La compra de votos de Melilla: un posible fraude que se repite en la ciudad autónoma y amenaza al 21% del censo

Dos policías nacionales custodian desde la semana pasada la oficina de Correos de Melilla, ubicada a apenas unos metros de la playa de los Cárabos. Otros agentes escoltan a los carteros que transportan por las calles de la ciudad las sacas con las papeletas de los ciudadanos que han solicitado el voto por correo después de que varios de ellos fueran asaltados y les robaran 43 sobres −ya anulados−. Hay controles en todo el perímetro del municipio para evitar una salida masiva de votos por correo con la intención de ser enviados desde la península.  

El fantasma de un posible fraude electoral a gran escala ha resurgido en torno a las elecciones del próximo 28 de mayo en Melilla, una localidad que ya ha registrado en el pasado casos de compra de sufragios y que tiene a destacados exdirigentes condenados en firme por ello. Las alarmas saltaron hace unos días por los asaltos a los carteros y, sobre todo, el alto volumen de peticiones de voto por correo. Hasta que se acabó el plazo este jueves, lo habían solicitado 10.727 personas, un 21% del censo. El porcentaje es casi siete veces superior al de la media nacional, situado en el 3%. Y la cifra duplica con creces a la de hace cuatro años, cuando 4.210 personas votaron por correo en Melilla. Además, se han registrado peticiones de ciudadanos que viven en zonas concretas y de “calles al completo”, según ha dicho en diferentes entrevistas la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, que ha llegado a hablar de “atentado contra la democracia”.

El caso está ya en manos de un juzgado de la ciudad, que indaga en dos tramas que presuntamente habrían pagado entre 50 y 200 euros por cada voto irregular, según Europa Press. Fuentes de la investigación consultadas por elDiario.es afirman que la Policía Nacional investiga como posible responsable de estos hechos al expresidente de la ciudad autónoma y líder de Coalición por Melilla (CpM), Mustafa Aberchán, que ya fue condenado a dos años de cárcel por estas prácticas. La investigación se centra en la compra de votos por correo. El partido de Aberchán habría pagado presuntamente a ciudadanos para que solicitasen su voto por correo y le entregaran la documentación con la papeleta de Coalición por Melilla para ser depositada en dependencias de Correos.

La tesis principal es que la intención de los implicados era manipular el resultado sirviéndose de un agujero de la ley electoral, que exige a los ciudadanos acreditar su identidad cuando solicitan las papeletas y cuando las reciben en su domicilio, pero no cuando las depositan en Correos. Es decir, permite que una persona pueda entregar el voto de otra. Y así se podía hacer en la ciudad autónoma hasta este jueves, cuando la Junta Electoral tomó una decisión inédita ante las “excepcionales circunstancias”: exigir a los electores de Melilla que han pedido el voto por vía postal que lo entreguen en persona en Correos identificándose con un documento oficial. 

Las autoridades garantizan elecciones “limpias”

El despliegue de seguridad y la instrucción de la Junta Electoral para exigir el DNI también al depositar el voto han frenado la presentación de papeletas, lo que ha permitido a las autoridades trasladar en las últimas horas el mensaje de que habrá elecciones “limpias”. Según datos de Interior, hasta mediodía de este viernes, sólo 921 de esos 10.727 electores habían depositado el voto. Hay de plazo para hacerlo hasta el 25 de mayo. En los días previos, la jueza ya había ordenado a los policías que custodian la oficina de Correos de la ciudad autónoma que identificaran a cualquier persona que apareciera con la intención de depositar más de cinco votos. 

En un acuerdo, el órgano encargado de velar por la limpieza de los procesos electorales afirma que “las medidas adoptadas han neutralizado la posible utilización ilegítima de esta documentación electoral” y descarta “endurecer” el ejercicio del voto por correo. Sobre los votos emitidos antes de la instrucción de la Junta Electoral, la delegada del Gobierno afirmó que se han emitido “con garantías”. Aseguró, a este respecto, que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no han permitido depositar más de cinco votos a la vez basándose en una resolución judicial, según información de Efe recogida por El Faro de Melilla. A partir de cinco votos, la orden de la jueza era identificar a la persona que pretendiera depositar votos de manera masiva y también a los titulares de esos votos.

El País apunta a la existencia de redes piramidales lideradas por políticos que subcontratan la compra de votos a una especie de mediadores. Y que estos, a su vez, encargarían a delincuentes comunes el contacto directo con los vecinos, principalmente jóvenes y familias vulnerables. Este diario ha publicado un audio de WhatsApp incluido en las investigaciones que recoge una oferta de compra de votos. “¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal la familia? Si tú, tu mujer, tu familia, tal... quieren votar, tráeme los votos, que yo te los compro todos”, puede oírse en la grabación. 

El fraude acreditado de 2008

El modus operandi supuestamente utilizado ahora recuerda al que motivó en 2018 la condena a dos años de cárcel del líder de Coalición por Melilla y del ex secretario general del PSOE de Melilla, Dionisio Muñoz, por la compra de votos emitidos por correo en las elecciones al Senado de 2008, en las que ambas formaciones concurrieron de forma conjunta.

No obstante, en ese caso no se acreditó la existencia de una contraprestación económica concreta. Sí se les prometía a los ciudadanos implicados que “serían contratados en los planes de empleo con preferencia a otras personas, lo que constituía un importante estímulo dado el número de desempleados que hay en Melilla”, según el fallo. 

La Audiencia Provincial de Málaga consideró probado que desde la sede de CpM y las Juventudes Socialistas de la ciudad autónoma se ideó una trama para persuadir a ciudadanos para que solicitasen su voto por correo y les entregasen a ellos la documentación electoral. Y eran los acusados los que metían la papeleta de la candidatura unitaria en los sobres y se encargaban de entregarlos en Correos. La Sala de lo Penal ratificó en 2021 las condenas a Aberchán, Muñoz y otras 16 personas a las que la Audiencia Provincial había impuesto penas de multa e inhabilitación.

Neutralizado o no, el posible fraude ya ha empañado la campaña y ha enrarecido el ambiente de la ciudad. Juan Diego Román, delegado de CCOO Melilla en Correos, afirma que en las elecciones de 2015 y 2019 ya hubo sustracciones de documentación electoral, aunque con un alcance menor. Fue algo “anecdótico y puntual”, sostiene. “No hubo ataques violentos como en esta ocasión, que se produjeron varios asaltos simultáneos al correrse la voz entre los delincuentes de que se iba a hacer el reparto de las papeletas. A uno de los trabajadores le cortaron el paso con un vehículo y mientras una persona le agarraba por la espalda, otra le quitaba la documentación”, detalla. Román asegura que el acompañamiento policial “está surtiendo efecto” y desde el 10 de mayo no ha vuelto a haber ataques, aunque asegura que muchos empleados siguen afrontando con cierta ansiedad los repartos.   

Los últimos incidentes también han incrementado la incertidumbre de cara al resultado electoral, donde los sondeos apuntan a una mayoría absoluta del PP con el apoyo de Vox, según el promedio elaborado por RTVE. Lo que sí está claro es que el 21% del censo no podrá votar en urna, pues una vez que la Oficina del Censo Electoral ha aceptado la solicitud de voto por correspondencia no se puede votar en la mesa electoral, confirman fuentes de Correos. La gran incógnita ahora es si estos electores ejercerán o no su derecho al voto. En las municipales de 2019 votaron en Melilla 34.393 personas.