Un año después del golpe de Estado militar que terminó con la apertura democrática de Myanmar, millones de birmanos han demostrado este martes que mantienen su pulso contra la junta con una “huelga de silencio” que ha paralizado todo el país.

Imágenes difundidas en las redes sociales y testimonios muestran calles completamente vacías en las principales ciudades, a pesar de que las fuerzas de seguridad llevan días presionando a la población incluso con amenazas de cárcel si participan en este movimiento de protesta silenciosa.

“Hoy, una vez más, la gente valiente de Myanmar ha demostrado que las huelgas silenciosas pacíficas contra la junta genocida son mucho más potentes que las acciones de terrorismo contra la población pacífica de Myanmar de la junta militar brutal y genocida”, ha dicho en Twitter Dr. Sasa, portavoz del autodenominado Gobierno de Unidad Nacional (NUG), un Ejecutivo paralelo opuesto a la junta.

“Las calles están muertas”

La “huelga de silencio” convocada por el movimiento opositor desde las 10 a las 16 hora local tenía el propósito de vaciar las calles y mandar un mensaje de rechazo a la junta militar que gobierna el país desde que el Ejercito derrocara al gobierno electo de Aung San Suu Kyi el 1 de febrero de 2021.

“Nadie ha perdido el espíritu de lucha, sigue muy fuerte”, dice a Efe desde Rangún un veinteañero que, como millones de birmanos, ha decidido no salir a la calle a pesar de reconocer la enorme presión de las autoridades en los últimos días.

Hein, un joven de 25 años residente en Mandalay ha descrito a Efe por teléfono “un silencio de muerte” en la segunda ciudad del país, a pesar de que los negocios han abierto sus puertas para cumplir con las normas de los militares.

En los últimos días, las autoridades han amenazando a través de visitas y cartas a los propietarios de negocios de que si cerraban este martes sus propiedades podrían ser confiscadas e incluso enfrentarse a penas de cárcel, según han revelado varias fuentes a Efe.

“En el mercado local obligaron a los vendedores a firmar un papel en el que se comprometían a abrir. Un esfuerzo fútil para que la huelga fracasara porque no hay compradores, las calles están muertas”, dice el joven por teléfono.

Espiral de violencia

Al final de la jornada, ciudadanos de todo el país han mostrado con aplausos, caceroladas y bocinazos su rechazo a la junta militar, que ha sofocado en el último año con extrema violencia las protestas pacíficas.

Más de 1.500 personas han muerto por la represión de la junta en el último año, mientras que 11.838 han sido arrestadas, según los datos publicados por la ONG Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP).

La incesante violencia de las fuerzas de seguridad ha desencadenado una espiral de violencia que ha sumido a buena parte del país en un conflicto civil, con combates constantes entre el Ejército y las Fuerzas de Defensa del Pueblo, constituidas oficialmente el pasado mayo y a menudo aliadas con milicias de minorías étnicas que llevan décadas alzadas en armas.

El experto en Defensa Anthony Davis, colaborador de IHS-Jane's, cifra en unos 5.000 los miembros plenamente activos de este conjunto de unas 50 milicias formadas en todo el país e impulsadas por el autodenominado Gobierno de Unidad Nacional (NUG), que declaró en mayo su “guerra defensiva” contra la junta.

Pese a su inferioridad numérica y armamentística, en los últimos meses han infligido dolorosas derrotas a un Ejército que se ve cada vez más aislado de la población y a menudo no tiene más recurso que la violencia para imponer su autoridad.

“Los militares están cada vez más desesperados, no son capaces de afianzar su poder, y en respuesta y movidos por el pánico intensifican la brutalidad”, aseguraba Debbie Stothard, directora de la ONG ALTSEAN-Burma, en una reciente charla organizada por el Instituto ISEAS- Yushof Isak.

El NUG, calificado de terrorista por la junta, es visto por muchos como la única alternativa viable, pese a sus dificultades internas al tener a sus miembros en la clandestinidad y a su falta de reconocimiento en el exterior.

Condena internacional

Las potencias más beligerantes con la Junta, como Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Reino Unido han respondido en los últimos meses con sanciones que trataban de dañar los intereses económicos de los militares y condenas.

Las últimas condenas se han producido este mismo martes por parte de la UE, EEUU, Albania, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Noruega, Corea del Sur, Suiza y el Reino Unido, que de forma conjunta han reclamado el final de la represión en el país. EEUU ha ido más allá el lunes al anunciar nuevas sanciones económicas contra dos empresas y varios ciudadanos birmanos, entre ellos el presidente del Tribunal Supremo del país.

Mientras tanto, el general golpista Min Aung Hlain, autoproclamado primer ministro, ha seguido reivindicando la labor de su gobierno, subraya que mantiene buenas relaciones con China y Rusia y reconoce como única flaqueza el alza de precios del carburante y la falta de suministros.

La junta militar, que tomó el poder alegando un fraude masivo en las elecciones celebradas en noviembre de 2020, ha condicionado la celebración de nuevos comicios y el regreso a la democracia a la “estabilidad” del país, sin mencionar una fecha concreta.

El golpe de Estado fue acompañado del arresto de los principales dirigentes de la Liga Nacional para la Democracia, el partido ganador de los comicios en el que milita Suu Kyi, inmersa en un calvario judicial con cuatro condenas por un total de seis años de prisión y acusaciones que pueden costarle décadas entre rejas.

La Policía de Myanmar presentó este miércoles cargos contra la depuesta líder del país, Aung San Suu Kyi, por violar supuestamente una ley de importación y exportación, por lo que permanecerá detenida al menos dos semanas más.

Según los informes policiales a los que ha tenido acceso Efe, la Policía acusa a Suu Kyi de haber encontrado en su vivienda un aparato de comunicación telefónica importado ilegalmente y cuyo uso solo está permitido por el Gobierno o el Ejército. Según informa la agencia AP, se trata de varios walkie-talkies.

La premio Nobel de la Paz, que se encuentra en arresto domiciliario desde que este lunes el Ejército diera un golpe de Estado, se podría enfrentar a una pena de hasta tres años de cárcel por ese delito.

La Policía además presentó cargos contra el también depuesto presidente U Win Myint, que está acusado de quebrantar la ley de gestión de desastres naturales, entre los que se incluye la pandemia, al haber desplazado 220 vehículos para visitar algunas zonas junto a su esposa cuando la presencia de la COVID-19 prohibía la reunión de más de 30 personas.

U Kyi Toe, miembro del comité central de comunicaciones de la Liga Nacional para la Democracia (LND), ha confirmado en Facebook los cargos contra el presidente y la consejera de estado depuestos.

Mientras que Win Myint fue interrogado en un centro militar de Rangún, no está claro si Suu Kyi sigue en su residencia oficial en Naipyidó en arresto domiciliario o también ha sido trasladada para ser sometida a un interrogatorio.

La hasta ahora líder de Birmania y premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, pidió este lunes a los ciudadanos que no aceptaran el golpe de Estado perpetrado por el Ejército y que protestaran. Aunque en las primeras horas tras el golpe el país aparentaba normalidad, en la noche del martes se produjeron las primeras protestas en Rangún, la ciudad más poblada.

Los golpistas declararon el lunes un estado de emergencia para mantenerse en el poder durante un año con la promesa de celebrar elecciones y entregar el poder al partido vencedor en las urnas.

Hace diez años había mucha esperanza. Al terminar una fría tarde de noviembre de 2010, los temidos militares de Myanmar retiraban de la Avenida de la Universidad las barricadas que durante tanto tiempo habían separado a Aung San Suu Kyi de su pueblo.

El periódico The Guardian informó así de la euforia del momento: “En longyis [la falda tradicional birmana] y sandalias, los partidarios de Aung San Suu Kyi cubrieron corriendo los 400 metros que había hasta la puerta principal de su casa. Una mujer que llevaba colgado en su camisa un retrato de ”La Dama“ lloraba y gritaba su nombre mientras corría. Se agolpaban contra la antigua valla de bambú, cantando y coreando 'larga vida a Aung San Suu Kyi”.

El fin del arresto domiciliario de Suu Kyi fue recibido en todo el mundo con un entusiasmo similar. Primeros ministros y presidentes veían en su libertad el amanecer de una nueva era democrática en el país después de tanto tiempo bajo la implacable bota de la rígida junta militar.

La hija del 'Padre de la Nación' –el general Aung San, fundador de las fuerzas armadas y adalid de la independencia birmana– se había convertido en un símbolo de la resistencia democrática pacífica tras 15 años de arresto domiciliario (de un total de 21).

El comportamiento de Suu Kyi a lo largo de su detención fue irreprochable. Distinguida con premios como el Nobel, el Sájarov o la Medalla Presidencial de la Libertad de Estados Unidos, era un modelo de gracia y dignidad frente a la brutal represión.

Pero en los 10 años transcurridos desde su liberación, Suu Kyi pasó de ser un ícono democrático a una política en activo, cayendo estrepitosamente de su pedestal. Desde la perspectiva de Occidente, fue un eclipse paulatino hasta que se derrumbó a toda velocidad.

Su partido, la Liga Nacional para la Democracia, ganó con soltura las elecciones de 2015. Al no poder ser presidenta por tener hijos extranjeros (con el fallecido académico Michael Aris), se convirtió en consejera de Estado y ministra de Asuntos Exteriores. La líder de facto del país.

Sin embargo, las concesiones que tuvo que hacer a un ejército que, gracias a la nueva Constitución, seguía controlando los principales ministerios y el 25% de los escaños del Parlamento, representaron una debilidad fundamental.

La prometida liberalización económica fue tímida y llena de favoritismos. El anhelado desarrollo para los más pobres del país nunca llegaba y crecía la preocupación de que su aquiescencia legitimara a un régimen aún bajo el control de los uniformados y profundamente antidemocrático.

Pero lo más notorio fue su falta de voluntad, o su incapacidad, para condenar las atrocidades cometidas por el Ejército fundado por su padre en el genocidio contra la minoría rohingya del oeste del país. Incendiaron sus aldeas y violaron y mataron a los que no podían escapar por la frontera con Bangladesh.

El mundo pidió a Aung San Suu Kyi que defendiera a los más marginados, a los más oprimidos de la nación que dirigía. En lugar de defensa, hubo disimulo. “La situación en el estado de Rakhine es compleja y difícil de entender”, declaró ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. También dijo que las acusaciones de genocidio ofrecían una “imagen de la situación incompleta y engañosa”.

Aung San Suu Kyi siempre ha sido una nacionalista birmana y su concepto de nación está profundamente ligado a la identidad étnica. Como hija del mayor héroe nacionalista del país, es un pilar fundamental de su filosofía personal y política. La situación de las múltiples minorías étnicas de Myanmar (no sólo los rohingyas) fue siempre su punto ciego.

Pero aunque cayó sin contemplaciones en la consideración de la comunidad internacional, en Myanmar sigue siendo muy querida. En las elecciones de noviembre del año pasado, su partido obtuvo mejores resultados incluso que en 2015, lo que le aseguró otros cinco años en el poder. Aun así, los militares se han negado a aceptar el resultado y han tomado el control del país, deteniendo este lunes a Aung San Suu Kyi y a muchas otras figuras del principal partido del país. Las fuerzas armadas alegan que en las elecciones hubo fraude (una información que los analistas aseguran que tiene poca credibilidad)

En Myanmar, su detención será vista como una vuelta a los oscuros días del opresivo gobierno militar. Los militares han anunciado que tomarán el control del país durante todo un año y han declarado el estado de emergencia. Internet y la línea telefónica se han cortado en muchas regiones.

Dado el estatus de Aung San Suu Kyi como icono nacional, las acciones del Ejército podrían fácilmente acabar siendo contraproducentes, según el analista independiente David Mathieson: “No creo que los militares puedan contar con la inacción de mucha gente en todo el país”, dice. “Hay una generación que creció con ella en arresto domiciliario y una generación más joven que creció con ella siendo libre y que la apoya de verdad. Y hay mucha gente en los estados étnicos que no la soportan, ni a ella ni a su partido, pero que odian a los militares”, añade.

En el resto del mundo, y a pesar de que la reputación de Aung San Suu Kyi está irremediablemente manchada, la toma de control por parte de los militares ha sido recibida con una vehemente condena internacional. En el interior del país, hay una profunda sensación de incertidumbre.

“Se acaban de abrir las puertas a un futuro muy diferente”, escribió el historiador birmano Thant Myint-U. “Tengo la sensación de que nadie podrá controlar lo que venga después. Y hay que recordar que Myanmar es un país inundado de armas, con profundas divisiones étnicas y religiosas y donde millones de personas apenas tienen para comer”.

Traducido por Francisco de Zárate

La Corte Internacional de Justicia (CIJ), el principal órgano judicial de la ONU, ha ordenado este jueves a Myanmar la aplicación de medidas cautelares para proteger a la minoría musulmana rohingyas de un supuesto genocidio. El alto tribunal de la ONU ha decidido, por unanimidad, obligar a Myanmar a tomar “todas las medidas a su alcance” para prevenir crímenes contra los rohingyas en su territorio, como el asesinato de sus miembros.

Según publica The Guardian, la corte ha determinado que los 600.000 rohingyas que todavía permanecen en el país son “extremadamente vulnerables” a la violencia militar.

El Ejército también deberá evitar otros delitos que puedan cometerse contra la minoría musulmana, como que sus miembros sean víctimas de “daños mentales o corporales” o la imposición de medidas “que prevengan el nacimiento” de rohingyas. Asimismo, tanto el Ejército de Myanmar como “grupos armados irregulares” no podrán cometer actos que supongan la comisión del delito de genocidio o de intento de genocidio, según recoge EFE.

Las medidas “deberán ser efectivas”, ha dicho el presidente de la CIJ Abdulqawi Ahmed Yusuf, que ha leído la decisión. Ha añadido que las autoridades de Myanmar tendrán que “preservar las evidencias relacionadas con las alegaciones” de genocidio, las cuales se estudiarán cuando se juzgue el fondo del asunto.

El fallo llega después de que la antigua Nobel de la Paz y líder birmana, Aung San Suu Kyi, que encabeza la defensa contra su país negara las acusaciones de violaciones de derechos humanos y los crímenes de guerra que se presentaron contra ella durante las vistas preliminares que tuvieron lugar en el mes de diciembre.

Este dictamen hace referencia solamente a la petición de Gambia de aplicar medidas preliminares, pero en ningún caso es la decisión final del alto tribunal, que podría tardar años en llegar. Por unanimidad, los 17 jueces han solicitado a Myanmar que tome las medidas que estén a su alcance para prevenirlos daños a la minoría musulmana y dar cuenta de ello en cuatro meses. Una vez entregado ese primer informe, Myanmar deberá entregar otro cada seis meses con un seguimiento del cumplimiento de esas medidas hasta que los jueces se pronuncien sobre el fondo del caso.

En la vista de diciembre, Suu Kyi defendió como “conflicto armado” la violencia en el estado de Rakhine, al oeste del país , y explicó que el término “operaciones de limpieza” utilizado por los militares para las actuaciones de respuesta en Rakhine “ha sido distorsionado”, porque “en la lengua de Myanmar significa 'liberación de localidades en busca de terroristas'”. “En mi país no se toleran las violaciones de derechos humanos”, afirmó en diciembre quien fuera galardonada con el Nobel de la Paz en 1991.

El ministro de Justicia de Gambia, Abubacarr Tambadou, por su parte, explicó que “otro genocidio está sucediendo ante nosotros, pero no hemos hecho nada para pararlo”, y añadió que “lo único que pide Gambia es que le diga a Myanmar que detenga estos asesinatos sin sentido, estos actos de barbarie que siguen escandalizando nuestra conciencia colectiva”.

Gambia, basándose en la Convención contra el genocidio, denuncia el intento de exterminio de los rohingyas en nombre de los 57 países de la Organización para la Cooperación Islámica, basándose en informes elaborados por la ONU, que documentó la violencia sufrida por unos 700.000 rohinyás que huyeron de Myanmar a Bangladesh tras dos oleadas de brutales operaciones militares en 2016 y 2017, donde murieron miles de civiles.

En un encuentro con un alto cargo de la ONU, Aung San Suu Kyi evitó comentar los informes sobre la violación de mujeres y niñas rohingyas por parte de las tropas y la policía de Myanmar, según una comunicación interna a la que ha accedido the Guardian.

Pramila Patten, enviada especial en materia de violencia sexual en conflictos, viajó al país a mediados de diciembre para una visita de cuatro días en la que abordar la crisis con autoridades gubernamentales.

Patten señaló que Aung San Suu Kyi, consejera de Estado en el gobierno de Myanmar, rehusó entrar en ninguna “discusión sustancial” sobre informes que apuntan a una violencia sexual “generalizada y sistemática” en el estado de Rakáin, al norte del país, por parte de soldados, guardia fronteriza y las milicias budistas de Rakáin.

“La reunión con la consejera de Estado fue una llamada cordial de cortesía de aproximadamente 45 minutos que careció, desafortunadamente, de naturaleza sustancial”, escribió Patten en una carta enviada la semana pasada al secretario general de la ONU, António Guterres.

Más de 655.000 rohingyas, miembros de una minoría musulmana perseguida, han huido a campos de refugiados en Bangladesh desde que empezó en agosto la oleada de violencia en el estado birmano de Rakáin. Médicos sin Fronteras cree que al menos 6.700 rohingyas fueron asesinados durante “operaciones de limpieza” que supuestamente se dirigían a militantes. Muchos supervivientes dicen que mujeres y niñas fueron violadas en grupo.

En lugar de hablar sobre las alegaciones, Patten señala que Aung San Suu Kyi le informó que tendría “un buen número de reuniones” con autoridades superiores de Myanmar.

Durante estas reuniones, los representantes del gobierno militar y civil le dijeron que los informes sobre las atrocidades eran “exagerados e inventados por la comunidad internacional”.

“Y lo que es más, se expresó la creencia en que los que han huido lo hicieron debido a su vinculación con grupos terroristas y que lo hicieron para eludir la actuación de la ley”, escribió Patten.

Una investigación militar dudosa

El Ejército de Myanmar se ha deshecho de toda acusación de abusos en una investigación interna señalada como “manipulación” por parte de grupos de derechos humanos.

En su viaje al país, Patten se encontró con el hombre que dirigió la investigación, el teniente general Aye Win, que le explicó su metodología.

“La investigación militar, que consistió en hombres armados en uniforme ‘interrogando’ a civiles en grandes grupos, a menudo filmados en cámara, y dando parte a las comunidades después de su testimonio y cooperación, tuvo lugar claramente bajo circunstancias coercitivas, de forma que nadie tuviera ningún incentivo para presentar quejas”, escribió Patten.

“En consecuencia, más de 800 entrevistas dieron lugar a cero informes sobre violencia sexual o de otro tipo contra civiles por las fuerzas de seguridad armadas”, añadió Patten.

La enviada especial también expone su preocupación sobre los planes de mandar de vuelta a Myanmar a los rohingyas que han huido, citando el “clima de impunidad predominante” en el país.

Repatriaciones para enero

Bangladesh y Myanmar han acordado la repatriación “rápida” de los rohingyas, programada para comenzar a finales de enero.

Pero muchos rohingyas han dicho que no volverán de manera voluntaria hasta que no les otorguen la ciudadanía, así como garantías de que estarán a salvo y no llevados a campos de internamiento. Decenas de miles han vivido en campos así en lugares del estado de Rakáin desde que comenzó la violencia en 2012.

Skye Wheeler, la investigadora del Observatorio de Derechos Humanos que investigó las denuncias de violencia sexual, dijo que Myanmar está negando “una verdad terrible”.

“La falta de reconocimiento o de preocupación por parte de las autoridades de Myanmar, incluida Auung San Suu Kyi, que han mostrado respecto a las mujeres y niñas que han sido violadas brutalmente por parte de soldados de Myanmar como parte de su campaña de limpieza étnica es casi tan impactante como los propios crímenes”, dijo Wheeler a the Guardian.

“Que se niegue una verdad tan terrible es como un segundo ataque. Soportar una atroz violación en grupo y después ser ignorada, como si no importases para nada”.

El gobierno de Myanmar no hizo comentarios tras ser contactado para este artículo.

Traducido por Marina Leiva

El Papa llegó este lunes a Myanmar, donde se encontrará una Iglesia que le ha recomendado prudencia a la hora de referirse a la persecución de la minoría musulmana rohingya y que apoya fuertemente a la jefa del Gobierno, Aung San Suu Kyi, pese a las críticas internacionales.

Tras casi once horas de vuelo, el pontífice argentino llegó al aeropuerto de Rangún a las 13.30 horas locales (7.00 GMT) donde fue recibido por un delegado de Gobierno. Durante el vuelo, el papa se limitó a saludar y agradecer el trabajo que harán los 66 periodistas que viajan con él, entre ellos la enviada de Efe, y recordar que quizá “hará mucho calor”.

Tras su llegada y para descansar del largo viaje, Francisco se trasladó a la residencia del arzobispo de Rangún, Charles Maung Bo, nombrado cardenal en 2015 por el propio Jorge Bergoglio.

Hoy no está previsto ningún acto oficial en el programa pontificio, pero no se excluye que el papa haga alguna visita por sorpresa durante la tarde. Francisco se alojará en el arzobispado debido a que aún no existe una nunciatura (embajada vaticana), pues las relaciones entre ambos Estados se iniciaron en mayo de este año, y ya hoy podrá abordar con el purpurado birmano cómo encontrar un equilibrio lingüístico para hablar de los rohingyas.

Paradójicamente fue el papa argentino quien en febrero de este año lanzó su llamamiento a la comunidad internacional sobre el drama que estaban viviendo los rohingyas, la minoría musulmana que vive en oeste de Birmania, “expulsados, torturados y asesinados por su fe”, dijo durante un Angelus.

“Van de un sitio a otro porque no les quieren. Son buenos. No son cristianos. Son gente pacífica. Son nuestros hermanos y hermanas y desde hace años que sufren, son torturados, asesinados, simplemente por seguir con su fe musulmana”, aseguró entonces.

“Llegan tristes noticias sobre la minoría religiosa de los rohingyas. Expreso mi cercanía hacia ellos y pedimos que se salven y haya hombres y mujeres de buena voluntad que les ayuden y den plenos derechos. Recemos por los hermanos rohingyas”, reiteró de nuevo durante otro Angelus el pasado agosto.

La iglesia birmana pide silencio sobre los rohingyas

Sin embargo, la iglesia de Birmania en pleno ha pedido expresamente al papa que no pronuncie el término “rohingya”.

El portavoz de la Conferencia episcopal de Myanmar (CBNM), Mariano Soe Naing, aseguró en declaraciones a la agencia vaticana Asianews “que la relación con los conciudadanos budistas es muy buena, no existen hostilidades. Los problemas podrían surgir si el Santo Padre utilizará el término rohingya. Esto daría pretexto a los extremistas para crear tensiones”.

Según Asianews, la mayoría de la población, que profesa el budismo, critica duramente la invitación del papa a orar por el reconocimiento de los derechos de esta minoría musulmana, que afronta una gran represión y persecución en el país, a la que acusan de favorecer las infiltraciones de islamistas en el país.

El obispo de Bhamo y exdirector de Caritas Myanmar, Raymond Sumlut Gam, también desveló a esta agencia que “afirmar que los rohingyas son perseguidos podría generar graves tensiones en Myanmar”.

Francisco viajará mañana a la capital, Naipyidó, para reunirse con el presidente del país, Htin Kyan, y la jefa de facto del Gobierno birmano, Aung San Suu Kyi, quien ha recibido numerosas críticas de la comunidad internacional por su comportamiento con los rohingyas, la última del Gobierno de Estados Unidos, que consideró que se está cometiendo “una limpieza étnica”.

Hay numerosas denuncias de organismos internacionales y Naciones Unidas, que alertan, entre otras acciones, de violaciones sistemáticas del ejército birmano contra mujeres rohingyas. Médicos Sin Fronteras ha registrado casos de violaciones en grupo a niñas de hasta 10 años.

La Iglesia católica birmana, con 16 obispos, y sobre todo el cardenal Bo se ha mostrado en estos últimos meses siempre al lado de la nobel de la Paz, recordando su “compromiso en favor de la democracia” y “los sacrificios personales que atravesó durante la dictadura militar”.

El cardenal Bo ha sido uno de los más acérrimos defensores de la líder birmana al considerarla la única que puede llevar a la paz al país. El mismo cardenal respondió a las críticas a “la Dama”, como la llaman en su país, argumentando que “atribuirle la culpa de todo y estigmatizar su respuesta (sobre los rohingyas) es realmente contraproducente”.

El cardenal también ha aconsejado a Francisco que se reuniese con el Jefe del Ejercito, Min Aung Hlaing, el principal responsable de haber lanzado una terrible ofensiva contra los rohingyas y a quien recibirá el 30 de noviembre en privado en el arzobispado.

¡Por fin llegó el momento! Los días son cada vez más cortos y ya se pueden oler las exquisiteces nórdicas. Sí, el lunes fue el inicio de la temporada de los premios Nobel, la ceremonia de entrega de premios más prestigiosa del mundo y nuestro recordatorio anual de que Noruega existe. El premio Nobel tiene seis categorías diferentes, pero las únicas a las que la mayoría presta atención son el premio Nobel de Literatura (especialmente si va para una estrella del rock) y el de la Paz.

Recientemente ha habido un poco de revuelo con el prestigioso premio de la paz por todo ese tema de Aung San Suu Kyi siendo cómplice en un genocidio. El mes pasado, Aung San Suu Kyi, a quien se le concedió el premio Nobel de la Paz en 1991 “por su lucha no violenta por la democracia y los derechos humanos”, pasó semanas intentando no mencionar nada sobre los abusos de derechos humanos que se están cometiendo contra los musulmanes rohingya en Myanmar. Cuando finalmente rompió su silencio a finales de septiembre, fue un discurso al más puro estilo Trump culpando a “ambas partes”. Amnistía Internacional denunció el discurso como una “mezcla de falsedades y acusaciones a las víctimas”.

El comportamiento de Aung San Suu Kyi ha llevado a muchos a creer que ya no se merece estar galardonada con el Nobel de la Paz y la semana pasada casi medio millón de personas había firmado una petición exigiendo a la organización revocar su premio. Entiendo por qué tanta gente se siente decepcionada con Aung San Suu Kyi. De verdad lo entiendo. Pero argumentar que no se merece su Nobel no tiene sentido. Perdonadme, pero Aung San Suu Kyi se merece absolutamente su premio. Pedir al comité Nobel que lo revoque es no entender lo que representa. Que, por decirlo claramente, es nada.

Asumámoslo, el premio Nobel de la Paz es una farsa y lo ha sido desde hace tiempo. De verdad, es hora que dejemos de fingir lo contrario y que pongamos fin a la pompa y pretensión. De hecho, es sorprendente que alguien pueda seguir diciendo las palabras “premio Nobel de la Paz” con rostro serio considerando que sus receptores forman un quién es quién de halcones políticos, hipócritas y criminales de guerra. Lo sé, lo sé, ¡No todos los galardonados lo son! Por supuesto que ha habido algunos como Desmond Tutu que se merecen el premio por su trabajo en favor de la paz. Sin embargo, también me temo que ha habido demasiados galardonados de vergüenza como para afirmar que el premio ha perdido sentido.

El más destacado de todos es Henry Kissinger, galardonado en 1973 por sus esfuerzos por negociar un alto el fuego en la Guerra de Vietnam. Mientras negociaba aquel cese, Kissinger bombardeaba en secreto Camboya. Lo peor de su bombardeo empezó en febrero de 1973, un mes después de la firma de los Acuerdos de Paz de París por parte de Washington, Hanoi y Saigón. No es de extrañar que Le Duc Tho, el líder comunista de Vietnam que también fue galardonado junto a Kissinger, rechazase el premio con repulsión.

Después tenemos a Shimon Peres, que fue galardonado con el premio Nobel de la Paz en 1994 junto con Yitzhak Rabin y Yasser Arafat. Décadas antes de recibir el premio, Peres ayudó sistemáticamente a incrementar las capacidades nucleares de Israel –lo que contradice por completo el requisito del comité de que el premio debe ir a aquellos que ayudan a desmilitarizar su país–. Lo que es aún peor, dos años después del premio, Peres fue el responsable de una masacre en la que murieron 106 personas que se refugiaban en instalaciones de la ONU en la ciudad libanesa de Qana.

Aunque Kissinger y Peres son dos de los ejemplos más indignantes, hay otros muchos galardonados de dudosa elección, incluido Barack Obama, el líder colombiano Juan Manuel Santos y la Unión Europea, por nombrar algunos.

De hecho, el premio Nobel de la Paz se ha ensuciado tanto que algunos activistas en defensa de la paz han rechazado que se les asocie con el galardón. Mordechai Vanunu, un antiguo técnico nuclear que pasó 18 años en prisión por filtrar detalles del programa nuclear israelí, ha pedido en varias ocasiones que se le saque de una lista de nominados al premio Nobel. En una carta al comité Nobel en 2009, Vanunu afirmó que no quería “pertenecer a una lista de laureados que incluye a Shimon Peres, el hombre tras la política atómica de Israel”.

Tal vez era de esperar que el premio Nobel de la Paz se convirtiese en una farsa. Después de todo, nació de un error. Según cuenta la historia, en 1888 un periódico francés informó por error que Alfred Nobel, inventor de la dinamita, había muerto. En su anuncio de la no-muerte de Alfred Nobel, el periódico tiró del sarcasmo francés: “El doctor Alfred Nobel, que se hizo rico buscando la forma de matar a personas más rápido que nunca en la historia, murió ayer”. A Nobel le avergonzaba ser recordado como un “mercante de muerte” y por eso creó el premio Nobel. Fue un esfuerzo calculado de imagen. Un ejercicio de relaciones públicas.

Uno puede pensar que el premio de la paz ha llegado a un punto que supera los límites de la parodia. De hecho, Tom Lehrer bromeó: “La sátira política se quedó obsoleta cuando a Kissinger se le galardonó con el premio Nobel de la Paz”. Sin embargo, el premio Nobel ha engendrado una parodia de verdad.

Cada otoño desde 1991, los premios Ig Nobel reconocen una serie de logros poco habituales “que primero hacen reír a la gente y después les hace pensar”. De forma acertada, el premio Ig Nobel de la Paz del año pasado fue para un estudio titulado 'Sobre la aceptación y detección de estupideces pseudo-profundas'. La introducción al documento empieza afirmando: “El filósofo Frankfurt (2005) define la charlatanería como algo que está diseñado para impresionar, pero que no tiene ninguna consideración directa por la verdad”. No sé vosotros, pero a mí me suena como una definición bastante apropiada del verdadero premio Nobel de la Paz.

Traducido por Javier Biosca Azcoiti

A primera hora de la mañana del pasado 25 de agosto se supo que las milicias del Ejército de Salvación Rohingya de Arakan (ARSA) habían atacado puestos de policía en el estado de Rakhine, situado en el norte del país. Doce personas murieron en el ataque, que marcó el inicio de una serie de represalias por parte del ejército. El nuevo “comité de información” de Myanmar no tardó en ponerse en marcha.

Myanmar ha tenido otros comités parecidos a lo largo de su historia, ya que los líderes autoritarios querían propagar su versión de los hechos y silenciar la versión de los llamados enemigos del Estado. El nuevo comité, integrado por civiles y militares, se pronuncia desde una página oficial de Facebook que continuamente proporciona información sobre los “terroristas extremistas bengalíes” e ilustra estos posts con imágenes de cuerpos mutilados y comida del Programa Mundial de Alimentos para demostrar que los trabajadores humanitarios apoyan a las milicias.

Las agencias humanitarias afirman que estos comunicados, que proceden en última instancia de la oficina de Aung San Suu Kyi, ponen en peligro las vidas de los trabajadores humanitarios que trabajan en el terreno. Han tenido que suspender la ayuda.

Bangladesh se ha quejado de que se utilice la palabra “bengalí” para insinuar que los rohingyas musulmanes son inmigrantes ilegales de Bangladesh, y una fuente del servicio de Exteriores afirma que el gobierno ha amonestado al embajador de Myanmar en Dhaka. El gobierno de Myanmar ha dejado de utilizar este término para referirse a las milicias.

También ha dejado de utilizar en Facebook la expresión “consejera del Estado”, el título oficial de Aung San Suu Kyi, distinguida con el Premio Nobel de la Paz. Esta decisión, que coincidió con un aumento de quejas debido a la brutal opresión por parte del ejército, plantea la siguiente pregunta: ¿dónde está Aung San Suu Kyi?

Mentalidad de asedio

Tras haber sido idolatrada durante décadas, esta política, que cumplió muchos años de condena como prisionera política y que es conocida como “la Dama”, se ha convertido en el centro de la indignación mundial. Su cara vuelve a estar en las pancartas de los manifestantes pero en esta ocasión no para defenderla sino para denunciar sus acciones. Se ha iniciado una campaña para que le sea revocado el Premio Nobel de la Paz y ya se han recogido cientos de miles de firmas.

En un inicio, la brutal ofensiva militar que ha despertado la indignación mundial iba dirigida contra las milicias rohingyas. Sin embargo, las Naciones Unidas estiman que en las últimas dos semanas cerca de 400.000 civiles se han visto obligados a abandonar el estado de Rakhine y buscar refugio en Bangladesh. El pasado lunes, la ONU indicó que las acciones del gobierno de Myanmar contra los rohingyas constituyen actos de “limpieza étnica”.

A medida que aumenta la cifra de víctimas y la represión parece cada vez más una purga de una minoría étnica sin Estado detestada por el gobierno, una larga lista de personas con prestigio internacional y otros galardonados con el Premio Nobel de la Paz se han movilizado y han pedido a Aung San Suu Kyi que condene las acciones del ejército. Esta condena no se ha producido.

“Si el precio político que tienes que pagar por ostentar el cargo más importante de Myanmar es tu silencio, entonces sin lugar a dudas se trata de un precio demasiado alto”, indica el defensor de los derechos civiles sudafricano y Premio Nobel de la Paz Desmond Tutu.

Los diplomáticos y los analistas han explicado a the Guardian que la consejera del Estado y su partido político, la Liga Nacional para la Democracia, apoyan públicamente y en privado al mismo ejército que los hostigó y persiguió durante medio siglo.

Algunos indican que en el país la cuestión de los rohingyas genera una unanimidad tal que ella no tiene más opción que aceptar las acciones del ejército. Otros la ven como una personalidad de gran estatura moral que tiene las manos atadas por un sistema político que otorga un gran poder al ejército. Y otros creen que es una líder perseverante que está siendo aislada por los mismos gobiernos occidentales que antaño la elogiaron y que ahora la castigan.

Un diplomático, que como muchas otras fuentes de este reportaje prefiere mantener su anonimato, afirma que el gobierno está entrando “en estado de pánico”. “Es una mentalidad de asedio”, asegura: “[Aung San Suu Kyi] se siente atacada y está defendiendo a su país”.

En este contexto de escalada de la crisis, el miércoles se supo que Aung San Suu Kyi no asistirá a la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebra a finales de este mes, y que en su lugar hablará el vicepresidente del país.

Un iceberg de desinformación

En la reciente semidemocracia de Myanmar, esta crisis ha venido acompañada del retorno de la retórica de la junta. Los militares del país, que se encuentran entre los primeros partidarios de las “noticias falsas”, no dudaron en tildar a los medios de comunicación occidentales, como la BBC o Voice of America, de “banda de mentirosos”.

En las últimas semanas, los comunicados que han emitido el gobierno y el ejército han sido prácticamente idénticos. “Teniendo en cuenta el poco consenso de los principales actores, el ejército y Daw Suu, llama la atención que sus mensajes sobre la situación en el estado de Rakhine sean tan parecidos”, indica un diplomático radicado en Yangon.

Algunos siguen insistiendo en el hecho de que algunas personas del entorno de Aung San Suu Kyi, y que ella misma nombró, no la representan.

“No sabemos si hablan en su nombre y en el del gobierno o están imponiendo el programa del ejército”, indica Benedict Rogers, jefe del equipo del este de Asia de la organización Christian Solidarity Worldwide y experto en Myanmar: “También tenemos que preguntarnos qué información han dado, quién la mantiene informada y qué información falsa le están proporcionando”. Sin embargo, otros señalan que la política nunca delega y que es poco probable que no esté controlando la estrategia de comunicación.

Si bien es cierto que ha hecho esfuerzos por distanciarse de los discursos más polémicos, también lo es que no ha permanecido de brazos cruzados. En una conversación telefónica con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, acusó a los “terroristas” de haber creado “un iceberg de desinformación”. El viceprimer ministro de Turquía había tuiteado algunas fotografías que supuestamente habían sido tomadas en el estado de Rakhine pero que eran falsas.

La opinión predominante es que Aung San Suu Kyi no podría hablar de los rohingyas, incluso si quisiera hacerlo, sin poner en riesgo la estabilidad del país. “Aung San Suu Kyi camina por una cuerda floja muy delgada, ya que el ejército tiene mucha influencia en el país”, indica Shyam Saran, exresponsable de los servicios exteriores de India y embajador en Myanmar en la década de los noventa.

En Myanmar, la cuestión de los rohingyas no plantea dudas. Como indica un diplomático, si algo une al país es el odio hacia los rohingyas: “Los extremistas budistas, el pueblo, el ejército e incluso la Liga Nacional para la Democracia los odian”.

En declaraciones a Radio Free Asia, Nyan Win, un portavoz del partido y el abogado de Aung San Suu Kyi, expresó la opinión de muchos conciudadanos: “Creo que todos conocen a los bengalíes. Nadie en el país tiene sus facciones”.

Estas declaraciones están en la línea de las que dio a the Guardian en el transcurso de una entrevista: “No son de Myanmar. Son extranjeros”.

“La mejor del país”

Muchos diplomáticos creen que Aung San Suu Kyi es mucho más comprensiva que el resto de su partido. A muchos embajadores les ha expresado su voluntad de resolver las tensiones del estado de Rakhine y había utilizado la polémica palabra “rohingya”, que en estos momentos no utiliza ningún político del país.

“Es la mejor del país, sinceramente”, afirma un exdiplomático occidental que vivió en Myanmar: “Sí deberíamos pedirle que esté a la altura moral de la situación, pero también debemos comprender las presiones que debe estar soportando”.

Lo cierto es que todo parece indicar que Aung San Suu Kyi se está distanciando de los que habían sido sus aliados en Occidente.

Según un enviado occidental en Myanmar, la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU a principios de año de crear una misión para recabar información en Myanmar no hizo más que empeorar las relaciones diplomáticas con ese país: “Creo que dejó de confiar en nuestra capacidad de hacer algo para ayudarla”.

La semana pasada, los embajadores radicados en Yangon se reunieron con uno de los grandes aliados de la política, Kyaw Tin Swem. En el transcurso del encuentro hablaron de las acusaciones vertidas sobre los trabajadores de las agencias humanitarias y también se habló de los planes para volver a permitir el acceso de la ayuda humanitaria. Los diplomáticos señalan que la reunión fue tensa.

“Creo que la relación es complicada”, indica uno de los diplomáticos. “Aumenta la percepción de que somos el enemigo”.

Los líderes asiáticos son los únicos que podrían conseguir que no escale la tensión. La semana pasada, el ministro de Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, viajó a Myanmar e instó a las autoridades a detener la violencia.

Para las decenas de miles de rohingyas que duermen en los precarios campamentos de refugiados en Bangladesh, lo que cuentan son los hechos, no las palabras.

“[Aung San Suu Kyi] es una persona respetada”, afirma Kyaw Win, un político rohingya. “No queremos criticar, decir si está en lo cierto o está equivocada, solo esperamos que haga una buena acción”.

Con información de Michael Safi desde Delhi (India) y Cape Win Diamond desde Yangon (Myanmar).

Traducido por Emma Reverter

La mayoría de nosotros no espera grandes gestos de los políticos; de lo contrario, nos desesperaríamos. Sin embargo, sí teníamos nuestras esperanzas depositadas en Aung San Suu Kyi. Su nombre evocaba paciencia y resistencia ante la adversidad, así como valentía y perseverancia en la férrea lucha por la libertad. Era una fuente de inspiración para todos nosotros.

Algunos de mis amigos consagraron sus carreras a condenar su encarcelamiento por parte de la dictadura militar de Myanmar, y a abogar por su liberación y la restauración de la democracia. Celebramos que le concedieran el Premio Nobel de la Paz en 1991. También celebramos que quedara libre de su arresto domiciliario en 2010 y que ganara las elecciones presidenciales en 2015.

Ninguno de estos hechos ha quedado en el olvido, como tampoco toda la crueldad que sufrió, entre la que se incluye el confinamiento, las agresiones físicas y el hecho de que la Junta le impidiera que pudiera seguir teniendo una vida familiar plena. Sin embargo, es difícil pensar en otro líder político que haya traicionado de forma más cruel todas las esperanzas que se depositaron en su persona.

Desde cualquier punto de vista posible, el trato dispensado a los rohingya, una minoría musulmana de Myanmar, es repugnante. Y si se analiza con los valores que Aung San Suu Kyi encarna, es simplemente grotesco. La ONU ha descrito a los rohingya como “la minoría más perseguida del mundo” y su situación no ha mejorado desde que la política asumió el cargo.

La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio describe cinco acciones que cuando se cometen con el propósito de destruir, en todo o en parte, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, constituyen genocidio. Con el propósito obvio y a menudo explícito de acabar con este grupo, el ejército de Myanmar ha llevado a cabo de forma más o menos continuada cuatro de estas acciones desde que Aung San Suu Kyi se convirtió en la líder política del país.

Soy consciente de que las fuerzas armadas de Myanmar siguen siendo muy poderosas y de que Aung San Suu Kyi no tiene un control efectivo sobre sus acciones. También soy consciente de que tiene un margen de acción limitado. Sin embargo, lo cierto es que además de un abanico de medidas legales y prácticas que podría utilizar para frenar estas atrocidades, tiene la capacidad de pronunciarse (y la tiene en abundancia). Lejos de hacerlo, ha optado por permanecer en silencio y negar hechos que están más que probados, así como impedir que esta minoría reciba ayuda humanitaria.

Dudo mucho que haya leído el informe que la ONU publicó en febrero sobre las violaciones de los derechos humanos de los rohingyas. El informe detalla crímenes horribles. Documenta las violaciones masivas a mujeres y niñas, algunas de las cuales murieron como consecuencia de lesiones sexuales. También describe cómo niños y adultos fueron degollados delante de sus familias. Informa de las ejecuciones sumarias de profesores, ancianos y líderes comunitarios, y cómo los helicópteros de combate atacan indiscriminadamente aldeas enteras. También describe cómo algunas personas fueron encerradas en sus casas y quemadas vivas, o cómo una mujer embarazada fue apaleada por la policía, que más tarde mató al recién nacido. Detalla la destrucción deliberada de los cultivos y la quema de aldeas con el objetivo de que los lugareños perdieran sus casas y se tuvieran que ir. También detalla el asesinato de personas que intentaban huir.

Y estas son las acciones descritas en un solo informe. Amnistía Internacional publicó un informe parecido el año pasado. Existen un montón de pruebas que dejan entrever que todas estas acciones son un intento de eliminar a esta minoría étnica en el país.

Aunque cueste creerlo, lo cierto es que esta campaña de terror no ha hecho más que escalar en los últimos días. Los refugiados que llegan a Bangladesh denuncian masacres generalizadas. La malnutrición hace estragos entre los rohingya y afecta a unos 80.000 niños.

En una entrevista en la que se muestra escalofriantemente distante, Aung San Suu Kyi ha culpado de todas estas atrocidades a los insurgentes y ha mostrado su estupefacción por el hecho de que alguien quiera luchar contra el ejército del país, ya que considera que el gobierno ha hecho muchos esfuerzos. Tal vez esta estupefacción se deba al hecho de que nunca ha visitado el estado de Rakhine, que es donde se cometen la mayoría de atrocidades.

Es verdad que los rohingya se han alzado en armas y que las últimas masacres son la respuesta al asesinato de 12 miembros de las fuerzas armadas, cuya autoría se atribuye a un grupo que se autodenomina Ejército de Salvación Rohingya de Arakan. No obstante, el ejército ha atacado a poblaciones enteras, con independencia de que formen parte o no de estos movimientos insurgentes y ha provocado un terror tal que unas 120.000 personas han abandonado sus hogares en los últimos 15 días.

En su discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi hizo la siguiente puntualización: “En aquellos lugares donde se ignora el sufrimiento, siempre habrá semillas de conflicto, ya que el sufrimiento degrada, amarga y enfurece”. La ira de los rohingya que se han alzado en armas ha servido de excusa para reforzar unos planes de limpieza étnica que ya estaban en marcha.

No solo se ha negado a aceptar que se han cometido estas atrocidades y ha intentado que no se critique al ejército. También se ha negado a reconocer la identidad de las víctimas y ha pedido al embajador de Estados Unidos en el país que no utilice la expresión rohingya. Esta petición coincide con la política del gobierno de negar la existencia de este grupo étnico a los que considera, aunque haga siglos que viven en Myanmar, intrusos. Ha mantenido la Ley de Ciudadanía de 1982, que niega los derechos de esta población.

Cuando una mujer rohingya denunció con todo lujo de detalles que había sido víctima de una violación colectiva por parte de soldados, la oficina de Aung San Suu Kyi colgó un banner en su página de Facebook con las palabras “violación falsa”. Teniendo en cuenta que es conocida por no delegar, es difícil imaginar que alguien de su equipo lo haya podido hacer sin su aprobación.

No solo ha entorpecido la labor de los diplomáticos de las Naciones Unidas que intentaban investigar el trato dado a los rohingya sino que también ha impedido que las agencias humanitarias puedan distribuir alimentos, agua y medicamentos entre los desplazados o las personas que han quedado aisladas como consecuencia de la violencia. Su equipo ha acusado a los trabajadores de las agencias humanitarias de ayudar “a los terroristas” y los ha convertido en un blanco de ataque, lo cual los ha alejado todavía más de las personas que sufren hambre.

Hasta ahora, Aung San Suu Kyi ha tenido de su parte a muchas personas que justifican sus acciones y se niegan a creer que pueda traicionar los principios que en el pasado defendió. La lista de excusas es amplia: que no quiere poner en peligro sus posibilidades de una nueva victoria electoral, que no quiere que el ejército tenga una excusa para acaparar más poder y que quiere tener buenas relaciones con China.

Ninguna de estas excusas se sostiene. Como indicó una gran defensora de la democracia: “El poder no corrompe, lo hace el miedo. El miedo a perder el poder corrompe a aquel que lo tiene”. ¿Quién hizo esta afirmación? Aung San Suu Kyi. Sin embargo, ahora, sea por miedo o por prejuicios, niega a los demás las libertades que pidió para ella. Su régimen excluye, y en algunos casos trata de silenciar, a los mismos activistas que en el pasado lucharon para que a ella se le reconocieran sus derechos.

Esta semana, para mi sorpresa, he firmado una petición para que le sea revocado el Premio Nobel de la Paz. En mi opinión, el comité del Nobel tiene una responsabilidad sobre los premios que otorga y debe revocarlos si una persona distinguida con este honor vulnera los principios y valores que la hicieron merecedora del premio. Parece apropiado en dos casos. El primero, Barack Obama, que recibió el premio antes de su toma de posesión. Su programa de ataques con drones, que causó la muerte de muchos civiles, no lo hace merecedor de este honor. La otra es Aung San Suu Kyi.

Por favor, firmen esta petición. ¿Por qué? Porque estamos ante una situación extraordinaria: una galardonada con el Premio Nobel de la Paz que es cómplice de crímenes contra la humanidad.

Traducido por Emma Reverter

14 de octubre de 2016. Aquel iba a ser un día feliz para la familia de Ko Mratt, que se preparaba para dar la bienvenida a un nuevo miembro. Su hermana estaba dando a luz en su casa en Maungdaw, un municipio habitado por la etnia rohingya al oeste de Myanmar (Birmania), cuando varios soldados irrumpieron en la vivienda.

“A eso de las tres de la tarde los militares entraron en mi casa y mataron a mi madre, que tenía 70 años. Mi hermana, que estaba pariendo un niño, otra hermana que estaba embarazada de siete meses, mi hijo de cuatro años y mi sobrino de cinco fueron asesinados a tiros. Mi esposa también recibió un disparo. Cuando pasó la bala atravesó a mi hijo, que estaba en su regazo en ese momento”, relata Ko Mratt.

“Incendiaron mi casa. Saquearon todas mis cosas. No tenemos ni ropa”, recuerda en un testimonio recogido por la ONG Burma Human Rights Network. Unos 1.250 hogares rohingyas, como el de Ko Mratt, fueron incendiados en una violenta operación del Ejército birmano tras varios ataques a comisarías en octubre, estima Human Rights Watch.

En el caso de Ko Mratt, la familia se había negado a permitir que los militares entraran en la casa mientras la mujer estaba de parto, según corroboró un imán de la localidad, en el Estado birmano de Rakhine. Cuando irrumpieron, a pesar de ver a mujeres y niños –y no hombres armados escondidos como “posiblemente creían”–, abrieron fuego de forma indiscriminada, explica la organización. Los familiares del hombre fueron enterrados en una fosa común y él huyó, como tantos otros, a Cox's Bazar, un distrito al sureste del país vecino, Bangladesh.

Han pasado varios meses y las escenas de destrucción y desplazamiento forzoso se repiten estos días en Rakhine, donde viven más de 1,1 millón de rohingyas. 164.000 refugiados han huido echándose al mar o cruzado montañas y ríos en las dos últimas semanas para llegar a la frontera con Bangladesh, según ha informado este jueves Acnur.

El 80% son mujeres y niños, recalca Unicef, y caminan durante días desde sus aldeas con lo poco que pudieron salvar de sus casas. “Están hambrientos, débiles y enfermos”, señala la Agencia de la ONU para los refugiados.

414 personas han muerto en la ola de violencia desatada desde el 25 de agosto, cuando insurgentes mal armados del Ejército de Salvación Roginhya de Arakan (ARSA) asaltaron presuntamente una veintena de puestos gubernamentales. Esta situación de inseguridad y las restricciones del Gobierno han provocado además que, desde hace días, el personal humanitario no pueda repartir suministros básicos como medicinas, agua y comida en la zona.

Un pueblo históricamente discriminado

Los rohingyas sufren una creciente persecución en Birmania desde 2012, cuando estalló el brote de violencia entre budistas de la etnia rakhine y musulmanes que dejó decenas de muertos y unas 120.000 personas confinadas en 67 campos de desplazados.

Pero esta etnia cultural, religiosa y lingüística, considerada una de las más perseguidas del mundo por Naciones Unidas, sufre una discriminación histórica por parte de las autoridades birmanas. Estas consideran que son inmigrantes bengalíes que llegaron hace décadas de la actual Bangladesh, que tampoco los reconoce como ciudadanos propios.

Los musulmanes rohingyas se convirtieron en apátridas en Birmania –un país de mayoría budista donde la religión es un símbolo de identidad nacional–, en 1982, cuando el régimen militar del General Ne Win aprobó una ley según la cual solo pueden optar a ser ciudadanos de pleno derecho los miembros de aquellos grupos étnicos que se hallaran en territorio birmano antes de 1823, el comienzo de la ocupación británica.

El Gobierno reconoció con ese decreto a un total de 135 grupos indígenas donde no está incluida la población rohingya. “Muchas familias rohingyas emigraron y se establecieron en Rakhine durante el período colonial británico, lo que inmediatamente los excluiría de la ciudadanía. Incluso para aquellos rohingya cuyas familias se establecieron en la región antes de 1823, la complicada carga de la prueba ha hecho casi imposible que todos, salvo un puñado de ciudadanos, puedan demostrarlo”, explica HRW en un informe.

Las autoridades también iniciaron una campaña nacionalista de discriminación de las minorías étnicas. En la práctica, todo esto ha significado que los rohingyas se hayan visto despojados de todos sus derechos, entre ellos, la libertad de circulación, su derecho a casarse y el acceso a la educación o la asistencia sanitaria.

Estas restricciones también afectan a los desplazados internos que se confinan desde 2012 en campamentos, guetos urbanos y pueblos, según detalla la organización Burma Human Rights Network (BHRN) en un informe publicado esta semana.

“Esto refuerza la sensación de que los musulmanes son una amenaza a la seguridad que necesita control y proporciona una base para posibles violencias futuras”, alerta la ONG. Además, se han sucedido las alertas sobre la carencia de alimentos al oeste de Rakhine. El Programa Mundial de Alimentos detectó en julio un aumento en los niños que requerían tratamiento por malnutrición aguda y elevaba esta cifra a 80.500 menores de cinco años.

El silencio de Suu Kyi

A pesar de que la líder de facto del Gobierno birmano desde 2015, Aung San Suu Kyi, prometió respetar los derechos humanos –algo nada extraño en una persona que recibió el Premio Nobel de la Paz–, evita condenar las violaciones de derechos que sufren los rohingyas y utiliza el mismo lenguaje ultranacionalista y xenófobo que el régimen militar anterior que la mantuvo encarcelada durante años. El partido de Suu Kyi, la Liga Nacional para la Democracia (LND), mantiene la visión oficial de que son bengalíes que llegaron al país de forma ilegal.

La 'Dama', apodo por el que es conocida, se pronunció este miércoles por primera vez sobre la violencia desatada en Rakhine a finales de agosto. Lo hizo en una conversación telefónica con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en la que acusó a los insurgentes rohingyas de “terroristas” y de difundir un “iceberg de desinformación”.

Suu Kyi ha recibido las críticas de ONG, Naciones Unidas y gobiernos extranjeros por su falta de soluciones para esta minoría. “El Ejército de Myanmar sigue acostumbrado a sus tácticas brutales de antes, en detrimento del liderazgo civil”, indica Matthew Wells, asesor de Amnistía Internacional.

Hay también quien apunta a la ambición política de la mandataria para dar una explicación a su silencio. “Es cierto que al hablar en contra de la persecución genocida de los rohingyas es probable que pierda muchos votos entre la mayoría budista birmana, pero puede que no. Una vez tuvo un enorme capital moral y político y tuvo la oportunidad de desafiar el vil racismo y la islamofobia que caracteriza el discurso político y social birmano”, opinaba en un artículo en 2015 Penny Green, profesora de la universidad Queen Mary de Londres.

“Esto nunca estuvo en el programa político de Aung San Suu Kyi”, prosigue la académica, y recuerda para ello una conversación privada recogida por el Washington Post en diciembre de 2014, cuando Suu Kyi aún no había llegado al poder: “No guardo silencio porque políticamente me interese. Guardo silencio porque con independencia de qué lado apoye, habrá más sangre. Si yo hablo a favor de los derechos humanos, ellos (los rohingyas) solo sufrirán. Habrá más sangre”.

“Si esperamos que Suu Kyi hable en contra de este genocidio, no quedarán rohingyas”, sentencia Green.

No solo son los rohingyas

Desde los sucesos violentos de 2012, se ha producido un incremento “sistemático” de la persecución contra todos los seguidores del islam a lo largo del Birmania, no solo en Rakhine, según denuncia BHRN en su investigación. Un acoso del que la ONG responsabiliza tanto el Gobierno de Suu Kyi, como al Ejército, a grupos ultranacionalistas y a comunidades de monjes budistas “extremistas”.

Aunque esta campaña tiene mayor incidencia en los rohingyas –que profesan el islam suní–, la organización reitera que también se extiende al resto de personas musulmanas, que forman el tercer grupo religioso del país (un 4% de la población), por detrás de los budistas (la gran mayoría, un 90%) y los cristianos (un 6%).

La ONG detalla la denegación “continua” de documentos de identidad cuando los musulmanes tratan de renovarlos o la exigencia de documentación “difícil de obtener” que demuestre un linaje familiar centenario para conseguir la ciudadanía. Sin estas tarjetas, difícilmente pueden acceder a viviendas, trabajo formal o graduarse en la universidad. También pueden enfrentarse a multas y encarcelamiento por carecer de documentación, según explica la BHRN.

A esto se le añade, según la ONG, la falta de lugares de culto por la negativa de las autoridades birmanas a permitir la reconstrucción de las mezquitas destruidas en los últimos años. Por ejemplo, ocho mezquitas permanecen sin reparar desde marzo de 2013 en la ciudad de Meikhtila, en el centro del país. “Un grupo de cuatro residentes que buscan permiso para reabrirlas no ha tenido éxito, en parte porque, afirman, las autoridades están siendo presionadas por miembros del grupo nacionalista budista Ma Ba Tha”, relatan los autores.

Además, en los cinco últimos años, 21 poblaciones se han declarado “libres de musulmanes”. “Con el permiso de las autoridades, han erigido letreros que advierten a los musulmanes de que no entren”, explica la ONG.

Estas personas también viven a diario casos de islamofobia e intolerancia religiosa entre la población, hostigada a menudo por “grupos extremistas”. Las autoridades han cancelado en varias ocasiones la celebración de días sagrados para el islam con el objetivo de evitar enfrentamientos con sectores budistas.

“Si los musulmanes quisieran practicar la armonía interreligiosa, entonces deberían unirse a otras religiones para comer curry de cerdo”, dijo un monje ante una multitud de 300 personas congregadas frente a un acto musulmán el pasado enero en un pueblo de Rangún.

Dos días después de que el conflicto entre el Ejército de Myanmar y la minoría musulmana rohingya rebrotase con brutales consecuencias, el Papa Francisco recordó a esta minoría étnica en su Angelus del día 27 de agosto y oró por sus derechos. Al día siguiente, el Vaticano anunció que el Papa visitará Myanmar y Bangladesh en una pequeña gira asiática que comenzará a finales de noviembre.

El anuncio de esta visita llega en un momento muy delicado. Tras este último estallido de violencia –con 400 muertos, más de 100.000 nuevos desplazados y decenas de aldeas arrasadas– el mundo empieza a mirar con impaciencia la pasividad de la líder política del país y Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi. De hecho, el anuncio del Vaticano coincidió con la aparición de las primeras críticas públicas de la comunidad internacional contra la política asiática.

Este miércoles, Suu Kyi rompió su silencio. Durante una llamada telefónica con el presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, que había criticado su conducta ante el conflicto, aseguró que iba a proteger los derechos de “todas las personas” en su país. Pero no dudó en calificar de “terroristas” a los insurgentes musulmanes que comenzaron, según su versión, los disturbios cerca de la frontera con Bangladesh.

En un comunicado del gobierno de Myanmar publicado en Facebook, la líder confirmó la conversación con Erdogan sobre esta crisis y culpó también a los “terroristas” de las informaciones aparecidas en las redes sociales. “Ya nos estamos ocupando de la gente en Rakhine de la mejor manera posible”, aseguró, y expresó también que “no debería haber desinformación para que no se creen problemas entre los dos países”.

Los rohingya son una minoría formada por cerca de un millón de personas que viven en el Estado occidental de Rakhine, uno de los más pobres. Son musulmanes, pero no están reconocidos en el más de centenar de grupos étnicos oficiales del país. Myanmar no les concede la nacionalidad, puesto que les considera de origen bangladeshí, así que en la práctica son apátridas aunque vivan en suelo birmano. 

La ganadora del Premio de la Paz del año 1991 también acusó a las ONG de colaborar con los “terroristas” para justificar el bloqueo que mantiene el país a los trabajadores humanitarios. En estos momentos, más de un millón de rohingyas se han quedado sin suministros de comida y medicinas.

El hundimiento de Suu Kyi

Aung San Suu Kyi, que estuvo bajo arresto domiciliario durante 15 años por defender la democracia en su país, se convirtió en una reconocida figura política internacional. El gobierno militar birmano la detuvo por liderar la oposición y no la liberó hasta el año 2010, casi una década después de haber recibido el Nobel.

En 2015 se hizo con las riendas del país, y aunque no puede ser presidenta (la Constitución aprobada por el anterior régimen militar se lo impide porque sus hijos tienen pasaporte extranjero), es la persona que toma las decisiones en el Gobierno de Myanmar.

Por eso muchos defensores de los derechos humanos que la apoyaron en el pasado no pueden entender su posición frente a las denuncias de las atrocidades cometidas contra los rohingya. En estos momentos, ya existe una petición formal para que el Nobel le sea retirado.

La represión contra los musulmanes en esta zona del sudeste asiático no es nueva, pero sí que se trata de la primera vez que se produce de una manera tan sangrienta bajo el mandato de Aung San Suu Kyi. En esta ocasión, todo empezó con una supuesta acción de insurgentes musulmanes (del Ejército de Salvación Rohingya de Arakan) contra las fuerzas armadas del país.

El Ejército (del que dependen áreas clave del Gobierno como la seguridad interna) irrumpió en los pueblos rohingya y prendió fuego a las casas. Miles de personas huyeron, y ahora necesitan refugio, alimentos y medicinas. Más de 100.000 personas han llegado a Bangladesh dejando atrás la violencia.

“El Ejército vino a incendiar mi casa. Cuando huía me dispararon, me dieron en la mano derecha, pero pude llegar hasta Bangladesh en un bote junto a otros”, relataba recién llegado al país Mohmmad en declaraciones para la agencia EFE. La mayoría de los fallecidos murieron ahogados o por heridas de bala.

Esta semana, además, Naciones Unidas ha denunciado que el gobierno bloquea la llegada de suministros a esa zona. Este bloqueo no solo afecta a la etnia musulmana de una de las regiones más pobres del país, sino que también afecta a los ciudadanos budistas.

La desconcertante visita del papa Francisco

“Han llegado noticias tristes de la persecución de las minorías religiosas, de nuestros hermanos rohingya. Quisiera manifestarles toda mi cercanía, y todos nosotros pidamos al señor salvarlos y despertar a hombres y mujeres de buena voluntad en su ayuda, que les den plenos derechos. Oremos también por los hermanos rohingya”, dijo el Papa durante el Angelus del 27 de  agosto, unos días antes de que se hiciera oficial su visita al país.

El Papa Francisco tiene una buena relación con la líder birmana, y esta visita inesperada (sobre todo por el momento del anuncio) puede hacer que los ánimos se calmen. Sin embargo, también cabe la posibilidad que la llegada del pontífice alimente todavía más el odio de los nacionalistas y del Ejército contra los rohingya. El Vaticano lleva tiempo siendo muy crítico con la persecución de esta minoría religiosa y defiende su derecho a la ciudadanía. En cualquier caso, la premio Nobel de la Paz tendrá muy complicado seguir haciendo oídos sordos ante las denuncias de las crueldades cometidas por el ejército de su país.

“Se me rompe el corazón cada vez que veo en las noticias el sufrimiento de los musulmanes rohingya en Myanmar”, ha dicho la ganadora del Nobel de la Paz Malala Yousafzai. “En los últimos años he condenado en diferentes ocasiones este trato trágico y vergonzoso. Sigo esperando a que mi compañera, la también Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, haga lo mismo”.

En febrero, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos acusó a la policía y al ejército del país de matar a cientos de hombres, mujeres y niños, y también de violar a mujeres y niñas rohingya, así como de obligarles a abandonar sus casas.

La realidad es que Aung San Suu Kyi está en una encrucijada: no puede alzar la voz porque esto podría costarle un envite del Ejército y de los líderes nacionalistas; pero tampoco puede seguir en silencio eternamente. Quizá con la visita del Papa consiga ganar un poco más de tiempo.

Hace año y medio, cuando fue a votar en unas elecciones generales por primera vez en su vida, Moe Thway no podía contener su emoción. Miembro fundador de Generation Wave, un grupo de jóvenes activistas democráticos que nació en 2007 al calor de la Revolución Azafrán, sentía que ese momento cambiaría el rumbo de Myanmar para siempre. Y que la lucha iba a culminar con éxito.

La antigua Birmania estaba a punto de acudir a las urnas para elegir a su primer presidente democrático desde 1962, y el único voto imaginable era el de la Liga Nacional para la Democracia (LND). “No importa que la Constitución redactada por los militares impida que su líder, Aung San Suu Kyi, se presente como candidata –porque sus hijos tienen pasaporte extranjero–. Sabemos que ella ejercerá el poder a través de Htin Kyaw”, comentó entonces a este periodista.

Efectivamente, el candidato de la LND arrasó en los comicios y en marzo del año pasado fue investido presidente con 360 votos de un total de 652. “El Ejército se reserva un 25% de los escaños, que le otorgan poder de veto en la reforma de la Constitución, y se adjudica tres de los ministerios clave. Va a ser difícil introducir reformas, pero esperamos ver cambios importantes de forma inmediata”, auguró el joven activista prodemocracia.

Muchos como él salieron a festejar en las calles la culminación de uno de los procesos de democratización más inusuales de la historia. De hecho, fue la propia Junta Militar la que decidió iniciarlo en 2010 de forma pacífica.

Ahora, sin embargo, Moe Thway ya no se muestra tan entusiasta. Es uno de los muchos birmanos que comienzan a ver las sombras del Gobierno. Tampoco faltan los que están decepcionados con 'la Dama', como se conoce a Suu Kyi. Fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 1991 después de haber ganado unas elecciones democráticas cuyo resultado los militares no acataron, y pasó más de una década bajo arresto domiciliario. Pero se demuestra que eso no garantiza dotes excepcionales para la presidencia.

“Creíamos que su trayectoria y experiencia personal garantizaban un gobierno justo, implicado en la solución de los múltiples problemas que acucian al país. Pero puede ser que nos hayamos equivocado”, afirma ahora.

El fundador de Generation Wave no es, ni mucho menos, el único que critica a la presidenta en la sombra. Al contrario, los ataques se multiplican por todo el mundo, y el aura mística que envolvía a Suu Kyi parece haber desaparecido. Es más, lo impensable ha sucedido: las manifestaciones en su contra aumentan y la LND solo obtuvo nueve de los diecinueve escaños en liza en las pasadas elecciones parciales de abril. Es, sin duda, una diferencia brutal con los resultados de 2012, cuando logró 43 de los 44 en juego.

“Los pobres son ahora más pobres”

La situación se ha deteriorado hasta el punto de que la propia Suu Kyi reconoció sus errores durante un discurso televisado con motivo del primer aniversario de su acceso al poder. “Si creéis que no soy lo suficientemente buena para el país y el pueblo, si alguien o alguna organización cree que lo puede hacer mejor que nosotros, estamos dispuestos a dimitir”, afirmó.

El problema, apuntan muchos, es que no existe alternativa. Y, mientras tanto, las desigualdades avanzan en el terreno económico, las libertades continúan erosionándose como nadie pudo haber predicho, y ninguna de las graves lacras sociopolíticas del país recibe solución.

“Si se miran las estadísticas macroeconómicas, Birmania es un caso de éxito. Un buen ejemplo de cómo la democracia se refleja en el crecimiento económico. Pero los números esconden la verdad: que los realmente beneficiados por la bonanza son unos pocos y que, precisamente, son los que están relacionados con el régimen militar anterior”, critica Zin Mar Lin, una de las integrantes de la Brave New Burma Federation.

“Los precios de la vivienda, por ejemplo, se han disparado. Todo el mundo quiere construir hoteles y promocionar el turismo, pero quienes poseen tierra y edificios son los que cambiaron sus uniformes por el traje y la corbata. Los pobres son ahora más pobres”, añade.

Ataques a la libertad de prensa

Por otro lado, las libertades que la población esperaba en esta nueva etapa no cristalizan. Es más, activistas prodemocracia y periodistas de toda índole se han manifestado públicamente en contra de la sección 66(d) de la Ley de Telecomunicaciones, que fue aprobada en 2013 y que castiga la difamación en la prensa o en redes sociales con penas de hasta tres años de prisión.

La redacción del texto legal es lo suficientemente vaga y amplia como para que sea fácil encausar a quienes resultan incómodos para el poder, y así se ha hecho en más de medio centenar de casos contra periodistas, blogueros, y activistas. Incluso prominentes figuras de la LND, como U Myo Yan Naung Thein, han sido imputados por posts en Facebook o Twitter. Su delito es criticar al Gobierno o al Ejército.

“Vamos hacia atrás en lo que a la libertad de expresión se refiere”, asegura un periodista de Frontier, uno de los medios más críticos con la ley, que pide mantener su identidad en el anonimato.

“El artículo 66d está diseñado, lo mismo que la Constitución, para otorgar al Ejecutivo poderes que son propios de una dictadura. Pretende meter miedo a los medios de comunicación y lograr así que los periodistas se autocensuren. Curiosamente, el Gobierno de Suu Kyi podría tratar de derogar la ley, pero incluso se ha negado a discutir esa posibilidad”, apostilla por correo electrónico.

La “brutal” guerra contra grupos étnicos armados

En cualquier caso, todos estos problemas quedan reducidos a nimiedades si se comparan con los dos grandes frentes que el nuevo gobierno democrático tiene abiertos en la periferia del país, y en los que no ha logrado avances significativos. Por un lado, está la tragedia humanitaria de los rohingya, la minoría musulmana que habita sobre todo en el Estado occidental de Rakhine y que Naciones Unidas considera la etnia más perseguida del mundo.

Por otro lado, continúa abierto el conflicto bélico que enfrenta al Ejército con una veintena de grupos étnicos armados. La mayoría firmó acuerdos de alto al fuego antes de la celebración de las elecciones democráticas, pero algunos, como el Kachin Independence Army (KIA), siguen librando sangrientos combates que han provocado decenas de miles de desplazados internos.

La situación de estos últimos tampoco ha cambiado. “Esperábamos una mejoría importante con la llegada de Aung San Suu Kyi, y la seguimos esperando, pero lo cierto es que la violencia ha aumentado y que el Gobierno ha cortado vías humanitarias que antes sí estaban abiertas”, denunció Mark Cutts, de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (UNOCHA), en una entrevista con Al Jazeera. “Es imprescindible que la gente que está sufriendo pueda acceder a la ayuda”, sentenció.

En la zona que controla el KIA la situación de los desplazados es desesperada. En el campo de Jeyang, por ejemplo, malviven unos 8.500 miembros de la etnia kachin –cristiana– que han tenido que abandonar sus viviendas ante el avance de las tropas del Gobierno.

“Ni siquiera los birmanos se enteran de lo que pasa aquí”

“La brutalidad que mueve a los militares birmanos es inimaginable. Continúan arrasando pueblos enteros, donde las mujeres son violadas y las viviendas saqueadas o destruidas. El mundo no sabe lo que sucede aquí, y, lo que es todavía peor, ni siquiera los birmanos se enteran”, se lamenta Labang Dai Pisa, director del organismo que administra los campos en los que ya han encontrado refugio 85.000 desplazados.

En Laiza, el principal bastión del KIA y ciudad fronteriza con China, las ametralladoras y los lanzagranadas están presentes en cada esquina. Y en los centros de adiestramiento de las afueras tampoco hay tregua. Cientos de adolescentes se entrenan con fusiles de madera para aprender a empuñar una versión casera del Kalashnikov AK–47.

Mientras tanto, el Ejército continúa arrebatando posiciones al KIA y dejando un reguero de muertos en su avance. “El Gobierno propone un alto al fuego a nivel nacional, como el que ha firmado con otros grupos, para dar comienzo a un proceso de paz. A nosotros nos parece bien, pero las hostilidades no cesan y tenemos que defendernos”, explica el general de los insurrectos, Gun Maw. Como muchos otros grupos armados, el KIA lleva combatiendo al Ejército desde la independencia de Birmania, y exige la creación de un estado federal descentralizado.

Los rohingya: la mancha más oscura de Suu Kyi

250 kilómetros al suroeste, la guerra es muy diferente. En el Estado de Rakhine se libra lo que muchos consideran una limpieza étnica. Los budistas bamar, con el polémico monje Ashin Wirathu al frente –que se autodenominó el Bin Laden birmano–, rechazan de plano a la etnia rohingya, y exigen su devolución a Bangladesh, un país que tampoco los reconoce como ciudadanos propios a pesar de que ahí está su origen.

Los sistemáticos casos de torturas, violaciones, y discriminación de todo tipo que sufren los rohingya han propiciado la creación de grupos guerrilleros extremistas que combaten también a las fuerzas del estado.

Mientras unos y otros se enfrentan con balas e interpretaciones interesadas de la historia, unos 140.000 civiles rohingya malviven en campos de refugiados que no cumplen los estándares mínimos de nutrición, asistencia sanitaria, y educación. Así, la muerte se ha convertido en el desagradable vecino de todos, y a miles de niños se les ha arrebatado el futuro.

Sin duda, los rohingya son la mancha más oscura en la figura de Suu Kyi. A pesar de que la Dama ha prometido en diferentes ocasiones respetar los derechos humanos y proporcionar asistencia humanitaria a todos los ciudadanos, se niega a condenar la situación que vive esta etnia.

Es más, la LND ni siquiera considera que se deba utilizar el término rohingya para referirse a quienes tacha de bengalíes que inmigraron de forma ilegal. “La comunidad internacional nos presiona para que los llamemos así, pero no entendemos por qué. Son bengalíes”, zanja U Nyan Win, uno de los dirigentes del partido de Suu Kyi que estuvo tres años encarcelado sin juicio durante la dictadura. “En cualquier caso, somos partidarios de enmendar la Ley de Nacionalidad de 1982 para que los bengalíes dejen de ser apátridas y se desactive así el conflicto”.

“Posiblemente, el problema está en que se han puesto excesivas esperanzas en una sola persona. Suu Kyi no es una diosa, sino una política. Se debe a sus votantes, como cualquier otro. Y tiene las manos atadas en muchas ocasiones porque el Ejército mantiene su poder de veto”, explica en tono conciliador Tort Reign, un activista de la minoría étnica Naga.

“Un año puede parecer mucho tiempo, pero no es nada si tenemos en cuenta que salimos de medio siglo de dictadura. Hay que tener paciencia y dar un voto de confianza a quien ha sacrificado tanto de su vida por el país. Juzguemos a Suu Kyi dentro de un lustro”, sentencia.

En la entrada de la aldea Thaungtan hay un flamante cartel amarillo con el siguiente mensaje: “No se permite que los musulmanes pasen la noche aquí. No se permite que los musulmanes alquilen habitaciones. Se prohíben los casamientos con musulmanes”.

El cartel fue colocado a finales de marzo por los residentes budistas de la aldea birmana de la suntuosa región del delta de Irrawaddy que firmaron, o fueron obligados a firmar, un documento asegurando que querían vivir separados. Desde entonces, otras aldeas del país han hecho lo mismo. Pequeños pero con una intolerancia brutal, estos poblados remotos “solo para budistas” funcionan como un microcosmos de las enardecidas tensiones religiosas que amenazan la nueva democracia birmana. Tras décadas de régimen militar, Birmania ha entrado en una nueva era. Aung San Suu Kyi, la consejera de Estado, está a cargo del gobierno, aunque los principales ministerios permanecen bajo control del ejército.

Pero estas últimas semanas ha habido un gran aumento de la actividad nacionalista. El mes pasado, unas 20 personas se manifestaron frente a la embajada de Estados Unidos en Rangún para exigir que los diplomáticos dejen de usar la palabra rohinyán para referirse a los millones de musulmanes confinados en campos de reasentamiento internos y aldeas del oeste de Birmania. Los nacionalistas insisten en que esos musulmanes son inmigrantes ilegales provenientes de Bangladesh. 

Los pocos comentarios que hizo al respecto la Liga Nacional para la Democracia (NLD) a la que pertenece Aung San Suu Kyi no han sido alentadores. Aparentemente, Aung San Suu Kyi le habría dicho al nuevo embajador de los Estados Unidos que no usara el término rohinyán. Hace poco, el nuevo ministro de Religión, el ex general Thura Aung Lo, se refirió a los musulmanes y a los hindúes como “ciudadanos asociados”. 

Que el nuevo Gobierno no se oponga a la retórica nacionalista (y que, en algunos casos, la reproduzca) hace que algunos se pregunten por el espacio para las minorías en el futuro de Birmania. 

El odio hacia los 'rohinyá'

Thaungtan es una pequeña aldea de unos 700 habitantes, en su mayoría granjeros, extremadamente aislada debido a que se encuentra al final de un largo camino de tierra rodeado de bananeros y altos pastizales. Hace poco tiempo, sus residentes crearon el Patriotic Youth Network, un grupo nacionalista que dice estar dedicado al desarrollo de la aldea y a mantenerla lejos de “manos extranjeras”.

En el monasterio de la aldea, Ma Ni Ta, un joven monje de penetrantes ojos negros, permanece sentado con cara de pocos amigos mientras los aldeanos piden que se les explique el motivo del cartel. “Los residentes de la aldea han hablado y han notado que la NLD no había hecho nada con respecto a la religión”, dice Ma Ni Ta. Según él, la misión de “proteger la religión” había recaído sobre la aldea. 

A principios de 2015, un extraño se mudó a Thaungtan. Según las versiones de los aldeanos, al principio el hombre, que dijo ser hindú, se llevaba bien con los vecinos. Luego empezó a comprar tierras. Fue en ese momento cuando llegaron a la conclusión de que debía ser musulmán. “Es como con los fantasmas. Jamás hemos visto un fantasma pero les tenemos miedo”, explica un aldeano con una risa triste. Según ese aldeano, que no quiere ser nombrado por temor a represalias, el recién llegado formaba parte de una pequeña minoría que se oponía al mensaje escrito en el cartel. 

Los miembros del Patriotic Youth Network descubrieron que no todos los familiares del recién llegado tenían documentos de identidad. Según el monje Ma Ni Ta, “Se deben haber escabullido desde Bangladesh”. “Si viviéramos todos juntos, podríamos tener algunos problemas con las donaciones y las ceremonias religiosas”.

El recién llegado que compró las tierras se llama Kyaw San Win. De 28 años, bajo, fornido, de ojos grandes y pestañas largas, se encuentra en la tienda de bebidas de su primo en Rangún, a tres horas de viaje en auto desde Thaungtam. Señalando una pequeña estatua de Buda en un estante, explica a este periódico cómo es que su familia seguía tradiciones tanto budistas como hinduistas.  

Kyaw San Win contó que él vivía en Rangún cuando su padre decidió retirarse al campo. Un primo de Kyaw San Win, casado con una mujer de Thaungtan, le sugirió entonces que fuera a la aldea de su esposa. La familia compró una vieja casa de madera y la acondicionó. Según Kyaw San Win, los monjes y los aldeanos se comportaron de manera hostil desde el principio. Acababan de comprar otro terreno con la idea de abrir una casa de té, cuando él y su esposa recibieron un llamado urgente de su padre. Le pedía por favor que regresara. “Los aldeanos y los monjes no quieren que vivamos allí”, le dijo.

En el monasterio, se les dijo que los aldeanos no querían en su aldea a ningún kalar, un término ofensivo para referirse a los musulmanes. “Comí cerdo delante de ellos”, contó Kyaw San Win con una risa exasperada. “Me dijeron que solo estaba fingiendo para poder llevar a cabo mi misión, como si fuera de la yihad”.

Tras ese episodio, según Kyaw San Win, miembros del Patriotic Youth Network le advirtieron de que “alguien podría venir y prenderle fuego a la casa”. Luego aparecieron los grupos de jóvenes que caminaban y corrían alrededor de la casa a todas horas o aceleraban sus motocicletas al pasar cerca.

Según Kyaw San Win, el administrador de la aldea le dijo que no podía garantizarle seguridad. Kyaw y su familia dejaron Thaungtan. Hace un mes que vendieron la casa. Justo cuando los miembros del Patriotic Youth Network subieron unas fotos a Facebook en los que aparecen de pie junto al nuevo cartel amarillo.

Para San Htay, primo de Kyaw San Win, “todas las religiones, todas las personas deberían poder vivir en cualquier parte del país”: “Todos las personas deberían regirse bajo la misma ley. Los nacionalistas quieren gobernar la aldea”. Según Kyaw San Win, tuvieron “suerte de ser budistas”. “Si fuéramos musulmanes, habría un conflicto en la aldea”.

Birmania parece estar una vez más al borde de la violencia religiosa. Varios grupos nacionalistas respaldaron al Partido Unión Solidaridad y Desarrollo que perdió las elecciones de noviembre (pese a contar con el apoyo de los militares). Tras la desilusión de los comicios, los nacionalistas se están haciendo escuchar de nuevo.

Según el director ejecutivo de la ONG Fortify Rights, Matthew Smith, “ahora que la polvareda levantada por las elecciones se asentó, las cosas siguen igual para los extremistas religiosos de todo el país”. “Sin un movimiento que contrarreste, este tipo de discriminación religiosa continuará fortaleciéndose; la violencia es inevitable”.

La Patriotic Youth Network en Thaungtan niega cualquier vínculo con la organización nacionalista extrema Ma Ba Tha, que, en los últimos años, ha librado una campaña de odio contra los musulmanes. Ashin Wirathu, el monje instigador, ha sido acusado de incitar revueltas mortales a través de su página de Facebook, donde publica rumores sin fundamentos acerca de los musulmanes. 

Un portavoz del Ministerio de Asuntos Religiosos dijo que no había oído hablar de aldeas “sin musulmanes”. “Básicamente, las quejas deberían provenir desde un nivel regional”. No pudo ser contactado para responder más preguntas.

El NLD está en una situación precaria. El odio hacia los rohinyá penetra en todos los niveles de la sociedad. Incluso la revista The Irrawaddy, administrada por activistas de derechos humanos, publicó unas viñetas en las que aparecía un hombre de piel oscura y medio desnudo, sosteniendo un cartel con la leyenda “gente del bote”.

Unos estudiantes de la Escuela de Ciencias Políticas de Rangún organizaron una pequeña marcha de paz por la ciudad. Entre hombres, mujeres y niños, eran menos de 100. Los carteles decían “Acepten la diversidad” o “Promuevan la tolerancia”. Ahora la policía piensa levantar cargos contra ellos por liderar una protesta sin autorización.

Nanda Kyaw, un taxista musulmán, dice tener aún dolores de cabeza por la paliza que le dieron junto a la pagoda Shwedagon. El mismo lugar del que hace unas semanas fueron expulsados vendedores islámicos.“Tengo que manejar todos los días para sobrevivir”, contó el hombre de apenas 31 años. También dijo que, por lo menos una vez al día, un posible pasajero le hace señas para que no se detenga después de ver su barba. Pero el ataque que sufrió en abril pasado fue toda una sorpresa.

Según cuenta, un grupo de jóvenes bajó la ventanilla de su vehículo y comenzó a increparlo con insultos racistas. Los jóvenes se colocaron delante del taxi y lo golpearon con barras de hierro. El hombre musulmán quedó con sangre en la boca y la cabeza. “Algunas personas detuvieron sus autos y se quedaron a mirar un poco. Era un problema entre un musulmán y un budista; tenían miedo”. 

Nanda Kyaw se negó a ser fotografiado por miedo a reavivar las tensiones. Algo parecido a lo que siente Kyaw San Win: su familia no ha levantado cargos contra las personas que, de tanto acosarlos, los obligaron a dejar la aldea. Además, ya no quieren volver allí. Su primo lo explica: “La gente es muy intolerante. No queremos vivir con esa clase de gente”.

Con información de Cape Diamonds y Aung Naing Soe.

Traducción de Francisco de Zárate

Hasta el mes pasado, pocas personas habían oído hablar en Birmania del hombre que ahora ha sido confirmado como próximo presidente. Htin Kyaw, de 69 años, amigo de la infancia y colaborador cercano de la líder pro-democracia Aung San Suu Kyi, fue formalmente designado para ese puesto la semana pasada por la Liga Nacional para la Democracia (NLD, por sus siglas en inglés), tras varias semanas de especulaciones. Este martes, una votación del Parlamento ha ratificado su elección.

“Sabemos de él por los periódicos”, decía Ko Nyan, conductor de 33 años, sentado en un restaurante de la capital, Naypyidó, la semana pasada. En los círculos de la NLD, Htin Kyaw es conocido como un hombre fiel al partido y con vínculos personales fuertes con Aung San Suu Kyi. Fue a la escuela en Yangon con la líder política, antes de obtener una beca para cursar sus estudios universitarios en Reino Unido.

Además, es el hijo de Min Thu Wun, un respetado escritor y poeta. En torno a una docena de los parlamentarios electos en los comicios del año pasado son también poetas.

“U Htin Kyaw, recientemente elegido por la NLD para la presidencia, es una elección magnífica. Es respetado, su integridad es intachable y es un hombre afable”, tuiteó Thant Myint-U, historiador y nieto del exsecretario general de la ONU U Thant. En conversación con the Guardian, Thant Myint-U ha afirmado: “Su padre y mi abuelo eran muy buenos amigos, nacieron en 1909 con pocos de días diferencia. Ese es mi vínculo con él. Viene de una familia que ha pasado casi un siglo en el corazón de la (durante mucho tiempo hundida) tradición liberal de Birmania”.

Htin Kyaw también es directivo de alto rango de una fundación que lleva el nombre de la madre de Aung San Suu Kyi. Ese puesto genera respeto entre los parlamentarios de la NLD, muchos de los cuales han sido activistas y disidentes durante años antes de entrar en el Parlamento.

“Lo que he oído sobre él en los medios es bueno”, ha manifestado Win Htoo, parlamentario del Partido Nacional de Ta'ang. Este político, que dedica tiempo a organizaciones de la sociedad civil, ha mostrado admiración por el trabajo benéfico de Htin Kyaw.

La Dama birmana, vetada 

El sistema electoral de Birmania requiere que el presidente sea votado de entre una selección de nombres propuesta por los legisladores. La lista debe incluir al menos a un representante designado por el Ejército, que mantiene un cuarto de los escaños.

Como la NLD se hizo con una amplia mayoría en las elecciones del pasado noviembre, tenía suficiente capacidad parlamentaria para elegir un líder. Los candidatos derrotados –Myint Swe, general retirado apoyado por las Fuerzas Armadas, y Henry Van Thio, parlamentario de la minoría étnica chin que fue el segundo aspirante de la NLD– serán vicepresidentes.

La Constitución de Birmania, redactada por la junta militar que gobernaba el país anteriormente, impide que Aung San Suu Kyi –a menudo apodada como la 'Dama' por sus seguidores– ocupe la presidencia porque sus hijos son británicos. Hubo conversaciones para enmendar o suspender esa cláusula, pero concluyeron sin éxito.

La líder ha hecho pública su intención de gobernar “por encima” del presidente. En un comunicado difundido en la web de la NLD este jueves, pidió a sus seguidores que apoyen la elección del partido “con dignidad”. “Este es un paso importante en la puesta en marcha de los deseos y expectativas de los votantes que apoyaron a la NLD con entusiasmo”, añadió.

“Como dijo que liderará el Gobierno, tiene que elegir a alguien que pueda ayudar. Aung San Suu Kyy no puede trabajar si elige a alguien que no pueda ayudarla o que no haga lo que ella quiera”, valora el analista político Sithu Aung Myint. Para la mayoría de los seguidores de la NLD en la calle, sea quien sea el presidente, está claro quién tiene el verdadero liderazgo del país. “(Htin Kyaw) puede ser una persona adecuada para el puesto pero, pase lo que pase, todo irá bien porque la Dama estará al frente del Gobierno”, resume Tin Hla, gerente de un restaurante.

Traducido por: Jaime Sevilla

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La madrugada del pasado 29 de noviembre, centenares de campesinos y monjes budistas estaban protestando en el distrito de Monywa, en el centro de Birmania, cuando la policía irrumpió para desalojar los campamentos y monasterios que ocupaban desde hacía semanas. Al alba y sin apenas aviso previo, la policía empleó toda su fuerza para dispersarlos. Al terminar el brutal asalto, 67 personas, la mayoría monjes, yacían heridas sufriendo horribles quemaduras.

Las autoridades alegaron que las quemaduras fueron consecuencia del uso de una partida defectuosa de gas lacrimógeno. Sin embargo, algunas organizaciones locales han realizado investigaciones sobre el terreno y aseguran que la policía empleó fósforo blanco para desmantelar los campamentos.

Menos de dos años después de que el régimen militar que llevaba gobernando Birmania desde hacía cinco decenios emprendiera un proceso de reforma política hacia una “democracia disciplinada” en la que el Gobierno es oficialmente civil, pero el ejército continúa ejerciendo una enorme influencia, aquel ataque contra monjes y civiles desarmados hizo recordar a muchos tiempos pasados, especialmente la brutal represión de la llamada “revolución de azafrán” liderada por monjes budistas en 2007.

Los habitantes de la zona estaban protestando contra la ampliación de la mina de cobre de Letpadaung, el complejo minero más grande del país, explotado conjuntamente por la Union of Myanmar Economic Holdings Ltd (UMEHL), un gigantesco conglomerado empresarial propiedad del ejército birmano, y Myanmar Wanbao, subsidiaria de Norinco, una empresa de armamento china. Wanbao le compró su participación en 2010 a Ivanhoe Mines, una compañía canadiense que llevaba explotando la mina desde 1996.

El impacto de la mina

Para realizar la ampliación de la mina, el Gobierno está expulsando de sus tierras a centenares de agricultores que llevaban cultivándolas desde hacía generaciones. Algunos de ellos se negaron a firmar los papeles que les presentaron las autoridades para ceder las tierras, muchos otros firmaron bajo presión, siendo poco conscientes de lo que estaban haciendo y recibiendo a cambio compensaciones con las que resulta imposible comenzar una nueva vida en otra parte.

Durante una entrevista a eldiario.es realizada en Rangún a mediados de julio, Saw Kyaw Min, el joven abogado de algunos de los agricultores, afirmó que las compensaciones se basan en una tasación obsoleta de la tierra realizada por los británicos durante la época colonial, que finalizó en 1948. Por otro lado, en otros casos ni siquiera ha habido compensaciones y el Gobierno se ha limitado a declarar tierra no cultivable algunos terrenos que antes sí lo eran.

La mina está dando poco empleo a la población local. La mayoría de los empleados, y especialmente los más cualificados, son trabajadores llevados desde China y alojados en barracones rodeados de alambradas de espino y equipados con aire acondicionado, un lujo con el que ninguno de los habitantes de la zona podría siquiera soñar.

El caso de Letpadaung no es único. Al igual que está sucediendo en los últimos años en otros países del Sudeste Asiático como Laos o Camboya, en otras partes de Birmania muchos ciudadanos están siendo expulsados de sus tierras en nombre de un desarrollo económico que resulta prometedor sólo para unos pocos.

Más allá de las expropiaciones, el impacto de la mina sobre el medio ambiente y la salud de la población es enorme y a veces muy visible. Debido a los ácidos que se han filtrado en el suelo y las aguas subterráneas, algunas tierras ya no son fértiles o es necesario transportar el agua desde lugares lejanos para regar los campos, con el consiguiente incremento de los costes.

Algunos agricultores se han visto obligados a adaptarse a las circunstancias y a producir cobre en sus pequeños terrenos. Este es el caso de Ko Nyo, un hombre de 48 años que ahora mantiene a sus dos hijos y a su mujer produciendo cobre en su parcela mediante un laborioso proceso y vendiéndolo en un pueblo cercano. De una tierra que antes le daba 150.000 kyats (unos 150 euros) mensuales, ahora solo puede extraer unos 600 kilogramos de cobre al mes, que sólo le rinden un beneficio de 90.000 kyats (90 euros).

Además, la contaminación está causando no pocas enfermedades respiratorias y de la piel, como la que sufre Ma Myint Myint, una mujer de 42 años que, tras ducharse con aguas contaminadas, tiene unas dolorosas úlceras en la piel. Puesto que la sanidad pública en Birmania es poco menos que inexistente y no se puede permitir la privada, no recibe más tratamiento que un ungüento que apenas sirve para mitigar el dolor.

Los agricultores resisten solos

Los agricultores resisten solos Pese a las presiones, muchos de los habitantes de la zona están dispuestos a resistir hasta el final, conscientes de que si pierden sus tierras, lo pierden todo. No sólo continúan organizando protestas con cierta regularidad, sino que algunos siguen cultivando la tierra, pese a que las autoridades les han prohibido hacerlo; un acto de resistencia cotidiana por el que se arriesgan a ser detenidos.

La presencia de la policía es constante durante el día en toda la zona, pero por las noches los pueblos sólo pertenecen a sus habitantes. En un par de ellos se organizan patrullas y defensas para impedir la entrada a las fuerzas de seguridad y proteger así a los activistas que organizan las protestas y huyen de la policía. Algunos de los organizadores ya han sido juzgados y encarcelados. La última es la activista Naw Ohn Hla, condenada a finales de agosto a dos años de trabajos forzosos por haber convocado una protesta a principios del mes pasado.

Algunos de esos activistas proceden de otras ciudados, pero los agricultores de Monywa se sienten solos en su lucha y a veces no es difícil detectar una sombra de derrotismo en sus rostros. Para ellos, el gran mazazo llegó en marzo, cuando percibieron que les había dejado de lado Aung San Suu Kyi, la líder de la oposición democrática birmana durante el último cuarto de siglo y la persona en la que una gran parte de la población ha depositado todas sus esperanzas durante años. Con las reformas políticas, ahora Suu Kyi forma parte del Parlamento y está tratando de acercarse al nuevo Gobierno semicivil, formado por antiguos generales de la dictadura, en un intento de obtener algún día la presidencia del país.

Poco después del brutal ataque de la policía a los campamentos, el Gobierno creó una comisión para investigar el incidente y la viabilidad del proyecto. La presidencia de la investigación le fue encomendada a Suu Kyi. La comisión publicó su informe en marzo y a finales de aquel mes, Suu Kyi viajó a la zona para presentarlo. Aún admitiendo que la mina tiene un impacto negativo en la zona y que crea poco empleo para la población local, la diputada les pidió a los agricultores que abandonaran las protestas y aceptaran la ampliación. El argumento que esgrimió consistió en que es preciso respetar los acuerdos cerrados con la empresa china en aras del interés y el prestigio nacionales, pasando por alto que estos se realizaron sin ninguna transparencia y sin consultar a los habitantes de la zona.

La postura de Suu Kyi defraudó las expectativas de los agricultores de la zona, que esperaban que defendiera sus intereses frente a los del gran capital chino y birmano. Por primera vez en la historia reciente del país, pudieron verse escenas de gente gritando e imprecando a “la Dama”, como se la conoce popularmente en Birmania, e incluso acusándola de traidora. Y no se trataba de gente pagada por el Gobierno.

Cuando viajé a Monywa, todos los habitantes con los que hablé se mostraron amargamente decepcionados con Suu Kyi y muchos de ellos afirmaron sentirse traicionados y solos en su lucha. La única excepción era Thein Aung, un agricultor de 53 años que dijo que no se había sentido decepcionado porque, en realidad “nunca había creído en ella”. Como muchos otros, Thein Aung admitía que los agricultores de Monywa están prácticamente solos y tienen todas las de perder, pero estaba dispuesto a continuar la lucha. “No tenemos otra opción”, senten

ció.