Las entidades y asambleas de la comunidad educativa valenciana han impulsado una propuesta conjunta de hoja de ruta para mantener la presión sobre la Conselleria de Educación y exigir la reapertura efectiva de las negociaciones. El calendario planteado, que será sometido a votación del profesorado y del personal de atención educativa y de administración entre el 19 y el 23 de octubre, combina jornadas de huelga general, movilizaciones descentralizadas y una campaña continuada de protesta bautizada como el “Novembre Verd”.

La iniciativa nace de las aportaciones del conjunto de colectivos tras las movilizaciones de final del pasado curso y busca dotar al sector de una respuesta coordinada ante la falta de acuerdos concretos con la administración autonómica. El objetivo principal de estas movilizaciones radica en “mantener la presión sobre la Conselleria de Educació, exigir la reanudación efectiva de les negociaciones y avanzar en las reivindicaciones de la comunitat educativa”.

El calendario de grandes movilizaciones contempla como primera cita clave la jornada de huelga general del próximo 11 de noviembre, que contará con un bloque específico enfocado en la enseñanza pública. Asimismo, la estrategia prevé la celebración de manifestaciones en las capitales de provincia el sábado 12 de diciembre.

De cara al inicio del segundo trimestre, el proceso de consulta ofrece dos opciones alternativas para secundar huelgas sectoriales por provincias: una primera horquilla fijada para los días 19 de enero en Alicante, 20 de enero en Valencia y 21 de enero en Castellón; y una segunda alternativa los días 2, 3 y 4 de febrero. Con ello se busca consolidar una escalada progresiva del conflicto en función de la respuesta del departamento que dirige Carmen Ortí.

El “Novembre Verd” y la presión en los centros

Como eje vertebrador de la protesta a corto plazo, el plan establece el inicio del 'Novembre Verd', una ronda continuada de concentraciones que tendrán lugar tanto en horario matinal como vespertino frente a la sede de la Conselleria en València, las direcciones territoriales de Alicante y Castelló, y otros puntos. Estas movilizaciones pretenden facilitar la participación de familias, alumnado y profesorado por medio de turnos rotatorios de hora y media de duración.

En el ámbito de los centros educativos, la hoja de ruta fomenta los denominados “dijous combatius”, el uso diario de prendas reivindicativas, la remisión masiva de escritos de queja y el cumplimiento estricto del horario laboral con la suspensión de actividades voluntarias. Además, se promoverán acciones comarcales y locales —como bicicletades, marchas y actos culturales— en colaboración con otros servicios públicos y movimientos sociales.

Para validar la estrategia, los convocantes han habilitado un sistema de votación telemática idéntico al empleado en los procesos anteriores del pasado mes de junio. El formulario permitirá al personal docente posicionarse sobre el documento global, elegir las fechas de los paros previstos para el segundo trimestre y determinar el grado de participación semanal en las concentraciones del 'Novembre Verd', garantizando que cualquier modificación sustancial responda a una decisión colectiva y verificable.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ofrecerá a los sindicatos convocar el próximo año un total de 949 plazas de docentes para Educación Secundaria. Lo ha avanzado el presidente regional, Emiliano García-Page, en el marco del 29º Congreso Nacional de Empresas de Formación que organiza, durante toda esta jornada, la Confederación Española de Empresas de Formación (CECAP) en el Palacio de Congresos 'El Greco'.

“Yo creo en lo público, pero no como contraposición de lo privado”, ha remarcado Page, quien ha indicado que también se ha propuesto a los sindicatos sanitarias otras 1.820 plazas.

De otro lado, ha resaltado “la agilidad que aporta el sector privado” en la necesaria “adaptación permanente” que exigen los procesos de formación, al tiempo que ha insistido en que resulta “enormemente importante que quien pueda formar, pueda ir adaptándose a los cambios permanentes”.

Una adaptación “permanente”

“España es un país que, desde el comienzo de su historia, ha estado permanentemente adaptándose, una cualidad que nos da ventaja posicional de cara al mundo”, ha argumentado, por lo que ha indicado que “el mundo que viene va a echar mano de una capacidad genuina que tenemos de siempre, que es la capacidad de repentizar, por no decir improvisar”.

En este 29º Congreso Nacional de Empresas de Formación, el presidente castellanomanchego ha estado acompañado por la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; el presidente de Cecap, Félix Marín; y la presidenta de esta entidad a nivel autonómico, María Eva Martínez, entre otros.

La tensión en el ámbito educativo valenciano regresa a primer plano. Los sindicatos de la enseñanza pública no universitaria STEPV, CCOO y UGT han anunciado este martes que retomarán las movilizaciones y barajan la reactivación de la huelga indefinida del profesorado. La decisión responde a lo que califican como una ruptura de la confianza y de la buena fe negociadora por parte de la Conselleria de Educación, tras considerar insuficientes las propuestas planteadas para resolver las reivindicaciones del sector.

“La conselleria ha roto la confianza, la buena fe negociadora, otra vez y dinamita toda la voluntad de acuerdo que estamos mostrando desde la suspensión de la huelga”, ha manifestado el delegado sindical de UGT Ensenyament en el País Valencià, Kilian Cuerda. Las declaraciones se han producido en una rueda de prensa convocada a las puertas de la Conselleria de Educación, después de que los representantes sindicales denunciaran la denegación de autorización para celebrarla en el interior del edificio oficial.

Desde las organizaciones sindicales critican que la propuesta del departamento que dirige Carmen Ortí se limite a un calendario de 47 mesas ordinarias para el curso 2026/2027 que, a su juicio, elude los temas troncales planteados tras los paros de mayo y junio. Entre las cuestiones pendientes, Marc Candela, coordinador de Acción Sindical del STEPV, ha recordado la recuperación del poder adquisitivo del profesorado, la mejora de la red de infraestructuras y el impulso efectivo de la educación en valenciano.

Primeras acciones y llamada a la huelga general

Como respuesta inmediata al bloqueo, los sindicatos han convocado una gran asamblea abierta a todo el profesorado para el próximo martes, 20 de octubre, con el objetivo de definir una postura firme de presión. Asimismo, han realizado un llamamiento formal a la comunidad docente para secundar la huelga general prevista para el próximo 11 de noviembre, y buscan articular un bloque potente contra la masificación de las aulas, la falta de cobertura en las sustituciones y los recortes presupuestarios en las plantillas.

El malestar sindical también se extiende a medidas recientes de la administración, como la modificación del decreto de comisiones de servicio —rechazada también por CSIF y ANPE—, y a lo que Cuerda ha calificado de “provocación” en alusión a las políticas de control sobre el profesorado. En este escenario, los representantes sindicales confían en que el encuentro previsto para el próximo 21 de octubre con la consellera Carmen Ortí suponga un “gesto” y un cambio radical de postura, aunque advierten de que mantendrán las protestas si no se presentan soluciones tangibles.

Las negociaciones “nunca se han roto”

Por su parte, el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ha rechazado tajantemente las acusaciones de inacción, y ha defendido la continuidad del diálogo institucional. “No podemos retomar unas negociaciones que nunca se han roto. Nosotros hemos estado negociando desde hace meses, en julio estuvimos negociando, continuamos negociando y hemos planteado un calendario de 47 mesas de negociación. La negociación en ningún momento se ha roto”, ha afirmado, y ha reiterado la invitación a los tres sindicatos para que se sumen a los espacios de diálogo establecidos.

En paralelo, la Coordinadora d'Assemblees Docents del País Valenciano (CADPV) ha remitido una petición formal a la conselleria para exigir la apertura inmediata de un proceso negociador con plazos definidos y compromisos verificables. Desde la coordinadora advierten de que la situación de la enseñanza pública requiere de “responsabilidad institucional” y de medidas estructurales urgentes que vayan más allá de las meras declaraciones de intenciones, así como que se consolide un canal de comunicación permanente que evite la cronificación del conflicto en las aulas valencianas.

Se revuelve la calle a mes y medio de las elecciones. Médicos y docentes acumulan meses de protestas por todo el estado, a las que se suman en las últimas semanas las movilizaciones por la vivienda que cristalizarán en una huelga general el próximo 11 de noviembre. Cada uno por sus razones —hay quien dice que las huelgas de facultativos y del profesorado son contrarias en sus objetivos— y con diferentes destinatarios —el Ministerio de Sanidad los primeros, las comunidades autónomas los segundos— la realidad es que dos de las patas del estado del bienestar ponen tensión en la calle y los partidos en un momento clave.

Las quejas de los médicos se dirigen al departamento que dirige Mónica García por el estatuto marco. Agrupados en torno a los sindicatos propios y enfrentados a los generalistas, que de hecho pactaron con Sanidad, exigen un texto legal propio, separado de otros sanitarios, que atienda, dicen, las particularidades de su profesión.

El profesorado lleva al menos dos cursos manifestándose y parando por toda España para exigir más recursos que les permitan poder atender la creciente complejización de la docencia, con aulas más diversas y una ley que les obliga a atender de manera individualizada a cada estudiante.

Para Sergio García Magariño, profesor titular de Ciencia Política en la Universidad Pública de Navarra, no es una coincidencia que las protestas se produzcan en este momento. “Habría que examinarlo con más detalle para testarlo, pero los tiempos no son casualidad. Al haber expectativa de elecciones [las protestas vienen de mucho antes de que fueran convocadas] la movilización se vuelve estratégica, se puede sacar más partido por los tiempos políticos de la movilización”, sostiene.

Luis Miller, investigador del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ponía contexto a las protestas hace unos meses: “Desde antes de la crisis de 2008 no ha habido ningún intento de reforma estructural, se están viendo las costuras del sistema. Ha habido algún aumento de sueldo para compensar los recortes, pero se está notando la falta de reformas en dos décadas. Para mí es uno de los dos o tres principales problemas que tiene el país”.

Además, ambas protestas se producen, una situación que puede resultar contraintuitiva, en un contexto económico positivo, con España acumulando crecimiento trimestre tras trimestre. El problema, cree García Magariño, es cómo lo hace: “Los estudios sobre las condiciones sociales de las protestas por mejoras económicas plantean que lo que detona las protestas no es solo la condición objetiva de mayor o menor precariedad, sino sobre todo las expectativas de mejora frustradas, combinadas con la percepción de que es posible mejorar. Quienes protestan lo hacen porque ven una distancia entre lo que tienen y lo que esperarían tener”, arranca.

Además, sigue, “España está creciendo mucho a nivel macroeconómico, pero el poder adquisitivo de la gente ha bajado, porque la inflación es muy superior a la subida, por ejemplo, de los salarios (que también ha habido). Por último, España tiene una desigualdad estructural mucho más acentuada que la media en la UE y la desigualdad (y no la pobreza) suele ser el factor principal que nutre la indignación y el malestar. Ver que la economía crece, que hay más millonarios y que tú no te beneficias de ello es el principal catalizador del malestar social”, sostiene.

Este experto considera que la movilización en la calle, aunque se produzca con un Gobierno progresista en Moncloa, es favorable para la izquierda. “Las protestas que incluyen temas sociales claros (vivienda, salud pública, educación pública) suelen tener el efecto de movilizar al votante de izquierda, que está menos movilizado. Aunque aparentemente pueden entenderse como una crítica al Gobierno, también se entiende que un Ejecutivo de izquierda va a ser más sensible a estos problemas”, opina.

Los docentes no pueden más

Las protestas docentes van por barrios, por lo que mezclan cuestiones regionales con elementos comunes que afectan por todo el estado, y de fondo sobrevuela la creciente precarización de las condiciones en que se ejerce la docencia en los últimos años.

Al profesorado cada vez se le exige más. Lo explica una directora de instituto veterana: “Hay que atender de forma individualizada la diversidad en el aula, dice la ley, y la diversidad es enorme. Hay problemas de salud, de conducta, de aprendizaje... hay que atender a todos de forma diferenciada y, después, hacer el preceptivo informe. Nos vemos un poco desbordados para atender a cada alumno como requiere la ley, no tenemos tiempo”, cuenta.

Y luego está todo lo que no está en la ley. “Nos caen todos los problemas que la sociedad no consigue resolver”: “Si hay un problema de alumnado con drogas tenemos que solucionar el problema de las drogas con la juventud. Si hay problemas de conductas autolíticas también tenemos que ocuparnos de eso. Tenemos que educar a los niños en el uso del móvil, de las redes sociales, que hagan un buen uso de la Inteligencia Artificial, ahora nos tenemos que ocupar de que los niños coman bien...”

El profesorado quiere mejores ratios (menos alumnos por clase), impartir menos docencia semanal para poder ocuparse mejor de cada estudiante En el meollo de las protestas también están las diferencias en las nóminas que reciben los docentes según la comunidad autónoma, pero el hecho de que tanto en Catalunya como en la Comunitat Valenciana hayan rechazado mejoras de cientos de euros al mes porque no venían acompañadas de recursos para el sistema indica que la económica personal no es la principal motivación de los paros.

Pero el descontento es generalizado. El curso pasado acabó con huelgas feroces en Catalunya (donde ya ha habido protestas este curso también) y la Comunitat Valenciana y este va a abrir con una indefinida en Madrid a partir del 14 de octubre y movilizaciones al menos en Andalucía, Cantabria y Aragón.

Médicos en pie de guerra

Los médicos también están en pie de guerra. El Estatuto Marco pactado entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos CCOO, UGT, CSIF, Satse-FSES y Cig Saúde —los que están presentes en las mesas del ámbito— hizo cundir el descontento entre las organizaciones sindicales del gremio, que reclaman una voz propia en la negociación y un estatuto propio. Desde febrero hasta junio, estos fueron protagonizando paros semanales cada mes.

La próxima cita marcada en el calendario de paros era el 28 de octubre, cuando estaba prevista una huelga indefinida. Los sindicatos médicos habían apostado por esta medida de presión tras la aprobación del texto en el Consejo de Ministros del texto, pero han optado por un aplazamiento ante el adelanto electoral, que ha hecho decaer la norma, que se tramitaba ya en el Congreso como proyecto de ley.

Aunque coordinadas, para el 28 de octubre se habían registrado dos convocatorias de paro. Por un lado, la del Comité de Huelga Médica, formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA) y el Sindicato Médico de Euskadi (SME). Por otro, la de la Unión Médica y Facultativa (UMYF), que aglutina a las organizaciones de Madrid (Amyts), Catalunya (Metges), Galicia (Omega y Simega), Canarias (Semca) Comunitat Valenciana (Avanza) y Navarra. Todas ellas han optado por aplazar la huelga hasta que haya un nuevo interlocutor válido.

En la práctica, la interlocución con el Ministerio que dirige Mónica García llevaba meses interrumpida, entre acusaciones por ambas partes. Sanidad ha argumentado siempre que las reivindicaciones de los profesionales son competencia de las comunidades autónomas o de otros departamentos, mientras estos han pedido la dimisión de la ministra, que llegó a acusarles de “deslealtad” en la negociación. 

Las consejerías del ramo también reclamaron al Ejecutivo que “reinicie” las conversaciones sobre el Estatuto Marco, algo que, de facto, ocurrirá con el adelanto electoral. “Si la nueva Cámara quisiera recuperarlo, tendría que iniciar de nuevo su tramitación”, señalaban desde el Comité de Huelga, para quién “este desenlace constituye un éxito indiscutible para las organizaciones convocantes”. “La presión sostenida del colectivo ha frenado una norma que el Ministerio de Sanidad y los sindicatos del Ámbito daban prácticamente por aprobado desde hace año y medio”, indicaron en un comunicado este miércoles.

Entre otras cosas, la norma reducía las guardias médicas obligatorias de 24 a 17 horas, la jornada laboral máxima a 45 semanales y forzaba la convocatoria de oposiciones cada dos años.

Un monstruo persigue a Agustín García en un videojuego de terror. La tensión aumenta y el miedo aparece en el joven. Pero, en lugar de gritar o asustarse, empieza a cantar un fandango manchego.

La escena, tan inesperada como efectiva, es vista a través de Internet por miles de personas que siguen a este streamer en Twitch, la plataforma por excelencia para emitir este tipo de contenido. Y, como no podía ser de otra manera, termina siendo viral.

Lo que podría parecer una ocurrencia puntual, se ha convertido en una de las señas de identidad de este creador de contenido de 27 años nacido en Almagro (Ciudad Real), que ha encontrado en las jotas, los fandangos y las canciones populares de su tierra una forma de dar personalidad a sus retransmisiones en Internet. Sumando Twitch, Instagram y TikTok, Agustín, conocido en redes como AGP1333, reúne a más de un millón de seguidores y lleva el folclore manchego a una audiencia mayoritariamente joven y repartida por distintos lugares del mundo.

La combinación resulta, a primera vista, poco habitual: videojuegos de terror y música tradicional. Sin embargo, para Agustín, ambas cosas han terminado encajando con naturalidad.

Desde pequeño, a Agustín le gustaban el arte y la música —de hecho, quería dedicarse a ello—, pero su interés por el folclore y las tradiciones de su localidad, sin embargo, llegó más tarde, durante su etapa universitaria.

El impulso vino de una profesora que había investigado las músicas populares de su pueblo, en Salamanca. “Y eso me llevó a interesarme por el folclore del mío”, recuerda.

A partir de ahí, comenzó a investigar la tradición musical de Almagro y elaboró un documento de más de 200 páginas en el que recopiló canciones y algunas costumbres locales. “Era un cancionero que también contaba las tradiciones que había aquí en Almagro, como la de los 'Mayos Manchegos', las Cruces de Mayo y su contexto”, explica.

Su formación como maestro de Educación Primaria, con especialidad en Música, y el posterior Máster en Investigación Musical le permitieron profundizar en ese trabajo. Para su trabajo de fin de máster (TFM) elaboró una propuesta didáctica destinada a llevar las canciones populares de Almagro a las aulas. También comenzó un doctorado, aunque finalmente decidió aparcarlo cuando vio que ganaba dinero con las redes sociales.

Paralelamente, se incorporó a la Asociación Folklórica 'Tierra Roja', dedicada a recopilar y difundir el repertorio tradicional castellanomanchego, especialmente el del Campo de Calatrava, comarca en la que se encuentra Almagro.

Aquel interés por la música popular, que había comenzado como una investigación académica, acabaría encontrando un espacio inesperado en sus retransmisiones por Internet.

De La Macarena a un fandango manchego

Los videojuegos siempre habían formado parte de sus aficiones, especialmente los de terror. Cuando empezó a retransmitir sus partidas, vio en ellos una oportunidad para probar algo diferente. “Me han gustado siempre y pensaba que podía darle un giro distinto”, cuenta.

Y así fue. Agustín tardó muy pocas retransmisiones -apenas tres- en descubrir ese “giro distinto” que podía aportar al mundo de Internet. En mitad de una partida, decidió combatir la tensión cantando La Macarena. El fragmento se viralizó y le mostró que los momentos de miedo podían convertirse también en situaciones de humor.

Pero el folclore manchego todavía tenía que ocupar su propio lugar en ellas. El momento llegó unos meses después, durante otra partida. “Me acuerdo perfectamente. Me estaba persiguiendo un monstruo en un juego y entonces empecé a cantar el Fandango y Jota de Mota del Cuervo, de Cuenca. Lo subí a redes y lo petó”, recuerda.

Fue su primer vídeo viral protagonizado por una pieza del repertorio tradicional manchego. Gracias a él, le empezó a seguir gente de Castilla-La Mancha en las redes sociales, pero también de fuera de España, atraídos por una canción que les gustaba y que no conocían.

Sorprendido por que hubiera personas de su propia región que no conocían el fandanguillo manchego, y dado que cada vez le gustaba más el folclore, comenzó a integrarlo en sus directos.

Agustín incorporó las jotas y los fandangos a sus partidas, especialmente en los momentos de mayor tensión, cuando cantar le permite rebajar el miedo y transformar la situación en una escena humorística.

“Hay un dicho que dice que ‘quien canta, las penas espanta’. Y claro, jugando juegos de terror me salió a cantar y ya se ha vuelto una rutina para evadirme de las tensiones, evadirme del propio terror del juego, lo hago humor a través de esto”, explica.

No todos sus contenidos están relacionados con los videojuegos de terror. También juega a otros géneros, aunque reconoce que las canciones aparecen de manera más espontánea cuando la partida le provoca tensión. Es entonces cuando el folclore se convierte en una respuesta inesperada a lo que sucede en la pantalla.

Canciones de pueblo para una audiencia global

La repercusión de sus vídeos también tuvo efectos fuera de Internet. Numerosos grupos folclóricos de la zona comenzaron a seguirle y a ponerse en contacto con él. La experiencia fue creciendo y Agustín empezó a incorporar a sus retransmisiones piezas de su propia localidad, de manera que sus directos se convirtieron en una defensa del patrimonio cultural de su pueblo que no siempre resulta fácil encontrar en Internet.

“Es algo que quería defender, porque las canciones no están en redes sociales o en plataformas, la gente no las conoce”, señala.

De esta manera, el streaming de un videojuego de terror se convierte en la primera toma de contacto con una jota o un fandango para muchos de sus espectadores.

Agustín insiste en que su interés por esta música no responde únicamente a una fórmula para conseguir visitas, sino que su afición también está presente cuando no está retransmitiendo y asegura que escucha seguidillas, jotas y fandangos de forma habitual.

“También escucho otras canciones, obviamente, pero estoy cocinando y me pongo una canción de mi grupo de manchegas”, cuenta.

Difundir Almagro más allá de sus canciones

La música tradicional no es la única forma en que Agustín da a conocer su localidad. En sus redes también comparte imágenes y experiencias relacionadas con el patrimonio cultural de Almagro, desde el Corral de Comedias hasta las representaciones teatrales que se celebran en el municipio.

“Siempre estoy subiendo fotos en el Corral de Comedias, o en tal teatro si me invitan a ver una obra. Y digo qué orgullo, qué orgulloso me siento de la cultura y calidad que tenemos aquí en mi pueblo”, explica.

Su formación como maestro sigue presente en esa manera de entender la creación de contenido. Aunque actualmente no trabaja en las aulas, considera que sus retransmisiones también pueden tener una dimensión educativa: el entretenimiento permite despertar la curiosidad por una cultura que parte de su audiencia quizá desconoce.

“También pienso que sigo siendo docente. Aunque no esté trabajando en escuelas, en cierta medida sigo educando porque estoy difundiendo mi propia cultura, que es una de las muchas labores que tenemos los docentes”, reflexiona.

Y añade: “Enseñando esta cultura a través del humor a lo mejor consigo que en la gente se despierte el interés por algo que no conocían, que en este caso es la historia de Almagro. La historia, cultura y todo lo que lo engloba”.

Sigo siendo docente. Aunque no esté trabajando en escuelas, en cierta medida sigo educando porque estoy difundiendo mi propia cultura, que es una de las muchas labores que tenemos los docentes

En sus retransmisiones, el folclore manchego no necesita un escenario ni una celebración concreta para aparecer. Puede surgir en mitad de una persecución virtual, entre gritos y risas, ante una audiencia que quizá había entrado al directo para ver un videojuego y termina escuchando una canción tradicional.

A veces, para acercar una tradición a nuevos públicos, basta con que alguien empiece a cantarla en el momento menos esperado.

Esta semana se ha celebrado el Día Mundial del Docente, y ha coincidido con la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre. Tras las huelgas educativas en Catalunya y en la Comunitat Valenciana, la situación en este sector sigue muy convulsa, principalmente por los bajos salarios del profesorado y las enormes cargas burocráticas.

En Castilla-La Mancha, la situación no es tan tensa, pero también hay problemas. A la climatización de los centros escolares públicos, que sufren desde hace años temperaturas muy altas al final y al inicio de curso, se unen otros problemas como la reversión de todos recortes educativos que el profesorado sufrió durante el mandato de María Dolores de Cospedal.

Para el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (STE), el panorama no es alentador con motivo de la efeméride que conmemora esta profesión. Por ello, de todas estas cuestiones hablamos con el conquense Fernando Villalba, su portavoz a nivel estatal y también en Castilla-La Mancha.

Se acaban de convocar elecciones generales para el 29 de noviembre y en el terreno educativo, la última etapa ha estado marcada por las huelgas educativas, sobre todo en Catalunya y Comunitat Valenciana. ¿Qué asuntos pendientes se quedan en el tintero?

Realmente todo. Venimos muy recientemente de los resultados del último informe PISA, que han sido lamentables. Además, estamos en plena implementación de la LOMLOE (la normativa que modifica la anterior Ley Orgánica de Educación) y justo ahora mismo teníamos encima de la mesa del Ministerio de Educación una cuestión muy importante, como son las nuevas oposiciones docentes. Eso afecta a medio millón de personas y estamos en la mitad de la negociación.

¿Quedará todo ello en suspenso?

Bueno, al final la LOMLOE no deja de ser una modificación parcial de la LOE. Incluso la LOMCE anterior, que hizo el gobierno del PP, también era una modificación muy parcial de unos pocos artículos, aunque importantes, de la base que era la LOE. Es decir, ahora mismo estamos en un proceso de adaptación.

¿Y cuáles son las cuestiones más urgentes de esa implementación?

Ya se ha implantado en Educación Infantil, Primaria y Secundaria. Pero todavía no ha cambiado del todo la Selectividad. Y faltan algunos flecos de la Formación Profesional y las Enseñanzas Artísticas. De hecho, justo la semana que viene había una reunión del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, que era un cambio importante.

Hay altos cargos del Ministerio de Educación que cuando les preguntan si cambiará el sistema educativo si hay nuevo Gobierno, te dicen que no. Porque las reformas educativas no las hace el gobierno de turno, las hace la Unión Europea

¿Puede haber cambios significativos con otro Gobierno?

Hay altos cargos del Ministerio de Educación, que no son políticos, y que cuando les preguntan si cambiará el sistema educativo si hay nuevo Gobierno, te dicen que no. ¿Por qué? Porque las reformas educativas no las hace el gobierno de turno. Realmente las hace la Unión Europea y la OCDE. La LOMLOE seguirá su curso, obligatoriamente tiene que ser así, es una ley orgánica con un real decreto de implantación que se tiene que llevar a cabo. También nos hemos quedado a medias con las ratios de alumnado por profesor.

En cuanto a las huelgas educativas, ahora con el adelanto electoral, ¿pueden quedar neutralizadas?

No, van a seguir, aunque haya elecciones generales. En Catalunya y en la Comunitat Valenciana es donde menos cobra el profesorado. Los salarios y la pérdida de poder adquisitivo han desgastado mucho al profesorado, les afecta muchísimo. Por eso las huelgas educativas van a seguir y además se van a extender a Madrid y probablemente a Andalucía. Y se unirán a la huelga general cuando se convoque en noviembre.

Bueno, el problema de la vivienda es muy transversal y afecta especialmente a los interinos, ¿no?

Afecta a todos los docentes pero especialmente a los interinos, que son el 30,8 por ciento. No saben cada año dónde van a trabajar a partir de septiembre. Imagínate, tienes una casa y a lo mejor te tienes que ir a 100 o a 200 kilómetros. Eso durante un año en el caso de los que consiguen cubrir una vacante, porque luego hay muchos que están solo cubriendo bajas. Están 15 días o un mes y se van a otro sitio. Eso tiene una relación directa con la inflación, con el precio de la gasolina y con la vivienda.

En Castilla-La Mancha, el curso arrancó con polémica por las altas temperaturas y la falta de climatización en institutos y colegios. Hubo dos sanciones de la Inspección de Trabajo al Gobierno regional por esta cuestión y el STE avisó que estaría vigilante. ¿Temen que la cuestión vuelva a enfriarse por la bajada de temperaturas?

No, la Junta anunció medidas y las tiene que poner marcha. Además, muchos se están animando a denunciar esta situación ante la Inspección de Trabajo, porque todos los servicios de prevención de riesgos laborales no funcionan como deberían. Ya fue una victoria que aprobaran esas sanciones. Y algo muy importante: en el informe, la Inspección dejaba claro que la competencia para instalar climatización es del empleador, es decir, de la Consejería de Educación.

Pero se trata de un plan a largo plazo...

Claro, es que en Castilla-La Mancha hay 1.100 centros educativos, y nos vamos a 1.500 si sumamos los Colegios Rurales Agrupados (CRA). Eso, multiplicado por todas las aulas que hay, no se hace de un día para otro. Pero es importante empezar, tiene que haber voluntad. Creo que en el Gobierno regional están mentalizados.

El STE no forma parte del Acuerdo de Mejora del Sistema Educativo y de las Condiciones Laborales del Profesorado que ANPE, UGT y posteriormente CCOO, firmaron con la Junta de Castilla-La Mancha para la reversión de los recortes en educación. El segundo bloque de este pacto extiende su vigencia hasta el año 2028, que va más allá de las próximas elecciones autonómicas. ¿Cómo valoran este acuerdo?

Nosotros sabemos todo lo que no hemos recuperado en 12 años. Revertir los recortes, en primer lugar, es volver a las 18 horas lectivas con los cupos necesarios. Porque si a un profesor le pones esas horas sin los cupos, al final hace más, entre bajas y guardias. Tampoco se ha recuperado que los interinos puedan cobrar el verano si cubren una vacante de un año completo. En 2010, por ejemplo, no solamente se le pagaba así, sino que se les daba la antigüedad esos dos meses. Ahora, no solo no lo cobran, sino que el concurso de méritos lo quitó Cospedal y Page no lo ha restaurado.

¿No es tanto un problema de dinero sino como de recuperación de derechos?

Es así. El problema es que desde 2012 se han ido perdiendo esos dos meses para los interinos. Si lo multiplicas por todos los años transcurridos, la cifra es enorme. Es igual que la reducción de tres horas lectivas para mayores de 55 años. Eso también estaba vigente en 2010 y no se ha recuperado. Es que, en total, hemos perdido el 24% de poder adquisitivo desde ese año. Si todos estos recortes no se revierten, ¿de qué estamos hablando? De hecho, al propio pacto le cambiaron el nombre: al principio se llamaba “Acuerdo para la Reversión de los Recortes” y como no llegaban, se quedó como “Acuerdo de Mejoras”. Eso lo dice todo.

Han pasado 12 años desde que terminó el Gobierno de Cospedal y estamos a la mitad en cuanto a la reversión de recortes

¿El STE no se unirá, por tanto, a ese acuerdo en lo que queda de legislatura?

No, de ninguna manera. Es lo que hemos acordado en nuestras asambleas. Han pasado 12 años desde que terminó el Gobierno de Cospedal y estamos a la mitad en cuanto a la reversión de recortes.

¿Cuál sería ahora mismo el más necesario por recuperar?

Depende de muchas cosas, pero creo que lo más urgente, lo más justo, por decirlo así, y que además no cuesta dinero es el verano de los interinos. Pero no ha habido manera de convencer a la Junta. Es como la bajada de las ratios, que se ha hecho a coste cero debido a la crisis demográfica y a que ha ido bajando el número de alumnos por abajo. Con el mismo dinero se han bajado las ratios. Que no nos parece mal, pero que no engañen porque no se ha hecho ningún esfuerzo. 

Porque, ¿cómo ha sido la evolución de la inversión pública en educación?

El porcentaje del PIB sigue siendo el mundo. A principios de la democracia aumentó muchísimo, porque antes tan solo del 2%, pero tocó techo en 2009, cuando llegó al 5%, que es el mínimo que marca la LOMLOE, mínimo. Y desde entonces hemos bajado incluso. Ahora estamos en el 4,5%. En todas las comunidades autónomas es igual, porque en realidad la referencia siempre es el PIB estatal.

¿Qué motivos hay para no invertir más en educación?

Van a subir otras partidas. La OCDE lo ha dejado claro. Van a aumentar otras como el gasto en pensiones o en sanidad. En esta organización están los 38 países más ricos del mundo y no queda otra que aumentar esas partidas, por el envejecimiento de la población. Y si se va a invertir por ahí, en educación no se va a hacer. El horizonte es muy claro: hay que mejorar sin más inversión.

¿Y eso es posible?

Es casi imposible porque además tenemos otra cuestión, que es el alumnado con barreras importantes para el aprendizaje. Es un porcentaje del 15,6 por ciento a nivel estatal y ahí son necesarias las políticas inclusión y de diversificación que, en fin, funcionan como funcionan. Ahí, o hay inversión o no se puede hacer nada.

La burocracia a la que debe enfrentarse el profesorado, sobre todo en cuanto a tareas administrativas y a exigencias en materia de digitalización también ha sido una de vuestras críticas. ¿Se ha avanzado algo en este sentido?

Es curioso, porque es una cuestión que se está produciendo en todos los países. Recientemente, se publicó el estudio ‘Panorama de la Educación 2026 (Education at a Glance)’ de la OCDE y alude a este tema, a la burocracia, junto a la escasez de profesorado, el clima escolar, el estrés docente… No es casualidad que se esté produciendo en todo el mundo. Eso ha provocado mucho malestar docente. Las bajas del profesorado en España son el 7 por ciento. Puede parecer mucho, pero la media en los países de la OCDE es del 27 por ciento, veinte puntos más.

Seguramente también se acabará convocando huelga educativa en Castilla-La Mancha

¿Y eso está relacionado directamente con el estrés por la burocracia o existen otras causas?

Es evidente que es una carga, sobre todo en Castilla-La Mancha. Pero también es cierto que nosotros hicimos una encuesta a 27.000 docentes en todo el Estado y le preguntamos cuál era el mayor problema de la educación y sorprendentemente la mayoría señaló que es la falta de implicación de las familias. Eso cuadra además con el último informe PISA.

Precisamente, este último informe ofreció datos dispares en esta comunidad autónoma, aunque eran mejores que en otras comunidades autónomas.

Claro, pero eran mejores porque empeoraron en el resto de regiones, efectivamente, pero que además, y esto es muy polémica, a la hora de hacer las pruebas para PISA se hace el Teaching for Test, es decir, entrenar el PISA. Eso se hizo el año pasado en Castilla-La Mancha: dar al profesorado una formación sobre cómo son las pruebas y la evolución competencial. Es decir, los entrenaron. Y ni aun así, yo creo que los resultados no fueron tan buenos. Castilla-La Mancha simplemente bajó menos. Subió en Ciencias, pero en comprensión lectora sigue igual.

A la luz de estas cuestiones y viendo lo crítico que el STE es con el contexto educativo en Castilla-La Mancha ¿no se prevé huelga educativa en esta comunidad autónoma?

Seguramente se acabará convocando. Razones hay. Ahora mismo, la previsión más cercana es la huelga general por la vivienda prevista para noviembre, y esa tiene una relación directa con los salarios en todas las profesiones y con todo el poder adquisitivo que hemos perdido desde 2010, casi del 22 por ciento. Es cierto que todo viene determinado por el escenario mundial de la guerra de Irán y las políticas de Donald Trump, con la consiguiente subida del petróleo y de la inflación. De cualquier forma, no, no descartamos una huelga educativa en Castilla-La Mancha.

Finalmente, el STE de Castilla-La Mancha celebra elecciones sindicales. ¿Qué plazos y expectativas hay?

Ya ha empezado el proceso electoral y ya se han hecho las mesas coordinadoras, entrando en precampaña electoral. Prácticamente, va a coincidir todo con las elecciones generales. Nuestras expectativas son buenas. Hemos aumentado mucho la afiliación, la gente ha confiado en nosotros los últimos cuatro años. Y buena parte del profesorado se ha dado cuenta de que pacto educativo de otros sindicatos con la Junta es maquillaje y no ha mejorado sus condiciones laborales. Nosotros no queremos fotos con la Administración, queremos soluciones.

Recordaréis que hablábamos hace unas semanas de que al Gobierno se le acumulaba la faena para aprobar las reformas que él mismo había prometido para mejorar la vida del profesorado y que tenía poco tiempo para implementarlas. Había margen porque la mayoría de las normas solo dependían del propio Gobierno, pero cuando apuras para hacer algo es fácil que se te cruce alguna cuestión de última hora y te complique la vida. Spoiler alert, ha pasado.

Como a los malos estudiantes, perdón por la comparación facilona, al Gobierno se le ha echado el tiempo encima y la bajada de las ratios y horas lectivas, la norma antichiringuitos de la FP o las nuevas oposiciones están más que en el aire ahora.

Digo que están “más que en el aire” porque, excepto la bajada de las ratios y las horas lectivas, que tienen forma de ley y decaen sí o sí, el resto de cuestiones técnicamente se podrían aprobar porque tienen forma de Real Decreto y como tal pueden ser aprobadas por el Consejo de Ministros aunque haya convocatoria electoral. Otra cosa es que parezca poco probable, entre otras cosas porque alguna no está ni redactada y los plazos no dan. Ni siquiera en los ministerios saben qué va a pasar. Ayer lunes preguntamos tanto en Educación como en Universidades y nos dijeron que lo están evaluando.

La “legislatura del profesorado” se diluye y no parecen las mejores noticias para el Gobierno cuando está el sector en armas desde hace un par de cursos. Es cierto que estrictamente las protestas se dirigen contra las comunidades autónomas, que tienen las competencias, pero también que el Ejecutivo había prometido mejoras que se van a quedar en promesas con toda probabilidad.

¿Qué se queda en el aire ahora? La medida importante es la ley que iba a bajar las ratios en la educación obligatoria y las horas lectivas que imparte el profesorado cada semana. Esta norma estaba quemando etapas ya en el trámite parlamentario, pero con total certeza se queda por el camino con la disolución de las cortes. Aquí te dejo los detalles de esta reforma, que no iba a ser la panacea (muchas medidas ya están vigentes en muchas comunidades autónomas), pero sí parecía un alivio para los que peor están y suponía una cierta declaración de intenciones.

En el apartado de las incertidumbres quedan principalmente la bajada de las ratios en el resto de etapas (Infantil, Bachillerato y FP) y el Real Decreto con el que el Gobierno quería poner límites a la apertura de centros privados de Formación Profesional, una apuesta personal de Sánchez que incluía varias medidas. Las puedes consultar en este artículo.

Lo que sí parece seguro que no llegará a buen puerto (ya muchos lo dudaban antes del adelanto electoral) es la reforma de las oposiciones. Nunca se estableció como una de las preferencias del Gobierno, pero en verano anunció la creación de un grupo de trabajo que no ha llegado a reunirse y sin un borrador siquiera está condenada a caer en un cajón. En esta pieza te contamos en su momento los principales problemas que tiene el actual sistema.

En la Universidad, el Gobierno también quería introducir una reforma dirigida a garantizar una cierta calidad en los títulos universitarios (asegurando que al menos la mitad del profesorado tenga el título de doctor) que ahora queda en el aire. Lo mismo sucede con la ansiada convocatoria de un sexenio de transferencia para el personal docente e investigador, una medida que el colectivo lleva años esperando y que anunció la ministra, Diana Morant, hace dos semanas. En teoría ese trámite ya está en marcha y el sexenio podría convocarse, pero el Ministerio no ha sido capaz de confirmarlo ante las preguntas de este periódico.

Mirando hacia atrás, la actividad legislativa ha sido intensa en los últimos ocho años. El Gobierno le ha dado la vuelta al sistema entero, prácticamente: se han aprobado nuevas leyes de Educación, Universidades, FP (mientras se multiplican las plazas), Enseñanzas Artísticas. Se ha aumentado un 80% la partida de becas, se han endurecido los requisitos para abrir universidades privadas...

Pero la carrera se ha hecho larga, aquellas reformas quedan atrás (y no son muy sexis) y lo que queda en la retina es lo último: una serie de promesas que no se han cumplido, el profesorado levantado en armas y un sistema que se privatiza a ojos vista.

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Cada 5 de octubre celebramos el Día Mundial de los Docentes. Este año, bajo el lema 'Apoyar al personal docente: 60 años protegiendo la profesión, promoviendo su condición y configurando nuestro futuro', la fecha debería servir para algo más que para una celebración.

Después de más de cincuenta años dedicados a la educación, habiendo ejercido la docencia en distintos niveles, participado en numerosas investigaciones y publicaciones, sigo convencida de algo que hoy necesitamos recordar con más fuerza que nunca: no hay transformación social posible sin educación. Y no hay educación de calidad sin docentes bien formados, reconocidos y apoyados.

Al profesorado le estamos demandando mucho. Le pedimos que enseñe contenidos, eduque en valores, atienda la diversidad, detecte dificultades, prevenga el acoso, acompañe emocionalmente, forme ciudadanos críticos y, ahora también, que sepa utilizar la inteligencia artificial. Todo ello en aulas cada vez más complejas y diversas.

La pregunta no es si los docentes están preparados. La pregunta es si les estamos dando las condiciones para hacerlo.

La tecnología puede ser una gran aliada, pero nunca debería hacernos olvidar que educar es una tarea esencialmente humana. Una máquina puede ofrecer información o generar textos. Pero enseñar a pensar, despertar la curiosidad, acompañar ante una dificultad o transmitir confianza cuando un alumno o alumna está a punto de abandonar solo lo pueden hacer las personas.

Y aquí aparece una de las grandes cuestiones de nuestro tiempo: la desigualdad.

La escuela recibe cada día las desigualdades de la sociedad. No todos los niños y las niñas nacen en las mismas condiciones ni tienen las mismas oportunidades. Pretender que todos lleguen al mismo punto partiendo de situaciones muy distintas es ignorar la realidad.

La educación no puede eliminar por sí sola las desigualdades, pero sí puede contribuir decisivamente a que el lugar de nacimiento, la situación económica o el nivel cultural de una familia no determinen de antemano el futuro de un niño o una niña. Para eso necesitamos docentes.

Necesitamos docentes con una formación sólida, pero también con tiempo para preparar, coordinarse, innovar y atender individualmente a sus alumnos. Necesitamos reducir una burocracia que resta tiempo a lo esencial. Necesitamos equipos de orientación y apoyo especializado. Necesitamos acompañar a quienes empiezan y reconocer la experiencia de quienes llevan décadas en las aulas. Y necesitamos, sobre todo, recuperar el reconocimiento social de la profesión.

La autoridad docente no se decreta. Se construye desde la competencia, el respeto y el reconocimiento.

Con demasiada frecuencia, las reformas se diseñan lejos de las aulas. Nadie conoce mejor las dificultades y las posibilidades del sistema que quienes cada día trabajan en él. Escuchar a los docentes no es un gesto de cortesía: es una necesidad.

Apoyar al profesorado no es defender privilegios. Es defender el derecho de toda la ciudadanía a una educación de calidad. Invertir en docentes es invertir en cohesión social.

En este Día Mundial de los Docentes deberíamos preguntarnos con honestidad: ¿Estamos cuidando suficientemente a quienes queremos que cuiden de nuestros hijos?

Cuidar al profesorado significa mejorar sus condiciones de trabajo, ofrecer formación útil y actualizada, reducir la burocracia, fortalecer la orientación, favorecer la colaboración con las familias y volver a colocar la educación en el centro de nuestras prioridades colectivas.

Mi experiencia y mi activismo en defensa de una educación pública de calidad me dan la autoridad para asegurar que la educación transforma vidas. He visto alumnos y alumnas superar dificultades, descubrir capacidades que desconocían y encontrar en la escuela una oportunidad que quizás no hubieran tenido en otro lugar. También he visto cómo las desigualdades se convierten en barreras enormes cuando faltan los apoyos necesarios.

Consecuentemente, sigo creyendo en la escuela pública, en sus profesionales y en su capacidad para construir una sociedad más justa. Pero, precisamente porque creo en ella, creo también que debemos exigir más: apoyos, recursos donde más se necesitan, formación, reconocimiento y políticas educativas estables que miren a largo plazo.

No podemos pedir a la escuela que resuelva todos los problemas de la sociedad. Pero sí podemos pedir que sea uno de los lugares donde empecemos a resolverlos.

Porque cuidar a los docentes es cuidar la educación. Cuidar la educación es combatir las desigualdades. Y combatir las desigualdades es, en definitiva, cuidar nuestro futuro. Este debería ser, más allá de cualquier celebración, el verdadero significado del Día Mundial de los Docentes.

Hoy quiero hablarte de lo que pasa en las aulas. De comprensión lectora, sí, de PISA un poco pero de fondo –no me vayas a salir huyendo—, de la realidad que moldea el día a día en las escuelas y las trabas que se encuentra el profesorado para “instruir” a nuestros jóvenes, si queremos utilizar esa expresión, diferenciada de “educar”.

Hace un tiempo, hablando con una amiga docente sobre educación, clases, resultados, el discurso este tan habitual en ciertas esferas sobre el “nivel del alumnado” me dijo algo como: “Todo eso está muy bien. Pero luego resulta que estás dando clase y una chica se saca unas tijeras para autolesionarse”. Le dije que tenía que escribirlo, claro, que tenía que contarle a la gente ajena a esas cuatro paredes lo que está pasando ahí dentro. Porque nosotros lo intentamos, pero nunca es lo mismo.

El resultado es esta pieza, que te recomiendo muy encarecidamente que leas. Si bajas a los comentarios verás que muchos compañeros validan lo que ahí se cuenta, que no es la experiencia suelta de una docente (ni el instituto es marginal, por si te ha asaltado el pensamiento).

El subtítulo de la pieza es bastante explicativo, creo: “Tenemos nueve meses por delante para mejorar: hay tiempo de sobra. Hasta que R. le susurre a Y. un 'cállate, mora' y tengamos que parar la clase para hablar de derechos humanos; hasta que 'no me toques, maricón'; hasta que S. no levante la mirada en todo el día porque hay una foto suya que circula por los chats del colegio”.

Ese es el día a día en las aulas hoy y ayuda a entender muchas cosas. Profesoras y profesores que dedican buena parte de su jornada a apagar fuegos, a atender las cuestiones más básicas —como respetar los derechos humanos de los compañeros—. Como dice Lola, un curso da mucho de sí, nueve meses es un montón, pero no si los tienes que dedicar a otras cosas. Que sin duda son educar, pero no en contenidos, y por ahí se nos van los Pisas.

Con esta información quizá se entienda mejor al profesorado cuando dice que no puede más y que necesita más recursos y más personal para atender al alumnado.

Porque, además, el discurso político —la gente que tiene que poner soluciones— ni se acerca remotamente a todo esto. En la Comunitat Valenciana, una de las peores en Pisa, se culpa al modelo educativo del anterior Govern de todos los males. O el president de la Generalitat catalana, Illa, que cree que la culpa de todos los males es de la IA y la quiere prohibir.

Que todo suma, sin duda, pero me da la sensación de que nadie está mirando el problema que señala el artículo por mucho que griten los profes.

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Se reinician las clases y yo dedico la tarde al ritual de rescatar de entre mis cosas del curso anterior el material aprovechable. Encuentro fotocopias de más, cartas de despedida, rotuladores de pizarra resecos, unas tijeras XXL que había olvidado. No son mías. También en esta tarde, en los medios y las redes se habla de PISA, esa cita trienal que nos hace rasgarnos las vestiduras (da igual cuándo lea esto). Los expertos escriben sus análisis, se publican los primeros recetarios por parte de las comunidades que han obtenido las mejores notas. Las palabras clave para esta edición son, creo entender, “pantalla”, “batacazo” y “desigualdad”. En el centro del debate educativo ahora se sitúa también la comprensión lectora del alumnado.

A pesar del chasco por los resultados, ando contenta: por lo general, de comprensión lectora (de su descenso cuesta abajo y sin frenos junto a una capacidad de expresión oral cada vez más empobrecida) solo las profesoras y profesores de Humanidades hablamos de un modo tan apremiante en nuestro día a día. Hay algo de gustoso en que una angustia casi personal ―“personal” para cualquiera que imparte Historia o Filosofía― se convierta durante una semana y media en una alarma nacional.

En mi despacho de casa, decía, pongo orden entre las cajas que el día 30 de junio me traje del instituto y solté en un rincón. Con el debate pisano de fondo, vuelvo por un segundo a ese agotamiento tan particular del final de curso (este último, con 20 lectivas de Lengua, 2º y 3º de ESO, cinco grupos, tres de ellos rozando los 30 estudiantes); ese alivio, casi orgullo, por haberse pasado el juego un año más, cifrado en el gesto de dejar caer los bártulos del cole en el suelo del estudio como quien se desploma tras cruzar la meta. Y a esa línea de meta llegué yo el año pasado con unas tijeras azules con 11 centímetros de hoja. Estas tijeras requisadas a una alumna que ahora me sacuden. (“¿Me enseñas tu estuche y la mochila para asegurarnos de que vas a estar bien?”).

Una mañana L. empezó a mostrarse muy ansiosa. Reparé en su cara desencajada, me miraba en silencio con unos ojos que cualquier docente reconoce a lo lejos. Me acerqué a ella, temblaba: escondía bajo el pupitre unas tijeras, estas tijeras azules que acabaron en mi estuche y ahora están en mi casa

Dos semanas antes de acabar el curso pasado, una mañana L. empezó a mostrarse muy ansiosa al final de una sesión de sintaxis. Reparé en su cara desencajada desde la puerta del aula mientras ya me despedía, entre risas, de otros alumnos. Me miraba en silencio con unos ojos que cualquier docente reconoce a lo lejos igual que un bombero identifica una brizna de fuego. Me acerqué a ella, temblaba: escondía bajo el pupitre unas tijeras, estas tijeras azules que acabaron en mi estuche y ahora están en mi casa. “Vamos a hablar, mi preciosa”. Bajamos al Departamento de Orientación y se pusieron en marcha los protocolos pertinentes, no sin antes descubrir que no era la única alumna con conductas autolíticas entre sus compañeros y compañeras.

― Lo que no sé es por qué lo ha hecho en mi clase, si está sacando nueves y hace un mes lloraba de alegría por haberse convertido en una maestra de la sintaxis y, además, me viene a las clases de ampliación de la tarde... Yo creía que se sentía segura conmigo, le comenté a la orientadora, como si una cosa tuviera que ver con la otra.

― Lo ha hecho delante de quien ella sabía que la iba a ver.

Efectivamente, aquella mañana vi la angustia enorme en los ojos de L. porque, ya a los pocos días mi llegada como profesora sustituta a su centro ―“paracaidismo” lo llamo yo, otros lo llaman “ser interina”―, ella se acercó a mí para contarme sus inquietudes e historial, de modo que yo, respondiendo a esa responsabilidad que a veces una alumna te otorga de forma tácita, la mantuve a todas horas en mi radar a partir de ese momento. A ella se fueron uniendo, a medida que pasaron los meses, otras niñas y niños de diversas clases hasta conformar mi grupo no oficial de apadrinados, como N., metido en una depresión no diagnosticada tras una trágica muerte en su familia, a quien me aseguraba de abrazar cada día a las 8:30 y tenerlo localizado por el móvil si faltaba a clase; M., chaval de mente inquieta y tocapelotas profesional a quien no supe cómo proteger de sí mismo; o S., una niña con un TCA (trastorno de la conducta alimentaria) y una personalidad tan frágil como luminosa.

Mi rol en la vida escolar de estos adolescentes no tiene, no obstante, nada de excepcional, sino que sucede igual con todos los docentes de cualquier centro. Es un proceso que todo educador conoce: se desarrolla así, de modo orgánico, esto de convertirse en la figura de referencia y protección de ciertos estudiantes. Una simbiosis. Sin coordinación explícita, nos los repartimos. Pienso, por ejemplo, en J., de Historia, quien había llevado en volandas a su tutoría ―ocho diagnósticos de necesidades específicas de apoyo educativo, cinco de altas capacidades― durante tres años seguidos, y a quien este año la Consejería no le ha renovado la comisión en el IES. Pienso en A., de Música, que se encargaba de abrir su aula en los recreos para R. y H., nuestros Javis particulares, que cantaban por Taylor Swift al piano con voces esplendorosas (durante el resto de la jornada, sin embargo, mantenían el perfil bajo en una clase dominada por potenciales cachorros de Alvise, un ejército en chándal negro). Pienso en E. y J., esos profesores que dicen al principio de curso: “Los de Diversificación me los quedo yo”, y los aúpan y transforman hasta verlos graduarse. Pienso en I., profesora de necesidades especiales que conocía a la perfección cómo lograr que A. y J. L. participaran con éxito de las lecciones y era una miembro más de sus respectivas familias, así como en los esfuerzos de Q. por crear espacios fuera del horario escolar para ese alumnado recién llegado que apenas conoce nuestras lenguas oficiales.

A menudo comentamos entre colegas esta nueva realidad desconcertante también para nosotros: de un tiempo a esta parte, el trabajo extracurricular nos consume la mayoría de nuestra jornada. Impartir docencia parece que sea lo menos acuciante a estas alturas: lo complejo viene tras apagar el proyector

A menudo comentamos entre colegas esta nueva realidad algo desconcertante también para nosotros: de un tiempo a esta parte, el trabajo extracurricular nos consume la mayoría de nuestra jornada laboral. Impartir docencia parece que sea lo menos exigente o acuciante a estas alturas: lo complejo viene después de haber apagado el proyector. (Esto es una simplificación, obviamente: ambas esferas van de la mano, si no son una misma). Los equipos de profesorado encarnamos en la actualidad, desde nuestros colegios e institutos, aquello que rezaba una vieja canción de La Mandrágora: “Nos ocupamos del mar / y tenemos dividida la tarea / (...) cada uno según es nuestro talante / yo lo que tiene importancia / ella todo lo importante”. 

Así pues, empieza el 2026-2027 y lo hacemos hablando de una hecatombe (vamos servidas, últimamente, de hecatombes) y comprensión lectora. En los próximos meses hablaremos también de ratios, de cómo per se no afectan al aprendizaje; de carga lectiva, refuerzos y repeticiones; de huelgas in aeternum y mareas verdes; de vicios, virtudes, fracasos y remedios; todo ello materializado dentro de un aula con treinta almas adolescentes (en general fascinantes, curiosas e irreverentes, como manda la edad) y un profesor, una profesora que se dice que sí, que por supuesto que se puede, que de aquí este año salimos todos con el complemento predicativo cristalino, anticipando con acierto qué le pasará a Ulises tras partir de la isla de Calipso y conmocionados con la lectura grupal de Crónica de una muerte anunciada. Y cumpliremos la programación, haremos proyectos estupendos y aquí no me repite a mí ni dios. Porque es septiembre y nada está decidido hasta el último partido, no hay rival pequeño, confiamos en el míster.

Es cierto: ser docente y lograr que el alumnado aprenda no es tan complicado, al fin y al cabo. Otros nueve meses por delante para mejorar. Hay tiempo de sobra. Tendremos tiempo para todo. Lo creo. La escuela todo lo puede. Lo voy a creer también este curso. Hasta que R. le susurre a Y. “cállate, mora” y tengamos que pausar la explicación para hablar, una vez más, sobre derechos humanos. Hasta que “no me toques, maricón” y “no pasa nada, profe, que es de broma”. Hasta que “vas a tener que reunirte con la madre de I., que me ha llamado para quejarse de ti, que eres muy dura con su hijo”. Hasta que S. no levante la mirada durante todo un día porque hay una foto suya que circula por los grupos de chat del colegio. Hasta que H. se levante sin previo aviso y lance una mochila por la ventana. Hasta que tenga que bajarme un momentito a Orientación. Hasta que descubramos un nuevo caso de acoso durante el patio. Hasta que saquen las tijeras de 11 cm y entonces esa maravillosa dinámica de comprensión lectora programada para hoy, que tanto bien nos haría de cara a PISA, subiendo la moral nacional… Ay de esa dinámica que tendrá que ser para mañana.

Cabe darle una vuelta (o siete) al sistema educativo español, qué duda cabe: lo dice PISA, lo dicen los estudios y lo decimos los equipos docentes. Estamos, estaremos a todas las estrategias que nos permitan adaptarnos a los tiempos, dar respuesta a las necesidades de nuestro estudiantado, avanzar en el aprendizaje propio y ajeno. Pero escucho a los expertos en la tele y en la radio mientras deshago las cajas del curso pasado (las heridas de L. en los brazos ojalá hayan desaparecido) y cojo aliento para este que pronto empezaré, y se me repite en la cabeza un mismo pensamiento: que no es tarea fácil, desde aulas con treinta pupitres de un instituto público sin fondos para fotocopias a color, el ocuparse del mar.

¿“Error operativo grave” o “tarea intrusiva discreta para garantizar derechos”? El Parlament ha escuchado en menos de tres meses estas dos formas de describir el espionaje de dos agentes de los Mossos d'Esquadra a una asamblea de profesores. La primera, a cargo de la consellera de Interior, Núria Parlon. La segunda, en boca del jefe de Información de los Mossos, que ha desautorizado a la consellera este martes en la Cámara.

El comisario Carles Hernàndez ha comparecido en la comisión de investigación sobre las infiltraciones policiales del Parlament. Lejos de seguir la línea marcada por Parlon, que tildó de “error” la infiltración y pidió disculpas a los maestros, Hernàndez ha respaldado el espionaje y lo ha defendido como “una actuación para garantizar todos los derechos” y no para “reprimirlos”.

Hernàndez fue el mando policial que informó a los jueces, a raíz de las demandas de los sindicatos por vulneración de derechos fundamentales, que no existía ningún expediente sobre el espionaje y que no se podía saber quién dio la orden para que dos agentes se infiltraran en una asamblea de docentes que preparaba una de las huelgas del mes de mayo.

Pese a que el caso todavía está pendiente de sentencia en el TSJ catalán, Hernàndez ha avalado la actuación de los agentes. “No aprecio que la presencia de las dos policías a un acto convocado de forma pública a través de redes sociales y respecto del cual no existía ninguna restricción de acceso comportara una vulneración de derechos”, ha indicado el mando policial. 

“Las policías se limitaron a entrar sin mentir para acceder, escucharon y no tuvieron ningún tipo de intervención que pudiera afectar al desarrollo de la reunión”, ha ahondado Hernàndez, una versión que contrasta con los testimonios de los docentes, que explicaron que descubrieron a las dos policías porque no supieron qué responder cuando les preguntaron en qué colegio daban clase.

Después que el diputado de los Comuns Andrés García Berrio le recordara esta versión de los docentes, Hernàndez ha matizado que las agentes “sí mintieron para salir de la reunión y garantizar su seguridad”. “Pero no para entrar”, ha apostillado.

“Por mucho que hable, ustedes estaban actuando sin una habilitación legal clara y en Catalunya todo el mundo todo el mundo tiene derecho a organizar una huelga sin que la policía lo sepa”, ha respondido García Berrio.

El mando ha reiterado que las agentes “en ningún caso tenían como objetivo vulnerar ningún tipo de derecho”. “Sin perjuicio de lo que puedan resolver los órganos judiciales”, ha agregado.

Las “tareas intrusivas discretas”, en palabras de Hernàndez, no forman parte de labores investigadoras de un delito, sino que la actividad policial “se limita a la observación para obtener información” de cara a posibles manifestaciones que corten carreteras.

“No obtenemos información sobre la conflictividad social para limitar derechos sino para que se puedan ejercer”, ha apostillado Hernàndez, que se ha mostrado retador con los grupos: “Por mucho que digan que fue una infiltración, no lo fue”.

“Comparto que fue una intervención policial mal planificada, ¿pero me pueden decir qué derecho vulneró asistir a una asamblea abierta sin acceso restringido?”, ha inquirido el mando a los diputados.

La intervención del mando ha sorprendido a casi todos los partidos. “Gracias por su sinceridad, nosotros también lo seremos: pedimos su dimisión”, ha lanzado el parlamentario de la CUP, Xavier Pellicer.

“Estoy estupefacto”, ha manifestado el parlamentario de Junts Francesc de Dalmases. “¿Es consciente de que ha contradicho públicamente a la consellera?”, ha preguntado la diputada de ERC Laia Cañigueral, algo que Hernàndez ha negado.

La intervención final de Hernàndez no ha dado muestras de un cambio de métodos, pese a que Parlon anunció que no habría más infiltraciones policiales. “Puedo entender que digan que es proporcional ir a una asamblea para evitar un corte de carretera, pero forma parte de la autonomía policial”, ha concluido el mando.

Nos escribió la semana pasada un suscriptor para reprocharnos, amablemente, que en nuestro análisis de Pisa no habíamos abordado lo que él considera uno de los mayores problema de la educación, la selección del profesorado. Estábamos en ello, Joaquín, te adelantaste en tu email, pero aquí está lo que pedías.

El asunto, complejo, no sale de la nada. Teníamos pendiente hablar de esto desde que en verano el Gobierno anunció que constituía una mesa para negociar el cambio con los sindicatos. Ya os comentamos hace una semana que es una de las reformas educativas que se ha autoimpuesto de alguna manera el Ministerio de Educación para este último curso de la legislatura.

El grueso del sistema de oposiciones docentes no se ha tocado en 30 años y hay bastante unanimidad en el sector con que es necesario un cambio. Son muchos los problemas que plantea el actual método (ya sabéis, primero una fase eliminatoria teórica, luego una práctica, finalmente el concurso de méritos para quien supere las primeras pruebas y por últimos las prácticas de centro, que son un trámite y nunca nadie ha suspendido).

Sin orden de importancia, la falta de equidad en el acceso, qué se le pide a los aspirantes y cómo relaciona eso con lo que se van a encontrar en el aula e incluso los temarios, obsoletos al punto de que para Informática se estudian los disquetes, aparecen entre las principales necesidades.

La falta de equidad se presenta por partida doble. Primero, según nos comenta un experto, porque para presentarse a la oposición de Secundaria hay que tener el máster del profesorado, y como no hay plazas públicas para todos, ni de lejos, a un porcentaje importante de los futuros aspirantes no les queda otra que gastarse unos buenos miles de euros en un centro privado. La otra pata de la inequidad es que cada comunidad autónoma aborda los procesos, ofrece plazas y corrige las pruebas con sus propios criterios, lo que puede generar gran sensación de “arbitrariedad” entre candidatos.

Otro de los problemas que ha detectado la investigación de este asunto es qué valoran las oposiciones y qué le pedimos después a un profesor en el aula. Y en este momento son dos elementos muy alejados. Varios estudios recientes han alertado de este desequilibrio entre las competencias formalmente exigidas en las convocatorias —fundamentalmente pedagógicas, didácticas y de conocimiento disciplinar— y las que se consideran hoy esenciales para el desempeño docente, como las competencias socioemocionales, la capacidad de liderazgo en el aula o la gestión inclusiva de la diversidad.

Decía que nadie duda de la necesidad, urgente casi, de que se reforme el sistema. Pero muchos en el sector sí creen que es una bomba de humo del Gobierno y que no lo van a hacer. Sus motivos tienen: no es ni la primera ni la segunda vez que se anuncia un cambio en las oposiciones que luego queda en nada. Saldremos de dudas en poco tiempo.

 No me extiendo más, si te interesa el tema desarrollamos todo esto, y alguna cosa más, en la pieza que publicamos el fin de semana y que encuentras aquí.

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La Consejería de Educación y Formación Profesional ha presentado este viernes el 'Plan Horizonte+ 2027-2030', un acuerdo suscrito con CSIF, UGT, ANPE y PIDE que movilizará 65 millones de euros y fijará una subida salarial progresiva de 130 euros brutos al mes a lo largo de cuatro anualidades (hasta alcanzar los 2.940 euros brutos anuales en catorce pagas) para el profesorado de la región. A esa cantidad hay que incluir los 80 euros mensuales más que desde este año cobran los docentes.

El acto institucional ha estado marcado por la ausencia de CCOO, que comunicó su decisión de no firmar el borrador apenas una hora antes del inicio de la rueda de prensa al considerar que la propuesta salarial “solo podía resultar aceptable acompañada de una cláusula automática que garantizara mantener a Extremadura entre las diez primeras comunidades y de compromisos reales sobre las condiciones laborales del profesorado”.

La consejera del área, Sandra Valencia, ha atribuido este desmarque a “intereses electorales” y ha defendido que el acuerdo convierte el diálogo iniciado en octubre de 2024 en una mejora “cierta, evaluable, estable y sostenible”. La senda retributiva contempla que, sobre los 80 euros mensuales ya aplicados desde enero de 2026, los docentes sumarán 40 euros adicionales en 2027 y 30 euros más cada año en 2028, 2029 y 2030. A estas cuantías se añadirán los incrementos generales de las retribuciones públicas, que Educación estima entre un 4,5% y un 5% para 2027.

Además del bloque económico, el plan engloba 37 actuaciones programadas por años y una medida transversal de refuerzo de plantillas. Entre los compromisos figuran el incremento de personal de atención a la diversidad, el pago progresivo de tutorías, el sexto sexenio, complementos por coordinación y equipos directivos, así como herramientas digitales y mayor flexibilidad organizativa. El documento incluye también la creación de un nuevo marco para el personal interino, el impulso de una Ley de Educación, mejoras en el confort y eficiencia de los centros escolares y la convocatoria de cátedras para la promoción docente.

Por su parte, CCOO ha argumentado su rechazo en la insuficiencia de la subida salarial y en la falta de vinculación jurídica del texto recibido la tarde del 15 de septiembre. El sindicato señala que la propuesta retributiva no compensa por sí sola la pérdida de posición salarial acumulada. En cuanto a la cláusula de revisión, denuncia que no garantiza mantener a Extremadura entre las diez comunidades con mejores sueldos, ya que el borrador establece que, si la región cae por debajo del décimo puesto, únicamente existirá la obligación de “sentarse a negociar”, sin predeterminar cuantías ni incrementos automáticos.

Asimismo, CCOO critica que, mientras la senda retributiva tiene carácter de acuerdo formal, las 37 medidas laborales han quedado redactadas como mero “compromiso programático” y “hoja de ruta” supeditada a disponibilidad presupuestaria y futuras negociaciones. La organización sindical ha indicado que planteó convertir estas propuestas en compromisos verificables con plazos, cuantías y reducciones horarias concretas, pero la Consejería rechazó modificar la naturaleza del texto.

Pese a la ruptura de la unidad sindical, Juan Manuel Jiménez, en representación de las cuatro organizaciones firmantes, ha calificado el texto como “el mejor acuerdo posible” en las condiciones actuales y ha asegurado que las mejoras son fruto de la movilización docente en las calles. Las centrales firmantes han garantizado un “escrupuloso seguimiento” del plan a través de la comisión de seguimiento fijada para 2028.

Las educadoras de las escuelas infantiles de Castilla-La Mancha han salido a las calles para reivindicar distintas mejoras, debido al “agotamiento físico y mental” que sufren estas profesionales, ya que no pueden “atender mirando a los ojos a las criaturas y educarlos de manera individualizada”.

Ya se concentraron en mayo en diferentes ciudades castellanomanchegas, pero ahora vuelven a hacerlo en lo que definen como “el momento más frágil”, el inicio del curso escolar, justo cuando empieza a construirse ese nuevo vínculo.

Casi un centenar de personas se han manifestado esta tarde en la plaza de Zocodover de Toledo donde han vuelto a exigir que “la educación se cuida desde el principio”. Librada Alberca, presidenta de la Asociación de Escuelas Infantiles de Castilla-La Mancha ha vuelto a reivindicar que la etapa educativa de 0 a 3 años “debe ser visibilizada” ya que “está siendo maltratada institucionalmente”. Alberca ha señalado que en ese momento, cuando acaba de comenzar el curso escolar, es el “instante más frágil de la etapa de nuestros alumnos y alumnas, porque es un periodo en el que hay que crear un vínculo fuerte y cuidarlo, para que en el futuro los niños y niñas tengan un bienestar de salud mental idóneo. Ese vínculo es esencial”, ha matizado a elDiario.es Castilla-La Mancha.

Para ejemplificar qué ocurre con este vínculo, las educadoras infantiles de Toledo han realizado una performance con tres protagonistas: las educadoras, la familia y los alumnos. “Un hilo rojo invisible está tejido entre nosotros”, ha anunciado una de las narradoras. Este hilo de textura fuerte, va pasando de las manos de las educadoras hasta las familias y a los alumnos, volviendo a su punto de origen y repitiendo este recorrido en varios tramos. No obstante, la Administración -que encarna el papel de las administraciones públicas- ha aparecido para colocar sobre este hilo diferentes pesos: falta de personal, falta de tiempo, ratios abusivas y un salario precario para las educadoras. “Todos estos pesos hacen que el hilo del vínculo se tense hasta que ya no puede resistir más”, ha señalado Librada Alberca.

Más de una veintena de personas ajenas a la concentración se ha unido a este gran círculo rojo, formado por el hilo que sostenía el tenso vínculo entre las escuelas infantiles, las familias y los alumnos, animadas por el grito que pelea por salvar la infancia.

El problema de la privatización y “ratios abusivas”

“Basta ya de privatizar escuelas infantiles”, ha señalado voz en grito Librada. Ha pedido a todos los agentes sociales “moverse” y una “lucha constante” para defender las escuelas infantiles públicas. “No puede ser que la gente se dedique a montar escuelas infantiles privadas como si fuese una zapatería o cualquier otro negocio. Tenemos que trabajar para que el día de mañana los niños y las educadoras podamos coexistir con unas condiciones que nos merecemos, porque las profesionales hacemos nuestro trabajo con todo el amor y la pasión del mundo”, ha apuntado otra portavoz del colectivo. Librada ha explicado que están “cansadas de la privatización y de sentirse explotadas, con aulas masificadas y echando más horas que un sereno”.

Aulas “masificadas” donde exponen que cada educadora debe hacerse cargo de hasta 20 alumnos: “A ver quién se mete sola en un aula con tantas criaturas, ocho horas seguidas sin que nadie venga a echarles una mano”, ha explicado otra de las portavoces que ha participado en la performance.

Librada Alberca ha anunciado que próximamente van a presentar una moción para que “las escuelas infantiles de la ciudad de Toledo sean públicas y que el Ayuntamiento las asuma como servicio para la ciudadanía toledana”.

Subidas salariales y personal de apoyo

Librada Alberca ha reivindicado también que las educadoras de escuelas infantiles son personal docente, aunque aparecen como “personal no docente en centros educativos docentes, lo que es una incongruencia y las Administraciones nos están perjudicando. No nos valoran profesionalmente y eso es algo que tiene que cambiar. Se nos reconoce en la LOMLOE como etapa única con identidad propia y personal que tiene que ser docente, nos tienen que incluir en esa categoría”. De esta forma, piden una mejora salarial “acorde con los tiempos en los que estamos”, que “reconozca nuestra titulación y cualificación”.

En este sentido, las educadoras congregadas han coreado “no guardamos, educamos” para reivindicar que las escuelas infantiles “nos llaman guardería y no lo es, es educación, no es conciliación”.

De igual manera, Librada Alberca asegura que si no existe ese acompañamiento a la infancia desde el primer momento y se crea un vínculo con ellos, “esos niños van a desarrollar trastornos mentales como está ocurriendo ahora”. Es por ello que demandan personal de apoyo “para los niños con necesidades educativas especiales”. Alberca explica que “no tiene que haber alumnos de primera y de segunda, ¿por qué en una escuela infantil de la Junta tienen ratios más bajas?. En las escuelas infantiles de ayuntamientos ese niño con necesidades especiales está con otros 19 alumnos, mientras que en la de la Junta hay menos alumnos. Además, en las escuelas infantiles locales no hay personal de apoyo para él. Nosotros no somos terapeutas, pero si hay ratios más bajas la atención puede ser más personalizada y adaptada. Podemos identificar y hacer una detección precoz”.

Miles de alumnos en Catalunya encaran el primer curso de su vida escolar en el que no van a ir de colonias ni de excursión fuera del centro. Tampoco habrá viajes de fin de etapa. Es la consecuencia de una protesta que surgió en algunos colegios el curso pasado y que ya secundan cientos de claustros: no llevar a cabo estas actividades hasta que mejoren las condiciones del profesorado.

A la iniciativa se han sumado oficialmente 1.354 escuelas e institutos, más de la mitad de los centros públicos catalanes. En algunos casos, se han puesto de acuerdo todos los colegios de un mismo municipio, a través de las asambleas docentes. La intención de sus impulsores es añadir presión al Departamento de Educación para resolver el conflicto que arrastran desde el curso pasado.

Sin embargo, no todo el mundo dentro de la comunidad educativa apoya esta forma de protesta. Las familias han mostrado ya sus reservas, especialmente por la cancelación de excursiones dentro del horario lectivo, y el Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo) alerta de que puede perjudicar a los alumnos de entornos más desfavorecidos. 

Mientras tanto, las empresas y entidades del sector del ocio educativo que contratan a monitores y gestionan casas de colonias y campamentos, como Fundesplai o la Fundació Pere Tarrés, han dado la señal de alarma. Este septiembre, momento en el que muchos centros reservan estas actividades de cara a final de curso –sobre todo en el caso de las colonias–, la caída de la demanda es del 80%. 

Durante las negociaciones con los sindicatos para poner fin a este boicot, el Govern decidió compensar a los docentes con 50 euros por cada excursión con pernoctación, con un máximo de dos profesionales por grupo. Sin embargo, a los impulsores de la movilización no solo les parece insuficiente esta compensación, sino que condicionan la recuperación de estas actividades al desenlace del conflicto docente en su conjunto, que incluye reivindicaciones como aumentos retributivos, refuerzos de personal o la climatización de las aulas.

“Hemos eliminado todas las actividades que incluyen trabajar fuera del horario lectivo”, resume Rubén, docente de la escuela Francesc Feliu de Aitona, en Lleida. En este centro, solo harán salidas puntuales si no incluye la hora de comedor –porque no está compensada–, o si se pueden hacer sin autocar. Solo harán excepciones, añade, en celebraciones puntuales –como el festival de Navidad– u otras actividades que tengan una justificación educativa suficiente. 

“No es una medida que haya venido para quedarse”, advierte Rubén. “Nosotros creemos en estas excursiones, creemos que hay niños y niñas que si no es de esta forma, tienen pocas oportunidades”, añade, y por eso apremia a la Generalitat a atender a sus demandas. “50 euros por noche no me convencen ni a mí ni a la mayoría, es un parche que no soluciona los problemas de fondo”, expresa este docente.

Al margen del amplio apoyo docente, asociaciones de familias y el Síndic de Greuges apremian a las partes a ponerle solución para que los alumnos no se queden con una actividad que consideran estrechamente vinculada al derecho a la educación. 

Lidón Gasull, presidenta de las Asociaciones Federadas de Familias de Alumnos de Catalunya (AFFAC), entiende que se cancelen las pernoctaciones fuera del centro si no se reconocen con pluses salariales y una regulación más clara, pero se opone a que se renuncie a cualquier salida del colegio, sea para ir al teatro, al campo o a un museo. “Los profesionales tienen derecho a reivindicar mejores condiciones para hacer salidas, pero estas se deben garantizar”, reclama Gasull, que señala que el mecanismo de presión ya previsto para canalizar este descontento son las huelgas, no el boicot. 

“Lo que más nos preocupa es que nadie mueve ficha y que estas actividades se dejen de hacer, o peor, acaben lideradas no por los claustros, sino por iniciativas de carácter privado desvinculadas del proyecto educativo del centro”, reflexiona. En este punto, todas las fuentes consultadas reconocen que son las públicas quienes secundan la protesta, mientras las concertadas seguirán con sus planes de excursiones y viajes de final de curso.

Andreu Termes, investigador del Globalisation, Education & Social Policies de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), coincide con el temor de Gasull. “Confío en que la negociación llegue a buen puerto antes de que se cumpla la amenaza, porque incrementará las desigualdades para todos aquellos alumnos de la pública que no pueden realizar estas actividades en contextos no escolares”, resume. 

Paradójicamente, Termes ve una parte positiva en el revuelo que ha levantado esta protesta, tanto en la Administración como con las familias o con el propio Síndic de Greuges: es la señal de que estas excursiones importan a la comunidad educativa. “Tienen mucho valor: cognitivo, académico, psicosocial, emocional… Ofrecen oportunidades claramente únicas para algunos alumnos”, tercia.

Los que más aprietan para que Educación y los docentes resuelvan este conflicto son las empreas del sector, agrupadas en torno a la patronal ACELLEC (Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura), que emplean a unas 10.000 personas. “El impacto es terrible, y la gran mayoría son empresas pequeñas”, apunta el gerente Pep Montes. Las reservas de colonias escolares, asegura, se han desplomado por ahora un 80%. 

Montes se declara impotente ante un conflicto que golpea con dureza a un sector que poco puede hacer para solucionarlo. “Somos espectadores atónitos, no somos ni causa ni solución de esta crisis”, lamenta, y pide al Govern “flexibilidad” e “inventiva” para atender a las reivindicaciones docentes. Por ahora, la Generalitat ha anunciado una línea de préstamos bonificados de hasta 100.000 euros a estas empresas para detener el golpe de este curso.

La Asociación de Educadoras Infantiles de Castilla-La Mancha convoca concentraciones en la región para “reivindicar el derecho de la infancia y la dignidad del primer ciclo de educación infantil de 0 a 3 años” el próximo jueves 17 de septiembre.

Se producirán en tres ciudades castellanomanchegas, Ciudad Real (Plaza de Cervantes), Guadalajara (Plaza del Ayuntamiento) y en Toledo (Plaza de Zocodover) a las 19:00 horas.

Desde la asociación reivindican que “la adaptación, el apego y el cuidado en los primeros años de vida construyen seguridad, confianza y futuro. Pero para poder acompañar de verdad a cada niño y cada niña necesitamos bajada de ratios, más profesionales, mejores condiciones laborales y tiempos y recursos reales”.

Aseguran que “cuidar bien no puede depender del agotamiento de quienes sostienen cada día la infancia” y por ello hacen “un llamamiento a las asociaciones vecinales, colectivos sociales, organizaciones feministas, sindicatos, AMPAs, plataformas ciudadanas, entidades educativas, movimientos por los derechos de la infancia y grupos políticos para que nos acompañen y respalden esta reivindicación”.

La asociación defiende que “la defensa de la educación pública y de la primera infancia es una responsabilidad colectiva” y vuelve a pedir “unas condiciones dignas”.

Empieza el curso el Ministerio de Educación con muchos deberes autoimpuestos y poco tiempo para hacerlos. Ratios de alumnado por clase, horas lectivas semanales, límites a los “chiringuitos” —en palabras del presidente, Pedro Sánchez— de Formación Profesional (FP), establecer por ley la adecuada climatización de los centros o incluso el sistema de acceso (las oposiciones) esperan turno en el Congreso o en la mesa de negociación. Pero pasan las semanas, los meses y las reformas no se acaban de concretar. Y todo lo que no esté hecho antes de las elecciones, como muy tarde en julio, quedará en un cajón.

Las organizaciones sindicales creen que puede ser tarde ya, al menos para sacarlas todas, y le reprochan al Gobierno que haya esperado tanto para abordarlas —Pedro Sánchez lleva en Moncloa desde 2018— pese a haber denominado estos últimos cuatro años como “la legislatura del profesorado”. Algunas de esas reformas solo dependen del Ejecutivo y en su mano está aprobarlas vía Real Decreto. Para otras, en forma de ley, necesita el apoyo de un Congreso hostil en este momento con la coalición.

“Esperamos que se aprueben como mínimo cuatro de estas reformas”, expresó este jueves Teresa Esperabé, secretaria general de la Federación de Educación de CCOO. La responsable sindical explicó que se daría por satisfecha si para cuando los españoles acudan a votar se han reformado las ratios de alumnado por clase, las horas lectivas, el Real Decreto de requisitos mínimos de los centros y la normativa que limite los centros privados de FP.

El sector necesita las reformas, sostienen los sindicatos. “La insatisfacción en la comunidad docente es evidente”, recoge un informe recién publicado de la Fundación 1º de Mayo sobre la mercantilización de la educación en España. “El empeoramiento de las condiciones laborales del profesorado, la falta de adaptación de los centros a las emergencias provocadas por el cambio climático, la falta de apoyo de las administraciones educativas a la enseñanza pública, la no recuperación de las condiciones laborales anteriores a la crisis de 2008, la falta de medios para poder tratar la diversidad en las aulas, el incremento de la burocracia y la pérdida de la democracia en los centros, han transformado a los claustros en órganos de escasa utilidad y a los y las docentes en meros tecnócratas, alejados de su función educativa”, describe.

El curso escolar ha empezado exactamente en el mismo punto en el que acabó el anterior, entre movilizaciones, protestas y huelgas: Catalunya celebró un paro el pasado martes, y Andalucía y Madrid tienen convocados los suyos. Otras seis comunidades también arrancan el curso con conflictos.

Cuatro años de espera

A unos primeros años de Gobierno socialista de intensa actividad legislativa, en los que se reformó el sistema educativo de arriba abajo —ley de Educación, ley de Formación Profesional y ley de Enseñanzas Artísticas— y se puso el énfasis en mejorar el sistema de becas y la provisión de plazas públicas en Infantil y FP, siguió una etapa de relativa calma, al menos de cara al público.

El 27 de enero de 2022, Educación presentó un documento con 24 medidas relativas al acceso a los grados de Infantil y Primaria, al máster de formación del profesorado, las prácticas del futuro profesorado y evaluación de los docentes. Han pasado cuatro años y medio desde que el departamento que entonces dirigía Pilar Alegría realizara este primer anuncio de una futura negociación para mejorar las condiciones laborales del profesorado.

Aquel texto abría, en teoría, la negociación de lo que tendría que ser el estatuto docente, la norma que regule todos los aspectos de la profesión y que los sindicatos exigen desde hace décadas. Pero el movimiento de Educación tenía trampa, como sospechaban las organizaciones sindicales y se confirmó con el discurrir de los meses: el Ministerio publicó ese texto para cumplir el mandato que imponía la Lomloe, que daba dos años desde su aprobación para abordar el estatuto. Satisfecha la exigencia legal, el estatuto quedó en el olvido.

Hasta que, en enero de 2025, Educación retomó la tarea en pleno estadillo de las protestas docentes por las condiciones en que ejercen su labor y la degradación de la escuela pública. Desde entonces, se ha avanzado a base de pequeños pasos. La sucesora de Alegría, Milagros Tolón, llevó al Consejo de Ministros una ley para mejorar las ratios de alumnado por clase en Primaria y Secundaria y bajar las horas lectivas de docencia semanal que imparte el profesorado en ambas etapas. Ese texto está ya en el Congreso y el próximo 17 se cierra el plazo para presentar enmiendas. A partir de ahí, se empezará a ver los apoyos que tiene la reforma.

Ese texto reduce el número máximo de alumnos por aula a 22 en Primaria (frente a los 25 actuales) y 25 en ESO (frente a los 30 actuales). Además, el documento fija, con carácter general, la jornada lectiva semanal del profesorado en 23 horas en Infantil, Primaria y Educación Especial, y en 18 horas en el resto de enseñanzas (en este momento la normativa de mínimos está en 25 y 20, respectivamente, aunque la mayoría de las comunidades autónomas ya las han bajado por su cuenta).

Más ratios y climatización de centros

La otra negociación que más avanzada va es la modificación del Real Decreto 132/2010 de requisitos mínimos de los centros educativos. Esta reforma es en algunos aspectos complementaria a la ley que se tramita en el Congreso y contempla la reducción de las ratios de Infantil y Bachillerato. La propuesta del Gobierno baja las ratios a la mitad de las actuales: cuatro bebés de cero años por educadora, seis de uno y ocho de dos, recogiendo las demandas de las trabajadoras del sector, que el curso pasado realizó la primera huelga general y que en Madrid llevan de huelga indefinida desde abril. En el segundo ciclo de Infantil (de 3 a 6 años) establece un máximo de 20 niños y niñas por aula y para el Bachillerato lo deja en 30 (son 35 actualmente).

Este real decreto incluirá también que todos los centros educativos deberán atender “al bienestar del alumnado y el personal del centro mediante la adecuación de la climatización”. Aunque la formulación pueda resultar algo ambigua, será la primera vez que quede fijado en una normativa estatal la obligación de atender al confort térmico de alumnado y profesorado en colegios e institutos, uno de los grandes caballos de batalla de la comunidad educativa en los últimos años.

En este caso, el Gobierno cuenta con la ventaja de que al ser un real decreto no necesita del Congreso para sacarlo adelante. El texto, que ya ha pasado por los grupos de trabajo con los sindicatos y ahora tiene que ir a la mesa sectorial, pasará por el Consejo Escolar del Estado y el Consejo de Estado, que emitirán sendos informes preceptivos, pero no vinculantes. A partir de ahí, el Ejecutivo solo tiene que aprobarlo en el Consejo de Ministros y entrará en vigor en cuanto lo publique el BOE.

Más retrasado va el real decreto que el presidente Sánchez anunció el pasado mes de febrero para “poner límites a la apertura de centros privados [de Formación Profesional] que no ofrezcan garantías” ante la eclosión de los últimos años. El Ejecutivo sacó a consulta previa la norma (un trámite para que las partes interesadas aporten propuestas) en abril, pero los sindicatos no han vuelto a saber del texto. De nuevo, al tener forma de real decreto el Gobierno cuenta con la ventaja de que, dictámenes del Consejo Escolar y del Consejo de Estado aparte, solo depende de sus propios ritmos.

Por último están las oposiciones. El pasado 30 de julio, Educación anunció que constituía un grupo de trabajo para abordar la reforma del sistema de ingreso a la función docente. Por el momento hay poca información sobre este movimiento. Los sindicatos esperan ser convocados para tratar el tema este mismo mes.

Cuatro reformas para mejorar las condiciones en que se ejerce la docencia —y, por tanto, el sistema en general– y una quinta dirigida a poner coto a la privatización del sector, que aumenta año tras año, y menos de un curso para sacarlas adelante. Como hacen muchos estudiantes, Educación ha dejado los deberes para última hora. El tiempo dirá si no es demasiado tarde.

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, ha defendido este viernes en el pleno de las Cortes de Aragón la actuación de la Jefatura de la Inspección Educativa de Huesca, en respuesta a las críticas del PSOE por el elevado número de expedientes disciplinarios abiertos a docentes en la provincia. Susín ha manifestado su “respeto absoluto a la libertad de expresión de algunos docentes” y ha preguntado a la portavoz de Educación del PSOE, María Rodrigo, “qué ha hecho mal” el jefe de la Inspección, antes de zanjar: “Lo que no voy a hacer es sustituir el hecho por el ruido”.

La diputada socialista ha trasladado a la consejera “el profundo malestar” entre docentes y sindicatos por la actuación de la jefatura en Huesca, que a su juicio “no es un simple desencuentro administrativo”, sino “una situación que está afectando al clima de trabajo en los centros, la confianza del profesorado en la Administración educativa y las garantías de los procedimientos disciplinarios”.

Rodrigo ha cifrado en más de 48 los expedientes disciplinarios incoados por la Inspección oscense –20 de ellos en 2026–, frente a los 21 de Zaragoza y los 11 de Teruel este año, y ha calificado de “grave” la situación en el IES Ramón y Cajal de Huesca, donde se han acumulado siete de los expedientes.

“Cuando existe semejante concentración de expedientes y los sindicatos denuncian, día sí día también, usted tiene la obligación política de intervenir”, le ha espetado Rodrigo a la consejera, a quien ha exigido ordenar de forma “inmediata” una revisión “objetiva, rigurosa e independiente” de la actuación de la Inspección, en particular respecto al Ramón y Cajal. La parlamentaria socialista ha reclamado además el cumplimiento de la proposición no de ley aprobada en 2025 por el Parlamento sobre un expediente informativo a un funcionario para “averiguar qué ha pasado”, y ha pedido que se escuche a los equipos directivos, al profesorado y a los representantes de los trabajadores. El PSOE, ha subrayado Rodrigo, “no prejuzga el resultado de ningún expediente”.

“Garantías”

Susín ha respondido que las medidas que adopta el Gobierno respecto a “cualquier funcionario” se toman “con las garantías del procedimiento administrativo” y no “en función de las concentraciones que se convoquen”. La consejera ha precisado, además, que del total de expedientes abiertos en Huesca solo han llegado a término cuatro, frente a los diez ya resueltos en la provincia de Zaragoza. “El día que la continuidad de un inspector dependa de la presión que se ejerza sobre ese inspector, habrá dejado de ser independiente y al profesorado nadie podrá asegurarle que se le aplica el mismo criterio con independencia de la capacidad de presión”, ha afirmado.

La titular del Departamento ha insistido en que Educación actúa con “rigor, proporcionalidad, objetividad y respeto, pero también con independencia”, y ha añadido que “si hay persecución y abuso de poder los tribunales lo tendrán que decir y esta consejera actuará”, tras precisar que en tres años no ha oído a “nadie” anunciar que acudirá a los tribunales.

El pulso de este viernes llega tras más de un año de tensión entre parte del profesorado oscense y la Inspección Educativa. La polémica se reavivó el pasado junio, cuando decenas de claustros de colegios e institutos de la provincia se concentraron de espaldas en protesta por la propuesta de sanción a Lola Giménez, orientadora del IES Ramón y Cajal, y denunciaron un clima de “miedo” que, según los docentes, desincentiva las quejas. Aquella movilización no fue la primera: a finales de 2024 ya se denunció un presunto “amedrentamiento” en los centros y las Cortes llegaron a aprobar una PNL instando al cese del jefe de la Inspección, que el Gobierno de Aragón no ejecutó.

A comienzos de agosto, datos facilitados por el propio Departamento al grupo parlamentario de CHA –que prepara su propia iniciativa parlamentaria sobre el asunto– situaban en 48 los expedientes incoados en Huesca desde el curso 2023-2024, por 21 en Zaragoza y 11 en Teruel. El Departamento rechazó entonces las críticas de CHA y acusó a la formación de “desagregar interesadamente por provincias” unos datos que, sostiene, no comprometen la autonomía técnica de los inspectores.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha inaugurado este miércoles en El Hierro el curso escolar en Educación Infantil y Primaria, que se caracterizará, según los responsables educativos del Archipiélago, por una reducción de las ratios en las aulas y un mayor número de docentes.

En la inauguración del curso, que se celebró en el CEIP Tigaday de La Frontera (El Hierro), Clavijo estuvo acompañado, entre otros, por el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez.

El Gobierno indica en un comunicado que el nuevo curso comienza con 232.014 estudiantes matriculados en el conjunto de las enseñanzas no universitarias, una cifra todavía provisional al permanecer abierto durante septiembre el periodo de matriculación de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial.

Pese a la reducción de alumnado respecto a los últimos años, el Gobierno de Canarias ha continuado reforzando los recursos del sistema educativo público hasta alcanzar “la mayor plantilla docente de su historia” al inicio de curso.

A día de hoy, y antes de completar los nombramientos previstos durante este mes, Canarias cuenta con 29.046 docentes, 2.351 plazas más que al inicio de la presente legislatura.

Fernando Clavijo considera que este crecimiento de los recursos humanos pretende mejorar la calidad del sistema educativo y ha destacado que hay menos alumnado pero más profesorado.

En el acto, el presidente de Canarias incidió en que la educación es una “prioridad” para el Gobierno porque de ella dependen buena parte de las oportunidades futuras.

Por su parte, Suárez destacó las “importantes novedades que siguen transformando nuestro sistema educativo”, como la reducción progresiva de las ratios hasta la incorporación de nuevas herramientas como Doramas, con la que se quiere aliviar la carga burocrática del profesorado.

Suárez recordó el papel desempeñado por el CEIP Tigaday en el desarrollo de la escolarización temprana en Canarias, al convertirse en el primer centro público del archipiélago en ofrecer de forma completa los tres niveles del primer ciclo de Educación Infantil, de cero a tres años.

La jornada comenzó con una visita al aulario del primer ciclo de Educación Infantil, situado en un edificio anexo al colegio y a continuación, la actividad se trasladó al edificio principal del CEIP Tigaday, donde tuvo lugar la inauguración oficial del curso escolar, con los estudiantes como protagonistas.

La apertura corrió a cargo del grupo de música y baile tradicional canario Tejeguatito, integrado por alumnado del propio colegio, que interpretó distintas piezas del folclore de las islas y tras las intervenciones institucionales, la música volvió a protagonizar el cierre, esta vez de la mano del timplista Neyhel Alonso, antiguo estudiante del CEIP Tigaday, acompañado por las solistas Kendra Guadarrama y Fabiola Febles y por Atilano Morales, a la guitarra.

Este curso, el CEIP Tigaday cuenta con 321 estudiantes, de los que 129 cursan Educación Infantil y 192, Educación Primaria.

Herramienta Doramas

Entre las principales novedades del curso 2026/27 destaca también la puesta en marcha de Doramas, una de las medidas estratégicas impulsadas durante la legislatura para modernizar la gestión educativa y reducir la carga burocrática de docentes y equipos directivos.

La nueva herramienta permitirá unificar trámites que hasta ahora se realizan a través de diferentes aplicativos y simplificar numerosos procedimientos cotidianos de los centros, con una reducción estimada del cincuenta por ciento de las tareas administrativas.

Su implantación comienza este mes de septiembre en una treintena de centros piloto de todas las islas y se extenderá progresivamente durante el primer trimestre a 534 centros de Educación Infantil y Primaria.

Posteriormente, el sistema llegará al resto de enseñanzas durante los dos próximos cursos, completando así una transformación progresiva de la gestión educativa en todo el archipiélago.

Doramas, desarrollado a partir del sistema Séneca y adaptado a las particularidades del sistema educativo canario, forma parte además de un plan de simplificación administrativa compuesto por 65 medidas y nacido de las propias demandas de los docentes. El objetivo último es que profesorado y equipos directivos dediquen menos tiempo a tareas administrativas y puedan centrar una mayor parte de su jornada en la enseñanza y en la atención al alumnado.

Ratios

El curso 2026/27 supone el segundo año de aplicación del plan plurianual para reducir el número máximo de estudiantes por aula. En esta ocasión, el límite en los grupos de tres años de Educación Infantil pasa de dieciocho a dieciséis estudiantes; en tercero y cuarto de Educación Primaria, de veinticinco a veintidós; y en tercero de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), de treinta a veinticinco.

La reducción se suma a la aplicada el pasado curso en los grupos de cuatro y cinco años de Infantil, primero y segundo de Primaria y primero y segundo de ESO. El objetivo es completar el proceso en el curso 2027/28 con máximos de dieciséis, dieciocho y veinte estudiantes en Infantil, veintidós en Primaria y veinticinco en Secundaria.

Libros gratuitos

Otra de las principales novedades del curso es el inicio de la implantación progresiva del Programa de Acceso al Uso Gratuito de Libros de Texto, una medida estructural dotada con once millones de euros que beneficiará inicialmente a setenta mil estudiantes y cuyo objetivo es alcanzar los 185.000 cuando se complete su desarrollo.

El nuevo modelo permitirá crear un banco público de libros y materiales educativos gestionado por los propios centros, de manera que estos puedan ser reutilizados durante varios cursos. Las familias incluidas en el programa no tendrán que realizar trámites para acogerse a la medida.

En esta primera fase, la gratuidad alcanza a primero, segundo y tercero de Educación Primaria y primero de ESO, además de distintos niveles de enseñanzas a alumnado con necesidades específicas, primero y segundo de Formación Profesional Básica y los itinerarios de Formación Profesional Adaptada.

El primer día de clase se vive de forma distinta según el momento de la vida. En la infancia rural de los años sesenta, en la experiencia de la docencia y en la maternidad, septiembre adopta rostros muy diferentes, pero mantiene un mismo latido de fondo: el de los comienzos que vuelven a abrir la vida.

Para una niña humilde en la España castellana y rural de aquellos años, el inicio de curso no traía estrenos ni viajes que contar, sino el regreso a la rutina tras un verano de ayuda en casa, costura por las tardes y alguna tarea en el campo. Si cierro los ojos, todavía puedo percibir aquel aroma inconfundible: la mezcla de goma de borrar, lápices y libros usados. Septiembre no era un tiempo de abundancia, sino de retorno a lo esencial.

Lo más importante de aquel reencuentro era el entusiasmo de volver a ver a las amigas de otros barrios en una escuela segregada por sexos, donde los chicos vivían en otro mundo, ajeno al nuestro. Era un espacio tranquilo donde aquellas vidas femeninas coincidían. En los preparativos no se estrenaba nada: se ajustaba el bajo a los babis o ropas heredados, se ponían tapas nuevas a los zapatos y se borraban los libros usados de hermanas mayores o vecinas. Un cuaderno y unos lápices nuevos eran un auténtico tesoro. (Los estuches y las carteras nos los traían los Reyes Magos). El regreso nos devolvía a un aula presidida por el crucifijo y los retratos del régimen, entre rezos, filas y algún canto patriótico. Sin embargo, para nosotras significaba algo más sencillo y luminoso: recuperar nuestro espacio de juegos, confidencias, complicidad y aprendizaje.

Como maestra, el primer día de clase seguía despertando nervios, aunque de naturaleza muy distinta. El inicio del curso significaba el reencuentro con los compañeros y el conocimiento de otros nuevos; los primeros cafés compartidos, las anécdotas del verano y las ilusiones renovadas mientras revisábamos horarios, programaciones y proyectos

Entonces no era consciente, pero aquellos comienzos me enseñaron a encontrar luz incluso en la escasez. Y si hoy soy lo que soy, es en gran parte gracias a ellas, a mis maestras. En aquel entorno recio, aquellas mujeres nos guiaron con cariño y una ternura callada. Fueron mis primeros referentes, el espejo en el que, sin saberlo, un día querría mirarme.

Con los años crucé la misma puerta, pero me senté al otro lado de la mesa. Como maestra, el primer día de clase seguía despertando nervios, aunque de naturaleza muy distinta. El inicio del curso significaba el reencuentro con los compañeros y el conocimiento de otros nuevos; los primeros cafés compartidos, las anécdotas del verano y las ilusiones renovadas mientras revisábamos horarios, programaciones y proyectos. A todo ello se sumaba una burocracia que aumentaba con cada nueva ley. Había un inevitable cansancio de los preparativos, pero también esa energía especial que acompaña a quien sabe que su profesión puede cambiar vidas.

Ya no pensaba en mis cuadernos, sino en las mochilas invisibles que traía cada alumno: el miedo del que llegaba por primera vez, la timidez del que apenas levantaba la vista, la inquietud del que no conseguía estar quieto o la vulnerabilidad que algunos escondían tras una sonrisa.

Yo tenía una ventaja que pocas madres podían tener: sabía perfectamente qué estaba sintiendo la maestra que los recibía al otro lado de la puerta. Conocía sus nervios, la responsabilidad, el deseo de aprenderse cuanto antes el nombre de cada niño y la esperanza de comenzar bien el curso. Quizá por haber ocupado también ese lugar, me resultó más fácil confiar

Con los años comprendí también que no todas las mochilas pesaban lo mismo. Algunas escondían preocupaciones que iban más allá de la timidez o del miedo: el esfuerzo de familias que afrontaban con dificultad el coste de los libros, el material escolar o las actividades complementarias. Siempre me resultó doloroso que un niño pudiera quedarse al margen de una excursión o de una salida educativa por falta de recursos. Más de una vez, los maestros buscamos discretamente la manera de conseguir ayudas para que ninguno se sintiera excluido. Porque la escuela pública no solo enseña conocimientos; también debe garantizar que todos los niños puedan compartir las mismas oportunidades, sin que la situación económica de sus familias condicione su derecho a aprender, convivir y crecer junto a sus compañeros.

Mis herramientas también habían cambiado: los bolígrafos verdes y rojos, las listas de clase, las agendas y los proyectos que esperaba convertir en experiencias significativas. Esos bolígrafos se convirtieron en algo más que instrumentos: pequeñas brújulas del aprendizaje. Comprendí entonces que enseñar iba mucho más allá de explicar una lección. Consistía en ofrecer seguridad, escuchar sin prisas, despertar la curiosidad y hacer sentir a cada niño que el aula era un lugar donde podía crecer sin miedo. Mi mayor aspiración fue siempre ser un faro capaz de iluminar sus primeros pasos.

La vida todavía me regaló una tercera mirada, quizá la más intensa desde el punto de vista emocional: la de madre. Preparar la mochila con cuidado, revisar que no faltara nada, forrar los libros, pegar las etiquetas con sus nombres y caminar juntos hasta la puerta del colegio formaba parte de un pequeño ritual lleno de ternura. Con septiembre regresaba también el pulso cotidiano de la familia: los horarios, las prisas de la mañana, las mochilas junto a la puerta y las conversaciones con otros padres. Aquel primer día compartíamos el privilegio de cruzar el umbral los tres juntos; una hermosa excepción antes de que la rutina del curso me obligara, como maestra, a entrar mucho antes que mis hijos o a salir después. Después llegaba ese instante inevitable: soltar su mano y confiar.

Pero yo tenía una ventaja que pocas madres podían tener: sabía perfectamente qué estaba sintiendo la maestra que los recibía al otro lado de la puerta. Conocía sus nervios, la responsabilidad, el deseo de aprenderse cuanto antes el nombre de cada niño y la esperanza de comenzar bien el curso. Quizá por haber ocupado también ese lugar, me resultó más fácil confiar. Sabía que detrás de aquella sonrisa había una profesional que pondría el corazón en su trabajo. Y eso me permitió despedirme con más serenidad, aunque el corazón siguiera encogido. Como madre comprendí que educar también es aprender a dejar marchar poco a poco, celebrando cada paso hacia la autonomía mientras una parte de nosotros querría detener el tiempo.

Hoy la emoción del primer día sigue siendo la misma: las miradas nerviosas, las manos que aprietan mochilas nuevas, las sonrisas contenidas y el abrazo rápido en la puerta

La educación ha cambiado enormemente desde aquellos años. Las pizarras de tiza dieron paso a pantallas digitales, los pupitres en fila al trabajo cooperativo y la educación emocional ocupa hoy un espacio imprescindible. Han cambiado las metodologías y las herramientas; sin embargo, hay algo que permanece intacto: el asombro ante el conocimiento que yo sentía de niña gracias a mis maestras, el que procuré despertar en mis alumnos y el que siempre he deseado para mis hijos.

Hoy la emoción del primer día sigue siendo la misma: las miradas nerviosas, las manos que aprietan mochilas nuevas, las sonrisas contenidas y el abrazo rápido en la puerta. Cambian los tiempos, pero esa mezcla de temor y expectación permanece viva en los niños y niñas que cada septiembre vuelven a empezar.

Hoy, ya jubilada, septiembre sigue despertando en mí una emoción difícil de explicar. Ya no preparo clases ni mochilas, pero la jubilación no borra el pasado: lo ilumina con una luz distinta. Cada comienzo de curso me recuerda que una parte de mi vida permanecerá siempre entre los pasillos de un colegio. Quienes hemos amado la escuela pública desde sus tres orillas —como alumna, como maestra y como madre— sabemos que, aunque ya no crucemos cada mañana esa puerta, una parte de nuestro corazón seguirá entrando en un aula cada mes de septiembre. Allí continúan encendiéndose pequeños faros que iluminan el camino de otros.

Por eso septiembre sigue emocionándome. Porque cada comienzo de curso me recuerda que una parte de mí nunca dejó aquella escuela: la niña que soñaba, la maestra que enseñaba y la madre que aprendió, al fin, que educar también consiste en confiar.