La puerta abierta por Bruselas reactiva la batalla por limitar la compra de vivienda a no residentes en Balears

Més per Mallorca volverá a llevar al Parlament su propuesta para limitar la compra de viviendas a personas no residentes en Balears después de que la Comisión Europea haya planteado impulsar determinadas restricciones a la adquisición de segundas residencias en zonas tensionadas. La iniciativa, que ya fue rechazada por PP y Vox el pasado mes de febrero, recupera así protagonismo en el debate político sobre la crisis habitacional de las islas.

La discusión sobre la compra de vivienda por parte de no residentes no es nueva en las islas: Balears lleva años soportando una fuerte presión inmobiliaria derivada de la escasez de territorio, la demanda turística y el atractivo del archipiélago para compradores e inversores internacionales con un elevado poder adquisitivo.

Según el Anuario de la Estadística Registral Inmobiliaria de 2025, publicado el pasado mes de abril, el 29,8% de las compraventas de viviendas en las islas fueron protagonizadas por compradores extranjeros, la proporción más elevada de todas las comunidades autónomas y más del doble de la media nacional, situada en el 13,8%. Por su parte, el Banco de España señaló el pasado mes de junio que el 10,9% de las viviendas de Balears son de uso turístico o pertenecen a extranjeros no residentes, una cifra que triplica la media estatal.

La semana pasada, la Comisión Europea presentó su propuesta de Ley de Vivienda Asequible, un paquete de medidas destinado a facilitar que las administraciones puedan actuar frente a la crisis habitacional. Entre sus planteamientos figura la posibilidad de restringir la compra de segundas residencias en zonas tensionadas, especialmente cuando se trate de adquisiciones por parte de personas jurídicas, así como la aplicación de medidas fiscales sobre viviendas vacías.

A raíz de esta propuesta, el portavoz parlamentario de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha anunciado este lunes que su grupo volverá a presentar una proposición de ley al respecto, incorporando modificaciones tanto en la exposición de motivos como en el articulado para adaptarse a las novedades surgidas en los últimos meses, incluida la propuesta de Bruselas.

“La Comisión Europea ha vuelto a decir que existe jurisprudencia que permite esta excepción a la libre circulación de capitales”, ha defendido Apesteguia durante la rueda de prensa previa al pleno de este martes. El diputado considera que el planteamiento europeo y las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avalan la posibilidad de establecer limitaciones en determinadas circunstancias.

La iniciativa de Més pretende restringir la compra de vivienda por parte de personas que no residan en las islas con el objetivo de contener la presión sobre el mercado inmobiliario y evitar que las viviendas se conviertan en un activo destinado principalmente a la especulación.

Bruselas abre una vía, pero no da carta blanca

La propuesta de Bruselas no establece una prohibición general de comprar vivienda ni obliga a los Estados a aplicar estas restricciones, sino que plantea un marco para aportar seguridad jurídica a las administraciones que decidan intervenir. Asimismo, exige que las medidas estén justificadas, sean proporcionadas y respondan a una necesidad real de mejorar el acceso a la vivienda. El proceso legislativo europeo todavía debe continuar en el Parlamento Europeo y el Consejo.

La Comisión también establece condiciones estrictas para declarar una zona tensionada. Las administraciones deberán demostrar que los precios de la vivienda han evolucionado de forma desfavorable respecto a los ingresos de los hogares y que existe una presión persistente sobre el acceso a la vivienda. En el caso de las restricciones a las segundas residencias, deberán acreditar además que estas adquisiciones contribuyen al deterioro de la disponibilidad de vivienda habitual.

Bruselas recuerda, además, que las restricciones deben respetar el principio de no discriminación por nacionalidad entre ciudadanos de la Unión Europea y que las medidas deben calibrarse de acuerdo con el objetivo perseguido.

La Comisión ha señalado que las autoridades pueden recurrir a distintos instrumentos antes de llegar a prohibiciones absolutas, como límites cuantitativos, incentivos fiscales o regímenes transitorios. Las restricciones, además, no tendrían carácter retroactivo.

Balears, el “monopoly” de los inversores

Apesteguia ha recordado que en 2022 viajó a Bruselas para reunirse con la jefa de gabinete de la entonces comisaria de Vivienda. En aquel encuentro, ha recordado, ya le trasladaron que podía existir margen para regular el acceso a la vivienda si se justificaba suficientemente la emergencia habitacional. A partir de entonces, Més estudió la jurisprudencia europea y elaboró la iniciativa que presentó en 2024 en el Parlament con la intención de que Balears se situara a la vanguardia de las medidas para limitar la compra de vivienda con fines especulativos por parte de empresas, fondos de inversión y compradores que no residen en las islas.

“Hemos perdido años porque la derecha, y en su momento el PSOE, no han querido encarar este problema”, ha reprochado el portavoz ecosoberanista. Apesteguia ha comparado la situación del archipiélago con “un gran tablero de Monopoly” en el que inversores internacionales compran y venden propiedades sin conocer necesariamente la realidad territorial de Mallorca.

La propuesta de Més deberá, no obstante, ajustarse al marco europeo. El propio Apesteguia ha reconocido que la iniciativa anterior incluía también a residentes en Balears dentro de las limitaciones, una cuestión que ahora deberá revisarse para evitar contradicciones con las normas comunitarias. El diputado ha advertido de que, si una ley no respeta ese principio, podría ser anulada por los tribunales.

Reacciones de PP y PSOE

El PP, por su parte, mantiene una posición contraria a restringir de forma general la compra de vivienda a los no residentes. Su portavoz en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha acusado a los ecosoberanistas y al PSIB de no haber adoptado medidas suficientes durante los ocho años en los que gobernaron las islas.

“Hasta ahora, la prohibición de venta a no residentes era solo una medida populista, porque el hecho de que la CE estudie cambiar el marco legal quiere decir que hasta ahora no lo era. Ahora que se han puesto sobre la mesa modificaciones, creo que la responsabilidad de los gobiernos es estudiar si una medida de estas características puede ser buena para los ciudadanos”, ha aseverado.

El PSIB-PSOE, mientras tanto, también ha aprovechado el giro europeo para llevar la cuestión al pleno del Parlament. Su portavoz, Iago Negueruela, ha anunciado que modificará la pregunta dirigida este martes a la presidenta del Govern, Marga Prohens, para reclamarle explicaciones sobre la posibilidad de aplicar las medidas planteadas por Bruselas. El cambio llega después de que el vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, se mostrara abierto a estudiar la normativa europea si esta ofrece soluciones “eficientes y eficaces” a los problemas de vivienda.

Negueruela ha cuestionado que el Govern se limite a estudiar la propuesta si no está dispuesto a aplicar medidas que ya contempla el marco europeo, como la declaración de zonas tensionadas. El socialista ha recordado que su grupo ha planteado esta posibilidad mediante una enmienda a la futura ley de capitalidad de Palma. “No entiendo que digan que lo van a estudiar si no quieren aplicar ni lo más mínimo, que es declarar zonas tensionadas”, ha reprochado.