Red Eléctrica de España (REE), operador del sistema eléctrico, calcula que el coste de la denominada “operación reforzada” que la compañía aplica desde el histórico apagón peninsular del 28 de abril de 2025 ha ascendido a unos 666 millones hasta el pasado mes de marzo.

La cifra supone un incremento de 53 millones en un mes. El pasado 25 de marzo, en una comparecencia en el Senado, la presidenta de Redeia (matriz de REE), la exministra socialista Beatriz Corredor cifró el coste de este colchón extra de seguridad en unos 613 millones, cifra que comprendería hasta el pasado febrero.

Corredor reiteró que esa operación reforzada se aplicará “hasta que sea necesario”, una vez que esté plenamente implementado el nuevo procedimiento de control de tensión (el conocido como 7.4) que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aprobó poco después del histórico apagón, tras años analizando la actualización del vigente hasta entonces, que databa del año 2000.

El operador del sistema calcula que, desde mayo de 2025 hasta el pasado marzo, esa operación reforzada, con mayor uso del gas natural en la generación eléctrica, “ha representado un 2,12% de los costes totales del sistema eléctrico español, que en este periodo han superado los 31.349 millones de euros”.

Las mismas fuentes indican que el coste de la programación reforzada “ha supuesto un 4,7% sobre el precio final de la energía medio”, que en este periodo ha sido de 77,07 €/MWh. “Esto implica que, para un usuario sujeto a PVPC [la tarifa regulada del Precio Voluntario al Pequeño Consumidor] con un consumo medio mensual de 300 kWh, la operación reforzada ha tenido un coste en el periodo de aplicación de 4 céntimos al día”, según estimaciones de Red Eléctrica.

En marzo, en sus informe de recomendaciones sobre el histórico apagón, del que está a punto de cumplirse un año, la CNMC analizó el incidente desde una perspectiva técnica y regulatoria, sin buscar culpables ni anunciar por ahora sanciones, proponiendo propuestas de mejora y afirmando que el sistema contaba con las herramientas técnicas y regulatorias para haber evitado un incidente así.

El informo abogaba por seguir adaptando los marcos técnicos, operativos y normativos a un sistema eléctrico en continua transformación, caracterizado por una elevada penetración de generación renovable, una mayor complejidad operativa y una creciente volatilidad de las tensiones.

El informe del PP para la comisión de investigación que los populares impulsaron en el Senado, aprovechando su mayoría absoluta, sobre el apagón eléctrico del 28 de abril de 2025 culpa al Gobierno y al operador del sistema, Red Eléctrica (REE), y apunta a “falta de diligencia” de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en su papel de regulador del sector.

El PP, que no aprecia ninguna responsabilidad en el histórico cero energético de las eléctricas privadas, ha concluido que la “responsabilidad política” del apagón es del Gobierno de Pedro Sánchez y “sus políticas radicales y sectarias, basadas en la ideología y no en la tecnología”.

La portavoz del grupo parlamentario popular en el Senado, Alicia García Rodríguez, ha señalado en una rueda de prensa este miércoles para presentar las conclusiones de esta comisión que el apagón “no fue un hecho fortuito, no fue una catástrofe natural sobrevenida. Fue el resultado de una gestión irresponsable y de unas políticas negligentes”.

García Rodríguez ha exigido la “dimisión inmediata” de la vicepresidenta del gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y el “cese fulminante” de la presidenta de Redeia (matriz de REE, en la que el Estado es primer accionista), la exministra Beatriz Corredor.

La portavoz popular ha señalado que los populares concluyen que “las señales, las alertas, los avisos sí existían. Por tanto, el problema no fue la falta de avisos, sino la falta de reacción ante ellos”, informa EFE.

Además de considerar “responsables” de ese cero energético a REE y su matriz, Redeia, y al Ministerio para la Transición Ecológica, el informe del PP apunta también a la CNMC, el organismo que este partido creó en 2013 aniquilando el antiguo modelo de reguladores sectoriales y aglutinándolos en un único ente, en un modelo prácticamente inédito en el mundo.

El documento señala que “la CNMC conocía o debía conocer los riesgos sistémicos que precedieron al apagón, pero no actuó con la diligencia exigible, y tras el apagón ha adoptado decisiones que pretenden preservarla en la opacidad sobre su propia corresponsabilidad en los hechos”, en alusión al procedimiento de operación para controlar la tensión eléctrica que el denominado superregulador aprobó poco después del cero energético, cuando la actualización de esa normativa “había sido identificada como necesaria desde al menos 2019” por el propio organismo.

La propuesta de infome del PP se aparta de las conclusiones de los dictámenes que han elaborado en los últimos meses la propia CNMC, los expertos de la Comisión Europea, REE y el Gobierno. El Ejecutivo fue el primero en publicar un dictamen, que apuntó que este fue un fenómeno “multifactorial”. La Comisión sobre el cero eléctrico del Senado celebrará este jueves su última reunión para aprobar las conclusiones definitivas, que serán llevadas a Pleno, aunque García consideró “imposible” poder llegar a acuerdos con el PSOE.

Los populares presumen de que esta comisión, creada en mayo de 2024 para, afirman, “esclarecer las causas del apagón y depurar las eventuales responsabilidades políticas derivadas de un suceso de extraordinaria gravedad”, “ha cumplido una fundamental función de servicio público que ha permitido a los españoles contar con una información” que ha sido “deliberadamente urtada” [sic].

Una labor, dicen en el PP, “necesaria, para que cada ciudadano pueda ejercer sus propio juicio de valor sobre un hecho demasiado triste en nuestra historia reciente”.

España se encuentra en una década decisiva para su sistema energético, y en torno a si la infraestructura está preparada para lo que viene, ha girado el debate de la primera mesa de esta segunda jornada del VI Foro Económico elDiario.es. Los cuatro expertos reunidos, moderados por Serafí del Arco, redactor jefe de economía de elDiario.es, han analizado la presión de una electrificación acelerada, la explosión de las renovables y la llegada masiva de centros de datos. La conclusión es unánime: partimos de una base excelente, pero el sistema necesita una “sincronización perfecta” para no morir de éxito.

La conversación comenzó con un diagnóstico optimista, aunque cauteloso, sobre la robustez de la red actual. María Luisa Castaño, asesora de la dirección general del CIEMAT, defendió el sistema español sin ambages: “Nuestra red es ejemplar, es una red pionera... pero necesitamos que se sincronice y se adapte al siglo XXI”. Castaño subrayó que la “inteligencia de red” es la pieza que falta para que España alcance su autonomía estratégica.

En esta misma línea, Carmen Longas, responsable de acceso a la red de Red Eléctrica, coincidió en que el país cuenta con “buenos mimbres” y profesionales de primer nivel. Sin embargo, introdujo un matiz crucial a la “inteligencia de red” de la que hablaba Castaño: “Yo hablaría de un sistema eléctrico más inteligente, no solo es la red, es la gente que se conecta a la red quien tiene que ser también más inteligente. Pero la verdad es que tenemos muchísimas iniciativas en progreso y en España sabemos por lo menos qué es lo que hay que hacer”.

El debate se intensificó al abordar la competitividad económica. Patxi Calleja, director de regulación de Iberdrola España, recordó que Europa y España carecen de combustibles fósiles, lo que encarece el gas por los costes de transporte y licuefacción. Para Calleja, la electricidad producida ‘en casa’ es la clave: “Cuando hablamos de electricidad hablamos de energía producida en España y el resto es importada. Yo creo que tenemos que empezar a hablar en esos términos, ¿qué energía produzco aquí y qué energía es importada?”.

Calleja destacó también la bajada de precio que supone la generación de electricidad en España y la oportunidad económica e industrial que supone. Pero también quiso lanzar una advertencia severa sobre la falta de inversión frente a otros vecinos europeos: “Francia ha multiplicado sus inversiones en redes por cuatro, Alemania por tres... España puede ser un hub industrial europeo, pero la red eléctrica es el limitante”. Comparó la situación actual con “tener una mina de oro sin carretera”, donde la falta de acceso impide que la ventaja de las renovables llegue realmente a la industria y al empleo.

La intervención de David Blázquez, director de relaciones institucionales en AWS Iberia, fue uno de los momentos más interesantes de la sesión. Blázquez defendió el papel de los centros de datos, no como una carga sino como transformadores de potencia en innovación y utilizó una analogía para explicar los tiempos del sector: “La electrificación es como la educación, ves los frutos en el medio y en el largo plazo”.

El director de relaciones institucionales en AWS Iberia también ofreció la metáfora del día para explicar por qué el acceso a la red no podía seguir siendo gratuito para quienes solo reservan potencia sin ejecutar proyectos. Comparó la capacidad de red con el mercado de rodaballo en Mercamadrid: “Reservar 1 MW era como si reservase 1 kg de rodaballo durante 5 años pagando 0,08 euros... No es que pase de ser gratis a costar dinero, es que ahora te cuesta dinero privar a otros de construir cosas y hacer desarrollo y hacer industria”.

Los centros de datos: ¿aliados o “devoradores” de energía?

Tras ser preguntado sobre cómo puede el sector tecnológico colaborar en la flexibilidad del sistema en lugar de ser visto como una gran carga en la demanda, Blázquez defendió los centros de datos como infraestructuras que transforman la potencia eléctrica en servicios, innovación y capacidad de computación para una sociedad cada vez más digitalizada. “Vosotros no existiríais como periódico sin eso”, ejemplificó. “Los centros de datos no devoran energía, la transforman para una sociedad que demanda muchísima más digitalización”, resumió.

Además, Blázquez argumentó que estas instalaciones son una herramienta de eficiencia, ya que permiten ahorrar hasta un 90% de energía en comparación con los servidores privados tradicionales gracias a las economías de escala. En lugar de verse como una carga, los expertos coincidieron en que deben ser tratados como aliados estratégicos que aportan flexibilidad al sistema y facilitan la descarbonización de otras industrias pesadas, como la cementera o la siderúrgica, al actuar como motores de su digitalización.

El riesgo del apagón y la sombra del 28 de abril

La estabilidad del sistema y los riesgos de apagón también fueron centrales en la discusión, especialmente tras los recientes informes europeos y el incidente del pasado 28 de abril en España. “La estabilidad ya no viene de serie... el mayor riesgo es desacoplar la penetración de red sin un sistema coordinado entre generación, transporte y demanda”, zanjó Castaño, desde el punto de vista científico. Además, alertó de que España solo ha alcanzado el 15% de sus objetivos de almacenamiento en baterías para 2030.

Por su parte, Longas enfatizó que la seguridad de suministro debe ser el pilar inamovible: “Que todo el avance que hagamos en materia de electrificación nunca suponga un perjuicio al consumidor”.

El horizonte de 2030

Para cerrar la mesa, los ponentes lanzaron sus peticiones para el futuro cercano. María Luisa Castaño pidió una “red integral diseñada desde la generación hasta la demanda” que esté plenamente digitalizada. Carmen Longas insistió en no perder de vista la seguridad del consumidor, mientras que David Blázquez pidió que la flexibilidad del sistema no obligue a los usuarios a cambiar sus hábitos digitales de forma perjudicial.

El cierre más contundente lo puso Patxi Calleja, que puso el foco en lo que denominó la paradoja fiscal española: “El tercer producto más gravado de España es la electricidad, después del alcohol y el tabaco... gravamos a la electricidad como si fuese algo dañino cuando es el objetivo que queremos conseguir”. Calleja calificó esta situación como un “arancel inverso” que lastra la competitividad del país frente a las energías importadas.

Ya con el tiempo agotado, la mesa concluyó con una idea clara: España tiene la tecnología, el recurso natural y las empresas, pero necesita una regulación valiente y una inversión ambiciosa para que la red eléctrica deje de ser un freno y se convierta en el motor definitivo de la economía nacional.

El sector de los centros de datos en España cerró el año 2025 con 439 MW de potencia instalada, equivalente a unos 500.000 hogares. Es un crecimiento del 25% respecto al año anterior. No obstante, la carrera solo acaba de empezar: para el año 2030, el sector quiere multiplicar su potencia instalada por seis, hasta los 2.537 MW, tal y como recoge el Informe Anual del sector elaborado por su patronal que ha sido presentado este miércoles.

La asociación SpainDC atribuye este crecimiento al auge de la inteligencia artificial, que se ha convertido en “el motor de demanda más disruptivo y determinante”. “Las cargas de trabajo de IA están incrementando los requisitos de densidad de potencia, acelerando la adopción de la refrigeración líquida y apuntalando la necesidad de instalaciones más grandes y con energía asegurada”, detalla.

Se trata de una tendencia que coloca a España como uno de los lugares del mundo más interesantes para construir nuevos centros de datos, debido a la disponibilidad de energía renovable y barata. Según los cálculos de la patronal, esto podría suponer hasta 66.900 millones de euros de inversión en el país y más de 17.000 empleos. Sin embargo, la tendencia también “incrementa la presión sobre la capacidad de la red eléctrica nacional y los marcos de concesión de autorizaciones”, reconoce el informe.

“La disponibilidad de energía se ha convertido en una de las limitaciones que influyen en el desarrollo de los centros de datos en España, especialmente en Madrid y sus alrededores. Aunque España presenta una abundante capacidad de generación de energía renovable, la disponibilidad y los tiempos de conexión a la red eléctrica –más que la generación en sí– están limitando cada vez más los nuevos desarrollos”, detallan.

Piden mejorar la red y prioridad en los permisos

Para acceder a esa inversión que quiere instalar nuevos centros de datos en España, el informe señala como “clave” mejorar “las limitaciones en subestaciones”, que transforman y distribuyen la electricidad, adaptando el voltaje según los requerimientos de hogares o industrias. También “el desigual margen de maniobra de la red eléctrica regional”, siendo ambos factores que ya “han retrasado o paralizado varios proyectos”, aseguran.

Para desenquistar este cuello de botella, el sector pide eliminar las “solicitudes especulativas de conexión a la red”: el informe advierte de que cada vez hay más promotores piden enganchar sus parcelas a enormes capacidades energéticas como las que necesitan los centros de datos para asegurarse el suministro sin tener un proyecto viable detrás, lo que congestiona las colas y bloquea el acceso a quienes sí tienen capacidad firme de ejecución. La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, llegó a denominar esta avalancha de peticiones como “una burbuja”.

A la mejor eléctrica la patronal suma también la petición de reducir la burocracia. Según sus cálculos, el 91% de los operadores se enfrenta a plazos de varios años de aprobación para obtener permisos, que se suma a las “incoherencias locales y regionales” que restan transparencia y ralentizan las obras. Resulta muy difícil, argumenta la patronal, aplicar normativas tradicionales de construcción a megainstalaciones que “albergan equipos en lugar de personas”.

“España no compite solo por atraer centros de datos; compite por inversión, productividad y relevancia estratégica en la nueva economía digital”, ha manifestado Begoña Villacís, directora ejecutiva de SpainDC: “Consolidarnos como hub digital del sur de Europa refuerza nuestra competitividad y nuestra capacidad para desplegar digitalización e inteligencia artificial desde infraestructura propia”.

Negocio copado por multinacionales

La patronal de los centros de datos documenta en su informe como el sector “está experimentando una expansión rápida y profundamente transformadora en términos estructurales”. Se refiere a cómo España está dejando de ser un mercado periférico enfocado a los pequeños centros de datos corporativos nacionales (gestionados por bancos, administraciones o empresas de telecomunicaciones) para convertirse en un polo europeo dominado por los gigantes tecnológicos.

A finales de 2025, la potencia instalada en los centros de datos de estas grandes multinacionales ya superó en volumen a la infraestructura de las instalaciones empresariales tradicionales. Solo durante el último año, la inversión directa de estos gigantes, a los que se denomina “hiperescalares”, se triplicó. Destacan las apuestas de Amazon, que supera ya los 33.000 millones de euros de inversión en Aragón; Microsoft, con más de 5.000 millones en la misma región; o Meta, con un gran centro de datos en Talavera de la Reina con un coste de unos 1.000 millones de euros.

La presión eléctrica sobre estas regiones es grande. Solo entre Amazon y Microsoft consumirán tanta energía como el resto de la comunidad aragonesa antes del boom de los centros de datos. Además, asociaciones ecologistas y locales han demandado a la primera por la falta de transparencia en la utilización de otros recursos, como el agua, así como los pactos que ha alcanzado con las administraciones.

La trampa de la energía limpia

La asociación sitúa la sostenibilidad como un requisito básico para su operativa en España, afirmando que el 95% de la electricidad consumida por los operadores hiperescalares proviene de fuentes con bajas emisiones de carbono. Sin embargo, para alcanzar estas cifras en sus balances, las compañías recurren a Acuerdos de Compra de Energía (PPA) y Garantías de Origen (GdO), métodos que tanto los especialistas en cambio climático como sus propios empleados consideran como una trampa contable.

El motivo es que estos certificados permiten a las empresas deducirse emisiones en sus informes oficiales sin que ello suponga necesariamente la puesta en marcha de nuevas plantas de energía limpia o un cambio real en el mix energético de la red eléctrica, como documentó elDiario.es en este reportaje.

La clave radica en el consumo real de estas infraestructuras, que requieren energía de forma ininterrumpida las 24 horas del día. Durante los periodos nocturnos, cuando la producción renovable cae, los centros de datos absorben electricidad proveniente de centrales de gas o nucleares. Sin embargo, el Protocolo de Información sobre Gases de Efecto Invernadero permite a las multinacionales destacar únicamente la cifra de emisiones más favorable, basada en certificados de carbono. Este método de cálculo camufla hasta el 85% de la contaminación efectiva producida por la inteligencia artificial.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha concluido que el 28 de abril de 2025 se disponía de las “herramientas normativas y regulatorias, así como mecanismos para garantizar el suministro” para haber evitado el apagón eléctrico que sufrió España, aunque considera necesario abordar mejoras en el sistema eléctrico “para dar respuesta a las necesidades actuales del sistema y dotarlo de mayor robustez”, así como en la red de telecomunicaciones y ferroviaria.

El regulador, casi once meses después del cero eléctrico peninsular, ha publicado su informe en el que, tal y como ya anunció esta semana en el Senado la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, no señala directamente a ningún responsable sobre el apagón, algo que deberá, previsiblemente, dilucidarse en el tiempo en los tribunales.

De esta manera, el documento tiene una naturaleza consultiva y se emite “sin perjuicio del resto de actuaciones que resulten procedentes en el marco de la investigación abierta sobre el incidente”, añade la CNMC.

En su informe, de más de 70 páginas y que sale un día antes de que se conozca mañana el definitivo del panel de expertos europeos de Entso-e, plantea recomendaciones para reforzar la eficiencia y resiliencia del sistema eléctrico español, a partir de las conclusiones extraídas de la investigación del incidente.

Fuentes de Red Eléctrica sostienen a elDiario.es que están analizando “en profundidad el informe de la CNMC”. En un primer análisis del documento, “Red Eléctrica coincide con la CNMC en la necesidad del cumplimiento de la normativa y regulación vigentes en ese momento”, como apuntan que “ya adelantó el OS [operador del sistema] en el informe que, por imperativo legal, emitió el pasado 18 de junio”.

“En este sentido, en dicho informe Red Eléctrica aportó las evidencias de que el operador del sistema cumplió la normativa aplicable antes, durante y después del cero eléctrico, como también era obligación del resto de los sujetos del sistema”. añaden desde el organismo que preside Beatriz Corredor.

Medidas para mitigar los cambios “bruscos” de tensión

En concreto, la CNMC pone de manifiesto la conveniencia de seguir adaptando los marcos técnicos, operativos y normativos a un sistema eléctrico en continua transformación, caracterizado por una elevada penetración de generación renovable, una mayor complejidad operativa y una creciente volatilidad de las tensiones.

El organismo destaca que la información recabada a través de peticiones específicas y las reuniones mantenidas con el sector en grupos de trabajo “han permitido profundizar en el diagnóstico de la situación actual del sistema eléctrico y en las medidas necesarias para afrontarla”.

Así, como líneas de mejora para dar respuesta a las necesidades actuales del sistema y dotarlo de mayor robustez, la CNMC ve necesario implementar medidas que “mitiguen los cambios bruscos de tensión y analizar la evolución del resto de parámetros del sistema desde el punto de vista del impacto que provocan en las variaciones de tensión”.

Para ello, apunta a definir la 'volatilidad aceptable' mediante la utilización de métricas de voltaje más sofisticada y pide considerar igualmente criterios técnicos de calidad de la onda para valorar el acceso a la red.

A este respecto, además de las modificaciones de los procedimientos de operación sobre la gestión de los mercados, señala que se ha solicitado a las instalaciones de tecnología Recore posteriores a la Orden TED/749/2020 una limitación de sus rampas de producción; y que cabría la posibilidad de plantearse la extensión de la aplicación de las rampas al resto de instalaciones, incluso a las instalaciones conectadas a la red de distribución.

Analizar el servicio de control de tensión y más inspecciones

También señala que se están abordando cuestiones como los tiempos de respuesta o la metodología para verificar el servicio de control de tensión para hacerlo más efectivo frente a la variabilidad de las tensiones que complementarían la actualización ya realizada en junio del año pasado en el procedimiento de operación (PO) 7.4 que va a permitir aprovechar mejor la capacidad técnica de todo el parque generador aportando control de tensión dinámico mediante consignas.

Además, la CNMC, que pide reforzar la coordinación entre los gestores de red y la visibilidad de sus redes, apunta “la complejidad” asociada a las infraestructuras de evacuación compartidas por varios productores, que requieren una delimitación precisa de responsabilidades para asegurar una operación eficiente del sistema.

El regulador también recomienda avanzar en la armonización normativa a nivel europeo y nacional en materia de límites de tensión y temporalidad de las sobretensiones, garantizando márgenes adecuados de seguridad.

Asimismo, la CNMC considera aconsejable reforzar los programas de inspección periódica de los sistemas de protección y verificar el funcionamiento de las instalaciones tras su certificación inicial.

Recomendaciones para otros sectores

En su informe el regulador también va más allá del sector eléctrico e incluye recomendaciones para otros sectores que se vieron afectados por la dependencia del suministro eléctrico, como el gasista y carburantes, como el de las telecomunicaciones y el ferroviario.

En el ámbito de las telecomunicaciones y el audiovisual, se insta a completar la tramitación del proyecto normativo sobre seguridad y resiliencia de las redes y a reforzar la coordinación con la planificación eléctrica, incluyendo el impulso de la implantación del DAB+ y de sistemas automáticos de alerta.

Para el sector gasista, gasista, la CNMC advierte de la necesidad de revisar la autonomía de operación de algunas instalaciones como parte de las plantas de regasificación o las estaciones de compresión, de manera que se permita la atención a la demanda gasista, estableciendo también canales alternativos de comunicación en caso de interrupción del suministro eléctrico.

En lo que se refiere al sector de carburantes, se recomiendan soluciones de resiliencia orientadas a recurrir a grupos electrógenos de gran capacidad en las infraestructuras logísticas esenciales y a sistemas de bombeo y carga con capacidad de operación autónoma en las instalaciones de suministro. También se sugiere implementar medidas para disponer de sistemas de comunicaciones y de pago alternativos.

Respecto al sistema ferroviario, la CNMC señala que el apagón eléctrico evidenció su práctica dependencia total del suministro eléctrico, si bien los sistemas de protección y seguridad funcionaron correctamente, de modo que el sistema hizo lo que está programado para hacer: “Pararse de forma segura ante un fallo eléctrico grave”.

A este respecto, el regulador, que subraya que no dispone de competencia específica sobre la concreta cuestión de la resiliencia estructural de la red ferroviaria ante problemas en el suministro eléctrico, cree que “no es realista, a día de hoy”, dotar a toda la red ferroviaria de respaldo suficiente para operar sin red eléctrica, pues mantener trenes en circulación exige la alimentación continua a la catenaria, tensión y frecuencia estables y la sincronización de subestaciones a lo largo de cientos de kilómetros.

Redeia obtuvo un beneficio neto de 505,6 millones de euros en 2025, lo que representa un incremento del 37,2% con respecto al ejercicio anterior debido a que el ejercicio 2024 se vio afectado por el efecto contable del acuerdo de venta de Hispasat, informó la compañía, que disparó un 40% las inversiones en la red de transporte y la operación del sistema eléctrico hasta la cifra récord de 1.551 millones de euros.

Los ingresos del grupo, matriz de Red Eléctrica de España (REE), que suman la cifra de negocio y de la participación en beneficios de sociedades valoradas por el método de participación, alcanzaron los 1.716 millones de euros en 2025, un 4,2% por encima de los registrados en 2024, debido fundamentalmente al incremento experimentado en el negocio regulado en España.

Además, la actividad de fibra óptica de Reintel generó una cifra de negocio de 149,5 millones de euros, un 0,8% más que en 2024, mientras que la cifra de negocio más el resultado por puesta en equivalencia del negocio de transmisión eléctrica internacional desarrollada por Redinter se redujo un 2,5% respecto al ejercicio anterior, hasta los 132,5 millones de euros, debido a un menor volumen de proyectos para terceros en Chile y por los efectos del tipo de cambio eurodólar, parcialmente compensado con la buena evolución en Perú y Brasil.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) del grupo alcanzó los 1.258,3 millones de euros el año pasado, con un aumento del 4% respecto al cierre de 2024.

Por actividades, la evolución del Ebitda del área de Gestión y operación de infraestructuras eléctricas nacionales se situó en los 1.010,1 millones de euros, un 3,5% más debido, fundamentalmente, a los mayores ingresos de transporte; mientras que el del negocio de Transmisión eléctrica internacional (Redinter) fue de 106,7 millones de euros, un 5,7% más; y el del área de Fibra óptica (Reintel) de 115,1 millones de euros, un 2,6% más.

La deuda financiera, a 31 de diciembre del grupo se situó en 5.474,2 millones de euros, con un incremento inferior al 2% debido a que las fuertes inversiones del ejercicio se vieron compensadas con la generación de caja del grupo, la desinversión de Hispasat y el dividendo recibido de Argo (Brasil) fundamentalmente.

Inversiones y dividendo

En lo que respecta a las inversiones, el grupo incremento en 2025 un 40,4% las destinadas a la red de transporte y la operación del sistema eléctrico, hasta los 1.551 millones de euros, una cifra que multiplica prácticamente por cuatro el volumen de inversión de la compañía desde 2020.

En concreto, la partida destinada por REE al desarrollo y refuerzo de la red de transporte ha mantenido un crecimiento sostenido: su inversión se ha incrementado en 448 millones, llegando así a los 1.424 millones de euros.

El resto de los 1.551 millones de euros se destinó a la operación del sistema y a la construcción de la central de Salto de Chira en Gran Canaria, que avanza a buen ritmo.

En total, el conjunto de inversiones de Redeia ascendió a 1.626 millones de euros, un 38,7% más respecto a 2024. En este ejercicio se formalizó la venta de la participación de Redeia en Hispasat por un importe de 725 millones de euros, sin impacto en la cuenta de resultados de 2025 en función de los acuerdos contractuales.

En lo que respecta al dividendo, el consejo de administración propondrá a la Junta General de accionistas el reparto de un dividendo de 0,80 euros por acción con cargo a los resultados de 2025. De este importe hay que detraer los 0,20 euros por acción pagados a cuenta el pasado 7 de enero. El dividendo complementario de 0,60 euros se abonará en los primeros días del mes de julio.

Sin provisiones por el apagón

En la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el grupo presidido por Beatriz Corredor reiteró, al igual que en los trimestres anteriores, que en función de los análisis internos realizados con la información existente en la actualidad y de la opinión de la Dirección de Servicios jurídicos de Redeia y de sus asesores legales independientes sobre el apagón eléctrico del 28 de abril de 2025, “los administradores estiman que no es probable que el mencionado incidente implique la salida de recursos del grupo en el futuro, por lo que no se ha registrado ninguna provisión en los estados financieros”.

No obstante, añade que, dado que continúan en marcha diversas investigaciones, entre ellas la de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), “esta estimación realizada por los administradores podría verse modificada en el futuro”.

Asimismo, a espera todavía de conocerse el informe técnico sobre las causas del incidente y el proceso de reposición por parte del comité de expertos compuesto por operadores eléctricos y reguladores europeos -Entso-E-, y esa investigación por parte de la CNMC, señala que, en la actualidad, “no es posible cuantificar de forma objetiva el importe derivado de reclamaciones por daños porque tales reclamaciones todavía no se han recibido por un importe significativo, no habiendo transcurrido aún el plazo de prescripción para su ejercicio”.

La Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel y la asociación Gent del Matarranya han presentado alegaciones formales contra el proyecto de Red Eléctrica de España (REE) denominado “Eje Escatrón-Els Aubals-La Secuita”, una infraestructura de transporte eléctrico que pretende atravesar Aragón y Catalunya, y que podría suponer un “riesgo ambiental, territorial y social que consideramos inasumible”.

Ambas entidades consideran que el proyecto, pese a ser una única infraestructura lineal de más de 170 kilómetros, ha sido “fragmentado artificialmente” en siete expedientes administrativos repartidos entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y la Generalitat de Cataluña. “Aunque REE intenta presentarlo como si fueran siete proyectos distintos, sabemos —y lo reconoce su propio Estudio de Impacto Ambiental— que estamos ante un único eje eléctrico”, han alertado.

Trocearlo de esta manera, han asegurado, “no responde a ninguna necesidad técnica”, sino que es una forma de “rebajar artificialmente la magnitud de los impactos, impedir una evaluación ambiental realista y completa, vulnerar la legislación vigente y dificultar que la ciudadanía pueda entender y evaluar el proyecto en su conjunto”, han avisado.

Para explicar los impactos acumulativos que desaparecen al fragmentar el proyecto, las entidades han detectado que, si se analiza el eje completo —“como exige la lógica y la ley”—, el impacto es “evidente”, y argumentan que puede generar “un efecto barrera continuo para la fauna a lo largo de más de 170 kilómetros, una pérdida crítica de conectividad ecológica, impactos acumulados sobre especies protegidas como el águila perdicera, afecciones a espacios de la Red Natura 2000, y una presión añadida sobre el paisaje, el suelo agrario y los corredores naturales”.

Sin embargo, el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) analiza cada tramo como si no tuviera relación con el resto. Por ello, creen que evaluar piezas sueltas es una forma de “ocultar la dimensión real del daño, y que lo que afecta al territorio es el conjunto”. Además, la fragmentación del proyecto obliga a vecinos y ayuntamientos a revisar siete expedientes distintos y miles de páginas dispersas. Esto dificulta “enormemente” presentar alegaciones informadas y compromete la autonomía municipal, ha comentado ambas entidades. “La ciudadanía no puede defender su territorio si la información se presenta de forma deliberadamente fragmentada”, han agregado.

Ambas entidades afirman que este eje eléctrico no es una infraestructura aislada, sino que está directamente vinculado a la evacuación de macrocentrales eólicas y fotovoltaicas proyectadas en Aragón, que “soporta una presión enorme por la implantación masiva y desordenada de renovables, y esta línea sería la infraestructura que permitiría seguir ampliando esa saturación”. Añaden que el EsIA “evita analizar” la relación entre la línea y las plantas de renovables que la justifican, pese a que la ley obliga a ello.Tras esta exposición, tanto la Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel como Gent del Matarranya han solicitado declarar “insuficiente” el Estudio de Impacto Ambiental, por no evaluar el proyecto en su integridad. Por el momento, la empresa Red Eléctrica no se ha pronunciado sobre el asunto al ser contactada por este medio.

Precedente de la inviabilidad

En 2021 se evaluó un proyecto prácticamente idéntico —el “Clúster Begues”— y fue declarado ambientalmente inviable por la Generalitat de Catalunya debido a sus impactos críticos sobre el águila perdicera y la Red Natura 2000. El Miteco confirmó esa inviabilidad en enero de 2025.

A este respecto, han subrayado que la legislación es clara para subrayar que “no se puede repetir indefinidamente el mismo proyecto, y no se pueden admitir proyectos sustancialmente análogos a otros ya rechazados. Y este lo es”, han zanjado.

La Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel y la asociación Gent del Matarranya exigen a REE un nuevo EsIA “único e integrado”, que analice el eje completo y sus impactos acumulados; inadmitir el proyecto, aplicando el artículo 39.4.c) de la Ley 21/2013, por ser sustancialmente análogo al proyecto rechazado en 2021; y retrotraer el procedimiento si no se inadmite, para corregir el alcance del estudio. Además, reclaman que se garantice una evaluación ambiental transparente, rigurosa y coordinada, respetando los principios de prevención y no regresión.

Para estas entidades, que han presentado estas alegaciones en coordinación con otras plataformas de Aragón y Catalunya con las que comparten análisis, preocupaciones y estrategia, este proyecto “no es una simple línea eléctrica, sino una infraestructura que condicionará el futuro del territorio y que se suma a una presión renovable ya insostenible”. Por ello, han hecho un llamamiento a la ciudadanía, a los ayuntamientos y a las instituciones para que “defiendan el paisaje, la biodiversidad y el derecho de los pueblos a decidir sobre su propio territorio”.

El consejero de Industria de Cantabria, Eduardo Arasti (PP), ha acusado al grupo parlamentario Vox de sembrar dudas con sus preguntas sobre el proyecto del centro de datos Altamira, que se negó a responder este pasado lunes en el primer turno de su intervención parlamentaria. “Parece que buscan esparcir unas dudas que podían haber despejado leyendo el trabajo de la Universidad de Cantabria al respecto”, espetó desde la tribuna del hemiciclo. “Ahí están las respuestas a todas sus preguntas”, concluyó. Recogió sus papeles y regresó a su escaño.

Vox había preguntado para cuándo tendrá energía eléctrica suficiente para funcionar el futuro campus tecnológico Altamira, que ocupará 636.000 metros cuadrados entre los municipios de Piélagos y Villaescusa, una iniciativa que ha sido declarada como “proyecto estratégico” de Cantabria. También si habría que duplicar la capacidad de transporte de energía de Cantabria solo para dar servicio a ese centro de datos y si puede suponer un problema el que no quede margen para que se instalen nuevas fábricas o que las actuales se electrifiquen.

Pero el informe de la Universidad de Cantabria avalando el futuro centro de datos de 320 megavatios en su primera fase -que posteriomente serán 500 megavatios, como el consumo de toda Cantabria- no despeja directamente estas dudas.

Cantabria se ha sumado al aluvión de los centros de datos en España con un proyecto privado -que aspira a instalar un centro que se sumaría a los 130 que ya existen en proyecto en todo el país- huérfano del elemento principal: la energía eléctrica necesaria. Los accesos a la red eléctrica son limitados y están muy cotizados. Cantabria no dispone de electricidad suficiente para el centro de datos privado y el Ministerio para la Transición Ecológica no ha incluido en la Planificación de la Red de Transporte de Energía 2026-2030 las dos nuevas posiciones en la subestación de Penagos que solicitó el Ejecutivo autonómico. En este momento hay presentadas dos alegaciones, por parte del Gobierno y de la empresa privada que lo impulsa, a la espera de que se resuelvan.

El consejero cántabro Eduardo Arasti concretó algunos datos más en la réplica de la pregunta parlamentaria que no respondió. “No habrá competitividad sin centros de datos”, argumentó. “Si queremos empleos bien remunerados, España tiene que instalar centros de datos y sino cometeremos un error histórico”. “Por eso creo que el Gobierno de España no impedirá una inversión de 3.600 millones de euros que supone un gasto cero al sistema eléctrico español”, advirtió.

Cantabria tiene en estos momentos una potencia de 2.000 megavatios “concedida a consumidores finales” y el pico de consumo está en 900 según Red Eléctrica, dijo el consejero. Por lo tanto, considera que “no falta energía, sino que se infrautiliza”.

“Los electrones no saben por qué comunidad circulan”

Arasti dijo en el Parlamento que tenemos un sistema con 1.000 megavatios “ociosos”. Por tanto, aseguró que el centro de datos Altamira “tiene energía suficiente a través de las dos subestaciones que ya existen en Penagos”. “Los electrones no saben por qué comunidad autónoma circulan” -apostilló- “circulan por España”. Lo que hay que hacer es echar de la red eléctrica a los fantamas y dar paso a proyectos serios, maduros y con ventajas competitivas como el proyecto Altamira“.

Arasti anunció también que si el Ministerio admite algunas de las alegaciones, las obras podrán comenzar de inmediato. También incidió en que el proyecto Altamira “no desplaza” ningún otro proyecto industrial en Cantabria.

La Xunta va a registrar sus alegaciones contra la planificación de infraestructuras eléctricas propuesta por el Gobierno central y que excluye la subestación que necesita el proyecto de macrocelulosa de Altri para instalarse en la comarca de A Ulloa. Una de las reclamaciones del Gobierno gallego volverá a ser que se incorporen nuevos proyectos de transporte para la zona central y oeste de la provincia de Lugo, ya que la carencia de una subestación “frena su futuro industrial”.

El Consello de la Xunta revisó en su reunión de este lunes un informe sobre las alegaciones, en la víspera de que termine el plazo para presentarlas. El presidente gallego, Alfonso Rueda, manifestó que hay más de una docena de proyectos industriales declarados estratégicos que no tienen garantizada la conexión que necesitan con la planificación entre 2026 y 2030 y consideró que “no es de recibo” que Galicia sufra lo que considera “una nueva discriminación”.

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, insistió en la falta de infraestructuras para la provincia de Lugo. Cuando se conoció la propuesta de planificación dio por hecho que el proyecto de Altri sería inviable. Este lunes defendió que las alegaciones, en las que el Gobierno gallego vuelve a pedir la subestación que requeriría la fábrica para instalarse en Palas de Rei, buscan que “no se condene” a algunos territorios y que “no se haga morir proyectos”.

La Xunta defiende que Galicia necesita más capacidad para que se instalen proyectos industriales, entre los que cita el centro de datos planeado para Curtis (A Coruña)o la central de bombeo reversible Meirama. También reclama más posibilidades de evacuación de la energía renovable que se produce en territorio gallego. Rueda aseguró que, de los 13.122 millones de euros totales de inversión en el periodo hasta 2023, se reservan para Galicia unos 367, es decir, el 2,8%.

La manifestación contra Altri

Rueda trató de minimizar la participación en la multitudinaria protesta del domingo contra el proyecto de Altri. Aunque reiteró que respeta a los manifestantes que van “de buena fe” a las protestas, agregó que “todo parece indicar que el apoyo fue menor que en la anterior”. Y cargó también de nuevo contra lo que considera “propaganda y bombardeo interesado de ciertas fuerzas políticas”, que considera que provocó que algunas personas “pensasen que tenían que estar ahí [en la manifestación]”.

Repitió que la decisión de seguir adelante o no con el proyecto es de la empresa, tras confirmarse que no tendrá acceso a fondos de descarbonización ni contará con esa subestación eléctrica que reclamaba. Hace unos días el presidente gallego aseguraba que la tramitación del proyecto por parte de la Xunta ha pasado a ser, en este contexto, algo “incluso secundario”.

La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, ha afirmado este miércoles que la denominada “operación reforzada” del sistema eléctrico, el refuerzo antiapagones que la compañía tiene en marcha desde el histórico cero energético del pasado 28 de abril, va a continuar hasta que no se esclarezca “la causa”de la “oscilación forzada” que, como reveló elDiario.es, provocó media hora antes de ese gravísimo incidente la megaplanta fotovoltaica Núñez de Balboa, de Iberdrola.

Durante una conferencia en el Club Diálogos para la Democracia, y sin citar a esa planta ni a su titular, Corredor ha explicado que “mientras no se acredite, se demuestre y se ponga de manifiesto cuál fue la causa de la oscilación anómala de las 12.03”, Red Eléctrica (REE) seguirá aplicando esa operación reforzada. “Sabemos en qué planta fue, pero no sabemos la causa”. “Lo tiene que acreditar el titular de esa planta”. “Mientras no estemos seguros de que todo el mundo cumple, seguiremos aplicando la operación reforzada”, ha insistido.

elDiario.es reveló en junio que la central fotovoltaica que está en el origen del apagón es esa megaplanta de Iberdrola en Badajoz, cuya oscilación según ha explicado Corredor tuvo un efecto comparable a “una arritmia” que tuvo “repercusiones en el sistema”.

Sin citar a Iberdrola, Corredor dijo en una comparecencia en el Senado que la propietaria de esa planta había realizado “un experimento” con esa instalación un año antes del apagón. La compañía lo interpretó como un ataque a su honor, con la correspondiente amenaza de demanda contra la exministra socialista.

La presidenta de Redeia ha cifrado el coste de esa operación reforzada hasta ahora en 486 millones de euros, “unos cuatro céntimos de euro al día para los consumidores de PVPC”, la tarifa regulada, a la que la propia Corredor está acogida.

“Puede ser una cantidad astronómica para según que consumidor”, pero “ni un solo euro va a la cuenta de resultados de REE, que es independiente del precio de la electricidad”, sino que “va a la cuenta de resultados de las compañías generadoras de electricidad”. Ha defendido que este noviembre el recibo ha sido más barato que el del mismo mes de 2024. Y que los denominados vertidos, la renovable que se desperdicia, están en “apenas el 3,5%”, un porcentaje “sumamente eficiente” y por debajo de otros países europeos.

En noviembre, el mix eléctrico se cubrió en casi un 57% de fuentes renovables y en lo que llevamos de año el porcentaje ha sido del 56%, lo que sitúa a España “a la cabeza de Europa tanto por potencia instalada” (es el segundo país que más tiene) “como en generación” (tercero). “Esto evidentemente tiene una ventaja competitiva para nuestro país”, con “precios sumamente competitivos para la industria”.

La presidenta de REE ha afirmado que “la verdad es una y la verdad en la física es muy tozuda”. “Los datos eléctricos están registrados al milisegundo”, no son “nada manipulables” y “los equipos de REE cumplieron en todo momento, antes durante y después toda la normativa”.

Ha insistido en que la programación del día 28 “fue correcta y ajustada a derecho”, con “más de 40 grupos convencionales acoplados al sistema” y “dos fenómenos anómalos y peligrosos”: esa “oscilación forzada” y otra “natural” que alteraron la tensión y la frecuencia, a lo que siguieron “desconexiones masivas, intempestivas e indebidas en la red de distribución” y “un inadecuado desempeño en las obligaciones de control de tensión” de los grupos convencionales, “especialmente en la zona suroeste y centro”. Fue una concatenación de eventos “inédita en el mundo”.

Corredor ha subrayado que los informes de REE, el Gobierno o la Agencia Internacional de la Energía reflejan que “la tensión era correcta y el comportamiento de los grupos convencionales en Portugal y en España fueron distintos”, con “vaivenes bastante evidentes”. Aunque “evidentemente cada agente del sistema tiene su propio relato”.

Preguntada por el futuro de las nucleares, Corredor ha dicho que REE no tiene “ninguna opinión” sobre el futuro del mix, que forma parte de la política energética. Se ha felicitado por que la Comisión Europea haya incorporado como proyectos de interés comunitario dos nuevos proyectos transpirenaicos a través de Navarra y Aragón.

La interconexión, ha recordado, es “crítica” para España y Europa. La conexión submarina con Francia que se está construyendo a través del Golfo de Vizcaya es una obra “muy compleja” que va a elevar el porcentaje a solo el 5%. “Tampoco vamos a estar muy bien”.

Corredor ha justificado la venta de Hispasat a Indra en que “una de las prioridades de Europa es la defensa y la seguridad” y “tanto Hisdesat como Hispasat tienen experiencia, infraestructura y dispositivos muchos más adecuados a lo que ahora necesita la UE”. Corredor ha sido presentada por el exministro socialista Miguel Sebastián, consejero de Indra en representación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), primer accionista de Redeia (20%) y de Indra (27%), que ha definido a Corredor como “una persona en la que se puede confiar”.

El histórico empresario de las renovables José María González Vélez, ex presidente de la patronal Appa, ha felicitado a Corredor por su labor y por que no haya “arrojado la toalla a pesar de los ataques”.

El presidente de Gesternova ha apuntado que “a lo mejor” el apagón “no hubiera pasado” si la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) hubiera aprobado antes el procedimiento para permitir a la fotovoltaica controlar tensión que REE pidió al regulador en 2021 y que el regulador anunció en junio, aunque no estará vigente hasta 2026.

Las energías renovables están irremediablemente obligadas a entenderse dentro del funcionamiento de la red eléctrica. Y ahí se encuentra uno de los mayores desafíos del sector, que necesita mejorar la eficiencia en cuanto a la capacidad de absorción, para ello, los expertos han coincidido en que la solución pasa por el almacenamiento en baterías y la flexibilización de la demanda. Esta fue una de las principales conclusiones que se abordaron en la cuarta mesa de la IV Jornada de Economía circular y Energías renovables de elDiario.es.

“Los llamados vertidos son una ineficiencia porque desperdician una energía cuyo coste variable es muy reducido y no es lo deseado, idealmente esos vertidos deberían ser nulos”, admitió Manuel García Hernández, director general de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que también ha subrayado que el sistema eléctrico ibérico ha sido un referente en la integración de renovables. 

“Tenemos que trabajar por maximizar la generación renovable y minimizar los vertidos, ya sea construyendo más red o instalando almacenamiento cerca de donde se construye esa red para eliminar las congestiones de red”, defendió García Hernández. “También hay otros vertidos, de nudo único de mercado, que se dan por una demanda inferior a la oferta, para evitarlos debemos apostar por la interconexión de la península y el fomento de la demanda”, señaló. Según García Hernández “España puede ser un referente en cuanto a integrar renovables en niveles que ya hemos visto trayendo flexibilidad al mercado eléctrico”.

En la misma línea, Arancha Martínez, country manager de X-Elio, apeló al futuro prometedor de nuestro país en la generación de energía renovable. “En España ahora mismo tenemos una oportunidad única para potenciar esas empresas que quieren venir a poner ya no solo data center sino otras industrias que necesitan esa alta demanda”, valoró tras exponer el inusual fenómeno de que se den precios cero o negativos. 

Por su parte, Raquel Paule, directora general de la Fundación Renovables, profundizó en las causas del incremento reciente de vertidos, señalando la gestión cautelosa de la red tras el apagón y el bajo nivel de electrificación de la demanda. Para Paule, trasladar la generación a donde está el consumo forma parte de la solución, además del almacenamiento. También subrayó el desequilibrio entre la capacidad de generación y el consumo: “En estos últimos años hemos electrificado entre un 3 y un 4% y eso hace que la demanda de electricidad sea muy baja en relación con la capacidad de las renovables”.

El director de apoyo al desarrollo de instalaciones de Red Eléctrica, Luís Velasco, abordó el papel fundamental de la red de alta tensión y su desarrollo en la planificación energética. Velasco mencionó la incorporación de nuevas tecnologías, como los Dynamic Line Ratings (DLR) para incrementar la capacidad, y la repotenciación de líneas existentes, un proceso que a menudo se ralentiza por la normativa ambiental. “Yo creo que lo primero es ese desarrollo de las redes, que viene acompasado con la planificación. Efectivamente, estamos ahora mismo en mitad de la transición de todo lo que tenemos por desarrollar”, valoró.

El fantasma del apagón 

“Lo ocurrido el pasado 28 de abril no tuvo nada que ver con que no hubiera suficiente capacidad de almacenamiento”, quiso aclarar García Hernández. “El almacenamiento te da esa flexibilidad, te da eficiencia. Se trata de no tener que desperdiciar energía, porque al final por encima de todo lo que nos interesa es tener unos precios lo más competitivos posibles para tener”, añadió

Arancha Martínez, desde la perspectiva de los productores, expuso cómo el suceso generó inestabilidad en el sector y lo llevó a “ser todavía más conservadores en los criterios”. Este conservadurismo por “el fantasma del apagón” ha provocado un “efecto péndulo” en la gestión: “Estamos ahora mismo en un momento complicado, con curvas y con precios altos, pero en dos años vamos a ver una evolución totalmente diferente”. Martínez urgió a la industria a concentrarse en potenciar las soluciones, como las baterías y las hibridaciones, en lugar de centrarse en lo ocurrido.

Desde el Ministerio, Manuel García Hernández hizo hincapié en la buena acogida de las convocatorias de ayuda para el almacenamiento: “Muestra el gran apetito que hay por los efectos de almacenamiento, tanto híbrido como ‘stand alone’, y distintas tecnologías”. “Nosotros también, como autorizadores de muchas instalaciones, también estamos viendo un gran volumen de proyectos que, antes de obtener la autorización, cambian su propuesta inicial para añadir almacenamiento”, mencionó.

Una red conectada

En cuanto a las interconexiones, consideradas vitales para absorber los vertidos de mercado, Luís Velasco confirmó que el proyecto del Golfo de Vizcaya, crucial para alcanzar hasta 5.000 megavatios de capacidad con Francia, sigue en marcha con el objetivo de conseguirse para 2028, a pesar de las complejidades logísticas y de coordinación binacional. Además, mencionó otros proyectos en curso, como la interconexión con Portugal, prevista para finales de este año, y las “tres pirenaicas” en curso, a través de Andorra, Aragón y Navarra.

Los expertos también se refirieron a la necesidad de incrementar la inversión en redes de distribución y el papel regulatorio de la CNMC. El Ministerio está trabajando en un Real Decreto que revisa los límites de inversión, ampliando el volumen máximo que transportistas y estabilidad al sistema.

Finalmente, la conversación derivó hacia el futuro digital, destacando la doble transición ecológica y digital que vivimos y el rol del Big Data y la IA para optimizar la gestión de flujos y la predicción de la demanda. Arancha Martínez concluyó con optimismo sobre la consecución de los ambiciosos objetivos del PENIC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima), insistiendo en que la clave es potenciar el almacenamiento, que ya ha demostrado su efectividad a nivel global. “Estamos en el buen camino y con las baterías estamos ayudando totalmente a que no haya esa sobrecapacidad de la que se está hablando. Ya vemos que en Australia ha pasado, que está en California, en EEUU, en Alemania, las baterías están jugando un papel muy importante”, aseguró la country manager de X-Elio.

“En esa twin transition, ecológica y digital, ambas partes deben de ser complementarias y no obstaculizarse unas a otras, pero aquí sobre todo quiero matizar el papel del Estado como garante del interés público general”, quiso apuntar Raquel Paule, para evitar que la cantidad ingente de energía y recursos del sector digital no repercuta en la población o tensione los territorios.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un expediente informativo, que puede derivar o no en el correspondiente expediente sancionador, sobre las variaciones de tensión en el sistema eléctrico peninsular detectadas durante el pasado mes de septiembre que llevaron a Red Eléctrica de España (REE) a pedir a principios de este mes una serie de cambios urgentes en varios procedimientos de operación para evitar apagones como el histórico cero energético del pasado 28 de abril.

La CNMC ha anunciado este lunes que ha aprobado algunos de los cambios que le propuso REE. El organismo ha anunciado en un comunicado que ha dado luz verde a la modificación de “determinados procedimientos de operación del sistema eléctrico por razones operativas y con carácter de urgencia” con el fin de evitar esas oscilaciones bruscas de tensión, tras la petición urgente que realizó REE el pasado 7 de octubre para cambiar esos procedimientos.  

La resolución que ha aprobado esos cambios indica que el pasado 29 de septiembre, el operador del sistema (REE) trasladó a la CNMC que se habían producido en las dos semanas previas “variaciones de tensión en el sistema eléctrico peninsular español, con origen estimado en los cambios bruscos de programa, tales que pudieran tener impacto en la seguridad del suministro”.

El 30 de septiembre, REE remitió a la CNMC un informe sobre esas variaciones de tensión, “su impacto y un análisis de posibles medidas paliativas de rápida implementación”. El 2 de octubre, la CNMC remitió al operador sus observaciones. 

“En esa misma fecha, previa apertura de expediente informativo, la CNMC solicitó información a los titulares de los ciclos combinados sobre sus capacidades de respuesta ante las variaciones bruscas de tensión registradas. Entre el 8 y el 15 de octubre se han recibido las contestaciones a dicha solicitud. En el ámbito del mismo expediente también se requirió al operador del sistema información diaria del seguimiento de incidencias y análisis de las mismas”.

La resolución indica que la CNMC va a lanzar un plan de trabajo con el sector para analizar la implantación del servicio de control de tensión cuya aprobación anunció en junio pasado (el 7.4) tras años analizándolo, y que no va a estar plenamente implantado hasta el año que viene. “Este foro servirá también para abordar las cuestiones planteadas en el ámbito del expediente informativo” sobre “el seguimiento del servicio de control de tensión”, explica la resolución. 

“Asimismo, se abordarán cuestiones que pudieran requerir una revisión de la Circular de peajes de acceso y conexión y de las Especificaciones de Detalle de Acceso y Conexión de las instalaciones de generación a las redes de transporte y de distribución eléctricas”.

Cambios temporales

Los cambios que ha aprobado la CNMC en los procedimientos de operación tendrán una vigencia de entre 30 días, prorrogables hasta un máximo de tres meses, “con el objetivo de incrementar las herramientas del operador del sistema para reforzar la seguridad del suministro en caso de producirse variaciones bruscas de tensión”.

Tras el análisis de los comentarios formulados por los actores consultados, la CNMC ha aprobado algunas de las medidas propuestas por el operador del sistema con ciertos ajustes en el texto para limitar su posible impacto. Mientras el Ministerio de Transición Ecológica valoró “positivamente” la propuesta de REE, varios agentes del sector mostraron “su preocupación con la adopción de las modificaciones por el operador del sistema” y la “ausencia de transparencia respecto a las causas concretas que motivan y justifican las medidas que se adoptan”.

El sector también expuso el “evidente” impacto negativo “sobre el funcionamiento de los mercados, la participación de las instalaciones renovables en los servicios de ajuste, el potencial incremento de los vertidos [energía renovable que se desperdicia], el incremento del coste del desvío y el impacto de una u otra de las medidas propuestas sobre todos los sujetos del sector”.

Finalmente, la CNMC ha aprobado varios cambios en los procedimientos de operación relativos al proceso de programación de las centrales o en la aplicación de las denominadas restricciones técnicas (en las que se basa las medidas de refuerzo que se ha usado desde el apagón, con más uso del gas), pero no ha aceptado las modificaciones del procedimiento 7.4 que le pedía REE: “Requiere de un análisis más profundo por parte de todos los actores implicados, por lo que no procede su adopción de forma inmediata, en tanto no hayan sido analizadas convenientemente las evidencias aportadas por los sujetos en el trámite de audiencia y sus implicaciones”.

La CNMC explica que pondrá en marcha un plan de trabajo para abordar medidas adicionales, si fuesen necesarias, promoviendo un análisis conjunto con los distintos sujetos y operadores del sistema, con el fin de reforzar la coordinación en el contexto actual del sistema eléctrico. El organismo que preside Cani Fernández supervisará “de manera continuada” el impacto de las medidas sobre el buen funcionamiento del mercado de electricidad

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica indican que el departamento de Sara Aagesen “agradece la celeridad con la que el Regulador, en el ejercicio de sus competencias, ha respondido a los requerimientos del Operador del Sistema y del propio Ministerio para adoptar las medidas necesarias y supervisar el cumplimiento de las obligaciones de todos los agentes del sistema eléctrico. En este sentido, valora positivamente la modificación de varios procedimientos operativos con el objetivo de reforzar el sistema”.

Transición Ecológica “igualmente agradece a la CNMC que lance un plan de trabajo para analizar el comportamiento de las instalaciones que actualmente deben prestar el servicio de control de tensión y para agilizar los procesos de habilitación de los sujetos que prestarán dicho servicio, de acuerdo con la revisión del PO 7.4, al objeto de implementar esta solución estructural para el control de tensión con la mayor celeridad posible”.

Las dos iniciativas empresariales de mayor calado en Cantabria en los próximos años, el centro logístico de La Pasiega y el campus tecnológico Altamira, que promociona el Gobierno autonómico para atraer empresas a la comunidad autónoma y comienzas a dar sus primeros pasos, no tienen suministro eléctrico suficiente para poder funcionar y el horizonte inmediato tampoco prevé corregir esta circunstancia.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha rechazado la autorización que solicitó la Consejería de Industria para que estos espacios dispongan de la potencia eléctrica necesaria para que pueda generarse actividad empresarial e industrial. Si hasta ahora ha resultado difícil conseguir que alguna empresa confirme su interés por instalarse, las circunstancias actuales de déficit energético las dificultan aún más, según reconoce el propio Ejecutivo.

La propuesta de la red del planificación energética hasta 2030 del Ministerio no estima las peticiones más importantes que hizo el equipo de María José Saénz de Buruaga y complica el desarrollo de los futuros parques empresariales ejecutados a través de un PSIR (Plan Singular de Interés Regional) en los que el Gobierno de Cantabria tiene depositadas todas sus expectativas de desarrollo para esta legislatura.

El titular de Industria, Eduardo Arasti (PP), ha admitido recientemente que Cantabria no ha salido beneficiada -“ha sido discriminada”, ha llegado a decir- del reparto de potencia eléctrica nacional anunciado hace unos días.

La propuesta ministerial está en trámite de audiencia e información pública, por lo que el Gobierno de Cantabria podrá presentar alegaciones. La intención de Arasti es solicitar que se refuerce de manera “sustancial” la potencia de la subestación eléctrica del centro logístico de La Pasiega. Justo después de la decepción del reparto, el Ejecutivo autonómico anunció que un inversor anónimo ha reservado suelo para un proyecto que en una primera fase prevé un desembolso de 750 millones de euros y la generación de 450 empleos.

Respecto a las necesidades del Campus Tecnológico del Centro de Datos Altamira, Cantabria había socilitado al Ministerio dos nuevas posiciones de conexión en la subestación de Penagos. El consejero de Industria argumenta que es “técnicamente posible” y que “no supone ningún gasto”. Aún así, de momento está fuera de los planes del Ministerio, lo que lastraría el futuro del proyecto.

El Gobierno de Cantabria ya ha anunciado que presentará alegaciones para conseguir que se atienda la demanda de energía en estos puntos porque reconoce que de no incluirse en la Planificación, “esa inversión no podría llevarse a cabo ni en Cantabria ni en España y se llevaría a cabo donde las infraestructuras básicas estén preparadas para satisfacer las necesidades de la industria”.

El Ministerio ha dado prioridad a otras conexiones. La propuesta estatal de Planificación Energética 2030 para Cantabria proyecta una nueva subestación eléctrica que suministrará energía a los proyectos industriales de la cuenca del Besaya vinclulados al hidrógeno verde o el proceso de descarbonización de la planta de Solvay en Barreda.

El documento del Ministerio también incluye un nuevo transformador en la subestación de Cicero para reforzar la red de distribución en la zona oriental de Cantabria, que se prevé que esté operativo en 2026, una nueva línea Cacicedo-Puente San Miguel y un incremento de potencia para la conexión Aguayo-Puente San Miguel, que mejorará la seguridad de suministro del área de Torrelavega y el arco de la Bahía de Santander.

Iberdrola emprenderá acciones legales contra la presidenta de Redeia -matriz de Red Eléctrica de España (REE)-, Beatriz Corredor, por atacar la reputación de la eléctrica en sus acusaciones sobre el apagón del pasado 28 de abril, según ha adelantado este lunes el diario 'El Mundo'.

La energética presidida por Ignacio Sánchez Galán ha iniciado ya el trámite legal previo a la presentación de una denuncia contra Corredor, después de que la exministra socialista acusase en el Senado a la compañía de gestionar mal una de sus fotovoltaicas, la de 'Núñez de Balboa' en Badajoz, convirtiéndola en el epicentro del apagón.

Fuentes jurídicas indicaron a Europa Press que Iberdrola considera que las declaraciones de Corredor representan un ataque a la reputación de la compañía. Así, pedirán a Corredor que se retracte de sus manifestaciones públicas.

El pasado 11 de septiembre, en su comparecencia en la Comisión de investigación sobre el apagón abierta por el Senado, Corredor volvió a señalar a las empresas eléctricas como las culpables del cero eléctrico por su “mala gestión”, y apuntó que una de ellas reconoció que en 2024 estuvo haciendo un “experimento” en la gestión de una planta fotovoltaica de Badajoz-, justo donde estima que se desencadenó el cero energético.

Corredor afirmó en el Senado que Red Eléctrica sabía que todo el proceso del apagón se inició a las 12.03 horas en una planta fotovoltaica de una empresa privada de Badajoz porque hay “constancia física”.

“Podemos demostrar que la oscilación extraordinaria que empezó a las 12.03, de 0,6 Hz, provino de la mala gestión y de mal control de una planta fotovoltaica de alta intensidad instalada en la provincia de Badajoz, que se comportó de forma indebida y que provocó que el sistema se sintiera mucho más vulnerable como consecuencia de esa doble oscilación”, subrayó.

La presidenta de Redeia apostilló que esa misma planta había tenido un fallo semejante “acreditado y documentado” el año anterior y que los propios responsables de esa planta dijeron que habían estado haciendo un “experimento” en cuanto a la forma de gestionar esa planta.

El pasado 20 de junio, elDiario.es avanzó que la planta que, según el informe del Gobierno sobre el apagón, tuvo “un comportamiento oscilatorio anómalo en el output de potencia activa y reactiva” a las 12.03 del pasado 28 de abril, media hora antes del apagón, fue la Núñez de Balboa. El informe “factual” de los expertos europeos sobre el apagón publicado hace unos días hace también especial hincapié en esa oscilación, aunque sin citar a la Núñez de Balboa (ni a ninguna otra instalación).

El informe final de la red europea ENTSO-E incluirá un “análisis detallado” de las “causas raíz”, del “control de tensión” realizado en la red durante ese día por los generadores, “el comportamiento de diferentes actores durante el incidente” y algunos comentarios “adicionales”. Entre ellos, sobre las causas de esa “oscilación local” que fue un fenómeno “inusual”, como señaló el experto austriaco que ha coliderado el panel, Klaus Kaschnitz.

El pasado mes de mayo, Iberdrola presentó también ante el Tribunal Supremo una acción por la que solicitaba una explicación normativa sobre la creación por el Gobierno del Comité para el análisis de las circunstancias que concurrieron en la crisis de electricidad del 28 de abril, que llevó al cero eléctrico a la Península Ibérica, con el objetivo de conocer su garantía jurídica.

El informe que publicó el Gobierno sobre el apagón ya apuntó a “un comportamiento oscilatorio anómalo en el output de potencia activa y reactiva” de esta central de Iberdrola. “En pocos segundos, la generación de la planta oscila con una amplitud pico-pico de en torno al 70% de la producción que tenía inmediatamente antes de la oscilación. Este comportamiento contrasta con el de otras plantas de la misma tecnología conectadas en el mismo nudo o nudos cercanos”, decía ese dictamen, que afirmaba que esa oscilación es “más propia de las tecnologías síncronas”, como la nuclear o el gas, que “modifican su factor de potencia para mantener la tensión constante”, que de una planta fotovoltaica, “que está sujeta a un factor de potencia fijo” y en la que “el valor de potencia de salida, especialmente la activa, debería ser constante”.

Según el dictamen del comité, “durante esta perturbación se producen fuertes oscilaciones de tensión, no únicamente de frecuencia y potencia, principalmente en la zona sur y oeste de la península ibérica. A diferencia de las variabilidades de tensión anteriores detectadas esa misma mañana o en días anteriores, en este caso se trata de oscilaciones repetitivas de subida y bajada de tensión en el espacio de segundos, que siguen un patrón concreto coincidente con la oscilación en la frecuencia, a modo de vaivén”.

“Durante este periodo se reportan algunas llamadas por parte de agentes al Operador del Sistema a propósito de las oscilaciones” y “se detecta una caída brusca del amortiguamiento del sistema”, que “se hace más vulnerable”. La misma oscilación se reproduce a las 12.16 horas. Un minuto antes, la planta Núñez de Balboa ha “cambiado su producción” de los citados 250 MW a 350 MW.

Según el informe que publicó justo después REE, “no se observan fluctuaciones de la potencia activa de la planta”, pero sí “en la potencia reactiva”, la que necesitan para operar las redes eléctricas. REE apuntó a un mal funcionamiento de Núñez de Balboa como explicación a ese comportamiento anómalo: “Se han analizado las condiciones de la red en el punto de conexión, potencia de cortocircuito y nivel de tensión, y ambas eran correctas, por lo que es probable que la oscilación fuese causada por un mal funcionamiento de un control interno o por una anomalía interna de la planta, que deberá aclarar el propietario de la misma”.

“Se ha revisado la otra planta que evacúa a la red de transporte a través de la misma instalación de enlace así como otras que evacúan en subestaciones próximas, y la única que oscilaba era la indicada”, decía ese informe, que pidió una “investigación de la causa de la aparición de la oscilación forzada originada en la planta fotovoltaica de la provincia de Badajoz e implementar las acciones correctivas para evitar su repetición”.

Han pasado ya cinco meses desde el “cero eléctrico” que dejó sin luz a España y Portugal durante varias horas del 28 de abril de 2025 y parte de la madrugada siguiente. Fue un suceso inédito: nunca antes se había registrado una interrupción de semejante alcance.

En el tiempo transcurrido ha sido posible reconstruir la secuencia del incidente con precisión de centésimas de segundo, pero persisten discrepancias sobre las causas -sin duda multifactoriales- que determinaron algunas desconexiones de centrales y equipos que fueron decisivas en la irreversibilidad del proceso. Las investigaciones continúan y todavía no existe un consenso claro. Sin embargo, sí pueden ser extraídas ya enseñanzas valiosas sobre cómo reforzar nuestro sistema eléctrico, tanto desde una perspectiva técnica como regulatoria.

El episodio ha recordado la importancia de revisar los protocolos de coordinación entre los distintos agentes del sector, reforzar la transparencia en la comunicación de incidencias y adaptar la regulación del mercado y de la operación del sistema a los nuevos desafíos de la transición energética. Solo una visión integral -que combine resiliencia tecnológica, buen gobierno regulatorio y cooperación efectiva- permitirá reducir el riesgo de futuros apagones y garantizar la estabilidad del suministro.

El suceso también ha servido como llamada de atención sobre el valor estratégico de la electricidad: un bien esencial para hogares y empresas cuya continuidad depende de un sistema cada vez más complejo y cada vez con mayor participación de nuevas tecnologías de generación, de almacenamiento y de control.

Las causas: una reacción en cadena difícil de reconstruir

Determinar las causas exactas del apagón es tarea de los especialistas en dinámica de sistemas eléctricos. Gracias a los equipos registradores instalados en los principales nudos de la red de transporte (hay 76 equipos capaces de medir las magnitudes eléctricas de forma precisa y sincronizada), el operador del sistema ha podido reconstruir la secuencia de eventos de desconexión que llevaron al cero eléctrico, pero todavía no es del todo posible concluir si ha habido protecciones que funcionaron intempestiva o anticipadamente y pudieran haber condicionado fatalmente el incidente hacia un fallo total. Tocaría ahora, después de haber analizado millones de datos, hacer simulaciones para identificar qué fue crítico y cómo se podría haber evitado, tarea que exige medios técnicos avanzados y plena cooperación entre los actores implicados, algo que lamentablemente no siempre ocurre. Parte de la información pertenece a empresas privadas que la consideran confidencial (a pesar de funcionar con una autorización administrativa), lo que complica la investigación.

De momento, solo se sabe que el apagón se originó por una reacción en cadena de sobretensiones y desconexiones de generación, asociadas a fallos en el control dinámico de tensión. Es probable que no existiera una única causa, sino varias causas concurrentes, todas de muy baja probabilidad de ocurrencia que, combinadas, produjeran un evento de menor probabilidad aún. En definitiva, causas, ninguna de ellas suficiente por si sola para provocar el incidente, pero todas ellas necesarias.

Las discrepancias entre los informes del Gobierno, Red Eléctrica de España (REE) y otros agentes sugieren que aún hay debates técnicos abiertos. El informe definitivo de ENTSO-E -la organización europea de operadores de sistemas eléctricos- está todavía pendiente de la información requerida a algunas empresas eléctricas, y aunque sus avances provisionales confirmen la secuencia de los hechos, falta todavía la identificación de las causas raíz y la elaboración de una lista de recomendaciones. 

Mientras tanto, tanto el Gobierno como REE han adelantado líneas de actuación que cuentan con amplio consenso: 1) Reforzar la disponibilidad de centrales capaces de gestionar tensión y energía reactiva. 2) Mejorar los protocolos operativos y la verificación del cumplimiento de las obligaciones de control de tensión por parte de las generadoras. 3) Impulsar inversiones en la red de sistemas de control de tensión eliminando restricciones estandarizadas. 4) Impulsar el almacenamiento eléctrico —baterías y otros equipos— para dotar al sistema de mayor flexibilidad. 5) Fortalecer las interconexiones con Europa, para disponer de mayor margen de maniobra ante perturbaciones internas. 6) Aumentar la ciberseguridad en los sistemas de control y comunicaciones.

REE, por su parte, propone garantizar que toda la generación disponga de control dinámico de tensión, revisar los ajustes de protección frente a sobretensiones, mejorar la visibilidad operativa de la red mediante sensores avanzados y reforzar los recursos destinados al control de tensión.

Energía renovable y estabilidad del sistema

Más allá de los aspectos técnicos inmediatos, el apagón ha reabierto un debate de fondo: ¿puede un sistema eléctrico basado casi por completo en energías renovables mantener la estabilidad y la fiabilidad del suministro?

La respuesta, según la mayor parte de los expertos, es afirmativa. Las centrales renovables modernas, gracias a la electrónica de potencia y a sus sistemas de control, pueden aportar servicios esenciales para la estabilidad del sistema, como el control de tensión y frecuencia, e incluso proporcionar “inercia virtual” mediante algoritmos que simulan la respuesta de las máquinas giratorias de las centrales térmicas o hidráulicas.

El desafío no es tanto tecnológico como de coordinación. Es necesario que todas las instalaciones renovables —actuales y futuras— estén equipadas con el hardware y software adecuados, configurados y gestionados bajo criterios comunes. En esa coordinación REE debe desempeñar un papel central para garantizar que la respuesta de las renovables contribuya efectivamente a la estabilidad global.

Este debate técnico enlaza con cuestiones regulatorias de fondo: ¿dispone REE, como Operador del Sistema, de las competencias suficientes para garantizar una operación segura y eficiente del conjunto generación-transporte en tiempo real?

El papel del Operador del Sistema

Conviene recordar que la operación del sistema eléctrico es, ante todo, una función técnica, aunque ya en 1997 (desde la mal llamada liberalización del sector eléctrico) se incorporaran mercados destinados a resolver las restricciones técnicas. La creación de estos mercados -como los de los servicios complementarios- supuso que algunas funciones que antes asumía REE quedaran fragmentadas o sujetas a dinámicas de mercado.

Esta evolución ha generado varios problemas:

-Procesos operativos menos eficientes, al depender de mecanismos de mercado poco competitivos.

-Costes elevados para los consumidores, al fijarse precios por servicios imprescindibles sin verdadera competencia.

-Pérdida de la capacidad que antes tenía REE para planificar la operación a medio y largo plazo, lo que reduce la seguridad del sistema y aumenta los costes del suministro de electricidad.

En este contexto, el apagón ha reavivado un viejo debate: la propuesta, impulsada por algunos grandes grupos eléctricos, de separar las funciones de transporte y operación que hoy desempeña REE. El argumento es el supuesto conflicto de intereses entre ambas funciones, dado que la retribución del transporte se calcula en función de los activos reconocidos.

Sin embargo, el modelo español y europeo ya garantiza la independencia de REE que no produce ni comercializa electricidad, y su red se desarrolla según planes estatales aprobados por el Gobierno y supervisados por la CNMC y el Parlamento. Por tanto, no existe el riesgo clásico de discriminación o competencia desleal.

Separar la operación del transporte generaría, en cambio, nuevos problemas:

-Mayor complejidad y riesgo en la coordinación entre quien opera el sistema y quien gestiona la red. La red es, en definitiva, los ojos a través de los cuales el Operador puede ver y controlar en tiempo real el funcionamiento de un sistema que es extraordinariamente complejo y delicado.

-Pérdida de eficiencia técnica, al romper la relación directa entre la operación en tiempo real y el equipamiento físico.

-Retrasos en la toma de decisiones críticas que afectan a la seguridad del suministro.

-Incremento de costes por duplicación de estructuras y equipos humanos para actividades que se desarrollan simultáneamente necesitadas de una coordinación absoluta.

-Generación de nuevos conflictos entre los costes de mantenimiento de la red y las necesidades para su operación.

La cuestión no debería ser dividir REE, sino -muy al contrario- reforzar su capacidad operativa y regulatoria. Lo esencial es garantizar que el Operador del Sistema disponga de herramientas suficientes para cumplir su misión principal: mantener la seguridad y estabilidad del suministro eléctrico en tiempo real, de forma compatible con la eficiencia económica y la transición hacia un sistema descarbonizado. 

Hace bien REE en urgir a la CNMC la aprobación de procedimientos que considera necesarios para la seguridad del Sistema Eléctrico. Y la CNMC haría mejor en respaldar la autoridad de REE, como operador del sistema de generación/transporte, sin recurrir, para validar esos procedimientos, a lentos procesos de consultas y alegaciones que no parecen tener más objetivo que oponer su propia autoridad ante quien tiene la responsabilidad de conducir la operación del sistema eléctrico. Con todo esto, pocas bromas. 

También debería la CNMC preocuparse menos con el aumento de los costes que pudieran tener causa en el endurecimiento de las condiciones de prestación de los servicios que propugna REE y más con el diseño de un mercado -el eléctrico- en el que el poder de mercado campa por sus respetos y que ha convertido la electricidad en un instrumento de extracción de rentas de familias y empresas.

Lecciones y futuro

El gran apagón del 28 de abril no solo evidenció vulnerabilidades técnicas, sino también la necesidad de repensar la gobernanza del sistema eléctrico en una etapa de cambio profundo. España avanza hacia un modelo energético basado casi por completo en renovables, interconectado con Europa y apoyado en redes inteligentes. Pero esa transición exige reforzar la capacidad de respuesta ante perturbaciones y asegurar que la regulación esté alineada con los objetivos de seguridad, sostenibilidad y eficiencia económica, cuestiones que sólo pueden venir de la mano de las centrales renovables, del almacenamiento, de nuevas tecnologías de control de potencia y de la recuperación por REE de funciones que le fueron quitadas con la reforma regulatoria traída de la mano del PP en 1998.

Un incidente de esta magnitud debe considerarse una fuente de información. Analizar a fondo lo ocurrido permitirá identificar mejoras en la operación, en la planificación y en los mecanismos de defensa automática del sistema. Al mismo tiempo, es una oportunidad para fortalecer la cultura y la normativa de transparencia, cooperación y rendición de cuentas entre las instituciones y los agentes del sector eléctrico.

La electricidad es la columna vertebral de la economía moderna. Su fiabilidad no puede darse por sentada: depende de decisiones técnicas, regulatorias y políticas que deben anticipar los desafíos de un sistema en rápida transformación.

En definitiva, el cero eléctrico de abril de 2025 nos recordó que la transición energética no es solo una cuestión de generación limpia, sino también de estabilidad, coordinación y buen gobierno. Aprender de este episodio será la mejor garantía para que la luz -en todos los sentidos- nos siga iluminando.

Las medidas “urgentes” antiapagones que ha pedido esta semana Red Eléctrica de España (REE) a la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia (CNMC) retratan seis años de inacción del ‘súperregulador’ para renovar la normativa de control de tensión, materia de su competencia clave en el histórico cero energético del pasado 28 de abril.

La CNMC es responsable, entre otras muchas cosas, de aprobar los procedimientos que le propone el operador del sistema eléctrico. REE pide cambios “urgentes” en cuatro de estas normativas ante “variaciones bruscas de tensión” en las dos últimas semanas y “riesgo para la seguridad del suministro”. Esas variaciones, “aun estando siempre las tensiones dentro de los márgenes establecidos, potencialmente pueden desencadenar desconexiones de demanda y/o generación que terminen desestabilizando el sistema eléctrico”, ha transmitido REE a la CNMC.

El organismo aprobó en junio el nuevo procedimiento de operación de control de tensión, conocido como 7.4, tras años analizándolo, y que permitirá que las renovables controlen tensión (ahora lo tienen muy limitado), aunque no estará implantado hasta 2026. La CNMC conoce desde hace años que los procedimientos vigentes para evitar sobretensiones en la red estaban obsoletos. La cronología de hechos es esta:

21 de noviembre de 2019: la CNMC avisa de que hay que actualizar el procedimiento 7.4, pues se trata de normativas que “no se han tocado en 20 años”. “En un contexto de incorporación masiva de generación renovable no gestionable” y para preservar la “seguridad” del sistema eléctrico, “conviene retomar la definición de los servicios de control de tensión o de potencia reactiva prestados por todos los elementos conectados, con la consecuente revisión del P. O. 7.4 (‘Servicio complementario de control de tensión de la red de transporte’)”, dijo la Sala de Regulación del organismo.

Noviembre de 2020: REE saca a consulta la actualización del 7.4. Es “imprescindible adaptar y actualizar la normativa vigente” para que el nuevo servicio de control de tensión esté en vigor “a partir de 2021”. Con la progresiva penetración de renovables, “el sistema eléctrico español peninsular ha ido evolucionando haciéndose cada año más variable”, con “severos problemas especialmente de sobretensión en periodos valle y llano”, cuando no hay puntas de demanda, como ocurrió el pasado 28 de abril o ha pasado en las últimas semanas.

Julio de 2021: REE remite a la CNMC una propuesta para revisar varios procedimientos de operación, entre los que destaca el 7.4. Pero durante la tramitación de otro procedimiento, varios sujetos del sector señalan “diversas preocupaciones sobre el modelo propuesto”. El organismo optará por presentar un proyecto piloto. 

28 de julio de 2022: la CNMC aprueba “un proyecto de demostración regulatorio de control de tensión” con características similares al 7.4 al tiempo que reconoce los “problemas continuos de control de tensión que se están registrando en el sistema español”. Ese piloto, explica, “permitirá obtener experiencia a la hora de evaluar el impacto que podría tener la implantación definitiva en todo el territorio peninsular del nuevo servicio de control de tensión, así como valorar la introducción en su caso, de posibles mejoras”.

2 de noviembre de 2023: la CNMC lanza otro proyecto piloto para controlar tensión por el lado de la demanda, para grandes consumidores. La resolución dice que REE ha pedido “medidas urgentes” ante los problemas de tensión que ya se producían mientras Competencia reconoce que “las elevadas tensiones en la red podrían provocar el desacoplamiento intempestivo de instalaciones conectadas a la misma”. “Cada vez hay más excedentes de [energía] reactiva en el sistema, lo cual está contribuyendo a un aumento generalizado de las tensiones en el sistema eléctrico, llegando en ocasiones a valores cercanos o incluso superiores a los máximos admisibles. Añade el operador del sistema [REE] que los escenarios previstos en el corto y medio plazo hacen prever que este efecto puede ir en aumento si no se toman medidas urgentes para corregirlo”.

20 de febrero de 2024: el Gobierno aprueba el anteproyecto de ley de recuperación de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para desgajarla de la CNMC. La entonces ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, confía en que la nueva CNE esté en marcha en 2025. Explica que “hay 24 reguladores independientes de energía a nivel europeo” y la inmensa mayoría no están integrados en otros organismos, como en España. Prevé un “reforzamiento” de los medios del organismo, incluyendo una nueva división de Inspección. El proyecto de ley fue remitido al Congreso en septiembre de 2024 y lleva meses empantanado en la Cámara Baja.

Marzo de 2024: REE vuelve a pedir a la CNMC que apruebe el 7.4.

18 de noviembre de 2024: la CNMC saca a consulta el desarrollo de un servicio de control de tensión en el sistema peninsular español, normativa que reconoce “obsoleta”. “La estabilidad del sistema eléctrico se está viendo afectada por una creciente variabilidad en tiempo real, tanto proveniente de la generación como de la demanda (autoconsumo o almacenamiento), así como de los flujos en las interconexiones”, indica. “La variabilidad de la energía activa [que necesitan los equipos eléctricos] está siendo abordada con el desarrollo de la flexibilidad de las tecnologías tradicionalmente no gestionables y el intercambio de reserva entre los sistemas interconectados”. Pero “también la energía reactiva [una especie de efecto secundario] y la tensión están sufriendo problemas de variabilidad, mientras que la metodología de control de tensión basada en el seguimiento de consignas fijas, particularmente de factor de potencia, está obsoleta y resulta insuficiente para garantizar la seguridad del sistema”.

28 de abril de 2025: apagón histórico en la Península Ibérica. Ese día, el Pleno de la CNMC preveía aprobar la oferta pública de adquisición (opa) de BBVA sobre Banco Sabadell. La reunión se aplaza.

19 de junio de 2025: Competencia anuncia que ha dado luz verde al 7.4 tras publicarse los informes sobre el apagón del Gobierno y REE, que urgen a aprobarlo y revelan incumplimientos en el control de tensión por parte de las centrales de generación convencional y desconexión “indebida” de instalaciones. El nuevo sistema no estará en funcionamiento hasta principios de 2026, advierte REE.

9 de septiembre de 2025: el Pleno de la CNMC se resiste a asumir algunas obligaciones que encomendó en julio el Ministerio para la Transición Ecológica tras tumbar el Congreso el decreto antiapagones. Entre ellas, elaborar un informe trimestral sobre las obligaciones de control de tensión o un plan de inspección extraordinario, ante el que Competencia muestra reservas por una cuestión de “recursos”.

7 de octubre de 2025: REE pide a la CNMC cambiar urgentemente cuatro procedimientos de operación tras semanas de sobretensiones en el sistema.

El operador del sistema pidió este jueves “tranquilidad” porque no ha hablado “de riesgo de apagón ni inminente ni generalizado” y estas variaciones de tensión “deben evitarse” pero no han supuesto riesgo de suministro al estar en los límites admisibles. “Hemos actuado como siempre, proponiendo en los últimos días las medidas que consideramos necesarias para reforzar la robustez del sistema”. El objetivo “es reducir estas dinámicas que han empezado a aparecer por la evolución que el sistema está experimentando”.

La CNMC tiene pendiente elaborar un informe sobre el apagón que se sumará a los del Gobierno, REE y los expertos europeos, y será clave para las multimillonarias indemnizaciones en juego por un colapso del que se culpan mutuamente las eléctricas y REE. 

El organismo, con unos 550 efectivos, echó a andar el 7 de octubre de 2013, cuando absorbió una plantilla de unos 300 empleados de la CNE, entre funcionarios y laborales. Tras bajas y jubilaciones, hoy se dedican a la energía unos 250, según fuentes internas. Presidido desde junio de 2020 por Cani Fernández, gran experta en competencia, el súperregulador es fruto de un modelo casi único en el mundo. Lo más parecido es la ACM holandesa, creada en 2012, con unos 500 efectivos. La alemana Bundesnetzagentur tiene unos 2.800 y no supervisa la competencia. 

La CNMC fue creada por el Gobierno de Mariano Rajoy con la excusa de un discutible “ahorro de costes” al fusionar la antigua autoridad de la Competencia (CNC) y los antiguos reguladores de energía o telecomunicaciones (CMT). Se lanzó en línea con las recomendaciones de un informe de la consultora PwC que encargó Telefónica, donde trabajaba el marido de la entonces vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, gran impulsora del denominado ‘súperregulador’. 

La entidad supervisa la competencia y los sectores de energía, 'telecos', aeroportuario, ferroviario, postal, audiovisual, servicios digitales… Solo en la última semana ha anunciado expedientes sancionadores al Consejo General de Dentistas, una investigación de posibles prácticas anticompetitivas de empresas de bus escolar en Castilla La-Mancha, la prohibición de una operación corporativa en el mercado de fármacos para detectar el cáncer, los últimos datos de liquidaciones del sector eléctrico y del sector de las telecomunicaciones, y esta modificación urgente de procedimientos que le pide REE. 

Este jueves, el nuevo vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, lamentó que “de nuevo la inestabilidad del sistema eléctrico está asomando como una amenaza para todos sin que la presidenta de la CNMC, la presidenta de Red Eléctrica ni la vicepresidenta tercera del gobierno y ministra de Transición Ecológica [cuyas comparecencias pidió] hayan dado ninguna explicación ni hayan encontrado ninguna solución”. Nadal era secretario de Estado de Energía cuando se eliminó la CNE para crear la CNMC. Formaba parte del clan de los ‘Sorayos’, como se conocía a los más cercanos a la entonces todopoderosa vicepresidenta.

Red Eléctrica de España (REE) ha pedido a la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia (CNMC) cambios “urgentes” en cuatro procedimientos de operación del sistema eléctrico tras detectar “variaciones bruscas de tensión” en las dos últimas semanas y “ante el riesgo para la seguridad del suministro”. 

Los cambios, propuestos por REE “ante las circunstancias que están sucediendo en los últimos días en el sistema eléctrico”, buscan “la mitigación de las variaciones bruscas de tensión que presenta el sistema eléctrico”. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica explican que “el Operador del Sistema ha informado al Ministerio y a la CNMC de recientes variaciones de la tensión, si bien dentro de los límites establecidos, aun con un elevado número de grupos convencionales conectados”.

“Consecuentemente, el Ministerio ha pedido al Operador que actúe según sus funciones y a la CNMC que refuerce la supervisión y tome las medidas necesarias para asegurar que todos los agentes cumplen con sus obligaciones para el buen funcionamiento del sistema”.

“Como resultado, la CNMC ha iniciado la tramitación de unas medidas coyunturales y acotadas en el tiempo, mientras continúa su labor de supervisión y se termina de desplegar el nuevo Procedimiento Operativo que permitirá a todas las tecnologías aportar control de tensión”.

Competencia ha anunciado este miércoles en un comunicado que ha decidido someter a audiencia pública la propuesta remitida la víspera por REE, operador del sistema, “de modificar determinados procedimientos de operación del sistema por razones operativas”.

“Estos cambios se implementarían de forma temporal con el objetivo de reforzar las herramientas del operador del sistema para fortalecer la seguridad del suministro en caso de producirse variaciones bruscas de tensión”.

La propuesta de resolución de la CNMC da idea de lo necesario de esas medidas. El documento señala que el pasado martes REE remitió al organismo un escrito en el que solicita “modificaciones urgentes en varios procedimientos de operación eléctricos”. “El operador del sistema pone de manifiesto en su escrito la observancia en las últimas dos semanas de variaciones bruscas de tensión en el sistema eléctrico peninsular español, tales que pueden tener impacto en la seguridad del suministro si no son implementados los cambios propuestos”.

“De acuerdo con la información facilitada a la CNMC por el operador del sistema, las variaciones rápidas de tensión registradas en estas dos últimas semanas, aun estando siempre las tensiones dentro de los márgenes establecidos, potencialmente pueden desencadenar desconexiones de demanda y/o generación que terminen desestabilizando el sistema eléctrico”.

Los cambios propuestos afectan a los procedimientos relativos al proceso de programación del mercado, las denominadas restricciones técnicas (que se han disparado tras el apagón, con más gas y menos renovables), la denominada regulación secundaria y el servicio de control de tensión. En este último caso “se incrementa al 90% el requisito de cumplimiento de este servicio.

En un comunicado, la CNMC explica que “la propuesta de cambios tendría implicaciones en los procedimientos de operación relativos al proceso de programación, a las restricciones técnicas, a la regulación secundaria y al control de tensión”. La audiencia pública estará disponible una semana, hasta el próximo 15 de octubre, por lo que los agentes del sector solo dispondrán de cinco días hábiles para alegar en este proceso, que “se abre con el fin de recabar la opinión de los sujetos para valorar adecuadamente su impacto”.

La resolución de la CNMC señala que “una parte de los grupos conectados que cuentan con control continuo de tensión no disponen de la rapidez de respuesta que el sistema precisa ante las dinámicas de variación de los parámetros que se están registrando en los últimos días”. 

“Al igual que se ha producido un incremento muy fuerte de las instalaciones de gran tamaño conectadas al sistema, se ha producido también un fuerte crecimiento de las instalaciones de pequeña potencia conectadas en tensiones bajas, buena parte de ellas asociadas al autoconsumo. El operador del sistema no tiene observabilidad de estas instalaciones, por lo que no puede anticipar su comportamiento”.

REE ha trasladado a la CNMC que “la aparición de variaciones rápidas de tensión en los últimos días, en periodos de bajas demandas, alto recurso solar y observancia de una respuesta lenta de la generación que tiene un control continuo de la tensión hace necesario que se tomen medidas con carácter de urgencia”.

Análisis en profundidad

La CNMC señala que “las medidas solicitadas podrían tener un impacto significativo sobre los servicios de balance, restricciones y control de tensión así como en las posibilidades de negociación de las instalaciones de producción en todos los mercados”.

“El endurecimiento de las condiciones de prestación de los servicios podría resultar en una reducción de la oferta y, con ella, de la competitividad en los mercados, y/o resultar en un incremento del coste”. “Entendiendo la necesidad de tomar estas medidas con carácter inmediato en el contexto actual, se considera que las medidas propuestas deben tener un carácter excepcional y temporal, a esperas de poder llevar a cabo un análisis más profundo de las causas y soluciones para resolver las variaciones de tensión registradas”.

Por eso, la CNMC propone que estas medidas sean temporales aunque “su aplicación podrá ser prorrogada en caso de constatarse la persistencia de la necesidad y teniendo en consideración el impacto observado sobre los mercados y servicios”.

REE asegura en un comunicado que “no ha existido riesgo de suministro en los últimos días, sino que se han observado algunas situaciones de variaciones bruscas de tensión en el sistema siempre dentro de los márgenes establecidos”. El operador “propone medidas que considera necesarias para seguir mejorando la robustez del sistema eléctrico”. Estos cambios “son complementarios a la modificación que se ha implementado en las rampas de la generación y que ya se solicitó el pasado 1 de octubre”.

El objetivo último “es reducir las dinámicas que han empezado a aparecer en el sistema por la propia evolución que está experimentando y que resultan en la aparición de variaciones de tensión rápidas”. “Con estas medidas, se logra actuar sobre la generación que, por sus características técnicas, varía su producción de manera muy rápida. También se logra incentivar a la generación que participa en el control de tensión para que mejore su respuesta”.

Los problemas de sobretensiones en el sistema fueron claves en el histórico apagón peninsular del pasado 28 de abril y hasta junio la CNMC no aprobó una reforma del procedimiento operación vigente entonces, que estaba obsoleto (era del año 2000) y que no estará en vigor hasta el año que viene. Esa reforma, que REE propuso al súperregulador en 2021, permitirá a las instalaciones renovables controlar tensión, algo que hasta ahora han tenido prácticamente vedado. El Gobierno también ha pedido a la CNMC que elabore informes trimestrales sobre el control de tensión que el organismo se resiste a elaborar. Considera que “no aportarán valor adicional”.

La Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha, Cecam CEOE-Cepyme Castilla-La Mancha, ha mostrado su “seria preocupación por la limitada capacidad de las redes eléctricas” en la comunidad autónoma. Lo definen como “una problemática que está frenando inversiones empresariales y comprometiendo el desarrollo económico en la región y en el resto del país”.

Los empresarios de Castilla-La Mancha advierten que la saturación de las infraestructuras eléctricas supone un serio impedimento para conectar nuevos proyectos industriales, lo cual limita significativamente la competitividad y el desarrollo empresarial en la región.

“Las empresas no pueden enfrentar restricciones que limiten su expansión y la realización de nuevos proyectos. Es fundamental que Castilla-La Mancha cuente con una infraestructura eléctrica suficiente para garantizar el futuro de la industria, la movilidad y las inversiones del tejido empresarial”, reclaman, sumándose así a las tesis que el Gobierno de Emiliano García-Page viene trasladando desde hace meses.

El 85% de los puntos de distribución ya operan “al máximo de capacidad”

Según Cecam, los mapas de capacidad de la red eléctrica para conectar nueva demanda evidencian la “magnitud del problema”.

En concreto, apuntan que “el 85% de los 445 puntos de conexión (nudos) de la red de distribución en Castilla-La Mancha ya operan al máximo de su capacidad, lo que impide incorporar nueva potencia eléctrica, no habiendo ya nudos disponibles en tres de las cinco provincias de la región”.

Eso, denuncian, “empuja a las inversiones a buscar destinos alternativos, no solo fuera de nuestra región, sino también de nuestro país al ser un problema generalizado, con infraestructuras más preparadas y un suministro eléctrico garantizado”.

Esta situación puede obstaculizar el aprovechamiento del impulso que la región ha hecho hacia las energías renovables

En este sentido, la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha ha instado a las autoridades competentes a actuar con “urgencia”, promoviendo inversiones que permitan modernizar y ampliar la red eléctrica, de manera que las empresas puedan desarrollarse y crecer sin restricciones a la par que hacer más eficiente la actual red.

La organización empresarial también advierte de que esta situación “puede obstaculizar el aprovechamiento del impulso que la región ha hecho hacia las energías renovables”.

“Si bien estas han contribuido a mantener precios energéticos competitivos, su potencial para atraer industria y generar empleo se verá limitado si no se acompaña de una infraestructura eléctrica adecuada y suficiente”, avisan los empresarios.

El 24 de abril de 2024, Alfonso Rueda acababa de tomar posesión por segunda vez como presidente de la Xunta -en esta ocasión, tras haber ganado, con mayoría absoluta, las elecciones- y respondía en el Parlamento de Galicia a preguntas de la oposición sobre el proyecto de macrocelulosa de Altri. En concreto, a una sobre si el Gobierno gallego estaría dispuesto a acompañar su respaldo a la iniciativa empresarial con fondos propios de la comunidad. La respuesta fue una puerta abierta: “En Galicia, para los proyectos que cumplan medioambientalmente, creen futuro industrial y creen puestos de trabajo, la Xunta de Galicia va a estar ahí comprometida. No le quepa ninguna duda”. Poco menos de un año después, recién anunciada su bendición ambiental a la planta, era tajante diciendo lo contrario: de ninguna manera Altri encontraría fondos específicos en las arcas autonómicas. El gabinete de Rueda acababa de recolocarse dentro de su apoyo, nunca retirado, al proyecto.

La idea de instalar lo que se presentó como una fábrica de fibras textiles vegetales -luego se supo que son 200.000 toneladas de esas fibras al año y 400.000 de celulosa- no solo tuvo desde el principio el respaldo de la Xunta, sino que nació a su amparo. La promovió Impulsa Galicia, la sociedad público-privada creada por el Gobierno gallego para buscar proyectos que optasen a los fondos Next Generation de la Unión Europea. Impulsa, que se disolvió el pasado mes de agosto, anunció a finales de 2021 que su socio para la planta de fibras 'verdes' iba a ser la empresa portuguesa Altri. Cuando empezó la contestación social a la macrocelulosa, el equipo de Rueda se pronunció de forma insistente en su defensa. La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, declaró en marzo de 2024 que el plan presentado por Altri para Palas de Rei (Lugo) era “redondo” desde el punto de vista medioambiental.

Cuando Lorenzana hizo aquellas declaraciones faltaba un año para que la Xunta diese, de hecho, su visto bueno al proyecto desde el punto de vista de los impactos en el entorno. El mismo día que se supo que la declaración de impacto ambiental era favorable, la conselleira compareció ante la prensa, acompañada de la responsable de Medio Ambiente, para explicar la decisión y establecer la que sería la argumentación recurrente del Gobierno gallego desde entonces. En este año y medio el entusiasmo se ha atenuado y no se han repetido consideraciones como que el proyecto es redondo. En cambio, las declaraciones se han remitido a que el aval ambiental lo han dado técnicos y a que la responsabilidad de que el proyecto vaya o no adelante no es de la Xunta, sino del Gobierno central. Este segundo punto se explica con que la planta necesitaría una subestación eléctrica, pero esta infraestructura estaba fuera de la planificación estatal. Esta semana se ha confirmado que esa conexión eléctrica sigue sin incluirse.

No era el pimer revés para un proyecto que provocó manifestaciones históricas en Galicia. En abril de este año el Gobierno central comunicaba que Altri se quedaba fuera de las ayudas a la descarbonización, en las que aspiraba a 30 millones de euros de fondos europeos. La empresa ha dicho que necesita en torno a 250 millones de financiación pública para la planta. Con estas trabas, Rueda cargó contra el Gobierno central y se fue poniendo de perfil. Ahora recalca que el proyecto es de la empresa y que son sus responsables los que tienen que tomar las decisiones sobre si continuar con él.

El episodio más reciente fue el pasado lunes. Después de que el secretario xeral del PSdeG, Xosé Ramón Gómez Besteiro, adelantase que el Gobierno central no incluía la conexión de Altri en su planificación eléctrica para 2030, Alfonso Rueda tuvo que responder a una pregunta sobre si la Xunta descarta el proyecto y lo hizo trasladando el foco fuera de su gabinete: “Lo que haga Altri en concreto es una decisión que tendrán que tomar ellos. Al final es una decisión empresarial. Llevamos muchísimo tiempo diciéndolo. La Xunta evaluó el proyecto desde el punto de vista técnico, dictaminó que era viable, pero, a partir de ahí, el resto de viabilidades las tiene que decidir la empresa”.

“No es una posibilidad”

Al día siguiente, la conselleira de Economía se reunió con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, para hablar del borrador de la planificación eléctrica con el horizonte de 2030. En ese encuentro se confirmó que no está prevista la conexión que pide Altri. La reacción de Lorenzana fue declararse “razonablemente satisfecha”. La infraestructura prevista en las provincias de A Coruña, Ourense y Pontevedra no recibió críticas por su parte. Sí lo hizo la de Lugo. No mencionó a Altri, pero manifestó que la provincia se queda desconectada y dio por hecho que la instalación de la macrocelulosa ha dejado de ser viable a corto plazo. La implantación de una empresa de mediano o gran tamaño en Lugo, dijo, “no es una posibilidad” mientras esté vigente esta planificación.

La empresa, por su lado, anuncia que dará la batalla para que se incluya la conexión eléctrica que necesita. Greenfiber -la empresa creada por Altri y el empresario gallego Manuel García Pardo, dueño de Greenalia, para impulsar la planta de Palas de Rei- asegura que va a analizar el borrador del Gobierno central, que debe someterse a información pública y estará abierto a alegaciones, para presentar sus objeciones. “Greenfiber no renuncia a utilizar todos los mecanismos de recurso administrativo a su alcance”, añade.

En los despachos de la Xunta, la tramitación del proyecto, declarado estratégico por el Gobierno gallego, está yendo más lenta de lo anunciado. Cuando se aprobó la declaración ambiental favorable, la previsión era que el paso siguiente, la autorización ambiental integrada, estuviese listo antes del verano. Sigue pendiente y la Consellería de Medio Ambiente, de la que depende este trámite, no ha contestado a las preguntas de este diario sobre los motivos. No solo eso: hay proyectos que han adelantado en tramitación al de la macrocelulosa. La planta de pasta de papel que Ence quiere poner en funcionamiento en As Pontes (A Coruña) logró la declaración de impacto ambiental favorable más de dos meses después que Altri, pero ya tiene desde principios de agosto la autorización ambiental integrada. Este trámite no es tampoco el último: faltan la validación en la Consellería de Economía y la aprobación definitiva en el Consello de la Xunta.

Un plan que “no tiene nada a favor”

En las asociaciones que se han movilizado contra el proyecto de macrocelulosa los últimos acontecimientos se reciben con cautela. Celebran el nuevo obstáculo que supone que el Gobierno central niegue la conexión eléctrica, pero consideran que la Xunta, aunque menos explícita, no se ha descabalgado del proyecto. Manu Santos, portavoz de Greenpeace en Galicia, le pide al Gobierno gallego que aproveche el momento actual para no dar la autorización definitiva a Altri. El plan de la empresa lusa “no tiene nada a favor”, sostiene. Además de la enorme contestación social, no tendrá fondos del PERTE de descarbonización ni conexión eléctrica. Hay más sombras: la infraestructura compromete la declaración de Patrimonio de la Humanidad del Camino de Santiago, la ruta que constituye el eje central del turismo y de buena parte de la actividad económica para la Xunta. El Ministerio de Cultura ha pedido informes sobre el asunto a ICOMOS-Internacional, el órgano que asesora a la Unesco en materia de patrimonio.

La organización ecologista cuestiona incluso que haya mercado para todo lo que Altri promete producir. “Hay demasiadas dudas alrededor del proyecto”, insiste Santos y señala que falta también la concesión de aguas. Llama a la responsabilidad de la empresa, a la que pide que renuncie a la planta de Palas de Rei y no tenga “en ascuas” a la ciudadanía gallega. Considera que, pese a todo lo que tiene en contra el proyecto, “no se puede cantar victoria”. Coincide la portavoz de la plataforma Ulloa Viva, Marta Gontá, que pide “mucha cautela”. Para empezar, destaca, la planificación eléctrica presentada se puede modificar todavía y la Xunta, en su opinión, no se ha movido de su postura de apoyo. “No creemos que se lo replantee. Ahora no se puede bajar del carro”, dice. La plataforma está pendiente de lo que ocurre en la tramitación de la planificación eléctrica y de los pasos que faltan por dar en la administración gallega. Si los permisos para Altri siguen llegando, avisa, habrá nuevas movilizaciones.

La instalación de una empresa de mediano o gran tamaño en la provincia de Lugo “no es una posibilidad” a corto plazo. Así ha dado la Xunta por hecho que el proyecto de Altri ha dejado de ser viable, al menos mientras se aplique la planificación eléctrica que se está elaborando y que tiene como horizonte 2030. Las palabras las pronunció la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, tras reunirse con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard.

Lorenzana salió del encuentro trasladando que la Xunta está “razonablemente satisfecha” con la planificación eléctrica del Gobierno central para Galicia, a pesar de que deja fuera uno de los proyectos declarados estratégicos por el equipo de Alfonso Rueda, que defendió durante meses la instalación de una macrocelulosa en Palas de Rei (Lugo) frente a la fuerte contestación social.

La única objeción de la Xunta al borrador de planificación presentado por Groizard es que Lugo “es la única provincia que no sale reforzada y está condenada y sacada del mapa industrial para los próximos años”. El Gobierno gallego “va a seguir luchando para que Lugo pueda tener un futuro económico e industrial”, dijo, pero la realidad es que, con las conexiones eléctricas actuales, no se puede pensar en que llegue una empresa de tamaño mediano o grande.

Groizard confirmó en el encuentro lo que ya había adelantado el lunes en Radio Galicia el secretario xeral del PSdeG, Xosé Ramón Gómez Besteiro: que no habrá subestación eléctrica ni conexión para Altri. El anuncio llega cinco meses después de que el Gobierno dejase el proyecto fuera de las ayudas de descarbonización.

El Gobierno central expone que los objetivos en la comunidad gallega se centran en los refuerzos energéticos en áreas de A Coruña y As Pontes, con un papel destacado para la producción de hidrógeno verde y “las nuevas necesidades de descarbonización de industrias” y el crecimiento del ferrocarril.

Tras la reunión y en un comunicado remitido a los medios, que recoge Europa Press, el Gobierno asegura que ambas administraciones han coincidido en la oportunidad que representa este nuevo ciclo de planificación. Además, ha señalado que tras el empuje a la integración renovable que ha propiciado la vigente Planificación 2021-2026, y la competitividad de precios obtenida gracias a este desarrollo, la nueva propuesta se orienta a facilitar la conexión de nueva demanda.

“El refuerzo de las infraestructuras eléctricas -se plantea más de un centenar de nuevas posiciones y actuaciones en una treintena de subestaciones- igualmente propiciará la mejor integración en el sistema de la generación renovable, sobre todo eólica, y el almacenamiento, con nuevo bombeo hidroeléctrico”, afirma el Ejecutivo estatal, que seguirá con la tramitación de una planificación que aún no es definitiva.

Por su parte, la conselleira de Economía insistió en su satisfacción parcial: “Estamos satisfechos de que toda la zona de la ciudad de A Coruña y la Autoridad Portuaria, junto con la zona de Ferrol vaya a ser reforzada, y de que también se pueda dar salida a la energía producida por la mayor parte de las centrales renovables de la zona de Ourense, así como por los refuerzos para las zonas de transición justa, As Pontes y Meirama”, dijo. En Lugo, en cambio, “no se podrá instalar ninguna mediana o gran industria” porque no hay potencia eléctrica para ello.