Los espacios públicos, fachadas y medianeras degradadas de los municipios pacenses tienen la oportunidad de transformarse en auténticos lienzos al aire libre. La Diputación de Badajoz ha lanzado oficialmente el 'Plan de Murales Municipales', un programa dotado con un presupuesto de 500.000 euros para que las localidades de la provincia impulsen la creación de intervenciones artísticas en sus entornos urbanos.

La iniciativa está dirigida a municipios de menos de 20.000 habitantes y entidades locales menores. Según ha explicado la presidenta de la institución provincial, Raquel del Puerto, la convocatoria pretende facilitar la financiación de estas obras para revitalizar entornos que actualmente sufren un impacto visual negativo, siempre bajo la premisa de reforzar la identidad local y el sentimiento de pertenencia de sus vecinos.

El abanico creativo para estas intervenciones resulta muy amplio, ya que los proyectos podrán abordar temáticas relacionadas con la cultura, la historia, la arqueología, la gastronomía, el turismo, la educación, el medio ambiente, la memoria colectiva o las expresiones de arte contemporáneo. A juicio de Raquel del Puerto, el proyecto busca promover la cultura y la creatividad contemporánea en el ámbito rural, al tiempo que funcionará como un reclamo para el turismo. La presencia de estas creaciones artísticas permitirá atraer visitantes interesados tanto en el valor del mural como en los elementos singulares de la historia o la identidad del municipio que la obra ponga en valor.

La convocatoria se resolverá mediante un sistema de concurrencia competitiva. A la hora de valorar las propuestas presentadas por las entidades locales, la comisión ponderará criterios como la dimensión en metros cuadrados de la intervención, la relevancia de la ubicación elegida y la densidad demográfica del municipio, otorgando una mayor puntuación a las poblaciones con menor número de habitantes.

Para participar en el proceso, los ayuntamientos deberán acompañar su solicitud con la temática justificada del mural, una fotografía del espacio concreto donde se desarrollará la intervención y de su entorno inmediato, un cronograma detallado de ejecución y el presupuesto previsto para la realización del proyecto.

El plan ofrece un amplio margen temporal de actuación, ya que contempla proyectos ejecutables hasta el 30 de diciembre de 2027. Asimismo, la convocatoria recoge con carácter retroactivo aquellas creaciones que se hayan realizado desde el 1 de enero de este año. La presidenta de la Diputación ha destacado finalmente que esta nueva línea de ayudas nace de la escucha activa y directa con alcaldes, colectivos y vecinos de toda la provincia.

La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a diez años de prisión al expresidente de la entidad blanquinegra, Joaquín Parra, por liderar una trama dedicada al fraude del IVA en la comercialización de carburantes durante el ejercicio 2020. El agujero provocado a las arcas públicas asciende a 13 millones de euros.

La sentencia, a la que ha tenido acceso la Agencia EFE, impone penas a un total de siete procesados que suman más de 34 años de cárcel. En el caso concreto de Parra, el fallo le atribuye cuatro años de prisión por un delito contra la Hacienda Pública, otros cuatro por blanqueo de capitales y dos años más por un delito continuado de falsedad documental. Además de la pena privativa de libertad, la justicia le condena al pago de una multa de 32 millones de euros.

Una red de sociedades pantalla para evitar el pago del IVA

La resolución judicial considera plenamente probado que el empresario “diseñó, impulsó y dirigió la operativa” mediante un entramado de sociedades instrumentales. A través de esta arquitectura societaria, la trama colocó masivos volúmenes de hidrocarburos en el mercado nacional omitiendo deliberadamente el ingreso del IVA repercutido.

El tribunal remarca que, aunque varias de estas empresas figuraban formalmente a nombre de testaferros o terceros, la “dirección efectiva” de todas las operaciones recaía de forma exclusiva en Parra. La sentencia aclara que el impago de impuestos no obedeció a un problema puntual de liquidez, sino a una “interposición societaria” planificada para retener las cuotas del tributo y dificultar el rastreo por parte de la Agencia Tributaria.

Casi tres millones de euros desviados al CD Badajoz

El fallo detalla el recorrido del dinero defraudado. En una primera etapa, los fondos circularon entre empresas vinculadas a la red para, posteriormente, derivarse a gastos personales del propio Parra y desembolsos patrimoniales de lujo, tales como la compra de vehículos, inmuebles, embarcaciones e instalaciones deportivas.

Dentro de esta red de flujo de capitales, la justicia ha acreditado que el Club Deportivo Badajoz fue uno de los grandes receptores de los fondos ilícitos. Una parte “relevante” de las salidas de dinero de una de las firmas principales administradas por el empresario tuvo como destino directo la entidad blanquinegra, que llegó a recibir aportaciones totales por valor de 2,9 millones de euros.

La Guardia Civil ha investigado a una vecina de Badajoz por un presunto delito contra la seguridad vial, tras permitir que un menor de 13 años manejara un turismo por una vía pública con el consiguiente riesgo para la integridad de ambos y del resto de usuarios de la vía.

Los hechos se produjeron el pasado lunes, cuando la Policía Local alertó a la Benemérita sobre la circulación irregular de un vehículo en la carretera BA-020, situada en el término municipal pacense. Tras interceptar el automóvil, los agentes comprobaron con sorpresa que a los mandos se encontraba un menor inhabilitado por ley para la conducción, mientras que en el asiento delantero derecho viajaba una mujer que supuestamente pretendía enseñarle a conducir.

Ante la gravedad de los hechos, las autoridades han querido recordar los peligros críticos de este tipo de conductas, incidiendo en que el aprendizaje al volante debe realizarse de forma obligatoria en autoescuelas homologadas, con vehículos adaptados de doble mando y docentes cualificados.

Asimismo, han advertido de que ceder un vehículo a sabiendas de que el conductor carece de permiso de conducir conlleva una responsabilidad penal directa, calificando de intolerable exponer a un niño de 13 años a los mandos de un turismo en una carretera abierta al tráfico.

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, ha denunciado ante la Policía de la capital pacense que el exjuez Luis Sáenz de Tejada, imputado por pertenecer presuntamente al grupo de Leire Díez, la siguió en su coche el mismo día que ella prestó declaración en la Audiencia Nacional como víctima de las maniobras de la exmilitante socialista y el autor de la presunta persecución. El exjuez, en conversación con elDiario.es indica que es “rotundamente falso” y asegura que ese día estaba a 400 kilómetros de Badajoz en compañía de su familia.

“En el trayecto del aeropueto de Talavera la Real a su domicilio en Badajoz, sobre las 19:15 y estando circulando en su vehículo particular en compañía de sus dos hijas menores de edad, la mayor de sus hijas le avisa que un coche de color blanco, sin poder aportar la placa de matrícula, que se ha puesto en paralelo a la declarante iba ocupado por el señor Sáenz de Tejada”, recoge el atestado poicial, a partir del testimonio de la denunciante.

Biedma añadió a los policias que “desconoce cómo esa persona ha podido tener conocimiento que la declarante iba a realizar ese trayecto en ese omento, temiendo que pudieran haber colocado algún tipo de localizador o dispositivo GPS en su vehículo”.

Sáenz de Tejada mantiene un contencioso con lo que él denomina el “lodazal” que son los cuatro juzgados de instrucción de Badajoz. A Biedma, como parte de ese grupo, le ha presentado medio centenar de denuncias, según asegura él mismo. La magistrada fue una de las encargadas de instruir el caso de violencia de género por el que fue condenado Sáenz de Tejada, pero este logró recusarla y apartarla de la causa por su relación con su ex mujer, jueza igualmente en Badajoz.

El exjuez había aludido a Biedma en sus vídeos de Youtube antes de que Leire Díez le contactara para ayudarla en su plan para apartar a la jueza del caso de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Ahora, Biedma denuncia que Sáenz de Tejada sigue mencionándola en la citada red social, “donde manifiesta que no retira ningúna de las expresiones realizdas en sus vídeos anteriores y también existen publicaciones sobre este tema en el Club de Debates Urbanos de Badajoz”, una página de Facebook dedicada igualmente a denunciar la supuesta corrupción judicial en la ciudad.

En su denuncia, Biedma alude a esta página, a los vídeos de Yotube y a unas supuestas “visitas al colegido donde estudian sus hijos”. Unido al presunto seguimiento en coche, Biedma dice que desconoce “el alcance que puedan derivar todo este tipo de acciones” y que “teme por su integridad física, así como por la de sus hijas y que dichas amenazas puedan consumarse”.

La denuncia de Biedma ante la Policía ha sido incoporada a la causa que sigue Pedraz en la Audiencia Nacional. El juez ha rechazado ampliar la investigación al contencioso que Sáenz de Tejada mantenía con Biedma antes de que entrara Leire Díez en la ecuación y ha rechazado tomar declaración, por ahora, a la jefa de un clan de Badajoz que asegura que el juez le propuso atentar contra la magistrada.

El juez Santiago Pedraz ha rechazado practicar la mayoría de las diligencias que había solicitado la magistrada Beatriz Biedma dentro del caso que se sigue contra la presunta organización de Leire Díez, incluida la declaración de Cintia Rocho, presunta jefa de un clan de la droga en Badajoz, de la que dice ya ha declarado ante la UCO.

El instructor del caso alega que ya ha citado a declarar como investigado al exjuez Luis Sáenz de Tejada, al que habría reclutado Leire Díez para intentar apartar a Biedma del caso de David Sánchez, y que el resto de peticiones de la magistrada de Badajoz aluden a denuncias y supuestas conspiraciones del investigado anteriores a que entrara en contacto con la antigua militante socialista y acordaran unir fuerzas.

En una providencia de este mismo miércoles, a la que ha tenido acceso elDiario.es, Pedraz asegura que los expedientes que reclama incorporar Biedma a la Audiencia Nacional o las denuncias que interpuso en el pasado contra ella Sáenz de Tejada “serían pertinentes si se acredita indiciariamente” que se produjeron en concierto con Leire Díez y su grupo, “mas ninguna de ellas (salvo la declaración de aquel en su caso) sirve para constatarlo, al estar todas dirigidas respecto a la conducta de Sáenz y no en relación a la organización”.

Pedraz alude en todo momento al escrito de las fiscales del caso en la Audiencia Nacional en el que se oponen a investigar cualquier presunta ilegalidad que hayan cometido los investigados y que no tengan que ver con la finalidad del grupo de Leire Díez, esto es, en el marco de sabotear supuestamente las causas judiciales que afectan al PSOE. Por eso, viene a decir el juez, si Sáenz de Tejada actuó contra Biedma en el pasado por otros motivos, eso no es parte, por el momento, de la investigación que se sigue en la Audiencia Nacional.

De hecho, la propia Biedma declaró ante Pedraz que Sáenz de Tejada había presentado medio centenar de denuncias contra ella. El exjuez denuncia una suerte de mafia judicial en Badajoz sostenida por los lazos familiares y sentimentales de la práctica totalidad de los magistrados destinados en la capital pacense. Como un grupo habrían actuado para, según el juez, hacer fracasar la denuncia que él puso contra su exmujer por beneficiar a su actual marido en la concesión de administraciones concursales.

Sáenz de Tejada alega que su condena por amenazas y violencia psíquica contra su mujer es el resultado de una denuncia de su ex pareja, también jueza en Badajoz, para contrarrestar la denuncia por corrupción contra ella que había puesto previamente. Una de las juezas del caso de violencia doméstica fue Beatriz Biedma, a quien Sáenz de Tejada logró recusar por sus lazos con la magistrada denunciante.

La actuación de esa supuesta mafia judicial en Badajoz es el objeto de un chat de Facebook, ya desaparecido, y de otro que se menciona en las actuaciones de la UCO, que frecuentarían personas interesadas presuntamente en destapar la actuación de Biedma y otros magistrados, como el presidente de la Audiencia Provincial y primo del abogado que ganaba las administraciones concursales, Emilio García-Cancho.

La investigación debe determinar si las supuestas fotos de seguimientos a Biedma y su familia, de las que se habla pero no han sido publicadas en ninguna parte, tenían por objeto un plan para atentar contra la jueza o alimentar esos chats de denuncia ciudadana contra los jueces.

Biedma también había pedido a Pedraz que citara a declarar un recluso llamado Ángel Martín Carrillo, alias 'El Gitano' –nombrado así en las agendas de Leire Díez–, su abogado Juan José Collado, y Joaquín Parra, empresario condenado por estafa que tenía un grupo de whatsapp con Leire Díez y Javier Pérez Dolset.

Un hombre de 87 años se encuentra en estado crítico tras ser atropellado a primera hora de este miércoles en la Carretera de la Corte de Badajoz. Como consecuencia del impacto, la víctima ha tenido que ser trasladada de urgencia hasta el Hospital Universitario de la capital pacense para ser atendida de lesiones de extrema gravedad.

Según los datos facilitados por el Centro de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura, el accidente se ha producido en torno a las 13:30 horas a la altura del número 35 de la citada vía pacense. Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una Unidad Medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (SES) que logró estabilizar al anciano en el lugar antes de su evacuación, así como patrullas de la Policía Local de Badajoz, que han abierto diligencias para esclarecer las causas del atropello.

Segundo atropello grave en Villanueva de la Serena

El suceso de Badajoz no ha sido el único accidente de tráfico registrado durante la jornada en la provincia pacense. Minutos antes, sobre las 10:35 horas, una mujer de 67 años resultaba herida tras ser alcanzada por un vehículo cuando caminaba por la calle José Gallardo de Villanueva de la Serena, a la altura del número 19.

La víctima ha sufrido la fractura de una pierna y diversas contusiones, motivo por el que ha sido atendida en el lugar por los servicios asistenciales del 112 y trasladada posteriormente en estado menos grave al Hospital Don Benito-Villanueva. En este operativo intervinieron una ambulancia de soporte vital básico del SES y efectivos de la Policía Local villanovense.

El expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha presentado un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura contra la sentencia que le condenó a 18 años de inhabilitación por la contratación de David Sánchez. En el escrito, la defensa sostiene que no existió en ningún momento un plan preconcebido ni dirigido a beneficiar al hermano del presidente del Gobierno, negando categóricamente que Gallardo decidiera la creación del puesto para adjudicárselo a la persona investigada.

La condena de primera instancia, dictada por la Audiencia de Badajoz, le impuso nueve años de inhabilitación por la creación de la plaza de coordinador de los conservatorios pacenses y otros tantos por la posterior modificación del puesto a jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Sin embargo, la representación letrada de Gallardo remarca en un escrito de medio centenar de páginas que el expresidente no solo no conocía a David Sánchez en el año 2016, sino que ni siquiera sabía de su existencia, limitándose su contacto posterior a una relación estrictamente profesional.

El recurso subraya que los hechos acreditados en la causa no conducen a la conclusión alcanzada por el tribunal y argumenta que los rumores sobre la candidatura de David Sánchez surgieron tras la publicación de la convocatoria, lo que de ningún modo demuestra una maniobra previa para diseñar un puesto a su medida.

Por todo ello, la defensa alega una vulneración del derecho a la presunción de inocencia y cuestiona la extensión de la inhabilitación a cualquier cargo discrecional en la administración pública, solicitando que, en el hipotético caso de existir delito, la sanción se ciña a la Presidencia de la Diputación o a cargos electivos.

Asimismo, el letrado solicita frenar la apertura de nuevos procedimientos vinculados a la plaza de jefe de la sección de actividades transfronterizas, adjudicada a Luis Carrero. La Audiencia de Badajoz había reservado la posibilidad de emprender acciones por este segundo caso, lo que ha llevado a la acusación popular ejercida por HazteOir a presentar una nueva denuncia por prevaricación contra Gallardo. Frente a esta ofensiva judicial, la defensa insiste en que las pruebas son endebles y reclama dar carpetazo definitivo a la causa.

El exjuez Luis Sáenz de Tejada ha remitido un escrito al juez del caso Leire en el que desmiente las afirmaciones realizadas ante la Guardia Civil por una mujer, miembro del 'Clan de los Rochos', que centran las sospechas sobre un supuesto plan para atacar a Beatriz Biedma, instructora de la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Sáenz de Tejada asegura que nunca ha hablado por ninguna vía con Cintia Rocho, en contra de lo que ella declaró en televisión y luego reiteró ante la UCO.

“Nunca, a través de ningún medio, contacté, ni hablé, con la señora Cintia Rocho”, escribe Sáenz de Tejada en el escrito ante el juzgado del juez Santiago Pedraz, al que ha tenido acceso elDiario.es. La mujer asegura que Sáenz de Tejada se puso en contacto con ella después de que escribiera un comentario en una página de Facebook que denuncia la falta de independencia judicial en Badajoz.

“No tengo nada que ver con la página de Facebook ”¿Independencia judicial en Badajoz“, alega Sáenz de Tejada, quien específica que los ”responsables, creadores y administradores de la página están identificados“ en unas diligencias que se siguieron en un juzgado de Almendralejo (Badajoz), las 341/2024.

Sáenz de Tejada se queja de que los agentes de la UCO hayan asumido en su atestado, según él, la tesis de Rocho y hayan omitido comprobaciones básicas como quién se encuentra detrás de la identidad de José García Fernández, implicado en los contactos con Rocho e igualmente identificado en las diligencias citadas.

El exjuez, expulsado de la carrera por una condena de maltrato a su mujer, denuncia en su escrito los delitos de falsedad en documento público, que atribuye a los autores del atestado de la UCO y a Cintia Rocho.

Siete palabras y ya tienes montada una conspiración. Investigar un caso de corrupción requiere con frecuencia años de pesquisas, informes policiales, interrogatorios de testigos e imputados. Muchas pistas que parecían prometedoras se quedan por el camino. Otras sirven para armar un caso sólido. Pero si solo quieres munición para la batalla política, no necesitas ser tan remilgado.

En las últimas semanas, el Partido Popular cree que tiene pillado al PSOE por un asunto sórdido, pero con muy pocas pruebas. Esas siete palabras están en la base de la acusación. Aparecen en una agenda de Leire Díez y están fechadas en marzo de 2025: “Jueza Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano”. La jueza sería Beatriz Biedma, que instruyó el caso del hermano de Pedro Sánchez que acabó en juicio y condena. La Celsa es el apodo de una mujer que forma parte de una organización de delincuentes de Badajoz. En el fondo del asunto está una supuesta operación para intimidar a la jueza o algo peor por parte de lo que el PP y algunos medios llaman “las cloacas del PSOE”. 

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz aceptó que Biedma se personara como acusación particular solo por un delito de calumnias. No fue más lejos, porque “no es posible abrir una línea de investigación por cada una de las anotaciones que aparecen en las múltiples agendas” de Díez. Sobre todo, si son un tanto crípticas. En ese momento, la historia ya había aparecido en varios medios en los términos más alarmantes. Se decía que la trama de Díez había intentado encargar la eliminación de la jueza, o que le dieran un “sustillo”, a un clan de narcotraficantes de Badajoz llamado Los Rochos con un largo historial de delitos.

La historia fue engordando gracias a filtraciones policiales y el PP no tardó en recoger esas especulaciones presentándolas como hechos confirmados. Ester Muñoz se refirió al asunto en la sesión de control del 23 de septiembre. Según la diputada, el mensaje fue: “Eliminen a Biedma y la justicia eliminará sus casos”. Destacó como un hecho singular que el Gobierno intentara “corromper” a un grupo de delincuentes, que se supone que ya venían corrompidos de casa, y que estos se negaran a aceptar el encargo. Una semana después, volvió a hablarse de ello en el Congreso. Esta vez, fueron tres los diputados del PP que lo hicieron.

Quien lo hizo con más ahínco fue Miguel Tellado. Intentó implicar directamente al ministro de Justicia, Félix Bolaños: “Usted estaba, de la mano de Leire, hablando con la fiscalía para ayudar al clan de Badajoz”. Dando por hecha una acusación que no está probada y que no se sabe muy bien de dónde sale, siguió: “¿Quién dio la orden para que se redujeran las penas al clan?”. El PP empleaba un argumento de lógica discutible. Los actos violentos no se habían realizado por la negativa del clan, como dijo Muñoz, y al mismo tiempo la fiscalía les había premiado aunque no hubieran hecho ese trabajo. Ya sabemos que la coherencia de los argumentos no es un requisito esencial en las sesiones de control, donde la prioridad es atizar al rival en toda la cabeza con el martillo más grande. 

¿Habló Leire Díez con esa mujer del clan? Quien lo hizo fue el exjuez Luis Sáenz de Tejada y fue a iniciativa de la presunta delincuente. Él fue expulsado de la carrera judicial por un caso de violencia machista y desde entonces tiene montada una cruzada personal contra los juzgados de Badajoz para lo que utiliza una cuenta de YouTube. La mujer del clan había visto una de sus intervenciones y se puso en contacto. Ahí tuvo lugar la conversación en la que el exjuez habló de pegar un susto a Biedma (“era un puto grano en el culo y que había que eliminarla”). Los entrecomillados son de la declaración de esa mujer que aparecen en el atestado policial y de ahí han partido a toda prisa hacia los medios.

Sáenz de Tejada parece un personaje con el que nadie en su sano juicio debería relacionarse. En sus comentarios en el canal de YouTube, el exjuez lanza acusaciones contra la “mafia judicial” de Badajoz, a veces vistiendo toga o dejándola colgada detrás para que se vea en el plano. No es el tipo de persona que puede conseguir que la fiscalía reduzca la pena de un preso. 

Aunque ha participado en algún programa de grupos conspiranoicos de la extrema derecha sobre la pandemia, Sáenz de Tejada debió de parecer una fuente interesante de información para Leire Díez, siempre dispuesta a hablar con gente que pudiera desacreditar investigaciones judiciales que afectaban al PSOE. Y ya sabemos que sin ningún éxito.

Si se prueba que cumplía órdenes de Santos Cerdán en su calidad de secretario de Organización, algo que este niega, eso dañaría gravemente la reputación del partido, por mucho que solo él supiera lo que estaba haciendo. A fin de cuentas, fue Pedro Sánchez quien lo puso en el puesto, como había hecho antes con Ábalos.

Esta semana, se ha conocido el contenido del último informe de la UCO, cuyo único indicio seguro es la existencia de esa conversación entre Sáenz de Tejada y la integrante del clan de Los Rochos, que por lo demás niega haber cometido algún delito. No hay mucho más, aparte de las deducciones que aparecen de forma habitual en los informes de la UCO. En este caso, señalar que la trama “se habría valido especialmente del exmagistrado Luis Sáenz de Tejada para desestabilizar el proceso judicial que afectaba al hermano del presidente”. Para ello, cuenta con las anotaciones de Javier Pérez Dolset, colaborador de Díez, que se reunió con el exjuez, presumiblemente informó de ello a la exmilitante socialista —y de ahí sale la anotación con las siete palabras— y mantuvo contacto con él. 

En su declaración del jueves en la Audiencia Nacional, la jueza Biedma citó hechos sospechosos que le hicieron pensar que la estaban vigilando. Dijo que sintió “temor” por ella y sus hijas, pero que no le influyó en su trabajo en la instrucción del caso de David Sánchez.

En el recurso de su abogada contra la personación de Biedma en el caso, Leire Díez afirma que lo único que hizo ella fue “haber recibido dichas denuncias (contra Biedma) y haber mantenido conversaciones con el Sr. Sáenz de Tejada sobre las mismas”. Un relato más detallado de todos estos hechos se puede leer en este artículo de Pedro Águeda y Elena Herrera.

Como suele ocurrir con todas estas historias de corrupciones, tramas y conspiraciones, el lugar en que se rentabilizan a tope es el programa de Iker Jiménez en Cuatro. Los más leves indicios se convierten en hechos inapelables. Las sospechas más locas son la verdad revelada. Sáenz de Tejada aparece descrito como “el enviado de Leire”. La gravedad de los hechos confirma que la mafia está en el poder: “Mañana pueden venir a por cualquiera de nosotros”, dijeron en el programa 'Horizonte' del 22 de septiembre. Ellos también cuentan con un juez loco, este en ejercicio. Jesús Villegas dijo que “hemos cruzado una línea roja” y que todo esto ya es “como en los años treinta”. Uno de los periodistas tuvo a bien comunicar que la jueza Biedma “es una seguidora incondicional del programa”. 

Iker Jiménez daba la nota del abochornado por el punto al que hemos llegado: “¿A qué nivel se ha descendido? ¿A qué abismo se ha descendido?”. 

El PP lo tiene claro. Hemos llegado al momento en que no se desperdicia nada. Alberto Núñez Feijóo ya habla como Iker. En su discurso del jueves ante la Junta Directiva Nacional del PP, dio por hecho que todo lo que se ha contado es cierto y que tenemos delante “un abismo moral”. Había en su discurso un gran espacio abierto para la creatividad. “Hoy la Audiencia Nacional investiga si el PSOE quiso contratar a sicarios”, dijo, a pesar de que el juez Pedraz no ha imputado a nadie por estos hechos relacionados con Biedma. “Pedro Sánchez debe decir hoy mismo quién dio la orden de deshacerse de la jueza”.

A Feijóo no le importa nada la presunción de inocencia cuando alguien relacionado con el Gobierno es investigado por la justicia. No si se trata de alguien del PP, como el alcalde de Móstoles. En el caso del exministro Jorge Fernández Díaz y toda su cúpula policial, que esperan sentencia tras el juicio de Kitchen, sencillamente no habla de ellos. Como si no existieran. Pero cuidado con la historia de Badajoz. Allí no hay imputados, pero sí culpables, según Feijóo.

Como el programa 'Horizonte' es un bar en el que todos compiten a ver quién llega más alto, finalmente Eduardo Inda dio la nota que ya era difícil de superar. A pesar de que no hay bulo que él no haya abrazado con pasión, tuvo que admitir que lo de Badajoz no es el Watergate extremeño. “Si llegan a ser más listos, hubieran hecho mucho daño”, dijo uno de sus colegas de mesa. Sobre todo, si hubieran cometido algún delito grave. Eso sí que haría daño. Inda lo explicó a grandes voces: “¡Son Torrentes!”. Y después despejó cualquier preocupación. “La jueza Biedma es ahora la persona más segura de España”. Al final, va a resultar que el abismo no era tan profundo como nos contaron.

Un antiguo juez expulsado de la carrera por una condena firme de maltrato se vuelve a poner la toga para dirigirse a su público en YouTube. Se llama Luis Sáenz de Tejada. En decenas de vídeos denuncia que los juzgados de Badajoz están controlados por una trama corrupta de magistrados a la que pertenece su exmujer. Su condena, asegura, es la represalia del grupo por haber denunciado los encargos ilegales de su antigua pareja al abogado por el que ella lo abandonó, primo a su vez de otros dos jueces presuntos integrantes de la trama togada pacense. En un plano secundario de esa conjura el denunciante sitúa a alguien que a la postre se convertiría en el personaje más famoso de toda la supuesta trama, Beatriz Biedma, jueza del caso de David Sánchez.

¿Quién podría reparar en el perfil de este exjuez y youtuber, asiduo de otros conspiranoicos de la extrema derecha, como la persona idónea para conseguir apartar a la jueza Biedma de la instrucción del caso del hermano del presidente? La respuesta está en el sumario del ‘caso Leire’: efectivamente, la exmilitante del PSOE y su aliado en aquella cruzada anticorrupción, el empresario Javier Pérez Dolset. El plan no surtió efecto. David Sánchez ha sido condenado en primera instancia y el PSOE tiene un problema por los indicios de que su entonces secretario de Organización ordenó financiar en parte los planes de Leire Díez para destapar tramas policiales y judiciales organizadas contra los socialistas.  

Como ocurriera cuando se fijó como objetivo al coronel de la Guardia Civil Antonio Balas, Leire Díez provocó enemistades que ahora tiene difícil gestionar. Aunque una presunta víctima no parezca el más adecuado para dirigir la investigación contra su agresor, el jefe Anticorrupción de la UCO sigue al frente del caso Leire Díez. Ahora, la jueza Biedma se ha personado como víctima en la Audiencia Nacional, convencida de que las maniobras de Sáenz de Tejada y el ‘Grupo Leire’ contra ella no se quedan en unas presuntas calumnias. Un coronel de la Guardia Civil y una magistrada. Allí donde aparecía el esqueje de un futuro héroe para la derecha y la extrema derecha vertía Leire Díez su fertilizante.

Sáenz de Tejada, conexión Badajoz 

Las confabulaciones de Leire Díez han alcanzado un nivel superior al entrar en contacto con el particular ecosistema judicial y criminal de Badajoz. El reactivo definitivo del embrollo ha resultado ser el exjuez Luis Sáenz de Tejada. Algunos medios y el Partido Popular han llegado a la conclusión de que el colaborador ocasional de Leire Díez propuso a un clan de narcotraficantes local lo nunca visto en el crimen organizado español: atentar contra un magistrado. 

Resulta conveniente, por tanto, comenzar por Sáenz de Tejada. 

La vida del exmagistrado dio un vuelco hace más de una década cuando se rompió su matrimonio y su esposa, jueza en Badajoz, comenzó una relación con un letrado de la ciudad, según explica un abogado que pisa a diario los juzgados locales. 

Sáenz de Tejada denunció que su esposa adjudicaba los procedimientos de administración concursal a su nueva pareja de forma ilegal y que la práctica, muy lucrativa, era conocida y fue encubierta por sus compañeros. El exjuez asegura que la denuncia que acabó en condena por violencia hacia su exmujer fue una represalia de ella y su pareja, amparada y perpetrada por sus compañeros en la “organización criminal” que denuncia en los juzgados de Badajoz. 

La magistrada Ester Sara Vila, antigua esposa de Sáenz de Tejada, llegó a estar imputada por prevaricación y otros delitos en relación con esos procesos concursales, pero el caso acabó en archivo. Por contra, sí prosperó la denuncia que su exmujer presentó contra él, que acabó expulsado de la carrera judicial tras ser condenado en firme por delitos de amenazas y violencia psíquica habitual. 

La actividad en internet de Sáenz de Tejada –“Magistrado Anticorrupción”, como se hace llamar–, le ha hecho estar en contacto con conocidos conspiranoicos de la toga, como el también exjuez Fernando Presencia, o con los ultraderechistas de la familia Royuela. El propio Sáenz de Tejada respalda en sus vídeos la tesis de una red de poderosos pederastas en Donostia ocultos tras el caso Kote Cabezudo, un bulo que alcanzó cierta dimensión la pasada década. Y en estas andaba cuando le contactó Leire Díez en 2024 como experto de la supuesta corrupción de los juzgados de Badajoz.

'Vacaciones y Viajes': por fin alguien hace caso al exjuez

El abogado, incesante en YouTube, dedicó su primer vídeo a Beatriz Biedma por el caso de David Sánchez el 2 de junio de 2024, en cuanto la jueza abrió diligencias contra el hermano del presidente. Desde su casa, vestido con la toga, volvió a encender la cámara de su ordenador para advertir a David Sánchez de lo que le esperaba en el “lodazal” judicial al que pertenecía Biedma. 

En algún momento entre ese 16 de junio y el 9 de agosto de 2024, el grupo de Leire Díez contactó con él. La exmilitante socialista y el empresario Pérez Dolset se entrevistan en la casa que tiene este último en Tarifa con Joaquín Parra, antiguo presidente del CD Badajoz que acaba de ser condenado a 10 años de cárcel por un gran fraude de hidrocarburos y que aporta el contacto de Sáenz de Tejada. Los cuatro acaban participando en un chat abierto por Leire Díez que esta bautiza “Vacaciones y Viajes”

Notas incautadas a Pérez Dolset y Leire Díez por esas fechas hablan de “destruir el procedimiento” contra David Sánchez. El empresario escribe en su iPhone: “Jueza del hermano, choriza sin igual. Luis Sáenz de Tejada tiene la info”. Por fin, alguien hace caso al exjuez. 

A partir de ese momento Sáenz de Tejada empieza a contactar con abogados y presuntos delincuentes indignados, como él, con la instrucción de los casos que les afectan. Algunos ni siquiera tienen que ver con Beatriz Biedma, como es el caso del abogado Juan José Collado, quien se reunió tres veces con Sáenz de Tejada por mediación de la mujer de uno de sus clientes, Ángel Martín, ‘El Gitano’, en prisión. Hablaron de presentar querellas y organizar una manifestación, según ha declarado el letrado a la UCO. El caso afectaba a una magistrada distinta a Biedma. 

El 12 de diciembre de 2024, Sáenz de Tejada aparece en YouTube y afirma: “Ahora están recogiendo otras personas lo que se sembró en aquel momento”. En ese momento, el exjuez ya se ha dirigido en dos ocasiones a la Fiscalía General del Estado, una vía que no abrió hasta que conoció a Leire Díez. La primera denuncia fue archivada de plano. La segunda fue remitida a la Fiscalía de Extremadura, donde también se acordó su archivo. Al parecer, Leire Díez había vuelto a vender su supuesta influencia en el Ministerio Público a cambio de recibir ayuda contra sus enemigos.

Cuatro días antes de ese vídeo se produjo un acontecimiento que ha derivado en titulares de prensa que unen al PSOE con un intento de asesinato de la jueza del caso de David Sánchez y un clan de narcotraficantes. El secretario general del PP ha llegado a llamar “sicario” al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Ese 8 de diciembre, Cintia Rocho escribe un comentario en un vídeo de Sáenz de Tejada dedicado a Beatriz Biedma. El juez responde solícito.

¿Para qué busca alguien al clan de 'Los Rochos'?

Llega el momento de detenerse en Cintia Rocho, alias ‘La Celsa’. Su padre, Jesús Rocho Sosa, estaba considerado el patriarca de 'Los Rochos', al que distintas informaciones vinculan con el tráfico de drogas. El padre y el marido de Cintia fueron asesinados a tiros en 2024, con una diferencia de menos de diez meses.

El exjuez Sáenz de Tejada se aproximó a Cintia tras el primer contacto por redes. En una conversación telefónica, Sáenz de Tejada le dice que hay que “eliminar” a Biedma, según contó Cintia en una entrevista en Telecinco el pasado septiembre. Ella entendió que Sáenz de Tejada se refería a causarle un “daño físico”. “Si nos estás poniendo a nosotros como lo peor de lo peor y nos pides que hagamos algo se supone que no es nada bueno”, dijo a la cadena privada.

Pero hay otra versión posible.

Un acontecimiento del pasado derivó en una victoria legal de 'Los Rochos' sobre la jueza Biedma. Un hermano de Cintia fue detenido en una operación dirigida por la magistrada en 2019. Su abogado planteó un ‘habeas corpus’ por detención ilegal y la magistrada no atendió el requerimiento. 'Los Rochos' llegaron hasta el Constitucional, que les dio la razón y anularon la causa. Sáenz de Tejada manejaba esta información, de hecho la había mencionado en sus vídeos de YouTube. Pudo dirigirse a Cintia Rocho para utilizarla contra la jueza del caso del hermano de Sánchez. 

¿Y qué tiene que ver todo esto con Leire Díez? El pasado julio, el diario ‘Artículo 14’ se hizo eco de una anotación en la agenda incautada por la UCO a la exmilitante socialista anotada el 25 de marzo de 2025. “Jueza Badajoz. La Celsa. Heroína & Gitano”.

En la citada entrevista, Cintia Rocho dijo que tenía claro que se habían dirigido a ella para atentar contra la jueza. Contó que recibió vídeos de la jueza, direcciones… Sin embargo, ante la UCO solo ha contado que Sáenz de Tejada le había trasladado que Biedma “era un puto grano en el culo y había que eliminarla”. Cualquiera que fuera la naturaleza del ofrecimiento, Cintia Rocho lo declinó.

En su declaración ante el juez Pedraz del jueves, la magistrada Biedma relató que había sentido “angustia” y “temor” por las noticias que le habían llegado de que había sufrido seguimientos y que alguien había estado en el colegio de sus hijas preguntando por ella. Uno de los miembros del chat 'Viajes y Vacaciones', Joaquín Parra, ha contado a la UCO que en los encuentros con Leire Díez y Pérez Dolset nunca se habló de “una agresión física” a Biedma, pero que oyó algo similar de “un tercero” y que también lo había leído en la prensa.

Según contó el expresidente del CD Badajoz, ese informante suyo le dijo que Sáenz de Tejada defendía gratuitamente a individuos investigados en el juzgado de Biedma a cambio supuestamente de que realizaran esos seguimientos. El objetivo sería publicar información en un chat de Facebook llamado 'Club de Debates Urbanos de Badajoz'. “En este grupo se publicaban diversos comentarios, informaciones, rumores y fotografías sobre diversas personalidades públicas del ámbito pacense”, recoge el informe de la UCO. Parra ofreció tres nombres que participarían en el chat con nombres falsos.

La UCO concluye que “se ha podido determinar” que Sáenz de Tejada contactó al menos con “dos personas cuyos procedimientos judiciales, propios o relacionados con sus familiares, se instruían o se habrían instruido en los juzgados de Badajoz”. Los “primeros contactos habrían estado orientados a promover actuaciones de carácter judicial o administrativo frente a la magistrada que los instruía, Marta Hernández”, pero que luego, el objeto de esa actuación judicial fue redirigida contra Biedma.

El juez fan de Abascal y la endogamia en los juzgados

Las obsesiones de Sáenz de Tejada sirven para adentrarse en la endogamia existente en los juzgados de la ciudad y en algún que otro episodio llamativo de sus integrantes. El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad –solo hay cuatro– era Emilio García-Cancho, decano en ese momento de los magistrados. García Cancho fue objeto de una polémica en 2023 por aparecer en un vídeo pidiendo un ‘selfie’ a Santiago Abascal y deseándole “suerte”. En 2025 fue elegido por el actual Consejo General del Poder Judicial presidente de la Audiencia Provincial de Badajoz.

La esposa de García-Cancho se llama Samantha Reynolds y también es jueza en la capital pacense. El abogado con el que se marchó la mujer de Sáenz de Tejada, Juan Antonio Díaz-Ambrona Cancho, es primo del presidente de la Audiencia Provincial. En esta madeja endogámica, la jueza del caso del hermano de Sánchez, Beatriz Biedma, aparecía como “amiga” del resto y miembro de la “organización criminal”, según Sáenz de Tejada. 

El propio Sáenz de Tejada hace afirmaciones en sus vídeos que describen la relación entre los jueces de la ciudad, pero que también le pueden acarrear problemas. El ahora abogado recuerda que la jueza del caso de David Sánchez y el entonces decano de Badajoz, García-Cancho, participaron, junto a la mujer de este, en las concentraciones de magistrados contra el proyecto de ley de amnistía del Gobierno, una imagen inédita de togas intentando condicionar la actividad del legislador. Pero Sáenz de Tejada también alude a que el matrimonio de los jueces García-Cancho y Samantha Reynolds coincide a menudo en el “colegio de los niños” con Beatriz Biedma, lo que es interpretado por la magistrada como una amenaza. 

Biedma y Balas: el de David Sánchez no era un caso cualquiera

Aquellas manifestaciones de jueces con toga retrataron el ambiente de hostilidad al Gobierno en una parte relevante de la carrera judicial. La manifestante Biedma admitió en 2024 una denuncia de Manos Limpias contra el hermano de Pedro Sánchez y otras basadas en informaciones de medios de comunicación, alguna de ellas con relevantes falsedades. 

Una de las primeras decisiones de Biedma fue llamar a Madrid y solicitar la implicación de su unidad anticorrupción en el caso: la supuesta contratación irregular de un reputado concertista por parte de la Diputación de Badajoz a razón unos 40.000 euros anuales. Para algo así no parecía necesario movilizar a la unidad de élite del instituto armado. 

Sin embargo, su máximo responsable, el entonces teniente coronel Antonio Balas, no dudó en encabezar la pequeña delegación que se desplazó a Badajoz de inmediato para entrevistarse con Biedma. El caso no era cualquiera. Pero no por el delito, sino por el investigado: el reputado concertista es hermano del presidente del Gobierno. 

Pronto, los guardias civiles propusieron a la jueza intervenir más de 60.000 correos electrónicos. Según contó Biedma este jueves en el juzgado, la UCO le contaba que sufría presiones por ese caso como nunca había recibido antes. Por su parte, la Fiscalía no veía caso y la jueza se apoyaba en Manos Limpias y las organizaciones ultras de la acción popular. 

David Sánchez fue condenado el pasado julio a nueve años de inhabilitación. El juicio dejó una de las intervenciones más controvertidas del coronel Balas, que reconoció estar centrado en el hermano de Sánchez y en el expresidente de la Diputación y desconocer quiénes eran el resto de los acusados. Como ocurrió en el juicio al exfiscal general, Balas trufó su testimonio con deducciones. A la misma hora que el pasado jueves prestaba Biedma declaración se conoció el recurso de la defensa de David Sánchez ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.  

En la Audiencia Nacional, sin que nadie la requiriera por ello, Biedma defendió su decisión de implicar a la UCO en el caso del hermano del presidente. Explicó que podía haber filtraciones si se lo encomendaba a la Policía o la Guardia Civil de la zona. También mencionó una de las noticias recogidas por Manos Limpias para presentar su querella en la que se decía, como si eso fuera un indicio de algo, que en la misma localidad portuguesa donde residía David Sánchez tenían su sede sociedades de un caso de hidrocarburos que ya investigaba la UCO. 

El coronel Balas tuvo a tiempo un informe sobre las declaraciones que tomó en Badajoz una vez se percató de la anotación de la agenda de Leire Díez leyendo los medios y vio a Cintia Rocho en televisión. Hasta ese momento, el juez y las fiscales del caso solo veían indicios de un delito de calumnias de Sáenz de Tejada. Ahora Pedraz debe decidir si el atestado de la UCO y la declaración de Biedma elevan la investigación a un posible plan para atentar contra la jueza que investigó al hermano de Sánchez.

La jueza Beatriz Biedma ha declarado este jueves en relación a las posibles amenazas que pudo sufrir por parte de la trama liderada por la exmilitante del PSOE Leire Díez. La magistrada, que instruyó el caso contra David Sánchez, ha contado al juez que un abogado le confió que el exjuez Luis Sáenz de Tejada, quien acumulaba rencillas contra ella, había contactado con una destacada miembro de un clan de narcotraficantes y que le había pedido, en primer lugar, querellarse contra la jueza por un asunto pasado y, después, le había dicho que había que quitarla “de enmedio”.

Biedma ha dicho que por este, y otros episodios que no pudo vincular con la trama de Leire Díez, sintió “temor” por ella y por sus hijas. A la pregunta de uno de los letrados por si eso le había condicionado en las decisiones que tomó respecto al hermano del presidente del Gobierno, Biedma ha contestado tajantemente que no, según informan a elDiario.es fuentes presentes en la declaración.

La magistrada ha dicho que tuvo conocimiento por un abogado de que existían vídeos grabados sin su consentimiento en los que aparecía ella en compañía de sus hijas y que en varias ocasiones hubo alguien que se personó en el colegio de sus hijas presentándose como su secretario o como su hermano. Con todo, ante el juez de la Audiencia Nacional, Biedma ha explicado que nunca supo que la presunta 'fontanera' del PSOE estuviera detrás de esas presiones.

La jueza Biedma ha confirmado que el coronel Balas fue a reunirse con ella en persona en cuanto abrió la causa contra el hermano de Sánchez a partir de una denuncia de Manos Limpias. Balas decidió que un comandante fuera el instructor de las diligencias pero, según Biedma, acabó él desempeñando esa tarea porque “recibían presiones”, según le habrían trasladado los propios guardias civiles a la magistrada. “Nosotros hemos actuado contra todos los partidos políticos en diferentes comunidades autónomas y las presiones que estamos recibiendo ahora a nivel investigador nunca las hemos sufrido”, asegura Biedma que le dijo el coronel Balas.

Sin que nadie le preguntara, Beatriz Biedma ha aprovechado para dar una explicación sobre el hecho de que implicara a la UCO, unidad especializada en Anticorrupción, en un caso en el que se investigaba la contratación de un concertista de reputación internacional a razón de poco más de 40.000 euros anuales. Biedma ha contado que temía que en un lugar pequeño como Badajoz pudiera haber filtraciones si hacía el encargo de la investigación a la Policía Nacional de la ciudad o a la Guardia Civil local.

En este sentido, también ha aludido a que la denuncia de Manos Limpias recogía una información acerca de que la misma localidad de Portugal donde residía David Sánchez había domiciliadas sociedades vinculadas a un caso de fraude de hidrocarburos que ya instruía la UCO.

La UCO acaba de presentar a Pedraz el resultado preliminar de una investigación que Balas ordenó abrir a partir de informaciones en prensa sobre la agenda de Leire Díez a las que la unidad no había conferido relevancia hasta ahora. Uno de los testimonios recabados por los guardias pertenece a Cintia Rocho, quien lideraría a un clan vinculado con el narcotráfico en Badajoz y que es conocida con el apodo de 'La Celsa'. Rocho explicó que, en una conversación telefónica que mantuvo con el exjuez Luis Sáenz de Tejada, éste le indicó que a la jueza que instruía el caso, Beatriz Biedma, había que “eliminarla”. Sáenz de Tejada, quien llevaba más de una década en una cruzada contra un grupo de jueces de Badajoz y mantiene contactos con sectores conspiranoicos de la extrema derecha, figura entre los colaboradores de la exmilitante en su plan para inquietar el trabajo de Biedma. 

Otro de los interrogados por la UCO es el empresario Joaquín Parra, quien formó parte de un chat de WhatsApp llamado 'Vacaciones y Viajes' en el que participaban tanto Leire Díez como Sáenz de Tejada y el empresario Javier Pérez Dolset. Este testigo declaró que aunque él no tenía constancia de la posibilidad de una agresión física, si tuvo conocimiento de que se produjeron seguimientos a la jueza por parte de terceros vinculados con el exjuez y que conformaban un canal de Facebook denominado 'Club de debates urbanos de Badajoz'.

David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, ha recurrido ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz que lo condenó a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa por su contratación en la Diputación de Badajoz. En el escrito, su letrado, Emilio Cortés, solicita la libre absolución y denuncia que la causa constituye una “investigación prospectiva” originada sin indicios delictivos e impulsada exclusivamente por su vínculo de parentesco con Pedro Sánchez.

La representación legal del músico enfatiza en el recurso que a lo largo de toda la instrucción y el plenario no se ha aportado prueba alguna que acredite más allá de toda duda razonable que David Sánchez participara en el impulso, preparación o tramitación del expediente administrativo que reguló su plaza en la Diputación de Badajoz.

Para la defensa, la atribuida responsabilidad penal responde a motivos extraprocesales: “Las imputaciones a David Sánchez se esconden tras la argumentación judicial, no cabe duda, por el libro de familia de los padres de nuestro mandante; esto es, por la condición de político de su hermano”.

El argumento principal de la apelación se basa en la contradicción en la que, a juicio de la defensa, incurre el propio fallo de primera instancia. La Audiencia Provincial absolvió expresamente a David Sánchez del delito de tráfico de influencias al declarar probado que “no ha quedado acreditado que esta actuación se llevara a cabo por el prevalimiento ejercido por el acusado” ni por servirse de su relación fraterna con el presidente del Gobierno o de su cercanía con el entonces presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo.

El abogado explica que, al descartarse el uso de influencias, que es el único argumento que sostenían las siete acusaciones populares, la condena por prevaricación se queda sin móvil, contraviene la presunción de inocencia y quebranta el principio acusatorio al construir un relato condenatorio ajeno a las tesis validadas en el juicio.

El “señuelo” del absentismo desmentido por 4.500 correos y la UCO

El recurso desmonta asimismo la acusación de que no fuere a trabajar, que sirvió de detonante para la apertura de las diligencias. La defensa subraya que durante los años de prestación de servicios no existió queja ni expediente disciplinario alguno contra el funcionario, que por su condición de personal de alta dirección no tenía obligación de fichar y que la totalidad de los testigos interrogados en el juicio descartaron el absentismo.

A ello suma el resultado del análisis practicado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los 4.494 correos electrónicos de la cuenta profesional del investigado. El atestado policial concluyó que todas las comunicaciones versaban estrictamente sobre proyectos de gestión cultural e institucional, sin que los agentes detectaran indicio alguno de indisciplina o abandono del puesto.

El escrito ataca con dureza la génesis de las actuaciones, iniciadas en mayo de 2024 tras una denuncia del colectivo Manos Limpias sustentada en recortes de prensa y conjeturas que buscaban vincular su residencia en la localidad portuguesa de Elvas con tramas de corrupción. La defensa critica que el juzgado de instrucción asumiera esos planteamientos para abrir una causa general sobre la totalidad de la vida laboral y el patrimonio del investigado.

Por todo ello, la representación de David Sánchez suplica al TSJEx la estimación íntegra de la alzada y la anulación de la condena por vulneración de los derechos fundamentales a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva, al secreto de las comunicaciones y a la intimidad, o, con carácter alternativo, al no concurrir los elementos objetivos ni subjetivos del delito de prevaricación.

Antonio Carvajal, fotógrafo jubilado de 68 años, vive desde hace más de una década con su mujer, Juana, y su suegra dependiente en un piso de la calle Manuel Barrena Gragera, en la Ronda Norte de Badajoz. Nunca esquivaron un pago. Pero hace unos años la vivienda fue vendida sin aviso al fondo Beryllium II Invest Reo SL, parte de una estructura societaria de Reino Unido y sede fiscal en España. La familia siguió abonando la renta a la antigua propietaria durante meses, sin saber que ya no era la dueña, y acabó acumulando una deuda que ronda los 30.000 euros. Cuando representantes del fondo se presentaron en la vivienda reclamando ese dinero, comenzaron las amenazas de desahucio.

Carvajal, que dejó la fotografía tras perder parcialmente la vista por enfermedad, recibe una pensión y vive con ingresos estables junto a su mujer y su suegra. Pueden pagar un alquiler, pero el fondo se negó desde el principio a renovar el contrato o a indicar una vía para hacer llegar las mensualidades. En paralelo, una empresa mediadora ofreció a Antonio cantidades de dinero cambiantes para que abandonara la casa, sin llegar nunca a formalizar un acuerdo. La familia buscó alternativas habitacionales, pero todas las inmobiliarias rechazaron alquilarles sin nómina y los servicios sociales solo les plantearon como opción una residencia de mayores, algo inviable para un hogar independiente.

Según explica a elDiario.es uno de los miembros de la plataforma Inquilinato Badajoz, Daniel Ponte Balas, la vía jurídica tampoco funcionó. La justicia gratuita fue denegada por los ingresos que Juana había percibido el año anterior, pese a que ya no los cobraba. Según el relato del afectado, desde el propio juzgado se le sugirió que solo podría acceder a un abogado de oficio si se divorciaba. Para gestionar ese trámite contrató a un letrado que, según la información que maneja la familia, había participado en una candidatura interna de Vox en 2019. El abogado desapareció durante semanas, no avanzó el procedimiento y, cuando reapareció, se limitó a decir que “la papeleta estaba resuelta”, sin aportar documentación ni desbloquear la defensa. El tiempo perdido dejó a la familia sin representación en pleno proceso de desahucio.

Según la nota de prensa enviada a los medios de comunicación por la plataforma, el fondo Beryllium II Invest Reo SL forma parte de un entramado empresarial cuyo administrador único es Duxburi Spain SL. Otra empresa del mismo grupo, G-M Reo Holdco SL, intentó desahuciar a varias personas —entre ellas una menor— en plena pandemia, según publicó El Salto Diario. No es un episodio aislado, sino un patrón de actuación de un grupo con recursos muy superiores a los de las familias a las que se enfrenta.

Ante la indefensión, Antonio acudió a Inquilinato Badajoz. El colectivo revisó la documentación, ordenó fechas y cantidades y abrió gestiones con la parte demandante. También impulsó una movilización que reunió a más de 500 personas el domingo 4 de octubre para denunciar la crisis de la vivienda y exigir una solución para el caso. Allí se exhibieron pancartas con lemas como 'Antonio se queda' o 'Los buitres, a Monfragüe'. El lanzamiento estaba fijado para este miércoles a las 10.30, pero finalmente ha sido suspendido durante al menos dos meses, un margen que permitirá negociar y aclarar responsabilidades en una historia marcada por la falta de información, la indefensión jurídica y la presión de un fondo internacional.

El aplazamiento no resuelve el conflicto. Quedan abiertas varias incógnitas: si Antonio podrá conservar su vivienda, si podrá denunciar a la antigua propietaria por no comunicar la venta, si logrará finalmente acceder a un abogado de oficio y si el fondo aceptará una solución que no pase por expulsar a una familia vulnerable. Por ahora, la noticia es que Antonio Carvajal sigue en su casa. No es una victoria definitiva, pero sí un respiro.

Al final, lo que sostiene a Antonio y a su familia no es solo el aplazamiento judicial, sino la red humana que ha ido apareciendo en el camino. El freno del desahucio deja también una lectura que trasciende el caso concreto. En los últimos días, varias voces han recordado el episodio de Maricarmen en Madrid, la vecina que logró detener un lanzamiento y cuyo gesto terminó convertido en símbolo de resistencia frente a los fondos buitre. La comparación no es casual: igual que entonces, aquí también ha sido la presión social y la organización vecinal la que ha conseguido detener una maquinaria que avanzaba sin mirar a las personas. En Badajoz, como en aquel caso, la diferencia la ha marcado la gente que decidió no mirar hacia otro lado.

La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a 18 meses de prisión a un hombre como autor de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con estafa agravada, y a nueve meses de cárcel a su yerno por estafa continuada, tras acreditarse que manipularon los cuentakilómetros de al menos 12 vehículos de segunda mano para venderlos a un precio muy superior al de mercado. La resolución judicial considera probado que el fraude, cometido entre los años 2013 y 2017, causó un perjuicio económico acumulado a los compradores de 63.866,98 euros.

El fallo, dictado por la Sección Primera del tribunal pacense, se ha producido por conformidad de las partes tras el reconocimiento expreso de los hechos por parte de los acusados. Al ser un acuerdo firme entre la Fiscalía, las acusaciones particulares y las defensas, la sentencia es definitiva y no admite recurso ordinario. Por su parte, la esposa del principal procesado ha quedado totalmente absuelta al constatar que desconocía por completo los negocios y maniobras de su marido.

Subastas europeas, facturas retocadas e internet

Según los hechos probados de la sentencia, el principal condenado adquiría turismos, principalmente en el mercado europeo de ocasión y mediante subastas, cuyas facturas originales sí reflejaban la distancia real recorrida. Para dificultar el descubrimiento del engaño, alteraba la documentación de compra haciendo desaparecer los kilómetros antes de presentar las facturas ante la Jefatura Provincial de Tráfico de Badajoz.

Paralelamente, rebajaba de forma sustancial los odómetros de los vehículos. En diversos casos analizados en la causa, los turismos acumulaban entre 120.000 y más de 210.000 kilómetros reales, pero eran ofertados reflejando marcas de entre 50.000 y 70.000 kilómetros. Los automóviles, entre los que se encontraban modelos Citroën C4, Audi A4, Audi A3, Peugeot 5008 y Mazda CX, se anunciaban y comercializaban a través de portales de compraventa en internet como 'milanuncios' o 'coches.net'.

El segundo de los acusados, yerno del primero, participaba en la comercialización de algunos de estos vehículos a sabiendas de que los cuentakilómetros habían sido trucados para lograr que los compradores abonaran un precio más elevado.

Reparación del daño y dilaciones indebidas

A ambos condenados se les han aplicado las circunstancias atenuantes de reparación del daño y de dilaciones indebidas. Respecto a esta última, el tribunal señala que la causa judicial estuvo paralizada por motivos no imputables a los procesados desde febrero de 2024 hasta marzo de 2025 en el juzgado de instrucción antes de su remisión a la Audiencia Provincial.

Asimismo, con anterioridad a la celebración del juicio, los encausados consignaron fondos para hacer frente a las indemnizaciones: 37.000 euros por parte del principal responsable y 9.080,20 euros por parte de su yerno. Para cubrir la totalidad de la indemnización fijada en 55.366,98 euros para el primero, la Sala ordenó completar el pago mediante los fondos embargados cautelarmente al condenado y a su esposa absuelta, quien prestó su consentimiento expreso durante la vista pública.

Debido a la ausencia de antecedentes penales en ambos procesados y a que las penas no superan los dos años de prisión, la Sala ha acordado la suspensión de las penas privativas de libertad. La medida queda condicionada a que no vuelvan a delinquir durante un periodo de cinco años en el caso del principal implicado y de tres años para el segundo, además de completar el pago íntegro de las indemnizaciones adeudadas a los 12 afectados.

La Diputación de Badajoz y la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) han puesto en marcha ‘Jóvenes con Memoria: Badajoz en Democracia’, una iniciativa educativa impulsada a través del Servicio de Memoria Histórica de la institución provincial y dirigida específicamente al alumnado de educación secundaria de la provincia. El propósito principal del programa es sensibilizar y concienciar a las nuevas generaciones sobre la importancia fundamental de la memoria democrática y los derechos humanos como pilares indispensables de una sociedad libre, justa y plural.

Partiendo de la convicción de que conocer el pasado es imprescindible para comprender el presente y construir el futuro, el proyecto propone a los estudiantes adentrarse en el estudio de la Guerra Civil y la dictadura franquista con un enfoque arraigado en su propio territorio. De este modo, se busca fomentar la reflexión sobre la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, dotando a los jóvenes de herramientas críticas frente a la desinformación y el auge de los discursos de intolerancia en el entorno digital.

Talleres participativos y creación de una Ruta de la Memoria

El programa se desarrollará desde este martes y hasta finales de noviembre de 2026, periodo en el que llegará a ocho centros educativos de localidades como Badajoz, Don Benito, Hornachos, Montijo, Puebla de la Calzada y Santa Amalia. La metodología combinará sesiones dinámicas y talleres participativos guiados por el profesorado con trabajos de investigación en los que el alumnado asumirá un papel activo y protagonista.

Como resultado final de este proceso de indagación histórica, los estudiantes elaborarán de forma colaborativa la Ruta de la Memoria Democrática de la Provincia de Badajoz. Cada instituto aportará un enclave o un acontecimiento histórico vinculado a su municipio, configurando un itinerario que quedará como legado compartido para toda la ciudadanía y evidenciando que la memoria se construye desde la cercanía de los pueblos, sus calles y sus gentes.

Beatriz Biedma, la magistrada que llevó a juicio al hermano de Pedro Sánchez, insiste en que la Audiencia Nacional debe investigar las supuestas maniobras urdidas en su contra por la presunta trama dirigida por la exmilitante Leire Díez y vinculada al PSOE para “desestabilizar” causa judiciales que afectaban a exdirigentes socialistas y a familiares del presidente del Gobierno. Biedma ha recurrido la decisión del instructor del caso en la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, de aceptar su personación solo por las posibles calumnias que pudo sufrir y no por el supuesto encargo para que un clan la intimidara. 

Para intentar revertir esta decisión, la magistrada ha presentado un escrito en el que aporta decenas de vídeos de la campaña en redes contra ella y alude también a la muerte en Badajoz tras “varios disparos de arma de fuego” de Jesús Rocho, un caso que está investigando. El asesinado es el padre de Cinthia Rocho, la mujer que afirmó en un programa de televisión que “un juez y un abogado” la contactaron para que hostigara a la magistrada. En su escrito, la magistrada dice que el crimen fue perpetrado el 30 de diciembre de 2024, en “pleno apogeo” de la instrucción contra David Sánchez y cuando la presunta trama dirigida por Leire Díez ya operaba para “destruir el procedimiento”, si bien no apunta qué relación puede tener con estos hechos. 

Sí establece vinculación con otro episodio vinculado al clan de “Los Rochos”. Se trata de la decisión del Tribunal Constitucional de admitir el recurso de amparo de otro de los hijos del asesinado, quien denunció que Biedma le había denegado el habeas corpus, un recurso judicial para que un juez decida si su arresto es contrario a la ley y le deje en libertad. El tribunal de garantías le dio la razón. Según el escrito, uno de los colaboradores de Leire Díez se basa en esa resolución para decir “continuamente” en vídeos de YouTube que Biedma ha sido “condenada por violar derechos fundamentales”. 

Esos vídeos constituyen, según Biedma, la principal prueba de la existencia de una campaña en su contra. En el escrito, detalla la existencia de varios en los que se vertieron afirmaciones vejatorias, acusándola de actuar de forma ilegal, “pagar favores”, “servir a intereses ajenos a la justicia” o tildándola de “violadora de derechos fundamentales”, “cobarde”, “cínica”, “vaga” o “cordobesa asintomática”. 

El autor de esos vídeos es Luis José Sáenz de Tejada, un antiguo juez que lleva años fuera de la judicatura tras haber sido condenado por amenazas de muerte a su exmujer. Según se desprende de la investigación, aceptó ser el brazo ejecutor de la estrategia de la trama contra Biedma. El plan abarcaba que se personase en el proceso para “paralizar” la causa e incluso asumir la defensa de David Sánchez, algo que nunca sucedió. Pero sí puso en marcha acciones penales contra Biedma que nunca prosperaron. 

En el escrito, la jueza recuerda que la UCO acreditó que Sáenz de Tejada pidió a Leire Díez que difundiera sus vídeos y afirma que las publicaciones del canal se centraron intensamente en ella a partir de agosto de 2024, tras la creación del grupo de WhatsApp “Vacaciones y Viajes”, compuesto por Leire Díez, Sáenz de Tejada y los empresarios Javier Pérez Dolset y Joaquín Parra. Además, mantiene que omitió el nombre de los testigos de los hechos que denuncia para “salvaguardar su futura declaración en el procedimiento de injerencias externas y de posibles presiones, así como para evitar que fueran localizados por la prensa y que sus manifestaciones e identidad fueran publicadas en medios de comunicación”.

La decisión de Pedraz

El juez Pedraz, siguiendo el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, aceptó su personación como acusación particular pero por el momento sólo como víctima de un posible delito de calumnias. Entendía que el resto de delitos que decía la jueza Biedma haber sufrido debían quedar fuera de la investigación.

En concreto, las dos fiscales se referían a la anotación que aparecería en una de las agendas de Leire Díez y en la que se decía literalmente: 'Jueza Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano'. Explicaban que ese posible encargo a un clan de narcotraficantes para que hostigara a Biedma no está recogido en ninguno de los informes policiales previos y que “no es posible abrir una línea de investigación por cada una de las anotaciones que aparecen en las múltiples agendas” de la exmilitante.

La jueza quiere que se investigue “el significado y alcance de la anotación”, que data del 25 de marzo de 2025, de la que tuvo conocimiento gracias a un medio de comunicación -Artículo 14- y que, por el nombre de 'La Celsa', estaría relacionada con investigaciones que la magistrada dirigía “sobre clanes dedicados al narcotráfico”.

Biedma explicaba así en su primer escrito que había tenido conocimiento de la existencia de contactos promovidos por el supuesto grupo criminal investigado en el caso Leire Díez con personas vinculadas a un conocido clan asentado en la ciudad de Badajoz “con la finalidad de actuar contra la magistrada”. Añadía que podía haber sido víctima de una operación que buscaba “la generación de hostilidad” frente a ella “o cualquier otra actuación tendente a presionarla, desacreditarla o comprometer su seguridad personal”.

El juez Pedraz, en cambio, le recordó que la UCO no puede comprobar la trascendencia de esa anotación “sin otros datos que le doten de relevancia” y añadió que la jueza solo dice conocer de esa anotación referente al clan a través de informaciones que, en cambio, no se recogen en su escrito. “Tampoco se recoge en su denuncia que ella fuera directa conocedora u objeto de tales amenazas o coacciones en esos términos en el curso de la instrucción” en la que investigó al hermano de Sánchez.

La Diputación de Badajoz ha dado el pistoletazo de salida al proceso de expropiaciones para la construcción de 'La Lanzadera', un nuevo itinerario viario de 20,28 kilómetros que conectará Guareña y Santa Amalia en un tiempo estimado de 17 minutos, con una inversión total de 6,32 millones de euros.

El anuncio, publicado este martes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), somete a información pública la relación de 63 parcelas afectadas en los términos municipales de Medellín (41), Santa Amalia (16), Guareña (5) y Valdetorres (1). La gran mayoría de los terrenos corresponden a arrozales y otras tierras de regadío, además de olivares, secanos, cerramientos y una parcela de suelo industrial.

Los propietarios dispondrán de un plazo de quince días hábiles para presentar alegaciones o corregir posibles errores en la relación de bienes. Tras este trámite, la institución provincial solicitará a la Junta de Extremadura la declaración de urgente ocupación para acelerar la disponibilidad de los terrenos.

Conexión agraria y acceso a Casas del Turuñuelo

El proyecto se divide en dos tramos principales: uno de 6,2 kilómetros entre Guareña y Valdetorres (a través del camino C-5) y otro de 8,9 kilómetros entre el final de la carretera provincial BA-142 y Santa Amalia, pasando por el entorno de Yelbes.

La nueva infraestructura permitirá crear un itinerario continuo con conexión directa a la carretera N-430, optimizando el transporte de mercancías y productos agrícolas, facilitando el acceso a las explotaciones de regadío y mejorando los viales hacia las fincas colindantes, incluyendo además un ramal específico de acceso al yacimiento arqueológico de Casas del Turuñuelo.

Financiación pluriinstitucional

El coste de la actuación cuenta con la participación de varias administraciones. La Confederación Hidrográfica del Guadiana y la Junta de Extremadura aportarán 2,24 millones de euros cada una, mientras que la Diputación de Badajoz financiará los 1,85 millones restantes, encargándose asimismo de la licitación, la ejecución de las obras y la posterior conservación de la vía.

La Diputación de Badajoz ha levantado en los últimos años un ecosistema escénico que funciona como una red de sostén para el teatro profesional, el tejido amateur y la formación de públicos en toda la provincia. Lo ha hecho desde una premisa que atraviesa toda su política cultural: la cultura como herramienta de cohesión territorial y como garantía de igualdad entre municipios que, por su tamaño o recursos, nunca podrían sostener una programación estable sin apoyo institucional. Ese principio vertebra el I Plan Estratégico Provincial de Dinamización Cultural 2023‑2027 y explica por qué, solo en 2025, la corporación destinó más de 10,7 millones de euros a cultura dentro de un presupuesto departamental de 20,2 millones, alcanzando una cobertura del 100 % del territorio con más de 2.200 actividades anuales. En los pueblos de menos de 20.000 habitantes —el corazón rural de la provincia— la inversión asciende a 50,51 euros por habitante, casi el doble del promedio provincial, lo que permite sostener una media de 13,3 actividades culturales al año en cada localidad.

Ese esfuerzo se materializa en una arquitectura de programas que combina exhibición profesional, formación de públicos, apoyo a la creación y dinamización comunitaria. En ese entramado, D’Rule: Artistas en el Territorio es el dispositivo central de exhibición teatral profesional. Desde 2016, descentraliza la oferta escénica y garantiza que los pueblos puedan acceder a montajes de compañías extremeñas consolidadas sin asumir el coste real del caché. En 2026, el programa reparte 300.000 euros entre municipios y entidades locales menores, cubriendo hasta 2.500 euros por representación —5.000 en los casos de localidades con dos obras— y asegurando que todas las funciones se desarrollen entre octubre y finales de año. La resolución de este año ha beneficiado a 85 localidades, que programarán espectáculos de compañías como Samarkanda Teatro, Teatro Girigai, Karlik Danza Teatro, Verbo Producciones, Teatro de Papel, Las Cuatro Esquinas Producciones, De la Luna Teatro, Atakama, Maltravieso Teatro o Francis J. Quirós Producciones, todas ellas integradas en la Guía de Artistas y Grupos de la Diputación.

La formación de públicos se aborda desde la infancia con PequEscena, un festival que desde 2022 lleva títeres, clown, teatro de objetos y narración escénica a casas de cultura rurales. Su repertorio combina compañías extremeñas y nacionales —Tropos Teatro de Títeres, Titiriteros de Binéfar, Marmore Producciones, Chameleon Producciones, Bambalía Escénica o El Avispero— y este año volverá a desplegarse entre octubre y diciembre, consolidándose como la puerta de entrada al hecho escénico para miles de niños y niñas del medio rural. A su alrededor orbitan otros circuitos sectoriales —BadeCirco, Badakadabra, Danzaria— que diversifican la oferta de calle y sala en municipios pequeños y completan la estrategia de acceso temprano a la cultura dramática.

La Diputación sostiene además una constelación de festivales que amplían el mapa escénico provincial y regional: el Festival de Teatro de Vegas Bajas, el de Casas de Regina, el Festival de Teatro Musical de Don Benito, el Amateur de Extremadura, el Festival Internacional de Teatro de Badajoz y el Festival de Mérida. Todos ellos cuentan con financiación provincial, ya sea mediante patrocinios directos o a través de las convocatorias para ayuntamientos y asociaciones culturales, lo que permite que la programación profesional y de gran formato llegue a públicos que, de otro modo, quedarían fuera de los circuitos escénicos nacionales.

La estructura de subvenciones completa este modelo con dos líneas diferenciadas: una para administraciones locales y otra para asociaciones y fundaciones. El Plan Provincial de Cooperación para el Programa de Dinamización Cultural, dotado con 785.000 euros, funciona en concurrencia no competitiva y permite a cada municipio programar hasta tres actividades entre enero y octubre, con ayudas de 1.500 euros para compañías profesionales y 1.000 para agrupaciones amateur. En paralelo, las convocatorias para asociaciones sufragan festivales, muestras de teatro aficionado, certámenes y proyectos comunitarios, mientras que las ayudas de capital financian equipamiento técnico y reformas en espacios escénicos locales, un aspecto crucial para que los municipios más pequeños puedan cumplir los requisitos técnicos exigidos por circuitos como D’Rule.

El apoyo a la dramaturgia se articula mediante la cooperación con la Federación de Asociaciones de Teatro de Extremadura, FATEX, y las diputaciones de Badajoz y Cáceres. El Premio Internacional Raúl Moreno FATEX otorga 4.000 euros a la obra ganadora y 2.000 al accésit, y publica ambos textos en un volumen bilingüe castellano‑portugués que favorece el intercambio escénico a través de la Raya. Los grupos federados en FATEX estrenan y giran estas obras en la Red de Teatro Amateur. El Premio de Autor Extremeño, reservado a dramaturgos nacidos o residentes en la región, concede 500 euros y publica la obra en la colección Escena Extremeña, también en edición bilingüe. La Red de Teatro Amateur de FATEX completa la oferta con representaciones en salas municipales durante el otoño.

El impacto socioeconómico de este modelo es doble. Por un lado, la cobertura íntegra del caché en D’Rule y en el Plan de Dinamización estabiliza el mercado laboral escénico extremeño, garantizando ingresos recurrentes para cooperativas y pymes teatrales en un contexto donde la taquilla municipal no puede absorber los costes reales de producción. La Guía de Artistas y Grupos actúa como registro técnico que asegura condiciones salariales acordes al mercado y evita la devaluación del trabajo artístico. Por otro, la inversión concentrada en municipios pequeños neutraliza la brecha de acceso a la cultura dramática y consolida hábitos culturales tempranos gracias a programas como PequEscena. La cooperación transfronteriza de los premios FATEX proyecta la dramaturgia extremeña hacia Portugal y crea un espacio bilingüe singular en el panorama teatral español.

Los retos, sin embargo, persisten. La exigencia técnica de los recintos aptos para montajes profesionales sigue siendo una barrera para las entidades locales menores, lo que obliga a mantener líneas de modernización infraestructural para evitar exclusiones. También es necesario seguir afinando la coordinación entre los distintos agentes institucionales para evitar la concentración de programación en el último cuatrimestre y garantizar un flujo escénico continuo durante todo el año.

Equilibrar el territorio

El resultado es un modelo que no solo programa teatro: lo convierte en infraestructura pública, en una forma de presencia institucional que equilibra el territorio y sostiene la vida cultural de los pueblos. En un contexto donde la oferta escénica depende casi por completo del impulso público, cada función es una afirmación de igualdad y de derecho: la certeza de que la creación dramática no es un privilegio urbano, sino un bien común que pertenece a todas las comunidades. La Diputación de Badajoz ha construido una red que permite que el teatro profesional viva de su trabajo, que la infancia acceda a la cultura desde sus primeros años y que la dramaturgia extremeña circule más allá de sus fronteras. Ese es el verdadero impacto: un territorio donde la cultura no se improvisa y además consigue sostenerse. Donde el teatro no es considerado simplemente como un evento, sino como una forma muy presente de futuro.

Y por eso este modelo importa. Porque convierte la cultura en infraestructura cívica, garantiza que la profesión teatral pueda vivir de su trabajo y mantiene abierto un horizonte creativo que, sin esta red, se estrecharía hasta desaparecer.

La Audiencia Provincial de Badajoz ha confirmado de forma firme la condena de un año y medio de prisión y una multa de 1.440 euros impuesta a un hombre por coaccionar y amenazar a su cuñada, que había denunciado a su hermano por un caso de violencia de género. El tribunal desestima el recurso de apelación presentado por el procesado y ratifica íntegramente la sentencia de instancia que lo considera culpable de un delito de obstrucción a la justicia por intentar condicionar la actuación procesal de la denunciante mediante graves intimidaciones.

Según los hechos probados recogidos en la resolución judicial, el acusado se personó en la vivienda de la afectada acompañado por una tercera persona que no ha podido ser identificada. Tras abrirles la puerta la madre de la denunciante, ambos comenzaron a exigir la retirada inmediata de las acciones legales emprendidas días antes contra la expareja de la mujer, hermano del procesado. En un primer momento, dirigieron la presión hacia la madre, amenazándola con cortarle el contacto y no permitirle volver a ver a otros nietos de la familia si la denuncia no se retiraba.

La situación se intensificó cuando la denunciante salió a la entrada del domicilio y rechazó tajantemente ceder a las exigencias. Ante la negativa a frenar el procedimiento por violencia machista, el procesado lanzó amenazas explícitas ligadas directamente a la acción judicial y aludió al riesgo para su vida. Según consta en el fallo, le advirtió de que “si mi hermano entra en prisión se le puede ir la cabeza” y añadió: “Si luego sales por la televisión como tantas mujeres asesinadas no te vayas a sorprender”.

En su resolución, la Sala respalda plenamente la valoración de la prueba realizada en la primera instancia y concluye que el testimonio de la denunciante ha sido “claro, persistente y contundente”. Los magistrados precisan que el hecho de que la madre de la mujer no pudiera precisar con exacta exactitud cuál de los dos hombres pronunció cada frase en la puerta de la casa no resta credibilidad ni valor incriminatorio a la prueba de cargo.

Asimismo, el tribunal pone de relieve las incoherencias en la estrategia del acusado para eludir su responsabilidad. Mientras que en su escrito de defensa alegó que acudió al inmueble acompañado por un tercero, durante la vista oral cambió su versión afirmando que había ido solo. Para los jueces, este viraje en el relato supone un “vano intento de minimizar o neutralizar la situación de intimidación”, la cual resulta objetivamente más acusada al presentarse dos personas en la vivienda de la denunciante.

La Audiencia remarca que el empleo de expresiones conminatorias de tal calibre busca infundir temor y angustia para viciar la voluntad de la denunciante en el proceso judicial. Con la confirmación de esta sentencia firme, la justicia penaliza con rotundidad las presiones ejercidas por el entorno de un investigado para forzar la impunidad en los tribunales.

Silvia González Chaves será la candidata del PSOE a la alcaldía de Badajoz en las elecciones municipales de mayo de 2027 tras imponerse en la primarias de la formación local con un 63,91% de los votos emitidos frente a la otra candidata Concha Baños Jorge, que ha obtenido el 36,08%.

El PSOE de Extremadura ha informado del resultado obtenido tras el recuento de las papeletas emitidas en la votación de las primarias a la candidatura del PSOE a la alcaldía de Badajoz.

La participación ha sido del 62,82% del total de 624 militantes llamados a las urnas.

La candidatura de Silvia González Chaves ha obtenido 232 votos, un 63,91%, mientras que la de Concha Baños Jorge ha logrado 131 votos, un 36,08%. Además, se han emitido 27 votos en blanco y 2 votos nulos.