Tuve con Paco Fernández Marugán una estrecha convivencia y colaboración en el seno del Grupo Socialista del Congreso de los Diputados durante varias legislaturas. Siempre le vi como un hombre muy convencido de sus ideales de partido, un diputado veterano (1982-2011) muy trabajador y, a la vez, una persona alejada de pretensiones de ascender en los escalafones, algo tan común en la vida política. Fue miembro de la Dirección del Grupo Parlamentario, y como tal pude observar su buena cabeza económica y sus valores centrados en los derechos humanos y las libertades de los y las ciudadanos.

Me gustaría recordar dos hechos que expresaron lo que fueron las ideas y el talante de Fernández Marugán, fallecido este martes a los 79 años. Lo hago para que la apreciación de su valor no se quede en valoraciones genéricas sobre su forma de ser, cuando lamentamos su desaparición.

En la primera legislatura como presidente del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, tuve el honor de ser portavoz del grupo parlamentario socialista. En un periodo en el que ya no había mayorías absolutas, conseguir la aprobación de los Presupuestos por las Cámaras era un objetivo político absolutamente esencial y una labor prioritaria del grupo que sustentaba al gobierno. Paco Fernández Marugán era la persona responsable de la gestión práctica del procedimiento presupuestario en el Congreso para conseguir unas cuentas del Estado que atravesasen limpiamente, sin fracasos, las miles de votaciones que, durante toda una semana, se producen en el Congreso. Los acuerdos políticos con los diversos grupos desembocaban en un número enorme de enmiendas que, a favor o en contra, tenía que votar el Parlamento.

Pues bien, gracias a la eficaz labor negociadora de la Dirección del Grupo Socialista, y en su interior el trabajo esforzado de Francisco Fernández Marugán, no se perdió una sola votación en las sesiones de debate sobre los Presupuestos Generales del Estado de la segunda mitad de la primera legislatura del presidente Zapatero. Sin Fernández Marugán vigilando cada votación, dudo que eso hubiese sido posible. Y es importante subrayarlo para quienes conocen la gran dificultad que implica llegar a buen puerto en una aprobación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado, que es la pieza legislativa más compleja y difícil del Estado.

Hay otro hecho destacado que viví, junto a Francisco Fernández Marugán, en su segunda época política, cuando fue Defensor del Pueblo interino (2017/2021). En febrero de 2019, la Asociación pro Derechos Humanos de España me pidió que emitiera un dictamen sobre la constitucionalidad de un nuevo artículo 58 bis a la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General. La Asociación pro Derechos Humanos consideraba, con razón, que ese añadido contradecía el derecho al consentimiento en los tratamientos de datos de carácter personal, al permitir a los partidos políticos recopilarlos y utilizarlos para su actividad. El dictamen corroboró esa iniciativa, considerando inconstitucional la modificación de la ley electoral.

El entonces defensor del pueblo interino Francisco Fernández Marugán asumió el contenido del dictamen que le presentó la asociación Pro Derechos Humanos. Así, presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el citado artículo 58 bis de la Ley Electoral ante el Tribunal Constitucional. Algo poco usual en la historia del defensor del pueblo.

El recurso del defensor fue acogido positivamente por el Tribunal Constitucional. En una sentencia de 29 de mayo de 2019, cuyo ponente fue su actual presidente Cándido Conde-Pumpido, el pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, declaró que era inconstitucional, por falta de garantías legales, que los partidos políticos puedan reunir datos relativos a opiniones políticas de los ciudadanos. El tribunal anuló el mencionado precepto 58 bis de la Ley del Régimen electoral general.

Los dos hechos que he relatado, por mi cercanía a ellos y por el protagonismo que en ellos mismos tuvo Francisco Fernández Marugán, son solo un ejemplo de su altura parlamentaria, política y moral. Y que hace que hoy, tras su triste desaparición, lo recordemos como el gran diputado y Defensor del Pueblo que fue y el gran amigo que tuve la suerte de tener durante mucho tiempo.

Las plataformas han revolucionado el panorama audiovisual. Desde la llegada de Netflix, HBO, Amazon y compañía, la industria ha mutado. La pandemia, además, ha acelerado un cambio de modelo que ya se intuía y que afecta a todas las etapas de la creación de una película. Antes la vida de una obra audiovisual estaba clara. Se producía, se estrenaba en cines, pasaba por un servicio de pago (Canal+ o Movistar) y luego llegaba a la televisión en abierto.

Ahora, cada una tiene una salida diferente, y esto afecta al ecosistema y también a las leyes que rigen la industria del cine. En los últimos meses se ha hablado mucho de la Ley Audiovisual y de lo que supone ser un productor independiente, pero se ha dejado de lado otro aspecto que debe ser fundamental en las negociaciones del nuevo marco legal: la propiedad intelectual. Este es uno de los aspectos que destaca el informe de cultura de la Fundación Alternativas, que pone su mirada en numerosos aspectos y retos del audiovisual español, como la internalización, la igualdad, la citada ley audiovisual, la próxima ley del cine… un texto que dedica un apartado concreto a la importancia de la producción intelectual en este contexto de proliferación de productos creados por las plataformas.

“El aumento en el consumo de contenidos audiovisuales se ha multiplicado durante la pandemia, sobre todo en las plataformas de streaming, pero los autores audiovisuales no han beneficiado de forma proporcional en los ingresos en derechos”, comienza diciendo el texto que han redactado Fabia Buenaventura y Cristina Perpiñá, que dejan claro que a pesar del aumento en la cantidad de ficción y de trabajo, todavía “son muy pocos los autores que pueden vivir de su trabajo”.

En este aspecto son fundamentales los ingresos por derechos de autor ligados a la explotación de las obras, y que según un informe de 2019 “representan únicamente un 7,1% de sus ingresos (en el caso de los autores emergentes) y no más del 17% para los autores ya consolidados”. “De esta forma, resulta que las plataformas digitales de streaming y VOD, claras vencedoras del éxito de las obras audiovisuales, sobre todo durante la pandemia, se benefician de forma exclusiva del éxito de sus servicios, sin trasladar estos beneficios a los autores. Al contrario, los autores se encuentran en una situación cada vez más vulnerable y precaria frente al poder de las grandes plataformas digitales, y dicho desequilibrio se traslada directamente a las negociaciones contractuales, lo que se ha venido a denominar la 'uberización' de la cultura, por la elevadísima multiplicación de contenidos en las plataformas y la presión que conlleva para los creadores audiovisuales”, dice el informe.

Alertan del “enorme desequilibrio entre los autores y las grandes productoras audiovisuales y más recientemente, las plataformas digitales, al trasladarse a las negociaciones contractuales”. “La mayoría de los autores (con la excepción de los algunos muy conocidos), a pesar de que se les reconozcan derechos de autor (tanto morales como patrimoniales de carácter exclusivo) en prácticamente todos los países de nuestro entorno, suele ceder sus derechos (exclusivos) a los productores en los contratos de producción audiovisual, casi siempre a cambio de un pago a tanto alzado (figura denominada en la práctica como 'Copyright Buy-Out'). Esta práctica extendida se facilita por la existencia en muchos ordenamientos jurídicos de una presunción de cesión al productor audiovisual para facilitar a éste la capacidad de poder comercializar el producto audiovisual en el mercado, lo que desvincula al autor del éxito de su obra”, añaden. 

En otras ocasiones, el truco consiste en “someter el contrato artificialmente a un derecho extranjero (por ejemplo, a la ley de alguno de los Estados Unidos) para clasificarlo como un contrato 'Works made for hire', que atribuye desde el inicio y de forma plena al productor todos los derechos sobre la obra audiovisual, incluso en aquellas producciones con ninguna o mínima vinculación con estos países no europeos, simplemente sometiendo el contrato a la ley aplicable de dicho país”.

La desigual capacidad negociadora entre plataformas y pymes es muy desproporcionada. Aquel autor que reclame cambios al contrato propuesto se puede ver excluido del mercado

Lo que hasta hace poco era una oportunidad, la gran actividad productora de las plataformas que trajo “un gran dinamismo entre las productoras independientes y los profesionales, incluidos los autores”, se ha ido convirtiendo en una situación menos luminosa, ya que como indican desde la Fundación Alternativas, actualmente “las productoras independientes se encuentran frustradas e incapaces de retener derechos sobre las obras que han presentado a la plataforma y que en muchos casos ya han incurrido en gastos de desarrollo, los autores ven que no son capaces de retener en sus contratos de producción todos sus derechos morales y económicos”. “Es decir, la desigual capacidad negociadora entre plataformas y pymes productoras o personas físicas es muy desproporcionada y aunque la ley respalda claramente los derechos que debe mantener el autor, es muy evidente que en un situación oligopolista de contratación aquel autor que reclame cambios al contrato propuesto se puede ver excluido del mercado con gran facilidad”.

En dicho informe también apuntan a posibles soluciones, que en su opinión pasa por “el lado de las instituciones y entidades que salvaguardan el derecho de los autores, principalmente el Ministerio de Cultura (Dirección General de Industrias Culturales y Propiedad Intelectual) y las entidades de gestión que representan a los autores audiovisuales (SGAE, DAMA)”. “La tutela del respeto al derecho de autor en un entorno cambiante en el que han entrado nuevos jugadores que son abrumadoramente más potentes podría ser una de las tareas que se podría encomendar a la futura Oficina de Propiedad Intelectual pues podría actuar en estos casos como un Observatorio, de oficio, no a petición de parte, realizando un informe anual focalizado en la salud de nuestro sistema de propiedad intelectual y en un análisis al azar de los contratos de producción audiovisual”.

Uno de los grandes defensores de la producción independiente, Jordi Oliva, de la Federació de Productors Audiovisuals (PROA), confirma esta situación en la que se ha generado mucho trabajo gracias a las plataformas, pero son estas las “adquieren la totalidad de la propiedad intelectual de la obra”. “La plataforma, si tiene un capital social fuera de España, eso quiere decir que cuando miremos las películas que se han hecho para Netflix, por ejemplo, dentro de diez años, veremos que no están en la Filmoteca Española, porque cuentan como americanas. Técnicamente no son españolas porque las han comprados enteras. Se han quedado los derechos, van a hacer las segundas partes fuera, y tú pierdes todos tus derechos”, explica de una situación que cree debe ser “uno de los grandes ejes y caballos de batalla”.

La Fundación Alternativas acaba de hacer público su informe anual sobre el estado de la cultura en España y señala la caída del empleo cultural que ya adelantó este periódico hace meses: los datos de la EPA del primer trimestre de 2021 indican un total de 675.600 puestos de trabajo en el sector de la cultura, es decir, más de 35.000 empleos destruidos. Aunque algunos sectores han incrementado su actividad en el confinamiento debido a los cambios de hábito, “la actividad cultural ha sido una de las más afectadas por el confinamiento”, indica Inma Ballesteros, la directora del extenso informe que recorre las particularidades de cada disciplina con especial detenimiento en el sector editorial.

Antes de emprender cualquier modernización del sector, la Fundación Alternativas indica la urgencia de desarrollar medidas de protección adecuadas para los trabajadores del sector. Pide continuidad a los trabajos avanzados en la Comisión de Cultura del Congreso y seguir realizando reformas que permitan igualar las condiciones de trabajo en la cultura con el resto de sectores productivos.

“Reiteramos la importancia de reconocer fiscalmente el carácter intermitente del trabajo cultural y desarrollar medidas móviles que permitan la tributación justa de las rentas irregulares, así como reconocer las necesidades específicas de los creadores para garantizar coberturas sociales adecuadas a su realidad”, indica Ballesteros. Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deportes, dio el primer paso antes de las vacaciones.

Inteligencia Artificial cultural

Mientras llega ese ansiado Estatuto del Artista, desde la Fundación Alternativas señalan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia como la “oportunidad” de la cultura para dejar atrás los estragos provocados por la pandemia del coronavirus. Más que un rescate, el dinero europeo supondrá una transformación. “Las pymes deben fortalecer sus capacidades digitales cuanto antes. Es prioritario”, explica a este periódico Ballesteros.

La digitalización no consiste en derivar el consumo cultural a las pantallas. Ballesteros, que ha estado en contacto con el Ministerio de Cultura en la elaboración de los planes para ayudar al sector, indica que digitalizar es incorporar herramientas a toda la cadena de valor que ayude a la optimización de los recursos, “que siempre son pocos”. Es la llamada “economía del dato”, que sirve para gestionar la organización y la pyme cultural y obtener mayores garantías en el proceso de producción y difusión. El dato hará posible un crecimiento sostenible de las industrias culturales porque podrán identificar las necesidades básicas a cubrir y dónde invertir. Es Inteligencia Artificial aplicada a la gestión de los hábitos de consumo de los públicos.

“Nosotros creemos en el fortalecimiento de las capacidades digitales para garantizar la sostenibilidad del producto y los servicios. La transformación se debe hacer ya. Es urgente. Son pocos años para ejecutar ese volumen de millones”, añade Ballesteros. En total serán 525 millones de euros los que recibirá el sector para gastar antes de que finalice 2023. Suponen el 0,7% del total de la inversión que España recibirá de los fondos europeos. Sin embargo, el BOE todavía no ha visto reflejado ninguna convocatoria de estas ayudas a falta de poco más de tres meses para 2022.

La tarea pendiente

En la presentación del informe en la Feria del Libro estaba la directora General del Libro, María José Gálvez, que ha asegurado que Cultura destinará 42 millones de euros de estos fondos al sector editorial. Tal y como ha explicado, dedicarán 10 millones de euros a comprar libros para las bibliotecas de todas las Comunidades Autónomas, tres millones de euros para la compra de licencias digitales para eBiblio, otros tres millones de euros para la digitalización del patrimonio bibliográfico y 26 millones para modernizar las pymes. De todas las direcciones generales de Cultura la del libro ha sido la única que ha dado datos concretos sobre los objetivos de la inversión de los fondos.

Ballesteros explica que hasta el momento la industria cultural había mantenido una resistencia al cambio. “Se ha retrasado por puro desconocimiento y se ha entendido como no urgente. La pandemia ha provocado la aceleración del proceso y la recuperación viene enfocado a eso”, indica. Se refiere al capítulo 24 de las ayudas europeas, en el que se aclara la digitalización de las industrias del contenido. “Es una necesidad clara que ahora no podemos dejar pasar si queremos ser competitivos”, añade Ballesteros. El caso de los museos es un buen ejemplo, porque la información recogida de los usuarios puede adaptar la oferta a las necesidades de la audiencia o a saber si se están alcanzando los objetivos. Digitalizar para no improvisar.

El hundimiento político y económico de Líbano y el intento de Francia de encontrar una solución a esa crisis es uno de los muchos ejemplos de cómo la inestabilidad en el Mediterráneo es una amenaza siempre presente y de las respuestas que los gobiernos europeos pueden aportar, no siempre con éxito. Países como Francia, España o Italia han intentado que el eje mediterráneo sirva como contrapeso a las prioridades habituales de la UE, muy condicionadas por el peso de Alemania y las relaciones con Rusia. Para establecer una política de relaciones estables, es imprescindible conocer la situación de los países del Norte de África y Oriente Próximo y analizar qué papel puede jugar España en lo que se suele definir como un “puente” entre esas zonas y los países de la UE.

La Fundación Alternativas celebra este viernes un debate para presentar los resultados de un documento elaborado por Itxaso Domínguez de Olazábal y Alfonso Casani titulado 'Aproximación prospectiva a la Vecindad Sur de España y la Unión Europea. Objetivos 2030-2050'. Estará moderado por Vicente Palacio, director de Política Exterior de la fundación.

elDiario.es retransmitirá el debate el viernes 25 de junio a las 11.00.

Además de Domínguez de Olázabal, coordinadora de Oriente Próximo y Norte de África de la fundación, y Casani, profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid, participarán Irene Fernández-Molina, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Exeter; Ricard González, periodista especializado en Oriente Próximo y Norte de África; y Isidro González, secretario general adjunto de la Unión por el Mediterráneo.

El documento presenta dos escenarios posibles para las próximas décadas. Uno optimista en el que es posible prever el apaciguamiento de los conflictos sociales gracias a la mejora de la gobernanza en cada país. El otro más pesimista es el que se suele asociar a los países de la zona, con el agravamiento de los conflictos políticos y económicos, la extensión de prácticas autoritarias en los gobiernos y el aumento de las desigualdad sociales.

La Fundación Alternativas ha renovado su Patronato, el órgano de gobierno de la entidad, con la incorporación de varias figuras del ámbito político, económico y científico, entre los que destacan nombres como el de la presidenta del Senado, Pilar Llop, o el de la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.

Según indica la fundación, un 'think tank' de orientación progresista, a través de una nota de prensa, “la violencia machista, el auge de los populismos, la protección del medio ambiente, la función social de la empresa, la reforma de las pensiones, la reforma fiscal, el desempleo, el desarrollo científico o la revolución digital” serán los ejes de actuación tras esta renovación.

El Patronato está compuesto por 41 miembros y se encarga de aprobar las líneas de acción de la fundación. “Incorpora a mujeres y hombres de gran valía en ámbitos como la ciencia, el sindicalismo, los movimientos sociales, la judicatura y la empresa”, indican en el escrito.

Las figuras que forman ahora parte del nuevo Patronato son Pilar Llop, presidenta del Senado; María Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO); Francisca Sauquillo, presidenta de la ONG Movimiento por la Paz; Mariano Barbacid, jefe del Grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO); Manuela Carmena, ex alcaldesa de Madrid; María Emilia Casas, ex presidenta del Tribunal Constitucional; Ignacio Fernández Toxo, ex secretario general de CCOO; Cándido Méndez, ex secretario general de UGT; Estrella Galán, secretaria general de CEAR; Sandra León, politóloga; y Emilio Ontiveros, economista.

“Alternativas no sólo renueva su Patronato, sino las áreas temáticas sobre las que vamos a reflexionar para fomentar debates en la calle, basados en datos reales, e impulsar reformas que sitúen a España a la vanguardia del progreso”, ha indicado el vicepresidente ejecutivo de Alternativas, Diego López Garrido.

“Estoy seguro de que el nuevo patronato va a implicarse en los retos que tenemos por delante, cuando una coalición progresista está al frente del gobierno. Queremos que Alternativas siga profundizando en los problemas sociales, económicos y políticos de España y Europa”, ha añadido López Garrido.

Alternativas es una fundación que nació en 1997 que elabora informes y estudios con la colaboración de diferentes investigadores y analistas. La fundación busca estar presente en los grandes debates que se producen en España y en Europa.

El debate sobre los impuestos a los combustibles y la energía sigue abierto. Suele apelarse a la necesidad de buscar un equilibrio entre las necesidades económicas de trabajadores para los que el vehículo es su herramienta fundamental, los intereses de los gobiernos que deben recaudar más impuestos para afrontar los gastos de un estado social, un medio ambiente cada vez más dañado por el efecto de los gases emitidos a la atmósfera y la influencia de las poderosas industrias energéticas y automovilísticas, entre otros factores.

Son muchos los matices sociales y económicos, como se ha podido también comprobar en Ecuador, donde la intención de derogar los históricos subsidios a la gasolina y el diésel ha generado una oleada de protestas tras la que el Gobierno de Lenín Moreno ha dado marcha atrás.

Este martes la Fundación Alternativas, un “think tank” progresista, ha presentado el informe “Impuestos energético-ambientales en España: situación y propuestas eficientes y equitativas”. En él se recuerda que España ha sido tradicionalmente un país “renuente” a la aplicación y subida de estos impuestos, y cuando lo ha hecho ha sido por imposición europea. Así, el peso de los impuestos sobre la energía en la actualidad está por debajo de los principales países de su entorno. En 2017 estas figuras representaron el 4,5% de la recaudación impositiva española y el 1,5% de su PIB, frente al 4,7% y al 1,8%, respectivamente, de media en la UE.

Al mismo tiempo, en 2016, el 79% de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea (UE) tuvieron origen en las actividades del sector energético, el 72% en el caso de España (Eurostat). Y un 70% de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) relacionadas con la energía no están sometidas a ningún gravamen, según la OCDE, al margen de los combustibles utilizados en el transporte por carretera.

Ante este panorama, el informe de la Fundación Alternativas hace una serie de propuestas concretas para España. Aseguran que la equiparación de la fiscalidad de la gasolina y el diésel y elevarla a tipos impositivos al nivel medio de la gasolina en los principales países europeos provocaría un aumento de la recaudación de unos 12.600 millones de euros.

Los autores anticipan la recaudación inmediata de unos 2.600 millones de euros a partir de la equiparación del diésel con la gasolina en el impuesto sobre hidrocarburos, permitiendo además una reducción del 1,6% del consumo agregado y las emisiones agregadas, informa EP.

Además, ven posible conseguir un recorte en el consumo de carburantes y emisiones de dióxido de carbono (CO2) del 6,1% al equiparar los tipos impositivos a gasolina y diésel hasta los tipos con los que Alemania, Francia, Italia y Reino Unido gravan la gasolina, lo que permitiría elevar la recaudación unos 10.000 millones de euros.

El estudio, elaborado por Alberto Gago, Xavier Labandeira, José Manuel Labeaga y Xiral López, propone estas dos medidas, además de otras como la de endurecer la fiscalidad en los billetes de avión y fijar un suelo fiscal de carbono para el sector eléctrico, con el fin de “expulsar primero el carbón” y, además penalizar el uso de combustibles fósiles.

En este sentido, proponen fijar un coste de 30 euros por tonelada de CO2 para 2030, que en todo caso, ha recordado Xavier Labandeira en su presentación, está “bastante lejos” de la propuesta del Fondo Monetario Internacional de llevar este coste por la emisión hasta los 70 euros por tonelada.

Tal y como recuerda el informe, la última modificación de los tipos impositivos estatales sobre gasolina y diésel del impuesto sobre hidrocarburos se produjo en 2010, momento desde el cual los precios del diésel y la gasolina han aumentado un 12,7% y un 11,5% respectivamente, haciendo caer el peso de este impuesto un 4,5% en el caso del diésel, y un 5,8% en el de la gasolina.

“Sólo con actualizaciones en función del IPC habríamos conseguido grandes niveles de recaudación que no se han conseguido, pero es que van a seguir yendo a la baja”, ha manifestado José Manuel Labeaga, otro de los autores de este estudio.

Para compensar a las rentas más bajas, que serían las más afectadas por una subida impositiva a la energía, proponen fórmulas como la utilización de 'cheques verdes' o transferencias para compensar a los hogares más pobres, “lo que evitaría impactos negativos sobre los mismos sin perder el incentivo a consumir menos que genera el mayor precio de la energía”. Otras alternativas, señalan, podrían ser diseñadas a través del IRPF, modificando el mínimo exento o incorporando una deducción específica, condicionada por renta y de carácter reembolsable (de funcionamiento similar a la deducción por maternidad).

Un 70% de las emisiones exentas, según la OCDE

En un informe publicado este martes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destaca que, al margen de los combustibles utilizados en el transporte por carretera, solo un 18% del resto de emisiones tiene algún tipo de tasas. Y, en realidad, únicamente a un 3% se les aplica un impuesto de al menos 30 euros (unos 33 dólares) por tonelada de CO2, que se considera un referente mínimo para compensar el daño medioambiental, informa EFE.

Un mínimo que, sin embargo, ni siquiera permitiría alcanzar los objetivos del Acuerdo de París sobre el cambio climático para limitar a dos grados el aumento de la temperatura global para finales de siglo.

Solo cuatro de los 44 países analizados en el estudio (Dinamarca, Holanda, Noruega y Suiza) tienen tasas superiores a esos 30 euros para las emisiones que se producen fuera del transporte por carretera. España se sitúa en la parte baja de la tabla, con algo menos de 5 euros por tonelada (5,5 dólares).

La OCDE recuerda que el combustible de los aviones y de los barcos, cuando se utiliza para el transporte internacional, no está sometido a ningún impuesto pese a que esas actividades contribuyen de forma relevante al cambio climático.

De ser un país, las emisiones generadas por el tráfico marítimo internacional serían el noveno que más contribuye al calentamiento global, y las de la aviación el duodécimo.

El carbón, que es responsable de la mitad de las emisiones, está sometido a una fiscalidad prácticamente nula (0,73 euros/0,80 dólares por tonelada de CO2, de media).

La gasolina es, con diferencia, el combustible fósil sujeto a una mayor imposición, de 85,83 euros por tonelada (94,5 dólares), seguido del diésel (73,76 euros/81,2 dólares) y, a muy gran distancia, del gas licuado de petróleo (11,12 euros/12,2 dólares) y del gas natural (5,26 euros/5,79 dólares).

Los autores del informe hacen notar que el pasado año las emisiones globales de CO2 aumentaron un 1,8 % a un máximo histórico, una evolución que está en contradicción con el objetivo de una profunda reducción fijado en los Acuerdos de París.

Si la carga fiscal total por las emisiones de CO2 se fijara en 30 euros por tonelada, eso permitiría generar alrededor del 1 % del producto interior bruto (PIB) en estos 44 países.

La corrupción es percibida como uno de los grandes problemas de España. Es la segunda preocupación de los españoles, según el CIS, y eso que, objetivamente, no está tan generalizada como pudiera pensarse. Esa es una de las conclusiones a las que ha llegado la Fundación Alternativas en su Informe sobre la Democracia en España 2017 hecho público este jueves y que recuerda que “las encuestas muestran que la ciudadanía tiene una percepción de altísima corrupción”, los “datos objetivos prueban que nuestro país no tiene un problema de corrupción sistémica”.

Los ciudadanos consideran, en todo caso, que la corrupción es “el problema más tóxico y destructivo para el buen funcionamiento de la democracia, y también el más persistente en el caso español”. Una percepción que, según el informe “se puede explicar por la notoriedad de los casos de corrupción política que implican a quienes ocupan altos puestos en los distintos niveles de gobierno”.

La corrupción “es básicamente política”, y afecta “a autoridades situadas en la zona superior de los distintos niveles de gobierno, con más frecuencia en el nivel autonómico y local”, señala el think tank progresista. Esta corrupción se concentra en ciertas áreas que se pueden considerar como de especial riesgo: financiación de partidos, contratación de servicios y obras públicas, urbanismo, subvenciones, otorgamiento de ciertas licencias y permisos.

Una leve mejora

La calidad de la democracia, que es objeto de medición anual en los informes que realiza la organización, a pesar de haber mejorado levemente en 2017, está lejos de ser ideal, y tiene un amplio espacio para mejorar ya que recibe una puntuación de 5,73 sobre 10.

No obstante, el informe recuerda que la crisis de afiliación y de popularidad que afecta a los partidos de las democracias occidentales y que se ha intensificado durante la larga crisis económica, está impulsando, como reacción, una revisión de su funcionamiento y de sus mecanismos de democracia interna, con el fin, entre otros, de hacerlos más atractivos como organizaciones participativas.

Señala, además, que los nuevos partidos consolidados en el panorama político español son “especialmente atractivos” para los electores jóvenes y de mediana edad. En parte, “esto podría explicarse por el distinto impacto de la crisis económica y las diferentes respuestas políticas a la misma, según grupos de edad, y no se trataría solo de una diferencia de puntos de vista, sino también de una serie de factores asociados a la posición socioeconómica y los condicionamientos del ciclo vital”.

El abuso del veto

El informe también denuncia que el Gobierno de Mariano Rajoy se benefició “esencialmente del uso del veto presupuestario para conseguir anular iniciativas de la oposición”. Esto revela, a juicio de la Fundación Alternativas, “en qué medida el Congreso de los Diputados, en tanto que institución, no está adaptado al nuevo entorno político”. Porque como apunta, “en los entornos multipartidistas del centro de Europa lo habitual es que los parlamentos tengan más atribuciones para poder influir de manera efectiva en la legislación. Suelen estar más dotados y con comisiones más especializadas para conseguir influir más y mejor en cómo se gobierna.

I.-La Fundación Alternativas presenta este miércoles su II Informe de Sostenibilidad, en el que plantea que es conveniente pasar a la acción, sin más demora, si queremos evitar situaciones catastróficas. Los datos son concluyentes. En 40 años hemos doblado las emisiones de carbono, dentro de unos años habrá más plásticos que peces en los mares, con la desaparición de miles de especies marinas; la energía sigue dependiendo de materias fósiles y siete millones de personas mueren al año por contaminación. Los desórdenes atmosféricos se suceden, amenazando territorios y millones de personas. Es como si la madre naturaleza protestara o castigara los despropósitos de sus descarriados hijos, los humanos.

II.- La reacción ante tamaña amenaza está siendo lenta, desigual y, en general, errática. No guarda proporción con lo que nos estamos jugando: la supervivencia de la especie humana y del conjunto del ecosistema. Es cierto que los Acuerdos de París han sido un paso adelante, pero su naturaleza no vinculante y, en especial, no sancionable hace aleatorio su cumplimiento. De momento las declaraciones y/o posición del presidente Trump en la reunión del G-7 en Taormina son demoledoras. ¿Qué ocurrirá si el país más contaminante del mundo por persona decide descolgarse de esos acuerdos? ¿Le seguirán otros bajo el supuesto argumento de que de lo contrario pierden competitividad?

En la UE hay voluntad política de cumplir los acuerdos y aparecen una batería de medidas en la buena dirección. Pero la UE es ya, y lo será más en el futuro, una parte muy pequeña de la población mundial. Incluso le cuesta aplicar, con mayor diligencia, las energías renovables, que no llegan ni al 20% del total. La misma España, que disfruta de las mejores condiciones para tenerlas, está atrasada en este terreno de manera incomprensible.

III.- Los seres humanos hemos tardado siglos en conquistar nuestros derechos. Desde la Declaración de los Derechos del hombre (pero no de las mujeres) de la Revolución francesa hasta hoy han transcurrido más 200 años y a pesar de los avances producidos siguen siendo violadas, sistemáticamente, en la mayoría de los países del globo. Pero lo que nunca nos hemos planteado seriamente es la protección de los derechos de las personas como naturaleza o de ésta como ecosistema vital, sin comprender que al margen de las creencias que cada cual tenga lo que es indiscutible es que somos parte de la naturaleza, en la que compartimos un destino común con todos los seres vivos que en ella habitamos.

De esta suerte, sin duda hemos progresado a la hora de combatir los atentados y los crímenes contra las personas o la humanidad, hemos legislado con alcance universal e incluso creando tribunales internacionales, de mayor o menor eficacia. Sin embargo, los atentados o crímenes contra la naturaleza quedan la mayoría de las veces impunes y no son perseguidos con una mínima eficacia. No sé a qué esperamos para elaborar una legislación internacional de protección de la naturaleza, con un sistema sancionador eficaz que se compadezca con el daño causado. Ya sé que en nuestro código penal existe un capítulo dedicado a delitos contra el medio ambiente –en mi opinión insuficiente–, pero si hay un asunto en el que se desborda el ámbito nacional es este del medio ambiente, en el que sólo con una acción coordinada a nivel global se pueden abordar con un mínimo de garantía.

IV.- La duda es si con nuestro sistema económico –el capitalismo global–, tal como funciona en la realidad, es posible la sostenibilidad a medio y largo plazo. Porque la expansión del capital, comprobado a lo largo de la historia, se realiza necesariamente en base a la depredación de los bienes naturales. De otra parte, el ciclo de consumo de los bienes producidos es cada vez más veloz, sin olvidar que los niveles de consumo per cápita de la inmensa mayoría de la sociedad es todavía muy bajo y la aspiración a elevarlo es constante, como es lógico.

¿Qué sucedería si los miles de millones de seres que habitan en China, India o África consumieran como nosotros, los occidentales? Nuestro pequeño globo terráqueo reventaría por los cuatro costados. Y, sin embargo, esa es la tendencia actual. Coincido con los autores del Informe cuando señalan que la solución del problema no es “técnico”, es decir, resoluble por medio de nuevas tecnologías, si bien ello es imprescindible. La cuestión radica en que es necesaria otra manera de producir, de repartir, de consumir, en una palabra, de vivir, y eso afecta a las relaciones sociales y a las decisiones políticas, que son siempre relaciones de poder, y cómo se ejerce y controla éste poder.

V.- Pensemos, sin ir más lejos, que entre los años 30 y 50 de este siglo, más del 60% de la población mundial vivirán en las ciudades de más de un millón de habitantes y una parte creciente en megalópolis de más de 10 millones de personas. ¿Cómo conseguir que en esas inmensas aglomeraciones, la casi totalidad en países subdesarrollados, puedan vivir los seres humanos sin degradarse y sin destruir aún más el ecosistema? ¿Qué transformaciones gigantescas tendrán que abordar esas megaciudades, si tenemos en cuenta el punto caótico del que se parte, para alcanzar ciertos niveles de sostenibilidad?

Transformaciones no sólo técnicas sino de gobernabilidad, de reparto del poder económico y político. No creo, en fin, que las propias fuerzas del mercado puedan introducir suficientes elementos de racionalidad para invertir la tendencia actual hacia sucesivos desastres. En este tema, más que en ningún otro, hay que reivindicar el papel esencial de lo público, del interés general, como garante de los derechos de los seres humanos. En una palabra y como conclusión, en la expansión de la democracia y de la ciencia encontraremos el camino de las soluciones posibles y necesarias.

Sin haber llegado a ocupar los puestos de cabeza, en términos generales Cantabria había logrado situarse antes de la crisis entre las comunidades autónomas con una economía y un nivel de vida superior al del conjunto del país, en línea con las regiones del norte de España. Sin embargo, la recesión ha sido más aguda en nuestra comunidad y Cantabria se ha descolgado de esa 'cómoda' posición.

Así se desprende del Informe Económico y Social de Cantabria correspondiente al ejercicio 2016 que anualmente elabora la Fundación Alternativas y que ha sido presentado en la tarde de este lunes, en rueda de prensa, por el vicepresidente de esta organización, Nicolás Sartorius, entre otros.

El estudio económico, en el que ha participado un grupo de profesores de la Universidad, entre ellos, el exconsejero de Economía y Hacienda, Ángel Agudo (PSOE), analiza cuál es la situación de nuestra comunidad en comparación con el conjunto nacional, así como las principales debilidades en este contexto.

La evolución de los principales indicadores económicos y sociales que recoge el informe deja más sombras que luces y pone de manifiesto que la crisis ha sido más profunda en Cantabria y que la recuperación está siendo más lenta que en el resto de autonomías y, además, excesivamente dependiente de sectores no productivos que no generan valor añadido y sí un empleo precario e inestable.

Debilidad del sector industrial

En 2016, Cantabria fue, con un 2,3%, la cuarta comunidad que menos creció, casi un punto menos que el conjunto del país (3,2%). Por sectores, fueron la construcción (3,6%) y los servicios (3,3%) los que tiraron del carro. En cambio, se constató el “débil crecimiento” de la industria (0,9%).

Así, casi 70 de cada 100 euros de nuestro PIB corresponden ya al sector servicios, 23 a la industria, seis a la construcción y uno a la agricultura. En cuanto al I+D+i, ha pasado de representar el 1,23% en 2010 al 0,85% en 2015, medio punto por debajo de la media nacional. En otras palabras, el cambio de modelo productivo del que se viene hablando desde el inicio de la crisis está muy lejos de ser una realidad.

En este sentido, el informe constata que la economía y el empleo de Cantabria son cada vez más dependientes del turismo y la hostelería, y la industria y el I+D+i, aunque atisban en el horizonte una muy leve mejoría, están prácticamente congelados tras haber sufrido en los últimos años un brusco tijeretazo.

El mercado de trabajo, lo mejor

Entre los pocos datos positivos están los del mercado de trabajo, que son mejores que la media nacional. En los últimos seis meses, el número de ocupados creció en Cantabria en torno al 6% frente al 2,3 del conjunto del país, y la tasa de paro (12,9%) se sitúa más de cinco puntos por debajo de la media (18,6%). Pese a ello, el número de horas trabajadas ha tenido una tendencia decreciente en los últimos años debido al aumento de los contratos parciales, según subraya el propio informe.

Esta precariedad laboral también provoca que la cobertura para las personas desempleadas haya caído casi 20 puntos en los últimos seis años y que a día de hoy uno de cada dos desempleados no cobre prestación.

Condiciones de vida

El estudio de la Fundación Alternativas, consultado por eldiario.es, también señala que los cántabros hemos perdido poder de adquisión. El ingreso medio anual neto por hogar se situó en Cantabria en 25.787 euros, 943 euros por debajo de la media nacional, cuando en el año 2007 partíamos de una situación más favorable.

En cuanto a la tasa de riesgo de pobreza -otro de los datos positivos-, la comunidad se sitúa muy por debajo de la de España (15,3%, siete puntos menos), si bien el informe alerta de que dicha tasa está un 15% por encima de la registrada en 2009 y que ha crecido en mayor proporción que la media.

Deuda y déficit

En cuanto a la salud de las finanzas públicas, la deuda de la comunidad ha seguido creciendo, aunque de forma más moderada, y actualmente se eleva a 2.889 millones de euros –un 23% del PIB regional-. En cuanto al déficit se ha reducido, pero no en los términos y condiciones que han impuesto el Gobierno de España y Bruselas.

Por otro lado, el informe también destaca el “excepcional” nivel de ejecución presupuestario alcanzado en 2016: un 99,2% en el caso de los ingresos y 96,7% en el caso de los gastos. No obstante, advierte del notable descenso de la inversión pública, que achaca al aumento de los recursos financieros (deuda) y al “poco margen” para reducir los gastos corrientes.

Previsiones poco halagüeñas

De este modo, el balance de la economía de Cantabria en el contexto de la recesión no puede ser positivo. El crecimiento ha sido menor que en el conjunto del país, lo que ha provocado que la caída del PIB per cápita haya sido “mucho mayor” en nuestra comunidad. Y en cuanto al empleo, todos los sectores productivos, salvo el sector servicios, han destruido puestos de trabajo.

Concretamente, desde el año 2008 la industria ha destruido 11.300 empleos y la construcción ha perdido 14.100. A este repecto, avisa de que “los sectores industriales maduros no son compensados por nuevos sectores como consecuencia de la caída en innovación, investigación y desarrollo”.

Además, apunta que los trabajadores que buscan su primer empleo han aumentado en 12.600 personas, “multiplicando por tres los que había al inicio de la crisis”. Así, “aún queda por recuperar el 70% del empleo que se destruyó durante la recisión”.

Igualmente, las proyecciones para los próximos años tampoco son especialmente halagüeñas. Cantabria seguirá creciendo pero a un ritmo menor que la media nacional, de modo que mientras “la economía española habrá recuperado el nivel del PIB previo a la crisis en el primer trimestre de 2017, en el caso de nuestra región no lo hará, previsiblemente, hasta el año 2019”.

El 25 de marzo se han reunido los 27 –ya sin el dimisionario Reino Unido– y han aprobado una Declaración que tiene más de celebración de 60 años juntos que de directrices u hoja de ruta para el futuro.

Dadas las circunstancias: en pleno Brexit; con un nuevo presidente de Estados Unidos aislacionista, nacionalista y hostil a la Unión Europea; enfrentados a amenazas diversas a nuestra seguridad; sin terminar de salir de la crisis económica; y con partidos populistas antieuropeos a nuestro alrededor, la Declaración tiene la indudable dimensión política de reafirmar la unidad y continuidad del proyecto europeo. Más aún si tenemos en cuenta la división implícita o explícita que anida en el interior de la UE, de la que valen solo como botón de muestra la inquietante deriva autoritaria de países tan relevantes como Polonia o Hungría.

Respecto a esto último es de destacar la mención expresa al Estado de Derecho. A estas alturas, es triste tener que reafirmar la columna vertebral de la cultura política y jurídica europea, democrática y desarrollada económicamente. Pero las cosas son así. El populismo rampante –frenado últimamente en Austria y en Holanda pero al acecho en Francia– obliga a reafirmar los valores que ha tenido siempre Europa cuando se ha confrontado con el fascismo y las pulsiones autoritarias.

Es imposible estar en contra de lo que dice, pues, la Declaración de Roma. Pero las “declaraciones” que hemos escuchado de los líderes, y que cada uno se ha ocupado de realzar por encima de la propia Declaración, han ocultado su contenido. No sólo por ello, sino porque éste tiene un alto grado de generalismo. Y que se podría resumir en: vamos a seguir juntos, a pesar de la huida del Reino Unido.

Los jefes de Estado y de Gobierno, una vez más, no han planteado un verdadero relanzamiento de la Unión. Asuntos clave como la Europa social (con objetivos concretos), o la Unión Económica y Fiscal (aún inexistente), o la Europa de la Defensa, no se han abordado como un verdadero compromiso, con hitos temporales firmes. Mucho menos la gran cuestión: la Europa Política, el federalismo europeo, la reforma institucional y, por tanto, una genuina Europa de los ciudadanos.

Es cierto que hay un paso adelante, que permite salir de la parálisis, cuando se admite que los Estados que lo deseen puedan acelerar (“distintos ritmos”), al tiempo que se mantiene una orientación armonizada (“la misma dirección”). Sin embargo, lo que la Declaración llama Programa de Roma tiene una composición bastante lábil y abstracta (“Europa segura”; “Europa próspera y sostenible”; “Europa social” –sin más precisión-; “Europa más fuerte”). Es un lenguaje muy conocido en los documentos de la Unión.

Como era de imaginar, todo se dilata hasta el Consejo Europeo de diciembre, cuando las importantes elecciones en Francia y Alemania permitan plantear un verdadero programa para una nueva era de la Unión post-Brexit en un mundo globalizado.

Problemas tan lacerantes como la violencia de género, la educación, el paro aún persistente, la vergonzante política de protección de los refugiados o los desafíos reales de la globalización no aparecen con la debida fuerza en la Declaración de Roma. Muestra palpable de que aún no hay respuesta creíble y solidaria por parte de la Unión Europea a tales desafíos. Europa necesita un salto cualitativo político, económico y social; y ese salto no lo ha dado la Declaración de Roma.

*Firman este artículo: Diego López Garrido, Nicolás Sartorius, Vicente Palacio, Enrique Ayala, José Luis Escario, José Candela, María Pallares, Mercedes Guinea, Juan Moscoso del Prado, Carlos Carnero, Francisco Aldecoa y Manuel de la Rocha Vázquez.

La democracia española se resiente tras una década marcada por la crisis económica y la aprobación de leyes regresivas en materia laboral. Los expertos consultados por la Fundación Alternativas en su Informe anual sobre la Democracia en España le conceden una nota de 5’5, aunque alertan de que aspectos referentes a los derechos económicos y sociales, como la protección de la salud o la libertad sindical, han experimentado un retroceso superior al punto y medio en los últimos años.

La nota es tres décimas mayor que la del año pasado, pero se queda lejos del 6'2 de 2007, el primer balance realizado por la Fundación. “Si hay alguna recuperación es sobre todo debido a la aparición de nuevos partidos, que han generado un aumento de la participación”, explica Berta Barbet, doctora en Ciencias Políticas y subdirectora del Laboratorio Alternativas.

A pesar de la mejora, los expertos han penalizado a lo largo de los años la falta de reacción frente a la corrupción y la imposición de decisiones desde el extranjero: “El de las injerencias internacionales es un ejemplo claro. Ahora mismo a lo mejor es menos evidente, pero la sombra no ha desaparecido. Las pérdidas de derechos sociales siguen estando ahí”.

El informe –que también analiza, entre otras cuestiones, el fenómeno del populismo o el nacimiento de Ciudadanos– hace balance de la política económica del PP durante su primera legislatura. Y cita varias cifras: entre mayo de 2012 y 2013 se destruyeron 629.000 puestos de trabajo. Más de 12 de cada 100 trabajadores continuaban en situación de pobreza pese a trabajar el último año que hay registro, 2015, y la tasa de temporalidad entre el cuarto trimestre de 2011 y el primero de 2016 se mantuvo “excepcionalmente alta” (un 25%), según reza el documento.

Ignacio Jurado, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Oxford y coautor del informe, apunta que en 2016 se dio un cambio clave en el mapa político: la oposición ha virado de tener como función el control político del gobierno a tener un rol en la gobernabilidad. Esto depende de dos cuestiones: cómo de estables perciban los partidos a sus electorados  –“si volvemos a un estado de agitación, es más posible que Ciudadanos y PSOE sean más aversos al riesgo y su oposición sea más obstruccionista”– y de la forma en que el PSOE resuelva su liderazgo y consiga comunicar su estrategia de negociar medidas con el Ejecutivo.

“Si el multipartidismo se consolida en España, la lógica parlamentaria se acabará imponiendo y tarde o temprano se producirán acuerdos que permitan gobernar a fuerzas que no sean las más votadas”, pronostica Jurado.

Suspenso en medidas frente a la corrupción

Todos los aspectos que están relacionados con la corrupción reciben una nota inferior al 4. Los expertos consultados por la Fundación Alternativas critican que el poder político no está protegido de las presiones del poder económico y que la corrupción permanece impune. Los cargos públicos no tienen libertad para desempeñar su cargo sin someterse al dictado de los partidos, dice el informe, ni tampoco funciona un sistema de financiación que garantice la independencia de las formaciones políticas frente a los intereses particulares.

Otra de las debilidades de la democracia española son las ya mencionadas injerencias procedentes del ámbito internacional (Unión Europea) en la política y en la economía. “Este apartado sufrió una gran caída con el advenimiento de la crisis y la intervención de las autoridades europeas en la política económica de nuestro país ante el hundimiento de las cajas de ahorro y la expansión de la deuda pública”, explica el documento.

Además, señala el informe, los representantes políticos parecen encontrarse inmersos en una crisis de credibilidad. Se perciben como lejanos para los ciudadanos y el acceso de los distintos grupos sociales al poder político no es igualitario. Asimismo, los medios de comunicación reciben un suspenso por su escasa independencia con respecto al poder político y por tener “poco respeto” a los ciudadanos.

Aprobado en ciudadanía y derechos civiles

Los dos únicos aspectos de la democracia que aprueban son los relacionados con el respeto a los derechos civiles y la celebración de elecciones con las garantías requeridas. Como entre 2015 y 2016 ha habido varios comicios, se ha producido una mejor valoración en casi todos los aspectos que tienen que ver con ello: el proceso electoral se percibe como limpio, los ciudadanos pueden impulsar partidos políticos si quieren y el voto es libre.

Uno de los aspectos más llamativos del informe es que, según los expertos, la aprobación de la conocida como Ley Mordaza no ha supuesto una restricción de las libertades ni un retroceso en el respeto a los derechos cívicos y políticos. Berta Barbet apunta dos posibles causas: que en el momento de realización de la encuesta –finales de 2015– el debate sobre la ley estaba menos presente y que los expertos ya eran críticos antes con la capacidad para la protesta en nuestro país, por lo que su nota sobre esta cuestión ya era baja.

Por lo demás, se considera que en España se respetan los derechos civiles y, por tanto, se puede practicar cualquier religión, se tolera que la gente viva como quiera, se acepta la expresión en cualquier lengua y se protege la libertad de expresión y de asociación.

Unos pocos apuntes positivos y un panorama general desolador por la situación política y económica de España. La Fundación Alternativas ha publicado su informe anual sobre la democracia en España que explica en qué medida se está produciendo una crisis de legitimidad en el sistema. Los gobiernos carecen de poder real para tomar sus decisiones, muchas de ellas vienen impuestas desde el extranjero (la Unión Europea) y los ciudadanos aplican a los dos grandes partidos las notas más bajas de las registradas en la democracia.

“Nos encontramos ante una sociedad más dual y dividida, con uno de los mayores índices de desigualdad de Europa”, explica Belén Barreiro, directora del Laboratorio de Alternativas. “La pobreza se ha hecho más extensa al afectar a más personas, y además es más intensa. Y además no es cierto eso que se dice que la crisis alcanza a todos por igual”.

Las políticas de la era de la austeridad cuentan con un acusado déficit de credibilidad entre los ciudadanos. En una de las sociedades consideradas años atrás más europeístas, “aumenta ahora la desconfianza hacia Europa”. Los ciudadanos no se siente dueños de su propio destino, dice Barreiro, que recuerda que el propio Rajoy ha dicho que “los españoles no podemos elegir”. Ante este diktat tan claro, no es extraño que el veredicto de la opinión pública sea tan malo en relación a la calidad de sus líderes.

Barreiro, que fue directora del CIS hasta 2010, destaca algunos datos de valoración de líderes que colocan a los protagonistas de la política en el interior de un profundo agujero: “La sociedad ha quedado políticamente huérfana. Nunca ha habido tanta gente que no sabe a quién votar. El PSOE nunca había estado en menos del 15% en intención directa de voto sobre el censo. Sólo en la época de Hernández Mancha el PP estuvo tan bajo. Nunca un presidente del Gobierno ha sido tan impopular. Nunca un líder de la oposición ha sido tan impopular entre las filas socialistas”.

Esta caída fulgurante del nivel de apoyo al PP y al PSOE hace pensar en un hundimiento del bipartidismo. El profesor de sociología de la Universidad Complutense Ignacio Urquizu –uno de los coautores del informe– pone en contexto esa impresión. Cree que algunas de las expectativas que se han creado ahora en el resto de partidos son demasiado altas. Recuerda que en 1996 Julio Anguita ya obtuvo 2,5 millones de votos, una cifra que está por encima de la que le dan los sondeos a Izquierda Unida bajo un supuesto de un 14% de votos con una participación del 50%: “El bipartidismo se resiente, pero no porque los pequeños partidos aumenten de forma espectacular, sino por lo que baja la participación”.

Gobiernos de concentración

¿Tendrá algún efecto en este descenso del bipartidismo la noticia del pacto de Rajoy y Rubalcaba conocido el miércoles? Urquizu es algo más que escéptico sobre las virtudes de este tipo de pactos entre las grandes fuerzas políticas cuando se hacen para gobernar (dio su opinión antes de que se conocieran los términos del acuerdo): “Se ha extendido la idea de los gobiernos de concentración nacional en el sur de Europa. Es una fórmula que evita la democracia, que resta valor a las elecciones, que ya dejan de cumplir su valor. Y además (los gobiernos de este tipo) sólo aplican las órdenes que vienen de fuera”.

Un factor deslegitimador de la democracia se produce cuando la desigualdad económica aumenta y muchas personas creen que el sistema juega por definición en favor de los de arriba. En el informe de la Fundación Alternativas, se incluye un capítulo dedicado a la desigualdad. “Es falsa la idea de que la crisis ha tocado por igual a todos los sectores sociales”, comenta Luis Ayala, uno de los autores y catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. España es ahora uno de los tres países de la UE con mayor desigualdad, sólo superada por Bulgaria y Letonia. Antes de la crisis, teníamos a diez países en una peor posición.

Lo que ha ocurrido es que “llegamos a la crisis con un modelo redistributivo muy vulnerable”, dice Ayala, y el impacto ha sido terrible, no sólo por el alto índice de paro, sino por cómo ha afectado el aumento del desempleo al cabeza de familia o principal sustentador del presupuesto familiar en el hogar.

La situación no sólo es mala, sino que puede ser peor: más del 40% de los hogares ya no puede hacer frente a un imprevisto económico.

¿Hay algún elemento positivo para los autores del informe?: el mayor protagonismo de los ciudadanos en la vida política. En un país con un nivel de interés por la política inferior al existente en otros países europeos, la asistencia a las manifestaciones es un dato positivo, comenta Barreiro: “La sociedad no está dormida”. Lo que para algunos es negativo, porque lo ven como un síntoma de inestabilidad, para Urquizu es una fortaleza de la sociedad. Afirma que hasta septiembre de 2012 se habían contabilizado ese año unas 33.000 manifestaciones, lo que serían unas cien al día. La cifra se ha triplicado desde 2006.