El jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria, José Antonio Osorio, ha defendido ante la jueza que instruye la causa por el accidente mortal de la pasarela de El Bocal en Santander --en la que está investigado como director facultativo del proyecto de la senda costera en 2014-- que él cumplió con la normativa y ha insistido en achacar el colapso de la estructura de madera a la falta de mantenimiento, de lo que ha responsabilizado al Ayuntamiento.

Así lo ha manifestado este viernes en su declaración durante cerca de hora y media ante la magistrada, en una jornada en la que también han comparecido los otros dos técnicos de Costas y el ingeniero que diseñó la pasarela -y que están igualmente investigados-- y dos testigos-peritos. La sesión se ha prolongado durante más de seis horas y ha concluido, pasadas las cuatro de la tarde, con la citación de Osorio.

Según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de su declaración, ha alegado que cumplió el pliego de prescripciones técnicas particulares cuando se decidió que el material de las piezas de sujeción de las vigas de madera fuera metal galvanizado -y no acero inoxidable, que según algunos informes periciales sería lo más recomendable dada la proximidad al mar de la pasarela-.

De acuerdo con el perito judicial, la causa última del derrumbe de la estructura fue un fallo de la unión de vigas tras la rotura de un herraje por la corrosión. Ocurrió el pasado 3 de marzo cuando un grupo de siete estudiantes atravesaban el paso y cayeron al agua: seis murieron y una resultó herida grave.

Además, el jefe de Costas se ha reafirmado ante la titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander, como ya ha venido haciendo a través de la documentación aportada por su letrado al procedimiento, en que la 'culpa' del desprendimiento fue la ausencia de mantenimiento de la pasarela siniestrada, y no cuestiones relacionadas con el proyecto en sí.

Y en este sentido, ha reiterado que el mantenimiento corresponde al Ayuntamiento, aunque no haya habido una cesión formal de los trabajos ejecutados por Costas (las obras no fueron recepcionadas, según la administración municipal y de acuerdo también con la jueza).

“Con la conciencia tranquila”

José Antonio Osorio, que estaba citado a las doce del mediodía, ha acudido al complejo judicial Las Salesas de Santander “con la conciencia tranquila”, según han trasladado desde su entorno a esta agencia. Ha empezado a declarar sobre las dos y media de la tarde y ha terminado pasadas las cuatro. Ha respondido solo a preguntas de su abogado -y de la jueza y la fiscal-, como también han hecho la mayoría de los investigados citados esta jornada.

En concreto, solo han contestado a estas partes el ingeniero de Fronda que diseñó el puente accidentado, Manuel Méndez -que ha comparecido durante poco más de media hora- y el jefe de Servicio de Proyectos y Obras de Costas desde que se instaló la infraestructura en 2014 y hasta su jubilación en 2023, José Luis Tejerina, quien ha permanecido unos 45 minutos en el salón de actos donde se ha desarrollado la sesión.

Mientras, su sucesor en este cargo y quien lo ostenta en la actualidad, Enrique Rodríguez, ha respondido a todos los personados: 17 partes en total, de las que nueve son acusaciones. Ha declarado durante aproximadamente una hora y veinte minutos.

Peritos-testigos

Al margen de las comparecencias de los cuatro técnicos investigados --condición en la que están además la agente de la Policía Local y la gestora del 112 que recibieron el día anterior a la tragedia las llamadas de alerta sobre el mal estado del paso de madera y que ya declararon-- este viernes también se han celebrado dos testificales-periciales.

En la primera estaban citados dos ingenieros, uno de caminos y otro agrónomo, que firmaron el proyecto general de la senda costera, aunque solo ha comparecido uno de ellos durante unos veinte minutos. Y en la segunda, ha declarado el jefe de obra de la mercantil contratista constructora de la senda (Dragados) por espacio cercano a la hora y cuarenta minutos.

Cálculos de estructura y correos electrónicos

En este caso, las preguntas se han centrado en cuestiones relacionadas con cálculos de la estructura, más que los materiales empleados en su construcción, y en los correos electrónicos que se intercambió con Osorio y que el representante legal de este último ha incorporado al procedimiento. En esos emails, el jefe de obra de Dragados le confirmó que Fronda era la “responsable del diseño, fabricación y montaje” de las estructuras.

Y por eso, “valorando las previsibles causas inmediatas del colapso de la pasarela, entre ellas un defecto de diseño estructural o constructivo” --según periciales que obran en la causa--, la magistrada acordó también dirigir la acción penal contra el ingeniero industrial de Fronda, al considerarle “responsable último” del proyecto técnico conforme al cual se ejecutó.

Por su parte, Osorio está investigado como director facultativo de la obra de la pasarela ya que, a juicio de la instructora, le correspondía dirigir la ejecución material de los trabajos, velar por su adecuación al proyecto y advertir toda insuficiencia o incumplimiento normativo sobre el diseño estructural, elección de materiales u otros detalles constructivos que pudieran comprometer la seguridad de las pasarelas de la senda costera.

Negligencia grave

Para la jueza, la falta de mantenimiento del puente podría constituir una “negligencia grave” que justifica la acción penal por posible comisión de seis delitos de homicidio y otro delito de lesiones (todos por imprudencia grave).

En el accidente fallecieron seis jóvenes, del municipio cántabro de Camargo, Vizcaya (3), Almería y Guadalajara, y otra chica más de Álava resultó herida grave. Formaban un grupo de estudiantes del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) La Granja de Heras, en Medio Cudeyo, que hacían la ruta de la senda costera.

La instructora del caso por el suceso de El Bocal, en el que fallecieron seis personas y una resultó herida grave tras ceder una pasarela de una senda costera en la zona norte de Santander, ha rechazado iniciar acción penal contra el responsable de Dragados, la empresa contratista que ejecutó las obras de la senda costera y, además, se ha vuelto a ratificar en atribuir toda la responsabilidad del mantenimiento de la senda en la Demarcación de Costas.

En un auto hoy dado a conocer, la magistrada inadmite la petición del Ayuntamiento de Santander de dirigir la acción penal contra los responsables de la contratista y de declarar su eventual responsabilidad civil. Y es que, según señala la resolución, no existe “indicio alguno que permita atribuir a los responsables de la entidad contratista una conducta negligente con relevancia causal o coadyuvante en la producción del resultado investigado”.

De la investigación realizada hasta ahora, se desprende indiciariamente que la pasarela colapsó por “determinadas deficiencias asociadas al diseño de la obra, singularmente en lo relativo a la robustez de la solución adoptada y a la idoneidad del elemento empleado para los herrajes de apoyo”, y por “la ausencia de las labores de inspección, control, conservación y mantenimiento que resultaban exigibles”.

Pues bien, en cuanto a la actuación de Dragados, “no consta que la ejecución material de la obra se hubiera apartado de las determinaciones contenidas en el proyecto aprobado, ni de las instrucciones recibidas por la dirección facultativo”.

Y “tampoco se ha puesto de manifiesto la existencia de defectos de ejecución concretos imputables a la contratista que hubieran contribuido al proceso de degradación que finalmente desembocó, presuntamente, en el colapso de la estructura”.

La responsabilidad del mantenimiento es de Costas

El auto también da respuesta a una petición de la Demarcación de Costas, que solicitó requerir al Ayuntamiento de Santander para que aportara cierta documentación relativa a las actuaciones llevadas a cabo por la entidad local en materia de inspección, conservación y mantenimiento de distintos elementos en la senda costera.

Así, pedía Costas que, por ejemplo, se solicitara el contrato de mantenimiento de Parques y Jardines de Santander para conocer su ámbito de actuación, el plan de Sostenibilidad Turística Santander Norte Litoral-Costa Quebrada, o los proyectos del Ayuntamiento en base a los cuales se llevaron a cabo actuaciones de mantenimiento y conservación de otros espacios que fueron parte del proyecto de la senda costera, como el Mirador de Ciriego o La Maruca.

A esta petición de Costas se adhiere la representación procesal del jefe de Proyectos y Obras de la Demarcación hasta el año 2023, investigado en la causa, pues considera que “resulta crucial determinar si el Ayuntamiento de Santander mediante actos propios y la inclusión de elementos de la senda costera en sus contratos de servicios públicos ha venido ejerciendo de facto las competencias de mantenimiento, lo que determinaría su responsabilidad”.

Pues bien, la magistrada decide no acoger estas pretensiones, y ello porque, tal y como explica en la resolución, esa responsabilidad ya quedó determinada en el auto dictado el 23 de marzo, resolución que es firme dado que ninguna parte la recurrió.

En aquel auto se estudió la documentación que aportaron tanto Costas como el Ayuntamiento de Santander y se concluyó que las obras de la senda costera “en modo alguno habían finalizado”, no fueron recepcionadas por el Ayuntamiento y “era y es Demarcación de Costas en Santander la única responsable de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento de tales unidades de obra”.

De hecho, fue aquel auto el que determinó que “podría existir negligencia en el adecuado mantenimiento de la pasarela siniestrada” y acordó seguir la acción penal contra “aquellas personas que por el cargo que ostentaban y ostentan pueden tener responsabilidad directa en su deber de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento de la pasarela”, esto es, los responsables de Costas.

No existen hechos nuevos

La instructora señala en su auto que ya “se resolvió de forma expresa la cuestión relativa a la atribución de las obligaciones de conservación y mantenimiento” de la pasarela, determinando que “tales obligaciones correspondían a la Demarcación de Costas”, “con exclusión de cualquier responsabilidad atribuible al Ayuntamiento de Santander”.

“La cuestión concerniente a la titularidad de las obligaciones de mantenimiento y conservación de la infraestructura litigiosa ha quedado definitivamente resuelva en esta fase procesal, sin que resulte admisible promover ahora una revisión indirecta de tal pronunciamiento mediante la solicitud de diligencias encaminadas a reabrir un debate ya decidido”, añade.

Y finaliza: “La petición no se sustenta en la aparición de hechos nuevos ni en elementos probatorios sobrevenidos”, “la diligencia pretendida no persigue, por tanto, el esclarecimiento de circunstancias novedosas relevantes para la investigación, sino la reconsideración de una valoración jurídica y fáctica ya efectuada por resolución firme”.

El concejal de Izquierda Unida de Santander, Keruin Martínez, ha anunciado este martes que su formación llevará al próximo Pleno municipal una moción para exigir al equipo de Gobierno (PP) que ponga en marcha el Observatorio Municipal de la Contratación para fiscalizar los grandes contratos externalizados del Ayuntamiento

La creación de este órgano fue aprobada en 2019 y ratificada en 2020 pero “sigue sin estar operativo casi siete años después”, ha denunciado en un comunicado el edil.

Martínez ha advertido de que Santander mantiene “un modelo de servicios públicos profundamente dependiente de la externalización”, con contratos que afectan a ámbitos esenciales como la limpieza viaria, la recogida de residuos, el abastecimiento de agua, los parques y jardines, la limpieza de colegios y dependencias municipales, el alumbrado o distintos servicios de mantenimiento.

El edil ha subrayado que “cuando un servicio público se entrega a una empresa privada, el Ayuntamiento no se quita responsabilidad: al contrario, tiene que controlar más, fiscalizar mejor y garantizar que se cumplen los pliegos, las inversiones, las condiciones laborales y la calidad del servicio que recibe la ciudadanía”.

Según ha expresado Martínez, las experiencias de los últimos años han “evidenciado que los mecanismos actuales de control son insuficientes”, y al respecto ha apuntado a “conflictos laborales en servicios externalizados, quejas de vecinos y usuarios por posibles incumplimientos de condiciones previstas en los pliegos, retrasos en nuevas licitaciones, contratos vencidos, prórrogas forzosas y servicios que han seguido prestándose, una vez finalizados los contratos, mediante fórmulas extraordinarias”.

El concejal ha puesto como ejemplos los “problemas históricos” en la gestión de servicios externalizados, señalando que “Santander no necesita otro caso como el de las basuras”, ni “otro expediente fallido en Parques y Jardines”.

Martínez se ha referido también al “incumplimiento del contrato de explotación del mercado de Puertochico”, formalizado en 2017 con un plazo no superior a un año, pero “diez años después, es evidente que este contrato no se ha cumplido, porque ni está totalmente rehabilitado, ni totalmente operativo”, lo que ha calificado como “absolutamente incomprensible”.

El edil ha enfatizado que “lo que estamos viendo no son incidencias aisladas, sino un problema estructural de planificación, seguimiento y control”. En su opinión, “Santander paga cada vez más por grandes contratos, pero la ciudadanía no siempre recibe servicios a la altura de ese esfuerzo económico”.

Más de 80 millones en externalizaciones

Martínez ha recordado que el análisis presupuestario del ejercicio 2026 cifra en más de 80 millones de euros el volumen destinado a contratos externalizados, un volumen que “no ha dejado de crecer en las últimas dos décadas”.

En este contexto, Martínez ha concluido que el Observatorio Municipal de la Contratación, cuya creación apoyaron todos los partidos políticos en 2020, “tiene que formar parte ordinaria de la gestión municipal” y ha reprochado al Partido Popular que “sigue sin buscar un modo de controlar con más eficiencia los contratos más importantes de la ciudad”.

L’Agència Valenciana Antifrau considera que els mecanismes de control de l’Ajuntament de València no funcionen correctament. Almenys, no els que han de garantir processos nets en la contractació pública.

En l’informe que l’organisme ha elaborat arran d’una denúncia sobre el regidor de contractació, que es va abstindre almenys en sis contractes per haver treballat amb empreses que concorren a les licitacions, l’Agència veu “febleses” en el sistema d’autoprotecció del consistori. En concret, adverteix que les declaracions d’absència de conflicte d’interessos “no van operar amb l’eficàcia preventiva requerida”. José Marí Olano, president de la Mesa de Contractació entre abril i desembre del 2025, no va identificar les empreses que podrien provocar aquest conflicte, cosa que l’Agència retrau en un informe provisional, que falta completar amb les al·legacions del regidor responsable de contractació. En concret, censura que no s’identifique l’empresa ni hi haja un acord sobre la decisió d’abstenció: “Ha de poder saber-se en l’expedient la causa concreta”, afig l’informe.

Les declaracions d’absència de conflicte d’interessos (DACI) són un document obligatori en la gestió de fons europeus que “suposa una manifestació explicita del seu compromís d’imparcialitat i objectivitat en el seu acompliment professional”. Són obligatòries per a totes les persones que intervenen en els processos de contractació, que a més han de comunicar al seu superior jeràrquic qualsevol potencial conflicte d’interessos perquè adopte una decisió. Els que participen en l’òrgan de contractació han de subscriure la DACI una vegada coneguts els licitadors i amb caràcter previ a la valoració de les ofertes.

Antifrau assenyala que es dona “una contradicció amb la declaració inicial de la DACI” en un dels contractes, cosa que “podria ser interpretada com una deficiència en els protocols preventius”. Segons un dels expedients analitzat, relatiu als horts urbans d’Orriols (amb finançament europeu), en la sessió del 15 de maig, de l’obertura de l’oferta econòmica, se subscriu una declaració d’absència de conflicte d’interés a l’inici de la reunió. Aquell dia la Mesa, segons figura en la Plataforma de Contractació de l’Estat, acorda proposar l’adjudicació del contracte de 316.000 euros a Agricultores de la Vega. El 5 de juny, abans de qualificar la documentació, es dona una incidència: “El president no pot subscriure una declaració d’absència de conflicte per a aquest punt i manifesta la seua abstenció formal”, per haver prestat serveis professionals a una de les empreses en els dos últims anys. L’edil se n’adona tard i remet un escrit als serveis jurídics, com ja va informar elDiario.es.

“El sistema d’integritat dels fons europeus exigeix que la DACI siga un compromís real. La falta de manifestació de la causa d’abstenció des del primer moment, havent subscrit el document, afebleix la traçabilitat del control preventiu”, assenyala el text en l’anàlisi. Recorda en aquest cas la resolució del Síndic de Greuges, que ja va plantejar a l’Ajuntament aquesta mateixa qüestió, instant el regidor a donar aquesta informació.

Malgrat això, i als múltiples intents de l’oposició per conéixer aquestes dades, el regidor no identifica les empreses. “Aquesta incoherència és una feblesa en el sistema d’autoprotecció de l’entitat local, en evidenciar-se que els mecanismes de la DACI no van operar amb l’eficàcia preventiva requerida”, subratlla l’informe d’Antifrau. A més, l’organisme subratlla que el Pla de Mesures Antifrau del consistori preveu que els possibles conflictes d’interessos han de comunicar-se immediatament a l’òrgan de contractació i al comité ètic. Per això veu una “vulneració” d’aquest protocol i denuncia una “falta de diligència” per “no comunicar el conflicte d’interés al comité ètic o unitat d’integritat”. Per a què estan les mesures si no s’executen, sembla que es pregunta el document.

En la investigació es ressenya la formació del regidor Marí Olano, que és advocat de l’Estat, on “rau” la “gravetat d’aquest cas”: “Es pressuposa un estàndard de diligència superior en la identificació de possibles conflictes d’interessos”, apunta. L’edil de contractació ha fet al·legacions a l’informe, que l’Ajuntament no ha fet públiques. Va ser apartat de la presidència de la Mesa de Contractació al desembre, més d’un mes després de l’inici de les investigacions d’Antifrau.

El protocol municipal recomana paralitzar processos

El pla de mesures antifrau de l’Ajuntament de València recomana paralitzar els processos en qüestió. En el sistema de riscos, identifica el conflicte d’interessos com una “bandera roja”. Si se’n detecta una, el responsable de l’operació ha d’informar el Servei de Contractació, perquè paralitze el “procés de contractació”. Aquest sistema “no implica necessàriament l’existència de frau, però sí que indica que una determinada àrea d’activitat necessita atenció addicional per a descartar o confirmar un frau potencial”, diu el pla municipal. En el cas de Marí Olano, el mateix regidor es va abstindre per a evitar el conflicte d’interessos, encara que l’anàlisi rau en el fet de si ho va fer com calia.

La Agencia Valenciana Antifraude considera que los mecanismos de control del Ayuntamiento de València no funcionan correctamente. Al menos, no los que deben garantizar procesos limpios en la contratación pública.

En el informe que el organismo ha elaborado a raíz de una denuncia sobre el concejal de contratación, que se abstuvo en al menos seis contratos por haber trabajado con empresas que concurren a las licitaciones, la Agencia ve “debilidades” en el sistema de autoprotección del consistorio. En concreto, advierte que las declaraciones de ausencia de conflicto de intereses “no operaron con la eficacia preventiva requerida”. José Marí Olano, presidente de la Mesa de Contratación entre abril y diciembre de 2025, no identificó a las empresas que podrían provocar ese conflicto, algo que la Agencia afea en un informe provisional, que falta completar con las alegaciones del concejal responsable de contratación. En concreto, censura que no se identifique a la empresa ni exista un acuerdo sobre la decisión de abstención: “Debe poder conocerse en el expediente la causa concreta”, añade el informe.

Las declaraciones de ausencia de conflicto de intereses (DACI) son un documento obligatorio en la gestión de fondos europeos que “supone una manifestación explicita de su compromiso de imparcialidad y objetividad en su desempeño profesional”. Son obligatorias para todas las personas que intervienen en los procesos de contratación, que además deben comunicar a su superior jerárquico cualquier potencial conflicto de intereses para que adopte una decisión. Quienes participan en el órgano de contratación deben suscribir la DACI una vez conocidos los licitadores y con carácter previo a la valoración de las ofertas.

Antifraude señala que se da “una contradicción con la declaración inicial de la DACI” en uno de los contratos, algo que “podría ser interpretado como una deficiencia en los protocolos preventivos”. Según uno de los expedientes analizado, relativo a los huertos urbanos de Orriols (con financiación europea), en la sesión del 15 de mayo, de la apertura de la oferta económica, se suscribe una declaración de ausencia de conflicto de interés al inicio de la reunión. Ese día la mesa, según figura en la Plataforma de Contratación del Estado, acuerda proponer la adjudicación del contrato de 316.000 euros a Agricultores de la Vega. El 5 de junio, antes de calificar la documentación, se da una incidencia: “El presidente no puede suscribir una declaración de ausencia de conflicto para este punto y manifiesta su abstención formal”, por haber prestado servicios profesionales a una de las empresas en los dos últimos años. El edil se da cuenta tarde y remite un escrito a los servicios jurídicos, como ya informó elDiario.es.

“El sistema de integridad de los fondos europeos exige que la DACI sea un compromiso real. La falta de manifestación de la causa de abstención desde el primer momento, habiendo suscrito el documento, debilita la trazabilidad del control preventivo”, señala el texto en el análisis. Recuerda en este caso la resolución del Síndic de Greuges, que ya planteó al Ayuntamiento esta misma cuestión, instando al concejal a dar esta información.

Pese a ello, y a los múltiples intentos de la oposición por conocer estos datos, el concejal no identifica a las empresas. “Esta incoherencia es una debilidad en el sistema de autoprotección de la entidad local, al evidenciarse que los mecanismos de la DACI no operaron con la eficacia preventiva requerida”, subraya el informe de Antifraude. Además, el organismo subraya que el Plan de Medidas Antifraude del consistorio prevé que los posibles conflictos de interese deben comunicarse de inmediato al órgano de contratación y al comité ético. Por ello ve una “vulneración” de este protocolo y denuncia una “falta de diligencia” al “no comunicar el conflicto de interés al comité ético o unidad de integridad”. Para qué están las medidas si no se ejecutan, parece preguntarse el documento.

En la investigación se reseña la formación del concejal Marí Olano, que es abogado del Estado, donde “reside” la “gravedad de este caso”: “Se presupone un estándar de diligencia superior en la identificación de posibles conflictos de intereses”, apunta. El edil de contratación ha realizado alegaciones al informe, que el Ayuntamiento no ha hecho públicas. Fue apartado de la presidencia de la Mesa de Contratación en diciembre, más de un mes después del inicio de las investigaciones de Antifraude.

El protocolo municipal recomienda paralizar procesos

El plan de medidas antifraude del Ayuntamiento de València recomienda paralizar los procesos en cuestión. En el sistema de riesgos, identifica el conflicto de intereses como una “bandera roja”. Si se detecta una, el responsable de la operación debe informar al Servicio de contratación, “para que proceda a la paralización del proceso de contratación”. Este sistema “no implica necesariamente la existencia de fraude, pero sí indica que una determinada área de actividad necesita atención adicional para descartar o confirmar un fraude potencial”, dice el plan municipal. En el caso de Marí Olano, el propio concejal se abstuvo para evitar el conflicto de intereses, aunque el análisis radica en si lo hizo como debía.

La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) ha advertido de la paralización de obras en España como la pavimentación de carreteras, debido al alza de los precios registrada en las últimas semanas como consecuencia del impacto provocado por la guerra en Oriente Medio, según recoge Europa Press.

En una rueda de prensa convocada para presentar su último informe anual de necesidades de inversión en infraestructuras, su presidente, Julián Núñez, ha alertado de que algunas empresas han experimentado subidas de precios de hasta el 50% en el 90% de sus presupuestos.

“Dudo que se estén ejecutando obras como la pavimentación de carreteras con los precios del betún que hay actualmente, a lo que se suman subidas en el hormigón por encima del 10% o del acero y aluminio, que están generando mucha incertidumbre”, ha señalado.

Por ello, Núñez ha insistido al Gobierno para que adopte una solución urgente de modo que todas las obras puedan acogerse a la revisión de precios de sus contratos con las distintas administraciones y poder trasladar esas subidas de precios y terminar las obras, como ya se hizo con el estallido de la guerra en Ucrania en 2022.

Por ahora, Seopan no ha identificado un problema en la cadena de suministro como sí pasó tras la pandemia de coronavirus. Sin embargo, dada la situación de bloqueo en el paso de Ormuz, el sector está alerta por si llega a afectar a los suministros, en cuyo caso señala que los incrementos de precios serían “mucho más significativos”.

La patronal de las concesionarias ya ha trasladado al Gobierno una serie de propuestas ante esta coyuntura, pero también para aplicarse de forma estructural, y ha recibido una respuesta positiva del Ministerio, aunque desde el Ejecutivo les han advertido de la compleja situación parlamentaria y de la dificultad para aprobar medidas en el Congreso sin consenso.

Por otra parte, Núñez también ha incidido en la baja ejecución presupuestaria del plan de reparación de daños en infraestructuras, instalaciones y servicios de los municipios afectados por la dana de 2024, dotado de 1.621 millones de euros. Por ahora, solo se han licitado 14 contratos por un total de 19,1 millones de euros, el 1,2% del presupuesto total, correspondiendo el 0,9% a ayuntamientos y el 0,3% a la empresa estatal Tragsa.

Núñez ha atribuido ese bajo porcentaje al cambio de criterio que hubo en su día para dejar de licitar contratos de emergencia, lo que supone extender los plazos para garantizar que los ayuntamientos con pocos recursos puedan preparar los contratos con la debida diligencia.

Mantener las infraestructuras requiere más de 12.000 millones

Por otro lado, Seopan ha estimado que las necesidades de inversión en España solo para mantener y conservar las infraestructuras ya existentes ascienden a 127.341 millones de euros en la próxima década, lo que supone un presupuesto de casi 12.700 millones de euros cada año.

Sin embargo, el país necesitará también construir nuevas infraestructuras y adaptar las ya existentes, lo que requiere de otros 280.000 millones de euros, ascendiendo la suma global de necesidades de inversión en infraestructuras en España durante los próximos 10 años a 407.341 millones de euros.

En el capítulo de mantenimiento, el cálculo de 127.341 millones de euros se distribuye en 58.369 millones para la conservación de carreteras, 20.280 millones para el mantenimiento ferroviario y 48.692 millones en infraestructuras hidráulicas.

“Es preocupante que en 2024 invirtamos solo el 52% de lo que se invertía en 2009 y que áreas tan urgentes como el transporte, el abastecimiento de agua y la gestión de aguas residuales hayan pasado de representar el 3,9% del gasto público total en 2008 al 1,7% en 2024. Es momento de pasar de una etapa de infrafinanciación a una de impulso decidido, con visión estratégica y una apuesta firme por la inversión y la colaboración público-privada”, ha indicado Núñez.

Frente a todo ello, la patronal de las concesionarias plantea un cambio de modelo que se base en tres pilares: mayor inversión pública, reactivación de la colaboración público-privada y nuevas fórmulas de financiación.

En este sentido, asegura que la tarificación viaria es la alternativa más eficaz para garantizar la conservación y calidad de las carreteras sin aumentar impuestos ni comprometer otros servicios públicos.

Seopan ha calculado que un sistema de pago por uso por distancia con un promedio de 111 euros anuales por usuario permitiría generar hasta 43.260 millones de euros en una década, destinados a la conservación de la red, la transición ecológica y la digitalización, además de aportar 4.100 millones de euros de recaudación por el impuesto de Bienes Inmuebles de Características Especiales (Bices) en 2.680 municipios.

Varapalo para España en su trato a los interinos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha hecho pública este martes una sentencia en la que señala que “las medidas previstas en España para sancionar la utilización abusiva” de contratos temporales en el sector público “no resultan conformes con el Derecho de la UE”. El Gobierno responde que la sentencia no es sancionadora y no afecta a la normativa española.

El Tribunal de Justicia considera que estas medidas -la transformación de estos contratos en una relación laboral indefinida no fija; el pago de indemnizaciones al trabajador en el momento de la extinción de la relación laboral; el régimen de responsabilidad de las Administraciones Públicas y la convocatoria de procesos selectivos que tienen en cuenta la experiencia anterior del trabajador y el tiempo de servicio dedicado por este al desarrollo de sus tareas- “no parecen permitir sancionar debidamente esta utilización abusiva ni eliminar las consecuencias del incumplimiento del Derecho de la UE”.

Relación laboral indefinida no fija

Según el TJUE, la transformación de los sucesivos contratos de duración determinada en una relación laboral indefinida no fija “no constituye una medida adecuada para sancionar debidamente los abusos”, ya que “supone mantener una relación laboral de naturaleza temporal”, de manera que no se acaba con “la situación de precariedad del trabajador afectado”. El TJUE recuerda que “la estabilidad en el empleo ha sido concebida como un componente primordial de la protección de los trabajadores”.

El Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública ha respondido que la sentencia no impone una sanción ni afecta a la normativa española, ya que “el Acuerdo Marco (directiva europea) no impone a los Estados miembros una obligación general de transformar en contratos por tiempo indefinido los contratos de trabajo de duración determinada”, informa Germán Aranda.

Lo considera, por tanto, una sentencia “meramente aclaratoria” como respuesta a la prejudicial planteada por el Tribunal Supremo, que preguntó si el marco constitucional era contrario a la directiva. Sin plantear qué medidas tomará para adaptarse a la sentencia del TJUE, el ejecutivo defiende que seguirá trabajando por reducir la temporalidad, así como defiende las medidas llevadas a cabo hata la fecha, que han permitido reducir la temporalidad en el sector público del 39% en 2023 al 32,7% en la actualidad.

Indemnizaciones

Además, la Justicia europea descarta que las indemnizaciones previstas por la normativa española que se pagan con la extinción de la relación laboral puedan eliminar las consecuencias del incumplimiento del Derecho de la UE en todas las situaciones de utilización abusiva de sucesivos contratos de personal interino.

Convocatoria de procesos selectivos

A lo que hay que añadir que el TJUE señala que “tampoco constituye una medida adecuada para prevenir y sancionar los abusos la convocatoria de procesos selectivos” porque aunque “se valoran la experiencia previa del trabajador afectado y el tiempo de servicio dedicado al desarrollo de sus tareas, esta valoración no se limita a aquellos candidatos que hayan sido víctimas de esos abusos”. Además, el Tribunal europeo incide en que “es posible que el trabajador en cuestión no participe en el proceso selectivo o que no lo supere” y que “la valoración de la experiencia y del tiempo de servicio mencionados parece favorecer a todos los trabajadores temporales que tengan dicha experiencia, incluidos los que no hayan padecido el abuso”.

Responsabilidad de las Administraciones Públicas

Por otro lado, en lo que respecta al régimen de responsabilidad de las Administraciones Públicas, el TJUE señala que dicho régimen “no constituye una medida adecuada, en el sentido de la cláusula 5, cuando tiene un carácter ambiguo, abstracto e imprevisible y no va acompañado de otras medidas efectivas, disuasorias y proporcionadas que permitan eliminar las consecuencias del incumplimiento del Derecho de la Unión”. Por este motivo, señala al Tribunal Supremo que debe comprobar “si el régimen de responsabilidad previsto en la legislación española ”se basa en disposiciones nacionales precisas, previsibles y aplicables en la práctica, de modo que permita sancionar debidamente a la Administración Pública“.

En esta ocasión la decisión judicial del tribunal europeo viene por el Caso Obadal: Una trabajadora viene desempeñando funciones de cuidadora de niños como personal laboral desde marzo de 2016 en un centro educativo público dependiente de la Comunidad Autónoma de Madrid. Su relación laboral se ha basado en seis contratos de duración determinada de interinidad sucesivos, todos ellos destinados a cubrir una vacante o a sustituir a un trabajador.

Los tribunales españoles dictaron que la relación laboral como relación “laboral indefinida no fija”, con el argumento de que sus sucesivos contratos de duración determinada habían sido objeto de una utilización abusiva. Esto significa que la trabajadora permanecerá en su puesto hasta que este se cubra definitivamente mediante un proceso selectivo y que recibirá una indemnización en el momento de la extinción de su relación laboral. Tras esta decisión, la trabajadora continuó con la pelea judicial y elevó su caso al Tribunal Supremo con el objetivo de que de declare su relación laboral como fija.

Sin embargo, el Supremo elevó, una vez más, una consulta a Luxemburgo para que el TJUE aclare si la normativa y la jurisprudencia de España relativas al concepto de relación laboral indefinida no fija son conformes con los requisitos derivados de la cláusula 5 del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de duración determinada, es decir, si contienen medidas adecuadas para sancionar dichos abusos en el sector público.

El Acuerdo Marco sobre el Trabajo de duración determinada es una norma europea que busca mejorar la calidad del empleo temporal, garantizando la no discriminación frente a trabajadores fijos y, en teoría, limita el abuso de contratos sucesivos.

El Ayuntamiento de Sevilla se ha visto obligado a frenar el proceso para externalizar la limpieza de los colegios públicos, después de que las principales patronales del sector hayan recurrido los pliegos de la licitación. Esta pausa llega justo cuando el camino parecía haberse despejado merced al acuerdo alcanzado con la plantilla municipal que ponía fin a meses de conflicto.

Tras sortear el escollo de la presión sindical con el pacto firmado el pasado Viernes de Dolores, el Consistorio se enfrenta ahora a un nuevo impedimento: dos recursos interpuestos por las principales patronales del sector de la limpieza en España, la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel) y las Asociaciones Federadas de Empresarios de Limpieza Nacionales (Afelin), al entender que el precio ofertado –25 millones de euros– es muy ajustado, tal y como ha adelantado El País y ha podido confirmar SevillaelDiario.es.

La impugnación de los pliegos mantiene en suspenso el procedimiento a la espera de su revisión por parte de la Secretaría General. Pese a ello, desde el Ayuntamiento restan importancia a la paralización actual del proceso y la enmarcan en el funcionamiento habitual de la contratación pública. Según indican fuentes municipales a este medio, se trata de un “trámite administrativo” habitual cuando se registran recursos en una licitación pública, algo que ocurre “cada semana en todas las áreas”.

En este sentido, subrayan que la suspensión no pone en riesgo el proceso ni altera los planes del Gobierno local, sino que responde a la necesidad de analizar y resolver los recursos antes de continuar con la adjudicación. Una vez superado este paso, añaden, la licitación se reanudará y seguirá su curso.

Costes “insuficientes” para cubrir el servicio

Los recursos presentados por las principales patronales del sector de la limpieza cuestionan dos aspectos clave de los pliegos aprobados por el Ayuntamiento hispalense. En primer lugar, el presidente de la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel), Juan Ignacio Beltrán, señala a este periódico que “los costes previstos no son suficientes para cubrir el servicio, ya que los gastos reales estarían por encima de lo contemplado en la licitación”.

Además del precio ofertado, Beltrán apunta a una infraestimación del absentismo laboral, un factor especialmente relevante en el sector: “En la limpieza el absentismo ronda el 13%, mientras que la media está en el 7%; si no se calibra bien, supone un sobrecoste importante”.

Desde Aspel, su presidente informa que anualmente interponen entre 50 y 60 recursos sobre licitaciones públicas relacionadas con la limpieza cuyos pliegos no cumplen los parámetros adecuados para las empresas. En cuanto a los plazos, Beltrán indica que la resolución no debería demorarse en exceso. “Son procedimientos más ágiles que los judiciales; en aproximadamente un mes se sabrá si se estiman o no los recursos”, explica. En función de esa decisión, el Ayuntamiento podría rechazar la propuesta, introducir cambios en los pliegos o, en el otro extremo, optar por sacar una nueva licitación.

El proceso continúa

En la misma línea que el Gobierno local, el secretario de la sección sindical de CSIF en el Ayuntamiento, Rafael Román, enmarca la situación dentro de la normalidad de este tipo de procesos y asegura que la suspensión de los plazos no compremete ni el procedimiento ni el acuerdo alcanzado el viernes 27 de marzo. “Se suspende el plazo, no el pliego, y el procedimiento sigue adelante”, resume.

En cuanto al acuerdo con la plantilla, el representante sindical precisa que el conflicto también queda en suspenso mientras se cumplan los plazos pactados con el alcalde, aunque advierte de que podría reactivarse si estos no se respetan.

Con todo, la situación resulta llamativa por el momento en el que se produce. El conflicto por la limpieza de los colegios ha sido uno de los principales focos de tensión en la ciudad en los últimos meses, hasta el punto de provocar protestas, encierros y movilizaciones por parte de la plantilla municipal de limpieza en contra de la privatización.

El pulso se dio por cerrado hace apenas unos días con un acuerdo entre el Ayuntamiento y los sindicatos, que garantizaba el mantenimiento del empleo y rebajaba la conflictividad generada por el anuncio de externalización del servicio. Ese pacto puso fin a semanas de enfrentamiento y permitió encauzar una tensión que había ido en aumento desde principios de año.

Ahora, con el procedimiento en pausa, el proceso entra en una fase técnica que, según las fuentes consultadas, no debería prolongarse en exceso ni tener mayores consecuencias sobre el desarrollo de la licitación.

Se llama Gerard Giménez Adsuar, es ingeniero de inteligencia artificial y analista de datos y acaba de lanzar dos webs que permiten a cualquier usuario consultar todos los contratos públicos de las administraciones catalanas y todas las subvenciones concedidas durante los últimos años. “Toda la información proviene de bases de datos oficiales y abiertas, lo único que he hecho es ponerlas a disposición de quien quiera consultarlas”, resume, quitando hierro a lo que se ha convertido en un verdadero fenómeno en las últimas semanas.

Contractes.cat y subvencions.cat son las dos webs desde las que se pueden buscar con precisión entre el conjunto de contratos públicos y subvenciones que se han formalizado desde todas las administraciones catalanas, lo que incluye Generalitat, ayuntamientos, diputaciones y otras entidades públicas. Al menos en teoría, porque una incidencia técnica, que según el Govern está en vías de solucionar, ha desconectado de la plataforma desde el martes pasado los datos de subvenciones de los entes locales.

Toda la información que incluyen estos portales estaba ya disponible en los archivos del Govern, pero nunca nadie había hecho que fuese tan sencillo navegar entre la maraña de números. “Yo solo he hecho fácil el acceso a unos datos que ya eran públicos y que de hecho la administración tiene la obligación legal de publicar”, asegura este experto en datos nacido en Caldes de Montbui (Barcelona) hace 32 años.

De hecho, el proyecto se inició mucho tiempo atrás, cuando el analista comenzó a mirar en los archivos que el Govern ponía a disposición pública. “Encontré que el portal de contratación oficial no daba posibilidades de seguir hacia dónde iba el dinero público, ni de comparar o tener una visión histórica… así que se me ocurrió hacerlo más accesible”, indica. “Ojalá el propio Govern hubiera hecho una web así que pueda entender cualquiera”, añade.

Lo que ha hecho este analista de datos en sus dos webs es introducir las bases de datos que el Govern pone a disposición pública, pero con un buscador muy potente en el que aparece todo escribiendo simplemente el nombre de una entidad que otorga, una empresa o particular que recibe, o incluso el concepto del contrato o la subvención. Con 20 millones de subvenciones y 1,7 millones de contratos accesibles a un clic, los portales resultan muy atractivos.

Pero, además, Giménez fue un paso más allá y añadió una funcionalidad que convierte a estas webs en una herramienta mucho más potente: cruzó las bases de datos públicas con los nombres propios vinculados a empresas y organismos que figura en el registro mercantil.

Todo es conforme a la legalidad, porque todos son registros públicos. Pero el resultado es algo que no se había visto nunca, al menos en la contratación y subvenciones de la Generalitat: uno puede introducir un nombre propio y el sistema le devuelve todos los contratos que sus empresas han recibido de organismos públicos, ordenadas por conceptos, fechas y administración otorgante.

“No me gusta que se utilice para atacar a ningún colectivo”

Giménez había hecho un primer prototipo de sus webs hace ya cuatro años, pero había dejado el proyecto sin continuidad. Sin embargo, hace unos meses lo retomó. “Ahora hay herramientas que permiten construir este tipo de webs sin demasiado esfuerzo, algo importante porque yo tengo un trabajo al que tengo que atender”, explica Gerard, que es autónomo y se dedica a cuestiones relacionadas con datos e inteligencia artificial.

La página de contractes.cat se acabó publicando el 8 de febrero, aun sin conectarla con la parte de datos del registro de la propiedad, que implementó dos semanas después. Además de la información sobre contratos en crudo, la herramienta incluía también estadísticas, ránkings y diferente información útil. Pocos días más tarde, lanzó también subvencions.cat, en este caso con un formato más sencillo.

Desde ese momento las páginas han registrado miles de visitas. “Hemos llegado a tener 5.000 usuarios en un día. Puede parecer poco, pero ten en cuenta que esto lo estoy difundiendo yo solo, a mí me parecen muchísimas”, observa. Su trabajo se convirtió rápidamente en uno de los temas de conversación en redes y, el pasado martes, el diputado del PP Alejandro Fernández lo citó en el Parlament durante una pregunta formulada a Salvador Illa.

“Es curioso el tipo de cosas que busca la gente”, reflexiona Gerard. “Lo que llama más la atención son las subvenciones, pero también se busca mucho el propio ayuntamiento, sectores concretos… y después hay cosas sorprendentes. Yo no me esperaba que interesasen tanto los contratos y ayudas con el sector de los castellers, pero aparece todo el rato como una de las cosas más buscadas”, indica.

Este éxito ha ido en paralelo a que algunas cuentas en redes hayan utilizado la información accesible para cargar contra subvenciones recibidas por entidades relacionadas con la inmigración, con el colectivo LGTBI o con colectivos feministas. Algunos de los mensajes iban acompañados de apreciaciones racistas o insultantes.

“Vi a gente, sobre todo relacionada con Aliança Catalana, diciendo cosas sobre ayudas con el nombre de 'Mohamed' que no me gustaron. Lo mismo cuando se usa para atacar iniciativas LGTBIQ+. No me gusta nada que esto se utilice para atacar a ningún colectivo”, explica Gerard.

De hecho, durante algunos días el fenómeno tomó un vuelo que llego a hacer que el propio autor de la web escribiera un mensaje en el que decía: “Me gustaría que subvencions.cat no se utilizara para atacar a ningún colectivo. ¿Dónde ha quedado juzgar a las personas por el contenido de su carácter y no por el color de su piel, que decía Martin Luther King. En todo caso, el énfasis debe ponerse en los políticos para que no cometan irregularidades a la hora de dar subvenciones. Señalar a un grupo étnico simplemente para recibirlo es muy pobre de espíritu”.

Dudas en los cambios de los datos por parte del Govern

Cuando las webs estaban en la cresta de la ola, algo ocurrió con la base de datos pública que alimentaba la web de subvencions.cat, la web que estaba siendo más visitada.

“El martes por la tarde, el buscador no funcionaba. Algunos usuarios me alertaron. Miramos si era un problema nuestro, pero luego comprobamos que nos habían cerrado el acceso. Primero pensé que quizás era algo automático por habernos pasado de peticiones, pero después vi que no era eso, sino que simplemente la base de datos había quedado cerrada para todo el mundo”, explica.

En conversación con este diario, Gerard descartaba ninguna mala praxis y atribuía la desconexión de los datos a alguna cuestión de carácter técnico. Mientras la web estuvo sin servicio, la conectó a otro repositorio, también público, y que ofrecía unos datos con diferencias mínimas.

Sin embargo, el jueves por la mañana, los datos oficiales de subvenciones volvieron a estar operativos. “Tenemos identificado que han quitado la información sobre algunos organismos. En peso económico, yo diría que han quitado sobre un 10%”, afirma el autor de las webs.

Según han podido observar, el Govern habría sacado de la recopilación pública lo referente, sobre todo, a las subvenciones otorgadas por las entidades locales, es decir, diputaciones y ayuntamientos. “Desconozco si había datos que no debían ser públicos o lo han quitado por otras razones”, asegura Giménez.

Desde el Departamento de Economía, responsables del archivo de datos, explican que lo que ha ocurrido es una incidencia técnica que están en vías de resolver lo antes posible. Además, indican, mientras dura este problema que afecta a los datos sobre subvenciones de los entes locales, toda la información puede sacarse de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, dependiente del Gobierno central, donde esa información sigue disponible.

El 11 de agosto de 2020, la interventora general del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Blanca Pons, paralizó un contrato de emergencia para la compra de “equipamiento médico inventariable para contingencia del COVID-19”, por valor de 28,8 millones de euros.

En un informe fiscal de disconformidad “con efectos suspensivos”, al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, la interventora puso “reparos” a la adjudicación a dedo, sin publicidad ni concurrencia competitiva, y paralizó el expediente alegando dos motivos: el primero, que ya había “concluido el estado de alarma” decretado por la pandemia de la COVID-19 [el 21 de junio de 2020]; y el segundo, que aquel expediente de gasto no venía avalado por acuerdo del Consejo de Gobierno, extremo obligatorio cuando un contrato excede de los ocho millones de euros.

Aquel fue el último informe de control previo de la interventora jefe del SAS, y el último, también, que paralizó un contrato de emergencia a una clínica privada, porque dos meses después el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno suprimiría la fiscalización previa, en el Consejo de Gobierno del 6 de octubre, para sustituirla por el control financiero permanente, esto es, auditorías a posteriori.

Los reparos que puso la interventora jefa del SAS en aquel último informe de fiscalización previa (verano de 2020) reaparecerían, dos años después, en casi una veintena de auditorías internas, ya bajo el sistema de control financiero permanente (a posteriori). Los interventores provinciales del SAS plasmaron en esos informes las “irregularidades” en la contratación de emergencia con clínicas privadas, que hoy sirven de base a dos investigaciones judiciales por prevaricación y malversación de fondos.

El PSOE y Podemos están personados como acusación popular. Los socialistas, que han recurrido el archivo de la causa en otro juzgado de Sevilla, denuncian una relación “causa efecto” entre la paralización de un contrato de emergencia por parte de la Intervención del SAS, en agosto de 2020, y la modificación urgente del sistema de fiscalización interna para dichos contratos, aprobada sólo meses después.

Siete fechas clave: de agosto a octubre de 2020

El 14 de marzo de 2020, el Gobierno de España decretó el estado de alarma por la pandemia de la COVID-19 que incluía, entre otras medidas, una flexibilización de las leyes de contratación del sector público para agilizar la respuesta de las comunidades a la crisis sanitaria desatada por el virus.

Ese mismo mes, el entonces director gerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán, firmó las primeras resoluciones “para la contratación de emergencia de servicios sanitarios complementarios para procesos quirúrgicos y procedimientos diagnósticos”, que daba cobertura a la tramitación de urgencia para expedientes de gasto millonario a dedo con clínicas privadas.

“Son muchos los pacientes que, durante el estado de alarma, a causa de la suspensión de la actividad asistencial programada, han visto pospuestos sus estudios diagnósticos, y vencidos sus plazos garantizados de respuesta asistencial”, justifica una resolución del 15 de julio de ese año.

El Gobierno central prorrogó seis veces el estado de alarma, del 14 de marzo al 21 de junio de 2020. A partir de esta última fecha, la Intervención Central del SAS consideró que la contratación sistemática por la vía de urgencia con la sanidad privada no estaba justificada y, el 11 de agosto, emitió un informe “de disconformidad con efectos suspensivos” que paralizó por primera vez un contrato a dedo.

En ese escrito, Pons también advertía de que las resoluciones de Guzmán que daban cobertura a ese contrato (del 13 y 20 de marzo) estaban “suscritas sin firma digital”. Se acababa de crear un precedente que comprometía el sistema de adjudicación directa del SAS con la sanidad privada.

Apenas una semana después, el 17 de agosto, la viceconsejera de Salud, Catalina García [hoy consejera de Medio Ambiente], respondió elevando a la Intervención General de la Junta de Andalucía un contrainforme, suscrito por el director general de Gestión Económica del SAS, José Antonio Miranda, que exponía sus “discrepancias” con los reparos que habían paralizado aquel contrato de 29 millones.

Ese contrainforme, al que ha tenido acceso elDiario.es, recoge los argumentos de Salud “contra el primer motivo de reparo” de la Intervención del SAS (esto es, ya había “concluido el estado de alarma”) y “contra el segundo motivo de reparo” (el Consejo de Gobierno no había autorizado un expediente de gasto superior a los ocho millones de euros, como establece la Ley de Presupuestos de Andalucía).

Dos motivos de reparto, uno desestimado y otro obviado

Sobre el primer reparo, la Consejería de Salud critica la “falta de fundamentación expresa”; advierte de “la intrascendencia de que la tramitación de emergencia se realice una vez concluido el estado de alarma, habida cuenta que se ampara en la normativa aplicable ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19”; y alega que “la firma digital no resultaba exigible en este caso ni se enmarcaba dentro de un procedimiento electrónico”.

La entonces interventora general de la Junta (Amelia Martínez, hoy viceconsejera de Hacienda) recibió ese contrainforme de la Consejería de Salud el 20 de agosto y, de inmediato, instó a los servicios jurídicos del Gobierno andaluz a resolver el conflicto entre ambas partes.

Sin embargo, Martínez obvió el primer motivo de reparo expuesto por la interventora jefa del SAS en su informe, y pidió a los letrados que se posicionaran exclusivamente sobre “el segundo”.

Un mes después, el 14 de septiembre, el Gabinete Jurídico de la Junta emitió un informe que desbloqueó el contrato de emergencia de 28,9 millones. El documento, que obra en poder de los jueces, da la razón a la Consejería de Salud al concluir que la autorización del Consejo de Gobierno a un expediente de gasto superior a los ocho millones no era preceptiva en este caso.

Pero los letrados no se pronuncian en ningún momento sobre el principal reparo que expuso la interventora jefa del SAS (esto es, que el estado de alarma había concluido cuando Salud autorizó ese nuevo contrato de emergencia a dedo), porque la interventora general de la Junta no preguntó sobre este punto.

Las acusaciones ven aquí un punto ciego en la investigación, porque consideran que es el asunto mollar de la polémica. ¿Tiene amparo legal la contratación a dedo dos años y medio después de que el Gobierno central derogase el Real Decreto que habilitó a las comunidades para sortear los controles regulares y agilizar el gasto directo? ¿Dos años y medio después de que la Consejería de Hacienda advirtiera al SAS, por escrito, de que esa ley estaba “plenamente derogada” y que “el recurso a la contratación de emergencia” orientado a “hacer frente al COVID-19” debía tener “carácter excepcional y residual”. 

El 17 de septiembre, la Intervención General de la Junta desestimó el informe desfavorable de la auditora jefa del SAS y levantó la suspensión del contrato que ésta había paralizado un mes antes. En su escrito, Martínez resta importancia a la ausencia de una “firma digital”, recogida en el primer motivo de reparo, pero tampoco se pronuncia sobre la contratación a dedo una vez concluido el estado de alarma.

Lo que sí hizo la interventora general de la Junta, según consta en su escrito, es una consulta a la Asesoría Jurídica de la Consejería de Hacienda para solicitar un “informe facultativo sobre el segundo motivo de reparo objeto de la discrepancia”. Ese informe avaló la decisión de Salud, al concluir que “en el caso de que la cuantía total estimada de un contrato de emergencia sea igual o superior a 8.000.000 euros, no es legalmente exigible que previamente autorice el gasto el Consejo de Gobierno”.

El SAS logró un aval de la Intervención General y del Gabinete Jurídico de la Junta para contratar a dedo con la sanidad privada “sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público, incluso el de la existencia de crédito suficiente”. Y, a pesar de todo, los reparos de los auditores del SAS a estirar la contratación de emergencia más allá del estado de alarma quedaron en sin evaluar, persistiendo el riesgo de que volvieran a paralizar otro expediente de gasto.

Un mes después, el 6 de octubre de 2020, el Consejo de Gobierno aprobó el polémico acuerdo que retiró los controles previos a los contratos sanitarios de emergencia, para sustituirlo por la fiscalización a posteriori. Este acuerdo desactivó los reparos que había planteado la principal responsable de fiscalización del SAS dos meses antes, y que paralizaron el contrato dedo de 28,9 millones. El mismo acuerdo aparece citado en todos los informes de disconformidad que los auditores del SAS emitieron a posteriori, sobre la contratación con la sanidad privada en los ejercicios 2021, 2022, 2023 y 2024.

Tras retirar los controles previos por acuerdo del Consejo de Gobierno, el SAS sistematizó la contratación a dedo con clínicas privadas, ligadas a las resoluciones del director gerente del 15 de julio de 2020, y prorrogadas hasta 2024. Esas adjudicaciones, que alcanza los 243 millones de euros, aún son objeto de investigaciones judiciales.

Una decisión clave sin autor material

Los altos cargos de la Junta que aparecen en esta secuencia de informes y contrainformes fueron citados a declarar en calidad de imputados o de testigos ante el juez de Sevilla que abrió la primera investigación por un supuesto delito de prevaricación en los contratos sanitarios de emergencia, entre 2020 y 2024: Blanca Pons, Miguel Ángel Guzmán, Catalina García, José Antonio Miranda y Amelia Martínez. Los tres últimos gerentes del SAS fueron imputados, pero la causa de Sevilla fue archivada, y la investigación sigue su curso en un juzgado de Córdoba y otro de Cádiz.

Una de las líneas de investigación apuntaba precisamente al Consejo de Gobierno y su decisión de retirar los controles previos a los contratos de emergencia. En su declaración ante el juez, los responsables directos admitieron que aquel acuerdo se adoptó sin “informe preceptivo”. Una semana antes, el 29 de septiembre de 2020, la ex interventora general de la Junta había firmado la “memoria” para proponer el cambio de fiscalización previa por el control financiero permanente a determinados gastos, pero en esa lista no incluyó los contratos de emergencia del SAS.

Martínez aseguró ante el juez que esa decisión se adoptó verbalmente en un consejillo –la reunión de los viceconsejeros que prepara el orden del día del Consejo de Gobierno– entre la exviceconsejera de Salud, Catalina García, y el exnúmero dos de Hacienda, Roberto Ochoa. Y estos, a su vez, señalaron a los “técnicos” del SAS, incluido el ex responsable de Contabilidad, José Antonio Miranda. Cuatro altos cargos de la Junta justificaron las prórrogas a la contratación de emergencia con la sanidad privada, pero ninguno se hizo responsable directo de aquella decisión.

Las dos interventoras responsables de los informes desfavorables que censuraron la adjudicación a dedo a clínicas privadas se ratificaron ante el juez en los “incumplimientos detectados”. Las dos admitieron que se plantearon pedir un informe de actuación a la Consejería de Hacienda, una alerta por un posible delito de menoscabo de fondos, pero que finalmente lo descartaron al observar “cierta mejoría” en la contratación posterior.

El Principado ha sido condenado por una contratación temporal “en fraude de ley”. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) así lo ha calificado en una sentencia donde declara el derecho a indemnización de una trabajadora que, tras más de 15 años de servicios en régimen de temporalidad, accedió finalmente a una plaza fija tras superar un proceso de estabilización.

La demandante, M.J.G.B., trabajadora de la red de Establecimientos Residenciales para Ancianos (Asturias), superó el proceso selectivo convocado para la provisión de 20 plazas de animadora sociocultural y el 14 de enero de 2025 suscribió un contrato laboral fijo a tiempo parcial.

Escrito de renuncia

La víspera presentó un escrito de renuncia al puesto que venía desempeñando en virtud de un contrato de duración determinada por obra o servicio suscrito el 30 de abril de 2009.

La trabajadora había participado en el proceso extraordinario de estabilización, lo superó y formalizó contrato fijo. Sin embargo, durante más de 15 años prestó servicios para el organismo público demandado en régimen de temporalidad, sin que la Administración promoviera en tiempo oportuno la cobertura reglamentaria de la plaza mediante oferta de empleo público.

La demanda

El abogado Adrián Pérez Suárez, de Efeso Abogados y letrado del Servicio Jurídico de la Unión de Sindicatos Independientes del Principado de Asturias (USIPA), integrado en Sindicatos Asturianos Independientes Federados (SAIF), interpuso una demanda, en nombre de la trabajadora, en materia de derechos y reclamación de cantidad contra ERA y la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar.

En esta demanda, solicitaba que se procediera al abono de la indemnización equivalente a 20 días de sus retribuciones fijas por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de 12 mensualidades, por la extinción de la relación indefinida no fija; subsidiariamente al abono de 7.500 euros en concepto de sanción por el abuso y la vulneración del Derecho de la Unión Europea (UE) en materia de contratación temporal, con las consecuencias legales que derivasen de tal declaración.

El recurso de suplicación

El caso recayó en el Juzgado de lo Social número 2 de Avilés (actual Plaza número 2 de la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Avilés) que desestimó la demanda.

La representación legal de la animadora cultural formalizó un recurso de suplicación que fue elevado a la Sala de lo Social del TSJA que ha dictado una sentencia donde, a través de 38 páginas, argumenta las razones que avalan el acogimiento de la petición de la trabajadora.

El abuso en la contratación

La cuestión litigiosa no giraba ya en torno al acceso a la fijeza, que se produjo tras superar el proceso selectivo, sino sobre si la prolongada utilización abusiva de la contratación temporal generaba un daño indemnizable, pese a haberse consolidado finalmente la plaza.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es Asturias, la Sala fundamenta su decisión en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) relativa a la cláusula 5 del Acuerdo Marco anexo a la Directiva 1999/70/CE.

La jurisprudencia

Entre las resoluciones citadas destaca la reciente STJUE de 29 de enero de 2026, que reitera una línea jurisprudencial consolidada que establece que “cuando se ha producido una utilización abusiva de sucesivos contratos de duración determinada, los Estados miembros deben prever medidas proporcionadas, efectivas y disuasorias que sancionen el abuso y eliminen las consecuencias del incumplimiento del Derecho de la Unión”.

La Sala realiza una valoración expresa de la jurisprudencia invocada por la recurrente y destaca que estas resoluciones refuerzan la exigencia de que el ordenamiento interno disponga de mecanismos reales de reparación frente al abuso, y que no basta con soluciones meramente formales o neutras desde la perspectiva sancionadora.

Revocación de la sentencia de instancia

El TJUE recuerda que, si bien no se impone necesariamente la conversión automática en indefinido en el sector público, el ordenamiento nacional debe contar con otra medida efectiva que garantice la protección del trabajador. En particular, considera que un sistema indemnizatorio que presuma la existencia de daño, especialmente la pérdida de oportunidades de empleo estable, puede constituir una medida adecuada, dada la dificultad de probar ese perjuicio.

La exigencia de interpretación conforme obliga a los órganos jurisdiccionales nacionales a adaptar su jurisprudencia cuando resulte incompatible con los objetivos de la Directiva, un criterio que la Sala asume expresamente para fundamentar la revocación de la sentencia de instancia.

La reparación

Uno de los puntos centrales de la sentencia es la afirmación de que la mera convocatoria y superación de un proceso de estabilización no repara por sí sola el daño derivado del abuso.

La Sala razona que la indemnización tasada prevista para los trabajadores indefinidos no fijos en caso de cobertura reglamentaria de la plaza no cumple la función exigida por la cláusula 5 del Acuerdo Marco, puesto que se abona con independencia de que haya existido o no abuso.

Más de 15 años de precariedad

En el caso analizado, el perjuicio es claro: más de 15 años de precariedad, con la consiguiente pérdida de oportunidades de empleo estable y constata que la Administración incumplió su obligación de promover en tiempo oportuno la cobertura de la plaza. No obstante, la estabilización tardía, aunque culminara con éxito para la trabajadora, no elimina retroactivamente el daño sufrido.

La Sala subraya que el abuso en la contratación temporal del indefinido no fijo genera un perjuicio específico —la precariedad prolongada— que “exige una reparación efectiva, equivalente, proporcionada e íntegra”.

Un vínculo laboral distinto

Otro aspecto relevante es el tratamiento jurídico de la renuncia formalizada por la trabajadora para poder suscribir el nuevo contrato fijo.

El tribunal descarta que la renuncia pueda calificarse como dimisión en los términos del artículo 49.1.d) del Estatuto de los Trabajadores. La extinción del vínculo anterior se produce por cobertura reglamentaria de la plaza, causa legalmente prevista, y el nuevo contrato constituye un vínculo laboral distinto que no reaviva la relación anterior.

El derecho a indemnización

Esta conclusión se apoya en la doctrina del Tribunal Supremo, cuya interpretación resulta trasladable, como entiende la propia Sala, al supuesto en que el contrato posterior suscrito lo sea ya como personal laboral fijo.

Por tanto, ni la firma del contrato fijo ni la renuncia exigida como trámite previo pueden operar como obstáculos para el reconocimiento del derecho a indemnización por el abuso previo.

El fallo

La Sala estima así el recurso de suplicación interpuesto por la trabajadora, revoca la sentencia de instancia y declara su derecho a percibir una indemnización equivalente a 20 días de salario por año de servicio, con el límite de 12 mensualidades, condenando a la Administración a su abono.

La sentencia ha sido dictada por mayoría, ya que ha contado con el voto particular del magistrado José Luis Niño Romero, que preside la Sala de lo Social.

El voto particular

José Luis Niño discrepa de la opinión manifestada por los demás integrantes del tribunal: los magistrados Jorge González Rodríguez, Francisco José de Prado Fernández, Isolina Paloma Gutiérrez Campos, Catalina Ordóñez Díaz, María Cristina García Fernández, María de la Almudena Veiga Vázquez y Laura García-Monge Pizarro.

El presidente de la Sala expone, en el voto particular que ha emitido, que el recurso debería ser desestimado o, cuando menos, ser reconocida una indemnización inferior.

Contra esta sentencia, que no es firme, cabe interponer recurso de casación para la unificación de doctrina, que habrá de prepararse mediante escrito suscrito por letrado, presentándolo en la Sala de lo Social dentro del improrrogable plazo de los diez días hábiles inmediatos siguientes a la fecha de notificación de la misma.

Las valoraciones

El abogado Carlos Suárez Peinado, de Efeso Abogados, considera que la sentencia del TSJA puede calificarse como pionera, en la medida en que consolida de forma expresa el derecho a indemnización del personal laboral de la Administración pública por abuso en la temporalidad, incluso cuando ha superado un proceso de estabilización y ha accedido a la condición de fijo.

“Su relevancia práctica es indudable, sostiene el letrado Suárez Peinado, porque abre el camino para que otros trabajadores laborales del sector público que hayan sufrido situaciones similares, con años de contratación temporal abusiva seguidos de estabilización, puedan reclamar la correspondiente indemnización por el daño derivado de la precariedad prolongada”.

Más recursos similares

En un sentido similar se pronuncia la coordinadora del sindicato Usipa Saif, María Guadalupe Lorenzo Aguilera, quien ha asegurado a este periódico que esta sentencia será la primera de muchas otras resoluciones judiciales que seguirán el mismo camino que ésta ha abierto.

“Nuestro servicio jurídico tiene interpuestos otros recursos contra el Principado para acabar con el abuso de la contratación. Vendrán más sentencias como ésta de la animadora sociocultural”, ratifica.

Se llama Marina y llega en un Mercedes a la sede de Girona del Instituto Catalán de Oncología (ICO). Ahí recoge muestras biológicas de pacientes y los traslada con su vehículo a otros laboratorios que tiene la entidad así como al Banco de Sangre y Tejidos (BST).

Solo entre 2022 y mediados de 2025, Marina ha facturado por estos traslados 180.000 euros al Govern. Sin concurso, sin tener una empresa de transportes, sin ninguna experiencia que la avale: siempre con contratos inferiores a 15.000 euros para evitar el preceptivo concurso público. 

Durante años el ICO, cuyo presupuesto depende del departamento de Salud de la Generalitat, ha estado fraccionando contratos para evitar licitar todo tipo de servicios que deberían haber sido contratados tras un concurso público.

Este periódico desveló en enero que el ICO había abierto un expediente a varios directivos de la entidad después de que una denuncia interna alertara de que se estaban troceando los contratos de mantenimiento y duplicando pagos a una constructora. 

Las presuntas irregularidades en la contratación, sin embargo, no acaban ahí. También el servicio de mensajería de la entidad e incluso, en ocasiones, el traslado de pacientes en ambulancia llevan años adjudicándose a dedo mediante contratos menores, según un análisis de la contratación realizado por elDiario.es.

El ICO es un ente con cuatro centros en diversos hospitales de la red pública asistencial —l'Hospitalet de Llobregat, Girona, Tarragona y Badalona— dedicado a la prevención, la asistencia, la investigación y la formación especializada en el cáncer. Actualmente, es el centro oncológico de referencia para más del 60% de la población adulta de Catalunya. 

Los hechos desvelados muestran el descontrol en la contratación de un organismo público cuyo presupuesto asciende a 390 millones de euros. Los contratos que se han estado adjudicando a dedo cubren servicios que le cuestan al ICO cada año cientos de miles de euros. Solo el servicio de mensajería se calcula que asciende a casi medio millón de euros anuales.

Gracias a esta práctica irregular, una persona como Marina lleva facturando alrededor de 50.000 euros al año, IVA incluido, a este ente público con una media de tres contratos a dedo al año por servicios de mensajería sin ni siquiera tener una empresa especializada.

Preguntados por elDiario.es, desde el ICO no quieren precisar por qué se le han estado adjudicando tantos contratos a esta persona. Afirman que es una autónoma y “cumple en todo momento la normativa vigente”.

Respecto al traslado de muestras biológicas en un transporte particular, afirman que “se trasladan debidamente protegidas en contenedores adecuados” y añaden que no se requiere de “un medio de transporte específico” para su traslado entre centros.

Irregularidades sin responsables

Desde el ICO admiten las irregularidades en la contratación, pero en esta ocasión no se ha abierto ningún expediente ni se sancionará a ningún directivo por haber estado fraccionando contratos durante años. 

“En 2025 se detectaron las incidencias mencionadas y se inició la preparación de una licitación”, responden desde la entidad. “Tenemos un procedimiento de análisis de la contratación iniciado por la dirección actual de manera voluntaria, a raíz de la denuncia del año pasado”, remachan. 

La licitación por el servicio de mensajería por carretera, puesta en marcha tras denunciarse el troceo de contratos, asciende a 845.000 euros por los próximos dos años y actualmente está en fase de recepción de ofertas.

La actuación de la entidad en esta ocasión contrasta con el expediente que se abrió el pasado noviembre tras una denuncia anónima. La investigación apreció una “negligencia grave” en la gestión presupuestaria y administrativa por parte de algunos directivos de este organismo de referencia de la cura e investigación sobre el cáncer.

Se incoaron procedimientos contra el Jefe de Contratación administrativa, el Jefe de Mantenimiento, el Jefe del Servicio Económico, el Jefe de Servicios Generales e Infraestructuras y el Jefe de Proyectos. Algunos de ellos habían abandonado el ICO durante los meses previos a la presentación de la denuncia anónima. 

Los trabajadores del ICO mostraron recientemente a la dirección su enojo por el desaguisado en la contratación de la entidad. Según fuentes presentes en la conversación, los directivos trasladaron a los empleados que en esta ocasión no se abriría ningún expediente porque no se había presentado ninguna denuncia al canal ético de la entidad.

Las tres investigaciones judiciales contra el Gobierno andaluz por irregularidades en la contratación a dedo con la sanidad privada siguen caminos divergentes.

Un juzgado de Sevilla acaba de dar carpetazo a la causa por prevaricación en los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) entre 2020 y 2024, tras 15 meses de instrucción. Casi en paralelo, el juzgado de Cádiz que investigaba al SAS por malversación en el “fraccionamiento masivo e indebido” de contratos menores durante 2021 ha abierto una “pieza separada” para poner bajo la lupa la misma querella del PSOE que acaba de archivarse en Sevilla.

Este movimiento del juez Manuel Jesús Gómez, que pasó desapercibido en la última línea de una providencia firmada el pasado 4 de diciembre, ha empezado a caminar este lunes, cuando el magistrado imputó a dos altos cargos del SAS en Cádiz -el exgerente del hospital Puerta del Mar y el responsable de compras- y abrió una nueva línea de investigación. Ambos directivos tendrán que acudir a declarar al juzgado, acompañados de sus abogados, el próximo 24 de marzo.

La “ampliación” de la querella interpuesta por el PSOE, como acusación popular, viene a unificar las dos causas judiciales que salpican al Gobierno de Juan Manuel Moreno por adjudicaciones a dedo millonarias a la sanidad privada entre 2020 y 2024: el caso de los contratos troceados y el caso de los contratos de emergencia amparados en un Real Decreto ya derogado.

Ambos tienen el mismo origen: los informes “desfavorables” de la Intervención de la Junta de Andalucía que alertaron reiteradamente a la Consejería de Salud y al departamento de Hacienda de las “irregularidades” detectadas en los procedimientos de contratación del SAS con la sanidad privada, a dedo, sin publicidad ni concurrencia competitiva, y sorteando los controles habituales de los auditores.

La conexión entre ambas investigaciones forma parte de la estrategia procesal del PSOE, cuyos abogados han visto cómo, en apenas un mes, una de las causas se desinflaba, y otras dos cogían fuerza. La pieza separada que ha abierto el juez de Cádiz viene a corregir y ampliar la instrucción original, que partió de una denuncia de Podemos centrada exclusivamente en los contratos troceados del SAS.

Los socialistas, promotores de la querella por prevaricación contra los tres últimos gerentes del SAS en el juzgado de Sevilla, se personaron luego en el tribunal de Cádiz con la causa ya abierta, y con la idea de unificar todas sus denuncias en un mismo procedimiento.

Lo han logrado en este tribunal, pero también en otro de Córdoba, que ha abierto diligencias este mismo mes para investigar desde el principio tanto el abuso de los contratos menores -a través del fraccionamiento de un mismo contrato millonario por el mismo servicio y con la misma empresa para eludir los topes legales- como las prórrogas de los contratos de emergencia hasta 2024 usando un Real Decreto derogado en mayo de 2021, y en contra de las instrucciones de la propia Consejería de Hacienda.

La causa judicial abierta en Córdoba hace tres semanas, que instruye el magistrado José Luis Rodríguez Laínz, concentra toda la estrategia procesal del PSOE contra el “uso sistémico” de la adjudicación a dedo de contratos a empresas privadas, bien con la fórmula del contrato de emergencia, o bien a través del troceamiento recurrente de contratos menores.

La querella criminal se apoya, como las otras, en las denuncias que emitieron los interventores de la Junta de Andalucía en sus informes a posteriori de la contabilidad del SAS, de los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023. “Dado que este incumplimiento ha sido advertido en anteriores informes y recomendaciones, se trata de una práctica mantenida en el tiempo y cuyo montante sigue siendo amplio”, reza uno de las últimas auditorías del supervisor, que obra en manos de los jueces.

Tanto en el juzgado de Sevilla, como en Cádiz y Córdoba, los socialistas habían presentado cientos de expedientes de gasto del SAS con empresas privadas para denunciar hasta cinco delitos de corrupción: prevaricación administrativa, falsedad documental, fraude en la contratación pública, malversación de fondos y pertenencia a organización criminal.

De momento, el juez de Cádiz investiga si el Gobierno de Moreno malversó fondos públicos y el juez de Córdoba se centra en los delitos “administrativos”. Con la ampliación de su querella, el PSOE ha logrado en Cádiz algo que el juez de Sevilla les denegó: reclamar “auxilio pericial” a la Intervención General del Estado para que analice, de forma “global”, todos los expedientes de gasto bajo sospecha y que elabore informes sobre la justificación de los contratos, sobre los precios que autorizó el SAS y “el daño producido al erario público, aun de manera aproximativa o potencial” debido a la falta de publicidad y concurrencia competitiva.

Comparar los precios antes y después de los contratos a dedo

El juzgado de Cádiz investiga un delito de malversación, no es de extrañar que el magistrado haya pedido a los interventores que “revisen los precios” que pagaba el SAS a la sanidad privada usando los contratos de emergencia o el fraccionamiento masivo, y que los compare con los precios estipulados para los mismos servicios en un contrato ordinario en abierto, que la Junta dejó de usar como regla general entre 2020 (inicio de la pandemia) hasta 2025.

Lo que busca el juez con esta “evaluación de contraste” entre los precios contratados [a dedo] y los resultantes de haberse seguido los debidos procedimientos de la Ley de Contratos del Sector Público, mediando publicidad y concurrencia, es aclarar “si existió o no, la debida justificación de la prestación de los servicios contratados y abonados”. Para ello, el magistrado también ha pedido una comparativa de precios de los servicios sanitarios contratados en otras comunidades autónomas.

El juzgado de Sevilla ha ordenado archivar la causa sin llegar a cotejar este desfase de precios, de hecho, en su auto niega de plano esta posibilidad: “La contratación se desarrolló con todas las empresas sanitarias hasta entonces contratantes con el SAS, siendo así que no consta empresa o asociación alguna que haya cuestionado la contratación de emergencia, como tampoco perjuicio a la Administración, ni por exceso de gasto, ni por pérdida de Fondos europeos”, reza el escrito.

En la querella criminal interpuesta contra los tres últimos gerentes del SAS, el PSOE llegó a cuantificar en más de 24 millones el delito de malversación de caudales públicos, una cifra que representa el 10% de los 243 millones adjudicados a dedo entre 2021 y 2023 que están bajo sospecha. Ese 10% es la rebaja media que suele haber en las contrataciones públicas de la Junta de Andalucía sobre los precios de licitación, cuando se usa el procedimiento abierto, con publicidad y concurrencia competitiva, a resultas de las distintas ofertas que hacen las empresas interesadas para hacerse con el contrato.

Según los denunciantes, el abuso de la contratación a dedo durante más de dos años restringió esa libre competencia, lo cual redundó en “una presunta e indiciaria lesión al caudal público andaluz”. 

Defensa de la legalidad de los contratos

El Gobierno de Moreno ha defendido en todo momento la legalidad de los contratos del SAS y ha sacado pecho de su gestión sanitaria tras el archivo de una de las causas. Sin embargo, cuando elDiario.es destapó los informes de la Intervención censurando el abuso de la contratación de emergencia entre 2021 y 2024, la Junta se apresuró a anunciar la cancelación de ese tipo de contratos 24 horas después de la publicación (14 de marzo de 2023).

Entre 2019 -antes de la pandemia de coronavirus- y 2025, el SAS orilló la contratación en abierto, con publicidad y concurrencia, para hacer adjudicaciones directas de servicios, obras y prestaciones a empresas privadas elegidas a dedo, encadenando todas las variantes que le permite la Ley de Contratos del Sector Público: el contrato de emergencia, el contrato menor y el contrato negociado sin publicidad.

Las tres variantes son legales, pero pueden dejar de serlo si la Administración no argumenta una urgente e imperiosa necesidad que justifique saltarse los controles regulares y evitar un procedimiento en abierto ante una situación sobrevenida, imprevista o catastrófica, como una dana. O como lo fue la pandemia de Covid-19.

Los interventores del SAS consideraron -y así lo plasmaron en una docena de informes- que la pandemia no justificaba el uso sistemático del contrato de emergencia ya en 2021. Y menos en 2022, 2023 y 2024. El juez José Antonio Gómez, que acaba de dar carpetazo a la investigación más avanzada sobre este asunto, admite en su auto ese cúmulo de “irregularidades” detectadas por los auditores, pero concluye que “no hay delito”.

Y defiende justo lo contrario, que el impacto de la pandemia en la presión asistencial andaluza seguía justificando la contratación a dedo dos años y medio después de que la Consejería de Hacienda remitiera un escrito a Salud para que dejara de hacerlo y limitara este sistema a un uso “residual”.

Los órganos de fiscalización interna reprochan a la Junta de Andalucía haber convertido estas figuras excepcionales de contratación en la regla general del SAS, por la que se adjudicaron a dedo cientos de millones de euros a un puñado de empresas privadas. El carpetazo a la causa abierta en Sevilla va camina de un recurso de apelación por parte de las acusaciones, PSOE y Podemos, aunque es probable que la Fiscalía Anticorrupción se inhiba.

Otros dos juzgados siguen investigando, por separado, la adjudicación a dedo de 243 millones de euros a clínicas privadas a través de contratos de emergencia entre 2021 y mediados de 2023, prorrogando dos años y medio la vigencia de un Real Decreto derogado, que el Gobierno central habilitó durante el primer año de la pandemia para flexibilizar las compras de suministros y la contratación de servicios por parte de las administraciones.

También se investiga si hubo malversación en la concesión de 235 millones de euros en cientos de contratos menores troceados en 2021 en Cádiz, donde está imputado el responsable provincial de compras del SAS, que ya declaró ante el juez, junto a los interventores provinciales que emitieron un durísimo informe denunciando el “abuso” de los contratos menores y el “fraccionamiento” masivo de esos contratos con una misma empresa y por la misma prestación.

Apenas tres días después de que un juzgado de Sevilla archivase la causa contra el Gobierno de Juan Manuel Moreno por prevaricación en los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con clínicas privadas, otro juzgado en Cádiz ha abierto una “pieza separada” para investigar la misma querella del PSOE -personado como acusación popular- y ha citado a declarar como imputados a dos altos cargos de la sanidad andaluza: el exgerente del hospital Puerta del Mar en Cádiz, Sebastián Quintero Otero, y al jefe de compras de la Junta del SAS en este provincia, Demetrio González.

El juez ha citado a los dos directivos a declarar como investigados, acompañados de sus abogados, el próximo 24 de marzo. En una providencia firmada el lunes, adelantada en la tarde de este martes por la Cadena Ser y a la que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz abre nuevas diligencias a partir de la ampliación de la querella presentada por el PSOE, que se unifica con la investigación ya en curso, a partir de una denuncia de Podemos.

La causa original en el juzgado de Cádiz se centraba en el abuso de contratos menores del SAS como un “fraccionamiento masivo” para burlar la ley. La nueva línea de investigación apunta a otro tipo de adjudicaciones directas: los contratos de emergencia con clínicas privadas, es decir, la misma causa que fue archivada el pasado viernes por un juez de Sevilla.

Ambas parten de las mismas denuncias de los interventores del SAS en las ocho provincias, que alertaron en sus informes desfavorables de las irregularidades en la contratación directa, sin publicidad ni concurrencia, con un puñado de clínicas privadas.

La querella que se acaba de archivar en Sevilla era la más trabajada -15 meses de instrucción- y documentada de las tres causas judiciales contra el SAS, aunque la Junta no estaba personada. Sí lo está -como responsable civil subsidiaria- en esta causa que instruye el juzgado de Cádiz por malversación en el fraccionamiento masivo de contratos menores.

Tanto en el juzgado de Sevilla, como en Cádiz y en otro tribunal de Córdoba, los socialistas presentaron cientos de expedientes de gasto del SAS con empresas privadas para denunciar hasta cinco delitos de corrupción: prevaricación administrativa, falsedad documental, fraude en la contratación pública, malversación de fondos y pertenencia a organización criminal.

Las adjudicaciones a dedo del SAS a la sanidad privada están siendo investigadas por estos dos juzgados andaluces, aunadas ya la denuncia del PSOE y la de Podemos: los contratos de emergencia sin aparente cobertura legal tras la pandemia; y el “abuso” de contratos menores encadenados, a través del fraccionamiento irregular de contratos por valor de 235,4 millones para “vulnerar” la ley, desde un tribunal de Cádiz.

El Gobierno de Moreno sólo está personado en el causa de los contratos troceados, primero se presentó como parte perjudicada y al poco modificó su personación a “responsable civil subsidiario”, admitiendo por primera vez que pudo haber algún desfalco en las cuentas públicas.

El juez que investiga al Gobierno de Juan Manuel Moreno por un posible delito de prevaricación en los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con clínicas privadas ha tomado declaración a cuatro altos cargos de la Junta -dos de la Consejería de Salud y dos de Hacienda- para esclarecer uno de los puntos ciegos del caso: quién ordenó retirar la fiscalización previa de los contratos sanitarios para sustituirla por auditorías a posteriori.

Este elemento no es baladí, porque la instrucción del juez busca comprobar si la retirada de los controles previos que venían realizando los interventores de la Junta de Andalucía influyó, facilitó o provocó las irregularidades en los contratos a dedo del SAS con la sanidad privada, denunciadas luego por esos mismos interventores en sus informes de contabilidad sobre los ejercicios 2021, 2022, 2023 y 2024, que han puesto bajo sospecha un montante de 243 millones de euros.

La decisión de excluir esos contratos de emergencia del SAS del control previo de la Intervención quedó plasmada por escrito en un acuerdo del Consejo de Gobierno del 6 de octubre de 2020, firmado por el entonces consejero de Hacienda (y hoy vicesecretario general del PP nacional), Juan Bravo, y por el propio presidente Moreno.

Pero, a día de hoy, el juez José Antonio Gómez no ha podido concluir quién adoptó esa decisión antes de que se hiciera firme por acuerdo del Consejo de Gobierno, porque ninguno de los cuatro altos cargos de la Junta de quienes dependía esa decisión política ha admitido ser el responsable directo.

Sus versiones, contradictorias y enfrentadas entre sí, enmarañan aún más la investigación y provocan un cisma al más alto nivel del Ejecutivo, tensando los músculos del entorno del presidente Moreno, que no está personado en esta causa, pero sigue la instrucción con muchísima atención. Se trata de dos miembros del Gobierno andaluz en activo -la consejera de Medio Ambiente (extitular de Salud) y la número dos de Hacienda-, y otros dos ya cesados -un exviceconsejero de Hacienda y el exnúmero tres del SAS, responsable de la contratación.

Los cuatro han comparecido ante el juez, en calidad de testigos, y han defendido que el sistema de control financiero permanente (a posteriori) es “más ágil y más eficaz” que la fiscalización a priori, dada la gran cantidad de contratos firmados por el SAS en las semanas posteriores a la pandemia de coronavirus.

Todos avalan ese sistema de control que se realiza después del gasto de dinero público, pero ninguno de los cuatro se ha hecho responsable directo ni ha admitido ante el juez ser el autor intelectual del cambio en el método de fiscalización de los contratos a dedo con la sanidad privada, clave en una investigación en la que está imputada por prevaricación la actual gerente del SAS, Valle García, y sus dos predecesores, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas.

Es más, los cuatro altos cargos del Gobierno andaluz incurrieron en contradicciones cuando declararon por separado ante el juez, imposibilitando un relato único de los hechos acontencidos en el consejillo del 1 de octubre de 2020, esto es, en la reunión de viceconsejeros previa al Consejo de Gobierno que aprobó la retirada del control previo a los contratos de emergencia del SAS. Todos “echaron balones fuera, se sacudieron la responsabilidad y señalaron al otro”, explican fuentes presentes en los interrogatorios.

A preguntas del juez sobre la autoría de ese acuerdo, la viceconsejera de Hacienda, Amelia Martínez (que entonces era la interventora general de la Junta), responsabilizó directamente a la actual consejera de Medio Ambiente, Catalina García (que entonces ocupaba el puesto de viceconsejera de Salud) y al exviceconsejero de Hacienda, Roberto Ochoa.

Ella tenía entonces las competencias para proponer una modificación en el sistema de fiscalización a determinados gastos o servicios de la Junta. Pero Martínez aseguró en sede judicial que la retirada del control previo a los contratos del SAS fue un “acuerdo verbal” que tomaron García y Ochoa en aquella reunión del consejillo, y explicó que su propuesta con la lista de gastos, órganos y servicios de la Junta excluidos de la fiscalización previa no incluía los contratos de emergencia del SAS.

Eso se añadió luego, en aquella reunión de viceconsejeros, y se elevó al Consejo de Gobierno sin el informe preceptivo de la Intervención. Aquella declaración de Martínez causó mucho revuelo en el Palacio de San Telmo, sede de la Junta, donde algunos se lamentaron de “falta de coordinación” en las defensas de la gestión del SAS.

El juez Gómez citó a declarar a los aludidos, García y Ochoa, que este martes negaron que la decisión política de retirar el control previo a los contratos sanitarios partiera de ellos -como había asegurado Martínez-, e indicaron que había sido cosa de sus “equipos técnicos”, sin especificar nombres.

Los abogados de PSOE y Podemos, personados en la causa como acusación popular, les preguntaron qué funcionarios o cargos intermedios de Salud y de Hacienda pudieron adoptar una decisión de carácter político, que tuvo que pasar por el consejillo antes de ser elevada al Consejo de Gobierno para su aprobación. Pero ni Ochoa ni García recordaban los nombres y se limitaron a explicar el procedimiento ordinario para que la propuesta de un departamento llegue a la “plataforma común” (una carpeta digital) donde recalan los asuntos que luego se aprobarán en la reunion semanal del presidente Moreno con sus consejeros.

En realidad, ese salto no depende de los técnicos de un departamento, porque un acuerdo de Gobierno no puede llegar al final del recorrido sin un informe preceptivo de la Intervención que, en este caso, no existía. No ha aparecido aún ningún documento oficial que avale la retirada del control previo a los contratos del SAS.

Ochoa explicó que recordaba “vagamente” haber tratado el cambio en el sistema de fiscalización con la entonces viceconsejera de Salud, “no directamente, pero sí entre nuestros equipos”. García insistió en que no recordaba aquel momento, y ofreció un testimonio más emocional -“volcada en salvar vidas”- tras asegurar que “no estaba en las cosas técnicas”.

La consejera de Medio Ambiente -exconsejera de Salud- sí señaló en su declaración a una persona concreta: el ex responsable de Contabilidad del SAS, José Antonio Miranda, que ocupó ese puesto con tres consejeros distintos -Jesús Aguirre (hoy presidente del Parlamento andaluz), García y Rocío Hernández- desde 2019 hasta su dimisión, en 2025, tres meses antes de que su nombre apareciera por primera vez en la instrucción judicial.

Miranda, veterano diputado del PP andaluz, también declaró como testigo ante el juez, pero su versión también contradijo la de sus compañeros. Los argumentos del que fuera responsable de Contabilidad del SAS durante los años que abarca la investigación judicial son los más conocidos, porque aparecen por escrito en las alegaciones que presentó la Consejería de Salud a todos los informes desfavorables de los interventores del SAS, tratando de justificar por qué se prorrogaron aquellos contratos a dedo amparándose en un marco legal ya derogado, y en contra de las directrices explicitas de la Consejería de Hacienda.

Los auditores desestimaron todas sus alegaciones, en algunos casos, tildándolas de meros “juicios de valor” sin aval técnico o jurídico.

Fiscalización más ágil, pero con menos controles

La fiscalización permanente -a posteriori- es más ágil, porque sortea los controles habituales previos a la autorización del gasto de dinero público, que es de lo que se trataba durante los primeros meses de la pandemia. Es lo que la exconsejera de Salud le contó el martes al juez, insistiendo en que la propia exinterventora le había explicado que el control previo se hacía con “un simple muestreo” de contratos, y por tanto, no era tan exhaustivo. Tampoco esto casa con la declaración que hizo Martínez.

El problema es que dos años y medio después de que el Gobierno derogase el Real Decreto que habilitaba a las comunidades a contratar por la vía de urgencia, la Junta de Andalucía siguió usando la contratación de emergencia sin fiscalización previa, y eso es lo que está bajo la lupa del juzgado ahora.

De las auditorías a posteriori, elaboradas por los interventores del SAS en las ocho provincias andaluzas, surgieron una decena de informes “desfavorables” que alertaron reiteradamente a la Consejería de Hacienda de irregularidades en la contratacion del SAS con clínicas privadas por un montante superior a los 243 millones de euros.

Los informes censuraban a la Junta por prolongar, entre 2021 y 2024, el marco legal habilitado en pandemia tras haber sido derogado, con objeto de estirar los contratos a emergencia con clínicas privadas y vaciar las abultadas listas de espera de pacientes para operarse, para lograr cita con un especialista o para obtener un diagnóstico. Así se venía haciendo hasta que elDiario.es lo hizo público, en marzo de 2023, y 24 horas después, el portavoz de la Junta anunció que cesaban esos contratos.

Los hechos investigados abarcan, sobre todo, el mandato de Jesús Aguirre, primer consejero de Salud del Gobierno de Moreno -actual presidente del Parlamento- que estuvo al frente cuando estalló la pandemia de coronavirus. Su número dos era Catalina García, ascendida a consejera en 2022, ya en esta legislatura, y al frente del departamento cuando el juez abre diligencias e imputa a los tres últimos gerentes del SAS. Los tres han declarado como imputados en el juzgado, escudándose en la pandemia para justificar la prórroga de los contratos a dedo hasta bien entrado 2024.

El paseíllo por los tribunales de los cuatro altos cargos de la Junta implicados en el caso de los contratos a dedo del SAS ha devuelto la instrucción al punto de partida y no ha ayudado al juez a esclarecer lo que buscaba: la exinterventora general de la Junta, hoy número dos de la Consejería de Hacienda, no incluyó los contratos de emergencia del SAS en su propuesta de fiscalización permanente (a posteriori), pero, una semana después, estos sí aparecieron en el acuerdo del Consejo de Gobierno.

En el escrito que la Intervención General de la Junta elevó a la Consejería de Hacienda aparecen siete gastos nuevos —subvenciones, indemnizaciones y gastos de personal—; en el anexo I del acuerdo de Gobierno posterior aparecen ocho, uno más. Ni los directivos al más alto nivel que ocupaban la Consejería de Salud entonces ni los de Hacienda se han responsabilizado de esa modificación que, en última instancia, lleva la firma del presidente Moreno.

La coalición Compromís censura que el edil de Grandes Proyectos del Ayuntamiento de València, que no informa sobre las empresas con las que trabaja como abogado, participe en los consejos de Administración del Puerto de València como consejero invitado. Como ha informado elDiario.es, José Marí Olano asiste a las sesiones junto a la alcaldesa de València, María José Catalá, unos espacios en los que se delibera sobre decisiones clave de la autoridad portuaria.

El edil de Compromís Ferran Puchades considera que la participación del concejal Marí Olano en las reuniones es “la confirmación de que el PP piensa que las instituciones son su cortijo por el que pueden campar como Pedro por su casa con total impunidad ni escrúpulo respecto de cuáles pueden ser las consecuencias de sus actos”. Puchades recuerda que conforme al artículo 21 del reglamento de funcionamiento, las sesiones del Consejo de Administración no son públicas; por tanto, “solo pueden acceder y participar los legítimos miembros, que además tampoco pueden delegar en ninguna persona externa, únicamente pueden ser representados por otro miembro del Consejo”.

En este sentido, Marí Olano, prosigue Puchades “ni siquiera podría ser miembro de pleno derecho del Consejo de Administración”, que recuerda que ·“el artículo 15 del reglamento de funcionamiento establece la total incompatibilidad para formar parte del Consejo de aquellos que pudieran tener interés directo en empresas que tengan relaciones con la Autoridad Portuaria de València”.

El edil de Compromís recalca que “por su historial sabemos que mantiene relaciones laborales y de interés con muchas empresas, lo que ha provocado su constante abstención en la Mesa de Contratación del Ayuntamiento”. De hecho, la alcaldesa decidió relevarlo y situar en su lugar a funcionarios, en aras de la transparencia. Empresas que, más de dos años después de entrar en el Ayuntamiento y durante ocho meses al frente de la mesa de contratación, siguen sin ser públicas. El edil de Grandes Proyectos se ampara en el secreto profesional de la abogacía, actividad para la que tiene compatibilidad, para no desvelar las firmas con las que colabora o ha colaborado.

“Desde Compromís ya exigimos que fuera relevado de la Mesa de Contratación y finalmente Catalá tuvo que dar su brazo a torcer y poner un funcionario público en su lugar cuando ya había ocasionado serias distorsiones y obstáculos en su funcionamiento ordinario”, recuerda Puchades, en referencia a las abstenciones del edil, que considera que “el inefable tándem Catalá-Marí pone en evidencia su neutralidad en otra institución” y compromete la representación municipal en el Consejo de Administración de la APV: “Siembran la duda racional sobre sus intereses particulares y su interferencia en la gestión de los recursos públicos”, valora. “Tendremos que hacer comprender a Catalá que hay unas normas y sobre todo debe haber una confianza en los representantes públicos que no tiene derecho a poner en duda”, sentencia.

Al Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno se le ha abierto otro frente judicial a las puertas de la campaña para las elecciones autonómicas. El Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba acaba de abrir una investigación contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) -la tercera en esta legislatura- por supuestas irregularidades en la contratación a dedo, sin publicidad ni concurrencia competitiva, con varias farmacéuticas, clínicas y otras empresas del sector sanitario privado durante los ejercicios 2020 y 2021.

El magistrado José Luis Rodríguez Lainz incoa diligencias previas “de carácter criminal” a partir de una querella presentada por el PSOE el pasado 30 de octubre, contra la plataforma logística del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, por el presunto abuso “generalizado” de contratos menores -y prórrogas de otros contratos vigentes- con las mismas sociedades privadas y por los mismos servicios, “para tratar de eludir el procedimiento ordinario”, vulnerando así la Ley de Contratos del Sector Público.

Es la tercera investigación judicial contra el Gobierno andaluz por supuestas irregularidades en la contratación pública con la sanidad privada, un ámbito en el que se ha volcado toda la oposición a Moreno para desgastar su imagen. La primera causa judicial contra el SAS nace de otra querella del PSOE en Sevilla (contratos de emergencia sin aparente amparo legal), la segunda parte de una denuncia de Podemos en Cádiz (“fraccionamiento masivo e indebido de contratos”).

La causa que se acaba de abrir contra el SAS en Córdoba es un compendio de las dos anteriores. Una macroquerella donde el PSOE ha unificado los contratos de emergencia y el fraccionamiento de contratos menores, partiendo de la misma raíz: los informes desfavorables de los interventores provinciales del SAS que, entre 2020 y 2024, alertaron reiteradamente a la Consejería de Salud y a la de Hacienda de las irregularidades en la contratación pública con clínicas privadas.

Los socialistas, en una prolija ampliación de su querella, presentaron al juez 577 expedientes de gasto bajo sospecha (contratos del SAS con empresas privadas), 334 correspondientes al ejercicio 2020, y otros 239 del año 2021, para terminar denunciando cinco delitos: prevaricación administrativa, falsedad documental, fraude en la contratación pública, malversación de fondos y pertenencia a organización criminal.

El juez, “tan solo y de momento”, ha abierto diligencias por los tres primeros (delitos administrativos), pues considera “débil” -cuando no “sospechas u opiniones subjetivas”- los argumentos jurídicos que expone el PSOE respecto al resto de infracciones criminales.

Rodríguez Lainz, conocido por su meticulosa instrucción del caso Bretón, redacta un auto de apertura de diligencias de 52 páginas -inusualmente largo- donde purga la gran mayoría de contratos bajo sospecha que presenta el PSOE en su querella, realizando un “juicio de exclusión de los expedientes” donde no percibe “indicios de infracción criminal”, sino “meras irregularidades administrativas”.

Aun así, deja la puerta abierta a lo que vaya revelando la instrucción. “La posible imputación de otras infracciones criminales, como malversación y pertenencia a organización criminal, o a nuevos expedientes administrativos distintos a los descritos como objeto de esta investigación dependerá de la evolución de las actuaciones”, subraya en un auto fechado el 11 de enero, al que ha tenido acceso elDiario.es.

En ese escrito, el magistrado señala directamente a Valle García, actual gerente del SAS, por su condición de directora del hospital cordobés durante los años que se investigan. García, imputada en otra causa judicial por presuntas irregularidades en los contratos de emergencia del SAS, aún no está siendo investigada formalmente, pero el juez ha ordenado que “se ponga en su conocimiento la existencia de este procedimiento”, que le afecta directamente.

El magistrado también ha solicitado que se informe de la apertura de diligencias a los servicios jurídicos del SAS, además ha reclamado 12.000 euros al PSOE para poder mantenerse personado en la causa como acusación popular, y ha remitido a la Fiscalía las primeras actuaciones para que elabore su informe. Fuentes de la Consejería de Sanidad, consultada por este periódico, ha asegurado “no tener constancia” de la apertura de nuevas diligencias procesales.

Solicitud de cientos de expedientes al SAS e informes de auditores

La investigación está en fase muy preliminar. En su auto, el juez mueve ficha y reclama una extensa documentación a la gerencia del SAS en Córodoba, para que remitan “copias íntegras de los expedientes de contratación” bajo sospecha; y a la Intervención Provincial del SAS le pide copia de “los informes emitidos por cada uno de los expedientes” donde aparecen las irregularidades denunciadas.

El magistrado también requiere a los servicios jurídicos del SAS en Córdoba un informe sobre la normativa general y específica que se aplica a la hora de “optar por la contratación menor o de emergencia y su justificación”, aplicadas a los ejercicios 2020 y 2021, que son objeto de esta investigación.

En los fundamentos jurídicos, Rodríguez Lainz pondera, por un lado, el uso estricto de la ley de contratación pública en el ámbito sanitario y, por otro, un contexto tan excepcional como fue la pandemia de Covid-19. Y este, en realidad, es el meollo del asunto en las tres causas judiciales que salpican al SAS: “Nos movemos en terrenos en los que se plantea un forzamiento del Derecho como forma de atender a las necesidades de la población, y no necesariamente del aprovechamiento de estas circunstancias para favorecer el despreciable enriquecimiento ilícito de concretas personas que, como servidores públicos, pudieran beneficiarse de esta desregulación o apartamiento de los cauces administrativos adecuados”.

Con todo, el juez procede con la investigación para “comprobar efectivamente si existió el fraccionamiento de contratos de obras o servicios, el abuso de la contratación de urgencia o la desregulación de operaciones de compra o suministros”.

Entre las diligencias ordenadas, el magistrado también reclama “identificar” al personal técnico destinado a tramitar los expedientes bajo sospecha, “con capacidad de decisión sobre los mismos”, y pide informes sobre el transcurso de dicha tramitación, “tanto previa como posterior”.

Por último, el magistrado reclama una aclaración sobre los criterios que aplicó el SAS para la selección de posibles licitadores en contratación menor o por trámite de urgencia, así como los procedimientos para garantizar en estas contrataciones la concurrencia competitiva de otros licitadores“. El juez no descarta, a la espera del informe que elabore el Ministerio Fiscal sobre las indagaciones realizadas hasta la fecha, que sea necesario abrir ”piezas separadas que faciliten el trámite“ de la investigación.

Lo que sí desecha el magistrado de momento, pese a la propuesta del PSOE en su querella, es citar a declarar como testigo a la interventora que elevó el informe desfavorable sobre la contratación del SAS en Córdoba; descarta ordenar un atestado policial a la Brigada Central de Investigación de Capitales y Anticorrupción, y pedir auxilio judicial pericial -en esta fase temprana del procedimiento- a la Intervención General del Estado.

Tres causas con una raíz común

Los tres casos tienen una raíz común: los informes desfavorables de los interventores del SAS que, reiteradamente, alertaron a la Consejería de Salud y de Hacienda de que el procedimiento de contratación entre 2020 y 2024 -sin publicidad ni concurrencia competitiva ni fiscalización previa- no tenía “justificación alguna”, carecía de “amparo legal” y era susceptible de provocar un “menoscabo de fondos” a las arcas públicas.

El juzgado de Sevilla investiga los contratos de emergencia del SAS con clínicas privadas entre 2021 y 2024, amparándose en el marco legal excepcional que se habilitó en pandemia cuando ya estaba derogado. Por esta causa ya han declarado ante el juez, en calidad de imputados por prevaricación, la actual gerente del SAS y sus dos predecesores en el cargo, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas.

En paralelo, un juzgado de Cádiz investiga el supuesto “abuso” en los contratos menores del SAS con clínicas privadas durante el ejercicio 2021, adjudicaciones a dedo concatenadas por el mismo servicio y con la misma empresa, que los interventores censuraron como un sistema de “fraccionamiento masivo” para eludir la Ley del Sector Público.

Esta última causa guarda más paralelismos con el procedimiento que acaba de abrirse contra el SAS en Córdoba. El juez Rodríguez Lainz ha decidido investigar la legalidad de múltiples expedientes de gasto y la relación contractual del SAS de Córdoba con importantes empresas del sector farmacéutico, como Sanofi, Gilead, Janssen, Boehringer y Albazul.

El PSOE andaluz, bajo la dirección de Juan Espadas, fue responsablee de la primera querella criminal que motivó la apertura de una investigación judicial en Sevilla por los contratos de emergencia del SAS con clínicas privadas. El pasado octubre, ya con María Jesús Montero como secretaria general y candidata en las andaluzas, denunció al mismo organismo en Córdoba, con el agravante de que la directora de este hospital provincial es hoy la número tres de la Consejería de Sanidad y está imputada.

L’Ajuntament de València, que dirigeix María José Catalá, continua embolicat en l’opacitat, malgrat els advertiments dels organismes estatutaris. El consistori del PP i Vox desou el Síndic de Greuges i no traslladarà a l’oposició la identitat de les empreses amb què treballa o ha treballat el regidor apartat de la Mesa de Contractació, José Marí Olano, després de la resolució del Síndic de Greuges. Marí Olano s’ha abstingut en nombrosos processos des que va ser nomenat delegat de contractació a l’abril, alguns contractes milionaris del consistori, a què han concorregut firmes amb què ha treballat. Va ser apartat d’aquesta responsabilitat al desembre per una qüestió de transparència, encara que el consistori continua negant la informació sobre les seues relacions professionals.

El consistori va enviar un escrit a l’òrgan estatutari que encapçala Ángel Luna en què rebutja la recomanació, motivada per una queixa de la regidora del PSPV Elisa Valía, que va reclamar que s’informara quines empreses ha assessorat com a advocat l’edil de contractació –apartat al desembre–, que pot exercir l’activitat privada, atés que ell mateix es va abstindre per a evitar incompatibilitats. El Síndic va considerar que l’Ajuntament havia de donar aquesta informació, encara que no constara en el registre d’activitat, perquè Marí Olano l’hauria comunicada en abstindre’s perquè algú ho comprovara.

L’edil qüestionat torna a defensar que la identitat de les empreses és emparada pel secret professional –“la identitat de les parts és la primera informació de tota relació de serveis professionals”, afirma– i rebutja que siga una informació necessària per a la fiscalització de la seua activitat. Considera que no cal saber amb quines empreses treballa per a vigilar que la firma o el grup puga rebre algun avantatge en processos de contractació i fa una comparació una mica hiperbòlica: demanar el nom d’empreses amb què ha treballat el regidor de contractació, argumenta, és com demanar que el regidor responsable de les sancions detalle les seues amistats i enemistats per a comprovar que no hi ha multes de més o de menys, o demanar el nom de familiars del responsable de tributs per a comprovar que no fa els ulls grossos en la recaptació de taxes i impostos municipals.

En el document remés al Síndic, subscrit pel regidor qüestionat, el mateix Marí Olano fa un repàs lexicogramatical de la resolució per a concloure que Luna s’equivoca en el seu plantejament. En primer lloc, arranca assenyalant que la informació no es pot facilitar a l’oposició, perquè el regidor mai li l’ha facilitada a l’Ajuntament. L’edil, que sempre s’ha emparat en el secret professional de l’advocacia per a ometre aquestes dades, no té cap objecció a reconéixer que “mai l’ha comunicada, declarada, manifestada o de qualsevol altra manera revelada a òrgan unipersonal o col·legiat, autoritat o cap funcionari de l’Ajuntament de València”.

El regidor Marí Olano, blindat per l’equip de govern, acudeix a la Reial Acadèmia Espanyola per a defensar el seu postulat, en un to que frega la mofa: “Note’s que el Síndic de Greuges utilitza en la seua argumentació el verb poder, i ho fa, a més, en el mode condicional, podria (...) En la primera accepció del verb poder com a verb transitiu, el diccionari de la Reial Acadèmia Espanyola el defineix com ”tindre expedita la facultat o potència de fer alguna cosa“, i verdaderament el regidor José Marí Olano tenia expedita la facultat o potència de revelar la identitat de la persona o les persones a què havia prestat serveis professionals. Però facultat no és deure, i potència no és acte, per la qual cosa, podent, el regidor no ho va fer”.

Després del repàs dels modes i temps verbals, en què s’esplaia explicant el condicional i qüestionant les jerarquies en l’Administració –“el titular de l’Alcaldia no és a cap efecte el superior jeràrquic d’un regidor (...) és el regidor –juntament amb la resta dels membres de la corporació– el que elegeix l’alcalde, i és el regidor –juntament amb la resta dels membres de la corporació– el que pot remoure’l del seu càrrec”, afirma en un escrit rajoyià– Marí Olano apunta que les abstencions dels regidors no han de ser acceptades o rebutjades, es fan i punt, i se’ls substitueix per un altre. Explica, a més, que només va comunicar les abstencions a qui havia de conéixer-la perquè constara: a la cap del Servei de Contractació –que tramita els procediments de contractació–, la secretària de la Mesa de Contractació i el vicesecretari general de l’Ajuntament, que deté la secretaria de la junta de govern local.

Així doncs, conclou Marí Olano, la recomanació és impossible de complir “quan l’Ajuntament de València no disposa d’aquesta informació, que, per tant, no és pública, ni té el dret o l’obligació de reclamar-la al regidor José Marí Olano, ni aquest té el deure de facilitar la informació esmentada a l’Ajuntament de València”. Continuarà sense proporcionar la relació d’empreses amb què ha treballat.

El Ayuntamiento de València que dirige María José Catalá sigue envuelto en la opacidad pese a las advertencias de los organismos estatutarios. El consistorio de PP y Vox desoye al Síndic de Greuges y no trasladará a la oposición la identidad de las empresas con las que trabaja o ha trabajado el concejal apartado de la mesa de contratación, José Marí Olano, tras la resolución del Síndic de Greuges. Marí Olano se ha abstenido en numerosos procesos desde que fue nombrado delegado de contratación en abril, algunos contratos millonarios del consistorio, a los que han concurrido firmas con las que ha trabajado. Fue apartado de esta responsabilidad en diciembre por una cuestión de transparencia, aunque el consistorio sigue negando la información sobre sus relaciones profesionales.

El consistorio envió un escrito al órgano estatutario que encabeza Ángel Luna en el que rechaza la recomendación, motivada por una queja de la concejala del PSPV Elisa Valía, que reclamó que se informara sobre a qué empresas ha asesorado como abogado el edil de contratación -apartado en diciembre-, que puede ejercer la actividad privada, dado que él mismo se abstuvo para evitar incompatibilidades. El Síndic consideró que el Ayuntamiento debía dar esta información aunque no constara en el registro de actividad porque Marí Olano la habría comunicado al abstenerse para que alguien lo comprobara.

El edil cuestionado vuelve a defender que la identidad de las empresas viene amparada por el secreto profesional -“la identidad de las partes es la primera información de toda relación de servicios profesionales”, afirma- y rechaza que sea una información necesaria para la fiscalización de su activiad. Considera que no hace falta saber con qué empresas trabaja para vigilar que la firma o grupo pueda recibir alguna ventaja en procesos de contratación y realiza una comparativa algo hiperbólica: pedir el nombre de empresas con las que ha trabajado el concejal de contratación, argumenta, es como pedir que el concejal responsable de las sanciones detalle sus amistades y enemistades para comprobar que no hay multas de más o de menos, o pedir el nombre de familiares del responsable de tributos para comprobar que no hace la vista gorda en la recaudación de tasas e impuestos municipales.

En el documento remitido al Síndic, suscrito por el concejal cuestionado, el propio Marí Olano realiza un repaso léxico-gramatical de la resolución para concluir que Luna se equivoca en su planteamiento. En primer lugar arranca señalando que la información no se puede facilitar a la oposición porque el concejal nunca se la ha facilitado al Ayuntamiento. El edil, que siempre se ha amparado en el secreto profesional de la abogacía para omitir estos datos, no tiene ningún reparo en reconocer que “nunca la ha comunicado, declarado, manifestado o de cualquier otra forma revelado a órgano unipersonal o colegiado, autoridad o funcionario alguno del Ayuntamiento de Valencia”.

El concejal Marí Olano, blindado por el equipo de gobierno, acude a la Real Academia de la lengua Española para defender su postulado, en un tono que roza la mofa: “Nótese que el Síndico de Agravios utiliza en su argumentación el verbo poder, y lo hace, además, en el modo condicional, podría (...) En la primera acepción del verbo poder como verbo transitivo, el diccionario de la Real Academia Española lo define como ”tener expedita la facultad o potencia de hacer algo“, y verdaderamente el concejal José Marí Olano tenía expedita la facultad o potencia de revelar la identidad de la persona o personas a las que había prestado servicios profesionales. Pero facultad no es deber, y potencia no es acto, por lo que, pudiendo, el concejal no lo hizo”.

Tras el repaso de los modos y tiempos verbales, en el que se explaya explicando el condicional y cuestionando las jerarquías en la administración — “el titular de la Alcaldía no es a ningún efecto el superior jerárquico de un concejal (...) es el concejal -junto con el resto de miembros de la Corporación- el que elige al alcalde, y es el concejal -junto con el resto de miembros de la Corporación- el que puede removerle de su cargo”, afirma en un escrito rajoyesco— Marí Olano apunta que las abstenciones de los concejales no tienen que ser aceptadas o rechazadas, se realizan y punto, y se les sustituye por otro. Explica, además, que solo comunicó las abstenciones a quien debía conocerla para que constara: a la jefa del Servicio de Contratación -quien tramita los procedimientos de contratación-, la secretaria de la Mesa de Contratación y el vicesecretario general del Ayuntamiento, quien ostenta la secretaría de la Junta de Gobierno Local.

Así, concluye Marí Olano, la recomendación es imposible de cumplir “cuando el Ayuntamiento de Valencia no dispone de tal información, que por ende no es pública, ni tiene el derecho o la obligación de reclamársela al concejal José Marí Olano, ni éste tiene el deber de facilitar la referida información al Ayuntamiento de Valencia”. Seguirá sin proporcionar la relación de empresas con las que ha trabajado.

El Institut Català d’Oncologia (ICO), perteneciente al Departament de Salut de la Generalitat, troceó contratos de manera “irregular” para esquivar un concurso público entre 2023 y 2025, según demuestran documentos obtenidos por elDiario.es.

Las presuntas irregularidades incluyen también el pago duplicado de servicios que ya tenían licitados, así como una gestión “inadecuada” del presupuesto para materiales que implicó sobrecostes “excesivos y descontrolados” para el erario.

El ICO abrió el pasado noviembre un expediente a media docena de dirigentes y exdirigentes de esta empresa pública por, en algunos casos, “negligencia grave” en la gestión presupuestaria y administrativa de este organismo de referencia en asistencia de enfermos de cáncer, cuya financiación depende íntegramente del Govern.

El ICO es un ente con cuatro centros en diversos hospitales de la red pública asistencial —Bellvitge, Girona, Tarragona y Badalona— dedicado a la prevención, la asistencia, la investigación y la formación especializada en el cáncer. Actualmente, es el centro oncológico de referencia para más del 40% de la población adulta de Catalunya. 

Los expedientes se abrieron tras una denuncia anónima de un trabajador el pasado abril, en un caso que era conocido por buena parte de los dirigentes del ICO sin que nadie actuara, según figura en los expedientes a los que ha tenido acceso esta redacción. 

Se incoaron procedimientos contra el Jefe de Contratación administrativa, el Jefe de Mantenimiento, el Jefe del Servicio Económico, el Jefe de Servicios Generales e Infraestructuras y el Jefe de Proyectos. Algunos de ellos habían abandonado el ICO durante los meses previos a la presentación de la denuncia anónima. 

Algunos de estos dirigentes habrían propiciado, siempre según la documentación, prácticas contrarias a la normativa de contratación pública que tuvieron un “impacto económico y reputacional” para el ICO.

Unas obras fraccionadas en contratos de 49.000 euros

Uno de los focos de la investigación interna es el fraccionamiento de las obras de remodelación de las oficinas de Servicios Generales del ente. El proyecto, cuyo coste asciende por ahora a 251.000 euros (todavía sin acabar), fue troceado en ocho contratos menores inferiores a 49.000 euros para así evitar la preceptiva licitación. 

El jefe de Contratación Administrativa declaró que, ante la urgencia en ejecutar esas obras, desde la dirección del ICO se le pidió buscar la manera de tramitarlo como contratos menores y se acabó dividiendo la obra en lotes. Este dirigente declaró que avisó de que el procedimiento adecuado era hacer un concurso, pero aun así tiró adelante con el fraccionamiento. 

El Jefe de Proyectos, por su parte, justificó el fraccionamiento de contratos asegurando que en su experiencia previa en el sector farmacéutico privado estaba acostumbrado a hacer las cosas “de esa manera”.

Las irregularidades también están vinculadas al contrato de mantenimiento del ICO. La empresa adjudicataria COMSA, salpicada en el pasado por el caso 3%, facturaba aparte trabajos como reubicaciones de lugares de trabajo, telefonía, redes o reparaciones de maquinaria por las que ya cobraba en virtud de una adjudicación por labores de mantenimiento, de manera que acababa cobrando dos veces por los mismos servicios. 

“Se refleja una reiteración de contratos menores en el área de mantenimiento a favor de COMSA” o de “empresas vinculadas” a este compañía, apunta el expediente, “y la aportación por parte de COMSA de proveedores ‘competidores’, lo cual erosiona la concurrencia real”.

Este aspecto, junto a un aumento “excesivo y descontrolado” de costes en la partida de materiales —cuyo límite pasó de 75.000 a 500.000 euros— supuso un exceso de gasto para esta entidad que superó “los límites legalmente establecidos”, apunta el expediente.

Desde esta entidad responden a elDiario.es que el caso no afecta a cinco personas con perfil directivo, sino solo a “una persona directiva de primer nivel”, siendo el resto “responsables de distintas áreas y distintos niveles” bajo responsabilidad del mismo dirigente.

Explican que los hechos ocurrieron bajo una dirección distinta a la actual —aunque las irregularidades se registran hasta la primavera de 2025— y que a los implicados que aún trabajan en el ICO se les han aplicado “medidas disciplinarias”, sin precisar cuáles. Añaden que la entidad ha realizado un “cambio organizativo inmediato” para separar el área de contratación y compras del área de gestión económica.

“Se ha activado un plan de actuación para diagnosticar, analizar y supervisar el estado actual de los procesos de contratación”, responde una portavoz. “Se están revisando los mecanismos de control interno y aplicaremos las medidas que sean necesarias para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro”.

Desde el Departament de Salut “valoran positivamente” la gestión del caso. “Se constata que las herramientas de control del ICO han funcionado correctamente”, apuntan.

Antecedentes de mala gestión en el ICO

El expediente abierto a media docena de dirigentes y exdirigentes de esta entidad ha llegado apenas dos años después de que el antiguo director general del ICO, Ramon Salazar, dimitiera de su cargo por haber cobrado pagos de hasta siete farmacéuticas sin declararlos al portal de Transparencia.

El caso, distinto al revelado en este artículo, fue publicado por El Periódico de Catalunya y puso la lupa sobre el descontrol en la gestión económica del ICO, al destaparse también que Salazar estaba detrás de una empresa que organizaba jornadas anuales sobre cáncer, patrocinadas por laboratorios, bajo el sello de alguna institución sanitaria pública de Catalunya.