Cada vez queda menos para que pueda aprobarse y ponerse en marcha una normativa que busca transformar el mercado español. Esta legislación, impulsada por el Ministerio de Consumo, tiene como objetivo principal reforzar la protección de los ciudadanos y el medio ambiente. La norma adapta directivas europeas para fomentar un modelo de consumo más consciente, responsable y transparente para todas las partes comerciales, acelerar la transición productiva hacia modelos accesibles y sostenibles para la población. Se prevé que la ley supere el trámite parlamentario y entre en vigor durante la segunda mitad de este año. 

Se llama Ley de consumo sostenible y supondrá un cambio legislativo que afectará a múltiples sectores, desde la tecnología hasta el ocio, combatiendo prácticas fraudulentas muy habituales en la actualidad. La filosofía central de la norma es que la transición ecológica no debe recaer exclusivamente sobre los hombros del consumidor individual: Al responsabilizar al sistema económico, se busca un equilibrio que beneficie tanto al planeta como a la economía doméstica del ciudadano.

Uno de los puntos más destacados es el ataque frontal contra la especulación en la reventa de entradas para espectáculos culturales o deportivos. La nueva legislación prohibirá expresamente que se incremente el precio original de los pases por encima de la variación del IPC anual. Con esta medida, el Gobierno pretende eliminar el lucro excesivo de plataformas que multiplican el coste inicial de los tickets adquiridos. Se mantiene además la prohibición del uso de bots informáticos para la adquisición masiva de entradas, una práctica ya perseguida actualmente. El objetivo es que los consumidores dejen de ser víctimas de precios abusivos que a veces quintuplican el valor nominal real de la entrada. 

La ley busca que el acceso a la cultura sea más justo, atacando directamente el beneficio económico que obtienen ciertos actores del mercado. Esta regulación de precios pondrá fin a la opacidad que rodea a muchos portales de reventa que operan de forma habitual en internet. Los parámetros para establecer estos precios deberán ser siempre transparentes y fácilmente comprensibles para cualquier usuario que desee realizar una compra.

También se pondrá coto a la reduflación, una práctica donde las empresas disminuyen la cantidad de producto manteniendo el mismo precio final. Consumo considera que esta estrategia es una subida de precios encubierta que induce a error a los compradores que están menos atentos. A partir de ahora, las marcas estarán obligadas a informar de forma clara cuando reduzcan el contenido de sus productos preenvasados. Las empresas dispondrán de un plazo de noventa días desde la primera venta para advertir visiblemente sobre estos cambios físicos del artículo. Esta transparencia informativa es clave para que los consumidores puedan realizar comparaciones reales de coste por cada unidad de medida. Se busca corregir la asimetría informativa que permitía a los fabricantes vender menos cantidad sin que el cliente habitual se percatase. La ética comercial se sitúa en el centro de esta medida para evitar engaños constantes en la cesta de la compra del ciudadano. De este modo, cualquier reducción de peso o volumen deberá ser notificada de manera comprensible en el propio punto de venta.

Otra novedad significativa es la regulación estricta de la denominada publicidad del miedo, muy habitual en el sector de las alarmas de seguridad. Estas estrategias comerciales presentan escenarios de inseguridad extremos o improbables para generar una falsa sensación de urgencia o vulnerabilidad personal. La nueva normativa prohibirá el uso de afirmaciones inexactas que busquen provocar pánico o aprovecharse del sufrimiento de la población española. Las comunicaciones comerciales deberán incluir ahora estadísticas reales y datos cuantitativos demostrables en un lugar que sea perfectamente visible al público. 

En este caso se trata de evitar que se utilice el alarmismo social para manipular las decisiones de compra en beneficio de meros intereses económicos. Los anuncios deberán permitir que las personas realicen una valoración objetiva del riesgo real antes de contratar cualquier tipo de servicio. La ley exige que la información proporcionada sea veraz y no se base en percepciones subjetivas de peligro para el consumidor. Con ello, se pretende que el mercado publicitario sea mucho más honesto y respetuoso con la tranquilidad de todos los ciudadanos.

El anteproyecto también se propone acabar con el denominado 'greenwashing' mediante la prohibición de alegaciones medioambientales que sean muy genéricas. Términos como “verde”, “ecológico”, “biodegradable” o “amigo del medio ambiente” ya no podrán utilizarse sin una justificación técnica que sea comprobable. La ley veta el uso de expresiones vagas que induzcan a error sobre la sostenibilidad real de un determinado bien o servicio. También se prohibirán las afirmaciones basadas únicamente en la compensación de emisiones de gases de efecto invernadero por parte de las empresas. Incluso se abre la posibilidad de anular marcas cuya tipografía o diseño visual lleven a engaño sobre sus cualidades ambientales reales. 

Las empresas deberán demostrar con datos concretos cualquier beneficio ecológico que decidan destacar en sus campañas publicitarias o etiquetas de productos. Esta medida refuerza el derecho a recibir información veraz para que la elección sostenible sea una opción real para el cliente. Se busca proteger a los consumidores más concienciados de estrategias de mercado engañosas que solo lavan la imagen de la corporación.

Obsolescencia programada

El fomento de la economía circular es otro pilar fundamental, garantizando por ley el derecho a reparar los productos de forma efectiva. Si un consumidor elige reparar un bien en garantía en lugar de sustituirlo, dicho plazo legal se ampliará automáticamente doce meses más. Los fabricantes no podrán negarse a realizar arreglos si el aparato fue manipulado previamente por servicios técnicos que no sean oficiales. Además, los servicios técnicos y las piezas de repuesto deberán estar disponibles durante un periodo mínimo de diez años tras la fabricación. El objetivo es combatir la obsolescencia programada y reducir la generación masiva de residuos electrónicos innecesarios en todo el país. La ley prohibirá ocultar información que limite la durabilidad de los productos o dificulte el uso de accesorios de marcas blancas.

La publicidad de combustibles fósiles y otros productos altamente contaminantes también sufrirá restricciones muy severas bajo el nuevo marco legal de consumo. Se prohibirá cualquier comunicación comercial de derivados del petróleo o carbón que no incluyan componentes renovables en su mezcla de origen. Quedará vetada igualmente la promoción de vuelos de corto radio dentro de la península cuando exista una alternativa ferroviaria que sea eficiente. Esta alternativa debe realizar el trayecto en un tiempo que no supere las dos horas y media de duración adicional al vuelo. También se pondrá coto a los anuncios de vehículos que funcionen exclusivamente mediante la combustión de derivados fósiles muy contaminantes. La ley pretende equiparar la gasolina al tabaco en términos de publicidad para desincentivar su uso habitual entre la población española. 

Una actuación pionera de la nueva sección de la Fiscalía encargada de la defensa de los consumidores ha logrado el cierre, por primera vez en España, de tres webs dedicadas a publicitar la gestación subrogada, una práctica que no está permitida por la legislación.

Las leyes españolas son claras y el Tribunal Supremo, desde hace una década, también: la gestación subrogada no está permitida en España. Los magistrados de lo civil han sido inusualmente duros con este asunto: “Las madres y los niños son tratados como simples mercancías”, dijo el tribunal en 2022.

Sin embargo, las webs que anunciaban este tipo de gestaciones contrarias a la ley proliferan en Internet. Una denuncia de una asociación feminista de Vigo terminó sobre la mesa de Paloma Pelegrín, que desde hace algo más un año es la representante del Ministerio Público encargada de la protección de los derechos de los consumidores y usuarios de la Fiscalía de Barcelona.

La fiscal constató que la mayor parte de la veintena de webs que había incluido la asociación en su denuncia estaban residenciadas en España. A la hora de abordar su cierre, sin embargo, se apostó por la vía civil en vez de la penal al no haber constancia de que esas prácticas de gestación subrogada que se anunciaban se consumaran en territorio nacional.

El hilo del que tiró la Fiscalía consistió en abrir unas diligencias preprocesales, por la vía civil, para determinar si las páginas web y el contenido difundido por redes sociales podían constituir publicidad ilícita.

En colaboración con la Fiscalía de Madrid, la Fiscalía de Barcelona ha logrado el cierre de dos webs de empresas de la capital catalana que anunciaban la gestación subrogada al considerarla un tipo de publicidad ilícita. Lo ha logrado mediante un procedimiento extrajudicial, obligatorio desde la implantación este año de la ley de eficiencia judicial.

En el caso de la web de Madrid, Surrobaby, el cierre sí ha venido por orden judicial tras la presentación de una demanda por parte de la Fiscalía. En la sentencia, a la que ha tenido elDiario.es, la magistrada estima la demanda de la Fiscalía y concluye que tanto las webs como los perfiles en redes sociales de la empresa “incurren en la conceptuación de publicidad ilícita”.

La ley de reproducción asistida considera “nulos de pleno derecho” los contratos de gestación subrogada haya o no contraprestación económica y atribuye la condición de madre a la mujer que da a luz al niño. No obstante, sí da la posibilidad a los padres biológicos de “reclamar” su paternidad si pueden acreditar que han aportado sus gametos. Esta última previsión legal es la que seguirá permitiendo la inscripción de los menores gestados a través de esta práctica.

Según la Fiscalía, las campañas de las empresas analizadas, muchas de las cuales ofrecían vientres de alquiler en Ucrania, no solo incumplían la legalidad por publicitar la gestación subrogada, sino que además incluían un contenido que “cosificaba” a las mujeres y a los embriones, tratando a ambos como meras mercancías y con un llamativo sesgo racial, en el que se resaltaban su piel blanca.

Las actuaciones de la Fiscalía resultan, sin embargo, insuficientes, dado que las páginas webs sobre gestación subrogada se multiplican constantemente en internet, en la mayoría de casos amparadas en páginas internacionales cuyo cierre entraña mayor complejidad.

Otro de los caballos de batalla de la Fiscalía de Consumo de Barcelona es poner coto a las publicaciones en internet que promueven los trastornos alimentarios, un fenómeno cada vez más frecuente en redes sociales.

La Fiscalía de Barcelona presentó una denuncia contra una de esas webs que promueven la bulimia o la anorexia, pero el juzgado acabó archivando la investigación por la imposibilidad de determinar quién estaba detrás de esas publicaciones, dado que las comisiones rogatorias expedidas en busca de colaboración internacional resultaron infructuosas.

El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Santander ha desestimado la demanda de Iberdrola contra Repsol al no apreciar que exista en sus comunicaciones y campañas una publicidad engañosa, ilícita y desleal que constituya competencia desleal.

De esta manera, el primer juicio entre empresas por 'ecopostureo' en España se ha resuelto con la desestimación de la demanda de Iberdrola contra Repsol y con la no condena en costas a la demandante.

En una sentencia dada a conocer este martes y contra la que cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Cantabria, el titular del Juzgado de lo Mercantil señala que “no se acredita” que la publicidad y la web de Repsol puedan inducir a error “sobre la naturaleza de una compañía hoy multienergética, pero fundamental y tradicionalmente petrolera”, informa Europa Press.

En este sentido, añade que el consumidor español conoce Repsol “de un modo casi universal (98,4%), asociando en un 97,7% su actividad a las estaciones de servicio y venta de combustibles, cuya naturaleza perjudicial para el medio ambiente no precisa aclaración”.

Además, subraya que “en ningún momento se realizan alegaciones medioambientales, sino de compromiso con la sostenibilidad”, y que las campañas no mencionan “características de un producto (por ejemplo, menos perjudicial o más eficiente) sino el posicionamiento de la empresa respecto del compromiso internacional con la sostenibilidad”.

Jurídicamente la demanda era pionera, ya que el 'greenwashing' como tal no es algo tipificado actualmente en el ordenamiento jurídico español.

En su demanda, presentada hace un año y cuyo juicio tuvo lugar en Santander en noviembre, Iberdrola acusaba a Repsol de promocionar iniciativas sostenibles, “cuando su oferta multiproducto busca fomentar el uso de carburantes”, así como de “centrarse en la sostenibilidad, cuando constituye un elemento menor de sus actividades actuales”.

El objetivo de Iberdrola con esta demanda era solicitar que se declarara que Repsol estaba llevando a cabo actos de competencia desleal, condenando a la compañía a cesar en la realización de estos, prohibirle su reiteración futura y remover sus efectos.

Por su parte, Repsol defendía su estrategia en cuanto a su ambición en la transición energética, “con el único objetivo de ofrecer los bienes y servicios que la sociedad demanda, a un precio competitivo, con la menor huella de carbono posible y garantizando a su vez el suministro”.

Además, ponía en valor que en cinco años se había convertido en una compañía multienergética, “con una oferta comercial única en España que incluye ahorros a sus clientes y capacidad para satisfacer las necesidades energéticas y movilidad de cualquier cliente”.

La Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol) ha vuelto a dar la razón a Repsol en el enfrentamiento que la petrolera mantiene con Iberdrola por acusaciones cruzadas de publicidad engañosa.

La sección tercera del Jurado de Autocontrol ha estimado una reclamación de Repsol contra una publicidad de Iberdrola en la que se promocionaba la aerotermia en radio y televisión. En ella se daba a entender que el Consejo Europeo obligaría a España a la eliminación gradual de las calderas de gas. Iberdrola rechaza la resolución, critica la “total falta de objetividad” de Autocontrol y anuncia que va a lanzar una nueva campaña para promocionar la sustitución de las calderas fósiles por la aerotermia.

La petrolera consideraba que esta publicidad resultaba “contraria al principio de veracidad” y “engañosa”, en tanto que ni la Directiva (UE) 2023/1791 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de septiembre de 2023 relativa a la eficiencia energética, y por la que se modifica el Reglamento (UE) 2023/955, ni la Propuesta de Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios, determinaban “la prohibición de las calderas de gas ni su obligatoria sustitución por aerotermia”, informa Europa Press.

Así, Repsol estimaba que esta publicidad lanzaba “un reclamo falso, sobre información de fondo que no es fácilmente accesible para un consumidor medio”. 

La entidad que autorregula la publicidad de las empresas declara que la publicidad reclamada infringe la norma 14 del Código de Conducta Publicitaria de Autocontrol e insta a Iberdrola Clientes a la rectificación de la publicidad reclamada.

Igualmente, impone a Iberdrola Clientes el pago de las tasas que eventualmente pudieran devengarse ante Autocontrol, por la tramitación del presente procedimiento, conforme a las tarifas aprobadas por sus órganos directivos.

Iberdrola está “en completo desacuerdo con la resolución”, que es “totalmente contraria al sentido común y a la utilización de la lengua castellana”, y carga contra la “total falta de objetividad” de Autocontrol, un organismo en cuya junta directiva se sientan numerosas empresas, Repsol entre ellas.

La campaña, según fuentes de la eléctrica, “se limitaba a anticipar el contenido de la Directiva europea de eficiencia energética de edificios”, que fue ratificada el pasado 12 de abril, y cuyo texto, que acaba de publicarse, “incluye la obligación para los estados miembros de adoptar medidas para eliminar gradualmente los combustibles fósiles en la calefacción con el objetivo de eliminar por completo las calderas de combustibles fósiles para 2040”. 

Las mismas fuentes indican que “de ninguna forma la campaña publicitaria afirmaba que la obligación de eliminar las calderas de gas se había aprobado”, y por ello se hacía uso del tiempo verbal futuro “obligará” y de la mención “eliminación gradual”. 

“Iberdrola se limitó a anticipar lo que ha acabado sucediendo respecto a la aprobación de la Directiva, ofreciendo un producto y un servicio de calidad (aerotermia) en vista del gradual proceso de descarbonización en la Unión Europea que es, a todas luces, inevitable”.

“Como ha ocurrido en ocasiones anteriores, parece que Autocontrol, más que utilizar su propio razonamiento, ha optado por adherirse de forma literal a la argumentación realizada por la reclamante. Afirmar que realizar campañas sobre hechos y normativa futuros y previsibles es engañoso va en contra de toda lógica de mercado y publicitaria”, señala Iberdrola.

La eléctrica añade que la resolución de Autocontrol “llega a afirmar” que la Directiva de eficiencia energética de edificios “no afectará a la totalidad de las calderas de gas, sino solo a aquellas calderas de gas que empleen exclusivamente combustible de origen fósil”, cuando “la realidad es que todavía está por definir en el ámbito de la Unión Europea cuál va a ser la definición de calderas fósiles para la aplicación de esta Directiva. En ningún sitio está establecido que serán aquellas que empleen exclusivamente combustible fósil, lo que ha sido elaboración propia del Jurado, guiándose, nuevamente, por el dictado de Repsol”. 

Segunda victoria de Repsol

En abril, Autocontrol ya desestimó íntegramente una reclamación de Iberdrola contra Repsol por una publicidad difundida en televisión, prensa e internet en la que se promocionan los nuevos combustibles renovables de la energética que pilota Josu Jon Imaz.

Estas resoluciones se han producido cuando todavía está pendiente el fallo de la demanda que presentó el pasado mes de febrero Iberdrola contra Repsol en el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Santander por “competencia desleal y publicidad engañosa”, al considerar que había incurrido en 'greenwashing' o blanqueo ecológico.

En concreto, Iberdrola acudió a un juzgado de Cantabria ya que, de acuerdo con la normativa procesal, cuando se demandan empresas con diferentes domicilios sociales, el demandante puede elegir el lugar de cualquiera de esos domicilios. En este caso la sociedad competidora de Iberdrola en la venta de luz y gas, Repsol Distribuidora de Electricidad y Gas, tiene su domicilio social en Santander.

Autocontrol ha puesto pegas a que un juego infantil para que los niños aprendan qué alimentos contienen “demasiado azúcar” se publicite en televisión, un medio que está plagado de anuncios de alimentos insanos para la infancia y cuyo flujo intentó regularse –sin éxito finalmente– en la anterior legislatura mediante un decreto.

El organismo de autorregulación de la publicidad, formado por más de 600 empresas adheridas –entre ellas PepsiCo, Risi, Danone o Bimbo–, “desaconseja” la emisión porque “traslada un mensaje denigratorio respecto de los alimentos que se pueden ver en la carátula”. La caja del juego muestra tres dibujos: un refresco de cola, una pieza de bollería y unos ositos de gominola de colores.

La propuesta para subsanar los “inconvenientes” pasaba por eliminar las imágenes de estos productos del anuncio porque “recuerdan a CocaCola, Donut y Haribo”, explican desde Imagiland, la empresa creadora del juego. Sin embargo, la compañía decidió no modificarlo. “No quisimos cambiarlo porque el anuncio no va contra ninguna marca específica ni estamos mintiendo en nada. El juego ofrece información veraz y respaldada por datos científicos sobre la presencia de altos niveles de azúcar en ciertos alimentos”, asegura Natalia Saldaña, directora del departamento de educación de Imagiland, en conversación con elDiario.es.

La empresa confiesa que se sorprendió con el veredicto de Autocontrol ante un juego que “busca promover hábitos de alimentación saludable”: “No nos lo esperábamos con el problema de diabetes, obesidad y enfermedad cardiovascular que hay en la infancia. Además, su propio código dice que no se considerarán denigración las manifestaciones recogidas en el mensaje publicitario que sean exactas, verdaderas y pertinentes, como es el caso. Todos estos productos tienen mucha azúcar”. Después, “al ver quiénes componían Autocontrol –añade Saldaña– comprendimos qué estaba pasando”.

Autocontrol enmarca el informe en un “servicio de consulta previa” – llamado en la jerga técnica Copy Advice– donde, reunida en el órgano de autorregulación, la asesoría jurídica del órgano expresa “su opinión” y advierte de “posibles problemas legales”. “No vetamos anuncios, sino que emitimos informes a petición del anunciante o del medio para que antes de su emisión le asesoremos y prevenir potenciales problemas”, asegura una portavoz del organismo, que subraya que la solicitud es “voluntaria” y que, en el caso de no estar de acuerdo, la resolución se puede recurrir “pero nadie lo hizo en este caso”.

El anuncio del juego, que está en el mercado desde enero de 2022, fue encargado a Mediaset, la cadena en cuyos canales después iba a emitirse, según Imagiland. De hecho, Mediaset realizó una segunda versión adaptada a los requerimientos de Autocontrol, eliminando la imagen de la carátula que era problemática para los anunciantes, pero la compañía de juegos la rechazó y decidió suspender el proceso. Esto ocurrió a finales de diciembre. Según Autocontrol, el anuncio infringía el artículo 9 de la ley de Competencia Desleal y la norma 21 del Código de Conducta Publicitaria del organismo de autorregulación.

Uno de cada tres niños y niñas tiene sobrepeso

Las trabas al anuncio de “Demasiado azúcar” contrastan con la permisividad en la publicidad de alimentos y bebidas insanos para la infancia. El Ministerio de Consumo –ahora integrado en Derechos Sociales y Agenda 2030– propuso prohibir los anuncios de este tipo de productos “con alto contenido en sodio, azúcares, edulcorantes, grasas y ácidos grasos” para proteger a los niños y las niñas, pero el proyecto no consiguió llegar a buen puerto.

El Ministerio de Agricultura frenó la iniciativa y apeló a la autorregulación de las empresas como una alternativa a la prohibición, pese a que el decreto sobre publicidad formaba parte del Plan legislativo del Ejecutivo para 2022.

El actual equipo ministerial de Derechos Sociales, dirigido por Pablo Bustinduy, ya ha avanzado que volverá a intentar tramitar la norma. Uno de cada tres niños y niñas en España supera el peso recomendado y uno de cada diez tiene obesidad, según la última investigación conjunta del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó en junio de 2022 el Plan Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil, una estrategia que ya advertía de que está “pandemia del siglo XXI” va en aumento entre las poblaciones más jóvenes. Incluía medidas prioritarias, como el desarrollo de un ecosistema social que promueva la actividad física y el deporte, así como una alimentación saludable, el refuerzo de los sistemas públicos para promover estilos de vida sanos o garantizar la protección a la salud de la infancia.

Es la segunda vez que la administración española da un toque a los influencers por hacer publicidad encubierta. El extinto Ministerio de Consumo, liderado por Alberto Garzón, ya envió advertencias de sanción a “grandes comunicadores” tras comprobar, a través de una inspección, que habían difundido mensajes publicitarios sin avisar a la audiencia de que eran anuncios, es decir, que por ellos estaban recibiendo dinero o algún producto. Siete meses después, el Ministerio de Derechos Sociales –que asumió las competencias relacionadas con los consumidores– ha vuelto a constatar que este tipo de conductas siguen muy extendidas en el mundo influencer: un 70% de las 40 cuentas de redes sociales investigadas –todas con un gran número de seguidores y presentes en diferentes plataformas– incumplen la ley.

Esta actuación parte de una investigación europea de la Red de Cooperación para la Protección del Consumidor (CPC), que ha revisado las publicaciones de 576 influencers de 22 países. El resultado global es que solo uno de cada cinco indica correctamente el contenido comercial, que está presente en el 97% de los posts. En España, la proporción es de casi tres de cada cuatro. Sin embargo, la Dirección General de Consumo no va a sancionar a los infractores por el momento, confirman fuentes del departamento. El Ministerio no revela quiénes son los influencers ni tampoco las marcas, aludiendo a la protección de datos.

A los casos detectados en verano tampoco se les ha abierto todavía expediente sancionador. Las multas podrían alcanzar los 100.000 euros “o entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido” y se basan en el incumplimiento del artículo 26 de la Ley de Competencia Desleal al no existir todavía una legislación específica en vigor que defina la figura del influencer y sus particularidades. En Francia, por ejemplo, una norma ya aprobada por la Asamblea Nacional y el Senado prohíbe la promoción de cirugía estética o de suscripciones a aplicaciones de apuestas deportivas a los influencers a riesgo de multas de 300.000 euros, prohibición de ejercer su actividad o incluso pena de cárcel.

Consumo justifica que quiere hacer una “labor pedagógica” primero. “Es importante llevar a cabo un trabajo inicial de disciplina de mercado” para que los grandes influencers “sean los primeros en adoptar buenas prácticas que guíen a esta nueva industria”, sostienen fuentes ministeriales, que imputan muchas de las infracciones “al desconocimiento”. Los toques de atención no solo se envían a los prescriptores, sino también a las marcas, y las multas pueden recaer en ambos.

“Para las marcas lo que ofrecen los influencers es oro molido. Han encontrado en estos perfiles una manera eficaz de llegar a su público objetivo, mucho más que en prensa tradicional”, explica José Sixto, profesor del Departamento de Comunicación de la Universidad de Santiago de Compostela y autor de un estudio que analiza las publicaciones de Instagram de las 25 principales influencers españolas del sector de la moda. La investigación concluyó que nueve de cada diez posts ocultan que son contenidos patrocinados.

La Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) coincide en que encubrir la publicidad del modo que ocurre entre las prescriptoras sería “inasumible en medios tradicionales como la televisión, la prensa o la radio”. Su presidente, Alejandro Perales, defiende que el Ministerio hace la interpretación “más benigna”: “asumir que no tienen conciencia y enviarles un mensaje, también para dejar constancia de que hay un incumplimiento general”.

A la espera de un real decreto

El quid de la cuestión es, aseguran ambos expertos, delimitar legalmente qué es un o una influencer y equiparar su actividad a otros prestadores de servicios. El Gobierno modificó en 2022 la Ley General Audiovisual para trasponer una directiva europea. En el cambio se incluye por primera vez las “figuras de especial relevancia”, asimilables a los influencers.

El Consejo de Ministros debe aprobar ahora un real decreto que desarrolle el reglamento donde se define qué se entiende por esta figura. Los borradores del Ministerio de Transformación Digital que han trascendido hasta ahora marcan un umbral de seguidores que supere el millón o dos millones si hay varias cuentas y un mínimo de 300.000 euros al año en ingresos. La AUC considera que, al tenerse que cumplir las dos condiciones, “se quedan fuera una gran cantidad de influencers que generan mucha comunicación comercial”.

Cuando se apruebe este real decreto, los prescriptores tendrán que someterse a la misma legislación que una cadena de televisión, por ejemplo. Es decir, tendrán que rotular debidamente que se trata de una publicidad –y no poner un simple “ad”, que no es claro– y no podrán publicitar alcohol a partir de una determinada hora o productos relacionados con el sexo. Tampoco hacer publicidad de juguetes porque todos ellos son ilícitos publicitarios por protección del menor, desgrana Perales.

La regulación relacionada con la deontología en este campo tiene más recorrido en España que la jurídica. Autocontrol, el organismo de autorregulación de la industria publicitaria, y la Asociación de Anunciantes diseñaron un código de conducta para la publicidad con influencers que entró en vigor el 1 de enero de 2021 con el objetivo de empezar a moderar la situación de estos nuevos actores y los anuncios de sus cuentas, pero nada obliga a los prescriptores a cumplirlo.

Hay muchos precedentes señalados de publicidad encubierta pero ninguno ha traído consecuencias para quienes anuncian productos sin decirlo. En 2021, por ejemplo, el Jurado de la Publicidad, dependiente de Autocontrol, dictaminó que decenas de influencers españoles promocionaron en un mismo fin de semana un canal de Telegram de apuestas en sus cuentas de Instagram con mensajes como este: “Esto es un poquito privado, pero lo que os puedo contar... es que hace poco empecé a apostar en el fútbol y es con lo que más estoy ganando. El otro día empecé con 30€ y acabé con 1040€ en una sola tarde”. Se trata de resoluciones relativamente recientes para un fenómeno nuevo y en ascenso: la primera del Jurado de la Publicidad está fechada en enero de 2020.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha inaugurado la primera reunión de trabajo del nuevo foro encargado de configurar una visión compartida del futuro del sistema agrícola y alimentario de la Unión Europea (UE).

Este diálogo estratégico, que anunció Von der Leyen en su discurso sobre el estado de la Unión de 2023, abordará los retos y oportunidades planteados por los participantes en el diálogo como, por ejemplo, un nivel de vida justo para agricultores y comunidades rurales, el apoyo a la agricultura respetuosa con los límites de nuestro planeta y sus ecosistemas, el aprovechamiento de las enormes oportunidades que nos ofrece el conocimiento y la innovación tecnológica y la promoción de un futuro próspero para el sistema alimentario de la UE en un mundo competitivo.

Al combinar diferentes perspectivas, el diálogo tiene por objeto fomentar la creación de nuevas soluciones y aportar una visión común para el futuro del sector agrícola y alimentario de la UE de aquí al verano de 2024.

Los agricultores y la industria alimentaria de la UE proporcionan a los ciudadanos alimentos saludables y de alta calidad y contribuyen de manera fundamental a nuestra economía, en particular en las zonas rurales.

Hay que apostar por el diálogo y pisar el campo para conocer su problemática, ya que corren vientos que arrastran protestas en los agricultores de diferentes países europeos y a las que se unen los agricultores españoles, movilizaciones reclamando cambios en la regulación regional del sector agrícola y soluciones ante la escalada de precios en el campo.

Los principales desafíos de los agricultores son la reforma de la Política Agraria Común (PAC) –que entró en vigor en 2023–, los problemas derivados de la sequía y los altos costes de producción, razones que esgrime el sector para movilizarse en España. Sin embargo, el descontento es notable por el Pacto Verde europeo, proyecto estrella de la Comisión Europea, cuyo objetivo es establecer una economía neutra en emisiones mediante medidas como reducciones de fitosanitarios o exigencias en el bienestar animal. Todos critican que el Gobierno español debe dar un apoyo más directo y real, porque cada día hay más trabas.

Con esta directiva, los fabricantes de productos dentro de las fronteras de la Unión Europea tendrán que hacer más «claro y fiable» el etiquetado de los productos y se abstendrán de usar «alegaciones medioambientales genéricas»

En este contexto, y para evitar el engaño a consumidores y proteger el medioambiente, el Parlamento Europeo da luz verde a una nueva directiva contra el greenwashing (conocido como el lavado verde, acto de engañar o incluso confundir al público sobre las prácticas sostenibles de una empresa o los beneficios ambientales de un producto o servicio), aprobada el pasado 17 de enero.

Bruselas da un paso más para prohibir el blanqueamiento ecológico dentro de la Unión Europea al aprobar la nueva directiva que mejorará el etiquetado de los productos y prohibirá el uso de alegaciones medioambientales engañosas. Con 593 votos a favor y tan solo 21 en contra y 14 abstenciones, la Eurocámara da luz verde a una nueva normativa que añade a la lista de prácticas comerciales prohibidas una serie de hábitos relacionados con el greenwashing y la obsolecencia temprana de los productos.

Esta ley cambiará la vida cotidiana de todos los europeos. Nos alejaremos de la cultura de usar y tirar, haremos que el marketing sea más transparente y lucharemos contra la obsolescencia prematura.

Con esta directiva, los fabricantes de productos dentro de las fronteras de la Unión Europea tendrán que hacer más “claro y fiable” el etiquetado de los productos y se abstendrán de usar “alegaciones medioambientales genéricas”, señala el articulado de la directiva, como “respetuoso con el medio ambiente”, “natural”, “biodegradable”, “climáticamente neutro” o “eco” sin prueba alguna.

Además, regulará a partir de ahora el uso de etiquetas de sostenibilidad, dada la confusión provocada por su proliferación y por no utilizar referencias comparables, explica el texto. La directiva también prohibirá alegaciones de que un producto tiene un impacto neutro, reducido o positivo en el medio ambiente gracias a los sistemas de compensación de emisiones. Las empresas ya no podrán engañar a la gente diciendo que las botellas de plástico son buenas porque la compañía plantó árboles en algún lugar, o que algo es sostenible sin explicar cómo.

En el futuro, la Unión solo permitirá etiquetas de sostenibilidad basadas en sistemas de certificación oficiales o establecidas por las autoridades públicas.

Cada vez se hace más necesario que los consumidores obtengan información fiable, coherente y verificable. Queremos etiquetas medioambientales más transparentes y fáciles de entender

Los consumidores podrán elegir productos más duraderos, reparables y sostenibles gracias a etiquetas y publicidad fiables. La directiva debe recibir ahora la aprobación final del Consejo, tras lo cual se publicará en el Diario Oficial y los Estados miembros dispondrán de 24 meses para incorporarla a su ordenamiento jurídico nacional.

La nueva directiva está pensada para funcionar conjuntamente con la directiva sobre alegaciones ecológicas, que actualmente se está debatiendo en Comisión en el Parlamento. La futura directiva sobre alegaciones ecológicas será más específica y elaborará con más detalle las condiciones para hacer alegaciones medioambientales.

Cada vez se hace más necesario que los consumidores obtengan información fiable, coherente y verificable. Queremos etiquetas medioambientales más transparentes y fáciles de entender. Y para las empresas, seguridad jurídica y allanar el terreno de juego en el mercado interior.

Los consumidores podrán elegir productos más duraderos, reparables y sostenibles gracias a etiquetas y publicidad fiables; y las empresas no podrán engañar a la gente diciendo que algo es sostenible sin explicar cómo.

Los consumidores están satisfechos con los alimentos ecológicos que se encuentran disponibles en el mercado. Pero aún queda mucho que aprender por parte del consumidor sobre agricultura ecológica y sus valores. Es importante que el cambio de mentalidad vaya más allá de valores centrados en la mejora de la salud, aumentando el interés por valores altruistas como el cuidado del medio ambiente y el desarrollo rural.

Hagamos sostenible económica y socialmente la agricultura para que nunca falte de lo nuestro, que es lo mejor.

La ley electoral es clara al respecto. “Desde la convocatoria de las elecciones hasta el inicio legal de la campaña, queda prohibida la realización de publicidad o propaganda electoral mediante carteles, soportes comerciales o inserciones en prensa, radio u otros medios digitales”, reza su artículo 53. Pese a que la norma no deja espacio a la interpretación, es habitual que los partidos no la respeten en lo tocante a publicidad en redes. En la precampaña de este 23J Vox ha ido un paso más allá, desatando un bombardeo digital con más de 40 anuncios distintos con teorías de la conspiración o intentando rentabilizar los disturbios en Francia. Google tuvo incluso que eliminar uno de esos contenidos por violar sus políticas.

La ley impone una moratoria a la publicidad electoral hasta el comienzo de la campaña. Eso no impidió a Vox pagar unos 35.000 euros en total para distribuir propaganda entre el 29 de mayo, cuando Pedro Sánchez convocó las elecciones, y el viernes 7 de julio a las 00.00 horas, cuando se dio el pistoletazo de salida oficial a la campaña.

La guerra sucia de Vox en redes

El partido ultra empleó unos 29.890 euros en difundir 35 anuncios diferentes a través de los servicios de Google, que incluyen el buscador, vídeos de propaganda en YouTube, banners en dos millones de páginas web y apps móviles y Gmail. Vox hizo otros siete anuncios a través de Meta (Facebook e Instagram), en los que se gastó entre 3.700 y 5.000 euros, según la horquilla que ofrece esta multinacional. Varios anuncios superaron los 10 millones de impactos, como el que asegura que los disturbios de París se repetirán en España si Vox no se encarga de “asegurar nuestras calles, plazas y ciudades”.

Antes de 2018, este tipo de campañas eran casi imposibles de fiscalizar. Los mensajes segmentados que los partidos lanzaban a cada ciudadano eran un secreto que quedaba entre ellos, sus gurús electorales y las plataformas. Eso cambió tras el escándalo de manipulación de Cambridge Analytica, a partir del cual las principales redes empezaron a implementar herramientas de transparencia para la publicidad política. El centro de transparencia de Google o la biblioteca de anuncios de Meta archivan cada anuncio político y revelan datos de cuánto ha costado, quién lo ha pagado y en cuántas pantallas se ha mostrado. TikTok es la única gran red que no cuenta con este tipo de herramienta, aunque asegura que no acepta publicidad pagada por los partidos y no tiene anuncios políticos.

Vox es la única formación que ha pagado tanto a Google como a Meta por aparecer en todas las plataformas posibles durante la precampaña. Sin embargo, su guerra sucia se ha centrado en los servicios de la primera. En las plataformas de Google, el partido ultra ha llegado a compartir teorías de la conspiración como la de “el gran reemplazo”, que asegura que “los pueblos europeos” están siendo sustituidos por extranjeros como parte de un plan oculto de “la élite globalista”. “En 2070 ya no habrá familias españolas”, alerta el anuncio.

Esta teoría de la conspiración está siendo defendida por partidos de ultraderecha de toda Europa como La Liga de Matteo Salvini. elDiario.es ha preguntado a Google por el contenido del anuncio que la multinacional ha desactivado por violar sus políticas publicitarias y si este incidía en otras conspiranoias de ultraderecha. “No compartimos esa información”, ha respondido una portavoz. El anunció acumuló entre 500.000 y 600.000 impactos antes de ser retirado.

El partido de Abascal también ha intentado difundir la teoría de que los medios de comunicación les censuran. Otro de sus anuncios que supera los 10 millones de visualizaciones incide en esta idea, recalcando que Vox ha denunciado ante la Junta Electoral Central el hecho de que Pablo Motos no haya invitado a su líder a El Hormiguero en esta campaña. “¿Por qué no quieren que Santiago Abascal hable?”, siguió promocionando el partido hasta dos días después de que la JEC zanjara que El Hormiguero no está obligado a entrevistar a Abascal.

Otra de las apuestas de Vox ha sido difundir su campaña “Sánchez destruye España” a través de juegos online y apps. El objetivo de estos anuncios es intentar atraer nuevos usuarios a una página en la que se les solicita su nombre de pila, su teléfono y su correo electrónico. La web no incluye ningún tipo de política de privacidad ni explica para qué se usará la información, algo obligatorio según la ley de protección de datos.

Esta campaña tuvo dos partes. En la primera, la inversión fue una de las más contenidas de su estrategia publicitaria. Entonces, en una segunda fase lanzada el 6 de julio, el partido decidió que este anuncio se convirtiera en su principal baza y le dotó con el mayor presupuesto de la campaña. Hasta ahora lleva invertidos entre 10.000 y 15.000 euros en promocionarlo.

elDiario.es ha contactado con dos portavoces de Vox para incluir la posición del partido en esta información, pero no ha recibido respuesta.

El desajuste de la publicidad electoral en redes

La gran campaña multiplataforma de Vox durante el período en el que la ley electoral prohíbe la publicidad política es una consecuencia de que, en la práctica, las redes sociales siguen en un limbo que no se fiscaliza. “El problema es que la Junta Electoral, que es la encargada de vigilar todo esto, suele mirar para otro lado. Con que no pidas directamente el voto parece que es suficiente”, explica Raúl Magallón, profesor de periodismo en la Universidad Carlos III especializado en desinformación y en publicidad política segmentada por parte de los partidos.

La ley electoral solo permite a la Junta Electoral investigar una campaña sucia si existe una denuncia de por medio, no puede hacerlo de oficio. La segmentación de la publicidad política en redes dificulta aún más esta posibilidad.

“Esto tiene que ver con una serie de cuestiones de la ley electoral que creemos que tienen que ser renovadas”, continúa el profesor, que lidera proyectos de investigación sobre desinformación y publicidad política segmentada por parte de los partidos. “La Junta Electoral necesita tener recursos y capacidad suficientes para combatir la desinformación y tener acceso a lo que ocurre en las plataformas. Sin esa capacidad no puede ejercer el papel de árbitro que le asigna la ley”, añade.

Aunque Vox ha desatado una guerra sucia digital esta precampaña del 23J, no ha sido el único partido que ha pagado por anunciarse en redes sociales. La formación que más ha invertido ha sido el PSOE, con 28 anuncios centrados en defender las medidas aprobadas por el Gobierno en esta legislatura distribuidos en Facebook e Instagram. Los socialistas han pagado a Meta entre 74.200 y 83.000 euros, según la horquilla que proporciona Meta.

A diferencia de Vox, el PSOE no ha hecho ningún anuncio de precampaña a través de los servicios de Google, centrándose solo en Facebook e Instagram. Según los datos de las plataformas, el PP y Podemos tampoco han hecho anuncios fuera de plazo para este 23J.

El crowdfunding de Sumar

Sumar tampoco escapa a esta práctica, aunque en su caso los contenidos que ha pagado por promocionar no sean publicidad electoral. La coalición que lidera Yolanda Díaz se registró el 9 de junio, horas antes del límite legal para hacerlo. Para entonces ya estaba activa la moratoria que la ley impone a la publicidad electoral, que afecta también al “ejercicio de las actividades ordinarias de los partidos, coaliciones o federaciones”.

Del 9 de junio al 7 de julio, cuando comenzó la campaña, Sumar hizo 230 anuncios en Facebook e Instagram para difundir la creación de la coalición, el lanzamiento de un crowdfunding para conseguir donaciones de sus simpatizantes y los primeros actos de Yolanda Díaz. Según los datos de Meta, la coalición de izquierdas empleó entre 61.900 y 74.300 euros en este tipo de anuncios.

“La prohibición de hacer publicidad en precampaña viene de un cambio que se introdujo en 2011 y que pretendía reducir gastos por parte de las formaciones políticas en un contexto de crisis económica”, expone Magallón. “El principal problema de todo esto no son los anuncios en sí sino que la falta de supervisión deriva en que haya partidos que distribuyan información falsa, como lo de las familias españolas de Vox. Si esto no se penaliza, se pierde todo criterio de veracidad”, abunda.

Es otro de los puntos en los que el profesor sugiere que hace falta una renovación de las normas que rigen los procesos electorales, como también la publicación de encuestas. Con la llegada de lnternet se hizo extremadamente sencillo visitar medios extranjeros para consultar sondeos de última hora sobre la evolución de la estimación de voto, que la ley prohíbe a los medios españoles publicar. Muchos se hacen eco de ellas con titulares como “la encuesta prohibida”.

Magallón destaca, no obstante, que el principal peligro de la situación actual no son los anuncios de precampaña o las encuestas prohibidas, sino la jornada de reflexión. El último día antes de las elecciones se prohíbe cualquier comunicación electoral o petición de voto. “Ha habido elecciones que parecía que algunos partidos estaban esperando que llegara la jornada de reflexión para publicar sus anuncios. Veremos qué ocurre este año”.

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El resultado electoral de las elecciones municipales y autonómicas no deja lugar a dudas. Viene una ola reaccionaria y la mayoría de los medios nadan en esa misma dirección. elDiario.es se ha convertido en uno de los pocos periódicos de referencia, con capacidad de marcar la agenda y destapar investigaciones exclusivas, que sigue siendo independiente y no está capturado por la derecha.

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Muy poca gente sabe realmente lo que les ocurre a los animales en las granjas industriales. Por eso en Igualdad Animal nos dedicamos a exponer la realidad mediante investigaciones encubiertas. 

Impactadas por la crueldad de la que son testigo, las personas que ven nuestras investigaciones a menudo piensan que lo que estamos documentando es ilegal. Sin embargo, muchas de las prácticas abusivas que nuestras investigaciones sacan a la luz son en realidad legales.

Debido al espacio que necesitan, las granjas industriales y los mataderos suelen construirse lejos de zonas habitadas. No tienen ventanas ni hay pistas arquitectónicas de lo que ocurre en su interior.

La industria ganadera es muy consciente de que estas prácticas crueles no serían aceptadas por el público en general. Por eso invierten millones en campañas de marketing que muestran a los animales paseando felices por la hierba. Nada más lejos de la realidad.

Estas son algunas de las prácticas estándar y legales que los animales en granjas se ven obligados a soportar cada día:

Inseminación artificial

La inseminación artificial consiste en la recogida de espermatozoides de un animal macho que se depositan manualmente en el órgano reproductor de una hembra. Los animales de granja sometidos a esta práctica son las vacas, las hembras de cerdo, las ovejas y los pavos. 

El proceso requiere que los ganaderos introduzcan un catéter en el interior del animal. En el caso de las hembras de cerdo, en particular, los catéteres insertados incorrectamente podrían penetrar en la vejiga y causar infecciones. 

Las hembras utilizadas para la cría se ven obligadas a someterse a este penoso proceso una y otra vez durante años. No es raro que desarrollen infecciones en la vulva como resultado de repetidos embarazos. 

Madres enjauladas

En la industria porcina, las cerdas están confinadas en jaulas hasta 4 meses durante su gestación. Una semana antes del parto, se las obliga a entrar en otra jaula, donde permanecerán durante todo el parto de los lechones y mientras los amamantan. Una vez destetadas y alejadas de sus lechones, son obligadas a volver a estas jaulas para repetir el doloroso ciclo.

En estas diminutas jaulas, la cerda no puede moverse ni darse la vuelta, y mucho menos alimentar a sus bebés. Debido al espacio extremadamente limitado, una madre puede aplastar accidentalmente a sus bebés con su propio peso.   

Dado el fuerte vínculo que las cerdas forman con sus crías, las jaulas les causan una gran angustia psicológica. 

Además, como estas madres no pueden moverse dentro de las jaulas, se ven obligadas a permanecer de pie y tumbadas sobre sus propios excrementos. Se ha demostrado que esto provoca infecciones graves que a menudo no se tratan. 

Separación prematura de madres y crías

Ya sea para producir carne o leche, en las granjas industriales se separa a las madres de sus hijos poco después de nacer.

Al igual que los humanos, las vacas solo producen leche para sus hijos. Para que la industria se quede con su leche, el bebé de una vaca es separado de ella tan solo 24 horas después de dar a luz. Esto les causa a ambos una gran angustia psicológica. 

Tras ser arrancado de su madre, el ternero pasará los dos primeros meses de su vida en confinamiento extremo y alimentado con un sustituto de la leche. La leche que produce su madre se venderá para el consumo humano y la industria láctea se beneficiará de ella. 

Las vacas utilizadas para la producción láctea pasan por este proceso durante toda su vida hasta que son incapaces de producir leche. Entonces son enviadas al matadero para sufrir el mismo destino que otros animales utilizados para carne.

Una cerda madre amamanta a sus lechones de forma natural hasta que tienen entre 10 y 17 semanas. En las granjas industriales, los lechones son separados de su madre cuando solo tienen 3 semanas. Esta separación es muy angustiosa tanto para la madre como para los lechones, a los que se oye llorar. 

Separar a las madres de sus crías les causa sufrimiento. Se priva a los animales de la libertad de expresar sus comportamientos naturales y desarrollar vínculos con sus familias. 

Mutilaciones dolorosas

La amputación de la cola es la extirpación de parte de la cola del cerdo para reducir el riesgo de que los cerdos se muerdan la cola entre sí. 

La mordedura de cola es consecuencia del estrés psicológico y físico al que se somete a los cerdos en las granjas industriales. Este estrés se debe a que viven hacinados en naves con espacio limitado. 

A través de nuestras investigaciones hemos comprobado que los ganaderos cortan sistemáticamente las colas de los lechones sin utilizar anestesia.

El recorte de dientes consiste en eliminar o triturar los extremos afilados de los dientes en forma de aguja de los lechones para reducir la posibilidad de que lesionen los pezones de su madre durante la lactancia y a otros lechones.

En muchas de nuestras investigaciones dentro de las granjas porcinas, hemos descubierto que los granjeros recortan rutinariamente los dientes de los lechones sin darles ningún alivio para el dolor.

Muchos lechones desarrollan infecciones en las encías debido a que el procedimiento se lleva a cabo sin los cuidados adecuados. 

La castración se lleva a cabo en algunos cerdos y terneros. En los terneros, la castración se realiza para facilitar el manejo de los animales y evitar apareamientos accidentales. 

El descornado es la extirpación de los cuernos en las vacas. Se realiza para reducir el riesgo de lesiones a los trabajadores y a otros animales. El método de descornado más utilizado es el uso de un hierro caliente para quemar el tejido que produce las yemas de los cuernos. 

Crecimiento antinatural 

La ganadería industrial requiere la selección de razas de crecimiento rápido para maximizar la producción. Los animales, como los pollos, se crían para que crezcan a una velocidad antinatural, lo que les provoca problemas fisiológicos. 

Cojera, infecciones, huesos debilitados o rotos y fallos orgánicos son problemas de salud comunes en los animales criados en granjas industriales. Para mantenerlos vivos el tiempo suficiente para ser sacrificados, los animales enfermos y heridos pueden recibir antibióticos.

Los pollos son los animales terrestres más maltratados del planeta. Alrededor del 25% de los pollos de granja sufren cojeras dolorosas. Muchos de ellos son incapaces de ponerse de pie o caminar, lo que les obliga a sentarse en sus propios excrementos, que a menudo les queman la piel. 

Jaulas superpobladas

Los animales encerrados en jaulas sufren grandes trastornos psicológicos y físicos. Se les obliga a vivir en condiciones inmundas, con un espacio mínimo para moverse. En estos espacios superpoblados, las gallinas son incapaces de desarrollar jerarquías sociales o escapar a comportamientos de acoso.

A menudo son aplastadas o pisoteadas por otras en la misma jaula. Las gallinas utilizadas para la producción de huevos viven hacinadas en espacios del tamaño de una hoja de papel.

Animales abandonados sin comida ni agua durante días durante el transporte de animales vivos

Cada año, millones de animales en granjas -incluidos cerdos, vacas y terneros, ovejas y cabras- son transportados cientos o incluso miles de kilómetros por tierra o mar, solo para ser utilizados para la cría o sacrificados en su destino.

Las condiciones en que son transportados son espantosas y pueden exponer a los animales a un sufrimiento prolongado. Muchos mueren antes de llegar al matadero. 

Los vehículos suelen ir abarrotados, lo que provoca que se pisen o se lesionen unos a otros. Además, los animales suelen permanecer hasta 48 horas sin comida ni agua, lo que provoca su deshidratación. 

A menudo se producen accidentes o problemas técnicos durante estos largos viajes, que también provocan lesiones o la muerte. 

El proceso de sacrificio: aturdimiento por gas, baños de agua eléctricos y sacrificio de vacas preñadas

La mayoría de los animales sacrificados en mataderos son jóvenes, incluso crías. Los lechones se sacrifican cuando tienen 6 meses; los pollos criados por su carne se matan a las 6 semanas; y muchos terneros macho de las granjas lecheras se matan para ternera con solo uno o dos días de vida. 

Según datos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), el 3% de las vacas utilizadas para producir leche en Europa llega al matadero en avanzado estado de gestación.

Actualmente en España hay 826.067 de estas vacas, lo que supone que 24.782 de ellas van a ser sacrificadas estando en la última etapa de embarazo. Algo que también sucede con las cerdas o las ovejas.   

Estas prácticas distan mucho de ser compasivas y se asemejan más a una cadena de producción de mercancías que a seres vivos y sensibles. 

Las vacas son aturdidas con una pistola de perno cautivo. Una vez aturdidas, salen rodando del corral. Se las encadena por una pata y se las sube a un transportador aéreo para trasladarlas a la “zona de desangrado”. Allí se les corta la garganta y se les deja desangrarse.

El aturdimiento puede ser ineficaz y algunas vacas son degolladas cuando aún están plenamente conscientes.

Cerdos

Para aturdir a los cerdos se utiliza una corriente eléctrica o una alta concentración de gas carbónico. 

Este último método consiste en bajar a los cerdos en grupos a una cámara que contiene una concentración mínima del 70% de dióxido de carbono en el aire, donde se les deja hasta que mueren. 

Mientras están en estas cámaras de gas, los cerdos jadean desesperadamente e intentan escapar. Una vez muertos, son encadenados por una pata, levantados y desangrados.

Pollos

Los pollos se sacrifican mediante baños de agua eléctricos o con gas. Para el aturdimiento por baño de agua eléctrico, los pollos son colgados por ambas patas a una línea de grilletes en movimiento.

En la linea son llevados al baño de agua, donde sus cabezas se balancean en el agua electrificada. Este proceso es extremadamente estresante y doloroso para los pollos.

Una vez que salen del baño de agua, se les desangra el cuello. Muchas aves levantan la cabeza para evitar el agua electrificada y, por tanto, son sacrificadas cuando aún están conscientes.

Como han revelado nuestras investigaciones, el aturdimiento no siempre es eficaz en el momento del sacrificio y muchos animales son sacrificados mientras aún están conscientes. 

Peces

Los peces son sacrificados utilizando diferentes métodos, entre los que se encuentran la asfixia fuera del agua, la exposición al dióxido de carbono, la exposición a temperaturas muy bajas en un lecho de hielo y el sangrado sin aturdimiento. 

Estos procedimientos tardan varios minutos en inducir la insensibilidad y son extremadamente crueles. 

Los métodos de aturdimiento eléctrico y por percusión para peces son cada vez más comunes. Los sistemas eléctricos actuales incluyen sistemas de aturdimiento por baño de agua, que hacen pasar a los peces por agua electrificada para aturdirlos. 

Lamentablemente, como reveló nuestra investigación en el interior de un matadero estadounidense de siluros, no se toman medidas detalladas para los peces en el momento del sacrificio, lo que provoca un sufrimiento prolongado durante el tiempo que tardan en morir. 

Animales sacrificados nada más nacer

La ganadería se rige por el afán de lucro y, por tanto, se descarta a todo aquel que la industria considera inútil. 

Este es el caso de los miles de millones de pollitos machos de la industria del huevo, que son triturados vivos inmediatamente después de nacer, ya que son incapaces de producir huevos. 

También son considerados inútiles por la industria cárnica porque son incapaces de crecer tan rápido como la industria requiere para ser rentable.

El mismo trágico destino se aplica a los terneros machos nacidos en la industria láctea, incapaces de producir leche. A menudo se les dispara un día después de nacer. 

Cada uno de nosotros y nosotras tenemos el poder para ayudar a poner fin al maltrato que padecen los animales en granjas y mataderos eligiendo opciones vegetales en nuestra alimentación.

Nuestro trabajo de investigación abre una ventana a las granjas industriales, sacando a la luz la crueldad a la que son sometidos estos animales cada día. También revela cómo no se respetan las leyes vigentes para proteger a los animales. 

Por eso nuestras investigaciones son cruciales. Nos proporcionan las pruebas que necesitamos para convencer a los gobiernos de que actúen en defensa de los animales en granjas. 

Hay millones de animales que están pasando por esto ahora mismo y tú tienes el poder de defenderlos y hacer que esto se detenga. Apoya hoy nuestro trabajo. 

Adaptado del original en inglés escrito por Claire Roberson, coordinadora de comunicaciones en Igualdad Animal Estados Unidos. 

El Jurado de la Publicidad ha declarado que el anuncio en el que Cabify denunciaba las “incoherencias” de la política del Ministerio de Transportes sobre las VTC es “publicidad engañosa”. La campaña de la compañía incluyó lonas gigantes, carteles y anuncios en prensa con el eslogan “Los mismos políticos que no quieren que uses VTC han hecho 5.437* viajes en Cabify”. La cifra hacía referencia a todos los trayectos desde o hasta la sede del Ministerio hubieran sido realizados por “políticos” o no, como añadía la propia empresa en el asterisco.

La campaña puede “inducir al destinatario a error sobre quiénes son las personas que han realizado los 5.437 viajes en Cabify a los que alude, puesto que, además de definirlas de manera vaga e imprecisa, las identifica con las personas que han realizado viajes en Cabify hacia o desde el Ministerio cuando lo cierto es que ambos colectivos no tienen por qué coincidir”, señala el Jurado de la Publicidad en una resolución a la que ha tenido acceso elDiario.es.

“El Jurado concluye que la publicidad es engañosa”, zanja la institución, un órgano extrajudicial independiente encargado de resolver controversias y reclamaciones en materia publicitaria. Cabify tiene tres días para presentar recurso ante la decisión, aunque la empresa no ha contestado a los requerimientos de información del Jurado durante el proceso. Contactada por este medio, la firma tampoco ha aclarado si planea recurrir y ha preferido no hacer declaraciones.

En cualquier caso, la resolución del Jurado de la Publicidad no es vinculante para Cabify debido a que la empresa de transporte no está adscrita a Autocontrol, la asociación de autorregulación de la industria publicitaria en España. No obstante, la mayoría de sus dictámenes son acatados por el grueso del sector y se consideran la referencia deontológica publicitaria.

Presionar a Transportes por el “Decreto Ábalos”

Cabify lanzó su campaña contra Transportes en un momento clave para el sector VTC. En 2018, el Gobierno intentó cerrar el vacío legal en el que operan estas licencias prohibiendo que realicen transporte interurbano de viajeros, una actividad concedida al taxi, a no ser que la comunicad autónoma donde lo hagan haya regulado expresamente su actividad. El Ejecutivo concedió una moratoria de cuatro años a las empresas de VTC para que recuperaran la inversión que caducó el pasado 1 de octubre.

El sector VTC criticó duramente ese Real Decreto, al que denominó “Decreto Ábalos” en referencia al anterior titular de la cartera. Apenas 10 días antes de que se cumpliera el período de moratoria que las empresas de VTC piden extender, Cabify arremetió contra los “políticos que no quieren que uses VTC” imputando a la cúpula de Transportes una cifra de viajes que ahora el Jurado de la Publicidad sanciona.

Las personas que han realizado esos viajes desde o hasta el Ministerio de Transportes no coinciden necesariamente con los políticos que 'no quieren que uses la VTC'

Jurado de la Publicidad

El organismo afea, por un lado, que el sujeto de la campaña es “vago y ambiguo”. “El destinatario medio no puede saber con certeza a qué políticos se refiere la anunciante, si a quienes propusieron el llamado 'Decreto Ábalos' o quienes lo redactaron, o lo defendieron o, entre otras muchas posibilidades, aprobaron esa normativa”, destaca la resolución.

A renglón seguido, el Jurado destaca que “no hay ningún nexo o correspondencia” entre “los políticos” que señala Cabify en su campaña y lo que la cifra de viajes que la empresa les imputa: “Las personas que han realizado esos viajes desde o hasta el Ministerio de Transportes no coinciden necesariamente con los políticos que ”no quieren que uses la VTC“. Al Ministerio de Transporte acuden múltiples personas que en nada influyeron en la redacción o aprobación del mencionado Real Decreto”, añade.

Cabify fue denunciada ante el Jurado de la Publicidad por un particular al día siguiente de lanzar su campaña contra el Ministerio de Transportes. El denunciante alega que “los 5.437 viajes en Cabify a los que alude fueron hechos por personas del Ministerio de Transportes contrarios a las VTC cuando la propia publicidad indica que esos viajes cuentan con destino o salida del Ministerio de Transportes y, por ende, que las personas que los realizaron pueden ser o no personas del Ministerio de Transportes contrarios a las VTC”.

El particular recuerda en la reclamación que “el Ministerio se encuentra en una zona muy concurrida” de Madrid. El departamento que dirige Raquel Sánchez se encuentra en la zona de Nuevos Ministerios, en pleno Paseo de la Castellana. Comparte una misma manzana con el Ministerio para la Transición Ecológica y con el Ministerio de Trabajo y Economía Social. También con la estación de Nuevos Ministerios, que tiene un intercambiador de Metro y Cercanías.

Contactada por elDiario.es en el lanzamiento de la campaña, Cabify confirmó que los 5.437 viajes que citaba en su campaña no provenían de un cruce de datos personales de sus usuarios para identificar a “políticos” o trabajadores del Ministerio, sino que simplemente era la cifra en bruto desde la zona en la que se ubica. “Mientras el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana rechaza solucionar un problema que crearon ellos mismos en el sector VTC, la plataforma registra miles de viajes al Ministerio en esta modalidad, lo que demuestra que se utiliza de manera habitual para ir o volver de este emplazamiento, una clara contradicción”, continúa la compañía.

Además de en Madrid, Cabify extendió su campaña a Gavá (Barcelona), la localidad natal de la ministra Sánchez. “R. Sánchez, tu Cabify te está esperando en Madrid. Pese a que no quieras que tus vecinos de Gavà viajen en VTC, no te preocupes: podrás seguir viajando por otras ciudades”, denunciaban los carteles.

El Ministerio rechazó posicionarse respecto a la publicidad y afirmó estar “analizando la posibilidad de tomar todas las medidas que se estimen convenientes”. Fuentes del departamento explicaron a este medio que la interlocución con Juan de Antonio, CEO de Cabify, es “constante”.

Siete autonomías aún no han regulado

Andalucía ha sido la última comunidad en regular la actividad de las VTC, uniéndose a un grupo en el que ya estaban Aragón, Catalunya, Illes Balears, Euskadi, Galicia, Comunitat Valenciana, Murcia, Madrid y Navarra. Aunque las siete autonomías restantes no se han posicionado al respecto, ninguna de ellas supera las 200 licencias.

El grupo que sí lo ha hecho concentra la inmensa mayoría de las VTC. En cabeza se coloca Madrid, donde están registradas 8.463 licencias de las 17.500 que operan en España. Por detrás quedan Andalucía con 3.202 y Catalunya, con 2.824. Les siguen Illes Balears y la Comunitat Valenciana, con más de 600 cada una. Las licencias de taxi se acercan a las 60.000 en toda España.

Las empresas de VTC como Cabify piden al Gobierno extender la moratoria de cuatro años a su actividad que se concedió en 2018. Argumentan que en dos de esos cuatro años su actividad ha sufrido los efectos de la pandemia. No obstante, solo 95 de las 4.000 reclamaciones de propietarios de VTC que solicitaban una ampliación de los cuatro años por no haber podido recuperar la inversión inicial han sido resueltas resuelto positivamente por el Ministerio de Transportes.

TikTok se ha comprometido con la Comisión Europea a vigilar todos los contenidos que publican los usuarios con más de 10.000 seguidores en la plataforma para evitar que hagan publicidad engañosa dirigida a menores. También habilitará un canal de denuncia para “los anuncios que podrían empujar o engañar a los niños para que compren bienes o servicios” y ha prohibido hacer publicidad de alcohol, tabaco y esquemas “para hacerse rico rápidamente”.

Estos cambios son parte del pacto al que la red social china ha llegado con Bruselas tras recibir una denuncia masiva de organizaciones de defensa de consumidores de toda la Unión. En febrero de 2021 17 de ellas y el BEUC, el organismo comunitario que las agrupa, cargaron contra TikTok por tolerar “múltiples violaciones de los derechos del consumidor”, como los anuncios encubiertos destinados a menores.

Las organizaciones mostraron preocupación por el hecho de que los influencers de la plataforma no estuvieran identificando los contenidos que han sido pagados por marcas, lo que supone publicidad engañosa. Como señalaron, la situación se agrava por el hecho de que una gran proporción de los usuarios de TikTok son menores de edad.

La denuncia se ha cerrado con un acuerdo entre la plataforma y la Comisión Europea para aumentar la transparencia de la publicidad, ha comunicado este martes el Ejecutivo comunitario. El cambio de políticas engloba a su vez a las “monedas”, que TikTok vende para que los usuarios envíen regalos y recompensas a sus creadores de contenidos favoritos. La red social se ha comprometido ha aumentar la claridad respecto a este mecanismo y a permitir su devolución en los 14 días posteriores a la compra.

“Todas las plataformas están obligadas a jugar con las reglas y asegurarse de que los consumidores puedan identificar fácilmente el contenido comercial, incluso cuando es promovido por influencers”, ha afirmado Didier Reynders, comisario de Justicia. “A pesar del compromiso de hoy, seguiremos vigilando la situación en el futuro, prestando especial atención a los efectos en los usuarios jóvenes”, ha añadido.

“Impacto muy incierto”

El BEUC ha “celebrado” el acuerdo entre TikTok y Bruselas pero lamenta que haya aspectos de su denuncia inicial que no se hayan cubierto. Entre ellos, señala que la red china “no se ha comprometido a dejar de elaborar perfiles y apuntar a los niños con publicidad personalizada”.

"TikTok no se ha comprometido a dejar de elaborar perfiles y apuntar a los niños con publicidad personalizada"

BEUC

La organización europea de consumidores señala que TikTok también se ha salvado en cuestión de derechos de autor, ya que sigue teniendo una “licencia muy amplia para hacer uso de los contenidos generados y publicados por sus usuarios”.

“El impacto de estos compromisos en los consumidores sigue siendo muy incierto. A pesar de más de un año de diálogo con TikTok, la investigación se ha cerrado, dejando sin respuesta las importantes preocupaciones que planteamos”, se ha quejado este martes la directora general adjunta del BEUC, Ursula Pachl. “Instamos a las autoridades a que vigilen de cerca las actividades de TikTok y a que adopten medidas nacionales de ejecución si los compromisos no se cumplen. Esto no debe ser el final de la historia”, ha incidido.

Desde la compañía han celebrado la decisión de Bruselas de establecer un diálogo y evitar otro tipo de acciones. “Estamos agradecidos de haber podido trabajar durante el último año en la colaboración con la Comisión Europea y las autoridades nacionales de protección de los consumidores, para revisar y hacer cambios en varias de nuestras políticas y funcionalidades”, ha afirmado un portavoz de TikTok en un comunicado enviado a este medio.

Las denuncias por publicidad encubierta no son exclusivas de los influencers que crean contenidos en TikTok. La ley que regula la publicidad en España obliga a identificar cuándo una publicación en las redes sociales está pagada por un tercero. No obstante, el sector se basa en la autorregulación de los anunciantes, por lo que las empresas y creadores que no suscriben los códigos de buenas prácticas no pueden ser perseguidos por los organismos creados por la industria para vigilar este tipo de prácticas.

La Comisión Europea ha presentado este jueves una propuesta sobre transparencia y segmentación de la publicidad política para avanzar en la protección de la “integridad electoral y el debate democrático abierto”. Y lo que propone Bruselas, que afecta directamente a plataformas como Facebook, Twitter y Google, prevé que cualquier anuncio político debe estar claramente etiquetado como tal y debe incluir la información de quién lo pagó y cuánto pagó por él.

Las técnicas de segmentación y optimización política deben explicarse públicamente con detalle y se prohibirían cuando se utilicen datos personales confidenciales sin el consentimiento explícito de la persona. ¿Se prohibirá la segmentación para la publicidad política? “No, no en general”, dice la Comisión Europea: “Sin embargo, se prohibirán las técnicas de segmentación y optimización política que utilicen o infieran datos personales confidenciales (como se define en el reglamento de protección de datos), a menos que una persona lo consienta explícitamente. Los datos personales confidenciales tienen que ver con el origen racial o étnico, opiniones políticas, creencias religiosas o filosóficas o afiliación sindical, así como datos genéticos, biométricos y de salud o información sobre la vida sexual u orientación sexual de una persona”.

La Comisión Europea también propone actualizar las normas actuales de la UE relativas a los “ciudadanos móviles” europeos y su derecho de voto en las elecciones europeas y municipales, así como en los partidos políticos europeos y fundaciones.

“Las personas deben poder distinguir fácilmente si están viendo contenido político pagado, tanto online como offline, y poder participar en los debates sin desinformación, interferencias ni manipulación. La gente debería poder ver claramente quién patrocinó un anuncio político y por qué”, dice Bruselas.

La propuesta de la Comisión Europea se refiere a “anuncios de, para o en nombre de un actor político, así como la publicidad de temas que pueden influir en el resultado de una elección o referéndum, un proceso legislativo o regulatorio o el comportamiento de la votación”.

“La publicidad política debe estar claramente etiquetada y proporcionar un conjunto de información determinado: el nombre del pagador en un lugar destacado y un aviso con la cantidad gastada en el anuncio, las fuentes de los fondos utilizados y el vínculo entre el anuncio y las elecciones relevantes o referendos”, afirma Bruselas.

De acuerdo con las propuestas del Ejecutivo comunitario “se prohibirán las técnicas de segmentación y optimización que utilicen datos personales sensibles, como el origen étnico, las creencias religiosas o la orientación sexual. Dichas técnicas sólo se permitirán después del consentimiento explícito de las personas. La segmentación también podría permitirse en el contexto de actividades legítimas de fundaciones, asociaciones u organismos sin fines de lucro con un objetivo político, filosófico, religioso o sindical cuando se dirija a sus propios miembros”.

“Por primera vez”, dice Bruselas, “será obligatorio incluir en los anuncios información sobre la base por la que se dirige a la persona que la recibe, y publicar a qué grupos de personas se ha dirigido, en función de qué criterios y con qué herramientas o métodos de amplificación, entre otros”.

“Las organizaciones que hacen uso de las técnicas de segmentación y optimización política deberán adoptar, aplicar y hacer pública la política interna sobre el uso de tales técnicas. Si no se pueden cumplir todos los requisitos de transparencia, no se puede publicar un anuncio político”, sentencia la Comisión Europea.

El Ejecutivo comunitario prevé multas por incumplimiento: “Los Estados miembros deberán introducir multas efectivas, proporcionadas y disuasorias cuando se infrinjan las normas sobre transparencia de la publicidad política: las autoridades nacionales de protección de datos supervisarán específicamente el uso de datos personales para la segmentación política, y estarán facultadas para imponer multas de conformidad con las normas de protección de datos de la UE”.

La Comisión Europea también propone revisar las normas de la UE sobre financiación de fundaciones y partidos políticos europeos. Según Bruselas, “el marco actual presenta una serie de lagunas que impiden que los partidos y las fundaciones funcionen y cumplan su misión de representar la voz de los ciudadanos de la UE”.

Así, “las actualizaciones del reglamento buscan facilitar las interacciones de los partidos políticos europeos con sus partidos miembros nacionales, aumentar la transparencia, en particular en relación con la publicidad política y las donaciones, reducir la carga administrativa excesiva y aumentar la viabilidad financiera de los partidos políticos y las fundaciones europeos”.

Por último, la Comisión ha propuesto actualizar las normas sobre elecciones europeas y municipales para los ciudadanos de la UE que residen en un Estado miembro diferente al de su nacionalidad (“ciudadanos de la UE móviles”).

Si bien hay alrededor de 13,5 millones de ciudadanos de ese tipo, muy pocos ejercen su derecho de voto en las elecciones europeas y municipales, dice la Comisión Europea, que propone enmiendas a las directivas sobre derechos electorales, como la obligación de “informar a los ciudadanos de forma proactiva de sus derechos electorales, utilizar plantillas estandarizadas para el registro como votantes o candidatos, así como el uso de la lengua de los ciudadanos móviles de la UE que residen en el territorio. La propuesta también incluye salvaguardas para que los ciudadanos móviles de la UE no sean dados de baja del censo electoral en el país de origen”.

Las propuestas de la Comisión Europea pasan ahora a ser debatidas por el Parlamento Europeo y el Consejo. El objetivo es que las nuevas normas entren en vigor en la primavera de 2023, es decir, un año antes de las elecciones europeas.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha tenido conocimiento a través de la Guardia Civil de Gijón de la comercialización del producto Rhodicomp cápsulas, un producto fabricado en la Unión Europea y distribuido por la empresa Shop distribuidores S.L. sita en la plaza Polirrosa 250, 21007, Huelva.

Rhodicomp cápsulas está comercializado como complemento alimenticio, pese a no haber sido notificada su puesta en el mercado a las autoridades competentes, incumpliendo lo previsto en la normativa vigente para este tipo de productos, y se emplea sobre todo como estimulante masculino de la erección sexual.

Según reza en la nota difundida por la AEMPS, “los análisis llevados a cabo por el Laboratorio Oficial de Control de esta Agencia revelan que el mencionado producto contiene las sustancias activas sildenafilo y tadalafilo en cantidad suficiente para restaurar, corregir o modificar una función fisiológica ejerciendo una acción farmacológica”.

Esto es que las cantidades pueden provocar una erección al igual que lo hace la Viagra y otros compuestos similares, “lo que le confiere la condición legal de medicamento, según lo establecido en el artículo 2 a) del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio”. La AEMPS aclara que “estas sustancias no se declaran en su etiquetado, que indica engañosamente una serie de productos de origen vegetal”.

¿Qué son el sildenafilo y el tadalafilo?

El sildenafilo y el tadalafilo están indicados para restaurar la función eréctil deteriorada mediante el aumento del flujo sanguíneo del pene por inhibición selectiva de la fosfodiesterasa 5 (PDE-5). Los inhibidores de la PDE-5 están contraindicados en pacientes con:

Los inhibidores selectivos de la PDE-5 presentan numerosas interacciones con otros medicamentos, pudiendo además aparecer reacciones adversas de diversa gravedad a tener en consideración, como:

Infracción por publicidad engañosa

Este producto se presenta como natural, ocultando al consumidor su verdadera composición y dando información engañosa sobre seguridad: “En particular, la presencia de sildenafilo y tadalafilo supone un riesgo para aquellos individuos especialmente susceptibles de padecer reacciones adversas con el consumo de inhibidores de la PDE-5”.

Precisamente, estas personas podrían recurrir a productos de este tipo, pretendidamente naturales, a base de plantas, como alternativa teóricamente segura a los medicamentos de prescripción autorizados. “Estos productos se presentan, además, haciendo hincapié en su supuesta seguridad, basada engañosamente en su composición natural”, apostilla la agencia.

Considerando lo anteriormente mencionado, así como que el citado producto no ha sido objeto de evaluación y autorización previa a la comercialización, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios “ha resuelto adoptar la siguiente medida cautelar: la prohibición de la comercialización y la retirada del mercado de todos los ejemplares del citado producto”.

El viagra de herbolario: jugando al gato y al ratón en internet

A día de hoy, Rhodicomp puede conseguirse en Amazon por 34 euros, si bien hace un tiempo ya se comercializaba con otros nombres como Vitalcap, Vitalplans o Vicanplus, perseguidos en su día por la AEMPS por las mismas razones.

Cambiarle el nombre es la estratagema de los distribuidores de la llamada viagra de herbolario para evitar la persecución de la agencia y las órdenes de retirada. Ahora el producto ya ha cambiado de nombre y se presenta en la red como Astracomp.

Hard Man, también retirado

A primera hora de la tarde se ha conocido que la AEMPS también ha retirado el suplemento Hard Man por las mismas infracciones: presencia de sildenafilo, fraude al no declararse medicamento y publicidad engañosa a los compradores al presentarse como un suplemento exclusivamente a base de hierbas. Así lo ha reflejado la AEMPS en una nota informativa.

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“TikTok es la tele moderna. Cuando tengo tiempo libre me meto en TikTok y estoy entretenido”, resume Adriano Accardo, director comercial de la compañía para el sur de Europa. Tras ser la app más descargada del mundo en 2020, gracias en gran parte a que los confinamientos crearon una imperiosa necesidad de entretenimiento adecuado para toda la familia, TikTok quiere rentabilizar su gran año y hacerse mayor. Para ello pretende desprenderse de la etiqueta de “red social”, donde tiene mucha competencia, y ser considerada una “plataforma de vídeos cortos”, un sector en el que es “líder” porque básicamente está sola.

A pesar de que basa sus ganancias en la publicidad y los datos personales, TikTok no quiere que las marcas la vean como 'el nuevo Instagram' o 'el Facebook de los jóvenes'. Al contrario, defiende que es más bien una televisión para el móvil que aporta entretenimiento instantáneo. Su inteligencia artificial silencia el mal rollo que carcome otras redes sociales, mientras que los contenidos de un minuto como máximo generados por los usuarios han desarrollado códigos de comunicación mucho más frescos que los que rigen en los canales de televisión tradicionales. “Una oportunidad única para las marcas” que sepan aprovecharla, presume Accardo.

Este martes la red social-plataforma de vídeos cortos de propiedad china ha celebrado el primer evento en España para explicar su modelo de negocio y aceptar preguntas de la prensa. Según han explicado sus responsables, este se basa en difuminar lo máximo posible la línea que separa los contenidos que crean los usuarios de los que forman parte de campañas publicitarias. “No hagas anuncios, haz tiktoks” es el eslogan de la compañía para sus anunciantes.

La ventaja para las marcas es que “no es importante quién te sigue, sino qué contenido has creado”. “Cualquier marca puede tener éxito en TikTok” si se ajusta a los códigos de la comunidad y sabe diseñar un contenido que conecte con ella, afirma su director comercial. Lo malo para los usuarios es que difuminar tanto la línea puede llegar a hacerla imperceptible, como han denunciado 17 organización de consumidores de 15 países europeos y el BEUC, la asociación en la que se agrupan en Bruselas, que la han llevado ante los reguladores nacionales y comunitarios por promover el “marketing oculto”. En España la OCU presentó quejas ante la Agencia de Protección de Datos, la CNMV y el Ministerio de Consumo.

TikTok, aunque prefiera no ser considerada una red social, tiene la interacción entre sus usuarios como mecánica clave para llenarse de contenidos. La plataforma evoluciona de manera constante debido a que sus miembros crean sus propios vídeos versionando las tendencias de moda, que pueden ser bailes, el diálogo de una película famosa y hasta una canción marinera. Una de las vías de monetización que utiliza TikTok es colar entre estas tendencias generadas orgánicamente por los intereses de los usuarios algunos desafíos pensados por las marcas para promocionar sus productos. De esta forma terminan siendo los propios usuarios los que ponen su creatividad al servicio de las campañas de marketing.

Para las organizaciones de consumidores, esto es especialmente peligroso para sus usuarios más jóvenes. “A los niños les encanta TikTok, pero la empresa no los protege. No queremos que los más pequeños estén expuestos a publicidad encubierta y, sin saberlo, se conviertan en vallas publicitarias cuando solo tratan de divertirse”, manifestó Monique Goyens, directora del BEUC.

Preguntado por esta cuestión por elDiario.es, Accardo ha defendido que “todos los anuncios de TikTok tienen bien clarificado que se trata de publicidad”. Sobre los desafíos de las marcas que involucran menores, el directivo de TikTok explica que “cada challenge tiene una página de referencia en la que se deja claro que se trata de una campaña de marketing. Las nuevas generaciones quieren ser parte integrante de la comunicación de las marcas y TikTok lo permite. Las personas que participan invierten tiempo en crear esos vídeos. Un usuario que invierte 30 minutos para crear ese contenido y lo sube a la plataforma no está haciendo publicidad, está haciendo un contenido como cualquier otro”.

Accardo ha resumido que “la mejor manera de entender cómo funciona la aplicación es descargarla” y que “la protección de los menores es una de las prioridades de la compañía”. Además de para “crear un entorno seguro” para ellos, para asegurar la estabilidad de la plataforma ante las marcas que quieran anunciarse en ella.

El 67% de los usuarios de TikTok tiene más de 25 años

En este sentido, uno de los “mitos” que ha querido desmentir la compañía es que TikTok sea una plataforma usada mayoritariamente por niños. “Es verdad que era así en un principio”, reconocen, “pero la audiencia ha evolucionado”. Según un estudio de Kantar, el 67% de los usuarios de la plataforma tiene más de 25 años: un 32% de ellos está entre los 25 y los 34 años y el 35% restante tiene más de 35.

La empresa no ha querido dar cifras sobre su número de usuarios en España, pero asegura que acumula 100 millones en Europa, donde también cuenta con 2.000 trabajadores. “España es un mercado muy importante para nosotros”, recalca.

El fin de semana del 6 y el 7 de febrero decenas de influencers españoles promocionaron un canal de Telegram de apuestas en sus cuentas de Instagram. Todos ellos aseguraron mediante stories —contenidos efímeros que desaparecen en 24 horas— que su principal fuente de ingresos son las apuestas deportivas, y todos utilizaron como ejemplo un caso reciente en el que aseguraban haber ganado 1.400 euros en una tarde gracias a una inversión inicial de 30 euros. Este miércoles, el Jurado de la Publicidad ha comunicado una serie de resoluciones sobre la campaña, señalando que se trató de publicidad encubierta.

“Las publicaciones de estos influencers, además de coincidir en el tiempo, seguían todas el mismo esquema: abrir publicaciones en las que se pueden hacer preguntas, responder a ellas con idénticas expresiones, tratando cuestiones como cuántos ingresos se obtienen”, remarca el organismo: “Esta coincidencia en el tiempo y en el contenido en la difusión de mensajes prácticamente idénticos por parte de distintos influencers revela, por sí sola, su naturaleza publicitaria”.

El Jurado indica también que la campaña violó las normas que regulan los anuncios de juegos de azar. Los influencers se las saltaron todas: no etiquetaron sus stories como publicidad, algo obligatorio por ley; inducían a error a los usuarios al dar por aseguradas las ganancias al apostar; no incluyeron un mensaje relativo a jugar con responsabilidad; vulneraron la prohibición de anunciar apuestas por parte de personas con notoriedad pública (su posición como influencers les coloca en esa categoría, señala el Jurado); y no “quedó acreditado ninguno de los requisitos que regulan las comunicaciones comerciales de las actividades del juego a través de las redes sociales”, como el control de la edad del público que estaba viendo esa publicidad.

No obstante, de momento a ninguno de los influencers se le impondrá sanción alguna. El fallo del Jurado de la Publicidad está motivado por una reclamación de la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) contra cinco de los que participaron en la campaña, de los que cuatro (Marina Yers, con 1,6 millones de seguidores; Jesús Sánchez Seda, con 328.000; Paula García Maciá, con 153.000; y Genissa González, con 98.000) han rechazado participar en el proceso, por lo que este organismo solo ha podido emitir dictámenes no vinculantes en sus casos. Contra el quinto, Diego Pérez ('James Lover' en Instagram, donde tiene 640.000 seguidores), que sí aceptó participar, se ha emitido una resolución que le insta al “cese y no reiteración de la publicidad reclamada”.

Los influencers pasan de la autorregulación

El Jurado de la Publicidad es un órgano dependiente de Autocontrol, el organismo de autorregulación de la industria publicitaria, al que los influencers contra los que ha reclamado la AUC no están adscritos. Autocontrol y la Asociación Española de Anunciantes diseñaron un código de conducta para la publicidad con influencers que entró en vigor el pasado 1 de enero, cuyo objetivo es empezar a moderar la situación en la que se mueven estos nuevos actores y los anuncios que hacen en sus cuentas, cuya gran mayoría no se etiquetan correctamente. Sin embargo, nada obliga a los influencers a cumplirlo.

“El código está enfocado a los anunciantes, que son las compañías más estables, más consolidadas. Es de obligado cumplimiento para los socios de la Asociación Española de Anunciantes y de Autocontrol”, ha explicado el director general de este último ente, José Domingo Gómez, a elDiario.es.

Ahora mismo los socios de las dos organizaciones son los responsables de aproximadamente el 70% de la inversión publicitaria en España. “Es verdad que nos gustaría que los influencers se fueran adhiriendo al código, que ha empezado su andadura hace poco. Pero la idea es que los anunciantes empiecen a incluir en sus contratos con los ellos mecanismos que les obliguen a respetar también el código, estén o no estén adheridos al mismo”, avanza Domínguez. De momento, en los dos meses y medio que lleva en vigor, ninguno ha decidido adherirse a este código de autorregulación.

Sobre la ausencia de sanciones por parte del Jurado de la Publicidad, el director general de Autocontrol explica que la función de este órgano “es determinar si una cosa está mal e instar al anunciante, al medio o al responsable de esa comunicación concreta a que la corrija o deje de emitirse como tal, y se tenga en cuenta de cara al futuro. Pero esto es en régimen de autorregulación, lo que no excluye al control administrativo y el judicial. Lógicamente, para que haya control judicial alguien tiene que presentar una demanda ante tribunales, cosa que hasta la fecha no nos consta”, detalla.

“Es un buen primer paso”

El presidente de la AUC, Alejandro Perales, avanza en conversación con elDiario.es que su asociación valora denunciar a los participantes en esta campaña de publicidad encubierta ante las autoridades administrativas, que sí tendrían potestad para imponer sanciones económicas. Tanto la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones como el Ministerio de Consumo son las competentes, este último por la violación de las normas sobre anuncios de juegos de azar.

Después de que se produjeran los hechos, el departamento que dirige Alberto Garzón inició una investigación de lo sucedido. elDiario.es ha preguntado por el estado de esa investigación, pero no ha recibido respuesta al cierre de esta información. “Ahora mismo hay una gran cantidad de canales por los que puede hacerse publicidad a través de las redes sociales. Todos sabemos que que existe una gran parte de ella que no identifica como tal, sobre todo con este tipo de influencers, pero todavía no se ha generado doctrina suficiente sobre cómo actuar y no queda muy claro cuál es la autoridad competente en cada caso”, expone Perales.

Por eso, el presidente de la AUC considera que los dictámenes emitidos por el Jurado de la Publicidad, aunque no sean vinculantes, “son muy importantes” para marcar la línea de actuación.

La Organización Europea de Consumidores (BEUC, por sus siglas en francés) ha denunciado este martes a TikTok ante la Comisión Europea por “múltiples violaciones de los derechos del consumidor”, entre las que está “no proteger a los niños de la publicidad engañosa y el contenido inapropiado”. A la acción se han sumado 17 socios nacionales de 15 países, entre los que se encuentran la OCU y Asufin, que han llevado el caso ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Ministerio de Consumo.

El BEUC explica que esta red social de vídeos cortos, con unos 800 millones de usuarios activos y muy popular entre niños y adolescentes, está utilizando los denominados trends para hacer “marketing oculto”. Los trends son acciones o desafíos que se hacen virales entre sus usuarios que, agrupados en hashtags, son uno de los mecanismos clave de TikTok. Los hay de todo tipo, desde quitarse la sudadera con el pie a versionar una canción marinera.

En ocasiones los trends se basan en productos concretos. El informe que el BEUC y sus socios han enviado a Bruselas y las autoridades nacionales advierte de que TikTok aprovecha este mecanismo para ofrecer a las marcas la posibilidad de anunciarse a través de la aplicación, lo que contribuye a “la proliferación de publicidad engañosa”.

“Los usuarios son motivados a participar en desafíos a través hashtags de marca donde se les anima a crear contenido de productos específicos. Como los influencers populares son a menudo el punto de partida de tales desafíos, la intención comercial suele quedar enmascarada”, explica el informe. En España, la publicidad engañosa a través de influencers también ha sido puesta bajo la lupa, puesto que el Ministerio de Consumo inició recientemente la investigación de una acción en Instagram en la que participaron varios de ellos para promocionar apuestas deportivas.

A los niños les encanta TikTok, pero la empresa no los protege. No queremos que los más pequeños estén expuestos a publicidad oculta y, sin saberlo, se conviertan en vallas publicitarias cuando solo tratan de divertirse

Monique Goyens — directora general del BEUC

Aunque no está tan marcado como en otras redes sociales como Instagram, TikTok no es ajeno al fenómeno influencer que se ha consolidado con sus hermanas mayores. Una de las funcionalidades que la red social china ha desarrollado para aprovecharlo es una moneda virtual que los usuarios pueden comprar –con dinero real– para mandar regalos virtuales a sus tiktokers preferidos. La denuncia de las organizaciones de consumidores europeas cuestiona las normas de la red social respecto a esta función, puesto que “contiene términos injustos y prácticas engañosas”.

“TikTok reclama, por ejemplo, un derecho absoluto a modificar el tipo de cambio entre las monedas y los obsequios, lo que podría sesgar la transacción financiera a su favor”, recogen.

Lo que pasa en TikTok es propiedad de TikTok

Este tipo de “prácticas abusivas” se extienden a otros puntos de los términos y condiciones de la red social, que “no son claros y favorecen a TikTok en detrimento de sus usuarios”, continúa el BEUC. En este sentido, el informe hace hincapié en lo relativo a la propiedad intelectual de los vídeos que los usuarios crean en la aplicación.

“Sus términos respecto a los derechos de autor son injustos”, señalan las organizaciones de consumidores, “ya que otorgan a TikTok un derecho irrevocable de usar, distribuir y reproducir los videos publicados por los usuarios, sin remuneración”.

La denuncia incluye otra queja, esta vez relativa a la política de privacidad de la app que califica de “engañosa”. “TikTok no informa claramente a sus usuarios, especialmente de una manera comprensible para niños y adolescentes, sobre qué datos personales se recopilan, con qué propósito y por qué razón legal”, señala. Este aspecto podría resultar sancionable por las agencias de protección de datos europeas, algunas de las cuales ya estaban investigando a la aplicación.

Siempre estamos abiertos a escuchar cómo podemos mejorar, y nos hemos puesto en contacto con la BEUC ya que nos gustaría tener una reunión para conocer sus preocupaciones

TikTok

La acción de las 17 organizaciones nacionales de protección de los derechos del consumidor es la primera gran estocada que recibe TikTok en Europa, que la semana pasada vio cómo EEUU aparcaba sus planes para nacionalizarla. “Siempre estamos abiertos a escuchar cómo podemos mejorar, y nos hemos puesto en contacto con la BEUC ya que nos gustaría tener una reunión para conocer sus preocupaciones”, ha adelantado la compañía a elDiario.es.

“Mantener la seguridad de nuestra comunidad, especialmente la de nuestros usuarios más jóvenes, y cumplir con las leyes de los países en los que operamos es una responsabilidad que nos tomamos muy en serio. Cada día nos esforzamos por proteger a nuestra comunidad, por lo que hemos tomado una serie de medidas importantes, como hacer que todas las cuentas de los usuarios menores de 16 años sean privadas por defecto. También hemos elaborado un resumen de nuestra política de privacidad dentro de la aplicación, con un vocabulario y una redacción que facilite a los jóvenes la comprensión de nuestro enfoque de la privacidad”, enumera TikTok.

“En tan solo unos años, TikTok se ha convertido en una de las aplicaciones más populares con millones de usuarios en toda Europa. Pero TikTok defrauda a sus usuarios al violar sus derechos a gran escala”, protesta Monique Goyens, directora del BEUC: “A los niños les encanta TikTok, pero la empresa no los mantiene protegidos. No queremos que los más pequeños estén expuestos a publicidad oculta y omnipresente y, sin saberlo, se conviertan en vallas publicitarias cuando solo están tratando de divertirse”.

“Esto es un poquito privado, pero lo que os puedo contar... es que hace poco empecé a apostar en el fútbol y es con lo que más estoy ganando. El otro día empecé con 30€ y acabé con 1040€ en una sola tarde”. Así, como un pequeño secreto, es como decenas de 'influencers' españoles colaron en sus cuentas de Instagram publicidad de apuestas deportivas con dinero real en torno al mediodía de este sábado. Todos utilizaron las mismas cifras (inversión inicial de 30 euros y retorno de 1.400) y la misma forma de introducirlo (fingiendo contestar a preguntas de sus seguidores). Ninguno aclaró que estaban haciendo propaganda ni etiquetó la publicidad como tal.

La campaña de publicidad encubierta, en la que los 'influencers' publicaban sus mensajes cometiendo incluso las mismas faltas de ortografía, fue tan evidente que provocó una denuncia casi inmediata en otras redes sociales. Además de utilizar el mismo gancho, llamó la atención por el tipo de cuentas que participaron en ella (muchas gestionadas por chicas de unos 20 años) y el destino al que pretendían orientar a sus seguidores: un canal de Telegram donde una persona recomienda a qué partidos de LaLiga apostar, denunciado por algunos usuarios como una estafa.

Las cuentas que participaron en la campaña suman millones de seguidores en total. El Ministerio de Consumo está investigando quién está detrás de la acción y si podría tratarse de publicidad irregular por parte de un operador de juego, confirman fuentes del departamento de Alberto Garzón a elDiario.es. La asociación de consumidores Facua ha denunciado este lunes ante la Dirección General de Ordenación de Juego que la acción no solo iría en contra de las leyes publicitarias, que obligan a identificar cuándo una publicación en las redes sociales está pagada por un tercero, sino que también violaría varias normas de la regulación de las apuestas deportivas.

Sin embargo, y pese a lo llamativo de la acción, no se trata de un hecho aislado. “Ocurre más a menudo de lo que pensamos, pero no suele salir tan a la luz. En esta ocasión lo que ha ocurrido es que han participado muchos perfiles, ha habido mucha más gente implicada”, avisa Verónica Pedrón, abogada del despacho Términos y Condiciones. “El problema es que a los 'influencers' les llega una campaña de publicidad y muchos no verifican ni siquiera lo que van a anunciar. Simplemente se dedican a copiar y pegar el texto que les piden, recibir el dinero que corresponde y listo. No piensan en la repercusión, ni si hay niños entre sus seguidores o no”, continúa.

“Nosotros llevamos desde 2014 denunciando la publicidad de apuestas por parte de 'influencers' en las redes sociales”, coincide Juan José Lamas, director técnico de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados: “Más encubierta o menos, más derivada de los juegos sociales, como pueden ser el parchís o juegos de cartas, o menos, este caso es solo uno más”.

En esta ocasión, el principal objetivo de la campaña era intentar evitar que los usuarios supieran que estaban ante un mensaje pagado, una práctica que la ley prohíbe expresamente. El método para conseguirlo fue colar la publicidad de las apuestas de fútbol en una serie de publicaciones efímeras (denominadas stories en Instagram), empleando un formato que permite a los seguidores formular preguntas al usuario que lo lanza. Cuando el destinatario publica la respuesta, el autor de la pregunta permanece anónimo. Los 'influencers' utilizaron este recurso para promocionar un guion pactado de antemano como si fueran cuestiones reales que les habían enviado sus seguidores.

Para intentar evitar sospechas, la mayoría de ellos empezaron el carrusel de preguntas con cuestiones como “¿cuántos años tienes?”, para rápidamente pasar a otras del estilo “¿cuánto dinero ganas al mes con las redes sociales?”. Esta es la que utilizaban como gancho para asegurar que su principal fuente de ingresos son actualmente las apuestas deportivas.

Lo que tienen que tener claro, sí o sí, es que tienen que decir que es una publicidad pagada. Y eso no lo ha hecho ninguno

Verónica Pedrón — abogada del despacho Términos y Condiciones

“Lo que tienen que tener claro, sí o sí, es que tienen que decir que es una publicidad pagada. Y eso no lo ha hecho ninguno. Tienen que etiquetarlo como si estuviesen publicitando cualquier otro producto. Aquí además el problema es que están anunciando apuestas con dinero real, por lo que deben prestar una atención especial a impedir que lo puedan ver los menores de la edad que dicte cada país, que en algunos casos es 18 años y en otros 21”, detalla la jurista.

Instagram tiene una herramienta especial para etiquetar las publicaciones como contenidos publicitarios. También permite establecer un mínimo de edad para visualizarlas dependiendo del país en el que se ubique el usuario. elDiario.es se ha puesto en contacto con varios de los 'influencers' que participaron en la campaña para conocer si establecieron este límite, pero ninguno ha atendido a los requerimientos. Algunos, tras la polémica generada, retiraron las publicaciones y pidieron disculpas. Otros intentaron defender que era cierto que habían ganado dinero con las apuestas deportivas.

El problema de la publicidad encubierta es recurrente entre los 'influencers'. Según un estudio publicado por la Universidad Complutense, nueve de cada diez 'influencers' de moda española hacen este tipo de anuncios engañosos. Para controlar la situación, Autocontrol (el organismo independiente de autorregulación de la industria publicitaria en España) y la Asociación Española de Anunciantes publicaron un “Código de conducta sobre el uso de 'influencers' en la publicidad” que entró en vigor el 1 de enero de 2021. No obstante, está dirigido a las marcas que operan con estos nuevos agentes publicitarios. Los 'influencers' no están obligados a cumplirlo.

Los anuncios de Number Finder, también frecuentes en YouTube, aseguran que cualquiera podrá averiguar con la app con quién ha estado hablando por el móvil otra persona. Con palabras amables, el servicio ofrece espionaje de parejas para controlar su fidelidad.

“¿Con quién llevas tanto tiempo hablando?”, se puede leer en una conversación ficticia del anuncio entre una chica y su novio. En el anuncio se muestra cómo a través de una aplicación de mensajería instantánea, en este caso WhatsApp, la novia haciendo click sobre el usuario y redirigiéndose a la app, puede ver el historial telefónico de su novio y la identidad de las personas a las que ha llamado: “Mi Ex. La llamada telefónica duró 45 minutos”, aparece en la aplicación.

La aplicación se anuncia como gratuita pero incluye pagos una vez descargada. La versión de prueba tiene una duración, ahora mismo, de una semana y a partir de ese momento hay que pagar 9,49 euros semanales para poder utilizarla.

Sin embargo, Number Finder apenas realiza nada de lo que anuncia. Al entrar en la app, el usuario acepta el acceso a los contactos de su agenda. A partir de ahí, lo único que hace la app es decirnos si un teléfono que nosotros tecleamos pertenece a algún contacto que ya tenemos o que alguien haya compartido con la app desde su móvil. Es decir, la app se nutre de una potencial gran base de datos extraída de sus usuarios.

En definitiva, estas aplicaciones fomentan las relaciones tóxicas a través del control dentro de la pareja y la glorificación de los celos, principales síntomas de este tipo de relaciones según los expertos. Unas actitudes de acoso que principalmente sufren las mujeres ahora a través de la tecnología.

Lo que aparece en los anuncios es algo que estadísticamente es complicado que ocurra, salvo que se convenza a la pareja de que se instale la aplicación y comparta sus contactos. Si el contacto no está guardado en la agenda, simplemente ofrece el operador al que pertenece de acuerdo a los prefijos que tiene asignados cada compañía telefónica y da la posibilidad de buscar ese número en Google.

Además, la aplicación asegura que permite también bloquear aquellos números que el usuario desee, pero no hay rastro de eso tampoco en las funciones activas de la app.

El jefe de seguridad e inteligencia de amenazas móviles en Avast, Nikolaos Chrysaidos ya alertó en 2019 de que la aplicación tenía trampa, confirmando así las decenas de comentarios en la Play Store que alertaban de ello. A través de un vídeo publicado en su cuenta de Twitter en 2019, Chrysaidos muestra cómo al introducir un número falso lo relaciona con otra persona pero necesita suscribirse y pagar para poder ver el resultado de la búsqueda. Otros usuarios publicaron en los comentarios de la app que incluso registrándose en el servicio de pago después no aparecía ningún nombre.

Una aplicación similar para Android, con el mismo nombre aunque con el icono en diferente color, que acaba de desaparecer de la tienda de Google, también decía ofrecer el mismo servicio que la que sigue disponible para los dispositivos de Apple. En ella, una vez que se introduce un número de teléfono hay que esperar 48 horas para que se pueda visualizar. Una vez que la información se ha cargado, aparece un supuesto historial de llamadas que no corresponde con la realidad.

Además, la aplicación ofrece otra información como la distancia a la que se encuentra la persona a la que le estás rastreando el teléfono, el número de contactos guardados en el dispositivo y los seguidores de Instagram, cuando en ningún momento se introduce ningún usuario ni solicita permiso para entrar en Instagram. Todos esos datos son falsos también.

Una vez que se ha desbloqueado la información, la versión en Android da la posibilidad de saber dónde está el otro contacto. Para ello hay que descargarse otra app, una aplicación que ya no se encuentra en la tienda de Google.

Quién le iba a decir a Dietrich Mateschitz, fundador de Red Bull, que cuando se topó en Tailandia con el popular tónico Karting Daeng que se vendía en gasolineras para prevenir a los conductores de dormirse al volante, estaba dando el primer paso para crear un imperio empresarial.

En 1984, Mateschitz fundó Red Bull GmbHy. El 1 de abril de 1987 Red Bull Energy Drinkse vendió por primera vez en Austria, el país de origen de su fundador. Ese día no solo se lanzó un producto nuevo, también una nueva categoría: las de las bebidas energéticas.

Este grupo de alimentos ha aumentado espectacularmente sus ventas en los últimos años. Según datos oficiales de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), el 68% de los adolescentes (10 a 18 años) de la UE las consumen. Entre ellos, el 12% presenta un consumo “crónico alto” de 7 litros al mes, y otro 12% un consumo “agudo alto”. Lo que más impresiona: el 18% de los niños entre 3 y 10 años toman bebidas energéticas.

El éxito comercial de estas bebidas reside en los objetivos que persiguen sus consumidores. Muchos deportistas las utilizan a diario para intentar aumentar su rendimiento físico. Las personas que deben mantenerse despiertas, para no dormirse. Los alumnos, para estudiar. Quienes salen de marcha las mezclan con bebidas alcohólicas.

Pocos productos alimenticios existen en el mercado que, supuestamente, cubran necesidades tan diversas.

La taurina es irrelevante

Pero desde hace unos años la bebidas energéticas están en el ojo del huracán. Por un lado sus beneficios están en entredicho y, por otro, son muchos los especialistas que advierten de los riesgos de su consumo. Para aclarar la situación lo primero que debemos hacer es analizar su composición, basada en cuatro grupos de componentes.

La mayoría de las bebidas energéticas contienen una serie de “moléculas estrella” que, en teoría, les proporcionan un alto valor añadido. Me refiero a la taurina, el ginseng y la carnitina.

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, el máximo organismo europeo en materia de alimentación, no piensa igual. Su Panel de Nutrición, Dietéticos y Alergias ha dejado claro en numerosos informes oficiales que, a día de hoy, no se ha demostrado ninguna relación entre el consumo de estas “moléculas estrella” y cualquier propiedad saludable.

La más conocida, la taurina, no tiene un efecto positivo sobre las funciones cognitiva, cardíaca y muscular. Tampoco la L-carnitina ayuda a una recuperación más rápida de la fatiga muscular, ni a reparar el tejido muscular esquelético, ni a aumentar la capacidad de resistencia. Con el famoso ginseng ocurre lo mismo. Ninguna de estas “moléculas estrella” tiene efecto positivo (ni negativo) sobre el organismo.

Su presencia en las bebidas energéticas es irrelevante.

Las vitaminas son innecesarias

El segundo grupo de moléculas lo componen una serie de vitaminas del grupo B (niacina, ácido pantoténico, vitamina B6 y vitamina B12) que sí han sido evaluadas positivamente por el Panel de Nutrición, Dietéticos y Alergias de la EFSA, al proporcionar algunas propiedades saludables.

Sin embargo, según las encuestas de ingesta dietética es absurdo consumir un suplemento de estas vitaminas. Los españoles llegamos sobradamente a sus niveles diarios requeridos, ya que se encuentran en los alimentos que consumimos cada día a un precio mucho más barato.

Por tanto, la presencia de esas vitaminas en las bebidas energéticas es ridícula e innecesaria.

Primer problema: la cafeína

El tercer componente de las bebidas energéticas es la famosa cafeína, un alcaloide descubierto por el químico alemán Friedrich Ferdinand Runge en 1819. Esta tiene la capacidad de excitarnos, y la EFSA reconoce que 75 miligramos (mg) mejoran procesos cognitivos que aumentan la atención, la memoria y el aprendizaje.

La mayoría de las bebidas energéticas contienen una concentración de cafeína de 32 mg/100 mL. Al presentarse habitualmente en latas de 500 mL, la cantidad total de cafeína en una sola bebida energética es de 160 mg. Esto representa más del doble de los 75 mg que establece la EFSA como límite mínimo para ser efectiva.

Hay que dejar claro que esta gran cantidad de cafeína presente en las bebidas energéticas de 500 mL puede tener consecuencias graves para la salud. Según la EFSA, un adolescente de 13 años, con un peso medio de 47 kg, no debería consumir más de 147 miligramos de cafeína al día, cantidad que se sobrepasa con una sola lata.

Iré más allá. El consumo de dos latas sobrepasa la sobredosis aguda de cafeína, establecida entre 300 y 400 miligramos, según el peso corporal y el nivel de tolerancia de cada persona. Una vez que sobrepasamos ese umbral aparecen síntomas de inquietud, nerviosismo, insomnio y trastornos gastrointestinales.

El alto contenido en cafeína de estos productos tiene un efecto indirecto peligroso. Muchas personas combinan las bebidas energéticas con alcohol cuando salen de marcha. Pues bien, el efecto depresor del sistema nervioso central provocado por el alcohol, que da lugar al sueño que nos lleva a dejar de beber, es enmascarado por la alta cantidad de cafeína que llevan las bebidas energéticas. Como consecuencia estas personas no sienten sueño, siguen bebiendo, y aumenta el riesgo de coma etílico.

Segundo problema: el azúcar

El ingrediente que más me preocupa de estos productos es el azúcar. Según la OMS, el consumo de azúcares añadidos no debe sobrepasar los 50 gramos de azúcar diarios. Según la misma organización, si esta cifra se reduce a 25 gramos se obtendrán beneficios adicionales, debido a la correlación directa entre el consumo excesivo de azúcar y obesidad, diabetes, caries y enfermedades cardiovasculares.

Dicho esto, la cantidad de azúcar que hay en una sola lata de 500 mL de la mayoría de estas bebidas energéticas es de casi 75 gramos, el triple de todo el azúcar diario recomendado por la OMS.

Seré más explícito: 75 gramos es el azúcar que contienen 15 sobrecitos. Brutal.

Tercer problema: las calorías

Pasemos ahora a analizar el valor calórico de una bebida energética. Mientras una lata de un refresco normal tiene un valor energético de 139 Kcal, un bote de 500 mL de una bebida energética aporta casi 300 Kcal, más del doble.

Estas cifras son muy preocupantes dados los altos porcentajes de obesidad de la población europea. Más si tenemos en cuenta que los consumidores habituales de las bebidas energéticas son la población infantil y juvenil, dos colectivos que presentan en nuestro país altos niveles de obesidad.

Seis medidas urgentes

Ante la preocupante situación que les he expuesto en este artículo pienso que hay que tomar medidas urgentes. En mi modesta opinión, estas son las más urgentes.

- El término bebida “energética” debe ser prohibido. Claramente induce a error al consumidor, al hacerle creer que le va a dar un aporte extra y saludable. Nada más lejos de la realidad.

- La composición de las bebidas energéticas debe ser revisada. La gran cantidad de azúcar que lleva, sumada a las elevadas dosis de cafeína, las convierten en bombas nutricionales. Es cierto que la versión light no es tan perjudicial, pero no la recomiendo por dos motivos. En primer lugar, su alto dulzor. En segundo, cuando en un establecimiento no existe la versión ligera se suele adquirir la normal.

- Es urgente que cambie la legislación europea que regula la publicidad de estos productos. No es de recibo que puedan publicitar en sus envases que su consumo beneficia a la salud por la presencia de una ridícula cantidad de vitaminas que encontramos de forma habitual en la alimentación tradicional, obviando la presencia de ingredientes nada saludables en altas concentraciones. Esta estrategia comercial es lo que se conoce como nutricionismo, y hay que erradicarla.

- El acceso de determinados colectivos a este tipo de productos debe restringirse mucho más. No es posible que niños y niñas de cualquier edad puedan adquirir estas bombas nutricionales sin ningún tipo de traba. No seríamos el primer país en adoptar medidas. En Lituania y Letonia la venta de bebidas energéticas a menores está prohibida desde 2014 y 2016, respectivamente.

- Hay que incrementar los impuestos que se aplican a las bebidas azucaradas. Ya se ha demostrado en muchos países que esta medida, que debería también ampliarse a otros productos insanos, son efectivas a la hora de mejorar la salud pública.

- Hace años se prohibió que las empresas tabacaleras y de bebidas alcohólicas patrocinaran eventos deportivos. Lo mismo debería hacerse con las bebidas energéticas. Los grandes deportistas, que son imitados por millones de jóvenes, no deberían prestar su imagen a este tipo de productos a cambio de contratos millonarios. Los jóvenes son un grupo de población muy vulnerable a la publicidad y al observar que sus ídolos promueven el consumo podrían pensar que son saludables o que mejoran el rendimiento deportivo, cosa que no es cierta.

Estimado lector: el alto consumo de bebidas energéticas se ha convertido en un problema de salud pública. Pongamos fin a este despropósito antes de que sea demasiado tarde.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Puedes leer el original aquí.The Conversationaquí

Entre finales del siglo XIX y principios del XX decenas de vendedores ambulantes recorrían los nuevos asentamientos de la frontera oeste de EEUU ofertando un producto milagro, aceite de serpiente. La pócima, defendían, podía curar desde el dolor de cabeza, el dental, el reuma o un esguince. Estos pseudoctores y su aceite de serpiente pasaron a la historia como el paradigma del bulo. En el siglo XXI, la industria de los wearables (tecnología que se viste o se lleva puesta) vende neurodispositivos para tratar enfermedades degenerativas, insomnio, estrés postraumático o el déficit de atención. Según un reciente estudio, no son muy diferentes del aceite de serpiente: no hay pruebas de que puedan hacer nada de eso.

La investigación ha analizado 41 de los dispositivos más populares que se anuncian como remedios a estos trastornos cuando el usuario busca en Internet sus síntomas o tratamientos y están disponibles para su compra directa a través de plataformas como Amazon. eldiario.es ha podido comprobar que algunos de ellos han estado a la venta en grandes superficies españolas. La conclusión de los investigadores es que casi todos ellos hacen “reclamos sin fundamento científico” y sus fabricantes no tienen ninguna evidencia puedan tratar los síntomas que asegura su publicidad.

¿Cómo se anuncian estos dispositivos? El estudio, elaborado por investigadores de la Universidad British Columbia (Canadá) y publicado en la revista científica Neuron, ha dividido sus reclamos en varias categorías. Las dos más comunes son que pueden aliviar el estrés y la ansiedad, que se repite en el 10% de los productos analizados, o que son útiles para el insomnio o mejorar la calidad del sueño, en otro 10%. Pero los autores han identificado que su publicidad alude a 20 tipos diferentes de supuestos beneficios: aseguran que pueden mejorar el bienestar general, el estado de ánimo, la concentración, el rendimiento físico, la memoria, la autonomía personal, la eficiencia en el trabajo, ayudar con la pérdida de peso... Para casi todo.

Los wearables neurológicos se dividen en dos grupos. Unos sirven para leer el encefalograma y hacen recomendaciones derivadas de este análisis a través de una app adjunta, mientras que otros aseguran que pueden estimular la actividad cerebral por diferentes vías. En el estudio publicado en Neuron los investigadores vieron que se dividen el mercado casi al 50%: 22 de los aparatos que se anuncian con más intensidad en las redes eran del primer tipo, por 19 del segundo. 

El truco de su publicidad es enlazar a textos que pueden parecer científicos o tener relación con el producto y confiar en que el potencial cliente no se los lea. La investigación detectó que 33 de esos 41 dispositivos tenían algún un enlace a otros contenidos para respaldar lo que vende su publicidad, pero solo ocho de ellos eran a “artículos académicos relevantes y contrastados sobre el dispositivo en particular”, detallan los investigadores. El resto eran enlaces a citas de “investigación científica general o explicaciones de conceptos científicos”, a testimonios de usuarios o a estudios del propio fabricante que no han sido revisados por terceros.

Un ejemplo de estas trampas que exponen los investigadores es el enlace que se hace desde uno de estos productos a un artículo sobre cómo la neurotenología puede mejorar el funcionamiento cognitivo en general pero sin explicar cómo se supone que lo hace su dispositivo.

Cuando sus eslóganes sí están sustentados en estudios o evidencias científicas, los investigadores alertan de que emplearlos sin control médico es peligroso y “hay muy poca investigación sobre el impacto a largo plazo del uso de estos dispositivos, especialmente cuando ese uso es a largo plazo y frecuente”. “Muchos permiten al usuario controlar el nivel de estimulación administrada. No es irrazonable imaginar que muchos usuarios entenderán que una estimulación más larga y más intensa equivaldrá a una mejora y un efecto incrementados”, advierten los investigadores, haciendo referencia al peligro y efectos secundarios derivados de este uso. 

Algunos de los productos que menciona el estudio son MeloMind, de MyBrain Technologies (estrés y ansiedad), Senzeband, de Neuro (mejorar la memoria), Muse, de InteraXon (concentración) o Sleep Shepherd Blue (calidad del sueño). La lista completa está presente en el artículo. 

Tecnología médica para reflotar los wearables 

Los wearables llenaron titulares a principios de la década que ahora espira. La ropa conectada y, en general, la tendencia de incorporar procesadores y conexión a Internet a objetos comunes, como relojes o gafas, parecía estar llamada a protagonizar la siguiente gran revolución tecnológica. Fue el gran fiasco. Un pozo en el que cayeron muchos productos cuyas estadísticas de cobertura mediática e impacto en el mercado fueron inversamente proporcionales.  

No obstante, una nueva generación ha devuelto la vida a este segmento, gracias en gran parte a las capacidades médicas de los Apple Watch. La marca de la manzana perfeccionó en 2017 la iniciativa que habían tomado otras marcas al incorporar sensores capaces de medir las constantes vitales y monitorizar el cuerpo del usuario hasta el punto de que consiguió la autorización de las autoridades estadounidenses para realizar electrocardiogramas válidos (que concede la Food & Drug Administration con menos condiciones que las agencias del medicamento española y de la UE, donde dos años después no ha conseguido el certificado).

Las capacidades de los relojes conectados para medir el ritmo del corazón y otros parámetros como el rimo sinusal estimularon a su publicidad a impulsarlos como apoyos a la salud. Pueden programarse, por ejemplo, para mandar avisos a terceros o alertas en caso de las constantes vitales difieran de las normales o si los dispositivos detectan que el portador se ha caído y no se levanta.

Los neurodispositivos sobre los que alerta la investigación de los científicos de la Universidad de British Columbia se basan en esta nueva ola publicitaria que encabezan marcas de referencia para vender productos mucho más allá de lo demostrado empíricamente. 

“Las tecnologías que leen señales o estimulan el cerebro han sido históricamente accesibles solo para investigadores y clínicos. Ahora, sin embargo, se están vendiendo directamente a los consumidores”, avisan en su artículo: “El mercado de la neurotecnología portátil se dirige a los consumidores con promesas de beneficio cognitivo y bienestar personal. La evidencia científica es esencial para fundamentar las afirmaciones sobre la utilidad, la seguridad y la eficacia y para la elección informada y la confianza pública”.