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Cultura pone en marcha la comisión interministerial para aprobar el Estatuto del Artista

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, en la reunión del Pleno de la Conferencia Sectorial de Cultura

Peio H. Riaño

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El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado la creación y puesta en marcha de la comisión interministerial cuya finalidad es la aprobación del Estatuto del Artista. Este órgano estará compuesto por los ministerios de Hacienda, Trabajo, Educación y, por supuesto, Cultura entre otros. Tres años después de la aprobación por unanimidad en el Congreso de los Diputados, Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deportes, culminará la norma que regulará los derechos del trabajador cultural, desasistido hasta el momento y en situación agravada por la crisis económica causada por la pandemia del Coronavirus.

De esta manera se pone en marcha el cronómetro contra la desprotección de los trabajadores del sector. La comisión tiene por objetivo convencer de las peculiaridades creativas y productivas de los trabajadores culturales a los responsables del ámbito de la seguridad social, la legislación laboral y el mercado. Iceta y su equipo han dado un paso que se demandaba a su antecesor desde hace un año y que, incluso llegó a ser motivo de reclamación parlamentaria.

En esta comisión Cultura debe hacer entender al resto de ministerios que la creación artística es un proceso, no sólo un producto. En este momento cualquier persona que se dedique a la creación artística no esta reconocida en ninguno de los modelos para amortizar la inversión que supone el proceso creativo.

Tal y como ha podido saber este periódico, Cultura quiere poner en marcha la primera reunión de la Comisión a la vuelta del verano, el próximo septiembre. En las sucesivas citas se desarrollarán los marcos legales de regulación laboral y de los mercados digitales. Se resolverán todos los matices Que deben comprender la realidad laboral de los profesionales que hacen posible la creación de contenidos. De esta manera se aprobarán los 75 puntos del proyecto que los grupos parlamentarios validaron por unanimidad en 2018 y siguen pendientes en su mayoría.

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