El Sindicato Médico en Castilla-La Mancha (CESM) ha lamentado este lunes que el Ministerio de Sanidad “se esté dedicando a enfangar el terreno”, coincidiendo con una nueva semana de huelga en todo el país.

“No existen esos acuerdos de los que ha hablado el Ministerio porque, entre otras cosas, no ha hablado con quien tiene que hablar, que es con el Comité de Huelga”, ha afeado el secretario provincial del sindicato Carlos Vicario durante una concentración a las puertas del Hospital de Toledo.

Esta concentración en la primera de las previstas esta semana en la comunidad autónoma. La repetirán en el mismo lugar los días 18 y 20 de marzo. Mientras, habrá también movilizaciones a las puertas de otros hospitales de la región. Para el día 18 están previstas concentraciones también en Albacete, en Alcázar de San Juan, en Tomelloso, en Manzanares y en Talavera de la Reina.

El día 19 se celebrarán a las puertas de los hospitales de Puertollano, Valdepeñas, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajra. Ya el 20 de marzo se repetirá protesta en Toledo.

Sobre el Estatuto Marco negociado con los sindicatos sanitarios a nivel nacional, el representante de CESM ha entendido que estos estén “contentos” con este documento, pues “todos los colectivos sanitarios mejoran notablemente”, menos el colectivo de médicos facultativos y residentes.

“Los médicos facultativos y residentes somos minoría en esos sindicatos y por tanto volvemos a ser, como fuimos en 2003, en el actual estatuto marco, la minoría sacrificable. No estamos dispuestos a aguantar esa situación más. Por eso estamos hoy aquí de huelga”, ha remarcado.

A pesar de que en este Estatuto “ponga que efectivamente que tenemos derecho a la carrera profesional”, es algo que “parece papel mojado”, ha mencionado Vicario, porque el “gran problema de este documento es que no cierra ninguna puerta”, no establece un marco legislativo en las condiciones laborales.

La carrera profesional en Castilla-La Mancha

Durante los días de huelga, el sindicato aprovecha también para recordar que siguen reclamando la recuperación de la carrera profesional para este colectivo. Hoy el portavoz en Toledo ha destacado, según recoge Europa Press, “el acercamiento” de posturas con el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) con el compromiso de mantener reuniones hasta el mes de junio para abordar las demandas de este colectivo.

“Las conversaciones parece que van avanzando, se van acercando puntos de vista en cuestiones de plantilla, de mejoras asistenciales, pero aún falta mucho y queda mucho terreno para cristalizar todas esas mejoras”, ha afirmado el secretario provincial de CESM en Toledo, Carlos Vicario, en declaraciones a los medios en el Hospital Universitario de la capital, con motivo de su adhesión a la huelga nacional médica y facultativa.

Vicario ha explicado que ya se ha celebrado un primer encuentro con la Administración regional para “una puesta en común de posturas”, encuentro del que se han extraído “bastantes puntos de coincidencia” y en el que se han abordado temáticas como la “gestión de plantilla” o “mejoras asistenciales”.

“Pretendemos llegar a pactos y acuerdos que queden firmados con la Administración para que todas estas condiciones de trabajo que son tan importantes queden plasmadas en un documento”.

Se celebrarán reuniones en abril --ya hay convocadas al menos dos-- y “existe el compromiso” de que entre mayo y junio prosigan “estas reuniones y estas conversaciones”. En abril se va a seguir tratando y profundizando sobre los temas ya abordados y “hay una reunión convocada para tratar temas concretos de algunos de los hospitales de la comunidad autónoma, sobre procesos asistenciales”.

“Esperamos que para mayo o junio poder tener reuniones monográficas sobre la activación de la carrera profesional”, ha confiado el representante de CESM Toledo.

El PNV ha aprobado sus nuevos estatutos nacionales que establecen la celebración de consultas directas no vinculantes, para “conocer la opinión de la afiliación” sobre determinadas cuestiones, y acortan los plazos en los procesos de renovación de las ejecutivas territoriales y la Ejecutiva Nacional, que tendrán una duración máxima de 30 días. La IX Asamblea General del PNV ha ratificado este sábado en el Palacio Europa de Vitoria el documento definitivo de los nuevos estatutos nacionales de PNV, con el objetivo de “fortalecer y activar a la militancia, reformulando el funcionamiento interno de la organización jeltzale”.

Entre las novedades, se establece, en el artículo 59.bis, la celebración, a propuesta del EBB y tras la aprobación de la Asamblea Nacional, de “consultas directas no vinculantes para conocer la opinión de su militancia” sobre determinadas cuestiones. En este sentido, el sistema será definido en el desarrollo reglamentario, que contemplará la opción de celebrar estas consultas de forma telemática, según recoge Europa Press.

Según ha trasladado el EBB, uno de los principales objetivos de la actualización estatutaria radica en “mejorar la comunicación y los cauces de participación de la afiliación con el partido para que sean más ágiles y eficaces”, adecuándolos a la realidad actual e introduciendo para ello la digitalización en dichos procesos. Muchas modificaciones han sido incluidas en los estatutos, aunque habrá otras actualizaciones tras su desarrollo reglamentario.

Por otra parte y “con ánimo de ampliar los cauces de participación y de comunicación”, se crea “Alderdizaleak”, recogido en el artículo 20 y que define una figura de simpatizantes que deseen mantener una vinculación con PNV y con quienes se establecerán distintos mecanismos de relación. Asimismo, se crea la figura de “Interjuntas supramunicipal” en el artículo 25 bis, que posibilitará la creación de una interjunta entre varios municipios.

La nueva normativa interna 'jeltzale' acorta también los plazos en los procesos de renovación de las ejecutivas territoriales y la Ejecutiva Nacional, que tendrán una duración máxima de 30 días, recogido en el artículo 105. Por otro lado, el artículo 18 regula el 'Plan de Igualdad y contra la violencia machista y por motivos de odio', y establece que el PNV tendrá actualizado en todo momento el 'Plan de Igualdad', el protocolo contra el acoso laboral, sexual y/o por motivos de orientación sexual, y el protocolo de actuación ante la violencia machista.

En cuanto a la representación equilibrada entre mujeres y hombres en procesos interno, el artículo 100 de los estatutos establece que una proporción mínima del 40% y máxima del 60%.

Respecto a las incompatibilidades para formar parte de un órgano ejecutivo interno, recogidas en el artículo 118, no podrá afectar a más del 45% del Consejo Nacional. Además, en los Territoriales, se ponderará en base al número de afiliadas y afiliados de los correspondientes territorios, de forma que hasta 1.499 personas no pueda ser superior al 60%; de 1.500 a 4.999 personas al 50%; y de más de 5.000 personas al 45%.

“Abertzale y democrático”

La formación jeltzale ha modificado también cómo se define a sí mismo en los principios generales: “EAJ-PNV se define a sí mismo como partido vasco, abertzale y euskaldun, democrático, participativo, plural, aconfesional, humanista, europeísta, intergeneracional, diverso, igualitario e inclusivo, abierto al progreso y a todos los movimientos de avance de la civilización que redunden en beneficio del ser humano”.

Asimismo, también en los principios generales, y frente a “la inquietud que han provocado las distintas sentencias judiciales” contra el proceso de revitalización del euskera de los últimos meses, “considera el euskera como lengua nacional vasca y demanda que su normalización sea responsabilidad nacional, asentada en el compromiso de proteger e impulsar los derechos lingüísticos de la ciudadanía vasca, a la que han de servir las personas con responsabilidades públicas e internas de EAJ-PNV”.

Así el partido nacionalista hace suyos los principios inspiradores de “la normalización lingüística eficaz: la acción positiva en favor del euskera, lengua propia de los vascos y vascas, minoritaria y minorizada, y la progresividad, necesaria para una actuación eficaz para conseguir el objetivo de que sea la lengua vehicular de la sociedad vasca”. Por último, en el artículo 3 se recoge que el anagrama del PNV va de verde a rojo, eliminando el degradado, y el logotipo continúa siendo negro.

El EBB asumió el mandato surgido de la primera sesión de la IX Asamblea General, celebrada en marzo en el frontón Atano III de Donostia, y elaboró un primer borrador partiendo de la Ponencia 'Una organización democrática'. La afiliación jeltzale ha presentado un total de 1.000 enmiendas que han sido debatidas en las organizaciones municipales, territoriales y nacional durante los últimos meses, de las cuales han sido aceptadas o transaccionadas el 70% de las mismas. Más de 450 militantes del PNV han refrendado este sábado los nuevos estatutos de la formación.

Mientras la consejera María Ubarretxena negocia estos días en Madrid los materias pendientes, el lehendakari, Imanol Pradales, ha urgido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que cumpla el compromiso de tener completado el Estatuto de 1979 antes de que acabe 2025. En una conferencia en Bilbao organizada por Europa Press, Pradales ha insistido en que Sánchez podrá pasar a la historia como el presidente que completó el autogobierno vasco, pero también le ha enviado un aviso (el segundo, ya que el primero de esta naturaleza lo lanzó en julio en La Moncloa) para que “ponga orden” en su equipo y se puedan cerrar las negociaciones. “La confianza es difícil de construir, pero fácil de perder”, ha apostillado.

“Tenemos un acuerdo que hay que cumplir. Es un acuerdo sustentado en una relación de confianza recíproca entre el presidente Sánchez y yo, como lehendakari. La confianza es difícil de construir, pero fácil de perder. Ambos respondemos de los equipos que lideramos. El año finaliza y la negociación no avanza como debiera. Siguen existiendo resistencias políticas y administrativas tan incomprensibles como fácilmente superables”, ha manifestado. Y ha seguido: “Nuestra determinación es clara. Los vascos somos pacientes. Lo llevamos siendo desde el año 1982, el año de la LOAPA, fecha a partir de la cual comenzó un proceso de encorsetamiento del autogobierno vasco que se ha mantenido constante hasta nuestros días. También somos leales. [Pero] La misma lealtad que ofrecemos es la que exigimos, y no hay necesidad de recordar que los pactos están para ser cumplidos. El presidente Sánchez tiene la oportunidad de ser reconocido como el primer presidente español, desde [Adolfo] Suárez, que trató de respetar la voluntad del pueblo vasco, culminando el acuerdo de Gernika. Mi deseo es que esa aspiración cristalice. Sigo confiando en su palabra, pero los plazos apremian y nos interpelan”.

¿Qué está encima de la mesa? Sobre todo completar la transferencia de la gestión económica de la Seguridad Social, algo nunca antes cedido a otras comunidades autónomas. El proceso ya se inició en julio con prestaciones no contributivas, siguió en septiembre con las políticas pasivas de empleo (el SEPE) pero queda la parte del león, las pensiones, el personal y los recursos. Además, hay otras materias de menor calado y el PNV desea también acuerdos para coparticipar en la gestión de los aeropuertos de Foronda, Loiu y Hondarribia y que se rebaje la categoría del puerto de Pasaia para que pase a manos autonómicas. En esto los socialistas, socios en Euskadi, muestran muchas reticencias.

El acuerdo para cerrar el Estatuto antes de la llegada de 2026 fue un compromiso de Sánchez con el PNV antes de la investidura de 2023. Desde entonces ha habido traspasos de calado, como Cercanías o los permisos de trabajo. Sin embargo, Pradales ha remarcado que ya desde 2020 se manejaba un calendario similar, que han pasado ya “cinco años” y que el reloj sigue corriendo. “Se olvida con frecuencia que el Estatuto fue la plasmación de un pacto político refrendado mayoritariamente por la sociedad vasca y que quien lo incumple no sólo no respeta su voluntad, sino que actúa en menoscabo de los valores democráticos”, ha indicado.

Por otro lado, Pradales también ha abogado por superar ese Estatuto después de que se completen las transferencias pendientes. Toca “profundizar” en las capacidades autonómicas y “blindar” sus contenidos para que no sean erosionados por normativa estatal o sentencias judiciales. “Es lo que ciudadanía vasca demanda. Y es lo que Euskadi necesita”, ha sostenido.

En la conferencia, el lehendakari también ha insistido en el valor de la “estabilidad” que ofrece Euskadi, donde hay un Gobierno con mayoría absoluta, donde los presupuestos se presentan y aprueban con normalidad y donde hay leyes que van saliendo adelante. “Recuperar el valor del 'arte de gobernar' y desterrar el 'combate por el poder'. Porque, yo me pregunto: ¿cuál es el coste de perder la estabilidad que tenemos en Euskadi? Nada se echa de menos, hasta que se pierde. Debemos dar lo mejor que tenemos por cuidarla y preservarla. Así entiendo la responsabilidad política e institucional, incluyendo también la responsabilidad personal y comunitaria con los principios y valores de la democracia. La responsabilidad exige dejar de lado actitudes infantiles y victimistas. Desde el plano personal hasta los mayores problemas que podamos enfrentar, la 'culpa' no recae siempre sobre otros. Es preocupante e inaceptable la falta de responsabilidad de determinados actores políticos, también en Euskadi: echar la culpa a los demás, no asumir las consecuencias de decisiones tomadas, hablar a la sociedad como si fuera menor de edad, o establecer posiciones políticas en función de intereses partidistas. La irresponsabilidad creciente en el ámbito político es gasolina para la desafección, los populismos y las olas antidemocráticas. Debemos reivindicar la autorresponsabilidad”, ha indicado.

Prosigue el juicio al fiscal general del Estado en el Tribunal Supremo. Los jefes de prensa de la Fiscalía General y la Fiscalía de Madrid han revelado que los bulos de Miguel Ángel Rodríguez para defender a la pareja de Isabel Díaz Ayuso empezaron mucho antes de lo que él mismo ha reconocido. A primera hora de la tarde comparecía el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid y a continuación el abogado del novio de esta, Alberto González Amador.

Por otro lado, siguen las reacciones a la dimisión del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Alberto Núñez Feijóo ha cerrado así la crisis valenciana, pero el PP de Valencia está en shock y trata de frenar la sangría intentando cerrar un acuerdo exprés con Vox. Tendrán que acordar con el partido de ultraderecha cualquier candidato. “Si no hay acuerdo con Vox y vamos a elecciones, habrá que hacer primarias; no vamos a tolerar un dedazo”, dijo ayer Inés Peiró, jefa de campaña del expresidente Francisco Camps.

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado la Ley del estatuto del becario, más de dos años después de que el Ministerio de Trabajo firmara y presentara esta norma con los sindicatos.

La plantilla de Técnicos Superiores Sanitarios de La Rioja, formada por unas 400 personas, han secundado al 100% la huelga nacional. Con esta movilización, prevista para los días 30 y 31 de octubre y 3 y 4 de noviembre, protestan contra el borrador del Estatuto Marco que quiere excluirles. “Nos sacan del Estatuto Marco como personal sanitario, pero claro que somos sanitarios, trabajamos en hospitales y con pacientes”, denuncia Susana Albericio. También reclaman ser incluidos en el grupo B y por tanto, aumentar las horas para formación, como llegan pidiendo durante los 18 años que siguen en una “legislación transistoria”.

Los técnicos de La Rioja lamentan que el Gobierno de La Rioja haya dado otros datos del seguimiento de la huelga. “Han incluido a los compañeros que están cubriendo los servicios mínimos como si no estuvieran haciendo huelga”, critica esta técnica riojana, al tiempo que reitera que en La Rioja el seguimiento ha sido total.

Los Técnicos Superiores Sanitarios trabajan en el servicio de laboratorio, radiodiagnóstico, anatomía patológica, radioterapia, medicina nuclear... Es decir, son los encargados de clasificar y analizar todas las extracciones que se hacen en La Rioja, de los cribados, de tratamientos oncológicos, radiografías, pruebas nucleares para la detección de cánceres primarios... Ante ello, recuerdan que sin su trabajo “el sistema se paraliza”.

Ante esta situación, los técnicos sanitarios se manifiestan este lunes 3 de noviembre en una marcha que irá del Ministerio de Sanidad al Ministerio de Hacienda y, según advierte Susana Albericio, “no se descarta la huelga indefinida”. En La Rioja, se están realizando concentraciones cada día en el Hospital San Pedro de Logroño, en el CARPA y en el Hospital de Calahorra para informar a los pacientes de las reivindicaciones y hacerlas visibles.

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha pedido a PNV y EH Bildu “no engañar con soberanías imaginadas” ni dar “saltos al vacío” con la renovación del Estatuto. Andueza ha realizado esta reflexión en el acto que el PSE-EE ha celebrado este sábado en Bilbao para celebrar el cuadragésimo sexto aniversario del Estatuto de Gernika. El líder socialista ha señalado que con la norma de 1979 no solo se recuperaban derechos históricos, sino que se trazaba el camino que ha llevado al “momento de mayor bienestar”.

Según ha indicado, los socialistas son los únicos que pueden decir “alto y claro” que siempre han estado del lado del Estatuto, sobre todo, “en su defensa y desarrollo”. Andueza ha indicado que el Estatuto es “el mejor ejemplo de un modelo de convivencia que funciona” y ha garantizado “bienestar, progreso, libertad para elegir el camino y decidir sobre la gestión de las cosas”, según recoge Europa Press.

Por ello, afirma que le sorprende escuchar que el autogobierno vasco está cercenado, incompleto, erosionado e incluso que es un “pacto de mínimos”, como ha asegurado este sábado el lehendakari. “Es difícil justificar esto cuando gestionamos 97 de cada 100 euros que recaudamos, cuando tenemos plena capacidad de tomar decisiones sobre todo aquello que afecta al día a día de la ciudadanía vasca”, ha asegurado.

Andueza ha defendido que el Estatuto ha procurado a Euskadi un “autogobierno real, inimaginable” hace 40 años y se ha demostrado “eficiente para solucionar los verdaderos problemas de los ciudadanos” como el acceso a la vivienda, la educación o la sanidad, entre otros. Unos asuntos que, según ha subrayado, están “muy alejados, por cierto, de las ensoñaciones de quienes creen que las prioridades de Euskadi solo tienen que ver con cuestiones propias de los nacionalismos excluyentes”.

EH Bildu: “impulso renovador”

EH Bildu, mientras tanto, ha apostado este sábado por un “impulso renovador” y ha llamado a actualizar y revisar tanto el Estatuto de Gernika en Euskadi como el Amejoramiento del Fuero de Navarra, para conseguir “un avance en autogobierno ante unos marcos jurídicos y políticos claramente insuficientes para afrontar con garantías este momento convulso e incierto”. Una reivindicación que se ha hecho en un acto celebrado en Amaiur en el que han intervenido los portavoces de la coalición abertzale en el Parlamento Vasco y el Parlamento de Navarra, Pello Otxandiano y Laura Aznal, respectivamente.

En una declaración conjunta, han defendido la “necesidad de actualizar nuestro marco jurídico y político” y han reivindicado esta efeméride como “una oportunidad para la reflexión colectiva”. En este sentido, han incidido en “la urgencia de un impulso renovador como país: un avance en autogobierno ante unos marcos jurídicos y políticos claramente insuficientes para afrontar con garantías este momento convulso e incierto”. Según han afirmado, tanto el Amejoramiento del Fuero como el Estatuto de Gernika “constituyen marcos que deben ser revisados y actualizados”. “Necesitamos renovar nuestro autogobierno y nuestra foralidad para reforzar su vigencia y su utilidad. Es imprescindible superar, de una vez por todas, los incumplimientos y la erosión permanente ejercida por parte del Gobierno español”, han reclamado.

PP: “más libertad para las personas”

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha defendido que lo que Euskadi necesita “y sería bueno incorporar” a un futuro nuevo Estatuto es “un modelo que aporte más libertad para las personas”, y no “un sistema que condicione a la gente y que prestablezca la ideología”. De Andrés ha clausurado en la Casa de Juntas el acto de conmemoración del aniversario, en el que también ha intervenido la presidenta del PP de Bizkaia, Amaya Fernández.

Ha reclamado “más libertad” para “las personas y la sociedad” en Euskadi, y un Estatuto que incorpore una ley en ese sentido. “El Estatuto debe aportar libertad para crecer, para ensanchar, para atraer talento y para fijar el propio. Un Estatuto que integre y que no expulse, que asuma la pluralidad vasca y que no permita a quienes ejercen el poder la expulsión de quienes no comparten el modelo ideológico”, ha descrito.

El presidente del PP vasco ha expresado que la sociedad vasca necesita de esa libertad “porque sus enemigos operan constantemente para expulsar e incomodar cualquier alternativa que se salga de su modelo ideal, de su proyecto de sociedad”. De Andrés ha defendido que “el Estatuto de Gernika es una forma de expresión de nuestra realidad histórica, la foralidad, que se reinstauró gracias al Gobierno de Adolfo Suárez”, a quien ha calificado de “artífice de la restauración foral y la recuperación de nuestros fueros junto con el pueblo vasco”.

En ese sentido, considera que cualquier nueva ley que “sustituyera o complementara al actual Estatuto” tendría que respetar “el núcleo foral de nuestra autonomía, que responde a la realidad social del País Vasco”, y ha destacado que la “permanencia” del Estatuto es “una muestra de éxito en su redacción y eso se debe de entender satisfactoriamente”.

Podemos: “al servicio de las mayorías sociales”

Podemos Euskadi ha destacado el “valor” del Estatuto de Gernika “para el desarrollo del autogobierno”, pero ha insistido en que “debe servir para poner nuestras competencias al servicio de las mayorías sociales, no para reforzar los privilegios de las élites económicas”, tal y como “lo concibe el PNV”. En una publicación en sus redes sociales, Podemos Euskadi ha expresado, con motivo del 46 aniversario de la firma del Estatuto de Genrika, que “defender el autogobierno es defender los servicios públicos y la mejora de las condiciones de vida”, como “ajustando el SMI y las pensiones a la realidad propia”, algo que es “lo contrario” de lo que “ha hecho el Gobierno vasco esta misma semana”.

Además, ha reivindicado la “culminación del traspaso de competencias” establecido en el texto, y ha demandado a su vez “su renovación” para que “se ajuste a las transformaciones sociales, medioambientales y económicas de la sociedad vasca”. “La renovación del Estatuto debe asentarse en un acuerdo amplio que refleje la pluralidad de nuestra ciudadanía y apueste por el desarrollo de políticas públicas que conviertan a Euskadi en un país más sostenible y avanzado en derechos sociales”, ha concluido.

Este sábado es 25 de octubre y el Estatuto de Gernika, de 1979, cumple 46 años de su validación en referéndum. Ni es un aniversario redondo ni es un día festivo, ya que esa operación solamente duró la única legislatura sin lehendakari del PNV, la de Patxi López. Sin embargo, sí es un año singular para el autogobierno vasco porque, si se cumplen los planes, antes de que acabe el año los Gobiernos central y vasco habrán cerrado las transferencias pendientes desde hace más de cuatro décadas y media. Altos cargos de ambas partes negocian ya los traspasos, incluida la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, iniciado ya este verano y que terminará por ceder a una comunidad autónoma unas funciones de las que nunca antes se ha desprendido el Estado.

“Pedro Sánchez tiene la oportunidad histórica de hacer lo que todos sus predecesores no han hecho. De cumplir en su integridad el Estatuto de Gernika y de saldar la deuda con este pueblo. Estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para facilitar eso. Hemos hecho diez propuestas concretas al Gobierno español. El tiempo avanza. Necesitamos otro ritmo. Solamente pedimos la misma altura de miras que ha mostrado este pueblo, que se cumpla con la palabra dada [...]. Será Pedro Sánchez quien decida cómo quiere ser recordado por el pueblo vasco, como el presidente español que cumplió el Estatuto de Gernika tras años o como uno más en la larga historia de quienes lo incumplieron. Debe decidir si cumple la palabra dada y deja pasar esta oportunidad histórica. Confío, confío en que cumpla y en su mano está”, ha solemnizado este viernes en el Parlamento Vasco el lehendakari, Imanol Pradales.

Pradales y Sánchez supervisan semestralmente este proceso con cumbres bilaterales que ellos mismos presiden. La última fue en julio y activó el proceso con la Seguridad Social. Y se espera una más -quizás la definitiva- en diciembre. Sin embargo, son otros cargos los que están sumergidos en el día a día de las negociaciones. En el caso autonómico, es la consejera María Ubarretxena, de la máxima confianza de Pradales y, además de portavoz, titular de la cartera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno. Se conoce de memoria ya la ruta entre Vitoria a Madrid, con viajes casi semanales a la capital, según se viene publicitando. En su equipo emerge también la figura de la desconocida Begoña Pérez de Eulate, directora de Autogobierno con tres lehendakaris, Juan José Ibarretxe (ocho años), Iñigo Urkullu (ocho años) y ahora Pradales. Al otro lado, el ministro responsable es Ángel Víctor Torres, aunque el interlocutor más frecuente es el secretario de Estado Arcadi España. Después, intervenienen los cargos sectoriales afectados por las negociaciones y aquí el PNV se ha quejado -en público y en privado- que cuando entran en juego áreas de Sumar sienten que las dificultades son mayores.

¿Y qué se negocia? La Seguridad Social es la pieza más codiciada para completar el rompecabezas. El Estatuto dice que la comunidad autónoma tiene competencias de gestión, es decir, de abono de las prestaciones con sus propios medios e instalaciones. El Estado retendría en todo caso las funciones legislativas y la fijación de las cuantías. Siempre se ha dejado claro -entre otras cosas porque lo exige la ley- que el acuerdo nunca romperá la denominada 'caja única', el modelo unitario de financiación del sistema y de solidaridad interterritorial. El proceso se inició en verano con la cesión de prestaciones no contributivas, siguió a la vuelta de las vacaciones con un acuerdo son el Sepe (el antiguo Inem, que gestionaba las prestaciones de paro o políticas pasivas) y ahora se trabaja en las pensiones. El calado del traspaso es tal que podría duplicar el presupuesto actual que maneja la Administración vasca, de 15.000 millones.

Después queda otra decena de materias, pero no tan relevantes. De hecho, los traspasos pendientes más simbólicos ya se han acometido estos años, tanto en el final de la etapa de Urkullu como en el arranque de la de Pradales. Han sido Prisiones (2021), Cercanías (2025) o Costas (también 2025). Euskadi ha pedido también gestionar los paradores de turismo de Hondarribia y Argomaniz, gestionar las matriculaciones de vehículos -sin poder tocar el sistema estatal único vigente desde 2000- y sus permisos de circulación, hacer exámenes de conducción para agilizar la lista de espera, organizar las elecciones municipales -esto lo harían las diputaciones y no el Gobierno vasco-, subrogarse la posición del ICO y de Cofides, reforzar el control autonómico sobre los seguros privados y agrarios y asumir el organismo Cedex. Asmismo, al margen de las transferencias se plantea reforzar la inspección pesquera y el control de los servicios priviados de seguridad. Ahora bien, el Gobierno ha renunciado a las competencias de hidrocarburos -desde 2021 está prohibida la extracción en España- y a ganar funciones en materia de Bolsa, ya que la de Bilbao ya está supervisada 'de facto' por las instituciones vascas. En total, aguardan una docena de acuerdos.

¿Por qué 2025? La fecha fue un compromiso adquirido con Sánchez en 2023 a cambio del apoyo del PNV a la investidura. Técnicamente, podría ocurrir que algunas funciones entrasen en vigor más adelante, pero el objetivo es que los acuerdos políticos estén cerrados en ese plazo. “Euskadi ha hecho sus deberes”, repite la consejera Ubarretxena allá donde le preguntan. Y añade: “Ahora la pelota está en el tejado del Gobierno español”. “Sabemos que no va a ser fácil, pero no es imposible”, inciden desde el Gobierno de Pradales.

En estas conversaciones, la parte del PNV del Gobierno vasco ha incorporado también dos asuntos adicionales, el debate sobre la gestión de los aeropuertos y los puertos. La Constitución y el Estatuto acotan que las infraestructuras que tengan la etiqueta de “interés general” serán de gestión centralizada en ambos casos. Euskadi ya recibió en 1982 la capacidad de gestión de los puertos que no son de ese nivel, por ejemplo. Además, tiene capacidad para hacer nombramientos en los que se mantienen en la red estatal, Bilbao y Pasaia, cuyos directivos llevan años siendo próximos a los nacionalistas.

En el caso de los aeropuertos, los tres tienen la máxima categoría y pertenecen a Aena, el operador estatal con un 49% de capital privado. Sí existe el precedente de Catalunya, que ha creado un gestor autonómico, aunque para instalaciones de pequeño tamaño y poco volumen de tráfico, tanto de viajeros como de mercancías. La propuesta del PNV es que el Estado acceda a crear una filial de Aena. Los Gobiernos central y vasco han constituido una subcomisión para canalizar el interés autonómico en coparticipar de la gestión de las terminales de Loiu, Foronda y Hondarribia, pero fuentes del Estado recalcan en privado que eso, en ningún caso, implicará una transferencia. Se trabaja en una fórmula “negocial” para dar más peso a las instituciones locales.

En cuanto al debate portuario, el asunto es más complejo. El PNV ha pedido públicamente que uno de los dos puertos de “interés general”, Pasaia, sea degradado y transferido. Cree que podría irle mejor con más inversiones y cercanía. Eso sí, su socio de Gobierno y principal fuerza del Ejecutivo central, los socialistas, ha avisado de que no está de acuerdo. Particularmente, las críticas han llegado desde Gipuzkoa. Aseguran que supondrá un riesgo para la competitividad de las instalaciones y de la economía de la zona en general. El PSE-EE guipuzcoano se ha llegado a preguntar por qué no se pide eso mismo para Bilbao, algo expresamente descartado por la consejera Ubarretxena.

¿Y después? Pradales no oculta que quiere un nuevo marco, es decir, actualizar el Estatuto. El vasco no es el único no reformado, ya que el gallego tampoco lo ha sido, pero los procesos anteriores han fracasado, desde el 'plan' de Juan José Ibarretxe hasta la ponencia durante el mandato de Iñigo Urkullu. Ahora, hay un canal discreto de conversaciones entre PNV y PSE-EE, que son socios de Gobierno, y EH Bildu, la principal fuerza de la oposición. Se han aventurado algunos plazos, pero nunca concretos. Los socialistas también avisan que no aceptarán nada que tenga que ver con el derecho de autodeterminación. “La sociedad vasca en cada oportunidad que tiene sigue demostrando su deseo de avanzar y ampliar el autogobierno vasco. La voluntad democrática de este pueblo guiará siempre nuestro futuro. Es mi compromiso”, ha manifestado también Pradales en el Parlamento.

'Ser LGTBI+ más allá de las grandes ciudades' es el lema elegido por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más para celebrar el Orgullo durante todo el mes de junio. Y la asociación PluRal Mancha Centro se lo toma muy en serio. “Desde nuestra ruralidad en el centro de Castilla-La Mancha exigimos las herramientas necesarias para facilitar que las personas LGTBIQA+ no tengan la necesidad de marcharse de nuestros pueblos”, explican desde el colectivo que ha convocado la cuarta edición de su manifestación reivindicativa y que siempre ha hecho hincapié en visibilizar la “ruralidad diversa”.

Será este sábado 21 de junio a las 20 horas en la plaza de España de Alcázar de San Juan. “No vamos a dejar de salir a las calles para reivindicar, exigir el cumplimiento de los derechos humanos que se nos están negando”, aseveran desde el colectivo. “Por desgracia, el panorama político y social que nos acompaña, no está facilitando en nada el cumplimiento de esos derechos que nos corresponden por el simple hecho de existir”, advierten. “Nuestra lucha no puede cesar hasta que llegue el momento en el que toda persona LGTBIQA+ pueda vivir una vida plena y en libertad”, amplían.

Hablamos con Victoria Moreno, presidenta de la asociación manchega. Orgullosa mujer lesbiana y andaluza, explica que no se puede dejar de visibilizar la situación en pueblos, que ni siquiera tienen que ser tan pequeños. Es el caso de Alcázar de San Juan, ciudad con más de 30.000 habitantes. “Existe una necesidad de tenerlo todo autocontrolado, por miedo de visibilizar la realidad LGTBI, de una diversidad sexual, solo por el que dirán, por el miedo que se tiene por uno mismo y por la familia”, recalca.

La sociedad no llega a considerar la comunidad LGTBI como una más

Moreno advierte de que al final se trata de que el colectivo no “llega a tener la libertad total”. “Sencillamente, porque la sociedad no llega a considerar a la comunidad LGTBI como una más, como personas con los mismos derechos”, asevera. “Culturalmente se ha marcado a nuestro colectivo como desmerecedor de la categoría normal de un ser humano”, zanja. Y lamenta que se tilde de “error” la diversidad sexual. “Se nos considera como personas erróneas”, reflexiona Moreno.

En las calles de pueblos como Alcázar, y muchos más de la comarca manchega que se unirán a la marcha reivindicativa, se siguen sufriendo situaciones de acoso, pensamientos suicidas o simplemente, permanece la condena a 'vivir en el armario'. “Es porque hay un discurso muy simplista para personas que no tienen criterio y que se agarran a él, simplemente porque les empodera. Porque así dicen 'yo soy superior' y tú [persona LGTBIQA+] eres inferior a mí. Y no debes existir tal cual eres”, describe. Un discurso de odio que viene de “grandes grupos poderosos” que hacen sentir al colectivo como “ciudadanos de segunda, tercera o cuarta”.

A ello se suma, dice, que hay “mucha gente” que cree que la discriminación contra las personas que manifiestan una diversidad sexual no existe. “Se cree que es parte del pasado, pero es parte del presente. Cualquier posición de poder es muy suculenta. Muy deseada”, reflexiona la activista. “El tema es que la sociedad tuviera capacidad de rebelarse contra ellos, porque para mí el gran porcentaje de sociedad respeta y apoya al colectivo. Ese es mi sentimiento”, explica Moreno.

Protestas en favor del colectivo LGTBIQA+ y tantas otras personas son necesarias, insiste, para apagar las “voces del odio” que parecen más fuertes. “Parece que son las que prevalecen, pero la realidad es que gran parte de la sociedad no se mueve por ese discurso de odio. Es algo realmente muy difícil de dar la vuelta, porque siempre va a estar el que te diga, no, tú eres inferior”.

El activismo desde lo rural

Frente a estas complejas situaciones de acoso y odio, organizaciones “tan pequeñas” como PLuRaL LGTBIAQ+ Mancha Centro trabajan por hacer un mundo mejor para las personas de su colectivo. No es sencillo. “Nos llegan varios casos desde orientadoras, psicólogas, que nos transmiten situaciones de menores trans que ya se han intentado suicidar dos veces. Simplemente por estos hechos PluRaL va a seguir peleando. Es inadmisible que una chiquita de 16 años se quiera suicidar”, asevera Moreno.

La activista lleva dos años al frente de la asociación, y admite que se trata de un trabajo bastante “ingrato” y que requiere demasiada “dedicación” y a veces también demasiado “trato con la clase política”. “Pero debemos seguir, porque las personas de la comarca lo necesitan”, explica. “Necesitamos quien reivindique nuestro derecho a poder vivir donde queramos y sentir la obligación de ir a un barrio de Madrid a camuflarse”.

Ella misma explica que nunca hubo ningún temor a visibilizarse como una mujer lesbiana en el seno de su familia. “Por el nivel de humanidad, valores, cariño y amor que he tenido. Pero dentro de mí, siempre había algo que me decía: si dices que eres lesbiana, quizás recibas algo negativo y eso lo interiorizas permanentemente. Lo vives en tu día a día”, destaca. Hasta sus 43 años, narra, no pudo vivir como Victoria Moreno. “Antes era un montaje, una persona falsa”, explica. Y muchas personas deciden abandonar su entorno familiar y local para buscar uno más anónimo en el que poder ser ellas mismas.

Contra este 'sexilio', el activismo como forma de protección. “No hay que pertenecer a la comunidad LGTBI para apoyarla”, explica Moreno. La asociación está abierta para todo quien quiera involucrarse en la lucha contra la injusticia del colectivo. “Mucha gente llega a nuestra puerta desde la desesperación, en una situación muy límite y necesitan apoyo ante su incapacidad de poder desarrollarse en su identidad sexual como necesitan. Se creen inferiores. Y muchas veces son un familiar o un amigo quien nos busca porque a estas personas se les ha ido de las manos”, resalta.

“Piensa que incluso en el Estatuto que se quiere aprobar no se ha nombrado en ningún momento al colectivo LGTBI. Y es desde un partido [el PSOE] que nos lleva de la mano, que nos apoya y nos acompaña. Finalmente, resulta que son los primeros que fallan”, concluye. Y la manifestación de este sábado es una “herramienta más” para que nada de esto “quede impune”.

El PSOE no obligará al líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, a dimitir de su cargo en el partido y como presidente de la Diputación de Badajoz pese a que este jueves se le ha abierto juicio oral por parte del Juzgado de Instrucción Número 3 de Badajoz que mantiene abierta la causa por la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Una modificación estatutaria en el 41 Congreso del partido que tuvo lugar en Sevilla el pasado noviembre incluyó una excepción que permitirá a Gallardo seguir al frente del partido en Extremadura y de la diputación provincial.

Aunque el código ético del PSOE establece que una vez que se abre juicio oral, los dirigentes socialistas tienen que dimitir, la disposición adicional sexta de los estatutos que salieron del cónclave apunta a que la comisión de garantías “garantizará el cumplimiento” de los “altos valores éticos” entre la militancia y sus cargos, “conjugándolo con la defensa de estos frente al uso de instrumentos jurídicos para conseguir finalidades políticas, dentro de los límites establecidos en la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos”. Así, como los socialistas consideran que toda la causa contra el hermano de Sánchez tiene una naturalidad política, interpretan con ese apartado que Gallardo no tiene que dejar sus cargos.

El líder del PSOE de Extremadura ha sido procesado este jueves junto a Sánchez y otras nueve personas por presuntos de delitos de tráfico de influencias y prevaricación relacionados con la creación de una plaza de empleo público de coordinador de los conservatorios pacenses y su posterior adjudicación al hermano del presidente del Gobierno.

La decisión de la jueza se producía en pleno proceso para que Gallardo se convierta en diputado autonómico y, con ello, en aforado. Su entrada en la Asamblea de Extremadura estaba prevista oficialmente para el próximo jueves, 29 de mayo, después de que una diputada socialista presentara su renuncia, al igual que los cuatro suplentes que estaba delante de Miguel Ángel Gallardo en la lista del PSOE para las elecciones extremeñas de 2023. No obstante, fuentes socialistas aseguran que la junta electoral emitió el miércoles la credencial a Gallardo y se registró en la Asamblea el mismo día con su petición de ingreso, aunque la toma de posesión del acta se llevará a cabo el día 29, por lo que ya estaría aforado.

La jueza informa en su último auto que la causa se llevará en el juzgado de lo Penal de Badajoz. Pero si con el registro de la credencial y su petición de ingreso en la Cámara autonómica fueran suficientes para ser diputado y estar aforado, la causa se elevaría al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

El CSIF ha reclamado un estatuto marco sanitario que “satisfaga las expectativas económicas y laborales de todo el personal”, tal y como han exigido a través de una concentración en Logroño, frente a la Delegación del Gobierno en La Rioja. CSIF ha pedido a la ministra de Sanidad una propuesta “ambiciosa, inclusiva y dé respuesta efectiva a las necesidades de los trabajadores del sector sanitario”.

Los participantes han portado una pancarta en la que se podía leer sus principales pretensiones como que el estatuto para todas las categoría para “garantizar la calidad asistencial” o “jubilación parcial, anticipada y por coeficientes para el personal estatutario”. En la protesta se han coreado mensajes en contra de la ministra de Sanidad, Mónica García, y otros relativos a las peticiones del sindicato.

“Después de todas las presiones realizadas durante estos meses por CISF, y coincidiendo hoy con las concentraciones en toda España, la ministra de Sanidad por fin nos convoca mañana para presentarnos una nueva propuesta de Estatuto Marco”, afirma Fernando Hontangas, presidente del sector de Sanidad de CSIF.

Así, continua, desde el sindicato consideran que “esta propuesta debe incluir muchas cuestiones, una nueva clasificación, las retribuciones que lo acompañan, mejoras en la jornada, mejoras en la jubilación y una nueva propuesta que satisfaga las exigencias de todos los profesionales del Sistema Nacional de Salud”.

Antes de la concentración de La Rioja, el delegado de Sanidad del CSIF, Rubén Truchuelo, ha recordado que la situación “está como el día 6 de mayo para reivindicar la negociación del Estatuto de Marco que se está llevando el Madrid”. “Llevamos ya con este tema casi dos años, y el Ministerio da un poco largas, porque tras varias reuniones no se concreta nada”. “Pedimos una reclasificación de todas las categorías profesionales de los distintos servicios de salud, porque el Estatuto de Marco es eso, es una ordenación jurídica, laboral, de todas las categorías profesionales”, ha indicado.

CSIF ha considerado que “desde el 2003 que lleva hecho el Estatuto Marco, es buen momento para darle una vuelta y a cada profesional ponerle en su categoría correspondiente, dependiendo de sus méritos, su formación, su responsabilidad”. A ello, ha unido que “hay que darle una vuelta al tema de las jubilaciones; somos sanitarios con muchas responsabilidades, entonces hay veces que estar hasta los 67, 68 años trabajando, es la problema”. “Y luego -ha añadido- están también los técnicos sanitarios superiores, medios y superiores, que sí que se les ha aprobado su reclasificación a C1 y B, pero no se materializa”.

Truchuelo ha lamentado: “No se dan pasos, se está estancando, se están dilatando demasiado las negociaciones y no vemos que se concrete nada”. “En definitiva, que es al final lo que nos interesa, que se concrete, que se tome medidas, que se haga publicado, y llevar ya unas compensaciones económicas a ese reconocimiento de categorías”.

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha pedido al PP “responsabilidad y seriedad” de cara a la Comisión de Asuntos Generales que celebran este jueves las Cortes regionales en la que se designará la ponencia encargada de elaborar el Informe sobre la Proposición de Ley del Estatuto de Autonomía.

Padilla ha advertido a los 'populares' de que ya “no tienen excusas” y ha valorado que se vuelvan a dar pasos para avanzar en la aprobación de este nuevo texto estatutario que ha considerado “tan necesario” para la Comunidad Autónoma.

“En los últimos meses el PP no ha mostrado ninguna voluntad de desbloquear la posibilidad de llegar a un acuerdo”, ha sostenido, para agregar que los 'populares' “tienen delante un texto que es satisfactorio y bueno para la región, que se ha trabajado y acordado de manera conjunta aunque luego rompieran su acuerdo”.

Además, ha señalado la portavoz, ahora se les ha dado respuesta para “salvar” los “supuestos obstáculos” que “tienen” para poder apoyarlo con la bajada de la horquilla máxima de diputados de 59 a 55 y el compromiso de no modificar en esta legislatura actual ley electoral para “no cambiar las reglas de juego en mitad del partido”.

“Esas dos cuestiones ya se les ha garantizado y por lo tanto no tienen excusas y si el PP vota 'no' al Estatuto será muy evidente cuál es su posición”, ha manifestado, para incidir en que un acuerdo en la reforma del Estatuto sería “una buena noticia” para Castilla-La Mancha y que el PP “decida impedir ese acuerdo no lo va a entender nadie en esta región”.

Hace unos días se celebró en Madrid la manifestación de los profesionales médicos contra la propuesta de Estatuto Marco presentada por el Ministerio de Sanidad, convocados por diferentes organizaciones sindicales de este colectivo en Madrid. 

Son varios los principales motivos por los que el personal facultativo considera rechazable la propuesta de Estatuto: en primer lugar, que las modificaciones propuestas para aprobación por el ministerio no suponen ninguna mejora en las condiciones laborales actuales de los facultativos; un segundo motivo, que consideran que declarar la incompatibilidad de los médicos en los cinco años siguientes a terminar su formación, o en el caso de los jefes de servicio, puede provocar una fuga de profesionales en un momento cómo el actual de falta de médicos; tercero, la creencia de que existe una discriminación de los facultativos, no sólo respecto al resto de categorías sanitarias, sino también respecto al resto de trabajadores en cuanto a la regulación de la jornada laboral, puesto que a los médicos se les podría imponer una jornada máxima mucho mayor, de hasta 48 horas en cómputo cuatrimestral, mientras se trabaja por reducir la jornada laboral a 35 horas semanales para otros trabajadores.

También hay otros motivos no menos importantes, como que existe un desacuerdo total a que esta propuesta iguale en el mismo grupo a profesionales con diferentes niveles de formación, y eso podría conllevar un aumento retributivo para otros profesionales, pero no para los médicos y facultativos. Los sanitarios solicitan tener un mayor protagonismo en la elaboración de esta normativa, buscando un nuevo 'Estatuto propio del Médico', por considerar que, tras dos años de negociaciones, no se les ha tenido en cuenta. 

Como otros temas estrella está solicitar la eliminación de la obligatoriedad de la jornada de guardia, un aumento retributivo equiparado al resto de países de Europa para evitar la fuga de profesionales, el reconocimiento de la medicina como profesión de riesgo, la posibilidad de acceder a una jubilación voluntaria y flexible, una mayor estabilidad en el empleo, sin movilidad forzosa y con permanencia en los destinos adjudicados, y la creación de una nueva clasificación profesional que englobe a los médicos, considerando su grado de responsabilidad y requisitos de formación. En principio, todo son cuestiones razonables a primera vista.

Por parte del ministerio, y según declaraciones recientes de la ministra Mónica García, se justifica la elaboración del Estatuto Marco argumentando que el actual Estatuto, que regula las relaciones laborales desde 2003, está “obsoleto”, que con su reforma se busca mejorar las condiciones de los profesionales, que con el borrador del nuevo Estatuto Marco se busca poner fin a la precariedad y a la inestabilidad en el sistema sanitario refiriéndose a interinos y eventuales. A grandes rasgos afirma que esta reforma protege a los médicos y profesionales sanitarios de los recortes y que el Estatuto es una legislación básica, aunque señala que la reivindicación sobre mejoras retributivas no se incorpora en este borrador porque este aspecto es una competencia de las comunidades autónomas. Parece claro que el objetivo del ministerio es cambiar el marco regulatorio para aprobar un nuevo texto que ponga fin a las guardias de 24 horas con una nueva regulación de la jornada laboral, que puede compartirse o no. 

La ministra ha expresado su “máximo respeto” a las movilizaciones y ha recalcado que desde el ministerio siguen trabajando “en permanente diálogo con todos aquellos que quieran realmente llegar a un texto consensuado”. Hay dos datos a destacar: que el texto actual es solo un borrador, y que en el ministerio están abiertos a propuestas.

Hasta aquí los dos posicionamientos aparentemente enfrentados. Desde mi perspectiva como médico de familia, considero que son más los puntos de encuentro que las discrepancias, y me explico. En primer lugar, podrían existir puntos de encuentro si se abordaran las preocupaciones específicas del colectivo médico dentro del marco de un estatuto renovado, empezando porque existe implícitamente en ambas posturas, un consenso implícito en que el Estatuto Marco de 2003 necesita una revisión y actualización para adaptarse a la realidad actual del Sistema Nacional de Salud. Y un segundo aspecto no menos importantes es que ambos planteamientos tienen como objetivo, terminar con la precariedad laboral, aunque los mecanismos para lograrlo y su impacto en la estabilidad de las plantillas médicas creo que deben ser cuidadosamente considerados tanto por el ministerio para proponerlos, cómo por los sindicatos médicos que ahora rechazan la propuesta. 

Pero considero que hay dos cuestiones sobre las que se necesita y se debe profundizar el dialogo: la primera sobre la regulación de la jornada laboral y la reducción las guardias de 24 horas que puede servir cómo punto de partida para un acuerdo, siempre y cuando la nueva regulación tenga en cuenta las particularidades de la atención médica continua y no se traduzca en una sobrecarga asistencial en otros formatos, teniendo en cuenta que el acuerdo sobre cómo se computan las horas de descanso post guardia es crucial; la segunda cuestión que hay que debatir para acercar posturas es, que aunque de inicio el ministerio parece reacio a un estatuto propio para los médicos, podría haber margen para incorporar en un Estatuto Marco común, secciones o anexos que reconozcan las especificidades de la profesión médica en términos de formación, responsabilidad y riesgos. Quizás la vía de convergencia esté en buscar una clasificación profesional diferenciada dentro del sistema.

Pero, no nos engañemos. Para que los puntos de encuentro se materialicen, debe existir voluntad de acuerdo en ambas partes. Es fundamental que el Ministerio de Sanidad profundice en la escucha activa de las demandas de los sindicatos médicos y esté dispuesto a negociar aspectos clave como la regulación específica de la jornada, la diferenciación profesional, las incompatibilidades y la participación de los médicos en la elaboración del texto definitivo. Pero también lo es, que los sindicatos convocantes demuestren que su voluntad es ante todo resolver los problemas de los profesionales, no solo de los colectivos, dentro de esos profesionales, a los que representan.

Partiendo de que ya en la propia convocatoria de huelga se señala por parte de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos que es urgente abordar todas estas cuestiones de fondo para evitar un mayor conflicto y garantizar una atención sanitaria de calidad, y que desde el Ministerio se quiere evitar el conflicto, la conclusión sería que mañana ya es tarde para iniciar el diálogo.

La experiencia enseña que el primer impedimento para un acuerdo se crea, cuando se recurre a ejercer presión sobre el otro, por ejemplo, mediante una manifestación, porque hay un principio inamovible en política: que nadie admite negociar bajo condiciones impuestas, porque entonces no hay negociación. Y tampoco estratégicamente parece acertado, que, si se quiere alcanzar un acuerdo con el ministerio, en lugar de exigirle que convoque a negociar con día, hora y lugar para sentarse a buscar una solución, veamos cómo las organizaciones convocantes, lo que hacen es reunirse con representantes del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, cómo han hecho la Comisión Permanente de la CESM y el presidente y el secretario general del Sindicato Médico Andaluz (SMA).

Repito, estratégicamente esto es un error de bulto, porque mientras no se demuestre lo contrario, la oposición te va a dar la razón, porque ni tiene capacidad de negociar cómo si la tiene el ministerio, ni va a negociar. Más de un medio de comunicación ve en esa maniobra una busqueda de desgaste político del ministerio, que una muestra de voluntad por solucionar los problemas de los profesionales.

Y luego hay dos aspectos de las reivindicaciones expuestas que para muchos son cuestionables, cómo lo es no asumir la incompatibilidad que exige una dedicación exclusiva en la pública para jefes de sección y otros cargos de responsabilidad del Sistema Nacional de Salud, estar en misa y repicando; y un segundo elemento, que en una sociedad que dice buscar la igualdad, se rechace frontalmente y sin plantear alternativas, el hecho de que el borrador presentado iguale a los médicos con otras categorías profesionales con requisitos distintos. Los facultativos no somos iguales en responsabilidades, pero si lo somos cómo trabajadores. Mejor reivindiquemos esa responsabilidad, sin necesidad de ningunear a otros colectivos con también tienen sus responsabilidades, aunque diferentes.

Los médicos castellanomanchegos también han asistido a manifestarse en Madrid. Hasta se ha contado con el apoyo de los colegios que han facilitado el desplazamiento, como no podía ser de otra manera, puesto que la Confederación de Colegios de Médicos respalda a los sindicatos médicos en la reivindicación de un estatuto propio. Pero los colegios no deberían olvidar que las retribuciones de los facultativos es una competencia autonómica y el ministerio no era el lugar de esa reivindicación y que tienen diecisiete consejerías ante las que demandar esas mejoras salariales. Y ya puestos todos a buscar soluciones al problema que sufren sus colegiados, no estaría mal que fuesen esos colegios médicos de nuestra región los primeros en exigir la convocatoria de una mesa de diálogo, sin ruido, solo en busca de soluciones, tanto con el ministerio cómo con todas las comunidades autónomas.

Mucho ruido llama la atención, pero nunca fue sinónimo de abundancia en nueces, y a los profesionales (y más a los rurales), nos sobra ruido y nos faltan nueces. 

El Gobierno vasco celebrará un acto institucional de recuerdo y homenaje en Ajuria Enea el próximo 16 de junio, presidido por el lehendakari, Imanol Pradales, con motivo del 45.º aniversario de la jura de cargo del lehendakari, Carlos Garaikoetxea, y de la primera reunión del Consejo de Gobierno del primer Gobierno vasco de la etapa estatutaria.

En un comunicado, el Ejecutivo vasco ha anunciado que el homenaje se llevará a cabo en Ajuria Enea, sede de Lehendakaritza, como “símbolo del arranque de una nueva etapa en Euskadi, tras casi cuatro décadas de dictadura y represión”, según recoge Europa Press.

Asimismo, ha puesto en valor que “aquel primer Gobierno, liderado por el lehendakari Garaikoetxea, afrontó una situación de máxima inestabilidad política y social, marcada por la ilusión y la esperanza, pero también por profundas incertidumbres”. “Con gran determinación, se pusieron entonces las bases de un país moderno y democrático”, ha valorado.

Imanol Pradales ha destacado que la labor del primer Gobierno vasco “permitió sentar los cimientos de la Euskadi actual, un país moderno, competitivo y avanzado que nos ha permitido a quienes hemos ido tomando el testigo disponer de herramientas para seguir creciendo en prosperidad y en bienestar”. “Capacidades que tenemos que seguir fortaleciendo y ensanchando, porque, aunque hemos mejorado en casi todos los ámbitos, cada generación tiene sus propios desafíos e incertidumbres”, ha manifestado para reivindicar “encararlas con la misma determinación, autoexigencia y acierto de aquellas personas que dieron lo mejor cuando todo estaba por hacer”.

El Gobierno vasco pretende que el acto del 16 de junio sea “una cita de reconocimiento, memoria y agradecimiento a quienes, en un contexto adverso y complejo, abrieron camino y construyeron las estructuras institucionales que han permitido el desarrollo de Euskadi en los últimos 45 años”.

El PSOE de Castilla-La Mancha ha anunciado un ultimátum al PP para continuar con la tramitación de la reforma del Estatuto de Autonomía de la región. O se desbloquea en un plazo concreto, la Semana Santa, o se desechará esta “oportunidad” para poder aprobar un nuevo texto consensuado.

El secretario de Organización del partido, Sergio Gutiérrez, lo ha resumido así: “Vamos a dar una última oportunidad al PP”. “Son muy difíciles de entender las razones por las que el PP rompió el pacto que se fue fraguando durante doce meses de trabajo discreto” resaltó el político.

El PSOE suspendió la tramitación de la reforma del documento regional en octubre de 2024, después de que el PP registrase una enmienda para mantener una horquilla de diputados entre los 25 y los 35; Vox registró una enmienda similar entonces.

Gutiérrez ha lamentado que al PP la “palabra le dure un verano” y aseveró que “todas las hojas [de ruta]” en las que se planteaban las modificaciones del Estatuto de Autonomía están firmadas tanto por el PP como por el PSOE, antes de que los 'populares' decidiesen presentar la enmienda.

“La palabra al señor Núñez le ha durado exactamente un verano”, ha insistido Gutiérrez, que recordó que en el acuerdo se habían tomado también en cuenta las aportaciones de decenas de colectivos. El proceso, resaltó, “no se merece acabar así”, por lo que han decidido dar una “última oportunidad” a los 'populares' con una fecha límite: la Semana Santa.

Si hasta entonces no se desbloquean las negociaciones, resaltó, se “desechará la oportunidad” de aprobar el Estatuto de Autonomía. “Y daremos explicaciones de hasta qué punto la falta de reforma se corresponde con la falta de palabra del PP”, advirtió el socialista. “Saldrá a la luz por qué le PP ha incumplido su palabra”, con los “documentos pertinentes”. Por eso, desde el PSOE han exigido quue se impulse la tramitación parlamentaria, pero puntualizando que no quieren crear “falsas expectativas”.

Parecerse a Cospedal, “ni en los andares”

El PSOE no ha descartado aprobar la reforma del Estatuto en solitario, valiéndose de la mayoría absoluta en el Parlamento regional. “Está todavía encima de la mesa”, explicó Gutiérrez. Sin embargo, también resaltó que una tramitación de este tipo necesita consenso, y que lo había hasta que se produjo la espantada del PP. “El PSOE puede demostrar que el proyecto de Estatuto registrado en las Cortes está firmado con el PP. Nadie me podrá negar que están de acuerdo con ese proyecto”, resaltó el responsable político.

Pero los socialistas quieren defender la política de consenso, que esgrimen como bandera, y no tomar decisiones que recuerdan otra época, la de Cospedal. “No queremos parecernos ni en los andares a Cospedal. Ni en los recortes ni en las formas ni en el Estatuto”, explicó Gutiérrez, en referencia a la reforma de este documento que se realizó previa a la reforma de la Ley electoral regional, que se tachó de “pucherazo” y que salió adelante solo con los votos del PP.

Finalmente, Gutiérrez aseguró que “muchos dirigentes” del PP quieren un nuevo estatuto, tras haber trabajado en las negociaciones para su reforma.

El presidente de la Mesa del Tercer Sector, José Antonio Romero, ha señalado que el jefe del Ejecutivo regional, Emiliano García-Page, se ha comprometido a liderar el proceso de negociación con PP y PSOE para que la reforma del Estatuto de Autonomía “salga cuanto antes” y que sea una “herramienta” que sirva para tener “una Castilla-La Mancha más inclusiva y más social”.

Tras una reunión de García-Page con este representantes de la Mesa del Tercer Sector, en declaraciones a los medios, Romero mantiene la esperanza para que esta reforma cristalice después de las aportaciones realizadas al texto por parte de este colectivo.

“Teníamos muchas esperanzas puestas y seguimos con las esperanzas puestas en que el Estatuto salga adelante cuanto antes. Desde el Tercer Sector hicimos bastantes aportaciones para darle un carácter más social, más igualitario, con los derechos sociales y la singularidad y la presencia que tiene que tener el Tercer Sector”, ha afirmado.

Con el objetivo de que quede un nuevo Estatuto “del siglo XXI”, Romero ha hecho un llamamiento a PP y PSOE para que retomen las negociaciones, con el objetivo de que esta reforma se convierta en una realidad.

En este contexto, la titular de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, después de la preocupación mostrada por la aprobación del Estatuto de Autonomía por los miembros de la Mesa del Tercer Sector, ha manifestado que “van a seguir trabajando de la mano” para conseguir este fin.

Así, ha recordado “la importancia que tiene el Estatuto y la importancia que tiene no tirar por tierra el trabajo que todo el mundo ha estado haciendo durante estos meses, con mucho énfasis e intención de que Castilla-La Mancha cada vez sea una región más grande, más importante y fuerte, para a su vez fortalecer también la vida de nuestra ciudadanía”.

Nuevo convenio con la Mesa del Tercer Sector

También, García Torijano ha avanzado que firmará un nuevo convenio de colaboración con la Mesa del Tercer Sector por tercer año consecutivo, con el objetivo de financiar las estructuras de la Mesa, con una cantidad presupuestaria de 460.000 euros que da la posibilidad “a esa estabilidad, no solamente con palabras, sino también con hechos y con políticas y apuestas sociales”.

Asimismo, han establecido un calendario de trabajo conjunto en el desarrollo de diferentes estrategias y de análisis de la normativa pendiente, “justo en el mes en el que se cumplen cinco años de la aprobación de la Ley del Tercer Sector, que se aprobó en enero del 2020”, ha señalado Romero.

En la reunión, el Tercer Sector de Castilla-La Mancha ha abordado con el presidente regional “las necesidades principales que tienen los colectivos más vulnerables en situación de pobreza, exclusión social, personas con discapacidad, personas mayores o la situación de las personas migrantes”, entre otros.

La Mesa del Tercer Sector es la voz de sectores de entidades pertenecientes a la Discapacidad como es el CERMI; la lucha contra la pobreza con EAPN-CLM; la Plataforma de Organizaciones de Infancia, la Coordinadora de ONG para el Desarrollo, o ACESCAM representativa de las entidades sociales que gestionan recursos residenciales especializados para personas mayores. Pertenecen también a la propia Mesa, Cruz Roja y la ONCE, como entidades singulares.

2024, un balance de año con mucho por contar

El presidente de la Mesa del Tercer Sector, por otra parte, ha hecho un balance sobre la actividad del sector durante 2024 destacando el “impacto en la sociedad” tanto de la Mesa como de las redes y plataformas que la componen. “La Mesa ha impulsado la promoción y divulgación de la X Solidaria del IRPF y la Casilla Empresa Solidaria, en el impuesto de Sociedades en Castilla-La Mancha y eso ha repercutido en que una mayor cantidad de dinero proveniente del IRPF de los ciudadanos y el Impuesto de Actividades Económicas de las Empresas sirva para la articulación, mantenimiento e implantación de proyectos sociales en la región”, ha indicado Romero.

Por otro lado, el presidente de la Mesa ha avanzado que desde el pasado año se está trabajando en los desarrollos normativos de la Ley del Tercer Sector con el diseño del que será el futuro Inventario de Entidades del Tercer Sector de Castilla-La Mancha y la futura Estrategia de Promoción del Tercer Sector de Castilla-La Mancha, “de la que queremos que sea dinámica, práctica y participada, y por ello estamos articulando el sector con dinámicas participativas”, ha dicho Romero, detallando que ya se han realizado en Ciudad Real y Albacete y que está previsto en los próximos meses realizar jornadas participativas en Cuenca, Guadalajara y Toledo. 

El PSE-EE, que celebra en los próximos meses su congreso, ha incluido en el borrador de su ponencia política una propuesta de reforma del Estatuto que va más allá de un mero retoque para introducir mejoras sociales, como se había dicho, y que, de plantearse, generaría un gran debate político. Textualmente, el documento aboga por que “el nuevo Estatuto atribuya al Parlamento Vasco la competencia normativa en materia tributaria” en detrimento del poder foral, toda una singularidad de la arquitectura institucional vasca. Se justifica en que el nivel autonómico es el que afronta el “mayor esfuerzo financiero”, el 70%, y el que tiene las competencias más relevantes. No se dan muchos más detalles.

En la práctica, el Gobierno y el Parlamento tienen en Euskadi menos competencias fiscales que muchas comunidades de régimen común, porque son las Diputaciones y Juntas Generales las que regulan toda la tributación concertada (casi todos los impuestos con la excepción del IVA y otros especiales) y gestionan el 100% de la recaudación. En el pasado, con las inundaciones de 1983, el entonces lehendakari, Carlos Garaikoetxea, sí aprobó un recargo autonómico en el IRPF. De hecho, la ruptura de Garaikoetxea con el PNV y la creación de EA se explica, en parte, por diferencias sobre el poder foral. Patxi López, siendo lehendakari, amagó también con medidas fiscales de este tipo pero no llegó a activarlas. Recientemente, el Parlamento Vasco ha regulado algunas figuras como el canon de renovables y se ha planteado también que la tasa turística sea un impuesto autonómico.

Eneko Andueza, que seguirá como secretario general después del congreso y que ha presentado este martes el documento junto con su autor principal, Pau Blasi, ha aludido a que hay una “oportunidad histórica” para actualizar el Estatuto, que data de 1979 y que es el único no reformado junto con el de Galicia. Apuesta, eso sí, por no mezclarlo con el debate sobre el derecho de autodeterminación, algo que ven como divisivo y problemático. Meses atrás, el PSE-EE sí había accedido a incorporar un reconocimiento de la nación vasca.

La ponencia, textualmente, plantea que cualquier modificación ha de hacerse con “lealtad” y “solidaridad” hacia el resto de España y siempre preservando o ampliando los consensos que suscita el marco vigente. “Sabemos que no es fácil. Sabemos que el desafío es enorme. Pero también que los mayores avances del desarrollo estatutario han venido siempre de la mano de los socialistas”, se puede leer en el documento, que ahora está sujeto a enmiendas.

El texto tiene 46 páginas y arranca destacando que el PSE-EE es un partido influyente en Euskadi, que ha ido ganando terreno institucional en los últimos años. Aseguran que han sabido adaptarse de ser “casi en exclusiva” una organización dedicada a la “lucha contra el terrorismo” de ETA y de “confrontación con los nacionalistas por cuestiones identitarias” a otra que abraza las “grandes transformaciones”. En este sentido, alerta de las “brechas” en el modelo de bienestar de la comunidad autónoma y aboga por recuperar los “estándares” de calidad de Osakidetza -se dice textualmente que hay margen para destinar más presupuesto al tiempo que se da por bueno el que se ha presentado para 2025-, por cuadruplicar los recursos para cuidados y servicios sociales -un nuevo formato que vienen llamando ya desde hace tiempo Gizakidetza- y por ofrecer políticas de “hospitalidad” a la población migrante. Critican veladamente al PNV por vender que existe un “modelo vasco” de acogida de extranjeros cuando las competencias son del Estado.

La ponencia desarrolla más en detalle los temas que el PSE-EE gestiona en el Gobierno de Imanol Pradales, como Vivienda, Turismo, Transporte o Empleo y calca casi tal cual un apartado sobre educación de la ponencia anterior, la de 2021, en la que da por superados los modelos lingüísticos A en castellano, B mixto y D en euskera en la red educativa después de que, en 2023, se empeñara en mantenerles en la nueva ley mediante una enmienda no exenta de polémica. En la teoría, el PSE-EE exhibe también su preocupación por el hecho de que Euskadi sea la comunidad autónoma con más peso de la enseñanza concertada, casi un 50% que genera un “equilibrio inusual”. Insiste, por ello, en que la pública ha de ser el “referente”.

“En el País Vasco existe una anomalía en este sentido, ya que la red pública y la red concertada son prácticamente simétricas. [...] Reconocemos la importante labor de la escuela concertada en el País Vasco, que ha contribuido a la formación de miles de jóvenes y ha respondido a una demanda social en contextos diversos. [Pero] Desde una perspectiva socialista reivindicamos la escuela pública como el eje central del sistema, ya que es el garante de la igualdad de oportunidades, la cohesión social y la normalización del euskera, y el espacio más adecuado para construir una educación inclusiva y accesible para todos”, apunta el texto en su página 23.

Por lo demás, el PSE-EE usa también las siglas LGTBI, ya sin los añadidos retirados por el PSOE en su congreso federal, alerta de los riesgos del cambio climático y avisa de tecnologías como la inteligencia artificial. El documento no se ha traducido al euskera. Hay un apartado específico también para reconocer a las víctimas de ETA y de otros terrorismos. Se menciona directamente el GAL y la violencia policial ilegítima. Los socialistas han asumido ahora también la cartera de Justicia y Derechos Humanos y, con ella, el Instituto de la Memoria (Gogora). Insisten en aplicar “una memoria basada en el rigor histórico” porque han visto “imprecisiones, medias verdades o invenciones intencionadas”. “Una sociedad adulta, y la vasca lo es, tiene que saber gestionar también su pasado, por muy sucios que puedan ser algunos de sus pasajes”, agrega la ponencia.

El partido más antiguo de Euskadi

El PSE-EE ha presentado también otro documento sobre modelo de partido y con un borrador de los estatutos que quieren visar en el congreso. Los socialistas definen ahí Euskadi como “nación” y recalcan que son la organización que “más se parece” a la sociedad vasca y también el partido más antiguo en Euskadi, creado en 1886 (el PNV es de 1895). Aseguran que no se puede ser socialista sin ser feminista, se etiquetan como “partido verde” y subrayan la necesidad de formar a los cuadros, de captar talento y de combatir la desinformación.

Se indica también que “la militancia es el timón” del PSE-EE. “Hemos cambiado la forma de elegir las secretarías generales consolidando el procedimiento de primarias en la organización, siendo un ejemplo de democracia interna. Empoderamos el papel de la militancia dándoles la voz en los procesos internos”, se puede leer. No obstante, Andueza ya ha sido técnicamente nombrado para un segundo mandato sin votación y sin siquiera recoger avales ante la falta de oposición interna. En 2021, en su estreno, sí compitió contra Soraya Morla. Después del congreso vasco, previsto para febrero, llegarán los de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.

Los Gobiernos central y vasco han cerrado este lunes en la comisión mixta de transferencias el traspaso de dos nuevas competencias acordadas hace unas semanas por Pedro Sánchez e Imanol Pradales, la gestión del litoral y de la actividad cinematográfica y audiovisual. El Estado descontará del Cupo 6,2 millones de euros y cederá 14 funcionarios. Por otro lado, una subcomisión ha perfilado ya la siguiente transferencia, que estará lista en las próximas semanas. Se trata de la concesión de autorizaciones de trabajo a extranjeros, que completará las atribuciones autonómicas en materia de inmigración después de que este mismo año se cerrara otro acuerdo. En todo caso, el grueso de las políticas de extranjería siguen siendo competencia exclusiva del Estado.

La comisión mixta de transferencias se ha reunido este lunes en Madrid copresidida por el ministro Ángel Víctor Torres y por la consejera María Ubarretxena, aunque han acudido otros altos cargos de ambas partes como el secretario de Estado Arcadi España o la delegada en Euskadi, Marisol Garmendia, de un lado, y la vicelehendakari Ibone Bengoetxea y los consejeros Noël D'Anjou y Amaia Barredo, del otro. Ese foro, como es preceptivo, ha formalizado los dos traspasos ya anunciados. El Gobierno vasco considera que son “relevantes” aunque su dotación económica sea pequeña, de apenas 6,2 millones en conjunto.

Se trata de la gestión del litoral, que dará más capacidades a Euskadi a la hora de regular obras, permisos y otras actuaciones en la línea de costa. En su momento se habló incluso de más facilidades para agilizar proyectos de energías renovables, pero en el terreno práctico afecta a embarcaderos o incluso a chiringuitos o carriles-bici. Se ha cerrado en 4,3 millones de euros -el 6,24% del gasto total del Estado en la materia- y en 14 funcionarios el montante de la transferencia. La segunda competencia es la gestión de la actividad cinematográfica y audiovisual, cifrada en 1,9 millones -y sin personal- pero a la que se le ha querido dar un carácter simbólico por permitir impulsar la producción en euskera. “Para un país pequeño, con un idioma propio, el euskera, poder disponer de más recursos para este ámbito es prioritario”, ha dicho Ubarretxena, que es consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno además de portavoz del gabinete de Pradales.

Como ambos traspasos ya estaban decididos, la novedad del viaje ha estado en la reunión previa de una subcomisión bilateral. En ella se ha acordado firmar en las “próximas semanas” otra transferencia. Se trata de la relativa a las autorizaciones laborales de personas extranjeras. Documentación oficial apunta a que el Gobierno autonómico desea “asumir todas aquellas actuaciones administrativas no vinculadas en sentido estricto a las actuaciones ejecutivas en materia de extranjería (control de fronteras, entrada, residencia, trabajo y régimen sancionador de los extranjeros) y que pueden encuadrarse en títulos competenciales de la comunidad autónoma de Euskadi”. “En concreto las funciones y servicios a transferir conllevarían la ejecución de la legislación laboral en materia de autorizaciones de trabajo de los extranjeros cuya relación laboral se desarrolle en la comunidad autónoma de Euskadi, incluida la inspección y sanción”, se apunta en estas fichas. Por el momento, solamente Catalunya gestiona esta materia. Se da la circunstancia de que hace unos meses ya se acordó una pequeña transferencia en materia migratoria vinculada a la segunda fase de los procesos de acogida.

Estaba pactado que en 2024 se cerrarían también otras tres materias, pero la crisis tras las inundaciones de Valencia han retrasado el resto de procesos unas semanas y ahora se confía en que pueda ser así a principios de 2025, justo con el cambio de año. Están sobre la mesa Meteorología -en Euskadi coexisten Euskalmet y Aemet y toca regularizarlo con un acuerdo económico-, Salvamento Marítimo y un centro de maquinaría con sede en Barakaldo.

Para 2025 queda la parte sustancial de las transferencias pendientes desde 1979. Y es que Pedro Sánchez ha comprometido la cesión de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, algo nunca antes traspasado. El Estatuto ya acota que no podrá tocarse la 'caja única', aunque el Gobierno autonómico quiere gestionar 12.000 millones en prestaciones. El lehendakari Pradales, de su lado, ha recordado que desea redondear ese acuerdo con las políticas pasivas de empleo (las prestaciones de paro) y una mayor capacidad para la Inspección de Trabajo autonómica, que ahora cohabita con la estatal. El PNV ubica también en la lista el traspaso de puertos y aeropuertos, pero la Constitución acota que solamente es posible para instalaciones que no sean de “interés general”.

Ubarretxena, en Madrid, ha agradecido al Gobierno central su “disposición” para los acuerdos, así como el clima “colaboración y diálogo”. De hecho, la puesta en escena de los acuerdos ha sido compartida y entre sonrisas. El 26 de diciembre, justo después del día de Navidad, se celebrará una nueva reunión bilateral para continuar con las negociaciones estatutarias.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Imanol Pradales, han constituido este miércoles en Madrid -con algunas semanas de retraso por la prioridad que se le dio a la gestión de las inundaciones en Valencia a finales de octubre- la nueva comisión bilateral de cooperación para agilizar los traspasos pendientes del Estatuto de 1979, que la parte vasca cuantifica en 29. En realidad, era un órgano previsto desde 1987 que nunca se había activado, incluso tampoco la pasada legislatura cuando Iñigo Urkullu lo puso encima de la mesa. Hay consenso en que en el plazo aproximado de un año se completen todas las transferencias, incluida la gestión económica de la Seguridad Social. Como guiño, Pradales regresará a Vitoria con dos acuerdos ya cerrados en el zurrón, la gestión del litoral y del fondo de apoyo al cine.

La intención es que en las próximas semanas, el 16 de diciembre, se reúna ya el órgano legalmente competente para firmar las transferencias, conocido como comisión mixta, y que el Estado ceda ya estas dos primeras materias. En el primer caso es un asunto que también se negocia con Galicia, no sin polémicas. Euskadi aspira a gestionar autorizaciones de todo tipo en playas, pantalanes o zonas de fondeo, tales como establecimientos de hostelería o chiringuitos, por ejemplo. Pero también se ha destacado la posibilidad de crear carriles-bici o contribuir a la transición energética con nuevas infraestructuras en la costa, incluidos aerogeneradores. En lo tocante al fondo de apoyo a la cinematografía, es una partida estatal que en 2016 llegó a ser de 60 millones. El régimen del Concierto Económico hace que ahora la comunidad autónoma asuma el equivalente al 6,24% de ese dinero para ejecer esas competencias, que complementarán otras que ya ejerce el Gobierno vasco en el ámbito cultural. “Es la última pieza del puzle”, ha señalado el lehendakari, que cree que permitirá apoyar especial la producción audiovisual en euskera. Se da la circunstancia de que hace solamente unas semanas se alcanzó un acuerdo fiscal también que permitirá a Euskadi mejorar los incentivos para captar rodajes.

El Gobierno de Pradales desea también cerrar otra media docena de asuntos que ya están muy avanzados este mismo 2024. En esa lista está Salvamento Marítimo como materia más relevante. Se trataría de que el Ejecutivo autonómico asuma las funciones y medios de la entidad Sasemar, entre ellas una base en Bilbao, embarcaciones, remolcadores o incluso un helicóptero que opera en la costa vasca aunque tiene su helipuerto en Santander. Está en la mesa también Meteorología. Euskadi ya creó su agencia propia paralela a Aemet, que se llama Euskalmet. Pero faltaría acordar o el traspaso de los medios actuales del Estado o bien una dotación económica compensatoria, según los documentos de trabajo que maneja la parte vasca.

Pradales ha dado mucha relevancia al tema de las políticas de migración. Ya se hizo una transferencia menor hace unos meses y ahora el nuevo Gobierno vasco demanda una cambio en la normativa de extranjería y nuevas funciones en las autorizaciones laborales e inserción. También desea un reparto “ordenado” de las llegadas -a Pradales le preocupa especialmente el “desequilibrio” con los menores- y que se tenga en consideración la situación de Euskadi como “frontera norte”. En Irún-Hendaya ha habido devoluciones en caliente en los últimos años, así como fallecimientos de migrantes en tránsito.

Para 2025 quedarían los puntos más sensibles. Ahí se incluye la Seguridad Social, una materia nunca antes cedida a una comunidad autónoma y que todavía hoy suscita dudas en determinados sectores políticos por la supuesta ruptura de la caja única, algo expresamente prohibido en el propio Estatuto. Euskadi estima en 12.000 millones el gasto en pensiones que podría gestionar, aunque las cuantías y la legislación seguirían en manos del Estado.

A esta competencia se asocian las políticas pasivas de empleo (las prestaciones de paro) y la ampliación de las capacidades de la Inspección de Trabajo vasca, que ahora cohabita con la estatal. El PNV quiere también los puertos y aeropuertos de interés general, pero aquí el PSE-EE, socio en Euskadi y que dirige Transportes, ha torcido el morro. Los puertos marítimos de menor categoría ya son de gestión autonómica y el Gobierno vasco ha tenido capacidad para nombrar a sus personas de confianza en los del Estado, muchos de ellos excargos del PNV. La Constitución blinda que las infraestructuras de interés general no sean traspasadas y hay voces que alertan que solamente podrían cederse si son previamente degradadas, lo que lastraría su competitividad. Lo mismo ocurre con los aeropuertos de Aena. En Catalunya se fue a un marco de dos redes pero el principal, el de Josep Tarradellas-El Prat, continúa en manos del Estado.

La de este miércoles ha sido la tercera reunión entre Sánchez y Pradales en menos de seis meses. Primero el presidente visitó a Ajuria Enea -es solo el tercero en hacerlo- y después hubo una segunda cita en Madrid en el marco de la ronda del jefe del Ejecutivo con todos los líderes autonómicos. Fuentes vascas no niegan que han encontrado en este tiempo una cierta sintonía. Con Urkullu Sánchez era más reacio a los encuentros e incluso no atendía sus cartas. El modelo de la comisión bilateral busca ser un espacio permanente de trabajo entre los Gobiernos central y vasco. También se aspira a que sea el foro en el que se diriman posibles conflictos competenciales para evitar la litigiosidad del pasado ante el Tribunal Constitucional.

La comisión como tal se ha iniciado a las 17.30 horas pero unos minutos antes Sánchez y Pradales han podido de partir en solitario. Después ya se han sumado los equipos de ambos, encabezados por el ministro Ángel Víctor Torres de un lado y la consejera María Ubarretxena del otro. Por el Gobierno español han estado también los secretarios de Estado Arcadi España, de Política Territorial, Pilar Cancela, de Migraciones, Fernando Mariano Sampedro, de Unión Europea, y otros altos cargos. Con Pradales y Ubarretxena han estado la vicelehendakari y consejera de Cultura, Ibone Bengoetxea, el secretario general de la Presidencia, Mikel Iriondo, y la directora de Autogobierno, Begoña Pérez de Eulate, entre otros. A las 19.30 horas aún no habían comenzado las comparecencias. Sin embargo, mientras estaba reunido con el presidente, ha sido publicado un mensaje en su nombre en la red social X comentando la retirada de la música de Benito Lertxundi que luego ha sido borrado.

Pradales, en su comparecencia ante los medios de comunicación, iniciada en euskera, ha anunciado también otros compromisos al margen de los estatutarios. Ha anunciado, por ejemplo, una cumbre entre Francia, España y Portugal que tendrá lugar en Bilbao “a principios de 2025” o que aspira a dar el paso definitivo para crear una macrorregión atlántica en abril. España se ha comprometido también a hacer 'lobby' con Irlanda y otros países para impulsar este proyecto bajo la presidencia de turno de Polonia, que según Pradales ya sería partidaria de crear macrorregiones. Asimismo, Pradales dice contar con el “compromiso” del Estado para impulsar la oficialidad del euskera en las instituciones europeas. “Seremos exigentes”, ha dicho Pradales sobre los pactos.

Por otro lado, el lehendakari ha asegurado que tiene intención de viajar a Santander el 13 de diciembre para la conferencia de presidentes autonómicos convocada por Sánchez. Ha indicado que le gusta estar en todos los foros en los que pueda representar los intereses de Euskadi. Eso sí, ha prevenido que esa misma jornada tiene agenda en Vitoria, la última sesión de control del Parlamento Vasco de 2024. Ha confiado en poder encajar horarios.

El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la reforma de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (LORAFNA), el equivalente en Navarra al Estatuto del resto de comunidades autónomas, para dar garantía jurídica al traspaso de las competencias de Tráfico y Seguridad Vial a la comunidad foral. Tras el veto del PP y Vox en el Senado, la Cámara Baja ha vuelto a aprobar, esta vez de forma definitiva, el traspaso de las competencias, que tendrá que volver a negociarse entre los Gobiernos navarro y central.

La reforma ha salido adelante con los mismos apoyos que recibió en septiembre, los 179 votos de los de los grupos que sustentan el Gobierno de Pedro Sánchez, además de UPN, y únicamente ha contado con el rechazo de PP y Vox. Con la reforma se modifican dos artículos del estatuto: el artículo 49, explicitando que “además de las facultades y competencias que viene ostentando, corresponden a Navarra la competencia para la ejecución de la legislación del Estado, así como las funciones de vigilancia y control del tráfico”; y el artículo 51, en el que se añade un nuevo punto que especifica que será la Policía Foral quien ejerza esta competencia.

El veto del Supremo primero y el del PP y Vox en el Senado después, han retrasado los plazos para el traspaso de las competencias que había sido fijado cuando los dos Gobiernos firmaron el acuerdo. Entonces se fijó el 2027 como el año en el que la Policía Foral comenzaría a ejercer en exclusiva las tareas de tráfico en la comunidad foral que ahora comparte con la Guardia Civil. Ahora, según detalló hace unas semanas el vicepresidente primero del Ejecutivo navarro, Félix Taberna, ambos gobiernos deberán volver a negociar el decreto de trasnferencias, que esta vez contará con garantía jurídica, tal y como sentenció el Supremo.

La Guardia Civil seguiría ejerciendo sus funciones como hasta ahora de manera compartida con la Policía Foral hasta 2027, fecha que el Ejecutivo de María Chivite ha fijado como límite para reforzarse con los 149 agentes que se ha calculado que hacen falta para, sumados a los 227 que ya vigilan las carreteras del territorio foral, ejercer la competencia de manera exclusiva. Entre los nuevos agentes de la Policía Foral podrán incluirse agentes de la comandancia de tráfico de la Guardia Civil que quieran permanecer en Navarra y cambien su uniforme verde por el rojo merced a una pasarela incluida en la ley de Policías de Navarra de 2018 mediante una enmienda defendida por el entonces parlamentario de UPN Sergio Sayas, hoy en las filas del PP.

La “trágica” y “extraordinaria” crisis en Valencia como consecuencia de la gota fría, que ha dejado ya más de 200 fallecidos, ha motivado la suspensión 'sine die' de la reunión prevista para este miércoles en Madrid entre el lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En el que iba a ser el tercer encuentro desde que Pradales relevó a Iñigo Urkullu estaba prevista la constitución de una comisión bilateral permanente para cerrar antes de que acabe 2025 las transferencias pendientes desde 1979, que son 29 según la parte vasca y que incluyen el traspaso de la gestión económica de la Seguridad Social.

“Ajuria Enea y Moncloa, en comunicación desde el pasado jueves, han decidido de común acuerdo aplazar la reunión de la comisión bilateral de cooperación permanente prevista para este día 6 de noviembre”, han informado fuentes de la Presidencia vasca. Añaden que “se seguirá trabajando y se anunciará una nueva fecha tan pronto como sea posible”. El encuentro acumulaba ya un ligero retraso ya que había sido prometido para finales de octubre.

Desde el equipo de Pradales indican también que “el Gobierno vasco sigue coordinando al conjunto de las instituciones vascas a fin de seguir canalizando la ayuda, los recursos y la solidaridad de la ciudadanía vasca hacia la Comunidad Valenciana”. “Con este objetivo, se mantiene abierto de manera permanente el canal de comunicación con la Generalitat valenciana y el Gobierno español”, agregan desde la Presidencia vasca. Este domingo, cinco días después de la dana, partió un primer convoy con vehículos y personal tanto autonómico como foral o de las capitales. Los Bomberos de Bizkaia, por ejemplo, se habían quejado de que estaban listos para ser movilizados desde el minuto uno.