Efectivos de la Guardia Civil en La Rioja han abierto diligencias en calidad de investigadas a ocho personas, siete hombres y una mujer, todos de nacionalidad española, como presuntas autoras de un delito contra la salud pública por cultivo de marihuana. La investigación, llevada a cabo por agentes del Puesto de Murillo de Río Leza, ha permitido la localización de siete plantaciones distribuidas en varios municipios de las cuencas del Iregua y del Jubera.

Los investigados son residentes en las localidades de Murillo de Río Leza, Villamediana de Iregua, Santa Engracia del Jubera, Robres del Castillo y Lagunilla del Jubera. La intervención forma parte de los dispositivos de control que el Instituto Armado despliega anualmente por tierra y aire, con el apoyo de patrullas, drones y helicópteros, para detectar cultivos clandestinos de cannabis en terrenos exteriores de la comunidad.

Estos operativos sufren un notable incremento en los meses previos a la maduración de las plantas, con el fin de intervenir antes de la fase de recolección, que suele situarse entre finales de septiembre y primeros de octubre. Con esta estrategia, las fuerzas de seguridad buscan frenar la distribución del estupefaciente e intervenir en el tráfico de drogas desde el origen de la producción.

En el marco de este despliegue se han localizado un total de siete puntos de cultivo: uno en el interior de un inmueble en Robres del Castillo; dos en Santa Engracia del Jubera (en una finca rústica y una huerta); uno en una huerta de Lagunilla del Jubera; y tres en Murillo de Río Leza, repartidos entre diferentes viviendas y terrenos agrícolas.

Durante la toma de declaración, los titulares de las plantaciones argumentaron que el destino del cannabis era el autoconsumo o la elaboración artesanal de cremas de uso tópico, alegaciones habituales en este tipo de actuaciones policiales. Sin embargo, los agentes procedieron a la incautación de 69 plantas que presentaban alturas de entre 1,50 y 2 metros, con un notable desarrollo foliar y volumen de floración.

Según el informe del Instituto Armado, el estado de los cultivos evidencia una atención técnica y continuada que resulta, a juicio de los investigadores, incompatible con el uso exclusivo para autoconsumo o uso cosmético. La Guardia Civil recuerda que el cultivo de marihuana, independientemente del volumen o la finalidad manifestada, puede incurrir en responsabilidad penal, por lo que mantendrá activos los controles en la región durante todo el año.

Agentes de la Guardia Civil han detenido, en el marco de la operación Jardín Sol, a dos hombres de 25 y 48 años de edad, residentes en Tacoronte, en el norte de Tenerife, acusados de un delito contra la salud pública, en la modalidad de cultivo y elaboración de sustancias estupefacientes, concretamente marihuana.

La investigación se inició tras tener conocimiento los agentes de un posible punto de cultivo y elaboración de sustancias estupefacientes, por lo que los agentes realizaron vigilancias discretas, así como diversas pesquisas que les hicieron constatar los hechos, obteniendo indicios suficientes de la posible existencia de una plantación de marihuana en el interior de una vivienda, según ha informado la Benemérita.

Durante la investigación, se pudo observar a dos hombres realizando diversas labores relacionadas con el cuidado y mantenimiento del cultivo. Con las pruebas recabadas, los agentes solicitaron a la autoridad judicial competente el mandamiento de entrada y registro, que tuvo lugar el pasado 10 de septiembre.

Entrada y registro

En el registro, se localizaron zonas en la vivienda acondicionadas para el cultivo interior y exterior de marihuana, con espacios destinados a las distintas fases del proceso de producción y propagación de las plantas.

Como resultado de la operación fueron intervenidas 67 bolsas envasadas al vacío que contenían cogollos de marihuana, con un peso aproximado de ocho kilogramos, 142 plantas de diferentes tamaños y fases de producción, 113 plantones y esquejes distribuidos en distintas zonas de germinación, propagación y crecimiento.

Además, se intervino resina, elaborada presuntamente a partir de las plantas de marihuana, 1.360 euros en efectivo fraccionado, una báscula, libretas con anotaciones relacionadas con la producción de marihuana y una pistola de aire comprimido.

En la actuación participaron agentes de la Guardia Civil del área de investigación, Grupo de Reserva y Seguridad nº 8 de Canarias, dos perros del servicio cinológico y patrullas de seguridad ciudadana. Los detenidos, junto a las diligencias instruidas y efectos intervenidos, han sido puestos a disposición judicial.

La Policia Nacional ha detingut a l'aeroport de Palma, per un delicte de tràfic de drogues, un home que duia dues maletes amb 25 quilos de marihuana.

Segons ha informat l'entitat en un comunicat, els fets van tenir lloc durant la matinada del passat 18 de setembre quan agents del Grup d'Investigació de l'aeroport van establir un dispositiu sobre els passatgers d'un vol internacional que acabava d'aterrar.

Durant les comprovacions, es van seleccionar de manera aleatòria diversos passatgers per realitzar les verificacions i entre ells es trobava un home que viatjava amb dues maletes que podrien contenir substàncies estupefaents. Per això, es va inspeccionar el seu equipatge i van localitzar 50 bosses de marihuana, uns 25 quilos.

El passatger va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues. Aquesta intervenció va tenir la col·laboració del Centre Nacional d'Immigració i Fronteres que va coordinar l'actuació juntament amb els agents del lloc fronterer. La substància intervinguda va ser posada a disposició de l'autoritat judicial i els agents de la Udyco han iniciat una investigació per determinar l'origen i destinació de la droga.

La Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto de Palma, por un delito de tráfico de drogas, a un hombre que llevaba dos maletas con 25 kilos de marihuana.

Según ha informado el Cuerpo en un comunicado, los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del pasado 18 de septiembre cuando agentes del Grupo de Investigación del aeropuerto establecieron un dispositivo sobre los pasajeros de un vuelo internacional que acababa de aterrizar.

Durante las comprobaciones, se seleccionaron de manera aleatoria a varios pasajeros para realizar las verificaciones y entre ellos se encontraba un hombre que viajaba con dos maletas que podrían contener sustancias estupefacientes. Por ello, se inspeccionó su equipaje y localizaron varias bolsas precintadas con 50 bolsas de marihuana, unos 25 kilos.

El pasajero fue detenido como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. Esta intervención tuvo la colaboración del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras que coordinó la actuación junto a los agentes del puesto fronterizo. La sustancia intervenida fue puesta a disposición de la autoridad judicial y los agentes de la Udyco han iniciado una investigación para determinar el origen y destino de la droga.

Dos agentes de la Guardia Civil fuera de servicio descubren un cultivo ilegal de marihuana mientras paseaban. En concreto, dos agentes del Puesto de Murillo de Río Leza, fuera de servicio, estaban caminando por las inmediaciones del barrio de San Miguel en Robres del Castillo y percibieron un fuerte olor que podría corresponder a marihuana. El responsable del cultivo, un varón de 34 años, ha sido detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública.

Tras percibir el fuerte olor, los agentes alertaron a las patrullas que se encontraban de servicio y procedieron a inspeccionar la zona con el objetivo de localizar el origen. Durante la búsqueda, los agentes accedieron a una senda cubierta por abundante vegetación y zarzales. Tras avanzar por el lugar y apartar la maleza, llegaron hasta una zona abierta, donde sorprendieron in fraganti a una persona manipulando una manguera.

Los agentes comprobaron que el individuo se encontraba regando un cultivo ilegal compuesto por once plantas de marihuana de diferentes tamaños, para cuyo abastecimiento utilizaba la citada manguera. Ante estos hechos, procedieron a su identificación y posterior detención como presunto autor de un delito contra la salud pública.

Una vez instruidas las correspondientes diligencias, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial.

La Policía Nacional ha desmantelado en Talavera de la Reina (Toledo) un cultivo intensivo de cannabis oculto en una vivienda del barrio del Patrocinio que albergaba 585 plantas de marihuana. Fruto de esta operación, se ha detenido a dos personas como presuntas responsables de un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico.

Los agentes de la Policía Nacional especializados en la investigación de los delitos contra el tráfico de drogas en Talavera de la Reina y su comarca, recabaron una serie de indicios que apuntaban a la existencia de un cultivo ilegal de cannabis ubicado en el barrio del Patrocinio, por lo que a mediados del mes de julio iniciaron una operación que permitió localizar el inmueble exacto en el que se podría estar albergando dicha plantación.

Tras identificar a los dos presuntos responsables de dicho cultivo, el pasado 3 de septiembre se procedió a su detención y se realizó un registro en la vivienda en la que se incautaron 585 plantas de cannabis, así como diferentes instrumentos para su cultivo, según ha informado la Policía en nota de prensa.

A ambos se les imputa también la comisión de un delito de defraudación de fluido eléctrico, ya que la vivienda en la que habían establecido la plantación, también realizaron una acometida ilegal para recibir suministro de la red de fluido eléctrico con la que habrían defraudado unos 16.500 euros.

La Guardia Civil ha detenido a siete personas por un supuesto delito de tráfico de drogas, así como otro de pertenencia a grupo criminal a seis de ellas, tras localizar un cultivo de marihuana en una finca situada en el término municipal de Aguarón (Zaragoza).

La investigación se inició a finales de agosto cuando se tuvo conocimiento, gracias a la colaboración ciudadana, de la posible existencia de una finca que podría estar dedicada al cultivo “outdoor” de cannabis.

Tras las gestiones realizadas por los agentes y la obtención de indicios que evidenciaban la existencia de la citada plantación en una finca rústica de la localidad de Aguarón, durante la mañana del 1 de septiembre, la Guardia Civil desplegó un operativo compuesto por 25 agentes en dicho terreno, donde se localizó una plantación “outdoor” de marihuana que albergaba unas 2000 plantas de distintos tamaños, alteradas genéticamente para acelerar el cultivo.

Además de la plantación, fueron localizados numerosos efectos relacionados con el cultivo, secado y preparación de la sustancia, entre ellos, casi 16 kilos de cogollos de marihuana ya secos y distribuidos en bolsas, 17 secaderos colgantes repletos de cogollos, 6 cajas llenas de esta sustancia con un peso aproximado de 100 kilos preparados para proceder a su venta esa misma mañana, básculas de pesaje, ventiladores, dispositivos de medición de temperatura y humedad, fertilizantes y productos destinados al cultivo y ocultación de la plantación.

Durante la actuación fueron detenidas 6 personas cuando intentaban huir a pie del lugar al percatarse de la presencia policial, de edades comprendidas entre los 51 y 30 años de edad, cinco de nacionalidad albanesa y uno de nacionalidad española, por un supuesto delito contra la salud pública por tráfico de drogas y otro de pertenencia a grupo criminal.

Por estos hechos también fue detenido el propietario de la finca, un varón, de 61 años de edad, de nacionalidad rumana como presunto autor de un supuesto delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

Les forces i cossos de seguretat de l'Estat han intervingut sis tones de cocaïna, haixix i marihuana a les Balears al llarg del 2025, any que s'ha saldat amb més de 900 detencions i 15.000 denúncies.

Així es desprèn de l'Estadística Anual sobre Drogues referent a l'any passat elaborada pel Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (Citco), organisme dependent del Ministeri de l'Interior.

La lluita contra el narcotràfic es va saldar el 2025 amb la detenció de 923 persones (+5,13%) i la interposició de 15.257 denúncies (+7,2%). En tots dos casos, Balears representa poc més d'un 4% del conjunt nacional.

La droga amb més quantitat aprestada va ser l'haixix, amb 4,65 tones, cosa que va suposar un increment interanual del 52,26%. Van seguir la cocaïna, amb 1,14 tones (+811,95%), i la marihuana, amb 211 quilos (+43,6%).

A aquestes quantitats se li sumen els 163 litres d'òxid nitros, més conegut com a gas del riure (+796,95%); les 133.183 unitats de metamfetamina (+868,89%); els 105 quilos d'èxtasi (+12.264,17%); les 79.113 unitats d'èxtasi (+316,67%), o els 11 quilos de ketamina (+92,38%).

També es van decomissar 8.158 unitats d'amfetamines (+573,66%); sis quilos de 2C-B (+343,14%); tres quilos de pol·len de cànnabis (+149,3%); 2.925 unitats de planes de cànnabis (+105,12%); o 8865 centímetres cúbics de GHB, també conegut com a èxtasi líquid (+62,49%).

Altres substàncies no criden l'atenció per les seves elevades quantitats, però sí per l'increment de les seves confiscacions respecte a l'any anterior. És el cas, per exemple, dels canàabics, amb cinc quilos i una pujada de l'1.368,76%; la pregabalina, amb 583 unitats i un increment del 7.187,5%; els cocaínics, amb 412 grams i un repunt de l'1.076,98%, o els al·lucinògens, amb 87 unitats i un augment del 8.600%.

Encara que en la majoria de les substàncies les xifres d'aprehensions han anat a l'alça, hi ha altres que han registrat descensos. D'heroïna es van trobar 425 grams (-36,41%), de metamfetamina en pols o roca dos quilos (-56,23%) i de crack quatre grams (-49,31%).

Dades nacionals

En el conjunt d'Espanya, sempre d'acord amb l'Estadística Anual sobre Drogues, les forces i cossos de seguretat van decomissar 370 tones de cocaïna, haixix, marihuana i heroïna al llarg de l'any passat.

A això se li sumen 875.000 plantes de cànnabis, 658.000 pastilles d'èxtasi, 679 quilos de cristall i quantitats menors d'altres drogues detectades en el mercat clandestí com a fàrmacs, anabolitzants o derivats de l'haixix.

L'informe revela una caiguda del 37% en les confiscacions de cocaïna, cosa que Interior ha vinculat al fet que “la pressió policial ha colpejat amb força les xarxes de narcotr àfic a gran escala, especialment en les rutes marítimes des de l'Atlàntic”.

L'haixix, per contra, lidera el rànquing de drogues requisades amb 257 tones, un augment del 29% respecte al 2024, però que segueix lluny dels registres del 2023 (357 tones), 2022 (318 tones) o 2021 (672 tones).

També en aquest camp el Citco ha constatat l'efecte de la pressió policial contra les màfies, que han alternat els tradicionals desembarcaments a peu a la plaça amb l'ús de camions i altres vehicles.

Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han intervenido seis toneladas de cocaína, hachís y marihuana en Balears a lo largo de 2025, año que se ha saldado más de 900 detenciones y 15.000 denuncias.

Así se desprende de la Estadística Anual sobre Drogas referente al año pasado elaborado por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco), organismo dependiente del Ministerio del Interior.

La lucha contra el narcotráfico se saldó en 2025 con la detención de 923 personas (+5,13%) y la interposición de 15.257 denuncias (+7,2%). En ambos casos, Balears representa poco más de un 4% del conjunto nacional.

La droga con más cantidad aprehendida fue el hachís, con 4,65 toneladas, lo que supuso un incremento interanual del 52,26%. Le siguieron la cocaína, con 1,14 toneladas (+811,95%), y la marihuana, con 211 kilos (+43,6%).

A estas cantidades se le suman los 163 litros de óxido nitroso, más conocido como gas de la risa (+796,95%); las 133.183 unidades de metanfetamina (+868,89%); los 105 kilos de éxtasis (+12.264,17%); las 79.113 unidades de éxtasis (+316,67%), o los 11 kilos de ketamina (+92,38%).

También se decomisaron 8.158 unidades de anfetaminas (+573,66%); seis kilos de 2C-B (+343,14%); tres kilos de polen de cannabis (+149,3%); 2.925 unidades de planas de cannabis (+105,12%); o 8865 centímetros cúbicos de GHB, también conocido como éxtasis líquido (+62,49%).

Otras sustancias no llaman la atención por sus elevadas cantidades, pero si por el incremento de sus incautaciones respecto al año anterior. Es el caso, por ejemplo, de los cannábicos, con cinco kilos y una subida del 1.368,76%; la pregabalina, con 583 unidades y un incremento del 7.187,5%; los cocaínicos, con 412 gramos y un repunte del 1.076,98%, o los alucinógenos, con 87 unidades y un aumento del 8.600%.

Aunque en la mayoría de sustancias las cifras de aprehensiones han ido al alza, hay otras que han registrado descensos. De heroína se encontraron 425 gramos (-36,41%), de metanfetamina en polvo o roca dos kilos (-56,23%) y de crack cuatro gramos (-49,31%).

Datos nacionales

En el conjunto de España, siempre de acuerdo con la Estadística Anual sobre Drogas, las fuerzas y cuerpos de seguridad decomisaron 370 toneladas de cocaína, hachís, marihuana y heroína a lo largo del año pasado.

A ello se le suman 875.000 plantas de cannabis, 658.000 pastillas de éxtasis, 679 kilos de cristal y cantidades menores de otras drogas detectadas en el mercado clandestino como fármacos, anabolizantes o derivados del hachís.

El informe revela una caída del 37% en las incautaciones de cocaína, algo que Interior ha vinculado a que “la presión policial ha golpeado con fuerza a las redes de narcotráfico a gran escala, especialmente en las rutas marítimas desde el Atlántico”.

El hachís, por contra, lidera el ranking de drogas incautadas con 257 toneladas, un aumento de 29% en respecto a 2024 pero que sigue lejos de los registros de 2023 (357 toneladas), 2022 (318 toneladas) o 2021 (672 toneladas).

También en este campo el Citco ha constatado el efecto de la presión policial contra las mafias, que han alternado los tradicionales desembarcos a pie en la plaza con el uso de camiones y otros vehículos.

Este martes se han sentado en el banquillo de la Audiencia Provincial dos acusados de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico. Ambos han reconocido haber explotado una plantación de marihuana en Agoncillo y han aceptado una sentencia de conformidad.

Uno de los acusados ha sido condenado a 6 años y 10 meses de prisión y multa de 330.563 euros por el delito de tráfico de drogas. El segundo de los acusados ha aceptado 3 años y 10 meses de prisión y multa de 111.468 euros, también por tráfico de drogas. 

Por el delito de defraudación de fluido eléctrico han sido condenados cada uno de ellos a 1.800 euros de multa. Además, deberán satisfacer una responsabilidad civil solidaria de 13.775 euros a favor de la compañía eléctrica defraudada. La suspensión de la pena se analizará y resolverá en ejecución de sentencia.

Según el escrito del Fiscal, los condenados actuaron de común acuerdo para instalar y explotar una plantación de marihuana en el sótano de un chalet ubicado en una finca rústica de Agoncillo. Uno de ellos había suscrito un compromiso de compraventa de la finca y el otro, aprovechando sus conocimientos de electricidad, habría realizado un enganche ilegal a la red para suministrar energía a la instalación, equipada con sistemas de iluminación, ventilación, climatización y control ambiental destinados al cultivo intensivo de cannabis.

La investigación se inició tras una información recibida por la Policía Nacional sobre la existencia de la plantación. Después de varias vigilancias, los agentes solicitaron autorización judicial para registrar la finca. En la entrada y registro practicados el 17 de enero de 2025 fueron intervenidas 888 plantas de marihuana, además de abundante material empleado para el cultivo y procesado de la droga.

Durante el registro también se localizaron distintas sustancias estupefacientes que, según la Fiscalía, estaban destinadas a su distribución, entre ellas cannabis, anfetamina, heroína y MDMA, así como más de dos kilogramos y medio de silicato utilizado presuntamente como sustancia de corte para adulterar drogas. El valor de las sustancias intervenidas en el mercado ilícito asciende a 82.640,68 euros, de acuerdo con el escrito de acusación.

La Audiencia Provincial de La Rioja ha confirmado íntegramente la sentencia dictada por la Plaza número 3 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Logroño que condenó a dos hombres por un delito contra la salud pública y un delito leve de defraudación de fluido eléctrico relacionados con una plantación de marihuana localizada en una nave industrial de Santo Domingo de la Calzada.

La resolución desestima el recurso de apelación presentado por uno de los condenados y ratifica las penas impuestas, de tres años y tres meses de prisión, multa de 281.790 euros por el delito contra la salud pública, una multa adicional de 360 euros por la defraudación de electricidad y la obligación de indemnizar a la compañía suministradora por el perjuicio ocasionado.

Segú los hechos probados que se recogen en la sentencia, los acusados acondicionaron una nave industrial arrendada por uno de ellos para el cultivo intensivo de marihuana con destino a su distribución. En el interior instalaron diversos habitáculos equipados con sistemas de iluminación, ventilación, filtrado y control del crecimiento de las plantas, además de una zona destinada al procesado de la sustancia y otra para el almacenamiento de material relacionado con la explotación.

Durante la intervención de la Guardia Civil fueron localizados centenares de macetas, equipos de cultivo y más de 17,5 kilogramos de cogollos de cannabis ya secos y preparados para su venta, cuyo valor en el mercado ilícito habría superado los 112.000 euros. Asimismo, se constató la existencia de una conexión ilegal a la red eléctrica destinada a abastecer energéticamente la plantación.

En sus fundamentos jurídicos, la Audiencia rechaza la alegación de nulidad de actuaciones formulada por el recurrente al concluir que no existió vulneración del derecho de defensa ni indefensión alguna durante la celebración del juicio. 

La Sala destaca que la sentencia de instancia realizó un análisis detallado y razonado de todas las pruebas practicadas, incluidas las aportadas por la defensa, y concluye que los indicios existentes permiten atribuir a ambos acusados la explotación conjunta de la plantación. Entre esos indicios figuran el arrendamiento de la nave por uno de los condenados, las manifestaciones realizadas por el otro acusado ante los agentes, la infraestructura instalada para el cultivo y la coincidencia entre la droga localizada en distintos puntos de la nave y en los vehículos intervenidos.

La Audiencia también avala la valoración efectuada sobre la cantidad de cannabis incautada y rechaza el informe presentado por la defensa, al considerar más consistente y fiable la prueba practicada por los agentes actuantes y por los técnicos encargados de analizar la sustancia.

En relación con la defraudación de fluido eléctrico, el tribunal entiende acreditada la participación de ambos acusados al constatar que la plantación requería un elevado consumo energético, que la instalación eléctrica había sido manipulada para eludir el control del contador y que los condenados eran quienes se beneficiaban directamente de ese suministro irregular.

Por todo ello, la Audiencia Provincial confirma íntegramente la sentencia recurrida y mantiene las condenas impuestas por el Juzgado de lo Penal.

Los datos personales y documentos de identidad de cientos de miles de socios de clubs de cannabis en España han estado accesibles en internet sin ningún tipo de protección durante un periodo prolongado. Los datos incluyen pasaportes, DNIs, carnets de conducir, direcciones, teléfonos e incluso hábitos de consumo de estos usuarios.

La brecha, descubierta por un investigador de seguridad independiente, afecta a cerca de un millón de personas y, según el propio investigador, a usuarios de cannabis con proyección pública que preferían mantener en privado sus hábitos de consumo.

Un fallo en el proveedor de software

Los clubs de cannabis españoles utilizan habitualmente softwares de gestión para controlar el acceso de sus socios, registrar sus consumos y gestionar la contabilidad del local. Buena parte de ellos usan el programa de una empresa irlandesa llamada Cannabis Club Systems (CCS), anteriormente conocida como Nefos Solutions.

La empresa ofrece además un sistema de verificación de identidad muy útil para los clubes: los recepcionistas fotografían el documento del socio y lo suben a los servidores de Nefos para agilizar futuras visitas. La compañía también comercializaba una aplicación, PuffPal, que permitía el acceso mediante código QR.

El problema, según ha desvelado The Verge, estaba en cómo Nefos almacenaba esa información. Sammy Azdoufal, investigador de seguridad reconocido por haber expuesto otras vulnerabilidades graves en protección de datos, analizó la aplicación PuffPal y descubrió que los documentos de identidad se guardaban en direcciones web públicas con una estructura predecible, sin contraseña ni ningún control de acceso. Cualquier persona con mínimos conocimientos técnicos podía acceder a ellos simplemente escribiendo la URL correcta.

La magnitud del problema era considerable: cada día se subían unos 5.000 nuevos documentos a esos servidores desprotegidos, y en total Azdoufal identificó cerca de 985.000 archivos expuestos. Además de las imágenes de los documentos, los perfiles de usuario incluían números de teléfono, direcciones postales, correos electrónicos y datos sobre las variedades de cannabis consumidas y la frecuencia de visitas a los clubes.

Otras vulnerabilidades en cadena

El análisis de Azdoufal reveló brechas de seguridad en otros frentes. El código de la aplicación PuffPal contenía sin apenas protección una clave secreta del sistema de pagos Stripe, de manera que el portal de administración de los clubs era accesible para cualquiera con unos mínimos conocimientos informáticos. Los mensajes privados entre clubs y socios también estaban expuestos así como los perfiles de usuario.

Tras ser contactada por The Verge y ofrecer respuestas que no arreglaron el problema, la empresa acabó desactivando a mediados de junio la app PuffPal, notificó a la Autoridad irlandesa de Protección de Datos (DPC) y comunicó a los clubs el cierre del sistema de acceso por QR.

Andreas Nilsen, cofundador de Nefos, reconoció que la empresa incumplió la normativa europea, que exige notificar las brechas de datos en un máximo de 72 horas. “Recibiremos la sanción que corresponda”, admitió. Nilsen atribuyó parte de la responsabilidad técnica a una empresa externa encargada de desarrollar PuffPal, aunque asumió que la responsabilidad última es de su compañía.

Según este directivo de la empresa, no hay evidencias de que nadie más allá de Azdoufal haya accedido a los datos, aunque eso es difícil de verificar. La empresa ha prometido que no relanzará PuffPal hasta que una auditoría de seguridad independiente certifique que el sistema es seguro y se ha desvinculado de la compañía que lo desarrolló.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 40 personas de dos entramados criminales, uno dedicado a la extorsión del sicario y otro a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Se han ejecutado nueve registros domiciliarios en la provincia de Valencia y Fuerteventura, incautando tres plantaciones de marihuana indoor, 11 gallos de peleas, dos armas cortas de fuego y 3.600 euros. Además se ha conseguido liberar a tres mujeres. Una vez los detenidos pasaron a disposición de la autoridad judicial se decretó el ingreso en prisión de siete de ellos.

La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción 1 de Castellón, se inició en mayo del año 2025 a través de una denuncia de una víctima que tras solicitar servicios sexuales a través de internet recibió una llamada de una persona que se hacia pasar por jefe del club de las mujeres anunciadas. Durante la misma, el supuesto jefe le reprochó haberles hecho perder el tiempo y le exigió el abono inmediato de un importe aproximado de 5.000 euros, por las molestias y la deuda generada a través de un discurso coercitivo y amenazante. 

Núcleo operativo en Valencia

Avanzadas las pesquisas, comprobaron que había 80 denuncias con un patrón similar por todo el territorio nacional. Tras varias averiguaciones, se pudo ubicar el núcleo operativo de la organización en la zona de Valencia, desde donde gestionaban la captación, comunicación intimidatoria y canalización de los abundantes beneficios obtenidos. 

El modus operandi de esta organización consistía en publicar masivamente anuncios falsos de mujeres en páginas webs de citas y una vez que contactaban con los teléfonos asociados, iniciaban la fase extorsiva. Les hacían creer a los perjudicados que habían contraído una deuda con el prostíbulo o con las personas encargadas de seguridad por no acudir a la cita o haber faltado el respeto a las empleadas. 

Jugaban con el componente de la vergüenza y el temor a que el círculo cercano de las víctimas supieran que consumían servicios sexuales, siendo una herramienta de la red para presionarles a que abonaran cantidades relevantes de dinero.

Conexión con otra rama asentada en Fuerteventura

Este entramado estaba vinculado con una pareja asentada en Fuerteventura que explotaba sexualmente a mujeres captadas mediante falsas ofertas laborales difundidas en redes sociales y portales de contactos. 

Las víctimas eran trasladadas desde la península y otras islas, siendo sometidas a condiciones abusivas, control permanente, restricción de movimientos y dependencia total de los explotadores. Los investigadores pudieron acreditar la existencia de un sistema de explotación estructurado, con rotación constante de mujeres en situación administrativa irregular y beneficios económicos elevados.

Los investigadores descubrieron que tenían un acuerdo que consistía en suministrar información de sus clientes para su posterior extorsión. Así pudieron constatar que el grupo asentado en la isla canaria facilitaba a la otra red datos de los usuarios de los servicios sexuales a cambio de 50 euros por cada uno de ellos. 

Peleas de gallos, un método de blanqueo de dinero

En la cúspide de la organización se situaban los principales responsables que dirigían, administraban y distribuían el dinero, publicaban y renovaban los anuncios y ejecutaban las amenazas y comunicaciones extorsivas. En el siguiente nivel actuaban los captadores de las mulas, encargados de reclutarlas, dirigirlas y gestionar las comisiones que se debían enviar a las mulas por cada apertura de cuenta o línea.

Finalmente, en la base de la red, se encontraban las mulas que aportaban su documentación para la apertura de líneas telefónicas a su nombre y de cuentas bancarias, recibiendo estas los pagos de las víctimas. La organización tenía un alto nivel de desarrollo y capacidad operativa, obteniendo importantes beneficios económicos por estos hechos que blanqueaban en otras actividades criminales como el tráfico de drogas y las peleas ilegales de gallos. 

Los principales miembros adoptaban medidas de autoprotección para dificultar su identidad y localización en entornos de difícil acceso, utilizando intermediarios, rotación de líneas y múltiples cuentas de pago.

40 detenidos y tres mujeres liberadas

Durante la fase de explotación en Valencia se realizaron ocho registros domiciliarios donde se localizaron e intervinieron tres plantaciones de marihuana indoor, 11 gallos de peleas, dos armas cortas de fuego y 1.700 euros en efectivo. Finalmente, se detuvieron 38 personas, decretando la autoridad judicial que cinco ingresaran en prisión provisional. Los delitos que se les imputa a los presuntos autores son extorsión, organización criminal, blanqueo de capitales, contra la salud pública, tenencia ilícita de armas y maltrato animal. 

Por otro lado, se llevó a cabo un registro en un piso-prostíbulo, donde se intervinieron cuatro terminales telefónicos utilizados para la publicidad y la comunicación con clientes, 1.600 euros y documentación acreditativa de los hechos. Fueron detenidas dos personas, ingresando ambas en prisión provisional por los delitos de pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos con fines de explotación sexual, relativos a la prostitución y favorecimiento de la inmigración irregular. Además, tres víctimas de trata de seres humanos fueron liberadas.

La Policía Nacional, durante un operativo de inspección en diversas empresas en un polígono industrial en el sur de Tenerife contra el empleo irregular y fraude en la Seguridad Social, ha localizado una plantación de marihuana en un local. Tras el hallazgo, los agentes procedieron a la detención del responsable de la instalación.

En total fueron inspeccionados nueve establecimientos que albergaban diez empresas y se constató la situación irregular de un trabajador, según detallan fuentes de la Comisaría provincial.

Además, fueron detectadas numerosas deficiencias en materia de prevención de riesgos laborales cuya corrección ha sido formalmente requerida con la correspondiente exigencia de responsabilidades administrativas.

En el marco de este operativo, la Policía localizó en uno de los almacenes inspeccionados 12 plantas de cannabis, así como diversos instrumentos destinados a su cultivo tales como sistemas de riego automáticos y lámparas de luz, y detuvo a su responsable.

La Policía llevó a cabo el operativo en colaboración con la Inspección de Trabajo.

La incapacidad de varios policías en ponerse de acuerdo sobre si un conductor estaba drogado o no ha salvado a ese hombre de una pena de cárcel por un accidente de coche del que no era responsable. Un juez ha dictaminado que para ser condenado por conducir bajo los efectos de las drogas hace falta, precisamente, estar bajo los efectos de las drogas. Y que debe quedar acreditado.

Pero no con un mero positivo en el test de droga en carretera, el llamado drogotest, y menos si es de saliva. No es suficiente, sostiene este magistrado, y no es el primero que lo dice. En este caso “no ha quedado suficientemente acreditado que el acusado exteriorizara signos de afectación o intoxicación por la ingesta de marihuana ni que condujera bajo la influencia de esta sustancia, siendo la prueba practicada insuficiente a los fines pretendidos, por lo que debe prevalecer el principio in dubio pro reo y (...) se debe absolver al acusado de la acusación que sobre él pesa”.

El abogado que ha llevado el caso, Francisco Azorín, cree que “es necesario que se regule mejor los test de droga en carretera, porque el test en saliva ofrece resultados positivos a los varios días de haber consumido y se debería de ofrecer siempre el derecho a una prueba de contraste en sangre a las personas que dan positivo en saliva. Además, el test de signos externos sobre la afectación en las capacidades psicofísicas para la conducción no debería realizarse por la policía, sino por un médico. Esto ayudaría a resolver estos procedimientos condenando a las personas que efectivamente hayan provocado el accidente por ir bajo los efectos de las drogas y absolvería a aquellos que consumieron días atrás y que esa ingesta de drogas en nada tuvo que ver con el accidente”.

El sistema de detección de drogas en carretera (y posterior sanción) está cada vez más cuestionado tanto por jueces como por expertos y asociaciones civiles. Los drogotest en saliva devuelven positivos varios días después de haber consumido sustancias, pero además ni siquiera detectan necesariamente drogas: un juez anuló hace unos meses una multa de mil euros y seis puntos del carné de conducir a una mujer porque el aparato había dado positivo por un metabolito, una sustancia que genera el organismo cuando ya ha procesado y depurado la cocaína y por tanto no está bajo sus efectos, como recogió el magistrado en su sentencia absolutoria.

Los jueces empiezan a generar un patrón. Aquel caso fue por lo administrativo, este por lo penal, pero la conclusión es la misma y cuestiona un elemento central de la política antidroga en carretera: un positivo en un control, por sí mismo, no es siempre condición suficiente para sancionar.

Consumió la noche anterior

El hombre dio positivo por cannabis tras atropellar a una anciana. Sí, reconoció, había fumado marihuana. Pero la noche anterior, más de 12 horas antes. La perito explicaría más tarde ante el juez que es perfectamente posible que la máquina pite en esas circunstancias. Un policía creyó notar olor a porro. Veía a una persona locuaz, preocupada y con los ojos rojos y dilatados.

Pero otros dos agentes no notaron nada de eso. El olor a porro podía ser el cigarrillo que el joven se había fumado in situ para calmar los nervios tras el accidente y locuaz es compatible con nervioso, pero no es la reacción más típica del cannabis, alegaría el abogado en el juicio. El joven ni siquiera tenía culpa del accidente: la mujer, con problemas de audición, probablemente no vio ni oyó el coche y se golpeó con él. La ubicación del bollo, en la parte lateral trasera del coche, confirmaba su versión.

Estas discrepancias de los policías, la incapacidad de la perito para determinar la cantidad de THC (el principal principio activo del cannabis) necesaria en el organismo para afectar a una persona y el hecho de que el hombre no fuera responsable del atropello –si hubiera sido culpa suya se consideraría prueba de que conducía bajo la influencia de la droga– llevaron al juez a absolver al conductor.

El juez recuerda en su sentencia que el Código Penal castiga a quien conduzca “bajo la influencia de drogas tóxicas” y que, a diferencia de lo que sucede con el alcohol, el resto de sustancias no tiene un límite marcado por la ley que no se pueda superar. “Así como en el caso de la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas se establecen normativamente unos límites máximos y objetivos a partir de los cuales la conducción se considera influenciada por la ingesta de alcohol (0,60 miligramos por litro en aire o 1,2 gramos por litro en sangre), no sucede lo mismo en el caso de la conducción bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, por lo que en estos casos habrá de acudirse a las circunstancias acreditadas del caso concreto para determinar si la conducción estaba o no influenciada por el previo consumo de droga”, escribe el magistrado.

Los cinco años de proceso que ha pasado (la causa estuvo dos paralizada), con la amenaza de perder la plaza de funcionario que acababa de sacarse, no se los quita nadie.

“Moraleja”, concluye el abogado Azorín, “si fumas por la noche y al día siguiente conduciendo, una anciana o un niño te sale entre dos coches, lo atropellas y no tienes la culpa, esa presencia de cannabis u otra droga va a convertir tu presunción de inocencia en presunción de culpabilidad y te va a arruinar la vida económica y emocionalmente. Hay que regular de manera urgente esta cuestión”, cierra.

Un sistema cuestionado

No es el primer juez que cuestiona un positivo en un control de carretera como prueba suficiente para condenar a un conductor. El magistrado que anuló una sanción por cocaína utilizaba argumentos similares a los de este caso: “Este método [un test de saliva] por sí solo no acredita de forma fehaciente que una persona se encuentre bajo la influencia de sustancias estupefacientes, sino que se trataría, en todo caso, de un mero indicador de si esa persona ha podido consumir o no una sustancia, pero sin determinar el momento en que lo ha hecho, esto es, el momento previo a conducir o incluso el mismo día, ni la intensidad o efectos de la presencia de dicha sustancia en las capacidades del sujeto para conducir”.

Además, explican expertos en la materia, cada marca de aparatos tiene un punto de corte distinto porque no existe una ley que establezca un criterio, como sí sucede con el alcohol. “Uno de los grandes problemas del sistema de medición [de drogas en carretera] es quién pone los límites en los dispositivos”, explicaba a este periódico Juan José Ramírez, quien ha estado vinculado a los controles de Tráfico durante 47 años, primero en la Guardia Civil y luego en la Policía Local de Osuna (Sevilla) y ha escrito la tesis doctoral 'Los controles de drogas a conductores en España: análisis de la legislación, la formación específica de los profesionales y los dispositivos de detección', probablemente el análisis más completo de la situación realizado en España.

“Lo normal sería que los pusiera la administración, como hace con el alcohol. Pero en estos aparatos los pone cada fabricante. Eso provoca que una misma muestra puede dar resultado negativo o positivo según el aparato”, explica. Exactamente lo mismo sucede con la prueba de sangre en laboratorio, si el conductor pide ese segundo test (está en su derecho). “Pasa lo mismo”, insiste Ramírez, “una misma muestra puede dar negativo o positivo según el laboratorio por la misma razón, no hay una norma, y puedes encontrar diferentes límites de corte para diferentes sustancias en cada laboratorio. Esto arroja inseguridad jurídica”.

Tampoco existe, señala el abogado Azorín, una ley que establezca qué sustancias pueden detectar o no los aparatos. Este vacío ha propiciado, por ejemplo, que las benzodiazepinas hayan dejado de dar positivo por decisión no se sabe bien de quién. “Si los test no detectan estos sedantes ni muchas nuevas sustancias psicoactivas no prohibidas u otras que, aunque estén prohibidas no aparezcan en el aparato, difícilmente vamos a tener un sistema que proteja la seguridad vial. Lo único que tenemos es una máquina de represión de la persona usuaria de drogas y una forma de financiar las arcas públicas”, lamenta el letrado.

El ex guardia Ramírez recordaba a raíz del caso de la mujer exonerada del positivo por metabolitos que esta postura crítica no trata de eximir a las personas que conducen bajo el efecto de las drogas, sino de poner orden en un sistema que no cree justo. “La realidad es tozuda y dice que se consume y se conduce al mismo tiempo. Y ese consumo debe estar totalmente regulado para evitar que suponga un peligro en la vía pública. Lo mismo que hay que regularlo hay que garantizar los derechos de los ciudadanos, establecer las suficientes garantías procesales para que cuando se persiga un determinado caso tenga posibilidades de éxito. Hay que hacer legislaciones acordes a la realidad social. Las leyes que no son entendidas ni asumidas por los ciudadanos están llamadas a ser desobedecidas”.

Agentes de la Policía Nacional desmantelaron el pasado 25 de febrero, una plantación “indoor” de marihuana en una nave industrial del polígono del Portazgo de Zaragoza, donde se intervinieron un total de 4.280 plantas en avanzado estado de crecimiento y fueron detenidas cuatro personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.

La operación, se inició tras recibirse información de la compañía eléctrica sobre un consumo anómalo y pérdidas de energía compatibles con una posible defraudación de fluido eléctrico.

Para corroborar los indicios, los agentes establecieron diferentes dispositivos de vigilancia que permitieron detectar una furgoneta accediendo al interior de la nave investigada. Tras un seguimiento policial, los policías observaron cómo los ocupantes del vehículo arrojaban varias bolsas de basura a unos contenedores en un camino entre Botorrita y Jaulín, comprobando después que en su interior había restos vegetales compatibles con troncos de marihuana, por lo que fueron interceptados y detenidos minutos después en la localidad de Cariñena.

Tras obtener la correspondiente autorización judicial, se procedió a la entrada y registro de la citada nave, localizando en su interior a otros dos individuos que serían los encargados de custodiar la plantación.

La Guardia Civil de Navarra ha desmantelado una plantación de marihuana situada en las inmediaciones de la localidad de Sangüesa, junto a la orilla del río Aragón. Durante la operación se ha detenido a un varón de nacionalidad albanesa de 23 años y se han intervenido casi 187 kilogramos de esta sustancia estupefaciente.

Según han informado en una nota de prensa, un operativo de seguridad ciudadana localizó una importante infraestructura destinada al cultivo, secado y almacenamiento de marihuana. Los hechos se iniciaron tras tenerse conocimiento de la posible existencia de una plantación en una zona aislada, lo que motivó el establecimiento de dicho dispositivo de vigilancia y observación.

Durante la vigilancia se observó una parcela despejada de maleza y arbolado, con varias bolsas de gran tamaño de color azul y una estructura cubierta compatible con un secadero artesanal.

En las inmediaciones se detectó la presencia de varias personas que permanecían junto a un fuego, “en actitud de vigilancia, resguardándose de las inclemencias meteorológicas”.

A la mañana siguiente, Guardia Civil coordinó un dispositivo operativo en el lugar con la participación de una patrulla de Policía Foral, agentes de Policía Municipal de Sangüesa y efectivos de diferentes unidades de Guarida Civil.

A la llegada de las patrullas, dos personas emprendieron la huida campo a través, y se inició una persecución que permitió interceptar a uno de los individuos, un varón de 23 años de nacionalidad albanesa que fue detenido, sin ofrecer resistencia física, como presunto autor de un delito contra la salud pública.

El segundo individuo logró huir del lugar y permanece en paradero desconocido. Permanecen abiertas las gestiones y diferentes líneas de investigación para lograr su localización y detención por un delito contra la salud pública.

Durante la inspección del lugar de los hechos se localizaron un total de 186,65 kilogramos de cogollos de marihuana. De esta cantidad, 93,9 kilogramos se encontraban dispuestos sobre lonas en una zona habilitada como secadero, mientras que 92,75 kilogramos estaban almacenados en bolsas de basura de grandes dimensiones en una zona intermedia entre el área de cultivo y el campamento utilizado por los implicados.

Asimismo, se constató que la zona de cultivo disponía de un sistema de riego mecánico que captaba agua del río Aragón mediante una motobomba.

En las inmediaciones también se localizó una zona de vida resguardada entre arbolado, donde se hallaron tiendas de campaña, utensilios de cocina, provisiones y “signos evidentes de haber realizado fuego, desde la que se mantenía una vigilancia directa de la plantación”.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº1 de Aoiz, y la autoridad judicial ordenó su ingreso en prisión comunicada y sin fianza.

La investigación continúa abierta para el total esclarecimiento de los hechos y la localización del resto de personas implicadas.

La Guardia Civil ha llevado a cabo la denominada operación RIOG, que ha finalizado con la desarticulación de una organización criminal dedicada al cultivo indoor de marihuana en la provincia de Zaragoza, y la detención de nueve personas implicadas en estos hechos.

Esta operación se inició en septiembre de 2024 por parte del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Casetas, ante la posible existencia de varias naves industriales, ubicadas en los alrededores de Zaragoza capital, que se estarían utilizando como lugares de cultivo de marihuana indoor.

Durante el transcurso de la investigación se logró determinar la identidad de varios integrantes del entramado criminal, los cuales cesaron su actividad durante unos meses tras constatar el traslado de los cabecillas de la red a su país de origen. Los sospechosos, a su regreso a España a finales de verano, retomaron su actividad ilícita, consistente en el acondicionamiento de las naves industriales obj

Una vez obtenidos los indicios que evidenciaban la comisión de estos ilícitos, el pasado 2 de diciembre la Guardia Civil estableció un amplio dispositivo policial para efectuar un total de 8 registros en naves industriales ubicadas en las localidades de Cuarte de Huerva, San Mateo de Gállego, La Puebla de Alfindén y Zuera, así como domicilios situados en Zaragoza capital y el barrio de Garrapinillos.

Durante la inspección de estos inmuebles se localizaron varios cultivos “indoor” de marihuana que albergaban un total de 2013 plantas de cannabis, así como más de 20kg de cogollos de la misma sustancia. Las naves industriales habían sido acondicionadas con todo lo necesario para el cultivo de la sustancia, habiendo construido con placas tipo “pladur”, diferentes habitáculos para distribuirlas según los distintos estados de crecimiento. Todas las plantaciones se suministraban de electricidad tomándola del alumbrado público a través de acometidas ilegales, y contaban con cuadros de electricidad que requerían amplios conocimientos en esta materia para su instalación. Una de estas naves se hallaba en proceso de preparación para albergar una nueva plantación, hallándose indicios de haber sido utilizada anteriormente como lugar de cultivo de esta sustancia.

En las naves industriales registradas fueron detenidas varias personas, encargadas del cuidado de la plantación de manera continuada, que pernoctaban en una zona acondicionada con colchones, electrodomésticos y enseres que permitían su estancia sin necesidad de abandonar la instalación.

Además de las plantaciones, en los inmuebles se localizaron importantes cantidades de dinero en efectivo, así como varios terminales móviles y documentación relevante para la investigación.

Durante el operativo se detuvo a 9 personas, con diferentes cometidos dentro de la red criminal que actuaban de manera coordinada para llevar a cabo la actividad ilícita. Entre ellos se detuvo al cabecilla de esta red, con domicilio en Zaragoza capital, encargado de la logística y supervisión de la actividad, así como de sufragar los gastos necesarios. En el siguiente escalón se encontraban otros miembros de su plena confianza, encargados del traslado del material hasta las naves, trasladándolo incluso desde provincias cercanas hasta Zaragoza, para evitar levantar sospechas.

A continuación, se hallaban los encargados del cuidado de las plantaciones, que pernoctarían en dicho lugar de manera continuada y efectuaban además labores de vigilancia, ya que estas instalaciones contaban con cámaras de video vigilancia que captarían cualquier movimiento sospechoso desde el exterior.

Además, se ha constatado la existencia de “testaferros”, personas que facilitaban su identidad para el alquiler de las naves, con la supuesta actividad de almacenaje de mercancías, o alquiler de vehículos que la organización utilizaría en sus movimientos.

Este grupo criminal guardaba fuertes medidas de seguridad para el desarrollo de la actividad, desde la colocación de cámaras de video vigilancia, uso de multitud de vehículos para sus movimientos, hasta la colocación de materiales de almacenaje apilados en lugares estratégicos de las naves de manera que, ante la apertura de los portones por donde accedían los vehículos, se viese una aparente actividad empresarial.

Los 9 detenidos, de nacionalidad albanesa, edades comprendidas entre los 21 y 46 años, quedaron a disposición judicial el pasado jueves 4 de diciembre. Se les imputan supuestos delitos contra la salud pública, por cultivo o elaboración de drogas, defraudación de fluido eléctrico y pertenencia a organización criminal. Además, a dos de los detenidos, se les imputa supuesto delito de falsificación de documento público, al acreditarse el uso de una falsa identidad para evitar su localización.

En valor económico defraudado con las acometidas ilícitas de electricidad en los inmuebles inspeccionados asciende a más de 214.000 euros, lo que equivaldría al consumo de más de 250 viviendas promedio en España en el periodo de un año.

En esta operación, a cargo del Equipo Policía Judicial de Casetas y del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Comandancia de Zaragoza, han participado agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (USECIC) de Zaragoza, Huesca y Teruel, así como efectivos del Grupo Cinológico de Zaragoza con canes especialistas en detección de drogas.

Efectivos de la Guardia Civil en La Rioja han investigado a un varón de 62 años, de nacionalidad española y residente en Viguera, como presunto autor de un delito contra la salud pública por el cultivo y elaboración de marihuana.

La actuación se inició durante un servicio rutinario de prevención de la Seguridad Ciudadana. Mientras los agentes patrullaban por la localidad de Viguera, detectaron un intenso olor a marihuana que procedía de una vivienda cuya puerta se encontraba entreabierta.

Al aproximarse, los guardias civiles observaron en el interior varias plantas colgadas, aparentemente en proceso de secado. Tras identificar al morador del inmueble, este autorizó voluntariamente la entrada de los agentes, quienes confirmaron la existencia de una plantación interior de marihuana con ejemplares en distintas fases de desarrollo, concretamente en floración y secado.

Durante el registro, los efectivos de la Guardia Civil intervinieron un total de 1.231 gramos de cogollos de marihuana listos para su consumo, cuyo valor en el mercado ilícito se estima en 8.333 euros. La investigación culminó con la instrucción de las correspondientes diligencias por un delito contra la salud pública, que han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.

El alcalde de Villar del Humo, César Saiz, ha anunciado que dimitirá tras su detención en una redada de la Guardia Civil en la que se encontraron 215 plantas de marihuana en su vivienda. Sin embargo, seguirá siendo concejal no adscrito a ningún grupo político en el ayuntamiento de la localidad conquense.

Así lo ha dado a conocer en un comunicado difundido por el consistorio en su nombre. Además ha pedido “respeto” para el desarrollo del proceso judicial, “para mi persona y para mi familia, hostigada desde hace unos días y cuyo desarrollo de su vida cotidiana se está viendo seriamente condicionado”.

Creeque se han vulnerado sus derechos, ya que “se ha publicado mi nombre, sin iniciales, y fotografías, en lo es una clara violación de derechos como el de la intimidad y el honor” y que también se ha faltado el respeto a sus compañeros de Corporación municipal, “de quienes se han publicado imágenes y a quienes también se les está acosando y presionando y que nada tienen que ver con lo acontecido”.

Saiz ha anunciado acciones judiciales contra los medios de comunicación y responsables de redes sociales que han difundido datos e imágenes vulnerando esos derechos. En cuanto a su cargo, ha explicado que ha tomado “la decisión voluntaria, a partir de cuando administrativamente sea posible, de renunciar al cargo de alcalde y pasar a ser concejal no adscrito del Ayuntamiento de Villar del Humo”, por lo que no devolverá el acta a su partido.

“En ningún momento, ni ahora ni en años anteriores, he perjudicado de manera económica al Ayuntamiento de Villar del Humo ni, por supuesto, a sus vecinos”, ha defendido el alcalde implicado en esta operación de la Guardia Civil que tuvo lugar el pasado martes.

Tras conocerse su detención el Partido Popular anunció que le pediría su renuncia al acta.