La práctica es cada vez más habitual. Un detective contratado por una mutua colaboradora de la Seguridad Social espía a una trabajadora de baja en busca de un fraude. A Adriana (nombre ficticio), dependienta en una conocida tienda de animales del sur de Tenerife, la grabaron en el gimnasio mientras pedaleaba en una bicicleta estática la víspera de Reyes de 2023 y otros dos días de enero (9 y 10). La Mutua de Accidentes de Canarias (MAC), que cubre las contingencias comunes y de accidentes de trabajo de su empresa, actuó de inmediato. Consideró esa actividad incompatible con la incapacidad temporal, suspendió el subsidio que cobraba la empleada y puso los hechos en conocimiento de la Seguridad Social por si consideraba procedente iniciar un expediente sancionador contra ella. 

Lo que la mutua pasó por alto, y así lo ha advertido una reciente sentencia -ya firme- del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), es que la trabajadora se limitaba a seguir un consejo médico. Cinco meses antes, en agosto de 2022, había sido operada del síndrome del túnel carpiano, una dolorosa afección en la muñeca derecha. Tanto su médico de familia como el traumatólogo habían constatado que había perdido fuerza en la musculatura y le habían recomendado realizar “deporte que no influya en la recuperación” y “ejercicios de fortalecimiento según tolerancia”. Y eso es lo que hizo. 

La sentencia, que condena a la MAC a devolver a la trabajadora las prestaciones suspendidas y también a pagar las costas procesales, pone de manifiesto una evidencia. La actividad practicada por la empleada de baja laboral, el uso de la bicicleta estática, en nada afecta a la muñeca operada, puesto que “no precisa requerimientos de intensidad” en las manos, sino en las piernas. “Difícilmente se puede sostener” así la existencia de fraude, concluye la Sala de lo Social del TSJC en una sentencia dictada el 3 de diciembre del año pasado y que adquirió firmeza el 14 de enero de 2026 al no haber sido recurrida por la mutua, tal y como confirman fuentes oficiales de la compañía. 

La “intrascendencia” del ‘spinning’

El fallo del alto tribunal canario ya venía a confirmar el dictado en febrero de 2024 por el Juzgado de lo Social 3 de Santa Cruz de Tenerife. La mutua llegó a pedir al TSJC que modificara los hechos probados de la sentencia inicial para que especificara que la trabajadora había practicado “spinning” en sesiones de una hora en lugar de “bicicleta estática”. La respuesta judicial es contundente. El matiz es “intrascendente”. Y es que el “spinning consiste precisamente en montar en bicicleta estática, sólo que en grupo y con música de fondo”, recoge el fallo no recurrido. 

Desde la MAC sostienen que, en este caso, el TSJC “no reprocha la actuación de la mutua”. Lo determinante, añaden estas fuentes, es que el tribunal consideró que la actividad llevada a cabo por la trabajadora “no requería exigencias físicas incompatibles con el diagnóstico de su baja médica” y que, además, “tenía pautada, por prescripción facultativa la práctica deportiva para fortalecer musculatura”. Por ello, decidió no recurrir ante el Supremo, aceptando el fallo del TSJC, que, además de obligarle a devolver las cantidades suspendidas, le imponía el pago de 600 euros en concepto de costas procesales. 

Tras la suspensión (ahora revocada) de la prestación por incapacidad temporal, Adriana, que entonces llevaba ya nueve años en la empresa, recibió el alta el 13 de febrero de 2023, apenas un mes después. Al día siguiente, volvió a causar baja, esta vez por ansiedad. 

Sin exceso de competencias, pero sin fraude

La sentencia del TSJC precisa que, en el caso de Adriana, la mutua no extinguió con carácter definitivo la prestación, lo que hubiera excedido sus competencias, sino que sólo suspendió el pago del subsidio, por lo que llevó a cabo lo que define como “un acto de gestión prestacional” propio de su función como colaboradora de la Seguridad Social.

Esta apreciación es relevante porque enmarca la actuación de la mutua dentro de los límites que impone el artículo 175 de la Seguridad Social. En algunas resoluciones judiciales sobre la misma materia (bajas laborales e informes de detectives), los tribunales han llegado a imponer el pago de indemnizaciones elevadas a las mutuas cuando aprecian que ha habido una mala praxis, como por ejemplo dar el alta prematura basada en pruebas dudosas. 

Es decir, la sentencia del TSJC llega a dos conclusiones. La primera, que la mutua no sobrepasó las competencias que tiene atribuidas como entidad colaboradora de la Seguridad Social. Y la segunda, que el fraude que advirtió no existió en ningún caso. Los ejercicios de bicicleta estática no son incompatibles con la recuperación de la operación del túnel carpiano. O, dicho de otro modo, la empleada siguió las recomendaciones médicas y eligió “una actividad intensiva de las extremidades inferiores y sin compromiso de las superiores y de sus articulaciones”. Por todo ello, entiende que es procedente revocar el acuerdo de la mutua MAC por el que se suspendió el derecho de la trabajadora a percibir el subsidio por baja. 

Una práctica controvertida 

El uso de detectives para seguir a trabajadores y detectar bajas fraudulentas se ha institucionalizado en los últimos años. Las mutuas firman acuerdos marco para realizar este tipo de controles bajo el argumento de que están velando por “la correcta gestión de los fondos públicos” que tienen encomendada y que el gasto en estos seguimientos es rentable, puesto que un porcentaje elevado de actuaciones concluye en un “ahorro” para la Seguridad Social, ya que se detectan fraudes y se suspenden cobros indebidos. 

La Mutua de Accidentes de Canarias (MAC), la de mayor implantación en las Islas (cubre a más de 160.000 trabajadores y 17.000 empresas y cuenta con doce centros asistenciales en el Archipiélago) reserva unos 150.000 euros al año para este fin. La mutua prevé sacar en el segundo semestre de 2026 a licitación un nuevo acuerdo marco de servicio de detectives por procedimiento abierto, por un importe de 300.000 euros para dos años.  

Las mutuas y la patronal sostienen, además, que se trata de una medida disuasoria, puesto que la mera posibilidad de seguimiento privado “desincentiva” conductas fraudulentas. 

La práctica es controvertida. Los sindicatos la rechazan. “Este tipo de estrategias llevadas a cabo por las patronales, por las empresas y por las propias mutuas no son nuevas, pero nos siguen preocupando, porque lo que hacen es ahondar en la criminalización de los trabajadores que están enfermos”, explica Héctor Fajardo, vicesecretario general de Organización y Comunicación de la Unión General de Trabajadores (UGT) en Canarias. 

“Si un trabajador no va a trabajar por una situación de incapacidad temporal es porque realmente su estado de salud no se lo permite. No tiene sentido profundizar en estas estrategias que lo que generan es miedo en los trabajadores, que temen muchas veces cogerse una baja, obligándoles a ir a trabajar enfermos por miedo a que su empresa tome represalias contra ellos”, añade Fajardo. 

También desde Comisiones Obreras (CCOO) se han mostrado contrarios al uso de recursos públicos para la contratación de detectives que persiguen a trabajadores y trabajadoras. Desde este sindicato creen que el foco debe estar en la prevención de las patologías y en los tratamientos de recuperación. La organización señala que hay jurisprudencia relevante al respecto, como una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que condenó a una mutua a devolver prestaciones a una trabajadora de ayuda a domicilio que también padecía el síndrome del túnel carpiano y a la que también grabó un detective realizando ejercicios de fortalecimiento recomendados o tareas domésticas ligeras. 

Los tribunales, señalan las mismas fuentes, “a menudo determinan que la actividad captada por el detective, como por ejemplo conducir o hacer la compra, no implica necesariamente que el trabajador esté fingiendo la incapacidad para realizar movimientos repetitivos propios de su puesto de trabajo”. 

Tanto CCOO como UGT se han mostrado muy críticos con el discurso de la patronal sobre el absentismo laboral en Canarias. Los empresarios insisten en que las islas tienen la tasa más elevada del país y han emprendido una cruzada para “mejorar la productividad”. Incluso han impulsado un portal de denuncias de “bajas fraudulentas” para trasladarlas a Inspección de Trabajo, la Seguridad o las mutuas. 

Frente a esta posición, los sindicatos sostienen que la patronal está metiendo en el saco del absentismo fraudulento las bajas médicas y ausencias justificadas (permisos, vacaciones…) y abogan por centrar el debate en la salud laboral, en la prevención y en las condiciones de trabajo. Para tratar de desmontar la tesis empresarial, el sindicato CCOO lanzó una campaña el pasado verano en la que recordaba que en Canarias la duración de las bajas no se aleja demasiado de la media nacional (44,44 días de media frente a 39,49) y que hay comunidades como Extremadura en donde esta cifra se eleva hasta los 77,71 días.

La prestación por desempleo, conocida comúnmente como el paro, sigue un calendario relativamente estable en España, aunque no siempre se refleja de la misma forma en la cuenta bancaria de todos los beneficiarios. Cada mes, miles de personas esperan el ingreso procedente del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), pero lo cierto es que la fecha exacta depende de dos factores: el día oficial de pago y la política de cada banco.

De cara a abril de 2026, esta situación se repite. Saber cuándo se cobra el paro implica entender cómo funciona el sistema y por qué algunos beneficiarios reciben el dinero antes que otros.

La fecha oficial del SEPE

El punto de partida es claro: el SEPE establece que las prestaciones por desempleo se abonan a partir del día 10 de cada mes, siempre a mes vencido.

Esto significa que el paro correspondiente al mes de marzo se paga en abril. En concreto, en 2026 el día 10 de abril cae en viernes, por lo que ese es el momento en el que se ordena el pago de forma general.

En condiciones normales, ese sería el día en el que todos los beneficiarios deberían recibir el ingreso. Sin embargo, en la práctica no siempre ocurre así.

Por qué no todos cobran el mismo día

Aunque el SEPE fija esa fecha oficial, el dinero no llega automáticamente a todas las cuentas en ese mismo momento. La clave está en el papel de las entidades financieras.

Cada banco gestiona la recepción de la transferencia y decide cuándo hacerla efectiva en la cuenta del cliente. Esto provoca diferencias que pueden ir desde unas horas hasta varios días.

Además, en los últimos años se ha consolidado una práctica cada vez más habitual: el adelanto del paro. Algunas entidades optan por ingresar la prestación antes del día 10 como estrategia comercial para fidelizar clientes.

Este adelanto no es obligatorio ni está regulado, por lo que depende exclusivamente de cada banco y puede cambiar con el tiempo.

Cuándo se cobra el paro en abril de 2026

Con estos elementos sobre la mesa, la previsión para abril de 2026 combina tanto la fecha oficial como el comportamiento habitual de las entidades. La fecha oficial del SEPE es el viernes 10 de abril; el cobro adelantado (según cada banco) será entre el 5 y el 9 de abril aproximadamente, mientras que el cobro habitual sin adelanto se realizará entre el 10 y el 15 de abril.

En términos generales, el ingreso se moverá dentro de ese margen. De hecho, lo habitual es que el paro se reciba entre los días 6 y 15 del mes, dependiendo de la entidad bancaria y de posibles ajustes administrativos.

Fechas orientativas según el banco

Aunque las fechas pueden variar ligeramente cada mes, el comportamiento de los principales bancos suele ser bastante predecible, siguiendo patrones similares a los observados en meses anteriores.

Así, Banco Santander y Openbank suelen adelantar el pago a partir de los primeros días del mes, en torno al 5 o 6 de abril; Bankinter puede situar el ingreso en torno al día 9 o cercano a la fecha oficial; BBVA y CaixaBank normalmente abonan el paro el mismo día 10, de igual modo ING, Abanca, Sabadell o Unicaja, que suelen mantener el pago en torno al día 10, aunque con ligeras variaciones.

Estas diferencias responden a decisiones internas de cada entidad y no a cambios en el calendario del SEPE.

Aunque el calendario de abril de 2026 es bastante claro, hay algunos factores que pueden alterar el día de cobro, como los festivos o fines de semana. Así, si el día 10 cae en un día no laborable, el pago se traslada al siguiente día hábil. En este caso concreto, al caer el 10 de abril en viernes, no se esperan grandes alteraciones en el calendario.

Cómo funciona el pago del paro

El paro se abona siempre mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por el beneficiario. No existe un pago en efectivo salvo en situaciones muy concretas.

Además, el sistema funciona a mes vencido: es decir, lo que se cobra en abril corresponde al mes de marzo. Este detalle es importante para entender el calendario y evitar confusiones, especialmente en los primeros meses de cobro.

Qué hacer si no se recibe el ingreso

Si llegada la fecha prevista el paro no aparece en la cuenta, lo primero es mantener la calma. En muchos casos, el retraso se debe simplemente a la operativa del banco.

Aun así, hay una serie de pasos recomendables como: revisar la cuenta durante varios días, especialmente si el banco no adelanta el pago; consultar la sede electrónica del SEPE para comprobar el estado de la prestación; contactar con la entidad bancaria para confirmar si ha recibido la orden o bien, en caso necesario, solicitar información al SEPE.

La mayoría de los retrasos se resuelven en pocos días y no suelen implicar la pérdida de la prestación.

A pesar de las diferencias entre bancos, el sistema de pago del paro en España es bastante estable. La referencia siempre es el día 10, y a partir de ahí se producen pequeñas variaciones en función de cada entidad.

En abril de 2026, ese patrón se mantiene sin cambios: algunos beneficiarios cobrarán antes, otros justo en la fecha oficial y algunos unos días después.

En definitiva, más que una única fecha, lo que existe es una ventana de cobro. Conocerla permite anticiparse y gestionar mejor la economía personal, algo especialmente importante para quienes dependen de esta prestación.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una prestación cuyo objetivo es prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social. Diseñada por la Seguridad Social, esta ayuda busca garantizar un nivel mínimo de renta a aquellos ciudadanos que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica, abriendo una vía para que puedan cubrir sus necesidades básicas. Desde su aprobación, esta prestación ha beneficiado a más de 2,4 millones de personas en más de 800.000 hogares, según la última estadística publicada en febrero por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Entre los beneficiados, está el grupo de solicitantes mayores de 23 años que comparten domicilio con sus padres o un familiar.

Tal y como detalla el estudio del INSS, la media de edad de los beneficiarios del IMV es de 28,5 años, “lo que supone un importante sostén para los jóvenes en situación de exclusión”, valoran desde el Instituto. Si exceptuamos a los titulares del IMV, la edad media de aquellos que se benefician de esta ayuda desciende a los 20,1 años.

Los nuevos requisitos del IMV facilitan, precisamente, el acceso a la prestación a personas jóvenes en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, pueden solicitar la ayuda personas mayores de 18 años o menores emancipados con hijos o hijas a cargo. Y se ha reducido el periodo de vida independiente para los jóvenes menores de 30 años, de tres a dos años.

Requisitos para solicitantes mayores de 23 años

Para aquellos jóvenes de 23 años que convivan con sus padres y deseen solicitar la ayuda, deberán cumplir una serie de condiciones:

Guía para solicitar el IMV

Es posible tramitar el IMV desde la web de la Seguridad Social. Antes de poder solicitarla, el portal hace pasar al usuario por un simulador, para conocer si es candidato para recibir esta prestación. Una vez el solicitante haya comprobado que cumple los requisitos de residencia, de estado civil y de ingresos, podrá formalizar su solicitud. En general, necesitará la siguiente documentación para acreditar que cumple con los requisitos:

Con esta documentación localizada, el futuro beneficiario podrá empezar a gestionar el trámite de la subvención. En primer lugar, deberá acceder a la sección de Ingreso Mínimo Vital en la página web de Prestaciones de la Seguridad Social. Tras esto, tendrá que seleccionar la opción “Solicitar” y escoger la opción “Ingreso Mínimo Vital y Complemento de ayuda a la infancia”.

Una vez en el portal para la solicitud del IMV, se le preguntará por la provincia de residencia. Tras esto se le llevará al simulador, en el que deberá lo siguiente:

Tras estas preguntas, el simulador informará al solicitante de si es un candidato para recibir el IMV. Después deberá identificarse como “solicitante” o como “representante” del beneficiario, introduciendo los datos de su documento de identidad. También deberá facilitar un correo electrónico, y confirmarlo a base de un código de verificación que se le enviará a su bandeja de entrada.

Tras esto, deberá hacerse una fotografía con su documento de identidad en la mano, posando tal y como especifica el sitio web. Finalmente, deberá aportar los dos de la documentación necesarios para terminar de formalizar la solicitud, y firmar el formulario de manera electrónica.

Desde la Seguridad Social se administran el grueso de las pensiones y prestaciones contributivas y no contributivas del sistema. Tal y como definen desde el propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, son un conjunto de medidas diseñadas para “prever, reparar o superar determinadas situaciones de infortunio o estados de necesidad concretos”. En concreto, suelen tratarse de prestaciones que abordan contingencias que suponen un exceso de gastos o una pérdida de ingresos de las personas que las sufren.

Aunque las prestaciones más comúnmente conocidas son las pensiones por jubilación, las de incapacidad permanente o el Ingreso Mínimo Vital, desde la Seguridad Social también se ofrecen ayudas para un gran número de escenarios.

Para acceder a cualquier tipo de ayuda es necesario cumplir con los requisitos de afiliación, alta y cotización exigidos para cada caso concreto. En prestaciones de carácter indefinido, el ciudadano debe mantener dichas condiciones durante todo el tiempo de su percepción. Si su situación cambia, deberá notificarlo a la Seguridad Social.

Listado completo de prestaciones de la Seguridad Social

El listado de acciones protectoras de la Seguridad Social cubre un gran abanico de situaciones de necesidad previstas por la legislación vigente. Recuerda que es posible consultarlo de forma completa a través de su página web, donde figuran los requisitos para pedir cada prestación, sus características, plazos y cómo se gestionan. Estas son las ayudas vigentes este 2026:

Ingreso mínimo vital (IMV)

Se trata de una prestación ideada para prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de individuos que viven solos o que están integrados en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas. La cuantía a percibir es la diferencia entre la renta garantizada (que este año se ha establecido en 733,60 para un adulto que vive solo) y los ingresos del solicitante. Para solicitarla deberás visitar esta página o rellenar esta solicitud y presentarla tras pedir cita en tu Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) más cercano.

Pensión de jubilación

Se trata de una prestación vitalicia a percibir cuando se cesa el trabajo al alcanzar la edad establecida, a fin de cubrir la pérdida de ingresos originada por el cese de la actividad laboral. Existe un régimen general (para jubilaciones ordinarias, anticipadas, flexibles, parciales, etc) y uno especial (para autónomos, los trabajadores del Mar, y los de la Minería de Carbón). La cuantía de esta ayuda depende de un gran número de variables, como la base reguladora y los años trabajados, por lo que puedes calcular cuál sería tu cuantía aquí. Para solicitarla, puedes pedir cita en tu Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) más cercano o en esta página web.

Incapacidad permanente

Esta prestación pretende cubrir la pérdida de rentas salariales o profesionales de una persona que ve reducida o anulada su capacidad laboral a causa de un proceso patológico o traumático derivado de una enfermedad o accidente. De forma similar a las pensiones por jubilación, existe un régimen general y uno especial para autónomos, los trabajadores del Mar, y los de la Minería de Carbón. Existen distintos grados de incapacidad (permanente parcial, permanente total, permanente absoluta y gran incapacidad), que determinan los requisitos para acceder a esta prestación y la cuantía a percibir. El grado de incapacidad lo determinan los Equipos de Valoración y Orientación (EVO) de cada Comunidad Autónoma, compuestos por médicos, psicólogos y trabajadores sociales. Para solicitarla, deberás rellenar este formulario y presentarlo tras pedir cita en Centro de Atención e Información de la Seguridad Social más cercano.

Pensión de viudedad

Se trata de una prestación vitalicia para aquellos que han compartido un vínculo matrimonial o de pareja de hecho con la persona fallecida. Entre los requisitos se encuentra, por supuesto, el vínculo matrimonial o de pareja de hecho entre la persona fallecida y el solicitante (con requisitos especiales para separados); periodos mínimos de cotización o la causa del fallecimiento (por ejemplo, si la muerte tiene como causa un accidente, sea o no de trabajo; o una enfermedad profesional, no se exige período previo de cotización). La cuantía a percibir será entre el 52 y el 70% de la base reguladora, en función de si se cumplen o no una serie de requisitos. Es posible solicitar la pensión de viudedad a través de este enlace, que te permitirá además gestionar la pensión de orfandad de forma conjunta.

Pensión de orfandad

Esta prestación está dirigida a los hijos menores de 21 años o que estén incapacitados de un progenitor fallecido (o reconocidos en el matrimonio si la unión se ha celebrado dos años previos a la muerte). Se trata de una pensión compatible con la viudedad y que además, como hemos comentado, se pueden tramitar de forma simultánea, pero debes tener en cuenta que interaccionan entre sí y que varíe la cuantía final a percibir de ambas. En el caso de orfandad a causa de la violencia contra la mujer, deberás rellenar este documento y presentarlo en el Centro de Atención e Información de la Seguridad Social más cercano.

Otras prestaciones disponibles en 2026

Perder un empleo supone un cambio significativo en la vida de cualquier persona, no solo en el ámbito laboral, sino también en la economía familiar. Durante este periodo, la prestación por desempleo se convierte en un recurso clave para mantener cierta estabilidad financiera mientras se busca un nuevo trabajo. Conocer con exactitud la cuantía que se recibirá cada mes permite organizar los gastos, planificar pagos esenciales y afrontar imprevistos de manera más segura.

Además de la cantidad mensual, es importante entender los factores que determinan la prestación, como los periodos cotizados y las bases salariales previas. Contar con esta información ayuda a los beneficiarios a verificar que los cálculos realizados por la administración se ajustan a la normativa vigente y a interpretar correctamente los datos de su expediente. Esto otorga tranquilidad y permite que la gestión de la prestación sea más eficiente y transparente.

Hoy en día, los avances tecnológicos facilitan que la información sobre la prestación por desempleo esté disponible de manera digital. Gracias a los servicios online, cada persona puede consultar su expediente de forma segura y obtener todos los detalles necesarios sobre su cuantía, pagos y solicitudes. Este acceso permite a los beneficiarios mantener un control actualizado de su situación, reducir la necesidad de desplazamientos y tomar decisiones financieras con mayor confianza.

Cómo consultar la cuantía de la prestación por desempleo

Para acceder a la información sobre la cuantía del paro, los beneficiarios deben entrar en el portal oficial de la administración. Allí se centraliza toda la información relativa al expediente, incluyendo la cuantía mensual, los periodos de pago, las nóminas emitidas y cualquier solicitud pendiente o incidencia registrada. El primer paso consiste en pulsar en la sección “Consultar prestación” dentro del portal, desde donde se gestiona el acceso al expediente electrónico.

Una vez dentro, el sistema solicita la identificación del usuario mediante métodos seguros. Aquellos que disponen de certificado digital, DNI electrónico o Cl@ve pueden utilizar estos sistemas para acceder directamente. Para quienes no cuentan con estos medios de identificación, el portal permite una alternativa mediante un código enviado al teléfono móvil registrado. Este método garantiza que solo la persona titular de la prestación pueda consultar los datos de su expediente.

El siguiente paso consiste en introducir los datos personales requeridos: el número de identificación oficial, el teléfono móvil registrado y el código alfanumérico que se muestra en pantalla. Esta información permite al sistema validar la identidad del solicitante y generar un código de acceso temporal. Una vez confirmados los datos, el sistema envía un mensaje de texto al teléfono móvil registrado con un código único que debe introducirse para completar la autenticación.

Tras ingresar este código, el usuario puede acceder al expediente completo. En esta sección se muestran los recibos de nómina de la prestación, los datos personales, las solicitudes pendientes, las posibles denegaciones y la información de la última prestación percibida. Esta consulta permite a los beneficiarios verificar la cuantía mensual, comprobar que los cálculos realizados por la administración son correctos y tener un registro actualizado de todos los movimientos asociados a su subsidio.

Consultar regularmente esta información proporciona seguridad y transparencia a los beneficiarios, permitiéndoles planificar sus finanzas y anticipar cualquier eventualidad. Además, la disponibilidad digital del expediente reduce la necesidad de gestiones presenciales y facilita la resolución de incidencias, ya que cualquier error o discrepancia puede detectarse a tiempo y corregirse mediante los canales oficiales.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha concedido 9,6 millones de euros en ayudas a 321 transportistas autónomos que se retiran de la actividad. Estas subvenciones, incluidas dentro de la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, buscan facilitar la salida de los profesionales de mayor edad y reducir los riesgos asociados a la edad en la conducción profesional. Según el departamento, la medida pretende garantizar la sostenibilidad social del transporte por carretera y proteger la salud de los trabajadores.

El programa de ayudas a la retirada de la actividad se enmarca en la política de modernización y seguridad impulsada por el Gobierno. El Ministerio abre periódicamente convocatorias dirigidas a los transportistas autónomos de mayor edad o con incapacidad reconocida, con el objetivo de ofrecerles una alternativa económica a la continuidad en el trabajo. La dotación de 2025, publicada recientemente en el portal del Ministerio, asciende a 9,6 millones de euros, que se reparten entre los 321 beneficiarios que cumplen los requisitos exigidos.

Quiénes pueden acceder a la prestación y cuánto cobran

Los destinatarios de estas ayudas son transportistas autónomos titulares de una autorización de transporte público de mercancías o de viajeros en vigor, que tengan 63 años o más, o bien hayan sido declarados en situación de incapacidad permanente absoluta o total para la profesión habitual. A cambio de la subvención, los beneficiarios deben renunciar de manera definitiva a sus autorizaciones de transporte, con lo que se garantiza su desvinculación de la actividad. De esta forma, el programa favorece tanto el descanso digno de los profesionales veteranos como la mejora de la seguridad en el transporte.

La cuantía individual de la ayuda varía según las características del beneficiario y el tipo de autorización que posea, pero su función principal es compensar la pérdida de ingresos derivada del cese anticipado de la actividad. Según el Ministerio, esta medida no solo tiene un componente económico, sino también social y preventivo: la edad avanzada de muchos conductores profesionales puede agravar las condiciones físicas necesarias para realizar su trabajo con seguridad, lo que incrementa el riesgo de accidentes. Con las ayudas a la retirada, Transportes busca proteger la salud de los trabajadores y contribuir a la seguridad vial.

El gran reto del país: la edad

El envejecimiento del sector es uno de los principales desafíos que afronta el transporte por carretera en España. Según el propio Ministerio, la edad media de los transportistas autónomos es elevada, y la incorporación de nuevos profesionales avanza con lentitud. A ello se suma la presión de los cambios tecnológicos, la digitalización de la logística y la creciente exigencia medioambiental, que demandan nuevas competencias profesionales. En este contexto, las ayudas a la retirada anticipada permiten aliviar la carga sobre los trabajadores de más edad y allanar el camino para una renovación progresiva del sector.

Estas subvenciones forman parte de la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, aprobada por el Consejo de Ministros en diciembre de 2021. El plan, que articula las políticas de movilidad del Gobierno para la próxima década, persigue una triple meta: reducir los siniestros en carretera, impulsar una movilidad más limpia y mejorar las condiciones laborales en el transporte. Dentro de este marco, el apoyo a la jubilación anticipada de transportistas autónomos se considera una herramienta clave para reforzar el bienestar y la dignidad del trabajo en el sector.

Una salida ordenada

El Ministerio subraya que el objetivo es ofrecer una salida ordenada y justa a los profesionales que no pueden continuar en la actividad por motivos de edad o salud, evitando que se vean obligados a prolongar su vida laboral en condiciones de riesgo. “Queremos que nadie tenga que poner en peligro su salud ni la de los demás por necesidad económica”, explican fuentes de Transportes.

Los listados con los beneficiarios y las cuantías otorgadas se publicarán en la sede electrónica del Ministerio de Transportes. La convocatoria de 2026 mantendrá la misma línea de apoyo, consolidando un programa que contribuye a avanzar hacia un modelo de transporte más seguro, equilibrado y sostenible, en el que la experiencia de los profesionales veteranos dé paso a nuevas generaciones en condiciones de seguridad y justicia social.

La pensión de viudedad es una de las prestaciones más conocidas del sistema público, pero también una de las que más dudas genera cuando hay más de un matrimonio o pareja reconocida. En los últimos años, la Seguridad Social ha aclarado que, en determinados casos, el importe puede dividirse entre varios beneficiarios. Es lo que se conoce como pensión de viudedad compartida, una modalidad que afecta especialmente a personas divorciadas o con segundas nupcias, y que responde al principio de proporcionalidad en función del tiempo de convivencia.

Cómo acceder a la prestación

Para acceder a esta prestación, el fallecido debía estar dado de alta o ser pensionista de la Seguridad Social en el momento de su muerte, y haber cotizado al menos 500 días en los últimos cinco años o un mínimo de 15 años a lo largo de su vida laboral. Los beneficiarios son, en primer lugar, el cónyuge superviviente y, en determinados supuestos, los excónyuges o exparejas de hecho, siempre que cumplan las condiciones exigidas por la ley. La norma también contempla que las personas mayores de 65 años que dependían económicamente del fallecido y no perciben otra pensión puedan solicitarla.

Cuándo se produce

El derecho a una pensión de viudedad compartida se produce cuando el fallecido tuvo más de un matrimonio o pareja de hecho inscrita. En estos casos, la cuantía total de la pensión no se multiplica, sino que se reparte proporcionalmente entre quienes acrediten haber convivido maritalmente con la persona fallecida. El punto clave está en la existencia de una pensión compensatoria: los excónyuges solo pueden acceder a esta prestación si, en el momento del fallecimiento, cobraban del difunto una pensión compensatoria reconocida judicialmente y no se han vuelto a casar ni registrado como pareja de hecho.

La Seguridad Social especifica que el reparto de la pensión se hace en función del tiempo de convivencia con el fallecido, garantizando que el cónyuge o pareja actual reciba una parte proporcional a su relación. Además, si el excónyuge percibe su parte, esta no podrá superar la pensión compensatoria que recibía en vida. Este principio busca equilibrar los derechos de todas las personas que, en distintos momentos, compartieron su vida con el fallecido.

A tener en cuenta: el caso de las parejas de hecho

En el caso de las parejas de hecho, el acceso a la pensión de viudedad tiene requisitos más estrictos. La Seguridad Social exige acreditar una relación estable e inscrita oficialmente durante al menos dos años y una convivencia continuada de cinco. También debe demostrarse dependencia económica del fallecido en el momento de su muerte. Si el difunto estuvo casado previamente, la pareja de hecho no podrá reclamar una parte de la pensión si el matrimonio seguía vigente, incluso aunque existiera convivencia posterior.

No todos los supuestos generan derecho a esta prestación. No se consideran beneficiarios los excónyuges que renunciaron expresamente a la pensión compensatoria o que no la tenían reconocida, ni quienes contrajeron nuevo matrimonio o se registraron como pareja de hecho. Tampoco tienen derecho quienes mantuvieron una relación sin vínculo legal o no acreditaron convivencia suficiente. La Seguridad Social revisa cada caso de forma individual, solicitando certificados de matrimonio, resoluciones judiciales y documentos de empadronamiento que prueben los periodos de convivencia.

En definitiva, la pensión de viudedad compartida no implica duplicar la prestación, sino repartir un único derecho entre varios beneficiarios conforme a los criterios establecidos por la ley. El cálculo lo realiza directamente la Seguridad Social y no requiere acuerdo entre las partes. Los expertos aconsejan revisar las sentencias de divorcio o separación y verificar si se mantiene una pensión compensatoria, ya que de ello depende el reconocimiento posterior. También es recomendable solicitar información previa en la sede electrónica o en los centros de atención de la Seguridad Social, donde se determina de forma personalizada el porcentaje que corresponde a cada solicitante.

Una de cada tres personas que vive en Barcelona ha nacido en el extranjero, una cifra que ha crecido exponencialmente en los últimos años (hace 20 años, sólo suponían el 5%). Si se toma sólo el peso demográfico, no es de extrañar que los migrantes sean el 29% de los beneficiarios de ayudas de urgencia sociales que otorga el Ayuntamiento de la ciudad. Pero la perspectiva cambia al ver que el 77% de personas que están bajo el lindar de la pobreza ha nacido fuera de España, según datos del INE.

Las ayudas que puede otorgar un consistorio como el de la capital catalana se basan en prestaciones económicas puntuales para afrontar situaciones de emergencia, pagar gastos sanitarios, habitacionales, alimentarios, educativos, de vestimenta o transporte, así como para la inserción laboral. Y sus beneficios son “mucho menores” en el caso de la población extranjera.

Así se destila de un informe elaborado por el Institut Metrópoli que ha analizado en profundidad la situación de la migración en Barcelona. El objetivo de este estudio, el primero elaborado por el Observatorio de la Inmigración y el Refugio, es “combatir los discursos de odio” como el que acusa a la población extranjera de llevarse todas las ayudas públicas para vivir sin necesidad de trabajar.

Los datos recogidos por el informe demuestran que, después de recibir todas las pensiones, ayudas y transferencias sociales asignadas, la tasa de pobreza se rebaja en un 71% en el caso de las personas nacidas en España. Pero las mismas ayudas sólo consiguen rebajarla un 11% en el caso de las personas extranjeras.

Esto se debe a diversos factores. Por un lado, vale la pena destacar que los españoles piden de media, 1,9 ayudas por beneficiario, mientras que los migrantes suben hasta 6,6. Esto denota que la situación de precariedad de la que parten es muy diferente. “Hay una gran parte de la población para la que las ayudas de emergencia no son suficientes”, según ha reconocido la comisionada de Acción Social, Sonia Fuertes.

De hecho, según los datos recogidos por el Institut, las ayudas que “realmente funcionan” son aquellas a las vinculadas a las rentas del trabajo. El paro y las pensiones de jubilación, viudedad o supervivencia son las que realmente marcan la diferencia a la hora de rebajar la tasa de pobreza relativa. Ahora bien, estas no llegan tanto a los colectivos migrantes.

Las ayudas diseñadas para atajar las situaciones de pobreza extrema son el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), pero por fallos en el sistema de prestaciones que han reconocido las administraciones que la gestionan, el 56% de las personas que tendrían derecho al IMV, y el 81% en el caso de la RGC, no las perciben.

Ya sea por desconocimiento de la existencia de la ayuda o por incompatibilidades con otras ayudas, muchas personas acaban recurriendo a las ayudas de emergencia de sus ayuntamientos, que no están diseñadas para estas casuísticas.

De hecho, si se analizan los datos, a pesar de que hay muchos más receptores nacidos en España que en el extranjero, el consistorio dedica prácticamente la misma cantidad del presupuesto de ayudas de emergencia a ambos colectivos. Eso es porque mientras los primeros piden, de media, 1,9 ayudas por beneficiario, los segundos solicitan 6,6.

Esta cifra demuestra que la mayoría de personas migradas que acuden a los Servicios Sociales no busca subsanar un problema concreto, sino una situación de precariedad estructural. Ello se nota también en el tipo de prestaciones que perciben. Los nacidos en España son los que más solicitan ayudas para acceder al ocio infantil y adulto, así como prestaciones dedicadas a la infancia y a la educación. En cambio, los migrantes son quienes más reclaman ayuda para sufragar la alimentación, la vestimenta, el transporte o el pago del alquiler.

De hecho, la vivienda es uno de los elementos diferenciales a la hora de entender la desigualdad entre colectivos. Según datos de este 2025, el 44% de los habitantes de la capital catalana viven de alquiler. Esta cifra llega al 70% si nos referimos sólo a personas nacidas en el extranjero. Además, este colectivo sufre mucho más los precios elevados. Casi la mitad de ellos dedican más del 40% de sus ingresos a pagar el alquiler. En el caso de los nacidos en España, esa situación sólo afecta a una de cada 10 personas.

Esto se debe, en parte, a la diferencia de las rentas percibidas según dónde se ha nacido. De media, una persona nacida en España cobra 2.303 euros mensuales. Y la cifra baja a los 1.501 para los asiáticos, a los 1.589 para los africanos, o a los 1.650 para los sudamericanos. En cambio, los europeos se sitúan casi a la par y los norteamericanos los superan por mucho con un sueldo medio de 3.329 euros al mes.

Todo eso, a pesar de que el 43% de la población extranjera en Barcelona tiene estudios superiores, ya sean en el ámbito universitario o de la formación profesional. “Esto demuestra que el efecto llamada de las prestaciones sociales no existe. Que quienes llegan a Barcelona lo hacen en busca de oportunidades laborales”, expone Albert Sala, investigador del Institut Metròpoli

“Todos estos datos nos ayudan, no sólo a diseñar mejores políticas públicas, sino también a construir relatos basados en el rigor, lejos de los de aquellas fuerzas políticas que intentan usar la cuestión migratoria como una arma”, tal como ha apuntado la teniente del área de Derechos Sociales, Raquel Gil.

No todas las personas desempleadas logran acumular los 360 días de cotización necesarios para acceder a la prestación contributiva por desempleo. Para ellas, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) contempla el subsidio por cotizaciones insuficientes, una ayuda destinada a quienes han trabajado menos de un año y se encuentran en situación legal de desempleo. El objetivo es cubrir a quienes quedan en un vacío de protección y garantizarles un ingreso mínimo mientras buscan un nuevo empleo.

Quiénes lo pueden solicitar

Podrán beneficiarse de este subsidio quienes acrediten al menos 90 días cotizados si tienen cargas familiares, o 180 días si no las tienen, siempre que no alcancen el año de cotización que da derecho al paro contributivo. También pueden acceder quienes tengan contratos a tiempo parcial, siempre que la suma de las jornadas trabajadas no supere una jornada completa y se cumplan el resto de requisitos. En todos los casos es obligatorio encontrarse inscrito como demandante de empleo.

Entre los requisitos generales figuran estar en desempleo total o parcial, no tener derecho a la prestación contributiva y carecer de rentas propias que superen el 75% del salario mínimo interprofesional. De forma alternativa, se puede acceder acreditando responsabilidades familiares. Además, es necesario suscribir el acuerdo de actividad, que compromete a la persona beneficiaria a participar en acciones de formación, orientación o búsqueda activa de empleo.

Cuándo solicitarlo

El subsidio debe solicitarse en un plazo máximo de seis meses desde la fecha del hecho causante, es decir, desde la última situación legal de desempleo. Si no se presenta en ese tiempo, se pierde el derecho. Existe, no obstante, una vía de ampliación: quienes accedan con al menos seis meses cotizados sin cargas familiares y posteriormente acrediten responsabilidades familiares podrán ampliar la duración hasta un máximo de 21 meses, siempre que lo soliciten dentro del año siguiente a la situación de desempleo.

La duración de la ayuda depende directamente del tiempo cotizado y de la situación familiar. En general, oscila entre tres y 21 meses, siendo más larga para quienes acreditan cargas familiares. De esta forma, el sistema busca priorizar a los hogares con mayores necesidades de apoyo económico.

Para solicitar el subsidio es necesario presentar el modelo oficial de solicitud, la declaración responsable de rentas y, en su caso, la documentación que acredite responsabilidades familiares. El trámite puede realizarse en las oficinas del SEPE con cita previa o a través de la sede electrónica. La Administración exige además que se mantengan actualizados los datos de demanda de empleo durante toda la vigencia de la ayuda.

Cuánto se cobra

En cuanto a la cuantía, el subsidio se calcula como un porcentaje del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) vigente en cada momento. Durante los primeros 180 días se cobra el 95% del IPREM, entre los días 181 y 360 el 90%, y a partir del día 361 el 80%. Se trata de una ayuda modesta, pero que representa una red de seguridad para quienes no pueden acceder al paro contributivo. La prestación es compatible con determinados contratos a tiempo parcial, siempre que no superen el límite de jornada completa.

El subsidio por cotizaciones insuficientes constituye una herramienta clave de protección frente al desempleo parcial o de corta duración, muy frecuente en sectores con alta rotación laboral o temporalidad. Aunque la cuantía es limitada, supone un apoyo básico para quienes no logran cumplir los requisitos del paro contributivo. Conocer bien las condiciones, plazos y requisitos resulta esencial para no perder el derecho a esta ayuda y acceder a una cobertura que puede marcar la diferencia en momentos de vulnerabilidad.

Cuidar del hogar y de la familia ha sido un trabajo que han realizado miles de mujeres en España durante décadas (y también hombre, aunque en menor medida) sin remuneración. Este trabajo nunca ha cotizado en la Seguridad Social, por lo que esta dedicación al ámbito doméstico dejaba a estas personas sin derechos laborales ni pensión contributiva al llegar a la vejez. Ahora, el sistema de bienestar incorpora un mecanismo para reparar esa desprotección: la pensión no contributiva de jubilación, gestionada por el IMSERSO, que en 2025 asciende a 564,70 euros mensuales repartidos en 14 pagas.

No se trata de una cantidad elevada, pero sí de un ingreso estable que garantiza un mínimo de dignidad económica y, sobre todo, un reconocimiento institucional a quienes nunca recibieron retribución por su trabajo de cuidados. La prestación se concede a mayores de 65 años que no hayan cotizado lo suficiente y que acrediten residencia prolongada en España, además de cumplir ciertos límites de ingresos.

Requisitos básicos de acceso

Para solicitar la pensión no contributiva, es necesario cumplir con tres condiciones fundamentales:

Estos umbrales aumentan cuando la persona convive con familiares. Si el hogar está formado por dos convivientes (pareja o familiares hasta segundo grado), el límite anual es de 12.326,02 euros; en hogares de tres, 17.401,44€; y en familias de cuatro, 22.476,86€. Por cada persona adicional, se suman 5.075,42€ al umbral. Si entre los convivientes hay ascendientes o descendientes de primer grado, los límites pueden elevarse hasta 56.192,15€ anuales para cuatro personas.

Solicitud y tramitación

El proceso de solicitud requiere presentar un formulario oficial del IMSERSO junto con documentación acreditativa (DNI, certificado de empadronamiento, justificantes de ingresos). La gestión se realiza en los servicios sociales de cada comunidad autónoma y, en algunos casos, puede tramitarse de forma telemática.

Aunque la resolución suele demorarse varios meses, la prestación se cobra con carácter retroactivo desde el mes siguiente a la fecha de la solicitud. Eso significa que, si se pide en julio y se aprueba en noviembre, la persona beneficiaria percibirá también los meses intermedios.

Incompatibilidades y obligaciones

La pensión no contributiva de jubilación no es acumulable con otras prestaciones similares, como la invalidez no contributiva o las asistenciales. Tampoco se puede compatibilizar con asignaciones familiares por hijos a cargo mayores de 18 años con discapacidad severa. Además, cada beneficiario debe presentar una declaración anual de ingresos antes del 31 de marzo de cada año. Si no se cumple este requisito, el pago puede quedar suspendido, aunque existe un plazo de 90 días para regularizar la situación.

Más allá de la cifra, esta ayuda tiene un fuerte componente de dignidad. El trabajo doméstico, que históricamente recayó en las mujeres y ocupó la totalidad de su tiempo, no generaba derechos ni protección social. La prestación supone un avance en el reconocimiento de un esfuerzo esencial pero invisibilizado, y en el intento de reparar desigualdades estructurales.

El subsidio para mayores de 52 años es una de las ayudas más consultadas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Se trata de un apoyo económico que no solo garantiza un ingreso mensual a las personas desempleadas de larga duración, sino que además mantiene sus cotizaciones a la Seguridad Social hasta la jubilación. En el programa Madrid Trabaja de Telemadrid, la asesora de la Subdirección General de Prestaciones, María José Gómez, resolvió algunas de las dudas más frecuentes que llegan a este organismo, relacionadas con la edad de acceso, la continuidad de la ayuda hasta la jubilación y la compatibilidad con impartir formación.

Acceso al subsidio a partir de los 52 años

La primera cuestión la planteó un oyente que cumplirá 52 años próximamente y quería saber si podía solicitar la ayuda al llegar a esa edad. Según Gómez, “sabemos que podemos acceder a este subsidio cumpliendo, lógicamente, los requisitos de edad, de rentas y de cotización, cuando agotamos una prestación contributiva o cuando tenemos, por lo menos, 90 días nuevos cotizados, situación legal de desempleo”. La asesora recordó que también es posible acceder si esa situación se produjo antes de cumplir los 52 años, siempre que la persona haya seguido inscrita de forma ininterrumpida como demandante de empleo.

El matiz de la inscripción ininterrumpida resulta clave, ya que interrumpir el sellado puede suponer perder el derecho a la ayuda. “Legalmente se entiende cumplido el requisito de inscripción ininterrumpida cuando cada vez que paramos esa demanda, porque no la hemos reanudado, ha sido por menos de 90 días. Y no cuenta el tiempo que ha estado trabajando”, precisó la asesora. De esta forma, quienes reúnan la edad, las rentas y la cotización suficiente pueden acceder a la prestación, siempre que soliciten el subsidio dentro de los quince días posteriores a cumplir los 52. Si se pide más tarde, se reconoce desde la fecha de solicitud y no con efectos retroactivos.

¿Qué pasa al cumplir 65 años?

Otro oyente quiso saber qué ocurre al llegar a los 65 años, en un contexto en el que la edad de jubilación se retrasa de forma progresiva hasta los 67. Gómez explicó que “el subsidio de mayores de 52 años se interrumpe al llegar a los 65, porque es la primera edad posible para acceder a la jubilación ordinaria, y no se puede seguir cobrando si podemos acceder a la jubilación ordinaria”. No obstante, advirtió de que no todo el mundo reúne las condiciones para jubilarse a esa edad.

En aquellos casos en los que el trabajador no cuente con los 38 años y tres meses de cotización que se exigen actualmente para jubilarse a los 65, es posible reanudar el subsidio. “Si la persona no se puede jubilar a los 65 años porque no cumple el requisito de tener cotizados 38 años y tres meses, lo que tiene que hacer es solicitar enseguida la reanudación”, explicó la asesora. Para ello, basta con aportar un certificado del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) que lo confirme, o autorizar al SEPE a que lo solicite en nombre del interesado.

La rapidez es fundamental para evitar un vacío de ingresos. “La recomendación es que, cuando antes solicite la reanudación del subsidio de mayores de 52, si se le interrumpe por haber llegado a los 65 años, mejor, porque así sigue cobrando y cotizando sin ningún problema y sin un parón”, aconsejó Gómez. El trámite puede hacerse presencialmente o a través de la presolicitud online, que permite identificarse mediante un SMS, sin necesidad de certificado digital.

Compatibilidad con impartir formación

El tercer bloque de preguntas estuvo centrado en la posibilidad de compaginar la prestación con la impartición de formación remunerada. En este caso, Gómez distinguió dos escenarios: “Que haya alta en Seguridad Social o que no. En ambos casos, lo que tiene que hacer es comunicarse al SEPE. Y luego, cuando vuelva a estar en situación de desempleo, solicita reanudar la prestación, porque cuando nos informe a nosotros, nosotros le interrumpiremos la prestación. Pero luego la vuelve a seguir cobrando sin ningún problema”.

Si la formación implica un contrato con alta en la Seguridad Social, puede pedirse la compatibilidad con la prestación. En cambio, si no existe alta, la persona debe declarar lo percibido y el periodo trabajado. “Si no hay alta en Seguridad Social, no”, aclaró la asesora, que recordó que esos días se descuentan de la prestación por considerarse actividad a tiempo completo. La clave, subrayó, es siempre comunicar la actividad: “Antes nos lo informa y después nos solicita la reanudación. Ya está, con eso lo tiene”.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) detalla en su normativa los supuestos que afectan a quienes perciben la prestación contributiva por desempleo y deciden emprender como trabajadores autónomos. La posibilidad de suspender, reanudar o incluso compatibilizar la ayuda con una actividad por cuenta propia depende de la duración del negocio, de la situación del alta en la Seguridad Social y de los plazos en los que se comunique la decisión. El objetivo es ofrecer un marco claro para los desempleados que optan por iniciar un proyecto personal sin perder de inmediato sus derechos adquiridos.

Qué dice la norma

La regla general establece que cuando la actividad por cuenta propia dura menos de 60 meses, la prestación queda suspendida. Superado este periodo, se extingue de forma definitiva. Esa suspensión no significa perder la ayuda: el trabajador podrá reanudarla si el negocio dura menos de dos años, incluso aunque no se hubiera dado de alta en la Seguridad Social. Para actividades más largas, de entre 24 y 60 meses, la reanudación solo es posible si el autónomo estaba registrado en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o en el Régimen del Mar. En este caso, la solicitud debe presentarse en los 15 días hábiles posteriores al cese, y el cobro se retoma al día siguiente de abandonar el negocio.

El SEPE contempla además la situación de quienes tienen derecho a la protección por cese de actividad, la llamada “prestación por paro de los autónomos”. En ese caso, el trabajador puede elegir: o bien percibir esta ayuda específica o bien recuperar la prestación por desempleo que tenía suspendida. La normativa es clara en una advertencia: si se opta por volver al paro contributivo, las cotizaciones que habían dado lugar al derecho a la prestación por cese de actividad no podrán computarse en el futuro para solicitar de nuevo esa ayuda.

Otros casos

No todos los escenarios terminan con una reanudación. Hay supuestos de extinción definitiva de la prestación. Así ocurre cuando el trabajo por cuenta propia supera los 60 meses o cuando, pese a durar entre 24 y 60, no se ha producido el alta en los regímenes especiales correspondientes. En esas situaciones, el derecho al paro se pierde de manera irreversible, lo que convierte en fundamental cumplir los plazos y las obligaciones de alta para mantener la posibilidad de reanudarlo.

Compatibilidad entre cobrar el paro y emprender

Más allá de suspender o extinguir la ayuda, la normativa del SEPE contempla también la compatibilidad entre cobrar el paro y emprender. Esta opción está pensada para quienes, tras cesar en su empleo anterior, deciden iniciar una actividad como autónomos. El beneficiario puede seguir percibiendo su prestación contributiva durante un máximo de 270 días —nueve meses— o hasta agotar el tiempo que le quedase reconocido. Para ello es imprescindible solicitarlo en un plazo improrrogable de 15 días desde el inicio del negocio.

Esa compatibilidad tiene límites. Se extingue en el momento en que el trabajador firma un contrato por cuenta ajena, ya sea a jornada completa o parcial. También desaparece si el beneficiario pasa a ser socio de una sociedad laboral de nueva creación o de una cooperativa de trabajo asociado. En cualquier caso, la prestación puede acompañar el inicio del proyecto durante el tiempo establecido, siempre que se cumpla con las condiciones exigidas.

Cuando un desempleado se acoge a la compatibilidad, percibe el 100% de la prestación contributiva que le corresponda, con la retención de IRPF, pero sin que se deduzcan cotizaciones a la Seguridad Social. De esta manera, el sistema pretende favorecer el emprendimiento ofreciendo un colchón económico durante los primeros meses de actividad, evitando que la decisión de montar un negocio implique renunciar de inmediato a la ayuda por desempleo.

La filosofía de estas medidas es doble. Por un lado, garantizar que los trabajadores que prueban suerte con un proyecto propio no pierdan los derechos que habían generado como asalariados. Por otro, ofrecer un incentivo a la creación de empleo autónomo, con un marco normativo que combina seguridad y flexibilidad. En un mercado laboral donde el trabajo por cuenta propia es cada vez más frecuente, las reglas del SEPE buscan dar certidumbre a quienes dudan entre seguir cobrando el paro o dar el salto al autoempleo.

Las personas que tengan reconocida una prestación contributiva por desempleo antes del 1 de abril de 2025 podrán seguir percibiéndola de forma parcial al iniciar un trabajo. La medida, recogida por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), abre la posibilidad de mantener el paro como complemento de ingresos, tanto en empleos a tiempo parcial como, en determinados supuestos, también en jornada completa.

Un cambio importante

El cambio normativo supone un giro importante respecto al sistema vigente. Hasta ahora, la compatibilidad entre paro y empleo solo estaba prevista para contratos a tiempo parcial, con una deducción proporcional de la ayuda en función de las horas trabajadas. Con el nuevo esquema, quienes tengan una prestación de al menos 14 meses de duración, reconocida antes de la fecha de corte, podrán transformarla en un Complemento de Apoyo al Empleo (CAE) una vez transcurridos los primeros nueve meses de cobro, siempre que a partir de entonces accedan a un contrato a jornada completa.

El SEPE subraya que esta compatibilidad no se concede de manera automática. La persona interesada debe solicitarla en los 15 días hábiles siguientes al inicio del contrato para que surta efecto desde el primer día. Si la petición se presenta fuera de plazo, el derecho solo se activará desde la fecha de registro, siempre y cuando la relación laboral siga vigente. No hacerlo implicará la suspensión o, en algunos casos, la extinción de la prestación.

Las condiciones de acceso

Las condiciones de acceso están tasadas. No se podrá compatibilizar la prestación con empleos en empresas afectadas por un expediente de regulación de empleo, ni con aquellas en las que se haya trabajado durante los doce meses previos. Tampoco se admiten contrataciones en las que exista parentesco hasta segundo grado con la persona empresaria o con quienes ostenten cargos de dirección o administración de la sociedad. Además, la compatibilidad está expresamente vetada a quienes cobran el paro tras un ERTE o en el marco del Mecanismo RED.

El esquema prevé también supuestos en los que la jornada completa resulte de varios contratos a tiempo parcial. En estos casos, si se produce el cese en alguno de ellos y la suma de horas queda por debajo del 100%, el CAE debe suspenderse y comunicarse al SEPE. Si esa finalización parcial responde a una situación legal de desempleo, la persona podrá seguir cobrando la prestación, esta vez vinculada al trabajo parcial que mantenga, con la correspondiente deducción proporcional.

Situación legal de desempleo, la pieza clave

El concepto de “situación legal de desempleo” se convierte en pieza central de este mecanismo. Bajo esta fórmula se engloban las causas de finalización o suspensión de un contrato que no dependen de la voluntad del trabajador o trabajadora: desde un despido a la expiración de un contrato temporal, pasando por la no superación del periodo de prueba o el cierre de la empresa. También se incluyen circunstancias específicas como el cese en cooperativas por causas económicas, la salida forzada del empleo del hogar o la decisión de abandonar un puesto tras sufrir violencia de género o sexual.

La norma contempla, asimismo, situaciones derivadas de la decisión de la persona trabajadora cuando concurren causas graves: modificaciones sustanciales en la jornada o el salario, impagos reiterados, traslados forzosos que obligan a cambiar de residencia o pérdida de confianza en el ámbito del empleo doméstico por conductas acreditadas. Incluso el retorno de emigrantes españoles desde el extranjero figura en la lista de supuestos que permiten mantener la protección.

En conjunto, el nuevo Complemento de Apoyo al Empleo busca reforzar la transición desde el paro hacia el trabajo, evitando que las personas se vean obligadas a elegir entre ingresar un salario o mantener su prestación. El reto ahora es doble: garantizar que el procedimiento de solicitud sea ágil y accesible, y que las personas beneficiarias estén debidamente informadas para no perder un derecho que, en muchos casos, puede suponer un apoyo decisivo en la reincorporación al mercado laboral.

El subsidio por desempleo es una de las prestaciones más comunes del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), dirigida a personas que han agotado el paro contributivo o que cumplen determinados requisitos de renta y situación familiar. Sin embargo, a diferencia de la prestación contributiva, no se concede de una sola vez por toda su duración, sino que exige un trámite periódico: la prórroga. Realizarla en plazo es fundamental para no perder el derecho al cobro.

Según la normativa del SEPE y las guías de gestión del sistema PROSUB, la prórroga consiste en confirmar periódicamente que el beneficiario sigue cumpliendo las condiciones que dieron lugar al subsidio, principalmente en materia de rentas y cargas familiares. Este procedimiento es obligatorio para todos los subsidios de larga duración, como el de mayores de 45 años, el de cargas familiares o el de mayores de 52 años, entre otros. La renovación permite al organismo comprobar que no ha habido cambios que afecten a la ayuda.

¿Cada cuánto tiempo hay que prorrogarlo?

La regla general es que los subsidios se reconocen inicialmente por un período de seis meses, prorrogables hasta agotar la duración máxima prevista en cada modalidad. Por tanto, cada seis meses el beneficiario debe solicitar la prórroga. Así ocurre, por ejemplo, con el subsidio por ayuda familiar o el de mayores de 45 años.

Ahora bien, existen particularidades. El SEPE recuerda que en algunos subsidios el primer control de rentas se realiza a los tres meses, antes de conceder la siguiente prórroga de seis. Es el caso de quienes inician el subsidio tras agotar una prestación contributiva: el reconocimiento inicial puede concederse por tres meses, y después pasar a renovaciones semestrales. En todos los casos, lo relevante es estar atento a la fecha exacta indicada en la resolución de concesión para no incurrir en retrasos.

Quiénes deben hacerlo y quiénes no

Deben prorrogar su subsidio todos los beneficiarios que lo perciben por un tiempo superior a seis meses, salvo que se trate de ayudas extraordinarias como la Renta Activa de Inserción (RAI) o el subsidio extraordinario por desempleo (SED), que funcionan con otra lógica y se conceden por períodos anuales completos. También quedan fuera las prestaciones contributivas, que no requieren ningún trámite intermedio.

En el caso específico del subsidio para mayores de 52 años, aunque se renueva de forma automática hasta la edad de jubilación, el beneficiario está obligado a presentar anualmente la declaración de rentas para mantenerlo. Por tanto, en esta modalidad no se habla de prórroga semestral, pero sí de la necesidad de acreditar ingresos una vez al año.

Cómo y cuándo solicitar la prórroga

El trámite puede realizarse en cualquier oficina de empleo, con cita previa, o a través de la sede electrónica del SEPE, mediante certificado digital, Cl@ve o DNI electrónico. El plazo es muy estricto: debe presentarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se cumplen los seis meses de subsidio, o tres en aquellos casos en que así se haya reconocido inicialmente. Si se deja pasar el plazo, el subsidio se extingue y la persona deberá volver a solicitarlo, con el riesgo de perder parte de la ayuda.

La documentación suele ser mínima: basta con el impreso de solicitud y, en algunos casos, justificantes de rentas o cargas familiares actualizadas. El sistema PROSUB del SEPE está diseñado para automatizar gran parte de la verificación, pero requiere siempre la confirmación expresa del solicitante.

El recordatorio del SEPE

El propio organismo ha utilizado sus canales oficiales para recordar esta obligación. En un tuit reciente publicado en su cuenta de X (antes Twitter), el SEPE subrayaba: “Recuerda que, si percibes un subsidio por desempleo, debes solicitar su prórroga cada seis meses para mantener el derecho. Es un trámite sencillo y puedes hacerlo desde la sede electrónica”.

El mensaje ha servido como recordatorio a miles de beneficiarios, muchos de los cuales tienden a confundir este procedimiento con el sellado del paro, cuando en realidad se trata de gestiones diferentes.

Qué ocurre si no se prorroga

El incumplimiento de la prórroga implica la pérdida del subsidio a partir del día en que se debía haber renovado, sin posibilidad de cobrar los días perdidos aunque se reactive después. En algunos casos puede incluso obligar a presentar una nueva solicitud completa, con el consiguiente riesgo de quedar excluido si se han superado los límites de renta o cambiado las circunstancias familiares. Por eso, el SEPE insiste en que el beneficiario esté atento a los plazos y realice la gestión con puntualidad.

El subsidio por desempleo para mayores de 52 años se mantiene intacto tras la reforma del nivel asistencial que entró en vigor el 1 de noviembre de 2024, según ha querido aclarar el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Ante la confusión generada por los primeros borradores del Real Decreto-ley 2/2024, el organismo ha lanzado un mensaje tranquilizador a través de su perfil oficial en X (antes Twitter), recordando que las condiciones de esta prestación no han sido modificadas. El anuncio llega en un momento especialmente delicado para miles de beneficiarios que dependen de esta ayuda como único sustento económico.

La precisión del SEPE viene motivada por los efectos arrastre de una reforma aprobada en Consejo de Ministros el pasado 21 de mayo y convalidada en el Congreso el 20 de junio. Aunque el nuevo texto legal introduce numerosas novedades que afectan a varios subsidios del nivel asistencial, el subsidio específico para mayores de 52 años conserva sus dos características principales: una cuantía mensual equivalente al 80% del IPREM, es decir, 480 euros, y una cotización del 125% de la base mínima durante todo el periodo de percepción.

Una reforma con muchas novedades, pero sin impacto en esta ayuda

El objetivo principal del nuevo diseño normativo es simplificar los procedimientos y mejorar el acceso a las prestaciones por desempleo. Así, desaparecen trabas burocráticas como el mes de espera para solicitar un subsidio o el concepto de “días consumidos”. También se amplía a seis meses el plazo de solicitud desde la situación que da derecho al subsidio y se elimina el doble requisito de carencia de rentas propias y familiares.

Además, se establece la compatibilidad de las prestaciones con las becas y ayudas para formación profesional, y se reconoce explícitamente la compatibilidad temporal con el trabajo remunerado. Con el nuevo complemento de apoyo al empleo (CAE), los beneficiarios de subsidios podrán mantener la ayuda hasta 180 días mientras trabajan por cuenta ajena, ya sea a jornada parcial o completa. Pasado ese periodo, el subsidio queda suspendido automáticamente.

No obstante, estas novedades no afectan al subsidio para mayores de 52 años. Como recuerda el SEPE, “no se ha modificado por la reforma del nivel asistencial”. Esta diferenciación es clave, ya que más de 270.000 personas perciben esta ayuda en España, y cualquier cambio puede tener un fuerte impacto socioeconómico.

La clave: las cotizaciones

La confusión se originó por el primer borrador de la norma, que incluía una reducción progresiva en las cotizaciones asociadas al subsidio para mayores de 52 años, pasando del 125% actual de la base mínima al 100%. Esta medida generó una intensa polémica política y fue uno de los principales motivos por los que Podemos votó en contra del texto original, provocando su caída en una primera votación parlamentaria. Tras nuevas negociaciones, el Gobierno de coalición eliminó esta medida de la versión final. En consecuencia, las personas que accedan o ya estén cobrando este subsidio continuarán generando derecho a pensión bajo las mismas condiciones que hasta ahora.

Nuevas cuantías y tramos en otros subsidios

Donde sí se producen cambios es en las cuantías de los demás subsidios del nivel asistencial. A partir del 1 de noviembre, las nuevas ayudas seguirán este esquema:

Este escalonado tiene como objetivo incentivar la búsqueda activa de empleo en los primeros tramos de percepción, antes de estabilizarse en el último tramo con una cuantía idéntica a la del subsidio de mayores de 52 años.

Cambios importantes para colectivos específicos

La reforma también contempla medidas dirigidas a grupos vulnerables. Se amplía la cobertura del subsidio por agotamiento de la prestación contributiva a menores de 45 años sin cargas familiares, siempre que hayan cotizado al menos 360 días. También se unifica la protección por desempleo para los trabajadores agrarios eventuales con la del resto de trabajadores, eliminando duplicidades en la gestión.

Otro cambio relevante es que los subsidios ya no serán de duración abierta, sino que deberán renovarse cada tres meses, presentando una solicitud de prórroga. Este nuevo marco exige, además, que los solicitantes presenten anualmente su declaración del IRPF y una declaración responsable de rentas.

El PSC, ERC y Comuns han registrado una proposición de ley que introduce el derecho al error de los ciudadanos, de tal manera que puedan evitar sanciones si han cobrado prestaciones de manera indebida siempre que haya sido de manera no fraudulenta.

La proposición, que es una modificación de la ley 26/2010 del régimen jurídico y de procedimiento de las Administraciones públicas, reconoce el derecho a las personas a no resultar perjudicadas por “errores administrativos o malas prácticas de la gestión pública”. La norma reconoce dos casuísticas: la primera es la de las personas vulnerables que reciben prestaciones “vinculadas a las necesidades esenciales de subsistencia” como la Renta Garantizada de Ciudadanía. A estas no se les podrá reclamar el dinero si han cobrado ayudas que no les correspondían, pero pueden demostrar que el error fue de la Administración.

La segunda casuística es la de las personas que hayan cobrado indebidamente porque su situación ha cambiado y, por tanto, ya no cumplen los requisitos, pero no lo han comunicado. Para ellas, la nueva norma prevé el derecho a rectificar errores ante la Administración. Esto se traduce en que, aunque sí deberán devolver el dinero cobrado, podrán evitar sanciones si demuestran que no ha habido mala fe.

Este cambio se introduce justo cuando el Departament de Derechos Sociales se encuentra en pleno proceso de inspección de las prestaciones cobradas por jóvenes extutelados que podrían haber recibido pagos indebidos. Por ahora, el Govern ha comunicado a más de un centenar de afectados que podrían tener una deuda con la administración de entre 6.000 y 46.000 euros.

Esta situación también afectó a 9.500 familias a las que la Generalitat reclamó un total de 71 millones de euros el octubre pasado por cobros indebidos de la Renta Garantizada de Ciudadanía. La deuda, de unos 7.500 euros de media, se generó precisamente porque algunas de estas personas comunicaron cambios en su situación personal y económica que hacían que ya no pudieran recibir la ayuda, pero la administración “tardó unos meses en registrar el cambio”, tal como afirmó en su momento el Govern. Y durante ese lapso de tiempo, las familias siguieron cobrando.

En ese caso, se acabó amnistiando esta deuda y los afectados no tuvieron que devolver el dinero. En el caso de los jóvenes extutelados, el Govern no descarta hacer lo mismo. Pero estas condonaciones podrían abrir la puerta a una demanda por malversación. Precisamente esta ley que prepara ahora el Parlament, dota a estas amnistías de garantías jurídicas para que eso no sucediera.

La nueva normativa tendrá carácter retroactivo y, por tanto, se aplicará a todas las personas que tengan un expediente abierto en el momento en que se apruebe la ley, tal como han explicado a este medio fuentes de los Comuns, la formación que ha impulsado este punto en concreto. Así, esta ley podría dar cobertura a los jóvenes extutelados a los que la Generalitat exigirá pagos, pero sólo si entra en vigor antes de que sus expedientes se cierren.

El proceso, según afirman los grupos que han participado en la norma, no será rápido. En tratarse de una proposición de modificación de ley, se pone ahora a disposición del resto de grupos parlamentarios para que hagan enmiendas. Y después de su estudio, será llevada al pleno del Parlament para su votación. Pero eso no pasará hasta el mes de octubre y eso teniendo en cuenta que los partidos impulsores consigan que se tramite por la vía de urgencia. Si no lo logran, la ley no llegaría al pleno hasta, mínimo, diciembre.

Por su parte, desde la Generalitat han asegurado que esta ley, independientemente de si llega a tiempo de amparar a los exutelados, está pensada para que casos como este no se vuelvan a repetir. “No tiene nombre que, fruto de un error, vayamos a reclamar a una persona vulnerable recursos que no tiene y a los que no puede hacer frente”, ha asegurado el conseller de Presidencia, Albert Dalmau.

“Tenemos que garantizar que no se produzcan casos como este, que son errores mayúsculos”, ha añadido. En este sentido, el conseller también ha destacado que el derecho al error aplica igualmente a los trabajadores públicos y al cuerpo de funcionarios. Estos se enfrentan a ser acusados de negligencia cuando cometen un error tramitando una prestación y, además, están obligados por ley a “perseguir” a las personas que hayan cobrado indebidamente. “A esto se le llama burocracia defensiva”, ha puntualizado.

“Estamos ante un acuerdo muy relevante”, según Dalmau, quien ha definido la reforma como “un mensaje de confianza hacia la ciudadanía, un cambio para tratarlos como adultos. La vida de la gente ya es suficientemente complicada, y ahora queremos que su relación con la Administración sea fácil”. Igualmente, ha asegurado que “no hay derecho a que cuando es la Administración la que se equivoca, persiga al ciudadano”.

Prestaciones proactivas

Otra de las novedades de la ley es que el Govern podrá recomendar y anticipar las prestaciones a las que tiene derecho cada ciudadano en función de su situación y momento vital. Actualmente, es la ciudadanía la que tiene que pedir que se le conceda una ayuda, pero esta normativa contempla que, mediante el uso de datos disponibles, la Administración pueda ser proactiva y simplificar los trámites de la ciudadanía, especialmente en momentos de cambio vital, como el nacimiento de un hijo, la defunción de la pareja, la jubilación o un despido.

Para que eso sea posible, cada persona deberá autorizar a la Administración que pueda usar sus datos personales a este efecto y podrá revocarlo en cualquier momento. De esta manera, se pretende conseguir que las ayudas lleguen a todas las personas que cumplen los requisitos para recibirlas, sobre todo a los colectivos más vulnerables que tienen menos capacidad para buscar y solicitar prestaciones.

“Es un cambio muy relevante para no dejar fuera del sistema a personas que no tiene acceso a la información o que se pierden entre la cantidad de ayudas. Queremos trabajar de forma anticipada e inteligente, avanzando hacia la personalización de los servicios”, ha añadido el conseller Dalmau.

En la línea de facilitar la relación entre la Administración y la ciudadanía, también se eliminará la obligación de cita previa para ser atendido presencialmente. Esta medida ya formaba parte del acuerdo del pacto del Acuerdo de Gobierno para reformar la administración, por el que ningún trámite con la Generalitat requería de cita previa. El cambio es que ahora, al dotar a esta decisión rango de ley, aplica a todas las administraciones públicas de Catalunya.

Por último, la norma también incorpora cambios para garantizar una comunicación más clara entre la Administración y la ciudadanía. Esto contempla el derecho a recibir información y resoluciones en un lenguaje llano, entendedor y accesible, dejando atrás las expresiones técnicas y jurídicas.

Lorena tiene 24 años. Fue una niña tutelada por la Generalitat y pasó parte de su infancia en un centro residencial. Al cumplir la mayoría de edad, tuvo que dejar el que hasta entonces había sido su hogar sin otro al que ir. La única ayuda que tenía era una prestación que el Govern otorga a los jóvenes extutelados mientras buscan trabajo y un piso.

Gracias a ese dinero, Lorena pudo encontrar un empleo y salir adelante. Pero hace pocos días recibió una carta que ha puesto su mundo patas arriba. La Generalitat sospecha que parte de la prestación que cobró durante algo más de tres años podría haber sido indebida, al no cumplir con todos los requisitos necesarios, y la avisa de que podría tener una deuda con la administración de hasta 22.548,78 euros.

Como ella hay un centenar más de jóvenes a quienes la Generalitat podría llegar a reclamar entre 6.000 y 46.000 euros por haber cobrado una prestación indebidamente. “Nos persiguen y nos asfixian. Van a por nosotros y eso es muy injusto”, asegura esta joven, que añade que a muchos de ellos nunca se les explicó debidamente cuáles eran los requisitos. “Teníamos que venir cada seis meses a firmar y a explicar si teníamos trabajo, si estudiábamos o lo que sea. Si algo iba mal, nos lo podrían haber dicho en su momento”, lamentan.

Por eso, algunas decenas de personas que se encuentran en la misma situación que Lorena se concentraron este lunes frente a las oficinas de la Dirección de Infancia (DGPPIA) para presentar una alegación contra este proceso de reclamación de prestaciones presuntamente indebidas por “injusta y desproporcionada”.

El Govern empezó a comunicar las posibles deudas el jueves pasado, sólo dos semanas después de que se hiciera público el resultado de la investigación de la Sindicatura de Cuentas, que constató que entre 2019 y 2022 se otorgaron más de 167 millones de euros en pagos inadecuados. De ellos, 4,7 millones (el 2,8%) fueron prestaciones a extutelados.

Las cartas recibidas, a las que ha tenido acceso elDiario.es, apuntan a posibles “incumplimientos de los requisitos” para recibir las prestaciones, informan a los afectados que se iniciará una revisión del dinero cobrado y avisan de la cuantía que se estima que se deberá devolver en caso de que los jóvenes no puedan demostrar que sí eran merecedores del dinero. “Es una burrada. Estamos totalmente solos y no tenemos dinero para abogados. No sabemos ni por dónde empezar”, lamentan estos jóvenes, que aseguran que nadie les ha dicho exactamente qué papeleo deben entregar. Y sólo tienen 10 días para hacerlo.

Desde la Generalitat apuntan que es una reclamación preventiva y que las personas consultadas tienen margen para poder desmentir la sospecha. Preguntados por este medio, aseguran que en algunos casos será suficiente con aportar el padrón o alguna documentación de Servicios Sociales. Pero esos detalles no se mencionan en las cartas.

“No entiendo qué les tenemos que dar, si ya lo saben todo”, se lamenta Lorena, que explica que periódicamente todos los jóvenes extutelados están obligados a reportar a sus referentes cuál es su situación laboral, educativa y habitacional. Eso se hace para constatar que siguen el itinerario de inserción social que se les exige para poder cobrar la prestación y para comprobar si, en caso de que hayan conseguido trabajo, siguen cumpliendo los requisitos.

Y es que la llamada prórroga asistencial es una ayuda económica equivalente al indicador de la renta de suficiencia que perciben los jóvenes extutelados hasta los 23 años o hasta que cobran un sueldo que, sumado a la ayuda, supere en 1,5 el importe de la renta anualmente. “Pero es que nadie nos informa de todas estas cosas”, se lamenta Tania. Es hermana de Lorena y está en su misma situación.

A ella, aunque sólo cobró la prestación por poco más de un año, le podrían reclamar más de 6.000 euros. El motivo es que durante un mes y medio le salió una sustitución que sumó a su trabajo habitual en el que cobraba alrededor de 900 euros. Hasta ahí todo iba bien y seguía sin pasarse del límite.

El problema llegó cuando le ofrecieron ampliar esa sustitución. Ahí Tania no tuvo en cuenta que, si seguía trabajando, sí se pasaría del máximo establecido. Sus referentes tampoco se lo dijeron, a pesar de que ella les comunicó que seguiría trabajando. “Yo informé debidamente, pero no me llegó ninguna notificación, ni un correo, ni nada”, asegura.

Finalmente, fue ella misma quien, algunas semanas después, se dio cuenta de que se estaba pasando del tope y decidió dejar la prestación. “Estoy muy agradecida de esta ayuda, pero ganaba más trabajando”, recuerda Tania que, en total, sólo cobró por encima del límite durante un mes y medio. Y ahora le pueden llegar a pedir 6.000 euros. “Pero es que no los tengo. ¿Cómo los voy a tener? Si lo único que hemos hecho es intentar salir adelante”, se lamenta la joven.

“Es que simplemente no nos llega”, añade su hermana. Ella también dejó de cobrar la prestación cuando encontró trabajo. Pero, en su caso, nunca compaginó ambas cosas. Aun así le piden más de 22.500 euros. ¿Por qué? “Mi carta dice que no cumplía el plan de trabajo individual. Y eso es mentira”, dice Lorena, resaltando la ironía. El plan que supuestamente dejó de seguir es un itinerario pensado para que los jóvenes puedan encontrar un empleo.

“No nos merecemos esta angustia”

“Se nos exigen unas cantidades de dinero imposibles. Y nos lo exige este sistema que, en principio, está diseñado para protegernos. Pero en realidad lo que hacen es expulsarnos. Nos parece bien que hagan una revisión de los fondos, pero no así”. Quien habla es Aster, una joven extutelada de 22 años que este lunes también acudió ante la Generalitat.

Pero ella no fue a poner una alegación, sino a preguntar por su caso en particular. Tal como cuentan estos jóvenes, que se están organizando a través de un grupo de WhatsApp muchos de ellos recibieron la carta entre el jueves y el viernes. Pero otros, al ver que a todos sus amigos se les requería dinero y a ellos no, quisieron asegurarse de que todo estaba bien y fueron a consultar sus perfiles en la web de la Generalitat.

Allí vieron que sobre ellos también pesaba la sospecha y que, aunque no hubieran recibido ninguna comunicación, el plazo de 10 días para presentar la documentación requerida ya había empezado a correr. “Menos mal que lo miraron porque si no entregan los papeles, tienen que pagar sí o sí”, dice Aster.

Ella también intentó mirar si también está en la lista, pero por un problema informático no consiguió entrar en su perfil y tuvo que pedir cita presencial. “No sé nada todavía”, dice visiblemente nerviosa. “No nos merecemos esta angustia ni pagar por una mala gestión que no ha sido culpa nuestra”.

Con estas palabras, Aster se refiere a las acusaciones de malversación que pesan sobre la Dirección de Infancia de la Generalitat y sobre las que la Oficina Antifraude está investigando actualmente. La base de las sospechas se encuentra en diversas denuncias presentadas por extrabajadores sociales que alertaban de entidades del tercer sector -en las que la Generalitat había externalizado la gestión- que seguían solicitando ayudas para jóvenes que ya no cumplían los requisitos.

Según las denuncias presentadas, las entidades podrían haberse quedado una parte de esa prestación, mientras pagaban la otra a los jóvenes para que siguieran yendo a firmar los documentos necesarios sin informarles de que estaban cobrando indebidamente.

“Nosotros no somos los culpables de la mala gestión. En todo caso, somos las víctimas”, dice Aster. “¿Por qué nos hacen esto?”, se pregunta. Lorena tiene una respuesta: “Nos quieren meter miedo. Y quieren que acabemos renunciando a la prestación. Al final, el mensaje es que es más fácil ponerte a trabajar en la calle, en negro”, asegura. “Míranos, los que estamos aquí no tenemos a nadie y salimos adelante como podemos. No es justo que nos hagan pasar por esto ahora”, añade.

Los jóvenes que se concentraron frente a la Dirección de Infancia relatan episodios de ansiedad después de haber recibido las cartas de la Generalitat. Hay quien se pasó la noche entera llorando y hay quien, incluso, pensó en quitarse la vida. “Es que, de verdad, no tenemos ese dinero. Sabemos que no hemos hecho nada malo, pero si nos dicen que igualmente tenemos que pagar, ¿qué vamos a hacer?”, se preguntan.

Desde la Generailitat reconocen que este requerimiento puede “generar molestias” y lamentan “el agravio que pueda ocasionar a los jóvenes”, pero insisten en que están “legalmente obligados a actuar cuando se detectan indicios de pagos indebidos”.

La Dirección de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA) de la Generalitat ha enviado centenares de correos a jóvenes extutelados que podrían haber recibido pagos por prestaciones indebidas. Esta comunicación se da sólo dos semanas después de que se hiciera pública el resultado de la investigación de la Sindicatura de Cuentas, que constató que entre 2019 y 2022 se otorgaron más de 167 millones de euros en pagos inadecuados. De ellos, 4,7 millones (el 2,8%) fueron prestaciones a extutelados.

Según ha avanzado el Diari Ara y ha confirmado este medio, las cantidades reclamadas van entre los 10.000 y 36.000 euros. Las cartas recibidas, a las que ha tenido acceso elDiario.es, apuntan a posibles “incumplimientos de los requisitos” para recibir las prestaciones, informa a los afectados que se iniciará una revisión del dinero cobrado y avisa de la cuantía que se estima que se deberá devolver.

Desde la Generalitat apuntan que es una reclamación preventiva y que las personas consultadas tienen margen para poder desmentir la sospecha aportando pruebas de que sí eran merecedores de las ayudas, tales como el padrón o documentación de Servicios Sociales.

Uno de los posibles incumplimientos que más figuran en estos documentos es “haber dejado de residir en Catalunya”. Esta es una infracción que detectó la Sindicatura de Greuges en su informe y que ya habían alertado diversos educadores sociales que pusieron denuncias anónimas frente a la Sindicatura y Antifraude.

Concretamente, lo que denunciaban los trabajadores es que había entidades del tercer sector -a quienes la Generalitat había externalizado la gestión de las prestaciones- que seguían solicitando ayudas para jóvenes que ya no vivían en Catalunya o que ya habían conseguido un trabajo. Según las denuncias presentadas, las entidades podrían haberse quedado una parte de esa prestación, mientras pagaban la otra a los jóvenes para que siguieran yendo a firmar los documentos necesarios.

Según los alertadores, muchos de los jóvenes no sabían que ya no tenían derecho a seguir cobrando las ayudas, ya que sus educadores de referencia no les habían informado y, de hecho, algunos de ellos no se han enterado de que estaban incurriendo en fraude hasta que han recibido la carta de la Generalitat. Pero también podría haber casos de gente que ha recibido cartas sin haber incurrido en ninguna irregularidad.

Uno de ellos es Andrea (nombre ficticio). Está a punto de cumplir 23 años y le piden más de 32.000 euros. “He calculado que es la totalidad de todo lo que he recibido desde que tengo 18 años”, asegura en conversación con elDiario.es. Afirma que lo tiene todo en regla y que ha cumplido todos los requisitos que se le exigían para seguir cobrando la prestación. Ha informado a su referente siempre que ha trabajado y ha adaptado el monto de la prestación en función de su sueldo para no pasarse del máximo establecido. Incluso llegó a devolver un mes y medio de ayuda que percibió un verano que tuvo un trabajo con un sueldo superior al permitido.

Y todo ello, a pesar de que lo que recibía apenas le llegaba para vivir. “Cuando empecé, la prestación era de 630 euros y ahora es de 750. ¿Para qué se supone que me sirve?”, se pregunta. Aun así, asegura que todos los jóvenes extutelados están “muy agradecidos” de la prestación. “Es lo único que tenemos cuando cumplimos la mayoría de edad y tenemos que salir de los centros. Es lo único que impide que tengamos que volver a una casa en la que nos pegaban o nos abusaban”, asegura

Afirma que tiene la documentación necesaria para demostrar que ella no ha cobrado nada indebidamente y recuerda que todos los extutelados tienen que presentarse ante su referente cada seis meses para constatar su plan de estudios, de trabajo y de salud mental. “Tienen toda nuestra vida en un PDF. Lo saben todo, ¿por qué nos piden ahora esto?”, se pregunta.

A Andrea, recibir la carta le valió un ataque de ansiedad. “Todos los niños que hemos vivido en centros tenemos depresión, trastornos de ansiedad o de estrés postraumático. Están asustando a chavales que no tienen nada, que estamos solos y que hemos tenido que luchar muchísimo cada día para llegar hasta donde hemos llegado”, apunta Andrea, quien recuerda que el 98% de los jóvenes extutelados en España trabaja, estudia o compagina ambas actividades. “No hay casi nadie que viva del cuento”, sostiene.

Ahora bien, alerta de que gestos como este pueden provocar que muchos jóvenes acaben renunciando a la ayuda. “Si lo haces todo bien y te reclaman el dinero igual, pues habrá que rechacen el dinero, dejen los estudios y se pongan a trabajar en negro. Y acabarán consiguiendo la imagen que hace años que buscan”.

Esta joven lamenta la “lucha” del colectivo de extutelados. “Hagamos lo que hagamos, nunca es suficiente. Siempre seremos los ladrones, los delincuentes. Los que nadie quiere en su país. No nos quieren y nos lo demuestran cada día”, remacha.

Más cartas en las próximas semanas

Los primeros en recibir las cartas han sido los que empezaron a cobrar las prestaciones antes, para evitar que el caso prescriba. También se han focalizado en los que están a punto de cumplir 23 años y que, por edad, dejarán de poder percibir la llamada “prórroga asistencial”.

A partir de aquí, la Generalitat explica próximamente empezará a enviar cartas sobre prestaciones concebidas en 2022, 2023 y 2024. Estas fechas ya están fuera del periodo de tiempo investigado por la Sindicatura de Cuentas (2019 – 2021), pero sí que contempla los años que ahora está estudiando Antifraude y sobre los que se espera que publique un informe próximamente.

Estas entidades también afean a la Generalitat que sólo se esté pidiendo el dinero a los jóvenes extutelados, aunque sólo representen el 2,8% de los pagos indebidos que se han detectado. Además, constatan que son uno de los sectores “más vulnerables” de la sociedad y aseguran que estas reclamaciones “pueden echar por tierra todo el trabajo de integración que han hecho”.

También afean que estas comunicaciones se hayan hecho mediante correo electrónico “sin previo aviso” a las entidades, que podrían haber puesto a los jóvenes sobre aviso. Desde la Generailitat reconocen que este requerimiento puede “generar molestias” y lamentan “el agravio que pueda ocasionar a los jóvenes”, pero insisten en que están “legalmente obligados a actuar cuando se detectan indicios de pagos indebidos”.

En la misma línea explican que este proceso de revisión es fruto de los “nuevos mecanismos de supervisión y control” que la consellera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, puso en marcha poco después de que saliera a la luz el caso de una menor violada y explotada en una red de pederastia mientras estaba bajo guarda de la Generalitat. Aquel caso coincidió en el tiempo con la investigación por supuestos pagos indebidos.

La Dirección de Infancia y Adolescencia en Catalunya (antes DGAIA ahora DGPPIA) pagó más de 4,7 millones de euros en prestaciones indebidas a jóvenes extutelados entre 2019 y 2022. Esta es una de las principales conclusiones que se extrae del informe que la Sindicatura de Cuentas ha publicado este miércoles.

La investigación se ha basado en la denuncia anónima de un extrabajador social que detectó un presunto entramado de fraude, falsificación de informes y pago de prestaciones indebidas. Además de la Sindicatura de Cuentas, el Síndic de Greuges y la Oficina Antifraude también están investigando los hechos y publicarán próximamente sus resultados.

El alertador denunció que fue obligado por su empresa a firmar documentos que acreditaban que diversos jóvenes extutelados seguían desempleados aunque no fuera así, para que pudieran seguir percibiendo ayudas y copagos de vivienda.

Estas prestaciones son gestionadas por las entidades, que reciben el dinero de la administración y lo trasladan a los beneficiarios. Pero según el extrabajador, las entidades se quedaban buena parte del dinero y dejaban una pequeña mordida a los jóvenes, “para comprar su silencio”.

Esta última parte será la que clarifique el informe de la Oficina Antifraude. Por su parte, la Sindicatura de Cuentas ha constatado que los 4,7 millones en pagos indebidos alcanzaron al 11,8% del total de beneficiarios. Entre ellos, destacan casos de jóvenes que estaban dados de alta en el régimen de la seguridad social o, incluso, que vivían en otras comunidades autónomas.

La Sindicatura de Cuentas apunta a que este descuadre es consecuencia del “sistema de externalizaciones” que ha diseñado el Departament de Derechos Sociales para gestionar las prestaciones. Se trata de un sistema licitado y puesto en marcha en 2022 por el Ejecutivo de Pere Aragonès, que adjudicó a la Fundació Resilis y a la Fundació Mercè Fontanilles la gestión de las ayudas.

“En las ocasiones en que las entidades son responsables del seguimiento y la valoración de las condiciones que dan derecho a percibir recursos públicos, se observa una situación de riesgo de conflicto de interés”, según se apunta en el informe. Además, la Sindicatura asegura que esta situación es “sostenida en el tiempo” y afea a la Administración que “no reclama la regularización de los copagos” ni de los pagos indebidos cuando se conoce que ha habido un error.

De hecho, según los datos recogidos por el mismo Departament de Derechos Sociales, entre 2016 y 2024 hubo 167,56 millones de euros en pagos indebidos en todo el conjunto de prestaciones, no sólo las de los jóvenes extutelados. De esos, 155,97 millones están en trámite de reclamación, pero hay 7,17 millones que, debido a su antigüedad, ya han prescrito y que jamás volverán a las arcas públicas.

Sólo en el caso de la Renta Garantizada de Ciudadanía hay 32.647 expedientes con posibles pagos indebidos pendientes de analizar, pero todos ellos son de hace más de 4 años, por lo que ya han prescrito.

La Sindicatura alerta que los pagos indebidos no responden siempre a conflictos de interés, sino a “falta de transparencia” y a “falta de organización” del Departament. “No tiene acceso directo ni disponibilidad de los datos vinculados a las prestaciones gestionadas”, asegura el informe.

Esto puede provocar que una parte de la población cobre una prestación que no le corresponde por error, no por mala fe. Ya sucedió en 2024, cuando 9.500 familias vulnerables cobraron unos 71 millones de euros en prestaciones indebidas porque la Generalitat no detectó cambios en su situación personal o porque no fueron registrados debidamente.

En este sentido, la Sindicatura recuerda que el sistema de ayudas funciona con ocho aplicaciones informáticas gestionadas por cuatro proveedores que “fragmentan” los datos y no están interconectadas entre ellas. Eso, además de facilitar el pago indebido, también provoca que haya muchas prestaciones que no llegan a quien deberían llegar.

En este sentido, el informe es contundente: “sólo la mitad de personas que tienen derecho a las prestaciones acaban accediendo a ellas”. Por todo ello, la Sindicatura (que alerta de que estas faltas podrían dar lugar a “hechos perseguibles administrativa y judicialmente) recomienda aumentar la transparencia, acabar con las externalizaciones y generar un sistema de prestaciones que no sea tan ”excesivamente complejo“ de gestionar ni fiscalizar.

Todas ellas son recomendaciones que van en la línea del plan de reforma presentado hace dos semanas por la consellera Mònica Martínez Bravo, que ha creado nuevas oficinas para fiscalizar las ayudas y prestaciones económicas y va a promover la internalización de los servicios. Ahora bien, por el momento no hay detalles de esta reforma ni del presupuesto que va a acabar requiriendo.

Una comisión para prevenir contra “depredadores”

La publicación del informe de la Sindicatura de Cuentas ha coincidido con la comparecencia de la consellera en la comisión del Parlament, convocada para dar explicaciones sobre el caso de la menor que fue violada bajo guarda de la DGAIA.

En la comparecencia, Martínez Bravo ha anunciado la creación de una comisión mixta formada por Mossos d'Esquadra y la DGPPIA para prevenir casos de “depredadores” de menores en riesgo. Se tratará de un órgano “permanente” que desplegará una serie de campañas de protección en el ámbito digital y que incluirá “campañas de concienciación masivas”.

Igualmente, se usará IA para detectar a posibles agresores y se ofrecerán canales de denuncia para menores a quienes se hayan vulnerado sus derechos.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) cuenta con mecanismos para proteger a los trabajadores que pierden su empleado de forma temporal, definitiva o que vean reducida temporalmente su jornada ordinaria de trabajo entre un 10 % y un 70 %. Se trata de una prestación contributiva con la que podrán percibir unos ingresos mínimos durante un tiempo, más conocida como paro. 

Sin embargo, para solicitar el paro hay que cumplir una serie de requisitos, como tener 360 o más días cotizados. Y también hay que tener en cuenta una serie de consideraciones. Por ejemplo, los plazos que se establecen para su solicitud, porque no podremos pedirlo si aún quedan días de vacaciones por disfrutar. 

Según explica el SEPE en su página web, si el trabajador se queda en paro y le quedan días de vacaciones por disfrutar, no puede solicitar su prestación contributiva todavía porque aún no se considera que haya quedado en “situación legal de desempleo”, requisito indispensable para tener derecho a la prestación por desempleo.

“La situación legal de desempleo se produce tras el período de vacaciones que no has disfrutado y que la empresa te ha pagado en la liquidación o finiquito, periodo en que sigue siendo obligatoria la cotización a la Seguridad Social”, detalla el servicio dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social. 

Una vez transcurrido ese periodo y hayamos consumido los días de vacaciones pendientes del empleo anterior, la persona tendrá un plazo de 15 días hábiles para solicitar la prestación contributiva (paro). Cabe recordar que para hacerlo hay que darse de alta previamente como demandante de empleo en el servicio de empleo de la comunidad autónoma.

¿Cómo solicitar el paro?

La solicitud hay que presentarla en el plazo de los quince días hábiles siguientes al último día trabajado o a la finalización del período equivalente a las vacaciones. Se puede presentar mediante varias vías: