El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha condenado a 16 años de inhabilitación para empleo o cargo público a una jueza de Badajoz por un delito continuado de prevaricación judicial al haber dictado resoluciones “arbitrarias” para dilatar el embargo de una cuenta bancaria a un empresario.

La sentencia impone además a la mujer 20 meses de multa con una cuota de 15 euros, y una indemnización de 15.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

Por otra parte, se absuelve a la acusada de un delito contra la libertad individual “por el que venía subsidiariamente acusada por la acusación particular, declarando de oficio las costas causadas por esta imputación”.

Según la sentencia, este delito continuado “ha causado, sin duda alguna, un daño moral” al empresario, que se concreta no solo en “el largo tiempo en el que ha estado privado de la libre disponibilidad de sus bienes”. También en que “fue sometido a un nuevo procedimiento judicial penal con todo lo que ello conlleva, nuevas diligencias que tuvo abiertas durante más de un año que implicaron la necesidad de designación de un letrado”.

Además el hombre “tuvo que asistir siempre que fue citado para comparecer ante esas diligencias”, sin olvidar “los varios recursos que se vio obligado a interponer hasta conseguir que la Audiencia provincial se pronunciara hasta en dos ocasiones, en sendos autos prácticamente consecutivos, por los mismos hechos”.

En este marco, el TSJEx considera que “con la cantidad de 15.000 euros puede verse atenuado todo el devenir que se ha expuesto en los hechos probados de esta sentencia”.

Los hechos se remontan a agosto de 2018 cuando la magistrada dictó sentencia condenatoria que imponía al empresario tres años de prisión como autor de un delito de insolvencia punible y declaraba nulas las transferencias realizadas desde una cuenta bancaria de una entidad. El condenado recurrió el fallo ante la Audiencia pacense, que lo absolvió en abril de 2019 y ordenó su inmediata puesta en libertad.

Sin embargo, la jueza mantuvo el bloqueo de la cuenta bancaria “sin justificar la decisión”, según la Fiscalía pacense, pese a que debía haberlo levantado de oficio también.

En ese momento se produjeron distintas resoluciones “arbitrarias”, expresaba la acusación, al dilatarse la entrega de la cantidad que debió devolverse desde 2019 tras la sentencia absolutoria después del recurso, embargo que se levantó finalmente en mayo de ese año.

No obstante, quedó pendiente todavía una partida que la Audiencia pacense pidió que se devolviese al empresario en una decisión tomada en abril de 2025, lo que finalmente se produjo, pero este acabó interponiendo la querella por los efectos causados por todas estas decisiones. 

La Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de les Balears (TSJIB) ha condemnat a dos anys d'inhabilitació una magistrada per dictar dues resolucions judicials que no van permetre a una empresa en concurs interposar recurs, malgrat que la llei sí que ho contemplava. La Sala considera que l'acusada va actuar amb greu imprudència, si bé descarta que ho fes amb dol.

El cas s'inscriu en el procediment concursal de Grupo 4 Islas Balears S.L., empresa que explotava l'hotel Torre Blava a s'Arenal de Llucmajor. Segons la sentència, la jutgessa, que exercia com a substituta al Jutjat del Mercantil número 1 de Palma, va incórrer en un “error inexcusable” en considerar que les decisions que va adoptar en aquest procediment eren de tràmit i, per tant, no podien ser recorregudes, la qual cosa va impedir que la mercantil recorregués dues providències dictades el juliol de 2023.

El tribunal subratlla que estava “convençuda, encara que no fos així, del seu caràcter irrecurríble”. Els magistrats descarten, tanmateix, que actués amb dol -el que evita una condemna per prevaricació-, però conclouen que sí que va incórrer en greu imprudència en dictar resolucions “manifestament injustes” i de “flagrant il·legalitat”.

Vulneració del dret a recórrer

La Sala és contundent en assenyalar que “cap interpretació” de l'article 448 de la Ley de Enjuiciamiento Civil emparava impedir el recurs contra les dues providències. És més, sosté que la negativa a permetre la impugnació “no només és errònia”, sinó que “s'aparta de qualsevol interpretació acceptable de la Llei” i fins i tot “contravé el tenor literal de la mateixa”, vulnerant el principi d'accés als recursos.

“Ens trobem davant del cas que la magistrada querellada va actuar creient temerarament que la resolució que dictava era correcta, quan era flagrant la seva il·legalitat”, apunta la Sala, que arriba a la convicció que la jutgessa acusada va actuar amb greu imprudència i va dictar unes resolucions manifestament injustes.

Amb tot, la Sala no aprecia retret penal en la conducta que se li atribueix a la magistrada per part de l'acusació de no haver executat immediatament un anterior acte de remoció de l'administrador concursal cessat. En aquest sentit, els magistrats consideren que la seva actuació era defensable, tenint en compte que a l'hotel van succeir una sèrie d'aldarulls que exigien auxili judicial i que l'administrador cessat havia anunciat i presentat un recurs de reposició contra el seu cessament. En la pràctica, afegeixen, no és inusual esperar que es resolgui el recurs abans de fer efectiu el relleu.

La magistrada ha estat condemnada a dos anys d'inhabilitació i al pagament de la meitat de les costes del procés al Ministeri Fiscal i a l'acusació particular. Per contra, el tribunal l'absol d'un altre dels retrets plantejats: no haver executat de forma immediata un acte que ordenava la remoció de l'administrador concursal. La decisió no és ferma, cap recurs d'apel·lació davant del Tribunal Suprem.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ha condenado a dos años de inhabilitación a una magistrada por dictar dos resoluciones judiciales que no permitieron a una empresa en concurso interponer recurso, pese a que la ley sí lo contemplaba. La Sala considera que la acusada actuó con grave imprudencia, si bien descarta que lo hiciese con dolo.

El caso se inscribe en el procedimiento concursal de Grupo 4 Islas Balears S.L., empresa que explotaba el hotel Torre Azul en s'Arenal de Llucmajor. Según la sentencia, la jueza, quien ejercía como sustituta en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Palma, incurrió en un “error inexcusable” al considerar que las decisiones que adoptó en este procedimiento eran de trámite y, por tanto, no podían ser recurridas, lo que impidió que la mercantil recurriera dos providencias dictadas en julio de 2023.

El tribunal subraya que estaba “convencida, aun cuando ello no era así, de su carácter irrecurrible”. Los magistrados descartan, con todo, que actuara con dolo -lo que evita una condena por prevaricación-, pero concluyen que sí incurrió en grave imprudencia al dictar resoluciones “manifiestamente injustas” y de “flagrante ilegalidad”.

Vulneración del derecho a recurrir

La Sala es contundente al señalar que “ninguna interpretación” del artículo 448 de la Ley de Enjuiciamiento Civil amparaba impedir el recurso contra las dos providencias. Es más, sostiene que la negativa a permitir la impugnación “no solo es errónea”, sino que “se aparta de cualquier interpretación aceptable de la Ley” e incluso “contraviene el tenor literal de la misma”, vulnerando el principio de acceso a los recursos.

“Nos encontramos ante el caso de que la magistrada querellada actuó creyendo temerariamente que la resolución que dictaba era correcta, cuando era flagrante su ilegalidad”, apunta la Sala, qye llega a la convicción de que la jueza acusada actuó con grave imprudencia y dictó unas resoluciones manifiestamente injustas.

Con todo, la Sala no aprecia reproche penal en la conducta que se le atribuye a la magistrada por parte de la acusación de no haber ejecutado inmediatamente un anterior auto de remoción del administrador concursal cesado. En este sentido, los magistrados consideran que su actuación era defendible, teniendo en cuenta que en el hotel sucedieron una serie de altercados que exigían auxilio judicial y que el administrador cesado había anunciado y presentado un recurso de reposición contra su cese. En la práctica, añaden, no es inusual esperar a que se resuelva el recurso antes de hacer efectivo el relevo.

La magistrada ha sido condenada a dos años de inhabilitación y al pago de la mitad de las costas del proceso al Ministerio Fiscal y a la acusación particular. Por el contrario, el tribunal la absuelve de otro de los reproches planteados: no haber ejecutado de forma inmediata un auto que ordenaba la remoción del administrador concursal. La decisión no es firme, cabe recurso de apelación ante el Tribunal Supremo.

Pedro F. (nombre ficticio) recuerda con nitidez el día en que cambió su vida cuando supo que tenía cáncer. “Dentro de lo duro del diagnóstico, pensé que estaba en buenas manos”, explica. En una provincia pequeña como Huesca, añade, la confianza en el sistema sanitario es casi automática: “No te planteas dudar. Sigues el tratamiento que te pautan y confías”. Hoy, sin embargo, esa certeza se ha quebrado: “Ahora no sé si el tratamiento me ayudó o me perjudicó”. El testimonio que realiza a elDiario.es es uno de los que han puesto rostro al impacto humano de la investigación judicial abierta por la actuación de un oncólogo del Hospital Universitario San Jorge de la capital oscense.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Huesca ha acordado la inhabilitación cautelar del facultativo para el ejercicio de la medicina mientras se esclarece si su práctica clínica pudo provocar decenas de daños a pacientes oncológicos e incluso la muerte de tres de ellos. La investigación ha sacudido a pacientes, familias y profesionales sanitarios de toda la provincia.

Durante meses, la evolución de Pedro no fue la esperada. “Cada vez me encontraba peor, pero me decían que entraba dentro de lo normal. Que el tratamiento era agresivo y que había que aguantar”. Las dudas comenzaron a crecer hasta que, por recomendación de su entorno familiar, solicitó una segunda opinión fuera de Huesca. “Ahí empezó todo. Revisaron mi historial y me preguntaron por qué se había seguido ese protocolo conmigo. El médico se quedó en silencio. Ese silencio lo recuerdo perfectamente”.

Poco después llegaron las primeras llamadas del hospital oscense para revisar su caso y, más tarde, la confirmación de que el oncólogo había sido apartado de su puesto. “Te invade una mezcla de miedo y rabia. No solo por tu salud, sino por la sensación de que algo tan serio como un tratamiento contra el cáncer pudo haberse hecho mal”. En su caso, los efectos secundarios han sido “considerables” y todavía desconoce si las secuelas serán permanentes.

La causa judicial se inició a partir de una denuncia presentada por el Servicio Aragonés de Salud (Salud), tras una investigación interna que desembocó, el pasado verano, en la suspensión provisional del médico. Con la documentación aportada por la administración sanitaria, la Policía Judicial investiga ahora si las actuaciones del oncólogo derivaron en hasta 25 presuntos casos de lesiones imprudentes y tres posibles delitos de homicidio imprudente. El proceso estuvo bajo secreto de sumario hasta mediados de noviembre, cuando el juzgado acordó levantarlo.

A medida que el caso ha ido trascendiendo, han aflorado más testimonios. “Cuando empiezas a hablar con otras personas afectadas te das cuenta de que no son situaciones aisladas”, señala Pedro. “Tratamientos que no funcionaban, decisiones poco claras, revisiones que se retrasaban. Y luego te enteras de que hay familias que han perdido a alguien. Eso te acompaña siempre”.

Desde Salud insisten en que la inhabilitación acordada por el juzgado es una medida cautelar y que corresponde ahora a la investigación judicial determinar si existió negligencia o mala praxis. La gerente del organismo, Ana Castillo, ha subrayado que el médico ya no ejerce en ningún centro público desde el pasado mes de julio y que, durante el tiempo previo a su suspensión, su actividad estuvo supervisada.

Mientras la causa avanza en los tribunales, los pacientes afectados reclaman respuestas y garantías. “No busco venganza ni señalar a nadie antes de tiempo”, concluye Pedro. “Solo quiero saber la verdad y que esto no vuelva a pasar. Cuando entras en una consulta de Oncología lo haces con miedo, pero también con una confianza absoluta. Y cuando esa confianza se rompe, cuesta mucho volver a creer”.

La gerente del Servicio Aragonés de Salud, Ana Castillo, ha dado a conocer este viernes la decisión del Juzgado de Instrucción número 3 de Huesca de inhabilitar de forma cautelar a un oncólogo del Hospital Universitario San Jorge de Huesca por tres presuntos delitos de homicidio imprudente y otros 25 posibles casos de lesiones imprudentes.

La medida judicial viene motivada por una denuncia presentada por el Servicio Aragonés de Salud a partir de una comunicación del propio Hospital San Jorge y de un primer informe remitido por la Gerencia de Huesca el pasado 12 de marzo en el que se advertían sobre la posible mala praxis reciente de un médico oncólogo del centro hospitalario de la capital oscense, que fue apartado de sus funciones de manera provisional el pasado 7 de julio “y ya no trabaja en ese hospital ni en ningún centro sanitario público”, ha remarcado Castillo.

Desde el Salud han aclarado que durante el periodo que ha durado la investigación interna hasta la suspensión de funciones, las actuaciones de este facultativo fueron supervisadas.

El oncólogo ha sido inhabilitado provisionalmente por orden judicial para el ejercicio de su profesión en la rama sanitaria desde el pasado 20 de noviembre mientras dure la presente causa y hasta que recaiga sentencia firme en la misma o varíen las circunstancias que han motivado su adopción.

Investigación “caso por caso”

El juez de instrucción considera, de conformidad con lo solicitado por el Ministerio Fiscal, que la medida cautelar de inhabilitación para el ejercicio de su profesión sanitaria es necesaria y proporcionada en este caso ante la denuncia presentada por el Salud.

Ana Castillo ha asegurado que “al día siguiente” de recibir ese primer informe, los servicios centrales del Salud abrieron una investigación interna exhaustiva en la que, “con asesoramiento científico, se miró caso por caso, historia por historia” para determinar la posible existencia de indicios de delito. Ello dio lugar a un segundo informe de fecha 21 de mayo y un tercero de 4 de julio en los que se aportaron más casos sospechosos.

Esas informaciones llevaron al Salud el 7 de julio a incoar un expediente disciplinario y a remitir toda la documentación a la Fiscalía al entender que había indicios de posibles delitos. Posteriormente, ha completado el relato Castillo, la Fiscalía dio traslado al Juzgado de Instrucción de Huesca, que impulsó una investigación a cargo de la Policía Judicial.

Aun se aportó un cuanto informe del que ya se dio traslado directamente desde la gerencia del sector de Huesca al juzgado, dado que la causa ya estaba bajo secreto de sumario. Un estado que se ha prolongado hasta el pasado 12 de noviembre, cuando el juzgado acordó su levantamiento, lo que fue notificado en días posteriores.

Castillo ha aducido razones de confidencialidad y que la causa judicial permanece abierta para no aportar más datos sobre el tipo de praxis, el alcance de las lesiones causadas y el tiempo que llevaba trabajando esta persona en el San Jorge.

La gerente del Servicio Aragonés del Salud ha lamentado este hecho, ha manifestado su apoyo a los afectados, así como la colaboración y disposición mostradas a todas las solicitudes por parte de la investigación judicial. “ES un caso lamentable y excepcional y los servicios de oncología de nuestra Comunidad autónoma desarrollan su trabajo con alta cualificación, profesionalidad y humanidad”, ha subrayado, además de remarcar que la denuncia partió del propio Salud y en ningún caso de un paciente.

El Salud ha creado un equipo de atención a los afectados y familias para atender a aquellas personas a quienes notifique el juez como posibles perjudicados. Para ello ha facilitado un teléfono de contacto de este equipo al juzgado para que desde allí lo proporcionen a estas personas.

La Asociación Española Contra el Cáncer se pone a disposición de los pacientes y familiares

Ante la situación comunicada por parte del Gobierno de Aragón en referencia a la posible imprudencia de un oncólogo del servicio de oncología de Huesca y la inhabilitación de este provisionalmente por parte de los juzgados, la Asociación Española Contra el Cáncer ha emitido un comunicado para poner sus servicios a disposición de todos los pacientes afectados y sus familias.

Para acceder a ellos tienen que llamar a nuestro teléfono gratuito 900.100.036 que está operativo las 24 horas del día los 7 días de la semana. Desde la Asociación Española Contra el Cáncer han agradecido las gestiones realizadas por el Servicio Aragonés de Salud con el inicio de la investigación y los protocolos aplicados por el bien del paciente.

Han pasado unos días desde que el Tribunal Supremo confirmara su veredicto de culpabilidad contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos. Como sigue sin haber una sentencia con la que podamos indagar en las motivaciones que hayan llevado al tribunal a tomar esa decisión, seguimos haciéndonos preguntas: ¿era previsible que un órgano como el Tribunal Supremo tomara esta decisión? ¿en qué otra situaciones el Supremo ha tomado decisiones equiparables a esta o que nos puedan haber llamado la atención? ¿Ha sido una sentencia más política que jurídica? ¿Es una victoria política indudable de Isabel Díaz Ayuso?

Intentamos contestar a estas y a otras preguntas con el director de elDiario.es, Ignacio Escolar.

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El Tribunal Supremo ha declarado culpable al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos. La condena le inhabilita para el cargo por dos años, le impone una multa de 7.200 euros y le obliga a indemnizar con 10.000 euros a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. El tribunal condena al fiscal general a pesar de la inexistencia de pruebas directas, y a pesar de los cinco testimonios de cinco periodistas diferentes que negaron que García Ortiz les filtrase el correo electrónico en el que el abogado de González Amador admitía haber cometido un delito de fraude a Hacienda.  

Con Iñigo Sáenz de Ugarte y Alberto Pozas, periodistas de elDiario.es que han cubierto este proceso, analizamos las claves de una condena histórica a la espera de conocer los razonamientos del Tribunal Supremo en la sentencia.  

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El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha estimado parcialmente el recurso de apelación interpuesto por Luis Calvo, alcalde de Agolada, frente a la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra que lo condenó a 3 años y medio de cárcel, y lo ha absuelto del delito de falsedad en documento oficial —aunque mantiene la prevaricación—, por lo que elude esa pena privativa de libertad.

En su resolución, recogida por Europa Press, el alto tribunal gallego estima que no hubo un delito de falsedad documental y expone que la sentencia de la Audiencia estableció que el regidor había falsificado un informe aprobado en Junta de Gobierno, cuando este órgano aún no se había constituido. El TSXG señala que esa situación es “irrelevante”, puesto que el alcalde resolvió la cuestión “en el ámbito de sus competencias”, es decir, que el precinto de unas obras es competencia del regidor y no de su Junta de Gobierno.

Para el TSXG, “por más que falta a la verdad” el alcalde cuando alude a un documento de la Junta de Gobierno, esa circunstancia es “inocua” a efectos de ordenar el precinto, en este caso, de una depuradora de una empresa de lácteos.

Con todo, el Tribunal Superior sí ve acreditada la comisión de un delito de prevaricación, porque la decisión del alcalde se adoptó sin ningún tipo de procedimiento administrativo, y comparte los argumentos de la Audiencia de Pontevedra, de que ese modo de actuar supuso un “claro abuso de poder”.

Por todo ello, el TSXG ha acordado absolver a Luis Calvo del delito de falsedad documental —el que llevaba aparejada la pena de prisión—, y condenarlo a 9 años de inhabilitación para empleo o cargo público como autor de un delito de prevaricación. Asimismo, mantiene que debe indemnizar a la empresa de lácteos en casi 24.800 euros por las pérdidas ocasionadas.

La sentencia del Tribunal Superior no es firme y contra ella puede interponerse recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, rompió su silencio sobre la anunciada candidatura de Rafael Louzán a presidir la Federación Española de Fútbol (RFEF). Primero en un acto previo al Día de las Personas con Discapacidad y, después, en El Larguero de la Cadena SER, donde Uribes definió la situación de Louzán -sobre el que pesa una inhabilitación para ejercer cargo público- como “más grave” que la del imputado Pedro Rocha, al que la Audiencia Nacional no le concedió las medidas cautelares que solicitó para poder concurrir a las elecciones.

“¿Qué le parece que un presidente que está pendiente de una inhabilitación y que podría llegar a cumplirla siendo presidente de la Federación quiera ser el hombre que dirige el fútbol español?”, inquirió el director del programa, Manu Carreño. “La respuesta casi se deduce de la pregunta”, fue la réplica de Uribes, quien añadió a renglón seguido: “He visto que el presidente de la Xunta de Galicia le apoya; yo he intentado evitar decir nombres, pero sí creo que entre los requisitos está respetar los estatutos de la propia Federación”.

El presidente del CSD relacionó la situación de Louzán -que ha recurrido ante el Tribunal Supremo la inhabilitación confirmada por la Audiencia de Pontevedra- con la del actual presidente, Pedro Rocha, que no podrá optar de nuevo al cargo. “Está inhabilitado por el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) está en un proceso penal, pero no tiene ninguna sentencia en contra, goza de presunción de inocencia”. Aún así, “la Audiencia Nacional ha dicho que no le daba la cautelar por el riesgo (...) de un daño mayor: por si en el futuro se produce otra situación de crisis en la Federación que afecta a la reputación de España”. Y ya refiriéndose a Louzán: “En este caso estamos ante una situación más grave. Deberían pensar los asambleístas si es bueno o no para la Federación. Yo creo que no”.

El plazo para la presentación de candidaturas a la presidencia de la RFEF finaliza hoy. Según explicó en el propio programa el periodista Antón Meana, la “idea” para garantizar un proyecto continuista es “que haya dos candidatos”. Louzán, presidente de la Federación Gallega, que presentará entre 80 y 100 avales y un “plan B”, Sergio Merchán, presidente de la extremeña, que se aseguraría el número minímo de avales para optar al proceso.

A Uribes le preguntaron qué normativa puede tener más peso en este proceso: si los estatutos de la RFEF, que marcan como un requisito para ser dirigente “no estar inhabilitado para desempeñar cargos públicos” o bien el reglamento electoral que indica que “No serán elegibles quienes estén habilitados con sentencia judicial firme”. La de Louzán, recurrida ante el Supremo, aún no lo es.

El presidente del CSD contestó “como jurista” que “lo que prima más es el sentido común o el buen sentido”. Invitó a reflexionar sobre “de dónde venimos, qué está sucediendo” y, por eso, “más allá del debate sobre qué artículo se aplica o qué norma prevalece” señaló que “hay determinados caminos que llevan a una continuiad que no es buena para la Federación”.

Tampoco adelantó qué pasos daría el Consejo si se confirma la candidatura de Louzán: “Plantearemos lo que se deba plantear de acuerdo con la ley”. Sin querer “personalizar” en el expresidente de la Diputación de Pontevedra, asumió que en “una situación en la que un candidato no cumpla los requisitos, vamos a garantizar la legalidad”.

Aunque niega “injerencias” del órgano que preside, Uribes sí confirmó que junto a la UEFA y la FIFA, a través de la comisión que dirige el exseleccionador Vicente del Bosque “han ayudado” a buscar un “equilibrio” en la RFEF, ya que, aunque es una “entidad autónoma, privada” tiene “funciones públicas, sociales, de representación institucional, el himno, la bandera...”. Por eso, “aunque no votamos, sí hemos sugerido que se respeten algunos criterios”.

Preguntado sosbre si el CSD pudo “hacer más” para evitar esta situación de continuos problemas judiciales en la RFEF, Uribes recordó que “las normas son las mismas” para las 66 federaciones deportivas de España, y puso como ejemplo las elecciones y la “transición extraordinaria” llevada a cabo en la de baloncesto.

“Es verdad que este sistema es endogámico” pero su resultado “tiene que ver con la actitud y con las personas y creo que lo que hay que hacer es que, si hacen endogamia, que sea buena, que elijan a los mejores”. Anunció que el Gobierno va a “ayudar a que se hagan bien las cosas” y para eso, “en estos días” presentará un código de “buen gobierno” para todas las federaciones. “Una serie de reglas deontológicas que, si se cumplen, las cosas se hacen mejor”.

“A ver si cumple Louzán ese código”, intervino Carreño. “Louzán o el que se presente”. “Vamos a ver quién se presente y les pediría generosidad: personas que sepan que su condición personal no va a dañar el prestigio del fútbol español”, concluyó Uribes.

La Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado a once años de inhabilitación para ejercer cargo público a cinco alcaldes de localidades del Valle del Jerte como autores de un delito de prevaricación administrativa por permitir el vertido del destrío de cerezas en lugares no autorizados. En concreto, se ha condenado a los exregidores de Cabezuela del Valle, Navaconcejo y Cabrero, que ocuparon su cargo hasta 2019, y a los de Rebollar y Tornavacas, que aún ejercen de alcaldes.

La sentencia hace referencia a que en junio de 2014 se certificó a dichos ayuntamientos la finalización de las obras de recuperación ambiental de zonas degradas en la comarca del Valle del Jerte, llevadas a cabo en sus vertederos. “Queda suficientemente acreditado que los acusados conocían y perfectamente sabían que esas superficies habían sido recuperadas, a partir de ese momento quedaban libres de depositar en ellas nuevos vertidos de residuos y consiguientemente sabían que quedaba prohibido”, señala el texto.

Asimismo, agrega que los alcaldes “conocían la advertencia” que desde la Diputación Provincial de Cáceres se les había hecho respecto a la vigilancia y control de esas zonas en cuanto que estaban todas ubicadas en terrenos de propiedad municipal. “Y pese a ello, permitieron en su condición de alcaldes que continuasen los vertidos en dichas zonas, y no hicieron nada por evitarlos”, indica la sentencia.

De igual forma, apunta que los alcaldes “decidieron arbitrariamente omitir velar por los indicados bienes municipales y se mantuvieron arbitrariamente inactivos en la evitación de los nuevos depósitos y vertidos de residuos (destríos de cerezas y otros deshechos) en zonas recuperadas”.

“Incluso, algunos de los acusados alcaldes mantuvieron conductas arbitrarias ciertamente activas, pues los alcaldes de Tornavacas, Cabrero y Rebollar permitieron la colocación de carteles y dictaron bandos municipales informando a los vecinos de que allí se podían hacer vertidos”, agrega la sentencia.

Por todo, la Audiencia les condena, como autores penalmente responsables de un delito de prevaricación administrativa, a la pena de inhabilitación especial para el empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, por tiempo de once años.

Estas penas conllevan la pérdida de cualquier cargo, oficio, empleo o puesto electivo o de confianza, en el seno de cualquier administración pública, bien local, autonómica o nacional, junto con la imposibilidad de obtener los mismos cargos u otros análogos durante el tiempo de la condena, en particular los que lleven consigo el carácter de autoridad o aquellos cuya designación se haga por elección durante el tiempo de la condena.

Esta sentencia no es firme y contra ella cabe interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura dentro de los diez días siguientes a la notificación. 

La Junta Electoral Central ha inhabilitado al alcalde de Conquista de la Sierra (Cáceres), Fernando Sánchez Prieto (PP) y a concejala Gema Repollés Prieto en aplicación de la sentencia del pasado mes de mayo, que los consideraba culpables de prevaricación urbanística e imponía la inhabilitación especial para cargo público.

El acuerdo de la Junta Electoral ha sido adoptado tras la solicitud del PSOE de Cáceres y después de que el 9 de mayo de 2022 el Juzgado de lo Penal Número 2 de Cáceres les condenase a la pena de 3 años y 6 meses de inhabilitación especial para cargo público y 9 meses y 1 día de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

El pasado 28 de junio, la JEC recibió la reclamación del PSOE provincial de Cáceres en la que pedía se procediese a declarar la inelegibilidad de los dos ediles, así como expedir las credenciales a los candidatos siguientes en número de votos.

El acuerdo de la Junta Electoral Central señala que es firme en vía administrativa, aunque cabe la interposición de recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses.

El PSOE de Conquista de la Sierra ya pidió la dimisión de ambos, condenados por un delito de prevaricación urbanística por el proyecto de 2014 de la urbanización “Las Erillas” en suelo no urbanizable. Según el PSOE, el alcalde y la concejala debían abandonar sus respectivos cargos, ya que habían admitido delante de los tribunales que incurrieron en prevaricación urbanística y que engañaron a Diputación de cara a recibir unas subvenciones para obras. 

El Tribunal Constitucional ha hecho pública su sentencia de más de 200 páginas en la que rechaza el recurso del expresident Quim Torra contra su condena por desobediencia. Una condena de inhabilitación por negarse a retirar símbolos independentistas de la fachada de edificios públicos en la campaña electoral de 2019 que le costó el sillón de diputado en el Parlament y, en última instancia, el puesto de president de la Generalitat de Cataluña. Dos de los magistrados del pleno han emitido votos particulares en los que cuestionan que un juez del tribunal no fuera apartado y, también, que las consecuencias de su condena son desproporcionadas.

Tal y como ya hizo público el tribunal de garantías la semana pasada la inmensa mayoría de los miembros del pleno avalan la condena de Quim Torra. Año y medio de inhabilitación por un delito de desobediencia que el Tribunal Supremo confirmó en septiembre de 2020 por negarse a retirar pancartas y lazos amarillos - simbología independentistas - de edificios públicos durante la campaña de las generales de 2019, tal y como había exigido la Junta Electoral Central. Una condena que le privó de su escaño en el Parlament así como de la presidencia de la Generalitat.

La mayoría del pleno del Constitucional rechaza sus argumentos. Por ejemplo, afirman que la condena no ataca su derecho a la libertad ideológica o libertad de expresión. “No ha sido condenado por sus ideas, opiniones o manifestaciones, sino por el incumplimiento de unos requerimientos derivados de un uso inadecuado de los edificios públicos que estaban sujetos a su responsabilidad de gestión”, le reprocha el pleno. Su decisión de no retirar los lazos cuando lo ordenó la Junta Electoral, sigue el Constitucional, “no estaba amparada en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales invocados” por su defensa.

También rechazan los magistrados que la actitud de Torra pueda equipararse a la de cualquier otro ciudadano que quisiera expresar apoyo a los presos independentistas durante una campaña electoral. “No se puede colocar en el mismo plano axiológico a un cargo público que a un ciudadano. El recurrente asumía la máxima responsabilidad de una administración pública como la Generalitat y, como tal, estaba sometido al principio de legalidad”, zanja el Constitucional.

La decisión ha contado con el voto particular de dos magistrados: el vicepresidente Juan Antonio Xiol y el recién incorporado Juan Ramón Sáez, los dos considerados del sector progresista del tribunal de garantías. El escrito de Xiol, apoyado por Sáez, cuestiona el alcance de las consecuencias que tuvo la condena de inhabilitación con la pérdida del escaño y la presidencia. Tal y como sostuvo durante las deliberaciones, Xiol entiende que sus compañeros tendrían que haber examinado si el artículo del Código Penal que establece “la privación definitiva del empleo o cargo” de quien sea condenado a inhabilitación“ es constitucional.

Según su opinión, esa consecuencia tajante puede no ser proporcional si se examina en relación con el derecho de acceso a los cargos públicos que recoge la Constitución en su artículo 23.2. Habla también de una “ausencia de regulación legal” para medir estos efectos, la ausencia de aplicar una “rehabilitación” a los que pierdan el cargo público representativo una vez cumplida la condena. Cuando un cargo público es condenado a inhabilitación especial, razona, “el efecto de la pérdida del cargo público es ineludible sin posibilidad de ponderación alguna por parte del aplicador jurídico”.

El presidente del tribunal

Ramón Sáez, magistrado también del sector progresista y una de las últimas incorporaciones al pleno, también se ha adherido a este argumento y ha planteado algunos más. Por ejemplo, cuestiona el antiguo magistrado de la Audiencia Nacional que Torra fuese juzgado y condenado, entre otros, por Jesús María Barrientos, presidente del Tribunal Superior de Cataluña que firmó su condena por inhabilitación. Barrientos participó en la admisión a trámite de la querella que desembocó en la condena y, además, abandonó un acto en el Colegio de Abogados de Barcelona en febrero de 2018 cuando Roger Torrent, presidente del Parlament, habló de “presos políticos”.

Para Sáez, es “razonable y legítima la duda sobre la posición institucional” de Quim Torra sobre Barrientos en este proceso. El objetivo no es analizar si es un juez imparcial, sino también la imagen que proyecta de la Justicia ante los ciudadanos: “Si está en condiciones de presentarse y ofrecer una imagen adecuada para generar la confianza de las partes y de la sociedad respecto a su posición como tercero”, razona este magistrado.

El incidente de recusación de Torra contra Barrientos y otro magistrado fue rechazado a finales de 2019 por parte del propio TSJC. Los jueces avalaron a su compañero y aseguraron que no tenía ninguna razón para apartarse del proceso: “Ninguno de los comportamientos públicos en forma de manifestaciones o conductas o incluso resoluciones del magistrado señor Barrientos revela una pérdida de imparcialidad objetiva o subjetiva por su parte, sea por razón de ostentar un interés en la causa o de profesar una enemistad manifiesta hacia el acusado”, dijo el tribunal superior catalán.

La alcaldesa de Alcorcón del PSOE, Natalia de Andrés, ha sido condenada por la quiebra de la Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón (EMGIASA) en la época en la que el también socialista Enrique Cascallana estaba al frente de la Alcaldía y ella era una de las administradoras de la mercantil.

En la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid, a la que ha tenido acceso Europa Press, se inhabilita a Natalia de Andrés a cinco años de inhabilitación para gestionar y administrar bienes ajenos públicos y privados. En el caso de Cascallana, la inhabilitación se eleva a diez años. También se inhabilita a otros administradores del consejo de administración.

Devolución de los bienes

La condena a De Andrés incluye la pérdida de “cualquier derecho que tuviera como acreedora concursal contra la masa” y la “devolución a la masa de los bienes o derechos que pudiera haber obtenido indebidamente del patrimonio del deudor o que hubiese recibido de la masa”. De igual modo, ha sido condenada de modo mancomunado a la “cobertura de la totalidad del déficit concursal contable por créditos concursales y contra la masa”. El procedimiento mercantil se inicia con la declaración concursal de la mercantil Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón y la apertura en abril de 2015 de la fase de liquidación.

El Ministerio Fiscal realizó una propuesta de calificación del concurso como culpable, señalando como personas a las que debe extenderse dicha calificación a los administradores de dicha mercantil, entre ellos la actual alcaldesa y Cascallana.

En la sentencia, el juez aprecia “graves y constantes irregularidades contables reiteradas al menos en tres ejercicios contables”. Detalla que las anomalías detectadas consisten en “la no contabilización de provisiones por responsabilidades por importe superior a los 68 millones de euros, así como al trasvase de beneficios y financiación ordinaria y regular de la explotación de la sociedad concursada a contrato concesional público a muy largo plazo por importe de 93 millones de euros”.

Por tanto, acuerda que procede imponer a los demandados, tanto personas físicas administradoras de derecho, como jurídica administradora de hecho, la condena a cubrir el déficit, que se liquidará en el momento oportuno.

Explicaciones a Lobato

Tras conocerse el fallo, la secretaria general del Partido Popular de Madrid, Ana Camíns, ha exigido la dimisión inmediata de la alcaldesa de Alcorcón. Para Camíns “es una vergüenza que con esta sentencia Natalia de Andrés continúe al frente del Ayuntamiento”, por lo que entiende que “no puede seguir ni un minuto más gestionando un municipio de más de 170.000 habitantes”.

Camíns ha pedido explicaciones “urgentes” al socialista Juan Lobato, ya que a su juicio “Lobato no puede seguir guardando silencio ante una sentencia de este calibre, a la que se suman a los escándalos en varios municipios del sur de Madrid”.

El Parlament de Catalunya comienza a tener experiencia en materia de retirada de escaños. No era una práctica que la Cámara conociera demasiado antes de octubre de 2017, pero en la pasada legislatura las suspensiones afectaron a varios diputados, incluyendo a los presos y el president Quim Torra. Con este historial, no ha habido sorpresa cuando este martes el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha dictado la inhabilitación contra el representante de la CUP Pau Juvillà por un delito de desobediencia consistente en haberse negado a retirar unos lazos amarillos de su despacho en el Ayuntamiento de Lleida. Un caso que ya ha comenzado a tensionar a la Mesa, de la que es miembro, y que pone directamente en la picota a la presidenta Laura Borràs.

Si alguna voluntad tiene la jefa de la Cámara es representar un papel diferente al de su predecesor en el cargo, Roger Torrent, a quien Junts atizó sin descanso aduciendo que no había defendido suficientemente a los diputados y en concreto a Torra. La inhabilitación de Pau Juvillà es una oportunidad de oro para que Borràs muestre con hechos si efectivamente una presidenta del Parlament puede evitar que un representante pierda su escaño, resistiendo a la presión de tribunales e instituciones electorales.

La jefa de la Cámara ya se prepara para un choque más que probable con la Junta Electoral, después de que haya prometido que no retirará el acta al de la CUP como se hizo con Torra, es decir, antes de que la sentencia sea firme. Este es también el acuerdo al que ha llegado la Mesa, de mayoría independentista, que se ha conjurado para mantener el escaño de su compañero. La CUP, por su parte, asegura que quiere convertir el caso de Juvillà en un “bumerán contra el Estado”, para lo que reclama el apoyo de todos los grupos soberanistas, a quienes pide mantenerse firmes y defender que es el Parlament quien tiene derecho a decidir en última instancia sobre la situación diputado.

De entrada, la idea de Borràs y los independentistas de la Mesa es aguantar mientras la condena de Juvillà no sea confirmada por el Tribunal Supremo. Sin embargo, es más que probable que la Junta Electoral acabe declarando la inelegibilidad sobrevenida del diputado, de la misma forma que lo hizo hace un año con Torra o, de forma más reciente y en el Congreso, con el diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez. Los tres partidos de la derecha anti-independentista, Vox, Ciudadanos y PP, ya han anunciado que instarán a la Junta Electoral a hacerlo y los antecedentes son claros.

Todas las suspensiones ocurridas de forma reciente, de Torra a Rodríguez pasando por los presos, han pasado por el artículo 6.2 de la Ley Electoral (LOREG). Este punto considera a un ciudadano inelegible en dos supuestos: a todos los condenados por sentencia firme a prisión, por el mismo tiempo que dure la pena, o a “condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal”.

Este segundo caso es el que se aplicaría a Juvillà, que ha sido condenado a medio año de inhabilitación por un delito de desobediencia a la Junta Electoral de Lleida, que fue quién le requirió para que retirara los lazos amarillos. Y, de forma idéntica al caso de Torra, sería también la Junta Electoral quien debería declarar a Pau Juvillà inelegible y, de acuerdo a la doctrina asentada, ordenar que se retire su escaño, sin esperar a la sentencia firme que dicte el Supremo.

Pese a que el riesgo es claro, el acuerdo de mínimos de Borràs y los miembros independentistas de la Mesa es no hacer caso a la suspensión del artículo 6.2 de la LOREG. Otra cosa sería el cumplimiento de la pena de inhabilitación, una vez el Supremo la ponga en marcha, algo que podría no tardar más allá de unos meses. Sin embargo este lapso de tiempo sería suficiente para que Borràs y la Mesa puedan tener problemas judiciales ya que, en el momento que la autoridad electoral pida la retirada del escaño, si el órgano Parlament no cumple esta orden estaría asimismo cometiendo una nueva desobediencia.

Esta es la situación entre la espada y la pared que ya prevé tanto la presidenta del Parlament como los miembros de la Mesa para las próximas semanas, en cuanto la Junta Electoral active la orden de retirada de acta. Con todo, los miembros del órgano parlamentario saben que esta vez será difícil desembarazarse del caso con una solución intermedia, ya que Juvillà es el primero pero no el último que puede verse en una tesitura similar. Al menos cinco diputados están inmersos en causas a la espera de juicio: los diputados de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó por su participación en el 1-O, la de la CUP Eulàlia Reguant por haberse negado a responder a Vox en el juicio del procés y la propia Laura Borràs por un presunto caso de corrupción.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha fijado los plazos de la primera inhabilitación de Quim Torra para ocupar cargos públicos, que vencerá en enero de 2022. Los jueces han acordado rebajar la inhabilitación en casi tres meses al descontar de los 18 meses de condena por los lazos los casi noventa días que estuvo suspendido como diputado del Parlament antes de la sentencia definitiva del Supremo.

En un auto, la Sala Civil y Penal del TSJC dirime así los límites de la ejecución de la condena a un año y medio de inhabilitación que se impuso a Torra por un delito de desobediencia al desoír la orden de la Junta Electoral para que retirara los símbolos de apoyo a los políticos presos de los edificios públicos.

La Fiscalía y Vox ya habían aceptado que Quim Torra cobrara la pensión que le corresponde por su cargo en el ejecutivo catalán y pudiera disponer de la oficina de expresident. La mayoría del tribunal acuerda mantener su pensión como exjefe del ejecutivo catalán, una decisión contra la que se ha posicionado el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, en un voto particular.

Al contrario que sus compañeros de Sala, Barrientos argumenta que la inhabilitación de Torra como president “comporta necesaria y legalmente, sin necesidad de debate alguno en plenario” la pérdida de todos los derechos –incluidos los económicos– y también de los tratamientos y honores como expresident. Según Barrientos, Torra no debería percibir la pensión que le corresponde como expresident hasta que se haya extinguido la pena de inhabilitación impuesta.

Sin embargo la mayoría del tribunal acuerda que Torra pueda disponer ya de las prerrogativas –sueldo, oficina con secretaría y gabinete y coche oficial a costa del erario público– de expresident al entender que la condena de inhabilitación “no puede extenderse” más allá del cargo de president que ocupaba.

Respecto al tiempo que debía durar la inhabilitación para ocupar cargos públicos a la que fue condenado, la Fiscalía se oponía a restar a los 18 meses de la sentencia la mitad de los casi ocho meses en los que Torra se quedó sin escaño antes de ser condenado en firme por decisión de la Junta Electoral Central (JEC), tal y como pedía la defensa.

El TSJC, esta vez sí por unanimidad, atiende en parte la petición de la defensa y acuerda que se resten de los 18 meses de inhabilitación uno de cada tres días de los ocho meses que estuvo suspendido como diputado del Parlament –unos 80 días–, lo que fija el horizonte del fin de la inhabilitación en enero de 2022.

No obstante, casi con toda seguridad Torra sumará una nueva condena por inhabilitación ya que está otra vez imputado por desobediencia por no retirar por segunda vez la pancarta de apoyo a los presos independentistas. En caso de resultar nuevamente sentenciado, Torra sumaría más meses de inhabilitación para ocupar cargos públicos.

Sobre el pago de la multa de 30.000 euros a la que fue condenado, el TJSC señala que la defensa de Torra “no dispone todavía de elementos suficientes para plantear al tribunal ninguna de las fórmulas legales previstas para su cumplimento”.

El Gobierno no tiene previsto publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la destitución de Quim Torra como presidente de la Generalitat porque considera que el auto judicial que le inhabilita tiene carácter ejecutivo y por lo tanto está ya cesado del cargo, según han confirmados fuentes de la Moncloa a elDiario.es. El Govern había reclamado esta mañana al Ejecutivo central una previsión de cuándo se produciría esa publicación porque interpreta que para hacer efectivo el decreto de sustitución de Torra hace falta que el cese haya aparecido en el BOE. 

En el informe de los servicios jurídicos de la Generalitat que ha definido los pasos a seguir tras la decisión del Tribunal Supremo se señala que el cese del hasta este lunes presidentes de la Generalitat se debe publicar en el BOE a través de un real decreto, como se ha hecho siempre. Es un decreto de cese que lleva la rúbrica del rey. Después el cese se publica también en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC).

La Generalitat está a la espera de recibir un nuevo informe de sus propios letrados para ver cómo hay que actuar en caso de que el Gobierno central no atienda su petición. Fuentes de la Generalitat subrayan que hay que dotar de la “máxima seguridad jurídica” el proceso de relevo de Torra, inhabilitado durante un año y medio por un delito de desobediencia. El vicepresidente, Pere Aragonès, asumirá de manera interina sus funciones pero con limitaciones y sin ni siquiera instalarse en el Palau de la Generalitat.

Tanto en el Govern como en el Parlament estaban pendientes de la publicación en el BOE para activar el proceso que debe concluir en las elecciones, previsiblemente el 7 de febrero. Ahora debe abrirse un plazo de 10 días para ver si se presenta algún candidato a la investidura (no hay ninguno con apoyos suficientes para conseguirlo) o bien si de manera automática el presidente de la Cámara catalana pone en marcha el reloj de la cuenta atrás. 

La oposición encabezada por Ciudadanos y el PSC ha reclamado este martes a Roger Torrent que se active y comience a buscar posibles candidatos a la investidura para sustituir a Torra. Ambos grupos consideran que lo ideal es que haya un candidato alternativo que pueda presentarse a la investidura, tenga o no los apoyos necesarios, para así cumplir los preceptos del reglamento de la Cámara y comenzar el proceso hacia la disolución del Parlament y las nuevas elecciones. Por el momento, sin embargo, no ha trascendido que ningún diputado esté dispuesto a presentarse.

Pactar las desavenencias es la regla número uno de cualquier gobierno de coalición. Casi ninguno lo hace pero a veces no queda otra alternativa. Esa es la conclusión a la que han llegado Junts per Catalunya y ERC para que los cuatro meses que quedan hasta las elecciones no se conviertan en un infierno para el Govern. Será un Ejecutivo en funciones, que tendrá al frente a un vicepresidente con funciones de president (se considera que actúa como “sustituto interinamente del president”) que no recibirá el trato protocolario de la máxima institución de la Generalitat. Se quedará en Honorable sin llegar a Molt Honorable. Solo los presidentes en activo o los expresidents entran en esta categoría.

ERC quería que Torra convocase las elecciones antes de que el Supremo dictase su inhabilitación pero él decidió este verano que no lo haría. Fuentes de los servicios jurídicos apuntan que el primer domingo en el que podrían celebrarse los comicios sería el 7 de febrero aunque no se descarta que puedan ser el siguiente o incluso en un día entre semana. En todo caso sería la primera quincena de ese mes.

Al final ha sido la Justicia la que ha establecido el calendario. El ya expresident ha comunicado a sus colaboradores y a sus socios de ERC que durante este periodo no intentará seguir en el cargo de manera simbólica, es decir, que su intención no es hacer ver que está dirigiendo el Gabinete pese a que legalmente se le haya apartado del cargo. 

Torra almorzó en su último día en el Palau de la Generalitat con la consellera de Presidència, Meritxell Budó, y los que han sido sus colaboradores más próximos en estos dos años y 135 días. Posteriormente, en una comparecencia ante los medios, el ya expresident reclamó que las próximas elecciones se planteen en clave plebiscitaria. Apeló a los catalanes a que “aprieten”, a que los votantes elijan entre “democracia y libertad o imposición y represión” y lo hizo a la vez que reconocía que la causa independentista no ha progresado lo “suficiente” durante su mandato. “Yo no he podido avanzar más”, lamentó en presencia de los que han sido sus consellers tras la remodelación que llevó a cabo hace menos de un mes.

Este lunes Torra ha abandonado su despacho (que no es el que tradicionalmente han ocupado los sucesivos presidentes porque cuando llegó a la presidencia decidió que se instalaría en otro) y, como sus predecesores, podrá disponer de una oficina propia con tres trabajadores, un coche de representación con chófer así como servicios de escolta.

Su objetivo es preparar, ya desde la oficina de expresident, el recurso de amparo que presentará al Tribunal Constitucional (y que previsiblemente opinará igual que el Supremo) y los argumentos que presentará al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Su defensa considera que el hecho de que haya sido inhabilitado en ejercicio del cargo puede ayudarle de cara a que la justicia europea tenga en cuenta sus argumentos. 

Junts per Catalunya y ERC han recurrido a un árbitro, el Gabinete Jurídico de la Generalitat, para que establezca cuáles serán las reglas del juego en el funcionamiento interno del Govern a partir de ahora y hasta que se celebren las elecciones. El vicepresidente, Pere Aragonès (ERC), asumirá la sustitución de la presidencia en funciones, lo que le priva de las tres atribuciones principales: no podrá plantear una cuestión de confianza, tampoco designar o destituir consellers ni convocar elecciones. El Govern, al estar en funciones, tampoco podrá presentar un proyecto de presupuestos para 2021 y deberá reducir su actividad a la gestión ordinaria.

En las 23 páginas del informe elaborado por los letrados del Govern se establece que Aragonès será quien presidirá las reuniones semanales del Consell Executiu y como “acto debido” se encargará de una de las atribuciones que es exclusiva el presidente de la Generalitat: firmar el decreto de convocatoria electoral. 

ERC seguirá controlando las dos carteras más implicadas en la lucha contra la pandemia, la de Salud y la de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias. La relación con Torra no ha sido siempre fácil durante estos meses y más de una vez se encontraron con anuncios del president que no habían sido acordados con anterioridad. Ahora la coordinación recaerá solo en manos del que es también su jefe en el partido, Pere Aragonès, y en teoría debería haber menos roces. Eso también deja las manos más libres a JxCat para marcar su propio perfil. Los sondeos vaticinan una victoria de ERC pero detectan también que Carles Puigdemont mantiene un tirón importante. La última encuesta publicada situaba a JxCat (sin separar entre Junts y el PDeCAT) en segunda posición. Los posconvergentes siguen aún negociando la posibilidad de presentarse en coalición pese a que Puigdemont haya montado su propio partido y se de por hecho que el cabeza de lista acabará siendo él. 

Catalunya entra en campaña (si es que en algún momento dejó de estarlo) aunque pendiente del Congreso de los Diputados puesto que el Gobierno seguirá negociando con ERC para que le ayude a aprobar los Presupuestos. Además, tiene previsto presentar una reforma del Código Penal para modificar el delito de sedición, una propuesta que tanto el PP como Ciudadanos y Vox interpretan como una concesión de Pedro Sánchez a las formaciones independentistas para que le voten las cuentas del 2021.

Cientos de independentistas han salido a la calle en toda Catalunya para protestar contra la decisión del Supremo de inhabilitar a Quim Torra como president de la Generalitat. En Barcelona, Òmnium y la ANC han llenado plaza Sant Jaume frente al Palau de la Generalitat, mientras que los CDR han convocado una protesta que ha reunido a casi un millar de personas. 

La marcha de los CDR ha transcurrido sin incidentes destacables, aunque en su recorrido han cruzado algunos contenedores y han hecho barricadas con arbustos. Al final, un grupo más reducido ha acabado por entrar en el Parque de la Ciutadella, donde está en Parlament, y han desafiado a los avisos de desalojo de los Mossos. También han quemado varios contenedores en la Ronda Sant Pere.

Las protestas han sido la primera reacción del independentismo a la ratificación de la condena a Torra. La noticia se ha conocido este lunes al mediodía, cuando el Supremo ha confirmado la inhabilitación durante un año y medio del president y una multa de 30.000 euros por su desobediencia a la orden Junta Electoral Central (JEC) de retirar los lazos amarillos de la Generalitat durante una campaña electoral en 2019. 

Torra, primer president de la Generalitat inhabilitado en el cargo, ha comparecido a las pocas horas para asumir la decisión judicial y llamar a unas elecciones que, a su juicio, deberían ser un plebiscito entre “democracia” o “represión”. No ha desvelado sin embargo la fecha de los comicios, que sigue siendo objeto de negociación entre JxCat y ERC, aunque todo apunta a que será a partir de febrero.

Tras su intervención como president, Torra ha abandonado el Palau de la Generalitat a las 19:20 horas. Ha salido acompañado por su esposa y los líderes de la ANC y Òmnium por la puerta principal, donde se concentraban los manifestantes. Allí ha desplegado el president la pancarta que fue origen del litigio, que pide la libertad para los “presos políticos y exiliados”, con la ayuda de sus consellers y los líderes de las entidades independentistas.

Los CDR cortan calles hasta llegar al Parlament

A la concentración convocada por los CDR en los Jardinets de Gràcia se han acercado cerca de un millar personas. Los manifestantes han cortado la avenida Diagonal sobre las 20 horas con gritos de “independencia” y la manifestación ha empezado a bajar por Passeig de Gracia. Los manifestantes, de todas las edades, han bajado en dirección al centro de la ciudad y han girado por calle València al grito de “Urquinaona, lo volveremos a hacer”, en referencia a los disturbios ocurridos el pasado octubre cuando se conoció la sentencia contra Oriol Junqueras y el resto de líderes independentistas.

“Seguiremos saliendo a la calle y yendo a votar cuando toque”, señalaba Montserrat Tur, 43 años, que ha acudido a la concentración de los CDR con su pareja. Preguntada por el contraste con las movilizaciones del año pasado, reconocía que este lunes había menos gente en la calle. “Esto es una maratón, va para largo”, remachaba.

Los manifestantes han pasado por la calle Mallorca, donde un cordón policial protegía la Delegación del Gobierno, escenario de disturbios el pasado octubre. En esta ocasión, un grupo de activistas ha lanzado varias cabezas de cerdo a los antidisturbios de los Mossos. Algunos manifestantes tambien han cruzado algunos contenedores en la calle y han hecho barricadas con arbustos, sin que de momento se hayan registrado incidentes destacables.

Sobre las 21:15 un grupo de una cincuentena de manifestantes han entrado al Parque de la Ciutadella, donde está situado el Parlament, y han lanzado piedras a las furgonetas de los Mossos. Los agentes antidisturbios han emplazado a los manifestantes a dejar de lanzar objetos y han amenazado con cargar contea los concentrados.

Al final, los manifestantes han marchado por su propio pie de Ciutadella y han seguido por varias calles del centro de la ciudad, donde han quemado algunos contenedores.

Fiscalía ha pedido la inhabilitación para empleo o cargo público de Ana Brugger, la que en su día fue jefa de funcionarios con el PP en la Generalitat, por un tiempo de 3 años además de una multa de 20.000 euros por dar las respuestas del examen de una oposición a una amiga, según fuentes judiciales.

Brugger es actualmente funcionaria adscrita a la Dirección General de Función Pública, mientras que la amiga, María Gonzálbez, es actualmente asesora del grupo parlamentario de Vox en las Corts Valencianes. Para esta última Fiscalía pide una inhabilitación de 1 año y una multa de 10.000 euros. Además la fiscalía pide que ambas asuman los costes del proceso judicial.

Los hechos, denunciados por el sindicato CGT, tuvieron lugar el 10 de marzo de 2018 cuando Brugger, que formaba parte del grupo de funcionarios designados para vigilar el correcto funcionamiento de la prueba que se hacía en la Universitat de València, fue sorprendida cometiendo la irregularidad.

Según las fuentes judiciales el escrito de Fiscalía señala que “tras ser anunciados los temas a contestar, la acusada (Brugger) ocupó una silla al final del aula, donde comenzó a consultar su teléfono móvil y a escribir las respuestas a uno de dichos temas en varios folios de los repartidos a los opositores, en lugar de ejercer la labor de vigilancia encomendada”.

Sigue el mismo escrito señalando que “seguidamente la acusada Ana María Brugger se aproximó a la opositora y también acusada María Gonzálbez (...), quien mantenía con aquella una relación de amistad, actuando ambas con el común acuerdo de procurar que eta última aprobara el examen de forma irregular (...), depositando Ana María en su mesa los indicados folios con las respuestas escritas de su puño y letra, valiéndose de información que obtuvo por razón de su cargo de funcionaria en el el ejercicio concreto de vigilancia en tales pruebas”.

Concluye finalmente el documento que “la actuación descrita fue advertida por otras dos funcionarias que vigilaban igualmente el examen, dirigiéndose estas acto seguido a la mesa ocupada por María Gonzálbez Bernad e interviniendo en su poder las hojas escritas por la funcionaria Ana María Brugger que la referida opositora ocultaba debajo de otro bloque de hojas en blanco, y de las que finalmente no llegó a hacer el uso proyectado”.

La Junta Electoral Central (JEC), en su decisión de 3 de enero de 2020, por una estrecha mayoría (7 votos contra 6), resolvió aplicar al president de la Generalitat, Quim Torra, el artículo 6.2 b) de la Ley Orgánica General Electoral, por el que se consideran inelegibles, en virtud de una modificación realizada por la ley Orgánica 1/2003 de 10 de marzo, a los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, terrorismo, contra la Administración Pública o contra la Instituciones del Estado, a la pena de inhabilitación para cargo público.

La ley de 10 de marzo de 2003 se titula y tiene por objeto la garantía de la democracia en los Ayuntamientos y la seguridad de los concejales. Según su preámbulo, se promulga para modificar determinadas normas de nuestro ordenamiento jurídico de manera que se permita hacer realidad la decisión de aislar a los terroristas, garantizando una mayor eficacia en el uso de los recursos de los que puede disponer nuestro sistema político. Se hacen referencias continuas a los Ayuntamientos, lo que nos permite denunciar su extensión, vedada por la ley, a supuestos y personas no previstas por el legislador.

Toda la legislación de excepción que nace como consecuencia de un fenómeno como el terrorismo, que evidentemente ha conmocionado a la democracia española, corre el riesgo de recortar los derechos y las libertades fundamentales consagradas en el texto constitucional. En este caso, además, se vulneran derechos constitucionales tan esenciales para la supervivencia de un sistema democrático como el principio de legalidad y de presunción de inocencia.

Causa asombro que ningún partido político haya denunciado la modificación del artículo 6.2 b) de la LOREG por inconstitucional. Privar de derechos fundamentales a una persona, sin esperar a una sentencia firme de condena, no solo vulnera la Constitución y me parece una temeridad, ya que puede dar lugar a la responsabilidad patrimonial del Estado que pagaríamos todos. En el caso de que se anulase la sentencia y se absolviese al señor Torra; ¿cómo se puede restituir a un parlamentario en sus derechos de los que ya ha sido despojado definitivamente al ser sustituido por el siguiente de la lista? Se daría la situación inasumible por el derecho de una privación prematura y contraria a los principios constitucionales, no sólo en el caso de los delitos de terrorismo y la rebelión sino también en los supuestos de los delitos contra la Administración Pública y las Instituciones del Estado.

En relación con el delito contra la Administración Pública, por el que se ha condenado al president Torra, la Junta Electoral Central debió tener en cuenta las circunstancias históricas en las que se produjo la modificación del artículo 6.2 b) de la LOREG. La finalidad de la Ley que altera su texto es la de garantizar la democracia en los Ayuntamientos y las motivaciones políticas que impulsaron la introducción del cese prematuro de los alcaldes y concejales que hubieran incurrido en prácticas corruptas, como el cohecho o la malversación. Nunca estuvo en la mente del legislador incluir en las causas de inelegibilidad o incompatibilidad a los desobedientes.

Aferrarse a una interpretación literalista, ampliando los efectos desfavorables de la ley electoral, entra en colisión con el artículo 9.3 de la Constitución, que consagra el principio de legalidad. No se pueden incluir en las causas de inelegibilidad delitos distintos de aquellos para los que se pensó la modificación del precepto, ya que entraríamos en una interpretación extensiva y analógica, intolerable para el derecho punitivo y sancionador. A partir de su entrada en vigor se aplicó, en varios casos, a alcaldes o concejales electos condenados en primera instancia por corrupción, pero nunca a un parlamentario revestido de las garantías que le proporciona encarnar la soberanía popular de la que emanan todos los poderes del Estado, según el artículo 1 de la Constitución.

En las Facultades de Derecho nos enseñaron, desde nuestros primeros balbuceos jurídicos, a interpretar las normas con arreglo a criterios gramaticales, lógicos, históricos y sistemáticos. La JEC está compuesta, ni más ni menos, que por ocho magistrados del Tribunal Supremo y cinco catedráticos de derecho constitucional, a los que también se supone que les enseñaron estas pautas interpretativas. Afortunadamente, seis de sus componentes debieron poner sobre la mesa el debate sobre la interpretación correcta de la ley electoral; lamentablemente, para el Estado de Derecho quedaron en minoría.

Me llama la atención la posición de la Sala Tercera del Tribunal Supremo al considerar que no procedían medidas cautelares. En mi opinión se trata de un caso de libro ya que los efectos de la decisión de la JEC son irreversibles e irreparables. Ya se ha ejecutado el cese del señor Torra como diputado del Parlament, aunque han surgido dificultades, previsibles para cualquier jurista, en lo relativo a su destitución como president, que corresponde en exclusiva al Pleno, como establece meridianamente el artículo 67 del Estatut de Autonomía. La aplicación de esa decisión es irreversible y, por mucho que la anulen, si no surgen otros acontecimientos imprevistos en este revoltijo que vive nuestra democracia, entre lo judicial y lo político, haría imposible que el señor Torra recuperase su condición de parlamentario ya que el siguiente de la lista habría ocupado su lugar.

Este galimatías ha alcanzado sus cotas más inimaginables si damos por hecho que los componentes de JEC conocían que el señor Torra era el president de la Generalitat y les bastaba con que ellos mismos o los señores letrados les hubiesen informado del contenido del artículo 67 del Estatut de Autonomía de Cataluña para enterarse de que sólo puede ser cesado por el Pleno del Parlament, en el caso de que exista una condena firme. Con una interpretación lógica, en atención a los antecedentes históricos y descartando la literalidad de la expresión Administración Pública, hubieran podido llegar a una solución que paradójicamente es la que mantiene en el momento presente.

La misma JEC ha reconocido que debe cesar como parlamentario pero que no puede cesar como presidente, lo cual nos coloca ante una situación puramente metafísica o teológica. ¿Se puede conservar la condición de presidente sin ser parlamentario? ¿Se puede cesar al presidente sin que concurran las causas de cese previstas en el Estatuto? ¿Puede funcionar el Parlamento, como parece que sugiere la JEC, con un parlamentario más, es decir con el sustituto del señor Torra y este como presidente? ¿Puede este desdoblar su personalidad y reproducir el apasionante caso del Doctor Jekyll y Mister Hyde?

Todo este embrollo debió ser manejado por un organismo administrativo, la JEC, cuyas resoluciones como todos sabemos, están sometidas a la revisión de la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo. Se podía evitar el galimatías y limitarse a dejar en suspenso la inhabilitación o cese hasta que hubiese una sentencia firme. Como se decía en los tiempos de la televisión en blanco y negro, permanezcamos atentos a la pantalla porque el barullo judicial y político no ha concluido.

La misión principal de la JEC, según se desprende de la Exposición de Motivos de la ley electoral, es la de velar por la regularidad de los procesos electorales desde su convocatoria hasta la declaración de electos. Hasta aquí sus competencias lógicas y homologables a cualquier otro sistema democrático, en el que la llamada Administración electoral ocupa una posición relevante en los momentos que transcurren entre la disolución del Parlamento, la convocatoria de nuevas elecciones, la celebración de las votaciones, la terminación del escrutinio y la proclamación de electos.

En el momento de escribir estas líneas, el señor Torra sigue siendo presidente de la Generalitat, no se ha producido ni siquiera su sustitución por el siguiente de la lista, y el propio presidente del Gobierno, que ha anunciado reuniones bilaterales con todos los presidentes de las autonomías, ha declarado que considera al señor Torra, como presidente legítimo del Gobierno de Cataluña y que se reunirá con él el próximo día 6 de febrero. El que quiera más emociones e intrigas, que elija una película del género.