Las puertas correderas se abren y Samira aparece por la sala de llegadas de la terminal 4 del aeropuerto de Barajas. Se abraza a una compañera; las dos empiezan a llorar, pero al segundo ríen, mientras escuchan los gritos de la veintena de personas que se ha acercado a recibirlas tras un periplo de más de 50 horas desde Gaza. “Palestina libre”, corean estas, en inglés, con la bandera nacional desplegada.

Junto a otros cinco compañeros, estas dos jóvenes son las primeras estudiantes en aterrizar en España desde la Franja en virtud de un programa de evacuación de universitarios auspiciado por el Ministerio de Exteriores. “Siento una mezcla de alegría y tristeza, pero estoy muy agradecida por estar aquí”, expresa.

Samira, que prefiere no usar su verdadero nombre por temor a represalias para su familia en Gaza, salió del enclave en el marco de una meticulosa operación que comenzó el miércoles a las seis de la mañana y que la llevó con sus compañeros de la sede de Unicef en Deir al Balah, en el centro del enclave, al paso sur de Kerem Shalom, en el linde con Egipto e Israel, y de ahí en autobús desde Cisjordania hasta la frontera jordana, con largos periodos de espera, sin probar bocado hasta bien entrada la noche.

Además de Exteriores, Unicef, la ONG Gaza Scholarship Initiative, la Red Universitaria por Palestina y las universidades de Jaén, Carlos III de Madrid y Autónoma de Barcelona se implicaron en que la operación llegase a buen puerto.

Exteriores ha evacuado desde mediados de 2024 a más de 60 menores y sus familias por motivos médicos, pero esta es la primera vez que España logra traer a estudiantes por motivos académicos. Algunos de ellos llevaban desde el año pasado con la beca Erasmus concedida, como explica en el aeropuerto, nervioso ante la inminente llegada de los estudiantes, el vicerrector de Internacionalización de la Universidad de Jaén, José Ignacio Jiménez González, cuya institución también articula un programa propio de acogida académica. “No hemos cejado en el empeño”, dice de los meses de trámites y esfuerzos.

Tienen un montón de emociones encontradas. Están superados, tristes, excitados, incrédulos, como si estuvieran soñando. Hay momentos de alegría y otros en que rompen a llorar

Dana Jadallah — Gaza Scholarship Inititive

La mezcla de emociones de los estudiantes la explica igualmente Dana Jadallah, de la Gaza Scholarship initiative, que recibió a los alumnos a su llegada a Jordania. “Tenían un montón de emociones encontradas. Estaban superados, tristes, excitados, incrédulos, como si estuvieran soñando. Había momentos de alegría y otros en que rompían a llorar”, detalla.

La ONG, que ha colaborado en otras cinco salidas de universitarios —Suiza, Eslovenia, Francia, Reino Unido e Irlanda también han facilitado evacuaciones por razones académicas— la conforman grupos de madres. “Los recibimos en el hotel en Amán para darles apoyo en ausencia de sus familias. La mayoría no han salido de Gaza antes, así que el cambio es grande”, relata Jadallah por mensajes de texto desde la capital jordana.

La Red Universitaria por Palestina, un colectivo académico comprometido con la situación en los territorios ocupados, se implicó también en el mecanismo, cuya efectividad lleva tiempo reclamando. En septiembre remitieron una carta abierta al ministro del ramo, José Manuel Albares, en la que insistían en la necesidad de ponerlo en marcha.

Uno de los firmantes era David Peñafuerte, trabajador también de la universidad jienense, que relata la angustia en las comunicaciones con los alumnos. “Preguntaban cuándo las íbamos a poder sacar, y a veces era difícil explicar que no estaba en nuestra mano”, explica, aludiendo a las delicadas negociaciones diplomáticas entre los servicios consulares españoles y las autoridades israelíes. elDiario.es se ha puesto en contacto con el Ministerio de Exteriores, pero no ha obtenido respuesta.

“Si una pasaba unas semanas sin contestar al WhatsApp, podías pensar que quizás la hubiesen matado”, indica. Peñafuerte se emociona recordando la impotencia que sentía entonces, y piensa en las jóvenes. “Se han despedido de sus familias sin saber si van a poder volver”, advierte.

"Pese a la guerra, pese a perder a mi hermana, pese a tener que sacar a mi padre de entre los escombros, de todas las cosas horribles que he vivido, me saqué el título"

Samira — Universitaria gazatí

Los incesantes ataques israelíes dificultaban la salida de las estudiantes. La propia Samira, de 25 años, que vivía en el campo de refugiados de Nuseirat, cuenta que el ejército hebreo mató a su hermana e hirió a su padre, pero que incluso en esas condiciones logró acabar sus estudios de grado en la universidad de Al-Aqsa, que ahora completará en Jaén con un máster en Economía y Desarrollo Regional.

“Pese a la guerra, pese a perder a mi hermana, pese a tener que sacar a mi padre de entre los escombros, de todas las cosas horribles que he vivido, me saqué el título”, explica, y avanza: “Ahora tengo muchas ganas de empezar este nuevo capítulo de mi vida”.

De los seis que aterrizaron en Madrid —una séptima estudiante viajó directamente a Barcelona para matricularse en la Universidad Autónoma—, cuatro emprenderán camino a Jaén, pero el quinto se quedará en la capital. Se trata de Mohammed Aljundi, de 20 años, nieto del exdirector de una escuela de la UNRWA, y acogido en la capital por la diplomática jubilada Mon González, amiga de la familia. González conoció al abuelo de Mohammed en los años 90 cuando ambos estudiaban en Escocia.

Dejar atrás Gaza es, según explica antes de abandonar el aeropuerto, “muy difícil”, pero no había “otra opción”. Tras optar a una beca de la Carlos III, pensó que el bloqueo israelí le impediría disfrutarla. Finalmente, sí ha podido viajar, cuando “nadie lo esperaba”.

Con la frente sudada por el viaje, Mohammed cavila sobre el futuro. Estudiará en inglés el curso para acceder a una ingeniería en la universidad madrileña, pero lo que venga después dependerá de él, por primera vez en mucho tiempo. Mira al techo y especula, con media sonrisa: “Quizás me quede en España”.

Los presupuestos de Isabel Díaz Ayuso para las universidades públicas llegaron este jueves al debate de las enmiendas a la totalidad en la Asamblea de Madrid en medio de las reacciones ante el nuevo borrador de la Ley de Educación Superior de la región (LESUC). La Coordinadora de Plataformas de las seis universidades públicas y otras entidades y asociaciones están elaborando ya informes que apuntan a la “inconstitucionalidad de la ley”, según han anunciado en una concentración de docentes, personal universitario y estudiantes frente a la Asamblea este jueves. Prevén hacer “alegaciones en el proceso de la información pública” de esta norma, de la que solo se han conocido borradores hasta ahora, y añaden: “Si se aprueba, acudiremos a los tribunales”.

“Hay múltiples factores por los cuales el nuevo borrador es inconstitucional. Quizás el más grave sea que vulnera derechos fundamentales constitucionales como el derecho de reunión o la libertad de expresión”, ha asegurado Eva Aladro, miembro de la Plataforma. “Establece, por ejemplo, multas por poner una pancarta no autorizada y no dice quién tiene que autorizar la pancarta”.

Además, explica que “vulnera también la autonomía universitaria” al establecer unos “órganos de control nombrados a dedo desde la Comunidad de Madrid. Es inconstitucional porque las universidades tienen sus propios órganos de gobierno establecidos por ley orgánica”. “Toda la ley está hecha para manipular, y para teledirigir. Es ilegal”, añade. Estos órganos de gobierno son los Consejos Sociales, cuyo presidente lo nombra el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, y que se ha encargado en los dos últimos años de emplazar en ellos a hombres afines al PP (o excargos) y a las universidades privadas.

Los presupuestos presentados esta mañana en la Asamblea destinarán un total de 1.239,7 millones de euros a la financiación de las universidades públicas, lo que se traduce en un incremento del 6,5% respecto a 2025. Sin embargo, Aladro apunta que las nuevas cuentas “no tienen en cuenta la inflación” y el incremento en gastos: “Desde el año 2008, los estudiantes de la Universidad de Madrid han perdido un 35% de poder adquisitivo”.

Sin embargo, la Plataforma por las universidades públicas madrileñas insiste en que la Comunidad destina menos del 0,5 por ciento de su PIB a los centros “cuando por Ley Orgánica debería invertir un 1%”. “Es la comunidad más rica y la que menos invierte en sus universidades públicas. Es la que menos invierte por estudiante y la que tiene los precios de matrícula más altos”, subraya Alba Lirón, miembro de la Plataforma.

La coordinadora de las plataformas de las universidades públicas, que integran trabajadores y estudiantes, han anunciado que preparan dos días de huelga el próximo noviembre para reclamar una financiación “al 100%”. Así lo recoge Europa Press después de un comunicado emitido por la asociación UCM Por la Pública.

A falta de definir las jornadas en las que llevarán a cabo las manifestaciones, la plataforma ha cargado contra la Comunidad de Madrid por “querer hacer creer que la larga asfixia económica” que sufren los centros universitarios “es culpa de quienes trabajan en las públicas”. “Más allá de las mentiras y justificaciones de los recortes, Madrid es la comunidad autónoma que menos proporción de presupuesto aporta a sus universidades públicas, las tasas más altas de grado y máster y los salarios más bajos de las 17 comunidades autónomas”, alertan.

En este sentido, la asociación asegura que de las 49 universidades públicas que hay en España, “las cuatro que menos porcentaje de financiación reciben por estudiantes son la Rey Juan Carlos (URJC), la Autónoma (UAM), la Carlos III (UC3M) y la Complutense (UCM)”. Todas ellas están en Madrid.

“Mientras el PIB de la Comunidad de Madrid ha subido en un 8,8% en los últimos 15 años, el presupuesto dedicado a personal en la Complutense han disminuido en un 15,5%. No podemos admitir que el derecho a la educación pública dependa de préstamos o de una financiación por objetivos propia del negocio privado”, exponen.

Precisamente, este lunes se daba a conocer que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso destinará 10 millones de euros extra al capítulo específico de financiación por objetivos de las seis universidades públicas de la región. Junto a la básica para el normal funcionamiento y a la que recibirán para afrontar sus necesidades específicas, conformarán el nuevo modelo de las universidades públicas, sobre cuyo importe total se sigue trabajando y que en principio el Ejecutivo regional quería restringir con una aportación propia no mayor al 70% del presupuesto de los centros.

Frente a ello, UCM por la Pública ha exigido “un servicio público, como es la educación, financiado al 100% y no someterse al lucro”. Ha remarcado que “no van a aceptar” que se les “culpe” del “estrangulamiento” al cual se les está “sometiendo desde la crisis de 2008”.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha enviado una carta al rector de la Universidad Carlos III, Ángel Arias, ante la “sorpresa y preocupación” que le ha generado la existencia de lo que asegura que es “un ‘taller’ en dicho centro universitario que podría interpretarse como una guía para identificar mecanismos que permitan eludir la prohibición legal vigente en España” de los vientres de alquiler. Se trata de un curso dirigido al alumnado que desee adquirir “las competencias profesionales necesarias para ayudar a los padres o madres que quieren inscribir en el Registro Civil español” a bebés nacidos de vientres de alquiler en el extranjero. Así figuraba en la descripción original —ahora eliminada— de su página web a la que tuvo acceso elDiario.es esta misma semana a raíz de una denuncia de CCOO.

En respuesta a las preguntas de este diario, el centro defendió la existencia de este curso argumentando que “la universidad pública es y debe ser un espacio de respeto de los derechos y libertades protegidos constitucionalmente: libertad académica o de cátedra, de investigación y de estudio, así como la libertad de expresión”. “Tal respeto incluye la investigación y el estudio de todas las disciplinas jurídicas de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de nuestra Universidad, y en concreto, respecto de esta formación, la impartida desde el área de conocimiento del Derecho Internacional Privado”, argumentan. Además, esta tesis fue avalada por la Unidad de Igualdad de la Universidad y por una de las docentes que impartirá la formación. 

Ante esta justificación, el Ministerio responde que la libertad de cátedra “no puede tener como objetivo el otorgar herramientas para el incumplimiento del ordenamiento jurídico, y menos aún para el incumplimiento de normas que se encargan de evitar el abuso de situaciones de necesidad y la mercantilización de las mujeres y los menores”. En su carta, Bolaños hace un repaso de la normativa española y recuerda que “tanto la legislación como la jurisprudencia” se basan en dos consideraciones esenciales sobre la gestación subrogada: “Que implica una explotación de la mujer contraria a su dignidad y un daño a los intereses superiores del menor”. Por ello, el ministro reclama que el rector “actúe para impedir que su institución pueda amparar este tipo de prácticas”. 

La formación lleva por título “Microcredencial Universitaria Grandes Novedades en la Validez de la Gestación Subrogada en España”. Está prevista para el próximo diciembre y la impartirán la directora del Departamento de Derecho Social e Internacional Privado, Esperanza Castellanos Ruiz, y la vicedecana de Orientación, María José Castellanos Ruiz. La matrícula cuesta 300 euros y consta de 16 horas de clase que se dan de manera no presencial, según figura en la página web. No se requiere de titulación universitaria para ser admitido y ofrece dos créditos a quienes la completen.

Tras la reciente eliminación de la frase que figuraba en la descripción original del curso, esta ha sido reemplazada por otra que, en el fondo, expresa lo mismo, aunque de forma más indirecta y con un lenguaje más técnico: “Se desarrollarán competencias orientadas a la asesoría jurídica en relación con la gestación subrogada y los problemas legales que plantea en el ámbito del Derecho Internacional Privado, español y comparado”.

Una de las docentes que lo imparte es la catedrática Esperanza Castellanos Ruiz, que publicó en 2024 el trabajo titulado 'Novedades en torno a los efectos legales de la gestación subrogada según el derecho internacional privado español: El caso de Ana García Obregón'. En él, se analizan los conflictos normativos y los mecanismos del derecho internacional privado aplicables a esta materia, tomando como ejemplo un “supuesto extraordinario”: el caso de la presentadora, que decidió ser madre mediante gestación subrogada en Florida, a los 68 años, utilizando material genético de su hijo fallecido tres años antes.

Por su parte, María José Castellanos Ruiz ha escrito varios artículos académicos abordando la misma temática. En uno de ellos, habla de la posibilidad de adopción para los españoles que recurren a vientres de alquiler. Analiza la sentencia del Tribunal Supremo español del 31 de marzo de 2022 en relación con un caso de gestación por sustitución realizada en México. En ese fallo, el Supremo rechaza reconocer una filiación natural para una mujer española que había contratado un vientre de alquiler en el extranjero, dado que no existía conexión genética entre ella y el menor, pero concede la filiación mediante adopción. Es relevante señalar que este texto es anterior a la Instrucción del 1 de mayo de 2025.

La Universidad Carlos III de Madrid ofrece una formación dirigida a alumnos que quieran aprender a asistir legalmente a personas que recurren a la gestación subrogada, una práctica prohibida en España. Según figuraba en la versión original –ahora retirada– de la descripción del curso en la página web del centro, a la que ha tenido acceso elDiario.es tras la denuncia de CCOO, en él “se adquirirán las competencias profesionales necesarias para ayudar a los padres o madres que quieren inscribir en el Registro Civil español la filiación determinada en el extranjero por gestación subrogada”. Según han trasladado a este periódico, ni la universidad ni su departamento de Igualdad ven problema en la existencia de este curso.

Tras la reciente eliminación de la frase que figuraba en la descripción original del curso, esta ha sido reemplazada por otra que, en el fondo, expresa lo mismo, aunque de forma más indirecta y con un lenguaje más técnico: “Se desarrollarán competencias orientadas a la asesoría jurídica en relación con la gestación subrogada y los problemas legales que plantea en el ámbito del Derecho Internacional Privado, español y comparado”.

Esta formación, prevista para el próximo diciembre, la impartirán la directora del Departamento de Derecho Social e Internacional Privado, Esperanza Castellanos Ruiz, y la Vicedecana de Orientación, María José Castellanos Ruiz. La matrícula cuesta 300 euros y consta de 16 horas de clase que se dan de manera no presencial, según figura en la página web. No se requiere de titulación universitaria para ser admitido y ofrece dos créditos a quienes la completen.

La abogada y activista feminista por los derechos de las mujeres y de los niños, Nuria González, se pregunta “qué utilidad tiene este curso”, ya que sostiene que “en realidad, no se explica la legalidad, porque esta es muy fácil en España, está prohibido”. Según expone González, la gestación subrogada no sólo es ilegal, sino que está penada con hasta cinco años de cárcel por el y la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de la patria potestad durante hasta diez años. Esta misma pena también está contemplada “aunque la entrega del menor se hubiese efectuado en país extranjero”, según el Código Penal. Esa ilegalidad del contrato prevalece ante la posibilidad de que el padre biológico pueda reclamar al hijo como propio y adoptarlo. 

“Antes –continúa– se podía inscribir a los niños que nacidos por vientres de alquiler en los consulados de España de los países donde era legal”, pero “desde que se anuló la Instrucción del 5 de octubre del 2010 y se cambió por la del 1 de mayo de 2025, teóricamente ya no se puede hacer”. 

La Universidad avala el curso y argumenta “libertad de cátedra”

La Universidad Carlos III ha evitado responder a las preguntas remitidas por este periódico y se ha limitado a responder lo siguiente: “La universidad pública es y debe ser un espacio de respeto de los derechos y libertades protegidos constitucionalmente: libertad académica o de cátedra, de investigación y de estudio, así como la libertad de expresión. Tal respeto incluye la investigación y el estudio de todas las disciplinas jurídicas de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de nuestra Universidad, y en concreto, respecto de esta formación, la impartida desde el área de conocimiento del Derecho Internacional Privado”. Esa ha sido la respuesta remitida desde el Vicerrectorado de Comunicación, Cultura y Transparencia.

Asimismo, la Unidad de Igualdad tampoco ha respondido a las preguntas de este medio sobre cómo valoran esta formación en tanto que institución encargada de la defensa de los derechos de las mujeres en las aulas, o si consideran aceptable la banalización de la explotación reproductiva en la universidad pública. De hecho, María Carmen Pérez González, vicerrectora de Igualdad, se remite a la respuesta dada por la universidad, según ha comunicado a este medio.

La catedrática Esperanza Castellanos Ruiz, publicó en 2024 el trabajo titulado 'Novedades en torno a los efectos legales de la gestación subrogada según el derecho internacional privado español: El caso de Ana García Obregón'. En él, se analizan los conflictos normativos y los mecanismos del derecho internacional privado aplicables a esta materia, tomando como ejemplo un “supuesto extraordinario”: el caso de la conocida presentadora que decidió ser madre mediante gestación subrogada en Florida, a los 68 años, utilizando material genético de su hijo fallecido tres años antes.

Si bien la autora recurre a este caso “extraordinario” para ilustrar su análisis, no limita su estudio únicamente a él. El artículo aborda también la gestación subrogada en general, como práctica social. En las conclusiones, la catedrática señala: “Cerrar los ojos a la realidad y declarar nulos en España los contratos de gestación subrogada válidamente celebrados en el extranjero, sin más, puede suponer una solución desfasada con la realidad social, y debemos entenderla superada”.

Por su parte, María José Castellanos Ruiz ha escrito varios artículos académicos abordando la misma temática. En uno de ellos, habla de la posibilidad de adopción para los españoles que recurren a vientres de alquiler. Analiza la sentencia del Tribunal Supremo español del 31 de marzo de 2022 en relación con un caso de gestación por sustitución realizada en México. En ese fallo, el Supremo rechaza reconocer una filiación natural para una mujer española que había contratado un vientre de alquiler en el extranjero, dado que no existía conexión genética entre ella y el menor, pero concede la filiación mediante adopción. Es relevante señalar que este texto es anterior a la Instrucción del 1 de mayo de 2025.

Todos los centros educativos de primaria y sencundaria de la Comunidad de Madrid reabren este martes 29 de abril, después del apagón nacional que este lunes afectó al desarrollo normal de la actividad lectiva. Lo harán en su horario habitual, aunque no se impartirán las clases previstas, según informó el Gobierno regional por la noche en un comunicado.

Esto significa que centros de educación infantil, colegios, institutos y otros centros educativos madrileños estarán operativos y todos sus alumnos podrán acudir en su horario habitual de funcionamiento. Sin embargo, las clases no se impartirán con normalidad.

La decisión ha sido tomada por el Ministerio del Interior, que desde esta madrugada ha asumido el mando de la Comunidad de Madrid y de otras siete regiones, en las que sus gobiernos pidieron elevar al nivel 3 la emergencia, lo que transfiere el mando único al Gobierno de España.

El cese de la actividad lectiva en los centros de primarias y secundaria ha obligado a retrasar las pruebas de conocimientos previstas pasra este martes y miércoles. Según ha informado la Comunidad de Madrid, quedan aplazadas “hasta nueva fecha”.

Por su parte, todas las universidades públicas de la región han decidido suspender la actividad lectiva y académica de este martes. Esta decisión afecta a la Universidad de Alcalá (UAH), la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), la Universidad Complutense (UCM), la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y a la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

Los seis centros universitarios se mantinen cerrados para evitar desplazamientos de los alumnos y docentes hasta que el transporte no se haya restablecido con normalidad. En el caso de la Complutense, según informó en un comunicado a última hora de la noche del lunes, la biblioteca María Zambrano se mantendrá abierta para que puedan acceder los estudiantes que lo puedan necesitar y recomiendan facilitar el acceso a los centros a aquellos docentes e investigadores que así lo requieran.

Además, en este mismo comunicado, indicaban que la presencia del Personal Técnico de Gestión y de Administración y Servicios (Ptgas) será imprescindible para garantizar la actividad esencial de la universidad, por lo que los trabajadores han tenido que recuperar la actividad una vez que los Servicios Informáticos han conmunicado la restauración del teletrabajo esta mañana.

La Universidad Rey Juan Carlos ha acordado aplazar la votación para elegir nuevo rector prevista para este martes. Según han informado en un comunicado, la Junta Electoral Central comunicará la nueva fecha en los próximos días. Este centro universitario mantene abiertas las escuelas, las facultades y las bibliotecas, pudiéndose llevar a cabo actividades de estudio, reuniones de trabajo e investigación. Respecto a los estudiantes de prácticas externas, han informado de que deberán enviar un correo a las empresas avisando si no pueden asistir.

En cualquier caso, todas las universidades públicas irán actualizando las novedades respecto a la apertura y el restablecimiento de los serivicios a través de sus canales oficiales.

Algunos centros universitarios privados también se han sumado al cierre y cese de la actividad lectiva, es el caso de la Universidad CEU San Pablo que ha decidido mantener abiertas sus facultades pero no se impartirán clases y se cancelan todos los exámanes y prácticas previstos. De la misma manera, se suma a esta decisión la Universidad Francisco de Vitoria (UFV), que abrirá pero no impartirá clases.

Bajo la máxima de que el tiempo pone a cada cual en su lugar, el ciclo Las afueras llega al Cine Doré de Filmoteca Española para reivindicar historias de perdedores dentro y fuera de la pantalla. El programa, compuesto por seis títulos, se construye en torno a experiencias fuera de la norma o las disidencias legales, éticas, sexuales y raciales.

Las afueras surge del programa de la Universidad Carlos III de Madrid ¿A quién le importa?, que organiza distintas iniciativas y encuentros en torno al archivo y la conservación del patrimonio fílmico. El objetivo es conectar públicos actuales con el cine de décadas pasadas, tanto clásicos reconocidos como otras obras que no tuvieron la visibilidad adecuada en su momento. Todo ello llevado a través de una mirada joven encarnada en mediadistancia, colectivo de programación cinematográfica formado por jóvenes de entre 22 y 29 años que ha comisariado la cita.

Después de un adelanto con la proyección en abril de Smithereens (Susan Seidelman, 1982), las sesiones se reanudan con otras cinco películas que se verán entre julio y agosto. Uno de los principales reclamos es el estreno en España del montaje del director de Blackhat (Michael Mann, 2015), una muy particular cinta de acción protagonizada por Chris Hemsworth que supuso un contundente fracaso de taquilla.

Otro de los títulos es A rainha diaba (Antonio Carlos da Fontoura, 1974), una película restaurada en el marco del proyecto brasileño sin ánimo de lucro Cinelimite. La restauración en 4K tuvo estreno mundial en la Berlinale y llega a España por primera vez la proyección en el Doré el próximo 13 de julio. Su recuperación ha servido para introducir una perspectiva queer en el género de películas de criminales del cine brasileño.

El ecuador del ciclo llega el 10 de julio con We’re Alive (Michie Gleason, Christine Lesiak y Kathy Levitt, 1974), una película sobre las reclusas de un centro penitenciario de mujeres que estuvo desaparecida durante años. Producida bajo la supervisión de la University of California Los Ángeles (UCLA), después de ser reivindicada por investigadores de la propia institución universitaria, los materiales originales finalmente se encontraron en los almacenes del British Film Institute (BFI). Finalmente, la película pudo ser restaurada en el UCLA Film & Television Archive, presentándose al público de nuevo en 2022.

También se proyectará en el cine Doré Mala sangre (Mauvais sang, Leo Carax, 1986), en su reciente restauración en 4K casi 40 años después de su estreno. Con ella, el público podrá volver a disfrutar con la historia de dos ladrones que se proponen robar la vacuna contra el virus que ataca a quienes “practican el amor sin amor”.

El ciclo se cierra con Maldita generación (The Doom Generation), de Gregg Araki. Además de la restauración en 4K, su director ha recuperado la versión que se estrenó en salas en 1995. La película sufrió importantes cortes y alteraciones en el color, el sonido o el formato de pantalla en el mercado del vídeo doméstico (VHS y DVD), así que es una oportunidad para redescubrir la visión original del director de Mysterious Skin (2004).

“La profesora que iba a impartir estas asignaturas estará de baja durante un largo período y no podrá dar esta docencia. Queríamos ponernos en contacto contigo para ver si te es posible impartir estos grupos en las mismas condiciones que el curso pasado”. Este es uno de los muchos correos electrónicos que Paula Marín —prefiere dar un pseudónimo por miedo a represalias de la universidad— recibía cada verano de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), y esas “mismas condiciones que el curso pasado” que le proponía el centro significaban impartir asignaturas sin contrato.

Durante seis años, desde 2014 hasta 2020, esta profesora fue responsable de varias materias completas en la UC3M, pero cobraba solo las horas efectivas de clase como si fuera una conferenciante puntual. Ni siquiera tenía un contrato de profesora asociada, la figura laboral habitual que utilizan las universidades para emplear a profesorado externo y que la Carlos III le prometía a esta docente año tras año.

Tal y como ha podido verificar este diario, Paula Marín cobraba entre 150 y 300 euros al mes, aunque tenía la carga y las responsabilidades de una asignatura completa: preparar las clases, elaborar exámenes y corregirlos. Tuvo que combinar la docencia con otros trabajos en una situación que se prolongó hasta 2020. Impartió un total de 24 asignaturas —obligatorias y optativas— en seis cursos académicos del Grado en Turismo en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas a través del Departamento de Humanidades, Filosofía del Lenguaje y Literatura, siempre como conferenciante.

Para Comisiones Obreras esta práctica es “claramente ilegal”. “No se puede dar clases y tener la responsabilidad de una asignatura en la Universidad sin contrato”, defiende Jesús Escribano, responsable sindical de Universidades en Madrid y lo argumenta con el artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). “La función docente la ejerce el profesorado universitario”, dice la norma. “Para ser personal docente tiene que haber una relación contractual clara, es algo obvio”, ahonda Escribano.

La Universidad Carlos III no niega la situación de la profesora. “El equipo de rectorado cambió hace un año. Si ocurrió algo fue en otro tiempo y sería algo completamente irregular, no solo en la UC3M, sino en cualquier universidad española”, explican fuentes del centro por teléfono. El departamento de Recursos Humanos de la UC3M, añaden las fuentes, está investigando lo sucedido con el caso. Sea como fuere, para la universidad es “semánticamente desacertado” hablar de trabajar sin contrato, ya que a su juicio “era legal dentro de la Ley anterior. La LOSU ha corregido estos problemas”. Justifica también los hechos argumentando que dentro de las universidades a veces se necesitan perfiles muy específicos y no siempre se puede hacer un contrato. A su juicio, cobrar como conferenciante asignaturas completas “no es la situación deseable, es una situación excepcional y para nada es estructural”.

El periplo para trabajar en la universidad

Conseguir un trabajo estable en las universidades españolas sigue siendo un periplo para muchos investigadores. “Yo no tenía conciencia durante los primeros años de que podía ser algo ilegal”, explica Paula Marín a elDiario.es. Era una situación que se repetía en bucle: “Me decían que cumplía los requisitos para dar la asignatura por mi formación, pero que no podía presentarme a la plaza porque no tenía suficientes años cotizados”, destaca.

Durante dos años, desde 2020, Paula Marín se dedicó a otros trabajos, visto que la prometida plaza de profesora asociada nunca llegaba. “Daba asignaturas enteras e incluso llegaron a contratar como asociada a otra persona de la que luego me pidieron cubrir una baja. Eran asignaturas obligatorias”, asegura a elDiario.es. Pese a su situación precaria, consiguió un contrato de investigación Margarita Salas que empezó en 2022 y tenía una duración de dos años. 

Pese a haber padecido problemas psicológicos debido a su situación laboral, decidió pasar página y no confrontar con la UC3M. Pero el contrato postdoctoral que tenía era temporal y para optar a nuevos trabajos de investigadora le puntúa como mérito haber dado clases, por lo que necesitaba que la universidad le acreditase la docencia. Paula tiene el certificado de encuestas de evaluación de la docencia donde aparecen las asignaturas que impartió desde 2014 hasta 2020 y posee otro certificado de docencia impartida firmado por la directora del Departamento de Humanidades, pero para acreditar sus horas ante otras universidades —y optar, como quiere, a un contrato Marie Curie de dos años en Viena— necesitaba uno firmado por el vicerrectorado o el secretario general.

Ahí empezaron los problemas. La Universidad le negó en primera instancia el documento jurídico. “Dármelo significaría reconocer que yo he estado trabajando sin contrato”, explica la profesora. No tenerlo le plantea un problema: “Me he presentado a puestos en los que al no tener el documento firmado por la universidad no se me ha reconocido ni una sola hora impartida. Tiene que estar firmado por la institución”.

Esta misma semana, justo al día siguiente de que este diario preguntara por su situación a la UC3M, la profesora ha recibido el certificado que necesitaba firmado por José Vida, secretario general de la Universidad. En dicho documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, se le reconoce a Paula Marín la docencia impartida, pero bajo la figura de colaboradora externa. En su vida laboral sigue habiendo un espacio en blanco en todos los años que trabajó para la Carlos III con excepción de los dos cursos del contrato Margarita Salas.

La UC3M aduce falta de horas cotizadas

La UC3M incide en la imposibilidad de hacerle un contrato de asociada a la profesora por su falta de horas cotizadas. La UC3M utiliza este argumento pese a que en ningún sitio está establecido mínimo alguno para ser profesor asociado más allá de ser (teóricamente) experto en un campo profesional, un requisito que prácticamente todos los centros de España han obviado para recurrir a esta figura como tabla de salvación ante la imposibilidad de contratar funcionarios en la última década. La UC3M, en concreto, tiene 824 asociados en plantilla, más el doble que profesores titulares y un tercio de todos sus docentes. Desde la universidad recuerdan, en cualquier caso, que “de manera habitual dentro de un programa formativo concreto, se enmarcan otras actividades y/o prácticas de distinta naturaleza, todo ello implicando a docentes y colaboradores con los que la Universidad mantiene diversas relaciones jurídicas”.

CCOO insiste en la irregularidad. “Una clase concreta de grado o de máster es algo puntual. Un cuatrimestre, no. ¡Qué menos que seis años!”, enfatiza Jesús Escribano. También ve el sindicalista una posible estructuralidad en esta situación: “Me puedo creer que casos como el de Paula Marín pasen en más universidades. Uno peca de buena fe y acaba explotado. Las universidades no tienen a veces la capacidad para contratarte, pero lo que no pueden hacerlo es bajo fraude de ley”. La profesora matiza: “No puedo decir que se aprovecharon de mí porque era muy joven, pero sí que no tenía la información”. Según fuentes jurídicas consultadas por este diario, al haber pasado más de cinco años de buena parte de todo lo ocurrido, Marín no podría reclamar la indemnización de esas horas, pero sí de los últimos años. “Es una vía que estoy explorando”, explica.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha decidido nombrar al director de La Razón, Francisco Marhuenda, como nuevo presidente del Consejo Social de la Universidad Carlos III. Según ha podido confirmar elDiario.es, el también profesor universitario será designado en ese cargo la próxima semana, aunque este mismo jueves se le nombrará como miembro del citado consejo.

Marhuenda, que desde 2018 ejerce como profesor titular del área de conocimiento de 'Historia del Derecho y de las Instituciones' de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, dimitió hace tan solo unos días de su puesto dentro del consejo de ese centro universitario y ha aceptado ese cargo honorífico, el de presidente del Consejo Social de la Carlos III, por el que según ha podido saber este diario no recibirá ningún tipo de remuneración.

Según la normativa interna de la universidad, “el Presidente del Consejo Social será nombrado entre los vocales representantes de los intereses sociales en el Consejo Social, por Decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta del Consejero competente en materia de Universidades, oído el Rector”.

Según especifica la propia universidad, el Consejo Social es “el órgano de participación de la sociedad” en la Carlos III. “Corresponde al Consejo Social la supervisión de las actividades de carácter económico de la Universidad y del rendimiento de sus servicios; la promoción de la colaboración de la sociedad en la financiación de la Universidad, y las relaciones entre ésta y su entorno cultural, profesional, económico y social al servicio de la calidad de la actividad universitaria”, señala en su página web.

Asimismo, le corresponde “la aprobación del presupuesto y de la programación plurianual de la Universidad, a propuesta del Consejo de Gobierno”. Además, con carácter previo, “le corresponde aprobar las cuentas anuales de la Universidad”. El Consejo Social debe además “colaborar con la universidad en la definición de los criterios y las prioridades de su plan estratégico”.

“El problema más grave que tiene el cultivo del azafrán en estos momentos es el cambio climático”. Así de tajante se mostraba Pedro Pérez, gerente de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Azafrán de la Mancha sobre los problemas que tienen esta especia tan ligada a La Mancha durante su ponencia en el Taller de verano de la Universidad Carlos III de Madrid, “La gastronomía como el Imperio de los sentido”, en una de las dos sesiones que se ha dedicado a la gastronomía y a los productos de Castilla-La Manca

Según este experto en azafrán, “si la temperatura está por encima de 28 grados, esto va a afectar a la diferenciación floral dentro del cormo (bulbos de azafrán) y en la floración, si  se superan los 17 grados de media ya afecta a la emisión de flores”, señalaba en esta ponencia titulada ‘El azafrán de La Mancha, una especia mágica’.

Además de este problema, Pérez ha señalado también con un problema importante, dentro de “los muchos otros que tiene este producto”, “la dejadez absoluta de la administración pública, sea nacional o autonómica, ese es de los problemas más graves”. Así ha recordado España en los años 20 del siglo pasado era el primer productor mundial de azafrán, “en 1925 se producían 150 toneladas de azafrán, en toda España. Ahora mismo, según los datos del Ministerio de Agricultura, totalmente desfasados e irreales, se producen 1.500, aunque los datos reales son por debajo de 800, y eso ha sido dejadez, aunque luego todo el mundo habla del azafrán y se le saltan las lágrimas”.

Según el gerente de la DOP Azafrán de La Mancha esta “dejadez se ha extendido a todo el sector” y se traduce en que, por ejemplo “no hay cormos  sanos,  ni hay cormos certificados, nunca se ha preocupado nadie en desarrollar eso, en solucionar eso, nunca se ha preocupado nunca en sanear ese cormo. siquiera para eliminarle patógenos, lo han dejado”.

A su juicio, todo ello se debe a que el cultivo del azafrán nunca se ha contemplado como una industria agroalimentaria. “El azafrán en La Mancha ha estado ligado a la familia, a la solidaridad entre las personas, y el dinero se quedaba en la economía doméstica, nunca se ha planteado como una industria agroalimentaria, ese es el gran problema, y nadie se ha preocupado en ese producto que daba mucho dinero hacerlo una industria”, señala. Y sin embargo, afirma que “no existe ningun producto agroalimentario que tenga el rendimiento económico que tiene en azafrán y eso que ha degenerado”.

Esto fue una parte de un disertación en torno al azafrán que realizó Pedro Pérez ante un público integrado en su mayor parte por estudiantes de la Universidad Carlos III. Pérez se remontó hasta los orígenes de la llegada del azafrán a tierras españolas, que  no está muy clara, aunque, según contó, “parece que desde Génova llega a Barcelona, desde allí se extendió hasta Teruel y a partir de ahí se va extendiendo por el interior de la Península”, llegando hasta La Mancha“.

Ponencia sobre el restaurante Fuentelgato

Además de Pedro Pérez, también intervinieron con sus ponencias en el taller de gastronomía de la Universidad Carlos III de Madrid que se realiza con la colaboración del Instituto de Cultura Gastronómica de Castilla-La Mancha, los jóvenes artífices del restaurante Fuentelgato en Huerta del Marquesado (Cuenca), Alex Paz y Olga García, con una conferencia titulada ‘Restaurante Fuentelgato, El milagro en la Serranía de Cuenca“.

Estos dos jóvenes, que ya han estado nominados a ‘cocinero revelación en la última edición de Madrid Fusión y que han recibido un sol de la guía Repsol, han pasado en tres años del absoluto anonimato y un menú de 12 euros, a recibir las visitas de críticos y cocineros de toda España y a pensar ya en un menú degustación de 80 euros y 12 pases que están poniendo en marcha.

Alex Paz y Olga García, ambos con menos de 30 años, expusieron su forma de entender la cocina, ligada a los productos de temporada, sin ataduras, sin recetas y con una creatividad que les lleva a cambiar el menú todas las semanas.

La propuesta que plantean para sólo 12 comensales en cada servicio está en un 80% integrada por verduras, algo de pescado y muy poca carne, normalmente algo de caza o vísceras. En sus creaciones son muy importantes los fondos y los arroces ya que Alex Paz es valenciano.

Así, han pasado en tres años de llegar a Huerta del Marquesado, de donde es Olga García, como una etapa más en su viaje para intentar dar el salto a un negocio propio en Valencia, a hacer de este punto de la España Vaciada el escenario de una propuesta gastronómica solida de presente y de futuro.

El taller terminó con la intervención de los socios de la bodega de Quintanar de la Orden en Toledo #GarageWine, Julián Asenjo y Jesús Toledo, que presentaron su proyecto de recuperación de uvas autóctonas y en peligro de desaparición, y de sus vinos de parecela monovarietales. Los estudiantes tuvieron la oportunidad de probar un vino hecho con ‘verdoncho’ una variedad blanca de La Mancha muy escasa y dos vinos de cencibel, uno joven y otro con crianza. 

Un espacio libre de humos. Ni a las puertas de los edificios, ni por las aceras, ni en las zonas verdes. La Universidad Carlos III de Madrid prohíbe desde el pasado 1 de septiembre fumar en los espacios exteriores del campus y esto incluye también los accesos y las aceras. Si alguien quiere hacerlo, tendrá que irse a la acera de enfrente. Los alumnos aceptan la medida, comprenden que el tabaquismo es un problema y que, además, el humo puede molestar a los compañeros que no fuman, pero muchos desconocen qué pasará si les pillan dando una calada o si podrán seguir fumando en los descansos. Muchos aprovechan las pausas, por breves que sean, para fumar con prisas un cigarro.

“Los alumnos que quieran fumar tendrán que salirse del campus”, dice Iria Fernández, portavoz de la Delegación Crítica de estudiantes de la Carlos III. “Es verdad que en menos de cinco minutos puedes estar fuera, al menos en el campus de Getafe, pero no deja de ser molesto porque en los cambios de clase, que solo duran quince minutos, tener que salir, fumar y volver, sobre todo para los que fuman de liar, va a ser complicado”, comenta Fernández. “Pero no ha sido traumático o un problema de mucha entidad”.

En la calle, justo antes de poner un pie en el campus de Getafe, puede verse a gente apurando un cigarrillo incluso en día de lluvia. Algunas llevan paraguas y otros se refugian en las marquesinas de la calle Velarde. “No ha habido mucha movilización, ni de crítica ni nada desde el movimiento estudiantil, pero sí que ha habido mucha gente que se ha quejado a nivel individual”, apunta Fernández.

El objetivo de esta medida, según explican desde la Universidad Carlos III, “es tener un medio que sea más saludable y sostenible” y también que la gente “tome conciencia de que el tabaco no es bueno” y de que a otras personas “les puede molestar”, según explica Salomé Abril-Martorell, gerente de la Universidad Carlos III. “Ya no puede fumar nadie. Esta mañana me he dado una vuelta y no he visto a nadie fumar”, remata.

La medida se aprobó con el apoyo unánime de todo el Consejo de Gobierno el pasado mes de junio. “No sé si hubo una abstención”, recuerda Abril-Martorell. Por el momento, solo han recibido una queja, pero desde un correo electrónico que no tienen registrado, por lo que consideran que no procede ni del alumnado ni de los trabajadores.

Ahora los estudiantes que fuman buscan la salida más cercana y encienden sus cigarrillos en la calle, fuera del campus. Algunos jóvenes comentan que no tiene mucho sentido no dejarles fumar en los jardines del campus, donde consideran que pueden estar más espaciados. Al tener que salir a fumar fuera, todos terminan haciéndolo en los puntos acceso, pegados a la puerta. “Lo entiendo, por un lado, pero por otro, me parece un poco tontería porque yo, que estoy en cuarto, nunca he visto que esté todo el mundo fumando, que esté todo lleno de colillas o que se junten muchos grupos”, explica María, estudiante de Derecho y Ciencias Políticas, mientras termina de liarse un cigarro. “De hecho, me parece que ahora sí que se hacen más aglomeraciones en las salidas. En las puertas se juntan grupos grandes porque al final todo el mundo va a la salida a fumar”, explica.

“La medida nos la hemos tomado bien. Al final son las normas y las normas son las que marcan un poco lo que tenemos que hacer. No queda otra que aceptarlas, salir y mojarse un poco”, comenta divertido Ángel, que estudia el doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual mientras apura su cigarrillo. Este martes les ha tocado mojarse porque en la pausa de las 12:00 no paraba de llover.

Elena, otra estudiante de Derecho y Políticas, asume la medida, pero también considera que ahora se producen aglomeraciones que antes no se veían. “No está mal del todo [la medida] porque el tabaco no es bueno y supongo que a la gente que no fume le molesta. Pero yo creo que la gente se está acumulando en las puertas para fumar y al final los no fumadores se tragan el humo igual y entonces no lo entiendo. Siendo el campus amplio, creo que podrían habilitar zonas. Dar algún consejo para que los estudiantes no se acumulen en las puertas”, protesta en la misma línea que María.

“Sí que es verdad que es un poco llamativo que esta restricción se aplique ahora que parece que la pandemia está remitiendo, pero sobre todo que se aplique esta restricción pero, por ejemplo, haya aulas en las que no hay una distancia de metro y medio entre los estudiantes”, protesta Fernández. “Suponemos que es una cuestión de dar una imagen de una universidad libre de humos y moderna”. 

El acuerdo del Consejo de Gobierno para el establecimiento del campus “libre de humos” se enmarca dentro del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

Durante el curso pasado, explican, recibieron numerosas quejas de los alumnos no fumadores. “A raíz de la COVID-19, al demostrarse que por el humo cercano del tabaco se podía transmitir el virus, sí que tuvimos muchas quejas porque la gente fumaba en las entradas de los edificios”, comenta Abril-Martorell y por eso se planteó la idea de restringir de manera definitiva el tabaco en todo el campus.

“Existen estudios que demuestran una peor evolución de la enfermedad [COVID-19] en pacientes fumadores y que indican que fumar conlleva un riesgo 1,45 veces más alto de desarrollar una forma grave de los síntomas que en personas no fumadoras”, arguyen desde la Universidad Carlos III.

Según el portavoz de SESPAS y ex director general de Salud Pública del Gobierno de España, Ildefonso Hernández Aguado, se trata de “un paso más que da esta universidad”. “Yo veo positivo que se avance en ir sacando el humo de todos los espacios. Sobre todo, de los espacios de formación, y me parece una medida positiva, entre otras cosas, no solo por la salud de las personas, también para reducir al máximo la contaminación”, ha explicado Hernández. Reducir la exposición al humo incluso en exteriores, argumenta, “normaliza la ausencia del tabaco y facilita mucho dejar de fumar”.

La autonomía universitaria

En el plano legal, la Universidad se apoya por un lado en la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, modificada por la Ley 42/2010, de 30 de diciembre, que dispuso en su artículo 7 la prohibición de fumar, tanto en los centros de trabajo públicos, centros y dependencias de las Administraciones Públicas y entidades de Derecho Público y en los centros docentes, salvo en los espacios al aire libre de los centros universitarios, siempre que no fueran accesos inmediatos o aceras circundantes.

La idea en este caso es dar un paso más de la mano del principio de autonomía universitaria, recogido en el artículo 27.10 de la Constitución y desarrollado en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. “Legalmente hay una cosa que se llama el principio de autonomía universitaria por el cual tenemos la potestad de autoorganizarnos y administrar la universidad como queramos en relación con los bienes y con los espacios de los que la universidad es titular con lo cual estamos totalmente amparados”, añade la gerente.

El experto Hernández Aguado cree que “la perseverancia” a la hora de tomar medidas contra el tabaquismo es algo indispensable. “El tabaco es un problema para los objetivos de desarrollo sostenible, para el conjunto de la sociedad”, añade. “Aunque tengas la libertad de fumar, cuando tengas un cáncer de pulmón o un cáncer de vejiga, lo pagaremos entre todos y me parece muy bien que lo paguemos entre todos. Pero, al mismo tiempo, les pedimos a los que fuman que tengan en cuenta estas externalidades negativas de su consumo. Como también pedimos que se deje de usar el coche en el centro”, concluye. 

En cuanto a las penalizaciones por fumar, no existe una idea clara entre el alumnado. “Simplemente te dicen que no fumes dentro y lo tiras. No tengo entendido que haya ningún tipo de repercusión”, comenta Eva, que ha aprovechado un descanso largo para salir a una acera fuera del recinto, sentarse en un banco y fumar. “En los descansos de 15 minutos es más complicado. He visto a alguna gente fumando dentro, pero tampoco nos vamos a morir por no fumar en los descansos de 15 minutos. Podemos aguantar”, explica esta estudiante de primero de Humanidades.

“Hablaban de sanciones, pero más del tipo incidencia, no sanción económica ni supongo que expulsión. Bueno, no lo sé. Porque yo sí que veo que hay gente que sigue fumando en el campus”, añade Elena.

La Universidad, por su parte, aclara que la medida no tiene un objetivo sancionador sino, más bien, de concienciación. “Este acuerdo prevé una medida muy residual sancionadora. Hasta ahora el procedimiento es el siguiente: si ven a alguien fumando hay vigilantes en la universidad que les avisan de que no pueden fumar. Ha habido muy poquitos casos”, indica la gerente. “¿Qué pasa si alguien dice que no quiere apagarlo, quiero seguir fumando y me voy a fumar tres? Pues no lo sé lo que va a pasar porque no lo tenemos todavía muy previsto. Supondría una falta leve y si es reincidente podría convertirse en grave”.

“Espero que no tengamos que llegar a nada de esto”, concluye. Desde la Universidad destacan que “son muy pioneros en esto”, al ser la primera universidad pública que lo aplica en Madrid, según indica la gerente, y esperan que sirva para que los estudiantes reduzcan el número de cigarrillos que se consumen a lo largo del día.

“Cocinamos esos paisajes que nos evocan aromas, que nos transportan”. Esta frase, parte de la conferencia que el chef manchego del restaurante Santerra de Madrid, Miguel Carretero, pronunció en el Taller de Gastronomía de la Escuela de las Artes de la Universidad Carlos III que se celebró en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, podría ser el resumen de lo que a lo largo de dos jornadas dedicadas a Castilla-La Mancha transmitieron los distintos chefs, enólogos y especialistas en productos de la región a los alumnos que asistieron a este curso que se celebra anualmente.

Con el título ‘De duelos y quebrantos a un corte de helado manchego’, se puso de manifiesto la gran riqueza y el enorme potencial de la gastronomía de las distintas provincias de Castilla-La Mancha, de sus vinos y de sus productos agroalimentarios, “una gastronomía de pobres con una riqueza enorme”, señalaba Carretero.

En la primera jornada de este curso, dirigido por Juan Ángel Vela del Campo, ensayista, conferenciante y divulgador cultural y con la colaboración del Instituto de Cultura Gastronómica de Castilla-La Mancha, que tuvo lugar el lunes, expusieron su visión de la región Jesús Segura, chef y copropietario del restaurante Trivio y del restaurante Casas Colgadas; Eva García, gerente de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Ajo Morado de las Pedroñeras; Rosalía Molina, enóloga y copropietaria de las bodegas Altolandon (Landete, Cuenca); la folclorista e intérprete musical María Luisa García, natural de Belmontejo de la Sierra, en plena región de La Manchuela, Cuenca.

La jornada del jueves recibió a  Miguel Carretero, natural de Pedro Muñoz (Ciudad Rea), chef y propietario del restaurante Santerra de Madrid, y su cocina de monte bajo; Blanca García Henche, profesora del Área de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de Alcalá de Henares y miembro del Instituto de Cultura Gastronómica de Castilla La Mancha; y Alfonso Chacón, enólogo y copropietario de las bodegas Canopy de Camarena (Toledo).

Durante estos días se han escuchado conceptos como “cocina de monte bajo”, “cocina de secano”, “recetario de pastores”, paisajes, respeto, sostenibilidad, biodiversidad, tierra y Mancha.

Así, Jesús Segura ha expuesto la cocina que desarrolla en Trivio, que ha puesto en el mapa gastronómico “la cocina de secano”. Un chef inquieto que está “cocinando Cuenca” ya que un 90% de los productos que utiliza en sus platos son del entorno, incluida la vajilla en la que sirve sus creaciones.

Buscador incansable de pequeños productores de Cuenca, de panaderos y horticultores y embajador del Ajo Morado de las Pedroñeras, se ha implicado en la recuperación de variedades de semillas hoy desaparecidas, ha dedicado uno de sus platos, ‘pan con pan’, al panadero que cada día le surte para su restaurante, y pone en práctica no sólo la sostenibilidad de su restaurante sino el concepto de cocina circular.

Miguel Carretero ha ilustrado la cocina de monte bajo que desarrolla Santerra en el barrio de Salamanca de la capital. Una “cocina de interior, sin pescados, que tenemos que conservar”. En su menú, además de una de las mejores croquetas que pueden degustarse, premio en Madrid Fusión, escabeches y recuperación de platos de pastores, como la sopa cana, el revientalobos, con el toque personal de Miguel y su joven equipo.

Por su parte, Rosalía Molina ofreció una cata comentada de cuatro de los vinos de esta bodega que está situada en La Manchuela conquense a 1.100 metros de altura cuya filosofía es que “lo que hay en la copa exprese el lugar de donde proviene”. DE allí procede el único vino de hielo que se hace en España, ‘Dulce enero’.

La bodega, que se inició en el 2006, tiene la certificación de ecológico y además de las uvas autóctonas de la zona como bobal y garnacha, han optado también por otras variedades distintas que puedan aclimatarse a esta zona intentado “no plantar lo que todo el mundo” y matiza que, aunque a veces otros intenten hacer vinos parecidos, cada uno es distinto porque “lo único que nadie puede copiarte es el paisaje, es el lugar donde se produce”.  

Alfonso Chacón, uno de los enólogos y socio de bodegas Canopy de Méntrida, ofreció una cata de dos de sus vinos emblemáticos, el blanco ‘Loco’ y el tinto ‘La viña escondida’. El primero, según él mismo comentó, “un compromiso por hacer algo diferente”, de una viña que estaba a punto de desaparecer cuando la descubrió fortuitamente en la localidad de Camarena. El segundo, un tinto de garnacha de viña vieja casi centenaria plantada en el suelo granítico en la Sierra de San Vicente.

Canopy recupera y cuida “esos viñedos viejos de garnacha que se van a perder”. Elaboran de forma completamente artesanal, pisando la uva como antaño y respetando cada viña para que en la copa solo haya vino, sólo lo que da la viña.

Blanca Henche, como experta en producciones y mercados, destacó la importancia de saber vender, “hay que ser bueno y parecerlo”, los buenos productos de la provincia de Guadalajara. Ilustró algunos casos de éxito de pequeños productores como los vinos de Finca Río Negro, las harinas de Despelta, o las mieles de Nectarius y destacó la importancia de establecer sinergias entre los productores para vender mejor.

Además de los dos días dedicadas a Castilla-La Mancha, el taller dedicó el resto de las jornadas a tres restaurantes madrileños con atención a la creación de atmósferas, en las que también estará representada la Costa Tropical de Granada-Málaga con sus fabulosos mangos, aguacates y chirimoyas. 

La gastronomía y los vinos de Castilla-La Mancha serán protagonistas en dos de las jornadas de los Talleres de Gastronomía de la Escuela de las Artes de la Universidad Carlos III que se celebra, como cada mes de junio, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid dirigido por Juan Ángel Vela del Campo, académico de la Real Academia de Gastronomía, ensayista y divulgador cultural, y con la colaboración del Instituto de Cultura Gastronómica de Castilla-La Mancha.

El equilibrio complementario entre conocimiento y placer será el eje fundamental de estos Talleres que, en esta ocasión con el título ‘De duelos y quebrantos a un corte de helado manchego’, dedicará el lunes 21 y el jueves 24 a Castilla-La Mancha.

La denominación del taller es un guiño a la vinculación territorial castellano-manchega y también a la convivencia entre tradición y creatividad, un tema en el que se profundizará con el diálogo entre los cocineros Andoni Luis Aduriz y Luis Alberto Lera.

El taller se inaugurará a las 10 horas del lunes 21 de junio con una sesión dedicada a Cuenca, con la presencia de Jesús Segura, chef y copropietario del restaurante Trivio y del restaurante Casas Colgadas, maestro de la cocina de secano, y embajador del Ajo Morado de Las Pedroñeras.

Este mismo día se celebrará una conferencia impartida por parte de Eva García, gerente de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Ajo Morado de las Pedroñeras y una cata comentada y degustación de vinos de Cuenca con Rosalía Molina, enóloga y copropietaria de las bodegas Altolandon (Landete, Cuenca). La cata será ambientada con una jota a la vendimia por la gran folclorista e intérprete musical María Luisa García, natural de Belmontejo de la Sierra, en plena región de La Manchuela, Cuenca

La segunda sesión tendrá lugar el jueves 24 de junio con una sesión dedicada a Ciudad Real, Guadalajara y Toledo. En esta ocasión, Miguel Carretero, natural de Pedro Muñoz (Ciudad Rea), chef y propietario del restaurante Santerra de Madrid, ilustrará su cocina de monte bajo.

Además estará presente la despensa de Guadalajara con una conferencia de Blanca García Henche, profesora del Área de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de Alcalá de Henares y miembro del Instituto de Cultura Gastronómica de Castilla La Mancha.

La jornada terminará con una cata comentada y degustación de vinos de Méntrida (Toledo), impartida por Alfonso Chacón, enólogo y copropietario de las bodegas Canopy de Camarena.

Además, el taller dedicará el resto de las jornadas a tres restaurantes madrileños con atención a la creación de atmósferas, en las que también estará representada la Costa Tropical de Granada-Málaga con sus fabulosos mangos, aguacates y chirimoyas. También Orlando Lumbreras hablará de sus vinos en Gredos y Ribeira Sacra

También, para concluir, el viernes tendrá lugar un cambio de impresiones sobre el presente y el futuro de la gastronomía con la presidenta de la Real Academia de Gastronomía, Lourdes Plana.

Habrá también un coloquio-sorpresa y la correspondiente atención a las guías gastronómicas de la mano de dos expertos economistas.

¿Qué se considera un trabajador para una empresa o administración? Cuando un becario de universidad aprende las competencias propias de su puesto, la beca, formativamente, ¿sigue teniendo sentido? ¿Es cuadrar una caja y cerrar una oficina labor de un becario? ¿Son estructurales unos empleados si, al dejar de estar, el servicio que atendían se ve forzado a restringir sus horarios?

Estas cuestiones y otras similares tienen que resolver las magistradas de la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que este miércoles han asistido a la primera y única sesión del juicio de la Inspección de Trabajo contra la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) por el supuesto uso fraudulento de becarios como empleados estructurales.

Por la sala han pasado a declarar exbecarios, funcionarios de la universidad y de la inspección, según han relatado fuentes presentes en el juicio, cerrado al público general por motivos sanitarios. Estudiantes como Adrián han relatado a las juezas cómo en sus oficinas había más becarios que trabajadores, cómo él mismo formó a su sucesor o que su oficina tuvo que contratar a una empleada laboral y restringir su horario de atención al público cuando él se marchó.

Sus defensas han tratado de probar que existe la relación laboral; los letrados de la UC3M apuntaban el carácter formativo de las becas. Un funcionario de la universidad ha dado la razón a los estudiantes; el director de una biblioteca, a la Carlos III. La inspectora que levantó el acta a la universidad se ha ratificado en la relación laboral entre los estudiantes y la UC3M.

Javier Galán, abogado de CNT-AIT en representación de algunos exbecarios, explica que la línea de argumentación de los estudiantes para probar la relación laboral es que han estado realizando “un trabajo completamente necesario e imprescindible para la universidad. El 99% de los becarios, según la inspectora, estaba en lo que se denominan 'servicios' de la Carlos III. No existía formación”.

La defensa de la Carlos III, contratada al bufete especializado en falsos autónomos Sagardoy por 80.000 euros pese a que el centro tiene servicio jurídico propio, ha basado su argumentación en que el plan Bolonia, que rige en los campus, introduce una nueva forma de dar clase e impartir conocimientos, según ha contado el letrado Galán (este diario ha contactado con el bufete, que no ha contestado la petición). Ya no se trata de que los alumnos tengan conocimientos, sino las famosas competencias. Y aquí, según este razonamiento, entran estas becas, que ofrecen formación en competencias transversales como trabajar en equipo, relacionarse con otros, etc. destinadas a la “empleabilidad”.

570 becarios en cuatro años

La Inspección de Trabajo denunció a la Universidad Carlos III de Madrid, diseminada por varios municipios al sur de la capital, por el uso fraudulento de hasta 570 becarios en cuatro años. El organismo de control laboral, que visitó los campus en el último trimestres de 2019, cree que el centro utilizó estas becas para cubrir puestos de trabajo estructurales que deberían estar atendidos por empleados.

Estas becas son las llamadas extracurriculares, sin relación con los estudios que cursa un alumno y se suelen desarrollar en centros de las universidades, como bibliotecas, las aulas de informática o los servicios de atención a estudiantes o profesores, por ejemplo. Existen (o existían, al menos) en casi todos los campus. Se calcula que hay unos 7.000 estudiantes cursándolas en España. La denuncia de la Inspección de Trabajo se enmarca en una campaña del organismo público contra el uso fraudulento de becarios en las universidades españolas como espacio especialmente sensible a estas prácticas. Se esperan más sentencias en los próximos meses.

De momento, la Inspección pide 1,5 millones de euros a la Carlos III en concepto de costes salariales con carácter retroactivo. La UC3M clausuró su programa de becas extracurriculares tras las visitas de las inspectoras y despidió a los becarios mientras se aclara la cuestión, aunque defiende que actuó bajo la legalidad vigente.

Los estudiantes reaccionaron demandando a la universidad a través de CCOO y CNT por despido injustificado y exigiendo las diferencias salariales entre lo que ellos cobraban y lo que ganan los funcionarios que están en los puestos con los que Trabajo les asimila a ellos. También solicitan la indemnización por despido. RUGE, la organización juvenil de UGT, calcula que la Carlos III se ha ahorrado 8.000 euros al año por cada puesto de trabajo que ocupaba un estudiante.

Los estudiantes tienen dos precedentes bastante recientes y contradictorios a los que mirar. El juicio contra la UC3M no es el primero que sufre una universidad por utilizar becarios como empleados. En el lado negativo (para los estudiantes y Trabajo), la UAM, también en Madrid, tuvo el suyo propio el año pasado y lo ganó. En el positivo, otro exbecario de la UC3M denunció por su cuenta a la universidad cuando le despidieron y ganó, juicio recurrido que está a la espera de la resolución de esta causa general.

Cinco becarios, un trabajador

A las puertas del juzgado, Laura, Jorge y Adrián esperaban para entrar a declarar en el juicio como testigos. Finalmente solo lo ha hecho Adrián porque la defensa de la universidad ha considerado que eran testigos con intereses porque eran becarios en el momento de la inspección.

“Yo trabajaba en el Centro de Orientación”. Jorge explica lo que la jueza no oirá. “Llevábamos la gestión del gimnasio, hacíamos el tour de bienvenida a los nuevos alumnos... Éramos cinco becarios y un funcionario. Cuando nos echaron, tuvieron que meter a otra persona y redujeron los horarios de atención”.

El caso de Adrián, que sí ha tenido la oportunidad de declarar en la sesión, es similar. Él es el estudiante que ya le ha ganado un juicio a la UC3M. Pasó cinco años también en el Centro de Orientación hasta que cumplió las horas máximas que permite la universidad, 1.800 en total. “Esa es la cantidad de horas anuales de un trabajador a tiempo completo, parece excesivo si de lo que se trata es de formar”, opina el abogado Galán.

Adrián ha explicado que como en su puesto solo había un funcionario, los estudiantes tenían llaves de la oficina y cerraban por la tarde, además de hacer caja o cerrar la oficina. Tampoco recibió formación alguna. “En mi caso, las dos primeras veces me dijeron cuál era mi puesto y qué vendíamos. En las siguientes ya no me contaron nada y en las últimas era yo el que hacía esa formación a otros becarios”, ha contado. En su caso concreto, cuando le echaron contrataron a una laboral para sustituirle.

Oídas las partes y presentadas las pruebas, las partes tienen ahora diez días para entregar sus conclusiones (esta parte debería haberse hecho in situ, pero la universidad presentó el lunes a última hora algunas pruebas que las defensas no han podido estudiar a tiempo). A partir de ahí, las juezas decidirán. En el precedente de macrojuicio de la UAM, la jueza apenas tardó una semana en despachar el caso.

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO) ha interpuesto una demanda de impugnación colectiva por el despido de los estudiantes del Programa de Prácticas Académicas Extracurriculares de la Universidad Carlos III (UC3M) de Madrid ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

A través de un comunicado recogido por eldiario.es, CCOO considera que las labores que realizaban los estudiantes –incluidas en el Acta de Liquidación de Cuotas a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional de la Inspección de Trabajo– sustituyen una prestación laboral propia de un puesto de trabajo y deberían ser asumidas por personal propio de la Universidad.

El sindicato demanda que la relación laboral de los despedidos con la universidad debe declararse indefinida, y no una relación de beca. En este sentido, la finalización de los contratos laborales existente entre los estudiantes y la universidad debería haberse ajustado a los procedimientos y regulación del despido colectivo.

Asimismo, CCOO solicita que los tribunales dictaminen que ha existido una relación laboral indefinida de los trabajadores de la Universidad Carlos III —incluidos en el Acta de la Inspección de Trabajo— y que este despido se considere nulo y, por tanto, se condene a la Universidad Carlos III a readmitir a los trabajadores afectados y a que se les abonen los salarios que no han percibido.

CCOO subraya su rechazo al uso fraudulento de las becas para cubrir puestos de trabajo y necesidades estructurales, lesionando los derechos del alumnado y precarizando las relaciones laborales. Además, considera que una beca debe aportar una experiencia laboral y formativa al alumnado, no para cubrir las necesidades de las universidades. “Está en juego la responsabilidad social de las universidades y su imagen ante la sociedad a la que sirven”, subrayan.

La Universidad Carlos III (UC3M) se va a gastar 84.700 euros en defenderse del acta que le ha levantado la Inspección de Trabajo por el supuesto uso fraudulento de becarios. La UC3M va a contratar para ello los servicios de Sagardoy Abogados, el mismo bufete que está defendiendo a Deliveroo de sus riders y el que llevó el ERE de Coca Cola (con poco éxito en ambos casos).

La Inspección de Trabajo reclama a la universidad 1,5 millones de euros en concepto de cotizaciones salariales por haber estado utilizando becarios para hacer las labores que tendrían que estar haciendo empleados del centro, según argumenta el organismo de control laboral. En concreto, la inspección ha cambiado de oficio la categoría laboral de los becarios, que actualmente en teoría están contratados por la universidad aunque no tienen contrato alguno firmado y la UC3M no reconoce esta relación laboral. Trabajo ha levantado acta a la universidad madrileña por el uso de 570 becarios en los últimos cuatro años, más de 200 de ellos activos en el momento de la visita de los inspectores.

El caso aplica a los estudiantes con becas extracurriculares, aquellas no relacionadas con los estudios específicos y que se desarrollan en servicios como las bibliotecas de los campus o los servicios de atención a estudiantes, entre otras muchas. No es la primera universidad que recibe la visita de la Inspección de Trabajo por esta causa: la Autónoma de Madrid ganó en julio en primera instancia un juicio por las mismas causas que seguramente no ha agotado su periplo judicial: habrá recurso de Trabajo y de los propios becarios de la UAM.

Una relación con historia

Sagardoy es un bufete con amplia experiencia en asuntos laborales y especializado en procedimientos de despidos. Además, asesoró al Gobierno del PP para realizar la última reforma laboral, que entre muchos otros recortes de derechos laborales facilitó y abarató los despidos. Entre sus clientes más recientes están la plataforma de reparto a domicilio Deliveroo y Coca Cola, con los que no ha tenido demasiado éxito.

No es la primera relación de este bufete con la Carlos III. Durante varios años, Sagardoy financió una cátedra de investigación en la UC3M que dirigía Jesús Mercader, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la universidad y que estuvo empleado en el bufete.

Tampoco es la primera vez que lidia con un asunto laboral en la Universidad. En 2014 se encargó de un ERE que planteó la Universidad Politécnica de Madrid por el que amortizó 301 puestos de trabajo y que el Tribunal Supremo acabó validando.

Este diario ha preguntado a la universidad por qué se gasta 84.700 euros en contratar un bufete de abogados cuando tiene un servicio jurídico propio –como todas las universidades–, pero no ha obtenido respuesta.

En el caso de Deliveroo, Sagardoy está encargada de justificar que los riders de Deliveroo son autónomos y no existe una relación laboral con la empresa. No ha sido capaz de ganar ni un solo juicio hasta la fecha, mientras Glovo, la competencia, sí ha obtenido alguna victoria parcial. El abogado que ha llevado la defensa de Deliveroo, Jorge Travesedo, fue cocinero antes que fraile: dirigió la Inspección Territorial de la Inspección de Trabajo en Madrid antes de pasarse a Sagardoy.

Al bufete no le fue mucho mejor con el ERE de Coca Cola. La empresa quería despedir a 821 trabajadores, pero tras cinco años de lucha, el Supremo acabó tumbando el expediente.

La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ofrece plazas de profesor contrarias a la normativa. Lo hace dentro de su programa de Consolidación de Profesorado no funcionario (4+2), que lleva vigente desde al menos 2016.

El centro convocó en julio de este año una plaza de “Profesor Titular Visitante 4+2”, según se lee en la convocatoria. Esto es, se va a incorporar un docente (el proceso aún está abierto, según fuentes del campus) con un contrato bajo la modalidad de “profesor visitante” con una duración inicial de cuatro años prorrogable por otros dos años más.

Pero la figura de los profesores visitantes está bien definida por ley y desarrollada por el Convenio Colectivo de Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid para Personal Docente e Investigador (PDI), donde se especifica que la duración de estos contratos no puede ser superior a los dos años.

La universidad no ha respondido a las preguntas de este diario. También se ha intentado recabar la opinión del Comité de Empresa del PDI Laboral, sin éxito.

La UC3M destaca por el uso que realiza de la figura del profesor visitante. En 2017, de los 2.020 PDIs que tenía, 256 estaban contratados bajo esta figura laboral, pensada para atraer talento de fuera a las universidades y que en las públicas españolas, excepto la UC3M, la Rey Juan Carlos y la Pompeu Fabra, es residual y no supera la decena de contratos por centro.

Lo explica una profesora experta en contratación en la universidad: “Es raro. Algo pasa, porque lo normal cuando viene alguien de otra universidad es que lo haga de año sabático o algo similar, y no lo tengas que contratar. La fórmula del visitante no es el procedimiento por el cual solemos ir a otra universidad, ni aquí ni en el resto del mundo. Las cifras de un dígito [de profesores visitantes en una universidad] me las creo. Las de dos por debajo de 20 ó 30, según el tamaño de la universidad, también. Por encima...”, deja el final de la frase a interpretación del lector.

Claridad normativa

La normativa no es que sea muy ambigua con la figura del profesor visitante, regulada tanto en la Ley Orgánica de Universidades (LOU, artículo 54) y el convenio colectivo de personal docente e investigador con vinculación laboral de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid (artículo 10, punto 6 y artículo 11, punto 5).

Dice el articulado: “[Este tipo de contrato] se podrá celebrar con profesores o investigadores de reconocido prestigio de otras universidades y centros de investigación, tanto españoles como extranjeros”.

Y remata el convenio específico madrileño: “La duración máxima del contrato de Profesor Visitante (sic) será de un año ampliable a dos en los supuestos razonados...”

Es evidente la incongruencia en la convocatoria de la UC3M desde la primera línea: “Esta convocatoria se enmarca dentro del desarrollo del programa de Consolidación de Profesorado no funcionario (4+2) en el Departamento de Tecnología Electrónica a través de la convocatoria de una plaza de Profesor Titular Visitante 4+2 [años]”.

La oferta se enmarca dentro del plan de consolidación del centro, que ya desde el preámbulo admite que “el tipo de plazas que se ha usado para contratar (fundamentalmente la figura del Profesor Visitante)” en los últimos años “no han sido las más idóneas, ya que al consistir en la concatenación de contratos anuales no permite una planificación de la carrera profesional correcta”.

Con estas líneas, el centro admite implícitamente que está utilizando esta figura legal para contratar a sus docentes, cuando está pensada como algo excepcional y para talento que venga de fuera (la ley habla de “profesores de reconocido prestigio”) y que muchos de sus muy numerosos profesores visitantes están superando los dos años de contrato que permite la norma (“concatenación de contratos anuales”, admite la UC3M).

Además, continúa la universidad, “el acceso a este programa se hará de forma competitiva entre los potenciales candidatos que al menos hayan completado dos cursos completos de actividad docente e investigadora en el DTE” (el Departamento de Tecnología Electrónica que convoca las plazas).

En este punto habría, de nuevo, un incumplimiento de la normativa, en este caso la Ley Orgánica de Universidades, que especifica en su artículo 54 punto que “el contrato [de profesor visitante] podrá realizarse a profesores o investigadores (...) de otras universidades y centros de investigación”.

Plazas sin concurso

Docentes de la UC3M explican algunas consecuencias de tener tantos profesores visitantes. En primer lugar, y con carácter general, el hecho de que la ley permite adjudicar estas plazas sin concurso público, básicamente a dedo. Uniendo esto a que los contratos normales se renuevan año a año, esto convierte al profesor visitante en dependiente de su director de departamento o del rector, que cada año tienen la potestad de finiquitar el contrato. “Trabajadores cautivos”, explican.

Por otro, hecho que afecta directamente a sus compañeros, creen que esta figura y cómo se está utilizando desvirtúa el famoso triunvirato de “igualdad, mérito y capacidad” que rige los procesos de selección en la administración pública. Esto se debe, explican, a que un profesor visitante (que no ha pasado por un concurso público para obtener su plaza) se pasa los años que esté trabajando acumulando méritos docentes o experiencia que luego cuenta para acudir a un concurso público por una plaza de funcionario, lo que supone un agravio comparativo para los demás. “Tienen un contrato ilegal que les habilita para competir conmigo, que tengo uno legal”, explica un profesor afectado.

“Por mucho menos en Alemania dimitió un ministro”, ha dicho Íñigo Errejón sobre la exclusiva de eldiario.es que informa de que a Cristina Cifuentes le regalaron en 2014 dos asignaturas del máster de la universidad Juan Carlos en el que se se matriculó en el curso 2011/2012. El diputado de Podemos se refiere a Theodor zu Guttenberg, ministro de Defensa de Angela Merkel y uno de los más valorados del gobierno alemán en 2012. Su carrera se truncó por un plagio. Perdió el título de doctor en Derecho y acabó por obligarle a dimitir como ministro en 2011. La revista Der Spiegel ofreció pruebas de que, al menos, había copiado 70 de las 470 páginas de su trabajo. Él admitió “errores”. Trató de parar el golpe renunciando al título de la Universidad de Bayreuth.

El de Cifuentes no es un caso de engorde de currículum habitual, ya que estos suelen estar más relacionados –como el de Guttenberg– con el plagio. En 2012, la canciller Merkel vio cómo otra de sus ministras, Annette Schavan, tuvo que renunciar a su doctorado y dimitir de la cartera de Educación por otro caso de plagio. Una denuncia anónima bastó para que la Universidad de Dusseldorf abriera una investigación y concluyera que había plagio: le retiró el título. Schavan insistió en su inocencia pero, aún así, prefirió abandonar el Ejecutivo para “no perjudicar”.

Otro plagio provocó la dimisión de Pal Schmitt como presidente de Hungría (puesto de representación institucional), también en 2012. Había fusilado una tesis francesa en 1992: 200 de las 215 páginas no eran suyas, como demostró una investigación de su universidad. En la Unión Europea también ha habido escándalos en ese sentido: Koch-Mehrin era vicepresidenta del Parlamento en 2011. La Universidad de Heidelberg confirmó el plagio que había destapado una plataforma online dedicada a revisar tesis y la política alemana dejó su puesto al frente de la Cámara, aunque no renunció al acta de diputada.

También ha ocurrido en EEUU: un asesor del presidente norteamericano George W.Bush, Timothy Goeglein, dimitió tras ser cazado copiando textos para sus columnas en prensa. Y el senador demócrata Joe Walsh tuvo que abandonar la carrera electoral en agosto de 2014 después de que el periódico The New York Times publicara que había plagiado su trabajo para graduarse en la Escuela de Guerra del Ejército. Meses después, la institución informó de que, tras investigar el asunto, había retirado su título a Walsh. El senador indicó que no renunciaba a su puesto, en el que le quedaban meses, pero sí admitió haber actuado inapropiadamente.

En España ha habido casos de dimisiones por estos motivos, pero pocos. La socialista Estela Goikoetxea dimitió como directora del Observatorio de Salud Pública de Cantabria pocos días después de oficiar de telonera a Susana Díaz en la presentación de su candidatura a las primarias del PSOE. Lo hizo porque en su currículum constaba que era licenciada en Biotecnología, pero nunca lo acabó. Poco después protagonizó un escándalo similar Gema Igual, alcaldesa de Santander del PP en sustitución de Íñigo de la Serna cuando este entró al frente del Ministerio de Fomento, al demostrarse que no estaba diplomada en Magisterio, aunque así se presentaba en las comunicaciones del PP. Ella defendió que siempre dijo que tenía “estudios en Magisterio”.

En 2013, Alejandro Blanco, presidente del COI, tampoco dimitió cuando eldiario.es desveló el plagio de su tesis doctoral, todavía entonces sin leer. Y el propio rector de la Universidad Rey Juan Carlos, la que regaló el máster a Cifuentes, Fernando Suárez, tuvo que convocar elecciones por el escándalo desvelado por eldiario.es de la decena de plagios que había hecho antes y durante su rectorado.

Una exposición sobre dibujos de los proyectos del arquitecto Ventura Rodríguez (1717-1785) en el centro Conde Duque de Madrid con motivo de su tricentenario, permite seguir su carrera como maestro de obras de la capital en un momento crítico: el reinado absolutista de Carlos III, cuando la ciudad comenzó a cambiar su fisonomía medieval. Y también las luchas encarnizadas entre alarifes por la influencia real y la riqueza material.

Como es público y notorio, vivimos en una época de arquitectos-estrella. No es la primera y previsiblemente no será la última. Aunque igual habría que remontarse a egipcios, chinos, griegos o romanos, la eclosión documental del arquitecto-estrella tiene lugar con el Renacimiento y se ha desarrollado a través de estilos como el Barroco, el Neoclásico y el Neogótico, el Racionalismo o el Organicismo (por mencionar solo unos pocos) hasta llegar a la globalización de nuestros días.

España había dado desde la Edad Media algunos edificios y equipamientos urbanos notables, pero tampoco demasiados. Están el gran complejo del Escorial, el palacio de Carlos V en Granada, el Obradoiro de la catedral de Santiago, algún palacete urbano o conjuntos como Úbeda... Nada comparable en cualquier caso a Italia, Francia e incluso a la Inglaterra de Iñigo Jones. Es significativo que las muestras más rotundas del barroco español no estuvieran tanto en la metrópolis como en las colonias, lugares donde durante el barroco se realizaron importantes obras de ordenación urbana.

No así en la capital del reino, que cruzó este periodo sin reformas significativas ni edificios notables. En gran medida, el Madrid de los Austrias venía a ser más o menos el que dejaron los últimos Trastámara. Sin embargo, la población se había multiplicado por cinco entre 1500 y 1600 y se doblaría de nuevo durante el siglo XVIII, pasando en esos dos siglos de 13.000 habitantes a 140.000.

No obstante, durante este tiempo, Madrid siguió encerrado en el recinto establecido por Felipe II. No hace falta explicar que ahí comenzaron las edificaciones en altura (las corralas) o el marasmo circulatorio y sanitario en que se encontraba la ciudad. Unas condiciones que también se daban en otra gran ciudad del país, Barcelona.

No solo tuvo que llegar Felipe V, sino que hubo que esperar a que se incendiara el Alcázar en 1734 para acometer algunas reformas. Este es el contexto en que operó Ventura Rodríguez, junto a otros dos importantes arquitectos de la época, Francesco Sabatini (1722-1797) y Juan de Villanueva (1739 - 1811).

Rodríguez, nacido en Ciempozuelos y de padre maestro de obra, había acudido a la capital y encontró trabajo como auxiliar de Juan Bautista Sacchetti (1690 -1764), discípulo del también italiano Felipe Juvarra (1678 - 1736) que había sido llamado por Felipe V para realizar los palacios de la Granja y Aranjuez y posteriormente el nuevo palacio Real. Juvarra, por cierto, murió en circunstancias algo misteriosas y ya entonces se rumoreó que fue asesinado debido a intrigas palaciegas. Este ambiente de pasillos peligrosos parece que era normal en la época y el mismo Ventura Rodríguez, al igual que sus coetáneos, se quejaban amargamente de las mil y una intrigas que les impidieron llevar a cabo tal o cual proyecto.

En cualquier caso, el joven Ventura, que tenía una gran mano para dibujar, lo cual se comprueba es esta exposición dedicada exclusivamente a sus dibujos, entró como delineante con Juvarra y cuando este murió, su sucesor en las obras Sacchetti, le mantuvo en el puesto. Con solo 24 años ya era aparejador segundo en el Palacio Real.

Durante los años siguientes Rodríguez va adquiriendo mayor renombre y realiza encargos notables como la capilla del Palacio Real, el rediseño de la basílica del Pilar en Zaragoza o iglesias como la de San Marcos en Madrid. Además, era desde 1752 director de Arquitectura de la Real Academia de San Fernando. Con treinta y cinco años todo parecía irle de cara. Pero ¡ah!, estamos ya en el absolutismo y entonces solo decidía en el reino un crítico, comisario y constructor principal: el rey.

Resultó que el rey que sucedió a Fernando VI (posiblemente el mejor de los Borbones y el más desconocido) llegaba de Italia donde ya había montado una corte de primer orden en Nápoles. Carlos III trajo consigo a Sabatini y tanto Sacchetti como su aún ayudante Rodríguez se vieron fuera de palacio de un día para otro. No solo eso, en 1760 y debido a un litigio con un estudiante de San Fernando, Rodríguez y Sacchetti fueron desterrados por algún tiempo a Valladolid. Ya se ve, la profesión de arquitecto cortesano era una actividad de riesgo.

El estilo de Ventura Rodríguez

Aquí comienza la carrera propiamente madrileña de Ventura Rodríguez, pero antes hablar un poco de su estilo. Normalmente se lee que Rodríguez se encuentra entre en Barroco y el Clasicismo. Lo cual es cierto. Pero en el periodo entre los años 50 y 60 del siglo XVIII, hubo algo que se llamó Rococó, presentado como extensión del Barroco pero que en un análisis más detallado tenía características formales bastante diferenciadas que incluían cierta racionalidad, contención y funcionalidad. Es también la época de un nuevo urbanismo racional, tal y como describían Diderot y D’Alembert la Ciudad en su Enciclopedia (1751-1762).

Rodríguez tampoco estuvo mucho tiempo parado. Aparte de encargos privados, e 1764 era nombrado maestro mayor del Ayuntamiento de Madrid, el arquitecto municipal, por así decir. Y solo seis años después de su defenestración palaciega, Rodríguez asume el puesto que le convertiría en un personaje de enorme influencia más allá de la capital: el Consejo de Castilla le encargó supervisar todas las obras (edificios oficiales de cualquier tipo) que se realizaran en el Reino. Rodríguez revisó, matizó o incluso rehízo decenas de obras repartidas por media España.

Como arquitecto municipal Rodríguez solo podía fiscalizar el aspecto exterior de los nuevos edificios, elevados casi en un 90% sobre solares anteriores. A él se debe la instalación de canalones en los tejados, las aceras de piedra, la voladura de los balcones... En realidad la traza medieval permaneció casi intocada, aunque se derribaron docenas de edificios, algunos muy relevantes, para construir sobre ellos.

Por aquel entonces no pasaba nada, lo medieval no estaba bien visto. De hecho el mismo Rodríguez se permitió derruir la antigua iglesia románica de Santo Domingo de Silos para construir otra de su diseño. En total supervisó 450 proyectos en los que también se nota su ojeriza a otros arquitectos locales.

Si no un urbanismo planificado, todavía incipiente, en el programa del despotismo ilustrado entraba una nueva monumentalidad publica que tendía a embellecer la ciudad a mayor gloria de los monarcas. En Madrid esto se plasmó en hospitales, museos, edificios oficiales o fuentes y puertas. La mayor parte de esta actividad salió a concurso y Ventura Rodríguez parece que se presentaba a todos.

Cuando Madrid cambió su fisonomía medieval

La exposición de Conde Duque se centra en esta etapa y es curioso ir viendo como se le iban a escapar encargos como el Prado, los hospitales de Atocha o la Casa de Correos. A cambio y aunque Rodriguez seguramente lo percibiera como un premio de consolación, a él se deben la fuentes de Cibeles, de Neptuno y de Apolo (finalizada tras su muerte), que desde entonces son hitos de la vida social de la ciudad. Antes con el Salón del Prado, hoy con manifestaciones o celebraciones de todo tipo.

Por otra parte, Ventura Rodríguez tenía el suficiente prestigio e influencias como para seguir recibiendo algunos grandes encargos, como la finalización del palacio de Liria (duques de Alba), la nueva fachada para la catedral de Pamplona (para lo cual demolió la anterior, gótica) o algún palacio nobiliario en los alrededores de Madrid.

La vida de este personaje, fundamental para entender la transición del Barroco al Clasicismo y el Historicismo en España, parece también una crónica sobre cómo se desarrollaba la cultura pública en la España de un despotismo progresivamente menos ilustrado. Ser el pet architect (expresión inglesa) de la Corte no solo significaba obtener grandes encargos sino, dado el carácter hipercentralista del sistema, disponer de un gran poder normativo. No estar en ese escalón tenía como consecuencia aparente una dura pelea, muchas veces poco edificante, por conservar o ampliar zonas de influencia menor.

Sabatini fue el favorito de Carlos III y Villanueva, más trascendente en su declarado neo-clasicismo, también estuvo protegido por ese rey y por Carlos IV. Comparado con ellos, Ventura Rodríguez fue un arquitecto burgués a regañadientes y su influencia fue algo menos ideológica pero muy práctica: no hay más que ver sus correcciones a edificios de todo tipo, sus alineaciones de calles, su imposición de alturas... Algo que aún disfrutamos y padecemos en los centros históricos de nuestras ciudades.

La Universidad Carlos III (Madrid) ha desconvocado el concurso para contratar un coche oficial y un chófer que suponía un gasto de 100.000 euros para disponer de un automóvil para el rector, Juan Romo, y otros cargos del tipo Lexus GS 300 o similar y un conductor disponible 13 horas al día.

El comunicado de la institución remarca que “no dispone de ningún vehículo propio” y que el único coche que iba a dar este servicio era el del concurso ahora desaparecido tras la campaña de protesta lanzado por estudiantes de la universidad.

La protesta desarrollada en internet razonaba que “hay coches más baratos, trayectos más cortos y horarios de trabajo de menos de 13 horas diarias. Aparquemos los coches oficiales de alta gama de las universidades”.

Tras aparecer la polémica en diversos medios de comunicación, el Rectorado de la universidad pública ha anunciado que no sigue adelante con la adjudicación con un escueto mensaje: “La Universidad desconvoca el concurso”.