El Cuerpo de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha desarrolla una función esencial en la vigilancia, custodia y protección del patrimonio natural.

En la provincia de Cuenca, sus integrantes trabajan sobre un territorio extenso, complejo y exigente, asumiendo responsabilidades que requieren criterio técnico, autonomía profesional y una estructura jerárquica competente y fiable.

Precisamente por la naturaleza de estas funciones, quienes ejercen responsabilidades de coordinación deben hacerlo con un estándar especialmente elevado de imparcialidad, conocimiento, prudencia y respeto.

Hoy, una parte significativa de los agentes considera que ese estándar no se está cumpliendo y que la confianza profesional en la actual Coordinación Provincial se encuentra profundamente deteriorada.

Esta carta no nace de una discrepancia puntual ni de un enfrentamiento personal. Tampoco cuestiona la necesidad de una estructura jerárquica. Reivindica exactamente lo contrario: una jerarquía profesional, sometida a reglas claras, capaz de motivar sus decisiones, de tratar por igual a los trabajadores y de asumir responsabilidad por la forma en que ejerce sus competencias.

Lo que denunciamos es un modelo de dirección marcado, a nuestro juicio, por decisiones discrecionales, desigualdad de trato, falta de transparencia y una forma de ejercer la autoridad que ha generado división, inseguridad y temor entre parte de la plantilla.

Los hechos que sustentan estas afirmaciones pueden ser documentados y, cuando proceda, puestos a disposición de los órganos competentes.

El deber de sigilo y reserva no es una opción

Quien ocupa la Coordinación Provincial tiene acceso, por razón de su cargo, a información profesional y personal de especial sensibilidad. Esa posición exige prudencia, reserva y un respeto escrupuloso al deber de confidencialidad.

Se han producido episodios relacionados con la utilización, comunicación o difusión de información conocida precisamente por razón del puesto que, a nuestro juicio, resultan incompatibles con el deber de sigilo exigible a una responsabilidad de esta naturaleza.

No corresponde a una carta abierta realizar calificaciones penales o disciplinarias, pero sí señalar que el tratamiento de información reservada no puede depender de conveniencias personales ni convertirse en una herramienta dentro de los conflictos laborales.

Quien dirige a otros empleados públicos debe ser el primero en proteger la información que conoce por razón de su cargo

Las actuaciones y expedientes administrativos sancionadores también deben poder explicarse Resultan igualmente preocupantes determinadas actuaciones relacionadas con procedimientos sancionadores derivados de denuncias formuladas por los agentes medioambientales en el ejercicio de sus funciones. Disponemos de información y documentación relativa a expedientes o actuaciones cuya tramitación habría sido paralizada, retrasada u ocultada sin que se conozca una justificación objetiva suficiente. No pretendemos anticipar una calificación jurídica.

Sí exigimos algo elemental: que las actuaciones practicadas por los agentes sigan el procedimiento que corresponda y que cualquier decisión de detenerlas, alterarlas o no continuarlas quede motivada, documentada y sometida a control.

La aplicación de la normativa no puede depender de relaciones personales ni de decisiones opacas.

La disciplina no puede aplicarse de forma selectiva

Especialmente grave resulta la existencia de una doble vara de medir. No puede exigirse de forma rigurosa el cumplimiento de obligaciones a determinados agentes mientras se toleran incumplimientos manifiestos cuando afectan a otros.

Nos consta que la Coordinación Provincial ha tenido conocimiento de situaciones relacionadas con incumplimientos reiterados de la jornada laboral y con la utilización de vehículos oficiales para fines privativos, sin que se haya actuado con la misma diligencia, severidad o exigencia aplicada en otros casos.

El uso particular de un vehículo oficial y el incumplimiento consciente de la jornada laboral no son cuestiones menores: afectan al correcto uso de recursos públicos, a la organización del servicio y a la igualdad entre trabajadores.

Si quien tiene capacidad de dirección conoce estas conductas y las permite o no adopta las medidas que corresponden, la responsabilidad deja de limitarse exclusivamente a quien incurre en ellas. Lo inadmisible no es solo la existencia de un incumplimiento, sino que la tolerancia o la reacción frente a él pueda depender de quién lo comete.

La autoridad pierde legitimidad cuando las reglas son estrictas para unos y flexibles para otros

La formación no puede convertirse en una herramienta de favoritismo

La formación tiene una incidencia directa en la carrera profesional de los agentes medioambientales. Los cursos realizados pueden otorgar méritos y puntuación en procedimientos de provisión de puestos y concursos de traslados.

Por ello, el acceso a la formación debe regirse por criterios objetivos y verificables, con las debidas garantías de igualdad de oportunidades. Sin embargo, se han constatado decisiones de asignación de acciones formativas que consideramos discrecionales y reiteradamente favorables a determinados perfiles próximos a la Coordinación. Cuando el acceso a un curso termina otorgando una ventaja curricular a unos trabajadores frente a otros, la cuestión deja de ser menor: afecta directamente a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Por ello, reclamamos que cualquier intervención de la Coordinación Provincial en la propuesta, selección o asignación de formación pueda ser revisada y quede sujeta a criterios previos, públicos y trazables.

Un curso de formación no es un premio. Y nunca debe convertirse en una ventaja profesional concedida por afinidad

Más de una década de provisionalidad no puede normalizarse

La actual Coordinación Provincial lleva más de diez años desempeñando puestos de responsabilidad sin haber consolidado mediante los correspondientes procedimientos ordinarios las plazas de responsabilidad a las que ha concurrido.

Las comisiones de servicio y otros mecanismos provisionales son instrumentoslegítimos cuando atienden necesidades temporales; lo problemático aparece cuando la excepcionalidad se prolonga durante años hasta convertirse, de hecho, en la forma estable de ocupar responsabilidades. Una situación provisional prolongada durante más de una década merece ser revisada a la luz de los principios de mérito, capacidad, igualdad, publicidad y adecuada provisión de los puestos públicos. Y resulta aún más difícil de aceptar cuando desde esa misma posición se participa en propuestas o designaciones provisionales de otros puestos de coordinación que terminan configurando la propia estructura jerárquica provincial. No necesitamos atajos ni permanencias de hecho.

Necesitamos procedimientos que permitan acreditar de forma objetiva la idoneidad de quienes aspiran a dirigir el Cuerpo.

Representar a los trabajadores y ejercer poder sobre ellos exige una especial responsabilidad ética

Existe además una circunstancia que no puede ignorarse: el actual coordinador provincial mantiene responsabilidades como representante de los trabajadores mientras ejerce, simultáneamente, funciones jerárquicas y capacidad de decisión o influencia sobre esos mismos empleados.

No cuestionamos el derecho a ejercer funciones representativas ni hacemos referencia a organización sindical alguna.

La cuestión es estrictamente ética y funcional: combinar la representación de los trabajadores con el ejercicio efectivo de poder jerárquico sobre ellos exige un grado extraordinario de transparencia, imparcialidad y separación de funciones. Cuando esa imparcialidad es precisamente una de las cuestiones discutidas, la contradicción resulta todavía más evidente.

Los medios públicos no son premios ni castigos

La distribución de los vehículos entre las distintas comarcas debe responder a necesidades del servicio: extensión territorial, orografía, kilometraje, número de efectivos, intensidad de uso, naturaleza de los trabajos y estado del parque móvil. No puede depender de afinidades personales ni utilizarse como mecanismo de recompensa o penalización.

Las asignaciones realizadas durante estos años permiten cuestionar seriamente que los criterios objetivos hayan sido siempre los determinantes. Si una comarca recibe mejores medios por mantener una relación favorable con la Coordinación y otra resulta perjudicada por mostrar discrepancias, no estamos ante una simple decisión organizativa: estamos ante una utilización inaceptable de recursos públicos.

Un vehículo oficial no es una recompensa ni un castigo. Es un medio público de trabajo

No conocer con claridad quién ejerce el mando genera inseguridad operativa La imposibilidad de acceder adecuadamente a los cuadrantes de trabajo y conocer la estructura efectiva del servicio en cada momento genera una inseguridad organizativa impropia de un cuerpo jerarquizado.

Un agente debe poder saber quién ejerce la responsabilidad superior durante su servicio, especialmente cuando debe adoptar decisiones operativas que pueden requerir autorización, respaldo o coordinación inmediata en situaciones que pueden comprometer la integridad física de los agentes.

Los cuadrantes son una herramienta de organización del servicio público. No pueden gestionarse como información reservada al criterio particular de quien coordina. A esta inseguridad se suma la falta reiterada de respuesta: numerosos correos profesionales dirigidos a la Coordinación Provincial quedan sin contestación, incluso cuando requieren criterio, autorización o decisión.

No es un simple defecto de comunicación: retrasa el servicio, deja a los agentes sin respaldo jerárquico y traslada a subordinados responsabilidades propias de quien coordina. A nuestro juicio, esta reiteración evidencia dejación de funciones de dirección.

Una segunda actividad privada habitual exige comprobar el régimen de incompatibilidades

Nos consta que el actual coordinador provincial desarrolla de forma habitual y reiterada, durante los fines de semana, una segunda actividad en un conocido establecimiento de hostelería y ocio situado en la plaza Mayor de la ciudad. No cuestionamos el derecho de ningún empleado público a realizar una actividad privada cuando la normativa lo permite.

Lo que exigimos es que se compruebe si esa actividad ha sido declarada y cuenta con el previo reconocimiento de compatibilidad exigible. La Ley 53/1984, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, establece en su artículo 14 que el ejercicio de actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales fuera de la Administración requiere previo reconocimiento de compatibilidad.

Además, entre los requisitos publicados por la propia Junta de Comunidades para autorizar actividades privadas figura no percibir un complemento específico superior al 30 % de las retribuciones básicas, excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad.

De acuerdo con los datos retributivos del puesto que hemos podido consultar, el complemento específico de la Coordinación Provincial supera ese límite. Por ello, entendemos imprescindible comprobar si existe una resolución de compatibilidad y, en su caso, sobre qué presupuestos jurídicos fue concedida.

También debe verificarse el correcto encuadramiento en la Seguridad Social. Cuando la colaboración habitual se presta en la actividad de un cónyuge trabajador autónomo, de forma personal y directa y sin tener la condición de asalariado, la normativa de Seguridad Social contempla su inclusión en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) como familiar colaborador.

Si la actividad se articula de otra forma, deberá existir el alta y la cotización que legalmente correspondan. No corresponde a esta carta declarar una infracción, pero sí exigir que una segunda actividad privada habitual, realizada por quien ocupa un puesto de especial responsabilidad, sea examinada con rigor por los órganos competentes.

La compatibilidad no se presume: debe reconocerse previamente. Y una actividad habitual debe estar correctamente encuadrada en la Seguridad Social

El miedo no es una herramienta de liderazgo

El problema más profundo es el clima profesional generado durante estos años. Se han producido situaciones de trato desigual, enfrentamientos reiterados con determinados agentes, acusaciones que los afectados consideran falsas, advertencias percibidas como amenazas y decisiones desfavorables posteriores a la expresión de discrepancias o críticas profesionales. Cuando formular una opinión técnica, cuestionar una decisión o realizar una crítica constructiva genera temor a posibles consecuencias, existe un problema serio de dirección.

La autoridad de un responsable público no puede descansar en su capacidad para perjudicar a quien discrepa, sino en su conocimiento, su criterio, su imparcialidad y su capacidad para obtener respeto profesional. También se han adoptado decisiones que evidencian, a nuestro juicio, un conocimiento insuficiente de algunas funciones del Cuerpo y de la normativa que las regula.

La situación se agrava cuando la discrepancia técnica no se recibe como una aportación profesional, sino como una afrenta personal que acaba generando desplantes, represalias o enfrentamientos.

Un responsable competente no teme a los profesionales que conocen su trabajo: los escucha

No pedimos privilegios. Pedimos reglas

No queremos elegir a nuestros superiores. No queremos eliminar la jerarquía ni decidir qué órdenes cumplimos. No pedimos trato de favor.

Queremos una estructura profesional en la que las decisiones puedan explicarse; la formación se asigne con criterios objetivos; los medios públicos se distribuyan conforme a necesidades reales; la información reservada sea protegida; los cuadrantes permitan conocer la estructura de mando que se encuentra de servicio en cada momento; las comunicaciones de servicio reciban respuesta; las irregularidades se traten con el mismo criterio con independencia de quién las cometa; las incompatibilidades y las obligaciones de alta y cotización en la Seguridad Social se comprueben con el mismo rigor exigible a cualquier empleado público; y las plazas de responsabilidad se cubran mediante procedimientos que acrediten mérito, capacidad e idoneidad.

Queremos poder discrepar técnicamente sin miedo a represalias. Queremos que las críticas constructivas sean respondidas con argumentos y no con castigos. Queremos que la dirección del Cuerpo sea una garantía para el servicio y no una fuente permanente de conflicto.

La confianza profesional necesaria para dirigir el Cuerpo se ha perdido Después de años acumulando situaciones como las descritas, consideramos que ya no estamos ante simples problemas de comunicación, diferencias de criterio o conflictos personales.

Existe un problema de confianza en la Coordinación Provincial y, en un cuerpo jerarquizado, esa confianza es imprescindible.

Por todo ello, consideramos que el actual Coordinador Provincial no debe continuar al frente de la Coordinación de los Agentes Medioambientales de Cuenca. Esta conclusión no nace de una descalificación personal, sino de nuestra valoración sobre la forma en que se han ejercido durante años responsabilidades que afectan directamente a la organización del servicio, a la igualdad entre trabajadores y al funcionamiento cotidiano del Cuerpo.

El Cuerpo de Agentes Medioambientales de Cuenca, heredero de una profesión de casi 150 años de servicio público, no se merece una Coordinación Provincial ejercida de esta manera

Pedimos que los hechos sean examinados, que las decisiones puedan ser auditadas, que se compruebe expresamente la situación de compatibilidad y encuadramiento en la Seguridad Social descrita y que cualquier proceso de provisión de la Coordinación Provincial se resuelva con plenas garantías, sin convertir años de provisionalidad en un mérito de permanencia por sí mismo.

El Cuerpo de Agentes Medioambientales de Cuenca, heredero de una profesión de casi 150 años de servicio público, no se merece una Coordinación Provincial ejercida de esta manera. Cuenca necesita una dirección profesional, imparcial, transparente y digna de la responsabilidad que representa.

Castilla-La Mancha ha vivido uno de los veranos más virulentos en lo que se refiere a incendios forestales. Solo el incendio de La Mierla -el mayor de la historia de la región-, en la Sierra Norte de Guadalajara, calcinó unas 33.000 hectáreas, obligando a desalojar a más de un millar de personas y 34 municipios. Además, una decena de localidades tuvieron que ser confinadas.

Ahora, a finales de septiembre más del 80% de los efectivos de extinción de incendios han sido desactivados. Una decisión que se ha tomado desde el Plan INFOCAM, a pesar de las altas temperaturas, según denunciaron varios sindicatos.

La propia consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, pedía hace tan solo unos días precaución porque “la situación climatológica sigue siendo muy peligrosa” y hay “mayor riesgo” en las provincias de Toledo y Ciudad Real, donde se van a “extremar medidas” en extinción de incendios.

Dos pueblos sin medidas contra incendios forestales

Precisamente en Ciudad Real está El Hoyo, una entidad local menor (ELM), que pertenece al municipio de Mestanza, la carretera CR-5002 es la única vía de entrada y salida a la población.

Allí los vecinos y vecinas miran con recelo y miedo, desde hace años, la sucesión de grandes incendios forestales que se repiten dentro y fuera de Castilla-La Mancha, y que han devorado amplias zonas rurales. El incendio de los Gallardos, en Almería, el pasado mes de julio, dejó 15 muertos, y puso de manifiesto las dificultades de evacuar casas aisladas con una sola vía de escape.

En esta parte de la provincia de Ciudad Real viven durante todo el año apenas “ciento y pocos habitantes”. La mayoría son personas mayores, según detalla José Ruiz, vecino que ha hablado con elDiario.es Castilla-La Mancha. El Hoyo tiene, además, una orografía peculiar, rodeado por monte y por una finca de caza privada.

De cara a la gestión de los incendios forestales, el Plan de Actuación Municipal ante Emergencias por Incendios Forestales (PAMIF), es competencia del Ayuntamiento de Mestanza, del que depende administrativamente El Hoyo.

El documento, al que ha tenido acceso este medio, no contempla medidas de protección para la población, según denuncia el propio vecino. Tampoco para la pedanía de Solanilla de Tamaral, otra entidad de ámbito inferior al municipio que depende de Mestanza.

Los vecinos y vecinas reconocen sin rubor que tienen miedo. “Reclamamos desde hace más de dos años que nos den soluciones, porque si la única carretera que tenemos para entrar y salir del pueblo se corta por un incendio forestal u otra desgracia, los vecinos y vecinas no tienen por dónde salir”, explica.

Primero se pusieron en contacto con el Ayuntamiento de Mestanza porque, recuerda José Ruiz, “es quien tiene que poner las medidas ante la previsión de incendios en el PAMIF”, tanto para El Hoyo como para otras pedanías, “pero nadie nos responde”, lamenta.

Ruiz y otros vecinos y vecinas quieren saber qué medidas de protección y evacuación pueden incluirse en el plan. “Nos remiten al PAMIF que ya existe, aprobado por la Sección de Incendios de Ciudad Real y la Sección de Incendios de Toledo, que le dieron el visto bueno a pesar de haber dejado a dos localidades sin ningún tipo de medida contra incendios, Solanilla del Tamaral y El Hoyo”, critica. Al no recibir respuesta del ayuntamiento, contactaron con la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

A través de un escrito, la propia Consejería que dirige Mercedes Gómez les ha respondido que la única medida posible es “el confinamiento de la población” y que corresponde al Ayuntamiento de Mestanza incluirlo en el Plan de Actuación Municipal ante Emergencias por Incendios Forestales.

“Nos parece muy bien, nos confinaremos hasta donde haya que confinarse, pero eso es el paso previo a la evacuación. En caso de que sea lo segundo, que nos digan por dónde nos tienen que evacuar”, replica el vecino, quien insiste en la preocupación que los grandes incendios forestales han generado entre la población en los últimos años.

Proponen evacuar a través de una vía pecuaria que hay que arreglar

El vecino incide en que la única escapatoria en caso de emergencia es la carretera CR-5002, cuya competencia corresponde a la Diputación Provincial, así que proponen una alternativa. “Hay una vía pecuaria, que no está acondicionada, que se llama el Cordel de La Carolina. Discurre a través del campo hasta la localidad de El Centillo (Jaén), es el pueblo más cercano en esa dirección, pero nos dicen que esta opción tampoco es viable”, apunta. Resulta que atraviesa una finca privada de caza, donde abundan especies como el venado o el jabalí.

Además esta vía pecuaria desemboca en la Cañada Real de Encina Alta en una ruta que conecta de manera natural con el área de Baños de la Encina y Vilches, una de las zonas de dehesas más famosas de España, ya en Andalucía, por albergar cotos históricos y fincas de reses bravas y caza, según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Los vecinos de El Hoyo sienten que han quedado en el limbo y acusan al Ayuntamiento de Mestanza de “abandono institucional”. Mientras tanto, han optado por enviar una propuesta de deslinde, amojonamiento y acondicionamiento de la vía pecuaria a la Consejería de Desarrollo Sostenible.

Desde la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad ya han respondido. “Nos dicen que probablemente lo incluyan en el próximo deslinde de vías pecuarias”, pero según advierte el este vecino, “que se inicie el deslinde no siginifca que se acondicione la vía. Esa será nuestra siguiente lucha: que acondicionen un pequeño tramo”.

Desde luego, apunta, “el que discurre por una finca de caza ya está acondicionado”.

Sin protocolos: “A veces estamos días sin cobertura”

Este vecino afea “no haya nadie que dé una solución, o que informe a los vecinos en el pueblo sobre qué protocolo hay que seguir si ocurre un incendio forestal”.

Según detalla José Ruiz, el retén de bomberos más cercano a El Hoyo se encuentra en Solana del Pino, a unos 22 kilómetros de distancia. Expone que durante la Semana Santa de 2026 hubo un incendio a las afueras del pueblo y que “los propios chicos que estaban en la plaza de fiesta fueron los que lo apagaron con cubos. Era abril y todo estaba verde y aun así costó apagarlo. Imagínate en los meses de verano con todo seco, que todo es monte, en cinco minutos el fuego pasa por encima del pueblo y no nos da tiempo ni a cerrar la ventana”.

En la Semana Santa de 2026 hubo un incendio a las afueras del pueblo y los propios chicos que estaban en la plaza de fiesta fueron los que lo apagaron con cubos. Era abril y todo estaba verde y aun así costó apagarlo. Imagínate en los meses de verano con todo seco

José Ruiz — Vecino de El Hoyo

José asegura que el entorno en el que está enclavado El Hoyo es “pleno monte”, y que aunque el Consistorio pide a los vecinos que “mantengan las parcelas limpias, desbrozados los huertos - que lo hacen-, aunque yo limpie mi parcela, a 20 metros ya tengo el monte que será de la finca de turno”.

Defiende que “eso hay que desbrozarlo en condiciones, hacer un cortafuegos y perimetrar el pueblo. Y eso es algo que corresponde al Ayuntamiento de Mestanza, porque el de El Hoyo no tiene autonomía en algunas cosas”. Explica que “la gente del pueblo después de lo que ha ocurrido en verano en Ávila, en Guadalajara o en Castellón está verdaderamente asustada”.

La gente del pueblo después de lo que ha ocurrido en verano en Ávila, en Guadalajara o en Castellón está verdaderamente asustada

Otra problemática es que en El Hoyo “hay etapas en las que se está tres o cuatro días sin cobertura. Por eso queremos saber cómo se avisaría en caso de un incendio”, dado que para recibir un mensaje ES-Alert es necesario tener cobertura en el móvil.

“Aquí tiene que venir alguien a explicarnos el protocolo, Mestanza, la Sección de Incendios de Ciudad Real o quien proceda y establecer un protocolo claro para la gente. En el PAMIF para Mestanza está perfecto, donde se señala que se avisará a los vecinos de X manera, el punto de encuentro será la plaza del pueblo y la evacuación será por tal sitio, pero para El Hoyo no tenemos nada y queremos lo mismo”, explica José Ruiz.

En el PAMIF para Mestanza está perfecto, donde se señala que se avisará a los vecinos de X manera, el punto de encuentro será la plaza del pueblo y la evacuación será por tal sitio, pero para El Hoyo no tenemos nada y queremos lo mismo

Asegura que la gente mayor que reside en El Hoyo “está muy cansada y en los pueblos no siempre tenemos interiorizado el sentimiento de lucha, pero queremos que los políticos que son los que están cobrando un sueldo para solucionarnos estos problemas lo hagan”.

El edil de Mestanza: “No se puede hacer nada, es terreno privado”

Hablamos con Antonio Pareja, alcalde de Mestanza, que desde un primer momento defiende que “el PAMIF está elaborado y está bien hecho”, a pesar de que no se haya incluido a estas dos pedanías en las medidas preventivas.

Reconoce que la solución planteada por los vecinos de El Hoyo para la evacuación, en caso de incendio forestal, es la que a él “le gustaría” o que es “el primero” que lo apoya, pero asegura que “no se puede hacer nada, porque son terrenos privados”.

Por otro lado, dice, a la hora de acondicionar esa vía pecuaria “habría que invertir mucho dinero para poder hacer una carretera, porque por la ley regional tiene tener una anchura para poder pasar vehículos, seis o siete metros como mínimo. ¿Y quién le pone la solución? ¿Qué hacemos?”, se pregunta.

El edil asegura que “de El Hoyo no sale ninguna vía pecuaria, lo hace a unos cuatro o cinco kilómetros antes de llegar al pueblo, el Cordel de la Carolina. ¿Quién hace una carretera por allí? Eso cuesta un dinero”, insiste.

Insiste en afirmar que a él le gustaría que se acondicionase esa vía: “Soy el primero que lo he luchado, que lo he hablado por todos sitios, pero ¿quién se gasta ese dinero? Hay que hacer unos puentes, porque hay un arroyo bastante grande, y esa infraestructura no sé si se podría. Desde un ayuntamiento como este no podemos hacer nada, ojalá lo hagan”.

Añade que “hay pueblos en toda España en zonas donde hay muchos montes, que son prácticamente inaccesibles y que el PAMIF solo ponen confinamiento, porque es la única solución que hay, no hay carreteras, no hay más medios ni nada”.

Lo único que se puede hacer es iniciar un expediente para expropiar ese camino, declararlo bien de interés público, pero luego se necesita dinero, máquinas, para hacer el camino, y es muy costoso

Antonio Pareja — Alcalde de Mestanza

Pareja nos explica que lleva “muchos años” al frente de ayuntamiento, y que “solo le queda un trámite por intentar hacerlo” para conseguir ese acondicionamiento de la vía pecuaria, pero que “las elecciones están aquí en dos días, no sé si me voy a presentar o no, y si me presento no sé si voy a ganar, pero mi obligación no es estar pendiente de eso, sino de hacer todo lo que pueda por los vecinos”.

Apunta que “lo único que se puede hacer es iniciar un expediente para expropiar ese camino, declararlo bien de interés público, pero luego se necesita dinero, máquinas, para hacer el camino, y es muy costoso”.

“El Servicio de Incendios dijo que no se puede usar como escape”

La Consejería de Desarrollo Sostenible ha derivado aclarar su postura en la figura de Víctor Díez, jefe de servicio del Servicio de Medio Natural en Ciudad Real, quien explica que la vía pecuaria de el Cordel de la Carolina se deslindó por última vez en 1928.

“Se trata de un cordel de 10 kilómetros, que efectivamente pasa por Mestanza y se dirige hacia Jaén, uniendo las localidades de Solanilla y El Hoyo. Pero el deslinde se quedó suspenso por una comprobación de los Servicios de Ganadería que, en aquel entonces, llevaban las vías pecuarias y el proceso se quedó parado”, relata.

Tras recibir los requerimientos de los vecinos de El Hoyo, señala que “esta vía está absolutamente metida en el monte. El jefe del Servicio de Incendios les dijo que era imposible usarlo como vía de escape”.

No obstante, apunta que desde la Administración regional han introducido en los presupuestos de 2027 el deslinde de esta vía pecuaria, que conllevaría un gasto “de más de 25.000 euros” y que, si es posible, se arreglaría: “Si se hace algún tipo de acondicionamiento sería para el tránsito ganadero, no para el tránsito de coches, pero bueno se podría estudiar”, matiza.

Si se hace algún tipo de acondicionamiento sería para el tránsito ganadero, no para el tránsito de coches, pero bueno se podría estudiar

Víctor Díez — Jefe de Servicio de Medio Natural en Ciudad Real

“Hemos recogido su solicitud y vamos a hacer el deslinde para saber dónde estamos y dónde podemos actuar. Si desde Incendios dicen que es una buena idea como vía de evacuación, pues podríamos proceder al acondicionamiento, pero es complicado porque transcurre por un barranco y es una zona muy complicada como para hacer un camino”, concluye.

Una reunión del Comité de las Regiones en Ciudad Real en ciernes

De momento no se atisban soluciones en esta parte de una comunidad autónoma que la próxima semana se va a convertir, precisamente, en punto de referencia de la prevención y extinción de incendios de la Unión Europea.

Los días 1 y 2 de octubre, se celebrará un encuentro de los miembros de la Comisión de Recursos Naturales (NAT) del Comité Europeo de las Regiones, en varios puntos de Ciudad Real y Toledo. Hablarán de incendios forestales.

“Podremos contar qué es lo que hace Castilla-La Mancha, ponerlo de ejemplo y poner sobre la mesa también las dificultades que afrontamos las regiones”, aseguraba la pasada semana la directora general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo.

El caso de El Hoyo es una de esas 'dificultades', asociadas a la despoblación rural en un territorio, como Ciudad Real, muy amplio, disperso y en el que muchas vías pecuarias o caminos públicos han terminado siendo privatizados. Basta con mirar en el entorno cercano otro caso similar, el de Minas de Horcajo, también por su situación de incomunicación en ocasiones, al sufrir otro tipo de emergencias, las inundaciones.

El vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha sugerido una fórmula por la cual el mundo urbano pueda empezar a pagar los “beneficios” que recibe del medio rural, algo que ha venido a llamar “externalidades ambientales”.

Durante su intervención en la apertura del II Foro de Desarrollo Rural organizado por la Red Castellanomanchega de Desarrollo Rural (RECAMDER) en Sigüenza (Guadalajara), Martínez Guijarro ha deslizado que “habría que cuantificar los beneficios” que el medio rural da al medio urbano.

Y es que entiende que “la gente que vive en la ciudad quiere que, al llegar a municipios rurales, al abrir el grifo haya agua”. “Y eso no lo pueden pagar solo los habitantes de un pequeño municipio”, ha agregado, precisamente días después de que el Gobierno de Emiliano García-Page haya anunciado que argumentará su rechazo a ceder más agua del río Sorbe -en la cuenca del Tajo- a la Comunidad de Madrid, porque se necesita para el desarrrollo de Guadalajara.

La gente que vive en la ciudad quiere que, al llegar a municipios rurales, al abrir el grifo haya agua. Eso no lo pueden pagar solo sus vecinos

“Quieren dar paseos por sus montes, recoger setas en la época de setas... unas externalidades ambientales que genera el medio rural que tiene que pagarlas el que vive en el medio urbano”, ha insistido, planteando que esta discusión se ponga “encima de la mesa para debatirlo desde lo económico, porque es fundamental”, según recoge Europa Press.

Hay más población en Sigüenza, “toca garantizar servicios”

En el mismo foro, la alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino, ha destacado cómo los últimos años han servido en Castilla-La Mancha para ver cómo se están incrementando los habitantes en zonas rurales, si bien ha avisado que todo el trabajo realizado necesita ahora ser rematado. “Ahora toca garantizar servicios”.

Ha sido durante la intervención con la que ha aperturado el II Foro de Desarrollo Rural que se celebra en el Parador Nacional de Sigüenza bajo el lema 'El avance del medio rural', donde representantes del municipalismo y de otras administraciones públicas, asociaciones, empresas, emprendedores y responsables de Grupos de Desarrollo Rural se dan cita para avanzar en las líneas maestras a ejecutar en el corto plazo para seguir dando pasos hacia una repoblación real

Merino, como anfitriona, ha exhibido cómo muchas comarcas de la Comunidad Autónoma están creciendo en los últimos años, poniendo como ejemplo el caso de ADEL Sierra Norte, la agrupación local que preside, “que en los últimos seis años ha crecido un 13%”.

En todo caso, quedan “cosas por hacer”, decía, y ahora que se consigue que la gente vuelva a vivir a los pueblos, el reto es “garantizar todos los servicios”, unos servicios que “cuestan más en el medio rural”.

Ese es el objetivo de este encuentro, poner cosas en común de cara a “avanzar en el siguiente paso a dar, que los municipios pequeños puedan sacar las cosas adelante” ahora que tienen “las ideas” e incluso “el dinero”.

En este punto, ha ansiado que en el próximo marco financiero a nivel presupuestario en torno a los Fondos Leader se pueda seguir acaparando fondos. “Si cambia el marco, los perjudicados serán nuestros pueblos”.

En su grupo de Acción Local, con esos fondos, ya se han puesto en marcha hasta 27 viviendas, uno de los ejemplos que ha puesto la alcaldesa seguntina de los avances experimentados en las zonas rurales.

Para Merino, la “ilusión y el optimismo”, unido a las “ganas”, hacen que los “problemas identificados” puedan atajarse en el corto plazo.

“Espero que en esta jornada podamos hacer frente a estos problemas, que salgan propuestas y compromisos. Hoy reitero esa petición, todavía nos quedan cosas por hacer, mantengamos lo que funciona y mejoremos lo necesario”, ha rematado su intervención.

Jesús Ortega: “Sin medio rural no hay vida”

El presidente de la Red Castellanomanchega de Desarrollo Rural (RECAMDER), Jesús Ortega, también ha participado e el evento ante un auditorio que “representa a 5,7 millones de personas” que viven en zonas despobladas de España y en pueblos de menos de 5.000 habitantes, tal y como ha verbalizado en su intervención.

Hay, ha alertado, un 61% de pueblos de menos de mil habitantes en España, “un dato importante a tener en cuenta” que a veces eclipsa el “enorme potencial” del medio rural.

“Sin medio rural no hay vida. No hay agua, no hay alimentos. El medio rural necesita que se le tenga en cuenta con leyes y fiscalidad adaptadas a la realidad de nuestros municipios”, ha abundado.

Por eso, este foro es “una llamada de atención” ante todos esos aspectos, intentando ser un espacio para “poner en valor el gran trabajo que realizan los grupos de desarrollo rural”, que son “quienes mejor conocen las posibilidades de sus territorios”.

A este evento se han acreditado cerca de mil personas procedentes de toda España, representantes del municipalismo y de otras administraciones públicas, asociaciones, empresas, emprendedores, responsables de Grupos de Desarrollo Rural, analistas y medios de comunicación, además de jóvenes estudiantes.

La despoblación, el futuro de Leader, las posibilidades que ofrece el medio rural y el importante papel que juegan los Grupos de Desarrollo Rural son algunos de los asuntos que se abordarán en la jornada en una cita organizada por la Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural (Recamder) y los cinco Grupos de Desarrollo Rural de la provincia de Guadalajara (ADAC, Adasur, ADEL Sierra Norte, Fadeta y Molina de Aragón-Alto Tajo).

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha iniciado este viernes, 25 de septiembre, en Azuqueca de Henares el programa ‘50 años juntos’, con el que la región conmemorará el medio siglo transcurrido desde el inicio de la Transición Democrática a través de más de 500 actividades que se desarrollarán en las cinco provincias hasta abril de 2027.

La provincia de Guadalajara es el punto de partida de una programación que recorrerá las cinco provincias y que ha sido concebida para recordar uno de los periodos “decisivos” de la historia reciente de la comunidad, según explica el Ejecutivo regional.

‘La música cambió el país’

La primera cita se ha celebrado este viernes en Azuqueca de Henares con ‘50 años juntos: la música cambió el país’, una de las diez jornadas festivas que recorrerán Castilla-La Mancha recuperando el espíritu popular e intergeneracional de las verbenas y los guateques y el papel de la música como espacio de encuentro y transformación social.

La localidad acogía la actuación de la orquesta castellanomanchega ‘Estrella Central’ hasta las 22:00 horas. La celebración se trasladaba después al Recinto Ferial, donde pudo disfrutarse de La Misión, una de las grandes orquestas-espectáculo del panorama nacional. El acceso a ambas actuaciones será gratuito.

Con esta propuesta, la conmemoración sale además de los espacios estrictamente institucionales para llegar a las calles y plazas y favorecer la participación de públicos de distintas generaciones.

La música constituye uno de los grandes ejes del programa, con 95 citas musicales en toda Castilla-La Mancha, entre ellas diez jornadas de grandes orquestas y un circuito de 82 actuaciones de bandas locales. Y es que las canciones acompañaron las demandas de libertad, los cambios sociales y la modernización cultural que vivió España durante la Transición.

Una amplia programación en Guadalajara

Tras el arranque en Azuqueca, Guadalajara contará durante los próximos meses con exposiciones, conciertos, teatro, cine, foros y encuentros, clubes de lectura, concursos y proyectos participativos, que se celebrarán en distintos municipios de la provincia.

Entre las citas más próximas figura ‘Coloreando el cambio. Arte Urbano’, que llegará el 1 de octubre a Marchamalo, dentro del proyecto que llevará a distintos puntos de Castilla-La Mancha obras de arte urbano vinculadas a la conmemoración. Asimismo, el ciclo de grandes orquestas que comienza este viernes en Azuqueca tendrá una segunda parada en la provincia el 16 de octubre en el Recinto Ferial de Sigüenza.

A estas actividades se irán sumando propuestas como ‘Mujeres y Transición en Castilla-La Mancha’, que recorrerá diferentes municipios de Guadalajara; exposiciones sobre la Transición a través de las portadas de prensa; actividades relacionadas con la literatura y el cine; y distintas iniciativas destinadas a recuperar testimonios, imágenes y recuerdos de quienes vivieron aquellos años.

Uno de los principales hitos llegará en diciembre, cuando el Palacio del Infantado de Guadalajara acoja, del 14 de diciembre al 17 de enero, la exposición central ‘La Transición en Castilla-La Mancha: la construcción de una nueva realidad e identidad (1976-1983)’, que recorrerá mediante documentos, imágenes, objetos originales y recursos audiovisuales el paso de la dictadura a la democracia y el nacimiento del autogobierno regional.

La programación provincial continuará durante los primeros meses de 2027 en localidades como Azuqueca de Henares, Marchamalo, Cabanillas del Campo, Horche, Brihuega, Jadraque o Molina de Aragón, además de Guadalajara capital, entre otros municipios.

Todas las actividades son gratuitas, si bien algunas de ellas pueden requerir inscripción o reserva previa. Además, el programa permanecerá abierto a la incorporación de nuevas propuestas durante los próximos meses. Toda la información y el calendario de actividades pueden consultarse en la web: www.50añosjuntosclm.com

Reivindicar el diálogo, la convivencia y la participación

Se trata también de “reivindicar los valores de diálogo, convivencia, participación y búsqueda de acuerdos que hicieron posible el tránsito hacia la democracia y la construcción del actual marco de derechos y libertades”.

El programa pretende además reconocer la aportación de las personas y colectivos que participaron en aquel proceso desde la política y la sociedad civil, recuperar la memoria cotidiana de lo ocurrido en pueblos, ciudades y familias y, especialmente, acercar a las generaciones más jóvenes el conocimiento de una conquista colectiva que constituye la base de nuestra convivencia democrática.

El delegado de la Junta de Castilla-La Mancha en Talavera de la Reina, David Gómez, ha dado a conocer hoy que el sondeo en busca de agua que se ha abierto en la localidad de Retamoso de la Jara está dando “resultados satisfactorios”. Una iniciativa para buscar el recurso que inicio el Gobierno regional después de que este verano se haya hecho patente la “emergencia”, según reconoce el propio Ejecutivo castellanomanchego, que sufren municipios en en entorno del río Pusa.

En concreto son ocho los pueblos con este problema y algunos carecen de pozos alternativos tras agotar sus reservas en la captación del embalse gestionado por la Mancomunidad de Aguas del Pusa.

Durante la visita al sondeo de Retamoso de la Jara, el delegado ha explicado que los trabajos continuarán en los próximos días en San Martín de Pusa y ha resaltado “la actuación coordinada que está desarrollando el Gobierno regional” para atender una situación que afecta de manera diferente a los municipios integrados en la mancomunidad.

Las administraciones competentes en suministro deben ayudar

En este punto, ha añadido, reclama la “implicación de todas” las administraciones y sobre todo “aquellas cuyo papel, según la ley, es el apoyo a los pequeños municipios en el suministro de algo tan capital, tan fundamental, como es el suministro de agua”, en alusión a la Diputación Provincial, aunque sin citarla de forma expresa.

Las competencias en materia de abastecimiento de agua corresponde a las administraciones locales. Mientras tanto, David Gómez se ha mostrado optimista sore la situación concreta en Retamoso de la Jara. “El sondeo que hemos realizado está dando resultados satisfactorios para solventar la situación actual, para poder afrontar el futuro con optimismo dentro del plan a corto, medio y largo plazo que se está realizando desde el Gobierno regional para solucionar este problema”, ha indicado.

David Gómez, quien ha visitado los trabajos junto al alcalde del municipio, Álvaro Rivera, el presidente de la Mancomunidad del Pusa, Esteban Benito, y responsables técnicos de la Dirección General del Agua de la Consejería de Desarrollo Sostenible, ha destacado que la solución a la situación de emergencia “pasa por inversiones como las que ha puesto en marcha el Gobierno regional que van a permitir disponer de recursos alternativos”.

El convenio suscrito entre la Consejería de Desarrollo Sostenible y el municipio de Retamoso de la Jara para la ejecución de estas actuaciones cuenta con una inversión de más de 31.817 euros cofinanciadas con fondos del Programa FEDER de Castilla-La Mancha (2021-2027), y es fruto de la colaboración con los ayuntamientos y con la Mancomunidad del Pusa para dar “una respuesta eficaz” a los 1.500 vecinos afectados.

Los sondeos de emergencia forman parte de las actuaciones que se suman al dispositivo de emergencia que la Consejería de Desarrollo Sostenible ha desplegado tras la petición de la Mancomunidad del Pusa, responsable de la gestión del abastecimiento.

Recientemente, se han incorporado medios del Plan INFOCAM para suministrar agua a los depósitos municipales de Santa Ana de Pusa, Retamoso de la Jara, San Martín de Pusa, Espinoso del Rey y Los Navalmorales, así como el que está realizando Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha (IACLM) mediante el abastecimiento de agua a los depósitos portátiles instalados en los municipios afectados.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha mostrado explícitamente hoy su negativa a que se aumente la concesión de agua del río Sorbe al madrileño Canal de Isabel II, que depende administrativamente del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

El runrún sobre esta cuestión lleva semanas sobre la mesa, después de que Ecologistas en Acción hiciera pública su intención de alegar contra las intenciones del organismo, el pasado mes de agosto.

“El Sorbe no nos sobra”. La contundente afirmación la realizaba el secretario de Organización del PSOE en Guadalajara, Rafael Esteban, tras conocerse el interés de la vecina Comunidad de Madrid en reclamar más agua de este afluente del río Henares, que nace en la Sierra Norte de la provincia, noticia en las últimas semanas por el trágico incendio de La Mierla.

Días después, el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, diputado por Guadalajara, Pablo Bellido, insistía en que el agua del río Sorbe, que discurre íntegramente por la provincia y que ya se deriva en parte a Madrid, hace falta para el desarrollo económico de Guadalajara.

El pasado 17 de septiembre, la presidenta de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, que es además alcaldesa de Alcalá de Henares (Madrid), mantuvo una reunión con el presidente de Canal de Isabel II, Carlos Novillo, y su consejero delegado, Mariano González, para conocer la situación administrativa del expediente relativo al aprovechamiento de recursos hídricos del río Sorbe desde el azud del Pozo de los Ramos, desde el que sale agua para abastecer a la vecina región.

Este azud se encuentra en el cauce del río Sorbe, entre la sierra de Ayllón y la sierra de Alto Rey, y trasvasa parte del caudal del río hasta el canal del Jarama a través de un túnel de 6,5 metros cúbicos por segundo. “La aportación media anual del río en este punto es de ciento sesenta y dos millones de metros cúbicos”, según la propia web del canal. Esta pequeña presa está en Tamajón (Guadalajara) y se abrió en 1972 con el objetivo de dar servicio, precisamente, a Madrid.

Los responsables del Canal de Isabel II detallaron durante el encuentro con la presidenta de los municipios mancomunados en torno al río Sorbe que el objetivo ahora es “la regularización de un aprovechamiento que se viene realizando desde hace más de cincuenta años y que, a su juicio, no supondría un incremento de los recursos utilizados”.

Judith Piquet, según el comunicado emitido por la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, mantiene que esa decisión corresponde “administrativamente” a la Confederación Hidrográfica del Tajo, el organismo de cuenca que tiene atribuidas este tipo de competencias.

Y en todo caso, la mancomunidad detalló durante este encuentro que también está pendiente de solicitar una ampliación de su concesión “para adaptarla al crecimiento de los municipios abastecidos, después de que el consumo alcanzara en 2025 los 45 hm³ frente a los 44 hm³ asignados en el Plan Hidrológico vigente”. En todo caso, la alcaldesa alcalaína, del PP y una de las más firmes aliadas de Isabel Díaz Ayuso, apostó por un diálogo institucional “directo con todas las administraciones y entidades implicadas”.

Son trece los municipios mancomunados con Alcalá de Henares, Guadalajara y Azuqueca de Henares, como los más poblados, aunque también se abastece a otros que no pertenecen a la citada mancomunidad de aguas.

“No nos sobra ni una gota de agua”, dice Castilla-La Mancha

Hoy la consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha Mercedes Gómez ha explicado que el Ejecutivo regional está elaborando un informe técnico para manifestar su rechazo a la solicitud del Canal de Isabel II: quiere obtener una concesión de agua de 50 hm3 al año. Este documento lo presentará “próximamente” ante la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT).

“No nos sobra ni una gota de agua. Estamos elaborando desde el punto de vista técnico la respuesta que va a ser desfavorable, como ya lo fue en el año 2017, y como lo seguirá siendo en tantas como peticiones se hagan, mientras no se cubran todas las necesidades de la provincia de Guadalajara”, ha afirmado Gómez a preguntas de los medios, en el acto conmemorativo del 'Centenario de la Comunidad de Regantes del Canal del Henares' celebrado hoy en Marchamalo, según recoge Europa Press.

Desde el Ejecutivo castellanomanchego dicen tener “clarísimo” que “hay necesidades que se tienen que cubrir primero aquí, en esta provincia”, además de evaluaciones ambientales y recursos naturales que se pueden ver afectados.

En estos momentos no hay excedentes en la provincia de Guadalajara. Si estamos además demandando que se haga la conexión Sorbe-Bornova es porque realmente no hay excedentes

Mercedes Gómez — Consejera de Desarrollo Sostenible

Además, añadía, independientemente de que en la planificación hidrológica sí que existe una “puntualización” que contempla que “podría haber una reserva de unos determinados hectómetros para esta concesión”, la consejera ha señalado que “la ley está por encima de lo que pueda decir en ese ámbito la planificación”, porque deben estar “cubiertas las necesidades y los recursos necesarios en este caso en la provincia de Guadalajara”.

Desde su punto de vista, “ese hecho no se da. En estos momentos no hay excedentes en la provincia de Guadalajara. Si estamos además demandando que se haga la conexión Sorbe-Bornova es porque realmente no hay excedentes”.

Además, añadía “probablemente haya que hacer unas nuevas infraestructuras hidráulicas” para abastecimiento, “en el caso hipotético de que haya concesión de 50 hectómetros” y en este aspecto, aclaraba, la Junta de Castilla-La Mancha no está dispuesta “a dar el visto bueno desde el punto de vista de evaluación ambiental”.

“Por lo tanto, son dos hándicaps muy importantes, aunque para mí el más importante es que si los recursos hídricos no están garantizados en la provincia de Guadalajara, no nos sobra ni una sola gota de agua”, ha rematado.

Por otro lado, ha defendido la necesidad de una reserva estratégica de agua para que Castilla-La Mancha pueda asegurar el abastecimiento, el desarrollo y la cohesión territorial, especialmente en un contexto de cambio climático y de creciente presión sobre los recursos hídricos. Ha aludido, en particular, a las altas temperaturas que se mantienen en este mes de septiembre, incluso con la llegada del otoño.

La disponibilidad de agua y su garantía de futuro constituyen “uno de los principales retos” para Castilla-La Mancha, según la consejera, ante un recurso cada vez más limitado por los efectos del cambio climático.

El papel de la Confederación del Tajo

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Antonio Yáñez, que ha coincidido hoy con la consejera castellanomanchega en Guadalajara, se ha referido a esta cuestión y ha aclarado que para decidir son precisos informes del Gobierno de Castilla-La Mancha, de la Comunidad de Madrid y del Estado.

Ha incidido en que se han solicitado informes a las autoridades competentes en materia ambiental y “el expediente evolucionará”, ha afirmado, para precisar después que, “ante la falta de respuesta de alguna de las administraciones, ese informe se archiva”.

El PSOE buscará que PP y Vox se retraten

En paralelo, la portavoz del Gobierno en la Diputación de Guadalajara, Sabrina Escribano, ha propuesto a los portavoces de PP y Vox incluir en el pleno de este jueves una declaración institucional que muestre un posicionamiento político “común” de defensa del agua del Sorbe para abastecimiento de los municipios de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, la Mancomunidad Campiña Baja y Mancomunidad La Muela (43 municipios de Guadalajara y la localidad madrileña de Alcalá de Henares).

Esta declaración institucional supondría, según los socialistas, mostrar una postura común de todos los grupos representados en la institución provincial, para rechazar que se detraiga más agua del río.

Sin embargo, los representantes del PP y de Vox en la Diputación de Guadalajara se han negado a aceptar que dicha declaración institucional se incluya en el pleno de la Diputación que se celebra mañana, 24 de septiembre.

En todo caso, la portavoz del equipo de Gobierno ya ha anticipado a sus homólogos de los dos grupos de la oposición que aunque rechacen apoyar esta declaración institucional, este mismo texto será presentado en forma de moción en el siguiente pleno.

La vigilancia de la salud es mucho más que el reconocimiento médico periódico al que se someten los trabajadores y trabajadoras: es un derecho de las personas y un deber de las empresas que opera en dos planos, el individual y el colectivo, permitiendo tanto detectar problemas de salud concretos como identificar patrones que puedan afectar a colectivos enteros de una empresa o un sector.

Valentín de Mora Gómez-Lázaro, técnico habilitado de prevención del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Toledo, explica por qué la evaluación de riesgos que realiza su perfil técnico es la base sobre la que se construye toda vigilancia de la salud, y por qué la prevención real exige ir más allá del papeleo.

¿Qué papel desempeña un perfil como el tuyo, personal técnico de prevención, en el marco de la vigilancia de la salud?

La prevención de riesgos laborales, con carácter general está estructurada en dos grandes áreas.

El área de prevención técnica, donde se encasilla la labor de los profesionales técnicos, como es mi caso, y el área de vigilancia de la salud, o de medicina del trabajo. Mejor dicho, en la que se encasilla la vigilancia de la salud. Pues bien, estas áreas, para que el conjunto funcione correctamente, tienen que estar perfectamente integradas.

En la parte de prevención técnica, su tarea fundamental es el desarrollo y elaboración de lo que se denomina evaluación de riesgos, que es una actuación preventiva en la que se identifican los riesgos, atendiendo a la naturaleza de la actividad de la empresa, así como a las características de los trabajadores. Para que la vigilancia de la salud pueda desarrollar su actividad ajustada a la realidad de la empresa, necesita esa evaluación de riesgos.

El trabajo fundamental del perfil técnico, del técnico de prevención, es el desarrollo y elaboración de la evaluación de riesgos, pues es la herramienta básica y fundamental para que la vigilancia de la salud desarrolle su actividad ajustada a la realidad de la empresa, atendiendo a esa información que se le traslada a al personal sanitario. Este análisis previo le permite, gracias a la información de esa realidad preventiva de la empresa, ajustar los protocolos, porque la vigilancia de la salud, sobre todo, se desarrolla en base a protocolos.

Imaginemos a una persona trabajadora que desarrolla su actividad en un entorno con exposición a ruido. Desde el punto de vista técnico, en la evaluación de riesgos se identifica esa exposición, se valora su magnitud, conocemos las características del puesto, la tarea y, a partir de ahí, se proponen una serie de medidas si se ha determinado que hay unos valores o niveles de ruido que han de ser controlados.

Pero esa información también es fundamental para que el personal sanitario pueda tenerla en cuenta o deba tenerla en cuenta a la hora de establecer la vigilancia de la salud que corresponda, aplicando el protocolo específico, en este caso de ruido, que tiene unas características dentro del reconocimiento médico, entre otras, por ejemplo, hacer audiometrías más o menos desarrolladas

¿Qué aporta la coordinación entre el personal técnico de prevención y el sanitario?

Por lo que hemos comentado anteriormente, ha quedado muy claro que tiene que haber esa coordinación entre un área y otra. Ahí vemos un sentido de la comunicación entre el área técnica y el área de vigilancia de salud, pero a la inversa también se tiene que dar. ¿Por qué?

Porque en el desarrollo, en la aplicación de la vigilancia de la salud, también se puede determinar que se están produciendo una serie de daños en un momento dado a los trabajadores.

Siguiendo con el ejemplo de la exposición a ruido, imaginemos la situación en la que, en sucesivos reconocimientos médicos, en población trabajadora joven, se están determinando pérdidas de audición, principio de hipoacusia profesional, que se llama. ¿Esto qué quiere decir? Pues que algo no se está haciendo bien.

Entonces, en esa coordinación, en esa bidireccionalidad que tiene que haber entre ambas áreas, vigilancia de salud traslada esa información epidemiológica, informando que determinados trabajadores que están perdiendo audición, para que en el área de prevención técnica, los técnicos comprueben si la evaluación de los niveles de ruido en el centro de trabajo está bien hecha, si las medidas preventivas son adecuadas y suficientes, o si simplemente no se están aplicando.

Continuando con ese ejemplo, la coordinación entre ambas áreas es fundamental para integrar la prevención a todos los efectos.

¿Cuándo resulta especialmente importante la vigilancia de la salud?

La actividad de la vigilancia de la salud es muy común asociarla únicamente a un reconocimiento médico estándar, pero también comprende situaciones asociadas a cambios de puestos de trabajo, asignación de tareas con nuevos riesgos o situaciones de bajas prolongadas de un trabajador tras un accidente de trabajo o tras una baja prolongada por una enfermedad común. También incluso momentos transitorios de especial sensibilidad que puedan afectar al estado de salud y que haya que adaptar el puesto de trabajo por enfermedades sobrevenidas.

La actividad de la vigilancia de la salud es muy común asociarla únicamente a un reconocimiento médico estándar, pero también comprende situaciones asociadas a cambios de puestos de trabajo, asignación de tareas con nuevos riesgos o situaciones de bajas prolongadas

Todos pensamos en un cáncer o, simplemente, en una crisis de vértigos. Pensemos, por ejemplo, en un trabajador que, en su tarea habitual, por ejemplo, realiza trabajos en altura. Si a través de la vigilancia de la salud se tiene constancia de estos episodios, será más fácil procurar y evitar que realice esas tareas, en tanto que puede poner en riesgo su propia salud. Por lo tanto, la vigilancia de la salud va más allá del reconocimiento médico.

Por destacar algo de lo que estábamos comentando, de especial relevancia, es el caso de las personas trabajadoras especialmente sensibles a determinados riesgos, como comentaba. La evaluación de riesgos o, mejor dicho, la vigilancia de la salud, se realiza con carácter general, pero luego tiene unas especificidades bajo las que hay que tener en cuenta las características personales, el estado biológico, determinadas situaciones que puedan determinar que una persona sea especialmente vulnerable frente a los riesgos del puesto. Ahí entra la vigilancia de la salud.

Y una última cuestión, también muy importante, es la dimensión colectiva, porque asociamos vigilancia de la salud a los reconocimientos médicos individuales. Pero la acumulación de información, la explotación y análisis de la información determinada de los reconocimientos médicos nos permite sacar conclusiones colectivas de una situación que puede estar perjudicando en carácter general a la salud del conjunto de los trabajadores.

Me retrotraigo al ejemplo que poníamos antes de la exposición al ruido, cuando un colectivo de trabajadores puede, en un momento dado, estar sufriendo problemas de pérdida de audición.

¿Ha cambiado el mapa de riesgos laborales en los últimos años? ¿Han aparecido o desaparecido riesgos?

Es cierto que el uso, en ocasiones incluso adicción, de las nuevas tecnologías, el desarrollo de nuevos materiales, sobre todo nanomateriales, el uso más intensivo de esas herramientas tecnológicas, afectan a la componente psicosocial del trabajo. Se han intensificado los factores psicosociales.

Entonces, es un elemento que cada vez tiene más incidencia en las empresas, en las organizaciones, y que, por lo tanto, hay que prestarle una atención mayor de lo que se podía prestar hace veinticinco o treinta años.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado este viernes que el dispositivo del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (INFOCAM) afrontará una “desactivación masiva de medios” en las próximas semanas, pese a que “el riesgo de emergencias no desaparece con el final del periodo estival”.

Hoy mismo está previsto que se desactive el 22% del dispositivo y el próximo 25 de septiembre dejará de de estar operativo otro 60%, según este sindicato. “De este modo, en apenas una semana, el 82% del operativo quedará fuera de servicio, dejando únicamente 17 autobombas operativas en toda Castilla-La Mancha, a pesar de que el riesgo continúa siendo alto”, lamenta.

CSIF rechaza el modelo actual que, dice, está “condicionado por un calendario rígido que no responde a la evolución real de las emergencias” porque, recuerdan, los bomberos y bomberas forestales de la empresa pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (GEACAM) “ya no intervienen únicamente en incendios forestales, sino también en inundaciones, danas, nevadas, episodios de viento extremo y otros fenómenos meteorológicos adversos”.

“Los incendios han cambiado, son de una virulencia mucho mayor. Las emergencias han cambiado. Nuestro modelo también tiene que cambiar. No somos temporeros del fuego, somos un servicio de emergencias”, señala Ana Nares, trabajadora y delegada de CSIF en GEACAM.

“Una de las campañas más nefastas”, por el incendio de La Mierla

El sindicato hace además balance de campaña de extinción de incendios de este año y cree que “no podía ser más negativo: nos encontramos con una de las campañas más nefastas que ha vivido Castilla-La Mancha”, sostiene CSIF.

Suma unas 41.000 hectáreas quemadas - 33.000 solo en el incendio de La Mierla, en la Sierra Norte de Guadalajara- y 1.187 incendios desde el pasado mes de enero hasta la actual semana frente a las 4.100 hectáreas arrasadas y los 1.197 incendios registrados en el mismo periodo del año anterior.

“Es decir, prácticamente 37.000 hectáreas más que el año pasado en una campaña nefasta cuyos datos evidencian los graves problemas que afectan al dispositivo”, incide CSIF.

“700 trabajadores temporales y plantilla insuficiente”

CSIF cuestiona además las declaraciones de la consejera de Desarrollo Sostenible Mercedes Gómez sobre la contratación de trabajadores fijos discontinuos como una práctica “habitual” en la empresa pública GEACAM.

Para el sindicato, cerca del 32% de la plantilla, unas 700 personas, continúa trabajando en condiciones de temporalidad, con contratos de apenas 103 días y pudiendo llegar a encadenar durante mucho tiempo, incluso hasta nueve años, esta situación antes de alcanzar una estabilidad laboral.

Esta precariedad, lamenta, “está provocando dificultades crecientes para atraer y retener profesionales cualificados”. Hasta el punto de que, durante la propia campaña, se ha recurrido al SEPE para incorporar trabajadores, incluso en puestos de responsabilidad, con apenas cinco días de formación y sin haber entrenado previamente con su unidad.

La precariedad laboral está provocando dificultades crecientes para atraer y retener profesionales cualificados

Ana Nares — Trabajadora y delegada de CSIF en GEACAM

Para CSIF, un dispositivo de emergencias no puede limitarse a cubrir puestos sobre el papel: necesita profesionales “formados, experimentados y preparados”. Y es que, “leer un incendio, anticiparse a un cambio de viento o saber cuándo retirarse no se aprende en cinco días. Se construye con formación y experiencia”, subraya Juan Saiz, también delegado y trabajador de CSIF en GEACAM.

El sindicato denuncia que el Plan INFOCAM lleva años funcionando con dotaciones “insuficientes” y pone como ejemplo que existan vehículos de nueve plazas que salen con solo cinco trabajadores, autobombas con capacidad para seis profesionales que operan con cuatro y medios aéreos preparados para ocho personas que llegan a funcionar con cinco.

“Caminamos durante horas entre humo, calor y pendientes imposibles. Quienes consolidamos perímetros, protegemos viviendas y trabajamos directamente sobre el combustible y seguimos allí cuando el fuego sigue avanzando, de día y de noche. Es preciso aumentar la plantilla y no perder a los profesionales que hemos formado y después pretender afrontar los incendios con quienes apenas han tenido tiempo de prepararse”, añade Saiz.

Es preciso aumentar la plantilla y no perder a los profesionales que hemos formado y después pretender afrontar los incendios con quienes apenas han tenido tiempo de prepararse

Juan Saiz — delegado de CSIF y trabajador de GEACAM

CSIF destaca la profesionalidad demostrada por los trabajadores durante un verano especialmente complicado que ha arrasado más de 41.000 hectáreas. Mientras se atendían grandes incendios en Guadalajara, Madrid o Ávila, Castilla-La Mancha registraba más de 90 incendios, obligando a los profesionales a desdoblarse para garantizar la respuesta.

El sindicato alerta, además, de las condiciones de trabajo soportadas durante estas emergencias: jornadas de 12 horas enlazadas sin descanso durante varios días, temperaturas extremas, insuficiencia de agua y logística, relevos escasos y falta de material.

Las infraestructuras son asimismo “deficitarias, con barracones donde los efectivos han permanecido en turnos de 36 horas, con 12 horas activados en incendios, sin sábanas en las camas, sin toallas, sin material higiénico, sin ventilación a pesar de temperaturas muy altas y con un solo enchufe para cargar todas las emisoras, dispositivos GPS y móviles”.

CSIF denuncia asimismo situaciones “especialmente preocupantes, como presiones para superar las velocidades establecidas durante los desplazamientos o alojamientos con hasta ocho personas en una habitación, sin ventilación, ventanas o suficientes enchufes” o que los trabajadores llegan a “organizar turnos para cargar emisoras, teléfonos y equipos durante sus periodos de descanso”.

CSIF pide una campaña de al menos seis meses

Desde la organización sindical consideran que “ya no existen excusas y que ahora corresponde a la Administración estar a la altura del esfuerzo realizado por sus profesionales”.

CSIF recuerda que lleva más de dos años solicitando una reunión con la consejera para trasladar sus propuestas y vuelve a reclamar diálogo para abordar el futuro del dispositivo.

La organización considera necesario avanzar hacia una campaña de extinción de al menos seis meses frente a los escasos 103 días de la actual campaña de extinción teniendo en cuenta que cada año se prolongan los periodos de altas temperaturas y se debe atraer profesionales, conservar la experiencia acumulada y responder durante todo el año a unas emergencias que ya no entienden de temporadas.

La reivindicación es clara: contar con un servicio de emergencias preparado durante todo el año, con profesionales estables que puedan ejercer como bomberos forestales

Iván Moncada — Trabajador y delegado de CSIF en GEACAM

“No podemos exigir profesionales preparados mientras ofrecemos temporalidad, salarios de 1.300 euros y disponibilidad 24/7”, subraya Iván Moncada, delegado y trabajador de CSIF en Geacam, quien argumenta que “las condiciones meteorológicas están cambiando, con primaveras más secas y menos lluviosas y temperaturas más elevadas, lo que provoca que el verano comience con un mayor estrés hídrico y aumenta el riesgo de grandes incendios incluso en septiembre. Además, los incendios son cada vez más rápidos y virulentos”.

Ante esta nueva realidad, el dispositivo debe adaptarse y reforzarse, con más bomberos, dotaciones completas y formación y entrenamiento durante todo el año. “La reivindicación es clara: contar con un servicio de emergencias preparado durante todo el año, con profesionales estables que puedan ejercer como bomberos forestales y dejar de ser ”temporeros del fuego“, concluye Moncada.

“Queremos implicar a toda la sociedad de Castilla-La Mancha”, ha dicho hoy el vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, quien acompañado por el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha presentado hoy el programa ‘50 años juntos’, con el que la región va a conmemorar el medio siglo de la transición democrática en Castilla-La Mancha.

Habrá más de 500 actividades, con 32 grandes actuaciones, 16 exposiciones en 200 espacios, 95 citas musicales, 320 representaciones teatrales y la cita dejará obras de arte urbano en cada una de las provincias para recordar que Castilla-La Mancha también se sumó a una democracia ya consolidada.

Es un programa muy volcado en la población más joven. “El fin es didáctico porque más de la mitad de la población no había nacido cuando se produjo la transición hacia la democracia. Se trata de recordar el esfuerzo para entenderse y alcanzar un acuerdo por el interés general”, que se produjo hace ya medio siglo, ha comentado el presidente del Parlamento regional, Pablo Bellido.

“España ha conservado su posición como democracia plena, pero estamos en un momento crucial donde se están pediendo las formas. Hay una tensión desmedida y desde los parlamentos en lugar de emitir señales positivas que construyan tolerancia y acuerdos, casi se está incentivando lo contrario”, ha lamentado.

En la presentación, José Manuel Caballero ha recordado las palabras de un destacado político castellanomanchego que protagonizó esta etapa: “La Transición, como decía nuestro paisano Manuel Marín, supuso, fundamentalmente, renuncia, supuso no imponer los sueños que cada uno de nosotros teníamos, sino compartir los sueños colectivos y eso es lo que queremos celebrar desde Castilla-La Mancha con el compromiso del presidente Emiliano García-Page”.

La idea es “situar en el centro de este programa el diálogo, la convivencia y la participación colectiva”, ha señalado el vicepresidente, que, además, ha añadido que “vamos a combinarlo con el reconocimiento a quienes hicieron posible el cambio democrático, desde la política y desde la sociedad, con propuestas dirigidas a las nuevas generaciones y acciones que recuperan la memoria cotidiana de pueblos, ciudades y familias”.

Se conmemora un periodo temporal entre 1976 y 1983. “La transición no se inicia en 1975 con la muerte del dictador Francisco Franco”, ha dicho, sino que el Gobierno regional considera que el hito principal fue el 15 de diciembre de 1976, fecha en la que se celebró el referéndum para la reforma política.

El fin del periodo que se va a recordar concluye con las elecciones del 8 de mayo de 1983, entonces se convocaron las primeras Elecciones a las Cortes de Castilla-La Mancha.

¿Qué actividades se programan?

Caballero ha desgranado este programa inicial, “abierto a crecer”, y que tendrá el pistoletazo de salida ya este mismo mes de septiembre.

El programa nace del trabajo realizado para la puesta en marcha de la exposición ‘La Transición en Castilla-La Mancha: una nueva realidad e identidad (1976–1983)’. Esta es el eje central del programa y recorre el paso de la dictadura a la democracia y el nacimiento del autogobierno regional con documentos, imágenes, objetos originales y recursos audiovisuales que explicarán cómo los grandes acontecimientos nacionales se vivieron y construyeron desde Castilla-La Mancha.

Asimismo, esta exposición contará con visitas teatralizadas y con una exposición paralela de jóvenes ilustradores. Además, tendrá una adaptación para exponerse al aire libre y que recorrerá decenas de localidades de la región. También habrá exposiciones sobre portadas de prensa local y provincial y con grandes portadas de revistas nacionales que ilustran los hitos históricos de la época, sobre coleccionismo y archivos, sobre el papel de las mujeres en la Transición, sobre la migración de castellanomanchegos y sobre artistas como José Ortega.

Se ha programado un acto central para reconocer a los primeros diputados y senadores de Castilla-La Mancha elegidos el 15 de junio de 1977. Se entregarán 41 reconocimientos y una escultura conmemorativa de Quique de Lucas, ‘Tortajada’, para poner en valor el consenso y la labor de quienes contribuyeron a cimentar la democracia y la Comunidad Autónoma. Además, habrá cinco actos provinciales que reconocerán el papel de los movimientos vecinales, sindicales, empresariales y por la igualdad de las mujeres; y dos foros de debate, uno sobre discapacidad y otro sobre derechos LGTBI.

A nivel cultural, se va a desarrollar ‘Manuel Piña Lab: Jóvenes Creadores’, un espacio de innovación y talento que conecta el legado del gran diseñador manchego con el futuro del diseño a través de una colaboración estratégica con las Escuelas de Arte de Castilla-La Mancha; se han programado actividades con los clubes de lectura a través de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha y se proyectarán siete películas emblemáticas de la Transición en salas de cine de la región que incluirán coloquios con sus protagonistas.

En la programación, tal y como ha explicado Caballero, hay un espacio especial para llegar a los jóvenes. Se ha convocado un concurso para crear una miniserie de tres vídeos verticales basada en entrevistas familiares, recuerdos y música de la época y se va a desarrollar un proyecto de arte urbano comisariado por Okuda San Miguel con estudiantes de escuelas de arte y cinco artistas nacionales que crearán cinco murales. Además, se pondrá en marcha el proyecto de cómic-fotonovela ‘Construyendo nuestra memoria’, planteado por Ángel Luis Arjona, y se celebrarán las III Olimpiadas de Historia con una edición especial sobre la Transición.

La música tendrá un papel protagonista con una decena de jornadas festivas con grandes actuaciones de orquestas de reconocido prestigio nacional, “que recuperarán el espíritu de convivencia de la verbena y el guateque de la época”. También habrá festivales de música con talentos emergentes de la región, un circuito de 82 actuaciones de bandas locales que adaptarán al lenguaje sinfónico las canciones del cambio democrático y una pieza audiovisual, elaborada por creadores de la región, que enlazará imágenes y grabaciones de archivo para explicar cómo las canciones acompañaron las demandas de libertad, la modernización cultural y la construcción de nuevos valores de convivencia.

Caballero ha puesto el acento en la importancia de construir de la mano de la sociedad esta conmemoración. Por eso, se ha programado un certamen oral y escrito para mayores de 65 años residentes en Castilla-La Mancha para recoger los recuerdos en primera persona sobre la evolución social y cultural de la región. Además, se ha lanzado una convocatoria ciudadana para recuperar fotografías personales y familiares con el objetivo de construir un archivo colectivo digital de acceso público.

Por último, el vicepresidente segundo ha explicado que se celebrará el ciclo ‘50 años juntos: espectáculo de luz y sonido’, una ambiciosa e innovadora propuesta cultural diseñada para conmemorar este medio siglo de historia común en la región a través de la tecnología y el arte multimedia.

Finalmente, ha añadido que los medios de comunicación regionales y nacionales van a participar a través de la generación de contenido documental e informativo sobre esta etapa y con eventos de debate y divulgación.

“Tengo la confianza en que la Justicia actúe y que se proceda a procesar a Cospedal”. Así de contundente se ha mostrado este jueves el vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha José Manuel Caballero, cuando se le ha preguntado en una rueda de prensa por su valoración sobre los nuevos audios de la que fuera presidenta de Castilla-La Mancha, que forman parte de las grabaciones del comisario José Manuel Villarejo.

Unos audios que presuntamente comprometen a Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP, en el conocimiento de operaciones policiales ilegales, hechas a espaldas del juez, contra adversarios políticos.

“Sin duda los audios de hoy son todavía más graves y espero que se someta al imperio de la ley”, ha dicho el numero tres del gobierno de Emiliano García-Page porque, lamentaba, “hasta ahora se ha estado escapando por los pelos” de lo que, desde su punto de vista “parecen delitos fragrantes para ocultar pruebas”.

ElDiario.es ha tenido acceso a algunas de estas grabaciones.

Y es que, un nuevo informe de la Policía conecta estos audios con los diarios de Villarejo y la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional ha validado a requerimiento del juez Antonio Piña, que instruye todavía decenas de piezas separadas del caso Tándem, las grabaciones. El análisis se ha enviado a la Audiencia Nacional que ha ordenado buscar “indicios de criminalidad” contra la ex secretaria general del PP.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha inaugurado este lunes la nueva Ciudad Administrativa de la Junta de Comunidades en Ciudad Real, levantada tras la rehabilitación integral del antiguo Hospital del Carmen y llamada a concentrar en un único complejo las ocho delegaciones provinciales de la Junta y a alrededor de 1.200 empleados públicos.

La apertura culmina una de las principales actuaciones incluidas en el Plan de Modernización Ciudad Real 2025 y recupera para el uso público uno de los mayores edificios de la capital, con una inversión global de 40 millones de euros, de los que 11 millones proceden de fondos europeos Next Generation.

Los empleados públicos desarrollarán su trabajo ahora en estas dependencias tras ser reformado un inmueble que, según Page, llegó a convertirse en un problema para la capital por su deterioro y la presencia de ocupaciones después de quedar sin uso.

“Lo que era un enorme marrón para Ciudad Real ha dejado de serlo”, ha resumido, destacando que la recuperación permite ahora ofrecer un “servicio público de calidad” y concentrar en un mismo espacio gestiones hasta ahora repartidas entre distintos puntos de la ciudad.

García-Page, igualmente, ha destacado el papel desempeñado en el proyecto por el vicepresidente segundo del Ejecutivo autonómico, José Manuel Caballero, de quien ha dicho que “Josele es coautor de todo lo que pasa en Ciudad Real”, y ha reivindicado la capacidad de Castilla-La Mancha para gestionar los fondos europeos que han contribuido a financiar la actuación.

Un proyecto que data de 2018

El proyecto comenzó a tomar forma en 2018, cuando Junta de Castilla-La Mancha, Diputación y Ayuntamiento firmaron el protocolo para trasladar al antiguo Hospital del Carmen los servicios administrativos autonómicos.

La Diputación, entonces presidida por Caballero y propietaria del inmueble, cedió gratuitamente el edificio a la Junta, operación que quedó formalizada en 2019.

Precisamente, el hoy vicepresidente segundo de la Junta de Castilla-La Mancha ha reconocido la “alegría” que supone para él ver culminado un proyecto que comenzó a impulsarse durante su etapa como presidente de la Diputación y que, según ha defendido, demuestra que se ha cumplido “con el compromiso de la palabra dada”.

Ha recordado que hubo quienes dudaron de que la Ciudad Administrativa llegara a materializarse y ha contrapuesto aquellas críticas con una realidad que permitirá trabajar en el mismo recinto a unos 1.200 servidores públicos.

“Hemos abordado proyectos que realmente transforman y quedan para décadas”, ha defendido.

También ha cargado contra la gestión realizada durante la etapa de María Dolores de Cospedal, asegurando que en 2013 el inmueble quedó “completamente” abandonado y fue objeto de expolio y deterioro.

A su juicio, esa falta de protección terminó encareciendo una rehabilitación que posteriormente tuvo que afrontar el actual Gobierno autonómico.

El vicepresidente segundo ha avanzado además que la Junta abordará ahora los proyectos destinados a proporcionar nuevos usos a los edificios administrativos que han quedado vacíos, principalmente viviendas de alquiler asequible, como consecuencia de la concentración de servicios en la nueva sede.

La inauguración ha supuesto también el primer acto público de Leire Iglesias como secretaria de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, cargo para el que fue nombrada por el Consejo de Ministros el pasado 1 de septiembre.

Iglesias ha reivindicado la rehabilitación del antiguo hospital como ejemplo de una política basada no solo en construir, sino también en “mantener, regenerar y reutilizar espacios urbanos”.

Por parte de la Diputación, su vicepresidenta segunda, Sonia González, ha celebrado la puesta en marcha de un complejo que ha permitido transformar el antiguo hospital y ha deseado que se convierta en una Administración “abierta y útil” y centrada en el bienestar de la provincia.

Finalmente, el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha calificado el resultado como una “obra magnífica” en un inmueble que durante años prestó servicio sanitario a la ciudad.

Cañizares ha valorado la decisión de agrupar unas dependencias de la Junta que hasta ahora se encontraban dispersas y en algunos casos deterioradas, y ha considerado que la rehabilitación ha convertido el antiguo hospital en un nuevo “hito para Ciudad Real”.

El decreto que regula el nuevo régimen jurídico de las entidades colaboradoras de la Administración pública en Castilla-La Mancha entra en vigor hoy, 20 de agosto, después de que el Consejo de Gobierno lo aprobara el 28 de julio.

Esta norma forma parte de la controvertida Ley de Simplificación Administrativa de la comunidad autónoma, que ratificaron PP y PSOE con el voto en contra de Vox, y con críticas por parte de Podemos, CCOO o el sindicato STAS, entre otros. Advirtieron que en la práctica esta figura supondrá “privatizar servicios públicos”.

STAS aludió a lo que calificó de “demoledor” informe del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha en el que el órgano lamentaba la “gran indefinición” en la Ley de Simplificación Administrativa a la hora de fijar las funciones que ejercerán estas llamadas “entidades colaboradoras de la Administración regional”.

Se trata de una nueva figura que podrá realizar determinados procedimientos administrativos de índole pública

El Gobierno regional ha negado siempre que el objetivo sea la privatización de los servicios públicos. El vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, defendió en su momento que el objetivo de la ley “no es otro que avanzar hacia una Administración regional más moderna, dinámica, digitalizada y proactiva, además de más cercana a los ciudadanos” y que estas entidades colaboradoras prestarán servicio “en momentos puntuales, cuando razones de urgencia o necesidad lo hagan necesario”.

Ahora se oficializa su régimen jurídico, y a partir de este momento aquellas entidades privadas interesadas en convertirse en colaboradoras deben solicitar su acreditación. Se trata, insiste el Gobierno regional en “agilizar la tramitación, reducir cargas burocráticas y facilitar la relación entre la ciudadanía, las empresas y la Administración pública”.

La norma establece, además, un periodo de adaptación que permitirá la implantación progresiva del sistema. Todo ello a través de un sistema para la colaboración de entidades privadas en la tramitación de determinados procedimientos administrativos especialmente complejos desde el punto de vista técnico o con una elevada carga de gestión.

El Gobierno regional defiende de nuevo que su regulación “permite ganar eficacia y reducir cargas administrativas para ciudadanos, empresas y administraciones, sin privatizar en ningún caso las funciones públicas ni disminuir las garantías jurídicas”.

Las funciones de estas entidades colaboradoras privadas

Las entidades colaboradoras desarrollarán “exclusivamente”, según el Gobierno regional, funciones técnicas de verificación, certificación, evaluación y apoyo especializado, mientras que las competencias de autorización, resolución, inspección y control seguirán correspondiendo íntegramente a la Administración Pública, y su uso será de carácter voluntario.

Las entidades que finalmente puedan inscribirse en el registro regional podrán actuar en los ámbitos de urbanismo, la gestión forestal, los servicios sociales, el patrimonio cultural, la actividad cinegética, la economía circular o la evaluación ambiental.

Son competencias que despertaron en su momento las suspicacias de distintos agentes sociales y políticos, teniendo en cuenta que serán empresas privadas las que supervisen cuestiones de otras empresas privadas. Las funciones que se les atribuyen son “técnicas”, según el Ejecutivo regional, relativas a comprobación documental, evaluación, certificación del cumplimiento normativo o apoyo especializado en la tramitación de expedientes.

Para el Gobierno de Page, “uno de los principales objetivos de la regularización de las entidades colaboradoras con la Administración es que sea un instrumento también para los ayuntamientos de la región, pero especialmente para aquellos pequeños municipios de las zonas rurales”. En estos casos, recuerdan, muchos “carecen de personal técnico suficiente para tramitar proyectos urbanísticos o expedientes complejos, lo que provoca retrasos durante meses e incluso años”.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, junto con la Confederación de Asociaciones de Empresas de Economía Social de la región, está avanzando en la elaboración y diseño de la que será la segunda Estrategia de Economía Social de Castilla-La Mancha, cuyos trabajos se iniciaron el pasado mes de enero.

El próximo diciembre finaliza la vigencia de la actual estrategia y se trata de dar “continuidad a una hoja de ruta pionera en la región”, según la Consejería de Economía de la comunidad autónoma.

La segunda Estrategia Regional de Economía Social marcará las líneas de actuación para fortalecer y desarrollar este sector durante los próximos años.

Según el Ejecutivo castellanomanchego, esta iniciativa “refleja el firme compromiso” con la economía social como “un modelo empresarial capaz de combinar competitividad económica y creación de valor social”, contribuyendo de forma “decisiva” a la cohesión social, la generación de empleo de calidad, la igualdad de oportunidades y el desarrollo sostenible de los territorios.

Adaptarse a “nuevos desafíos” sociales, económicos y ambientales

La nueva estrategia dará continuidad al trabajo desarrollado en los últimos años y permitirá adaptar las políticas públicas a los nuevos desafíos económicos, sociales y medioambientales.

El grupo de trabajo, constituido el pasado mes de junio, está integrado, junto con el Gobierno regional, por los agentes sociales, así como las principales entidades y organizaciones representativas del sector de la economía social. En su seno, se articula un amplio proceso participativo que permitirá recoger las aportaciones de cooperativas, sociedades laborales, empresas de inserción, centros especiales de empleo de iniciativa social, asociaciones, fundaciones y demás agentes económicos y sociales de la región.

Durante su elaboración se analizará la situación actual de la economía social en Castilla-La Mancha, identificando fortalezas, oportunidades y retos que permitan diseñar medidas eficaces para impulsar su crecimiento y consolidación.

Entre las principales líneas de trabajo figuran el apoyo a la creación y mantenimiento del empleo, la modernización y digitalización de las entidades, el relevo generacional, la mejora de la competitividad, el acceso a la financiación, la formación y capacitación profesional, así como el fomento de la innovación y la sostenibilidad.

Además, la estrategia prestará especial atención a la visibilización de la economía social y a la difusión de sus valores, promoviendo un mayor conocimiento de un modelo empresarial que sitúa a las personas en el centro de la actividad económica y que contribuye de manera significativa al bienestar colectivo.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado definitivamente el proyecto de reparcelación del Proyecto de Singular Interés (PSI) correspondiente al futuro campus de centros de datos que la compañía Meta implantará en Talavera de la Reina.

Esta aprobación, que ya había sido anunciada por el presidente Emiliano García-Page, supone un nuevo paso para una actuación que permitirá la creación de 250 empleos directos y otros 300 durante la fase de construcción.

El consejero de Fomento, Nacho Hernnado, ha destacado que “gracias a una decisión clave del Gobierno regional, Talavera de la Reina sigue avanzando hacia un futuro que conjuga sus raíces con la vanguardia tecnológica, a través de la aprobación de la reparcelación del campus de Meta con una inversión privada de 750 millones de euros para la ciudad de la cerámica”.

Asimismo, Hernando ha asegurado que “con esta aprobación se completa la fase de gestión urbanística autonómica del proyecto, quedando definidas las parcelas resultantes y haciendo efectivas las cesiones, dotaciones públicas, viarios y espacios libres contemplados en la ordenación aprobada”. Además, ha explicado que “la resolución aporta la seguridad jurídica necesaria para continuar avanzando en la tramitación de los proyectos constructivos y en el desarrollo de la actuación”.

Soporte para Instagram, Whatsapp o Facebook

El futuro campus albergará infraestructuras destinadas al procesamiento y almacenamiento de datos que darán soporte a algunos de los principales servicios digitales de Meta, entre ellos Instagram, WhatsApp, Messenger y Facebook.

El proyecto contempla una inversión estimada de 750 millones de euros y permitirá la creación de 250 puestos de trabajo directos, además de otros 300 empleos durante la fase de construcción. A ello se suman los efectos indirectos derivados de la actividad económica asociada, la atracción de talento especializado, el impulso a la formación vinculada al ámbito tecnológico y la generación de nuevas oportunidades empresariales en sectores relacionados con la economía digital.

Tras la aprobación definitiva de la reparcelación, la iniciativa entra ahora en una nueva etapa centrada en la tramitación de los proyectos constructivos, la obtención de las autorizaciones sectoriales y municipales correspondientes y el posterior inicio de las obras.

Las personas con enfermedad celiaca ya pueden solicitar las ayudas habilitadas por la Consejería de Sanidad, a través de la Dirección General de Humanización y Atención Sociosanitaria, publicadas esta semana en el Diario Oficial de Castilla- La Mancha.

El objetivo de esta convocatoria es proporcionar apoyo económico para el mantenimiento de una dieta libre de gluten a aquellas personas que padecen esta enfermedad crónica.

Quienes padecen enfermedad celiaca encuentran mayores dificultades para poder llevar una dieta saludable libre de gluten. Hay estudios que confirman el sobrecoste que las familias tienen que asumir para atender estas necesidades, siendo, además, el único tratamiento posible el seguimiento de una dieta sin gluten y mantenida a lo largo de la vida de la persona, aunque haya etapas con especial cuidado como son la infancia y las personas de edad avanzada.

Previamente a esta convocatoria de ayudas, en 2026 se creó el Registro de personas con enfermedad celíaca, que permitirá conocer el número de afectados en Castilla-La Mancha y su distribución geográfica. Esto podrá agilizar y optimizar estrategias de intervención sanitaria y sociosanitaria, incluidas las posibles ayudas que se convoquen para estas personas. No obstante, la inscripción en el Registro no será imprescindible para acceder a las ayudas convocadas en 2026.

En los primeros días desde la publicación ya se han recibido un total de 301 solicitudes. La convocatoria permanecerá abierta desde el 4 y hasta el 31 de agosto de 2026.

Los requisitos para acceder a estas ayudas son, entre otros que se indican en la convocatoria, tener diagnosticada la enfermedad celíaca y estar empadronados en un municipio de Castilla-La Mancha.

Las personas que se encuentren en esta situación pueden solicitar mayor información sobre estas ayudas a través del correo electrónico subvencionesceliacosclm@jccm.es. También disponen de un teléfono de contacto (925 28 69 00).

Para consultar toda la información relacionada con estas ayudas se puede acceder a través del enlace del Diario Oficial de Castilla-La Mancha o en la sede electrónica de la Junta de Castilla-La Mancha.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha diseñado un dispositivo sanitario específico tras realizar una evaluación de riesgos y necesidades asistenciales asociadas al eclipse solar total del próximo 12 de agosto, con el objetivo de garantizar una respuesta sanitaria adaptada a la afluencia prevista y a las características del evento.

“Dicho eclipse supone un fenómeno astronómico excepcional cuya franja de totalidad atravesará parte del territorio nacional y que tendrá una incidencia especialmente relevante en distintos municipios de las provincias de Guadalajara y Cuenca”, recuerdan las autoridades sanitarias.

El dispositivo se enmarca en las actuaciones impulsadas por el grupo de coordinación del Gobierno regional en el ámbito de la protección civil para el fenómeno del eclipse solar en esta comunidad autónoma, que dirige la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital.

La previsión de una importante concentración de personas en determinados puntos de observación, unida al elevado número de desplazamientos previstos durante una jornada estival, ha llevado al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha a diseñar un dispositivo específico para adaptar la capacidad de respuesta sanitaria a las necesidades previsibles durante el evento.

La Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario (GUETS) liderará la coordinación operativa del dispositivo sanitario a través del Centro Coordinador de Urgencias, desde donde se realizará el seguimiento permanente de la situación, la gestión de los recursos movilizados y la coordinación con Atención Primaria, hospitales y el resto de los organismos implicados.

El dispositivo, planificado por la GUETS en coordinación con las Gerencias de Atención Integrada de Guadalajara y Cuenca, se configura como un operativo complementario al sistema sanitario ordinario, integrando los recursos de Atención Primaria, Atención Hospitalaria y Urgencias y Emergencias Extrahospitalarias para incrementar la cobertura allí donde resulte necesario.

Ha sido diseñado para reforzar la cobertura sanitaria asociada al eclipse manteniendo, en todo momento, la capacidad de respuesta del sistema sanitario para atender el resto de las urgencias y emergencias que puedan producirse durante la jornada.

La planificación del dispositivo parte de un análisis previo de los principales riesgos asociados al eclipse, entre ellos la elevada concentración de personas, el incremento de la movilidad, las altas temperaturas, los accidentes en el medio natural o las posibles lesiones oculares derivadas de una observación inadecuada del fenómeno.

Dicha planificación y organización se ha realizado de forma individualizada para cada uno de los principales puntos de concentración de visitantes, valorando la afluencia prevista, los recursos sanitarios ordinarios existentes, la capacidad asistencial disponible, la accesibilidad, los tiempos de respuesta y la necesidad de incorporar recursos extraordinarios.

Despliegue específico en Cuenca y Guadalajara

El dispositivo combina un despliegue extraordinario de carácter regional, liderado por la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario, con un despliegue territorial específico en las provincias de Guadalajara y Cuenca.

El operativo incluye el refuerzo del Centro Coordinador de Urgencias, la movilización de recursos asistenciales extraordinarios y el seguimiento permanente del dispositivo, además de la incorporación de recursos adicionales de Atención Primaria, Urgencias y Emergencias y apoyo hospitalario en aquellas zonas donde la valoración técnica ha identificado una mayor necesidad asistencial.

El dispositivo combina un despliegue extraordinario de carácter regional, liderado por la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario, con un despliegue territorial específico en las provincias de Guadalajara y Cuenca

El refuerzo sanitario se distribuirá en función de las necesidades identificadas en cada territorio, diferenciando entre los principales puntos de observación del eclipse y los corredores de acceso, donde también se espera una elevada intensidad de tráfico y movilidad.

La provincia de Cuenca

En la provincia de Cuenca, el dispositivo contempla un despliegue escalonado en función de la afluencia prevista y de las características de cada emplazamiento. Así, Cañete, Priego y Tragacete contarán con recursos extraordinarios de soporte vital básico y con el refuerzo de los equipos de Atención Primaria para incrementar la capacidad de respuesta durante la jornada.

En Talayuelas se reforzará la cobertura mediante el desplazamiento programado de un recurso de soporte vital básico.

Por su parte, Cuenca capital, uno de los principales puntos de concentración de visitantes, dispondrá de un Puesto Sanitario Avanzado con personal de Enfermería, recursos adicionales de Atención Primaria y un incremento de la capacidad asistencial del Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario para atender posibles lesiones oculares derivadas de una observación inadecuada del eclipse.

La provincia de Guadalajara

En la provincia de Guadalajara, el operativo combina el incremento de la capacidad asistencial en los principales puntos de observación con actuaciones preventivas en los corredores de acceso. Guadalajara capital contará con un refuerzo de Atención Primaria, un soporte vital avanzado extraordinario y el aumento de efectivos del Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario. En Sigüenza se desplegará un soporte vital avanzado extraordinario y un Puesto Sanitario Avanzado con personal de Enfermería, mientras que Azuqueca de Henares reforzará sus equipos de Atención Primaria.

Asimismo, Villanueva de la Torre, Hita y Yebes dispondrán de recursos extraordinarios de soporte vital básico y refuerzo de Atención Primaria.

El dispositivo se completa con actuaciones preventivas en Alcolea del Pinar, Brihuega y Maranchón, donde se reforzarán los equipos de Atención Primaria por su ubicación estratégica en los principales corredores de acceso hacia las zonas de observación.

Respuesta adaptada a 55.000 personas en los puntos de observación

El dispositivo permitirá proporcionar una respuesta sanitaria adaptada a una afluencia prevista superior a las 55.000 personas en los principales puntos de observación y corredores de acceso de las provincias de Guadalajara y Cuenca, manteniendo al mismo tiempo la capacidad de respuesta del sistema sanitario para atender el resto de urgencias y emergencias que puedan producirse durante la jornada.

Con este dispositivo, el Gobierno de Castilla-La Mancha pone de manifiesto la capacidad del sistema sanitario regional para anticiparse a acontecimientos de especial complejidad, adaptando la respuesta asistencial a las necesidades de cada territorio mediante una planificación basada en la evaluación del riesgo, la coordinación entre niveles asistenciales y la utilización eficiente de los recursos disponibles.

El Gobierno de Castilla-La Mancha permanece “a la espera” de conocer cuál será su participación o colaboración en el reparto de menores migrantes procedentes de Ceuta.

Lo ha comentado el vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, desde Valdepeñas, en Ciudad Real. En todo caso, cree que la acogida ha de ser “por igual que el resto de las comunidades autónomas de España”, y ha indicado que, hasta la fecha, el Gobierno de España no se ha puesto en contacto con el Ejecutivo autonómico ni se ha convocado ningún consejo territorial para abordar este asunto.

“Los partidos demócratas deberían bajar el diapasón”

Desde la localidad ciudadrealeña, Caballero ha pedido “prudencia” ante la actual crisis humanitaria y ha considerado que los partidos políticos que se consideran demócratas y respetan la Constitución “deberían bajar el diapasón y dejar las soflamas para las campañas electorales”.

Dicho esto, ha reiterado que el Gobierno regional está dispuesto a “trabajar, arrimar el codo y, sin duda, apostar por la solidaridad”, siempre dentro de la coordinación que corresponde al Gobierno de España.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado a conocer hoy una propuesta técnica “de regeneración” del espacio urbano del emblemático Fuerte de San Francisco de Guadalajara.

El documento plantea la transformación “integral” de su entorno para convertirlo, “en un espacio abierto, accesible y plenamente integrado en la ciudad”, según la delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa María García.

Hoy ha visitado el lugar junto al delegado provincial de Fomento, Javier del Molino, para presentar el contenido de esta propuesta, que será ahora tendrá que ser analizada por el Ayuntamiento de Guadalajara, como propietario del complejo.

La propuesta técnica contempla la creación de nuevas zonas verdes, la mejora de la accesibilidad mediante nuevas conexiones peatonales, la pavimentación de los viales, la renovación de todas las infraestructuras y redes de servicios, abastecimiento, saneamiento, pluviales, electricidad, gas, telecomunicaciones y alumbrado, así como la creación de una gran plaza pública que reorganice este ámbito y mejore su integración con el resto de la ciudad.

“Mucho más allá de una propuesta urbanística”

Durante su intervención, Rosa María García ha explicado que el objetivo de este documento “va mucho más allá de una actuación urbanística”.

Desde su punto de vista, “el objetivo es que este espacio forme parte de la ciudad, que pueda ser paseado, disfrutado, que sea un centro de reunión sociocultural, que tenga una presencia importante y que atraiga a los vecinos hasta este enclave para que puedan disfrutar del conjunto histórico”.

La propuesta contempla la demolición de las naves G1 y G2 y de parte del edificio ZE-3, correspondiente a la antigua Cantina. Se trata de construcciones incorporadas con posterioridad al conjunto histórico que, según el informe favorable emitido por el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial, “carecen de valor patrimonial”, por lo que su eliminación permitirá abrir el espacio, mejorar las conexiones peatonales y favorecer la contemplación de los Bienes de Interés Cultural (BIC) existentes.

“No se trata de una propuesta de demolición, sino de un planteamiento de regeneración del entorno urbano”, ha dicho García, que ha recordado que el Ayuntamiento de Guadalajara ya dispone oficialmente de toda la documentación técnica, remitida este lunes.

Dicho esto, se ha mostrado confiada en que el Ayuntamiento de la capital sea sensible a la voluntad de la Junta de convertir esta zona en un área visitable para las vecinas y vecinos de la ciudad, y no paralice el proceso para poder comenzar los trámites de redacción del proyecto “cuanto antes”.

La actuación cuenta con un presupuesto de ejecución material estimado de 1.164.872,39 euros.

Fue el pasado mes de enero cuando el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha dio un ultimátum al Gobierno regional para acometer la rehabilitación del inmueble. Y no solo eso. La resolución judicial también estableció plazos estrictos, entre uno y seis meses para que la Administración pública se ponga manos a la obra, en cuanto a la rehabilitación, a los desalojos necesarios y la ejecución de demoliciones.

Se impuso un calendario de actuaciones obligatorio para la Consejería de Fomento, mediante un oficio dirigido a este departamento para licitar la rehabilitación de las naves de cerrajería (destinadas a escuelas municipales) y la 'Nave de Forja' (que albergará la Biblioteca Municipal). En este mismo plazo, se exige el inicio de los expedientes de desalojo de los ocupantes de los inmuebles situados en la plaza Bejanque, 9 y la licitación de las demoliciones de edificios incompatibles con el planeamiento urbanístico.

Además, en cuatro meses debían estar redactados los proyectos de rehabilitación para el resto de los inmuebles del complejo, siguiendo los usos acordados en un convenio con el Ayuntamiento de Guadalajara que data de diciembre de 2010.

El pronunciamiento del Alto Tribunal se derivó de la acción del Grupo Municipal AIKE, que en marzo de 2024 se dirigió al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo para solicitar el cumplimiento de la sentencia firme que obliga a la Administración regional a rehabilitar la totalidad de los edificios que conforman el complejo del Fuerte de San Francisco y dotarlos del uso dotacional y cultural que quiera la ciudad.

La cuestión lleva dos décadas atascada para este edificio sobre el que los sucesivos gobiernos municipales o regionales de PP y PSOE han planeado distintos proyectos, incluido su conversión en Ciudad del Cine o el campus regional de Formación Profesional de Castilla-La Mancha, sin llegarse a ejecutar ninguno.

Castilla-La Mancha vuelve a anunciar promociones de viviendas protegidas sobre suelo público. La noticia podría parecer, a primera vista, un paso en la buena dirección. Y lo es. Necesitamos construir más vivienda asequible y aprovechar lo público para garantizar el derecho a una vivienda digna.

Pero… ¿Qué ocurrirá con esas viviendas dentro de quince años?

La respuesta es sencilla. Dejarán de ser viviendas protegidas. A partir de ese momento podrán venderse al precio que cada propietario considere y el esfuerzo público que hizo posible esa promoción desaparecerá definitivamente.

Es una historia que ya hemos vivido. Desde los años ochenta se han construido casi tres millones de viviendas protegidas, según un informe de CCOO de 2024, con ayudas públicas, suelo público e importantes ventajas para promotores y compradores.

Aquellas promociones resolvieron problemas inmediatos de acceso para muchas familias, pero la inmensa mayoría acabó descalificándose al cabo de unos años. Sólo medio millón mantienen algún control de precios. Muchas, forman hoy parte del mercado libre y se venden por cientos de miles de euros más de lo que costaron.

El resultado es paradójico. El dinero público sirvió para facilitar el acceso a una vivienda una sola vez. Después, el beneficio generado por esa inversión dejó de ser colectivo para convertirse en beneficio privado.

Y, sin embargo, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, presidida por Emiliano García-Page, ha decidido volver a recorrer ese mismo camino. Las promociones anunciadas en Toledo y Azuqueca de Henares se construirán sobre suelo público vendido a promotores privados, pero su protección terminará a los quince años. Es decir, el patrimonio público volverá a desaparecer con el paso del tiempo, obligando a las administraciones futuras a empezar otra vez desde cero.

En esto sí se entienden PSOE y PP. El Ayuntamiento de Toledo, presidido por Carlos Velázquez, lejos de corregir ese modelo, está siguiendo la misma senda en sus propias promociones de vivienda como las trece de la Avenida Santa Bárbara que tendrán exactamente la misma protección: Viviendas de Precio Tasado (VPT) por 15 años.

Gobierno regional y gobierno municipal discrepan en muchas cosas, pero parecen coincidir en una idea: utilizar el patrimonio público para crear vivienda asequible solo de manera temporal.

Pero… ¿Por qué vender definitivamente un recurso público que es escaso?

Cada parcela pública destinada a vivienda es una oportunidad única. Una vez vendida, no vuelve. Y cuando las viviendas dejan de estar protegidas, la Administración tiene que volver a comprar suelo, volver a invertir dinero público y volver a construir otra promoción para resolver el mismo problema.

Es una política que condena al sector público a correr eternamente detrás del mercado inmobiliario.

Existen alternativas. Cada vez más ciudades y países apuestan por modelos de protección permanente o de muy larga duración. Las familias pueden comprar una vivienda a un precio asequible, desarrollar en ella su proyecto de vida y venderla si lo necesitan, pero siempre dentro de un sistema que mantiene el precio controlado y garantiza que la vivienda siga siendo asequible para el siguiente comprador.

Así, cada euro invertido por la sociedad genera un patrimonio que permanece al servicio de la sociedad.

La política de vivienda no debería consistir únicamente en construir más viviendas. También debería preguntarse qué ocurre con ellas dentro de veinte, treinta o cincuenta años.

Porque cuando el suelo es público, la vivienda debería seguir cumpliendo una función pública.

La Junta de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Toledo tienen hoy la oportunidad de romper con un modelo que ya demostró sus límites. Pueden utilizar el patrimonio público para crear un parque de vivienda asequible permanente o pueden repetir una política que durante décadas ha ido transfiriendo al mercado libre viviendas construidas con recursos de todos.

Tropezar una vez puede ser un error. Tropezar dos veces con la misma piedra ya es una decisión política.

Zaragoza será la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública. Lo anunciaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, frustrando así las expectativas de Toledo, que había presentado candidatura el pasado mes de enero. También se han quedado fuera Granada, Murcia, Barcelona, León, Oviedo y Lugo.

El recurso servirá para “poder comprender y responder de manera mucho más eficaz a pandemias como la que sufrimos hace seis años”, decía Pedro Sánchez. De paso, se da continuidad al proceso de “desconcentrar” las sedes de los organismos estatales, normalmente ubicados en la capital de España.

Pero, ¿por qué no se ha elegido Toledo? El Gobierno ha desvelado este miércoles los motivos por los que descartó a todas las candidaturas restantes y en el caso de la capital de Castilla-La Mancha, la razón está en que el Gobierno regional ofreció un inmueble sin terminar y con documentación todavía preliminar.

Se propuso un “edificio de reserva” en el hospital de Toledo, sin terminar

La candidatura de la ciudad de Toledo fue presentada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Sanidad. Propuso un modelo de sede única en “un edificio de reserva” del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, de titularidad autonómica, “que se encuentra en distinto grado de ejecución constructiva”, señala la orden del Consejo de Ministros celebrado ayer martes y que suscribe el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que dirige Félix Bolaños.

Pese a que en la candidatura se valoró de forma favorable el argumento de la situación de Toledo como nodo intermedio entre Madrid y el resto de la red nacional, la propuesta en este aspecto se desarrolló “de forma general y sin análisis de impacto territorial cuantificado” o el hecho de que el edificio fuese público y con suficiente superficie.

Sin embargo, se trata de un edificio de reserva sin terminar y con documentación escasa y de carácter preliminar“, con equipamiento ”insuficiente“ y con ”ausencia de propuesta de inventario y de cuantificación de los costes de dotación“. Todo eso no jugó a favor de la propuesta. Además, señala el ministerio, para que el edificio estuviera disponible había que redactar proyecto, ejecutar obras, licitar y obtener licencias, con un horizonte total que podría superar el año desde la adjudicación.

Otra de las cuestiones que tumbaron la candidatura fue el hecho de que no se aportasen “medidas cuantificadas ni compromisos formalizados más allá de declaraciones genéricas” en cuanto al apoyo financiario o logístico de la sede. Fue además, la única candidatura que no remitió la información adicional solicitada durante la fase de ampliación de datos.