El decreto que regula el nuevo régimen jurídico de las entidades colaboradoras de la Administración pública en Castilla-La Mancha entra en vigor hoy, 20 de agosto, después de que el Consejo de Gobierno lo aprobara el 28 de julio.

Esta norma forma parte de la controvertida Ley de Simplificación Administrativa de la comunidad autónoma, que ratificaron PP y PSOE con el voto en contra de Vox, y con críticas por parte de Podemos, CCOO o el sindicato STAS, entre otros. Advirtieron que en la práctica esta figura supondrá “privatizar servicios públicos”.

STAS aludió a lo que calificó de “demoledor” informe del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha en el que el órgano lamentaba la “gran indefinición” en la Ley de Simplificación Administrativa a la hora de fijar las funciones que ejercerán estas llamadas “entidades colaboradoras de la Administración regional”.

Se trata de una nueva figura que podrá realizar determinados procedimientos administrativos de índole pública

El Gobierno regional ha negado siempre que el objetivo sea la privatización de los servicios públicos. El vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, defendió en su momento que el objetivo de la ley “no es otro que avanzar hacia una Administración regional más moderna, dinámica, digitalizada y proactiva, además de más cercana a los ciudadanos” y que estas entidades colaboradoras prestarán servicio “en momentos puntuales, cuando razones de urgencia o necesidad lo hagan necesario”.

Ahora se oficializa su régimen jurídico, y a partir de este momento aquellas entidades privadas interesadas en convertirse en colaboradoras deben solicitar su acreditación. Se trata, insiste el Gobierno regional en “agilizar la tramitación, reducir cargas burocráticas y facilitar la relación entre la ciudadanía, las empresas y la Administración pública”.

La norma establece, además, un periodo de adaptación que permitirá la implantación progresiva del sistema. Todo ello a través de un sistema para la colaboración de entidades privadas en la tramitación de determinados procedimientos administrativos especialmente complejos desde el punto de vista técnico o con una elevada carga de gestión.

El Gobierno regional defiende de nuevo que su regulación “permite ganar eficacia y reducir cargas administrativas para ciudadanos, empresas y administraciones, sin privatizar en ningún caso las funciones públicas ni disminuir las garantías jurídicas”.

Las funciones de estas entidades colaboradoras privadas

Las entidades colaboradoras desarrollarán “exclusivamente”, según el Gobierno regional, funciones técnicas de verificación, certificación, evaluación y apoyo especializado, mientras que las competencias de autorización, resolución, inspección y control seguirán correspondiendo íntegramente a la Administración Pública, y su uso será de carácter voluntario.

Las entidades que finalmente puedan inscribirse en el registro regional podrán actuar en los ámbitos de urbanismo, la gestión forestal, los servicios sociales, el patrimonio cultural, la actividad cinegética, la economía circular o la evaluación ambiental.

Son competencias que despertaron en su momento las suspicacias de distintos agentes sociales y políticos, teniendo en cuenta que serán empresas privadas las que supervisen cuestiones de otras empresas privadas. Las funciones que se les atribuyen son “técnicas”, según el Ejecutivo regional, relativas a comprobación documental, evaluación, certificación del cumplimiento normativo o apoyo especializado en la tramitación de expedientes.

Para el Gobierno de Page, “uno de los principales objetivos de la regularización de las entidades colaboradoras con la Administración es que sea un instrumento también para los ayuntamientos de la región, pero especialmente para aquellos pequeños municipios de las zonas rurales”. En estos casos, recuerdan, muchos “carecen de personal técnico suficiente para tramitar proyectos urbanísticos o expedientes complejos, lo que provoca retrasos durante meses e incluso años”.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, junto con la Confederación de Asociaciones de Empresas de Economía Social de la región, está avanzando en la elaboración y diseño de la que será la segunda Estrategia de Economía Social de Castilla-La Mancha, cuyos trabajos se iniciaron el pasado mes de enero.

El próximo diciembre finaliza la vigencia de la actual estrategia y se trata de dar “continuidad a una hoja de ruta pionera en la región”, según la Consejería de Economía de la comunidad autónoma.

La segunda Estrategia Regional de Economía Social marcará las líneas de actuación para fortalecer y desarrollar este sector durante los próximos años.

Según el Ejecutivo castellanomanchego, esta iniciativa “refleja el firme compromiso” con la economía social como “un modelo empresarial capaz de combinar competitividad económica y creación de valor social”, contribuyendo de forma “decisiva” a la cohesión social, la generación de empleo de calidad, la igualdad de oportunidades y el desarrollo sostenible de los territorios.

Adaptarse a “nuevos desafíos” sociales, económicos y ambientales

La nueva estrategia dará continuidad al trabajo desarrollado en los últimos años y permitirá adaptar las políticas públicas a los nuevos desafíos económicos, sociales y medioambientales.

El grupo de trabajo, constituido el pasado mes de junio, está integrado, junto con el Gobierno regional, por los agentes sociales, así como las principales entidades y organizaciones representativas del sector de la economía social. En su seno, se articula un amplio proceso participativo que permitirá recoger las aportaciones de cooperativas, sociedades laborales, empresas de inserción, centros especiales de empleo de iniciativa social, asociaciones, fundaciones y demás agentes económicos y sociales de la región.

Durante su elaboración se analizará la situación actual de la economía social en Castilla-La Mancha, identificando fortalezas, oportunidades y retos que permitan diseñar medidas eficaces para impulsar su crecimiento y consolidación.

Entre las principales líneas de trabajo figuran el apoyo a la creación y mantenimiento del empleo, la modernización y digitalización de las entidades, el relevo generacional, la mejora de la competitividad, el acceso a la financiación, la formación y capacitación profesional, así como el fomento de la innovación y la sostenibilidad.

Además, la estrategia prestará especial atención a la visibilización de la economía social y a la difusión de sus valores, promoviendo un mayor conocimiento de un modelo empresarial que sitúa a las personas en el centro de la actividad económica y que contribuye de manera significativa al bienestar colectivo.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado definitivamente el proyecto de reparcelación del Proyecto de Singular Interés (PSI) correspondiente al futuro campus de centros de datos que la compañía Meta implantará en Talavera de la Reina.

Esta aprobación, que ya había sido anunciada por el presidente Emiliano García-Page, supone un nuevo paso para una actuación que permitirá la creación de 250 empleos directos y otros 300 durante la fase de construcción.

El consejero de Fomento, Nacho Hernnado, ha destacado que “gracias a una decisión clave del Gobierno regional, Talavera de la Reina sigue avanzando hacia un futuro que conjuga sus raíces con la vanguardia tecnológica, a través de la aprobación de la reparcelación del campus de Meta con una inversión privada de 750 millones de euros para la ciudad de la cerámica”.

Asimismo, Hernando ha asegurado que “con esta aprobación se completa la fase de gestión urbanística autonómica del proyecto, quedando definidas las parcelas resultantes y haciendo efectivas las cesiones, dotaciones públicas, viarios y espacios libres contemplados en la ordenación aprobada”. Además, ha explicado que “la resolución aporta la seguridad jurídica necesaria para continuar avanzando en la tramitación de los proyectos constructivos y en el desarrollo de la actuación”.

Soporte para Instagram, Whatsapp o Facebook

El futuro campus albergará infraestructuras destinadas al procesamiento y almacenamiento de datos que darán soporte a algunos de los principales servicios digitales de Meta, entre ellos Instagram, WhatsApp, Messenger y Facebook.

El proyecto contempla una inversión estimada de 750 millones de euros y permitirá la creación de 250 puestos de trabajo directos, además de otros 300 empleos durante la fase de construcción. A ello se suman los efectos indirectos derivados de la actividad económica asociada, la atracción de talento especializado, el impulso a la formación vinculada al ámbito tecnológico y la generación de nuevas oportunidades empresariales en sectores relacionados con la economía digital.

Tras la aprobación definitiva de la reparcelación, la iniciativa entra ahora en una nueva etapa centrada en la tramitación de los proyectos constructivos, la obtención de las autorizaciones sectoriales y municipales correspondientes y el posterior inicio de las obras.

Las personas con enfermedad celiaca ya pueden solicitar las ayudas habilitadas por la Consejería de Sanidad, a través de la Dirección General de Humanización y Atención Sociosanitaria, publicadas esta semana en el Diario Oficial de Castilla- La Mancha.

El objetivo de esta convocatoria es proporcionar apoyo económico para el mantenimiento de una dieta libre de gluten a aquellas personas que padecen esta enfermedad crónica.

Quienes padecen enfermedad celiaca encuentran mayores dificultades para poder llevar una dieta saludable libre de gluten. Hay estudios que confirman el sobrecoste que las familias tienen que asumir para atender estas necesidades, siendo, además, el único tratamiento posible el seguimiento de una dieta sin gluten y mantenida a lo largo de la vida de la persona, aunque haya etapas con especial cuidado como son la infancia y las personas de edad avanzada.

Previamente a esta convocatoria de ayudas, en 2026 se creó el Registro de personas con enfermedad celíaca, que permitirá conocer el número de afectados en Castilla-La Mancha y su distribución geográfica. Esto podrá agilizar y optimizar estrategias de intervención sanitaria y sociosanitaria, incluidas las posibles ayudas que se convoquen para estas personas. No obstante, la inscripción en el Registro no será imprescindible para acceder a las ayudas convocadas en 2026.

En los primeros días desde la publicación ya se han recibido un total de 301 solicitudes. La convocatoria permanecerá abierta desde el 4 y hasta el 31 de agosto de 2026.

Los requisitos para acceder a estas ayudas son, entre otros que se indican en la convocatoria, tener diagnosticada la enfermedad celíaca y estar empadronados en un municipio de Castilla-La Mancha.

Las personas que se encuentren en esta situación pueden solicitar mayor información sobre estas ayudas a través del correo electrónico subvencionesceliacosclm@jccm.es. También disponen de un teléfono de contacto (925 28 69 00).

Para consultar toda la información relacionada con estas ayudas se puede acceder a través del enlace del Diario Oficial de Castilla-La Mancha o en la sede electrónica de la Junta de Castilla-La Mancha.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha diseñado un dispositivo sanitario específico tras realizar una evaluación de riesgos y necesidades asistenciales asociadas al eclipse solar total del próximo 12 de agosto, con el objetivo de garantizar una respuesta sanitaria adaptada a la afluencia prevista y a las características del evento.

“Dicho eclipse supone un fenómeno astronómico excepcional cuya franja de totalidad atravesará parte del territorio nacional y que tendrá una incidencia especialmente relevante en distintos municipios de las provincias de Guadalajara y Cuenca”, recuerdan las autoridades sanitarias.

El dispositivo se enmarca en las actuaciones impulsadas por el grupo de coordinación del Gobierno regional en el ámbito de la protección civil para el fenómeno del eclipse solar en esta comunidad autónoma, que dirige la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital.

La previsión de una importante concentración de personas en determinados puntos de observación, unida al elevado número de desplazamientos previstos durante una jornada estival, ha llevado al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha a diseñar un dispositivo específico para adaptar la capacidad de respuesta sanitaria a las necesidades previsibles durante el evento.

La Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario (GUETS) liderará la coordinación operativa del dispositivo sanitario a través del Centro Coordinador de Urgencias, desde donde se realizará el seguimiento permanente de la situación, la gestión de los recursos movilizados y la coordinación con Atención Primaria, hospitales y el resto de los organismos implicados.

El dispositivo, planificado por la GUETS en coordinación con las Gerencias de Atención Integrada de Guadalajara y Cuenca, se configura como un operativo complementario al sistema sanitario ordinario, integrando los recursos de Atención Primaria, Atención Hospitalaria y Urgencias y Emergencias Extrahospitalarias para incrementar la cobertura allí donde resulte necesario.

Ha sido diseñado para reforzar la cobertura sanitaria asociada al eclipse manteniendo, en todo momento, la capacidad de respuesta del sistema sanitario para atender el resto de las urgencias y emergencias que puedan producirse durante la jornada.

La planificación del dispositivo parte de un análisis previo de los principales riesgos asociados al eclipse, entre ellos la elevada concentración de personas, el incremento de la movilidad, las altas temperaturas, los accidentes en el medio natural o las posibles lesiones oculares derivadas de una observación inadecuada del fenómeno.

Dicha planificación y organización se ha realizado de forma individualizada para cada uno de los principales puntos de concentración de visitantes, valorando la afluencia prevista, los recursos sanitarios ordinarios existentes, la capacidad asistencial disponible, la accesibilidad, los tiempos de respuesta y la necesidad de incorporar recursos extraordinarios.

Despliegue específico en Cuenca y Guadalajara

El dispositivo combina un despliegue extraordinario de carácter regional, liderado por la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario, con un despliegue territorial específico en las provincias de Guadalajara y Cuenca.

El operativo incluye el refuerzo del Centro Coordinador de Urgencias, la movilización de recursos asistenciales extraordinarios y el seguimiento permanente del dispositivo, además de la incorporación de recursos adicionales de Atención Primaria, Urgencias y Emergencias y apoyo hospitalario en aquellas zonas donde la valoración técnica ha identificado una mayor necesidad asistencial.

El dispositivo combina un despliegue extraordinario de carácter regional, liderado por la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario, con un despliegue territorial específico en las provincias de Guadalajara y Cuenca

El refuerzo sanitario se distribuirá en función de las necesidades identificadas en cada territorio, diferenciando entre los principales puntos de observación del eclipse y los corredores de acceso, donde también se espera una elevada intensidad de tráfico y movilidad.

La provincia de Cuenca

En la provincia de Cuenca, el dispositivo contempla un despliegue escalonado en función de la afluencia prevista y de las características de cada emplazamiento. Así, Cañete, Priego y Tragacete contarán con recursos extraordinarios de soporte vital básico y con el refuerzo de los equipos de Atención Primaria para incrementar la capacidad de respuesta durante la jornada.

En Talayuelas se reforzará la cobertura mediante el desplazamiento programado de un recurso de soporte vital básico.

Por su parte, Cuenca capital, uno de los principales puntos de concentración de visitantes, dispondrá de un Puesto Sanitario Avanzado con personal de Enfermería, recursos adicionales de Atención Primaria y un incremento de la capacidad asistencial del Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario para atender posibles lesiones oculares derivadas de una observación inadecuada del eclipse.

La provincia de Guadalajara

En la provincia de Guadalajara, el operativo combina el incremento de la capacidad asistencial en los principales puntos de observación con actuaciones preventivas en los corredores de acceso. Guadalajara capital contará con un refuerzo de Atención Primaria, un soporte vital avanzado extraordinario y el aumento de efectivos del Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario. En Sigüenza se desplegará un soporte vital avanzado extraordinario y un Puesto Sanitario Avanzado con personal de Enfermería, mientras que Azuqueca de Henares reforzará sus equipos de Atención Primaria.

Asimismo, Villanueva de la Torre, Hita y Yebes dispondrán de recursos extraordinarios de soporte vital básico y refuerzo de Atención Primaria.

El dispositivo se completa con actuaciones preventivas en Alcolea del Pinar, Brihuega y Maranchón, donde se reforzarán los equipos de Atención Primaria por su ubicación estratégica en los principales corredores de acceso hacia las zonas de observación.

Respuesta adaptada a 55.000 personas en los puntos de observación

El dispositivo permitirá proporcionar una respuesta sanitaria adaptada a una afluencia prevista superior a las 55.000 personas en los principales puntos de observación y corredores de acceso de las provincias de Guadalajara y Cuenca, manteniendo al mismo tiempo la capacidad de respuesta del sistema sanitario para atender el resto de urgencias y emergencias que puedan producirse durante la jornada.

Con este dispositivo, el Gobierno de Castilla-La Mancha pone de manifiesto la capacidad del sistema sanitario regional para anticiparse a acontecimientos de especial complejidad, adaptando la respuesta asistencial a las necesidades de cada territorio mediante una planificación basada en la evaluación del riesgo, la coordinación entre niveles asistenciales y la utilización eficiente de los recursos disponibles.

El Gobierno de Castilla-La Mancha permanece “a la espera” de conocer cuál será su participación o colaboración en el reparto de menores migrantes procedentes de Ceuta.

Lo ha comentado el vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, desde Valdepeñas, en Ciudad Real. En todo caso, cree que la acogida ha de ser “por igual que el resto de las comunidades autónomas de España”, y ha indicado que, hasta la fecha, el Gobierno de España no se ha puesto en contacto con el Ejecutivo autonómico ni se ha convocado ningún consejo territorial para abordar este asunto.

“Los partidos demócratas deberían bajar el diapasón”

Desde la localidad ciudadrealeña, Caballero ha pedido “prudencia” ante la actual crisis humanitaria y ha considerado que los partidos políticos que se consideran demócratas y respetan la Constitución “deberían bajar el diapasón y dejar las soflamas para las campañas electorales”.

Dicho esto, ha reiterado que el Gobierno regional está dispuesto a “trabajar, arrimar el codo y, sin duda, apostar por la solidaridad”, siempre dentro de la coordinación que corresponde al Gobierno de España.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado a conocer hoy una propuesta técnica “de regeneración” del espacio urbano del emblemático Fuerte de San Francisco de Guadalajara.

El documento plantea la transformación “integral” de su entorno para convertirlo, “en un espacio abierto, accesible y plenamente integrado en la ciudad”, según la delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa María García.

Hoy ha visitado el lugar junto al delegado provincial de Fomento, Javier del Molino, para presentar el contenido de esta propuesta, que será ahora tendrá que ser analizada por el Ayuntamiento de Guadalajara, como propietario del complejo.

La propuesta técnica contempla la creación de nuevas zonas verdes, la mejora de la accesibilidad mediante nuevas conexiones peatonales, la pavimentación de los viales, la renovación de todas las infraestructuras y redes de servicios, abastecimiento, saneamiento, pluviales, electricidad, gas, telecomunicaciones y alumbrado, así como la creación de una gran plaza pública que reorganice este ámbito y mejore su integración con el resto de la ciudad.

“Mucho más allá de una propuesta urbanística”

Durante su intervención, Rosa María García ha explicado que el objetivo de este documento “va mucho más allá de una actuación urbanística”.

Desde su punto de vista, “el objetivo es que este espacio forme parte de la ciudad, que pueda ser paseado, disfrutado, que sea un centro de reunión sociocultural, que tenga una presencia importante y que atraiga a los vecinos hasta este enclave para que puedan disfrutar del conjunto histórico”.

La propuesta contempla la demolición de las naves G1 y G2 y de parte del edificio ZE-3, correspondiente a la antigua Cantina. Se trata de construcciones incorporadas con posterioridad al conjunto histórico que, según el informe favorable emitido por el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial, “carecen de valor patrimonial”, por lo que su eliminación permitirá abrir el espacio, mejorar las conexiones peatonales y favorecer la contemplación de los Bienes de Interés Cultural (BIC) existentes.

“No se trata de una propuesta de demolición, sino de un planteamiento de regeneración del entorno urbano”, ha dicho García, que ha recordado que el Ayuntamiento de Guadalajara ya dispone oficialmente de toda la documentación técnica, remitida este lunes.

Dicho esto, se ha mostrado confiada en que el Ayuntamiento de la capital sea sensible a la voluntad de la Junta de convertir esta zona en un área visitable para las vecinas y vecinos de la ciudad, y no paralice el proceso para poder comenzar los trámites de redacción del proyecto “cuanto antes”.

La actuación cuenta con un presupuesto de ejecución material estimado de 1.164.872,39 euros.

Fue el pasado mes de enero cuando el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha dio un ultimátum al Gobierno regional para acometer la rehabilitación del inmueble. Y no solo eso. La resolución judicial también estableció plazos estrictos, entre uno y seis meses para que la Administración pública se ponga manos a la obra, en cuanto a la rehabilitación, a los desalojos necesarios y la ejecución de demoliciones.

Se impuso un calendario de actuaciones obligatorio para la Consejería de Fomento, mediante un oficio dirigido a este departamento para licitar la rehabilitación de las naves de cerrajería (destinadas a escuelas municipales) y la 'Nave de Forja' (que albergará la Biblioteca Municipal). En este mismo plazo, se exige el inicio de los expedientes de desalojo de los ocupantes de los inmuebles situados en la plaza Bejanque, 9 y la licitación de las demoliciones de edificios incompatibles con el planeamiento urbanístico.

Además, en cuatro meses debían estar redactados los proyectos de rehabilitación para el resto de los inmuebles del complejo, siguiendo los usos acordados en un convenio con el Ayuntamiento de Guadalajara que data de diciembre de 2010.

El pronunciamiento del Alto Tribunal se derivó de la acción del Grupo Municipal AIKE, que en marzo de 2024 se dirigió al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo para solicitar el cumplimiento de la sentencia firme que obliga a la Administración regional a rehabilitar la totalidad de los edificios que conforman el complejo del Fuerte de San Francisco y dotarlos del uso dotacional y cultural que quiera la ciudad.

La cuestión lleva dos décadas atascada para este edificio sobre el que los sucesivos gobiernos municipales o regionales de PP y PSOE han planeado distintos proyectos, incluido su conversión en Ciudad del Cine o el campus regional de Formación Profesional de Castilla-La Mancha, sin llegarse a ejecutar ninguno.

Castilla-La Mancha vuelve a anunciar promociones de viviendas protegidas sobre suelo público. La noticia podría parecer, a primera vista, un paso en la buena dirección. Y lo es. Necesitamos construir más vivienda asequible y aprovechar lo público para garantizar el derecho a una vivienda digna.

Pero… ¿Qué ocurrirá con esas viviendas dentro de quince años?

La respuesta es sencilla. Dejarán de ser viviendas protegidas. A partir de ese momento podrán venderse al precio que cada propietario considere y el esfuerzo público que hizo posible esa promoción desaparecerá definitivamente.

Es una historia que ya hemos vivido. Desde los años ochenta se han construido casi tres millones de viviendas protegidas, según un informe de CCOO de 2024, con ayudas públicas, suelo público e importantes ventajas para promotores y compradores.

Aquellas promociones resolvieron problemas inmediatos de acceso para muchas familias, pero la inmensa mayoría acabó descalificándose al cabo de unos años. Sólo medio millón mantienen algún control de precios. Muchas, forman hoy parte del mercado libre y se venden por cientos de miles de euros más de lo que costaron.

El resultado es paradójico. El dinero público sirvió para facilitar el acceso a una vivienda una sola vez. Después, el beneficio generado por esa inversión dejó de ser colectivo para convertirse en beneficio privado.

Y, sin embargo, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, presidida por Emiliano García-Page, ha decidido volver a recorrer ese mismo camino. Las promociones anunciadas en Toledo y Azuqueca de Henares se construirán sobre suelo público vendido a promotores privados, pero su protección terminará a los quince años. Es decir, el patrimonio público volverá a desaparecer con el paso del tiempo, obligando a las administraciones futuras a empezar otra vez desde cero.

En esto sí se entienden PSOE y PP. El Ayuntamiento de Toledo, presidido por Carlos Velázquez, lejos de corregir ese modelo, está siguiendo la misma senda en sus propias promociones de vivienda como las trece de la Avenida Santa Bárbara que tendrán exactamente la misma protección: Viviendas de Precio Tasado (VPT) por 15 años.

Gobierno regional y gobierno municipal discrepan en muchas cosas, pero parecen coincidir en una idea: utilizar el patrimonio público para crear vivienda asequible solo de manera temporal.

Pero… ¿Por qué vender definitivamente un recurso público que es escaso?

Cada parcela pública destinada a vivienda es una oportunidad única. Una vez vendida, no vuelve. Y cuando las viviendas dejan de estar protegidas, la Administración tiene que volver a comprar suelo, volver a invertir dinero público y volver a construir otra promoción para resolver el mismo problema.

Es una política que condena al sector público a correr eternamente detrás del mercado inmobiliario.

Existen alternativas. Cada vez más ciudades y países apuestan por modelos de protección permanente o de muy larga duración. Las familias pueden comprar una vivienda a un precio asequible, desarrollar en ella su proyecto de vida y venderla si lo necesitan, pero siempre dentro de un sistema que mantiene el precio controlado y garantiza que la vivienda siga siendo asequible para el siguiente comprador.

Así, cada euro invertido por la sociedad genera un patrimonio que permanece al servicio de la sociedad.

La política de vivienda no debería consistir únicamente en construir más viviendas. También debería preguntarse qué ocurre con ellas dentro de veinte, treinta o cincuenta años.

Porque cuando el suelo es público, la vivienda debería seguir cumpliendo una función pública.

La Junta de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Toledo tienen hoy la oportunidad de romper con un modelo que ya demostró sus límites. Pueden utilizar el patrimonio público para crear un parque de vivienda asequible permanente o pueden repetir una política que durante décadas ha ido transfiriendo al mercado libre viviendas construidas con recursos de todos.

Tropezar una vez puede ser un error. Tropezar dos veces con la misma piedra ya es una decisión política.

Zaragoza será la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública. Lo anunciaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, frustrando así las expectativas de Toledo, que había presentado candidatura el pasado mes de enero. También se han quedado fuera Granada, Murcia, Barcelona, León, Oviedo y Lugo.

El recurso servirá para “poder comprender y responder de manera mucho más eficaz a pandemias como la que sufrimos hace seis años”, decía Pedro Sánchez. De paso, se da continuidad al proceso de “desconcentrar” las sedes de los organismos estatales, normalmente ubicados en la capital de España.

Pero, ¿por qué no se ha elegido Toledo? El Gobierno ha desvelado este miércoles los motivos por los que descartó a todas las candidaturas restantes y en el caso de la capital de Castilla-La Mancha, la razón está en que el Gobierno regional ofreció un inmueble sin terminar y con documentación todavía preliminar.

Se propuso un “edificio de reserva” en el hospital de Toledo, sin terminar

La candidatura de la ciudad de Toledo fue presentada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Sanidad. Propuso un modelo de sede única en “un edificio de reserva” del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, de titularidad autonómica, “que se encuentra en distinto grado de ejecución constructiva”, señala la orden del Consejo de Ministros celebrado ayer martes y que suscribe el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que dirige Félix Bolaños.

Pese a que en la candidatura se valoró de forma favorable el argumento de la situación de Toledo como nodo intermedio entre Madrid y el resto de la red nacional, la propuesta en este aspecto se desarrolló “de forma general y sin análisis de impacto territorial cuantificado” o el hecho de que el edificio fuese público y con suficiente superficie.

Sin embargo, se trata de un edificio de reserva sin terminar y con documentación escasa y de carácter preliminar“, con equipamiento ”insuficiente“ y con ”ausencia de propuesta de inventario y de cuantificación de los costes de dotación“. Todo eso no jugó a favor de la propuesta. Además, señala el ministerio, para que el edificio estuviera disponible había que redactar proyecto, ejecutar obras, licitar y obtener licencias, con un horizonte total que podría superar el año desde la adjudicación.

Otra de las cuestiones que tumbaron la candidatura fue el hecho de que no se aportasen “medidas cuantificadas ni compromisos formalizados más allá de declaraciones genéricas” en cuanto al apoyo financiario o logístico de la sede. Fue además, la única candidatura que no remitió la información adicional solicitada durante la fase de ampliación de datos.

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación de Guadalajara movilizarán este año al menos 30 millones de euros para afrontar la recuperación de la Sierra Norte tras el incendio originado en La Mierla, un montante al que se suman una primera línea de ayudas directas de 25.000 euros para los ayuntamientos afectados, además del respaldo económico comprometido por el Gobierno de España con la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil.

Así lo han avanzado este miércoles en Cogolludo el vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro; el presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega, y la subdelegada del Gobierno en Guadalajara, Susana Cabellos, antes de mantener una doble reunión con los 33 alcaldes convocados -26 de ellos con superficie afectada por el fuego y el resto por haber sufrido evacuaciones o confinamientos- y, posteriormente, con representantes de los sectores económicos perjudicados.

La mayor parte de los fondos procederán del Ejecutivo autonómico, que ha habilitado un fondo de contingencia de 27 millones de euros para atender las actuaciones derivadas de los incendios de La Mierla y Selas, así como de cualquier otro siniestro que pudiera producirse este año, evitando que las consejerías deban afrontar estos gastos con cargo a sus presupuestos ordinarios.

Por su parte, la Diputación aprobará este jueves, en un pleno extraordinario, una primera partida de tres millones de euros destinada exclusivamente a los municipios afectados, además de una convocatoria inicial de ayudas directas de 25.000 euros para atender necesidades inmediatas planteadas por los propios ayuntamientos.

Las tres administraciones han coincidido en subrayar que la prioridad pasa ahora por acelerar la reconstrucción mediante actuaciones de emergencia, de forma que los procedimientos administrativos no retrasen las primeras obras y actuaciones imprescindibles para la recuperación de la comarca.

Tres ejes para la recuperación

Martínez Guijarro ha explicado que el plan diseñado por el Gobierno regional se articula sobre tres grandes ejes: la recuperación ambiental de las cerca de 32.000 hectáreas en principio afectadas, la restauración de las infraestructuras dañadas y la recuperación económica de los sectores perjudicados por el incendio.

“Lo primero que hay que hacer es escuchar a los alcaldes y escuchar a los sectores afectados para ver cuáles son los planteamientos y las necesidades de cara al futuro”, ha señalado el vicepresidente, quien ha defendido la necesidad de coordinar el trabajo entre administraciones para ser “más eficaces” en la respuesta.

En materia ambiental, la Junta asumirá el liderazgo de la restauración de los montes, con independencia de su titularidad, y priorizará actuaciones urgentes para evitar que las lluvias arrastren cenizas hacia embalses y sistemas de abastecimiento de agua potable. Para ello, los primeros proyectos serán declarados de emergencia.

Respecto a la recuperación económica, el Ejecutivo autonómico prevé ayudas para compensar daños y pérdidas de ingresos, especialmente en los sectores turístico, ganadero y apícola, además de estudiar medidas específicas para la actividad cinegética y poner en marcha bonos turísticos que favorezcan el regreso de visitantes a la comarca.

Martínez Guijarro ha avanzado además que el Gobierno regional creará un equipo específico de apoyo para ayudar tanto a ayuntamientos como a particulares en la tramitación de ayudas, además de desplazar técnicos a la comarca para coordinar sobre el terreno los trabajos de restauración.

La Diputación centrará sus esfuerzos en los municipios

Por su parte, el presidente de la Diputación, José Luis Vega, ha avanzado la convocatoria de un pleno extraordinario este mismo jueves para hablar sobre la actuación de la Institución en estos fuegos y avanzar las ayudas y ha asegurado que la Corporación provincial centrará su actuación en los cascos urbanos y en garantizar los servicios básicos municipales, especialmente el abastecimiento de agua.

Durante la emergencia, la Diputación ha realizado medio centenar de intervenciones para reparar averías, garantizar suministros, retirar animales muertos o distribuir agua embotellada allí donde ha sido necesario.

Vega ha advertido además de que muchos municipios perderán una parte importante de sus ingresos al verse afectadas actividades como los aprovechamientos forestales, los pastos o la actividad cinegética.

“Muchos de esos pueblos no podrían pagar el alumbrado público” si no reciben apoyo institucional, ha afirmado, trasladando un mensaje de tranquilidad a los alcaldes al asegurar que las administraciones trabajarán coordinadamente para sostener la economía de la comarca.

Entre las primeras prioridades figurará la instalación de sistemas de filtrado en los depósitos de agua para impedir que las cenizas contaminen manantiales y acuíferos cuando lleguen las primeras lluvias, además de atender otras necesidades urgentes que planteen los municipios.

Apoyo del Gobierno de España

Mientras, la subdelegada del Gobierno en Guadalajara, Susana Cabellos, ha puesto en valor la coordinación entre administraciones durante la emergencia, que permitió movilizar cerca de 700 efectivos, y ha destacado que ahora comienza la fase de recuperación.

Cabellos ha recordado que el Consejo de Ministros aprobó este martes la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil para el incendio de La Mierla --además del de Selas y otros episodios registrados en España--, lo que permitirá activar ayudas para particulares, ayuntamientos e infraestructuras públicas.

“Ahora es el tiempo de hacer de la necesidad virtud”, ha afirmado la subdelegada, quien ha defendido que la reconstrucción debe afrontarse con la colaboración de todas las administraciones para recuperar la Sierra Norte.

Más de 50 millones para la extinción

Paralelamente, la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, durante la rueda de prensa semanal del Consejo de Gobierno, ha cifrado en alrededor de 50 millones de euros el coste de los trabajos desplegados para extinguir el incendio de la Sierra Norte de Guadalajara.

“A las comunidades autónomas nos supone un esfuerzo importante y toda ayuda será bienvenida”, ha señalado, preguntada por los fondos que recibirá Castilla-La Mancha del Estado.

Padilla ha insistido en que la responsabilidad de la Junta no termina cuando se apagan las llamas, sino que continúa con la recuperación de las infraestructuras y de la actividad económica.

Para afrontar estas y otras necesidades urgentes, el Gobierno regional destinará 27,5 millones de euros al fondo de contingencia y habilitará en la Sierra Norte de Guadalajara una oficina técnica para ayudar a los pequeños ayuntamientos a evaluar los daños y tramitar las ayudas.

En cuanto al incendio de la Sierra Oeste y Almorox, la portavoz ha destacado el despliegue de medios castellanomanchegos, puestos a disposición del mando único, y el dispositivo habilitado para atender a la población.

La emergencia obligó a evacuar 18 municipios y varias urbanizaciones, con cerca de 1.900 personas alojadas en Escalona y Talavera de la Reina.

El operativo sanitario, coordinado por la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario, garantizó la atención a los evacuados, la continuidad de los tratamientos de los pacientes crónicos y el funcionamiento ordinario del sistema sanitario público, según ha detallado Padilla.

La dirección operativa de Plan INFOCAM del Gobierno de Castilla-La Mancha ha decretado establecer la situación operativa de nivel 1, con menos riesgo, en relación con el incendio de Almorox, en la provincia de Toledo.

Mientras tanto, las brigadas forestales, agentes medioambientales y técnicos siguen colaborando en los incendios de Madrid y de Ávila, junto a otros cuerpos de emergencia.

Por la mañana, el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, y la Delegación del Gobierno de España anunciaron que se había decidido rebajar a situación operativa de nivel 2, en la provincia de Toledo, la gestión de los incendios que afectan también a Ávila y Madrid.

El Plan INFOCAM de Castilla-La Mancha retomó el mando de las operaciones, saliendo así de la situación de emergencia nacional, de nivel 3.

Este martes, los únicos dos municipios toledanos de los once evacuados por el incendio de Burgohondo (Ávila) que permanecían desalojados, han visto levantadas las restricciones y sus vecinos han podido volver a casa. Se trata de La Iglesuela del Tiétar y Sartajada.

También se ha levantado la orden que mantenía evacuadas las urbanizaciones El Romillo y el Pinar de Almorox.

“Hemos acordado con el Ministerio de Interior reducir en la provincia el nivel operativo a nivel 2, y asumimos directamente la gestión del dispositivo que teníamos”, ha precisado, el vicepresidente.

La Dirección General de Tráfico (DGT) informaba pasadas las 19.30 horas de este martes que permanecen cortadas las siguientes carreteras:

La CM-5006, en Iglesuela del Tiétar (Toledo), entre los puntos kilométricos 20 al 25 en ambos sentidos; la CM-5053 en el mismo término municipal en los puntos kilométricos 0 al 4,7 en ambos sentidos de circulación. Por último la carretera M-507 en el tramo de Villa del Prado-Parque Romillo, que conecta Madrid con Toledo, en ambos sentidos de circulación en los puntos kilométricos 28,8 al 35,5.

José Pablo Sabrido, delegado del Gobierno, ha agradecido la labor de todos los servidores públicos así como los trabajos de los profesionales del dispositivo de extinción.

La emergencia de interés nacional declarada por la Orden INT/748/2026, de 23 de julio, sigue vigente en la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila.

Para el curso escolar 2026-2027, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha comenzado a aprobar “las primeras resoluciones parciales” para afrontar nuevos gastos para la climatización de los centros educativos. Es la tercera convocatoria en la que se actuará en total en 174 espacios por 3,25 millones de euros.

Mientras tanto, durante este verano se podrán rematar hasta 61 actuaciones en otros 61 municipios de la región para arreglar desperfectos ocasionados por desperfectos climatológicos en las provincias de Toledo, Albacete y Ciudad Real.

Lo ha avanzado el consejero de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Castilla-La Mancha, Amador Pastor, en una rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de este martes.

A finales del pasado curso educativo hasta 16 AMPA de Toledo protagonizaron una sonora concentración exigiendo medidas para evitar clases en las aulas a 30 grados. Amagaron, además, con nuevas protestas a partir de septiembre si no se ponen soluciones sobre la mesa.

Nuevos centros y otras infraestructuras

Además, entre los asuntos adoptados por el Consejo de Gobierno dentro de su área, ha destacado destacan varias inversiones incardinadas en los 77 millones de euros anunciados por Emiliano García-Page durante el pasado Debate sobre el Estado de la Región para grandes obras educativas.

Así, ha avanzado tres millones de euros para que en 12 meses esté listo un pabellón polideportivo que dé servicio a los IES José Conde y José Luis Sánchez de Almansa; o cuatro millones de euros para que en el mismo plazo se desarrollle la primera fase del IES Juan Bosco de Alcázar de San Juan, de cara a tener un nuevo aulario para los estudios de Formación Profesional.

En tercer lugar, ha anunciado la construcción de un nuevo centro con servicios complementarios para el centro Tierras de Viriato de Cardiel de los Montes, por 1,2 millones de euros en el próximo año. A todo esto ha sumado una movilización de doce millones adicionales para que los centros educativos de la región soliciten actuaciones de reforma, “una cifra histórica” que podrá llegar hasta a 650 pequeñas obras “para solventar carencias”.

Nuevo edificio para el CEIP Martínez Chicano de Las Pedroñeras

Entre más asuntos, se ha tomado la decisión de que sea el Ejecutivo autonómico quien finalmente ponga en marcha “con músculo propio” el nuevo edificio para el CEIP Adolfo Martínez Chicano. “Una maniobra tras meses de polémica en los que el Gobierno regional había solicitado al Ayuntamiento de Las Pedroñeras (Cuenca) la cesión de terrenos para iniciar el proyecto”, señala el Ejecutivo regional. El año pasado las familias se manifestaron exigiendo un nuevo centro.

Según la Junta, este proyecto es necesario “para reformar el centro de capacitación agraria” del pueblo, de cara a que el municipio “cuente con nuevas instalaciones” para este centro educativo, con una inversión de más de cuatro millones de euros.

“Es la respuesta que da el Gobierno para poner a disposición del sistema educativo un edificio, puesto que el Ayuntamiento no cedía los espacios necesarios”, ha abundado.

Dentro de esta tanda de inversiones, ha avanzado además 7,3 millones de euros para poner en marcha doce unidades de Secundaria en el IES nº 1 de Pioz (Guadalajara); así como 9,1 millones de euros para redactar el proyecto del futuro centro integrado de Formación Profesional para Electricidad, Electrónica e Informática.

Más de 34.500 profesionales para el próximo curso

Además, el Consejo de Gobierno ha aprobado la plantilla de efectivos docentes para el curso escolar 2026-2027, que estará integrada por un total de 34.539 profesionales, lo que supone 876 docentes más que el pasado curso.

En su intervención, ha aclarado que, del total de nuevos efectivos, 770 corresponden al cupo ordinario, en cumplimiento del acuerdo suscrito con las organizaciones sindicales CCOO, ANPE y UGT para mejorar las condiciones del sistema educativo.

Según afirma, estos nuevos recursos permitirán avanzar en la reducción de las horas lectivas, incrementar los apoyos en los centros, crear nuevas unidades educativas, ampliar grupos en las enseñanzas de Régimen Especial, reforzar los servicios de orientación, atender las necesidades de los nuevos centros educativos y seguir impulsando la inclusión educativa.

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a 965 efectivos destinados a planes y programas educativos, de los que 106 son nuevas incorporaciones respecto al curso anterior.

Estos docentes desarrollarán iniciativas como el programa PROA+, los programas de refuerzo de la competencia matemática y lectora, los programas de inclusión, los de segunda oportunidad y los planes de éxito educativo y prevención del abandono escolar temprano.

“Con esta decisión, el Ejecutivo autonómico mantiene su apuesta por el fortalecimiento de la educación pública. Desde que Emiliano García-Page accedió a la Presidencia de Castilla-La Mancha, la plantilla docente de la Comunidad Autónoma se ha incrementado en 6.310 profesionales”, ha finalizado.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado, con el apoyo “unánime” de las organizaciones sindicales CCOO, CSIF, STAS-CLM y UGT, el IX Convenio Colectivo del personal laboral al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades, un texto que beneficiará a más de 7.500 trabajadores de la Administración regional.

El nuevo convenio, que entrará en vigor el próximo 1 de agosto, tendrá una vigencia de cuatro años, hasta el 31 de julio de 2030, y establece el marco regulador de las condiciones de trabajo del personal laboral de la Junta de Comunidades, de sus organismos autónomos y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.

La firma de este acuerdo es el resultado de un amplio proceso de negociación entre la Administración regional y la representación sindical, materializado en 25 reuniones de la Comisión Negociadora del convenio colectivo, además de nueve reuniones específicas del grupo de trabajo creado para diseñar un nuevo procedimiento de gestión de las bolsas de trabajo del personal laboral.

El IX Convenio Colectivo incorpora avances significativos en las condiciones laborales del personal, con medidas dirigidas a mejorar la organización del trabajo, favorecer la conciliación y reforzar las oportunidades de desarrollo profesional, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Entre las principales novedades destaca la implantación de un nuevo sistema de gestión de las bolsas de trabajo, que permitirá la oferta de puestos mediante llamamientos voluntarios, una medida que facilitará una cobertura más ágil y eficaz de las plazas vacantes. Asimismo, el convenio introduce mejoras en la participación en los concursos de traslados, en los procedimientos de movilidad, en la promoción interna y en el régimen de permisos y descansos.

El texto incorpora una bolsa de horas de conciliación para el personal laboral, para compatibilizar la vida personal, familiar y laboral, y adecuando el convenio al II Plan Concilia y a la legislación vigente.

Además, el nuevo convenio reconoce un complemento específico para el personal que desempeña su jornada exclusivamente en horario de tarde, al tiempo que continúa impulsando mejoras en ámbitos como la formación, la salud laboral y el fortalecimiento de los derechos de representación colectiva.

El acuerdo también supone un avance en la estabilidad y calidad del empleo público, al incluir el compromiso de conversión de los contratos que aún permanecen bajo las modalidades de personal fijo discontinuo y personal de fin de semana en contratos a tiempo completo, mejorando así las condiciones de contratación de estos trabajadores y trabajadoras.

Por último, el IX Convenio incorpora la jubilación parcial anticipada para el personal laboral de la Administración regional, una medida que será posible tras la reciente aprobación de la normativa estatal que regula esta modalidad.

La vivienda es una competencia autonómica según el artículo 148 de la Constitución, pero Castilla-La Mancha y Madrid son las dos únicas comunidades autónomas sin ley de vivienda propia. Asturias, Cantabria y Aragón que también carecían de leyes tienen proyectos en trámite parlamentario ya muy avanzados.

En Castilla-La Mancha únicamente contamos con la Ley 2/2002, de 7 de febrero, por la que se establecen y regulan las diversas modalidades de viviendas de protección pública.

En 2011, a pocos meses de las elecciones, el PSOE aprobó en las Cortes la Ley 1/2011, de 10 de febrero, de garantías en el acceso a la vivienda en Castilla-La Mancha. Era una ley muy avanzada sobre el papel, dado que se garantizaba una vivienda pública a quienes reuniesen condiciones para inscribirse en un registro regional de demandantes. Con el cambio de gobierno no llegó a aplicarse y en 2012 el PP la derogó.

Durante la primera legislatura de Emiliano García-Page, de 2015 a 2019, cuando gobernó con Podemos, llegó a redactarse el anteproyecto para una Ley de Vivienda propia de la comunidad autónoma, se sometió a un periodo de información pública (enero de 2018), pero finalmente no se tramitó en las Cortes regionales.

Entre otras cuestiones, en ella se blindaba la vivienda pública y se establecía todo un compendio para ampliar a la oferta en la comunidad autónoma y para favorecer el acceso a la vivienda. Planteaba el fomento del alquiler privado con incentivos, la penalización de viviendas vacías, los registros de demandantes, la movilización de las viviendas ociosas en manos de grandes propietarios, etc. Además devolvía a los ayuntamientos de la región la competencia en esta materia, que eliminó la última reforma de la Ley de Bases de Régimen Local. Esa falta de competencia de los ayuntamientos, limitada por ahora a la promoción de vivienda con protección pública con “criterios de sostenibilidad financera” en la redacción actual de la Ley de Bases, condiciona poner en marcha planes locales de vivienda coordinados con los planes urbanísticos para atender la demanda.

El propio Gobierno regional anunció en su 'Portal de Compromisos' que una vez entrara en vigor el proyecto de Ley estatal por el Derecho a la Vivienda, aprobaría una normativa regional. Sin embargo, la ley estatal está en vigor desde mayo de 2023 y no ha habido avances

En la legislatura siguiente pareció recuperarse la iniciativa con la creación de un grupo de trabajo en 2019 pero no hubo avances y se optó por dar prioridad al problema de la ocupación, proponiendo medidas al Gobierno central. Si bien la ocupación era en esos momentos un problema con impacto mediático y que creaba inseguridad y rédito político, lo cierto es que numéricamente era y es un fenómeno anécdotico y mayoritariamente circunscrito a promociones abandonadas, propiedad de empresas quebradas, bancos o fondos de inversión, muy localizadas en pocos municipios. Es cierto que podía haber mafias detrás y falta de agilidad en la respuesta, pero el gobierno autonómico tiene limitaciones competenciales para afrontar este problema.

En la legislatura actual el propio Gobierno regional anunció en su 'Portal de Compromisos' que una vez entrara en vigor el proyecto de Ley estatal por el Derecho a la Vivienda, aprobaría una normativa regional. Sin embargo, la ley estatal está en vigor desde mayo de 2023 y no ha habido avances. De hecho, en la mencionada web, este compromiso aparece con tan solo un 5% de objetivo cumplido.

Lo cierto es que Castilla-La Mancha se está quedando atrás mientras en otras comunidades se legisla para reconocer el derecho subjetivo a la vivienda, penalizan la especulación de los grandes tenedores, se buscan nuevas fórmulas para promover vivienda asequible o para limitar la subida del precio del alquiler.

Una ley de vivienda regional además de incluir esos aspectos debería prever mecanismos para la declaración de áreas residenciales tensionadas, con datos que proporcione un observatorio público y medidas para corregir el alza de precios del alquiler, limitar los cambios de uso residencial a turístico, crear un registro de demandantes de vivienda protegida eficaz para conocer la demanda y facilitar las adjudicaciones, garantizar la permanencia de la protección pública de las viviendas o el ejercicio del derecho de tanteo y retracto en sus transmisiones, entre otras cuestiones.

La Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) ha denunciado la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de personal eventual que supone la incorporación de dos nuevos puestos de asesor para la Vicepresidencia Primera del Gobierno regional, con un complemento específico de 34.434,6 euros (asimilable a un nivel 30) para cada uno de ellos, lo que supone un gasto anual superior a 135.000 euros en cada caso incluyendo salario base y complemento de destino.

Así se ha publicado en el Diario Oficial de la comunidad autónoma y el sindicato lamenta que el Ejecutivo regional haya decidido reforzar la estructura de personal eventual en un momento “crítico” para la región. Subraya que mientras el personal funcionario y laboral sufre “una continua política de desdotación y amortización de plazas”, el Ejecutivo autonómico ha optado por “blindar su estructura política con nuevas contrataciones de asesores con sueldos astronómicos”.

El personal eventual asciende a más de 130 personas

Según los datos aportados por el sindicato, el personal eventual de la Junta asciende a 134 personas, a lo que se suman ahora estos dos nuevos asesores creados ahora.

La Central Sindical censura estos “puestos creados a dedo con sueldos muy elevadas. Estamos hablando de que estas plazas no son para personal de carrera, sino para personal eventual y cuentan con las retribuciones más altas de la administración que pagamos todos los castellano-manchegos”, explica Joaquín Sánchez, presidente del Sector de Administración General de la Comunidad Autónoma de CSIF Castilla-La Mancha.

Esta decisión se justifica oficialmente por el supuesto “incremento del volumen y complejidad del trabajo”, sin mayor aclaración y exigiendo una “dedicación exclusiva”, que, curiosamente, parece no ser necesaria para el personal que sostiene los servicios públicos en los centros de trabajo.

Un gasto que supera los cinco millones de euros

Para CSIF, “es indignante que en el contexto actual de recorte crónicos, la partida destinada exclusivamente a personal eventual (recogida en el Código 11 y Artículo 11) de los Presupuestos Generales para 2026 (Ley 5/2025) supere ya los cinco millones de euros, en el que se incluye el sueldo base junto a los complementos específico y de destino.

“Resulta insultante para los trabajadores públicos que se mantenga este gasto desorbitado en asesores y personal eventual”, asegura CSIF que también carga contra los sindicatos UGT y CCOO, por la concesion de más de 56,2 millones de euros en subvenciones. “Mientras sufrimos reducción de efectivos constante y la pérdida de personal estructural por amortización de plazas, o sin derechos reconocimos como la implantación de la carrera profesional en la Junta o la derogación del Plan de Acción de Social”, afea el sindicato.

En su opinión, “estamos sin duda en un final de legislatura marcado por el clientelismo, estos dos nuevos asesores sólo buscan premiar a perfiles políticos a costa del erario público”, explica Sánchez.

CSIF exige la “paralización inmediata” de estas contrataciones y que los fondos se destinen a cubrir las vacantes reales de personal funcionario y laboral que garanticen unos servicios públicos de calidad para la ciudadanía.

Más de 300 personas se han manifestado en Toledo en una marcha que ha recorrido el trayecto entre la sede de la patronal de Castilla-La Mancha, CECAM, y la Consejería de Economía, Empresas y Empleo en defensa de “un convenio colectivo digno que recoja condiciones salariales decentes” y para exigir en Castilla-La Mancha que se abra una única mesa de negociación de un convenio de ámbito regional que favorezca las condiciones de trabajo y permita combatir la precariedad laboral.

En la región existen cinco convenios colectivos provinciales de limpieza de edificios y locales, cuya vigencia finaliza este año, y que afectan a más de 18.000 personas trabajadoras. De ellas más del 80% son mujeres y 3 de cada 4 con contratos a tiempoparcial.

“Basta ya de precariedad laboral”

“Convenio justo, salario digno”, “No somos invisibles, somos imprescindibles”, “Patronal escucha, la limpieza está en la lucha”, “Basta ya de precariedad laboral” o “Una sola mesa de negociación” son algunos de los eslóganes que han coreado los trabajadores y trabajadoras durante la movilización.

El responsable de Acción Sindical y Negociación Colectiva de CCOO del Hábitat, Juan Carlos García, ha explicado que el objetivo es “trasladar a la patronal nuestro desacuerdo con las condiciones de trabajo que se están planteando” y, a la Consejería, “que se comprometa con el sector para que podamos abrir una mesa de convenio regional para intentar que las condiciones de las trabajadoras de la limpieza de edificios y locales de la región sean homogéneas”.

La secretaria general de la Federación de CCOO del Hábitat, Maribel Cabañero, ha señalado que la Junta de Castilla-La Mancha es el mayor cliente de las empresas de limpieza si bien ha lamentado que “cada vez destina menos dotación, lo que nos hace pensar que la administración está en modo ahorro en algo que no es un gasto sino una inversión como puede ser la sanidad, la educación o los servicios sociales”.

Cabañero ha indicado que los empresarios están bloqueando las mesas de negociación con el tema del absentismo. “Lo que pretenden es empeorar la situación de las prestaciones cuando alguien cae enfermo. Pero no olvidemos una cosa: la gente trabajadora no se firma el parte de baja, lo firma un facultativo o facultativa”.

En cuanto a las principales reivindicaciones, el colectivo pide mejoras salariales acordes al coste de la vida, el mantenimiento de los derechos laborales y el reconocimiento profesional de un servicio esencial para el funcionamiento de centros sanitarios, educativos, administrativos e industriales.

Los responsables sindicales han explicado que estas trabajadoras están muy afectadas por la parcialidad y han denunciado la discriminación que sufren con respecto a los trabajadores del sector, teniendo ellas categorías profesionales de limpiadora y ellos de especialistas.

De cara a la negociación colectiva del año que viene en la región CCOO del Hábitat pretende que haya una única mesa para las cinco provincias donde se negocien las mismas condiciones de trabajo y que la administración se implique“ han señalado.

En este sentido, se ha registrado un escrito en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo solicitando su apoyo a este sector y que realice las gestiones convenientes con las distintas patronales para la apertura de una mesa de negociación de ámbito regional.

El Gobierno de Castilla-La Mancha remarca que la política de vivienda “es una prioridad” y que por ello va a dedicar 135 millones de euros en los próximos cuatro años a generar más oferta a través de la reclasificación de fondos europeos.

Así lo ha anunciado el vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, durante la presetación del proyecto ‘Tecnove Custom Trucks. Innovación, industria y vivienda para una nueva generación’.

“Lo primero que hemos hecho, y esto es obra del consejero de Fomento y creo que es un buen dato, es reclasificar fondos europeos que teníamos para otros objetivos. Si es una prioridad y la Unión Europea nos lo permite, vamos a coger fondos que teníamos para otras actuaciones y los vamos a dedicar a vivienda”, ha explicado el vicepresidente segundo. Caballero ha señalado que “somos la comunidad autónoma de España que más fondos ha reconfigurado para este objetivo y no somos la que más problemas tiene en relación con la vivienda, pero desde luego sí somos la que tenemos más clara la prioridad”.

Cuatro ámbitos de respuesta a la vivienda

Por este motivo, tal y como ha explicado José Manuel Caballero, “desde el Gobierno de Catilla-La Mancha queremos actuar en los cuatro ámbitos que son necesarios para dar una respuesta al problema de la vivienda”. En primer lugar, ha señalado la importancia de generar más oferta: “Es evidente que hay que construir más viviendas y, si puede ser, de manera más rápida y además hacerlo a mejor precio”, ha señalado.

Por otro lado, Caballero ha puesto el acento en la importancia de desarrollar políticas públicas para reutilizar la vivienda que ya existe. “En este sentido, ya hemos sido una de las comunidades autónomas más dinámicas y que más fondos ha gestionado en ayudas para los particulares en la rehabilitación energética de vivienda, hasta el punto de que hemos utilizado fondos de otras comunidades que no han sido capaces de ejecutar”, ha explicado.

Sin embargo, ha señalado que hay que continuar en esta materia y para esto “hemos dispuesto 108 millones para rehabilitar viviendas, ya no solo en el centro de las ciudades, incluso en los pueblos”. Así, ha recordado el programa de vivienda rural al que, en estos momentos, tienen que adherirse los ayuntamientos interesados para poder, posteriormente, ayudar a rehabilitar las viviendas vacías en los pueblos y que éstas puedan ser puestas en alquiler asequible.

En tercer lugar, Caballero ha señalado que, una vez puestas en marcha estas políticas de generación de oferta y reutilización de la existente, “hay que ayudar a la gente a que pueda acceder a ellas”. Por eso, desde el Gobierno regional, tal y como ha detallado, “tenemos aproximadamente 100 millones de euros para poder facilitárselo, especialmente a los más vulnerables y a colectivos con problemas en esta materia, como son también los más jóvenes”.

Por último, José Manuel Caballero ha puesto en valor el trabajo que se está desarrollando para poner en marcha las modificaciones legislativas. “Estamos trabajando en la reformulación legislativa hasta un ámbito que va más allá de nuestras competencias y sin ninguna pereza por parte del Gobierno regional para llevar a las Cortes modificaciones, como las que ya hemos llevado hace unos meses y las que llevaremos las próximas semanas, para facilitar la posibilidad de construcción de vivienda, de utilización de suelos y de reglamentaciones que agilicen esta repuesta al problema”, ha explicado.

Industrialización de la vivienda en el nuevo Plan estatal

Por su parte, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha asegurado que hay que poder fabricar nuevas viviendas en España y ha puesto de relevancia cómo la falta de mano de obra y de relevo generacional en sectores como el de la construcción hace que “la industrialización en la construcción de la vivienda venga a dignificar la profesión, ya que hay que mejorar las condiciones para que estos sectores vuelvan a ser atractivos para jóvenes o mujeres”.

De esta manera, Hernando ha asegurado que el sector de vivienda industrializada es incipiente y tiene que tener apoyo. En esta línea, ha destacado que “en el nuevo Plan Estatal de Vivienda va a haber un plus de ayudas a la construcción de nuevas viviendas si incorporan algún proceso de industrialización”.

El consejero de Fomento ha explicado que “ya estamos en disposición de poder recibir el dinero por parte del Estado en el mes de julio o septiembre y podremos arrancar después de las convocatorias y los plazos de solicitud, para principios del año 2027. Entre medias vamos a poder destinar fondos FEDER para que este año no se quede en barbecho”.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este viernes, en su sesión ordinaria, el inicio del expediente de contratación del proyecto técnico de acondicionamiento de la Estación de Autobuses de Toledo, con un presupuesto base de licitación de 1.010.327,30 euros y un plazo de ejecución previsto de seis meses.

El objetivo es la remodelación integral de esta infraestructura de transporte interurbano en una actuación financiada de forma conjunta y a partes iguales por el Ayuntamiento de Toledo, la Diputación Provincial de Toledo y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, tras la firma del convenio de colaboración suscrito el pasado mes de abril entre las tres administraciones.

La firma de este convenio se ha dilatado en el tiempo y había mantenido al edificio en un lamentable estado de conservación, con averías constantes en el único ascensor de la estación y con las escaleras mecánicas de acceso a las dársenas averiadas desde hace años. Hasta el punto de que se llegó a denunciar que un usuario tuvo que cargar con una persona discapacitada para que pudiera acceder a la planta principal de la estación, tras bajar de uno de los autobuses, al no funcionar ese día ni el ascensor ni el remonte mecánico.

El consejero de Fomento Nacho Hernando anunciaba en abril los detalles del acuerdo. Las actuaciones que se van a llevar a cabo consistirán en la reparación las escaleras mecánicas y los ascensores; solucionar los problemas de filtraciones y drenaje de agua, habituales también en el hall; mejorar la climatización para que sea más eficiente o arreglar elementos del edificio, como la cubierta, las paredes o la estructura; e intervenir en dársenas, aseos y zonas de espera.

Hoy el equipo de Gobierno de Toledo lo 'vende' como un “proyecto estratégico” de la ciudad “que ya pedían los toledanos a gritos y nadie hacía nada”, según el portavoz municipal del PP, Juan José Alcalde, tras tres años de gestión del actual gobierno local.

Hay que recordar que la titularidad de esta infraestructura corresponde a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, pero el concesionario es el Ayuntamiento de Toledo y es el responsable de su mantenimiento diario, explotación y gestión.

Una sentencia reconoce a una trabajadora personal laboral de un centro educativo de la provincia de Toledo el derecho a disfrutar de los días de asuntos particulares en periodo lectivo y la Junta de Castilla-La Mancha se ve obligada a retribuirle el día que le fue descontado.

Desde CCOO Castilla-La Mancha señalan que una mujer, personal laboral fijo en un instituto toledano, solicitó un día de asuntos particulares -que es retribuido- en diciembre de 2024 por el fallecimiento de una tía, pero “la administración lo rechazó descontándole el día de sueldo por no asistir al trabajo”. A través de una demanda, donde el sindicato ha sido la parte defensora, el Tribunal de Instancia de Toledo, de la Sección Social ha reconocido su derecho “tal y como refleja el convenio colectivo del personal laboral”.

La administración alegaba que, por necesidades del servicio y por analogía con el régimen de vacaciones, los asuntos particulares deben disfrutarse en periodos de menor actividad o no lectivos, algo que no ocurría con el día solicitado. Sin embargo, la magistrada concluye que “no existe norma que obligue a disfrutar de los asuntos propios exclusivamente en periodos no lectivos ni la administración puede imponer restricciones que el convenio colectivo no contempla”. Este es el punto “más relevante” para la secretaria general de la Federación de Enseñanza, Ana Delgado, que hace hincapié en otro aspecto positivo de la sentencia y es que “refuerza la seguridad jurídica y la fuerza vinculante de la negociación colectiva porque los derechos que se pactan en el convenio pueden aplicarse tal y como están redactados sin entrar en interpretaciones”

Según Delgado, la sentencia realiza una defensa “muy relevante” de la propia naturaleza de los días de asuntos particulares, retribuidos, porque están concebidos para que las personas puedan atender circunstancias personales, familiares o administrativas sobrevenidas en cualquier momento del calendario por eso “los derechos de conciliación y de organización de la vida personal no pueden quedar vacíos de contenido por decisiones de la administración”.

La sentencia es firme

El tribunal estima la demanda, reconoce el derecho de la persona trabajadora a disfrutar del permiso por asuntos particulares, y condena a la Consejería de Educación a abonarle los 58,29 euros detraídos más el 10% de interés pro mora. La resolución es firme y no cabe recurso.

CCOO tiene interpuesto un conflicto colectivo en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha del que espera sentencia y confía en que esta resolución pueda sentar un precedente a la hora de orientar futuras actuaciones de la administración.

Sobre la negociación del convenio colectivo del personal laboral

La secretaria de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO CLM, Carmen Juste, ha felicitado a la trabajadora que ha conseguido “de forma valiente” el reconocimiento de un derecho que afecta a todo el personal laboral. De ahí que haya apuntado que CCOO “ha sido el único sindicato que se posicionó a favor de aprobar el texto del noveno convenio colectivo del personal laboral de la Junta y que incluía numerosas mejoras peleadas por el sindicato”. Entre ellas, el complemento específico para 700 mujeres de centros educativos que tienen jornada de tarde; que 70 fijos discontinuos fueran fijos; que la administración aceptara aplicar en su máxima extensión la jubilación parcial del personal laboral; una nueva regulación de bolsas de empleo para que el personal laboral de nuevo ingreso tenga mejores condiciones; garantías para quienes cambian de trabajo por motivos de salud y para los casos de incapacidad permanente total.

Juste ha lamentado que CCOO se haya quedado sola en este posicionamiento y se pregunta, apelando al resto de sindicatos que no quisieron firmar, “¿tenemos derecho las organizaciones sindicales a primar los intereses particulares a los intereses generales del conjunto de los trabajadores de la Junta?”. Asimismo, ha expuesto que “todas esas personas que iban a empezar a disfrutar de todos esos derechos no podrán hacerlo el próximo 1 de julio y la negociación seguirá sin cerrar”.

El Centro Operativo Regional de Incendios Forestales ha informado del riesgo extremo de incendio forestal para gran parte de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.

En concreto el nivel es rojo en todas las comarcas de la provincias de Albacete, Ciudad Real y Cuenca. En Toledo ese riesgo extremo aplica a las comarcas de la Campana de Oropesa,lLa Jara, Mancha Toledana, Montes de Toledo y Valle del Tajo.

En Guadalajara a la Alcarria, Alto Tajo Este, Alto Tajo Oeste, Parameras de Molina de Aragón y Sigüenza.

Recomendaciones y colaboración ciudadana

Se recomienda no realizar quemas ni utilizar fuego en el medio natural, no arrojar colillas ni objetos combustibles y evitar trabajos que puedan generar chispas o calor.

También se pide no estacionar vehículos sobre pasto seco, extremar la precaución en actividades agrícolas y recreativas y ante cualquier columna de humo o indicio de incendio, avisar inmediatamente.

En caso de emergencia, se recomienda llamar al Servicio 112. “La colaboración ciudadana es fundamental para prevenir los incendios forestales”, según están difundiendo los servicios de Protección Civil de la región.

Es un mensaje que ya trasladó el pasado viernes el presidente de la comunidad, Emiliano García-Page, que apeló a la “responsabilidad” de todos y de todas ante la primera ola de calor del verano.

Este lunes hay aviso naranja por altas temperaturas en varias zonas de Guadalajara, Ciudad Real y Toledo, con temperaturas entre 39 y 41 grados. Además, por la tarde se esperan tormentas eléctricas en los Montes de Toledo y ya en la provincia de Ciudad Real, en los Montes Norte y Anchuras.