El Ministerio de Economía ha arrancado los preparativos para lanzar una cuenta bancaria con la que los españoles podrán destinar su ahorro a la inversión en el tejido productivo europeo, en la línea de la estrategia para ampliar la autonomía estratégica del continente y avanzar en la aún pendiente Unión de Ahorro e Inversiones en el seno de los Veintisiete.

La cartera que dirige Carlos Cuerpo publicó, a pocas horas de la Navidad, una consulta para recabar la opinión del sector financiero de cara a la puesta en marcha de un producto bancario específico que canalice el ingente ahorro de los españoles (la tasa se sitúa alrededor del 13% de la renta disponible, muy por encima de su valor histórico medio) hacia iniciativas de inversión en el seno de la Unión Europea.

España se convierte así en uno de los alumnos aventajados a la hora de poner en marcha una iniciativa para cumplir con el objetivo fijado por la Comisión Europea para este mandato: conseguir, ahora sí, la llamada Unión de Ahorro e inversiones, una de las patas pendientes del mercado único, junto con la bancaria.

Sin embargo, las divergencias entre los Veintisiete hacen que los avances, si los hay, sean muy lentos y alejan la implantación de las necesarias reformas que recogieron los informes elaborados por los ex primeros ministros italianos Enrico Letta y Mario Draghi. Sin ellas, la competitividad del conjunto de la Unión Europea frente a bloques como Estados Unidos o China queda en entredicho.

Para tratar de avanzar con los países más dispuestos, el ministro Cuerpo puso sobre la mesa europea el llamado Competitiveness Lab (Laboratorio de Competitividad), al que ya se han sumado numerosos Gobiernos europeos. El pasado 30 de junio, siete países (España, Francia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Estonia) acordaron la puesta en marcha de ‘Finance Europe’, una etiqueta conjunta para aquellos productos financieros que invierten en la economía europea.

Y el 30 de septiembre, la Comisión Europea adoptó una recomendación sobre cómo deben ser las cuentas de ahorro que canalicen ese excedente dinerario de los europeos, que ahora languidece en depósitos a plazo con exiguas remuneraciones o, directamente, sin rentabilidad, depreciándose conforme muerde la inflación.

Plazos de inversión, cuotas mínimas, requisitos...

El diablo está en el detalle y, antes de redactar la norma —Economía no precisa el rango, si será una ley o un decreto— que trasponga ambas iniciativas al marco nacional, el Gobierno ha colgado un documento para que patronales, empresas o particulares opinen sobre cómo debería ser este instrumento antes de que el Ejecutivo cierre la letra pequeña del mismo. 

En concreto, Economía cuestiona si es apropiado que se fijen cuantías mínimas de inversión o aportaciones periódicas, si son necesarios umbrales máximos de tenencia de instrumentos financieros o si las cuentas deben estar limitadas a una por persona. En cuanto a la competencia en el sector, el Gobierno inquiere si este producto debería estar limitado a un tipo de entidades, si debería considerarse la prestación transfronteriza del servicio y cuáles tendrían que ser los gastos en comisiones asociados.

El cuestionario es extenso y el Gobierno pide al sector que manifieste qué clase de activos financieros deberían ser convenientes en el marco de esta cuenta de ahorro, cómo determinar los criterios de esa etiqueta ‘Finance Europe’, los plazos de la inversión y aspectos técnicos vinculados a la evaluación de su eficacia o la supervisión de estos instrumentos.

Más dinero para pymes y sacar el ahorro del ladrillo

El Ejecutivo da de plazo hasta el 30 de enero para remitir respuestas. Explica que la norma permitirá “diversificar las fuentes de financiación de las empresas europeas, impulsando su crecimiento, así como modelos de negocio innovadores” y también que los hogares encuentren “oportunidades de inversión atractivas, que permitan mejorar su resiliencia y hacer frente a eventos vitales como la jubilación”.

Además, apunta que un mercado de capitales “mejor integrado, más líquido y profundo” permitirá que fluya más dinero a la doble transición verde y digital y, también, a los nuevos “retos de seguridad y autonomía estratégica”, entre los que se encuentra el incremento del gasto en Defensa.

“España considera la conveniencia de diseñar e implantar una cuenta de ahorro e inversión, atendiendo a la recomendación de la Comisión, y que permita implantar en España la etiqueta ‘Finance Europe’. El objetivo es ofrecer a los hogares un vehículo simple y estable para invertir a largo plazo y, al mismo tiempo, dotar a este producto de un sello europeo común que facilite su identificación, mejore su atractivo y contribuya a movilizar más ahorro hacia la economía europea”, justifica la propuesta normativa del Ministerio.

Los hogares europeos tienen una tasa de ahorro del 14,7% de su renta disponible, por encima de la media histórica. Según los cálculos de la Comisión Europea, recogidos por Economía, aumentar la participación en los mercados de capitales permitiría generar 2.500 millones de euros adicionales de renta y 750.000 millones más de ahorro en diez años.

Si funciona esta cuenta en España, el impacto podría ser notable. Si bien la tasa de ahorro es elevada (13%), el grueso del patrimonio se concentra en ladrillo, en torno al 75%, mientras que el 25% restante es en efectivo o en depósitos de muy baja remuneración.

Más educación y menos barreras para pymes

El ministerio justifica que una de las razones por las que los españoles se decantan en menor medida por el ahorro a través de activos financieros, como la bolsa, es por la “oferta heterogénea de productos”, con características muy diversas cada uno, “lo que añade complejidad a la toma de decisiones”. Así, el proyecto que tiene entre manos el ministro Cuerpo supone “una oportunidad” al crear un “vehículo simple” que, a la vez, permita diversificar y ofrezca un perfil de riesgo y rentabilidad acorde a cada inversor.

El Gobierno cree que la cuenta y la etiqueta europea serán primeros pasos para estimular la inversión productiva, pero reconoce que son necesarias otras reformas que den más dinamismo tanto a la economía española como a la europea. Así, la propuesta apunta que urge “profundizar” en reformas que reduzcan el peso de las pymes en el tejido productivo, haciendo que ganen tamaño. También sería necesario, dice Economía, hacer frente a los retos de las empresas para acceder a los mercados de capitales, así como la fragmentación e incertidumbre regulatoria. En este sentido, el Ejecutivo trabaja en lo que han llamado ‘Régimen 20’ para crear un estándar regulatorio que permita emitir licencias de actividad válidas en todo el territorio para determinados trámites administrativos.

A mayores, el Ministerio de Economía señala la necesidad de mejorar la educación financiera y de la experiencia de usuario, de manera que se cree un entorno más propicio para el desarrollo de la inversión financiera minorista.

El lanzamiento de esta consulta pública es solo el primer paso de un proyecto que, después, tendrá que ser redactado y avalado por el Consejo de Ministros, antes de pasar por una segunda vuelta y ser aprobado, ya como ley o como real decreto.

El sector bancario español lleva meses mirando a la oferta de compra de BBVA por Banco Sabadell que puede derivar en la fusión de dos de las grandes entidades españolas y a la que se opone el Gobierno porque puede acentuar aún más la falta de competencia en el sistema financiero local. Pero en Europa esta operación corporativa, a la que le quedan meses por delante, ha pasado a un segundo plano. El protagonismo se lo ha quedado el banco italiano Unicredit que en un movimiento que muy pocos esperaban se ha hecho con el control del 9% de la entidad alemana Commerzbank, lo que daría lugar a la quinta mayor entidad bancaria de Europa.

Unicredit se ha hecho en las últimas semanas con el 9% de Commerzbank. Por un lado, ha ido comprando acciones en el mercado y, por otro, se ha quedado con cerca del 4,5% de las acciones del banco que estaban en manos del Estado germano. Ambos pasos los ha dado a través de un banco local que ya posee, HypoVereinsbank, más pequeño que Commerzbank y que controla desde 2005.

Hace poco más de una semana, el Ejecutivo federal anunció que iba a poner a la venta parte de su participación, que arrastra desde la gran crisis de 2008. Entonces tuvo que rescatar el banco –metió más de 18.000 millones de euros– y se convirtió en accionista de referencia. Este mes de septiembre, el Gobierno de Olaf Scholz ha querido hacer caja con la venta de un 4,5%, aunque aún le queda el 12% del banco. 

El Gobierno alemán justificó la privatización porque “Commerzbank vuelve a ser una institución estable y rentable”, aseguró el secretario de Estado de Finanzas, Florian Toncar. “El Gobierno venderá paso a paso sus acciones. La reducción de la participación federal en el Commerzbank es una señal de su fortaleza y la de Alemania como centro financiero”. Ahora, ese plan de vender, puede frenarse en seco porque no se esperaban un comprador transalpino.

La cabeza pensante de esta operación es Andrea Orcel, un viejo conocido del panorama financiero español. En septiembre de 2018, Santander eligió al exconsejero delegado del banco de inversor UBS para que llevase el timón de la entidad española. Una elección que duró meses. En enero de 2019 desistió de la contratación de Orcel por el coste “inaceptable” que suponía su fichaje, estimado en 60 millones de dólares (el equivalente actual a 54 millones de euros). La contratación fallida acabó en los tribunales, porque Orcel exigió una indemnización por no salir adelante su contrato.

Reacciones en contra

Lo relevante del movimiento de Unicredit es que, si además de ese 9% sigue comprando acciones –ya ha dicho que esa es su intención– la compra de Commerzbank podría derivar en la primera gran fusión entre dos entidades europeas de diferentes países y, además, sistémicas por el peso que tienen en la zona euro. Es decir, en la primera gran fusión bancaria de ámbito europeo. Pero no está tan claro que eso acabe sucediendo por la fuerte oposición que ha levantado en Alemania, donde Commerzbank controla más de un tercio de los pagos del comercio exterior alemán, tiene cerca de 25.000 empresas entre sus clientes y suma más de 42.000 empleados, según los datos publicados por Reuters. 

Las primeras suspicacias parten del propio Gobierno de Scholz, al que no le habría gustado la falta de comunicación por parte de Unicredit sobre sus intenciones de hacerse con el 9% de Commerzbank, como primer paso para controlar la entidad, según las informaciones publicadas por la prensa germana. Tampoco a la oposición, que espera que el Gobierno reaccione y no siga vendiendo acciones de la entidad. 

Los representantes de los trabajadores también se han manifestado en contra. El sindicato Ver.di, que agrupa a los profesionales del sector servicios, ha asegurado que se opone “con uñas y dientes” a “una posible fusión en todos los órganos de decisión”. “Si es necesario, también organizaremos protestas públicas”, han manifestado sus dirigentes en declaraciones que recoge FT. Esta oposición es relevante porque las empresas alemanas que cotizan en bolsa cuentan con un consejo de supervisión, en paralelo al consejo de administración, en el que están los sindicatos y que tiene que opinar sobre las decisiones estratégicas de las empresas.

En medio de este tira y afloja, surge una alternativa: intentar una integración entre Commerzbank y Deutsche Bank. Esa fusión ya se buscó en 2019. Perseguía que Alemania tuviera una megaentidad bancaria más fuerte y con capacidad, precisamente, de liderar un posible baile de fusiones europeo. Sin embargo, fracasó porque los reguladores avisaron de la posición de dominio de mercado que podía suponer y porque los sindicatos tampoco eran favorables por los despidos que iba a provocar. Ahora vuelve a sonar Deutsche Bank como comprador del 12% de Commerzbank que aún tiene el Estado, pero hay que recordar que Deutsche tampoco está en su mejor momento y ha vivido situaciones complicadas en los últimos años, entre otros motivos, por su alta exposición a la banca de inversión. 

Y el BCE, a favor

Quien sí está claramente a favor de una operación es el Banco Central Europeo, no porque hasta ahora no haya habido integraciones de bancos de diferentes países de la zona euro, sino que estas no han permitido la creación de grandes entidades capaces de competir con las estadounidenses o asiáticas. “Un acuerdo satisfaría a quienes esperan fusiones transfronterizas”, dejó caer la pasada semana la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en un mensaje que evidencia que el organismo supervisor no va a poner trabas.

Hay muchas voces que llevan años abogando por esas fusiones transnacionales, sin que ninguna entidad haya recogido el guante. Por ejemplo, la del vicepresidente del BCE y exministro de Economía, Luis de Guindos. “Estamos a favor de la consolidación en Europa, con una visión muy favorable a las consolidaciones transfronterizas, entre bancos de diferentes nacionalidades de origen”, aseguró hace unos meses.

No hay fusiones, entre otros motivos, porque no existe un fondo de garantía de depósitos a escala de la eurozona, porque los Estados no se han puesto de acuerdo para crearlo. Es decir, si vienen mal dadas, cada país es el que garantiza un mínimo de fondos a los depositantes de sus bancos locales. En España, hasta 100.000 euros. Y si no hay un marco compartido –como sí ocurre con la supervisión bancaria– es complicado que los bancos muevan ficha. Ahora Unicredit ha dado el paso, pero la decisión va a depender del Gobierno germano. Este tiene por delante elecciones generales en 2025, en pleno auge de la extrema derecha, y llegar a ellas con un banco rescatado que pasa a manos de una entidad italiana no parece un punto a favor.

El Banco Sabadell ha tardado casi una semana en contestar al BBVA sobre su propuesta de fusión y ha decidido rechazarla por entender que “infravalora” su proyecto. BBVA, por su parte, ha señalado que “lamenta que el Consejo de Banco Sabadell haya rechazado una oferta tan atractiva”.

La propuesta de BBVA se basaba en un intercambio de acciones, que valoraría Sabadell en cerca de 12.000 millones de euros. En concreto, daría una acción, de nueva emisión, por cada 4,83 acciones de Banco Sabadell, según reconoció en una carta, que remitió al consejo de administración de su rival y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La integración ya se intentó hace cuatro años, en plena pandemia, y no salió adelante, según trascendió, porque no acordaron la valoración de las acciones.

Los motivos del rechazo

Ahora, cuatro años después, Sabadell vuelve a rechazar los términos propuestos por su competidor. Asegura a la CNMV que “considera que la propuesta infravalora significativamente el proyecto de Banco Sabadell y sus perspectivas de crecimiento como entidad independiente”. También, que su “consejo [de administración] confía plenamente en la estrategia de crecimiento de Banco Sabadell y en sus objetivos financieros” y que “como entidad independiente generará un mayor valor para sus accionistas”.

Su consejo, resume al supervisor, “ha concluido” que la propuesta “no satisface el interés de Banco Sabadell y sus accionistas”, y, en consecuencia, la rechaza. 

De paso, la entidad presidida por Josep Oliu lanza un dardo sobre el valor en Bolsa de su rival. “La caída significativa y la volatilidad del precio de la acción de BBVA en los últimos días genera una incertidumbre adicional sobre el valor de la propuesta”. Hace cuatro años, cuando intentaron la fusión, el Sabadell cotizaba en 2.500 millones de euros. Ahora supera los 10.000 millones. En el último año, su valor en el parqué prácticamente se ha duplicado. En cambio, el valor en Bolsa del BBVA supera los 60.000 millones de euros pero, en el último año, su revaloración se sitúa cerca del 17%. Y si se ve el dato desde principios de abril, la acción ha caído cerca de un 9%.

Además, Sabadell hace un guiño a sus accionistas. “Como parte de su firme compromiso con la creación de valor” para los inversores “y respaldado por el plan de negocio de la entidad y la sólida generación de capital, el consejo reitera su compromiso de distribuir a los accionistas, de manera recurrente, cualquier exceso de capital por encima del 13% de la ratio CET1”. Se trata de la ratio de mayor calidad, porque relaciona el capital del banco con sus activos ponderados por riesgo.

“Se estima que el exceso de capital que se generará”, el Sabadell, “en 2024 y 2025, junto con los dividendos recurrentes de este período de acuerdo con un cumplimiento satisfactorio del plan de negocio actual está previsto que sea de 2.400 millones de euros”. Sin embargo, matiza que “parte de ello puede estar sujeto a la aprobación del supervisor”.

La propuesta de BBVA

BBVA ha señalado que “lamenta que el Consejo de Banco Sabadell haya rechazado una oferta tan atractiva”. Ahora queda por ver si mejora los términos para poder convencer a la entidad catalana. De entrada, junto con el intercambio de acciones propuesto, el banco presidido por Carlos Torres instaba a su competidor a aceptar la fusión a cambio de incorporar a su consejo de administración a tres integrantes del órgano de dirección de Sabadell. Y la entidad resultante tendría una de sus sedes operativas en Catalunya, en concreto, en el centro corporativo de Banco Sabadell en Sant Cugat del Vallès.

BBVA defendía en esa misiva que “la entidad combinada sería más sólida y eficiente y un referente en el mercado por volumen de activos, créditos y depósitos”. En concreto, sus activos superarían el billón de euros y su cartera de depósitos los 340.000 millones.

Pero, como derivada, la fusión también supondría que la nueva entidad, junto con el Banco Santander y Caixabank, concentren en sus manos casi dos tercios tanto de los activos como de los depósitos en España, lo que aumentaría la concentración del sector, acelerada en los últimos años.

Urge culminar la unión bancaria. Es el mensaje que periódicamente se escucha en el seno de la UE. La última vez que se escuchó el clamor fue en plenas turbulencias financieras tras la caída del Silicon Valley Bank, el colapso del Credit Suisse y el posterior desplome (temporal) del Deutsche Bank. Los dirigentes europeos se conjuraron para espantar el fantasma de la crisis y, unas semanas después del terremoto, Bruselas presenta una reforma del marco de gestión de crisis y garantía de depósitos (CMDI) que tenía pendiente. El objetivo de las tres directivas que la Comisión Europea enviará ahora a la Eurocámara y a los 27 pretende “proteger la estabilidad financiera, la confianza de los depositantes y sobre todo el dinero de los contribuyentes”, señala una fuente europea. A pesar de ser “un paso” hacia la unión bancaria, en Bruselas admiten que se le resiste la pieza clave, el Fondo Europeo de Garantía de Depósitos (EDIS), al que Alemania, Países Bajos y otros 'frugales' ponen pegas porque supondría mutualizar los riesgos a la hora de garantizar 100.000 euros por depósito en caso de hecatombe financiera.

La principal medida que contempla el paquete presentado por el vicepresidente económico de la Comisión, Valdis Dombrovskis, y la comisaria europea de servicios financieros, Mairead McGuinness, es una flexibilización de las condiciones que tienen los bancos para acceder al Fondo Europeo de Resolución en caso de necesitar un rescate, según adelantó El Confidencial. Hasta ahora las entidades financieras tenían que haber amortizado un 8% de sus fondos para poder utilizar esa herramienta, concebida tras la crisis financiera de 2008 y que alcanzará los 80.000 millones de euros en 2024. La novedad es que ahora computarán en ese porcentaje las aportaciones que haya hecho al fondo de garantía de depósitos de su país.

Lo que reconoce la Comisión Europea es que las actuales condiciones han provocado que muchos de los rescates hayan recaído en los contribuyentes y eso es precisamente lo que pretende atajar. “La experiencia con la implementación del marco CMDI ha revelado dificultades en la gestión de la quiebra de los bancos pequeños y medianos, en particular, donde hay una asignación implícita de pérdidas a los depositantes, lo que podría afectar la confianza de los depositantes y estabilidad financiera”, señala la Comisión. La idea es que, si los bancos de menor tamaño están cubiertos, se evitaría la fuga de depósitos en caso de problemas financieras minimizando el riesgo de contagio. Además, la iniciativa pretende ampliar la protección de los depósitos de entidades públicas (como hospitales, colegios o ayuntamientos).

“Las recientes quiebras de algunos bancos estadounidenses y suizos, y la consiguiente tensión en el sector bancario internacional, son sólo un recordatorio de por qué necesitamos un sistema sólido y operativo que se ocupe de todos los bancos, tengan el tamaño que tengan, cuando tienen problemas”, ha expresado Dombrovskis, que ha defendido que “si un banco quiebra, los contribuyentes no deberían acabar pagando la factura una vez que el banco ha agotado su propia capacidad de absorber pérdidas”.

“Esta reforma mejorará nuestra capacidad para asegurar que cualquier banco pueda salir del mercado sin problemas, independientemente de su tamaño o modelo de negocio”, ha afirmado McGuinness, que considera que es una fórmula para gestionar de forma “más eficiente las quiebras bancarias en la economía, los contribuyentes y, en última instancia, la estabilidad financiera”.

Más allá de Fondo Europeo de Resolución, de los fondos nacionales de garantía de depósitos (que cuentan con unos 55.000 millones de euros) y de posibles préstamos a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), la propuesta de la Comisión no recoge otras herramientas para inyectar liquidez. Precisamente eso era lo que reclamaban este mismo lunes los bancos españoles a través de la presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán.

“Esperamos que la propuesta de hoy allane el camino para próximos avances y culminemos la unión bancaria”, ha afirmado Dombrovskis al presentar la iniciativa y tras reconocer que la Comisión Europea aspira a que el Fondo Europeo de Garantía de Depósitos vea algún día la luz. Pero la propuesta encuentra resistencias de los estados que consideran que asumirían riesgos de otros con una situación financiera menos saneada.

Espantar el fantasma de la crisis financiera ha sido el leitmotiv de la UE desde el colapso del Silicon Valley Bank el pasado 13 de marzo y los líderes europeos se han conjurado para ello durante su cita en Bruselas estos días. Pero no lo han tenido fácil. Mientras los jefes de los Ejecutivos de la zona euro estaban reunidos con la presidenta del Banco Central Europeo en la cumbre del euro, el Deutsche Bank se desplomaba en la bolsa arrastrando al resto de la banca europea. No ha habido la tradicional rueda de prensa tras la cita, pero tanto los jefes de gobierno como la propia Christine Lagarde, en su caso a puerta cerrada, han insistido en la “resiliencia” del sector.

“El sector bancario de la zona del euro es resistente porque tiene posiciones sólidas de capital y liquidez. El sector bancario de la zona del euro es sólido porque a todos les hemos aplicado las reformas regulatorias acordadas internacionalmente tras la crisis financiera”, ha sido el mensaje de Lagarde, según fuentes de la UE presentes en la cita.

También el canciller alemán, Olaf Scholz, ha lanzado un mensaje de tranquilidad al asegurar que “no hay motivo” para estar preocupado: “Es un banco muy rentable”. “Desde hace años hemos tomado las decisiones correctas para estabilizar los bancos en Europa”, ha expresado el socialdemócrata en la rueda de prensa tras el Consejo Europeo: “El sistema bancario europeo es robusto y estable y tenemos las estructuras de supervisión necesarias”. “Los cimientos de los bancos europeos son sólidos y podemos celebrar la exigencia de las normas sobre la materia”, ha señalado el francés, Emmanuel Macron, según informa Europa Press.

Deberes: culminar la unión bancaria

En el Gobierno español también llevan días diciendo que la preocupación en el caso de los bancos es “cero”. “Desde el punto de vista de lo que han sido las turbulencias de hoy, no ha habido cambio alguno respecto al posicionamiento de los líderes”, ha afirmado Pedro Sánchez sobre los cinco párrafos de la declaración de la cumbre del euro.

El principal recado que dejan los jefes de los ejecutivos es la necesidad de culminar la unión bancaria, que es una de los deberes pendientes tras la crisis de 2008. “La unión bancaria ha reforzado enormemente la resiliencia del sistema bancario de la UE. Nuestro sector bancario es resiliente, con fuertes posiciones de capital y liquidez. Pedimos que prosigan los esfuerzos para completar nuestra unión bancaria”, señala el texto de las conclusiones.

También Lagarde ha insistido en esa idea. “Los desarrollos recientes [ha dicho sobre el colapso del Silicon Valley Bank y el posterior crisis de la entidad Credit Suisse] nos recuerdan lo importante que ha sido mejorar continuamente los estándares regulatorios. Ahora necesitamos progresar en completar la unión bancaria”, ha expresado.

El llamamiento es a la creación de un fondo de garantía de depósitos a nivel europeo al que se opone Alemania, que no quiere mutualizar los riesgos. “He planteado lógicamente que tengamos un fondo de garantías europeo, porque eso plantearía mayor confianza en los mercados y nuestros ciudadanos y evitaría riesgo de fragmentación en Europa”, ha contestado Sánchez.

Cada seis meses, el Banco de España describe en su Revista de Estabilidad Financiera “los principales factores de riesgo para la estabilidad del sistema financiero español”. En los últimos cuatro años, por lo menos, la solvencia de los bancos españoles no figura entre ellos, al contrario que la “baja rentabilidad de las instituciones financieras”. Incluso el riesgo legal derivado de las demandas judiciales es un peligro mayor que la solvencia de nuestros bancos. 

Sin embargo, es notorio que los bancos españoles llevan ya muchos años a la cola de las instituciones financieras de la Unión Europea en materia de solvencia. Nuestro sistema bancario, que es el cuarto por total de activos y el tercero en riesgo de crédito (superado solo por Francia y, levemente, por Reino Unido), disponía en junio de 2019 de una ratio de capital CET1 (FL) (1) del 11,89%, 2,6 puntos menos que el 14,48% de media de la UE.  

Es importante notar que nuestra posición de farolillo rojo, que incluso ha empeorado en los últimos tres años, no se debe a unos pocos de los 12 bancos (los más grandes) que componen la información de la EBA (2), ni es poco representativa. Al contrario, nuestra distribución de ratios CET1 es de las más homogéneas de la UE y nuestros 12 bancos agregan holgadamente más del 90% de los riesgos del sistema bancario español. 

La visión del Banco de España sobre la solvencia de las entidades españolas puede extraerse de estas líneas del resumen ejecutivo de su más reciente Informe de Estabilidad Financiera: 

“En todo caso, aun superando en buena medida los requisitos regulatorios, la baja posición relativa de las entidades españolas en el ranking europeo y la futura implantación de la última parte de las reformas de Basilea 3, aconsejan seguir perseverando en el reforzamiento de su solvencia”.

El supervisor también destaca la resiliencia de los bancos españoles y desarrolla esta idea a partir de unos test de estrés que enfrentan a nuestros bancos con un escenario macroeconómico adverso acordado con la EBA y el Banco Central Europeo. Así, según las últimas pruebas, el CET1 de nuestros bancos más importantes, aunque caería, lo haría menos que la media de sus pares y, según el supervisor, permitiría que todos mantuvieran “una posición de solvencia adecuada ante la materialización de los riesgos identificados”.  

Sin embargo, un examen detallado de las pruebas de estrés indica que esa resistencia no es predicable de todos nuestros grandes bancos, sino solo de las dos entidades sistémicas (3) (Santander y BBVA), que apenas perderían 0,4 puntos de CET1 en el escenario adverso. En el resto, el CET1 medio caería 2,7 puntos, lo que no parece compatible con una visión optimista de nuestro sistema. 

Pero incluso la aparente resiliencia de nuestras dos entidades sistémicas es dudosa, pues depende, precisamente, de su actividad internacional, que, como sabemos, se desarrolla en buena medida en países (Brasil, México, Turquía, etc.), donde entran en juego factores geopolíticos y económicos que hacen a esos países bastante más vulnerables que los de la UE y menos predecibles en su evolución. La comparación de nuestros bancos sistémicos con sus pares en la UE los coloca en la cola de la distribución, muy por debajo de la media. Tampoco parece sólido un argumento, muy utilizado por nuestros banqueros, que giraría sobre la dureza de los requerimientos regulatorios españoles, porque, como es sabido, son los mismos que los de sus competidores, incluso los del otro lado del Atlántico. 

Solo la preocupación del supervisor por la rentabilidad de nuestras entidades le lleva, indirectamente, a la solvencia, porque “una rentabilidad reducida dificulta la generación orgánica de capital”. Sin embargo, frente a lo que ocurre con la solvencia, la rentabilidad de nuestros bancos está por encima de la de sus competidores. El ROE (rentabilidad sobre fondos propios) que la EBA publica para junio de 2019 es del 8%, por encima de la media de la UE (7%) y de países como Reino Unido, Francia y Alemania. A iguales conclusiones conduce la observación de la rentabilidad sobre activos totales, también por encima de la media europea. Esa situación de superioridad es, desde hace años, una característica básica de nuestro sistema bancario. 

Si la rentabilidad no es una buena excusa para justificar nuestra posición comparativa en materia de solvencia, cobran más sentido ciertas preocupaciones legítimas por la solvencia de nuestras entidades y que se pueden traducir en preguntas como: 

— ¿Estarán equivocados la mayoría de los supervisores y de los bancos que integran el sistema bancario europeo al considerar convenientes colchones de capital del doble que los nuestros? 

—  ¿Nuestro altísimo grado de concentración bancaria, y el  elevado peso de nuestras dos grandes entidades sistémicas, no nos hace bastante más vulnerables que los sistemas menos concentrados o, a igualdad de condiciones, que los más capitalizados? 

— ¿La especialmente débil reputación de muchas de nuestras entidades, convictas de prácticas abusivas de muy diversa índole, no influirá en su cuasi nula capacidad para reforzar su solvencia captando capital fresco? 

— ¿Son suficiente los colchones de capital de nuestras entidades, junto con los poco más de 2.000 millones de euros que conforman el patrimonio de nuestro Fondo de Garantía de Depósitos, para afrontar una crisis bancaria, aunque sea menos grave que la anterior? 

— Y, sobre todo, ¿están siendo nuestros reguladores y supervisores suficientemente activos en la exigencia de los niveles de capital que parecen necesarios? 

Esta última cuestión es especialmente pertinente si se pone de manifiesto, como hace la EBA en su reciente ejercicio comparativo, que son ya numerosos (20 de 28) los supervisores que han usado la amplísima gama de posibilidades que permite la actual regulación para demandar más capital a los bancos, sea por razones sistémicas, contracíclicas o de otro tipo, mientras que en España solo se ha activado el colchón que las autoridades internacionales han demandado a nuestros bancos sistémicos. 

Por eso, y porque tras cinco años de recuperación económica con elevados beneficios del sector bancario (17.271 millones en 2018, después de impuestos y en términos consolidados), habría que preguntarse por qué los fondos propios de nuestros bancos, cajas y cooperativas han disminuido más del 4% desde 2013, desde 221.774 hasta 212.057 millones de euros en diciembre de 2018.  Quizás la explicación se deba a que, en España, los bancos están autorizados a dedicar la inmensa mayoría de sus beneficios a pagar dividendos, en vez de a generar reservas y, con ellas, más recursos propios y una mayor ratio CET1. Según sus memorias, de los beneficos obtenidos después de impuestos en 2018 por los 12 bancos españoles más importantes, que ascendieron a 9.689,3 millones de euros, solo se destinaron a reservas 1.189 millones; es decir, se repartieron el 80% de los beneficios.

En resumen, sí parece haber motivos para considerar baja la solvencia de los bancos españoles, pensar que nuestro sistema estaría bastante más seguro si fuera mayor y, sobre todo, para calificar de poco exigentes los requerimientos de rSeguladores y supervisores al respecto. 

(1). La ratio CET 1 (FL, fully loaded) identifica los recursos propios disponibles para asumir pérdidas procedentes de sus activos de riesgo. Es la que mejor informa de la solvencia de las entidades bancarias y la más utilizada por reguladores, supervisores y analistas financieros.

(2). Todos los datos proceden de los publicados por la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés) en el marco del ejercicio de transparencia realizado sobre la banca de la UE en noviembre de 2019.

(3). Caracterizadas por el G20 como bancos internacionales sistémicamente importantes. 

[Este artículo ha sido publicado en el número 76 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

A principios de año, se pospuso para el verano. En verano, se pospuso para final de año. Y a final de año, tras 18 horas de reunión y con una cumbre de líderes prevista para la próxima semana, los ministros de Economía y Finanzas de la zona del euro han llegado a un acuerdo de mínimos: un fondo de emergencia para atajar crisis bancarias y para fortalecer las competencias del fondo europeo de rescate.

“Ha sido una negociación muy dura, pero el resultado es un gran avance en algunos temas clave”, dijo poco después el presidente del Eurogrupo, Mario Centeno, en la rueda de prensa.

El elemento más tangible de la reforma es la creación de una red de seguridad, backstop, para la Unión Bancaria. Se trata de un mecanismo anunciado en 2013, ya acordado, pero sobre el que faltan detalles y la fecha de su introducción –prevista para 2024 pero susceptible de adelantarse–.

Será una solución de emergencia para situaciones en las que los recursos del Fondo Único de Resolución (FUR) no son suficientes para hacer frente a una quiebra bancaria. Debe intervenir como último recurso para costear las intervenciones europeas de bancos en quiebra y evitar el rescate público.

El Eurogrupo, además, ha acordado reforzar las competencias del fondo europeo de rescate, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). El refuerzo es para la supervisión económica y el diseño y vigilancia de rescates, tareas que compartirá con la Comisión Europea. Los países del euro con dificultades, además, podrán tener acceso a una línea preventiva de ayuda antes un eventual rescate, que estará sujeto a un “nivel apropiado de condicionalidad”.

No obstante, los ministros recordaron que el apoyo del fondo de rescate tiene que ser “el último recurso” e ir acompañado de “un nivel apropiado de condicionalidad”.

El presidente del Eurogrupo, el portugués Mario Centeno, ha explicado que han sido incapaces de pactar un “enfoque común” sobre “la necesidad y el diseño” de un futuro presupuesto de la eurozona que impulse “la convergencia y la competitividad” de los socios.

El Eurogrupo, no obstante, un presupuesto para la eurozona que mejore la competitividad y convergencia de los países, tal y como proponen Francia y Alemania, si los líderes les dan el mandato para ello en la cumbre de la próxima semana.

Tampoco han conseguido cerrar un plan para iniciar los debates políticos sobre el fondo único de garantía de depósitos (EDIS), el tercer pilar de la Unión Bancaria: los ministros constataron que “se necesita más trabajo antes de poder iniciar las discusiones políticas” para ponerlo en marcha, según explicó el presidente del Eurogrupo.

Asimismo, pactaron aumentar la eficacia de las líneas de crédito precautorias que pueden solicitar los Estados en dificultades, pero que no necesitan un rescate.

Los ministros acordaron, asimismo, poner en marcha un proceso para “promover la sostenibilidad de la deuda” pública, a través de la introducción de cláusulas de acción colectiva con cláusulas de agregación simple (CAC en jerga financiera) en las emisiones de bonos soberanos a partir de 2022. En la práctica, facilitan que los acreedores asuman pérdidas en caso de reestructuración.

Kees Vendrick (55) es político de profesión. Ha estado toda su vida en la política, con los Verdes, desde que salió de la Universidad hasta 2017, cuando comenzó a trabajar en Triodos Bank. Durante su carrera política estuvo involucrado en temas de sostenibilidad, justicia social y dinero público. Se fue más por obligación que por ganas (el partido tiene una legislación que no permite permanecer en el Parlamento durante periodos largos). No sería raro que lo veamos pronto otra vez en la arena política, a la espera del próximo embate. Mientras tanto, Triodos es su casa, el lugar desde donde trabaja para mejorar el mundo. Conversa con Alternativas Económicas en el edificio de Les Punxes, de Barcelona, haciendo espacio entre el aeropuerto y un encuentro con clientes de su entidad, que presume de ser un banco ético y responsable.

Usted trabaja en un banco que tiene la intención de ayudar al desarrollo, no solo en Europa, sino también en otros países del mundo. Hay un gráfico que muestra que cuanto más crece el PIB más crecen las emisiones de CO2. ¿Cómo podemos resolver este dilema?

Es una pregunta muy difícil y lidiamos con ello todos los días. Tres años atrás la comunidad mundial decidió en los acuerdos de París que teníamos que recortar las emisiones de carbono. A su vez, hace tres años, el mundo adoptó los Objetivos de Desarrollo Sostenibe (ODS). También incluyeron el combatir el cambio climático, y sentaron la agenda de reducir la exclusión social, luchar contra desigualdad, etc. ¿Nuestro sistema económico encaja con esto? La respuesta franca es que nadie lo sabe del todo. He trabajado en estos temas los últimos 30 años. Tenemos una mirada crítica; pensamos que el crecimiento económico no debería ser el todo en la política económica. El mundo hace tres años asumió una decisión: la emisión de carbono global está antes. Si no resuelves ese problema nada tiene sentido. En algunos casos necesitamos un crecimiento económico, especialmente en los países pobres. Yo no soy quién para ir a África y decir: dejen de crecer. Estos países necesitan claramente más riqueza material, para cubrir las necesidades básicas. En los países ricos el crecimiento económico no debería ser el objetivo principal.

Usted trabajó con los Verdes de Holanda. ¿Volvería a la política?

No lo sé. Amo la política. Conozco a mucha gente descontenta, que miran a los políticos con recelo. Y sé que algunos políticos irritan a cualquiera, incluido a mí. Dicho esto, creo que la política gubernamental realmente es importante. Si quieres que se cumplan los ODS tienes que hacer política, no hay salida. En sociedades democráticas las políticas gubernamentales dependen de esos políticos. Espero que cada nueva generación sienta la urgencia de entrar, en vez de quedarse parada a un lado diciendo “bueno, así son todos los políticos”.

Una de las cosas que me cuentan que hizo fue impulsar el software libre. Logró crear una agencia pública. ¿Cuáles fueron los resultados?

Fue 16 años atrás, y en ese tiempo en los contratos públicos compraban software de las grandes compañías tecnológicas. Usaban Microsoft, por ejemplo, para los escritorios. Y en mi partido, quisimos cambiar esta política, para ir comprando software libre. La idea era prevenir la dependencia de un solo proveedor. Es una cuestión de dinero, pero más básicamente es una cuestión de libertad. Una economía abierta está siempre en lucha contra los monopolios. Lo veremos con las compañías tecnológicas.  Es malo para la economía y para la sociedad, y es peligroso. Los gobiernos pueden hacer una diferencia, eligiendo no comprar más de este software, y dando apoyo al mismo tiempo al software libre. El parlamento lo adoptó. Uno de los resultados fue la creación de un centro de conocimiento. Fue un buen paso, pero todavía queda un mundo de luchas. 

Siguiendo con el tema de la tecnología, ¿qué opina del Blockchain? ¿Puede terminar con los bancos?

Para ser honesto, soy muy escéptico. La llegada del bitcoin perseguía alternativas interesantes a la moneda gubernamental. Pero se convirtió en un esquema Ponzi (un fraude). La primera gente que compró bitcoins hace 10 años se hizo rica. No es el propósito de una moneda el hacer que alguna gente se haga rica por nada. No hay ninguna conexión con la economía real. Conozco mucha gente que tiene grandes expectativas sobre el uso del Blockchain. Yo no lo veo. Lo que veo es que se usa una gran cantidad de energía, y es completamente contrario a la lucha contra el cambio climático. Los números son bien absurdos. Pero estoy abierto a nuevas perspectivas y nuevos desarrollos en estos ámbitos.

Se han cumplido 10 años de la quiebra de Lehman Brothers y los máximos responsables, con alguna excepción en casos como el de Islandia, no han ido a la cárcel. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? ¿Cómo debería ser regulado?

Especialmente Europa hizo un mal trabajo. Aunque dio un buen paso en 2014, con la creación de la unión bancaria. En el caso de España vimos cómo quebraban los bancos, sosteniéndose sobre los hombros de los Gobiernos. Y vimos los efectos devastadores de la conexión entre Gobiernos y bancos. La idea básica de la unión bancaria es desenredar la relación de los bancos de esos países con los Gobiernos nacionales. No hemos llegado allí, no hemos completado la unión bancaria, pero es un buen paso. En Europa los bancos deberían incrementar drásticamente el capital y tener suficiente capacidad para limpiar su propio lío. No lo hemos hecho. Los bancos en toda Europa, ayudados por el lobby propio de la industria bancaria, especialmente en mi país, Alemania, Francia y en Bélgica, presionaron a los políticos tanto en el ámbito nacional como en la Comisión Europea respecto a los requerimientos de capital. Y los Gobiernos han cedido a esta presión. El otro tema es ¿cómo quieres que un banco sea gestionado? ¿Vas a buscar los beneficios rápidos? ¿O prefieres que un banco tenga una visión holística, y ayude a la economía real? Si financias a la sociedad, como lo hacemos en Triodos, los resultados son mucho más estables. Hay otro aspecto sobre la estabilidad: deberíamos mirar los procesos en el sector financiero. Cómo se toman las decisiones, las juntas de los bancos y los procesos de préstamo. La buena noticia es que comenzamos este debate en Bruselas la pasada primavera. Bueno… lo hicimos 10 años después. 

¿Qué piensa de la banca pública? 

Otra lección de la crisis. Forzaron a los bancos a parecerse cada vez más entre ellos. Ese es uno de los efectos negativos de la falta de supervisión de los bancos de Europa. La diversidad del panorama bancario está desapareciendo gradualmente. En Holanda también cayeron nuestros bancos con la crisis. Perdimos un banco que podía haber sido público para siempre. Otra de las lecciones de la crisis: la mayoría de los bancos que tuvieron problemas en 2008 estaban en Bolsa. El capitalismo hizo un trabajo muy malo en la industria bancaria, presionando para subir los beneficios y forzando a los directivos y a los consejos a adoptar riesgos. Eso contribuyó al colapso.

Se habla de Holanda como paraíso fiscal. Existen los llamados Besloten Vennootschap (BV), sociedades de responsabilidad limitada. Un español tiene dinero en Suiza. Lo presta a una empresa (suya) holandesa, condona la deuda y vuelve a España en forma de inversión. Es la sociedad que hace de contenido del sándwich holandés. Muchas empresas españolas utilizan las BV holandesas de forma legal para eludir impuestos. ¿Qué opina de esto?

Desde hace décadas, Holanda está del lado equivocado junto con Luxemburgo, las Islas Caimán, etc. Es una invención de los nuevos políticos liberales. El líder de la derecha liberal holandesa, que se convirtió en comisario de la Comisión Europea en 1999, dijo en palabras exactas: “La competencia fiscal entre los Estados es nuestra meta última”. Competencia fiscal significa que si uno está creando un paraíso fiscal en un país el otro puede hacer lo mismo… Si uno puede flexibilizar, el otro intenta no presionar mucho… Ese proceso es la mayor fuente de inequidad y es devastador para las finanzas públicas. Espero, y esa es también la posición de Triodos, que el Gobierno holandés y los políticos puedan cambiar la situación. Que pueda haber una cooperación internacional, una lucha contra la evasión fiscal.

En el caso de Holanda, ¿qué gana el Estado con ello?

Hay un gran debate al respecto. Si atraes enormes cantidades de dinero, va a todo tipo de actividad fiscal amigable. Toman una muy pequeña cantidad de ese pastel y ganan algo de dinero. Pero en relación es prácticamente nada. Por otro lado, crea una enorme cantidad de empleo. Y crea una industria de facilidades para esta práctica de evasión. Dictadores, criminales, etc. son conscientes de la manera muy profesional en que la industria holandesa de las finanzas les da servicio.

Supongamos que usted se presenta para ganar las elecciones. Y lleva en su programa cambiar esta situación. ¿Puede que entonces no le voten?

Yo era miembro del Parlamento y tratamos de poner este tema en la agenda política y todo el mundo permanecía en silencio. Todo pasaba debajo de la mesa. Ahora es un tema abiertamente debatido en el Parlamento. El secretario de Finanzas, a cargo de la legislación, tiene que explicar, frecuentemente, qué es lo que hace, para cerrar algunos centros. Públicamente ha dicho que quería hacerlo, y le creo. Estamos cambiando, pero es un proceso muy difícil en el que es necesario cooperar internacionalmente con otros países. Irlanda, Luxemburgo… Espero que los políticos en estos países se comprometan y formen una coalición internacional. Si no lo hacen, puede haber otra fuente de populismo y de gente dando la espalda a los políticos; una fuente de malestar en la sociedad. Necesitamos el interés de la gente para pagar sus impuestos. Si perdemos eso, la situación se vuelve muy difícil. Solo hay que ver el ejemplo de Grecia. La lección es siempre la misma. Quienes se ven más afectados son quienes dependen de las finanzas públicas. 

Miguel Arias Cañete, actualmente comisario de Energía y Acción por el Clima en la Comisión Europea y exministro de Medio Ambiente español, usa las BV para eludir impuestos...  

No conozco de cerca este caso, pero no importa si hablas de multinacionales eludiendo impuestos o de gente rica, que va a tener el dinero para conseguir la asesoría financiera y encontrar su camino, cada uno debe pagar su parte justa. Debería ser parte de la política de negocios, Google, Shell, quien sea. Si dicen que tienen su responsabilidad social corporativa o cualquier otra manera de llamarlo, mi pregunta es: ¿Cuál es tu política impositiva? Les pedimos que salgan del negocio de eludir impuestos. Los cuatro grandes (Ernst & Young, Deloitte & Touche, KPMG y PricewaterhouseCoopers) facilitan estas estructuras de forma masiva. Aléjense de ellos. Si son serios, este tema debería ser parte de su agenda.

Usted ha nombrado antes los populismos. ¿Por qué cree que ha avanzado tanto la ultraderecha en Holanda y sigue avanzando en toda Europa? 

Tenemos muchos debates en Holanda sobre este tema. Veo desarrollos que crean fuentes de populismo, descontento político. ING tuvo que pagar hace poco una multa de 775 millones de euros por no supervisar el blanqueo de dinero. Y muchos políticos, seguro, hasta se enfadaron: “Oh, ¡vamos! No te puedes tomar esto seriamente. Todo el mundo sabe que en Holanda estamos muy abiertos a los abusos de nuestro sistema financiero profesional”. Es decir, este es un tema serio. Uno de los comisionados escribió en un periódico “hicimos lo que pudimos. Las cosas salen mal. Puede pasar”. Estaba mostrando la actitud antigua de los bancos antes de la crisis. Estúpidamente, mostrándole a todo el mundo que no habían aprendido la lección. La mayoría de los banqueros no han sido investigados ni procesados ni en Europa ni en Estados Unidos. Se salieron con la suya. La gente siente mucha rabia sobre los efectos de una crisis financiera en la que ellos no estaban involucrados, una crisis que han sentido muy severamente en algunos casos. Esa es una de las grandes fuentes de descontento. Además, está el tema de los impuestos, otra fuente de descontento. Los Gobiernos no están interviniendo al impedir las estrategias financieras de elusión de impuestos de las grandes compañías. Hay un límite en la aceptación de la gente en todo tipo de diferencias en la sociedad. La mayoría de los Gobiernos, también en mi país, incluso el partido socialista hicieron sus elecciones, en mi opinión poco felices, sobre este tema. Y ellos crearon el espacio para que los políticos de la ultraderecha ganaran apoyos.

Ha hablado usted de los banqueros. ¿Qué opina de sus salarios? 

Tengo discusiones con banqueros del mainstream y su sentimiento es: “¿Ha terminado todo esto ya? Ok. No recibimos bonificaciones durante cinco años, arreglamos algunas cosas en el banco, cuidamos a la gente, bla, bla, bla... Volvamos ahora a los negocios”. Las lecciones todavía necesitan ser aprendidas. Por otro lado, las nuevas generaciones que empiezan a trabajar en la industria financiera están más familiarizados con la agenda de los ODS. Es mi mensaje más optimista. Por supuesto, es nuestra responsabilidad imponer obligaciones y trabajar con el sector financiero.

Desde la economía social y solidaria se critica que Triodos no tenga participación de empleados. ¿Qué opina?

No estoy familiarizado con el debate en España. La estructura legal de Triodos implica una entidad, y las acciones en una entidad legal especial. La verdadera razón por la que crearon esto en 1980, cuando crearon el banco, era porque querían proteger la misión del banco. Tenemos una organización legal para la participación de los trabajadores. Al menos en mi experiencia somos una organización muy abierta y plana. No tenemos una junta ejecutiva, y un CEO con altos niveles de testosterona. Eso también está en nuestra cultura. Una cooperativa es genial pero los fundadores eso no era suficiente. 

¿Y la participación de los clientes?

Esa es una de las razones principales por las que vine a España. Se hacen muchas actividades. No creo que la gente que pone el dinero en Triodos lo haga como “cliente”. Somos una comunidad. Constantemente intentamos explicar cómo hacemos nuestro trabajo y sentimos la necesidad de ser transparentes. Hacemos debates públicos, nos encontramos, invitamos gente. Por ejemplo, si tú prestas 100 euros te preguntamos: ¿Dónde quieres que invirtamos? ¿En alimentación orgánica, en vivienda social, energía sostenible? Ese es el tipo de conversaciones que mantenemos en nuestra base diaria.

¿Se puede conciliar en Triodos Bank, con un puesto alto como el suyo? ¿O requiere una dedicación al 100%?

Bueno, debería...No es un tema del banco sino mío. Soy invitado por el Ministro de Asuntos Económicos y Clima, para ayudar, con mucha otra gente, a conseguir un acuerdo para el clima en Holanda. Algunas personas están cooperando para hacer que la agricultura, la vivienda, toda la sociedad pueda lograr bajar las emisiones de carbono. La combinación de ser activo en Triodos y este apoyo a veces es un desafío. Mis hijos no están muy contentos.

Normalmente las mujeres son las que tienen que lidiar con ello... ¿Hace el banco algo en este sentido?

Para hacer que las mujeres estén más involucradas en el banco...

Bueno, y para hacer que los hombres estén más involucrados en casa. ¿Hay alguna política?

No importa si eres hombre o mujer. Si tu vida privada es estresante por algún motivo; por ejemplo, si hay un bebé por llegar, siempre el banco da lugar para ello. Esa es mi experiencia. Ahora no estoy muy al día con la política de bajas con los niños porque mis hijos ya son grandes. En mi situación personal, mi mujer trabaja más que yo, así que limpiar la casa es mi trabajo. Ella no lo hace, no es buena haciéndolo. Esta mañana me desperté a las cuatro de la mañana para lavar los platos del día anterior y dejar lista alguna lavadora antes de tomar el avión. En ese sentido, nuestra relación es muy moderna.

¿Cuál es el porcentaje de mujeres en altos cargos? ¿Cómo promueven el trabajo de la mujer?

Hay dos hombres y una mujer en el consejo.

[Esta entrevista ha sido publicada en el número de 63 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Pese a las diferencias ideológicas, Pedro Sánchez ha encontrado en Alemania a uno de sus principales socios para el futuro de España en el seno de la UE. Sánchez y Merkel se han reunido esta mañana en Berlín y el encuentro ha generado acuerdo y promesas de colaboración. Ambos gobiernos han avanzado el inicio de relaciones bilaterales en una cumbre que podría celebrarse el año próximo en España. Con respecto a la gestión de las migraciones, la canciller alemana se ha mostrado favorable a pedir mayor apoyo a España por parte de la Comisión Europea.

La estrategia del presidente español al recibir al buque Aquarius ha surtido su efecto; Europa mira ahora a nuestro país como un actor con el que hay que contar. Merkel acepta la propuesta de Sánchez de buscar una solución europea al problema de las migraciones y asegura: “Creo que España tendría que recibir un poco más de apoyo por parte de la Comisión Europea”. Mientras tanto, otro buque, el Lifeline, navega sin rumbo fijo con 230 migrantes a bordo. Italia y Malta ya lo han rechazado. España esta vez no está dispuesta a ser el único actor en la resolución del problema: “España estará en la respuesta común al buque Lifeline pero esa respuesta tiene que ser común y deben participar distintos países”, ha asegurado el presidente español.

“Nosotros somos un país fronterizo. España está arrimando el hombro y siendo responsable, sin levantar la voz, siendo muy conscientes del desafío humano que esto representa”, ha asegurado el presidente español. Sobre la traducción en fondos que podría suponer el apoyo alemán a España ante la Comisión Europea, ninguno de los dos líderes ha hecho referencia expresa. Tan solo Merkel ha recordado que cuando Grecia soportaba la llegada masiva de migrantes, la Comisión se corresponsabilizó de los gastos que esto suponía.

El apoyo alemán a España será mútuo en el debate europeo previsto para final de mes. Pedro Sánchez se ha mostrado receptivo a plantear como prioridad la situación de “los movimientos secundarios” de migrantes que tienen a Alemania como uno de los principales destinos finales.

Merkel ha considerado que Europa se debe beneficiar de las relaciones diplomáticas preferenciales que España tiene con países de tránsito como Marruecos. “Podemos repartirnos las responsabilidades entre los jefes de Estado de la UE”, ha asegurado la canciller alemana. Hoy mismo, el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska ha viajado de urgencia a Marruecos para empezar a buscar soluciones a la crisis migratoria.

Los socios principales: Alemania, Francia y Portugal

En materia económica, Merkel y Sánchez también han mostrado su capacidad para hablar con una sola voz. España ha decidido sumarse a las tesis de Alemania y Francia en la apuesta por la unión bancaria y el desarrollo de la unión monetaria. España quiere incorporar a Portugal a ese grupo de cabeza que, según Merkel, no pretende “dominar a otros países sino hacer una propuesta que alimente el debate”.

En materia de comercio, ambos líderes también se han mostrado alineados: “Comparto con Merkel que tenemos que apostar por el multilateralismo. La disposición del Gobierno de España será seguir unidos y tener un política comercial que sea pragmática pero común”, ha asegurado el presidente español.

Acercamiento de presos de ETA

El presidente español ha vuelto a insistir en su disposición a acercar los presos de ETA a cárceles del País Vasco: “ETA desapareció. La democracia derrotó a ETA. En consecuencia, la política penitenciaria tiene que ser revisada”, ha asegurado Sánchez a preguntas de los periodistas desplazados a Berlín. El jefe del ejecutivo ha obviado la creación de un grupo de trabajo con el Gobierno vasco para acometer ese cambio en la política penitenciaria. Si ayer Urkullu anunciaba la creación de esa mesa, hoy el presidente omitía cualquier referencia a su existencia con una llamamiento genérico a “que pongamos las luces largas” sobre ese conflicto.

Sobre la relación con Catalunya, Sánchez se ha mostrado dispuesto a hablar de todo “en los márgenes de la Constitución”. El jefe del ejecutivo a vuelto a insistir en su discurso a cerca de la necesidad de “normalizar las relaciones con Catalunya” pero ha dejado un mensaje dirigido al president Torra: “Lo que representó el 1 de octubre es una página que hay que pasar, también por parte del independentismo y por parte del presidente de todos los catalanes”.

El ingeniero y economista francés Jean Tirole, premio Nobel de Economía en 2014, ha realizado un trabajo extraordinario de reflexión y divulgación de los principales conceptos económicos y una exposición de los desafíos más destacados y posibles soluciones que afrontan los ciudadanos. En las 577 páginas de La economía del bien común (Taurus), el presidente de la Toulouse School of Economics aborda con un lenguaje asequible para los no especialistas prácticamente todos los problemas económicos que ocupan el actual debate político y social. La excelente traducción de María Cordón contribuye de manera decisiva a conseguir el propósito del autor de hacer más comprensibles sus argumentos.

El propósito del profesor Tirole es compartir su pasión por la economía y sus conocimientos con los lectores y exponer el resultado de su investigación, “basada en el enfrentamiento entre la teoría y la práctica”. Su idea sustancial es que “la economía está al servicio del bien común; su objetivo es lograr un mundo mejor”.

Aunque el autor señala que la economía “rechaza tanto la supremacía del mercado como la supremacía del Estado”, es bien significativo el párrafo de arranque del libro: “Desde el rotundo fracaso económico, cultural, social y medioambiental de las economías planificadas, desde la caída del muro de Berlín y la metamorfosis económica de China, la economía de mercado ha pasado a ser el modelo dominante, por no decir exclusivo, de organización de nuestras sociedades”.

El debate entre el distinto papel que deben desempeñar el mercado y el Estado es el hilo conductor directa o indirectamente de varios capítulos. Pero junto a esta reflexión general, el libro desciende a problemas más concretos como el desafío del cambio climático, el reto del desempleo, la encrucijada en que se encuentra Europa y la utilidad de las finanzas. El profesor de Toulouse admite que el lector puede estar en desacuerdo con sus conclusiones, pero se da por satisfecho que incluso en este supuesto “halle en la argumentación de esta obra materia de reflexión”.

En relación con esta tensión entre mercado y Estado, la tesis de Jean Tirole es que ambos “son complementarios y no antagónicos, como pretende con frecuencia el debate público”. Aunque su opción es clara a favor de una economía de mercado, considera que es conveniente corregir sus fallos, que clasifica en seis categorías: así, señala que el intercambio puede afectar a terceros que, por definición, no han dado su consentimiento (las empresas pueden contaminar); la información incorrecta puede viciar el consentimiento de los contratantes; el comprador puede ser víctima de su propio comportamiento impulsivo; ciertas actividades como las relaciones con los bancos pueden superar la capacidad del individuo ante las entidades financieras; las empresas pueden crear monopolios y finalmente el mercado puede ser eficaz, pero no tiene ninguna razón para crear equidad.

Tirole insiste en la dependencia mutua del Estado y el mercado. “El buen funcionamiento del mercado”, señala, “depende del buen funcionamiento del Estado”. En su opinión, “un Estado que falla no puede contribuir a la eficacia del mercado”.

El profesor ve los principales fallos del Estado en el riesgo de que sea secuestrado por lobbies (amistades o compadreos) que crean connivencias entre los gobernantes y los regulados. También piensa que la asimetría de la información puede implicar que las ayudas públicas sean opacas. Otro ejemplo de mal funcionamiento del Estado es el clientelismo, que a veces implica que los beneficios de ciertas políticas son muy visibles, mientras que apenas se aprecian los costes.

Resulta especialmente interesante el análisis sobre la crisis de Europa. Recuerda la gran esperanza que despertó el proyecto europeo y “el extraordinario símbolo de integración” del euro. Pero reconoce que “esta integración no ha tenido lugar y, por desgracia, es dudoso que se produzca en un futuro próximo”. Cree que esta mayor integración “debe apoyarse en una cesión de soberanía mucho más amplia que la actual, edificada sobre una confianza recíproca, una voluntad de compartir los riesgos y un sentimiento de solidaridad, lo que no se logra por decreto”.

Tirole plantea dos opciones para superar la crisis europea: la estrategia actual que consiste en mejorar el tratado de Maastricht, en la que confía poco, y la solución federal, que reconoce que es más ambiciosa. Considera que la unión bancaria ya es un embrión del federalismo que debería ir acompañada de un presupuesto común, un fondo europeo de garantía que asegure los depósitos de los pequeños ahorradores y un seguro de paro común. Reconoce que es una opción muy ambiciosa y difícil, pero es su propuesta. Por esta razón advierte que “si los europeos deseamos vivir bajo un mismo techo, debemos aceptar la idea de perder un poco más de soberanía. Y para lograrlo en esta época de soberanismos, debemos rehabilitar el ideal europeo y permanecer unidos en torno a este ideal, lo que no es tarea fácil”.

[Este artículo ha sido publicado en el número de verano de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

El miedo a los riesgos de la banca en la sombra está en boca de muchos políticos y banqueros. Pero las advertencias sobre su peligro recuerdan mucho al cuento de los Tres Cerditos. Todo el mundo parece tener claro que el lobo vendrá, pero lo que ya no está tan claro es que haya alguien poniendo los ladrillos adecuados para que su llegada no cause destrozos. Tras el concepto, 'banca en la sombra' se recoge toda aquella actividad de préstamos que se realiza entre entidades no financieras. Y esta actividad crece, crece y crece.

Ángel Ron, presidente del Banco Popular, es uno de esos banqueros que ha mostrado su preocupación. “El tamaño de la banca en la sombra es preocupante”, dijo en su intervención en una jornadas financieras organizadas por la Asociación de Periodistas de Información Económica (Apie), en Santander. Unos días después, en el mismo foro, José María Roldán, el presidente de la patronal bancaria, AEB, alertó de que “la próxima crisis financiera llegará del shadow banking”. El Financial Times, diario que hace las veces de biblia para los inversores, lleva meses alertando del riesgo de la banca en la sombra en China y hace unos días confirmó que las autoridades europeas y estadounidenses tienen intención de controlar más las actividades financieras en la sombra.

Esto, que en un principio podría entenderse como una ofensiva contra las finanzas ocultas, está por demostrarse. Los peligros de estas finanzas paralelas son que se realizan sin control de supervisores bancarios. Cuando dos entidades no bancarias se prestan, no tienen que provisionar las pérdidas. Se fía sin colchón. Y ahí está el peligro.

Las hipotecas basura crecían en las mismas sombras

Aunque ahora esté de moda hablar de la banca en la sombra, el fenómeno no es nuevo y sus efectos son de sobra conocidos. La burbuja de las hipotecas subprime se cocinó en las trastiendas de los grandes bancos de inversión y agencias de rating. Goldman Sachs, JP Morgan, Lehman Brothers y todo el plantel de bancos de inversión se dedicaron, desde principios del siglo XXI, a idear complicados productos financieros para que las hipotecas de alto riesgo que concedían no mancharan sus balances. Esto quiere decir que detrás de estos productos no había una estructura que respondiera en caso de impago (el colchón que sí han de poner los bancos). Como luego se confirmó, lo que estaban haciendo era contagiar con su basura a todo el planeta.

Tras el estallido de la burbuja, el G-20 se marcó como objetivo evitar que eso volviera a ocurrir. La consecuencia ha sido una tormenta regulatoria para controlar a la banca. Separar banca de inversión de banca comercial, incrementar las provisiones (los colchones) y el capital (colchón de calidad extra) para estar preparados para los momentos de crisis, unión bancaria en Europa, etc.

Es un esfuerzo a todas luces inútil en lo que a control de las tinieblas se refiere, porque nada de esto afecta a los no bancos.

Desde entonces, las operaciones fuera del circuito bancario a la luz se han incrementado desde los 60 billones de dólares de 2007, hasta los 71 billones (52,5 billones de euros) a finales de 2012, según las estimaciones del Consejo de Estabilidad Financiera (Financial Stability Board - FSB), institución creada para vigilar al sector tras la crisis. Sólo en el último año estudiado, 2012, el volumen de actividad fuera del control bancario se incrementó en cinco billones de dólares en todo el mundo. Las alarmas se han disparado sobre todo en China. Allí, la actividad crediticia a espaldas de los bancos regulados ha crecido un 42%.

Seis años después de que estallará la burbuja de las subprime, sólo hay tres países en el mundo en los que la actividad de la banca en la sombra ha caído. España lidera ese ranking con un retroceso de 11%, seguida de Gran Bretaña e Italia. Y, por desgracia, el motivo de ese descenso está más relacionado con el miedo a invertir en el país que con una efectiva convicción de transparencia financiera.

La lucha se da de bruces con varios escollos

El primero, la identificación del enemigo: ¿qué es la banca en la sombra? Responder a esto es más difícil que traducir un jeroglífico. La teoría es fácil. Banca en la sombra es toda aquella actividad de préstamos que se realiza entre entidades no financieras. La gran diferencia entre ambas es el riesgo. “Mientras que los bancos cada vez que dan un préstamo deben provisionar capital para cubrir un posible impago, los préstamos gestionados por la banca en la sombra no cumplen con esas precauciones. Entre otras cosas, porque tampoco hay nadie que se lo exija”, explica el economista Juan Ramón Rallo.

A partir de aquí, es casi imposible que los expertos se pongan de acuerdo. “Identificar como banca en la sombra a un fondo de inversión que está totalmente controlado me parece que no tiene sentido. Como tampoco lo tiene incluir a PayPal o a los préstamos entre personas. Porque el riesgo sistémico de la actividad que realizan es nulo”, argumenta Fernando Mínguez, socio de Cuatrecasas. Este experto nos invita a diferenciar entre el control y el grado de información que tenemos sobre la actividad inversora de un fondo de pensiones y la que se tiene sobre los fondos que la prensa denomina buitres.

“Intenta identificar en qué invierte un fondo del estilo de Cerberus”, comenta. Casi imposible, por lo que es complicado saber que los fondos buitre además de comprar hipotecas basura, también financian a empresas, como ha sido el caso de Elliott Associates con Abengoa, según El confidencial.com. Esta es una de las prácticas de lo que se conoce como direct lending, método por el que compañías de seguros, fondos de pensiones y fondos de capital riesgo y, como vemos, también fondos buitre, están convirtiéndose en fuente de crédito para las empresas sin las suficientes garantías para ello. Preocupa especialmente en China. Allí, incluso empresas industriales sobradas de efectivo están actuando como banco para otras compañías a las que, por su débil situación financiera, ningún banco regulado concede crédito.

“¿Y por qué no consideramos también banca en la sombra al banco malo? Ha servido para que los bancos saquen de balance sus créditos impagados”, apunta el economista José Carlos Díez. Los ejemplos se multiplican.

Lo cierto es que el criterio de FSB es muy amplio. El organismo identifica varios de entidades distintas que facilitan algún tipo de financiación sin las garantías adecuadas. A pesar de que la gran mayoría de ellas están bajo supervisión de la autoridades financieras. El grupo tipo que más peso tiene es el que engloba a fondos de inversión de todo tipo (capital privado, deuda, cotizados o ETF). Le siguen las empresas de intermediación de crédito, las gestoras de bolsa, los vehículos estructurados, vehículos financieros estructurados, instituciones ad hoc creadas en Holanda y EEUU. compañías financieras, hedge funds.

El segundo de los escollos es la contradicción regulatoria. Por ejemplo. El FSB identifica a las sociedades de inversión inmobiliaria (Reits, en terminología internacional, Socimis, en España) como productos de alto riesgo. Aun así la creación de Reits se ha disparado en EEUU y las Socimi en España están en plena ebullición. Han sido las sociedades que reinauguraron las salidas a bolsa en Madrid, y los expertos calculan que cuando termine el año habrá, al menos, un par de centenares de ellas en funcionamiento. Por supuesto con el aplauso y complacencia de los principales reguladores financieros. Algo parecido ocurre con otros activos financieros, como los fondos de inversión cotizados que responden a siglas como ETF o los CFDS. Mucho riesgo y poca advertencia.

Tercer escollo, los paraísos fiscales. En realidad la existencia de zonas en el mundo donde la opacidad financiera es total es casi el origen del problema. El FSB reconoce su incapacidad para identificar la actividad de la mayoría de los hedge funds (fondos de alto riesgo) debido a que están radicados y escondidos en paraísos fiscales. Añadimos un dato para la inquietud. Según los datos manejados por la consultora Pregin, desde que estalló la crisis se han creado 232 nuevos hedge funds, muchos de ellos especializados en prestar a empresas de alto riesgo.

El poder del lobby financiero. Detrás de toda esta maraña de contradicciones están los lobbies. Los grupos de presión están haciendo una intensa labor para evitar la prohibición total de estas prácticas de riesgo. De cara a la galería aceptan que los bancos sean sometidos a una intensísima regulación, para que los ciudadanos crean que se ha cambiado algo, como ya contamos en el diario.es. Por otro, sacan a los mejores recursos humanos de esos bancos regulados y les ponen a hacer la versión moderna de las hipotecas subprime en las denominadas boutiques financieras (bancos privados, hedge funds, etc.).

Al final, todo queda igual.

Los inspectores de Seguros, un cuerpo superior de funcionarios del Estado, han denunciado en una carta abierta al ministro de Economía la falta de medios del órgano supervisor para controlar a las aseguradoras. Los inspectores, agrupados en la asociación Apise, han dado el paso de denunciar su falta de medios públicamente después de conocer el Anteproyecto de la nueva ley de Supervisión y Solvencia del sector asegurador que busca trasponer una directiva europea. El pasado 6 de mayo, el ministerio comunicó en una Junta Consultiva (el equivalente a una audiencia pública) el texto del anteproyecto que se ajusta a un nuevo marco de supervisión en el sector asegurador que ha recibido el nombre de Solvencia II.

La presidenta de la asociación de inspectores de Seguros, Eva Lidón, expresa su preocupación por la “gravedad” de la situación, tal y como viene recogida en la carta que han remitido a Luis de Guindos. La falta de medios, asegura Lidón, dificulta que los inspectores de Seguros puedan desarrollar técnicamente la puesta a punto de la nueva regulación, que debe estar operativa para el 1 de enero de 2016 y requiere de trabajo anterior. La nueva supervisión requiere de más efectivos ya que, por ejemplo, da vía libre a las aseguradoras para ampliar su abanico de inversiones lo cual exige más medios para controlarlas.

Las aseguradoras son parte del sistema financiero y antes del estallido de la burbuja actuaban como auténticos brókers en muchos países del mundo. Uno de los mayores rescates que tuvo que acometer Estados Unidos en la burbuja fue la del gigante asegurador AIG. Estados Unidos tuvo que inyectar 60.000 millones de euros a la aseguradora, el equivalente a los que se inyectó inicialmente para rescatar a toda la banca española. La entidad había invertido en complicados productos derivados y reasegurado operaciones que resultaron fallidas durante la crisis.

El rescate fue un despertador sobre la deficiente regulación sobre las aseguradoras, que tienen enormes balances con los que invierten en múltiples productos. En muchos países gestionan fondos de pensiones y fondos de sanidad. Por eso se han puesto los mimbres para un cambio regulatorio que sigue a los que han tenido lugar en el sector bancario y que se han llamado Basilea II. “El sector asegurador siempre va un paso por detrás del financiero”, recuerda Lidón.

Los inspectores ponen de relevancia que en el sector asegurador se gestionan 300.000 millones de euros, por lo que un rescate similar al del sector financiero (que supuso un 5% de los depósitos), supondría tener que inyectar 15.000 millones de euros.

La carta que envían los inspectores de Seguros recuerda a la que enviaron en su día los inspectores del Banco de España para alertar sobre las deficiencias que se estaban llevando a cabo en materia de supervisión. La carta vio la luz en los medios muchos años después pero dio buena cuenta de las dificultades con los que los inspectores desarrollaban su trabajo.

Ahora es el turno de los inspectores de Seguros, que recuerdan que “a diferencia de nuestros homólogos europeos y nacionales, cuyas autoridades competentes han adoptado en los últimos años decisiones estratégicas tanto en lo relativo a la estructura de su supervisión, como en la dotación de medios adecuados para una nueva supervisión prospectiva e integral, las autoridades españolas no han adoptado hasta la fecha ni una sola medida estructural”. Entre otras cuestiones, desde el cuerpo de inspectores recuerdan que están en una situación “anómala” ya que las entidades supervisoras de seguros son organismos autónomos, como el Banco de España y la CNMV. En 2008, el ministro del momento, Pedro Solbes, anunció la fusión de los organismos supervisores en una ambiciosa reforma del sector financiero que quedó truncada con la crisis financiera.

Desde entonces, no se ha vuelto a actuar en la reforma del sector asegurador, cuya supervisión depende de la Dirección General de Seguros (DGS) que está adscrita al ministerio de Economía. “Esto nos resta independencia”, puntualiza la presidenta de los inspectores. Desde el ministerio han declinado pronunciarse ante las reinvindicaciones de estos funcionarios.

Los funcionarios recuerdan que las doce plazas de oferta de empleo público que se han abierto para inspectores de Seguros, no estarán efectivas hasta dentro de tres años y que no se está haciendo un plan director ni estratégico. “Esta dejación de funciones por parte del Ministerio de Economía y Competitividad no puede ampararse en necesidades o limitaciones presupuestarias, porque existen instrumentos y medidas para paliar estas deficiencias que carecen de coste presupuestario y que sólo requieren un ejercicio de voluntad política para ponerlas en marcha”, aseguran en la carta remitida a De Guindos.

Los funcionarios se amparan además en un reciente informe de la Comisión Europea en el que se pide que se doten de los recursos adecuados a Seguros así como a la CNMV y al ICAC (el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas) para cumplir sus nuevas funciones. En el informe se reconoce que la amplitud y variedad de sus funciones puede haber dado lugar a situaciones en los que se hayan quedado “cortos de personal”.

A los inspectores del Banco de España, uno de los cuerpos más elitistas entre los empleados públicos españoles, también les toca emigrar a Alemania. La recién aprobada unión bancaria tiene como punto fuerte agrupar la supervisión financiera de las grandes entidades financieras en un único organismo, el Mecanismo Único de Supervisión (MUS por sus siglas en español). El efecto colateral es chocante: los bancos centrales de cada país dejarán de ejercer la principal de sus funciones y, por lo tanto, les sobrará personal.

Antes de que toque hacer un ajuste de plantilla, algo posible ya que el personal del Banco de España es laboral y con la reforma laboral ya se podría llegar a hacer un ERE, los inspectores del Banco de España se están yendo motu proprio. Según fuentes internas, hasta 150 inspectores, de los 227 que hay en la actualidad, se han presentado a alguna de las plazas que oferta el Banco Central Europeo, que está en plena captación de recursos humanos, y es posible que se vayan alrededor de 60, siempre tomando como fuente especulaciones que desde el Banco rehúyen confirmar.

El BCE, con sede en Fráncfort, dotará con hasta 1.000 empleados al Mecanismo Único de Supervisión. De estos, 770 se dedicaran a ejercer directamente labores de supervisión, esto es, la misma labor que desempeñan en el Banco de España. El proceso de selección es abierto y cualquier ciudadano con la formación adecuada puede participar. Por ejemplo, personal que trabaje en los departamentos de regulación de bancos. Esto hace que además de los inspectores pueda haber otros muchos españoles que consigan la plaza.

Según fuentes del BCE, al menos 300 personas han sido ya contratadas para comenzar a hacer las labores de preparación, pero será después del verano cuando desembarque el grueso de la plantilla. Según ha podido saber este diario, una remesa de inspectores españoles comenzará a trabajar ya en Fráncfort el 5 de mayo, aunque desde el Banco de España han declinado dar cifras exactas de cuántos se van en este primer turno. Aparentemente, estos primeros empleos son contratos temporales, y será cuando se fijen las bases del MUS cuando se cierre la contratación definitiva, ya que debe estar a pleno rendimiento el 4 de noviembre.

La emigración desde el que otrora fuera considerado uno de los cuerpos más prestigiosos de España tiene todo el sentido. Los inspectores que se queden estarán relagados a tareas de “apoyo” en la supervisión que se haga desde Fráncfort. Prácticamente todo el sistema financiero español está incluido por el tamaño de sus entidades bajo el paraguas de las nueva supervisión. Se libran solo las cooperativas de crédito y Caja Ontinyent o Caixa Pollença, por ejemplo. Esto supone que los inspectores que se queden en el Banco deberán ejercer sus funciones de supervisión en entidades menores y rurales, sin posibilidad de hacer carrera.

Más salario y más oportunidades

Otro elemento clave es, cómo no, el sueldo. Los inspectores del Banco de España siempre han tenido una de las mejores remuneraciones del sector público, por sus generosas dietas (pasan largas temporadas fuera de casa empotrados en entidades financieras), y por su plan de acción social que incluye plan de pensiones y otras prebendas como viviendas de verano o una ayuda familiar que puede llegar a los 900 euros al año. Baste recordar que el sueldo del gobernador del Banco de España está próximo a los 200.000 euros. Sin embargo, cualquiera de estas ventajas palidece al lado de las condiciones que ofertan en Fráncfort.

Así, el personal que ejerce labores de supervisión tendrá un sueldo de entrada desde 65.000 euros hasta 120.000 euros, dependiendo de la categoría laboral. Esto para empezar a trabajar. Al sueldo, hay que añadir una ayuda para la vivienda de al menos un 5% del sueldo mensual, 325 euros mensuales por cada hijo dependiente menor de 26 años, una ayuda para la escolarización que puede llegar a los 500 euros mensuales por hijo, e importantes ayudas para los expatriados (hasta un 16% más del sueldo y todo tipo de facilidades), en caso de que tengan que ejercer sus funciones fuera de su país.

Así las cosas es lógica la desbandada de personal que la institución intenta relativizar. Lo cierto es que en el criterio de selección del nuevo organismo no hay cuotas por países ni siquiera se valora el haber trabajado ejerciendo labores de supervisión en un banco central miembro. Obviamente, es positivo para España que el mayor número posible de nacionales integren el nuevo mecanismo por la relevancia que tiene.

Pero, a la vez, y aunque sea con estas funciones menores, el Banco de España tiene que seguir funcionando. Esto hará, como reconocen desde la institución, que se refuerce la oferta pública de empleo en las próximas convocatorias. Ya en la última se dobló el número habitual de posiciones abiertas y se convocaron en concurso 25 plazas.

Los inspectores que no se quieren marchar a Alemania están buscando acomodo en otros puestos de trabajo. Algunos opositan a inspectores de Hacienda o inspectores de Seguros, cuerpos en cierta forma similares (sobre todo el de Seguros) al del Banco de España. También, cómo no, son fichados por los supervisados, esto es, por las entidades financieras.

Casi 14 años después de fijar las bases del euro, Europa se ha puesto de acuerdo en que es necesaria una unión bancaria. Aunque en gran medida la construcción del proyecto económico europeo ha empezado la casa por el tejado, los actores implicados en el proceso defienden que este paso es crucial para caminar hacia una unión más simétrica y que, por así decirlo, tenga “sentido” económico. El Gobierno, además, ha asegurado que esta unión va a llegar a los ciudadanos en forma de créditos a las pymes a un precio más reducido. Pero, ¿cómo puede suceder esto?

Antecedentes y contexto

Los países que decidieron entrar en el euro, 11 en un principio, cedieron parte de su soberanía al Banco Central Europeo. La paradoja es que se cedió un elemento tan fundamental para defender la estabilidad económica de un país como la creación de moneda, sin aunar competencias en otras cuestiones como la supervisión del sistema financiero. La crisis financiera en un primer momento, y la segunda vuelta por la crisis sobre la deuda soberana después, pusieron en evidencia que, sin un criterio común en la gestión de la banca, de poco servían el resto de las cesiones efectuadas en pro de la moneda común. Un lustro después, cuatro países rescatados y varios sistemas bancarios tocados, unos y otros han entrado por el aro.

¿Qué tiene esto que ver con el crédito a las pymes?

Con el actual sistema, cada país era extremadamente responsable de la solvencia de su sector financiero (con unas normas y pruebas de esfuerzo en muchos casos nacionales) y también de su posible rescate. El rescate financiero tiene una contraparte en la deuda pública, que en parte avala su financiación. Esto crea una peligrosa corriente entre deuda pública y solvencia bancaria que en muchos casos se repercute castigando la prima de riesgo. Pero no solo eso. A la banca española le cuesta más acudir a los mercados que a sus homologos europeos. Su financiación es más cara y se la traslada a sus clientes, esencialmente pymes que son las que presentan un perfil más arriesgado para el banco. Tan solo las líneas de crédito ayudan a salvar esta situación. Pero la dependencia de la banca española de esta fuente de financiación es excesiva y el mercado teme, de forma latente, que si se corta el grifo se gripe el engranaje del sector.

¿Cómo cambia ahora?

Según defienden fuentes de Economía, el acuerdo logrado en torno a la unión bancaria favorecerá la visión de la banca española frente a sus homólogos europeos. El punto clave es que ahora se exigirán las mismas condiciones para todos los bancos europeos, independientemente del regulador local. Esto favorecerá a los bancos españoles que estén sanos, ya que se les comparará en términos internacionales y no locales. Entre las nuevas reglas adoptadas la fundamental es la de definir un mecanismo igual y estándar para todos los países que fuerza automáticamente a los bancos a rescatarse en primer lugar a sí mismos, alejando así el riesgo sobre la deuda soberana.

¿Cómo se hará el autorescate de un banco?

Aunque aún queda mucho camino por recorrer en cuanto a la letra pequeña, en términos generales ya se ha sellado el proceso de rescate en caso de que un banco esté “tocado”. En primer lugar, el banco siempre tendrá que rescatarse a sí mismo, al menos, por el equivalente al 8% de su pasivo (esto es la deuda que tiene emitida) en forma de acciones (capital) o reservas. Ni un euro de dinero público entrará hasta que el banco cubra esa proporción. Si un banco se queda corto en acciones para cubrir ese 8%, tendrá que echar mano de sus acreedores por el llamado orden de prelación: de los que tienen menos derecho a cobrar al que más, como en los concursos de acreedores.

Así, se podría hacer una quita a los que tienen deuda del banco de peor calidad (la deuda júnior), y también de los que tienen las famosas preferentes. El banco tendría que ir arañando ese dinero hasta llegar incluso a los depósitos de grandes empresas por encima de 100.000 euros. Esa, por así decirlo, es la última frontera y a partir de ahí los depósitos de menos de 100.000 euros y la deuda de alta calidad (la llamada deuda sénior) son intocables y entraría en acción una inyección de dinero público.

Se da la circunstacia de que debido a las fuertes provisiones que han tenido que hacer los bancos españoles la mayoría ya tienen el equivalente de alrededor de un 7-8% de su pasivo en forma de capital. Es decir, en el supuesto de que un banco español tuviera que ser rescatado, lo primero que haría sería poner ese capital (recordemos que es el dinero de los accionistas en bolsa también), pero ya no tendría necesidad de tocar a sus otros acreedores. Es decir, los preferentistas, por ejemplo, hubieran salido indemnes con la nueva fórmula.

Por el contrario, los grandes bancos europeos tienen alrededor de un 4% de ese colchón necesario en forma de capital. Esto hace que si el banco necesita ser rescatado, tendrá que echar mano de los que tienen bonos y los que tienen preferentes. Esta circunstancia hace que para ese banco sea mucho más caro financiarse, ya que cuando la entidad financiera salga a los mercados le pedirán mucha más rentabilidad para comprar ese tipo de productos que no están garantizados.

En definitiva, entre un banco alemán y un español, con la foto fija actual de sus condiciones y la regulación que entra en vigor, un inversor preferiría al banco español. Si la teoría funciona, esto hará que poco a poco a los bancos españoles les sea más barato pedir dinero y, por ende prestarlo. Si los otros bancos europeos quieren igularse no tendrán más remedio que dedicar parte de su negocio a aumentar ese colchón, con la consiguiente merma en los beneficios.

Una vez superada esta frontera del primer tramo del rescate (que siempre tendrá que equivaler al 8% del pasivo del banco), se podrá hacer una inyección adicional que suponga otro 5% del pasivo del banco. Para completar este nuevo montante se tirará, en primer lugar, del Fondo de Garantía de Depósitos que pasará a ser paneuropeo y se llamará Fondo Europeo de Resolución. El fondo se tiene que dotar con al menos el 0,8% de los depósitos de cada país, pero llegará a suponer el 1,3% de los depósitos con una dotación adicional que aún tiene que terminar de perfilarse.

Como esta cantidad puede ser todavía insuficiente, ya entra en juego el dinero del contribuyente, por la vía del Tesoro de cada Estado que puede hacer una inyección con deuda pública. Y si por la vía del Tesoro tampoco se rellena el agujero, se podrá hacer una inyección desde el mecanismo de rescate europeo, que se conoce por sus siglas MEDE.

Recapitulando: cualquier entidad financiera que tenga más de un 8% de sus deudas en forma de acciones, garantiza a sus acreedores que no van a sufrir ninguna quita. Si la banca española sigue como hasta ahora, cumple este requisito y el resto, no. Esto mejora la foto, la comparación y las perspectivas.

Lo medio entiendo, pero no sé si lo creo

La teoría que presenta el Gobierno y el resto de sus compañeros tiene sentido pero también en parte es un acto de fe. En primer lugar porque aunque el acuerdo marco entrará en funcionamiento este mismo agosto, como tal la unión bancaria no empezará a caminar hasta 2018. El Ministerio de Economía asegura que los mercados siempre anticipan este tipo de cambios y confían en que adelanten este cambio normativo de forma que se note en el crédito pronto. Pero los gobiernos no se han demostrado muy atinados a la hora de entender lo que quieren los mercados.

Por otro lado, una vez cerrado el acuerdo político, queda la compleja operación de crear la normativa y de dotar al Banco Central Europeo del órgano de supervisión adecuado que estará en marcha en otoño de 2015. Por el camino, se herirán muchas sensibilidades políticas. Además, habrá un órgano, por definir, que será el que valore si el banco debe ser liquidado, si debe recibir inyecciones de capital, las quitas, etc... Este órgano, que haría las funciones del FROB actual, es vital para el desarrollo del plan, y aún no se sabe quién o cómo será.

Y de forma más general, queda por ver cómo se puede desprender la banca y las propias pymes que quieren acceder al crédito del estigma del país en el que viven. Aun suponiendo que en términos comparativos los grandes bancos españoles quedarán mejor en la foto, su situación geográfica en un país en recesión y con una infinita tasa de paro difícilmente les puede liberar de no seguir siendo penalizados a la hora de pedir prestado y de dar un crédito. Casualmente, la mejora de la economía española puede coincidir con la entrada en vigor de la unión bancaria, es decir: en 2018. Será difícil distinguir qué habrá abaratado realmente el crédito.