¿Contratistas militares a sueldo de la Administración Trump desapareciendo pescadores en Ecuador? Ni el Pentágono ni Noboa responden

Este martes he estado en la Casa Blanca, mientras recibía en el Despacho Oval el presidente de Líbano, Joseph Aoun, Donald Trump. En la comparecencia ante los periodistas se habló de nuevos ataques contra Irán, del diálogo roto y de las posibilidades de que se mantenga la tregua de Israel, que mantiene ocupado el sur de Líbano.

Pero nadie ha preguntado al presidente de EEUU por ese informe sobre el asesinato de dos centenares de personas, la mayoría niñas, en una escuela iraní el 28 de febrero, día en que empezó la guerra de Trump y Benjamín Netanyahu contra Irán.

De eso se habla muy poco, de ese misil estadounidense Tomahawk que destrozó una escuela de niñas en la localidad iraní de Minab. Casi cinco meses después, la Administración Trump dice seguir investigando los hechos. Eso sí, hace un año, cuando EEUU bombardeó las instalaciones nucleares de Irán, Trump y todo su equipo afirmaron inmediatamente que el bombardeo había sido un éxito y que las instalaciones iraníes habían sido “destrozadas”. Es más, trató de sediciosos a los medios que publicaron que los informes preliminares no eran tan concluyentes como las afirmaciones de los dirigentes estadounidenses.

Ahora, sin embargo, ni Trump ni su secretario de Guerra, Pete Hegseth, hablan del asunto y, si lo hacen ante las esporádicas preguntas de los periodistas, tratan de quitarse el asunto de encima en lugar de asumir la responsabilidad.

De lo que tampoco se suele hablar en Washington D. C. es de los 221 asesinatos extrajudiciales en 66 ataques en el Caribe y el Pacífico Oriental reconocidos por la Administración estadounidense desde el 2 de septiembre hasta el 21 de junio, fecha del último ataque a una supuesta narcolancha reconocido por el Pentágono, con el resultado de ocho personas muertas.

Y si se habla poco de los 221 muertos, menos se habla de los pescadores desaparecidos, y de por qué ni la Administración Trump ni el Gobierno de Ecuador, en este caso, son capaces de dar ninguna respuesta.

Organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y congresistas demócratas están preguntando por las desapariciones y detenciones de pescadores en Ecuador y, por los testimonios de los supervivientes, sospechan que pueden estar participando contratistas militares privados en las operaciones del Pentágono en aguas del Caribe y el Pacífico Oriental.

Un grupo de pescadores ecuatorianos ha relatado cómo fueron atacados en un doble ataque con drones y posteriormente detenidos a punta de pistola por personal militar estadounidense.

El Don Maca, un barco pesquero de 35 toneladas que operaba con seis embarcaciones más pequeñas, se encontraba a unas 200 millas (320 km) al noroeste de las Islas Galápagos cuando desapareció el 26 de marzo. Sus 20 tripulantes insisten en que estaban pescando cuando fueron atacados y luego conducidos a El Salvador.

Uno de ellos, Erick Coello, ha perdido el 90% de la visión a causa del bombardeo de los drones de “embarcaciones americanas”.

Además, familiares de pescadores ecuatorianos han denunciado que el Fiorella, un barco pesquero ecuatoriano, desapareció en enero tras haber sido visto en llamas. Asimismo, las organizaciones humanitarias y los demócratas en el Congreso informan de que el 23 de marzo, 16 pescadores ecuatorianos de otro barco, el La Negra Francisca Duarte II, encontrados por la Guardia Costera de El Salvador, con las extremidades destrozadas y la espalda marcada por quemaduras.

Los pescadores contaron a Drop Site News que cinco días antes habían sido alcanzados por un dron con un cilindro amarillo, que se vieron obligados a saltar por la borda para escapar del fuego provocado por la explosión y que, posteriormente, fueron capturados por un barco estadounidense.

Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, explica: “El Departamento de Justicia y las autoridades de las Fuerzas Armadas estadounidenses tienen la responsabilidad de investigar y establecer posibles responsabilidades penales, no solo en relación con el Fiorella, sino con todos los ataques a embarcaciones en alta mar. Asimismo, el Congreso de Estados Unidos debe impulsar una investigación sobre este grave incidente, con vistas a elaborar informes que permitan esclarecer los hechos y determinar la posible participación de agencias públicas o entidades privadas bajo su mando. Además, todos los Estados deben suspender la cooperación internacional en materia de inteligencia y equipamiento militar que pueda estar destinado a este tipo de operativos ilegales”.

“Si Estados Unidos no estuvo involucrado en estos incidentes”, dicen los congresistas demócratas de distintas comisiones en una carta solicitando información a los Departamentos de Estado, de Defensa y de Seguridad Nacional, “solicitamos cualquier información que posean sobre las personas o entidades que estuvieron detrás de ellos y que respondan a las siguientes preguntas: ¿Participaron ciudadanos o entidades estadounidenses, incluidos contratistas de seguridad privada o militares privados, en los incidentes descritos? De ser así, por favor, proporcionen información sobre dichas personas o entidades. ¿Tenía conocimiento el Gobierno de EEUU de las acciones de estas entidades antes, durante o después de los incidentes? ¿Ha proporcionado el Gobierno de EEUU algún tipo de apoyo, incluidos equipos o servicios de defensa o de inteligencia, para estas operaciones? ¿Está EEUU trabajando, coordinándose, manteniendo enlaces o interactuando de cualquier otra forma con organizaciones de seguridad privada o militares privados que operen en el Pacífico Oriental o frente a la costa de Venezuela y que pudieran haber estado involucradas en alguno de los incidentes? ¿Qué información tienen sobre la participación del Gobierno de El Salvador o de entidades salvadoreñas en estos incidentes?”.

Human Rights Watch también ha llevado a cabo una investigación para identificar el barco en el que varios pescadores de La Negra Francisca Duarte II dijeron haber sido detenidos, “y evaluar el mando y las operaciones. Human Rights Watch ha enviado solicitudes de información a dos empresas privadas que podrían operar barcos con características similares a las descritas por algunos tripulantes”. De momento, dice la organización, ninguna había respondido antes de la publicación de un informe al respecto, este martes, sobre los abusos y las preguntas sin respuesta en relación con la cooperación militar entre EEUU y Ecuador.

¿Hay contratistas militares, soldados privados o mercenarios pagados por la Administración Trump en operaciones militares en el Caribe y el Pacífico Oriental, en las que han sido asesinadas 221 personas y hay numerosos pescadores ecuatorianos desaparecidos? De momento, ni el Pentágono ni el Gobierno de Daniel Noboa se dignan a responder ni a arrojar ninguna luz sobre los ataques contra, al menos, tres barcos pesqueros en lo que va de año.