, tales prácticas suelen preceder a las de otra violencia, la física. Si alguien empieza por llamar imbécil a su pareja, andando el tiempo y si dicha costumbre escalase, el asunto podría terminar en una esquela mortuoria. Que los dioses nos libren que dicha causa-efecto se extienda a la cosa pública, porque estamos a pique de un repique.

Sin ir más lejos, en la exaltación de María Corina Machado que urdió la Comunidad de Madrid este fin de semana, constituyeron un clamor los gritos de “mona” o “fuera la mona”, dirigidos contra Delcy Rodríguez, presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela con la aquiescencia del actual inquilino de la Casa Blanca, tras el secuestro del autócrata represor Nicolás Maduro.

La opinión pública ya está acostumbrada a descalificaciones genéricas: “aquelarre comunista”, “narcoestados”, “gestores de países sumidos en la pobreza y el narcotráfico”, “guerracivilistas populistas y revanchistas”, han llamado desde la derecha a la cumbre progresista que Pedro Sánchez convocó en Barcelona este sábado.

El insulto, parece obvio pero no lo parece, es una falta de respeto. Por mucho menos que eso, los jueces montan un cirio cada vez que desde el Gobierno les mandan a hacer puñetas

A Sánchez, sin ir más lejos y desde que reside en La Moncloa, le llamó Pablo Casado “traidor”, “felón”, “incapaz”, “incompetente”, “mediocre”, “mentiroso compulsivo”, “ilegítimo” u “okupa”: “No son descalificaciones, son descripciones”, argumentó el extingo presidente del PP. El actual, Alberto Núñez Feijóo, no suele llamarle presidente –salvo a sí mismo–, pero se inventó un cargo para el líder socialista: primer ministro, que no existe en nuestro nomenclátor gubernamental. Hay quien le llama “Perro” y Díaz Ayuso, “me gusta la fruta”, pero Rosa Díez ha llegado a calificarlo como “psicópata”. Miguel Tellado ha optado, por ejemplo, por “mezquino, déspota y un cínico de manual”. El insulto, parece obvio pero no lo parece, es una falta de respeto. Por mucho menos que eso, los jueces montan un cirio cada vez que desde el Gobierno les mandan a hacer puñetas.

A este paso, cualquier día un diputado de Vox es capaz de subirse a la mesa del Congreso a montar un mingo y habrá grupos políticos que ni lo condenen.

También hay bocachanclas en la bancada azul. El ministro Óscar Puente es un profesional de esos excesos verbales: hace un mes, descalificó a algunos periodistas malagueños como “buleros y mamporreros de quinta”, que hacían “publirreportajes” al servicio de la Junta de Andalucía. Tras la lógica y sensata condena por parte de la Asociación de la Prensa de Málaga, en su descargo, quizá eche mano de los tres folios de insultos dedicados a su persona, que recopiló hace tiempo: entre todos ellos, no sé si decantarme por el de “cuota castellana y vocinglera de un mercado de paletos, destripaterrón a sueldo, machaca del mal, sicario del caos, castellano traidor” o “antropoide del Consejo de Ministros, que lleva el traje de simpático orangután”.

Es posible contrarrestar la mentira y desnudar las ocurrencias, pero es complicado detener la máquina de fango. Frente al insulto, quizá la única argucia sea la de insultar con mayor elegancia, pero yo no sabría cómo. Si alguien me llamase, como suele ocurrir, yayoflauta, pesebrero o vendepatrias, mi falta de oficio me llevaría tan sólo a exclamar “recáspita”. El hombre blanco hablará con lengua de serpiente, pero hay quienes no tenemos lengua bífida y eso, visto lo visto, puede resultar contraproducente.

El PSOE de Albacete ha pedido la “expulsión” del cargo del teniente de alcalde del PP en la localidad de Robledo Cristian Cuerda, quien a través de las redes sociales escribió textualmente: “Hijos de puta se os queda corto, vuestras madres seguramente fueron unas santas”, a raíz de una noticia sobre las cuotas de los autónomos societarios en un mensaje que dirigía al Gobierno de España.

La Ejecutiva Provincial del PSOE en la provincia de Albacete a través de la vicesecretaria general segunda, Amparo Torres, denunciaba públicamente lo que califica de “graves insultos” proferidos en redes sociales por el que fuera alcalde de Robledo y ha pedido al presidente provincial del Partido Popular, Manuel Serrano, la desautorización inmediata de Cuerda, la apertura de expediente disciplinario y la retirada de su acta de concejal.

“Hay comportamientos que inhabilitan a una persona para representar a la ciudadanía, para representar a su pueblo y para ocupar un puesto en una institución pública”, ha afirmado, subrayando la ausencia de “inteligencia política, educación y buen gusto” para rebatir con argumentos en lugar de con agresiones verbales.

Torres circunscribe el suceso en la “crispación política impulsada por el PP y Vox” y cree que “se han mimetizado tanto que prácticamente son indistinguibles”. En su opinión, este tipo de actitudes no son “polarización” sino “incendiar la convivencia y faltar a las instituciones democráticas”.

El concejal ha pedido disculpas

Poco después, el concejal del PP ha pedido disculpas públicamente por el tono empleado. Cristian Cuerda reconoce que, aunque el asunto tratado es el incremento de 1.620 euros anuales en la cuota de los autónomos societarios, lo que supone aproximadamente 135 euros más al mes es de gran relevancia para muchos profesionales y genera preocupación, el tono utilizado en sus comentarios “no fue el adecuado”, según un comunicado del PP.

El edil ha subrayado que estas declaraciones se realizaron en un ámbito “estrictamente personal”, fuera de los canales oficiales del ayuntamiento, pero considera igualmente necesario esta rectificación por la forma en la que se expresó.

En este sentido, ha lamentado lo sucedido y ha querido trasladar sus disculpas “a todas aquellas personas que se hayan podido sentir molestas u ofendidas”, asegurando que situaciones como esta “no volverán a repetirse en el futuro”, ya que “en ningún caso representan los valores democráticos del Partido Popular”.

Cristian Cuerda ha reiterado su compromiso “con el respeto institucional y con una comunicación adecuada, tanto en el ejercicio de sus funciones públicas como en su presencia en redes sociales”.

El comité de árbitros de Bizkaia ha denunciado que en las últimas dos semanas han tenido lugar “graves acontecimientos” en los campos de fútbol, con insultos, amenazas e incluso agresiones físicas. Se alude a tres casos: una árbitra menor de edad en Basauri, otro menor de edad en Mungia (donde el partido era de categoría escolar) y un tercero de categoría juvenil en Portugalete, que recibió una agresión física. “Hacemos un llamamiento a clubes, jugadores, técnicos, familias y aficionados para erradicar estas conductas y construir un entorno seguro y respetuoso”, piden desde el comité. Ya ha anunciado, además, que se planta y no designará árbitros para los partidos de los equipos implicados “hasta que existan garantías de respeto institucional”.

El primer caso sucedió durante un enfrentamiento del Basauri BEA, equipo local, contra el Delta Duo, de Trapagaran, disputado este pasado sábado. Era un partido correspondiente al grupo 4 de la Tercera División. El encuentro, que se jugó en el campo de Soloarte, concluyó con empate, 3-3. El acta recoge que, ya con el partido acabado, la árbitra expulsó a dos jugadores del equipo local. La colegiada que lo arbitró, menor de edad, ha denunciado que recibió insultos y amenazas. “A ver si te mueres, te tenían que matar”, le profirieron —según ha denunciado la árbitra— jugadores, entrenadores y seguidores del equipo local.

El Basauri BEA, en un comunicado hecho público después de que trascendiera la denuncia de la colegiada menor de edad, ha trasladado sus “más sinceras disculpas”. “Lamentamos profundamente cualquier situación de tensión, intimidación o comportamiento inapropiado que se haya podido producir. Estos hechos no representan, en ningún caso, los valores que defendemos como club, basados en el respeto, la convivencia y el deporte como espacio seguro para todas las personas”, añaden.

En la segunda parte del comunicado, sin embargo, cuestionan lo reflejado por la árbitra en el acta y censuran que “no todo [...] se ajusta fielmente a lo sucedido”. Piden, en ese sentido, evitar “juicios precipitados que puedan perjudicar injustamente a personas o a la entidad”. “Adoptaremos las medidas necesarias para que situaciones similares no vuelvan a repetirse”, reiteran, en cualquier caso, más adelante.

El comité de árbitros, por su parte, ha pedido erradicar este tipo de conductas, sobre todo cuando hay menores de edad implicados. “Condenamos cualquier tipo de conducta violenta, intimidatoria o irrespetuosa hacia el colectivo arbitral, especialmente cuando afecta a menores de edad, por ser incompatible con los valores del deporte formativo. Mostramos nuestro total apoyo a las personas afectadas y ponemos a su disposición asistencia psicológica y acompañamiento integral para garantizar su bienestar”, expresa el comité de árbitros, que subraya que no tolerarán “situaciones que pongan en riesgo su integridad física o emocional”.

¿Puede un magistrado en activo llamar “Barbigoña” a la esposa del presidente del Gobierno y salir indemne porque solo era una “gracieta” del Día de los Inocentes? El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) considera que sí. Respaldado por el voto de la mayoría conservadora de la Comisión Disciplinaria del órgano, el juez Manuel Ruiz de Lara acaba de burlar el segundo expediente disciplinario de su carrera por sus exabruptos contra Pedro Sánchez. En la primera ocasión le llamó “psicópata sin límites éticos”. Y, como ahora, quedó exonerado porque el órgano consideró que se había expresado como un “mero ciudadano”.

El archivo del expediente, llevado a cabo con el voto en contra de los vocales del grupo progresista, ha puesto de nuevo el foco sobre los límites de la libertad de expresión de quienes imparten Justicia. Especialmente, en un momento de enorme polarización como el actual y en el que algunos jueces usan las redes sociales de parapeto para entrar en el debate político con pocas cortapisas. En la misma sesión, la Comisión Disciplinaria también rechazó sancionar, con similares argumentos, al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que en una conferencia para juristas cargó contra Irene Montero y le reprochó que diera lecciones sobre el consentimiento “desde su cajero de Mercadona”.

Juristas consultados por elDiario.es sostienen que el CGPJ ha hecho en estos casos una interpretación “excesivamente formalista” y “corporativista” de la norma, dado que la ley del Poder Judicial establece como límite a la libertad de expresión de jueces y magistrados el no poder dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos.

Estos expertos afirman que su decisión sienta un precedente peligroso porque puede vaciar de contenido uno de los principios éticos fundamentales que se exige a quienes imparten Justicia: la apariencia de imparcialidad. Esto es, la obligación de los jueces no sólo de comportarse de forma objetiva, sino de preservar la imagen de ello para evitar cualquier sombra de duda sobre sus decisiones.

El “fraude de ley” del perfil privado

“Hoy @sanchezcastejón anunciará mi nombramiento como Ministro de Justicia. El pacto incluye reforma CGPJ, dimisión como FGE del ‘borrador oficial de mensajes’ y relevo de Conde Pumpido que pasará a dirigir 1 cátedra de inconstitucionalidad y amnistía con Barbigoña en Santo Domingo”, escribió Ruiz de Lara el 28 de diciembre de 2024 en su cuenta de X, donde aparecía con su nombre real, una fotografía en la que era reconocible y se presentaba como autor de las novelas que ha publicado. La cuenta fue cancelada días después de que el mensaje apareciera en los medios de comunicación.

El argumento central para exculpar al magistrado —respaldado por la Fiscalía, que calificó el insulto de simple “gracieta”— se basa en la separación entre el ciudadano y el juez. La clave, según el acuerdo de archivo, es que Ruiz de Lara lanzó ese mensaje desde un perfil privado, en el que no se identificaba como miembro del Poder Judicial ni hacía ostentación de su cargo. Y que, además, su mensaje tuvo una resonancia limitada porque la cuenta era cerrada y tenía solo 320 seguidores.

El voto particular firmado por tres vocales del sector progresista trata de desmontar esa tesis. A su juicio, Ruiz de Lara era un opinador público notorio que intervenía asiduamente en televisión y medios para valorar, entre otros asuntos, la investigación contra la persona a la que “denigró” en sus redes con un “exceso sexista” que consideran incompatible con la condición de juez.

La Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial limitan ciertos derechos a los jueces, como la afiliación política o la censura a otros poderes, con el objetivo de garantizar su imparcialidad y la confianza en la judicatura como un poder del Estado. La tesis de los vocales discrepantes con la decisión adoptada es que escudarse en la condición de “ciudadano” para emitir opiniones o insultos que la ley prohíbe expresamente a los jueces constituye un claro “fraude de ley”.

La toga no se quita en Internet

Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, considera que esta resolución del CGPJ puede ser un “avance” en la medida que apuntala que cuando un juez se identifica en público como tal, hay cosas que no puede decir porque afectan a su imagen de imparcialidad. Considera, sin embargo, que el órgano ha aplicado en este caso un criterio “muy formal” y que habría que optar por una interpretación “material” en la que lo relevante sea si alguien es “percibido” como un miembro del Poder Judicial.

Ruiz de Lara es un magistrado que ha intervenido activamente en el debate público en materia de política judicial, ha ensalzado a formaciones como Vox y ha opinado sobre investigaciones de repercusión pública. Velasco, por su parte, pronunció sus palabras sobre Irene Montero en un evento en el que los participantes pagan hasta 400 euros por escuchar a expertos, según publicó El País.

“Un juez en activo nunca puede desprenderse de su toga”, señala Rosario Serra, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia. A su juicio, el intento de separar al juez del ciudadano es inútil cuando su cargo es conocido, se presentan como magistrados o se les invita a dar conferencias por su condición. Esta experta recuerda que la ley prohíbe a los jueces dirigir a las autoridades felicitaciones o censuras, y considera que el “insulto” de Barbigoña funciona como un “ataque vicario” o indirecto a los poderes públicos que podría encajar en esta prohibición.

Serra alerta de un cambio de paradigma en el que los jueces han pasado de expresarse a través del filtro de los medios tradicionales a opinar “sin pudor” en las redes sociales. Según su criterio, cuando los jueces actúan como “actores políticos” y lanzan este tipo de mensajes existe el riesgo de socavar “la imagen de imparcialidad que debe acompañar a la figura de los jueces en su conjunto”. “Con una ciudadanía que está muy proclive a desconfiar de las instituciones, puede generar en el imaginario de los ciudadanos la idea de que la Justicia, que es la máxima garantía del Estado de Derecho, no es imparcial”, sostiene esta jurista.

El magistrado Miguel Pasquau, que rechaza de forma expresa pronunciarse sobre el expediente concreto de Ruiz de Lara, considera que centrar el debate en si los magistrados invocan o no expresamente su cargo es un mero “formalismo” que conduce a un “laberinto”, puesto que la condición de juez acaba siendo siempre pública y notoria. 

A su juicio, lo relevante es asumir que el juez es un ciudadano con derecho a expresar opiniones políticas, criticar leyes, iniciativas parlamentarias, decisiones gubernamentales o discursos públicos, pero que está sujeto a unos límites estrictos que no operan para cualquier ciudadano. “Un juez no puede personalizar de una manera agresiva, lo que no es solamente el insulto, sino hacer una descalificación moral de una autoridad, por ejemplo”, sostiene.

¿Reforma legal o freno al corporativismo?

La resolución que exonera a Ruiz de Lara afirma que la conducta no está descrita con exactitud milimétrica en la ley, lo que plantea el debate sobre un posible cambio legal.

El Congreso está tramitando en la actualidad una reforma de la ley del Poder Judicial que incluye una enmienda de Sumar que apunta en ese sentido. Plantea que se sancione como “falta grave de consideración” estas intervenciones en las redes sociales y otras manifestaciones públicas “cuando quien la cometa intervenga o manifieste directa o indirectamente su condición de miembro de la carrera judicial”.

El texto que salió del Ministerio de Justicia no incluía ningún retoque al respecto dado que en el departamento que dirige Félix Bolaños consideran que la reforma de la legislación no es la clave en este punto, sino el “sesgo corporativo” que aplica una parte de los vocales del CGPJ y que provoca que no haya sanciones “ante comportamientos que comprometen gravemente la apariencia de imparcialidad o el trato correcto a la ciudadanía”. 

Los expertos consultados también defienden que la ley actual ya ofrece margen suficiente para sancionar si se hiciera una “interpretación inteligente”, en palabras de Urías. No obstante, este jurista considera que sí se podría retocar para que se estableciera de forma expresa que “quien se presenta públicamente como miembro del poder judicial (...) no tiene derecho a formular expresiones que tengan contenido político”, lo que está en línea con la propuesta del grupo confederal. 

Reformas aparte, los juristas consultados hacen referencias directas al corporativismo como el problema de fondo que explica por qué el CGPJ evita sancionar los excesos verbales de los magistrados. “Hemos dejado la disciplina de los jueces en manos de los propios jueces, que están abusando de ese poder para no perseguir conductas que están prohibidas”, sentencia Urías. 

El derbi provincial disputado este domingo entre el CD Sonseca y el CD Toledo en el estadio sonsecano se saldó con empate a uno en el marcador y el hartazgo en rueda de prensa del entrenador visitante, Borja Bardera, donde hizo unas duras declaraciones para denunciar haber recibido insultos a lo largo de todo el encuentro.

“Me han llamado hijo de puta muchas veces en el partido, y más cosas”, señaló en declaraciones a los medios una vez finalizado el choque, lamentando que estos actos no tienen consecuencias: “Se permite todo y no pasa nada”.

Ha sugerido incluso que el juez de línea les mandó a callar. “Tenemos la suerte de que tenemos grabadora en el banquillo por si queremos montar el circo, pero no lleva a nada”.

Un deporte “tremendamente asqueroso”

Esta situación le ha llevado a reflexionar sobre la permisividad que tienen este tipo de comportamientos en los campos de fútbol, afirmando incluso que se trata de un deporte “tremendamente asqueroso”.

Una situación que para Bardera muestra una problemática que va más allá del fútbol, y que para él es un síntoma del estado de la sociedad: “Hay niños escuchando insultos de todo tipo de sus padres y eso dice mucho de la sociedad en la que vivimos. Se permite, nos hace gracia, que es futbol, que es de hombres, que va en el sueldo…”

Por todo esto, demandó “ir un pasito más allá” para prevenir estas situaciones en los campos.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decide este martes si actúa disciplinariamente contra dos miembros de la carrera judicial por los insultos y exabruptos contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su mujer y otros políticos de izquierda, como la exministra Irene Montero. El órgano debatirá si sanciona al juez de lo Mercantil Manuel Ruiz de Lara —reincidente en sus ofensas a Sánchez en sus redes sociales y al que el anterior CGPJ rechazó sancionar— y al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que llegó a decir en una charla que la exministra de Igualdad y actual eurodiputada de Podemos da lecciones “desde su cajero de Mercadona”.

La última palabra la tendrán los vocales de la Comisión Disciplinaria —cuatro conservadores y tres progresistas—, pero durante la tramitación de los expedientes la Fiscalía se ha posicionado en contra de sancionar a ambos magistrados, confirman a elDiario.es fuentes del órgano. La tesis del Ministerio Público es que ninguno de los dos invocó expresamente su condición profesional para avalar esos comentarios, por lo que sus conductas no pueden ser sancionables de acuerdo a la ley del Poder Judicial y a la jurisprudencia que ha ido moldeando la aplicación del régimen disciplinario de jueces y magistrados. 

Es el mismo posicionamiento que mantuvo el Promotor de la Acción Disciplinaria cuando, el pasado octubre, propuso archivar de plano la investigación abierta a ambos magistrados. Entonces, los votos de los vocales progresistas de la Comisión Permanente, a los que se sumó la presidenta del órgano, Isabel Perelló, le obligaron a cambiar su criterio y a abrir expediente disciplinario a ambos por una falta grave de consideración respecto de instituciones. 

La Permanente consideró el carácter novedoso del caso, ya que no hay jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el uso de redes sociales por parte de jueces y magistrados. También es la primera vez que este Consejo se enfrentaba a un asunto de este tipo, por lo que estimó conveniente derivar la decisión a la Disciplinaria, que debatirá el asunto este martes.

En la propuesta de resolución que analizarán los vocales, el Promotor —apremiado por la Permanente— plantea que Ruiz de Lara y Velasco sean sancionados por una falta grave prevista en el artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial al considerar que sus comentarios han supuesto una “falta grave de consideración respecto de instituciones”. Las faltas graves pueden acarrear una multa de entre 501 y 6.000 euros, aunque en este caso el Promotor no hace una propuesta concreta de multa y se limita a aludir a la horquilla que establece la ley.

La Comisión de Ética Judicial, el organismo al que pueden dirigirse los jueces cuando tienen dudas sobre si un determinado comportamiento puede comprometer su ética profesional, se ha pronunciado en varias ocasiones sobre la obligación de los jueces y magistrados de usar las redes sociales con prudencia y moderación de modo que no perjudiquen la imagen de la Justicia. 

Ejercer el “golpismo”

En el caso de Ruiz de Lara, el expediente viene motivado por dos mensajes publicados en su cuenta de X —en la que ya no se identifica como magistrado— y que ya aparecen borrados. En el primero de ellos, publicado el 14 de diciembre de 2024, acusaba al jefe del Ejecutivo de ejercer el “golpismo” por “atacar a los jueces”. En el segundo, del 28 de diciembre, descalificó públicamente a su esposa, Begoña Gómez, al llamarla “Barbigoña”. 

Ruiz de Lara no es precisamente alguien que pase desapercibido en la carrera y es especialmente conocido en el ámbito asociativo. Es el juez que estuvo durante meses al frente del caso de la Superliga y firmó el polémico auto que respaldó el frustrado proyecto de Florentino Pérez y otros magnates del fútbol. Además, ha sido portavoz de una minoritaria plataforma por la independencia judicial que difundió una guía contra la amnistía a través del correo corporativo del CGPJ.

Es la tercera vez que se enfrenta a un procedimiento disciplinario. El anterior órgano, de amplia mayoría conservadora, rechazó sancionarle tras llamar “psicópata sin límites éticos” a Sánchez, “personificación del deshonor” al ex fiscal general del Estado y “siervo mentiroso patológico” al actual ministro de Justicia, Félix Bolaños. 

Lo hizo con el argumento de que no se había podido acreditar que hubiera invocado su condición profesional cuando vertió esos descalificativos en sus redes sociales —en las que durante tiempo figuró con sus nombres y apellidos y se presentaba como juez— y que se había limitado a hacer uso de su derecho a expresarse como mero ciudadano. 

Además, en junio de 2017, el órgano le abrió un expediente disciplinario por supuestamente no pedir la compatibilidad para organizar unos torneos de debate universitario. Entonces, las principales asociaciones judiciales y los jueces decanos de toda España pidieron explicaciones sobre las circunstancias de esta investigación, de la que Ruiz de Lara denunció su carácter secreto, aunque el CGPJ siempre negó ese extremo. Al final, el expediente quedó archivado cuatro meses después.

Críticas a Irene Montero

En el caso del juez Eloy Velasco y su comentario sobre la exministra Irene Montero, la apertura de la investigación se produjo después de que el Promotor recibiera varias quejas. El magistrado aseguró que “nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona, ni podrá dar clases a los demás”.

Esta fue su frase completa, pronunciada durante una conferencia el 13 de noviembre y por la que le investiga el CGPJ, tal y como contó infoLibre: “De repente se creyeron que estaban enseñándonos el mundo. Nos intentaron explicar qué es consentir... A un jurista, que llevamos desde el Derecho romano sabiendo lo que es el consentimiento. Y el expreso, y el consentimiento tácito, y los actos consecuentes. Y mil cosas más que nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona, ni nos podrá dar clases a los demás”.

La legislación establece que corresponde al Promotor de la Acción Disciplinaria la recepción de quejas y denuncias sobre el funcionamiento de los órganos judiciales, así como la iniciación e instrucción de expedientes disciplinarios. Si propone la apertura de un expediente debe dar traslado a la Comisión Disciplinaria, que tiene la última palabra sobre las sanciones. La decisión de no iniciar expediente o de archivar el ya iniciado requiere el examen de la Permanente. El magistrado Ricardo Conde ocupa desde 2017 el puesto de Promotor. Su mandato expiró cuando cesó el anterior CGPJ, pero fue elegido de nuevo en diciembre de 2024. 

Durante la tramitación, la Sección de Expedientes Disciplinarios ordena la práctica de las diligencias necesarias para comprobar los hechos. Entre ellas, la declaración del juez expedientado para que comparezca ante el Promotor. Una vez practicadas las pruebas y actuaciones aclaratorias, el Promotor dicta un pliego de cargos que se notifica al afectado, quien dispone de un plazo de ocho días para contestarlo y solicitar las pruebas adicionales que considere oportunas. Después se da audiencia al fiscal, que en este caso se ha posicionado en contra de imponer sanción alguna. 

El último insulto de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a los familiares de los fallecidos en las residencias durante la pandemia, ni siquiera sorprende a las asociaciones, a las que se refirió el pasado miércoles como “plataforma de frustrados”. María Jesús Valero, presidenta de '7291. Verdad y Justicia', cuenta que su reacción fue más bien la “risa”: “Lleva seis años menospreciándonos, insultándonos. No es de extrañar”.

Además, estos familiares responden a Ayuso recordándole a la presidenta sus “mentiras”. “Cuando decía que no existían protocolos, que no eran discriminatorios…”, recuerda Valero. O incluso la más reciente, desmentida este jueves en El País. Según este diario, el Gobierno de Ayuso sabía que las residencias no se medicalizaron en la pandemia, y aún así “mintió”, reprochan desde la asociación.

Las plataformas consultas interpretan los últimos insultos de Ayuso –que se producen cuando comparece en los juzgados como imputado Carlos Mur, el alto cargo que firmó los 'protocolos de la vergüenza'– como un “desvío” de la atención, que debería dirigirse a “los malos tratos” que se siguen dando a los ancianos y a las trabajadoras en las residencias de la Comunidad de Madrid o a “los casos que ella misma tiene judicializados”.

Desde Marea de Residencias, su portavoz, Carmen López, entiende que el insulto de Ayuso responde a su “nerviosismo”. “Mur tira de la manta diciendo quiénes fueron los responsables”, y “su nombre puede aparecer”, añade.

Valero asegura que las descalificaciones no les afectan. De hecho, no es la primera ocasión en la que Ayuso carga contra estas entidades que llevan años inmersas en una ofensiva judicial para depurar responsabilidades políticas del Ejecutivo madrileño. Las ha calificado a como “chiringuito con políticos venidos a menos” o “resentidas”, unas declaraciones que se produjeron en un Pleno de la Asamblea celebrado en febrero de 2025, cuando la presidenta reprochó a Más Madrid que le atacaran “con las mismas mierdas”, aludiendo a los 7.291 fallecimientos en residencias durante la pandemia.

Más allá de las palabras de Isabel Díaz Ayuso, los colectivos apuntan a sus acciones que, para ellos, brillan por su ausencia. “Más que frustrados, estamos indignados porque no hace nada por evitar que esto pueda volver a pasar en una nueva pandemia. Es triste tener a una presidenta que no esté a la altura”, denuncia López, de Marea de Residencias. Valero le exige “que se ocupe”, y le recuerda que “en el 2020 no se acabó el maltrato en la residencias”.

El Albacete Balompié ha condenado este jueves los insultos racistas que se escucharon en el estadio Carlos Belmonte contra el jugador visitante Vinicius en el transcurso del partido de Copa del Rey que enfrentó este miércoles al conjunto castellanomanchego contra el Real Madrid.

Según ha informado el club en un comunicado oficial, al Albacete le “duele y avergüenza a partes iguales” lo que califica como “imágenes terribles, indignas y denunciables de índole racista”, que “empañaron” la victoria del equipo local por 3 goles a 2.

Además, el club ha avisado de que está trabajando para identificar también al autor del lanzamiento de un plátano al césped como enseñaron las imágenes del encuentro de Copa.

“Compromiso” para eliminar comportamientos racistas

“Si Albacete y su 'Alba' se caracterizan por algo es por su hospitalidad. Nuestra afición ha sido reconocida en innumerables ocasiones como una de las más deportivas y cordiales del fútbol español”, dice el comunicado.

El equipo manchego se mostró contrario a “las actuaciones de espectadores que no respetan ni representan lo que encarna el albacetismo”. “No vamos a consentir, bajo ningún concepto, que nuestra ciudad y nuestro Club queden señalados por comportamientos aislados indeseables”, añade.

“Queremos comunicar que desde el Albacete Balompié ya estamos trabajando en la identificación de quien arrojó un plátano al terreno de juego. Una labor para la que demandamos la ayuda de las instituciones competentes y de nuestra afición, a la que requerimos de su cooperación durante este proceso con cualquier tipo de información o imagen que ayude a aclarar quién fue”, apunta.

Así las cosas, el Albacete dejó claro que “adoptará todas las medidas disciplinarias que estén a su alcance para que, si es posible, no vuelva a pisar nunca más el Carlos Belmonte”. Además, el conjunto manchego se refirió también a “los asquerosos cánticos de tinte xenófobo que un reducido grupo de aficionados profirieron en las inmediaciones del Carlos Belmonte horas antes del partido”.

“El Albacete Balompié, en nombre de toda su ejemplar afición, desea mostrar su apoyo a Vinícius, al Real Madrid CF y a todos los madridistas frente a comportamientos tan deleznables, manifestando de nuevo nuestro total compromiso con la ardua labor de erradicar del fútbol -y de la sociedad, en general- cualquier comportamiento de índole racista, xenófobo o discriminatorio”, termina.

El futbolista internacional Borja Iglesias, del Real Club Celta de Vigo, ha respondido este martes con ironía a los insultos homófobos que recibió anoche tras la conclusión del encuentro que disputaron el Sevilla y el equipo celeste en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán y que acabó con victoria de los vigueses.

“Qué raro, si esto en el fútbol no pasa nunca”, respondió el delantero celeste a un vídeo en el que se escucha a aficionados sevillistas gritarle “a ver si te mueres, maricón de mierda”, “sinvergüenza, vete a tu casa” o “píntate las uñas”.

Su club, el Celta de Vigo, no ha tardado en enviar un mensaje de apoyo al futbolista y contra el odio. “El respeto no se negocia. El odio no tiene cabida en el fútbol”, señalaban en la red social Twitter (ahora X), en el que también añadían sentirse “orgullosos” de Borja Iglesias “dentro y fuera del terreno de juego”.

Sin embargo, no es la primera vez. El pasado mes de abril, después de la derrota del Celta ante el FC Barcelona por 4 goles a 3 y en el que Iglesias fue el autor de los tres goles de su equipo, el futbolista ya había alzado la voz contra los insultos homófobos y ofensivos que recibe a través de las redes sociales o en los terrenos de juego.

“Seguimos conviviendo en una sociedad en la que el respeto a los demás sigue siendo algo que está muy lejos. No sorprende que haya insultos racistas y homófobos en los campos de fútbol”, expuso el atacante gallego que desvelaba algunos de “los mejores” en los que le llamaban “mariposón” o le instaban a “pintarse las uñas y comerse tres bollos”.

“Día histórico, Borja Iglesias se convierte en el primer homosexual en anotar un hat-trick al Barcelona. Ejemplo de superación”, fue otro de los mensajes que le dejaron al máximo goleador celeste tras su actuación en Montjuic.

Los insultos homófobos contra Borja Iglesias por haberse pintado en algunas ocasiones las uñas también se han dirigido de igual forma contra otros de sus antiguos compañeros del Betis, como Aitor Ruibal o Héctor Bellerín. De hecho al primero de ellos, Ruibal, un aficionado le gritó “píntate las uñas” en el Estado de Vallecas tras un Rayo Vallecano-Betis a lo que él no dudó en responder: “ale, homófobo”.

Acto seguido, el deportista explicaba a la cámara que le pasa “en todos los partidos”, lamentando esta situación. “No pasa nada, no hay que hacer bola”, le explicó a la periodista que dice no haber escuchado lo que le habían gritado.

El futbolista, ya en 2023 cuando aún era miembro del Real Betis, protagonizó una campaña para denunciar la homofobia en el fútbol en la que sus participantes dieron la vuelta a la realidad que sufren las personas del colectivo LGTBI: “¿A ti te agreden por ser heterosexual?”, planteaban.

“A ver si encuentras pronto un rabo y se te pasa la rabia”. Es una de las frases vejatorias, aunque con numerosas faltas de ortografía, con las que se ha encontrado una vecina del municipio de Cabezarrubias del Puerto, en Ciudad Real, en unas revistas que se había encargado de repartir por el pueblo para colaborar con Izquierda Unida.

Es una de las pruebas que ha aportado, junto con acusaciones de amenazas y acoso durante los últimos meses, ante la Guardia Civil. En la denuncia, a la que ha tenido acceso elDiario.es Castilla-La Mancha, la vecina explica que desde hace dos años IU distribuye a los vecinos un tríptico con información de los plenos del Ayuntamiento a través de sus concejales y que ella colabora con este reparto.

Precisa que por ello IU ha sido bloqueado en la web del Consistorio local y que ella misma ha recibido amenazas de un concejal socialista en las que afirma que si buzoneaba la revista “se atuviera a las consecuencias”. En ese tiempo, la revista ha sido devuelta a su casa con “mensajes impropios” como el señalado.

Preguntada sobre si siente miedo de salir a la calle desde que recibe estos mensajes, la denunciante alega que antes salía a caminar todos los días con una amiga, pero que desde esta última no está, le da “miedo” ir sola y vive “con intranquilidad”, y concluye afirmando que no tiene sospecha de quién puede estar devolviéndole la revista con los mensajes vejatorios.

Respaldo del partido

Izquierda Unida de Castilla-La Mancha la ha respaldado públicamente, mostrándole su “apoyo y solidaridad”. Según apunta este partido, los hechos denunciados se han producido en el contexto de “su colaboración voluntaria y pacífica” en el reparto de información municipal elaborada por IU, “una práctica legítima que tiene como único objetivo informar a la ciudadanía sobre la actividad del Ayuntamiento y garantizar la transparencia democrática”.

Consideran “absolutamente intolerable” que una vecina del municipio “vea alterada su tranquilidad personal, sea amenazada o insultada, o sienta miedo por el simple hecho de defender unas ideas políticas y ejercer su libertad de expresión, derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española”.

Asimismo, reitera su condena firme de cualquier “forma de intimidación, presión o señalamiento personal”, especialmente cuando se dirige contra mujeres, y recuerda que la confrontación política “nunca puede derivar en el acoso ni en la vulneración de derechos individuales”.

Concluye mostrando su confianza en que las autoridades competentes investiguen los hechos denunciados y adopten las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la dignidad de la vecina afectada, reiterando su compromiso de “seguir trabajando por una política basada en el respeto, la participación ciudadana y la libertad de expresión”.

La sede de Por La Rioja, situada en el número 86 de la calle Pérez Galdós, ha sufrido pintadas con insultos contra Pedro Sánchez en sus dos fachadas durante el pasado puente de Reyes. Fueron los propios vecinos del edificio quienes avisaron de los hechos a los responsables del partido.

En Por La Rioja, sospechan que los autores de los actos vandálicos son algún grupo radical de derechas, debido al contenido de las pintadas. Ante estos hechos, el partido regionalista ha respondido: “Ningún acto vandálico va a provocar que dejemos de realizar propuestas o denuncias que consideremos fundamentales en defensa de los intereses de La Rioja o de los riojanos. No nos van a intimidar”.

Este partido considera “incomprensible” cómo estos actos vandálicos no fueron detectados desde el Palacio de Justicia, órgano dependiente del Gobierno de La Rioja, y que linda con la sede regionalista y que cuenta con personal y cámaras de seguridad. Precisamente, por la existencia de estas cámaras de grabación, la formación regionalista reclama el apoyo del gobierno regional para esclarecer los hechos e identificar a los responsables del ataque ante la denuncia que va a ser presentada.

El portavoz de POR LA RIOJA, Miguel Gómez Ijalba, considera “especialmente relevante” que este tipo de actos se produzca “de forma habitual en Logroño desde el inicio de la presente legislatura, lo que ha creado alarma social, hasta el punto de que el equipo de Gobierno del Partido Popular y su alcalde, Conrado Escobar, anunció hace unos meses la adjudicación, por casi medio millón de euros, de cámaras de seguridad inteligentes en la ciudad, que por el momento parece que no han dado resultado alguno”.

Gómez Ijalba considera “inexplicable que actos vandálicos de este tipo puedan llevarse a cabo en Logroño, en el distrito centro, en una zona teóricamente controlada por la policía y junto a edificios oficiales vigilados y con cámaras de seguridad, ya que implica que bien, hay una desidia absoluta por parte del gobierno municipal para frenar estos hechos y los anuncios y gastos se hacen solo para tratar de limpiar su imagen o bien, se podría incluso hablar de consentimiento de los mismos por parte de los responsables públicos a los que les interesa que determinados grupos generen alarma social, confusión y sensación de malestar en la sociedad”.

El jugador del Conquense Nacho Ruiz está valorando, junto a la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), presentar una denuncia más allá de los cauces deportivos por los insultos homófobos y machistas que recibió, por parte de la grada, en el derbi provincial disputado el pasado domingo en el estadio municipal de San Marcos de Quintanar del Rey.

El zaguero blanquinegro ha comparecido ante la prensa para explicar públicamente lo sucedido. “Desde que empezó el partido ya empezaron con los insultos que puse en redes sociales como 'hija de puta', 'femenina', 'pobre de tu madre que no tiene un hombre sino una niña'... Eso es lo que recibí durante el encuentro”, ha relatado el defensa del Conquense.

Según lo que recoge el acta del partido, fue en el minuto 79 cuando Ruiz se acercó al árbitro para comunicarle lo que estaba pasando. Aquello activó el protocolo y se lanzó un mensaje desde megafonía, “pero desde la grada se comunicó que habían sido insultos xenófobos, yo le dije al árbitro que habían sido homófobos y machistas”.

El jugador del Conquense ha confirmado que los calificativos procedían siempre de la misma zona y ha reconocido que, “después de ochenta minutos escuchando barbaridades”, respondió lanzando un beso hacia aquellos que le insultaban, algo que le ha recriminado la peña Frente Rey de Quintanar, que a través de un mensaje en la red social 'X', no solo no ha se ha sumado a la condena que sí ha lanzado su club, sino que además ha acusado al jugador de “teatralizar las jugadas” y “hacerse la víctima”.

Estaba harto y yo no me escondo en absoluto, mientras que ellos no han dado la cara ni se han disculpado

“No me avergüenzo de, en un momento concreto, lanzarles un beso, porque estaba harto y yo no me escondo en absoluto, mientras que ellos no han dado la cara ni se han disculpado”, ha respondido a ese comentario.

El club CD Quintanar sí que ha condenado los actos y Ruiz ha confirmado además que su presidente le transmitió el descontento con la grada “y están intentando tomar medidas”. “Creo que estas personas de no deberían continuar viniendo a los campos de fútbol”

“Quiero dejar claro que es algo que, futbolísticamente, no me afecta, pero son actos que no deben de ocurrir en pleno siglo XXI y creo que estas personas de no deberían continuar viniendo a los campos de fútbol, que son para animar y disfrutar”, opina el jugador de la Balompédica, que ha recordado que “hay muchos niños que vienen a vernos y están en la grada escuchando esas cosas”.

Nacho Ruiz ha comentado que es la primera vez que le ocurre esto en un partido “y espero que sea la última y no solo a mí, porque creo que en el mundo del fútbol tenemos demasiado normalizado que, durante los partidos, podamos llegar a recibir todo tipo de insultos. Que ocurriese antiguamente no significa que tengamos que seguir soportándolos”.

Un apoyo “increíble”

Ruiz ha desvelado que, durante las últimas horas, ha recibido infinidad de mensajes. “Ha sido increíble el apoyo que he recibido no solo de mis compañeros, sino de muchísima gente en las redes sociales”.

Los hechos ocurridos en el derbi provincial han tenido repercusión en los medios de comunicación nacionales. “No me esperaba tanta repercusión”, ha admitido, “pero espero que sirva para que los jugadores que estamos en el terreno de juego no permitamos este tipo de cosas y sean más de lo que se pronuncien cuando reciban insultos”.

Respecto a la posible denuncia que valora junto a la AFE, ha señalado que se planteará “en función de cómo lo vaya viendo”.

La Comisión de Ética Pública de Álava ha reprendido a Iñaki Gurtubai, del PNV y diputado foral de Igualdad, Euskera y Gobernanza, por llamar “tonto” en una publicación de Facebook a Pello Otxandiano, portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco. En una resolución fechada el 24 de octubre, se le recomienda que, “en lo sucesivo, el tono y la forma de emitir sus opiniones o reacciones estén marcados por la idea de respeto, cortesía, deferencia, corrección, empatía y serenidad, debiendo huir de comentarios desafortunados u otras conductas contrarias a los principios éticos que han de regir las conductas de los cargos públicos forales”.

El comentario llegó en el contexto de la concentración de la Falange Española y de las JONS en Vitoria con motivo del 12 de octubre, tras la que se registraron graves enfrentamientos en la ciudad. Otxandiano insinuó que, de haber sido él lehendakari, no habría autorizado el acto. “Pero cómo se pude decir esa bobada. Nadie autorizó la manifestación de la Falange, tonto. Las manifestaciones sólo se comunican y sólo pueden prohibirlas los jueces”, escribió Gurtubai en respuesta a esas declaraciones. Apenas unos minutos después, editó la publicación para borrar la palabra “tonto”.

Fue el propio Gurtubai el que elevó el asunto a la Comisión de Ética, tal y como se señala en una resolución que ha adelantado 'El Correo'. Hizo hincapié, eso sí, en que editó y eliminó el “término ofensivo”. Y se disculpó. “Quiero públicamente pedir disculpas a Pello Otxandiano. Cometí un error y publiqué en esta misma red social unas palabras que no merece y que no reflejan mi forma de ser ni mi manera de comportarme en política. Lo lamento sinceramente”, escribió Gurtubai entonces, también en Facebook. Trasladó a la comisión que, “aun así, algunos medios de comunicación se hicieron eco del error”. En cualquier caso, el propio diputado general, Ramiro González, también le reprendió, señalando que “las expresiones utilizadas [...] no responden a la actuación que espero de los miembros del Gobierno foral”. “Declara haber asumido su responsabilidad, presentado disculpas públicas y privadas”, recalca la comisión en su resolución.

“El uso en redes sociales de expresiones peyorativas es incompatible con los estándares de conducta [...] y puede suponer un perjuicio tanto para la imagen de la institución a la que pertenece el cargo público como para la percepción ciudadana de los representantes políticos”, dictamina la resolución. Se da la circunstancia de que el propio Gurtubai es vocal de la Comisión de Ética Pública, aunque para este caso ha tenido que abstenerse por su implicación. La resolución viene firmada por la presidenta, Cristina González (PSE-EE), y por tres vocales, que son Saray Zárate (PNV), Javier Garaizar y Fernando Salazar.

Recalca la resolución que “se exige a los cargos públicos un plus de ejemplaridad, particularmente en intervenciones públcas de alcance general, como son las redes sociales”. Las relaciones de los cargos, sean con quien sean, “han de estar marcadas por la idea de respeto, cortesía, deferencia, corrección, empatía y serenidad, debiendo haber evitado la expresión que contaminó temporalmente el debate en redes sociales”, añade. Exige, además, a los altos cargos que contribuyan “en todo momento al prestigio, dignidad e imagen de la institución que representan, en las actuaciones públicas y privadas vinculadas a sus funciones”.

“Aunque la rectificación inmediata y las disculpas públicas pueden atenuar los efectos de la acción original, pudo existir una proyección negativa en los medios sobre la imagen institucional derivada de la conducta inicialmente desarrollada, que, con una actuación ajustada a los principios de ética y conducta [...] se podía haber evitado”, remacha la resolución.

Antes de ejercer como diputado foral, Gurtubai ocupó otros cargos. En 2020, cuando era concejal de Hacienda y cuarto teniente del alcade Gorka Urtaran en Vitoria, ya tuvo que retirar lo que desde su equipo se calificó de “exceso verbal” y “expresión desafortunada”. EH Bildu le había preguntado sobre un abono pendiente de cánones de las marquesinas de transporte público. “¿Qué quiere usted? ¿Que les mande una cuadrilla de rumanos para que me paguen?”, respondió Gurtubai. “Son unas palabras fuera de lugar. No pueden formar parte del lenguaje de nadie, mucho menos de un representante público”, se disculpó después el propio Gurtubai.