Pocas cosas despiertan tanta unanimidad como un buen postre. Y si hablamos de los más célebres del continente asiático, Myanmar juega en otra liga. Su historia culinaria, marcada por la influencia india, china y del sudeste asiático, explica por qué sus dulces combinan arroz, coco, sésamo y azúcar de palma con una sencillez muy reconocible. Aquí lo dulce no es sofisticación: es tradición, calle y vida cotidiana.

En este recorrido por la repostería birmana asoman nombres que cualquier viajero ha visto —o probado—: el mont lone yay paw, el shwe yin aye o el htanyet mont, dulces que forman parte del día a día. Myanmar puede dividirse por pagodas doradas y paisajes rurales, pero hay algo que lo mantiene unido: su manera tranquila de disfrutar algo dulce sin complicaciones.

1. Mont lone yay paw

Bolas de arroz glutinoso rellenas de azúcar de palma líquida. Al morderlas, el interior se derrama. Se cuecen en agua y se sirven con coco rallado por encima.

2. Shwe yin aye

Postre frío elaborado con gelatinas, tapioca, leche de coco y azúcar. Refrescante y muy consumido en climas calurosos.

3. Htanyet mont

Dulce elaborado con arroz, azúcar de palma y coco. Tiene textura densa y se consume como postre o merienda.

4. Mont sein paung

Pastel al vapor hecho con harina de arroz y azúcar, a menudo aromatizado y servido en pequeñas porciones. Es habitual en mercados.

5. Mont pyar thalet

Dulce crujiente similar a una galleta de arroz con sésamo y azúcar de palma. Se vende en puestos callejeros y es muy popular como snack dulce.

Myanmar demuestra que el postre puede ser sencillo y directo. Sus dulces hablan de arroz, de coco y de una cocina donde lo dulce se integra en la vida diaria sin necesidad de artificios. A veces, entender un país empieza por algo pequeño, caliente y recién hecho en la calle.

Tras los casi cinco años de guerra civil que han seguido al golpe de Estado de 2021 en Myanmar, el país del sudeste asiático sigue encallado en un conflicto multipolar. La junta militar no acaba de derrotar a las fuerzas de la oposición democrática y a los grupos étnicos alzados en armas, algunos de los cuales controlan territorios importantes.

El general golpista Min Aung Hlaing busca ahora legitimidad internacional con una convocatoria electoral en tres fases —la primera, este domingo— sin garantías de limpieza: continúan los ataques contra la población civil, con millones de desplazados, y con cambios en el formato y dudas sobre el calendario hasta última hora. Si logra el apoyo de las potencias regionales, la junta militar se anotará una victoria diplomática.

Los activistas Harn Yawnghwe (Maymyo, 1948) —hijo del primer presidente de la Birmania independiente tras la Segunda Guerra Mundial— y Victor Biak Lian (Hakha, 1965) representantes de la Euro Burma Office (EBO) y del colectivo Associates to Develop Democratic Burma (ADDB), respectivamente, llevan más de tres décadas mediando desde el exilio para la búsqueda de una solución democrática y federal para un país con una extraordinaria diversidad étnica. Este otoño pasaron por Madrid en una gira para advertir a los gobiernos europeos de lo que ven como una maniobra tramposa del régimen para perpetuarse.

¿Por qué ha convocado elecciones la junta militar y por qué están ustedes en contra?

Harn Yawnghwe: La junta no quiere realmente que las cosas cambien, sino legitimar su gobierno. Celebran las elecciones para que ellos salgan elegidos y todo el mundo los acepte. Y nosotros decimos que esto no es válido porque el ejército controla solo en torno al 50% del país. Además, a los tres partidos más grandes que ganaron en las elecciones anteriores, en 2020, no se les permite presentarse. De ninguna manera serán libres.

Victor Biak Lian: Celebrar elecciones es totalmente inaceptable porque han lanzado una operación militar contra la población, especialmente contra los civiles de lo que llamamos zonas de control étnico. Incluso en el estado Chin [al noroeste], de donde yo provengo, ha habido muchos bombardeos contra poblaciones civiles, niños, mujeres.

Lo mismo ocurre en la frontera oriental, que está en Karén, al este, y también en el norte, en Kachin. Bombardean al mismo tiempo que se preparan para las elecciones. Otra cosa es que millones de personas han huido a los países vecinos en los últimos cuatro años con este conflicto. [La junta anunció el 20 de diciembre que había recibido ya los votos de los residentes en el extranjero]

¿Cuánta gente ha escapado?

Victor Biak Lian: Según lo que hemos sabido por las autoridades tailandesas, solo a Tailandia ya han huido más de tres millones, pero podrían ser muchos más, se habla de hasta ocho millones. Y en el oeste, más cerca de India, probablemente cientos de miles de la zona del estado chin y la región de Sagaing, y quizá los árabes [rohingya], a Bangladés. Además, no aclaran si el sistema electoral será mayoritario o proporcional. La gente está confundida sobre el funcionamiento. [El mecanismo anunciado finalmente contempla un reparto mixto que combina tres métodos de elección].

Harn Yawnghwe: En realidad, están hablando de celebrar las elecciones en dos fases, quizá tres. Ni siquiera lo tienen claro. La primera fase será el 28 de diciembre en algunas zonas controladas por la junta. Y la siguiente será el 11 de enero. Están hablando de una tercera, pero no saben cuándo. ¿Cómo se pueden celebrar, si no hay nada decidido? [La junta anunció el 26 de diciembre que la tercera fase se celebrará el 25 de enero].

¿Temen que los países occidentales reconozcan al Gobierno de Min Aung Hlaing?

Harn Yawnghwe: Podría ser, sí, porque los países vecinos lo reconocerán, ya que no les importa la democracia, sino la estabilidad, que haya alguien que controle la situación.

Se refieren principalmente a China y Tailandia.

Harn Yawnghwe: Y a India, sí. Todos temen que los disturbios y la violencia en el país tengan repercusiones en sus propios países. Mucha gente huye de los combates, así que hay muchos refugiados y desplazados internos. No quieren que eso continúe, sino un gobierno estable con el que comerciar e invertir.

Myanmar es independiente desde hace casi 80 años y, en el pasado, todos los conflictos han sido de carácter étnico, pero ahora la mayoría está implicada en la lucha por la democracia

¿Cuál fue la razón principal del golpe de Estado?

Harn Yawnghwe: El régimen introdujo un nuevo sistema en 2010 que garantizaba automáticamente a los militares el 25% de los escaños en las cámaras baja y alta. Así que esperaban que, si ganaban otro 20% o 25%, podrían permanecer en el gobierno. Pero la gente ni siquiera les dio ese 25%. Obtuvieron menos del 20%. El partido que ganó en 2015 volvió a ganar en 2020 y obtuvo alrededor del 80% de los escaños. Y los militares querían más.

Después de cuatro años de guerra, ahora parece haber una especie de estancamiento. ¿Creen que el elemento popular de la revolución ha quedado relegado a un segundo plano y se ha convertido en un conflicto meramente étnico?

Harn Yawnghwe: No, en realidad no. Myanmar es independiente desde hace casi 80 años y, en el pasado, todos los conflictos han sido de carácter étnico. Las minorías quieren sus derechos, como los vascos o los catalanes aquí. Pero ahora, la mayoría está implicada en la lucha por la democracia, especialmente la generación más joven.

Pero hay facciones étnicas poderosas, como la de Rakáin, al oeste.

Harn Yawnghwe: Yo diría que todas las zonas fronterizas están controladas por los diferentes grupos étnicos, que llevan mucho tiempo luchando, mientras que la mayoría étnica bamar se encuentra principalmente en el centro [del país]. Pero ahora los jóvenes, cuando huyen de las ciudades, van a las zonas [de las minorías étnicas], se unen a ellas o forman sus propios ejércitos.

¿Cómo es viable tener un Estado con todas esas tensiones?

Harn Yawnghwe: La solución militar es mantener la represión. Pero lo que realmente hay que hacer es hablar con los diferentes grupos y preguntarles qué tipo de futuro quieren para volver a negociar. En 2011 hubo negociaciones, a las que ayudamos y en las que logramos algunos avances. Con las elecciones de 2015, que ganaron los demócratas, teníamos esperanzas de avanzar más, pero no lo logramos.

¿Cómo se puede articular un proceso para que las diferentes facciones negocien? Tal y como están las cosas, no parece que haya ningún incentivo para que se sienten a negociar.

Harn Yawnghwe: En teoría, todo el mundo está de acuerdo en que debería haber un sistema democrático federal para que todos puedan opinar. El ejército también estuvo de acuerdo en las negociaciones. Pero, en la práctica, no ha sucedido. Y ahora mismo los militares nos dicen que están abiertos a las conversaciones, que podemos acudir en cualquier momento. Pero dicen que los grupos étnicos tienen que entregar las armas primero [ríe].

Harn Yawnghwe: [Por otra parte], puede que los jóvenes no estén preparados para las negociaciones. En primer lugar, porque los están matando. En segundo lugar, desconfían de los militares porque se supone que no debían haber dado el golpe, ya que la Constitución fue redactada por los militares precisamente para evitar nuevos golpes. Si ni siquiera pueden cumplir las reglas que ellos mismos han establecido, ¿cómo pueden estar seguros de que, cuando negocien, obtendrán algo válido? Por eso, la generación más joven no está preparada. Solo quieren que el ejército se vaya.

Pero las minorías étnicas que llevan luchando mucho tiempo también tienen influencia en los jóvenes. Si sus líderes apuestan por la negociación, podría haber una oportunidad.

China quiere un régimen estable porque han¡ invertido mucho en el oleoducto hasta el Índico. Durante un tiempo estuvieron observando si la oposición se iba a hacer con el poder. Pero desde 2024, han decidido que apoyarán al ejército y reconocerán las elecciones

Para que eso ocurra, se necesita presión internacional. ¿Qué papel tienen los países más grandes de la zona, por ejemplo, China y Tailandia?

Harn Yawnghwe: Gran parte del entrenamiento de las tropas de la junta provino de Rusia. Y luego China ha suministrado drones y armas pequeñas. Para Rusia no es un gran gasto y le viene bien para su estrategia de aguijonear a EEUU y Occidente.

En cuanto a China, lo que quiere es un régimen estable, porque han invertido mucho en el oleoducto hasta el Índico. Durante un tiempo estuvieron observando si la oposición se iba a hacer con el poder. Pero desde 2024, han decidido que apoyarán al ejército y reconocerán las elecciones.

Por lo que se refiere a Tailandia e India, comparten con Myanmar 1.000 kilómetros de frontera, así que están muy preocupados por lo que ocurre. El tráfico de drogas, de personas, las estafas. Temen que todo esto desborde la frontera y por eso también quieren estabilidad. Y, por el momento, creen que las elecciones resolverán el problema. Nosotros les decimos que no lo harán, porque los jóvenes seguirán luchando. Tienen que ayudarnos a presionar al ejército para que dialogue.

¿Creen que existe el riesgo de que esas zonas fronterizas lleguen a ser independientes de facto? El 'Estado wa' en el este ya está en una situación de independencia práctica.

Harn Yawnghwe: Sí, existe. Lo curioso es que los militares siempre acusan a los estados étnicos de querer la independencia, pero cuando hablas con los líderes, lo que dicen es que quieren un sistema federal democrático. Como no se encuentre una solución, todo el mundo creará su propio Estado. Así que los militares están creando [la situación] en lugar de evitarla, lo cual es paradójico.

¿Qué opinan de la situación del pueblo rohingya? Hay informaciones que indican que la situación es incluso peor ahora, bajo control de la etnia rakáin, que bajo el control de la junta.

Harn Yawnghwe: Este genocidio lleva muchos años produciéndose. Al analizar la situación, lo primero que hay que señalar es que el ejército cambió la historia para decir que los rohingya son extranjeros. Que no pertenecen a Myanmar, que llegaron después, así que tenemos que expulsarlos. Y mucha gente se lo cree. También el ejército de Rakáin. Pero la realidad es que los rohingya y los arakaneses budistas han convivido durante siglos.

Tras las expulsiones, hoy la mayoría ya se encuentra en Bangladés y otros países; solo quedan unos 500.000. Pero ahora están en grave peligro. Tanto el Tatmadaw [el ejército estatal] como las fuerzas armadas de Rakáin están tratando de deshacerse de ellos. E incluso ambas partes los reclutan y los ponen a luchar.

¿Y qué hay de EEUU? Donald Trump levantó algunas de las sanciones a personas ligadas al régimen militar.

Harn Yawnghwe: EEUU ha sido muy errático. Nadie sabe ya qué significa esta medida. Pero la suspensión de la ayuda humanitaria tuvo un gran efecto en el movimiento democrático, porque financiaba a los refugiados, a los desplazados, a la sociedad civil, a los medios de comunicación para mantener la democracia. Todo eso ha desaparecido y nos preocupa que deje un vacío. Mucha gente esperaba que la UE interviniera, pero Suecia va a retirar [su presencia en el país] el año que viene, y Finlandia o Países Bajos también planean cerrar su embajada. Hemos venido aquí para concienciar al Gobierno español de que hay que apoyar de alguna manera. De lo contrario, ¿adónde irán los ciudadanos de Myanmar que quieren la democracia?

La mayoría de los rohingya ya se encuentra en Bangladés y otros países; solo quedan en Myanmar unos 500.000, pero ahora están en grave peligro. Tanto el ejército estatal como las fuerzas armadas de Rakáin están tratando de deshacerse de ellos. E incluso ambas partes los reclutan y los ponen a luchar.

¿Qué consecuencias ha tenido el terremoto de marzo? ¿Ha agravado el conflicto?

Victor Biak Lian: Ocurrió en la capital, Naipyidó, que sufrió una gran de destrucción. Está llegando mucha ayuda a Naipyidó, pero la población que realmente ha sufrido se encuentra en la zona de Sagaing y Mandalay, que no recibe mucho apoyo.

Harn Yawnghwe: Lo malo es que el general se ha tomado la respuesta humanitaria como un reconocimiento de su gobierno.

¿Qué papel tienen sus organizaciones? ¿Sienten que pueden generar desconfianza en los habitantes en el terreno, tras tantos años en el extranjero?

Harn Yawnghwe: Llevamos 35 años denunciando los abusos contra los derechos humanos no solo en el exilio, sino también dentro del país. Una de nuestras principales ventajas hoy en día es que podemos convocar reuniones [entre las diferentes facciones y el gobierno militar]. Porque mucha gente no se reúne ni habla con ellos. Si hay algún problema, les ayudamos a ver qué se puede hacer. Nuestro trabajo es facilitar, mediar y coordinar a los diferentes grupos, ayudándoles a reunirse.

¿Tienen alguna noticia sobre la situación de la expresidenta Aang Sang Suu kyi?

Harn Yawnghwe: Nadie lo sabe porque ya no está en la cárcel. Se supone que está bajo arresto domiciliario, pero no está en su casa. Nadie sabe cómo se encuentra, ni siquiera su familia. Antes, los abogados o los médicos la visitaban en la cárcel. Pero ahora nadie sabe realmente.

Incluso antes de la independencia, Myanmar tuvo que luchar ferozmente contra los británicos y luego contra los japoneses. Así que está en un estado de guerra casi constante. No sé si eso influye en el espíritu de la gente, según su experiencia.

Harn Yawnghwe: En la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de la población de minorías étnicas se mantuvo leal a los británicos. De hecho, fueron ellos los que lucharon contra los japoneses en la retaguardia. Fue la etnia mayoritaria bamar la que se unió a los japoneses. Así que ya durante la guerra hay una división. Un lado está con los aliados y el otro con los japoneses. Y cuando el grupo mayoritario cambió de bando para unirse a los aliados, se convirtieron en los favoritos de los aliados en lugar de su propio pueblo, que había estado trabajando con ellos. Así que esa es la primera traición, en cierto modo.

Victor Biak Lian: Desde la independencia hasta ahora, nunca hemos tenido un sistema federal, sino un gobierno unitario, o un gobierno de partido único o una dictadura militar. Hoy en día, todo el mundo está luchando para deshacerse de los militares, pero la oposición tiene que ser capaz de mostrar lo que quiere y cómo conseguirlo. Educar sobre qué es el federalismo es un reto en el que también estamos involucrados.

Harn Yawnghwe: Y lo que les estamos diciendo [a todos los grupos que controlan territorios] es que empiecen a construir su propia democracia, formar un gobierno civil y proporcionar los servicios de una administración. Para que al menos haya unidades que funcionen y vayamos construyendo de abajo a arriba.

Durante los días previos a las explosiones, el complejo empresarial se había ido vaciando. Las bombas derribaron bloques de oficinas vacíos y demolieron comedores con cocinas de diferentes países donde todavía resonaba el eco de su actividad pasada. La dinamita derribó un hospital de cuatro plantas, silenciosos complejos de karaoke, gimnasios desiertos y dormitorios.

Así llegó el fin del KK Park, uno de los “centros de estafas” más tristemente célebres del sudeste asiático, según declararon los comunicados de prensa de la junta militar de Myanmar. Las instalaciones habían albergado a decenas de miles de personas obligadas a estafar sin descanso a gente de todo el mundo. Ahora, el complejo estaba siendo demolido pieza a pieza.

Los operadores del parque hacía tiempo que se habían marchado. Todo parece indicar que les habían alertado de una inminente redada y ya habían trasladado sus negocios ilícitos a otro lugar. Más de 1.000 trabajadores habían logrado huir a través de la frontera y otros 2.000 habían sido detenidos. Pero hasta 20.000 trabajadores, probablemente víctimas de trata y maltrato, habían desaparecido. Los centros de estafa como KK Park han seguido prosperando lejos de la mirada de la Junta.

La industria mundial de las estafas, que mueve miles de millones de euros, se ha vuelto tan monolítica que los expertos afirman que estamos entrando en la era de los “timo-Estado”. Al igual que ocurre con el narco-Estado, la expresión se aplica a países donde esta industria ilícita ha extendido sus tentáculos por las instituciones legítimas, ha remodelado la economía, ha corrompido a los gobiernos y ha generado una dependencia estructural del Estado respecto a las redes ilegales.

Las redadas en el KK Park fueron las últimas de una serie de medidas represivas ampliamente difundidas contra los centros de estafas en el sudeste asiático. Sin embargo, y a pesar de los comunicados oficiales, los expertos en la región afirman que se trata en gran medida de medidas simbólicas o dirigidas a actores secundarios. Según los analistas, se trata de un “teatro político” por parte de funcionarios que están sometidos a la presión internacional para que tomen medidas enérgicas contra estas industrias del fraude, pero que tienen poco interés en eliminar un sector tremendamente rentable.

“Es como jugar a darle al topo con el mazo [...] solo que aquí no quieren golpear al topo”

Jacob Sims — Investigador visitante del Centro Asiático de la Universidad de Harvard y experto en delitos transnacionales y cibernéticos en la región del río Mekong

“Es como jugar a darle al topo con el mazo, ese juego de las ferias en el que los topos aparecen y desaparecen sin parar y los tienes que aporrear… solo que aquí no quieren golpear al topo”, afirma Jacob Sims, investigador visitante del Centro Asiático de la Universidad de Harvard y experto en delitos transnacionales y cibernéticos en la región del río Mekong. Las estafas han pasado de ser “pequeñas redes de fraude por Internet a una economía política operada a escala industrial en los últimos cinco años, según Sims.

El experto afirma que “en términos de PIB bruto, es el motor económico dominante de toda la subregión del Mekong”. “Y eso significa que es uno de los motores políticos dominantes, si no el que más”, concluye.

Los portavoces de los Gobiernos de Myanmar, Camboya y Laos no han respondido a las preguntas de The Guardian, pero el ejército de Myanmar sí ha señalado en anteriores ocasiones que está “trabajando para erradicar desde la raíz y por completo las actividades fraudulentas”. El Gobierno camboyano también ha calificado de “infundadas” e “irresponsables” las acusaciones de que es la sede de una de “las redes de ciberdelincuencia más grandes del mundo, respaldada por los poderosos”.

En menos de una década, esta industria ha pasado de los correos electrónicos plagados de faltas de ortografía y de adinerados e inverosímiles príncipes nigerianos a convertirse en un sistema vasto y sofisticado que extorsiona decenas de miles de millones de euros a víctimas de todo el mundo.

El timo de la matanza del puerco

En su núcleo se encuentran las estafas de “pig-butchering” (estafa del cebo y engorde del cerdo o shazhupan, en mandarín); un timo en el que los delincuentes se trabajan la confianza de la víctima durante semanas o meses antes de convencerla para que les mande dinero, a menudo bajo el engaño de una “inversión” en criptomonedas. Los estafadores se han aprovechado de la creciente sofisticación de la tecnología para engañar a sus víctimas: utilizan la inteligencia artificial generativa para traducir y dirigir conversaciones, la tecnología deepfake para realizar videollamadas y sitios web que calcan a las bolsas de inversión reales. Según se desprende de una encuesta, las víctimas de la estafa perdieron, de media, unos 134.000 euros. La mayoría declaró haber perdido más de la mitad de su patrimonio neto.

Esos enormes beneficios potenciales han impulsado la industrialización del sector de las estafas en Internet. Las estimaciones del tamaño global de este sector oscilan ahora entre 60.000 millones y cientos de miles de millones de euros, unas dimensiones que lo situaría a la par con el tráfico internacional de drogas. Los centros suelen estar dirigidos por redes criminales transnacionales, a menudo originarias de China, pero su punto de partida ha sido el sudeste asiático.

Las operaciones de estafa cibernética en los países del Mekong generaban a finales de 2024 unos 38.000 millones de euros anuales, lo que equivale a aproximadamente el 40% de la economía formal en su conjunto. Se trata de una estimación a la baja y que continúa aumentando. “Se trata de un sector que crece de forma masiva” confirma Jason Tower, de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional. “Este mercado ilícito no empezó a tomar forma global hasta 2021 y ahora estamos hablando de que mueve más de 60.000 millones de euros al año. Si nos remontamos a 2020, el tamaño era considerablemente menor”, compara.

En Camboya, una empresa acusada por el Gobierno de Estados Unidos de dirigir complejos fraudulentos en todo el país tenía 12.900 millones de euros en criptomonedas, que fueron incautados por el Departamento de Justicia el mes pasado: unos fondos equivalentes a casi la mitad de la economía del país.

Que esto ocurra de forma tan pública y visible demuestra el nivel extremo de impunidad y hasta qué punto los Estados no solo lo toleran, sino que, de hecho, estos delincuentes se están integrando en el Estado

Jason Tower — Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional

Con unos beneficios potenciales tan enormes, la infraestructura necesaria para sostener estos centros de estafa ha proliferado con rapidez. Prosperan en zonas de conflicto y en áreas fronterizas sin ley o con una regulación muy débil. Medios locales de Laos citan a funcionarios según los cuales hay unos 400 de estos complejos operando en la zona económica especial del Triángulo Dorado —entre las zonas fronterizas de Myanmar, Laos y Tailandia—.

Cyber Scam Monitor —un colectivo que rastrea canales de Telegram dedicados a las estafas, informes policiales, medios de comunicación y datos satelitales para identificar estos complejos— ha localizado 253 emplazamientos sospechosos solo en Camboya. Muchos tienen grandes dimensiones y operan a la vista del público.

Como señalan los expertos, la magnitud de los complejos es en sí misma un indicio de hasta qué punto se han visto comprometidos los Estados que los acogen.

“Se trata de infraestructuras enormes, construidas de forma muy visible. Se pueden ver desde la frontera. Incluso se puede entrar en algunas de ellas”, afirma Tower. “El hecho de que esto ocurra de forma tan pública y visible demuestra el nivel extremo de impunidad y hasta qué punto los Estados no solo lo toleran, sino que, de hecho, estos delincuentes se están integrando en el Estado”, plantea.

Corrupción política a la vista de todos

El viceministro de Finanzas de Tailandia dimitió en octubre tras recibir acusaciones de tener vínculos con operaciones fraudulentas en Camboya, que él niega. Chen Zhi, recientemente sancionado por el Reino Unido y Estados Unidos por ser presuntamente el cerebro de la red fraudulenta Prince Group, era asesor del primer ministro de Camboya. Prince Group ha afirmado que “niega categóricamente” las acusaciones de que la empresa o su presidente hayan participado en actividades ilegales. En Myanmar, los centros de estafa se han convertido en una fuente de ingresos clave para los grupos armados. En Filipinas, Alice Guo, exalcaldesa de una localidad al norte de Manila, dirigió un enorme centro de estafas mientras ocupaba el puesto; acaba de ser condenada a cadena perpetua por trata de personas. Guo es una ciudadana china que se hizo pasar por filipina para llegar al cargo.

En todo el sudeste asiático, los cerebros de las estafas “operan a un nivel muy alto”: obtienen credenciales diplomáticas, se convierten en asesores... Es algo enorme en términos de nivel de implicación y cooptación del Estado“, afirma Tower.

En este sentido, señala que “es bastante inaudito que exista un mercado ilícito de esta naturaleza, que está causando un daño a escala mundial, con una impunidad flagrante, y que esté ocurriendo de esta manera pública”.

Chick estaba en la planta 23 del hotel de lujo donde trabaja como practicante, a punto de salir de su trabajo, en pleno centro de Bangkok (Tailandia), antes de sentir el temblor. La mañana del 28 de marzo, su jefa le pidió que se quedara en el bar, justo enfrente de la piscina donde dos clientes disfrutaban de su baño en la azotea del hotel. “De repente, un compañero me preguntó: 'Chick, ¿sientes el temblor?' Le respondí que no”, recuerda la mujer. Cuando vio cómo el agua de la piscina se salía por todas partes, la joven de 25 años se percató de que era un terremoto.

Cuando los temblores del seísmo fueron a menos, bajó hasta el hall y se encontró con el resto del equipo. “En ese momento pensaba que el terremoto sólo había ocurrido en Tailandia”, recuerda Chick (nombre falso para proteger su identidad). Minutos más tarde, cuando pudo mirar las redes sociales, vio que la situación en Myanmar era mucho peor. En su país de origen han muerto más de 3.600 personas a raíz del terremoto de magnitud 7,7, según los datos oficiales del régimen castrense que tomó el poder mediante un golpe de Estado en febrero de 2021.

La Asistencia Humanitaria de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) calcula que más de 40.000 viviendas han sido dañadas o destruidas y las réplicas siguen sacudiendo las zonas afectadas, amenazando con más destrucción y pérdidas a las comunidades que ya han sido devastadas.

“No fue hasta la madrugada del día siguiente, a las 04:00, cuando por fin pude contactar con mi padre. Todos están bien. Viven en la frontera con Tailandia, lejos del epicentro del terremoto”, relata a elDiario.es Chick, quien lleva más de cuatro años sin ver a su familia. Dice que ha escuchado que muchos de los muertos en un edificio derrumbado en Tailandia por el terremoto venían de Myanmar, como ella.

En las pasadas dos semanas, han sido recuperados 37 cuerpos sin vida y 57 personas aún no han sido halladas tras el derrumbe de la Oficina Estatal de Auditoría, que estaba en construcción. La joven reconoce dice sentirse culpable por estar viva. “Mentalmente estoy mal”, explica en una videollamada con elDiario.es.

Discriminación contra los birmanos

Le cuesta expresar lo que implica ser migrante en un país como Tailandia. Desde hace meses, los migrantes como ella se enfrentan a un aumento del discurso de odio a través de las redes sociales con afirmaciones falsas que acusan a los trabajadores procedentes de Myanmar de exigir un salario mínimo diario de 700 baht (unos 18 euros), casi el doble de lo que se paga a los tailandeses.

Según la Organización Internacional de las Migraciones, hay 2,3 millones de birmanos trabajando en la capital tailandesa, cifra que se traduce en un 70% de la mano de obra migrante. La OIM también estima que 1,8 millones de personas trabajan ilegalmente.

El resentimiento en Tailandia hacia los birmanos se remonta a siglos atrás, cuando en 1767 las fuerzas de Birmania invadieron la capital, mataron a civiles y soldados y tomaron a miles de prisioneros. En declaraciones a AFP, Hnin Wut Yee, experta en derechos laborales de Myanmar, aseguró días antes del terremoto que las autoridades tailandesas tratan de explotar los resentimientos históricos: “Hacer referencia a la historia o alertar contra estas invasiones extranjeras puede desencadenar la mentalidad nacionalista, o podría mantener un sentimiento de unión en defensa de enemigos externos”, declaró.

Chick es originaria de Yangón, capital de la antigua Birmania, y escapó de su país en 2021. “No pude terminar mis estudios, me quedé en el tercer año de la carrera de Literatura Inglesa, pero he tratado de trasladar todos mis conocimientos a los niños y jóvenes que también escapan de la guerra [y se refugian] en Mae Sot”, región tailandesa fronteriza con Myanmar, explica. “Si me devuelven a las autoridades birmanas, vete a saber lo que me puede pasar”. Se ríe, pero en la pantalla pone la mano a la altura de su cuello y hace un gesto para indicar que la matarían por haber estado implicada con uno de los grupos que se movilizaron en contra de la junta militar.

Cuando huyó de su país, Chick tenía la ilusión de poder reconstruir su vida y cumplir sus sueños de hacer un máster en el extranjero. Ahora, su día a día se reduce en seguir en pie. “Estamos vivos, pero nos cuesta respirar. Somos un pueblo que ha sufrido mucho. Tenemos mucha presión encima”, señala la joven, con la impotencia de no poder regresar a su país. “Pero luego pienso que estoy viva, que tengo un trabajo y comida. Hay personas que lo han pasado mucho peor que yo, que lo han perdido todo en Myanmar”.

Según el último informe anual de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), 3,3 millones de personas se encuentran desplazadas y 18,6 millones necesitan ayuda humanitaria en Myanmar. Tras el terremoto, la Oficina de la ONU para la Coordinación Humanitaria (OCHA) calcula que 6,3 millones de personas necesitan ayuda y protección urgentes, lo que supone un aumento de dos millones de personas respecto a antes del seísmo.

Un país sumido en “una guerra civil de facto”

Myanmar está en “una guerra civil de facto”, afirma Javier García cofundador de Colabora Birmania, organización española que asiste a las comunidades vulnerables birmanas en la región fronteriza de Mae Sot.

Días después del terremoto, la junta militar encabezada por el general Min Aung Hlaing –que lideró el golpe de Estado contra el gobierno democráticamente elegido de Aung San Suu Kyi– siguió bombardeando los territorios fuera de su control, pese a la devastación causada por el seísmo. Tras las denuncias y presión internacionales, la junta militar declaró un alto al fuego temporal hasta el 22 de abril.

Desde febrero de 2024, la junta militar obligó a todos los hombres de entre 18 y 35 años, y a las mujeres de entre 18 y 27 años, a servir dos años a las Fuerzas Armadas del país. “El reclutamiento forzado ha hecho que muchos jóvenes huyan en masa”, afirma García. Según publicaba FE5 Tanintharyi, un grupo de investigación que ha estado monitorizando los movimientos migratorios en la región, en 2024, más de 6.300 personas fueron arrestadas por entrar en Tailandia de manera ilegal. La mayoría de ellos fueron devueltos en Myanmar y reclutados por las autoridades birmanas para servir en el Ejército.

Antes de cruzar ilegalmente la frontera con Tailandia, Chick encontró cobijo en el KNU, la Unión Nacional Karen. Se trata de una de las organizaciones que forman parte de la Organización Armada Étnica (EAO) y apuesta por la autodeterminación del pueblo karen. La EAO es una unión de grupos étnicos (en Myanmar hay más de 100) que, después del golpe de Estado, se unieron con el fin de derrocar a la junta militar, aunque tienen diferentes estrategias y visiones políticas y cada uno posee su brazo armado. Unos 17 grupos de la EAO también se unieron al Gobierno de Unidad Nacional (NUG), considerado como el gobierno legítimo de Myanmar, compuesto por parlamentarios destituidos y líderes de varios partidos étnicos opositores.

“Me puedes considerar una revolucionaria, pero nunca sostendré una pistola”, ríe Chick a través de la pantalla. Para agradecer el cobijo que encontró con el KNU, la joven trabajó voluntariamente con la organización como administrativa en un hospital.

Los múltiples grupos, alianzas y uniones explican la complejidad de la guerra. Sin embargo, pese a las diferencias “todos los grupos están de acuerdo que hay que luchar contra la junta militar”, afirma García.

La familia de Chick, en Myanmar, formó parte del Movimiento de Desobediencia Civil (CDU) y participó en las primeras movilizaciones contra el régimen. Su madre, enfermera de profesión en el hospital público se negó, como muchos otros funcionarios, a seguir trabajando para los militares. “Ahora están con mi padre y mi hermana más pequeña en la frontera. Pero no quieren dejar el país porque lo quieren. Aman Myanmar”.

Su hermana mediana se encuentra en Chiang Mai, ciudad al norte de Tailandia, a 701 km de Bangkok. Asegura que, por suerte, todos sus familiares están bien y que puede estar en constante comunicación con ellos, pero no quiere dar detalles sobre su situación para protegerles.

“Estamos siendo ejecutados, diariamente, en todas partes”

“La guerra es como si fuera algo normal. Pero estamos siendo ejecutados, las casas se están destruyendo, diariamente, en todas partes”, denuncia Chick. Su tono de voz es sereno, directo e incisivo.

A fecha de 3 de abril de 2025, la Asociación de Asistencia para los Presos Políticos (AAPP) asegura que la junta militar ha asesinado a 6.481 personas y arrestado a 28.985. Entre los asesinados hay más de 3.000 cuerpos sin identificar y también hay 749 menores y 1.491 mujeres. Según un informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicado el pasado 17 de septiembre, los detenidos por las autoridades birmanas sufren una “falta de garantías judiciales” e, incluso, abusos y torturas.

Es difícil saber lo que ocurre en el país desde que la junta militar (oficialmente, Consejo de Administración del Estado, SAC) está aplicando su estrategia de los “cuatro cortes”: cortes de financiación, comunicaciones, alimentos y asistencia sanitaria en los territorios que no están en sus manos. Después del terremoto, ONG y agencias de la ONU advierten de las dificultades para prestar ayuda humanitaria a las zonas que no están controladas por el SAC.

Colabora Birmania es una de las pocas organizaciones que presta asistencia a los birmanos que escapan de Myanmar y que no tienen refugio. La ONG sabe lo que ocurre en el país a través de los relatos de los migrantes. Desde el verano de 2024, “el Gobierno tailandés no permite que entre más gente en los campos de refugiados. Están desbordados y no hay capacidad”, explica García desde Madrid.

“Algunos de los que cruzan el río Moei [en la frontera con Tailandia] sí que son solicitantes de asilo, pero hay otros que no saben ni que pueden solicitarlo. Vienen de pequeñas aldeas Karen que han sido ocupadas por el ejército o les han puesto minas, que es una de las estrategias del Tadmadaw [Fuerzas Armadas de Myanmar]”.

Según un informe de la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres, en 2023 se registraron 1.003 víctimas en Myanmar, casi el triple que el año anterior. Esta cifra supera las 933 víctimas registradas en Siria durante el mismo período, convirtiéndose en el país con el mayor número de víctimas por minas antipersona y restos explosivos de guerra.

Cuando los militares toman una aldea, cuenta García, “violan a las mujeres, matan a los hombres y reclutan a los niños para el Ejército. Luego ponen minas antipersona para que esa zona no se pueda repoblar. Por eso muchas de las personas que cruzan la frontera son gente que vive del campo. No solicitan asilo porque ni lo saben y, a su vez, Tailandia tampoco se lo daría”.

Una vez pasada la frontera, las mujeres y niñas “son las primeras en caer en las redes de trata y prostitución”, señala el cofundador de Colabora Birmania. “Las mafias no cobran tanto por cruzar la frontera, sino que esperan para estafar [a los migrantes] en Tailandia”, concluye García.

La tragedia del terremoto no ha rebajado el hermetismo de la junta militar que ostenta el poder en buena parte de Myanmar, que ha negado acceso al país a la prensa extranjera para cubrir la catástrofe. El jefe de la junta, Min Aung Hlaing, justificó el domingo la decisión con el argumento de que hay dificultades para encontrar alojamiento, además de los cortes eléctricos y del suministro de agua, según recoge EFE. Mientras tanto, la cifra oficial de muertos sigue aumentando. Ya son 2.000, según los datos de la junta y de la oposición.

“Ya antes del terremoto había en Myanmar casi 20 millones de personas necesitadas de ayuda humanitaria”, ha indicado hoy en un comunicado el coordinador humanitario de la ONU para Myanmar, Marcoluigi Corsi. La ONU destaca que la magnitud del desastre “sigue sin estar clara”, pero que el daño es “vasto”. Los hospitales de las regiones afectadas están desbordados, y las rutas de comunicación y transporte se han visto gravemente afectadas, señala Naciones Unidas.

Al menos tres puentes importantes colapsaron el viernes y decenas de carreteras quedaron prácticamente intransitables por el terremoto, lo que ha cortado vías de comunicación clave para trasladar ayuda. Esto retrasó la llegada de rescatistas durante la noche del viernes y el fin de semana.

A esto se suma el cierre de al menos dos aeropuertos, entre ellos el de la capital, Naipyidó, que ha clausurado las operaciones comerciales y mantiene ahora un estricto control de las llegadas bajo expresa autorización de la junta militar, y el de Mandalay, la segunda mayor ciudad del país.

Cualquier despliegue dentro de Birmania se ve afectado por problemas anteriores que se recrudecieron en las últimas 72 horas, como los fallos eléctricos, la inestable conexión a internet y la escasez de combustible.

El contexto de guerra no ayuda a que la asistencia llegue a donde se necesite rápidamente. La junta militar, que dio un golpe de Estado en 2021 para poner fin al paréntesis democrático en el país, controla solo una parte del territorio —un estudio de la BBC de finales de 2024 calculaba que apenas el 21%—, mientras que el resto se lo disputan distintas facciones en las que la vocación prodemocrática y la de afirmación étnica tienen pesos variables. El Gobierno de Unidad Nacional (NUG), que reúne a varios de los grupos opositores, señala, en ese sentido, que los bombardeos militares continúan pese a la tragedia natural.

Abundando en la doble condición de país en guerra y vapuleado por la catástrofe de Myanmar, la coordinadora general de Médicos sin Fronteras (MSF) en el país, Federica Franco, ha calificado la situación de “tragedia dentro de una tragedia”, en declaraciones remitidas a la prensa por la ONG. “La emergencia inmediata es sin duda la necesidad urgente de asistir a las personas con lesiones traumáticas, con fracturas y heridas por aplastamiento causadas por el derrumbe de los edificios”, ha dicho.

“Es esencial intervenir en las primeras 72 horas con atención quirúrgica y traumatológica para poder salvar vidas y también limitar el riesgo de complicaciones posteriores [...] En los próximos días, tememos que la situación sanitaria empeore aún más debido a la destrucción de instalaciones médicas, la escasez de agua potable y también las precarias condiciones higiénicas en muchas ciudades. Esto podría provocar epidemias de enfermedades transmitidas por el agua, como diarrea o cólera, pero también malaria y dengue”, ha alertado.

El temblor de magnitud 7,7 se produjo el viernes a las 12.50 h en el noroeste de Myanmar, —las 7.20 h en España—, a 10 kilómetros de profundidad y con el epicentro entre las ciudades de Sagaing y Mandalay, a unos 17 kilómetros de esa última urbe, la segunda mayor ciudad del país. Apenas 11 minutos después del primer terremoto se produjo una réplica de magnitud 6,4 en la misma zona, seguida por otras durante el fin de semana. El sismo también afectó a Tailandia, donde fallecieron al menos 18 personas.

Un modelo estadístico elaborado por el servicio geológico de EEUU, citado por el New York Times, ya anticipaba el viernes que era muy probable que las víctimas totales superasen las 1.000 personas, o ser incluso muy superiores.

La Junta militar que gobierna Myanmar ha informado este sábado de que el terremoto que sacudió el viernes el centro-norte del país ha causado al menos 1.644 muertos, 3.408 heridos y 139 desaparecidos, según los últimos datos que recoge la agencia EFE. En Tailandia han muerto al menos 18 personas en la capital, Bangkok.

El régimen dictatorial, que ostenta el poder en la mayor parte del territorio de la antigua Birmania desde el golpe de Estado de 2021, ha publicado las cifras en un comunicado divulgado el sábado por el canal de Telegram del Servicio Nacional de Radio y Televisión (MRTV), después de informar horas antes de casi 700 muertos solo en la región de Mandalay, una de las más afectadas. El jefe de la Junta, Min Aung Hlaing, visitó ayer la capital y los militares han informado a través de MRTV que todavía se están recopilando datos.

El temblor de magnitud 7,7 ocurrió este viernes a las 12.50 hora local, en el noroeste de Myanmar, —6.20 GMT—, a 10 kilómetros de profundidad y con el epicentro entre las ciudades de Sagaing y Mandalay, a unos 17 kilómetros de la última urbe, la segunda mayor ciudad de Myanmar. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, que mide la actividad sísmica en todo el mundo, apenas 11 minutos después del primer terremoto se ha producido una réplica de magnitud 6,4 en la misma zona.

Un modelo estadístico elaborado por el servicio de estudios geológicos de EEUU, citado por el New York Times, ya anticipaba este viernes que era muy probable que las víctimas totales superasen las 1.000 personas, o ser incluso muy superiores. Se ha han declarado el estado de emergencia en seis zonas: Sagaing, Mandalay, Magway, Shan, Naipyidó y Bago.

Los militares piden ayuda humanitaria

El ejército de Myanmar se hizo con el poder en el país mediante un golpe de Estado en 2021. El país asiático atraviesa una crisis económica y social desde entonces, con enfrentamientos armados en gran parte del país entre el Ejército y guerrillas civiles y prodemocráticas, lo que dificulta el acceso y la distribución de ayuda humanitaria. El ministro de Exteriores de Singapur, Vivian Balakrishnan, pidió este domingo un “alto el fuego inmediato y efectivo” para que el conflicto entre el Ejército y fuerzas opositoras no impida el reparto de ayuda humanitaria.

La Junta militar hizo el viernes una inusual petición de ayuda tras declarar el estado de emergencia y China ya ha anunciado que enviará 100 millones de yuanes (unos 13,8 millones de dólares) como “ayuda humanitaria de emergencia” y el país liderado por Xi Jinping ya ha enviado a rescatistas expertos a la zona del seísmo. El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró a preguntas de los periodistas este viernes el envío de 5 millones de ayuda humanitaria y la India también ha enviado ya al menos un avión militar cargado con productos de primera necesidad.

“La ONU y sus socios están movilizando recursos y apoyo urgente para atender a todas las comunidades afectadas, estén donde estén”, ha informado este sábado a última hora el coordinador humanitario de la ONU para Myanmar, el italiano Marcoluigi Corsi. La ONU aprobó el viernes destinar 5 millones de dólares para apoyar el trabajo humanitario en el país, al tiempo que llamó a hacer donativos a favor de esta causa.

Este sábado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado su solidaridad y la de todo el Ejecutivo español con los pueblos de Tailandia y Myanmar ante “la terrible tragedia” provocada por el terremoto que ha sacudido la zona. “Mi cariño para todas las víctimas y familiares”, ha escrito Sánchez en un mensaje que ha publicado en la red social X (antes Twitter).

El Gobierno británico ha anunciado este domingo que enviará ayuda humanitaria por valor de 10 millones de libras (casi 12 millones de euros) a la población de Myanmar. Esta ayuda, que se canalizará a través de Naciones Unidas, se destinará al suministro de alimentos, agua, medicamentos y refugio, según un comunicado emitido por el ministerio de Exteriores. La nota añade que “en ningún caso” el contingente servirá para “respaldar al régimen militar del país”.

Los fallecidos en Tailandia ascienden a 18

Los temblores también han llegado hasta Tailandia, donde han muerto al menos 18 personas y 33 están heridas, según las autoridades del país, la mayoría (11 personas) tras el derrumbe de un rascacielos en construcción en Bangkok —a más de 600 kilómetros del epicentro— donde trabajaban unos 300 obreros, según ha informado las autoridades locales.

Este domingo, el Gobierno de Bangkok ha divulgado en su cuenta de Facebook el último balance actualizado en el que señaló que hay 78 desaparecidos. Se cree que la mayoría están atrapados entre los escombros de la torre que colapsó en Chatuchak. El gobernador de Bangkok ha dicho que los daños son limitados y menor de lo que se pensaba en un primer momento. Aun así, las autoridades han declarado el estado de emergencia en la capital tailandesa.

Más de 2.600 edificios colapsados en Myanmar

Fuentes humanitarias en el terreno en Myanmar han relatado a EFE que muchos edificios se derrumbaron en Mandalay mientras que un monasterio colapsó en la ciudad de Taungoo y 20 niños quedaron atrapados. La Junta militar ha confirmado después el colapso de más de 2.600 edificios, incluidas viviendas, colegios y pagodas del país de mayoría budista. Según han relatado algunos testigos al medio Myanmar Now, partes del Palacio histórico de Mandalay han sufrido graves daños, mientras que un puente en la localidad de Sagaing ha quedado completamente destruido.

“Una de las cosas más importantes es que se comprenda que no solo están afectados los edificios que presentan grietas y fisuras, sino también que hay edificaciones y estructuras públicas que se han derrumbado. Esto incluye carreteras, puentes y edificios públicos”, sostenía la coordinadora de la Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR), Marie Manrique, en declaraciones por videoconferencia a EFE desde Yangón. Los efectos del sismo se han sentido también en Yangón, principal ciudad del país, donde se evacuaron los edificios.

El portavoz de la Junta Zaw Min Tun ha solicitado ayuda internacional. “La queremos y la necesitamos”, ha dicho, gesto muy poco habitual para el normalmente hermético gobierno militar. La Organización Mundial de la Salud y Naciones Unidas, además de numerosos líderes internacionales, han mostrado su voluntad de intervenir para la atención de la catástrofe. Médicos sin Fronteras advierte de un potencial impacto “devastador” sobre la población.

Myanmar se encuentra cerca de una zona de alta actividad tectónica por la presión entre la placa del subcontinente indio, al sur, y la euroasiática, al norte. Sin embargo, el seísmo de este viernes es uno de los más fuertes registrados en los últimos años. En agosto de 2016, un terremoto de magnitud 6,8 grados sacudió el país.

180 réplicas

Según el último recuento del servicio meteorológico de Tailandia, ha habido unas 180 réplicas hasta la noche del domingo, todas inferiores al primer sismo (de magnitud máxima cercana a 6).

“Debido a las réplicas, la gente está tan asustada de volver a sus casas que, incluso si no están dañadas, prefieren quedarse en la calle y en los arcenes”, dice a EFE Su Mon Htay, directora de personal para Birmania de Plan Internacional, en videoconferencia desde Rangún, desde donde partió un equipo de la ONG que pudo llegar anoche a Mandalay tras doce horas de viaje por carretera.

La Junta militar continúa bombardeando zonas rebeldes

Las fuerzas militares de Myanmar han continuado los bombardeos de las zonas rebeldes pese a la destrucción causada la víspera por el terremoto, según denunció este sábado el opositor Gobierno de Unidad Nacional (NUG, por sus siglas en inglés).

En un menaje de telefonía móvil, el NUG, que controla amplias zonas del país principalmente en la periferia, indicó que este viernes y este sábado se han producido bombardeos en la región de Sagaing y en el Estado Shan, ambos afectados por el seismo que sacudió la región central del país. Al menos siete personas han muerto y otras siete han resultado heridas este sábado después de que aviones de la Junta militar bombardearan la aldea de Naung Lin en este último Estado.

La agencia de noticias de Myanmar Shwe Phee Myay tambén informó ayer que varias casas quedaron destruidas en una aldea en Shan debido a los bombardeos del Ejército en una zona bajo el control de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional Ta'ang, aunque no hubo que lamentar daños personales.

El Ejército ha declarado el estado de emergencia en seis zonas: Sagaing, Mandalay, Magway, Shan, Naipyidó (donde está la capital homónima) y Bago, áreas en la que hay un conflicto activo entre el Ejército y diferentes guerrillas, entre ellas de minorías étnicas y de grupos prodemocráticos que surgieron tras el golpe de 2021. Pese a que los grupos antijunta han ganado territorio a la junta militar, esta tiene superioridad aérea gracias a los aviones de fabricación china y rusa.

El relator de Naciones Unidas para Myanmar, Tom Andrews, advirtió que el régimen castrense usa como “arma” la ayuda militar y pidió a la comunidad internacional canalizarla a través de la oposición democrática, encabezada por el autodenominado Gobierno de Unidad Nacional, y los grupos étnicos opuestos al Ejército.

Los rebeldes anuncian una tregua en las zonas afectadas

El Gobierno de Unidad Nacional, que reclama la legitimidad democrática en Myanmar, anunció este sábado a última hora una tregua de dos semanas en las zonas afectadas por el terremoto, según informa la agencia EFE.

En un comunicado, el NUG señala que el cese de hostilidades busca “facilitar las tareas de rescate de las personas atrapadas en los escombros y en los edificios derruidos”, aunque reconoce que sí usarán la fuerza en acciones defensivas ante eventuales ataques de la Junta militar. El gobierno opositor afirmó además que, en los territorios que controla, colaborará con las agencias de la ONU y ONG para garantizar la seguridad y el establecimiento de campamentos médicos y de rescate.

Sus equipos sanitarios y de grupos afines del Movimiento de Desobediencia Civil también prestarán ayuda en zonas controladas por la junta militar si se cumplen las condiciones mínimas de seguridad. “Inicialmente, hemos aprobado 1 millón de dólares para asistir a los rescates de emergencia y operaciones médicas a lo largo del país, particularmente en zonas administradas por el NUG”, precisó el organismo, formado por políticos, líderes étnicos y activistas prodemocráticos.

Si Sahat Zia Hero sube a lo alto de una de las colinas del campo de refugiados de Kutupalong, en la localidad de Cox´s Bazar en Bangladesh, puede ver el pueblo en el que vivió y creció en Myanmar, muy cerca de la frontera entre ambos países. Reconoce los árboles, los edificios y una torre telefónica cercana a su casa. “Incluso puedo sentir que percibo los sonidos y olores de mi pueblo”, dice Zia, refugiado rohingya, a elDiario.es.

Cuando ve a los niños jugando al fútbol en el campo de refugiados, recuerda su infancia y se imagina a él mismo –“era buen jugador”– con sus amigos y compañeros en Myanmar, en ese mismo pueblo que puede ver desde la cima de la colina, del que le separa un río, la frontera entre ambos países y toda una historia de violencia contra la comunidad rohingya, que le hizo huir de Myanmar en 2017 y que le hace imposible volver.

Zia, de 29 años, es uno de los cuatro ganadores regionales para Asia y el Pacífico del Premio Nansen para los Refugiados de ACNUR 2023. Junto a Mohammed Salim Khan (31), Shahida Win (27) y Abdullah Habib (29), todos fotógrafos y refugiados rohingyas, ha recibido el premio por su labor documentando la vida de su comunidad en Kutupalong. Según ACNUR, “si los 33 campamentos que forman Kutupalong y otros dos asentamientos de Cox's Bazar fueran una ciudad, sería la quinta más poblada de Bangladesh, con alrededor de 930.000 personas refugiadas repartidas en 24 kilómetros cuadrados”. Los cuatro premiados hablan con elDiario.es desde una de las oficinas de ACNUR en el campo.

Shahida, Abdullah y Zia huyeron de su país tras el estallido de violencia contra la comunidad rohingya en agosto de 2018, cuando la ONU identificó elementos de genocidio contra la población rohingya. Según Amnistía Internacional, las Fuerzas Armadas de Myanmar llevaron a cabo crímenes de lesa humanidad contra esta comunidad, entre los que se encuentran: asesinato, deportación y desplazamiento forzado, tortura, violación y otro tipo de violencia sexual, persecución y otros actos inhumanos como negar el alimento y otros suministros necesarios para la vida.

Desde el estallido, llegaban una media de 8.000 personas cada día al país vecino y se calcula que más de 700.000 rohingyas huyeron del estado de Rakhine (Myanmar) buscando protección en Bangladesh. La mayoría llegó en los tres primeros meses de la crisis.

Su propia voz

“Nací y crecí en el campo de refugiados y, desde mi experiencia, puedo decir que la vida de un refugiado es difícil y dolorosa”, dice Khan. En 1992, según ACNUR, cerca de 14.000 rohingyas llegaron a los campos de refugiados de Cox´s Bazar huyendo de Myanmar. Muchos se quedaron y allí nacieron segundas y terceras generaciones, mientras que otros permanecieron en su país natal, en el estado de Rakhine, viviendo en condición de apátridas.

La violencia, las inundaciones, la falta de acceso a la educación o la actual crisis alimentaria –a principios de este año, el Programa Mundial de Alimentos recortó las raciones de comida para los refugiados rohingyas por la falta de financiación– que se vive en Kutupalong son algunas de las dificultades a las que se enfrenta la comunidad rohingya.

Los cuatro fotógrafos documentan la vida en el campo de refugiados para mostrar al mundo las condiciones en las que viven. Coinciden en la necesidad de contar su historia. “La situación del campo de refugiados se está volviendo más difícil. Y esa es la razón por la que empezamos a tomar fotos y contar historias de las dificultades con las que viven los refugiados, de su vida diaria y de su sufrimiento. Para que el mundo pueda escuchar la historia de los rohingyas a través de sus propias voces, de sus lentes, y puedan sentir nuestra vida, la manera en que estamos sobreviviendo en el campo”, cuenta Abdullah.

Para contar la vida en el campo de refugiados, Zia fundó la revista colectiva Rohingyaphotographer, publicada por fotógrafos refugiados rohingyas. Ya han publicado el primer y segundo número –centrados en la identidad de la comunidad y su relación con la naturaleza en el campo respectivamente–, con el apoyo del diseñador y artista visual español David Palazón, y están trabajando en el tercero –centrado en la crisis alimentaria–. “Mantenemos nuestro trabajo para empoderar a nuestra comunidad y conseguir cambios, marcando la diferencia juntos, para que la gente del resto del mundo pueda saber de nuestra experiencia y que nunca seamos olvidados”, dice sobre la revista su fundador, que también imparte clases y talleres de fotografía en el campo.

La vida en Kutupalong es aún más complicada para las mujeres rohingyas. La falta de espacios privados es uno de los grandes problemas. Antes tenían sus casas, ahora tienen que salir al exterior para utilizar las letrinas u otras instalaciones y recorrer largas distancias para ello. “Como mujer no te puedes mover libremente, tienes un tiempo límite, porque por la noche es peligroso caminar. Hay instalaciones a las que no pueden ir”, explica Sahida, quien además de tomar fotografías escribe poemas sobre la vida en el campo.

La falta de oportunidades y de educación hace que muchos jóvenes abandonen el campo de refugiados y se lancen al mar en busca de una vida mejor. “Están arriesgando su vida”, dice Zia. Ante la falta de una educación formal, la mayoría de los chicos en edad escolar está fuera del colegio buscando trabajo para ayudar a su familia.

Dolor y olvido

En el campo de refugiados de Kutupalong el sol sale por la frontera con Myanmar, al este de Bangladesh. “Cada vez que vemos el amanecer recordamos nuestro hogar”, dice Abdullah. “Es muy doloroso para todos nosotros”.

Sahida, que nació en otra parte del país pero creció en el estado de Rakhine, expresa el sentir general de los refugiados rohingyas tras seis años en el campo: “Tengo muchos recuerdos de allí y cada vez que me siento sola o estoy en el campo y me vienen a la mente esos recuerdos. Me siento muy triste. Quiero volver a mi país lo más pronto posible y vivir esos momentos de nuevo allí. Pero la situación no es buena y no es posible volver”.

Todos quieren volver a Myanmar y seguir documentando la vida de su comunidad. Su hogar está cruzando un río y la frontera entre ambos países para algunos incluso es visible desde el campo, pero la distancia real que los separa es mucho mayor. “Es el país donde hemos nacido y donde pertenecemos, pero no es fácil porque el conflicto todavía está activo. Es una situación crítica para los rohingyas y no es un buen momento para volver”, explica Abdullah. Insisten en que no pueden volver hasta que no haya una garantía de derechos, justicia hacia su comunidad y que sean reconocidos como ciudadanos de Myanmar. “Nacimos en Myanmar y pertenecemos allí. No somos apátridas”, dice Zia.

Los ganadores se sienten agradecidos por el premio y lo ven como una posibilidad de visibilizar las duras condiciones en las que viven en el campo de refugiados y de recordar al mundo la situación en la que se encuentra la comunidad rohingya. “Sentimos que el mundo nos está olvidando entre las numerosas crisis globales. Después de seis años en el campo de refugiados, la comunidad internacional ha fallado en proporcionar una solución sostenible”, expone Zia.

El proyecto de la Fundación Lumbini Garden para construir el llamado Gran Buda de Cáceres, el que sería complejo budista más importante de occidente, está quedando en entredicho tras las reuniones mantenidas con miembros de la Junta Militar Golpista de Myanmar, antigua Birmania, por el presidente de la entidad, José Manuel Vilanova, y la empresaria cacereña y patrona de la misma, Pilar Acosta.

A pesar de la explicación del alcalde, Luis Salaya, que ha rechazado hacer cualquier tipo de valoración pero ha insistido en desvincular al ayuntamiento de ese polémico viaje, que fue “privado y sin representación institucional alguna”, todos los grupos municipales, salvo el concejal no adscrito, Teófilo Amores –que abandonó las filas de Vox al poco tiempo de entrar en la corporación municipal– se han manifestado en contra de estos contactos, por tratarse de un gobierno que no cuenta con el reconocimiento de la comunidad internacional, y que arrastra acusaciones de haber realizado crímenes de lesa humanidad.

Mientras Amores, considera que la fundación está haciendo lo correcto buscando apoyos para el proyecto y que la reunión con el Gobierno militar birmano tan sólo ha sido de carácter protocolario, los demás partidos han denunciado ese aspecto y señalan que van a pedir explicaciones sobre esos contactos.

Según el portavoz del PP en el consistorio cacereño, Rafael Mateos, “aunque no haya habido representación institucional en las reuniones, como ha dicho el alcalde, sí se ha puesto por delante el nombre de Cáceres, al estar enmarcados en la búsqueda de apoyos para el proyecto del Gran Buda”.

Además, ha afirmado tajante que el Ayuntamiento de Cáceres aún no ha hecho cesión ninguna del cerro Arropé, donde se prevé construir el gran complejo budista, y del que se daba cuenta en el reportaje publicado por elDiario.es el pasado domingo.

En dicho reportaje, el director de Relaciones Institucionales de la Fundación, Ricardo Guerrero, hablaba a este diario de que el proyecto preveía la “parcelación” de parte de las 110 hectáreas cedidas por el ayuntamiento, parcelas que serían ofrecidas a los gobiernos, embajadas y comunidades budistas asiática para que tuvieran presencia permanente en España y en Europa.

Mateos, en este sentido, ha querido dejar claro que no existe tal cesión de terreno y que, si se hace, se tendrán que dar todo tipo de detalles sobre el tema para evitar que se haga especulación con un terreno que se cedería gratuitamente.

Lo que está claro, afirma el portavoz popular en el Ayuntamiento es que “este proyecto, que se convirtió en la bandera del alcalde Salaya, en 2019, es un proyecto que no avanza, y los pequeños avances que se van conociendo lo que están haciendo es aumentar nuestra preocupación”.

El PP, ha dicho Mateos, “tomará la decisión de apoyar o no este proyecto cuando conozcamos todos los datos, pero desde luego, está muy claro que nosotros no vamos a participar en ningún proyecto o ningún movimiento que sea especulativo y perjudicial para Cáceres”.

El Gran Buda ya no se ve tan blanco

El complejo budista que se pretende hacer en Cáceres contará, según los promotores, con una estatua de Buda de 47 metros de altura, recubierta de una piedra blanca, la jadeíta, similar al jade, que será donada por unas minas de Myanmar. Pero el proyecto ya no parece tan blanco como el Buda que se proyecta.

La portavoz de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Cáceres, Consuelo López, después de la polémica suscitada por los contactos de la fundación con la Junta golpista y con el cuestionado y prominente monje budista Sitagu Sayadaw, uno de los líderes religiosos más importantes del país al que se le acusa de amparar la violencia contra la población musulmana de Myanmar y de guardar silencio ante las masacres, ha señalado: “en esos momentos tenemos todas las dudas del mundo de que éste sea un proyecto limpio”.

En declaraciones a este diario afirma que el proyecto del que se habla ahora “no es el inicial que nos presentaron”: “Ahora resulta que está en zona Zepa (Zona de Especial Protección de Aves), nos preocupa el tema del agua, cómo se va a abastecer todo aquello, que son 110 hectáreas, nos preocupa la financiación porque, hasta ahora, sólo sabemos de la subvención de la Junta de Extremadura (cercana a los 281.000 euros)”.

“También nos dijeron que iban a construir la 'Universidad de la Paz', ¿con qué financiación? –se pregunta– ¿con la de estos Gobiernos?”, dijo en relación a la Junta golpista de Myanmar.

El próximo jueves se va a celebrar un pleno en el Ayuntamiento de Cáceres, y Unidas Podemos se plantea poner sobre la mesa este asunto, bien preguntando directamente el equipo de Gobierno o pidiendo la creación de una comisión de investigación que ponga blanco sobre negro.

Mientras los dos concejales no adscritos que salieron Ciudadanos prefieren guardar silencio hasta conocer a fondo el asunto, la portavoz de Cs, Raquel Preciados, ha lamentado este miércoles la falta de transparencia que hay en torno al proyecto del Gran Buda, “del que nos vamos enterando por los titulares de la prensa”, y sobre el que cada vez “hay más sombras que luces”.

Preciados ha pedido la comparecencia de los responsables de la fundación y de los promotores del proyecto junto con el equipo de Gobierno para que aclaren todos los detalle. “Apoyaremos el proyecto siempre que haya transparencia y que no haya irregularidades administrativas o éticas”, afirman.

Un año después del golpe de Estado militar que terminó con la apertura democrática de Myanmar, millones de birmanos han demostrado este martes que mantienen su pulso contra la junta con una “huelga de silencio” que ha paralizado todo el país.

Imágenes difundidas en las redes sociales y testimonios muestran calles completamente vacías en las principales ciudades, a pesar de que las fuerzas de seguridad llevan días presionando a la población incluso con amenazas de cárcel si participan en este movimiento de protesta silenciosa.

“Hoy, una vez más, la gente valiente de Myanmar ha demostrado que las huelgas silenciosas pacíficas contra la junta genocida son mucho más potentes que las acciones de terrorismo contra la población pacífica de Myanmar de la junta militar brutal y genocida”, ha dicho en Twitter Dr. Sasa, portavoz del autodenominado Gobierno de Unidad Nacional (NUG), un Ejecutivo paralelo opuesto a la junta.

“Las calles están muertas”

La “huelga de silencio” convocada por el movimiento opositor desde las 10 a las 16 hora local tenía el propósito de vaciar las calles y mandar un mensaje de rechazo a la junta militar que gobierna el país desde que el Ejercito derrocara al gobierno electo de Aung San Suu Kyi el 1 de febrero de 2021.

“Nadie ha perdido el espíritu de lucha, sigue muy fuerte”, dice a Efe desde Rangún un veinteañero que, como millones de birmanos, ha decidido no salir a la calle a pesar de reconocer la enorme presión de las autoridades en los últimos días.

Hein, un joven de 25 años residente en Mandalay ha descrito a Efe por teléfono “un silencio de muerte” en la segunda ciudad del país, a pesar de que los negocios han abierto sus puertas para cumplir con las normas de los militares.

En los últimos días, las autoridades han amenazando a través de visitas y cartas a los propietarios de negocios de que si cerraban este martes sus propiedades podrían ser confiscadas e incluso enfrentarse a penas de cárcel, según han revelado varias fuentes a Efe.

“En el mercado local obligaron a los vendedores a firmar un papel en el que se comprometían a abrir. Un esfuerzo fútil para que la huelga fracasara porque no hay compradores, las calles están muertas”, dice el joven por teléfono.

Espiral de violencia

Al final de la jornada, ciudadanos de todo el país han mostrado con aplausos, caceroladas y bocinazos su rechazo a la junta militar, que ha sofocado en el último año con extrema violencia las protestas pacíficas.

Más de 1.500 personas han muerto por la represión de la junta en el último año, mientras que 11.838 han sido arrestadas, según los datos publicados por la ONG Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP).

La incesante violencia de las fuerzas de seguridad ha desencadenado una espiral de violencia que ha sumido a buena parte del país en un conflicto civil, con combates constantes entre el Ejército y las Fuerzas de Defensa del Pueblo, constituidas oficialmente el pasado mayo y a menudo aliadas con milicias de minorías étnicas que llevan décadas alzadas en armas.

El experto en Defensa Anthony Davis, colaborador de IHS-Jane's, cifra en unos 5.000 los miembros plenamente activos de este conjunto de unas 50 milicias formadas en todo el país e impulsadas por el autodenominado Gobierno de Unidad Nacional (NUG), que declaró en mayo su “guerra defensiva” contra la junta.

Pese a su inferioridad numérica y armamentística, en los últimos meses han infligido dolorosas derrotas a un Ejército que se ve cada vez más aislado de la población y a menudo no tiene más recurso que la violencia para imponer su autoridad.

“Los militares están cada vez más desesperados, no son capaces de afianzar su poder, y en respuesta y movidos por el pánico intensifican la brutalidad”, aseguraba Debbie Stothard, directora de la ONG ALTSEAN-Burma, en una reciente charla organizada por el Instituto ISEAS- Yushof Isak.

El NUG, calificado de terrorista por la junta, es visto por muchos como la única alternativa viable, pese a sus dificultades internas al tener a sus miembros en la clandestinidad y a su falta de reconocimiento en el exterior.

Condena internacional

Las potencias más beligerantes con la Junta, como Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Reino Unido han respondido en los últimos meses con sanciones que trataban de dañar los intereses económicos de los militares y condenas.

Las últimas condenas se han producido este mismo martes por parte de la UE, EEUU, Albania, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Noruega, Corea del Sur, Suiza y el Reino Unido, que de forma conjunta han reclamado el final de la represión en el país. EEUU ha ido más allá el lunes al anunciar nuevas sanciones económicas contra dos empresas y varios ciudadanos birmanos, entre ellos el presidente del Tribunal Supremo del país.

Mientras tanto, el general golpista Min Aung Hlain, autoproclamado primer ministro, ha seguido reivindicando la labor de su gobierno, subraya que mantiene buenas relaciones con China y Rusia y reconoce como única flaqueza el alza de precios del carburante y la falta de suministros.

La junta militar, que tomó el poder alegando un fraude masivo en las elecciones celebradas en noviembre de 2020, ha condicionado la celebración de nuevos comicios y el regreso a la democracia a la “estabilidad” del país, sin mencionar una fecha concreta.

El golpe de Estado fue acompañado del arresto de los principales dirigentes de la Liga Nacional para la Democracia, el partido ganador de los comicios en el que milita Suu Kyi, inmersa en un calvario judicial con cuatro condenas por un total de seis años de prisión y acusaciones que pueden costarle décadas entre rejas.

“La masacre de la semana pasada es un ejemplo de la inhumanidad e inmoralidad del ejército”, dice Michael Isherwood, presidente de la Misión Humanitaria de Birmania y director del programa Backpack Medics. Las fuerzas del Gobierno militar de Myanmar asesinaron a al menos 35 personas, entre ellas dos trabajadores de la ONG Save the Children, en Nochebuena.

La ONG calificó el ataque de “absolutamente horroroso” y la ONU instó a que se investigaran los hechos. Sin embargo, Isherwood dice que ataques como el del 24 de diciembre no son aislados y describe a un ejército que “dispara al azar a hombres, mujeres y niños desarmados, que roba el ganado y quema las casas hasta no dejar ni los fundamentos, que utiliza la violación como arma”.

El jefe de la misión dice que los médicos con los que trabaja son conscientes de los riesgos y “entienden que el ejército birmano no tiene moral, ni temple, ni nada que se parezca remotamente a la decencia y el comportamiento civilizados”.

Desde que los militares arrebataron el poder al gobierno elegido por Aung San Suu Kyi en febrero del año pasado, se han sucedido asesinatos, encarcelamientos y situaciones de caos. También han surgido grupos de resistencia. Pero cualquiera que se oponga a la junta militar corre el riesgo de ser detenido, condenado a trabajos forzados o asesinado.

Mas de 1.300 muertos

Según los cálculos de un grupo local que intenta llevar un registro de casos, más de 1.300 personas han muerto a manos de las fuerzas de seguridad.

Otro trabajador humanitario, que prefirió no ser identificado, afirma que “la masacre de Kayah no marca un nuevo nivel de violencia. No es un cambio en el patrón de las fuerzas de seguridad. No es inusual en este contexto. Es una táctica normal”. Y agrega que el ataque pretendía “oprimir a través del miedo a la población civil” y que los trabajadores humanitarios no eran el blanco de ataque.

“Están atacando a la población civil de forma flagrante, atroz y frecuente, y esto suele ocurrir en zonas donde se necesita apoyo de las organizaciones humanitarias, y por consiguiente aumentan los riesgos colaterales para los cooperantes”, dice. De todos modos, confirma que su organización continuará su trabajo a pesar del riesgo.

La represión de los medios de comunicación nacionales ha dificultado que se conozcan los detalles de las presuntas atrocidades. El hecho de que Save the Children haya sido víctima de la masacre de Kayah ha ofrecido muestras de los riesgos que afronta habitualmente la población de Myanmar.

Según el Grupo de Derechos Humanos Karen, en la región de Sagaing, 11 civiles fueron quemados vivos el 7 de diciembre y 40 personas murieron en tres ataques diferentes en julio.

Inger Ashing, directora ejecutiva de Save the Children, emitió un comunicado en el que afirmaba que “la población de Myanmar sigue siendo objeto de una violencia creciente y estos hechos exigen una respuesta inmediata”.

Todo ocurrió de repente

El día de Nochebuena, se encontraron cuerpos masacrados en una carretera a las afueras del pueblo de Moso, en el estado de Kayah, al este de Myanmar, donde los rebeldes prodemocráticos habían estado luchando contra el ejército.

Entre las víctimas había niños, mujeres y dos miembros del personal de Save the Children. La ONG ha explicado que sus dos trabajadores se dirigían a la oficina después de trabajar en el terreno y les sorprendió el ataque de los militares.

Según los medios de comunicación públicos, el ejército de Myanmar dijo que había matado a varios “terroristas con armas” después de que las personas que viajaban en siete vehículos se negaran a detenerse. Las imágenes del lugar de los hechos muestran los restos de varios cuerpos dentro de los camiones incendiados.

“En este caso, no creo que hubiera ninguna sensación particular de que la carretera fuera arriesgada. Ocurrió de forma bastante repentina. Hacerlo en Nochebuena probablemente no fue accidental”, dice un miembro del personal internacional que vive en Myanmar y que pidió el anonimato por razones de seguridad.

El trabajador humanitario afirma que, en lo que respecta a sus operaciones, se mantendrán en estrecho contacto con el personal del estado de Kayah y harán un seguimiento de sus viajes. “Estamos intentando hacer lo que podemos para aconsejar a la gente sobre dónde es seguro ir y dónde no, pero no se puede saber realmente. La violencia campa a sus anchas”.

Traducción de Emma Reverter

Refugiados rohinyas han demandado a Facebook en Estados Unidos y el Reino Unido de manera coordinada por haber permitido y aumentado algorítmicamente la difusión de mensajes de odio en su plataforma en Myanmar, los cuales jugaron un papel en la represión étnica y posterior genocidio sucedido, según ha evidenciado la investigación de la ONU. Los refugiados reclaman a la multinacional 150.000 millones de dólares (unos 132.000 millones de euros).

En Estados Unidos, la demanda presentada en un tribunal de San Francisco pide la multimillonaria indemnización a Meta, la compañía matriz de Facebook, como compensación por la violencia y la persecución sufrida por los rohinyas. Los encargados de personarse en el juzgado han sido los bufetes Edelson y Fields Law en nombre de Jane Dow, una refugiada rohinya, y otros miembros de esta minoría, mientras que en el Reino Unido la demanda ha sido presentada por los abogados de McCue Jury & Partners en representación de una veintena de denunciantes rohinyás.

“Mientras que los rohinyás han sido desde hace tiempo víctimas de discriminación y persecución, el alcance y la violencia de la persecución cambió en la última década, pasando de violencia esporádica y abusos de los derechos humanos a terrorismo y genocidio en masa”, alega la demanda de Edelson y Fields Law.

Los abogados de Estados Unidos alegan que la introducción de la red social de Facebook en 2011 en Myanmar alentó, mediante sus algoritmos, “la diseminación de mensajes de odio, desinformación e incitación a la violencia”, lo que, a su juicio, condujo al “genocidio de los rohinyas”. Los demandantes se refieren a las operaciones militares que en 2016 y 2017 que causaron al menos 10.000 muertos y el éxodo de más de 800.000 rohinyas a Bangladesh, donde continúan hacinados en los mayores campos de refugiados del mundo.

Los militares del país han sido acusados de crímenes contra la humanidad ante la Corte Penal Internacional y de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, ambos tribunales en La Haya.

Facebook reconoció que no estaba preparado

Tras realizar una investigación interna, Facebook reconoció en 2018 que no había hecho suficiente para frenar los mensajes de odio en Myanmar y se comprometió a realizar cambios. El principal problema es que la multinacional no contaba con suficientes moderadores para controlar la conversación en birmano, el idioma local, y se vio absolutamente sobrepasada por los acontecimientos.

Desde entonces, el gigante de Silicon Valley, dueño también de Whatsapp e Instagram, ha establecido acuerdos con medios de comunicación y agencias para combatir los bulos y la desinformación en las redes sociales. No obstante, los demandantes en Estados Unidos y el Reino Unido lo acusan de haber actuado tarde, pese a los avisos de ONG y de los medios de comunicación, para limitar los mensajes de odio contra los rohinyas.

“A pesar del reconocimiento de culpabilidad de Facebook y sus declaraciones sobre su papel en el mundo, no ha pagado ni un céntimo de compensación ni otra forma de reparación o apoyo a ningún superviviente”, indica McCue Jury en una carta citada por el periódico británico The Guardian.

“Estamos consternados por los crímenes cometidos contra el pueblo rohingya en Myanmar”, ha asegurado una portavoz de Meta a elDiario.es. “Hemos creado un equipo especializado de hablantes de birmano, hemos prohibido el Tatmadaw [nombre del Ejército de Myanmar], hemos interrumpido las redes que manipulan el debate público y hemos tomado medidas contra la desinformación perjudicial para ayudar a mantener a la gente a salvo”.

“También hemos invertido en tecnología en lengua birmana para reducir la prevalencia de contenidos infractores. Este trabajo está guiado por la retroalimentación de los expertos, las organizaciones de la sociedad civil y los informes independientes, incluidos los hallazgos de la Misión de Investigación de la ONU sobre Myanmar y la Evaluación de Impacto de Derechos Humanos independiente que encargamos y publicamos en 2018”, continúan las mismas fuentes.

Los letrados de Edelson y Fields Law alegan que la desinformación a través de Facebook continúa “hasta hoy en día” en Myanmar, que se encuentra bajo una junta militar desde el golpe de Estado del pasado 1 de febrero. “En el núcleo de esta demanda está la comprensión de que Facebook estaba dispuesto a intercambiar la vida de los rohinyas por penetrar el mercado de un país pequeño en el Sudeste Asiático”, indica el documento legal presentado en San Francisco.

Los hijos del lago parecen bailar cuando pescan a bordo de sus largas canoas de madera. Con uno de sus pies firmemente hincado en la estrecha y bamboleante embarcación, la otra pierna abraza con firmeza el remo que va y viene rítmicamente empujando la barquichuela de manera suave y sin pausa. Con un movimiento casi imperceptible. El baile se completa con la red. Sin perder el equilibrio, el pescador lanza la trampa al agua con certeros movimientos de brazos. Todo con una plasticidad notable. Un verdadero espectáculo centenario que sólo se interrumpe cuando pasa cerca alguna de las barcas a motor que cruzan permanentemente las aguas del Inle. Este es un escenario imponente. Un lago de aguas calmas enmarcado por las montañas del Estado de Shan. Riveras cuajadas de aldeas de palafitos, monasterios, enormes pagodas budistas y campos de cultivo flotantes en los que intha, los hijos del lago, trabajan para completar la base de su economía tradicional. En los últimos años el turismo se ha sumado a la ecuación. Y aunque se han producido muchos cambios, el Lago Inle sigue siendo uno de los lugares que hay que ver sí o sí cuando se viajar por la antigua Birmania (Myanmar).

Cómo llegar al Lago Inle.- El aeropuerto más cercano es el de la ciudad de Heho (a poco más de 35 kilómetros del extremo norte del lago). Desde este aeródromo operan las compañías Air Mandalay (conexiones con Mandalay, Nyaung-u, Thandwe y Rangún -Yangon-); Myanmar Airways (Kengtung, Lashio, Mong Hsat, Nyaung-u, Tachilek y Rangún) y Yangon Airways (Mandalay, Thandwe y Rangún). Un billete de ida en vuelo regional cuesta entre 80 y 120 euros. El precio del taxi desde Heho hasta el lago ronda los 15 euros. Otra posibilidad desde Rangún es el tren. Se puede viajar desde Rangún y desde Mandalay. En el primer caso, hay que hacer transbordo en la ciudad de Thazi (16 horas) para después tomar otro tren hasta Kalaw (unas 8 horas más). La otra opción desde Mandalay conecta con la ciudad Shwenyaung (a medio camino entre Heho y la orilla norte del lago). Los trenes en Myanmar son baratos (unos cuatro euros), pero también extremadamente lentos. La opción más barata y rápida es el autobús. Desde Rangún la ruta más rápida es la de Nyaungshwe (12 horas y unos 14 euros de tarifa). También hay buses al mismo destino desde Bagó (14 horas, 12 euros), Mandalay (7 horas, 10 euros) y Bagan (8 horas, 12 euros). Las compañías más cómodas para viajar por el país son JJ Express, Elite Express; OK Express y Mandalar Minn Express.

Qué ver en el Lago Inle.- Hay muchísimo que hacer en el Lago Inle. Lo primero es tratar de comprender el espacio en todas sus dimensiones: en lo natural y en lo cultural. Este espejo de agua mide unos 30 kilómetros de largo y alcanza una anchura máxima de seis kilómetros. Es un lago de altura (está a más de 800 metros sobre el nivel del mar) y de aguas someras (la profundidad máxima está en torno a los 4 metros en las temporadas de lluvias). Nyaungshwe no es mala opción para alojarse, sobre todo si se tiene un presupuesto ajustado. Ejerce de capital de la comarca y está conectada con el lago a través de un bonito canal. Pero en las orillas hay unas 200 poblaciones que van desde pueblos más o menos grandes a pequeñas aldeas. Como suele suceder en Myanmar, los edificios religiosos (pagodas y monasterios) están por todos lados.

Pero el verdadero atractivo del lugar (más allá de los paisajes naturales y humanos) es la forma de vida tradicional de los Intha. Los ‘hijos del lago’ llegaron aquí desde el sur del país hace unos cinco siglos y conformaron una cultura propia dentro del Estado Shan. Su nombre alude a la actividad acuática que han desarrollado. Son pescadores hábiles y crearon un complejo sistema de huertos flotantes que recuerda a las técnicas de chinampas aztecas. Son unos 150.000 y preservan un idioma que aunque directamente emparentado con el lenguaje moderno de Myanmar es una verdadera reliquia lingüística –un birmano arcaico- con una fuerte influencia tailandesa. Son budistas de la rama theravada y hábiles artesanos. Y con sus palafitos y campos de cultivo han convertido las orillas del Inle en uno de los más auténticos destinos del Sudeste asiático. Desde el punto de vista ecológico, el lago es un complejo ecosistema del que dependen hasta 267 especies, destacando nutrias, varias tortugas, más de 80 especies de aves (entre las que resalta la grulla sarú –en grave peligro de extinción-) y más de 40 tipos de peces. Esta combinación única de naturaleza y cultura justificaron su inclusión en el catálogo de Reservas de la Biosfera.

La única manera de visitar las joyas del lago es a través de excursiones en canoas de motor. El precio de la excursión tipo ronda los ocho euros y la larga unos 11. Cada embarcación tiene una capacidad de cinco viajeros y el precio es por embarcación. Un consejo. Antes de partir dejad claro que no queréis ir de tienda en tienda perdiendo el tiempo. No Shopping please. Con eso basta. Desde la barca vais a poder haceros una idea de la vida de los intha y su relación con el lago, aunque en los últimos años el turismo haya empezado a convertir algunas costumbres en un espectáculo. Las visitas típicas en el lago son la Pagoda de Phaung Daw Oo, un espectacular complejo de templos que son un importantísimo centro de peregrinación budista; el pueblo de Nan Pam y sus huertos flotantes (una impresionante villa de palafitos rodeada de campos de cultivo que forman un verdadero laberinto acuático); El Monasterio de Nga Hpe Kyaung, famoso por su arquitectura y los miles de gatos que lo habitan e Ywama, otra pintoresca población de palafitos en cuyos alrededores se encuentra el laberinto de huertos flotantes más importantes del Inle. La excursión larga (que merece la pena) incluye una incursión tierra adentro (a través de canales terrosos) hasta Shwe Indein, uno de los conjuntos de pagodas y estupas más bonitos del país. Y otra cosa que no puede faltar es visitar alguno de los cinco mercados semanales que se celebran en las diferentes localidades del lago (rotativos). El más famoso (pero también el más turístico) es el de Ywama.

Pero hay vida más allá del lago. Toda la cuenca del Inle está llena de pequeñas villas conectadas al agua a través de canales que casi llegan al pie de las montañas. Casi cada aldea tiene su pagoda o su monasterio (y muchas veces ambos). No está mal dedicar una jornada o dos al lago (puedes regatear con los barqueros para diseñar los itinerarios a tu gusto) y otra jornada para explorar algunos de los hitos que se encuentran más lejos de las orillas. En la banda oriental, el lugar más interesante para visitar es el Monasterio de Maing Thauk y los Viñedos de Red Mountain (a dos pasos de Nyaungshwe). En la rivera occidental, el hito más espectacular es la Pagoda de de Shwe Myin Htin.

Una excursión hasta Kakku; el bosque de estupas.- Este pequeño pueblo se encuentra a 75 kilómetros al norte de Nyaungshwe y casi la única manera de llegar es a través de un taxi contratado (unos 35 euros el coche con cinco plazas). Pero merece la pena. Y mucho. Kakku, como todos y cada uno de los pueblos de esta parte del mundo, tiene su monasterio y su templo (también es un lugar poco transitado por el turismo y ofrece la posibilidad de ver una aldea rural bastante bien conservada). Pero es que esta pagoda, además de ser muy bonita, es bastante especial. Junto al templo –una pagoda preciosa- se amontonan casi 2.900 estupas que forman un verdadero bosque. Es un lugar mágico y, sin duda alguna, una de las excursiones que hay que hacer sí o sí se visita la comarca de Inle. Eso sí, la única manera de entrar en este recinto sagrado es con guía local. 

Fotos bajo Licencia CC: Nina R; David Stanley; imke.sta; Pawel G; Nate B; Steffen; Piktour UK; madras91

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En un año en el que apenas hemos viajado, pudimos cruzar fronteras en ‘Mundo a distancia’ a lomos de la revista 5W, El Hilo y Otras Miradas que nos han llevado a Latinoamérica y Carlos Pérez Cruz desde Estados Unidos.

Despedimos temporada y hacemos balance recorriendo diferentes rincones del planeta junto a un gran equipo de periodistas. Una ruta que nos lleva al conflicto en Etiopía, donde una cooperante española ha sido asesinada junto a dos compañeros etíopes en un ataque en Tigray, y la franja de Gaza pasando por Myanmar, Perú o Nicaragua, país en el que el régimen de Daniel Ortega ha lanzado una cacería de periodistas y políticos para mantenerse en el poder. Hablamos sobre las personas refugiadas durante la pandemia y hacemos balance de los primeros meses de gobierno de Biden. 

La candidata de Myanmar a Miss Universo, Thuzar Wint Lwin, aprovechó la gala celebrada durante la noche del domingo en EEUU para denunciar la brutal represión de la junta militar que se alzó con el poder tras el golpe de Estado del pasado 1 de febrero.

“Nuestra gente está muriendo y recibiendo disparos de los militares todos los días. Me gustaría pedir a todo el mundo que hable de Myanmar. Como Miss Universo Myanmar, desde que se produjo el golpe he hablado de ello todo lo que he podido”, dijo en un vídeo enviado para el certamen, celebrado en Florida.

La modelo se suma a la lista de personalidades del mundo del espectáculo y deportistas que han mostrado su oposición a la junta militar encabezada por el general Min Aung Hlaing.

Thuzar Wint Lwin ganó el premio al mejor traje nacional, inspirado en el atuendo típico de la etnia Chin, a la que ella pertenece y cuyo recién formado grupo armado ha librado en los últimos días una cruenta batalla contra las fuerzas de la junta en el noroeste del país. Durante este desfile, celebrado el pasado viernes, la candidata lanzó un mensaje sobre la situación de su país mostrando un cartel que decía “Recen por Birmania”.

La concursante de 22 años acudió también a varias manifestaciones en el país donde pedía la liberación de Aung San Suu Kyi. Wint Lwin también se dedicó a repartir botellas de agua durante las protestas en Yangon, la ciudad más grande de Myanmar y donó dinero a familias cuyos seres queridos habían sido asesinados desde el golpe.

Oposiciones publicas frente a la represión en Myanmar

El pasado marzo, la representante de Myanmar en el concurso de belleza Miss Grand International, Han Lay, también pidió entre lágrimas la ayuda de la comunidad internacional para la situación que vivía su país desde el golpe de Estado militar .“Por favor ayuden a Myanmar, necesitamos urgentemente la ayuda internacional, ahora mismo”, dijo durante la gala celebrada en Bangkok.

Por su parte, la miss y modelo birmana Htar Htet Htet publicó la semana pasada una foto en su perfil de Facebook con un rifle de asalto en la jungla en lo que parecía un campo de entrenamiento militar y aseguró que estaba haciendo la revolución contra la junta golpista.

Según la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP), al menos 790 personas han muerto a manos de la junta desde el golpe de Estado y más de 5.000 han sido detenidos, entre ellos la líder Aung San Suu Kyi, cuyo partido resultó vencedor en las elecciones del pasado noviembre, consideradas fraudulentas por la junta.

A pesar de la violencia e intimidación de las autoridades, miles de personas continúan desafiando el poder de la junta militar a lo largo del país a través de un movimiento popular de desobediencia civil, aunque algunos manifestantes han decidido unirse a guerrillas étnicas y combatir al Ejército con las armas.

Solo tuvieron un momento para estudiar el río antes de lanzarse al agua, que les llegaba hasta la cintura. Con edades comprendidas entre los 15 y los 21 años, ninguno de los cuatro hermanos conocía esa zona de la frontera y tenían miedo de ser descubiertos. Tratando de escapar de los militares de Myanmar se adentraron en el río Thaunggin.

Tras pasar unos minutos caminando por el agua, llegaron a tierra de nadie. Poco después de haber cruzado, tres contrabandistas vestidos con ropa militar les salieron al encuentro. Les entregaron 6.000 baht tailandeses [unos 160 euros], cruzaron algunas palabras y los contrabandistas los llevaron finalmente a una zona más profunda del bosque para posteriormente ser trasladados a un lugar seguro en Tailandia.

Tres meses después del golpe de Estado del 1 de febrero en Myanmar, los cuatro hermanos birmanos hablan con The Guardian sobre su decisión de unirse a la lucha contra los militares. También explican cómo se vieron forzados a huir a finales de marzo tras participar en las protestas de Yangon que acabaron en violencia.

Fuera del país y ya a salvo, los hermanos hablan de la despiadada represión del ejército y de su decisión de enfrentarse a los militares con la intención de evitar más violencia. Un periplo que les llevó desde la protesta pacífica de Yangon hasta el lanzamiento de cócteles molotov en comisarías y la posterior huida para sobrevivir.

Con 21 años, Lin* es el mayor de los cuatro. Vio cómo se desarrollaba el golpe de Estado desde su casa en el oeste de Tailandia, cerca de la frontera con Myanmar. Se sintió obligado a unirse al movimiento de resistencia al ver como aumentaban el número de muertos y la brutalidad militar. Sus tres hermanos menores y dos primos de diferentes partes de Myanmar lo siguieron hasta Yangon.

Za* tiene 15 años y es el más joven de los cuatro. Se unió a la resistencia porque quería que terminara la violencia en las calles. “Mira cuánta gente han matado en los últimos dos meses; si no hacemos nada y dejamos que ocurra, morirán muchos más inocentes”, dice.

Unirse a las protestas

Los jóvenes se encontraron en Yangon y en los primeros días participaron en las protestas pacíficas. Pronto pasaron a formar parte de un equipo de vigilancia nocturna que protegía los barrios residenciales de las incursiones nocturnas que hacían las fuerzas de seguridad. Cuentan que armados con palos y espadas ayudaban a desplazarse sin peligro a mujeres, ancianos y niños.

Mientras seguían las protestas, algunos grupos de manifestantes de primera línea empezaron a hablar de la posibilidad de devolver el golpe, dice Lin. “La gente empezó a decir que teníamos que contraatacar, pero no sabían cómo y tenían miedo”. A Lin le preocupaba que eso fuera justo lo que esperaban los militares de Myanmar, también conocidos como el Tatmadaw.

Los hermanos cuentan que se unieron a una minoría de manifestantes de primera línea que se enfrentaba a las fuerzas de seguridad con hondas y cócteles molotov. Según ellos, una forma legítima de autodefensa frente a las armas automáticas de los militares. Pero no fue gratuita. Lin cuenta que uno de los miembros del equipo que rondaba los cincuenta años murió durante un ataque contra una comisaría de policía tras ser alcanzado en la cabeza por una bala de goma.

“No quiero que mis hijos crezcan en las condiciones en las que creció mi generación y las generaciones anteriores”, dice Moe*, el hermano de 18 años.

El primer ataque

El grupo llevó a cabo su primer ataque contra una comisaría de policía una noche en torno a las 23 horas. Lin cuenta que la gente se iba uniendo a medida que se acercaban al edificio y que algunos llevaban cócteles molotov. Otros estaban armados con hondas y espadas. Pero cuando por fin estuvieron cerca de la comisaría, hubo dudas y vacilaciones.

“En ese momento yo estaba con ganas de pelea, estaba enfadado, nadie estaba dispuesto a lanzar el cóctel moloto”, dice. “Había vuelto a Yangon pensando que sería un manifestante pacífico... pero si tenía que ser otra cosa, también lo sería; así que cogí el molotov y subí al puente del paso elevado”.

La botella acabó justo encima de un montón de basura apoyada en el edificio y las llamas empezaron a salir disparadas hacia el tejado, dice Lin. “Queríamos asustarlos”, dice en referencia a los militares. “Si nos estaban haciendo sentir inseguros, que también ellos se sintieran inseguros”.

Lin dice que llegó un camión lleno de soldados del Tatmadaw y que el grupo comenzó a retirarse. En vídeos vistos por The Guardian se ven las balas de gas lacrimógeno zumbando a su lado mientras huyen. Cuenta que la gente celebraba cuando pasaban corriendo junto a sus casas. “Era como si volviéramos de la guerra”.

Durante los días siguientes los hermanos y otros grupos atacaron múltiples comisarías. Lin no cree que hayan herido a nadie. Dice que no lograron quemar los edificios y que los ataques formaban parte de una guerra psicológica: sentían que había que mostrar algo de fuerza para contrarrestar a los militares.

“Tuvimos que huir”

La lucha continuó hasta el día en que Lin se enteró de que uno de sus amigos había sido secuestrado por las fuerzas de seguridad. “Nos dijeron que había muerto, que lo habían torturado y matado”, recuerda. “Todos tuvimos que huir en ese momento, nos dijeron: 'uno de los nuestros ha desaparecido, ahora estamos huyendo y vosotros también deberíais hacerlo'”. 

Los hermanos decidieron que era hora de marcharse. Se levantaron temprano para iniciar su viaje hacia Hpa-An, la capital del estado de Karen, al este de Yangon y cerca de la frontera con Tailandia. Un vecino les dijo que la policía registró su apartamento en Yangon un día después de que ellos lo abandonaran.

En Hpa-An pasaron desapercibidos unos días hasta que recibieron la llamada para salir de allí. Tendrían que hacer la travesía cerca de Myawaddy, una ciudad conocida por sus casinos y locales de ocio. Vadearon el río durante unos minutos y llegaron a tierra de nadie. Momentos después de cruzar, tres contrabandistas vestidos con ropa militar les salieron al encuentro.

Para trasladar a los hermanos a un lugar secreto, los contrabandistas exigieron el pago por adelantado. Les entregaron el dinero y caminaron otros 20 minutos en la oscuridad hasta un búnker donde la instrucción era esperar. “Les teníamos miedo porque eran extraños con armas y nosotros estábamos en su zona”, dice Htet*, el hermano de 18 años. “Si hubieran querido hacer algo habrían podido, no teníamos forma de impedirlo”.

Al fin, hacia las tres de la tarde les dijeron que era hora de irse. El guía les dijo que por el sendero de tierra llegarían a una carretera asfaltada. El último trecho lo hicieron por su cuenta, hasta encontrar la salida del bosque. Lo habían conseguido.

Según los datos de la Asociación de Asistencia a los Presos Políticos, cuando ellos cruzaban la frontera, los militares de Myanmar ya habían matado a más de 550 personas y detenido a casi 3.000. “Fue una decisión difícil venir aquí”, dice Lin en referencia a Tailandia. “Aunque estamos seguros y cómodos, queremos volver, pero era demasiado peligroso; lo bueno es que tenía a mis hermanos: no habría sido capaz de manejarlo solo”.

*Los nombres han sido modificar para proteger la identidad de los protagonistas

Traducido por Francisco de Zárate

El embajador de Myanmar en Londres, Kyaw Zwar Minn, ha pasado la noche en su automóvil después de que el agregado militar de su país le denegase la entrada en su embajada y le comunicase que ya no es el representante birmano.

Minn, en declaraciones a los medios, ha calificado el incidente de la noche de este miércoles de “golpe” en el centro de Londres y ha dicho que el agregado militar pidió al personal de la embajada que abandonase el edificio. En declaraciones a los medios en la calle, el embajador ha manifestado: “Me están denegando la entrada. Dicen que han recibido instrucciones de la capital (de Myanmar), así que no me van a dejar entrar” en la embajada, ubicada en el barrio de Mayfair.

Tras conocerse el incidente, el ministro británico de Asuntos Exteriores, Dominic Raab ha condenado en un tuit “las acciones de acoso del régimen militar de Myanmar” y ha destacado el “coraje” de Minn, después de que este pidiese la liberación de la líder birmana Aung San Suu Kyi.

“Reino Unido sigue pidiendo el fin del golpe y la terrible violencia y (solicita) el rápido restablecimiento de la democracia”, ha agregado el jefe de la diplomacia británica en su tuit.

El embajador birmano ha sido visto en su coche, en el que ha puesto una foto de San Suu Kyi, y también hablando con los policías de Scotland Yard que custodian la embajada en la calle.

Según los medios, el “número dos” de la embajada, Chit Win, ha asumido el cargo de encargado de negocios. Minn ha pedido este jueves al Gobierno británico que no reconozca a “aquellos que trabajan para la junta militar” y que los envíe de vuelta a Myanmar, en una carta al ministro británico de Exteriores recogida por Reuters.

“Pedimos al Gobierno de Reino Unido que se niegue específicamente a trabajar con el encargado de negocios, Chit Win, nombrado por el consejo militar, o con cualquier otro embajador que puedan intentar nombrar en el futuro”, ha dicho el embajador.

Más de 500 civiles han muerto en la represión de las protestas en Myanmar y más de 2.600 personas han sido detenidas desde el golpe el 1 de febrero, según datos de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos de Myanmar (AAPP). 

Decenas de personas han fallecido en más de 40 localidades de Myanmar este sábado, día de las Fuerzas Armadas en el país asiático, por la represión de las fuerzas de seguridad en las protestas contra la junta militar. Hay medios que hablan de hasta 91 fallecidos, la mayor cifra diaria desde el golpe de Estado del Ejército del pasado 1 de febrero.

Según el recuento del medio Myanmar Now, que cifra en 91 las víctimas mortales, las muertes ocurrieron durante manifestaciones celebradas en unas cuarenta ciudades en regiones y estados como Rangún, Mandalay, Sagaing, Bago, Magwe, Tanintharyi y Kachin. La cifra total de víctimas mortales desde la asonada, que este viernes ascendía al menos a 328, superaría ya las 400.

Mientras el Ejército celebra con un desfile en la capital el Día de las Fuerzas Armadas, miles de birmanos han vuelto a desafiar la represión de la junta militar golpista. En un vídeo captado por una cámara de seguridad y difundido por redes sociales, los soldados disparan sin haber sido provocados contra una motocicleta en un lugar donde no había protestas y se llevan a uno de sus ocupantes herido, mientras otros dos huyen corriendo. En otro vídeo, un padre grita desconsolado que han matado a su hijo pequeño mientras lo lleva en brazos dentro de un coche.

Los soldados y la policía han cumplido con la amenaza que la víspera emitió la televisión y radio estatales, en las que advirtieron que dispararían a los manifestantes por la espalda y en la cabeza.

Esta mañana el jefe golpista de la junta militar, Min Aung Hlaing, presidió el desfile en la capital, Naipyidó, para conmemorar el Día de la Fuerzas Armadas, aunque muchos manifestantes hablan del “día contra la dictadura militar”. Según el medio Asia Nikkei, Rusia, China, India, Pakistán, Bangladesh, Vietnam, Laos y Tailandia enviaron a representantes al desfile castrense. Sin embargo, la gran mayoría de los países han boicoteado el evento e incluso algunas embajadas, incluida la española, han sustituido la foto de portada de sus páginas en Facebook por el color negro en señal de duelo.

En un primer momento, los manifestantes pegaron con cinta adhesiva carteles con el rostro de Min Aung Hlaing por las calles de Rangún (Yangon), la ciudad más importante de Myanmar. Los soldados no tardaron en retirarlos, pero esto solo sirvió para que poco después los astutos manifestantes volvieran con plantillas para marcar la imagen del líder de la junta en el hormigón a modo de graffiti.

La táctica de la protesta ofrecía cierta protección contra las cargas de los soldados, que en principio tienen prohibido pisar la imagen de su comandante en jefe. También fue una oportunidad para que el público expresara su profundo desprecio por el hombre que les ha arrebatado la democracia.

La toma de poder por parte de Min Aung Hlaing el pasado 1 de febrero ha supuesto el fin abrupto de la transición de Myanmar tras décadas de gobierno militar a un sistema más democrático y ha desatado la furia en todo el país. Para los militares ha supuesto uno de los mayores desafíos en sus 80 años de historia, ya que los manifestantes han salido a las calles de ciudades, pueblos y aldeas, y un gran número de ellos se ha declarado en huelga, paralizando el comercio, los bancos y los sistemas de transporte.

“Ha sido un error de cálculo de estrategia mayúsculo por su parte”, señala Richard Horsey, analista político independiente. Según él, todo parece indicar que en un primer momento los militares subestimaron el alcance de la oposición pública. “Pero creo que todavía tienen la esperanza de ganar esta partida”.

El manual autoritario del pasado

Ante la oposición de la sociedad en su conjunto, los militares han desatado una campaña de terror y caos. Los manifestantes son detenidos, golpeados brutalmente y, cada vez más, asesinados a tiros. Al anochecer, camiones llenos de soldados circulan por las zonas residenciales disparando indiscriminadamente y lanzando granadas aturdidoras.

Todas las noches se producen redadas en las casas, los agentes van de puerta en puerta deteniendo a los manifestantes y a quienes consideran que les ayudan. Han detenido a unas 1.800 personas, aunque probablemente esta cifra sea inferior a la real.

“El grado de violencia e intimidación que están ejerciendo está creando un manantial de odio y oposición que está cohesionando a gran parte del país”, añade Horsey. “Podrán desplegar la violencia necesaria para imponer su voluntad, ¿pero después qué?”. En este sentido, subraya que los militares tendrán que dirigir un país con profundas y múltiples crisis y con un apoyo nacional e internacional mucho menor.

Todo parece indicar que Min Aung Hlaing calculó que las protestas serían más fáciles de reprimir y que podría ganarse el apoyo de la población decepcionada con el liderazgo de Aung San Suu Kyi, que llegó al poder en las elecciones de 2015, las primeras elecciones libres en décadas. Hasta ahora, ambas suposiciones han resultado erróneas.

“Creo que el consejo de administración del Estado –la junta– probablemente calculó que habría manifestaciones, pero subestimó cuán continuas y creativas serían”, indica Moe Thuzar, coordinador del programa de estudios sobre Myanmar en el Instituto ISEAS-Yusof Ishak de Singapur. También subestimaron el posible impacto del movimiento de desobediencia civil de los manifestantes. Un gran número de personas han dejado sus puestos de trabajo, paralizando el país. Ante una oposición tan generalizada, la Junta recurre ahora al manual autoritario del pasado.

El uso brutal de la violencia por parte de los militares se traduce en un número de manifestantes mucho menor. Sin embargo, muchos siguen negándose a ir a trabajar, cada vez más porque tienen demasiado miedo de hacerlo cuando los militares están en la calle.

El general que soñaba con gobernar

Min Aung Hlaing asumió el cargo de comandante en jefe en 2011, cuando Myanmar iniciaba la transición a la democracia, en virtud de una Constitución que otorgaba importantes poderes a los militares. Se iba a retirar pronto y era ampliamente conocido que aspiraba a ser presidente, un cargo que la Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido de Aung San Suu Kyi, se negaba a concederle.

En una entrevista con Russia Today el pasado mes de junio, una presentadora elogió sus cualidades de liderazgo antes de añadir que esperaba que “fuera capaz de desempeñar funciones con autoridades superiores en interés del país, del mundo y de la paz mundial”. Él respondió: “Siempre ha sido mi deseo”.

Cuando la opción de los militares se vio humillada en las elecciones de noviembre, y quedó claro que las ambiciones de Min Aung Hlaing no se harían realidad en las urnas, los militares acusaron a la LND sin pruebas de haber cometido fraude electoral, alegaciones que utilizaron para justificar el golpe.

La relación de Min Aung Hlaing con Aung San Suu Kyi era tensa y al parecer casi no había comunicación directa, ya que ambos parecían temer lo que su homólogo estaba tramando. Los analistas creen que los generales estaban enfadados por lo que consideraban la arrogante negativa de Aung San Suu Kyi a considerar sus reservas en torno a los resultados electorales del año pasado, lo que no hizo más que aumentar el temor de los militares a quedar marginados tras haber aceptado compartir el poder.

De hecho, los militares han conservado enormes poderes, entre ellos, la competencia en Defensa, y reciben una partida presupuestaria mayor que la de Sanidad y la Educación juntas. También han conservado sus lucrativos negocios.

Los grandes daños que sufre el país

Desde el golpe de Estado, algunos gobiernos occidentales han intentado atacar los intereses financieros del Ejército para presionar al régimen y que de esta forma actúe con moderación, aunque el movimiento de huelga está causando un daño mucho mayor del que podrían causar las posibles sanciones.

Thuzar indica que la cifra varía según los ministerios, pero en el de Recursos Naturales y Medioambiente, el 56% se niega a trabajar, según una estimación. “Incluso si sólo hace huelga la mitad de los agentes de aduanas de un punto de comercio fronterizo, las personas que se supone que procesan las mercancías que llegan, eso ralentiza las cosas y afecta a la cadena de suministro”, afirma.

Una de las medidas más brutales contra los manifestantes se ha aplicado contra los trabajadores de los astilleros que se habían negado a trabajar, lo que al parecer ha paralizado el comercio. “La situación pone a prueba la unidad de los militares como probablemente nunca antes”, señala Horsey.

No hay indicios de que los generales puedan volverse contra Min Aung Hlaing, aunque no es descartable que se produzcan divisiones. La mayoría de los analistas coinciden en que el ejército es tan opaco que no hay forma de saber si existe desacuerdo. “Lo único predecible es que los militares tienen la capacidad de intensificar la violencia y tratar de poner fin a esta situación”, indica David Mathieson, analista independiente de Myanmar. “¿Pero a qué precio?”

Traducido por Emma Reverter

Al menos 18 manifestantes han fallecido y 30 han resultado heridos este domingo en Myanmar por la represión de la policía y el ejército en las protestas contra la junta militar, según datos de la Oficina de derechos humanos de la ONU, en el día más sangriento desde el golpe de Estado del 1 de febrero.

“En varios lugares en todo el país, fuerzas policiales y militares se han enfrentado a manifestaciones pacíficas utilizando la fuerza letal”, denunció el domingo en un comunicado la Oficina de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet. Según las informaciones recogidas por este organismo, las muertes han ocurrido como resultado de los disparos contra manifestantes en Rangún, la mayor ciudad del país, Dawei, Mandalay, Bago, Pokokku y Myeik.

Las fuerzas de seguridad han abierto fuego de manera indiscriminada para reprimir las manifestaciones masivas que exigen a los militares que devuelvan el poder al pueblo y liberar a los políticos detenidos tras las protestas.

En Mandalay, la segunda ciudad más poblada y donde los militares afrontan una gran oposición, uno de los manifestantes murió al recibir un disparo en la cabeza efectuado por los uniformados, según ha declarado a EFE un testigo que ayudó a recuperar el cadáver. El portal Myanmar Now ha informado de seis heridos de bala. En Mandalay, otro joven ha fallecido por herida de bala al ser alcanzado por un disparo procedente de las autoridades, ha apuntado el canal Democratic Voice of Burma, mientras el diario Mizzima ha informado de al menos cuatro heridos por disparos contra una casa.

En Dawei, en el sur del país, la policía ha disparado varias rondas de munición real contra los manifestantes y la prensa local ha informado de tres fallecidos y una decena de heridos. El número de muertos, que con los 18 de este domingo ascienden a 22 por los disparos directos de los uniformados desde el sublevamiento, podría aumentar dada la violenta represión desatada por las autoridades a lo largo del país.

“Myanmar es un campo de batalla”, ha denunciado el cardenal Charles Maung Bo, arzobispo de Rangún, al describir en Twitter la situación actual del país.

La policía usó también el domingo balas de goma, gas lacrimógeno y granadas aturdidoras contra los manifestantes, quienes levantaron en Rangún barricadas improvisadas para frenar las acometidas.

A pesar de las cargas y violencia policial, los manifestantes han regresado una y otra vez a las calles al rebajarse la tensión y en desafío a las fuerzas de seguridad, apoyados en las calles de Mandalay por unidades militares. En Mandalay un grupo de manifestantes detuvieron a cinco policías que viajaban en un coche, blanco y sin la identificación policial, cuyo maletero transportaba al menos media docena de armas y numerosa munición, según recoge el diario The Irrawaddy.

479 detenidos el sábado

Desde hace semanas, centenares de miles de personas se manifiestan en contra de la junta militar y exigen la puesta en libertad de todos los arrestados tras el golpe de Estado, entre ellos la depuesta líder, Aung San Suu Kyi.

El canal público MRTV, ahora bajo control militar, informó la noche del domingo de la detención el sábado de 479 personas acusadas de “protestas contra el Estado” durante una de las jornadas más violentas desde el levantamiento. La Oficina de derechos humanos de la ONU calcula que en el mes de manifestaciones más de 1.000 personas han sido detenidas “de forma arbitraria e ilegal” y que entre ellos hay varios responsables políticos, activistas, miembros de organizaciones de la sociedad civil, periodistas y profesionales médicos.

La Oficina de la alta comisionada de la ONU ha afirmado que solo durante el domingo se detuvieron al menos 85 profesionales médicos, estudiantes y siete periodistas que estaban en las protestas.

La junta militar ha asegurado, por su parte, que la policía utiliza la fuerza mínima contra las manifestaciones, mientras el diario oficialista “The Global New Light of Myanmar” ha publicado este domingo un artículo donde la policía amenaza con “tomar acciones legales” contra los líderes de las manifestaciones.

La directora regional de Investigación de Amnistía Internacional, Emerlynne Gil, ha calificado de “terrible y sumamente alarmante” el uso de medios letales por parte de las fuerzas de seguridad para responder a “manifestaciones totalmente pacíficas”. “Deben dejar de inmediato de hacer uso innecesario de la fuerza contra manifestantes y poner en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente”, ha dicho Gil. “El deber de los agentes encargados de hacer cumplir la ley, sean policías o militares, es facilitar las reuniones pacíficas. No deben causar daño a quienes se manifiestan ni, desde luego, emplear medios letales”.

La junta militar destituye al embajador de Myanmar en la ONU

El ministerio de Myanmar de Asuntos Exteriores ha informado de la destitución de su embajador en Naciones Unidas, Kyaw Moe Tun, nombrado por el Gobierno derrocado, tras pedir el pasado viernes en un discurso frente a la Asamblea General de la ONU medidas contundentes para terminar con el gobierno militar.

El comunicado del ministerio acusa a Kyaw Moe Tun de cometer un delito de “alta traición” contra el país y “abusar de los poderes y responsabilidades” durante su intervención, que terminó con el gesto de alzar tres dedos popularizado entre la oposición a los militares.

El relator especial de la ONU para Myanmar, Tom Andrews, ha ensalzado el gesto de “valentía” de Kyaw Moe Tun y ha pedido, en un mensaje en Twitter, que los países actúen contra el gobierno militar.

El Ejército ha justificado la toma de poder por un supuesto fraude electoral en los comicios de noviembre, donde observadores internacionales no detectaron ningún amaño, en los que arrasó la Liga Nacional para la Democracia, el partido liderado por Suu Kyi, como ya hiciera en 2015.

A pesar de la celebración de elecciones y el proceso iniciado en 2011 en Birmania hacia una “democracia disciplinada”, como la denomina el Ejército -que gobernó el país con puño de hierro de 1962 a 2011-, el mando castrense mantenía todavía un amplio control sobre los aspectos políticos y económicos del país.

La UE subraya que la violencia no legitimará el golpe de Estado

“La violencia no dará legitimidad al derrocamiento ilegal del Gobierno democráticamente elegido. Las autoridades militares deben detener de manera inmediata el uso de la fuerza contra los civiles y permitir a la población expresar su derecho a la libertad de expresión y de asamblea”, ha declarado en un comunicado el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Josep Borrell.

Borrell ha añadido que al disparar contra ciudadanos desarmados “las fuerzas de seguridad han mostrado un flagrante desprecio por el Derecho internacional y deben rendir cuentas”.

“Este fin de semana, el ejército birmano ha incrementado su brutal represión de protestas pacíficas en el país, lo que ha dejado a muchos manifestantes muertos o heridos”, ha afirmado el político español, quien ha recalcado que los países miembros de la UE “apoyan decididamente al valiente pueblo birmano, que está defendiendo su democracia”.

Los ministros de Asuntos Exteriores comunitarios han asegurado este lunes en una declaración conjunta que la UE “está dispuesta a adoptar medidas restrictivas dirigidas a los directamente responsables del golpe militar y sus intereses económicos”.

La junta militar que ha tomado el poder en Myanmar ha cortado esta madrugada internet por segunda noche consecutiva. Con la restricción de su acceso a la web y los tanques en las calles, la tensión aumenta en el país, que ha visto manifestaciones multitudinarias en los últimos días en protesta contra el golpe de Estado perpetrado hace dos semanas por los uniformados.

Según el observatorio NetBlocks, el tráfico de internet en Myanmar cayó hasta el 15% de lo habitual a partir de la una de la madrugada de este martes. Este es el cuarto bloqueo, segundo consecutivo, que sufren las comunicaciones del país desde el levantamiento.

La escalada de tensión entre militares y el movimiento de desobediencia civil va en aumento desde el pasado 1 de febrero, día de la asonada. Un total de 426 personas han sido arrestadas desde entonces, de las cuales 391 siguen detenidas. Entre ellas la líder electa Aung Sang Suu Kyi, cuya liberación exigen los manifestantes. 

Los militares también bloquearon redes sociales como Facebook o Twitter días después del golpe para evitar la organización de movilizaciones y han reformado las leyes para restar derechos fundamentales y permitir más detenciones. Concretamente los artículos 5, 7 y 8 de la Ley de Protección de la Seguridad y la Privacidad de los Ciudadanos, que exige una orden para poder arrestar a alguien y retenerlo más de 24 horas, entre otras garantías legales.

Nuevos cargos contra Aung San Suu Kyi

Pese a todas las revueltas por su puesta en libertad, la Policía ha presentado este martes nuevos cargos contra la líder electa, Aung San Suu Kyi, a quien los militares acusan de un supuesto fraude electoral en los comicios del pasado noviembre donde su partido, la Liga Nacional para la Democracia, volvió a ganar como ya lo hizo en 2015.

La nobel de la paz y consejera de Estado, que se encuentra en arresto domiciliario desde el golpe, fue acusada el 3 de febrero por importación ilegal de un dispositivo telefónico y se espera que comparezca mañana ante el juez.

Según ha confirmado el abogado Khin Maung Zaw, la mandataria ha sido acusada también de un delito relacionado con la ley de desastres naturales. El mismo cargo que se ha presentado contra el presidente, Win Myint, quien se encuentra también bajo arresto. Myint ha sido acusado también de quebrantar las medidas de distanciamiento social impuestas por la pandemia tras organizar un acto electoral al que asistieron más de 30 personas.

El desafío de los manifestantes a los militares no cesa

Las represalias que las fuerzas militares están tomando contra los manifestantes no han logrado silenciar las movilizaciones y paros en buena parte del país. Según vídeos difundidos en las redes, a pesar del despliegue de tanques, cientos de personas salieron este lunes a las calles coreando gritos de protesta y con pancartas donde se podía leer: “Acabad con la dictadura”.

La represión en las calles y el despliegue de tanques en varias zonas de Rangún provocó que un grupo de embajadas, incluidas la de la Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido y otros 12 países, publicaran un comunicado en la noche del domingo en el que condenaron de forma “inequívoca” la detención de líderes políticos, activistas y funcionarios, así como el acoso a periodistas.