Este martes se han sentado en el banquillo de la Audiencia Provincial dos acusados de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico. Ambos han reconocido haber explotado una plantación de marihuana en Agoncillo y han aceptado una sentencia de conformidad.

Uno de los acusados ha sido condenado a 6 años y 10 meses de prisión y multa de 330.563 euros por el delito de tráfico de drogas. El segundo de los acusados ha aceptado 3 años y 10 meses de prisión y multa de 111.468 euros, también por tráfico de drogas. 

Por el delito de defraudación de fluido eléctrico han sido condenados cada uno de ellos a 1.800 euros de multa. Además, deberán satisfacer una responsabilidad civil solidaria de 13.775 euros a favor de la compañía eléctrica defraudada. La suspensión de la pena se analizará y resolverá en ejecución de sentencia.

Según el escrito del Fiscal, los condenados actuaron de común acuerdo para instalar y explotar una plantación de marihuana en el sótano de un chalet ubicado en una finca rústica de Agoncillo. Uno de ellos había suscrito un compromiso de compraventa de la finca y el otro, aprovechando sus conocimientos de electricidad, habría realizado un enganche ilegal a la red para suministrar energía a la instalación, equipada con sistemas de iluminación, ventilación, climatización y control ambiental destinados al cultivo intensivo de cannabis.

La investigación se inició tras una información recibida por la Policía Nacional sobre la existencia de la plantación. Después de varias vigilancias, los agentes solicitaron autorización judicial para registrar la finca. En la entrada y registro practicados el 17 de enero de 2025 fueron intervenidas 888 plantas de marihuana, además de abundante material empleado para el cultivo y procesado de la droga.

Durante el registro también se localizaron distintas sustancias estupefacientes que, según la Fiscalía, estaban destinadas a su distribución, entre ellas cannabis, anfetamina, heroína y MDMA, así como más de dos kilogramos y medio de silicato utilizado presuntamente como sustancia de corte para adulterar drogas. El valor de las sustancias intervenidas en el mercado ilícito asciende a 82.640,68 euros, de acuerdo con el escrito de acusación.

La Audiencia Provincial de La Rioja ha confirmado íntegramente la sentencia dictada por la Plaza número 3 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Logroño que condenó a dos hombres por un delito contra la salud pública y un delito leve de defraudación de fluido eléctrico relacionados con una plantación de marihuana localizada en una nave industrial de Santo Domingo de la Calzada.

La resolución desestima el recurso de apelación presentado por uno de los condenados y ratifica las penas impuestas, de tres años y tres meses de prisión, multa de 281.790 euros por el delito contra la salud pública, una multa adicional de 360 euros por la defraudación de electricidad y la obligación de indemnizar a la compañía suministradora por el perjuicio ocasionado.

Segú los hechos probados que se recogen en la sentencia, los acusados acondicionaron una nave industrial arrendada por uno de ellos para el cultivo intensivo de marihuana con destino a su distribución. En el interior instalaron diversos habitáculos equipados con sistemas de iluminación, ventilación, filtrado y control del crecimiento de las plantas, además de una zona destinada al procesado de la sustancia y otra para el almacenamiento de material relacionado con la explotación.

Durante la intervención de la Guardia Civil fueron localizados centenares de macetas, equipos de cultivo y más de 17,5 kilogramos de cogollos de cannabis ya secos y preparados para su venta, cuyo valor en el mercado ilícito habría superado los 112.000 euros. Asimismo, se constató la existencia de una conexión ilegal a la red eléctrica destinada a abastecer energéticamente la plantación.

En sus fundamentos jurídicos, la Audiencia rechaza la alegación de nulidad de actuaciones formulada por el recurrente al concluir que no existió vulneración del derecho de defensa ni indefensión alguna durante la celebración del juicio. 

La Sala destaca que la sentencia de instancia realizó un análisis detallado y razonado de todas las pruebas practicadas, incluidas las aportadas por la defensa, y concluye que los indicios existentes permiten atribuir a ambos acusados la explotación conjunta de la plantación. Entre esos indicios figuran el arrendamiento de la nave por uno de los condenados, las manifestaciones realizadas por el otro acusado ante los agentes, la infraestructura instalada para el cultivo y la coincidencia entre la droga localizada en distintos puntos de la nave y en los vehículos intervenidos.

La Audiencia también avala la valoración efectuada sobre la cantidad de cannabis incautada y rechaza el informe presentado por la defensa, al considerar más consistente y fiable la prueba practicada por los agentes actuantes y por los técnicos encargados de analizar la sustancia.

En relación con la defraudación de fluido eléctrico, el tribunal entiende acreditada la participación de ambos acusados al constatar que la plantación requería un elevado consumo energético, que la instalación eléctrica había sido manipulada para eludir el control del contador y que los condenados eran quienes se beneficiaban directamente de ese suministro irregular.

Por todo ello, la Audiencia Provincial confirma íntegramente la sentencia recurrida y mantiene las condenas impuestas por el Juzgado de lo Penal.

Los datos personales y documentos de identidad de cientos de miles de socios de clubs de cannabis en España han estado accesibles en internet sin ningún tipo de protección durante un periodo prolongado. Los datos incluyen pasaportes, DNIs, carnets de conducir, direcciones, teléfonos e incluso hábitos de consumo de estos usuarios.

La brecha, descubierta por un investigador de seguridad independiente, afecta a cerca de un millón de personas y, según el propio investigador, a usuarios de cannabis con proyección pública que preferían mantener en privado sus hábitos de consumo.

Un fallo en el proveedor de software

Los clubs de cannabis españoles utilizan habitualmente softwares de gestión para controlar el acceso de sus socios, registrar sus consumos y gestionar la contabilidad del local. Buena parte de ellos usan el programa de una empresa irlandesa llamada Cannabis Club Systems (CCS), anteriormente conocida como Nefos Solutions.

La empresa ofrece además un sistema de verificación de identidad muy útil para los clubes: los recepcionistas fotografían el documento del socio y lo suben a los servidores de Nefos para agilizar futuras visitas. La compañía también comercializaba una aplicación, PuffPal, que permitía el acceso mediante código QR.

El problema, según ha desvelado The Verge, estaba en cómo Nefos almacenaba esa información. Sammy Azdoufal, investigador de seguridad reconocido por haber expuesto otras vulnerabilidades graves en protección de datos, analizó la aplicación PuffPal y descubrió que los documentos de identidad se guardaban en direcciones web públicas con una estructura predecible, sin contraseña ni ningún control de acceso. Cualquier persona con mínimos conocimientos técnicos podía acceder a ellos simplemente escribiendo la URL correcta.

La magnitud del problema era considerable: cada día se subían unos 5.000 nuevos documentos a esos servidores desprotegidos, y en total Azdoufal identificó cerca de 985.000 archivos expuestos. Además de las imágenes de los documentos, los perfiles de usuario incluían números de teléfono, direcciones postales, correos electrónicos y datos sobre las variedades de cannabis consumidas y la frecuencia de visitas a los clubes.

Otras vulnerabilidades en cadena

El análisis de Azdoufal reveló brechas de seguridad en otros frentes. El código de la aplicación PuffPal contenía sin apenas protección una clave secreta del sistema de pagos Stripe, de manera que el portal de administración de los clubs era accesible para cualquiera con unos mínimos conocimientos informáticos. Los mensajes privados entre clubs y socios también estaban expuestos así como los perfiles de usuario.

Tras ser contactada por The Verge y ofrecer respuestas que no arreglaron el problema, la empresa acabó desactivando a mediados de junio la app PuffPal, notificó a la Autoridad irlandesa de Protección de Datos (DPC) y comunicó a los clubs el cierre del sistema de acceso por QR.

Andreas Nilsen, cofundador de Nefos, reconoció que la empresa incumplió la normativa europea, que exige notificar las brechas de datos en un máximo de 72 horas. “Recibiremos la sanción que corresponda”, admitió. Nilsen atribuyó parte de la responsabilidad técnica a una empresa externa encargada de desarrollar PuffPal, aunque asumió que la responsabilidad última es de su compañía.

Según este directivo de la empresa, no hay evidencias de que nadie más allá de Azdoufal haya accedido a los datos, aunque eso es difícil de verificar. La empresa ha prometido que no relanzará PuffPal hasta que una auditoría de seguridad independiente certifique que el sistema es seguro y se ha desvinculado de la compañía que lo desarrolló.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 40 personas de dos entramados criminales, uno dedicado a la extorsión del sicario y otro a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Se han ejecutado nueve registros domiciliarios en la provincia de Valencia y Fuerteventura, incautando tres plantaciones de marihuana indoor, 11 gallos de peleas, dos armas cortas de fuego y 3.600 euros. Además se ha conseguido liberar a tres mujeres. Una vez los detenidos pasaron a disposición de la autoridad judicial se decretó el ingreso en prisión de siete de ellos.

La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción 1 de Castellón, se inició en mayo del año 2025 a través de una denuncia de una víctima que tras solicitar servicios sexuales a través de internet recibió una llamada de una persona que se hacia pasar por jefe del club de las mujeres anunciadas. Durante la misma, el supuesto jefe le reprochó haberles hecho perder el tiempo y le exigió el abono inmediato de un importe aproximado de 5.000 euros, por las molestias y la deuda generada a través de un discurso coercitivo y amenazante. 

Núcleo operativo en Valencia

Avanzadas las pesquisas, comprobaron que había 80 denuncias con un patrón similar por todo el territorio nacional. Tras varias averiguaciones, se pudo ubicar el núcleo operativo de la organización en la zona de Valencia, desde donde gestionaban la captación, comunicación intimidatoria y canalización de los abundantes beneficios obtenidos. 

El modus operandi de esta organización consistía en publicar masivamente anuncios falsos de mujeres en páginas webs de citas y una vez que contactaban con los teléfonos asociados, iniciaban la fase extorsiva. Les hacían creer a los perjudicados que habían contraído una deuda con el prostíbulo o con las personas encargadas de seguridad por no acudir a la cita o haber faltado el respeto a las empleadas. 

Jugaban con el componente de la vergüenza y el temor a que el círculo cercano de las víctimas supieran que consumían servicios sexuales, siendo una herramienta de la red para presionarles a que abonaran cantidades relevantes de dinero.

Conexión con otra rama asentada en Fuerteventura

Este entramado estaba vinculado con una pareja asentada en Fuerteventura que explotaba sexualmente a mujeres captadas mediante falsas ofertas laborales difundidas en redes sociales y portales de contactos. 

Las víctimas eran trasladadas desde la península y otras islas, siendo sometidas a condiciones abusivas, control permanente, restricción de movimientos y dependencia total de los explotadores. Los investigadores pudieron acreditar la existencia de un sistema de explotación estructurado, con rotación constante de mujeres en situación administrativa irregular y beneficios económicos elevados.

Los investigadores descubrieron que tenían un acuerdo que consistía en suministrar información de sus clientes para su posterior extorsión. Así pudieron constatar que el grupo asentado en la isla canaria facilitaba a la otra red datos de los usuarios de los servicios sexuales a cambio de 50 euros por cada uno de ellos. 

Peleas de gallos, un método de blanqueo de dinero

En la cúspide de la organización se situaban los principales responsables que dirigían, administraban y distribuían el dinero, publicaban y renovaban los anuncios y ejecutaban las amenazas y comunicaciones extorsivas. En el siguiente nivel actuaban los captadores de las mulas, encargados de reclutarlas, dirigirlas y gestionar las comisiones que se debían enviar a las mulas por cada apertura de cuenta o línea.

Finalmente, en la base de la red, se encontraban las mulas que aportaban su documentación para la apertura de líneas telefónicas a su nombre y de cuentas bancarias, recibiendo estas los pagos de las víctimas. La organización tenía un alto nivel de desarrollo y capacidad operativa, obteniendo importantes beneficios económicos por estos hechos que blanqueaban en otras actividades criminales como el tráfico de drogas y las peleas ilegales de gallos. 

Los principales miembros adoptaban medidas de autoprotección para dificultar su identidad y localización en entornos de difícil acceso, utilizando intermediarios, rotación de líneas y múltiples cuentas de pago.

40 detenidos y tres mujeres liberadas

Durante la fase de explotación en Valencia se realizaron ocho registros domiciliarios donde se localizaron e intervinieron tres plantaciones de marihuana indoor, 11 gallos de peleas, dos armas cortas de fuego y 1.700 euros en efectivo. Finalmente, se detuvieron 38 personas, decretando la autoridad judicial que cinco ingresaran en prisión provisional. Los delitos que se les imputa a los presuntos autores son extorsión, organización criminal, blanqueo de capitales, contra la salud pública, tenencia ilícita de armas y maltrato animal. 

Por otro lado, se llevó a cabo un registro en un piso-prostíbulo, donde se intervinieron cuatro terminales telefónicos utilizados para la publicidad y la comunicación con clientes, 1.600 euros y documentación acreditativa de los hechos. Fueron detenidas dos personas, ingresando ambas en prisión provisional por los delitos de pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos con fines de explotación sexual, relativos a la prostitución y favorecimiento de la inmigración irregular. Además, tres víctimas de trata de seres humanos fueron liberadas.

La Policía Nacional, durante un operativo de inspección en diversas empresas en un polígono industrial en el sur de Tenerife contra el empleo irregular y fraude en la Seguridad Social, ha localizado una plantación de marihuana en un local. Tras el hallazgo, los agentes procedieron a la detención del responsable de la instalación.

En total fueron inspeccionados nueve establecimientos que albergaban diez empresas y se constató la situación irregular de un trabajador, según detallan fuentes de la Comisaría provincial.

Además, fueron detectadas numerosas deficiencias en materia de prevención de riesgos laborales cuya corrección ha sido formalmente requerida con la correspondiente exigencia de responsabilidades administrativas.

En el marco de este operativo, la Policía localizó en uno de los almacenes inspeccionados 12 plantas de cannabis, así como diversos instrumentos destinados a su cultivo tales como sistemas de riego automáticos y lámparas de luz, y detuvo a su responsable.

La Policía llevó a cabo el operativo en colaboración con la Inspección de Trabajo.

La incapacidad de varios policías en ponerse de acuerdo sobre si un conductor estaba drogado o no ha salvado a ese hombre de una pena de cárcel por un accidente de coche del que no era responsable. Un juez ha dictaminado que para ser condenado por conducir bajo los efectos de las drogas hace falta, precisamente, estar bajo los efectos de las drogas. Y que debe quedar acreditado.

Pero no con un mero positivo en el test de droga en carretera, el llamado drogotest, y menos si es de saliva. No es suficiente, sostiene este magistrado, y no es el primero que lo dice. En este caso “no ha quedado suficientemente acreditado que el acusado exteriorizara signos de afectación o intoxicación por la ingesta de marihuana ni que condujera bajo la influencia de esta sustancia, siendo la prueba practicada insuficiente a los fines pretendidos, por lo que debe prevalecer el principio in dubio pro reo y (...) se debe absolver al acusado de la acusación que sobre él pesa”.

El abogado que ha llevado el caso, Francisco Azorín, cree que “es necesario que se regule mejor los test de droga en carretera, porque el test en saliva ofrece resultados positivos a los varios días de haber consumido y se debería de ofrecer siempre el derecho a una prueba de contraste en sangre a las personas que dan positivo en saliva. Además, el test de signos externos sobre la afectación en las capacidades psicofísicas para la conducción no debería realizarse por la policía, sino por un médico. Esto ayudaría a resolver estos procedimientos condenando a las personas que efectivamente hayan provocado el accidente por ir bajo los efectos de las drogas y absolvería a aquellos que consumieron días atrás y que esa ingesta de drogas en nada tuvo que ver con el accidente”.

El sistema de detección de drogas en carretera (y posterior sanción) está cada vez más cuestionado tanto por jueces como por expertos y asociaciones civiles. Los drogotest en saliva devuelven positivos varios días después de haber consumido sustancias, pero además ni siquiera detectan necesariamente drogas: un juez anuló hace unos meses una multa de mil euros y seis puntos del carné de conducir a una mujer porque el aparato había dado positivo por un metabolito, una sustancia que genera el organismo cuando ya ha procesado y depurado la cocaína y por tanto no está bajo sus efectos, como recogió el magistrado en su sentencia absolutoria.

Los jueces empiezan a generar un patrón. Aquel caso fue por lo administrativo, este por lo penal, pero la conclusión es la misma y cuestiona un elemento central de la política antidroga en carretera: un positivo en un control, por sí mismo, no es siempre condición suficiente para sancionar.

Consumió la noche anterior

El hombre dio positivo por cannabis tras atropellar a una anciana. Sí, reconoció, había fumado marihuana. Pero la noche anterior, más de 12 horas antes. La perito explicaría más tarde ante el juez que es perfectamente posible que la máquina pite en esas circunstancias. Un policía creyó notar olor a porro. Veía a una persona locuaz, preocupada y con los ojos rojos y dilatados.

Pero otros dos agentes no notaron nada de eso. El olor a porro podía ser el cigarrillo que el joven se había fumado in situ para calmar los nervios tras el accidente y locuaz es compatible con nervioso, pero no es la reacción más típica del cannabis, alegaría el abogado en el juicio. El joven ni siquiera tenía culpa del accidente: la mujer, con problemas de audición, probablemente no vio ni oyó el coche y se golpeó con él. La ubicación del bollo, en la parte lateral trasera del coche, confirmaba su versión.

Estas discrepancias de los policías, la incapacidad de la perito para determinar la cantidad de THC (el principal principio activo del cannabis) necesaria en el organismo para afectar a una persona y el hecho de que el hombre no fuera responsable del atropello –si hubiera sido culpa suya se consideraría prueba de que conducía bajo la influencia de la droga– llevaron al juez a absolver al conductor.

El juez recuerda en su sentencia que el Código Penal castiga a quien conduzca “bajo la influencia de drogas tóxicas” y que, a diferencia de lo que sucede con el alcohol, el resto de sustancias no tiene un límite marcado por la ley que no se pueda superar. “Así como en el caso de la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas se establecen normativamente unos límites máximos y objetivos a partir de los cuales la conducción se considera influenciada por la ingesta de alcohol (0,60 miligramos por litro en aire o 1,2 gramos por litro en sangre), no sucede lo mismo en el caso de la conducción bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, por lo que en estos casos habrá de acudirse a las circunstancias acreditadas del caso concreto para determinar si la conducción estaba o no influenciada por el previo consumo de droga”, escribe el magistrado.

Los cinco años de proceso que ha pasado (la causa estuvo dos paralizada), con la amenaza de perder la plaza de funcionario que acababa de sacarse, no se los quita nadie.

“Moraleja”, concluye el abogado Azorín, “si fumas por la noche y al día siguiente conduciendo, una anciana o un niño te sale entre dos coches, lo atropellas y no tienes la culpa, esa presencia de cannabis u otra droga va a convertir tu presunción de inocencia en presunción de culpabilidad y te va a arruinar la vida económica y emocionalmente. Hay que regular de manera urgente esta cuestión”, cierra.

Un sistema cuestionado

No es el primer juez que cuestiona un positivo en un control de carretera como prueba suficiente para condenar a un conductor. El magistrado que anuló una sanción por cocaína utilizaba argumentos similares a los de este caso: “Este método [un test de saliva] por sí solo no acredita de forma fehaciente que una persona se encuentre bajo la influencia de sustancias estupefacientes, sino que se trataría, en todo caso, de un mero indicador de si esa persona ha podido consumir o no una sustancia, pero sin determinar el momento en que lo ha hecho, esto es, el momento previo a conducir o incluso el mismo día, ni la intensidad o efectos de la presencia de dicha sustancia en las capacidades del sujeto para conducir”.

Además, explican expertos en la materia, cada marca de aparatos tiene un punto de corte distinto porque no existe una ley que establezca un criterio, como sí sucede con el alcohol. “Uno de los grandes problemas del sistema de medición [de drogas en carretera] es quién pone los límites en los dispositivos”, explicaba a este periódico Juan José Ramírez, quien ha estado vinculado a los controles de Tráfico durante 47 años, primero en la Guardia Civil y luego en la Policía Local de Osuna (Sevilla) y ha escrito la tesis doctoral 'Los controles de drogas a conductores en España: análisis de la legislación, la formación específica de los profesionales y los dispositivos de detección', probablemente el análisis más completo de la situación realizado en España.

“Lo normal sería que los pusiera la administración, como hace con el alcohol. Pero en estos aparatos los pone cada fabricante. Eso provoca que una misma muestra puede dar resultado negativo o positivo según el aparato”, explica. Exactamente lo mismo sucede con la prueba de sangre en laboratorio, si el conductor pide ese segundo test (está en su derecho). “Pasa lo mismo”, insiste Ramírez, “una misma muestra puede dar negativo o positivo según el laboratorio por la misma razón, no hay una norma, y puedes encontrar diferentes límites de corte para diferentes sustancias en cada laboratorio. Esto arroja inseguridad jurídica”.

Tampoco existe, señala el abogado Azorín, una ley que establezca qué sustancias pueden detectar o no los aparatos. Este vacío ha propiciado, por ejemplo, que las benzodiazepinas hayan dejado de dar positivo por decisión no se sabe bien de quién. “Si los test no detectan estos sedantes ni muchas nuevas sustancias psicoactivas no prohibidas u otras que, aunque estén prohibidas no aparezcan en el aparato, difícilmente vamos a tener un sistema que proteja la seguridad vial. Lo único que tenemos es una máquina de represión de la persona usuaria de drogas y una forma de financiar las arcas públicas”, lamenta el letrado.

El ex guardia Ramírez recordaba a raíz del caso de la mujer exonerada del positivo por metabolitos que esta postura crítica no trata de eximir a las personas que conducen bajo el efecto de las drogas, sino de poner orden en un sistema que no cree justo. “La realidad es tozuda y dice que se consume y se conduce al mismo tiempo. Y ese consumo debe estar totalmente regulado para evitar que suponga un peligro en la vía pública. Lo mismo que hay que regularlo hay que garantizar los derechos de los ciudadanos, establecer las suficientes garantías procesales para que cuando se persiga un determinado caso tenga posibilidades de éxito. Hay que hacer legislaciones acordes a la realidad social. Las leyes que no son entendidas ni asumidas por los ciudadanos están llamadas a ser desobedecidas”.

Agentes de la Policía Nacional desmantelaron el pasado 25 de febrero, una plantación “indoor” de marihuana en una nave industrial del polígono del Portazgo de Zaragoza, donde se intervinieron un total de 4.280 plantas en avanzado estado de crecimiento y fueron detenidas cuatro personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.

La operación, se inició tras recibirse información de la compañía eléctrica sobre un consumo anómalo y pérdidas de energía compatibles con una posible defraudación de fluido eléctrico.

Para corroborar los indicios, los agentes establecieron diferentes dispositivos de vigilancia que permitieron detectar una furgoneta accediendo al interior de la nave investigada. Tras un seguimiento policial, los policías observaron cómo los ocupantes del vehículo arrojaban varias bolsas de basura a unos contenedores en un camino entre Botorrita y Jaulín, comprobando después que en su interior había restos vegetales compatibles con troncos de marihuana, por lo que fueron interceptados y detenidos minutos después en la localidad de Cariñena.

Tras obtener la correspondiente autorización judicial, se procedió a la entrada y registro de la citada nave, localizando en su interior a otros dos individuos que serían los encargados de custodiar la plantación.

La Guardia Civil de Navarra ha desmantelado una plantación de marihuana situada en las inmediaciones de la localidad de Sangüesa, junto a la orilla del río Aragón. Durante la operación se ha detenido a un varón de nacionalidad albanesa de 23 años y se han intervenido casi 187 kilogramos de esta sustancia estupefaciente.

Según han informado en una nota de prensa, un operativo de seguridad ciudadana localizó una importante infraestructura destinada al cultivo, secado y almacenamiento de marihuana. Los hechos se iniciaron tras tenerse conocimiento de la posible existencia de una plantación en una zona aislada, lo que motivó el establecimiento de dicho dispositivo de vigilancia y observación.

Durante la vigilancia se observó una parcela despejada de maleza y arbolado, con varias bolsas de gran tamaño de color azul y una estructura cubierta compatible con un secadero artesanal.

En las inmediaciones se detectó la presencia de varias personas que permanecían junto a un fuego, “en actitud de vigilancia, resguardándose de las inclemencias meteorológicas”.

A la mañana siguiente, Guardia Civil coordinó un dispositivo operativo en el lugar con la participación de una patrulla de Policía Foral, agentes de Policía Municipal de Sangüesa y efectivos de diferentes unidades de Guarida Civil.

A la llegada de las patrullas, dos personas emprendieron la huida campo a través, y se inició una persecución que permitió interceptar a uno de los individuos, un varón de 23 años de nacionalidad albanesa que fue detenido, sin ofrecer resistencia física, como presunto autor de un delito contra la salud pública.

El segundo individuo logró huir del lugar y permanece en paradero desconocido. Permanecen abiertas las gestiones y diferentes líneas de investigación para lograr su localización y detención por un delito contra la salud pública.

Durante la inspección del lugar de los hechos se localizaron un total de 186,65 kilogramos de cogollos de marihuana. De esta cantidad, 93,9 kilogramos se encontraban dispuestos sobre lonas en una zona habilitada como secadero, mientras que 92,75 kilogramos estaban almacenados en bolsas de basura de grandes dimensiones en una zona intermedia entre el área de cultivo y el campamento utilizado por los implicados.

Asimismo, se constató que la zona de cultivo disponía de un sistema de riego mecánico que captaba agua del río Aragón mediante una motobomba.

En las inmediaciones también se localizó una zona de vida resguardada entre arbolado, donde se hallaron tiendas de campaña, utensilios de cocina, provisiones y “signos evidentes de haber realizado fuego, desde la que se mantenía una vigilancia directa de la plantación”.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº1 de Aoiz, y la autoridad judicial ordenó su ingreso en prisión comunicada y sin fianza.

La investigación continúa abierta para el total esclarecimiento de los hechos y la localización del resto de personas implicadas.

La Guardia Civil ha llevado a cabo la denominada operación RIOG, que ha finalizado con la desarticulación de una organización criminal dedicada al cultivo indoor de marihuana en la provincia de Zaragoza, y la detención de nueve personas implicadas en estos hechos.

Esta operación se inició en septiembre de 2024 por parte del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Casetas, ante la posible existencia de varias naves industriales, ubicadas en los alrededores de Zaragoza capital, que se estarían utilizando como lugares de cultivo de marihuana indoor.

Durante el transcurso de la investigación se logró determinar la identidad de varios integrantes del entramado criminal, los cuales cesaron su actividad durante unos meses tras constatar el traslado de los cabecillas de la red a su país de origen. Los sospechosos, a su regreso a España a finales de verano, retomaron su actividad ilícita, consistente en el acondicionamiento de las naves industriales obj

Una vez obtenidos los indicios que evidenciaban la comisión de estos ilícitos, el pasado 2 de diciembre la Guardia Civil estableció un amplio dispositivo policial para efectuar un total de 8 registros en naves industriales ubicadas en las localidades de Cuarte de Huerva, San Mateo de Gállego, La Puebla de Alfindén y Zuera, así como domicilios situados en Zaragoza capital y el barrio de Garrapinillos.

Durante la inspección de estos inmuebles se localizaron varios cultivos “indoor” de marihuana que albergaban un total de 2013 plantas de cannabis, así como más de 20kg de cogollos de la misma sustancia. Las naves industriales habían sido acondicionadas con todo lo necesario para el cultivo de la sustancia, habiendo construido con placas tipo “pladur”, diferentes habitáculos para distribuirlas según los distintos estados de crecimiento. Todas las plantaciones se suministraban de electricidad tomándola del alumbrado público a través de acometidas ilegales, y contaban con cuadros de electricidad que requerían amplios conocimientos en esta materia para su instalación. Una de estas naves se hallaba en proceso de preparación para albergar una nueva plantación, hallándose indicios de haber sido utilizada anteriormente como lugar de cultivo de esta sustancia.

En las naves industriales registradas fueron detenidas varias personas, encargadas del cuidado de la plantación de manera continuada, que pernoctaban en una zona acondicionada con colchones, electrodomésticos y enseres que permitían su estancia sin necesidad de abandonar la instalación.

Además de las plantaciones, en los inmuebles se localizaron importantes cantidades de dinero en efectivo, así como varios terminales móviles y documentación relevante para la investigación.

Durante el operativo se detuvo a 9 personas, con diferentes cometidos dentro de la red criminal que actuaban de manera coordinada para llevar a cabo la actividad ilícita. Entre ellos se detuvo al cabecilla de esta red, con domicilio en Zaragoza capital, encargado de la logística y supervisión de la actividad, así como de sufragar los gastos necesarios. En el siguiente escalón se encontraban otros miembros de su plena confianza, encargados del traslado del material hasta las naves, trasladándolo incluso desde provincias cercanas hasta Zaragoza, para evitar levantar sospechas.

A continuación, se hallaban los encargados del cuidado de las plantaciones, que pernoctarían en dicho lugar de manera continuada y efectuaban además labores de vigilancia, ya que estas instalaciones contaban con cámaras de video vigilancia que captarían cualquier movimiento sospechoso desde el exterior.

Además, se ha constatado la existencia de “testaferros”, personas que facilitaban su identidad para el alquiler de las naves, con la supuesta actividad de almacenaje de mercancías, o alquiler de vehículos que la organización utilizaría en sus movimientos.

Este grupo criminal guardaba fuertes medidas de seguridad para el desarrollo de la actividad, desde la colocación de cámaras de video vigilancia, uso de multitud de vehículos para sus movimientos, hasta la colocación de materiales de almacenaje apilados en lugares estratégicos de las naves de manera que, ante la apertura de los portones por donde accedían los vehículos, se viese una aparente actividad empresarial.

Los 9 detenidos, de nacionalidad albanesa, edades comprendidas entre los 21 y 46 años, quedaron a disposición judicial el pasado jueves 4 de diciembre. Se les imputan supuestos delitos contra la salud pública, por cultivo o elaboración de drogas, defraudación de fluido eléctrico y pertenencia a organización criminal. Además, a dos de los detenidos, se les imputa supuesto delito de falsificación de documento público, al acreditarse el uso de una falsa identidad para evitar su localización.

En valor económico defraudado con las acometidas ilícitas de electricidad en los inmuebles inspeccionados asciende a más de 214.000 euros, lo que equivaldría al consumo de más de 250 viviendas promedio en España en el periodo de un año.

En esta operación, a cargo del Equipo Policía Judicial de Casetas y del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Comandancia de Zaragoza, han participado agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (USECIC) de Zaragoza, Huesca y Teruel, así como efectivos del Grupo Cinológico de Zaragoza con canes especialistas en detección de drogas.

Efectivos de la Guardia Civil en La Rioja han investigado a un varón de 62 años, de nacionalidad española y residente en Viguera, como presunto autor de un delito contra la salud pública por el cultivo y elaboración de marihuana.

La actuación se inició durante un servicio rutinario de prevención de la Seguridad Ciudadana. Mientras los agentes patrullaban por la localidad de Viguera, detectaron un intenso olor a marihuana que procedía de una vivienda cuya puerta se encontraba entreabierta.

Al aproximarse, los guardias civiles observaron en el interior varias plantas colgadas, aparentemente en proceso de secado. Tras identificar al morador del inmueble, este autorizó voluntariamente la entrada de los agentes, quienes confirmaron la existencia de una plantación interior de marihuana con ejemplares en distintas fases de desarrollo, concretamente en floración y secado.

Durante el registro, los efectivos de la Guardia Civil intervinieron un total de 1.231 gramos de cogollos de marihuana listos para su consumo, cuyo valor en el mercado ilícito se estima en 8.333 euros. La investigación culminó con la instrucción de las correspondientes diligencias por un delito contra la salud pública, que han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.

El alcalde de Villar del Humo, César Saiz, ha anunciado que dimitirá tras su detención en una redada de la Guardia Civil en la que se encontraron 215 plantas de marihuana en su vivienda. Sin embargo, seguirá siendo concejal no adscrito a ningún grupo político en el ayuntamiento de la localidad conquense.

Así lo ha dado a conocer en un comunicado difundido por el consistorio en su nombre. Además ha pedido “respeto” para el desarrollo del proceso judicial, “para mi persona y para mi familia, hostigada desde hace unos días y cuyo desarrollo de su vida cotidiana se está viendo seriamente condicionado”.

Creeque se han vulnerado sus derechos, ya que “se ha publicado mi nombre, sin iniciales, y fotografías, en lo es una clara violación de derechos como el de la intimidad y el honor” y que también se ha faltado el respeto a sus compañeros de Corporación municipal, “de quienes se han publicado imágenes y a quienes también se les está acosando y presionando y que nada tienen que ver con lo acontecido”.

Saiz ha anunciado acciones judiciales contra los medios de comunicación y responsables de redes sociales que han difundido datos e imágenes vulnerando esos derechos. En cuanto a su cargo, ha explicado que ha tomado “la decisión voluntaria, a partir de cuando administrativamente sea posible, de renunciar al cargo de alcalde y pasar a ser concejal no adscrito del Ayuntamiento de Villar del Humo”, por lo que no devolverá el acta a su partido.

“En ningún momento, ni ahora ni en años anteriores, he perjudicado de manera económica al Ayuntamiento de Villar del Humo ni, por supuesto, a sus vecinos”, ha defendido el alcalde implicado en esta operación de la Guardia Civil que tuvo lugar el pasado martes.

Tras conocerse su detención el Partido Popular anunció que le pediría su renuncia al acta.

El alcalde de la localidad conquense de Villar del Humo, César Saiz, ha sido detenido este martes en una operación de la Guardia Civil en la que se ha desmantelado una plantación de marihuana en su vivienda.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado que este martes han desarticulado una plantación de marihuana en una operación que todavía está abierta, por lo que no han podido ofrecer más datos. Posteriormente, esta agencia ha averiguado que la redada se ha producido en torno a las 9.00 horas en la casa del alcalde de este pueblo de la Serranía conquense, donde gobierna el Partido Popular.

En la operación han participado cuatro coches y una furgoneta pertenecientes a efectivos de la Guardia Civil y el Seprona.

En el registro se han encontrado 215 plantas de marihuana y siete recipientes con cogollos preparados para la venta, según fuentes de la investigación.

César Ruiz gobierna en Villar del Humo desde el año 2023, cuando el PP arrebató la Alcaldía al PSOE al obtener cuatro de los cinco concejales que se eligen en esta localidad conquense de apenas 180 habitantes.

Fuentes del Partido Popular confirman que Saiz no es afiliado, y que le pedirán que renuncie al acta de concejal, independientemente de lo que pueda ocurrir en el procedimiento judicial.

Los agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara, así como funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en la región, han desmantelado una plantación 'indoor' de marihuana en el municipio de Trijueque (Guadalajara). En esta actuación llevada a cabo el pasado 15 de octubre se intervinieron 612 plantas, que se corresponden con 66 kilos de marihuana y se detuvieron a cuatro personas, a las que se les imputan presuntos delitos contra la salud pública, tráfico de drogas y defraudación del fluido eléctrico.

Desarrollo de la operación

Esta operación, denominada ‘Colombia-Capetri’, se inició a mediados de año, gracias los controles realizados por la zona por funcionarios de Vigilancia Aduanera. Tras coincidir en las investigaciones con la Guardia Civil de la Compañía de Sigüenza (Guadalajara), la investigación continuó conjuntamente.

La fase de explotación finalizó con la entrada y registro del inmueble, en cuyo interior los agentes encontraron un total de 612 plantas de cannabis sativa, marihuana, en diferentes estadios de crecimiento y floración.

Las plantas estaban localizadas en diferentes estancias del inmueble donde se encontraba la infraestructura necesaria para el cultivo ilegal. Así, se disponía de la instalación eléctrica necesaria que permitía abastecer los diferentes aparatos de climatización, extracción de aire, lámparas de iluminación y calor. También se contaba con un sistema de riego y con productos fertilizantes utilizados para forzar el crecimiento de las plantas. Tanto la droga como los demás enseres fueron incautados.

Además, en el registro se detuvo a tres personas a las que se les imputan delitos contra la salud pública, tráfico de drogas y de fraude en el fluido eléctrico.

Adicionalmente, durante la actuación se descubrió la existencia de una conexión ilegal al suministro eléctrico (defraudación de fluido eléctrico) cuyo fraude alcanzaba más de 13.000 euros.

Esta operación culminó el pasado miércoles 29 de octubre, con la detención de otra persona en Torrejón de Ardoz relacionada con estos hechos.

Efectivos de la 3ª Compañía de la Guardia Civil de Graus, dentro de la Unidad de Protección de la Naturaleza (UPRONA) de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca, y Grupos Especiales de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la 8ª Zona de Guardia Civil de Aragón han detenido en el marco de la Operación Invictus a cuatro personas como presuntas autoras de un delito de cultivo, tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal y otro por atentado a agentes de la autoridad, ocurrido en las comarcas del Sobrarbe y Ribagorza, en el Pirineo aragonés.

El pasado mes de marzo de 2025, el Instituto Armado puso en marcha la mencionada operación, encaminada a la detección y desarticulación de grupos criminales organizados dedicados al cultivo y tráfico de marihuana en estas zonas. En el desarrollo de la operación, mantenida durante ocho meses, se consiguieron localizar tres macroplantaciones de cannabis sativa, una en la comarca de Ribagorza, y otras dos en el Sobrarbe. Los agentes pudieron determinar asimismo el modus operandi del grupo organizado, consistente en materializar el ciclo completo de siembra, cultivo, cortado, secado, distribución y tráfico ilícito de drogas.

La primera fase de la intervención se ejecutó el pasado día 22 de septiembre y en ella se desmantelaron dos plantaciones inactivas del término municipal de Secastilla.

La segunda fase se ejecutó durante el pasado 2 de octubre y se desmantelaron dos macroplantaciones del término municipal de La Fueva, que albergaban un total de 3.355 plantas de cannabis sativa, así como dos secaderos de grandes dimensiones y una amplia infraestructura de riego y manufacturación relacionada con la actividad delictiva. Ahí se procedió a la detención de cuatro personas.

Por último, la tercera fase se llevó a cabo el pasado día 22 y en ella se desmantelaron dos macroplantaciones en el término municipal de Fanlo, que albergaban un total de 2.419 plantas de cannabis sativa, así como dos secaderos de grandes dimensiones y una amplia infraestructura de riego y manufacturación relacionada con la actividad delictiva.

Como resultado de toda la intervención, los agentes han localizado un total de seis macroplantaciones en tres zonas distintas, que albergaban 5.775 plantas de cannabis sativa, seis secaderos, siete balsas de agua, cinco zonas de vida y decomisado un vehículo. Se ha saldado con la detención de estas cuatro personas, como presuntos autores de un delito continuado de cultivo y tráfico de drogas, otro de pertenencia a grupo criminal organizado y otro de atentado a agentes de la autoridad. Se trata de cuatro varones entre los 27 y 42 años y de nacionalidad albanesa.

La 3ª Compañía de la Guardia Civil de Graus instruyó las correspondientes diligencias que fueron entregadas junto con los detenidos, en el Juzgado de Instrucción de Boltaña, decretando la Autoridad Judicial prisión comunicada y sin fianza para todos ellos.,

La Guardia Civil ha detenido a tres vecinos de la localidad pacense de La Codosera, como presuntos autores de un delito contra la salud pública por cultivo de marihuana y elaboración de droga. La operación se desarrolló tras las sospechas de que se estaría llevando a cabo esta actividad delictiva en las inmediaciones del río Gévora. 

Los agentes inspeccionaron la ribera a su paso por La Codosera a primeros del mes de septiembre, adentrándose en una plantación de unas 201 matas de más de dos metros de altura perfectamente acondicionadas, con instalación de sistema de riego por goteo para asegurar el perfecto desarrollo de las mismas.

En el reconocimiento de la zona, también se hallaron dos cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones, supuestamente para vigilancia y custodia del cultivo, bien para detectar la presencia de agentes de la autoridad ante el hallazgo de las plantas o protegerlas de algún posible 'vuelco de droga', es decir, del robo por parte de otros grupos criminales.

En ese momento se personaron en el lugar tres hombres, que ante la presencia de los agentes, se dieron a la fuga, logrando detener in situ a uno de ellos.

Con las gestiones practicadas en el transcurso de la investigación para dar con el paradero de los otros dos coautores, se inspeccionó una finca de propiedad familiar donde hallaron colgadas en los troncos de una encina y alcornoque, gran cantidad de ramas con cogollos de marihuana en proceso de secado.

Las pesquisas han dado resultado positivo en las dos últimas semanas, cuando se ha logrado detener a los dos delincuentes buscados. Todos ellos vecinos de La Codosera, que para el cuidado de las plantas accedían a la siembra a través de una vereda marcada entre zarzales y la espesa vegetación existente propia de la ribera.

Con las pruebas incriminatorias, se les instruyó diligencias como presuntos autores de un delito contra la salud pública por el cultivo y elaboración de drogas y fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial de Badajoz.

Esta actuación de la Guardia Civil, se enmarca dentro del Plan de respuesta policial para la lucha contra el cultivo y tráfico de cannabis desarrollada a nivel nacional por la denominada 'Operación Miller', dirigida principalmente a detectar y erradicar grupos organizados dedicados a estas actividades ilícitas.

Efectivos de la Guardia Civil de La Rioja, pertenecientes al Grupo de Investigación de Logroño, han detenido a un hombre y a una mujer, de 41 y 49 años, ambos de nacionalidad española y residentes en la comunidad autónoma, como presuntos autores de un delito contra la salud pública por el cultivo y elaboración de marihuana.        

La detención fue posible gracias a la colaboración ciudadana, que alertó sobre la presencia de fuertes olores en el casco urbano de Arrúbal. Ante este aviso, los agentes se desplazaron a la localidad y comprobaron que el hedor correspondía al característico aroma del cannabis y sus derivados, especialmente intenso en las proximidades de la Calle Calvario, la Calle San Isidro y la Calle Frontón, un entorno urbano con diversas viviendas y patios interiores susceptibles de albergar y ocultar plantaciones de marihuana.

Estas verificaciones dieron origen a una investigación dirigida a localizar el inmueble del que procedían los olores. Para ello, se contó con la colaboración del Equipo Pegaso de la Guardia Civil, que desplegó drones en la zona para controlar el espacio aéreo.

La combinación de esta tecnología con el trabajo de campo de los agentes permitió identificar una vivienda que ocultaba una plantación de marihuana en avanzado estado de cultivo, origen de los persistentes olores. La situación generaba no solo una clara sensación de impunidad, sino también preocupación e inseguridad entre los vecinos, dado que el inmueble se encontraba próximo a un parque infantil y a un centro de salud.

Ante estos hechos, la Guardia Civil estableció un discreto dispositivo de vigilancia que permitió identificar plenamente a los dos moradores del inmueble. Con toda la información operativa recopilada, y las pruebas que acreditaban la actividad ilícita, los agentes solicitaron a la autoridad judicial el preceptivo mandamiento de entrada y registro en la vivienda, con el objetivo de poner fin a la plantación.

Una vez expedido el mandamiento, los agentes accedieron al interior del inmueble, donde localizaron en el patio una plantación de marihuana. Una de las plantas destacaba por su considerable tamaño, con un tallo grueso del que sobresalían nueve ramas cuidadosamente entutoradas y amarradas para favorecer su crecimiento vertical, protegerla del viento y evitar que cediera por el peso. Los agentes procedieron a arrancarla e incautar los cogollos, que arrojaron un peso aproximado de 1.500 gramos.

Posteriormente, se realizó un registro minucioso del resto de estancias de la vivienda, donde se intervinieron dos secaderos de marihuana, 1.724 gramos adicionales de cogollos ya secos y envasados, 116 gramos de polen de hachís, diversas dosis de hongos alucinógenos, así como pequeñas cantidades de MDMA y cocaína.

Además, se localizó una compleja infraestructura destinada al cultivo “indoor” de marihuana, perfectamente acondicionada y dotada de todo el material necesario para el desarrollo de las plantas: potentes lámparas halógenas, extractores, transformadores, filtros de aire y demás útiles empleados habitualmente en este tipo de instalaciones clandestinas.

Esta intervención ha permitido incautar cerca de 3,5 kilogramos de marihuana, además de cantidades de polen de hachís, hongos alucinógenos, MDMA y cocaína, impidiendo así su salida al mercado ilícito. Con ello se ha neutralizado un importante punto de cultivo, devolviendo la tranquilidad al municipio. Las actuaciones han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.

La Guardia Civil en La Rioja, en el marco de los servicios orientados a la erradicación del tráfico y la producción de sustancias estupefacientes en la provincia, ha incautado 14.781 gramos de cogollos de marihuana en Logroño y Alcanadre. La droga, presuntamente destinada a su distribución durante las Fiestas de San Mateo, y su venta en gramos alcanzaría en el mercado ilícito un valor superior a los 100.000 euros.

La operación se ha saldado con la detención de un matrimonio y su hijo, de nacionalidad española y edades comprendidas entre los 42 y los 64 años, residentes en Logroño, como presuntos autores de un delito contra la salud pública por cultivo y elaboración de sustancias estupefacientes.

Desarrollo de la operación

La investigación se inició cuando agentes del Servicio de Seguridad Ciudadana del puesto de Alcanadre detectaron la existencia de una plantación de cannabis sativa en una casa de campo de la localidad, compuesta por cerca de 150 plantas. Ante estos indicios, se estableció un dispositivo de vigilancia que permitió comprobar cómo los propietarios de la finca -el matrimonio y su hijo- acudían habitualmente al lugar para alimentar a los perros y cuidar de las plantas, entre otras actividades.

Tras varios días de control y, bajo autorización judicial, se llevó a cabo la entrada y registro en la finca junto a expertos del Área de Sanidad de la Delegación del Gobierno en La Rioja. Allí se localizaron 64 plantas de entre 1,50 y 2,20 metros de altura, con una considerable frondosidad y repletas de cogollos en el momento óptimo de cosecha. El grosor de los tallos alcanzaba los 10 centímetros, lo que dificultó su extracción. Además, en la zona destinada a vivienda, los agentes desmantelaron un secadero de marihuana dotado con todos los útiles necesarios.

Ante la falta de numerosas plantas respecto a las inicialmente detectadas, los agentes sospecharon que parte de la producción había sido trasladada a viviendas en Logroño para su envasado y presunta distribución, aprovechando la proximidad de las Fiestas de San Mateo. Ante estos indicios, se solicitaron los correspondientes mandamientos de entrada y registro a la autoridad judicial.

Registros en Logroño

En la despensa de una de las viviendas se incautaron 32 bolsas de plástico transparentes con cogollos de marihuana envasados, con pesos de entre 150 y 200 gramos cada una. Esto evidenciaba que la droga no estaba destinada al menudeo, sino a la venta al por mayor.

En otra vivienda se localizaron casi dos kilos de cogollos de marihuana, 12 gramos de speed y tres laboratorios de interior tipo “indoor” completamente equipados para la producción sistemática de cannabis sativa. Estos eran capaces de generar hasta tres cosechas anuales de distintas variedades -“Cristal Candy”, “Red Mandarine”, “Super Skunk” y “Bouquet”-.

Resultado de la operación

Con esta actuación, la Guardia Civil ha logrado:

La operación no solo ha supuesto un golpe económico al tráfico ilícito de drogas, sino que también ha evitado que miles de dosis de marihuana llegasen a jóvenes y adolescentes durante una de las fiestas más multitudinarias de La Rioja.

Las diligencias, junto con los detenidos y la droga incautada, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial. 

Una operación conjunta entre la Guardia Civil y la Agencia Tributaria ha concluido con la desarticulación de una organización criminal dedicada al cultivo interior de marihuana, que contaba con una base de operaciones asentada en las provincias de Zaragoza y Huesca. La operación, denominada 'Kodra-Cerros', ha finalizado con la detención e ingreso en prisión de cinco hombres y una mujer, de nacionalidad serbia y eslovaca, con edades comprendidas entre los 30 y los 50 años y uno de ellos con orden internacional de extradición, por organización criminal, delito contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.

La operación se inició en marzo de 2023 ante la existencia de un chalé, ubicado en la urbanización Las Lomas del Gállego, en el término municipal zaragozano de Zuera, que podrían estar utilizando para el cultivo de marihuana.

La investigación conjunta del Área Regional de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Aragón (ARVA) y el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Zaragoza, identificó la existencia de una organización criminal, compuesta por varias personas y perfectamente jerarquizada, que cultivaba cannabis sátiva en el interior de dos inmuebles, en régimen de alquiler, ubicados en la localidad oscense de Banastás y en la urbanización Las Lomas del Gállego.

Detectaron también que ambos inmuebles estaban dedicados exclusivamente al cultivo interior de marihuana y que, para abastecer el suministro eléctrico a las plantaciones, se habría manipulado la instalación eléctrica para conectarse de forma ilícita a la red de alumbrado público.

Tres registros

Con todos estos datos, en la madrugada del pasado 18 de junio, se efectuaron un total de tres registros domiciliarios --en el chalé de Banastás, en el de Las Lomas del Gállego y en una tercera vivienda en la capital aragonesa en la que residían los líderes de la organización criminal--.

En los dos primeros, además de su acondicionamiento para el cultivo de marihuana, hallaron ventiladores, filtros de carbono sistemas de iluminación halógenas, transformadores, conductos de ventilación y depósitos de agua, así como un complejo cuadro de iluminación para poder suministrar de electricidad a estas plantaciones.

En la vivienda oscense se intervinieron 1.212 plantas de pequeño tamaño que, conforme transcurriría el crecimiento, serían distribuidas a otras estancias acondicionadas para ello.

El cuidado de esta plantación estaba al cargo de dos personas que residían allí de manera continuada, a quienes entregaban los víveres necesarios para que no tuvieran que abandonar la casa en ningún momento y corrieran el riesgo de ser detenidos.

En el chalé de Las Lomas se localizaron 3.070 plantas, en diferentes estados de crecimiento, que se cultivaban en estancias de las tres plantas de la vivienda, perfectamente acondicionadas y con los mismos elementos que en el registro anterior, cuyo mantenimiento se efectuaba por dos personas que, igualmente, residían de forma permanente en este inmueble.

En cuanto al domicilio de la ciudad de Zaragoza, además de detener a los dos líderes de la organización, un hombre y una mujer, se incautaron de 12.500 euros en efectivo, así como casi 19.000 dinares serbios --al cambio, 162 euros--, hallados en el interior de prendas de vestir y huchas.

El balance total de lo intervenido en los tres registros asciende a 4.282 plantas en diversos estados de crecimiento, más de diez dependencias acondicionadas expresamente para el cultivo de la sustancia, numerosos productos necesarios para el crecimiento de las plantas, documentación de relevancia que evidenciaba la actividad ilícita de la organización, un total de 13.300 euros y 18.920 dinares serbios en efectivo, teléfonos móviles y multitud de documentos de identidad falsificados, pertenecientes al líder de la organización criminal.

Sobre la defraudación de fluido eléctrico detectada en los dos chalés, se eleva a 160.000 euros.

Aunque esta organización criminal se da por desarticulada, la investigación todavía se encuentra abierta. Asimismo, se ha llevado a cabo una detención adicional y se está realizando una investigación patrimonial de los principales responsables de la organización.

Efectivos del equipo de Investigación de la Guardia Civil de Tobarra, dentro del marco de la operación 'Daikin', han detenido a cuatro personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública, en la modalidad de cultivo o elaboración de drogas, otro de pertenencia a organización criminal y un tercero de defraudación de fluido eléctrico. Recabados suficientes indicios y pruebas de la existencia de la plantación de marihuana en la vivienda y la identificación de tres de los cuatro detenidos, y ante las sospechas de que en su interior se pudieran estar preparando dosis para su venta durante la celebración del festival musical 'Leturalma' en la población de Letur, se llevó a cabo la fase final de la operación policial.

Según informa el instituto armado, de los cuatro detenidos, con edades comprendidas entre los 35 y 53 años de edad, uno de ellos es vecino de Letur, otro de Murcia y los dos restantes de la localidad murciana de Albudeite.

Las investigaciones comenzaron el pasado mes de mayo, cuando los agentes del Cuerpo tuvieron conocimiento de la presumible existencia de un centro de producción y germinación de marihuana, de los conocidos como 'indoor', ubicado en el término municipal de Letur.

Con estas primeras informaciones, la Guardia Civil puso en el centro de las pesquisas a cuatro personas, las cuales podrían estar detrás de este punto de cultivo, consiguiendo localizar el inmueble donde se ubicaría la plantación, donde estas personas realizaban “frecuentes visitas” para controlar dicho cultivo.

Registro y efectos intervenidos

En la fase final de la operación 'Daikin', la Guardia Civil realizó un registro en el inmueble objeto de las investigaciones donde intervino 85 plantas de cannabis sativa, en su última fase de floración, que arrojaron un peso de 15 kilos, además de 300 gramos de cogollos secos de dicha sustancia vegetal.

También se incautaron varias dosis de cocaína, 72 gramos de hachís, una báscula digital para el pesaje del estupefaciente y 1.310 euros en billetes de distinto valor.

Según pudo comprobar el instituto armado, el inmueble contaba con sistemas de riego, ventilación, refrigeración, iluminación, además de controles de temperatura y humedad permanentes, que aceleraban el crecimiento de las plantas de cannabis sativa, aumentando así su producción y rendimiento, quedando todo este material intervenido.

3.300 dosis fuera del mercado ilícito y punto de venta desmantelado

Con esta actuación, la Guardia Civil ha impedido la explotación de una plantación de 'cannabis sativa', evitando que dicha sustancia pudiera ser destinada al tráfico de drogas -menudeo-, consiguiendo erradicar de este modo un punto de venta de sustancias estupefacientes tanto en la localidad de Letur como en otras limítrofes.

Con los cogollos y la parte útil de las plantas, además de las otras drogas intervenidas se podrían haber elaborado 3.300 dosis, después de sufrir los procesos necesarios.

Enganche “ilegal” a la red eléctrica

El desmantelamiento de esta plantación permitió verificar que los autores, para el funcionamiento de la instalación, necesitaban un elevado consumo de energía eléctrica, motivo por el que habían practicado un 'enganche' ilegal a la acometida general de la red eléctrica, maximizando los beneficios y minimizando los costes de producción en el cultivo de marihuana.

Una vez realizado el informe pericial, por parte de la empresa distribuidora de fluido eléctrico, se estimó que la defraudación de fluido eléctrico de las naves donde se albergaban las plantaciones superaba los 21.000 euros.

Las actuaciones han sido dirigidas por los efectivos del equipo de Investigación de la Guardia Civil de Tobarra, estando apoyados en la última fase de la operación por diferentes patrullas de Seguridad Ciudadana de la comarca hellinense, de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) y del Servicio Cinológico, con perros detectores de droga, todos ellos pertenecientes a la Benemérita albaceteña.

Las diligencias instruidas por efectivos del equipo de Investigación del instituto armado tobarreño, junto con las personas detenidas por los ilícitos penales investigados, fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Hellín, que ha entendido de los hechos.

Esta actuación se enmarca dentro de las actividades que la Guardia Civil desarrolla en la provincia, con el objeto de erradicar el cultivo, elaboración y distribución de sustancias estupefacientes, en este caso de cannabis sativa.

Agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Jefatura Superior de Policía del País Vasco, en Bilbao, ha desarrollado durante los últimos dos meses la operación 'Elo' que culminó con la entrada y registro en un chalé de lujo de la localidad cántabra de Castro Urdiales, donde se intervinieron un total de 548 plantas de marihuana y detuvieron a seis personas por tráfico de drogas y defraudación del fluido eléctrico. La cantidad de sustancia intervenida habría alcanzado en el mercado los 215.000 euros.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en el País Vasco, la investigación se inició en junio gracias a la colaboración ciudadana, que puso a los agentes sobre la pista de un punto de cultivo de cannabis en la zona de Castro.

Las pesquisas permitieron localizar esta vivienda que se encontraba en la localidad cántabra donde, tras diferentes pesquisas, vigilancias y averiguaciones, los agentes ubicaron la plantación “indoor”.

En el marco de la investigación, se solicitó al juzgado de guardia de Castro la entrada y registro en el chalé, en cuyo interior se halló, en la planta baja y en el garaje, un sofisticado cultivo interior de marihuana, con las ventanas y puerta al exterior selladas para evitar que el fuerte olor que este tipo de actividades provoca fuese percibido en el entorno.

Asimismo, se constató la existencia de un enganche ilegal a la red eléctrica, motivo por el que se imputa a los detenidos también un delito por defraudación de fluido eléctrico.

Una vez realizado el registro, se procedió a la detención de las seis personas residentes en la vivienda, de nacionalidades española y colombiana, a la intervención de las plantas de marihuana, así como de los aparatos y material destinado al crecimiento de las plantas, como ventiladores, extractores, luces o filtros. Posteriormente, los arrestados pasaron a disposición de la autoridad judicial, que decretó su puesta en libertad con cargos.