Los bancos y fondos de inversión controlan el 10% de las viviendas alquiladas en Balears
Las Illes Balears son, junto a la Comunidad de Madrid, la región con la vivienda más cara de España (tanto nueva como de segunda mano), según se desprende de los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el primer trimestre de 2023. En cuanto al mercado del alquiler, según los datos publicados por el INE en junio de este año en referencia al 2021, Balears se sitúa también a la cabeza respecto a la región estatal con los precios más caros, seguida de la Comunitat Valenciana y Catalunya.
La situación de la vivienda en el archipiélago balear, con un mercado altamente tensionado, está expulsando a la población local, que en ocasiones se ve obligada a abandonar las islas. El problema es transversal: afecta a trabajadores de todo tipo, desde profesionales del sector servicios hasta a agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pasando por profesores o sanitarios, aunque golpea especialmente a las capas más vulnerables de la población, como los migrantes. La ausencia de políticas públicas eficaces para resolver la problemática -o el nulo interés en implementar los mecanismos legales existentes- ha agravado un problema para el que los ciudadanos intentan buscar soluciones individualmente. Un fenómeno aparejado a ello es la proliferación de las autocaravanas como alternativa habitacional.
Pero, ¿quiénes son los grandes beneficiados de un mercado del alquiler que busca cotas de rentabilidad cada vez más elevadas? Un total de 2.334 viviendas de las 22.103 que hay alquiladas en las Illes Balears son propiedad de ‘megatenedores’ privados, es decir, entidades que acumulan más de 50 contratos de arrendamiento, según desvela una investigación de Civio (a partir de los datos del Instituto Balear de la Vivienda -Ibavi-).
Blackstone, el mayor ‘casero’ privado
Es decir, más del 10% del mercado del alquiler reglado está en manos de bancos o fondos de inversión como Blackstone (que opera a través de filiales como Testa Residencial Socimi, S.A.) con 961 viviendas alquiladas en Balears; Caixabank, con 558 pisos alquilados (a través de filiales como Buildingcenter SAU o entidades absorbidas como Bankia S.A.); Cerberus, que posee 197 viviendas en el mercado del alquiler (a través de filiales como Promontoria Coliseum Residential S.LU., Global Licata S.A. o Divarian Propiedad, S.A.); el grupo inmobiliario alemán Domus Vivendi, con 114 viviendas alquiladas o Banco Sabadell, con 103 propiedades en alquiler.
“La lógica del capital es la tendencia al oligopolio: a la concentración de la propiedad de los medios de producción en cada vez menos manos”, analiza para elDiario.es José Mansilla, doctor en Antropología Social, profesor universitario y experto en antropología urbana que investiga la relación entre el turismo, los conflictos urbanos y la exclusión social. Esta realidad se explica, según Mansilla, por las propias dinámicas de la economía capitalista.
“Estos grandes fondos de inversión no son de una sola propiedad, sino de un solo gestor” que moviliza “grandes cantidades de dinero y diversifica las inversiones incluso en compañías que compiten entre ellas”, afirma Mansilla, que indica que estas operaciones “no producen nada: obtienen plusvalía por mover el dinero de un sitio a otro”. El antropólogo señala que es el mismo proceso que ocurre, por ejemplo, con las tiendas de barrio, que van desapareciendo a favor de grandes marcas o centros comerciales. “Con la vivienda pasa exactamente lo mismo”, afirma Mansilla.
De los datos publicados por Civio se desprende que el Govern es el mayor casero del archipiélago balear con 1.981 viviendas alquiladas a través del Instituto Balear de la Vivienda. Junto a las 227 del Ajuntament de Palma suman un 49,17% del total de las alquiladas por megatenedores, aunque por población solo suponen poco más de 0,2 viviendas públicas alquiladas por cada cien habitantes de las Balears. En un contexto en que todavía no existía la Ley de Vivienda que permite a las comunidades autónomas declarar determinadas zonas como tensionadas para topar los precios del alquiler, el anterior Ejecutivo progresista de Francina Armengol basó su política de vivienda, principalmente, en la construcción de promociones públicas.
Durante el periodo 2019-2023, el Govern construyó 261 nuevas viviendas; 103 fueron adquiridas mediante el derecho de tanteo y retracto por 12,4 millones de euros; 16 fueron expropiadas a grandes tenedores durante siete años y destinadas al alquiler de jóvenes menores de 35 años (ocho en Menorca, cinco en Eivissa y tres en Mallorca) y 39 fueron construidas mediante la colaboración público-privada, según datos que la Conselleria de Vivienda facilitó a elDiario.es. Antes de que se aprobara la ley estatal de vivienda, el entonces conseller de Turismo y Modelo Económico y portavoz del Govern, Iago Negueruela (PSOE), explicó en una entrevista en elDiario.es que necesitaban que “se aprueben medidas” que permitieran al Govern “entrar ya en las zonas tensionadas de las islas”.
La Ley de Vivienda pone límites
La Ley de Vivienda, que entró en vigor a finales de mayo, pone un tope del 3% al alquiler en 2024 y fija un futuro índice de precios que limitará las subidas, entre otros aspectos. En el caso balear, la nueva presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), ha asegurado que no aplicará la norma aprobada en el Congreso de los Diputados. De hecho, la primera medida que ha llevado a cabo el Ejecutivo conservador en materia económica ha sido ejecutar una reforma fiscal para beneficiar a las rentas más altas a través de la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
“Ese discurso del PP que dice que ellos ayudan a esa persona mayor que tiene una casita que la alquila para ganarse un dinero extra para llegar a final de mes es desmontable desde muchos puntos de vista”, apunta Mansilla, que añade, parafraseando al filósofo y economista Karl Marx, que “son el consejo de administración de las grandes empresas”. Mientras que el tipo impositivo que se aplica a las herencias inferiores a los 700.000 euros se sitúa en el 1%, el porcentaje se eleva gradualmente hasta el 20% para los patrimonios de más de cuatro millones, por lo que serán los grandes patrimonios quienes saldrán más beneficiados con la reforma del Govern de Prohens.
Ese discurso del PP que dice que ellos ayudan a esa persona mayor que tiene una casita que la alquila para ganarse un dinero extra para llegar a final de mes es desmontable. Son el consejo de administración de las grandes empresas
Un ejemplo reciente de esta lógica extractivista que pretende sacar rentabilidad incluso de los bienes más esenciales como la vivienda tiene su réplica en un edificio de Santa Eulària des Riu (Eivissa) adquirido, precisamente, por el fondo de inversión alemán C3 - Primus Vermögensverwaltungs GMBH & Co. KG. Mientras que la mayoría de los inquilinos están pagando entre 785 y 1.000 euros por el alquiler de sus viviendas, el fondo de inversión aspiraría a no renovar sus contratos con el objetivo de realizar reformas para luego alquilarlos por entre 1.800 y 1.900 euros cada uno, según denuncian los inquilinos.
“Desgraciadamente, todo esto es estrictamente legal”, lamentó Daniel Granda, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Eivissa y Formentera, que asesora a los afectados por los inminentes desahucios, y responsabiliza tanto al Ajuntament de Santa Eulària (“por la nula política de vivienda” que a su juicio hace) como al Govern balear, por no aplicar la Ley de Vivienda. “Si hay alguien que requiere la ayuda de servicios sociales, se estudiará su caso y se verá si tiene derecho a alguna ayuda y de qué tipo, como se hace en cualquier caso que nos llega”, afirmaron fuentes municipales a este diario, mientras que los vecinos afectados piden la renovación de sus contratos de alquiler, aunque sea al alza. Para ellos, la mejor solución pasa por declarar la isla como zona tensionada para topar los precios del alquiler, según afirmaron a través del Sindicato de Inquilinas.
El PP no pondrá topes al alquiler
Una medida que el Govern del PP, no obstante, ya dijo que no iba a aplicar. Es una ley “intervencionista” que “lejos de aportar soluciones, va a generar más problemas, porque va a restringir la oferta, y ante menos oferta de vivienda para acceder en propiedad y en alquiler se producirá una subida de los precios”, aseguró Cuca Gamarra, secretaria general del PP.
“Lo que no les gusta es que se pongan límites al beneficio”, critica, en cambio, José Mansilla, doctor en Antropología Social. “La Ley de Vivienda no rebaja los precios del alquiler de ahora, sino que prohíbe que suban”, aclara Mansilla, que sostiene que los grandes fondos de inversión “mueven grandes volúmenes de capital para encontrar cada vez mayores rendimientos”. “Si hay una ley que pone topes al incremento del rendimiento se da una lógica supuestamente anticapitalista porque no permite la continuación del proceso”, analiza el experto en antropología urbana.
El precio de la vivienda: una lógica extractiva
Para defender su posición, Mansilla pone como ejemplo la ley del salario mínimo, que también pone límites al rendimiento del capital, pero que sin embargo no se cuestiona. “Todo el mundo es consciente, o ha terminado por aceptar, que la gente necesita un salario mínimo: no puede haber un debate entre el empresario y el trabajador para ver cuánto es el mínimo que le puede pagar el primero al segundo”, argumenta el antropólogo.
José Mansilla defiende que la Ley de Vivienda y la del Salario Mínimo aplican la "misma lógica" y que "todo el mundo ha terminado aceptar que la gente necesita un salario mínimo"
Mansilla señala que se trata “de la misma lógica”: “En lugar de aplicarla al ámbito de la producción [del trabajo], se aplica al ámbito de la reproducción [del capital]”. En este sentido, el antropólogo recalca que “igual que la lógica extractiva no puede operar en el salario del trabajador, tampoco debería operar en el precio de la vivienda”, y concluye que “eso no les gusta a los grandes tenedores porque va contra su lógica de aumentar sus beneficios”.
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