Vox no només vol colar la 'prioritat nacional' per a aprovar els pressupostos de la Generalitat Valenciana. Entre les esmenes presentades als comptes autonòmics de Pérez Llorca, la formació ultra exigeix l'“estricte compliment” de la neutralitat política i social a les aules de la Comunitat Valenciana.

Així, la iniciativa planteja l'addició d'un nou apartat als deures del personal docent recollits en el Decret 193/2025 de convivència en el sistema educatiu, i introdueix una secció específica davall el títol 'Pla de Convivència' que busca “blindar l'activitat escolar davant posicionaments partidistes o dogmàtics”.

D'acord amb el document presentat a les Corts Valencianes, al qual ha tingut accés elDiario.es, “els directius, els docents i el consell escolar del centre educatiu han de vetlar per la seua neutralitat ideològica”.

Aquesta obligació afectarà de manera integral el disseny, l'aprovació, la impartició i el control dels continguts educatius, així com la programació d'activitats i l'elecció dels llibres de text i altres materials didàctics. Vox pretén que s'actue “evitant qualsevol forma d'adoctrinament ideològic”.

A més, la proposta estén aquesta responsabilitat als agents externs a la comunitat escolar. L'esmena estableix que el professorat i els equips directius “també són responsables dels continguts que puguen impartir persones i col·lectius externs al centre”. Aquesta mesura obligarà a un control previ de les conferències, els tallers o les xarrades complementàries que organitzen persones o entitats externes en les instal·lacions públiques.

Reforç de la Inspecció Educativa

Aquesta proposta complementa una altra esmena presentada per Vox orientada a facultar la Inspecció d'Educació perquè actue de manera prioritària quan existisquen indicis de vulneració de drets. En aquests casos, els inspectors mantindran la competència de “vetlar per la seguretat, el benestar o els drets fonamentals de l'alumnat” mitjançant visites i entrevistes d'urgència als centres escolars.

El redactat manté que aquestes tasques de control es desenvoluparan sota els principis d'“objectivitat, proporcionalitat i contradicció” i salvaguardant la “presumpció de correcció en l'actuació dels professionals de l'educació”.

Vox no solo quiere colar la 'prioridad nacional' para aprobar los presupuestos de la Generalitat Valenciana. Entre las enmiendas presentadas a las cuentas autonómicas de Pérez Llorca, la formación ultra exige el “estricto cumplimiento” de la neutralidad política y social en las aulas de la Comunitat Valenciana.

Así, la iniciativa plantea la adición de un nuevo apartado a los deberes del personal docente recogidos en el Decreto 193/2025 de convivencia en el sistema educativo, e introduce una sección específica bajo el título 'Plan de Convivencia' que busca “blindar la actividad escolar frente a posicionamientos partidistas o dogmáticos”.

De acuerdo con el documento presentado en las Corts Valencianes al que ha tenido acceso elDiario.es, “los directivos, los docentes y el consejo escolar del centro educativo deben velar por su neutralidad ideológica”.

Esta obligación afectará de manera integral al diseño, aprobación, impartición y control de los contenidos educativos, así como a la programación de actividades y la elección de los libros de texto y otros materiales didácticos. Vox pretende que se actúe “evitando cualquier forma de adoctrinamiento ideológico”.

Además, la propuesta extiende esta responsabilidad hacia los agentes de fuera de la comunidad escolar. La enmienda establece que el profesorado y los equipos directivos “también son responsables de los contenidos que puedan impartir personas y colectivos externos al centro”. Esta medida obligará a un control previo de las conferencias, talleres o charlas complementarias que organicen asociaciones extraescolares en las instalaciones públicas.

Refuerzo de la Inspección Educativa

Esta propuesta complementa otra enmienda presentada por Vox orientada a facultar a la Inspección de Educación para que actúe de manera prioritaria cuando existan indicios de vulneración de derechos. En esos casos, los inspectores mantendrán la competencia de “velar por la seguridad, bienestar o derechos fundamentales del alumnado” mediante visitas y entrevistas de urgencia en los centros escolares.

El redactado mantiene que estas labores de control se desarrollarán bajo los principios de “objetividad, proporcionalidad, contradicción” y salvaguardando la “presunción de corrección en la actuación de los profesionales de la educación”.

CCOO ha denunciado que la Consejería de Educación planea llevar a cabo el próximo curso 2026-2027 “el mayor recorte de plantilla docente y de unidades de Infantil y Primaria desde 2012”, ante el que planteará a la Junta de Personal Docente la adopción de “medidas contundentes”, defendiendo incluso una huelga. Además, llama a las asociaciones de madres y padres de alumnos a sumarse a un “bloque común de rechazo”.

“Si la Consejería continúa por este camino, el próximo curso no puede comenzar con normalidad”, ha aseverado la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria, Conchi Sánchez.

160 docentes y 30 unidades de Educación Infantil y Primaria menos

Y es que el sindicato ha avisado en un comunicado que, a falta de confirmación oficial por parte del departamento que dirige Sergio Silva (PP), el borrador de cupos que ha enviado a la representación sindical confirma lo que la Federación de Enseñanza del sindicato “ya alertaba desde hace semanas”: una pérdida de más de 160 plazas docentes -55 de Educación Infantil, 80 de Primaria y otras 27 de Atención a la Diversidad, Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL)-.

Además, ha indicado que, según la información que han trasladado a la federación los equipos directivos y el profesorado de varios centros escolares de la región, la Consejería pretende también suprimir “más de 30 unidades de Educación Infantil y Primaria”.

“Ya veníamos avisando de nuestras sospechas. Intuíamos que la Consejería estaba preparando un gran recorte en Educación Infantil y Primaria”, ha lamentado Sánchez.

La sindicalista ha puesto como ejemplo el caso del colegio Pedro del Hoyo de Colindres, donde, según ha dicho, Educación tiene la intención de suprimir una de las aulas de 3 años cuando hay 21 alumnos y más pendientes de la matrícula extraordinaria.

“En otros centros no mandan apoyos para cubrir las horas de docencia de dirección y, en muchos casos, cuando el personal interino llegue a los centros por las especialidades de Música, Inglés o Educación Física se va a encontrar con la sorpresa de que su horario va a estar sobrecargado con otras tareas y esto sin contar con los centros que, al suprimir unidades, perderán horas de coordinación de planes y proyectos”, ha avisado.

Para CCOO, este “brutal recorte” de plazas puede provocar que haya personal interino que se vea fuera de la enseñanza a pesar de llevar toda la vida trabajando en Cantabria o que incluso funcionarios de carrera tengan que cambiarse de centro educativo porque su plaza ya no existe. “Es un absoluto desastre”, ha aseverado.

En cuanto a las variaciones de cupo, la federación ha señalado la pérdida de tres docentes en colegios como el Leonardo Torres Quevedo de La Serna de Iguña (Arenas de Iguña); Ramón Laza de Cabezón de la Sal, Juan de Herrera de Maliaño (Camargo), Jesús Cancio de Santander o Buenaventura González de Santa Cruz de Bezana.

Para Sánchez, “las cifras son de una gravedad extraordinaria porque es un recorte brutal de la educación pública y un atentado que afecta directamente al alumnado y a la calidad de la enseñanza”.

En este sentido, ha señalado que se van a unificar aulas y la pérdida de docentes acarreará una sobrecarga para los equipos directivos que tendrán que asumir tutorías.

Llamamiento a las AMPAS

La Federación de Enseñanza ha hecho un llamamiento a las Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado (AMPAs) y a la federación que las engloba (FAPA) para hacer “un bloque común de rechazo y oposición”.

Ha asegurado que a la Federación le han llegado casos de familias que quieren llevar a sus hijos al mismo centro donde estudian sus hermanos mayores y no se les está permitiendo la escolarización, ocasionando “un gran perjuicio para la organización y la conciliación de las familias”.

“La comunidad educativa tiene que ser consciente de la gravedad de estos recortes. No se trata únicamente de una cuestión laboral de los docentes sino que afecta a todo el alumnado y a la calidad de la enseñanza”, ha dicho.

CCOO ha afirmado que “si la Consejería continúa por este camino, el próximo curso no puede comenzar con normalidad”. “Vamos a plantear a la Junta de Personal Docente la adopción de medidas contundentes. Seguimos defendiendo la convocatoria de una huelga porque esto es intolerable. No lo podemos dejar pasar”, ha concluido Sánchez.

Cristian Ruiz Reinales lleva años defendiendo que la innovación educativa no consiste en llenar las aulas de pantallas, sino en enseñar a utilizarlas con criterio. Mientras el debate sobre la tecnología en la educación se ha polarizado entre quienes apuestan por restringirla y quienes abrazan la digitalización sin límites, este profesor zaragozano del Colegio Juan de Lanuza reivindica un camino intermedio: integrar la inteligencia artificial, la programación o la cultura maker solo cuando aportan un valor real al aprendizaje y ayudan a formar alumnos más críticos y autónomos.

Esa forma de entender la enseñanza acaba de valerle uno de los cinco galardones nacionales del programa Docentes Referentes, impulsado por la Fundación Ibercaja para reconocer la excelencia educativa. Ruiz reflexiona sobre el papel de la IA en las aulas, los límites de las pantallas, los retos de un profesorado obligado a adaptarse a un mundo que cambia a gran velocidad y la necesidad de enseñar a pensar antes que a manejar herramientas.

¿Qué pensó cuando le dijeron que era uno de los cinco docentes premiados?

Me siento un privilegiado, porque era consciente primero de quienes eran mis compañeras finalistas. A una de ellas la conocía muy de cerca, fue también compañera mía en el Global Teacher Prize este año y sabía el potencial de sus proyectos, son planteamientos muy chulos. Ya de por sí quedarme entre los finalistas lo sentía como una pasada, no tenía muchas expectativas, porque precisamente veía a mis compañeras y lo veía muy difícil. Cuando me llamaron para hacerlo me quedé un poco en shock, me costó hablar unos cuantos segundos, y desde entonces me siento muy afortunado.

¿Qué supone este reconocimiento para usted?

Estos reconocimientos me los tomo como una valoración del proyecto que hay detrás, que obviamente no lo llevo solo para adelante. Me acuerdo mucho de mis compañeros de departamento, que son personas igual o más entusiastas que yo. Con este proyecto llevamos 13 años, han pasado muchas personas por el camino, pero me acuerdo cuando lo empecé, ha habido dificultades también, no todo ha sido un camino a rosas, pero la verdad es que puedo decir que estoy en un sitio donde se permiten o te animan a presentar este tipo de proyectos que sean un poco disruptores, innovadores, que aporten valor al colegio, en definitiva a los alumnos. Lo llevamos haciendo un montón de años y ahora lo que siento es un respaldo a ese trabajo que me da fuerzas para seguir mejorando.

¿Qué cree que ha visto el jurado en su proyecto?

Lo que he leído ha sido que reconocen la importancia de cómo afrontamos la utilización de la tecnología en la educación. Con tantas cosas que nos han pasado en estos últimos años, desde la pandemia, antes nadie usaba casi dispositivos, por supuesto nadie usaba videoconferencias y desde entonces la tecnología ha tenido un impulso enorme en todos los aspectos de nuestras vidas. Principalmente, también en educación, y concretamente también la aparición de la inteligencia artificial que en los últimos tres años nos ha hecho cambiar un poco las reglas del juego, son momentos un poco cruciales en este aspecto, y yo creo que lo que reconocen es esta visión humanista del uso de las tecnologías.

Habla de una “tecnología humanista”. ¿Cómo la definiría?

Estamos muy a favor de usar tecnología, pero siempre que aporte valor, y siempre que por el camino no se quede el criterio del alumno, tiene que saber en todo momento para qué usa tecnología, por qué la usa y también, por supuesto, les enseñamos a ser muy competentes en la parte de creación digital. Lo que más nos interesa es que por el camino vayan desarrollando una serie de habilidades que tienen que ver con el ser humano, en este caso en cuanto al uso crítico de la tecnología, y sobre todo actitudes también curiosas. El modelo que tenemos es que aportamos valor a la experiencia educativa del alumno. En cuanto a la parte de la inteligencia artificial nos estamos empeñando mucho en que el alumno no use la tecnología como un atajo para llegar a un fin sino que le sirva como estímulo cognitivo, que sea un poco un compañero de viaje, que sepa cuándo usar en algunos momentos, para qué lo quiere usar y sobre todo también que sepa cuándo no necesita usarla. La diferencia con los alumnos es que nosotros, los adultos, tenemos muy claro a lo largo de una tarea qué voy a aportar yo como ser humano, y qué tarea le puedo delegar a una inteligencia para que me ayude con alguna cosa, eso que nosotros hacemos como adultos porque ya tenemos un desarrollo cognitivo y una experiencia profesional amplia es lo que intentamos estimular en los alumnos.

Si entro mañana en una de sus clases, ¿qué me encontraría?

Más allá de lo que pasa en las aulas donde hay un currículo que tenemos que seguir, la diferencia está en cómo haces ese currículo. Por ejemplo yo soy profesor en bachillerato de la disciplina informática, antiguamente era hacer un poco de office y poco más, pero aquí lo que intentamos es darle a la informática la importancia que tiene dentro de nuestra sociedad. Creo que en esto vamos muy por detrás de otros países, pero nosotros lo que intentamos es darle ese rigor, esa importancia y más allá de que luego te quieras dedicar a un mundo relacionado con la ingeniería informática o similares, que sepan que la informática, la tecnología va a estar muy presente en su vida y lo que intentamos es estimular no solo que sean competentes. Yo tengo contenidos de inteligencia artificial, de redes, de bases de datos y los puedes hacer más o menos entretenidos para ellos, puedes enseñar hardware que es un poco componentes de un ordenador que puede ser muy tedioso, pero puedes hacerlo de una manera teórica o cogiendo unos cuantos ordenadores, abriéndolos, quitando todas las piezas, identificándolas y volviendo a colocarlas, entonces se convierte en algo experiencial.

Y más allá de las clases, también han creado un espacio Maker. ¿Qué aporta ese aprendizaje fuera del aula?

Lo que buscamos es que la tecnología sea siempre una experiencia. Diferenciaría también un poco entre lo que es el aprendizaje un poco formal, que son las asignaturas, como otras cosas que hemos ido incorporando en estos últimos años: hace ocho años abrimos un espacio Maker, donde los alumnos vienen en su tiempo libre, desde quinto de primaria que empiezan a tener huecos libres, ellos y ellas vienen a crear con tecnología, tenemos tecnología de todo tipo, producción audiovisual, radio, corte de madera, diseño de producto, hacen camisetas, bolsos, tenemos tecnología de todo tipo para que chicos y chicas vengan allí a hacer proyectos. Casi te diría más que la magia se produce en los encuentros informales.

¿Cómo utilizas la IA en el aula?

Tenemos un proyecto muy bonito desde cuarto de primaria, empezamos este año a comienzos del curso, tenemos una suerte que tenemos una asignatura propia, de ciencias de la computación, realmente cubre desde Infantil a Bachillerato, pero el proyecto que empecé a pensar el verano pasado, estaba pensado inicialmente para quinto de Primaria, pero las compañeras en cuarto me dijeron que ahí ya empezaban a detectar que había alumnos y alumnas usando la inteligencia artificial. Diseñamos el proyecto para que el primer mes de curso, en nuestra asignatura, se forjase una forma de trabajo de relacionarse con la inteligencia artificial, y no tanto desde la competencia técnica. En Bachillerato sí que entramos en cosas ya bastante técnicas, pero no nos importa tanto usar una herramienta o la otra, no nos interesa tanto eso porque la experiencia nos dice que en tecnología han ido apareciendo una serie de herramientas y luego algunas se quedan en el camino y otras se quedan.

¿Cuál es el primer mensaje que intentáis transmitir a los alumnos cuando empiezan a trabajar con inteligencia artificial?

Lo importante no es tanto la competencia técnica en algunas herramientas, sino qué habilidades van a aprender o tendrían para el uso de esa herramienta. Lo primero es que sepan lo que es inteligencia artificial y lo que no es inteligencia artificial, ponemos un poco de rigor ahí, les enseñamos pequeñas cosas desde pequeñines. Luego ya empezamos a hacer actividades más relacionadas a que cuestionen las respuestas de la inteligencia artificial, les ponemos por ejemplo frases célebres, algunas son de verdad y otras son inventadas, ellas tienen que decir y argumentar por qué son de verdad y por qué no. O por ejemplo les ponemos imágenes que han sido creadas con inteligencia artificial y otras no para que detecten los fallos, aunque esto cada vez está más perfeccionado, argumentan y eso nos da pie para otros debates interesantes como el copyright, los derechos, los entrenamientos de las inteligencias artificiales con imágenes a lo mejor propiedad de autores a los que nadie les ha pedido un permiso, les hacemos ya este tipo de cuestionamientos.

¿Y en Secundaria?

Cuando son un poco más mayores hemos ido introduciendo actividades, por ejemplo de debate con posiciones encontradas sobre el uso de la inteligencia artificial en la justicia, hace un año y pico hubo una película que hablaba sobre que iban a introducir un sistema de inteligencia artificial para desatascar la justicia, algo que podía estar pasando perfectamente, eso generaba una serie de dilemas morales, de quién imparte la justicia, si tiene sesgos, etc. Al final los alumnos del primero y segundo ESO llegan a hacer un acuerdo grupal de cómo quieren usar la inteligencia artificial durante el año en la clase, se imprime y se pone en la pared. Al ser un poco más mayorcitos hacemos actividades un poco parecidas, pero la reflexión final es individual, tienen que hacer un ensayo de cómo quieren usar la inteligencia artificial para aprender mejor durante todo este año, obviamente seríamos un poco ingenuos pensando que los alumnos lo van a seguir manteniendo en el tiempo, somos los profesores los que tenemos que estar recordándoselo con diferentes actividades a lo largo del año. Todos hemos sido alumnos en la vida y todos hemos ido buscando el atajo. La diferencia hoy en día es que el atajo lo tienen al alcance de este dispositivo, nosotros, o no, yo por lo menos cuando era más joven estaba al rincón del vago o te pasaban los trabajos hechos, no era tan inmediato, la diferencia es que ahora está a golpe de clic.

¿Cómo consigue que los alumnos no utilicen la IA como un simple atajo?

Ha sido un proyecto de un mes entero, el primer mes del curso, intentamos forjar una forma de trabajo para que ellos vean y entiendan lo que es ético y lo que no es ético y lo quieres hacer mejor para ellos o no. Yo tengo conversaciones con mis alumnos de bachillerato que ya tienen 16, 17 años y les digo, mira, yo soy un tipo que tiene 49 años y que soy muy consciente que hay veces que cuando uso la IA porque tengo prisa para que me haga una tarea. Y yo soy muy consciente que cuando hago eso no sigo desarrollando mis capacidades cognitivas, me consuelo pensando que ya llevo muchos años haciéndolo y que lo voy a seguir haciendo. Pero claro, yo solo se lo comento a ellos que tienen 16 años y todo eso está aún por hacer entonces ellos son capaces de comprender esto que les estoy diciendo, pero insisto, sería muy ingenuo por mi parte pensar que les toco la fibra con esto y en la semana siguiente no van a intentar coger ese atajo.

Entonces, ¿prohibir la inteligencia artificial nunca es la solución?

Mi visión no es ir en contra de nada ni prohibir cosas. Yo creo que prohibir nunca es el camino, sino concienciar, aunque es cierto que para concienciar hay que insistir mucho y durante mucho tiempo. Esto es algo que nos ha pillado con el pie cambiado en el sistema educativo, es un sistema lento al que le cuesta cambiar cosas y no tenemos ni regulación hoy en día sobre qué hacer y qué no hacer.

¿Cuál ha sido el mayor cambio que has visto en los alumnos desde que implantaste este modelo?

En estos años han pasado muchas cosas y puede ser que muchas de ellas tengan que ver con la tecnología, pero no solo con la inteligencia artificial, sino con muchas cosas que pasan fuera del colegio: las redes sociales, por ejemplo. Cada vez cuesta más tener concentrados a los alumnos en clase porque están acostumbrados a vídeos de cinco segundos y la capacidad de atención obviamente se ha visto mermada. Por un lado, nuestra dirección tiene que ir a trabajar esa constancia, yo por ejemplo lo puedo hacer cuando hago ejercicios de programación, pongo mucha énfasis en el enunciado, mis exámenes de programación pueden ser tres páginas de programación para que tengan que detenerse a leer a subrayar a detectar cuáles son los pequeños problemas dentro de un problema grande. Cada generación ha tenido lo suyo, tienes que intentar conectar mucho con sus intereses para que tengan atención en tu materia, el rol del maestro va un poco en esa dirección, más que el que hemos tenido otras generaciones el rol del maestro hoy en día va más enfocado a hacer una reflexión sobre diseñar cómo quiero que sea esta experiencia de aprendizaje.

En los proyectos en los que utilizan IA, ¿qué valoras más: el resultado final o el proceso que han seguido para llegar a él?

Con la inteligencia artificial sí que hay tareas que me parece muy interesante que la utilicen para que se vayan acostumbrando a una forma de trabajo, seguramente en la universidad la van a poder utilizar cuando el profesor se lo autorice, pero les pedirán que muestren toda la trazabilidad desde que la empiezas a usar. Es decir, qué pregunta le han hecho, ya que, en una época en la que todas las respuestas están en máquinas, lo complicado es hacer buenas preguntas. Yo les enseño que hoy en día las inteligencias se molestan más o menos en función de la calidad de tu pregunta. Estimulamos que las preguntas sean mucho más largas, con mucho más empaque, con muchos más matices para que te pueda contestar en lo que tú estás un poco deseando. Luego saben que les voy a evaluar: la última parte de evaluación de un proyecto que me presentan es que me muestren cómo ha sido el uso y el uso empieza por las preguntas que han hecho, cómo han cuestionado, repreguntado, o buscado otras alternativas a otras preguntas y pedido fuentes. Y con todo eso, entre lo que una inteligencia artificial dice y lo que contrastan, tienen que decir en qué matices les ha ayudado la inteligencia artificial en algún momento del proceso. En bachillerato les hago que se den cuenta de que el conocimiento previo de un tema ya no es tan importante para hacer una tarea, les intento trasmitir que te puede tocar un tema del que no tienes ni idea, pero la IA puede ser un compañero que es experto y puedes llegar a la resolución, me parece muy potente que tomen conciencia de que no necesitan saber de todo porque tendrán un compañero que les podrá ayudar.

Hay un debate sobre retirar las pantallas de las aulas y, para algunos, se está demonizando la tecnología. ¿Dónde está el equilibrio?

Es un debate no nuevo. Cuando empecé hace 13 años en el colegio lo que planteamos era crear una asignatura nueva para trabajar pensamiento computacional. Son las habilidades de pensamiento que un desarrollador de código desarrolla: la abstracción, el pensamiento algorítmico, qué pasos tengo que dar para resolver un problema la capacidad de descomponer un gran problema en varios problemas pequeños que puedan ser resueltos de manera independiente. Así empezamos, nuestro colegio es una cooperativa de familias, y desde el principio hay que explicarlo bien porque genera cierta polémica el uso de pantallas. Lo argumenté con que lo que intentábamos era trabajar habilidades de pensamiento desde pequeñines y dar un salto a la enseñanza de informática con un poco más de rigor. Decidimos hacer otras cosas con la enseñanza de tecnología, que dejaran no solo de ser consumidores de tecnología, sino que fueran creadores, y por supuesto había uso de pantallas, pero cuando hacer un proyecto y vas viendo resultados esa resistencia inicial va bajando.

Insistes mucho en implicar a las familias. ¿Qué papel tienen en este modelo educativo?

A nuestro colegio siempre vienen familias y nos preguntan por este tema entonces les contamos del proyecto que hacemos, por qué lo hacemos y cómo lo hacemos, al final se genera una confianza porque tenemos argumentos de peso. Usamos tecnología cuando aporta valor a la experiencia educativa del alumno. Una parte importante de nuestro proyecto es involucrar a las familias en todo esto y ya lo hicimos desde el primer año, cuando empezamos el proyecto en paralelo de unos talleres donde vienen padres, madres, hijos, hijas con profesores del colegio viernes por la tarde de 5 a 7 cada dos viernes a hacer cosas con tecnología. Son viernes increíbles, con 50 o 60 personas todos juntos haciendo cosas. Hay que mostrar el camino a las familias primero para que vean para que vivan en primer plano lo que hacemos y segundo para intentar trasladar ese modelo que tenemos en el colegio de tecnología humanista orientada hacia el bien común del uso de la tecnología al hogar. Hago charlas con familias para intentar motivar que sigan este modelo en casa, normalizar el uso de la IA, que no sea un tabú, normalizarlo para que los niños tengan esa confianza, pero puedo entender que haya ese dilema con el uso de las pantallas, todos sabemos lo que nos puede enganchar un móvil, pero precisamente el sitio más seguro para usar tecnología es el colegio.

El Gobierno de Juanfran Pérez Llorca ya está descontando las dos primeras semanas de huelga en las nóminas de junio de los docentes valencianos que ejercieron este derecho fundamental durante más de un mes. La Conselleria de Educación está avisando a miles de profesoras y maestros de que detraerá los días que los empleados públicos pararon entre el 11 y el 22 de mayo, según ha podido confirmar elDiario.es de varios docentes a quienes les han avisado de la retención que supone unos 170 euros por día.

Los correos electrónicos están llegando a las cuentas profesionales de los docentes y en ellos se les explica que “se le han descontado de la nómina de junio” los días que hubiera hecho huelga entre el 11 y el 22 de mayo. La huelga comenzó el 11 y el viernes 22 cumplió su segunda semana de paros y movilizaciones. Fuentes de la Conselleria de Educación consultadas por elDiario.es todavía no han confirmado la medida, pero decenas de profesores ya tienen en sus correos corporativos el aviso.

STEPV denuncia irregularidades

El STEPV prepara reclamaciones por errores en los descuentos salariales de los días de huelga del profesorado. La organización sindical ha recibido numerosas quejas por parte de los docentes en las que se les notifica, a través de la plataforma Ovidoc, el descuento “de más días de huelga de los que realmente les corresponden”.

Entre las irregularidades detectadas, se encuentran los siguientes casos: personal en servicios mínimos obligatorios a quien se le descuenta la jornada; se han aplicado descuentos por días de huelga a docentes que se encontraban de permiso o en otras circunstancias justificadas durante esas jornadas; a una parte del profesorado se le han sumado, directamente, más días de huelga de los que real y efectivamente realizaron.

Ante esta situación, el STEPV ya está preparando un modelo de reclamación para que todas las personas afectadas puedan solicitar la correspondiente rectificación. Esta modificación se deberá tramitar tanto ante la dirección del centro educativo como ante la Dirección Territorial pertinente, utilizando la Solicitud General Única.

Cinco semanas de huelga

Los docentes valencianos han mantenido -y todavía mantienen- un pulso con la Conselleria de Educación entre el 11 de mayo y el 12 de junio. Cinco semanas de paros y movilizaciones masivas, con más de una decena de encuentros bilaterales entre los representantes del profesorado y la consellera Carmen Ortí y su equipo en las que apenas se alcanzaron un par de acuerdos parciales: la reducción de la carga burocrática, cuya propuesta por parte de Educación fue respaldada por STEPV, CCOO, UGT y CSIF -ANPE no lo secundó-, y la mejora salarial pactada por la Administración autonómica y los sindicatos CSIF y ANPE. CSIF aceptó también la propuesta de la conselleria sobre el valenciano.

Las tres organizaciones que mantenían la convocatoria de huelga indefinida, STEPV, CCOO y UGT, acordaron suspender los paros a raíz de la consulta realizada entre los docentes a partir del 12 de junio. Sin embargo, y teniendo en cuenta que gran parte de las reivindicaciones del profesorado no han sido atendidas todavía por la Generalitat Valenciana, insisten en la necesidad de llegar a acuerdos sobre la totalidad de los puntos reclamados: plantillas, ratios, salarios, infraestructuras, inclusión, burocracia, Formación Profesional y valenciano. En caso contrario, advirtieron, retomarán las movilizaciones en septiembre, coincidiendo con el comienzo de curso.

La asfixiante ola de calor que afecta a la Región de Murcia este mes de junio de 2026 ha desatado una oleada de protestas en los centros educativos públicos de la comunidad, donde familias, sindicatos y docentes han denunciado el sobrecalentamiento crítico de las aulas por falta de ventilación e infraestructuras insuficientes. Como medida inmediata de presión antes de que concluya el curso, la Federación de AMPAS ha anunciado que trasladará formalmente todas las mediciones de temperatura registradas a la Inspección de Trabajo y al Defensor del Pueblo. Asimismo, el colectivo ha avanzado que ya trabaja en la puesta en marcha de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para obligar a la Asamblea Regional a dotar presupuestariamente un plan definitivo, argumentando que si el Ejecutivo autonómico no prioriza económicamente estas obras es debido a una desatención institucional hacia la protección y el cuidado de los escolares.

La semana pasada se produjeron concentraciones y protestas con batucadas a las puertas de colegios como el CEIP de Rincón de Seca (Murcia), el CEIP Zapata de Torreagüera o en el municipio de Las Torres de Cotillas. Según han denunciado las organizaciones agrupadas en la campaña “Escuela de Calor”, las temperaturas en el interior de las clases han superado de forma generalizada el umbral legal de los 27 grados, obligando a los centros a improvisar medidas de emergencia como el uso de ventiladores domésticos o la reducción de la jornada lectiva ante lo que consideran un riesgo inminente para la salud de los menores y los docentes en esta recta final del curso.

Para fundamentar estas quejas con datos científicos, el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de la Región Murciana (STERM) ha desplegado un sistema de monitorización independiente mediante termómetros inteligentes en tiempo real en alrededor de una veintena de centros públicos. Al detallar el funcionamiento del rastreo, Andrés Martínez ha señalado que han hecho uso de termómetros inteligentes que, conectados de forma permanente a una red wifi, envían cada hora los datos a la aplicación, que se vuelcan directamente en la página web, de modo que en 24 horas ya está disponible el mapa de calor con las temperaturas reales registradas en cada momento.

A través de esta herramienta, Martínez ha dicho que el 100% de las clases analizadas han superado de forma sistemática el límite legal de 27 grados en la franja horaria de 09:00 a 14:00 horas. Las métricas de la organización sindical desvelan picos térmicos críticos en plena jornada lectiva, destacando los 34,2 °C registrados en el IES Marqués de los Vélez el pasado 2 de junio a las 13:45 horas, o los 33,9 °C detectados en el IES Santa Lucía el 28 de mayo a las 14:10 horas. En cuanto a las medias sostenidas, el portavoz advierte de que las situaciones más graves se localizan en el CEIP Nuestra Señora de la Encarnación, con una media de 29,81 °C, seguido del propio IES Marqués de los Vélez (29,29 °C), el CEIP Don José Marín (28,89 °C) y el CEIP Virgen de la Fuensanta (28,75 °C).

Esta realidad matemática se traduce en un escenario de vulnerabilidad física para los estudiantes de la comunidad. Al ser consultados sobre la experiencia de los menores en las clases, representantes de la Federación de AMPAS de la Región de Murcia (FAPA-RM) han alertado de que las temperaturas están superando los 30 grados, recordando que los menores son mucho más vulnerables y sufren estrés térmico con temperaturas que la ley no permite superar, ante lo que consideran una situación insostenible.

“Todos los edificios públicos están adaptados climatizadamente en estas fechas, pero los centros donde están los menores no los protegemos”, recriminan desde la FAPA-RM. El colectivo denuncia la desigualdad respecto a otras dependencias regionales y lamenta que las soluciones provisionales recaigan sobre los trabajadores de las escuelas, ya que no puede quedar todo en manos de los equipos directivos, que tienen mucha limitación: si no hay espacio y hay mucho calor, poco pueden hacer. Debido a estas carencias, muchos centros recurren a protocolos de emergencia que obligan a las familias a aportar sus propios medios, explicando la federación que en los centros ha habido protocolos en los que se ha pedido a las familias que lleven ventiladores o pulverizadores, o se intenta reubicar a los alumnos, con lo difícil que resulta eso en algunos casos.

“Está demostrado científicamente que el rendimiento escolar baja cuando suben las temperaturas”, sostienen desde la FAPA-RM, alertando de que esta crisis afecta tanto a la salud como a la calidad educativa en una Región donde ya abunda el fracaso y el abandono escolar.

La organización critica que la única respuesta de la Consejería sea acortar las clases, advirtiendo de que esta medida es solo un añadido más en la bajada de la calidad educativa. Esta situación se alinea con el análisis global que hace la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en su “Informe del Sistema Educativo Español 2009-2025”, donde sitúa la fractura entre comunidades autónomas en gasto por alumno y el abandono escolar como parte de los grandes problemas estructurales del país.

El sindicato señala que el sistema educativo ha crecido en volumen pero no en calidad debido a una inversión ineficaz, donde la inflación se ha comido el gasto de los últimos 15 años. Según denuncia CSIF, el abuso de medidas provisionales y la falta de estabilidad e inversión real terminan repercutiendo directamente en la calidad de la enseñanza y cronificando el fracaso escolar. El impacto de este modelo es especialmente evidente en la Región de Murcia: el informe revela que la comunidad gasta 7.228 € por alumno, situándose por debajo de la media nacional (7.421 €). Asimismo, CSIF califica la situación del territorio como de fragilidad educativo-laboral “Muy alta”, vinculada a una tasa de desempleo del 11,06% y a un 44,13% de la población que no ha completado la segunda etapa de educación secundaria.

El problema afecta de forma directa a la salud laboral del personal de los centros. Desde el punto de vista de la prevención de riesgos, Andrés Martínez, portavoz de STERM, ha advertido de que el cansancio físico y psicológico ya es evidente entre el profesorado, alertando del riesgo de que se produzca algún golpe de calor en colectivos vulnerables como docentes embarazadas o mayores con problemas de salud. El cooportavoz ha criticado la “extrema lentitud” de la Consejería a la hora de resolver las solicitudes de adaptación del puesto de trabajo por motivos médicos.

Según ha denunciado, la administración está recurriendo al “parche” de instalar aparatos de aire acondicionado de forma aislada, únicamente en aquellas aulas donde la condición médica de un profesor o de un alumno lo hace estrictamente imprescindible, en lugar de solucionar la situación de la clase de forma global: “De todos los funcionarios públicos, los docentes son los únicos que carecen de condiciones térmicas adecuadas en sus puestos de trabajo”.Asimismo, el representante sindical ha subrayado un sentimiento de “abandono” y una clara “diferencia de trato” al comparar sus centros con los hospitales.

Ante lo que consideran una inacción institucional, la indignación social ha dado paso a un frente común integrado por la FAPA-RM, FEMAE, el Sindicato de Estudiantes, CCOO, STERM y UGT. “Exigimos que sea un Plan de Infraestructuras y Climatización plurianual y consensuado, con una proyección a mayor plazo e inversión suficiente en renovación de los centros públicos”, ha reclamado Martínez, que ha advertido de que hay centros que quieren financiar los aires acondicionados, pero que las instalaciones eléctricas no se lo permiten.

El portavoz ha exigido dotación presupuestaria suficiente para revisar y actualizar las instalaciones eléctricas de los centros antiguos, así como la colocación de sistemas centralizados, ventanas aislantes y la sustitución de las cubiertas de amianto que todavía persisten en la Región. Al evaluar las medidas provisionales de la administración, el portavoz de STERM ha dicho que la Consejería aplaza de manera sistemática las reuniones que exigen los equipos directivos, exigiendo una calendarización de las actuaciones más urgentes: considera que la medida de poder cortar las clases por el calor es un parche que no puede convertirse en la única medida.

Dos patas del estado del bienestar se tambalean. La educación y la sanidad llevan meses entre huelgas y movilizaciones por todo el país. El profesorado y el personal médico protestan cada uno por lo suyo, pero ambos colectivos expresan un malestar que trasciende la queja económica.

El profesor de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Complutense de Madrid Jorge Crespo señala que “ni siquiera en la etapa de la anterior crisis económica hubo tanta movilización” como la que se está produciendo estos meses. Los recortes y las políticas de austeridad de la década pasada redujeron las retribuciones, se retiró una paga extra y se eliminaron las tasas de reposición (se dejó de contratar funcionarios). Los conflictos actuales no son estrictamente nuevos, pero hay una conjunción de factores que los han hecho coincidir en el tiempo y en amplias zonas del territorio, “en una situación de aparente crecimiento económico, donde parece raro que haya tantas huelgas en marcha o previstas”.

A Luis Miller, investigador del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), no le sorprenden las protestas. Este sociólogo cree que son fruto del inmovilismo de la administración. “No creo que sea coincidencia [que docentes y médicos estén en huelga]. Desde antes de la crisis de 2008 no ha habido ningún intento de reforma estructural y se están viendo las costuras del sistema. Ha habido algún aumento de sueldo para compensar los recortes, pero se está notando la falta de reformas en dos décadas. En el sector privado, para bien y para mal, cada vez que hay una crisis se produce una reestructuración total. Nacen empresas, cierran otras, cambian estilos de dirección... Nada de esto ha pasado en lo público. Para mí es uno de los dos o tres principales problemas que tiene el país”, reflexiona.

Y ha explotado. En el caso de los docentes, sin que haya pasado nada especial. Y eso, que no haya pasado nada especial que provoque las protestas, habla precisamente de la gravedad de las mismas, cree Miller. “No es una cuestión reciente ni de que no haya presupuestos”, sostiene, es un malestar generado gota a gota, año tras año.

En noviembre, el Gobierno pactó con los sindicatos UGT, CCOO y CSIF un acuerdo para la subida salarial de los funcionarios en un 11% acumulado hasta 2028, que beneficia a buena parte de las personas trabajadoras en huelga y muestra, que en muchos casos, las reivindicaciones no tienen que ver solo con la parte salarial. “La pérdida de poder adquisitivo de los salarios públicos es algo común, pero colectivo a colectivo, las motivaciones son distintas”, considera Crespo.

Las educadoras infantiles reclaman superar los salarios de subsistencia, cercanos al mínimo interprofesional, y que se enmarque su labor como una etapa formativa más y no solamente asistencial. El profesorado, que en el caso de Catalunya ha votado que no a un acuerdo que incluía una subida salarial de 600 euros mensuales, quiere trabajar mejor: que se reduzcan las ratios en las clases, que se rebaje la carga lectiva y que haya más profesionales para poder atender bien al alumnado. En la profesión médica exigen una mayor representatividad, mejorar su categoría profesional y trabajar menos horas.

Sin precedentes recientes

En el caso de los y las médicas, el conflicto escalado a nivel estatal no tiene precedentes recientes. Sí ha habido huelgas y movilizaciones a nivel autonómico, pero desde la Confederación de Sindicatos Médicos, una de las organizaciones que ha convocado los paros semanales que vienen produciéndose una vez al mes desde febrero, no recuerdan una situación similar en los últimos años. De hecho, el punto de inflexión ha sido el nuevo Estatuto Marco, la primera reforma en más de 20 años, desde que se transfirieron las competencias en sanidad a las comunidades autónomas, en 2002.

Aunque CESM convocó en octubre de 2020 una serie de paros por la aprobación de medidas excepcionales para cubrir las necesidades asistenciales derivadas de la covid-19, solo se celebró una jornada de huelga. La convocatoria terminó suspendiéndose por la llegada de una nueva ola de contagios. Desde entonces, los sindicatos han ido apretando en diferentes comunidades autónomas. En 2023, hubo conflictos en Madrid, Catalunya, Balears, Andalucía, Aragón, Extremadura o Navarra, Cantabria, Galicia o Murcia.

Los sindicatos de la mesa de negociación del Estatuto Marco —CCOO, UGT, CSIF, Satse-FSES y CIG-Saúde— sí amenazaron a finales de 2025, en el marco de las conversaciones para alcanzar ese nuevo marco jurídico con una huelga indefinida en todo el Sistema Nacional de Salud, que acabó suspendiéndose tras lograr un preacuerdo con Sanidad.

El conflicto que guarda más similitudes con el actual tal vez sea el de 1995, cuando varios miembros del comité de huelga llegaron a encerrarse en el Insalud antes de la transferencia competencial. Ya entonces los sindicatos médicos reclamaban una mesa técnica y mejoras en la jornada laboral, así como un incremento salarial de hasta 100,000 pesetas mensuales en tres años. En aquel momento, como recoge la hemeroteca, la ministra del ramo, la socialista Ángeles Amador, llegó a acusar a los convocantes de “vender un engaño con mala fe”.

Esas palabras recuerdan a las de la actual titular de Sanidad, Mónica García, que ha acusado al Comité de Huelga de no ser “honestos” con los profesionales y de “deslealtad” en una negociación que está ya enrocada y por la que los sindicatos del ramo también han pedido otro interlocutor y la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Un malestar a fuego lento

El sector de la enseñanza lleva ya al menos dos años de protesta en protesta. En este caso —por el momento— son autonómicas y se dirigen contra los Gobiernos de las comunidades, pero el malestar es generalizado y se ha manifestado de norte a sur y de este a oeste en un constante in crescendo que ha acabado explotando esta primavera en Madrid, con las educadoras de Infantil, Catalunya y la Comunitat Valenciana. Pero antes habían sido Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Euskadi, Extremadura o Galicia.

El precedente más parecido fueron las huelgas contra los recortes de la pasada década, que acumularon 12 días de huelga, pero nunca había habido paros indefinidos de tanta duración como ahora: las educadoras de Infantil llevan desde abril en Madrid y los docentes valencianos estuvieron cuatro semanas seguidas.

El factor diferencial de estas protestas está en que la reivindicación salarial solo es una más en una serie de exigencias. El descontento viene cociéndose a fuego lento desde hace años. “La sensación de no llegar, de sobrecarga, está ahí desde que yo empecé como profesor”, cuenta Héctor Adsuar, responsable de Pública en la Federación de Enseñanza de CCOO, “y desde que soy delegado sindical estamos con las mismas reivindicaciones”. No son pocos años en ninguno de los dos casos.

Los males que agitan la profesión se pueden resumir en “cada vez más exigencias, pero sin recursos para realizarlas”, sostiene Adsuar. Y a la cabeza de todas ellas está la atención individualizada a la diversidad que impone la ley. El problema es que la Lomloe estableció esta medida, pero lo hizo sin proveer recursos para cumplir y sin obligar a hacerlo a las comunidades autónomas, que tienen las competencias. Y cada vez hay más alumnado con necesidades educativas, fruto a medias de los avances en el diagnóstico y de una mayor concienciación.

Y el profesorado no llega. Comisiones Obreras publicó un informe a principios de curso en el que calculaba que la diversidad en las aulas ha crecido un 75%, mientras los recursos para atenderla lo han hecho un 25%. “Es una combinación letal”, explica Adsuar. Una burocracia que aplasta, poca consideración social, el empeoramiento del ambiente en clase o incluso, estas semanas, el calor insoportable en los centros están disparando la desafección del profesorado hacia su trabajo, como ya advertía un informe de Esade del pasado mes de marzo.

“Las soluciones siempre son lentas”

Con estos conflictos en marcha, a los que se suman otros sectores específicos en determinados puntos del territorio, como los bomberos que han convocado paros parciales durante este mes en Murcia y mantienen protestas en Madrid, el experto en gestión pública Crespo advierte que “cuando se habla de la administración, las soluciones siempre son lentas”.

Miller se declara “pesimista”, también porque la política, que es donde están las soluciones, ha cambiado. “Los gobiernos son muy inestables, no hay mayorías. Durante las tres primeras décadas de la democracia pasaba que un partido llegaba al gobierno, entraba con mucha fuerza y durante esa primera legislatura hacía cambios de verdad. Eso se ha perdido”, advierte. Y nadie se atreve a realizar las reformas que, opina el investigador, necesita el país.

El próximo sábado 20 de junio, a las 9:00 horas, iniciarán el proceso selectivo para el acceso al Cuerpo de Maestros, en el que se ofertan 120 plazas distribuidas entre siete especialidades. Cada especialidad desarrollará su proceso en una sede diferente, habiendo las siguientes sedes de examen: Educación Primaria en IES Comercio, Educación Infantil, en el IES Inventor Cosme García, Inglés en la Escuela Oficial de Idiomas Fuero de Logroño, Educación Física en IES Batalla de Clavijo, Música en el Conservatorio de Música de Logroño e IES Duques de Nájera, Pedagogía Terapéutica en el IES Hermanos D’Elhuyar, y Audición y Lenguaje en IES Duques de Nájera.

Ante la convocatoria, STAR ha mostrado su prepocupación especialmente por la previsión de altas temperaturas durante la jornada de examen el sábado y el resto de días hasta la finalización del proceso. “El confort térmico no es una cuestión menor, sino un elemento determinante para que los aspirantes puedan rendir al nivel que exige una prueba para la que han invertido tanto tiempo, esfuerzo e ilusión”, asegura el sindicato STAR.

En este sentido, esperan que la Consejería de Educación haya previsto y ponga en marcha todas las medidas necesarias para garantizar unas condiciones adecuadas en las sedes de examen. “En STAR seguiremos atentos al desarrollo del proceso para velar por que se respeten los derechos de todos los participantes”, aseguran, antes de desear suerte a los opositores. “Que el esfuerzo realizado durante estos meses se vea recompensado y que el proceso se desarrolle con la justicia, la objetividad y la igualdad que merece el acceso a la función pública docente”.

La Junta de Extremadura y los sindicatos se han emplazado para mantener dos nuevas reuniones este verano para concretar medidas, antes de comenzar el curso 2026-2027, en materia de homologación salarial de los docentes y otras dirigidas a mejorar la situación del profesorado, según ha indicado el secretario general de Educación, José Pedro Catalán, al término de la mesa sectorial de la tarde del jueves.

Catalán ha recordado que en las reuniones previas los sindicatos plantearon ya una serie de reivindicaciones, entre las que estaba la homologación salarial y otras muchas. Y, de forma paralela, ha expuesto que Educación también contempla medidas de mejora del profesorado, además de las reivindicaciones históricas que han existido, y también una subida salarial lineal.

“Hay un espíritu de llegar a un acuerdo, de posible consenso y estamos esperanzados en que así sea, en que las propuestas que al final manejemos mejoren las circunstancias del profesorado, que al final es lo que todos perseguimos”, ha señalado Catalán.

El secretario general ha indicado que hace un mes han cogido las riendas de una negociación y se ha mostrado “optimista” con el resultado final.

Sobre si se puede incrementar la subida más allá de los 80 euros mensuales que están vigentes desde el 1 de enero, ha dicho que están trabajando “justo en eso” y otras medidas presupuestarias y no presupuestarias. 

UGT Servicios Públicos reclama al Gobierno de La Rioja que adopte medidas eficaces ante el episodio de calor extremo previsto para este sábado, coincidiendo con las oposiciones de maestros que reunirán a 2.523 aspirantes en distintos centros educativos de Logroño. 

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las temperaturas podrían alcanzar los 39 grados durante la tarde en la capital riojana, y aunque serán más moderadas por la mañana, se prevé una jornada muy calurosa para los miles de opositores y docentes que forman parte de los tribunales.

Las pruebas comenzarán a las 9:00 horas y contarán con 757 aspirantes en Educación Infantil, 742 en Educación Primaria, 459 Pedagogía Terapéutica, 173 en Educación Física, 172 en Audición y Lenguaje, 165 en Inglés y 55 en Música.

UGT Servicios Públicos La Rioja quiere reconocer también el trabajo de los tribunales: “Son docentes que asumen una responsabilidad fundamental para garantizar el desarrollo de este proceso selectivo y que tendrán que afrontar una jornada especialmente exigente por las altas temperaturas previstas”.

UGT recuerda que trasladó con antelación en mesa sectorial la necesidad de prever medidas eficaces frente a episodios de calor extremo como el anunciado para este fin de semana. “Repartir agua o instalar ventiladores puede ayudar de forma puntual, pero no sustituye a las soluciones estructurales que requieren muchos centros educativos”, advierte UGT, que consideramos que la Administración debe actuar “con planificación y anticipación ante fenómenos meteorológicos cada vez más frecuentes y extremos”.

“La celebración de estas oposiciones también vuelve a poner sobre la mesa otra realidad que afecta de lleno al sistema educativo, y es que cada vez cuesta más sacar una oposición”, señala UGT. Además, el sindicato alude a “la precariedad de una parte importante de quienes sostienen la educación pública continúa siendo una asignatura pendiente”. “Miles de docentes interinos siguen encadenando años de incertidumbre, temporalidad e inestabilidad laboral. Vivir pendiente de una llamada para conocer el próximo destino, asumir desplazamientos de muchos kilómetros, afrontar gastos que recaen sobre el propio docente o volver a preparar procesos selectivos una y otra vez forman parte de una realidad que se repite curso tras curso”. Y añaden: “Mantener plantillas precarias no solo castiga a los profesionales. También tiene consecuencias directas sobre la calidad del sistema educativo, la continuidad de los proyectos en los centros y la estabilidad que merece el alumnado”.

UGT mantiene que “no se puede defender una educación pública de calidad sobre plantillas sometidas a la precariedad”. Por ello exige ofertas públicas de empleo “amplias y suficientes” que permitan reducir la temporalidad por debajo del 8%, garantizar plazas estables y reforzar los proyectos educativos de los centros.

La idea de escuela inclusiva que trajo la última Ley de Educación es uno de esos ejemplos donde un proyecto positivo y ambicioso, se hace recaer en muy pocas manos sobre las que se acumulan múltiples tareas, todas importantes, todas imprescindibles. Hoy escuchamos en primera persona lo que viven cada día tres profesores de la educación pública, dos de Educación Secundaria Obligatoria y otro de Educación Primaria. 

Chus Villar, Andrés Santafé y Vicente Lorenzo, tres de los miles de docentes que estas semanas han protagonizado jornadas de huelga en la Comunitat Valenciana y en Catalunya, nos confiesan sus inquietudes y nos describen algunos de los obstáculos que han de enfrentar a diario. Con Daniel Sánchez Caballero, periodista de elDiario.es que sigue los temas de Educación, ponemos contexto al estado de la educación pública en España.

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Las altas temperaturas aprietan cada vez con más fuerza y llegan antes a los centros educativos. En el último mes, las aulas del Instituto Margarida Xirgu, de L’Hospitalet de Llobregat, han superado durante diez días los 27 grados de media a lo largo de la jornada —el máximo que fija la normativa para entornos laborales—. Si se atiende a los picos de calor, el umbral se ha rebasado casi a diario.

“A 27 grados puedes dar clase, pero a 34 o 35, que es a lo que hemos llegado, los alumnos se quejan, no están concentrados y se generan problemas de convivencia”, describe Gorka Marchal, tutor de Primero de la ESO de este centro. 

Este docente es el responsable del sistema de sensores que monitorizan las temperaturas en su centro. Como el Margarida Xirgu, ya son 270 las escuelas e institutos que se han organizado para medir y denunciar cómo el calor supera los límites establecidos por normativa. Lo más llamativo es que el método que han ideado para hacerlo requiere emplear los kits de robótica que la Generalitat distribuyó a los institutos hace unos años. 

“Es pura poesía, es un ejemplo de creatividad”, celebra Marchal. El resultado de esta iniciativa es Aules que cremen (aulas que queman), una plataforma que en su web recoge en directo las condiciones térmicas de todos centros que participan. La campaña pretende demostrar, con datos verificables, cómo la falta de climatización deja a menudo a las escuelas con temperaturas por encima de los 30 o incluso los 35 grados. 

Con olas de calor cada vez más alejadas del verano, ya en mayo o septiembre, los docentes aguardan unos planes de climatización de la Administración que no acaban de llegar. Educación ha instalado en los últimos cursos algunos aires acondicionados en espacios comunes, pero para las aulas solo ha mandado una cifra insuficiente de ventiladores. Este curso se destinan 20 millones para instalar ventiladores de techo en 500 centros, además de los 100 millones contemplados en el pacto de Presupuestos con ERC para climatizar otros 100 centros. 

Pero los equipamientos educativos, entre escuelas e institutos, ascienden a 2.530 en Catalunya. Y el 50% son edificaciones anteriores a 1960. 

El 'kit' al servicio de la denuncia

Pau Sánchez, profesor en Secundaria en un instituto barcelonés, es el padre de Aules que cremen, coordinado ahora por un grupo de media docena de docentes de Tecnología. A mediados de marzo, mientras leía en un centro médico un cartel sobre condiciones de confort térmico, se le encendió la bombilla. “¿Y si utilizo los kits de robótica que uso en Bachillerato para denunciar esta situación?”, se dijo. 

Con las placas electrónicas ESP32 STEAMakers que les envió con los fondos europeos el Departament, y con las que enseña robótica a sus pupilos, Sánchez ideó el sistema. Conectada la placa con unos sensores que distribuyó en distintos puntos de su centro, empezó a enviar los datos casi al minuto al servidor. Así arrancó un proyecto que ha enrolado a 281 centros que emplean a su vez 605 dispositivos esparcidos por aulas, talleres y bibliotecas.

“Además de mostrar la realidad de las aulas, es un ejercicio de derechos laborales en un entorno de trabajo; cualquier profesor puede emplear esos datos para acudir a la Inspección de Trabajo o a la Administración”, defiende Sánchez. 

Como los recursos pedagógicos de robótica de este tipo solo se enviaron a institutos, los centros de Primaria que se han sumado a la iniciativa lo han hecho comprando las placas por su cuenta. Así lo hicieron en la escuela Sant Josep de Calassanç de Lleida. “Estaba tan cabreada con este asunto que vi el proyecto y fui a comprar el dispositivo de mi bolsillo”, explica la jefa de estudios del centro, Pili Trenado.

“El año pasado vinieron de riesgos laborales a comprobar las temperaturas, pero justo ese día no hacía tanto calor. Así, cuando me vuelvan a decir que solo llegamos a 30 grados, mostraré el registro”, afirma.

Supervivencia y mareos

Las consecuencias del calor en unas aulas que nunca han estado climatizadas preocupan desde siempre a docentes y alumnos. El problema es que, a raíz de la emergencia climática, las olas de calor no solo golpean a los centros los últimos días de clase en junio, sino también en mayo y en septiembre.

“Es un momento de supervivencia; como docente, no he vivido nunca una situación tan desagradable. No te puedes ir, pero tampoco puedes estar dando clase. Se supone que debes hacerlo, pero parece que a nadie le importa”, se lamenta Sánchez. “Los mareos son habituales y hay alumnos que tienen que abandonar la clase”, relata. 

Con escasos ventiladores de pie repartidos por algunas aulas –nunca llega para todas– es ya normal en muchos institutos que cada alumno tenga su pequeño ventilador de mano en el pupitre. 

Algunos sindicatos defienden que si las temperaturas superan los 27 grados, hay que parar la actividad lectiva. Pero no es tan sencillo. Los centros no pueden mandar a casa a los alumnos. El instituto Margarida Xirgu lo hizo hace un año, en plena ola de calor, pero la Inspección educativa les advirtió que es una falta grave, ya que en ese horario son responsables de la guardia y custodia de los menores. 

“Este curso hemos pedido autorización a las familias y el 80% la firmaron”, señala Marchal. El viernes 29 de mayo, con una máxima que superó los 34 grados, enviaron a casa a los que tenían aval familiar. 

El día a día en el Instituto Margarida Xirgu, considerado de “máxima complejidad” –con elevados niveles de pobreza e inmigración–, ya es de por sí complicado. Pero el calor sofocante no hace más que dificultar la tarea docente.

“Los docentes somos funcionarios, deberíamos tener las mismas condiciones laborales de climatización que todos los demás, es algo que duele”, se lamenta Trenado. En su escuela pública de Lleida no tienen sistemas de ventilación ni aire acondicionado en ningún espacio, apenas nueve ventiladores de pie (de los cuales pagaron cinco con los gastos de centro). 

“Yo invito a la gente a que en su puesto de trabajo apague el aire acondicionado y se ponga un día entero a trabajar con ese ambiente, y luego que piense en cómo lo haría junto a 30 adolescentes”, argumenta Sánchez. “Lo que nos dice esta situación es que la población que habita los centros educativos es la que no puede votar”, zanja el promotor de Aules que cremen.

Maja Malgorzata es polaca y estudia un Grado de Humanidades y Patrimonio en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). Ahora trabaja como becaria en el campus de Toledo, dentro de la llamada Alianza Europea COLOURS. Son las siglas en inglés de COLlaborative innOvative sUstainable Regional univerSities, es decir, universidades regionales colaborativas, innovadoras y sostenibles.

Es una de las ventajas que la UCLM ofrece a sus estudiantes, pero también a docentes, investigadores y, en general, a todo su personal.

Esta estudiante recomienda la experiencia para 'internacionalizar' conocimientos e intercambiar ideas. “Ofrece oportunidades”, explica. Entre otras cosas porque permite “crear vínculos con otras personas. Se conoce gente del ámbito europeo y te da mucha perspectiva, creo. Es una experiencia muy enriquecedora”.

Esta semana en el campus de Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) se ha hablado, precisamente, de COLOURS.

Decenas de profesionales de la Comunicación en universidades y centros de investigación de España han debatido sobre cómo compartir metodología o experiencias. Después, se lo llevarán a sus lugares de origen para aplicarlo a su día a día profesional.

En esencia, ese es el objetivo de la Alianza Europea COLOURS. Su finalidad es cumplir el mandato de la Unión Europea para rediseñar la educación superior, aunque la iniciativa va mucho mucho más allá.

La UCLM se sumó al programa en 2024, con financiación europea a través del programa Erasmus+ y se gestiona a través del Vicerrectorado de Política Internacional y Alianzas Globales.

Trabaja de forma conjunta con otras ocho universidades más: la Università degli Studi di Ferrara (Italia), Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie (Polonia), Högskolan Kristianstad (Suecia), Le Mans Université (Francia), Universität Paderborn (Alemania), University St. Kliment Ohridski Bitola (Macedonia del Norte), Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Croacia) y Ventspils University of Applied Sciences (Letonia).

Además, una universidad ucraniana, Lesya Ukrainka Volyn National University, también participa. Aunque esta institución no es socia de pleno de derecho de la alianza sus estudiantes pueden participar en cualquier actividad de COLOURS.

Todas ellas tienen un denominador común: son universidades públicas y regionales. En la práctica funcionan como un único campus europeo, compartiendo conocimiento y formación destinada tanto a los alumnos y alumnas, a docentes e investigadores y también a personal de administración y servicio de las universidades.

Arthur Eumann Mesas es el coordinador institucional de la alianza COLOURS en la Universidad de Castilla-La Mancha. “Hay unos 126.000 estudiantes y más de 12.000 académicos para una alianza que cuenta con una financiación global de 14 millones de euros para un periodo de cuatro años”.

Hay unos 126.000 estudiantes y más de 12.000 académicos para una alianza que cuenta con una financiación global de 14 millones de euros para un periodo de cuatro años

Arthur Eumann — Coordinador institucional de la alianza COLOURS en la Universidad de Castilla-La Mancha

La Alianza Europea COLOURS se concibe como un proyecto de largo recorrido. Arthur Eumann es profesor de la Facultad de Enfermería del campus de Cuenca y explica que no se trata de una alianza temporal, sino que busca su pervivencia en el tiempo, incorporando fórmulas de sostenibilidad del proyecto más allá de 2027 o de su posible prórroga hasta 2029.

El objetivo es que la universidad sirva para propiciar una triple transición -verde, digital y social- que transforme regiones como Castilla-La Mancha. “Todas las acciones que realizamos han de ir encaminadas a lo que nos ha marcado la Comisión Europea: desde retos sociales como la despoblación o la desigualdad, el reto verde que pasa por formar profesionales capaces de liderar la transición ecológica o el reto digital, sin olvidar la IA”, subraya Arthur Mesas.

No hay fronteras para conseguirlo. La idea es aprovechar sinergias y fortalezas de cada universidad en beneficio no solo de la comunidad universitaria, sino de todo su entorno socioeconómico.

¿Qué ofrece COLOURS?

Las personas de la comunidad universitaria que se sumen a la Alianza Europea COLOURS tienen acceso a cursos y actividades internacionales.

También a los Hackaton y a los laboratorios colaborativos (CoLabs) donde investigadores, docentes, sector empresarial e industrial, administración pública y sector político debaten sobre temas de interés para la alianza, centrados en la salud y el bienestar, la producción de alimentos, la transición ecológica, las tecnologías de la información y la digitalización como temas transversales.

Existe además un programa de movilidad entre las universidades europeas y la posibilidad de experiencias internacionales o de participación en redes de investigación e innovación.

Son ventajas que subraya Maja Malgorzata porque se puede viajar a otras universidades, dice, “y ver cómo funcionan, participar en talleres muy interesantes. Son viajes para unos días. Si tienes miedo a irte de Erasmus, se puede participar en un CoLab en Osijek, Le Mans o ir a Ferrara”.

En eso coincide Ariadna Sabater. Tiene 25 años, ahora vive en Ciudad Real y estudia un máster de Marketing. “Conocí COLOURS a través de mi profesora que nos preguntó si estábamos interesadas en participar en uno de los viajes que organiza la alianza y tuve la oportunidad de ir. Así lo descubrí. He tenido la oportunidad de trabajar como becaria en el campus de Ciudad Real”.

Ofrece oportunidades y permite crear vínculos con otras personas. Se conoce gente del ámbito europeo y te da mucha perspectiva, creo. Es una experiencia muy enriquecedora

Maja Malgorzata — Estudiante en la UCLM y becaria de COLOURS

Ha participado ya en varias de las actividades de la alianza. “Los CoLabs y los Hackatons suelen durante entre tres y cinco días. Además de aprender de un tema actual es una buena forma para conocer personas del resto de los países de la alianza. En mi opinión es una experiencia que recomiendo mucho, sobre todo si te da miedo por participar en un programa Erasmus o de duración más larga y no importa la titulación que estudies, todos son bienvenidos”.

Si no se quiere viajar a otro campus, también está disponible el programa ‘Internacionalización en casa’ (COIL) que permite entrar en contacto con personas de otros países sin moverse de Castilla-La Mancha, para compartir conocimiento o experiencias.

La UCLM ofrece además un programa de microcredenciales, acompañadas de 'insignias digitales' (digital badges). Se trata de certificaciones de corta duración (menos de 15 ECTS) para adquirir habilidades muy específicas y adaptadas a las demandas laborales y sociales de Europa.

Subvenciones para proyectos colaborativos de investigación

Hasta el 15 de julio estará abierto el plazo para que los estudiantes de doctorado, investigadores, personal académico y socios puedan desarrollar proyectos de investigación colaborativa basados en retos.

Hasta el 15 de julio estará abierto el plazo para que los estudiantes de doctorado, investigadores, personal académico y socios puedan desarrollar proyectos de investigación colaborativa basados en retos

“Esta iniciativa tiene como objetivo movilizar a nuestra comunidad en torno a desafíos regionales compartidos, transformando la excelencia académica tradicional en un modelo directamente vinculado a los ecosistemas de innovación regionales”, explica la UCLM.

Y es que COLOURS ofrece subvenciones de hasta 15 000 euros por proyecto para financiar la movilidad física necesaria para la colaboración transfronteriza.

¿Cómo y quién puede participar en COLOURS?

Para optar a una movilidad o actividad financiada por COLOURS es necesario tener matrícula en la UCLM, un nivel mínimo de inglés B1 acreditado y en ciertos casos una carta o mentoría por parte del profesorado. En este aspecto, la alianza ofrece cursos gratuitos de todas las lenguas de los países que forman parte de la iniciativa.

Otro de los requisitos es haber superado al menos 72 créditos ECTS, cursar máster, doctorado o estar vinculado a investigación.

A partir de ahí se puede enviar la solicitud a la Oficina de Implementación COLOURS de la UCLM (colours@uclm.es). La participación es gratuita para estudiantes y personal de la UCLM, aunque las ayudas para viajes y estancias dependen del presupuesto disponible.

El passat 11 de maig va començar la vaga indefinida d'educació a la Comunitat Valenciana, uns aturs convocats originalment per STEPV, CCOO, UGT i CSIF —organització que es va desmarcar a les dues setmanes— i que es van perllongar durant un mes. Les tres centrals majoritàries, que fins a aquest dijous van mantindre la convocatòria, van decidir suspendre les protestes en resposta al mandat de la majoria dels més de 30.000 docents que van participar en l'última consulta impulsada per STEPV, CCOO, UGT i la Coordinadora d'Assemblees Docents del País Valencià (CADPV). D'aquesta manera, a partir d'aquest divendres, la vaga queda suspesa —però no desconvocada—, per la qual cosa les organitzacions sindicals es guarden la carta de reprendre les mobilitzacions al setembre, coincidint amb l'inici de curs, si les negociacions amb el departament que dirigeix Carmen Ortí no avancen.

L'últim capítol fins ara es va viure aquest mateix dijous, quan el Govern valencià va veure com els sindicats docents li tombaven sis de les set propostes pendents d'acord. CSIF i ANPE van signar fa més de dues setmanes el pacte retributiu, que preveu una pujada de 200 euros fins a gener de 2028 en tres trams i vinculada a l'IPC. Així mateix, totes les plataformes, a excepció d'ANPE, van rubricar el plantejament referit a la reducció de la càrrega burocràtica i administrativa. No obstant això, el consens encara queda lluny en qüestions com les plantilles, les infraestructures, les ràtios, la Formació Professional (FP), la inclusió o el valencià.

Tan sols la proposta sobre el valencià va comptar amb el suport d'una de les organitzacions, CSIF, mentre que la resta dels blocs va rebre el rebuig unànime dels representants del professorat. Així, els sindicats van criticar que el calendari de reducció de ràtios s'allargue excessivament en el temps i no atenga les unitats específiques (UECO) ni els conservatoris. En matèria de plantilles, van denunciar la falta de compromisos clars per a revertir retallades o agilitzar substitucions; en inclusió, van censurar l'escassetat de recursos estables i l'absència de la figura de la infermera escolar; i, respecte a les infraestructures, van afirmar que el document no dona una resposta urgent als problemes del dia a dia, especialment als centres afectats per la dana o als que arrosseguen l'ús de barracon, alhora que van lamentar l'absència d'un pla director de climatització.

Cinc setmanes de pressió als carrers

Les protestes van començar fa cinc setmanes amb un seguiment massiu dels aturs, amb jornades en què es va superar el 45 % de suport per part del professorat. A més, els carrers de València van acollir una desena de manifestacions, algunes amb més de 30.000 participants; concentracions multitudinàries a l'entorn del Palau de la Generalitat, les Corts Valencianes o la seu de la Conselleria, a l'avinguda de Campanar; i diverses accions de protesta que van incloure marxes, talls de vies, classes al carrer i una acampada docent ubicada a la plaça de la Mare de Déu de la capital valenciana. Durant el conflicte també es va produir la dimissió en bloc dels equips directius de més d'un centenar de centres educatius valencians.

En aquest període, tots els documents presentats per la Conselleria d'Educació van ser rebutjats majoritàriament pel professorat. STEPV, CCOO, UGT i la CADPV van fer tres consultes als docents, que van comptar amb una participació superior als 30.000 mestres i professors —sobre un cens d'al voltant de 78.000 funcionaris—. L'únic punt en què es va validar la signatura va ser el de la reducció de la càrrega burocràtica, mentre que la resta d'ofertes van resultar àmpliament rebutjades. No obstant això, el professorat, esgotat després de 32 dies de mobilitzacions —amb una penalització salarial d'entre 170 i 190 euros per cada dia de vaga, en un context en què prop del 50 % dels participants en la consulta van reconéixer haver secundat més de deu jornades d'atur—, va decidir fer un parèntesi.

Tal com explicaven els portaveus sindicals en finalitzar l'última reunió de la mesa de negociació i la manifestació d'aquest dijous, el professorat “ha suspés” la Conselleria d'Educació i, malgrat la suspensió de la vaga, està disposat a continuar negociant i lluitant, així com a reprendre les mobilitzacions “com i quan considerem” per a aconseguir “un acord digne i just per a tots”.

Amb aquest panorama, ambdues parts es veuen abocades a continuar les negociacions per a intentar acostar posicions, aquesta vegada sense la pressió de milers de persones al carrer ni amb els col·legis i instituts a mig gas. No obstant això, sobre el cap de la consellera Ortí i del secretari autonòmic d'Educació, Daniel McEvoy, penja l'espasa de Dàmocles d'un possible reinici de la vaga a partir de setembre.

El pasado 11 de mayo comenzó la huelga indefinida de educación en la Comunitat Valenciana, unos paros convocados originalmente por STEPV, CCOO, UGT y CSIF —organización que se desmarcó a las dos semanas— y que se prolongaron durante un mes. Las tres centrales mayoritarias, que hasta este jueves mantuvieron la convocatoria, decidieron suspender las protestas en respuesta al mandato de la mayoría de los más de 30.000 docentes que participaron en la última consulta impulsada por STEPV, CCOO, UGT y la Coordinadora d'Assemblees Docents del País Valencià (CADPV). De este modo, a partir de este viernes, la huelga queda pausada —que no desconvocada—, por lo que las organizaciones sindicales se guardan la carta de retomar las movilizaciones en septiembre, coincidiendo con el inicio de curso, si las negociaciones con el departamento que dirige Carmen Ortí no avanzan.

El último capítulo hasta la fecha se vivió este mismo jueves, cuando el Gobierno valenciano vio cómo los sindicatos docentes le tumbaban seis de las siete propuestas pendientes de acuerdo. CSIF y ANPE firmaron hace más de dos semanas el pacto retributivo, que contempla una subida de 200 euros hasta enero de 2028 en tres tramos y vinculada al IPC. Asimismo, todas las plataformas, a excepción de ANPE, rubricaron el planteamiento referido a la reducción de la carga burocrática y administrativa. Sin embargo, el consenso sigue lejano en cuestiones como plantillas, infraestructuras, ratios, Formación Profesional (FP), inclusión o valenciano.

Tan solo la propuesta del valenciano contó con el respaldo de una de las organizaciones, CSIF, mientras que el resto de los bloques recibió el rechazo unánime de los representantes del profesorado. Así, los sindicatos criticaron que el calendario de bajada de ratios se alargue excesivamente en el tiempo y no atienda a las unidades específicas (UECO) o a los conservatorios. En materia de plantillas, denunciaron la falta de compromisos claros para revertir recortes o agilizar sustituciones; en inclusión, censuraron la escasez de recursos estables y la ausencia de la figura de la enfermera escolar; y respecto a las infraestructuras, afirmaron que el documento no da respuesta urgente a los problemas del día a día, especialmente en los centros afectados por la dana o en aquellos que arrastran el uso de barracones, al tiempo que lamentaron la ausencia de un plan director de climatización.

Cinco semanas de presión en las calles

Las protestas comenzaron hace cinco semanas con un seguimiento masivo de los paros, con jornadas en las que se superó el 45% de respaldo por parte del profesorado. Además, las calles de València acogieron una decena de manifestaciones, algunas de ellas con más de 30.000 participantes; concentraciones multitudinarias en el entorno del Palau de la Generalitat, las Corts Valencianes o la sede de la conselleria, en la avenida de Campanar; y diversas acciones de protesta que incluyeron marchas, cortes de vías, clases en plena calle y una acampada docente ubicada en la plaza de la Virgen de la capital valenciana. Durante el conflicto también se produjo la dimisión en bloque de los equipos directivos de más de un centenar de centros educativos valencianos.

En este periodo, todos los documentos presentados por la Conselleria de Educación fueron rechazados mayoritariamente por el profesorado. STEPV, CCOO, UGT y la CADPV realizaron tres consultas a los docentes, que contaron con una participación superior a los 30.000 maestros y profesores —sobre un censo de alrededor de 78.000 funcionarios—. El único punto en el que se validó la firma fue el de la reducción de la carga burocrática, mientras que el resto de las ofertas resultaron ampliamente rechazadas. Sin embargo, el profesorado, agotado tras 32 días de movilizaciones —con una penalización salarial de entre 170 y 190 euros por cada día de huelga, en un contexto donde cerca del 50% de los participantes en la consulta reconocieron haber secundado más de diez jornadas de paro—, decidió hacer un paréntesis.

Tal y como explicaban los portavoces sindicales al finalizar la última reunión de la mesa de negociación y la manifestación de este jueves, el profesorado “ha suspendido” a la Conselleria de Educación y, a pesar de la suspensión, están dispuestos a seguir negociando y luchando, ya retomar las movilizaciones “como y cuando consideremos” para conseguir “un acuerdo digno y justo para todos”.

Con este panorama, ambas partes se ven abocadas a seguir con las negociaciones para intentar acercar posturas, esta vez sin la presión de miles de personas en la calle ni los colegios e institutos a medio gas. No obstante, sobre la cabeza de la consellera Ortí y del secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, pende la espada de Damocles de un posible reinicio de la huelga a partir de septiembre.

La decimotercera mesa de negociación entre la Conselleria de Educación y los sindicatos docentes (STEPV, CCOO, UGT, CSIF y ANPE) se celebró este jueves en un contexto clave. La reunión tuvo lugar tras la reciente decisión de las centrales mayoritarias (STEPV, CCOO y UGT) de suspender, a partir de este viernes, la huelga indefinida que comenzó el pasado 11 de mayo, una medida que coincidió con el acuerdo de los organizadores de la acampada docente en València para levantar el asentamiento. Sin embargo, el encuentro concluyó con el rechazo mayoritario de los representantes de los trabajadores a seis de las siete propuestas que quedaban pendientes, una vez que ya se había rubricado el pacto salarial entre el Gobierno valenciano, CSIF y ANPE. Pese a que la consellera de Educación, Carmen Ortí, defendió los avances logrados tras semanas de conflicto, la realidad de las firmas refleja que el consenso global está lejos de alcanzarse.

De los ocho bloques que componían la propuesta de la Generalitat Valenciana, el departamento de Campanar solo logró un respaldo amplio en materia de simplificación burocrática, bloque que firmaron todos las organizaciones a excepción de ANPE. En cambio, las materias más sensibles y estructurales —como plantillas, ratios, infraestructuras, inclusión y Formación Profesional— se cerraron sin la firma de ningún sindicato.

La negociación se saldó con un apoyo muy desigual y atomizado entre las cinco organizaciones sindicales de la mesa. En la cuestión de la simplificación burocrática se registró un consenso mayoritario; de hecho, este fue el único punto que recabó un apoyo casi unánime gracias al aval de CCOO, STEPV, UGT y CSIF. Por su parte, ANPE se desmarcó de este bloque con el fin de exigir un calendario concreto de implantación de Personal de Administración y Servicios (PAS).

En el asunto de las retribuciones y condiciones laborales, CSIF reivindicó el pacto alcanzado con la conselleria y destacó la subida de 200 euros mensuales en el complemento autonómico, así como la incorporación de seis días de libre disposición y el derecho a la desconexión digital. Por el contrario, STEPV, CCOO y UGT rechazaron el texto e insistieron en la reapertura de la negociación. Según argumentaron, la propuesta actual no permite que los docentes recuperen el poder adquisitivo, deja fuera el pago del verano al personal interino y no garantiza la vinculación de los salarios al IPC.

CSIF fue el único sindicato que firmó el apartado del valenciano y valoró de forma positiva la catalogación del Diploma de Maestro. Mientras tanto, organizaciones como STEPV, CCOO y UGT rechazaron de plano el documento y criticaron que se relegue la lengua a un papel “residual” o “subordinado”. Además, recordaron el voto en contra del 84% del profesorado en las consultas desarrolladas en las últimas horas.

Rechazo sindical unánime

Las cinco organizaciones sindicales calificaron de “insuficiente” la propuesta de reducción de ratios y ampliación de plantillas. Entre otras cuestiones, criticaron la falta de concreción para el primer ciclo de Infantil, la exclusión de los centros de educación especial y los excesivos plazos de aplicación del calendario.

Respecto a las infraestructuras y la Formación Profesional (FP), los representantes del profesorado lamentaron la falta de concreción y de presupuestos detallados para los centros afectados por la dana o que todavía presentan barracones. En FP, rechazaron que la vuelta a las 30 horas de semipresencialidad se postergue hasta el curso 2030/2031. Asimismo, en el bloque de inclusión, denunciaron la escasez de recursos y la ausencia de figuras clave en las aulas, como la enfermera escolar o planes eficaces de salud mental para el profesorado.

Gestión del conflicto y pasos futuros

Durante la jornada, los sindicatos mayoritarios (STEPV, CCOO y UGT) recordaron que la presión de las movilizaciones fue la herramienta definitiva para forzar las mejoras del texto. Bajo esta premisa, instaron a la conselleria a evitar presiones o represalias contra los centenares de miembros de equipos directivos que presentaron su dimisión en las últimas semanas. A este respecto, Ortí aseguró que la administración mantiene contactos con los afectados para “acompañarles” y avanzó que el próximo lunes se celebrará una reunión territorial específica para abordar este asunto.

Pese a dar por cerrados los puntos que ya cuentan con firma, la consellera invitó a los sindicatos ausentes a adherirse a posteriori a los acuerdos retributivos. Además, emplazó el resto de materias encalladas a futuras mesas sectoriales con las distintas direcciones generales de la conselleria, que se reanudarán la próxima semana.

La negociación ha coincidido nuevamente con una concentración de docentes a las puertas de la conselleria, en la avenidad de Campanar de València, desde donde ha partido una nueva manifestación. Este jueves es el último día de huelga indefinida en la educación pública no universitaria en la Comunitat Valenciana, ya que este viernes quedan suspendidos los paros con la advertencia de que el conflicto no está resuelto y las movilizaciones podrían retomarse en septiembre si no avanzan los acuerdos.

La conselleria no se siente amenazada por la huelga

Ortí ha señalado tras la reunión que el primer acuerdo que sale de las últimas reuniones puede parecer “insignificante” pero “importa mucho” para que empiecen a cambiar las condiciones reales del trabajo docente, y es, ha añadido, “el primero de muchos que tenemos previstos”.

La titular de Educación ha reconocido que los docentes están “desbordados” pero hoy es “un día importante para el profesorado y toda la comunidad educativa”. La conselleria, ha dicho, no se siente amenazada por ninguna convocatoria de huelga y cuando hay dificultades pone “a todos los equipos a trabajar”.

“La movilización continuará hasta que consigamos esas mejoras que merece el sistema educativo y nuestro alumnado”, ha proclamado el portavoz de STEPV, Marc Candela, que ha señalado que este viernes ya no hay huelga de docentes.

Desde CCOO, Xelo Valls ha apuntado que la huelga se puede reactivar en cualquier momento y “seguimos en la lucha -ha remarcado- porque hay margen para negociar”, en alusión a los Presupuestos de la Generalitat de 2027, mientras que Maite Tarazona (UGT) ha resaltado que la huelga ha logrado avances en los documentos de partida. 

Aquest dimecres hem vist un gir de guió en el conflicte educatiu valencià, que ha complit el primer mes de vaga indefinida. El professorat de l'ensenyament públic no universitari ha rebutjat de manera contundent l'última proposta d'“acord global” presentada per la Conselleria d'Educació el passat 9 de juny. En una consulta massiva organitzada pels sindicats STEPV, CCOO i UGT, juntament amb la Coordinadora d'Assemblees Docents del País Valencià (CADCV), un contundent 87 % dels docents ha votat “no” a la signatura del document definitiu presentat pel departament que dirigeix la consellera Carmen Ortí.

No obstant això, l'enorme desgast després de cinc setmanes d'aturades indefinides ha portat la comunitat educativa a una espècie de replegament tàctic: el 67 % del professorat ha considerat adequat interrompre o desconvocar la vaga en aquest tram final de curs, davant d'un 33 % que advocava per mantindre-la de manera immediata.

L'escrutini definitiu, tancat a les 20.00 hores d'aquest dimecres amb una participació de 30.238 respostes computades, dibuixa una radiografia d'un profund malestar entre els mestres i professors valencians. El rebuig a l'oferta de l'administració és pràcticament total, especialment en els blocs que van originar el conflicte.

La qüestió salarial i la relativa a les condicions laborals és la que més indignació desperta: un 90 % dels docents rebutja l'acord parcial en matèria salarial, considerant insuficient el redactat de la Conselleria. Per altra banda, el 84 % dels participants en la consulta s'oposa a signar el bloc lingüístic, en ple clima de protestes contra l'aplicació de la Llei de Llibertat Educativa. I el 78 % dels docents que han votat ha rebutjat les condicions de contractació i el model del “Pla +Mestre”.

Pel que fa a les ràtios i la inclusió, els dos blocs han rebut un 70 % de vots en contra, invalidant els calendaris de reducció de ràtios presentats pel departament de Campanar.

L'únic punt de l'acord global que se salva del càstig de les bases és el bloc de simplificació burocràtica, que ha sigut avalat internament per un rotund 82 % dels professors, que veuen amb bons ulls l'ús de la tecnologia i la intel·ligència artificial per a alleujar les tasques administratives de les secretaries.

“Suspensió estratègica”: la vaga es congela de cara a setembre

Tot i el rebuig frontal a les propostes de la Conselleria d'Educació, la realitat del calendari escolar i el sacrifici econòmic acumulat han pesat en la decisió sobre el futur de les mobilitzacions. Dels 26.217 docents que van tombar el text, la gran majoria (17.633 treballadors) ha optat per frenar l'aturada indefinida abans de les vacances d'estiu.

Dins d'aquest bloc majoritari, l'opció triada de manera massiva (71 %) ha sigut la de “suspendre temporalment la vaga” sota un plantejament estratègic. Aquesta fórmula jurídica i sindical permet congelar l'aturada de manera temporal per a donar un respir a les plantilles, mantenint la capacitat de reprendre la vaga indefinida en qualsevol moment del pròxim curs i sense necessitat d'emetre un nou preavís legal a l'administració. El 29 % restant preferia donar per tancat aquest cicle per a dissenyar altres models de protesta al setembre.

Per la seua banda, el 33 % que desitjava mantindre les protestes de manera activa preferia, en la seua immensa majoria (90 %), un format de vaga indefinida amb mobilitzacions intermitents i puntuals segons es decidira en cada assemblea territorial.

Alt seguiment de les accions de protesta

Les dades de la consulta revelen l'alt seguiment de la protesta. Encara que un 3 % dels votants va declarar no haver secundat cap aturada (i un 5 % es trobava de baixa), el gruix de la comunitat educativa valenciana ha suportat un dur cost econòmic: milers de docents declaren haver secundat entre 5 i 15 dies de vaga legal, destacant un reducte de més de 800 professors a la Comunitat Valenciana que ha mantingut l'aturada durant 23 dies laborables.

El resultat de la ratificació situa ara la pilota a la teulada de la Conselleria d'Educació. Els sindicats i les assemblees acudixen a les pròximes meses de negociació amb el suport de més de 26.000 signatures que exigixen millores substancials en els salaris, el blindatge de les línies en valencià i un augment real de les plantilles. La treva estival, segons advertixen des dels comités de vaga, és només temporal: el professorat avisa que el pròxim curs escolar arrancarà en peu de guerra si el Consell no rectifica les seues propostes.

Tal com han confirmat els tres sindicats que mantenen la convocatòria de vaga, la suspensió de la vaga serà efectiva a partir del divendres 12 de juny.

Este miércoles hemos visto un giro de guion en el conflicto educativo valenciano, que ha cumplido el primer mes de huelga indefinida. El profesorado de la enseñanza pública no universitaria ha rechazado de forma contundente la última propuesta de “acuerdo global” presentada por la Conselleria de Educación el pasado 9 de junio. En una consulta masiva organizada por los sindicatos STEPV, CCOO y UGT, junto a la Coordinadora d'Assemblees Docents del País Valencià (CADCV), un contundente 87% de los docentes ha votado “No” a la firma del documento definitivo presentado por el departamento que dirige la consellera Carmen Ortí.

Sin embargo, el enorme desgaste tras cinco semanas de paros indefinidos ha llevado a la comunidad educativa a una especie de repliegue táctico: el 67% del profesorado ha considerado adecuado interrumpir o desconvocar la huelga en este tramo final de curso, frente a un 33% que abogaba por mantenerla de forma inmediata.

El escrutinio definitivo, cerrado a las 20:00 horas de este miércoles con una participación de 30.238 respuestas computadas, dibuja una radiografía de profundo malestar entre los maestros y profesores valencianos. El rechazo a la oferta de la administración es prácticamente total, especialmente en los bloques que originaron el conflicto.

La cuestión salarial y la referida a las condiciones laborales es la que más indignación despierta: un 90% de los docentes rechaza el acuerdo parcial en materia salarial, considerando insuficiente el redactado de la conselleria. Por otra parte, el 84% de los participantes en la consulta se opone a firmar el bloque lingüístico, en pleno clima de protestas contra la aplicación de la Ley de Libertad Educativa. Y el 78% de los docentes que han votado ha rechazado las condiciones de contratación y el modelo del “Pla +Mestre”.

Respecto a los ratios y la inclusión, ambos bloques han recibido un 70% de votos en contra, invalidando los calendarios de descenso de ratios presentados por el departamento de Campanar.

El único punto del acuerdo global que se salva del castigo de las bases es el bloque de simplificación burocrática, que ha sido avalado de forma interna por un rotundo 82% de los profesores, quienes ven con buenos ojos el uso de tecnología e inteligencia artificial para aliviar las labores administrativas de las secretarías.

“Suspensión estratégica”: la huelga se congela de cara a septiembre

Pese al rechazo frontal a las propuestas de la Conselleria de Educación, la realidad del calendario escolar y el sacrificio económico acumulado han pesado en la decisión sobre el futuro de las movilizaciones. De los 26.217 docentes que tumbaron el texto, la gran mayoría (17.633 trabajadores) ha optado por frenar el paro indefinido antes de las vacaciones de verano.

Dentro de este bloque mayoritario, la opción elegida de manera masiva (71%) ha sido la de “suspender temporalmente la huelga” bajo un diseño estratégico. Esta fórmula jurídica y sindical permite congelar el paro de manera temporal para dar un respiro a las plantillas, manteniendo la capacidad de retomar la huelga indefinida en cualquier momento del próximo curso y sin necesidad de emitir un nuevo preaviso legal a la administración. El 29% restante prefería dar por cerrado este ciclo para diseñar otros modelos de protesta en septiembre.

Por su parte, el 33% que deseaba mantener las protestas de forma activa prefería, en su inmensa mayoría (90%), un formato de huelga indefinida con movilizaciones intermitentes y puntuales según se decidiera en cada asamblea territorial.

Alto seguimiento de las acciones de protesta

Los datos de la consulta revelan el alto seguimiento de la protesta. Aunque un 3% de los votantes declaró no haber secundado ningún paro (y un 5% se encontraba de baja), el grueso de la comunidad educativa valenciana ha soportado un duro peaje económico: miles de docentes declaran haber secundado entre 5 y 15 días de huelga legal, destacando un reducto de más de 800 profesores en la Comunitat Valenciana que ha mantenido el paro durante 23 días laborables.

El resultado de la ratificación sitúa ahora la pelota en el tejado de la Conselleria de Educación. Los sindicatos y las asambleas acuden a las próximas mesas de negociación con el respaldo de más de 26.000 firmas que exigen mejoras sustanciales en los salarios, el blindaje de las líneas en valenciano y un aumento real de las plantillas. La tregua estival, según advierten desde los comités de huelga, es solo temporal: el profesorado avisa de que el próximo curso escolar arrancará en pie de guerra si el Consell no rectifica sus propuestas.

Tal y como han confirmado los tres sindicatos que mantienen la convocatoria de la huelga, la suspensión de los paros será efectiva a partir del viernes 12 de junio.

Los responsables de los sindicatos mayoritarios de docentes valencianos, el STEPV, CCOO y UGT, se han inclinado este miércoles por suspender y no desconvocar la huelga indefinida que lleva cinco semanas en marcha y seguir negociando, aunque serán sus afiliados los que finalmente decidan qué hacen.

Tras reunirse con el ministro Pablo Bustinduy, han señalado ante los medios que sus afiliados tienen hasta las 20 horas de este miércoles para participar en la consulta sobre el último documento de la Conselleria de Educación para intentar acabar con la huelga y sobre la continuidad o no de la movilización. Hasta las 15:15 horas han votado casi 14.700 docentes.

No se acaba la negociación por acabar el curso

El responsable de Acción sindical de STEPV, Marc Candela, ha indicado que acudirán a la mesa negociadora de este jueves con los resultados de la consulta, y en los puntos del documento en que el profesorado no esté de acuerdo, que cree que “serán unos cuantos”, habrá que intentar “retomar la negociación” y “mejorar sustancialmente” el texto.

Candela ha indicado que la Conselleria ha aceptado algunas sugerencias de los sindicatos pero no se han reflejado como querían en el último documento, pues por ejemplo pedían recuperar las 30 horas semipresenciales en los ciclos formativos para el próximo curso, y se ha incluido que se hará en cuatro cursos.

Además, ha dicho que “sigue estancado” el punto del valenciano y el tema retributivo, porque no se ha modificado su redacción para aclarar el alcance de la actualización al IPC, sino que les han enviado “un cuadro propagandístico de cómo quedará la nómina en 2028”, y en ratios y en plantillas “se ha avanzado”, pero habría que hacerlo más.

Candela ha explicado que desconvocar la huelga implica que si se quiere reanudar hay que convocarla de nuevo, comunicarla con diez días de antelación y volver legalizarla, mientras suspenderla supone que temporalmente se paraliza y si la quieren reactivar pueden hacerlo “al día siguiente”, por lo que cree que tiene “más beneficios”.

Aunque el curso finaliza la próxima semana, ha defendido que “el curso puede terminar cuando quiera y la negociación no tiene por qué cerrarse”, pues en julio es cuando más negociaciones hacen con la Conselleria, para las adjudicaciones o las instrucciones de inicio de curso, de forma que “no se acaba la negociación porque termine el curso”.

La lucha continuará

La secretaria de Educación de CCOO PV, Xelo Valls, ha indicado que en la duodécima mesa negociadora trasladarán el sentir del profesorado expresado en la consulta, y ha asegurado que, haya suspensión o haya desconvocatoria de la huelga indefinida, “la lucha continuará cuando comience de nuevo la gente a estar en las aulas de forma activa”.

La suspensión “es una manera de hacer presión, porque está latente, está como en hibernación la convocatoria de huelga y en el momento en que se quiera volver a ella solo hay que hacer una comunicación de que se levanta la suspensión”, ha indicado Valls, quien ha coincidido en que está “acostumbrados a negociar en julio muchas cuestiones” del normal funcionamiento de la Conselleria.

La responsable de Educación de UGT-PV, Maite Tarazona, ha indicado que irán a la mesa sectorial de este jueves con los resultados de la consulta pero no saben si la Conselleria pedirá firmar o no apartados del documento, porque no se les ha informado a qué van a esa reunión.

Tarazona ha indicado que las movilizaciones han permitido introducir mejoras en las ofertas iniciales de Educación, pero el profesorado tiene que valorar si lo conseguido “es suficiente o insuficiente”, y por eso la consulta les permitirá saber “si es suficiente o piensan que todavía no lo es”.

Por otra parte, este jueves se he desplegado desde lo alto de la torre del Miguelete de València una pancarta con la frase 'De nord a sud, docents en lluita', y en Alicante se ha celebrado una nueva manifestación por la escuela pública con el lema 'L'educació és futur'.

El passat 7 de maig, quatre dies abans que començara la vaga indefinida en l'educació pública valenciana no universitària, es va produir la primera reunió de la mesa de negociació entre la Conselleria d'Educació, encapçalada per la consellera Carmen Ortí i el secretari autonòmic Daniel McEvoy, i els representants dels docents —els sindicats STEPV, CCOO, UGT, CSIF i ANPE— en la qual es va parlar de xifres per primera vegada. D'aquella reunió va eixir una primera proposta que el professorat va considerar “insultant”, en la qual l'Administració autonòmica no contemplava la qüestió retributiva i es remetia a la seua primera oferta d'increment salarial de 75 euros, que s'aplicaria a partir de l'1 de gener.

El 19 de maig, el departament de Campanar va presentar un document en la mesa de negociació que els sindicats també van rebutjar. Aquella proposta d'acord va ser sotmesa a consulta per les organitzacions majoritàries —STEPV, CCOO i UGT—, una votació en què van participar més de 41.000 docents i que va rebutjar de manera aclaparadora l'oferta de la conselleria. Ara, el professorat valencià ha de decidir sobre l'últim escrit de l'Administració autonòmica abans de comunicar a Educació si rubrica o no el pacte. Analitzem les diferències entre aquell esborrany i l'actual proposta d'acord.

En la proposta d'“acord global” d'Ortí i McEvoy, que en un primer moment es van negar a plantejar perquè “no hi ha diners”, es reflecteix una profunda evolució, fruit de cinc setmanes de pressió del col·lectiu docent amb nombroses i massives mobilitzacions. Així, la conselleria ha passat d'un redactat ple d'intencions i “estudis de viabilitat” a un compromís normatiu i pressupostari de 3.338,26 milions d'euros a desenvolupar durant el període 2026-2031.

Ràtios i planificació plurianual

El canvi més radical s'observa en la qüestió de les ràtios, ja que la proposta inicial no tenia horitzó temporal i les deixava en mans del que dictara el Ministeri d'Educació. Ara, però, es fixen xifres concretes i terminis que s'avancen a la planificació estatal.

D'aquesta manera, a Infantil i Primària, l'esborrany inicial proposava una ràtio de 22 alumnes només per al curs 2027/2028 i congelava la resta. La proposta final estableix una retallada estructural i progressiva del 12% i fixa el límit estricte en 22 alumnes per aula en tot el tram fins al curs 2029/2030 de manera generalitzada.

A Secundària i Batxillerat, el text inicial es rentava les mans remetent-se al criteri que dictara reglamentàriament el ministeri, mentre que ara s'estableix una reducció del 17% a l'ESO (fins als 25 alumnes) i del 20% a Batxillerat (28 alumnes per aula), una mesura completament calendaritzada any rere any fins al curs 2030/2031.

Per la seua banda, a la Formació Professional (FP) i les Escoles Oficials d'Idiomes (EOI), inicialment només es contemplava una mesa tècnica per abordar els desdoblaments. L'últim acord introdueix una retallada del 17% en FP (15 alumnes en Grau Bàsic i 25 en Grau Mitjà i Superior) i del 10% a les EOI (màxim 20 alumnes per aula en tots els idiomes i nivells).

Plantilles docents

En matèria de plantilles s'observa un plantejament tècnic i pressupostari. L'esborrany inicial proposava un polèmic 'Pla de substitució anticipada' a Primària (assignar un mestre extra al centre perquè assumira internament les baixes, obligant el col·legi a reorganitzar-se de manera autònoma davant una segona baixa). En el document final, este model desapareix per complet i és substituït pel 'Pla +Mestre', dotat amb 469,12 milions d'euros.

A més, l'acord final quantifica un increment estructural de 7.742 docents en quatre anys, que es concreta en 5.000 noves contractacions directes, l'estabilització de 10.000 places (amb el 50% reservat expressament a la inclusió) i 2.742 mestres específics vinculats per llei al sosteniment de la reducció de les ràtios.

De la mateixa manera, davant les crítiques sindicals, la conselleria substitueix el pla d'autoorganització interna per un compromís informàtic auditable: reduir el temps mitjà de substitució externa de 10 dies a un màxim de 8 dies de mitjana a partir de setembre de 2026..

Retribucions

Tot i que la quantia nominal de la pujada salarial lineal es manté en 200 euros mensuals en el complement específic —tal com recollia la primera proposta sotmesa a votació del professorat—, les condicions tecnicoadministratives han canviat substancialment per oferir més garanties. La proposta retributiva va ser signada per CSIF i ANPE, mentre que STEPV, CCOO i UGT insisteixen a reobrir-la per renegociar-la.

L'esborrany inicial fragmentava els pagaments fixos (75 euros el 2026, 75 euros el 2027 i 50 euros el 2028) de manera lineal. L'Acord Global introdueix un desemborsament acumulat de 802,3 milions d'euros i vincula formalment els increments salarials a l'evolució de l'IPC, blindant el poder adquisitiu davant la inflació. També s'hi afegeix una partida extraordinària i independent de 658 milions d'euros destinada exclusivament a la gratuïtat del tram de 0 a 3 anys i a la millora de les ràtios associades.

Infraestructures educatives

Pel que fa a les infraestructures, el Govern autonòmic ha passat d'un redactat d'intencions enfocat en el Pla Edificant tradicional a un desglossament pressupostari plurianual quantificat en 1.409,7 milions d'euros, gestionat sota un nou Pla Director.

Concretament, es crea el 'Pla EduClima', una partida blindada de 140 milions d'euros (amb un ritme d'execució de 32 milions el 2026 i 36 milions anuals entre 2027 i 2029) per garantir la climatització del 100% de les aules. Així mateix, es dota amb 40 milions d'euros (10 milions anuals) una línia de subvencions directes als ajuntaments per a reformes energètiques en col·legis i centres d'educació especial, eliminant les traves derivades de la delegació de competències de l'Edificant original.

La proposta definitiva també incorpora de manera explícita dos milions d'euros extraordinaris dins del pla tèrmic per a les zones afectades per la dana, a més d'obligar la conselleria a aportar un annex tècnic detallat amb les memòries de reconstrucció. Finalment, el nou text introdueix una obligació prioritària en matèria d'inversió: tots els plans d'inversió directa han d'exigir per escrit l'eliminació total dels barracons.

Inclusió educativa i salut mental

La primera proposta es limitava a vincular les places de Pedagogia Terapèutica (PT) i Audició i Llenguatge (AL) a la matrícula corrent, mentre que el text consolidat estableix mínims estructurals inamovibles.

Per exemple, el primer esborrany parlava de manera vaga d'obrir 150 aules al llarg de tota la legislatura, mentre que la darrera versió concreta la creació immediata d'almenys 36 aules UECO per al curs 2026/2027, cosa que comporta la contractació automàtica de 108 professionals d'inclusió. A més, es limita per llei la ràtio d'estes aules a un màxim de huit alumnes.

Es garanteix el manteniment d'un mínim de 187 places de Pedagogia Terapèutica per al pròxim curs i es fixa la conversió de places en estructurals si la necessitat es prolonga durant tres cursos consecutius. En quatre cursos, tots els centres d'Infantil i Primària rebran entre 0,5 i 1,5 docents addicionals de Pedagogia Terapèutica i especialistes en Audició i Llenguatge, segons el seu volum d'unitats.

Pel que fa a la salut mental, es passa del desenvolupament normatiu del pla 'Conviure' a una mesura executiva compartida amb la Conselleria de Sanitat: el reforç de psicòlegs generals sanitaris en les unitats de detecció precoç i un estudi específic sobre la salut mental del professorat a les zones afectades per la dana.

Simplificació burocràtica

En aquest bloc, les 20 mesures s'han dotat de terminis jurídics concrets (tramitació per decret del Consell en un termini màxim de sis mesos) i s'hi introdueix tecnologia avançada. Per exemple, s'afegeix l'ús d'eines d'intel·ligència artificial (IA) per a la generació automàtica de documents dels centres i de sistemes de traducció automàtica bidireccional valencià-castellà per alleugerir les tasques de secretaria.

Finalment, es concreta de manera nítida la regulació del treball presencial fora del centre durant el mes de juliol. Els docents només tindran l'obligació d'acudir físicament a les reunions de coordinació o als claustres indispensables, blindant la resta del temps per a tasques no lectives telemàtiques. Així mateix, es reconeix explícitament el dret a la desconnexió digital i la reducció d'hores lectives per als majors de 55 anys.