UPA ha hecho un llamamiento a la unidad para exigir un reparto equilibrado de las reservas hídricas y soluciones concretas que eviten el abandono del medio rural ante las nueva planificación hidrológica en las cuencas que afectan a Castilla-La Mancha.

El secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha (UPA CLM), Julián Morcillo, ha denunciado en rueda de prensa, como viene haciendo hace unos meses, el nuevo proceso de planificación. Según Morcillo, las medidas propuestas constituyen un ataque directo y sin precedentes al equilibrio territorial y a la sostenibilidad económica de la región.

“Necesitamos una defensa como región, no vamos a permitir una política de regate corto. Lo que viene es muy jodido y exige poner freno a la extinción de derechos y a la reducción drástica de nuestras superficies de riego”, ha dicho.

El responsable de la organización agraria ha hecho un balance de las alegaciones de UPA a los Esquemas de Temas Importantes de las cuencas que afectan a la región, según ha señalado la organización en un comunicado.

El Guadiana: Un «atentado» económico y social

Así ha calificado la propuesta para la cuenca del Guadiana como un atentado para una zona que concentra a un tercio de la población de la comunidad autónoma. Con un total de 340.000 hectáreas de regadío, que representan el 58% de toda la superficie regada de Castilla-La Mancha, el plan pretende condenar al secano al 34% de estas tierras.

Las consecuencias económicas serían terribles: 213 millones de euros al año en el valor de la producción, una reducción del margen neto de 82 millones de euros, y una pérdida patrimonial directa para los agricultores que asciende a 1.500 millones de euros por el descenso del valor de sus terrenos al pasar de riego a secano.

Júcar: Un atentado a los acuerdos históricos

En lo relativo a la cuenca del Júcar, Morcillo ha hecho una mención especial a la labor técnica de la JCRMO (Junta Central Regantes Mancha Oriental), llamando «atentado y burla» la ruptura del acuerdo político establecido en el plan de 1998; un hecho que en su día ya provocó la mayor manifestación en defensa del agua que se recuerda en Albacete. Desde la organización consideran inexplicable que un recurso renovable como el acuífero de la Mancha Oriental vea recortada su asignación desde los 398 hasta los 226 hectómetros cúbicos.

El plan recoge también una reducción en la sustitución de bombeos, que pasaría de 107,5 a 80 hectómetros cúbicos. Ha criticado duramente las declaraciones del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, quien afirmó que la región salía bien parada si el reparto se hiciese por habitantes: «Es un insulto a la inteligencia que se nos dijese eso en Albacete. ¿Dónde pone eso en la norma de planificación?», ha denunciado, recordando que la región genera 860 hectómetros cúbicos de recursos propios.

Asimismo, se exige abordar con urgencia el ámbito territorial de la demarcación, con rechazo a que se mantengan «colgadas de forma provisional» las cuentas de cuencas intracomunitarias valencianas dentro del Júcar. Morcillo ha defendido que los 630 hm³ destinados a Valencia, Sagunto, la Marina Baja o el Vinalopó, junto con la Albufera y los 163 hm³ asociados a su laguna artificial, deben ser gestionados directamente por la Comunidad Valenciana a través de alternativas como la desalinización, sin perjudicar a la cuenca cedente.

Segura: Recortes crónicos y alternativas inviables

La situación en la cuenca del Segura repite el mismo patrón de discriminación, pues mientras se busca redotar los regadíos del Levante y otorgar derechos a nuevas hectáreas en esa zona, los consumos actuales castellanomanchegos se verán reducidos: de 100,9 a apenas 33,2 hectómetros cúbicos. Este recorte provocará una caída del valor bruto de la producción de 100 millones de euros y una pérdida patrimonial estimada en 626 millones de euros, «una alternativa totalmente inviable».

Alegaciones del Gobierno regional

Ayer mismo el Gobierno de Castilla-La Mancha presentaba el centenar de aportaciones al cuarto ciclo de planificación hidrológica (2028-2033) de las siete demarcaciones hidrográficas que discurren por la región: Tajo, Segura, Júcar, Guadiana, Guadalquivir, Duero y Ebro.

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, destacaba que “ha sido un verdadero trabajo colaborativo de muchas personas y colectivos relacionados con el agua y creo que hemos conseguido realizar una buena propuesta con los asuntos más importantes para Castilla-La Mancha de cada demarcación”.

Son cerca de 200 propuestas que han realizado los 71 participantes en las mesas de trabajo sobre planificación. “Es también el reflejo del trabajo, del diálogo, del aprendizaje compartido y de la capacidad de cada persona y entidad para aportar sus conocimientos y experiencia con un objetivo común, como es mejorar la gestión y el futuro hídrico de nuestra región”, ha afirmado Mercedes Gómez.

Las propuestas se distribuyen entre las distintas cuencas hidrográficas con un enfoque común, basado en los principios recogidos en el Pacto Regional del Agua, pero adaptado a las problemáticas específicas de cada territorio. De hecho, según ha informado la consejera, la mayor parte de las propuestas se recogen en las demarcaciones del Guadiana, con 30; el Tajo, con 22; y el Júcar y Segura, con 18.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha defendido el mantenimiento de los derechos de uso del agua en el Alto Guadiana y las 4.500 concesiones vinculadas al Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG) más allá de 2027, teniendo en cuenta que todavía no se han alcanzado plenamente los objetivos ambientales y socioeconómicos de este plan impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Así lo ha asegurado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, quien, en declaraciones a los medios de comunicación previas a la reunión que hoy ha mantenido con el presidente de la Federación de Regantes del Alto Guadiana (FERGUALT), Ángel Bellón, y con una representación de las comunidades de usuarios del agua que la integran; ha recordado que el modelo de gestión del agua en el Alto Guadiana está actualmente muy condicionado por un marco normativo especialmente restrictivo, ha señalado la Junta en nota de prensa.

“Se trata de una zona con una singularidad evidente respecto a otras cuencas hidrográficas, ya que dispone de importantes masas de agua subterránea que han sido clave para el desarrollo socioeconómico del territorio y, en particular, para la agricultura de regadío”, ha manifestado Gómez, a lo que ha añadido que el Gobierno de Castilla-La Mancha quiere reivindicar con firmeza el derecho de la región “a poder utilizar el agua que genera su propio territorio, especialmente en sectores tan determinantes como el agroalimentario”.

En el caso concreto del Guadiana, se trata de una de las cuencas españolas con mayor dependencia del regadío y de mayor importancia para el conjunto de la región, ya que supone, según ha explicado la consejera, el 14% del empleo agrario de la zona y el 64% de toda la industria agroalimentaria de la Comunidad Autónoma, por lo que “no se pueden obviar los recursos hídricos que se necesitan, independientemente de la adaptación al cambio climático y la disponibilidad del recurso”, ha manifestado Mercedes Gómez.

“El Alto Guadiana no es solo agua, son personas, es empleo, es un modelo rural que funciona, que ha logrado mantener la población y la actividad económica, en parte gracias al regadío y a un tejido agroalimentario sólido”, ha apuntado la consejera.

“La extinción de las concesiones otorgadas en base a los instrumentos normativos y administrativos derivados del PEAG, especialmente para cultivos de leñoso, así como no remover los obstáculos necesarios para su renovación, es una medida claramente desequilibrada”, ha afirmado Gómez, al tiempo de reiterar la necesidad de mantener esos 700 m3 por hectárea que es una dotación mínima y que se traducen, ha dicho, “en 14,5 hectómetros cúbicos cuando se está derivando por el Acueducto Tajo-Segura un volumen anual que este año va a superar casi los 600 hectómetros cúbicos, por lo que no es nada y, por lo tanto, tenemos que ser capaces de demostrar que su impacto socioeconómico en la región es fundamental”.

Al respecto, ha asegurado que desde Castilla-La Mancha “nos proponemos que los nuevos planes hidrológicos integren de forma realista las medidas a adoptar, incorporando la evaluación de los costes socioeconómicos asociados, así como la necesidad de adaptar el marco normativo vigente”.

Defensa de la prórroga de la Directiva Marco del Agua

En esta línea, Mercedes Gómez ha recordado el compromiso del Ejecutivo autonómico para solicitar la prórroga de la actual Directiva Marco del Agua en aquellos aspectos que afectan a la gestión equilibrada del recurso y, prueba de ello, es que el Gobierno regional ha llevado esta posición a Europa, la ha defendido en el Comité Europeo de las Regiones y está participando en la revisión de la normativa donde se decide. “Defendemos la ampliación del horizonte no para no hacer nada, sino para hacer bien las cosas, para permitir una transición real, modernización del regadío, eficiencia, control de extracciones, recuperación progresiva del acuífero, mejorar el estado de las masas de agua y garantizar el futuro para el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel”, ha afirmado.

En este sentido, ha recordado que el Gobierno de Castilla-La Mancha y el propio presidente Emiliano García-Page “siguen con especial preocupación la evolución de los planes de cuenca del Tajo, Guadiana, Júcar y Segura”, considerando que el actual modelo de gestión “resulta insostenible”, por lo que es necesario “un nuevo modelo hídrico más equilibrado y sostenible, garantizando, además, una reserva hídrica estratégica para asegurar el abastecimiento y el regadío de nuestra tierra”.

En este marco, ha indicado la consejera, se está trabajando de forma rigurosa en las cuestiones relacionadas con el proceso de planificación del cuarto ciclo 2028-2033, garantizando que todas las alegaciones y preocupaciones de los sectores vinculados al agua se integren en una propuesta conjunta. Por ello, después de la celebración de las mesas de trabajo en las cinco provincias, se va a convocar el Consejo Regional del Agua para estudiar dicha propuesta de alegaciones.

Mercedes Gómez ha manifestado también que el Gobierno regional continuará trabajando de forma coordinada con todos los sectores implicados “para asegurar un futuro sostenible para el Alto Guadiana, compatibilizando el desarrollo económico y social con la protección de un recurso estratégico como es el agua”.

Los regantes piden un frente común

Por su lado, Bellón, que representa a ocho comunidades de regantes del Alto Guadiana, ha puesto encima de la mesa que en este cuarto ciclo de planificación conlleva “una reducción de dotaciones, una extinción de derechos”, en el periodo 2028-2033 y eso se traduce “en una miseria y pobreza para todo el Alto Guadiana”.

Ha apelado a encontrar “todos los apoyos posibles” para presentar un documento final de alegaciones, y ha pedido con “mucha neutralidad”, al Gobierno de Castilla-La Mancha, a PP, PSOE y Vox que tienen que formar un frente común al respecto, con una comisión para establecer una posición de acuerdo.

Asimimiso, Bellón ha señalado que “son miles y miles de familias que viven de la agricultura, ganadería, de las industria”, y que “por falta de dotación de agua se tienen que ir a otras provincias o se tienen que ir a otras comunidades autónomas”.

La Federación de Regantes del Alto Guadiana está integrada por ocho Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas, todas ellas declaradas en riesgo: Campo de Calatrava, Lillo-Quintanar, Consuegra-Villacañas, Rus-Valdelobos, Sierra de Altomira, Campo de Montiel, Masa Mancha Occidental I y Masa Mancha Occidental II. En total, aglutinan más de 50.000 aprovechamientos y usuarios de todos los usos, siendo el primordial el agrario, con una superficie de regadío de 300.000 hectáreas y en un ámbito geográfico de 15.500 kilómetros cuadrados.

Los regantes del Alto Guadiana han advertido de un escenario “crítico” e “insostenible” ante los cambios previstos en la gestión hídrica que planea el Ministerio para la Transición Ecológica y la Confederación Hidrográfica del Guadiana, y han reclamado, como respuesta inmediata, la convocatoria urgente de una Mesa Regional del Regadío en el Alto Guadiana que permita abordar la situación con diálogo y capacidad real de decisión.

Así lo ha trasladado, en rueda de prensa, el presidente de la Federación de Regantes del Alto Guadiana (Fergualt), Ángel Bellón, quien ha alertado de que el nuevo ciclo de planificación hidrológica 2028-2033 abre la puerta a una reducción de dotaciones y a la revisión, e incluso extinción, de derechos de uso de agua. Un planteamiento que, según ha señalado, pone en riesgo la viabilidad económica y social del territorio.

Por ello, el sector ha situado como principal prioridad la creación de un órgano específico de regadío en el Alto Guadiana, en el que estén representadas la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de las consejerías de Desarrollo Sostenible y Agricultura, el Ministerio para la Transición Ecológica, la Confederación Hidrográfica del Guadiana, comunidades de usuarios, organizaciones agrarias, cooperativas y ayuntamientos afectados.

“Somos miles de familias que vivimos del agua y necesitamos respuestas inmediatas”, ha defendido Bellón.

El presidente de Fergualt ha advertido de que las medidas que se plantean suponen una disminución progresiva de derechos y dotaciones que podría derivar en una “ruina” para entre el 70% y el 80% de la población vinculada al campo, afectando ya no solo a usos agrarios, sino también industriales y de abastecimiento.

En este sentido, ha insistido en que la sostenibilidad debe compatibilizarse con la continuidad de la actividad agraria y el empleo en el medio rural.

La federación considera que la convocatoria de esta Mesa Regional del Regadío en el Alto Guadiana es esencial para evitar decisiones unilaterales y construir un modelo de gestión consensuado.

El objetivo es que este espacio tenga capacidad real de decisión y sirva para definir las medidas del próximo ciclo hidrológico con la participación directa de los afectados.

Entre las propuestas que quieren abordar en ese foro figuran la recarga gestionada de acuíferos, el uso de aguas regeneradas, la recuperación de bancos de agua o la ejecución de infraestructuras que permitan aprovechar mejor los recursos disponibles.

Bellón también ha planteado la necesidad de estudiar aportes externos al Alto Guadiana mediante conexiones de bajo coste dentro de la propia cuenca o con cuencas colindantes, tras denunciar que en episodios recientes se han perdido importantes volúmenes de agua de embalses de la zona sin ser aprovechados.

Miles de expedientes pendientes

Otro de los motivos que, según Fergualt, refuerza la urgencia de convocar esta mesa es la situación de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Bellón ha denunciado un colapso administrativo con alrededor de 4.800 expedientes sin resolver, lo que genera inseguridad jurídica entre los regantes.

La organización ha reclamado una actuación inmediata para desbloquear estos procedimientos y ha insistido en la necesidad de reforzar el control sobre las extracciones ilegales, evitando que quienes cumplen la normativa se vean perjudicados.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha ha calificado de desafortunada y profundamente provocadora la segunda visita a la región de la directora general del Agua, en el marco de la II Jornada Técnico-Jurídica organizada por la Confederación Hidrográfica del Guadiana en Ciudad Real bajo el título ‘Consideraciones sobre el derecho al uso privativo de las aguas subterráneas’.

«Resulta inaceptable que se traslade públicamente la idea de que el Ministerio abra la puerta a revisar y extinguir derechos de agua en el Alto Guadiana. Este no es el camino», ha señalado con contundencia el secretario general de la organización a través de un comunicado, tras escuchar las palabras de la directora general en las que el Ministerio abre la puerta a revisar y extinguir derechos de agua en el Alto Guadiana.

Según Morcillo, en Castilla-La Mancha existía una fórmula de consenso que alcanzó su máxima expresión en el Plan Especial del Alto Guadiana, PEAG, y el Consorcio. Allí trabajaron de la mano el Gobierno de España y el Gobierno regional. Se plantearon actuaciones estructurales como la Tubería Manchega, la compra de derechos legalmente inscritos en el Registro de Aguas y la regularización de explotaciones de leñosos. «Un modelo basado en el diálogo, la participación y la corresponsabilidad institucional“.

«Desde UPA exigimos al Ministerio y al Gobierno de España que reconduzcan su posición con Castilla-La Mancha y que abandonen cualquier planteamiento que suponga la revisión o extinción masiva de derechos en el Alto Guadiana»,, ha señalado Morcillo. Es fundamental que el PEAG siga vigente y que se dote económicamente conforme a los compromisos públicos asumidos, entre ellos el anuncio público en Alcázar de San Juan realizado por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, de destinar 250 millones de euros al desarrollo del plan.

La organización, especialmente activa en aquel proceso, advierte de que no va a aceptar que ahora se pretenda sustituir el consenso social y político por construcciones jurídico-administrativas orientadas a justificar decisiones ya redactadas y escenificadas en la jornada de Ciudad Real.

Sin embargo, este planteamiento del Ministerio no es nuevo. En la jornada virtual celebrada en 2021, el presidente de la Confederación Hidrográfica, Samuel Moraleda, ya advertía que el cambio climático era un desafío ya que esperaba una reducción de las precipitaciones del 13% y eso implicaba menos agua para regar si no hay para abastecimiento humano y para mantener los caudales ecológicos en la cuenca, tanto en superficie como bajo tierra.

En esta misma jornada del 2021, el jefe de la Oficina de Planificación de la Confederación Hidrográfica, José Ángel Rodríguez, señalaba que “no queda margen para la demanda agraria de origen superficial”, para advertir también que “no hay más agua para concesiones de riego” que las indicadas en el plan. De hecho, decía, “el problema real es que no va a haber agua” y a eso se tienen que ir haciendo a la idea no solo en el Alto Guadiana sino en toda la cuenca del río.

Más de la mitad del regadío de la región

En el comunicado, UPA también recuerda que el Alto Guadiana concentra más de la mitad del regadío de la región, con lo que supone a nivel social y económico. De él depende una parte sustancial de la economía regional, no solo del sector agrario, sino también de la agroindustria, el empleo y la fijación de población en el medio rural.

Plantear en una jornada jurídica la posible extinción de derechos consolidados constituye «una provocación innecesaria y una amenaza directa a la estabilidad socioeconómica del territorio». Más aún cuando en otras cuencas hidrográficas se habla de garantizar derechos mediante desalinización o trasvases. «Es una doble vara de medir que no podemos aceptar».

Como ya ha denunciado en otras ocasiones, UPA incide en la situación de bloqueo administrativo que arrastran numerosos expedientes en la Confederación. «Demostrando ser una inútil en la gestión administrativa, con agricultores que llevan más de cuatro años esperando una resolución. En casos la respuesta que reciben es que deben esperar dos o tres años más».

Julián Morcillo denunció en el mes de diciembre lo preocupante de que la Administración General del Estado haya llegado a plantear, en el borrador de esquemas importantes, la posibilidad de retirar ayudas de la PAC a un agricultor por el mero hecho de abrirle un expediente sancionador; sin esperar a su resolución firme. “Eso vulnera principios básicos de seguridad jurídica”, denuncian.

En relación con la regularización de los expedientes de los pozos de 7.000, UPA recuerda que fueron regularizados mediante la compra de derechos legales inscritos en el Registro de Aguas; derechos que tienen la misma validez jurídica que cualquier otro título concesional, señala.

“Lo que hace falta no es una ofensiva jurídica contra los regantes, sino un pacto social e institucional. Este no es el camino. El camino es el diálogo, el consenso y el respeto a los derechos legalmente reconocidos», concluyen desde UPA.

La situación del río Bañuelos a su paso por Malagón, en Ciudad Real, ha alcanzado su máximo durante la mañana de este domingo, ocasionando daños en los términos municipales de Malagón y Fernán Caballero, según ha informado la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

Varias estaciones de aforo de la provincia están en aviso rojo debido al notable incremento de los caudales, lo que implica peligro extremo con probabilidad de inundaciones en zonas habitadas y posibles cortes en vías de comunicación. De hecho, la pasada madrugada, a las 01:56 se produjo el corte de la CM-4114 en Malagón, por inundaciones, según ha informado el Servicio 112 Castilla-La Mancha.

Estaciones en nivel rojo y riesgo de inundación El organismo de cuenca ha activado el aviso hidrológico rojo, que implica situaciones de peligrosidad extrema con probabilidad de inundaciones en zonas habitadas y posibles cortes en vías de comunicación. Las estaciones que han superado este umbral en Castilla-La Mancha se localizan en:

Además del río Bañuelos, hay riesgo en el río Bullaque. Ayer mismo el Gobierno de Castilla-La Mancha envió un mensaje Es-Alert a la ciudadanía aguas abajo y también en la zona de confluencia con el Guadiana al comenzar a aliviar agua la presa de Torre Abraham, en Retuerta del Bullaque.

También hay aviso rojo en el río Becea, en Fernán Caballero (aguas abajo de la presa de Gasset), en el río Guadiana a su paso por Puebla de Don Rodrigo y en el río Guadalmez.

En cuanto a los embalses, re están realizando maniobras de alivio y desembalse en el Azud de Malagón (Río Bañuelos) que se encuentra en situación de aliviadero natural y derivación de caudal hacia el embalse de Gasset mediante canal.

En la presa de Gasset (Río Becea) se mantiene la apertura parcial de sus compuertas. En el embalse del Vicario (Río Guadiana) se mantienen abiertos los desagües de fondo y parcialmente las compuertas del aliviadero.

La Confederación ha informado que la situación de estos embalses está bajo control gracias a las maniobras preventivas realizadas para laminar las avenidas y minimizar el impacto en los cauces.

Las autoridades recomiendan extremar las precauciones y recuerdan que se puede realizar un seguimiento en tiempo real de los niveles a través del Sistema SIRA Guadiana y sus canales oficiales en redes sociales. La CHG mantiene una coordinación estrecha con las administraciones competentes para la toma de decisiones ante la evolución de la situación. Castilla-La Mancha tiene activado el Plan de Riesgo de Inundaciones (PRICAM) en toda la comunidad autónoma, en situación operativa de nivel 1.

La Confederación Hidrográfica del Guadiana ha actualizado este viernes la información hidrológica en la cuenca de este río sobre la situación de las estaciones de aforo en los cauces de ríos y arroyos y también sobre la situación de las presas.

En lo que se refiere a la parte de la cuenca situada en Castilla-La Mancha hay aviso rojo en dos puntos del río Bullaque, en las poblaciones de Retuerta del Bullaque y en Luciana. Además, el aviso hidrológico rojo también está activado en el río Becea, a su paso por Fernán Caballero.

Después el organismo de cuenca detalla el aviso rojo para el Guadiana en La Puebla de Don Rodrigo.

Hay que recordar que el aviso rojo se refiere a situaciones hidrológicas muy peligrosas con probable inundación de zonas habitadas y cortes de vías de comunicación importantes siendo recomendable reforzar las medidas de protección y los bienes expuestos.

La situación de las presas

Además, hay varias presas aliviando agua. En concreto, en el azud de Malagón en el cauce del río Bañuelo se está produciendo aliviado natural y derivación a la presa de Gasset a través del canal que comunica ambas infraestructuras.

En la presa de Gasset, ubicada en el río Becea, se han abierto las compuertas de forma parcial.

La Confederación Hidrográfica informa además de que la presa del Vicario, en el río Guadiana, realizará una apertura parcial de los desagües de fondo. Además, es “previsible” que esta noche o mañana comience a aliviar la presa de Torre de Abraham.

Las distintas maniobras que se vienen ejecutando en estas presas —como la apertura de desagües de fondo y la derivación de caudales entre presas interconectadas— permiten laminar las avenidas que puedan producirse con posterioridad.

Dichas actuaciones se realizan “de forma preventiva y controlada”, señala el organismo de cuenca, lo que contribuye a “minimizar” los efectos sobre los distintos cauces.

La activación de un aviso por desembalses significativos implica la notificación inmediata a las autoridades de Protección Civil para la adopción de las medidas oportunas.

Los Ojos del Guadiana son, en teoría, el nacimiento de unos de los ríos más importantes de la Península. Pero la visita no puede ser más decepcionante. Donde debería aflorar el agua por el enorme acuífero del subsuelo de La Mancha, hay un pívot para regar alfalfa y un enorme cartel junto a la carretera que advierte: “Propiedad 100% de SAT Evangelista. Propiedad particular. Prohibido el paso”. 

El cartel es una demostración de fuerza, un signo detrás del cual se esconde una lucha de décadas. Porque los Ojos llevan décadas okupados y la Confederación Hidrográfica del Guadiana, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, ha pasado más de 30 años –con desigual interés– pleiteando por recuperarlos. Ahora, una sentencia de julio de 2025 da la razón al Estado y supone el penúltimo escalón para recuperarlo. El presidente de la Confederación, Samuel Moraleda, está deseando que salga el último recurso y ejecutarla. Le duele cada vez que desde la carretera ve ese enorme pívot de regadío. Porque la okupación no se da en un lugar remoto, sino junto a una carretera nacional, a la vista de todo el mundo.

Manuel, El Lele, vende los mejores melones del mundo. O eso dice la publicidad del enorme cartel junto a su puesto. Este agricultor de 64 años tiene sus tierras junto a los Ojos. “Ese es el Ojo de la Señora”, explica señalando el cartel y las tierras que hay frente a su puesto de melones. Habla en presente aunque no se ve nada de agua donde señala. Pero es que para El Lele, “el río es río aunque esté seco. Aunque no lleve agua, eso sigue siendo suyo”.

Esa no es solo la lógica del campo sino que la sigue la legislación en España desde Alfonso X, cuando declaró que las costas y las riberas de los ríos son bienes comunales. Desde hace décadas se llama Dominio Público Hidráulico, y son bienes que de ninguna manera pueden pasar a ser privados.

La lucha del Estado

Eso explica que el Estado lleve años de pelea por los Ojos del Guadiana y el cauce posterior hasta Las Tablas de Daimiel. Desde el siglo XIX el hombre ha intervenido en la zona, un enorme humedal. Pero fue en 1956, con la ley de desecación de los ríos Guadiana, Cigüela, Záncara, cuando los trabajos fueron concienzudos. Entonces, los humedales eran considerados una fuente de paludismo y de retraso económico porque impedían la agricultura. Años de implantar regadío dieron el resultado previsto a mitad de los 80, cuando los Ojos se secaron por primera vez. El Guadiana cierra sus ojos, se dijo poéticamente del drama ambiental que suponía.

Que no hubiera agua terminó de fomentar la colonización del terreno, fuera para explotar la turba del subsuelo o para regar con los pívots que jalonan la comarca gracias a los bombeos desde el subsuelo. Y, a su vez, comenzó una batalla judicial y social. En los tribunales, el Estado pleiteó para mantener, al menos sobre el papel, su propiedad. En la social, los ecologistas se enfrentaron con pocas armas a los numerosos agricultores que viven del agua del entonces llamado acuífero 23, la enorme masa de agua que encharcaba toda la zona.

En 1994, el Tribunal Supremo validó el deslinde sobre los Ojos del Guadiana, el trámite que establece sobre el plano qué parte es pública, hasta donde alcanza el agua de forma natural, y qué parte es privada. El Alto Tribunal decretó que los ojos del Guadiana “tanto si era río, como si era laguna, como si constituía zona mixta de río y laguna, la conclusión es siempre la misma, a saber: que el cauce o lecho es siempre de dominio público, pues los ríos y las lagunas lo son”.

Esa sentencia parecía que iba a ser definitiva. Pero aplicar ese deslinde es especialmente conflictivo al chocar muchos intereses económicos en juego. En 2012, tras varios años húmedos, los ojos volvieron a encharcarse. El acuífero subió de nivel y, como 30 años antes, el agua afloró desde el subsuelo. Para alguien que no conociera la zona solo eran charcas. Pero fue muy simbólico. Significaba que el Guadiana era rescatable. Como ese enfermo que sale del coma en el que lleva años. 

También lo supo el agricultor que tiene el terreno inscrito. Dos años después, se cansó de la visita de curiosos que iban a contemplar el fenómeno y, con una azada, destrozó la laguna natural creada eliminando todo rastro de agua y del humedal. La Guardia Civil precintó la zona para intentar protegerla para sorpresa de toda la mancomunidad de vecinos, que veían que un bien natural incalculable había sido destrozado por un vecino para cultivar alfalfa. Eso movilizó de nuevo la posibilidad de rescatar el acuífero y el Estado retomó el deslinde 2016. 

Entonces, la Confederación colocó los mojones que delimitan la zona pública y privada. Son 195 pequeños hitos de cemento que van recorriendo el perímetro de los Ojos. El Lele los conoce bien. Saca un mapa del deslinde y una lupa para ir siguiendo el recorrido. Asegura que él insistió a la confederación para que acometiera el amojonamiento: “Eso es de dominio público. Siempre lo fue. Lo que pasa es que hay mucho listo en esta vida”.

Ahí comenzó otro proceso judicial que rememora el presidente de la Confederación. “A partir de ese momento instamos a la propiedad a que desmantele estas instalaciones hidráulicas de regadío”. El 19 de abril de 2016, el registro de la propiedad inmatriculó las fincas a favor del Estado y exactamente seis meses después la Confederación dio 30 días a la empresa agrícola para que desmantelara el pívot de regadío. Esta recurrió a la justicia alegando que tenía las fincas inscritas en el registro de la propiedad legalmente antes de que el Estado las deslindara. En 2022 el juez de primera instancia dio la razón al Estado.

La SAT Evangelista, que no ha querido hacer comentarios para esta información, recurrió entonces a la Audiencia Provincial, que el pasado julio, avaló toda la sentencia de primera instancia. El tribunal concluye que “si la zona deslindada de los Ojos del Guadiana que ha afectado de lleno a las fincas registrales propiedad de la parte actora siempre han sido dominio público, cualquier acto de adquisición y/o enajenación de las mismas (aunque se haya inscrito en el Registro de la Propiedad) resulta inoponible” a la ley de Aguas, que declara “dominio público hidráulico del Estado los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas”. Moraleda lo celebra: “Estos derechos de propiedad y el tráfico jurídico no tiene que ver con el Dominio Público Hidráulico, que está determinado por ley”.

Los propietarios que tienen inscritos los terrenos son correosos. Se juegan mucho. En 2020 la justicia anuló el deslinde aguas abajo de este, el que lleva desde los Ojos hasta las Tablas de Daimiel, y la abogacía del Estado no lo recurrió. Escarmentada con pasados anuncios en balde, la Confederación recibió con júbilo la sentencia de 2025 sobre los Ojos, pero guardó silencio público. Espera ahora la última decisión del Supremo, pero, con todos los precedentes a su favor, confía en que, más pronto que tarde, ahora sí, volverán a manos públicas. “Desde luego ir a la carretera de Madrid por Madrid y ver a la izquierda el famoso pívot en un espacio que es de dominio público, pues a nosotros nos molesta y por eso nos hemos movido. Y bueno, ya es cuestión de tiempo que recuperemos ese terreno que, como digo, siempre ha sido de Dominio Público Hidráulico”, concluye.

Si eso ocurre será un hito, pero uno administrativo. La recuperación en el Alto Guadiana estará solo lograda sobre el papel. Porque el acuífero, tras la recuperación de 2012, no ha hecho más que perder agua por la agricultura intensiva. “Llevamos 11 años consecutivos con descensos piezométricos importantes”, señala Moraleda, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

La voz de los expertos

Miguel Mejías, del departamento de Aguas y Cambio Global del Centro Nacional, en el IGME-CSIC, estudia periódicamente el que tradicionalmente se llamaba acuífero 23 y que ahora está considerado como tres masas de agua diferenciadas. Él pone datos al drástico vaciado por la sobreexplotación para el regadío. “En los ojos del Guadiana la profundidad para que vuelva a salir el agua estaríamos a unos 13 metros. Ahora mismo hay un vaciado de volumen de agua almacenado del acuífero desde 1980 hasta 2025, en la actualidad son 2.145 hectómetros cúbicos. Desde 1980, que es el año de referencia, a 2025, las tres masas centrales han bajado 18,27 metros”.

Alberto Celis, secretario de la Asociación Ojos del Guadiana Vivos, cree que nada se arreglará hasta que no se actúe aguas arriba. “Los bombeos para la agricultura intensiva en Manzanares, Cinco Casas o en Llanos del Caudillo han cortocircuitado el sistema del río”. Si la Confederación recupera efectivamente el dominio público hidráulico, si en algún momento vuelve un ciclo húmedo y el agua vuelve a aflorar, al menos no se encontrará un pívot de regadío.

Contundente se ha expresado el secretario general de UPA (Unión de Peqieños Agricultores y Ganaderos) Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, en rueda de prensa al explicar la “tremenda preocupación” ante el nuevo ciclo de planificación hidrológica 2028-2033, cuya tramitación se ha iniciado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico tras publicarse en el BOE del 28 de noviembre el periodo de consulta pública de los Esquemas Provisionales de Temas Importantes de las principales demarcaciones hidrográficas que afectan a la región. “Un ataque sin precedentes al regadío castellanomanchego”, ha señalado.

Ante esta situación que califica de “ataque directo y sin precedentes a regantes y agricultores”, UPA ha solicitado una reunión urgente con la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, responsable de las competencias en materia de agua, para conocer la posición del Gobierno regional y trasladarle la preocupación del sector, según ha adelantado la organización en un comunicado.

Se ha alertado de que en todas las cuencas presentan reducciones de dotaciones de riego, reducciones de superficie regable, extinción de derechos de riego, reconversión forzosa hacia secanos.

Morcillo recuerda que el 80 % del regadío regional depende de aguas subterráneas, y la mayor parte de los acuíferos están catalogados en “mal estado cuantitativo o cualitativo”, lo que convierte estas medidas en un escenario crítico y potencialmente irreversible para el tejido productivo.

Demarcación hidrográfica del Guadiana

Según señala Upa, el documento plantea tres alternativas, pero tanto la Dirección General del Agua, como la Confederación Hidrográfica del Guadiana se posicionan por la Alternativa 1, caracterizada por:

Preocupan sobremanera las concesiones regularizadas a través del Plan Especial del Alto Guadiana, PEAG. UPA exige una aclaración inmediata sobre la referencia a la extinción de concesiones al finalizar sus plazos, lo que afecta directamente a los expedientes de leñosos regularizados mediante el PEAG, sustentados en derechos adquiridos. “Consideramos inaceptable que estos títulos concesionales puedan recibir un trato distinto al de cualquier otra concesión en vigor”, señalan.

La propuesta de aumentar recursos humanos para, “en particular para agilizar extinciones de concesiones” es, en palabras de la organización, “un insulto” para agricultores que llevan más de una década esperando respuesta de una administración incompetente. Solo este punto sería suficiente para pedir la dimisión del responsable de planificación, señala la organización agraria.

UPA se pregunta dónde queda el compromiso pendiente de resolver la situación de las explotaciones prioritarias en Alto Guadiana.

Demarcación Hidrográfica del Segura

En lo que respecta al Segura y según dice UPA, la Confederación ha planteado como estrategia de futuro la reducción de las extracciones de aguas subterráneas, priorizando por otras fuentes como desalinización, allí donde esta alternativa sea viable, evidentemente al sudeste de Albacete se le considera “zona sin alternativa viable”.

Lo que plantea para el sudeste de Albacete es una reducción drástica de extracciones. De los 86,8 hm3 de concesión anual a los ocho acuíferos de la provincia, plantea reducir las extracciones a 30,9 hm³. Un recorte del 64,4 %, equivalente a dos tercios del riego actual. “Esto significa el paso masivo al secano en municipios como Tobarra, Ontur, Albatana, Fuente Álamo o Montealegre del Castillo. Así de claro”, ha denunciado Morcillo.

Los documentos cuantifican tremendas pérdidas en la demarcación de 277 millones euros al año de costes socioeconómico, y con unas pérdidas del valor de producción agraria de 101 millones euros año en el conjunto de la demarcación. La propia Confederación reconoce que esta alternativa generaría “una elevada contestación social”, prueba más que suficiente de su propio planteamiento, advierte la organización agraria.

Si avanzamos en las propuestas, también plantea la incorporación de recursos externos con medidas como más capacidad de desalinización: hasta 150 hm³ adicionales, el refuerzo de conexiones hidráulicas para abastecimiento a los núcleos de población del sudeste de Albacete y Altiplano, o aportaciones del trasvase Júcar-Vinalopó a algunos acuíferos.

Julián Morcillo ha advertido de la gravedad del escenario, “es imprescindible avanzar en una unidad de acción de los regantes de la cabecera del Segura, proponiendo pasos hacia una estructura tipo Junta Central de Usuarios. De otra manera, los regantes y usuarios se quedarán sin voz”; sin una organización en la cabecera del Segura

Demarcación hidrográfica del Júcar

Las aprecicaciones de Morcillo sobre la planificación para el Segura no es mejor que las anteriore. “Directamente consideramos el documento desequilibrado”, con el 71 % de la superficie de la cuenca en Castilla-La Mancha, el plan sigue aumentando transferencias hacia aguas abajo (Albufera, Vinalopó, áreas urbanas de Valencia y Sagunto). “Para los regantes castellanomanchegos, sólo se plantean recortes adicionales de dotaciones”, señala.  

UPA ha solicitado también una reunión con la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO) para coordinar una posición conjunta en defensa de los intereses de la región porque entendemos que es más necesario que nunca ante estos nuevos planteamientos.

Exigencias de UPA

Por todos estos plantemientos, la organización agraria considera “imprescindible” que el Gobierno regional adopte una posición clara y firme en defensa del regadío en el nuevo proceso de planificación 2028-2033. “Es clave revisar el planteamiento general, rechazamos los recortes indiscriminados de superficies y dotaciones”, y se debe reconocer la singularidad socioeconómica del regadío regional, que sustenta miles de empleos y fija población en zonas rurales.

También creen que es necesario considerar la justificación de la exención de objetivos medioambientales de las masas de agua bajo el art 4.5. de la Directiva Marco del Agua, apostando por un horizonte de cumplimiento más allá del 2027. Esta justificación estaría basada en el impacto socioeconómico y el coste desproporcionado de las medidas que serían necesarias para conseguir la recuperación de las masas de agua en mal estado.

El próximo octubre es la fecha fijada finalmente para el inicio de las tareas de dragado del río Guadiana a su paso por Badajoz en el objetivo de acabar con el nenúfar mexicano, una actuación que la asociación Ecologistas Extremadura rechaza a tenor de la incidencia que representará para la fauna y flora de este entorno “protegido”.

El integrante de Ecologistas Extremadura Arturo López Gallego ha declarado a EFE que esta actuación para acabar con la planta invasora representa “matar moscas a cañonazos”, ya que otros proyectos de este tipo en el planeta se han realizado de “forma manual y ordenada”, lo que demuestra que “se puede trabajar de una manera sostenible y respetando el río”.

En su opinión, el dragado del Guadiana podría evidenciar “una intención de hacer navegable el río” a su paso por Badajoz, cuestión de la que se habla “desde hace tiempo”, por lo que esa actuación “es una excusa” con esa intención. Una estrategia, a su juicio, que incidiría “en una zona de especial protección para las aves” o en la vegetación existente.

El biólogo ha afirmado que “solo hay que darse un paseo por el río para comprobar la vida existente, recurso con el que no cuentan otras ciudades de España”.

La actuación afectará a toda la fauna y flora del entorno, ha dicho, pues el fondo del río “es la base de toda la vegetación, invertebrados, peces o el gran número de aves existentes”, entre otros. Según este experto, “los lodos a los que se alude de forma despectiva son los limos de los que se beneficia todo el ecosistema” de la zona.

Por todo ello, la asociación ha abogado por la utilización de cuadrillas de operarios desde invierno, momento en el que la planta pierde su actividad y las hojas, hasta primavera para llevar a cabo las labores precisas para impedir el crecimiento de la planta, acompañados de la maquinaria anfibia “de la que se dispone, pero la cual sin embargo se ha utilizado poco”.

López Gallego ha explicado que la asociación lleva alertando “desde hace bastante tiempo” a administraciones y ciudadanía de los efectos que tendrán estas tareas de dragado en el río Guadiana.

Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), Junta de Extremadura y Ayuntamiento de Badajoz firmaron meses atrás el convenio preciso para optar a los fondos europeos necesarios para acometer este proyecto.

La Asociación de Industrias Vitivinícolas Europeas (AIVE) ha solicitado por escrito a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), encuadrado en el Ministerio de Hacienda, que les remita la información pública sobre el importe total recaudado por sanciones impuestas por la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) desde 1987. Esta es la fecha en la que se declaró al Acuífero 23 - que abarca las provincias de Ciudad Real, Cuenca y Albacete- como sobreexplotado y que se refieran a infracciones relacionadas con el uso indebido del agua y prácticas de riego.

También solicita al órgano de control interno del sector público estatal y el centro directivo y gestor de la contabilidad pública el desglose anual de las cantidades recaudadas, especificando, en la medida de lo posible, el tipo de infracción o procedimiento sancionador.

En su solicitud también quieren saber cuál fue el destino específico de los fondos recaudados por estas sanciones, y si han sido ingresados en el Tesoro Público, incorporados al presupuesto general o destinados a actuaciones concretas --infraestructuras hidráulicas, vigilancia, restauración del dominio público hidráulico, entre otras.

Entre las peticiones también están la trazabilidad presupuestaria que permita conocer en qué programas o actuaciones se ha invertido el importe recaudado y la referencia de las normas o instrucciones internas que regulan el destino de estos fondos.

La Asociación de Industrias Vitivinícolas Europeas ha solicitado también esta información directamente a la CHG y al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Un escrito al presidente de Castilla-La Mancha

También mediante otro escrito, la asociación se ha dirigido al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, solicitándole que la Junta de Comunidades, en el ejercicio de las funciones de impulso y control político correspondiente, se dirija tanto a IGAE, como al miniserio y a la propia confederación hidrográfica requiriéndoles oficialmente la misma información solicitada por la Asociación de Industrias Vitivinícolas Europeas.

Desde AIVE recuerdan que García-Page anunció recientemente la posibilidad de llevar a las confederaciones hidrográficas ante los tribunales por “negligencias en la gestión”, coincidiendo su malestar institucional con las quejas y demandas de la Asociación de Industrias Vitivinícolas Europeas.

La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) ha confirmado, a preguntas de elDiario.es Castilla-La Mancha, haber recibido la solicitud de información a través del Portal de Transparencia del organismo. “Se tramitará tan pronto como sea posible”, aseguran.

La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) remitirá un escrito al Ayuntamiento de Ciudad Real advirtiéndole de que “el vertido de sustancias peligrosas a través de su estación depuradora de aguas residuales (EDAR) no está autorizado”.

Además, se comunicará en el mismo documento que en caso de existir este tipo de residuos “deben informar sobre la existencia de vertidos de dichas sustancias a los colectores de saneamiento”.

Y es que, añade, “la autorización de vertido urbano del Ayuntamiento de Ciudad Real, al igual que el resto de vertidos urbanos de la cuenca, no tiene incluido en su autorización la posibilidad de verter biocidas; es decir, no incluye entre los Valores Límite de Emisión (VLE) autorizados un valor para biocidas, por lo que la detección de un biocida constituiría un incumplimiento de la autorización de vertido”.

Así lo ha explicado el organismo de cuenca a elDiario.es Castilla-La Mancha después de que el Grupo Municipal Vox en esta ciudad denunciase, junto a su brazo sindical, Solidaridad, el pasado mes de mayo, el “uso opaco y temerario de productos químicos peligrosos para el control de plagas, sin garantías mínimas para la salud pública ni para los trabajadores implicados”.

Una denuncia que se producía apenas dos meses después de que el alcalde Francisco Cañizares decidiese retirar las competencias de gobierno a los concejales de Vox, partido con el que mantenía un pacto de Gobierno que automáticamente quedó roto.

Tras quedar relegado del Gobierno local, el partido ultra, y el sindicato Solidaridad, aseguraron que se estarían produciendo, presuntamente, “vertidos de biocidas altamente tóxicos directamente al agua”, a pesar de ser “una práctica expresamente prohibida” porque puede provocar “contaminación ambiental irreversible y un riesgo evidente para la fauna, los vecinos y el ecosistema del río Guadiana”. A ello se suma, añadía este sindicato en un comunicado, “el uso inadecuado de pulverizadores para tratar cucarachas, una técnica desaconsejada por el propio Ministerio de Sanidad por su capacidad contaminante”.

Después expresaban sus “dudas” sobre la cualificación del personal aplicador. “Según la normativa, los tratamientos deben ser diseñados por un técnico de nivel 3 y ejecutados por operarios con acreditación de nivel 2”, comentan.

“El Ayuntamiento cumple con la normativa”, dice el concejal del PP

El Gobierno del PP no niega el uso de productos químicos en el control de plagas de la ciudad. En una reciente comparecencia ante los medios del concejal de Servicios a la Ciudad, Gregorio Oraá, aseguraba que el equipo de Gobierno “seguirá actuando conforme a lo establecido en la legislación actual, como ha venido haciendo hasta ahora, empleando los productos autorizados por el Ministerio de Sanidad para el control de plagas por medio de los técnicos municipales cualificados para esa tarea con los que cuenta su Concejalía, garantizando el tratamiento de plagas a los vecinos de Ciudad Real”.

Y también ha dicho que “el Ayuntamiento de Ciudad Real cumple con la normativa vigente y cuenta con los profesionales cualificados adecuados para la realización de los tratamientos”, lanzando así un “mensaje de tranquilidad” a la ciudadanía.

Lo que no ha explicado es si se están o no vertiendo este tipo de productos a los colectores de saneamiento y si se ha comunicado a la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Este medio se ha puesto en contacto con el equipo de Gobierno de Ciudad Real sin respuesta hasta la fecha.

Vox acusó al PP de “doble irresponsabilidad”. Por un lado, “la medioambiental, por contaminar” y, por otro, la “laboral, por poner en riesgo a trabajadores municipales o contratados sin formación ni medios”, sostienen.

El concejal de Servicios a la Ciudad, Gregorio Oraá, acusa al edil de Vox Ricardo Chamorro de “haberse entregado a un ecologismo absurdo haciéndole el trabajo sucio al PSOE intentando impedir el tratamiento legal contra plagas de ratas y cucarachas tal y como demandan los vecinos” y defiende “la profesionalidad de los técnicos municipales”.

Asegura también que la Sección de Limpieza del Ayuntamiento de Ciudad Real “cuenta con personal formado para aplicar estos tratamientos legalmente establecidos”.

Reclaman una investigación sobre presuntos vertidos ilegales

Vox ha exigido que el Ayuntamiento de Ciudad Real “haga público el requerimiento de la CHG y no lo esconda a los vecinos” y reclama abrir “una investigación interna inmediata para identificar a la empresa o servicio responsable” de los presuntos “vertidos ilegales” que, según aseguran, se están produciendo, aunque este extremo no ha sido confirmado por ninguna autoridad ambiental hasta la fecha. En su caso, exige “que se depuren responsabilidades políticas y técnicas por estas prácticas irregulares”.

Vox también carga contra “los sindicatos mayoritarios” para que “rompan con su silencio cómplice y expliquen públicamente por qué han mirado hacia otro lado”.

La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) ha detectado cianobacterias en el río Guadiana a su paso por Badajoz, en el entorno del azud de La Granadilla.

Según fuentes consultadas por EFE, la CHG realizará este miércoles pruebas para confirmar las tomas efectuadas el pasado julio donde se atestiguó la presencia de estas bacterias.

Las pruebas del agua recogidas este miércoles se analizarán en el laboratorio específico y los resultados de estas tomas se conocerán previsiblemente entre el martes y el miércoles de la próxima semana.

Los resultados serán trasladados a Salud Pública, que será la encargada de determinar, en función de los mismos, si se recomienda a la población el no contacto con el agua o la prohibición de actividades.

De hecho, una actividad municipal relacionada con el piragüismo programada para hoy se ha suspendido como medida de precaución.

La cianobacteria, que a diferencia de otras bacterias puede llevar a cabo la fotosíntesis, se desarrolla y extiende en todos los entornos acuáticos del planeta, incluso en la Antártida, y puede provocar distintos problemas para la salud, desde problemáticas respiratorias a gastrointestinales, entre otras muchas.

El presidente de la Asociación Salvemos el Guadiana (colectivo que lucha para que las administraciones se impliquen en la erradicación de las especies invasoras o en la lucha contra el cúmulo de basuras en el entorno del río), Juan Fernando Delgado, ha recordado por su parte que estas cianobacterias “han podido llegar al río de muchas formas, una habitual es al estar adheridas a embarcaciones”.

Tal y como ha expresado Delgado, el colectivo había recibido distintas quejas ciudadanas días atrás que “alertaban de que el agua estaba algo verde” en el entorno del azud de La Granadilla, por lo que se tenía intención de hablar con la CHG a la vuelta de las vacaciones para conocer “qué podría estar pasando”.

Una vez conocida la noticia, Salvemos el Guadiana pedirá la próxima semana una reunión con la Confederación Hidrográfica del Guadiana para poder analizar los resultados obtenidos.

La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) procederá este lunes a la apertura de las compuertas del azud de La Granadilla, en Badajoz, para realizar diversas operaciones relacionadas con las obras que lleva a cabo en este espacio, lo que provocará un descenso del caudal del agua de una manera paulatina en el entorno urbano del río.

La apertura se prolongará “durante el tiempo necesario para la realización de estos trabajos”, que también incluyen el final de las obras de la escala de peces que se construye en el azud de La Pesquera, tareas que durarán aproximadamente unos 20 días, según un comunicado de la CHG.

“Esta maniobra no tiene incidencia en el caudal circulante pero sí en el nivel del agua del tramo urbano del río Guadiana a su paso por Badajoz, que irá descendiendo lentamente”, ha explicado.

La Confederación Hidrográfica del Guadiana actúa en este azud en el marco del proyecto 'Mejora de la continuidad fluvial en el azud de La Granadilla', actuación que tiene como objetivo mejorar la continuidad fluvial del río Guadiana desde el punto de vista de la movilidad de los sedimentos y lodos acumulados en el vaso de esta dotación.

La mejora en el transporte de sedimentos contribuirá también a la disminución de la presencia de la especie exótica invasora nenúfar mexicano aguas arriba del obstáculo.

Adicionalmente, esta actuación garantizará la continuidad del servicio del colector general de aguas residuales de la Margen Izquierda de Badajoz, que está alojado en el interior del azud de La Granadilla y que permite su paso desde esta margen hasta la derecha, donde se ubica la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Badajoz.

Esta actuación se desarrolla en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para la ejecución de los fondos 'Next Generation EU'.

Dos agentes medioambientales de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) y sus familias han recibido amenazas de muerte en Tomelloso (Ciudad Real), según ha dado a conocer el organismo de cuenca que ha condenado “enérgicamente” lo ocurrido.

No se desvelan las circunstancias de los hechos, aunque la confederación apunta que “la situación de emergencia en la que se encuentran sus acuíferos debido a la sobreexplotación de los mismos exige seguir trabajando con firmeza en la localización y sanción de todas las extracciones ilegales de agua con el fin de lograr su recuperación”.

Es un “hecho inaceptable”, asegura la confederación hidrográfica, “que atenta contra quienes trabajan por la protección del dominio público hidráulico”. Ha trasladado su apoyo a los afectados y ha dado a conocer además que adoptará las “medidas legales necesarias ante cualquier acto de violencia o intimidación contra su personal”, sin detallar si se presentará o no una denuncia ante instancias judiciales. Este medio sí ha podido confirmar que la Guardia Civil investiga lo ocurrido.

El trabajo de los agentes medioambientales, resalta el organismo público, permite “garantizar la sostenibilidad de un bien común que nos pertenece a todos” y además ha reafirmado “su compromiso con la defensa del agua en el Alto Guadiana, un recurso esencial para el desarrollo social, económico y ambiental de esta zona.

La Confederación Hidrográfica del Guadiana ha acordado levantar las restricciones y modificar al alza los regímenes anuales de extracciones de las masas de agua subterránea Lillo-Quintanar, Consuegra-Villacañas y Campo de Montiel debido a la evolución y previsiones favorables de la UTE 03-Gigüela-Záncara. Con esta decisión, se restablecen las dotaciones correspondientes al 2019 que es de 1.500 m3 /ha (metros cúbicos/hectárea) para cultivos leñosos y de 2.200 m3/ha para cultivos herbáceos.

Como recuerda la Confederación en un comunicado, en la Junta de Gobierno de diciembre pasado se adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar el Régimen Extracciones para el año 2025 de la Masas de Agua Subterránea declaradas en riesgo. En el caso de las masas de Lillo Quintanar y Consuegra-Villacañas las dotaciones máximas aprobadas para 2025 suponían una restricción adicional respecto a los volúmenes máximos a utilizar durante la campaña de 2019, pues se limitaban a 1400 m3 /ha para cultivos leñosos y 2100 m3 /ha para cultivos herbáceos. Estas reducciones estaban motivadas por la tendencia piezométrica decreciente y el escenario de alerta en que se encontraba la Unidad Territorial de Escasez Gigüela-Záncara (UTE 03), que territorialmente se corresponde con las mencionadas masas de agua.

No obstante, dicho acuerdo contemplaba la posibilidad de levantar las restricciones establecidas para las dotaciones de 2025 en caso de que la UTE 03 Gigüela Záncara pasase de situación de alerta a prealerta. Dado que los últimos Informes de Situación de Sequía y Escasez elaborados por la Confederación Hidrográfica, y en particular el correspondiente al 1 de mayo de 2025, reflejan una evolución piezométrica favorable en dicha unidad territorial —cuyo indicador ha pasado oficialmente a estado de prealerta, con previsión de cambio de escenario—, procede dejar sin efecto los ajustes aplicados a las dotaciones de las masas de agua Consuegra-Villacañas y Lillo-Quintanar, y restablecer las dotaciones establecidas en el Régimen de Extracciones de 2019.

En Campo de Montiel dicho acuerdo de modificación se ha adoptado una vez analizados los datos del aportaciones y precipitaciones del primer semestre del año hidrológico considerando adecuado establecer un nuevo volumen máximo de extracción para el año 2025 que quedaría fijado del siguiente modo:

El volumen máximo de extracción es de 6.29 hm³ en cómputo anual, con un volumen máximo de extracción entre junio y septiembre de 3.86 hm3 según las dotaciones:

La Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) aprobó el pasado jueves los regímenes de extracciones para 2025 de las nueve masas de agua subterránea declaradas en riesgo en toda la cuenca manteniendo los recortes en vigor en 2024 y que en el caso de la Mancha Occidental I, II y Rus-Valdelobos llegaba al 15%.

En las masas de agua Consuegra-Villacañas y Lillo-Quintanars e mantienen las dotaciones de 2.100 m3/ha para cultivos herbáceos y de 1.400m3/ha para cultivos leñosos y se recomienda a las entidades locales reducir las dotaciones de abastecimiento, domésticos y los usos industriales y ganaderos en un 10%.

Si según el indicador del Plan Especial de Sequía se revirtiera la situación de alerta a prealerta, se levantarían los ajustes propuestos y se aplicarían las dotaciones del régimen de extracciones de la campaña de 2019, es decir, en el caso de regadío las dotaciones máximas serían de 2.200 m3/ha para cultivos herbáceos y 1.500 m3/ha para cultivos leñosos, salvo que el título habilitante establezca una dotación menor.

En las masas de agua Mancha Occidental I, Mancha Occidental II y Rus-Valdelobos se mantienen las dotaciones de 1.700 m3/ha para cultivos herbáceos y de 1.275 m3/ha para cultivos leñosos, y se recomienda reducir las dotaciones de abastecimiento, domésticos y los usos industriales y ganaderos en un 15%.

Si según el indicador del Plan Especial de Sequía se revirtiera la situación de emergencia/alerta a prealerta, se levantarían los ajustes propuestos y se aplicarían las dotaciones del régimen de extracciones de la campaña de 2019, es decir, en el caso de regadío las dotaciones máximas serían de 2.000 m3/ha para cultivos herbáceos y 1.500 m3/ha para cultivos leñosos, salvo que el título habilitante establezca una dotación menor.

En Campo de Calatrava se mantienen las dotaciones de 1.350 m3/ha para cultivos leñosos y 1.800 m3/ha para cultivos herbáceos. Así mismo se recomienda a las Entidades Locales reducir las dotaciones de abastecimiento, domésticos y los usos industriales y ganaderos en un 10%.

En Campo de Montiel, la CHG, ante la situación de descenso piezométrico y para lograr el objetivo de no afección a las relaciones río-acuífero y a las descargas de manantiales, ha propuesto que el volumen global de extracción autorizado para toda la masa sea de 5,00 hm3 en cómputo anual, con volumen máximo de extracción entre junio y septiembre de 3,00 hm3, que representa un 60% sobre el total anual.

ASAJA ve casi inviable el regadío

Ante estos datos, se ha reunido de urgencia la Sectorial del Agua de la Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Ciudad Real y ha señalado que a los regantes de las principales masas de agua subterránea del Alto Guadiana les aplicarán de nuevo recortes en sus dotaciones de agua, “dejándoles con unos aportes para sus cultivos que rozan la inviabilidad del regadío”.

Los representantes de ASAJA Ciudad Real han expresado su “absoluto rechazo al recorte en las dotaciones que, un año más, impone el Organismo de Cuenca”; y han decidido diseñar “una hoja de ruta de respuesta, con acciones para las que se convocará a todo el sector”. La estrategia de la organización agraria pretende situar la política hidráulica en el eje de sus reivindicaciones en 2025, demostrar “la incompetencia de la CHG”, y tratar de explicar a toda la sociedad “la importancia de gestionar con profesionalidad, rigor científico y sin tintes políticos un recurso vital para el futuro de los pueblos del Alto Guadiana”.

El secretario general de la organización provincial agraria, Florencio Rodríguez, explica que “son ya muchos años donde los únicos esfuerzos parten de los profesionales del campo; diversificando y sustituyendo sus cultivos, invirtiendo en sistemas de regadío por goteo, cediendo en la reducción de más del 50% del agua asignada a sus derechos, destinando sus recursos a la instalación de contadores conforme a una normativa constantemente cambiante, esperando durante años a la resolución de un expediente que tienen metido en un cajón y que les paraliza su actividad…”

Y todos esos esfuerzos son compensados, según explica Rodríguez, con “una gestión de espaldas a los agricultores, a base de recortes, sanciones, restricciones y sin dar soluciones”. Asegura que “la mala praxis de los últimos años ha llevado a los agricultores a una situación límite porque la CHG se ha convertido en un auténtico obstáculo para el desarrollo de la agricultura y la ganadería”. Por eso, el secretario general entiende que “El Alto Guadiana debe responder a la nefasta política hidrológica de la CHG”.

La Sectorial también ha lamentado que la CHG haya aprobado la ampliación de las exigencias establecidas en los aprovechamientos de la tercera categoría (regantes con un volumen anual máximo autorizado de más de 500.000 metros cúbicos) a las categorías primera y segunda; de tal manera que todos estarán obligados a remitir información al Organismo de cuenca en tiempo real, “endureciendo aún más la nueva normativa de caudalímetros digitales”.

En este punto, han trasladado que “es imposible cumplir si la CHG no hace primero su trabajo y pone al día todos los trámites pendientes”. ASAJA ha insistido en que “no estamos en contra de que haya control, sino de que se aplique solo a unos cuantos, y a otros miles de agricultores el Organismo de cuenca les tengan esperando años en un limbo, sin responderles ni resolver sus expedientes”. La organización provincial agraria es tajante y asegura que “no vamos a permitir esta situación de indefensión para los regantes, ni que intenten dividir y enfrentar al sector”.

La Federación de Regantes del Alto Guadiana (Fergualt) ha celebrado este lunes en el Teatro de Almagro (Ciudad Real) su primera Junta General, en la que ha sido elegida como primera presidenta, Nieves Molina, al frente también de la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas (CUAS) Campo de Calatrava.

Acompaña a Molina en la primera Junta Ángel Bellón (CUAS Mancha Occidental I), como vicepresidente, tal y como ha informado la Federación en nota de prensa.

El resto de CUAS del Alto Guadiana también están representadas en Fergualt: Campo de Montiel; Lillo-Quintanar; Mancha Occidental II; Rus-Valdelobos y Sierra de Altomira.

Tras ser elegida presidenta, Nieves Molina ha destacado que el objetivo principal es la unión de las ocho masas de aguas subterráneas del Alto Guadiana en la defensa del regadío.

Fergualt se fundó a finales de abril de este año en Villarrobledo (Albacete), con la firma de todos los representantes de las comunidades del Alto Guadiana con la finalidad principal de velar por los intereses del regadío y los distintos usos del agua subterránea, abogando por el uso eficiente en el aprovechamiento y distribución de las aguas, la sostenibilidad ambiental, así como la mayor economía y racionalización de los costes.

La Asociación tiene personalidad jurídica propia, independiente de la de cada una de las entidades que la integran, para el cumplimiento de sus fines en todo el territorio del Alto Guadiana, comprendiendo su ámbito de actuación las aguas subterráneas de la cuenca hidrográfica del río Guadiana en las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo.

La asamblea ha contado con la asistencia del presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), Samuel Moraleda; el director general de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, José Juan Fernández, y el alcalde de Almagro, Francisco Javier Núñez.

El Gobierno central, la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Badajoz han firmado el protocolo necesario para impulsar las obras que permitan acabar con el nenúfar mexicano que invade las aguas del río Guadiana a su paso por la capital pacense, trabajos que comenzarán en octubre del próximo año, según las previsiones.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha destacado en una comparecencia la importancia de que “las tres administraciones hayan llegado a este importante acuerdo”, que incluirá un comité de seguimiento (con dos representantes de cada institución) de los trámites y obras. Este comité de seguimiento se reunirá una vez se obtenga la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que avale estos trabajos, que se centrarán en el dragado del río, informe que se espera “dentro de poco”.

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), Samuel Moraleda, ha explicado en este marco que una vez se consiga la DIA se remitirá junto al proyecto acordado entre las administraciones para solicitar oficialmente los fondos necesarios a Europa. Se trata de una inversión que englobará unos 25 millones de euros para una obra que acometerá la CHG en su totalidad y que se prolongará durante seis años.

Los trabajos deben acometerse de octubre a abril de cada temporada para no afectar a la rica variedad de fauna y flora que posee este espacio, Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA).

El acuerdo conlleva además la realización de un estudio para que, una vez acometidas las obras, no se vuelva a producir una invasión de una especie invasora similar.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, ha manifestado por su parte que el Ejecutivo autonómico “agilizará todas las autorizaciones necesarias” para impulsar el proyecto, sin olvidar la iniciativa de responsabilidad regional que limpiará de nenúfar los márgenes del río.

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha puesto en valor a su vez que “se hayan encontrado las fórmulas de colaboración precisas” para impulsar este proyecto, una obra “enorme que afectará a la ciudad durante mucho tiempo pero que es absolutamente necesaria”.

El primer edil ha afirmado que las actuaciones afectarán por ejemplo al tráfico de la ciudad, pues se prevén unos 40.000 camiones durante todo el periodo de obras para las labores de transporte de la planta recogida, aunque no cree que se precisen cortes de calles. 

Casi dos mil personas han participado este sábado en Badajoz la manifestación convocada para trasladar a las diferentes administraciones que no se conforman con el acuerdo alcanzado para acabar con el nenúfar mexicano que invade el río Guadiana a su paso por la capital y han advertido de que las acciones de protesta continuarán si se producen “nuevos retrasos”.

“Ahora lo importante es que ese consenso, que de momento solo es un preacuerdo, lleve a la firma entre administraciones en breve, pues no puede haber más demoras en la lucha contra el nenúfar después de tantos años”, ha afirmado el presidente de la asociación Salvemos El Guadiana, colectivo que impulsa la manifestación, Juan Fernando Delgado.

¡De esa misma opinión es Alfonso Cansado, vecino pacense, que ha ha explicado a EFE que ha decidido secundar la manifestación porque ya en 2017 fue uno de los que alertó de la situación a través de las redes sociales, sin que haya habido avances desde entonces, como demuestra “la imagen actual del río”.

“El Guadiana está fatal”, coincide Celia Fernández, otra vecina, que asegura que “no es de recibo que a Badajoz no se le trate con la atención debida por parte de las administraciones pese a la riqueza que representa este río, entorno que además es Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA)”

A la manifestación se han unido diferentes entidades de protección a la naturaleza, asociaciones vecinales, de piragüistas o pescadores, que utilizan el río habitualmente.

Entre los representantes políticos, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, o los portavoces locales del PSOE y de Vox, Ricardo Cabezas y Marcelo Amarilla, respectivamente, además de diputados nacionales como el popular Antonio Cavacasillas, entre otros.

Los lemas de las dos pancartas principales de la manifestación, que ha partido de la Delegación del Gobierno en Extremadura y ha finalizado en la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) y ha contado con unas 1.800 personas, que expresaban que “Basta ya de mentiras” y pedían “Recuperación integral del Guadiana”.

Muchos ciudadanos han exhibido pancartas donde no se obviaba a ninguna de las administraciones (CHG, Gobierno central, Junta de Extremadura, Ayuntamiento), a quienes se les pide “Salvar el Río”, “La firma ¿pá cuando?” o “Nenúfar, fertilizantes, contaminantes, plásticos y ripios fuera del río”.

También se ha leído un manifiesto donde se advierte de que las acciones de protesta continuarán si la firma del acuerdo entre administraciones (prevista para las próximas semanas) y el inicio del dragado del río para acabar con el nenúfar (previsto para otoño de 2025) sufren retrasos.

Parecía un obstáculo insalvable que, a vista de lo sucedido este martes en la reunión entre la Confederación Hidrográfica del Guadiana, la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Badajoz, podría haberse solucionado hace mucho tiempo. Las tres partes han decidido firmar el protocolo para poder iniciar las actuaciones contra el nenúfar del rio a su paso por la ciudad, un documento que lleva meses dando vuelta por los cajones de las administraciones autonómica y municipal, reticentes a rubricarlo.

Finalmente, esa firma se producirá “en los próximos días” el protocolo para impulsar la lucha contra el nenúfar mexicano que invade las aguas del río Guadiana a su paso por la capital pacense. Es la principal conclusión de la citada reunión, que todas las partes han coincidido en calificar de “muy positivo”.

El delegado del Gobierno, José Luis Quintana, ha apuntado que se tienen que resolver algunas alegaciones no muy relevantes antes de firmar ese convenio, y el alcalde, Ignacio Gragera, ha explicado que el Consistorio “ha podido constatar durante la reunión”, tras conocer en mayor profundidad el proyecto, que puede “apoyar sin fisuras los trabajos que se acometerán”.

Por su parte, el director general de Sostenibilidad, Germán Puebla, ha hecho también un balance “muy positivo” del encuentro, para expresar que el río “por primera vez ve la luz” en lo relativo a esta problemática.

El presidente de la CHG, Samuel Moraleda, ha afirmado por su parte que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que dé luz verde a este proyecto llegará en breve, en el objetivo de que la obra pueda comenzar en otoño del próximo año.

35 kilómetros por fases

Estas tareas englobarán unos 35 kilómetros, que se realizarán por fases, con la previsión de que las contempladas en el tramo urbano de la ciudad lleguen desde otoño de 2026. Como han explicado las administraciones, el Estado llevará a cabo la dragado del río, mientras que el Ayuntamiento se encargará, entre otras tareas, del control de la entrada y salida de los vehículos que retiren el lodo del río, y la Junta de Extremadura de “agilizar” los trámites de autorización necesarios, ya que el tramo urbano pacense es Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA).

El protocolo contará con un comité de seguimiento que aborde y controle las actuaciones a realizar, las cuales engloban una inversión de 25 millones de euros.

La CHG ha solicitado fondos europeos FEDER en este objetivo, y el resto de la financiación se llevará a cabo por el Gobierno central, más allá del coste “indirecto” que puedan representar las actuaciones para el resto de las administraciones.

Por ejemplo, el montante económico que represente para el Ayuntamiento habilitar terrenos de naturaleza municipal para el paso de los camiones o para la recepción del lodo a eliminar.