PP y Vox rechazan limitar la compra de vivienda a los no residentes y subir impuestos a las casas de lujo en Balears

PP y Vox han vuelto a cerrar filas en el Parlament balear contra cualquier giro estructural en materia de vivienda. Con sus votos en contra, la Cámara ha tumbado una propuesta dirigida a limitar, de forma temporal y en municipios tensionados, la compra de viviendas por parte de no residentes y grandes tenedores, así como impedir su adquisición por parte de personas jurídicas, así como otra iniciativa que reclamaba endurecer la fiscalidad a las operaciones de lujo y a los multipropietarios. Dos vías distintas con un mismo objetivo declarado: frenar la especulación y priorizar el uso residencial en un mercado cada vez más inaccesible para la población local.

Durante el pleno celebrado este martes, el portavoz ecosoberanista, Lluís Apesteguia, ha defendido la necesidad de regular la adquisición de viviendas por parte de no residentes con una batería de datos que, ha enfatizado, desmontan el relato de que el problema sea la falta de vivienda. “No tenemos un problema de escasez, sino de uso y de especulación”, ha aseverado.

En las islas, la grave situación de la vivienda, atravesada desde hace años por la especulación -alimentada por las sucesivas burbujas inmobiliarias-, la voracidad de los fondos de inversión, la polarización económica y la turistización, aboca a numerosas personas al hacinamiento en infraviviendas y en caravanas, un fenómeno agravado, entre otras causas, por la creciente irrupción de compradores foráneos en el mercado inmobiliario isleño. Las operaciones las concentran inversores y grandes propietarios, además de alemanes, británicos y franceses con gran solvencia financiera que compran inmuebles a precios inalcanzables para la mayoría de los residente.

El archipiélago se sitúa, de hecho, a la cabeza del mercado inmobiliario español en las compraventas por parte de extranjeros: el 38% de los inmuebles vendidos entre 2007 y 2025 fueron adquiridos por extranjeros, según los datos publicados el pasado mes de diciembre por el Consejo General del Notariado.

“Esto no va de banderas”

Apesteguia ha advertido a la derecha de que no bastan los símbolos para tapar la emergencia habitacional: “No habrá banderas lo suficientemente grandes para tapar la vergüenza de quien hoy vote en contra de esta proposición de ley”. Asimismo, ha insistido en que el debate no va de origen, sino de la utilización que se hace de la vivienda: “Esto no va de banderas. Esto va de qué uso damos a la vivienda y de si quien compra es para vivir o para especular”, ha remarcado, dirigiéndose a las bancadas de PP y Vox: “Quizá su patria es la especulación y sus compatriotas, los especuladores”.

Por su parte, la diputada socialista Carol Marqués ha apuntado que el debate pasaba por decidir si se garantiza el uso social de la vivienda. “No debatimos el texto definitivo, sino si abrimos el debate”, ha indicado. La parlamentaria ha criticado que ni tan siquiera haya sido aceptada la toma en consideración ni se haya pedido al Govern que escuche todas las propuestas.

Mientras tanto, el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha destacado que la dependencia del turismo ha provocado efectos en todo el conjunto del mercado inmobiliario “y ya no solo en los chalés de las urbanizaciones”. En esta línea, el diputado de Unidas Podemos, José María García, ha lamentado que la vivienda se haya convertido en refugio de los especuladores, recriminado al Govern de Marga Prohens (PP) que no ponga coto a esta problemática.

En el turno de las intervenciones en contra, la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha argumentado que la proposición de ley no resuelve el problema, sino que introduce un modelo de intervención que es “jurídicamente frágil, económicamente contraproducente y políticamente incoherente con la defensa del interés nacional”. La diputada del PP Margalida Pocoví ha criticado el “oportunismo” de la proposición y ha preguntado por qué no se impulsó ninguna medida similar en la legislatura anterior. “Ante la situación límite optaron por la pasividad, la inacción y por mirar hacia otro lado”, ha afirmado. “No podemos apoyar una propuesta que es inconstitucional, contraria al derecho europeo, técnicamente inviable, y que interviene en la libertad y el derecho de los residentes de Balears”, ha aseverado.

En concreto, la norma planteaba que, durante diez años y en municipios que lo aprobasen por mayoría absoluta, solo pudieran adquirir vivienda personas físicas residentes en Balears durante al menos tres años y residentes que no sean ya titulares de otra vivienda, con la obligación de mantener la residencia efectiva durante una década. Asimismo, el texto apelaba a vetar la compra por parte de personas jurídicas. No en vano, el archipiélago lidera otro ranking estatal: las islas registran el precio más alto en el caso de las viviendas adquiridas por personas jurídicas, con una media de 3.137 euros/m2. El documento también reclamaba el establecimiento de una moratoria inicial de 12 meses en todo el territorio mientras los ayuntamientos evalúan su aplicación.

La PL, además, partía de cifras oficiales del INE: entre otros datos, recoge que 210.587 inmuebles -el 33,3% del total- son segundas residencias, es decir, no figuran en el censo como vivienda principal: en los municipios de Fornalutx (66,8%), Deià (65%), Banyalbufar (62,7%) o Andratx (60,6%) más del 60% del parque se destina a usos no principales. Para Més, estas cifras evidencian que el mercado está orientado hacia el ocio, la inversión o la residencia temporal mientras crece la dificultad de acceso para la población residente.

Apesteguia ha defendido que la combinación de estos factores -elevado peso de vivienda vacía y secundaria, presión inversora externa y precios desbocados- justifica medidas “extraordinarias y temporales” en municipios que acrediten condiciones de tensión, como que la suma de vivienda vacía y no principal supere determinados umbrales o que el precio de compra exceda en un 35% la media estatal.

Propuesta contra la especulación inmobiliaria

Por otro lado, PP y Vox también han rechazado otra PL orientada a frenar vía fiscal la especulación inmobiliaria, defendida por el diputado de Podemos y el de Més per Mallorca Ferran Rosa. La medida planteaba endurecer de forma progresiva el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para las grandes operaciones inmobiliarias y para quienes ya acumulan varias viviendas. La propuesta partía de un diagnóstico claro: en los últimos años se ha intensificado la concentración de la propiedad en manos de grandes tenedores y sociedades, mientras una parte creciente de las compraventas se realiza al contado y por parte de compradores que no necesitan la vivienda para residir en ella, una dinámica que se traduce en expulsión residencial y en un mercado cada vez más orientado al lujo y a la inversión.

Las islas se encuentran, de hecho, entre las Comunidades Autónomas que cuentan con un mayor número de viviendas en manos de grandes tenedores, es decir, de aquellos que poseen más de una decena de inmuebles: en total, 26.061 viviendas, una cifra que supone el 4,53% del parque total del archipiélago, compuesto por 574.813 inmuebles, de acuerdo a la investigación llevada a cabo por elDiario.es con datos inéditos del Catastro a los que ha tenido acceso a través de una solicitud pública al Ministerio de Hacienda amparada en la ley de transparencia. Los datos arrojan, además, que 6.672 viviendas en las islas pertenecen a tenedores que poseen más de cien inmuebles (un 1,16% del total).

Balears es, asimismo, la provincia de España con mayor concentración de viviendas de lujo, con precios superiores al millón de euros, y de ultralujo, aquellas con precio superior a los tres millones de euros, según datos de Idealista publicados en agosto de 2025.

Para desincentivar ese tipo de operaciones, la iniciativa proponía crear un nuevo tramo en el ITP para viviendas entre 800.000 y 1.000.000 de euros con un tipo del 11% y elevar al 13% las transmisiones superiores al millón y al 15% las que superen los dos millones de euros. Además, apelaba a incrementar hasta el 3,5% el tipo en los Actos Jurídicos Documentados para escrituras de inmuebles de más de un millón de euros. El núcleo más contundente de la reforma afectaba directamente a los multipropietarios, con el establecimiento de un tipo del 20% en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales cuando el comprador fuera titular de tres o más viviendas -excluidos trasteros y garajes- o en el caso de la compra de edificios completos.

Durante su intervención, García ha subrayado que el objetivo de la medida no es recaudatorio, sino redistributivo: utilizar la fiscalidad como herramienta de política económica para “desincentivar la acumulación masiva de viviendas” y moderar los precios en un mercado tensionado.

Mientras tanto, el diputado del PSIB-PSOE Carles Bona ha reconocido que, aunque no están de acuerdo en el fondo, comparten la necesidad de actuar. “Cuando la vivienda se convierte en un bien especulativo, perdemos la ciudad. Se están transformando barrios en pueblos fantasma”, ha afirmado. El socialista ha asegurado que las prioridades de Prohens no están alineadas con las necesidades de la ciudadanía.

Por parte de Més per Mallorca, Ferran Rosa ha acusado al Govern de agravar el problema de la vivienda en lugar de aportar soluciones. El ecosoberanista ha asegurado que los precios, entre otras razones, suben porque hay una expectativa de negocio y por eso se compran pisos para especular y alquilar cada vez más caro.