<![CDATA[elDiario.es - Contratación pública]]> 10 <![CDATA[La Justicia europea dicta que España no cuenta con medidas para sancionar la contratación abusiva de interinos en el sector público]]> La Justicia europea dicta que España no cuenta con medidas para sancionar la contratación abusiva de interinos en el sector público

El TJUE señala que transformar los contratos temporales en una relación laboral indefinida no fija, el pago de indemnizaciones al trabajador y la convocatoria de procesos selectivos no son suficientes para acabar con el abuso de la contratación temporal de interinos

El abogado general de la UE señala que en España no hay medidas efectivas para sancionar el abuso de sucesivos contratos que sufren los interinos

Varapalo para España en su trato a los interinos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha hecho pública este martes una sentencia en la que señala que “las medidas previstas en España para sancionar la utilización abusiva” de contratos temporales en el sector público “no resultan conformes con el Derecho de la UE”. El Gobierno responde que la sentencia no es sancionadora y no afecta a la normativa española.

El Tribunal de Justicia considera que estas medidas -la transformación de estos contratos en una relación laboral indefinida no fija; el pago de indemnizaciones al trabajador en el momento de la extinción de la relación laboral; el régimen de responsabilidad de las Administraciones Públicas y la convocatoria de procesos selectivos que tienen en cuenta la experiencia anterior del trabajador y el tiempo de servicio dedicado por este al desarrollo de sus tareas- “no parecen permitir sancionar debidamente esta utilización abusiva ni eliminar las consecuencias del incumplimiento del Derecho de la UE”.

Relación laboral indefinida no fija

Según el TJUE, la transformación de los sucesivos contratos de duración determinada en una relación laboral indefinida no fija “no constituye una medida adecuada para sancionar debidamente los abusos”, ya que “supone mantener una relación laboral de naturaleza temporal”, de manera que no se acaba con “la situación de precariedad del trabajador afectado”. El TJUE recuerda que “la estabilidad en el empleo ha sido concebida como un componente primordial de la protección de los trabajadores”.

El Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública ha respondido que la sentencia no impone una sanción ni afecta a la normativa española, ya que “el Acuerdo Marco (directiva europea) no impone a los Estados miembros una obligación general de transformar en contratos por tiempo indefinido los contratos de trabajo de duración determinada”, informa Germán Aranda.

Lo considera, por tanto, una sentencia “meramente aclaratoria” como respuesta a la prejudicial planteada por el Tribunal Supremo, que preguntó si el marco constitucional era contrario a la directiva. Sin plantear qué medidas tomará para adaptarse a la sentencia del TJUE, el ejecutivo defiende que seguirá trabajando por reducir la temporalidad, así como defiende las medidas llevadas a cabo hata la fecha, que han permitido reducir la temporalidad en el sector público del 39% en 2023 al 32,7% en la actualidad.

Indemnizaciones

Además, la Justicia europea descarta que las indemnizaciones previstas por la normativa española que se pagan con la extinción de la relación laboral puedan eliminar las consecuencias del incumplimiento del Derecho de la UE en todas las situaciones de utilización abusiva de sucesivos contratos de personal interino.

Convocatoria de procesos selectivos

A lo que hay que añadir que el TJUE señala que “tampoco constituye una medida adecuada para prevenir y sancionar los abusos la convocatoria de procesos selectivos” porque aunque “se valoran la experiencia previa del trabajador afectado y el tiempo de servicio dedicado al desarrollo de sus tareas, esta valoración no se limita a aquellos candidatos que hayan sido víctimas de esos abusos”. Además, el Tribunal europeo incide en que “es posible que el trabajador en cuestión no participe en el proceso selectivo o que no lo supere” y que “la valoración de la experiencia y del tiempo de servicio mencionados parece favorecer a todos los trabajadores temporales que tengan dicha experiencia, incluidos los que no hayan padecido el abuso”.

Responsabilidad de las Administraciones Públicas

Por otro lado, en lo que respecta al régimen de responsabilidad de las Administraciones Públicas, el TJUE señala que dicho régimen “no constituye una medida adecuada, en el sentido de la cláusula 5, cuando tiene un carácter ambiguo, abstracto e imprevisible y no va acompañado de otras medidas efectivas, disuasorias y proporcionadas que permitan eliminar las consecuencias del incumplimiento del Derecho de la Unión”. Por este motivo, señala al Tribunal Supremo que debe comprobar “si el régimen de responsabilidad previsto en la legislación española ”se basa en disposiciones nacionales precisas, previsibles y aplicables en la práctica, de modo que permita sancionar debidamente a la Administración Pública“.

En esta ocasión la decisión judicial del tribunal europeo viene por el Caso Obadal: Una trabajadora viene desempeñando funciones de cuidadora de niños como personal laboral desde marzo de 2016 en un centro educativo público dependiente de la Comunidad Autónoma de Madrid. Su relación laboral se ha basado en seis contratos de duración determinada de interinidad sucesivos, todos ellos destinados a cubrir una vacante o a sustituir a un trabajador.

Los tribunales españoles dictaron que la relación laboral como relación “laboral indefinida no fija”, con el argumento de que sus sucesivos contratos de duración determinada habían sido objeto de una utilización abusiva. Esto significa que la trabajadora permanecerá en su puesto hasta que este se cubra definitivamente mediante un proceso selectivo y que recibirá una indemnización en el momento de la extinción de su relación laboral. Tras esta decisión, la trabajadora continuó con la pelea judicial y elevó su caso al Tribunal Supremo con el objetivo de que de declare su relación laboral como fija.

Sin embargo, el Supremo elevó, una vez más, una consulta a Luxemburgo para que el TJUE aclare si la normativa y la jurisprudencia de España relativas al concepto de relación laboral indefinida no fija son conformes con los requisitos derivados de la cláusula 5 del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de duración determinada, es decir, si contienen medidas adecuadas para sancionar dichos abusos en el sector público.

El Acuerdo Marco sobre el Trabajo de duración determinada es una norma europea que busca mejorar la calidad del empleo temporal, garantizando la no discriminación frente a trabajadores fijos y, en teoría, limita el abuso de contratos sucesivos.

]]> <![CDATA[En pausa la privatización de la limpieza en los colegios de Sevilla tras los recursos presentados por las patronales del sector]]> En pausa la privatización de la limpieza en los colegios de Sevilla tras los recursos presentados por las patronales del sector

Las asociaciones de empresarios alegan que el precio de la licitación es insuficiente para atender los costes del servicio. El Ayuntamiento apunta a un mero trámite administrativo y confía en reanudar el proceso cuando se resuelva el recurso

Fin al conflicto de la limpieza en los colegios de Sevilla con un acuerdo que zanja meses de protestas por la privatización

El Ayuntamiento de Sevilla se ha visto obligado a frenar el proceso para externalizar la limpieza de los colegios públicos, después de que las principales patronales del sector hayan recurrido los pliegos de la licitación. Esta pausa llega justo cuando el camino parecía haberse despejado merced al acuerdo alcanzado con la plantilla municipal que ponía fin a meses de conflicto.

Tras sortear el escollo de la presión sindical con el pacto firmado el pasado Viernes de Dolores, el Consistorio se enfrenta ahora a un nuevo impedimento: dos recursos interpuestos por las principales patronales del sector de la limpieza en España, la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel) y las Asociaciones Federadas de Empresarios de Limpieza Nacionales (Afelin), al entender que el precio ofertado –25 millones de euros– es muy ajustado, tal y como ha adelantado El País y ha podido confirmar SevillaelDiario.es.

La impugnación de los pliegos mantiene en suspenso el procedimiento a la espera de su revisión por parte de la Secretaría General. Pese a ello, desde el Ayuntamiento restan importancia a la paralización actual del proceso y la enmarcan en el funcionamiento habitual de la contratación pública. Según indican fuentes municipales a este medio, se trata de un “trámite administrativo” habitual cuando se registran recursos en una licitación pública, algo que ocurre “cada semana en todas las áreas”.

En este sentido, subrayan que la suspensión no pone en riesgo el proceso ni altera los planes del Gobierno local, sino que responde a la necesidad de analizar y resolver los recursos antes de continuar con la adjudicación. Una vez superado este paso, añaden, la licitación se reanudará y seguirá su curso.

Costes “insuficientes” para cubrir el servicio

Los recursos presentados por las principales patronales del sector de la limpieza cuestionan dos aspectos clave de los pliegos aprobados por el Ayuntamiento hispalense. En primer lugar, el presidente de la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel), Juan Ignacio Beltrán, señala a este periódico que “los costes previstos no son suficientes para cubrir el servicio, ya que los gastos reales estarían por encima de lo contemplado en la licitación”.

Además del precio ofertado, Beltrán apunta a una infraestimación del absentismo laboral, un factor especialmente relevante en el sector: “En la limpieza el absentismo ronda el 13%, mientras que la media está en el 7%; si no se calibra bien, supone un sobrecoste importante”.

Desde Aspel, su presidente informa que anualmente interponen entre 50 y 60 recursos sobre licitaciones públicas relacionadas con la limpieza cuyos pliegos no cumplen los parámetros adecuados para las empresas. En cuanto a los plazos, Beltrán indica que la resolución no debería demorarse en exceso. “Son procedimientos más ágiles que los judiciales; en aproximadamente un mes se sabrá si se estiman o no los recursos”, explica. En función de esa decisión, el Ayuntamiento podría rechazar la propuesta, introducir cambios en los pliegos o, en el otro extremo, optar por sacar una nueva licitación.

El proceso continúa

En la misma línea que el Gobierno local, el secretario de la sección sindical de CSIF en el Ayuntamiento, Rafael Román, enmarca la situación dentro de la normalidad de este tipo de procesos y asegura que la suspensión de los plazos no compremete ni el procedimiento ni el acuerdo alcanzado el viernes 27 de marzo. “Se suspende el plazo, no el pliego, y el procedimiento sigue adelante”, resume.

En cuanto al acuerdo con la plantilla, el representante sindical precisa que el conflicto también queda en suspenso mientras se cumplan los plazos pactados con el alcalde, aunque advierte de que podría reactivarse si estos no se respetan.

Con todo, la situación resulta llamativa por el momento en el que se produce. El conflicto por la limpieza de los colegios ha sido uno de los principales focos de tensión en la ciudad en los últimos meses, hasta el punto de provocar protestas, encierros y movilizaciones por parte de la plantilla municipal de limpieza en contra de la privatización.

El pulso se dio por cerrado hace apenas unos días con un acuerdo entre el Ayuntamiento y los sindicatos, que garantizaba el mantenimiento del empleo y rebajaba la conflictividad generada por el anuncio de externalización del servicio. Ese pacto puso fin a semanas de enfrentamiento y permitió encauzar una tensión que había ido en aumento desde principios de año.

Ahora, con el procedimiento en pausa, el proceso entra en una fase técnica que, según las fuentes consultadas, no debería prolongarse en exceso ni tener mayores consecuencias sobre el desarrollo de la licitación.

]]> <![CDATA[Gerard, el ingeniero que ha expuesto todos los contratos públicos de Catalunya: "Ojalá lo hubiera hecho la Generalitat"]]> Gerard, el ingeniero que ha expuesto todos los contratos públicos de Catalunya: "Ojalá lo hubiera hecho la Generalitat"

Dos webs lanzadas por un particular recogen la contratación y subvenciones del Govern, diputaciones y ayuntamientos de forma sencilla y conectando las empresas con sus responsables físicos

¿Inteligencia artificial anticorrupción? Esta startup quiere que sea el “perro guardián” de los contratos públicos

Se llama Gerard Giménez Adsuar, es ingeniero de inteligencia artificial y analista de datos y acaba de lanzar dos webs que permiten a cualquier usuario consultar todos los contratos públicos de las administraciones catalanas y todas las subvenciones concedidas durante los últimos años. “Toda la información proviene de bases de datos oficiales y abiertas, lo único que he hecho es ponerlas a disposición de quien quiera consultarlas”, resume, quitando hierro a lo que se ha convertido en un verdadero fenómeno en las últimas semanas.

Contractes.cat y subvencions.cat son las dos webs desde las que se pueden buscar con precisión entre el conjunto de contratos públicos y subvenciones que se han formalizado desde todas las administraciones catalanas, lo que incluye Generalitat, ayuntamientos, diputaciones y otras entidades públicas. Al menos en teoría, porque una incidencia técnica, que según el Govern está en vías de solucionar, ha desconectado de la plataforma desde el martes pasado los datos de subvenciones de los entes locales.

Toda la información que incluyen estos portales estaba ya disponible en los archivos del Govern, pero nunca nadie había hecho que fuese tan sencillo navegar entre la maraña de números. “Yo solo he hecho fácil el acceso a unos datos que ya eran públicos y que de hecho la administración tiene la obligación legal de publicar”, asegura este experto en datos nacido en Caldes de Montbui (Barcelona) hace 32 años.

De hecho, el proyecto se inició mucho tiempo atrás, cuando el analista comenzó a mirar en los archivos que el Govern ponía a disposición pública. “Encontré que el portal de contratación oficial no daba posibilidades de seguir hacia dónde iba el dinero público, ni de comparar o tener una visión histórica… así que se me ocurrió hacerlo más accesible”, indica. “Ojalá el propio Govern hubiera hecho una web así que pueda entender cualquiera”, añade.

Lo que ha hecho este analista de datos en sus dos webs es introducir las bases de datos que el Govern pone a disposición pública, pero con un buscador muy potente en el que aparece todo escribiendo simplemente el nombre de una entidad que otorga, una empresa o particular que recibe, o incluso el concepto del contrato o la subvención. Con 20 millones de subvenciones y 1,7 millones de contratos accesibles a un clic, los portales resultan muy atractivos.

Pero, además, Giménez fue un paso más allá y añadió una funcionalidad que convierte a estas webs en una herramienta mucho más potente: cruzó las bases de datos públicas con los nombres propios vinculados a empresas y organismos que figura en el registro mercantil.

Todo es conforme a la legalidad, porque todos son registros públicos. Pero el resultado es algo que no se había visto nunca, al menos en la contratación y subvenciones de la Generalitat: uno puede introducir un nombre propio y el sistema le devuelve todos los contratos que sus empresas han recibido de organismos públicos, ordenadas por conceptos, fechas y administración otorgante.

“No me gusta que se utilice para atacar a ningún colectivo”

Giménez había hecho un primer prototipo de sus webs hace ya cuatro años, pero había dejado el proyecto sin continuidad. Sin embargo, hace unos meses lo retomó. “Ahora hay herramientas que permiten construir este tipo de webs sin demasiado esfuerzo, algo importante porque yo tengo un trabajo al que tengo que atender”, explica Gerard, que es autónomo y se dedica a cuestiones relacionadas con datos e inteligencia artificial.

La página de contractes.cat se acabó publicando el 8 de febrero, aun sin conectarla con la parte de datos del registro de la propiedad, que implementó dos semanas después. Además de la información sobre contratos en crudo, la herramienta incluía también estadísticas, ránkings y diferente información útil. Pocos días más tarde, lanzó también subvencions.cat, en este caso con un formato más sencillo.

Desde ese momento las páginas han registrado miles de visitas. “Hemos llegado a tener 5.000 usuarios en un día. Puede parecer poco, pero ten en cuenta que esto lo estoy difundiendo yo solo, a mí me parecen muchísimas”, observa. Su trabajo se convirtió rápidamente en uno de los temas de conversación en redes y, el pasado martes, el diputado del PP Alejandro Fernández lo citó en el Parlament durante una pregunta formulada a Salvador Illa.

“Es curioso el tipo de cosas que busca la gente”, reflexiona Gerard. “Lo que llama más la atención son las subvenciones, pero también se busca mucho el propio ayuntamiento, sectores concretos… y después hay cosas sorprendentes. Yo no me esperaba que interesasen tanto los contratos y ayudas con el sector de los castellers, pero aparece todo el rato como una de las cosas más buscadas”, indica.

Este éxito ha ido en paralelo a que algunas cuentas en redes hayan utilizado la información accesible para cargar contra subvenciones recibidas por entidades relacionadas con la inmigración, con el colectivo LGTBI o con colectivos feministas. Algunos de los mensajes iban acompañados de apreciaciones racistas o insultantes.

“Vi a gente, sobre todo relacionada con Aliança Catalana, diciendo cosas sobre ayudas con el nombre de 'Mohamed' que no me gustaron. Lo mismo cuando se usa para atacar iniciativas LGTBIQ+. No me gusta nada que esto se utilice para atacar a ningún colectivo”, explica Gerard.

De hecho, durante algunos días el fenómeno tomó un vuelo que llego a hacer que el propio autor de la web escribiera un mensaje en el que decía: “Me gustaría que subvencions.cat no se utilizara para atacar a ningún colectivo. ¿Dónde ha quedado juzgar a las personas por el contenido de su carácter y no por el color de su piel, que decía Martin Luther King. En todo caso, el énfasis debe ponerse en los políticos para que no cometan irregularidades a la hora de dar subvenciones. Señalar a un grupo étnico simplemente para recibirlo es muy pobre de espíritu”.

Dudas en los cambios de los datos por parte del Govern

Cuando las webs estaban en la cresta de la ola, algo ocurrió con la base de datos pública que alimentaba la web de subvencions.cat, la web que estaba siendo más visitada.

“El martes por la tarde, el buscador no funcionaba. Algunos usuarios me alertaron. Miramos si era un problema nuestro, pero luego comprobamos que nos habían cerrado el acceso. Primero pensé que quizás era algo automático por habernos pasado de peticiones, pero después vi que no era eso, sino que simplemente la base de datos había quedado cerrada para todo el mundo”, explica.

En conversación con este diario, Gerard descartaba ninguna mala praxis y atribuía la desconexión de los datos a alguna cuestión de carácter técnico. Mientras la web estuvo sin servicio, la conectó a otro repositorio, también público, y que ofrecía unos datos con diferencias mínimas.

Sin embargo, el jueves por la mañana, los datos oficiales de subvenciones volvieron a estar operativos. “Tenemos identificado que han quitado la información sobre algunos organismos. En peso económico, yo diría que han quitado sobre un 10%”, afirma el autor de las webs.

Según han podido observar, el Govern habría sacado de la recopilación pública lo referente, sobre todo, a las subvenciones otorgadas por las entidades locales, es decir, diputaciones y ayuntamientos. “Desconozco si había datos que no debían ser públicos o lo han quitado por otras razones”, asegura Giménez.

Desde el Departamento de Economía, responsables del archivo de datos, explican que lo que ha ocurrido es una incidencia técnica que están en vías de resolver lo antes posible. Además, indican, mientras dura este problema que afecta a los datos sobre subvenciones de los entes locales, toda la información puede sacarse de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, dependiente del Gobierno central, donde esa información sigue disponible.

]]> <![CDATA[Andalucía suprimió el control previo a los contratos sanitarios a dedo tras paralizar la Intervención un gasto de 29 millones]]> Andalucía suprimió el control previo a los contratos sanitarios a dedo tras paralizar la Intervención un gasto de 29 millones

En agosto de 2020, la interventora jefe del Servicio Andaluz de Salud emitió el último informe de control previo que frenó un contrato de emergencia a clínicas privadas alegando que "ya había concluido el estado de alarma por el Covid-19". La Junta pidió un contrainforme para reactivarlo y, acto seguido, cambió el sistema de fiscalización interna para evitar nuevos "reparos"

Claves del carpetazo y la reapertura exprés de la causa judicial de los contratos sanitarios a dedo en Andalucía

El 11 de agosto de 2020, la interventora general del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Blanca Pons, paralizó un contrato de emergencia para la compra de “equipamiento médico inventariable para contingencia del COVID-19”, por valor de 28,8 millones de euros.

En un informe fiscal de disconformidad “con efectos suspensivos”, al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, la interventora puso “reparos” a la adjudicación a dedo, sin publicidad ni concurrencia competitiva, y paralizó el expediente alegando dos motivos: el primero, que ya había “concluido el estado de alarma” decretado por la pandemia de la COVID-19 [el 21 de junio de 2020]; y el segundo, que aquel expediente de gasto no venía avalado por acuerdo del Consejo de Gobierno, extremo obligatorio cuando un contrato excede de los ocho millones de euros.

Aquel fue el último informe de control previo de la interventora jefe del SAS, y el último, también, que paralizó un contrato de emergencia a una clínica privada, porque dos meses después el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno suprimiría la fiscalización previa, en el Consejo de Gobierno del 6 de octubre, para sustituirla por el control financiero permanente, esto es, auditorías a posteriori.

Los reparos que puso la interventora jefa del SAS en aquel último informe de fiscalización previa (verano de 2020) reaparecerían, dos años después, en casi una veintena de auditorías internas, ya bajo el sistema de control financiero permanente (a posteriori). Los interventores provinciales del SAS plasmaron en esos informes las “irregularidades” en la contratación de emergencia con clínicas privadas, que hoy sirven de base a dos investigaciones judiciales por prevaricación y malversación de fondos.

El PSOE y Podemos están personados como acusación popular. Los socialistas, que han recurrido el archivo de la causa en otro juzgado de Sevilla, denuncian una relación “causa efecto” entre la paralización de un contrato de emergencia por parte de la Intervención del SAS, en agosto de 2020, y la modificación urgente del sistema de fiscalización interna para dichos contratos, aprobada sólo meses después.

Siete fechas clave: de agosto a octubre de 2020

El 14 de marzo de 2020, el Gobierno de España decretó el estado de alarma por la pandemia de la COVID-19 que incluía, entre otras medidas, una flexibilización de las leyes de contratación del sector público para agilizar la respuesta de las comunidades a la crisis sanitaria desatada por el virus.

Ese mismo mes, el entonces director gerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán, firmó las primeras resoluciones “para la contratación de emergencia de servicios sanitarios complementarios para procesos quirúrgicos y procedimientos diagnósticos”, que daba cobertura a la tramitación de urgencia para expedientes de gasto millonario a dedo con clínicas privadas.

“Son muchos los pacientes que, durante el estado de alarma, a causa de la suspensión de la actividad asistencial programada, han visto pospuestos sus estudios diagnósticos, y vencidos sus plazos garantizados de respuesta asistencial”, justifica una resolución del 15 de julio de ese año.

El Gobierno central prorrogó seis veces el estado de alarma, del 14 de marzo al 21 de junio de 2020. A partir de esta última fecha, la Intervención Central del SAS consideró que la contratación sistemática por la vía de urgencia con la sanidad privada no estaba justificada y, el 11 de agosto, emitió un informe “de disconformidad con efectos suspensivos” que paralizó por primera vez un contrato a dedo.

En ese escrito, Pons también advertía de que las resoluciones de Guzmán que daban cobertura a ese contrato (del 13 y 20 de marzo) estaban “suscritas sin firma digital”. Se acababa de crear un precedente que comprometía el sistema de adjudicación directa del SAS con la sanidad privada.

Apenas una semana después, el 17 de agosto, la viceconsejera de Salud, Catalina García [hoy consejera de Medio Ambiente], respondió elevando a la Intervención General de la Junta de Andalucía un contrainforme, suscrito por el director general de Gestión Económica del SAS, José Antonio Miranda, que exponía sus “discrepancias” con los reparos que habían paralizado aquel contrato de 29 millones.

Ese contrainforme, al que ha tenido acceso elDiario.es, recoge los argumentos de Salud “contra el primer motivo de reparo” de la Intervención del SAS (esto es, ya había “concluido el estado de alarma”) y “contra el segundo motivo de reparo” (el Consejo de Gobierno no había autorizado un expediente de gasto superior a los ocho millones de euros, como establece la Ley de Presupuestos de Andalucía).

Dos motivos de reparto, uno desestimado y otro obviado

Sobre el primer reparo, la Consejería de Salud critica la “falta de fundamentación expresa”; advierte de “la intrascendencia de que la tramitación de emergencia se realice una vez concluido el estado de alarma, habida cuenta que se ampara en la normativa aplicable ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19”; y alega que “la firma digital no resultaba exigible en este caso ni se enmarcaba dentro de un procedimiento electrónico”.

La entonces interventora general de la Junta (Amelia Martínez, hoy viceconsejera de Hacienda) recibió ese contrainforme de la Consejería de Salud el 20 de agosto y, de inmediato, instó a los servicios jurídicos del Gobierno andaluz a resolver el conflicto entre ambas partes.

Sin embargo, Martínez obvió el primer motivo de reparo expuesto por la interventora jefa del SAS en su informe, y pidió a los letrados que se posicionaran exclusivamente sobre “el segundo”.

Un mes después, el 14 de septiembre, el Gabinete Jurídico de la Junta emitió un informe que desbloqueó el contrato de emergencia de 28,9 millones. El documento, que obra en poder de los jueces, da la razón a la Consejería de Salud al concluir que la autorización del Consejo de Gobierno a un expediente de gasto superior a los ocho millones no era preceptiva en este caso.

Pero los letrados no se pronuncian en ningún momento sobre el principal reparo que expuso la interventora jefa del SAS (esto es, que el estado de alarma había concluido cuando Salud autorizó ese nuevo contrato de emergencia a dedo), porque la interventora general de la Junta no preguntó sobre este punto.

Las acusaciones ven aquí un punto ciego en la investigación, porque consideran que es el asunto mollar de la polémica. ¿Tiene amparo legal la contratación a dedo dos años y medio después de que el Gobierno central derogase el Real Decreto que habilitó a las comunidades para sortear los controles regulares y agilizar el gasto directo? ¿Dos años y medio después de que la Consejería de Hacienda advirtiera al SAS, por escrito, de que esa ley estaba “plenamente derogada” y que “el recurso a la contratación de emergencia” orientado a “hacer frente al COVID-19” debía tener “carácter excepcional y residual”. 

El 17 de septiembre, la Intervención General de la Junta desestimó el informe desfavorable de la auditora jefa del SAS y levantó la suspensión del contrato que ésta había paralizado un mes antes. En su escrito, Martínez resta importancia a la ausencia de una “firma digital”, recogida en el primer motivo de reparo, pero tampoco se pronuncia sobre la contratación a dedo una vez concluido el estado de alarma.

Lo que sí hizo la interventora general de la Junta, según consta en su escrito, es una consulta a la Asesoría Jurídica de la Consejería de Hacienda para solicitar un “informe facultativo sobre el segundo motivo de reparo objeto de la discrepancia”. Ese informe avaló la decisión de Salud, al concluir que “en el caso de que la cuantía total estimada de un contrato de emergencia sea igual o superior a 8.000.000 euros, no es legalmente exigible que previamente autorice el gasto el Consejo de Gobierno”.

El SAS logró un aval de la Intervención General y del Gabinete Jurídico de la Junta para contratar a dedo con la sanidad privada “sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público, incluso el de la existencia de crédito suficiente”. Y, a pesar de todo, los reparos de los auditores del SAS a estirar la contratación de emergencia más allá del estado de alarma quedaron en sin evaluar, persistiendo el riesgo de que volvieran a paralizar otro expediente de gasto.

Un mes después, el 6 de octubre de 2020, el Consejo de Gobierno aprobó el polémico acuerdo que retiró los controles previos a los contratos sanitarios de emergencia, para sustituirlo por la fiscalización a posteriori. Este acuerdo desactivó los reparos que había planteado la principal responsable de fiscalización del SAS dos meses antes, y que paralizaron el contrato dedo de 28,9 millones. El mismo acuerdo aparece citado en todos los informes de disconformidad que los auditores del SAS emitieron a posteriori, sobre la contratación con la sanidad privada en los ejercicios 2021, 2022, 2023 y 2024.

Tras retirar los controles previos por acuerdo del Consejo de Gobierno, el SAS sistematizó la contratación a dedo con clínicas privadas, ligadas a las resoluciones del director gerente del 15 de julio de 2020, y prorrogadas hasta 2024. Esas adjudicaciones, que alcanza los 243 millones de euros, aún son objeto de investigaciones judiciales.

Una decisión clave sin autor material

Los altos cargos de la Junta que aparecen en esta secuencia de informes y contrainformes fueron citados a declarar en calidad de imputados o de testigos ante el juez de Sevilla que abrió la primera investigación por un supuesto delito de prevaricación en los contratos sanitarios de emergencia, entre 2020 y 2024: Blanca Pons, Miguel Ángel Guzmán, Catalina García, José Antonio Miranda y Amelia Martínez. Los tres últimos gerentes del SAS fueron imputados, pero la causa de Sevilla fue archivada, y la investigación sigue su curso en un juzgado de Córdoba y otro de Cádiz.

Una de las líneas de investigación apuntaba precisamente al Consejo de Gobierno y su decisión de retirar los controles previos a los contratos de emergencia. En su declaración ante el juez, los responsables directos admitieron que aquel acuerdo se adoptó sin “informe preceptivo”. Una semana antes, el 29 de septiembre de 2020, la ex interventora general de la Junta había firmado la “memoria” para proponer el cambio de fiscalización previa por el control financiero permanente a determinados gastos, pero en esa lista no incluyó los contratos de emergencia del SAS.

Martínez aseguró ante el juez que esa decisión se adoptó verbalmente en un consejillo –la reunión de los viceconsejeros que prepara el orden del día del Consejo de Gobierno– entre la exviceconsejera de Salud, Catalina García, y el exnúmero dos de Hacienda, Roberto Ochoa. Y estos, a su vez, señalaron a los “técnicos” del SAS, incluido el ex responsable de Contabilidad, José Antonio Miranda. Cuatro altos cargos de la Junta justificaron las prórrogas a la contratación de emergencia con la sanidad privada, pero ninguno se hizo responsable directo de aquella decisión.

Las dos interventoras responsables de los informes desfavorables que censuraron la adjudicación a dedo a clínicas privadas se ratificaron ante el juez en los “incumplimientos detectados”. Las dos admitieron que se plantearon pedir un informe de actuación a la Consejería de Hacienda, una alerta por un posible delito de menoscabo de fondos, pero que finalmente lo descartaron al observar “cierta mejoría” en la contratación posterior.

]]> <![CDATA[El Gobierno de Asturias indemnizará a una trabajadora que encadenó 15 años de contratos temporales]]> El Gobierno de Asturias indemnizará a una trabajadora que encadenó 15 años de contratos temporales

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) condena a la administración regional por abuso de temporalidad al haber contratado temporalmente "en fraude de ley" a una animadora sociocultural de los Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA) que accedió finalmente a una plaza fija tras superar un proceso de estabilización

Las trabajadoras del ERA vuelven a la calle y acusan a la consejería de “demagogia y falta de respeto”

El Principado ha sido condenado por una contratación temporal “en fraude de ley”. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) así lo ha calificado en una sentencia donde declara el derecho a indemnización de una trabajadora que, tras más de 15 años de servicios en régimen de temporalidad, accedió finalmente a una plaza fija tras superar un proceso de estabilización.

La demandante, M.J.G.B., trabajadora de la red de Establecimientos Residenciales para Ancianos (Asturias), superó el proceso selectivo convocado para la provisión de 20 plazas de animadora sociocultural y el 14 de enero de 2025 suscribió un contrato laboral fijo a tiempo parcial.

Escrito de renuncia

La víspera presentó un escrito de renuncia al puesto que venía desempeñando en virtud de un contrato de duración determinada por obra o servicio suscrito el 30 de abril de 2009.

La trabajadora había participado en el proceso extraordinario de estabilización, lo superó y formalizó contrato fijo. Sin embargo, durante más de 15 años prestó servicios para el organismo público demandado en régimen de temporalidad, sin que la Administración promoviera en tiempo oportuno la cobertura reglamentaria de la plaza mediante oferta de empleo público.

La demanda

El abogado Adrián Pérez Suárez, de Efeso Abogados y letrado del Servicio Jurídico de la Unión de Sindicatos Independientes del Principado de Asturias (USIPA), integrado en Sindicatos Asturianos Independientes Federados (SAIF), interpuso una demanda, en nombre de la trabajadora, en materia de derechos y reclamación de cantidad contra ERA y la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar.

En esta demanda, solicitaba que se procediera al abono de la indemnización equivalente a 20 días de sus retribuciones fijas por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de 12 mensualidades, por la extinción de la relación indefinida no fija; subsidiariamente al abono de 7.500 euros en concepto de sanción por el abuso y la vulneración del Derecho de la Unión Europea (UE) en materia de contratación temporal, con las consecuencias legales que derivasen de tal declaración.

El recurso de suplicación

El caso recayó en el Juzgado de lo Social número 2 de Avilés (actual Plaza número 2 de la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Avilés) que desestimó la demanda.

La representación legal de la animadora cultural formalizó un recurso de suplicación que fue elevado a la Sala de lo Social del TSJA que ha dictado una sentencia donde, a través de 38 páginas, argumenta las razones que avalan el acogimiento de la petición de la trabajadora.

De izquierda a derecha, Carlos Suárez Peinado, Adrián Martínez Alconada, Alberto Suárez Martínez y Adrián Pérez Suárez, de Efeso Abogados.
De izquierda a derecha, Carlos Suárez Peinado, Adrián Martínez Alconada, Alberto Suárez Martínez y Adrián Pérez Suárez, de Efeso Abogados.

El abuso en la contratación

La cuestión litigiosa no giraba ya en torno al acceso a la fijeza, que se produjo tras superar el proceso selectivo, sino sobre si la prolongada utilización abusiva de la contratación temporal generaba un daño indemnizable, pese a haberse consolidado finalmente la plaza.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es Asturias, la Sala fundamenta su decisión en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) relativa a la cláusula 5 del Acuerdo Marco anexo a la Directiva 1999/70/CE.

La jurisprudencia

Entre las resoluciones citadas destaca la reciente STJUE de 29 de enero de 2026, que reitera una línea jurisprudencial consolidada que establece que “cuando se ha producido una utilización abusiva de sucesivos contratos de duración determinada, los Estados miembros deben prever medidas proporcionadas, efectivas y disuasorias que sancionen el abuso y eliminen las consecuencias del incumplimiento del Derecho de la Unión”.

La Sala realiza una valoración expresa de la jurisprudencia invocada por la recurrente y destaca que estas resoluciones refuerzan la exigencia de que el ordenamiento interno disponga de mecanismos reales de reparación frente al abuso, y que no basta con soluciones meramente formales o neutras desde la perspectiva sancionadora.

Revocación de la sentencia de instancia

El TJUE recuerda que, si bien no se impone necesariamente la conversión automática en indefinido en el sector público, el ordenamiento nacional debe contar con otra medida efectiva que garantice la protección del trabajador. En particular, considera que un sistema indemnizatorio que presuma la existencia de daño, especialmente la pérdida de oportunidades de empleo estable, puede constituir una medida adecuada, dada la dificultad de probar ese perjuicio.

La exigencia de interpretación conforme obliga a los órganos jurisdiccionales nacionales a adaptar su jurisprudencia cuando resulte incompatible con los objetivos de la Directiva, un criterio que la Sala asume expresamente para fundamentar la revocación de la sentencia de instancia.

Sede del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).
Sede del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

La reparación

Uno de los puntos centrales de la sentencia es la afirmación de que la mera convocatoria y superación de un proceso de estabilización no repara por sí sola el daño derivado del abuso.

La Sala razona que la indemnización tasada prevista para los trabajadores indefinidos no fijos en caso de cobertura reglamentaria de la plaza no cumple la función exigida por la cláusula 5 del Acuerdo Marco, puesto que se abona con independencia de que haya existido o no abuso.

Más de 15 años de precariedad

En el caso analizado, el perjuicio es claro: más de 15 años de precariedad, con la consiguiente pérdida de oportunidades de empleo estable y constata que la Administración incumplió su obligación de promover en tiempo oportuno la cobertura de la plaza. No obstante, la estabilización tardía, aunque culminara con éxito para la trabajadora, no elimina retroactivamente el daño sufrido.

La Sala subraya que el abuso en la contratación temporal del indefinido no fijo genera un perjuicio específico —la precariedad prolongada— que “exige una reparación efectiva, equivalente, proporcionada e íntegra”.

Un vínculo laboral distinto

Otro aspecto relevante es el tratamiento jurídico de la renuncia formalizada por la trabajadora para poder suscribir el nuevo contrato fijo.

El tribunal descarta que la renuncia pueda calificarse como dimisión en los términos del artículo 49.1.d) del Estatuto de los Trabajadores. La extinción del vínculo anterior se produce por cobertura reglamentaria de la plaza, causa legalmente prevista, y el nuevo contrato constituye un vínculo laboral distinto que no reaviva la relación anterior.

El derecho a indemnización

Esta conclusión se apoya en la doctrina del Tribunal Supremo, cuya interpretación resulta trasladable, como entiende la propia Sala, al supuesto en que el contrato posterior suscrito lo sea ya como personal laboral fijo.

Por tanto, ni la firma del contrato fijo ni la renuncia exigida como trámite previo pueden operar como obstáculos para el reconocimiento del derecho a indemnización por el abuso previo.

El fallo

La Sala estima así el recurso de suplicación interpuesto por la trabajadora, revoca la sentencia de instancia y declara su derecho a percibir una indemnización equivalente a 20 días de salario por año de servicio, con el límite de 12 mensualidades, condenando a la Administración a su abono.

La sentencia ha sido dictada por mayoría, ya que ha contado con el voto particular del magistrado José Luis Niño Romero, que preside la Sala de lo Social.

El voto particular

José Luis Niño discrepa de la opinión manifestada por los demás integrantes del tribunal: los magistrados Jorge González Rodríguez, Francisco José de Prado Fernández, Isolina Paloma Gutiérrez Campos, Catalina Ordóñez Díaz, María Cristina García Fernández, María de la Almudena Veiga Vázquez y Laura García-Monge Pizarro.

El presidente de la Sala expone, en el voto particular que ha emitido, que el recurso debería ser desestimado o, cuando menos, ser reconocida una indemnización inferior.

Contra esta sentencia, que no es firme, cabe interponer recurso de casación para la unificación de doctrina, que habrá de prepararse mediante escrito suscrito por letrado, presentándolo en la Sala de lo Social dentro del improrrogable plazo de los diez días hábiles inmediatos siguientes a la fecha de notificación de la misma.

María Guadalupe Lorenzo Aguilera, responsable del Servicio Jurídico de Usipa Saif
María Guadalupe Lorenzo Aguilera, responsable del Servicio Jurídico de Usipa Saif

Las valoraciones

El abogado Carlos Suárez Peinado, de Efeso Abogados, considera que la sentencia del TSJA puede calificarse como pionera, en la medida en que consolida de forma expresa el derecho a indemnización del personal laboral de la Administración pública por abuso en la temporalidad, incluso cuando ha superado un proceso de estabilización y ha accedido a la condición de fijo.

“Su relevancia práctica es indudable, sostiene el letrado Suárez Peinado, porque abre el camino para que otros trabajadores laborales del sector público que hayan sufrido situaciones similares, con años de contratación temporal abusiva seguidos de estabilización, puedan reclamar la correspondiente indemnización por el daño derivado de la precariedad prolongada”.

Más recursos similares

En un sentido similar se pronuncia la coordinadora del sindicato Usipa Saif, María Guadalupe Lorenzo Aguilera, quien ha asegurado a este periódico que esta sentencia será la primera de muchas otras resoluciones judiciales que seguirán el mismo camino que ésta ha abierto.

“Nuestro servicio jurídico tiene interpuestos otros recursos contra el Principado para acabar con el abuso de la contratación. Vendrán más sentencias como ésta de la animadora sociocultural”, ratifica.

]]> <![CDATA[La misteriosa mujer que factura 180.000 euros al Govern en contratos a dedo por llevar muestras de sangre en su coche]]> La misteriosa mujer que factura 180.000 euros al Govern en contratos a dedo por llevar muestras de sangre en su coche

El Instituto Catalán de Oncología lleva años fraccionando los servicios de mensajería y adjudicando parte de ellos a una particular sin ninguna empresa especializada

Investigación - El Instituto Catalán de Oncología troceó contratos y pagó servicios por duplicado a una constructora entre 2023 y 2025

Se llama Marina y llega en un Mercedes a la sede de Girona del Instituto Catalán de Oncología (ICO). Ahí recoge muestras biológicas de pacientes y los traslada con su vehículo a otros laboratorios que tiene la entidad así como al Banco de Sangre y Tejidos (BST).

Solo entre 2022 y mediados de 2025, Marina ha facturado por estos traslados 180.000 euros al Govern. Sin concurso, sin tener una empresa de transportes, sin ninguna experiencia que la avale: siempre con contratos inferiores a 15.000 euros para evitar el preceptivo concurso público. 

Durante años el ICO, cuyo presupuesto depende del departamento de Salud de la Generalitat, ha estado fraccionando contratos para evitar licitar todo tipo de servicios que deberían haber sido contratados tras un concurso público.

Este periódico desveló en enero que el ICO había abierto un expediente a varios directivos de la entidad después de que una denuncia interna alertara de que se estaban troceando los contratos de mantenimiento y duplicando pagos a una constructora. 

Las presuntas irregularidades en la contratación, sin embargo, no acaban ahí. También el servicio de mensajería de la entidad e incluso, en ocasiones, el traslado de pacientes en ambulancia llevan años adjudicándose a dedo mediante contratos menores, según un análisis de la contratación realizado por elDiario.es.

El ICO es un ente con cuatro centros en diversos hospitales de la red pública asistencial —l'Hospitalet de Llobregat, Girona, Tarragona y Badalona— dedicado a la prevención, la asistencia, la investigación y la formación especializada en el cáncer. Actualmente, es el centro oncológico de referencia para más del 60% de la población adulta de Catalunya. 

Los hechos desvelados muestran el descontrol en la contratación de un organismo público cuyo presupuesto asciende a 390 millones de euros. Los contratos que se han estado adjudicando a dedo cubren servicios que le cuestan al ICO cada año cientos de miles de euros. Solo el servicio de mensajería se calcula que asciende a casi medio millón de euros anuales.

Gracias a esta práctica irregular, una persona como Marina lleva facturando alrededor de 50.000 euros al año, IVA incluido, a este ente público con una media de tres contratos a dedo al año por servicios de mensajería sin ni siquiera tener una empresa especializada.

Preguntados por elDiario.es, desde el ICO no quieren precisar por qué se le han estado adjudicando tantos contratos a esta persona. Afirman que es una autónoma y “cumple en todo momento la normativa vigente”.

Respecto al traslado de muestras biológicas en un transporte particular, afirman que “se trasladan debidamente protegidas en contenedores adecuados” y añaden que no se requiere de “un medio de transporte específico” para su traslado entre centros.

Irregularidades sin responsables

Desde el ICO admiten las irregularidades en la contratación, pero en esta ocasión no se ha abierto ningún expediente ni se sancionará a ningún directivo por haber estado fraccionando contratos durante años. 

“En 2025 se detectaron las incidencias mencionadas y se inició la preparación de una licitación”, responden desde la entidad. “Tenemos un procedimiento de análisis de la contratación iniciado por la dirección actual de manera voluntaria, a raíz de la denuncia del año pasado”, remachan. 

La licitación por el servicio de mensajería por carretera, puesta en marcha tras denunciarse el troceo de contratos, asciende a 845.000 euros por los próximos dos años y actualmente está en fase de recepción de ofertas.

La actuación de la entidad en esta ocasión contrasta con el expediente que se abrió el pasado noviembre tras una denuncia anónima. La investigación apreció una “negligencia grave” en la gestión presupuestaria y administrativa por parte de algunos directivos de este organismo de referencia de la cura e investigación sobre el cáncer.

Se incoaron procedimientos contra el Jefe de Contratación administrativa, el Jefe de Mantenimiento, el Jefe del Servicio Económico, el Jefe de Servicios Generales e Infraestructuras y el Jefe de Proyectos. Algunos de ellos habían abandonado el ICO durante los meses previos a la presentación de la denuncia anónima. 

Los trabajadores del ICO mostraron recientemente a la dirección su enojo por el desaguisado en la contratación de la entidad. Según fuentes presentes en la conversación, los directivos trasladaron a los empleados que en esta ocasión no se abriría ningún expediente porque no se había presentado ninguna denuncia al canal ético de la entidad.

]]> <![CDATA[Claves del carpetazo y la reapertura exprés de la causa judicial de los contratos sanitarios a dedo en Andalucía]]> Claves del carpetazo y la reapertura exprés de la causa judicial de los contratos sanitarios a dedo en Andalucía

Un juez de Cádiz y otro en Córdoba investigan por prevaricación y malversación al Gobierno de Moreno por el abuso de contratos sin publicidad ni concurrencia competitiva con clínicas privadas entre 2020 y 2024. Otro juez de Sevilla archivó la causa sin cotejar el desfase de precios que paga la Junta al contratar servicios a dedo, y no por concurso público

Un juez abre la tercera investigación al Gobierno andaluz por “fraude” en los contratos a dedo con la sanidad privada

Las tres investigaciones judiciales contra el Gobierno andaluz por irregularidades en la contratación a dedo con la sanidad privada siguen caminos divergentes.

Un juzgado de Sevilla acaba de dar carpetazo a la causa por prevaricación en los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) entre 2020 y 2024, tras 15 meses de instrucción. Casi en paralelo, el juzgado de Cádiz que investigaba al SAS por malversación en el “fraccionamiento masivo e indebido” de contratos menores durante 2021 ha abierto una “pieza separada” para poner bajo la lupa la misma querella del PSOE que acaba de archivarse en Sevilla.

Este movimiento del juez Manuel Jesús Gómez, que pasó desapercibido en la última línea de una providencia firmada el pasado 4 de diciembre, ha empezado a caminar este lunes, cuando el magistrado imputó a dos altos cargos del SAS en Cádiz -el exgerente del hospital Puerta del Mar y el responsable de compras- y abrió una nueva línea de investigación. Ambos directivos tendrán que acudir a declarar al juzgado, acompañados de sus abogados, el próximo 24 de marzo.

La “ampliación” de la querella interpuesta por el PSOE, como acusación popular, viene a unificar las dos causas judiciales que salpican al Gobierno de Juan Manuel Moreno por adjudicaciones a dedo millonarias a la sanidad privada entre 2020 y 2024: el caso de los contratos troceados y el caso de los contratos de emergencia amparados en un Real Decreto ya derogado.

Ambos tienen el mismo origen: los informes “desfavorables” de la Intervención de la Junta de Andalucía que alertaron reiteradamente a la Consejería de Salud y al departamento de Hacienda de las “irregularidades” detectadas en los procedimientos de contratación del SAS con la sanidad privada, a dedo, sin publicidad ni concurrencia competitiva, y sorteando los controles habituales de los auditores.

La conexión entre ambas investigaciones forma parte de la estrategia procesal del PSOE, cuyos abogados han visto cómo, en apenas un mes, una de las causas se desinflaba, y otras dos cogían fuerza. La pieza separada que ha abierto el juez de Cádiz viene a corregir y ampliar la instrucción original, que partió de una denuncia de Podemos centrada exclusivamente en los contratos troceados del SAS.

Los socialistas, promotores de la querella por prevaricación contra los tres últimos gerentes del SAS en el juzgado de Sevilla, se personaron luego en el tribunal de Cádiz con la causa ya abierta, y con la idea de unificar todas sus denuncias en un mismo procedimiento.

Lo han logrado en este tribunal, pero también en otro de Córdoba, que ha abierto diligencias este mismo mes para investigar desde el principio tanto el abuso de los contratos menores -a través del fraccionamiento de un mismo contrato millonario por el mismo servicio y con la misma empresa para eludir los topes legales- como las prórrogas de los contratos de emergencia hasta 2024 usando un Real Decreto derogado en mayo de 2021, y en contra de las instrucciones de la propia Consejería de Hacienda.

La causa judicial abierta en Córdoba hace tres semanas, que instruye el magistrado José Luis Rodríguez Laínz, concentra toda la estrategia procesal del PSOE contra el “uso sistémico” de la adjudicación a dedo de contratos a empresas privadas, bien con la fórmula del contrato de emergencia, o bien a través del troceamiento recurrente de contratos menores.

La querella criminal se apoya, como las otras, en las denuncias que emitieron los interventores de la Junta de Andalucía en sus informes a posteriori de la contabilidad del SAS, de los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023. “Dado que este incumplimiento ha sido advertido en anteriores informes y recomendaciones, se trata de una práctica mantenida en el tiempo y cuyo montante sigue siendo amplio”, reza uno de las últimas auditorías del supervisor, que obra en manos de los jueces.

Tanto en el juzgado de Sevilla, como en Cádiz y Córdoba, los socialistas habían presentado cientos de expedientes de gasto del SAS con empresas privadas para denunciar hasta cinco delitos de corrupción: prevaricación administrativa, falsedad documental, fraude en la contratación pública, malversación de fondos y pertenencia a organización criminal.

De momento, el juez de Cádiz investiga si el Gobierno de Moreno malversó fondos públicos y el juez de Córdoba se centra en los delitos “administrativos”. Con la ampliación de su querella, el PSOE ha logrado en Cádiz algo que el juez de Sevilla les denegó: reclamar “auxilio pericial” a la Intervención General del Estado para que analice, de forma “global”, todos los expedientes de gasto bajo sospecha y que elabore informes sobre la justificación de los contratos, sobre los precios que autorizó el SAS y “el daño producido al erario público, aun de manera aproximativa o potencial” debido a la falta de publicidad y concurrencia competitiva.

Comparar los precios antes y después de los contratos a dedo

El juzgado de Cádiz investiga un delito de malversación, no es de extrañar que el magistrado haya pedido a los interventores que “revisen los precios” que pagaba el SAS a la sanidad privada usando los contratos de emergencia o el fraccionamiento masivo, y que los compare con los precios estipulados para los mismos servicios en un contrato ordinario en abierto, que la Junta dejó de usar como regla general entre 2020 (inicio de la pandemia) hasta 2025.

Lo que busca el juez con esta “evaluación de contraste” entre los precios contratados [a dedo] y los resultantes de haberse seguido los debidos procedimientos de la Ley de Contratos del Sector Público, mediando publicidad y concurrencia, es aclarar “si existió o no, la debida justificación de la prestación de los servicios contratados y abonados”. Para ello, el magistrado también ha pedido una comparativa de precios de los servicios sanitarios contratados en otras comunidades autónomas.

El juzgado de Sevilla ha ordenado archivar la causa sin llegar a cotejar este desfase de precios, de hecho, en su auto niega de plano esta posibilidad: “La contratación se desarrolló con todas las empresas sanitarias hasta entonces contratantes con el SAS, siendo así que no consta empresa o asociación alguna que haya cuestionado la contratación de emergencia, como tampoco perjuicio a la Administración, ni por exceso de gasto, ni por pérdida de Fondos europeos”, reza el escrito.

En la querella criminal interpuesta contra los tres últimos gerentes del SAS, el PSOE llegó a cuantificar en más de 24 millones el delito de malversación de caudales públicos, una cifra que representa el 10% de los 243 millones adjudicados a dedo entre 2021 y 2023 que están bajo sospecha. Ese 10% es la rebaja media que suele haber en las contrataciones públicas de la Junta de Andalucía sobre los precios de licitación, cuando se usa el procedimiento abierto, con publicidad y concurrencia competitiva, a resultas de las distintas ofertas que hacen las empresas interesadas para hacerse con el contrato.

Según los denunciantes, el abuso de la contratación a dedo durante más de dos años restringió esa libre competencia, lo cual redundó en “una presunta e indiciaria lesión al caudal público andaluz”. 

Defensa de la legalidad de los contratos

El Gobierno de Moreno ha defendido en todo momento la legalidad de los contratos del SAS y ha sacado pecho de su gestión sanitaria tras el archivo de una de las causas. Sin embargo, cuando elDiario.es destapó los informes de la Intervención censurando el abuso de la contratación de emergencia entre 2021 y 2024, la Junta se apresuró a anunciar la cancelación de ese tipo de contratos 24 horas después de la publicación (14 de marzo de 2023).

Entre 2019 -antes de la pandemia de coronavirus- y 2025, el SAS orilló la contratación en abierto, con publicidad y concurrencia, para hacer adjudicaciones directas de servicios, obras y prestaciones a empresas privadas elegidas a dedo, encadenando todas las variantes que le permite la Ley de Contratos del Sector Público: el contrato de emergencia, el contrato menor y el contrato negociado sin publicidad.

Las tres variantes son legales, pero pueden dejar de serlo si la Administración no argumenta una urgente e imperiosa necesidad que justifique saltarse los controles regulares y evitar un procedimiento en abierto ante una situación sobrevenida, imprevista o catastrófica, como una dana. O como lo fue la pandemia de Covid-19.

Los interventores del SAS consideraron -y así lo plasmaron en una docena de informes- que la pandemia no justificaba el uso sistemático del contrato de emergencia ya en 2021. Y menos en 2022, 2023 y 2024. El juez José Antonio Gómez, que acaba de dar carpetazo a la investigación más avanzada sobre este asunto, admite en su auto ese cúmulo de “irregularidades” detectadas por los auditores, pero concluye que “no hay delito”.

Y defiende justo lo contrario, que el impacto de la pandemia en la presión asistencial andaluza seguía justificando la contratación a dedo dos años y medio después de que la Consejería de Hacienda remitiera un escrito a Salud para que dejara de hacerlo y limitara este sistema a un uso “residual”.

Los órganos de fiscalización interna reprochan a la Junta de Andalucía haber convertido estas figuras excepcionales de contratación en la regla general del SAS, por la que se adjudicaron a dedo cientos de millones de euros a un puñado de empresas privadas. El carpetazo a la causa abierta en Sevilla va camina de un recurso de apelación por parte de las acusaciones, PSOE y Podemos, aunque es probable que la Fiscalía Anticorrupción se inhiba.

Otros dos juzgados siguen investigando, por separado, la adjudicación a dedo de 243 millones de euros a clínicas privadas a través de contratos de emergencia entre 2021 y mediados de 2023, prorrogando dos años y medio la vigencia de un Real Decreto derogado, que el Gobierno central habilitó durante el primer año de la pandemia para flexibilizar las compras de suministros y la contratación de servicios por parte de las administraciones.

También se investiga si hubo malversación en la concesión de 235 millones de euros en cientos de contratos menores troceados en 2021 en Cádiz, donde está imputado el responsable provincial de compras del SAS, que ya declaró ante el juez, junto a los interventores provinciales que emitieron un durísimo informe denunciando el “abuso” de los contratos menores y el “fraccionamiento” masivo de esos contratos con una misma empresa y por la misma prestación.

]]> <![CDATA[Un juez imputa a dos altos cargos de la sanidad andaluza en Cádiz por el caso de los contratos a dedo archivado en Sevilla]]> Un juez imputa a dos altos cargos de la sanidad andaluza en Cádiz por el caso de los contratos a dedo archivado en Sevilla

El juzgado de Cádiz que investigaba al Gobierno de Moreno por el fraccionamiento de contratos menores con la sanidad privada abre una pieza separada sobre los contratos de emergencia y cita como investigados al exgerente del hospital Puerta del Mar y al jefe de compras del Servicio Andaluz de Salud en esta provincia

Moreno usa el carpetazo a una de las tres causas judiciales por sus contratos a dedo para alardear de gestión sanitaria

Apenas tres días después de que un juzgado de Sevilla archivase la causa contra el Gobierno de Juan Manuel Moreno por prevaricación en los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con clínicas privadas, otro juzgado en Cádiz ha abierto una “pieza separada” para investigar la misma querella del PSOE -personado como acusación popular- y ha citado a declarar como imputados a dos altos cargos de la sanidad andaluza: el exgerente del hospital Puerta del Mar en Cádiz, Sebastián Quintero Otero, y al jefe de compras de la Junta del SAS en este provincia, Demetrio González.

El juez ha citado a los dos directivos a declarar como investigados, acompañados de sus abogados, el próximo 24 de marzo. En una providencia firmada el lunes, adelantada en la tarde de este martes por la Cadena Ser y a la que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz abre nuevas diligencias a partir de la ampliación de la querella presentada por el PSOE, que se unifica con la investigación ya en curso, a partir de una denuncia de Podemos.

La causa original en el juzgado de Cádiz se centraba en el abuso de contratos menores del SAS como un “fraccionamiento masivo” para burlar la ley. La nueva línea de investigación apunta a otro tipo de adjudicaciones directas: los contratos de emergencia con clínicas privadas, es decir, la misma causa que fue archivada el pasado viernes por un juez de Sevilla.

Ambas parten de las mismas denuncias de los interventores del SAS en las ocho provincias, que alertaron en sus informes desfavorables de las irregularidades en la contratación directa, sin publicidad ni concurrencia, con un puñado de clínicas privadas.

La querella que se acaba de archivar en Sevilla era la más trabajada -15 meses de instrucción- y documentada de las tres causas judiciales contra el SAS, aunque la Junta no estaba personada. Sí lo está -como responsable civil subsidiaria- en esta causa que instruye el juzgado de Cádiz por malversación en el fraccionamiento masivo de contratos menores.

Tanto en el juzgado de Sevilla, como en Cádiz y en otro tribunal de Córdoba, los socialistas presentaron cientos de expedientes de gasto del SAS con empresas privadas para denunciar hasta cinco delitos de corrupción: prevaricación administrativa, falsedad documental, fraude en la contratación pública, malversación de fondos y pertenencia a organización criminal.

Las adjudicaciones a dedo del SAS a la sanidad privada están siendo investigadas por estos dos juzgados andaluces, aunadas ya la denuncia del PSOE y la de Podemos: los contratos de emergencia sin aparente cobertura legal tras la pandemia; y el “abuso” de contratos menores encadenados, a través del fraccionamiento irregular de contratos por valor de 235,4 millones para “vulnerar” la ley, desde un tribunal de Cádiz.

El Gobierno de Moreno sólo está personado en el causa de los contratos troceados, primero se presentó como parte perjudicada y al poco modificó su personación a “responsable civil subsidiario”, admitiendo por primera vez que pudo haber algún desfalco en las cuentas públicas.

]]> <![CDATA[Cuatro altos cargos del Gobierno andaluz se acusan mutuamente ante el juez de retirar el control previo a los contratos sanitarios]]> Cuatro altos cargos del Gobierno andaluz se acusan mutuamente ante el juez de retirar el control previo a los contratos sanitarios

La viceconsejera de Hacienda, Amelia Martínez, responsabilizó a su predecesor en el cargo, Roberto Ochoa, y a la exconsejera de Salud, Catalina García, de dar la orden para retirar el control previo a los contratos de emergencia con clínicas privadas, y estos, a su vez, señalaron a los "técnicos", incluido el ex responsable de Contabilidad del SAS, José Antonio Miranda

El Gobierno andaluz confirma al juez que retiró el control previo a los contratos sanitarios a dedo sin un informe razonado

El juez que investiga al Gobierno de Juan Manuel Moreno por un posible delito de prevaricación en los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con clínicas privadas ha tomado declaración a cuatro altos cargos de la Junta -dos de la Consejería de Salud y dos de Hacienda- para esclarecer uno de los puntos ciegos del caso: quién ordenó retirar la fiscalización previa de los contratos sanitarios para sustituirla por auditorías a posteriori.

Este elemento no es baladí, porque la instrucción del juez busca comprobar si la retirada de los controles previos que venían realizando los interventores de la Junta de Andalucía influyó, facilitó o provocó las irregularidades en los contratos a dedo del SAS con la sanidad privada, denunciadas luego por esos mismos interventores en sus informes de contabilidad sobre los ejercicios 2021, 2022, 2023 y 2024, que han puesto bajo sospecha un montante de 243 millones de euros.

La decisión de excluir esos contratos de emergencia del SAS del control previo de la Intervención quedó plasmada por escrito en un acuerdo del Consejo de Gobierno del 6 de octubre de 2020, firmado por el entonces consejero de Hacienda (y hoy vicesecretario general del PP nacional), Juan Bravo, y por el propio presidente Moreno.

Pero, a día de hoy, el juez José Antonio Gómez no ha podido concluir quién adoptó esa decisión antes de que se hiciera firme por acuerdo del Consejo de Gobierno, porque ninguno de los cuatro altos cargos de la Junta de quienes dependía esa decisión política ha admitido ser el responsable directo.

Sus versiones, contradictorias y enfrentadas entre sí, enmarañan aún más la investigación y provocan un cisma al más alto nivel del Ejecutivo, tensando los músculos del entorno del presidente Moreno, que no está personado en esta causa, pero sigue la instrucción con muchísima atención. Se trata de dos miembros del Gobierno andaluz en activo -la consejera de Medio Ambiente (extitular de Salud) y la número dos de Hacienda-, y otros dos ya cesados -un exviceconsejero de Hacienda y el exnúmero tres del SAS, responsable de la contratación.

Los cuatro han comparecido ante el juez, en calidad de testigos, y han defendido que el sistema de control financiero permanente (a posteriori) es “más ágil y más eficaz” que la fiscalización a priori, dada la gran cantidad de contratos firmados por el SAS en las semanas posteriores a la pandemia de coronavirus.

Todos avalan ese sistema de control que se realiza después del gasto de dinero público, pero ninguno de los cuatro se ha hecho responsable directo ni ha admitido ante el juez ser el autor intelectual del cambio en el método de fiscalización de los contratos a dedo con la sanidad privada, clave en una investigación en la que está imputada por prevaricación la actual gerente del SAS, Valle García, y sus dos predecesores, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas.

Es más, los cuatro altos cargos del Gobierno andaluz incurrieron en contradicciones cuando declararon por separado ante el juez, imposibilitando un relato único de los hechos acontencidos en el consejillo del 1 de octubre de 2020, esto es, en la reunión de viceconsejeros previa al Consejo de Gobierno que aprobó la retirada del control previo a los contratos de emergencia del SAS. Todos “echaron balones fuera, se sacudieron la responsabilidad y señalaron al otro”, explican fuentes presentes en los interrogatorios.

A preguntas del juez sobre la autoría de ese acuerdo, la viceconsejera de Hacienda, Amelia Martínez (que entonces era la interventora general de la Junta), responsabilizó directamente a la actual consejera de Medio Ambiente, Catalina García (que entonces ocupaba el puesto de viceconsejera de Salud) y al exviceconsejero de Hacienda, Roberto Ochoa.

Ella tenía entonces las competencias para proponer una modificación en el sistema de fiscalización a determinados gastos o servicios de la Junta. Pero Martínez aseguró en sede judicial que la retirada del control previo a los contratos del SAS fue un “acuerdo verbal” que tomaron García y Ochoa en aquella reunión del consejillo, y explicó que su propuesta con la lista de gastos, órganos y servicios de la Junta excluidos de la fiscalización previa no incluía los contratos de emergencia del SAS.

Eso se añadió luego, en aquella reunión de viceconsejeros, y se elevó al Consejo de Gobierno sin el informe preceptivo de la Intervención. Aquella declaración de Martínez causó mucho revuelo en el Palacio de San Telmo, sede de la Junta, donde algunos se lamentaron de “falta de coordinación” en las defensas de la gestión del SAS.

El juez Gómez citó a declarar a los aludidos, García y Ochoa, que este martes negaron que la decisión política de retirar el control previo a los contratos sanitarios partiera de ellos -como había asegurado Martínez-, e indicaron que había sido cosa de sus “equipos técnicos”, sin especificar nombres.

Los abogados de PSOE y Podemos, personados en la causa como acusación popular, les preguntaron qué funcionarios o cargos intermedios de Salud y de Hacienda pudieron adoptar una decisión de carácter político, que tuvo que pasar por el consejillo antes de ser elevada al Consejo de Gobierno para su aprobación. Pero ni Ochoa ni García recordaban los nombres y se limitaron a explicar el procedimiento ordinario para que la propuesta de un departamento llegue a la “plataforma común” (una carpeta digital) donde recalan los asuntos que luego se aprobarán en la reunion semanal del presidente Moreno con sus consejeros.

En realidad, ese salto no depende de los técnicos de un departamento, porque un acuerdo de Gobierno no puede llegar al final del recorrido sin un informe preceptivo de la Intervención que, en este caso, no existía. No ha aparecido aún ningún documento oficial que avale la retirada del control previo a los contratos del SAS.

Ochoa explicó que recordaba “vagamente” haber tratado el cambio en el sistema de fiscalización con la entonces viceconsejera de Salud, “no directamente, pero sí entre nuestros equipos”. García insistió en que no recordaba aquel momento, y ofreció un testimonio más emocional -“volcada en salvar vidas”- tras asegurar que “no estaba en las cosas técnicas”.

La consejera de Medio Ambiente -exconsejera de Salud- sí señaló en su declaración a una persona concreta: el ex responsable de Contabilidad del SAS, José Antonio Miranda, que ocupó ese puesto con tres consejeros distintos -Jesús Aguirre (hoy presidente del Parlamento andaluz), García y Rocío Hernández- desde 2019 hasta su dimisión, en 2025, tres meses antes de que su nombre apareciera por primera vez en la instrucción judicial.

Miranda, veterano diputado del PP andaluz, también declaró como testigo ante el juez, pero su versión también contradijo la de sus compañeros. Los argumentos del que fuera responsable de Contabilidad del SAS durante los años que abarca la investigación judicial son los más conocidos, porque aparecen por escrito en las alegaciones que presentó la Consejería de Salud a todos los informes desfavorables de los interventores del SAS, tratando de justificar por qué se prorrogaron aquellos contratos a dedo amparándose en un marco legal ya derogado, y en contra de las directrices explicitas de la Consejería de Hacienda.

Los auditores desestimaron todas sus alegaciones, en algunos casos, tildándolas de meros “juicios de valor” sin aval técnico o jurídico.

Fiscalización más ágil, pero con menos controles

La fiscalización permanente -a posteriori- es más ágil, porque sortea los controles habituales previos a la autorización del gasto de dinero público, que es de lo que se trataba durante los primeros meses de la pandemia. Es lo que la exconsejera de Salud le contó el martes al juez, insistiendo en que la propia exinterventora le había explicado que el control previo se hacía con “un simple muestreo” de contratos, y por tanto, no era tan exhaustivo. Tampoco esto casa con la declaración que hizo Martínez.

El problema es que dos años y medio después de que el Gobierno derogase el Real Decreto que habilitaba a las comunidades a contratar por la vía de urgencia, la Junta de Andalucía siguió usando la contratación de emergencia sin fiscalización previa, y eso es lo que está bajo la lupa del juzgado ahora.

De las auditorías a posteriori, elaboradas por los interventores del SAS en las ocho provincias andaluzas, surgieron una decena de informes “desfavorables” que alertaron reiteradamente a la Consejería de Hacienda de irregularidades en la contratacion del SAS con clínicas privadas por un montante superior a los 243 millones de euros.

Los informes censuraban a la Junta por prolongar, entre 2021 y 2024, el marco legal habilitado en pandemia tras haber sido derogado, con objeto de estirar los contratos a emergencia con clínicas privadas y vaciar las abultadas listas de espera de pacientes para operarse, para lograr cita con un especialista o para obtener un diagnóstico. Así se venía haciendo hasta que elDiario.es lo hizo público, en marzo de 2023, y 24 horas después, el portavoz de la Junta anunció que cesaban esos contratos.

Los hechos investigados abarcan, sobre todo, el mandato de Jesús Aguirre, primer consejero de Salud del Gobierno de Moreno -actual presidente del Parlamento- que estuvo al frente cuando estalló la pandemia de coronavirus. Su número dos era Catalina García, ascendida a consejera en 2022, ya en esta legislatura, y al frente del departamento cuando el juez abre diligencias e imputa a los tres últimos gerentes del SAS. Los tres han declarado como imputados en el juzgado, escudándose en la pandemia para justificar la prórroga de los contratos a dedo hasta bien entrado 2024.

El paseíllo por los tribunales de los cuatro altos cargos de la Junta implicados en el caso de los contratos a dedo del SAS ha devuelto la instrucción al punto de partida y no ha ayudado al juez a esclarecer lo que buscaba: la exinterventora general de la Junta, hoy número dos de la Consejería de Hacienda, no incluyó los contratos de emergencia del SAS en su propuesta de fiscalización permanente (a posteriori), pero, una semana después, estos sí aparecieron en el acuerdo del Consejo de Gobierno.

En el escrito que la Intervención General de la Junta elevó a la Consejería de Hacienda aparecen siete gastos nuevos —subvenciones, indemnizaciones y gastos de personal—; en el anexo I del acuerdo de Gobierno posterior aparecen ocho, uno más. Ni los directivos al más alto nivel que ocupaban la Consejería de Salud entonces ni los de Hacienda se han responsabilizado de esa modificación que, en última instancia, lleva la firma del presidente Moreno.

]]> <![CDATA[Compromís censura que el concejal opaco de Catalá participe como invitado en los consejos de administración del Puerto: "Siembra la duda"]]> Compromís censura que el concejal opaco de Catalá participe como invitado en los consejos de administración del Puerto: "Siembra la duda"

El edil valencianista Ferran Puchades considera que la opacidad del edil de grandes proyectos, que no informa sobre las empresas con las que trabaja, pone en duda la neutralidad del Ayuntamiento de València en el consejo de la Autoridad Portuaria: "El reglamento establece la total incompatibilidad para formar parte del Consejo de aquellos que pudieran tener interés directo en empresas que tengan relaciones con la Autoridad Portuaria de València".

El concejal del PP de València que oculta para qué empresas trabaja también participa como “invitado” en los consejos del Puerto

La coalición Compromís censura que el edil de Grandes Proyectos del Ayuntamiento de València, que no informa sobre las empresas con las que trabaja como abogado, participe en los consejos de Administración del Puerto de València como consejero invitado. Como ha informado elDiario.es, José Marí Olano asiste a las sesiones junto a la alcaldesa de València, María José Catalá, unos espacios en los que se delibera sobre decisiones clave de la autoridad portuaria.

El edil de Compromís Ferran Puchades considera que la participación del concejal Marí Olano en las reuniones es “la confirmación de que el PP piensa que las instituciones son su cortijo por el que pueden campar como Pedro por su casa con total impunidad ni escrúpulo respecto de cuáles pueden ser las consecuencias de sus actos”. Puchades recuerda que conforme al artículo 21 del reglamento de funcionamiento, las sesiones del Consejo de Administración no son públicas; por tanto, “solo pueden acceder y participar los legítimos miembros, que además tampoco pueden delegar en ninguna persona externa, únicamente pueden ser representados por otro miembro del Consejo”.

En este sentido, Marí Olano, prosigue Puchades “ni siquiera podría ser miembro de pleno derecho del Consejo de Administración”, que recuerda que ·“el artículo 15 del reglamento de funcionamiento establece la total incompatibilidad para formar parte del Consejo de aquellos que pudieran tener interés directo en empresas que tengan relaciones con la Autoridad Portuaria de València”.

El edil de Compromís recalca que “por su historial sabemos que mantiene relaciones laborales y de interés con muchas empresas, lo que ha provocado su constante abstención en la Mesa de Contratación del Ayuntamiento”. De hecho, la alcaldesa decidió relevarlo y situar en su lugar a funcionarios, en aras de la transparencia. Empresas que, más de dos años después de entrar en el Ayuntamiento y durante ocho meses al frente de la mesa de contratación, siguen sin ser públicas. El edil de Grandes Proyectos se ampara en el secreto profesional de la abogacía, actividad para la que tiene compatibilidad, para no desvelar las firmas con las que colabora o ha colaborado.

“Desde Compromís ya exigimos que fuera relevado de la Mesa de Contratación y finalmente Catalá tuvo que dar su brazo a torcer y poner un funcionario público en su lugar cuando ya había ocasionado serias distorsiones y obstáculos en su funcionamiento ordinario”, recuerda Puchades, en referencia a las abstenciones del edil, que considera que “el inefable tándem Catalá-Marí pone en evidencia su neutralidad en otra institución” y compromete la representación municipal en el Consejo de Administración de la APV: “Siembran la duda racional sobre sus intereses particulares y su interferencia en la gestión de los recursos públicos”, valora. “Tendremos que hacer comprender a Catalá que hay unas normas y sobre todo debe haber una confianza en los representantes públicos que no tiene derecho a poner en duda”, sentencia.

]]> <![CDATA[Un juez abre la tercera investigación al Gobierno andaluz por "fraude" en los contratos a dedo con la sanidad privada]]> Un juez abre la tercera investigación al Gobierno andaluz por "fraude" en los contratos a dedo con la sanidad privada

Un juzgado de Córdoba abre diligencias contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por delitos de prevaricación, falsedad documental y fraude en el abuso de contratos menores con empresas privadas en esta provincia, durante la dirección de Valle García, actual gerente del SAS, imputada en otra causa judicial por irregularidades en los contratos de emergencia

Actualización - El consejero andaluz de Sanidad, tras la tercera causa judicial por los contratos a dedo: “Van a recibir el mismo palo” que Amama

Al Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno se le ha abierto otro frente judicial a las puertas de la campaña para las elecciones autonómicas. El Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba acaba de abrir una investigación contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) -la tercera en esta legislatura- por supuestas irregularidades en la contratación a dedo, sin publicidad ni concurrencia competitiva, con varias farmacéuticas, clínicas y otras empresas del sector sanitario privado durante los ejercicios 2020 y 2021.

El magistrado José Luis Rodríguez Lainz incoa diligencias previas “de carácter criminal” a partir de una querella presentada por el PSOE el pasado 30 de octubre, contra la plataforma logística del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, por el presunto abuso “generalizado” de contratos menores -y prórrogas de otros contratos vigentes- con las mismas sociedades privadas y por los mismos servicios, “para tratar de eludir el procedimiento ordinario”, vulnerando así la Ley de Contratos del Sector Público.

Es la tercera investigación judicial contra el Gobierno andaluz por supuestas irregularidades en la contratación pública con la sanidad privada, un ámbito en el que se ha volcado toda la oposición a Moreno para desgastar su imagen. La primera causa judicial contra el SAS nace de otra querella del PSOE en Sevilla (contratos de emergencia sin aparente amparo legal), la segunda parte de una denuncia de Podemos en Cádiz (“fraccionamiento masivo e indebido de contratos”).

La causa que se acaba de abrir contra el SAS en Córdoba es un compendio de las dos anteriores. Una macroquerella donde el PSOE ha unificado los contratos de emergencia y el fraccionamiento de contratos menores, partiendo de la misma raíz: los informes desfavorables de los interventores provinciales del SAS que, entre 2020 y 2024, alertaron reiteradamente a la Consejería de Salud y a la de Hacienda de las irregularidades en la contratación pública con clínicas privadas.

Los socialistas, en una prolija ampliación de su querella, presentaron al juez 577 expedientes de gasto bajo sospecha (contratos del SAS con empresas privadas), 334 correspondientes al ejercicio 2020, y otros 239 del año 2021, para terminar denunciando cinco delitos: prevaricación administrativa, falsedad documental, fraude en la contratación pública, malversación de fondos y pertenencia a organización criminal.

El juez, “tan solo y de momento”, ha abierto diligencias por los tres primeros (delitos administrativos), pues considera “débil” -cuando no “sospechas u opiniones subjetivas”- los argumentos jurídicos que expone el PSOE respecto al resto de infracciones criminales.

Rodríguez Lainz, conocido por su meticulosa instrucción del caso Bretón, redacta un auto de apertura de diligencias de 52 páginas -inusualmente largo- donde purga la gran mayoría de contratos bajo sospecha que presenta el PSOE en su querella, realizando un “juicio de exclusión de los expedientes” donde no percibe “indicios de infracción criminal”, sino “meras irregularidades administrativas”.

Aun así, deja la puerta abierta a lo que vaya revelando la instrucción. “La posible imputación de otras infracciones criminales, como malversación y pertenencia a organización criminal, o a nuevos expedientes administrativos distintos a los descritos como objeto de esta investigación dependerá de la evolución de las actuaciones”, subraya en un auto fechado el 11 de enero, al que ha tenido acceso elDiario.es.

En ese escrito, el magistrado señala directamente a Valle García, actual gerente del SAS, por su condición de directora del hospital cordobés durante los años que se investigan. García, imputada en otra causa judicial por presuntas irregularidades en los contratos de emergencia del SAS, aún no está siendo investigada formalmente, pero el juez ha ordenado que “se ponga en su conocimiento la existencia de este procedimiento”, que le afecta directamente.

El magistrado también ha solicitado que se informe de la apertura de diligencias a los servicios jurídicos del SAS, además ha reclamado 12.000 euros al PSOE para poder mantenerse personado en la causa como acusación popular, y ha remitido a la Fiscalía las primeras actuaciones para que elabore su informe. Fuentes de la Consejería de Sanidad, consultada por este periódico, ha asegurado “no tener constancia” de la apertura de nuevas diligencias procesales.

Solicitud de cientos de expedientes al SAS e informes de auditores

La investigación está en fase muy preliminar. En su auto, el juez mueve ficha y reclama una extensa documentación a la gerencia del SAS en Córodoba, para que remitan “copias íntegras de los expedientes de contratación” bajo sospecha; y a la Intervención Provincial del SAS le pide copia de “los informes emitidos por cada uno de los expedientes” donde aparecen las irregularidades denunciadas.

El magistrado también requiere a los servicios jurídicos del SAS en Córdoba un informe sobre la normativa general y específica que se aplica a la hora de “optar por la contratación menor o de emergencia y su justificación”, aplicadas a los ejercicios 2020 y 2021, que son objeto de esta investigación.

En los fundamentos jurídicos, Rodríguez Lainz pondera, por un lado, el uso estricto de la ley de contratación pública en el ámbito sanitario y, por otro, un contexto tan excepcional como fue la pandemia de Covid-19. Y este, en realidad, es el meollo del asunto en las tres causas judiciales que salpican al SAS: “Nos movemos en terrenos en los que se plantea un forzamiento del Derecho como forma de atender a las necesidades de la población, y no necesariamente del aprovechamiento de estas circunstancias para favorecer el despreciable enriquecimiento ilícito de concretas personas que, como servidores públicos, pudieran beneficiarse de esta desregulación o apartamiento de los cauces administrativos adecuados”.

Con todo, el juez procede con la investigación para “comprobar efectivamente si existió el fraccionamiento de contratos de obras o servicios, el abuso de la contratación de urgencia o la desregulación de operaciones de compra o suministros”.

Entre las diligencias ordenadas, el magistrado también reclama “identificar” al personal técnico destinado a tramitar los expedientes bajo sospecha, “con capacidad de decisión sobre los mismos”, y pide informes sobre el transcurso de dicha tramitación, “tanto previa como posterior”.

Por último, el magistrado reclama una aclaración sobre los criterios que aplicó el SAS para la selección de posibles licitadores en contratación menor o por trámite de urgencia, así como los procedimientos para garantizar en estas contrataciones la concurrencia competitiva de otros licitadores“. El juez no descarta, a la espera del informe que elabore el Ministerio Fiscal sobre las indagaciones realizadas hasta la fecha, que sea necesario abrir ”piezas separadas que faciliten el trámite“ de la investigación.

Lo que sí desecha el magistrado de momento, pese a la propuesta del PSOE en su querella, es citar a declarar como testigo a la interventora que elevó el informe desfavorable sobre la contratación del SAS en Córdoba; descarta ordenar un atestado policial a la Brigada Central de Investigación de Capitales y Anticorrupción, y pedir auxilio judicial pericial -en esta fase temprana del procedimiento- a la Intervención General del Estado.

Tres causas con una raíz común

Los tres casos tienen una raíz común: los informes desfavorables de los interventores del SAS que, reiteradamente, alertaron a la Consejería de Salud y de Hacienda de que el procedimiento de contratación entre 2020 y 2024 -sin publicidad ni concurrencia competitiva ni fiscalización previa- no tenía “justificación alguna”, carecía de “amparo legal” y era susceptible de provocar un “menoscabo de fondos” a las arcas públicas.

El juzgado de Sevilla investiga los contratos de emergencia del SAS con clínicas privadas entre 2021 y 2024, amparándose en el marco legal excepcional que se habilitó en pandemia cuando ya estaba derogado. Por esta causa ya han declarado ante el juez, en calidad de imputados por prevaricación, la actual gerente del SAS y sus dos predecesores en el cargo, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas.

En paralelo, un juzgado de Cádiz investiga el supuesto “abuso” en los contratos menores del SAS con clínicas privadas durante el ejercicio 2021, adjudicaciones a dedo concatenadas por el mismo servicio y con la misma empresa, que los interventores censuraron como un sistema de “fraccionamiento masivo” para eludir la Ley del Sector Público.

Esta última causa guarda más paralelismos con el procedimiento que acaba de abrirse contra el SAS en Córdoba. El juez Rodríguez Lainz ha decidido investigar la legalidad de múltiples expedientes de gasto y la relación contractual del SAS de Córdoba con importantes empresas del sector farmacéutico, como Sanofi, Gilead, Janssen, Boehringer y Albazul.

El PSOE andaluz, bajo la dirección de Juan Espadas, fue responsablee de la primera querella criminal que motivó la apertura de una investigación judicial en Sevilla por los contratos de emergencia del SAS con clínicas privadas. El pasado octubre, ya con María Jesús Montero como secretaria general y candidata en las andaluzas, denunció al mismo organismo en Córdoba, con el agravante de que la directora de este hospital provincial es hoy la número tres de la Consejería de Sanidad y está imputada.

]]> <![CDATA[El regidor de Contractació de València apartat per la seua opacitat continua sense publicar les empreses amb què treballa, malgrat haver-ho demanat el Síndic de Greuges]]> El regidor de Contractació de València apartat per la seua opacitat continua sense publicar les empreses amb què treballa, malgrat haver-ho demanat el Síndic de Greuges

L’Ajuntament de València no atendrà la resolució que obliga a traslladar a l’oposició informació sobre les firmes que assessora l’edil, ja apartat de la Mesa de Contractació, perquè el regidor no ha donat aquestes dades

Els contractes de l'Ajuntament de València en els quals s'ha apartat l'edil que oculta amb quines empreses treballa

L’Ajuntament de València, que dirigeix María José Catalá, continua embolicat en l’opacitat, malgrat els advertiments dels organismes estatutaris. El consistori del PP i Vox desou el Síndic de Greuges i no traslladarà a l’oposició la identitat de les empreses amb què treballa o ha treballat el regidor apartat de la Mesa de Contractació, José Marí Olano, després de la resolució del Síndic de Greuges. Marí Olano s’ha abstingut en nombrosos processos des que va ser nomenat delegat de contractació a l’abril, alguns contractes milionaris del consistori, a què han concorregut firmes amb què ha treballat. Va ser apartat d’aquesta responsabilitat al desembre per una qüestió de transparència, encara que el consistori continua negant la informació sobre les seues relacions professionals.

El consistori va enviar un escrit a l’òrgan estatutari que encapçala Ángel Luna en què rebutja la recomanació, motivada per una queixa de la regidora del PSPV Elisa Valía, que va reclamar que s’informara quines empreses ha assessorat com a advocat l’edil de contractació –apartat al desembre–, que pot exercir l’activitat privada, atés que ell mateix es va abstindre per a evitar incompatibilitats. El Síndic va considerar que l’Ajuntament havia de donar aquesta informació, encara que no constara en el registre d’activitat, perquè Marí Olano l’hauria comunicada en abstindre’s perquè algú ho comprovara.

L’edil qüestionat torna a defensar que la identitat de les empreses és emparada pel secret professional –“la identitat de les parts és la primera informació de tota relació de serveis professionals”, afirma– i rebutja que siga una informació necessària per a la fiscalització de la seua activitat. Considera que no cal saber amb quines empreses treballa per a vigilar que la firma o el grup puga rebre algun avantatge en processos de contractació i fa una comparació una mica hiperbòlica: demanar el nom d’empreses amb què ha treballat el regidor de contractació, argumenta, és com demanar que el regidor responsable de les sancions detalle les seues amistats i enemistats per a comprovar que no hi ha multes de més o de menys, o demanar el nom de familiars del responsable de tributs per a comprovar que no fa els ulls grossos en la recaptació de taxes i impostos municipals.

En el document remés al Síndic, subscrit pel regidor qüestionat, el mateix Marí Olano fa un repàs lexicogramatical de la resolució per a concloure que Luna s’equivoca en el seu plantejament. En primer lloc, arranca assenyalant que la informació no es pot facilitar a l’oposició, perquè el regidor mai li l’ha facilitada a l’Ajuntament. L’edil, que sempre s’ha emparat en el secret professional de l’advocacia per a ometre aquestes dades, no té cap objecció a reconéixer que “mai l’ha comunicada, declarada, manifestada o de qualsevol altra manera revelada a òrgan unipersonal o col·legiat, autoritat o cap funcionari de l’Ajuntament de València”.

El regidor Marí Olano, blindat per l’equip de govern, acudeix a la Reial Acadèmia Espanyola per a defensar el seu postulat, en un to que frega la mofa: “Note’s que el Síndic de Greuges utilitza en la seua argumentació el verb poder, i ho fa, a més, en el mode condicional, podria (...) En la primera accepció del verb poder com a verb transitiu, el diccionari de la Reial Acadèmia Espanyola el defineix com ”tindre expedita la facultat o potència de fer alguna cosa“, i verdaderament el regidor José Marí Olano tenia expedita la facultat o potència de revelar la identitat de la persona o les persones a què havia prestat serveis professionals. Però facultat no és deure, i potència no és acte, per la qual cosa, podent, el regidor no ho va fer”.

Després del repàs dels modes i temps verbals, en què s’esplaia explicant el condicional i qüestionant les jerarquies en l’Administració –“el titular de l’Alcaldia no és a cap efecte el superior jeràrquic d’un regidor (...) és el regidor –juntament amb la resta dels membres de la corporació– el que elegeix l’alcalde, i és el regidor –juntament amb la resta dels membres de la corporació– el que pot remoure’l del seu càrrec”, afirma en un escrit rajoyià– Marí Olano apunta que les abstencions dels regidors no han de ser acceptades o rebutjades, es fan i punt, i se’ls substitueix per un altre. Explica, a més, que només va comunicar les abstencions a qui havia de conéixer-la perquè constara: a la cap del Servei de Contractació –que tramita els procediments de contractació–, la secretària de la Mesa de Contractació i el vicesecretari general de l’Ajuntament, que deté la secretaria de la junta de govern local.

Així doncs, conclou Marí Olano, la recomanació és impossible de complir “quan l’Ajuntament de València no disposa d’aquesta informació, que, per tant, no és pública, ni té el dret o l’obligació de reclamar-la al regidor José Marí Olano, ni aquest té el deure de facilitar la informació esmentada a l’Ajuntament de València”. Continuarà sense proporcionar la relació d’empreses amb què ha treballat.

]]> <![CDATA[El concejal de Contratación de València apartado por su opacidad sigue sin publicar las empresas con las que trabaja pese a pedirlo el Síndic de Greuges]]> El concejal de Contratación de València apartado por su opacidad sigue sin publicar las empresas con las que trabaja pese a pedirlo el Síndic de Greuges

El Ayuntamiento de València no atenderá la resolución que obliga a trasladar a la oposición información sobre las firmas a las que asesora el edil, ya apartado de la Mesa de Contratación, porque el concejal no ha dado estos datos

Los contratos del Ayuntamiento de València en los que se ha apartado el edil que oculta con qué empresas trabaja

El Ayuntamiento de València que dirige María José Catalá sigue envuelto en la opacidad pese a las advertencias de los organismos estatutarios. El consistorio de PP y Vox desoye al Síndic de Greuges y no trasladará a la oposición la identidad de las empresas con las que trabaja o ha trabajado el concejal apartado de la mesa de contratación, José Marí Olano, tras la resolución del Síndic de Greuges. Marí Olano se ha abstenido en numerosos procesos desde que fue nombrado delegado de contratación en abril, algunos contratos millonarios del consistorio, a los que han concurrido firmas con las que ha trabajado. Fue apartado de esta responsabilidad en diciembre por una cuestión de transparencia, aunque el consistorio sigue negando la información sobre sus relaciones profesionales.

El consistorio envió un escrito al órgano estatutario que encabeza Ángel Luna en el que rechaza la recomendación, motivada por una queja de la concejala del PSPV Elisa Valía, que reclamó que se informara sobre a qué empresas ha asesorado como abogado el edil de contratación -apartado en diciembre-, que puede ejercer la actividad privada, dado que él mismo se abstuvo para evitar incompatibilidades. El Síndic consideró que el Ayuntamiento debía dar esta información aunque no constara en el registro de actividad porque Marí Olano la habría comunicado al abstenerse para que alguien lo comprobara.

El edil cuestionado vuelve a defender que la identidad de las empresas viene amparada por el secreto profesional -“la identidad de las partes es la primera información de toda relación de servicios profesionales”, afirma- y rechaza que sea una información necesaria para la fiscalización de su activiad. Considera que no hace falta saber con qué empresas trabaja para vigilar que la firma o grupo pueda recibir alguna ventaja en procesos de contratación y realiza una comparativa algo hiperbólica: pedir el nombre de empresas con las que ha trabajado el concejal de contratación, argumenta, es como pedir que el concejal responsable de las sanciones detalle sus amistades y enemistades para comprobar que no hay multas de más o de menos, o pedir el nombre de familiares del responsable de tributos para comprobar que no hace la vista gorda en la recaudación de tasas e impuestos municipales.

En el documento remitido al Síndic, suscrito por el concejal cuestionado, el propio Marí Olano realiza un repaso léxico-gramatical de la resolución para concluir que Luna se equivoca en su planteamiento. En primer lugar arranca señalando que la información no se puede facilitar a la oposición porque el concejal nunca se la ha facilitado al Ayuntamiento. El edil, que siempre se ha amparado en el secreto profesional de la abogacía para omitir estos datos, no tiene ningún reparo en reconocer que “nunca la ha comunicado, declarado, manifestado o de cualquier otra forma revelado a órgano unipersonal o colegiado, autoridad o funcionario alguno del Ayuntamiento de Valencia”.

El concejal Marí Olano, blindado por el equipo de gobierno, acude a la Real Academia de la lengua Española para defender su postulado, en un tono que roza la mofa: “Nótese que el Síndico de Agravios utiliza en su argumentación el verbo poder, y lo hace, además, en el modo condicional, podría (...) En la primera acepción del verbo poder como verbo transitivo, el diccionario de la Real Academia Española lo define como ”tener expedita la facultad o potencia de hacer algo“, y verdaderamente el concejal José Marí Olano tenía expedita la facultad o potencia de revelar la identidad de la persona o personas a las que había prestado servicios profesionales. Pero facultad no es deber, y potencia no es acto, por lo que, pudiendo, el concejal no lo hizo”.

Tras el repaso de los modos y tiempos verbales, en el que se explaya explicando el condicional y cuestionando las jerarquías en la administración — “el titular de la Alcaldía no es a ningún efecto el superior jerárquico de un concejal (...) es el concejal -junto con el resto de miembros de la Corporación- el que elige al alcalde, y es el concejal -junto con el resto de miembros de la Corporación- el que puede removerle de su cargo”, afirma en un escrito rajoyesco— Marí Olano apunta que las abstenciones de los concejales no tienen que ser aceptadas o rechazadas, se realizan y punto, y se les sustituye por otro. Explica, además, que solo comunicó las abstenciones a quien debía conocerla para que constara: a la jefa del Servicio de Contratación -quien tramita los procedimientos de contratación-, la secretaria de la Mesa de Contratación y el vicesecretario general del Ayuntamiento, quien ostenta la secretaría de la Junta de Gobierno Local.

Así, concluye Marí Olano, la recomendación es imposible de cumplir “cuando el Ayuntamiento de Valencia no dispone de tal información, que por ende no es pública, ni tiene el derecho o la obligación de reclamársela al concejal José Marí Olano, ni éste tiene el deber de facilitar la referida información al Ayuntamiento de Valencia”. Seguirá sin proporcionar la relación de empresas con las que ha trabajado.

]]> <![CDATA[El Instituto Catalán de Oncología troceó contratos y pagó servicios por duplicado a una constructora entre 2023 y 2025]]> El Instituto Catalán de Oncología troceó contratos y pagó servicios por duplicado a una constructora entre 2023 y 2025

El centro público sobre el cáncer abre un expediente a media docena de dirigentes por presuntas irregularidades en la gestión presupuestaria y administrativa

Hemeroteca - Fira de Barcelona adjudicó sin concurso un contrato millonario por los servicios audiovisuales en uno de sus centros

El Institut Català d’Oncologia (ICO), perteneciente al Departament de Salut de la Generalitat, troceó contratos de manera “irregular” para esquivar un concurso público entre 2023 y 2025, según demuestran documentos obtenidos por elDiario.es.

Las presuntas irregularidades incluyen también el pago duplicado de servicios que ya tenían licitados, así como una gestión “inadecuada” del presupuesto para materiales que implicó sobrecostes “excesivos y descontrolados” para el erario.

El ICO abrió el pasado noviembre un expediente a media docena de dirigentes y exdirigentes de esta empresa pública por, en algunos casos, “negligencia grave” en la gestión presupuestaria y administrativa de este organismo de referencia en asistencia de enfermos de cáncer, cuya financiación depende íntegramente del Govern.

El ICO es un ente con cuatro centros en diversos hospitales de la red pública asistencial —Bellvitge, Girona, Tarragona y Badalona— dedicado a la prevención, la asistencia, la investigación y la formación especializada en el cáncer. Actualmente, es el centro oncológico de referencia para más del 40% de la población adulta de Catalunya. 

Los expedientes se abrieron tras una denuncia anónima de un trabajador el pasado abril, en un caso que era conocido por buena parte de los dirigentes del ICO sin que nadie actuara, según figura en los expedientes a los que ha tenido acceso esta redacción. 

Se incoaron procedimientos contra el Jefe de Contratación administrativa, el Jefe de Mantenimiento, el Jefe del Servicio Económico, el Jefe de Servicios Generales e Infraestructuras y el Jefe de Proyectos. Algunos de ellos habían abandonado el ICO durante los meses previos a la presentación de la denuncia anónima. 

Algunos de estos dirigentes habrían propiciado, siempre según la documentación, prácticas contrarias a la normativa de contratación pública que tuvieron un “impacto económico y reputacional” para el ICO.

Unas obras fraccionadas en contratos de 49.000 euros

Uno de los focos de la investigación interna es el fraccionamiento de las obras de remodelación de las oficinas de Servicios Generales del ente. El proyecto, cuyo coste asciende por ahora a 251.000 euros (todavía sin acabar), fue troceado en ocho contratos menores inferiores a 49.000 euros para así evitar la preceptiva licitación. 

El jefe de Contratación Administrativa declaró que, ante la urgencia en ejecutar esas obras, desde la dirección del ICO se le pidió buscar la manera de tramitarlo como contratos menores y se acabó dividiendo la obra en lotes. Este dirigente declaró que avisó de que el procedimiento adecuado era hacer un concurso, pero aun así tiró adelante con el fraccionamiento. 

El Jefe de Proyectos, por su parte, justificó el fraccionamiento de contratos asegurando que en su experiencia previa en el sector farmacéutico privado estaba acostumbrado a hacer las cosas “de esa manera”.

Las irregularidades también están vinculadas al contrato de mantenimiento del ICO. La empresa adjudicataria COMSA, salpicada en el pasado por el caso 3%, facturaba aparte trabajos como reubicaciones de lugares de trabajo, telefonía, redes o reparaciones de maquinaria por las que ya cobraba en virtud de una adjudicación por labores de mantenimiento, de manera que acababa cobrando dos veces por los mismos servicios. 

“Se refleja una reiteración de contratos menores en el área de mantenimiento a favor de COMSA” o de “empresas vinculadas” a este compañía, apunta el expediente, “y la aportación por parte de COMSA de proveedores ‘competidores’, lo cual erosiona la concurrencia real”.

Este aspecto, junto a un aumento “excesivo y descontrolado” de costes en la partida de materiales —cuyo límite pasó de 75.000 a 500.000 euros— supuso un exceso de gasto para esta entidad que superó “los límites legalmente establecidos”, apunta el expediente.

Desde esta entidad responden a elDiario.es que el caso no afecta a cinco personas con perfil directivo, sino solo a “una persona directiva de primer nivel”, siendo el resto “responsables de distintas áreas y distintos niveles” bajo responsabilidad del mismo dirigente.

Explican que los hechos ocurrieron bajo una dirección distinta a la actual —aunque las irregularidades se registran hasta la primavera de 2025— y que a los implicados que aún trabajan en el ICO se les han aplicado “medidas disciplinarias”, sin precisar cuáles. Añaden que la entidad ha realizado un “cambio organizativo inmediato” para separar el área de contratación y compras del área de gestión económica.

“Se ha activado un plan de actuación para diagnosticar, analizar y supervisar el estado actual de los procesos de contratación”, responde una portavoz. “Se están revisando los mecanismos de control interno y aplicaremos las medidas que sean necesarias para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro”.

Desde el Departament de Salut “valoran positivamente” la gestión del caso. “Se constata que las herramientas de control del ICO han funcionado correctamente”, apuntan.

Antecedentes de mala gestión en el ICO

El expediente abierto a media docena de dirigentes y exdirigentes de esta entidad ha llegado apenas dos años después de que el antiguo director general del ICO, Ramon Salazar, dimitiera de su cargo por haber cobrado pagos de hasta siete farmacéuticas sin declararlos al portal de Transparencia.

El caso, distinto al revelado en este artículo, fue publicado por El Periódico de Catalunya y puso la lupa sobre el descontrol en la gestión económica del ICO, al destaparse también que Salazar estaba detrás de una empresa que organizaba jornadas anuales sobre cáncer, patrocinadas por laboratorios, bajo el sello de alguna institución sanitaria pública de Catalunya. 

]]> <![CDATA[El Ayuntamiento de València mantiene la opacidad sobre las empresas con las que trabaja el edil apartado de contratación]]> El Ayuntamiento de València mantiene la opacidad sobre las empresas con las que trabaja el edil apartado de contratación

El consistorio responde reiteradamente al PSPV que no dispone información sobre las actividades de José Marí Olano fuera del Ayuntamiento pese a la resolución del Síndic de Greuges y opta por apartarlo del órgano

Catalá aparta de la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de València al concejal que oculta con qué empresas trabaja

“El Ayuntamiento de València no dispone de esa información”. Es la respuesta escrita más repetida por el consistorio en los últimos meses. Cada vez que se pregunta por los vínculos profesionales del concejal de contratación, inminentemente apartado del órgano que dirime los contratos públicos, el equipo de María José Catalá responde con evasivas. El Ayuntamiento de València no sabe -y, al contrario que en la obra de Javier Marías, tampoco ha querido saber- con qué empresas trabaja el concejal de Grandes Proyectos, a quien Catalá hizo responsable de la Mesa de Contratación en la remodelación de gobierno de abril, y a quien acaba de sustituir en el órgano. El Síndic de Greuges obliga al Ayuntamiento a desvelar con qué empresas trabaja el edil, pero el consistorio sigue negando esta información, aunque ha sacado a Marí Olano de la Mesa.

Ocho meses después de conocerse las abstenciones para evitar conflictos de intereses, de las que ha venido informando elDiario.es, la corporación muncipal sigue protegiendo al edil respecto a sus vínculos. Marí Olano es abogado en ejercicio y tiene la posibilidad de compatibilizar su trabajo como concejal con su profesión, dado que no tiene dedicación exclusiva en el ayuntamiento. Antes de entrar en el equipo del PP de Catalá trabajó con la consultora KPMG, una de las grandes en su sector, y fue forzado a romper por incompatibilidad. Desde el pasado abril y hasta este 23 de diciembre ha sido presidente del órgano que se encarga de evaluar los contratos públicos, que decide a qué empresas va el dinero, y él mismo ha sido quien se ha apartado de numerosos procedimientos para no incurrir en incompatibiliadades al trabajar -o haberlo hecho en los dos últimos años- con firmas que concurren a esos concursos públicos. Lejos de conseguir alejar las dudas con sus abstenciones, ese énfasis en no desvelar de qué empresas se trata solo ha hecho que aumentar las sospechas. La oposición se pregunta por qué tanto silencio. Más aún después de saber que el consistorio lo ha apartado de la Mesa de Contratación para alejar esta idea.

El edil siempre ha argumentado que se debe al secreto profesional de la abogacía, un derecho constitucional. El consistorio hizo suyo este argumento y ya respondió al Síndic de Greuges, que inició una investigación sobre la falta de información, que el concejal no está obligado a decir con qué personas físicas o jurídicas trabaja, sino que el reglamento hace referencia a información sobre la actividad genérica del concejal que le reporte ingresos. El Ayuntamiento apuntó que esa información “no ha sido declarada, comunicada, manifestada o de cualquier otra forma revelada al Ayuntamiento de Valencia” y consideró además que ninguna norma le obliga a revelar “la identidad de las personas físicas o jurídicas con las que se relaciona laboral o profesionalmente”.

En una segunda respuesta, motivada por una petición del Síndic, el informe del secretario del pleno -una de los máximos funcionarios- reconoció nuevamente que el consistorio no dispone de esa información, pero corrigió en cierta medida el criterio anterior: el registro de actividades tiene el carácter o la naturaleza de información pública. Y, por tanto, se debe facilitar a la oposición. Ese informe jurídico recoge además que en el registro de actividades se inscriben “las declaraciones sobre causas de posible incompatibilidad y actividades, que proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos”. Una definición que recoge de forma bastante certera la situación de Marí Olano, que se aparta de los procesos para evitar la incompatibilidad.

El Síndic de Greuges resolvió finalmente que el Ayuntamiento debe informar sobre las empresas con las que tiene vinculación el edil de Grandes Proyectos. El organismo estatutario concluye que la información es fundamental para garantizar la fiscalización de la oposición, a raíz de una queja del PSPV, y recalca: sin ella, no se puede controlar que las empresas que concurren a licitaciones públicas “pueda(n) recibir alguna ventaja o un trato de favor en relación con ese u otro contrato o en cualquier otro procedimiento municipal distinto”.

Sin embargo, el Ayuntamiento aún no ha tenido en cuenta esta cuestión. En el último pleno del año, celebrado este lunes, solo un día antes de apartar al concejal de la Mesa de Contratación, el portavoz del PSPV, Borja Sanjuan, realizó varias peticiones de información sobre las incompatibilidades de Marí Olano y las empresas con las que trabaja o ha trabajado en el ámbito privado. Sanjuan Preguntó por varias sesiones de la Mesa de Contratación y sobre los procedimientos de control al concejal cuestionado. La respuesta, en prácticamente todos los casos, es idéntica: “El Ayuntamiento de Valencia no dispone de información sobre las personas físicas o jurídicas a las que un concejal presta servicios profesionales”. La respuesta la proporciona el mismo concejal Marí Olano, que también responde, preguntado por su abstención en la mesa de contratación del 10 de abril. Esta sesión abordó los huertos urbanos de Orriols, que se financian con fondos europeos, y el contrato terminó en la empresa Agricultores de la Vega de Valencia, una de las dos que concurrieron al proceso, a la que se ha adjudicado por 316.765,68 euros (más 66.520,79 de IVA). Marí Olano se olvidó de abstenerse y remitió un escrito alertando sobre esta cuestión.

El edil socialista Borja Sanjuan insiste en señalar la opacidad del consistorio en una cuestión tan sensible como la contratación pública. “Pese a que el Síndic de Greuges instó al Ayuntamiento de València a hacer público el listado de empresas para las que trabaja en su actividad privada, el concejal de contratación José Marí Olano, la señora alcaldesa se niega a facilitar esa información a la ciudadanía y a la oposición. Esto impide que cualquier vecino vecina pueda asegurarse de que el concejal de contratación no está teniendo conflictos de intereses con las empresas que contrata el Ayuntamiento de Valencia”, afirma el portavoz socialista.

“Este ejercicio de opacidad alimenta cualquier sospecha y además implica una dejación en las obligaciones de transparencia de la señora alcaldesa. Cualquier ciudadano o ciudadana tiene que tener la tranquilidad de que su dinero está siendo bien gestionado y que se está haciendo todo de forma ética con sus impuestos. Debería obligar de manera inmediata al señor Marí Olano a publicar estas empresas y a preguntarse si es lo mejor tener un concejal de contratación que a su vez asesora de manera privada a empresas que pueden ser contratistas del Ayuntamiento de València”, concluye Sanjuan.

]]> <![CDATA[L’Ajuntament de València manté silenci sobre les empreses amb què treballa l’edil apartat de contractació]]> L’Ajuntament de València manté silenci sobre les empreses amb què treballa l’edil apartat de contractació

El consistori respon reiteradament al PSPV que no disposa d’informació sobre les activitats de José Marí Olano fora de l’Ajuntament, malgrat la resolució del Síndic de Greuges, i opta per apartar-lo de l’òrgan

Català aparta de la Mesa de Contractació de l'Ajuntament de València el regidor que amaga amb quines empreses treballa

“L’Ajuntament de València no disposa d’aquesta informació”. És la resposta escrita més repetida pel consistori en els últims mesos. Cada vegada que es pregunta pels vincles professionals del regidor de contractació, imminentment apartat de l’òrgan que dirimeix els contractes públics, l’equip de María José Catalá respon amb evasives. L’Ajuntament de València no sap –i, al contrari que en l’obra de Javier Marías, tampoc ha volgut saber– amb quines empreses treballa el regidor de Grans Projectes, a qui Catalá va fer responsable de la Mesa de Contractació en la remodelació de govern d’abril, i a qui acaba de substituir en l’òrgan. El Síndic de Greuges obliga l’Ajuntament a revelar amb quines empreses treballa l’edil, però el consistori continua negant aquesta informació.

Huit mesos després de conéixer-se les abstencions per a evitar conflictes d’interessos, de què ha anat informant elDiario.es, la corporació municipal continua abrigallant l’edil. Marí Olano és advocat en exercici i té la possibilitat de compatibilitzar la seua faena com a regidor amb la seua professió, atés que no té dedicació exclusiva en l’Ajuntament. Abans d’entrar en l’equip del PP de Catalá, va treballar amb la consultora KPMG, una de les grans en el seu sector, i va ser forçat a trencar per incompatibilitat. Des de l’abril passat i fins a aquest 23 de desembre ha sigut president de l’òrgan que s’encarrega d’avaluar els contractes públics, que decideix a quines empreses van els diners, i ell mateix ha sigut qui s’ha apartat de nombrosos procediments per a no incórrer en incompatibilitats pel fet de treballar –o haver-ho fet en els dos últims anys– amb firmes que concorren a aquests concursos públics. Lluny d’aconseguir allunyar els dubtes amb les seues abstencions, aquest èmfasi a no revelar de quines empreses es tracta només ha fet que augmentar les sospites. L’oposició es pregunta per què tant de silenci.

L’edil sempre ha argumentat que es deu al secret professional de l’advocacia, un dret constitucional. El consistori va fer seu aquest argument i ja va respondre al Síndic de Greuges, que va iniciar una investigació sobre la falta d’informació, que el regidor no està obligat a dir amb quines persones físiques o jurídiques treballa, sinó que el reglament fa referència a informació sobre l’activitat genèrica del regidor que li reporte ingressos. L’Ajuntament va apuntar que aquesta informació “no ha declarat, comunicat, manifestat o de qualsevol altra manera revelat a l’Ajuntament de València” i va considerar, a més, que cap norma l’obliga a revelar “la identitat de les persones físiques o jurídiques amb què es relaciona laboralment o professionalment”.

En una segona resposta, motivada per una petició del Síndic, l’informe del secretari del ple –un dels màxims funcionaris– va tornar a reconéixer que el consistori no disposa d’aquesta informació, però va corregir en certa manera el criteri anterior: el registre d’activitats té el caràcter o la naturalesa d’informació pública. I, per tant, s’ha de facilitar a l’oposició. Aquest informe jurídic recull, a més, que en el registre d’activitats s’inscriuen “les declaracions sobre causes de possible incompatibilitat i activitats que proporcionen o puguen proporcionar ingressos econòmics”. Una definició que recull de manera bastant precisa la situació de Marí Olano, que s’aparta dels processos per a evitar la incompatibilitat.

El Síndic de Greuges va resoldre finalment que l’Ajuntament ha d’informar sobre les empreses amb què té vinculació l’edil de Grans Projectes. L’organisme estatutari conclou que la informació és fonamental per a garantir la fiscalització de l’oposició, arran d’una queixa del PSPV, i recalca: sense aquesta, no es pot controlar que les empreses que concorren a licitacions públiques “puga(guen) rebre algun avantatge o un tracte de favor en relació amb aquest contracte o un altre o en qualsevol altre procediment municipal diferent”.

No obstant això, l’Ajuntament encara no ha tingut en compte aquesta qüestió. En l’últim ple de l’any, esdevingut dilluns, només un dia abans d’apartar el regidor de la Mesa de Contractació, el portaveu del PSPV, Borja Sanjuan, va fer diverses peticions d’informació sobre les incompatibilitats de Marí Olano i les empreses amb què treballa o ha treballat en l’àmbit privat. Sanjuan va preguntar per diverses sessions de la Mesa de Contractació i sobre els procediments de control al regidor qüestionat. La resposta, gairebé en tots els casos, és idèntica: “L’Ajuntament de València no disposa d’informació sobre les persones físiques o jurídiques a què un regidor presta serveis professionals”. La resposta la proporciona el mateix regidor Marí Olano, que també respon, preguntat per la seua abstenció en la mesa de contractació del 10 d’abril. Aquesta sessió va abordar els horts urbans d’Orriols, que es financen amb fons europeus, i el contracte va acabar en l’empresa Agricultores de la Vega de Valencia, una de les dues que van concórrer al procés, a qui s’ha adjudicat per 316.765,68 euros (més 66.520,79 d’IVA). Marí Olano es va oblidar d’abstindre’s i va remetre un escrit alertant sobre aquesta qüestió.

L’edil socialista Borja Sanjuan insisteix a assenyalar l’opacitat del consistori en una qüestió tan sensible com la contractació pública. “Malgrat que el Síndic de Greuges va instar l’Ajuntament de València a fer públic el llistat d’empreses per a les quals treballa en la seua activitat privada el regidor de contractació José Marí Olano, la senyora alcaldessa es nega a facilitar aquesta informació a la ciutadania i a l’oposició. Això impedeix que qualsevol veí o veïna puga assegurar-se que el regidor de contractació no té conflictes d’interessos amb les empreses que contracta l’Ajuntament de València”, afirma el portaveu socialista.

“Aquest exercici d’opacitat alimenta qualsevol sospita i, a més, implica un desistiment en les obligacions de transparència de la senyora alcaldessa. Qualsevol ciutadà o ciutadana ha de tindre la tranquil·litat que els seus diners són ben gestionats i que es fa tot de manera ètica amb els seus impostos. Hauria d’obligar de manera immediata el senyor Marí Olano a publicar aquestes empreses i a preguntar-se si és el millor tindre un regidor de contractació que, al seu torn, assessora de manera privada empreses que poden ser contractistes de l’Ajuntament de València”, conclou Sanjuan.

]]> <![CDATA[La Audiencia tumba el recurso de los tres gerentes de la sanidad andaluza para dar carpetazo al caso de los contratos a dedo]]> La Audiencia tumba el recurso de los tres gerentes de la sanidad andaluza para dar carpetazo al caso de los contratos a dedo

La Audiencia de Sevilla avala la decisión del juez de ampliar la investigación al Servicio Andaluz de Salud por los contratos de emergencia con clínicas privadas y rechaza el recurso de los tres gerentes imputados, que buscaban el archivo de la causa antes de declarar el próximo 25 de noviembre

El juez amplía la investigación de los contratos sanitarios troceados el mismo día que el Gobierno andaluz pidió cerrarla

La Audiencia de Sevilla ha rechazado el recurso interpuesto por los tres gerentes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) contra la decisión del juez de ampliar la investigación sobre los contratos a dedo con clínicas privadas, una causa en la que están imputados por un supuesto delito de prevaricarición.

La actual gerente del SAS, Valle García, y sus dos predecesores, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, pedían en su escrito de apelación el archivo de la causa antes, incluso, de tener que declarar como imputados ante el juez, que ya les había citado para el próximo 25 de noviembre.

El abogado de los tres querellados considera que la prórroga de seis meses decretada por el juez para investigar más a fondo “no tiene sustento legal” y reprocha al magistrado que conduzca un “proceso prospectivo” para ver qué encuentra.

Dos juzgados investigan desde hace casi un año el “abuso” en la contratación a dedo del SAS con clínicas privadas, sin publicidad ni concurrencia competitiva ni fiscalización previa. En Sevilla se investigan los contratos de emergencia entre 2020 y 2024 amparados en el marco legal que se habilitó durante la pandemia cuando ya estaba derogado. En Cádiz se investiga una cantidad ingente de contratos menores encadenados durante el ejercicio 2021, suscritos con la misma empresa y por la misma prestación, como un “fraccionamiento masivo para vulnerar la ley”.

El Gobierno de Juan Manuel Moreno se personó en esta segunda causa —primero como “parte perjudicada”, luego como “responsable civil subsidiario”— pero no lo está en la primera, donde aparecen como imputados los tres últimos gerentes del SAS. Esta causa parte de una querella del PSOE andaluz, que les acusa de delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento público y pertentencia a organización criminal.

Sin embargo, el abogado de los tres gerentes del SAS —que no paga la Junta, según declaró la consejera portavoz, Carolina España— sigue la misma estrategia procesal que la representación legal del SAS en el caso de los contratos troceados de Cádiz, es decir: recurrir la decisión del juez de prorrogar y ampliar la investigación para incluir nuevas diligencias (testimonios, documentación, informes...) y solicitar que se decrete el “sobreseimiento” de la misma, argumentando que “no hay indicios claros” de delitos contra sus representados.

Una supuesta investigación “prospectiva”

El juez de instrucción número 13 de Sevilla, José Antonio Gómez Díaz, dictó un auto el pasado 13 de junio para prorrogar seis meses la investigación de los contratos de emergencia del SAS, cuando estaba a punto de expirar el plazo máximo desde la incoación de la causa, hace un año.

El magistrado argumentó que aún faltaban por practicar diligencias “esenciales”, pero no concretó qué nuevas líneas de investigación pensaba abrir porque estas, dejó escrito, “vendrán determinadas [precisamente] por las diligencias que están pendientes de practicar”.

Ese mismo mes de junio, el abogado de los tres gerentes del SAS presentó un recurso de apelación oponiéndose a la decisión del juez de prorrogar la instrucción medio año más [metiéndose ya en pleno calendario electoral de las andaluzas], al considerar que su argumento “incurría en un grado de vaguedad e indeterminación incompatible” con la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Es más, el letrado sugiere en su escrito de apelación que el juez Gómez de estar llevando a cabo una investigación “prospectiva”. “La instrucción no puede convertirse en un proceso prospectivo ni en una indagación indefinida, sino que debe descansar sobre indicios objetivables que justifique su continuación”, reza el recurso, al que ha tenido acceso elDiario.es, y que termina solicitando al juzgado que “anule” la prórroga. La Fiscalía se alineó con el magistrado y rechazó el recurso de los querellados.

Es la primera vez, desde que se inició la investigación sobre los contratos de emergencia, que los tres gerentes del SAS imputados recurren una decisión judicial. Este recurso de apelación llama especialmente la atención porque exige dar por terminada la instrucción antes de que ellos mismos declaren como imputados ante el juez, una citación ya programada por el juez para el próximo 25 de noviembre.

Buscando el origen de la causa: junio u octubre de 2024

Lo habitual es que el juez apruebe la prórroga de la instrucción cuando están a punto de cumplirse 12 meses desde la incoación de la causa, pero aquí existe un desfase con la fecha que dio origen al procedimiento. El Juzgado de Instrucción nº 14 de Sevilla abrió diligencias, a raíz de la querella interpuesta por 30 diputados del PSOE andaluz, pero solo se limitó a remitirla al Juzgado Decano para su reparto.

El caso cayó en manos del juez Gómez, titular del Juzgado de Instrucción nº 13, que decidió prorrogar la investigación el pasado junio, cuando se iba a cumplir un año desde el auto de incoación. Pero en realidad su instrucción empezó “formalmente” meses después, el 1 de octubre de 2024. Es a partir de esa fecha cuando ordena múltiples diligencias (reclama documentación a la Junta de Andalucía, a la Intervención General y otras instituciones, cita a declarar a imputados y a testigos, etc.).

Por eso, la semana pasada la Audiencia Provincial de Sevilla rechazó el recurso de apelación del abogado de los tres gerentes del SAS imputados, que maniobró para archivar la investigación antes de que sus representados declarasen en el juzgado, aprovechando ese desfase de cuatro meses entre la incoación de la causa (junio) y lo que la Sala considera puramente la “investigación judicial” (octubre).

El pasado 27 de octubre, la Audiencia de Sevilla avaló la prórroga de seis meses acordada por el juez Gómez. El magistrado había solicitado a la Junta de Andalucía un volumen ingente de documentación, tanto del SAS como del Consejo de Gobierno, que el 6 de octubre de 2020 acordó sustituir el control previo de los contratos de emergencia por parte de la Intervención General de la Junta por auditorías a posteriori.

Citada la viceconsejera andaluza de Hacienda

El juez también pidió expedientes completos y los informes de los interventores del SAS censurando la contratación de emergencia con clínicas privadas sin aparente sustento legal, entre 2020 y 2023; informes de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía y, además, ha citado a declarar en calidad de testigo a dos altos cargos de la Junta, la actual viceconsejera de Economía y Hacienda, Amelia Martínez; y al ex director de Gestión Económica del SAS, José Antonio Miranda.

Amelia Martínez ocupaba el puesto de interventora general de la Junta durante el periodo investigado, hasta que Moreno la fichó como número dos de Hacienda, en 2022. José Antonio Miranda, veterano diputado del PP andaluz, fue el gerente económico del SAS desde el primer Gobierno de Moreno, en 2019, hasta el pasado marzo, cuando es destituido en plena investigación judicial (tres meses después su nombre apareció por primera vez en la instrucción del juez).

La hoy número dos de la Consejería de Hacienda -que aún no está imputada por ningún delito- avaló en su informe la retirada del control previo a los contratos a dedo sin un argumento específico —ni siquiera lo relacionó con la pandemia— y se limitó a subrayar que consideraba “oportuno actualizar la relación de gastos, órganos y servicios” que cambian su sistema de fiscalización interna “de cara a una mayor agilidad y eficacia en la gestión”.

Por su parte, Miranda fue el responsable directo de contabilidad en la sanidad andaluza desde 2019 y quien prorrogó los contratos a dedo con clínicas privadas durante cinco años, amparándose en el marco legal habilitado durante la pandemia cuando ya estaba derogado.

También fue el encargado de justificar la contratación a dedo, sin publicidad ni concurrencia competitiva, hasta 2024, y de rebatir (sin éxito) los numerosos informes desfavorables de los interventores del SAS, que cuestionaban abiertamente la legalidad del procedimiento de pago una vez pasado lo peor de la pandemia.

Esos informes de alerta, que sacó a la luz elDiario.es en marzo de 2023, obligaron al Gobierno de Moreno a anunciar la suspensión de los contratos de emergencia en el SAS 24 horas después, y dieron pie a la apertura de la actual investigación judicial.

]]> <![CDATA[El Gobierno de Ayuso patrocina una escuela de tauromaquia: "Que nuestros niños conozcan la cultura de España"]]> El Gobierno de Ayuso patrocina una escuela de tauromaquia: "Que nuestros niños conozcan la cultura de España"

La Comunidad de Madrid será la que gestione en solitario la Venta del Batán, donde se encuentra la Escuela de Tauromaquia José Cubrero Yiyo y que acogerá "todo tipo de exposiciones y eventos relacionados con la tauromaquia", así como visitas escolares

Almeida entrega a Ayuso la Venta del Batán para que organice ferias, corridas de toros con muerte y visitas escolares

La Venta del Batán es un recinto situado en Casa de Campo donde se custodian los toros que se destinan a las corridas en la plaza de Las Ventas y donde se encuentra también una de las seis escuelas para aspirantes a toreros de la Comunidad de Madrid: la Escuela de Tauromaquia José Cubero Yiyo. Después de varios años en los que el Gobierno de Ayuso colaboraba en su gestión junto al Ayuntamiento de la capital, esta parcela pasa ahora a ser gestionada únicamente por la Comunidad de Madrid, que abrirá a partir del próximo martes el plazo para que las empresas interesadas presenten sus “ideas y sugerencias con el fin de mejorar este espacio”, según asegura la región en su nota de prensa. Uno de los proyectos que prevé son las visitas escolares “para que nuestros niños conozcan la cultura de España”, ha explicado el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo.

Novillo ha visitado este lunes el recinto, donde, en una pequeña plaza, le esperaban 11 de los cerca de 100 alumnos que aprenden a torear en la Escuela Yuyo, uno de los espacios en los que invertirá la Comunidad que, además, fue creada por un organismo dependiente del Gobierno de Ayuso. Esta inversión, según el consejero, se justifica por que “está teniendo un aluvión de peticiones de chavales que quieren ser toreros”, y por tanto, añade: “No nos podemos quedar atrás”. Los jóvenes, sujetando sus capotes, imitaban con la ayuda de sus compañeros los movimientos de los verdaderos toreros: mientras uno, agachado, sujeta unos cuernos y se avalanza hacia el capote del otro, este último, con el cuerpo rígido y el gesto serio, lo torea. Incluso cuentan con un carro con dos ruedas decorado como el torso y cabeza del animal con el que practican la estocada.

Alejandro Rubio Rubio, de Rivas, es uno de los alumnos. Tiene 18 años y lleva siete en la Escuela Yiyo, donde entrena ocho horas diarias, de lunes a viernes, mientras estudia un Grado Superior a distancia: “Apuntarse para ser torero es un tema tan polémico en la sociedad que yo creo que tiene mucho mérito, y es importante que haya gente que siga queriendo ser torero”, explica. Además, asegura que desde que acude al centro, “ha habido un gran número de chavales” que se han sumado a las clases: “Hasta yo me he sorprendido de la cantidad de gente que a día de hoy quiere ser o quiere intentar ser torero”.

Alumnos de la Escuela de Tauromaquia José Cubero Yiyo practican imitando los movimientos del toro y el torero
Alumnos de la Escuela de Tauromaquia José Cubero Yiyo practican imitando los movimientos del toro y el torero

A partir del próximo 28 de octubre, la Venta del Batán que, según Carlos Novillo, “necesitaba una reforma muy importante”, recibirá las propuestas de proyectos de las empresas durante 10 días para, finalmente, preparar una licitación que será revisada por la Comisión Local de Patrimonio Histórico, llevada por el Ayuntamiento de Madrid. En estas reformas, según ha ampliado el consejero, se mejorarán las instalaciones que acogen a los toros y se harán “todo tipo de exposiciones y eventos relacionados con la Tauromaquia”, ha afirmado Novillo. Entre estas cuestiones, se prevé hacer visitas escolares.

Se celebrarán corridas de toros con muerte

Una de las novedades será, según figura en el documento de cesión publicado en el boletín municipal, que se permitirá la celebración de “festejos taurinos con muerte de las reses, como novilladas con picadores, sin picadores y festivales taurinos, así como la posibilidad de celebrar clases prácticas y tentaderos sin muerte de las reses lidiadas” en la Escuela de Tauromaquia. También se permitirán “otras actividades relacionadas con la tauromaquia y su cultura”, como eventos encaminados hacia su “promoción cultural” como “ferias nacionales e internacionales relacionadas con el mundo del toro o la realización de grandes eventos del sector, como presentación de ferias o festejos de singular interés, no necesariamente referidos al ámbito territorial de la Comunidad de Madrid”.

Además, el consejero ha aprovechado la ocasión para cargar contra el gobierno de la ex alcaldesa de la capital: “Creemos que después  de esos años de oscuridad, cuando lo cerró el gobierno de Manuela Carmena —entre 2015 y 2021— y estuvo casi seis años sin actividad y conseguimos reabrirlo”, ha denunciado Novillo, “ahora ponemos en valor lo que ya es un hecho, que es que la tauromaquia está más viva que nunca”.

Este proyecto se anuncia después de que el pasado 17 de octubre, la Comunidad de Madrid celebrase “el mejor registro de la última década en la Plaza de Las Ventas”, con un incremento de 71.694 espectadores.

]]> <![CDATA[El Síndic pide al Ayuntamiento de Valencia que aclare si sabe con qué empresas trabaja el concejal de contratación cuestionado por incompatibilidades]]> El Síndic pide al Ayuntamiento de Valencia que aclare si sabe con qué empresas trabaja el concejal de contratación cuestionado por incompatibilidades

El consistorio respondió en un escrito que el edil José Marí Olano no ha comunicado la identidad de las personas físicas o jurídicas con las que trabaja y que no tiene por qué hacerlo, tras una denuncia del PSPV por la opacidad del concejal

El Síndic de Greuges abre investigación por la opacidad del concejal de contratación de València, que oculta con qué empresas trabaja

La falta de transparencia con el concejal de contratación de València comienza a atragantársele al consistorio. El Síndic de Gregues reclama al Ayuntamiento de Valencia que aclare si tiene información sobre las empresas con las que trabaja el concejal José Marí Olano, responsable desde abril de la Mesa de Contratación, que oculta a la oposición las firmas con las que mantiene un vínculo profesional. El edil no tiene dedicación exclusiva, compagina su actividad de político con la de abogado, y este régimen le permite evitar pedir declaraciones de compatibilidades específicas.

El defensor del pueblo valenciano ha abierto una investigación sobre la opacidad del edil, que se ha abstenido en numerosos procesos de contratación para evitar incompatibilidades, pero que elude sistemáticamente desvelar con qué empresas trabaja en calidad de abogado. Marí Olano argumenta que se debe al secreto profesional de la abogacía, pero la oposición insiste en que se trata de una cuestión de transparencia y prevención del fraude. El Síndic inició las pesquisas tras una queja presentada por la concejala del PSPV Elisa Valía, que considera que las negativas del consistorio vulneran derechos fundamentales de la oposición y la ciudadanía.

El órgano que dirige Ángel Luna acordó abrir una investigación el pasado julio y pedir documentación al Ayuntamiento sobre la actividad del concejal. En concreto, solicitó “un informe detallado y razonado sobre los hechos que han motivado la apertura del presente procedimiento de queja, junto con su valoración sobre la posible afectación al derecho invocado”.

En un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es, el consistorio argumenta que el concejal no está obligado a decir con qué personas físicas o jurídicas trabaja, sino que el reglamento hace referencia a información sobre la actividad genérica del concejal que le reporte ingresos. En un punto del texto, el consistorio reconoce que la información solicitada “no ha sido declarada, comunicada, manifestada o de cualquier otra forma revelada al Ayuntamiento de Valencia” y por tanto, no se le puede proporcionar a la oposición. El Ayuntamiento de PP y Vox interpreta que ni el reglamento ni ninguna otra norma obliga a desvelar “la identidad de las personas físicas o jurídicas con las que se relaciona laboral o profesionalmente, como tampoco le obliga a comunicar, declarar, manifestar o de cualquier otra forma revelar al citado Ayuntamiento los pormenores de la relación laboral o profesional correspondiente, tales como su objeto, contenido, duración, carácter retribuido o no, forma e importe de la retribución, categoría laboral o profesional, o incluso la identidad de su empleador, en caso de que el concejal sea trabajador por cuenta ajena”.

A la institución estatutaria no le ha servido este argumento y ha dado un paso más. El Síndic ha emitido una nueva resolución que pide al consistorio que aclare si posee esta información o no. En concreto, dice el texto, se exige un informe a la Secretaría General del Pleno sobre “si la información objeto de la pregunta presentada con fecha 13/6/2025 consta en el Registro de Actividades y si dicha información tiene el carácter o la naturaleza de información pública”.

La resolución fuerza al pleno a manifestar si se le ha requerido al concejal información que para la oposición resulta clave. PSPV y Compromís llevan meses insistiendo en que el edil, que tiene una extensa trayectoria laboral como abogado en una consultoría privada, de las más potentes de la ciudad, debe aclarar qué vínculos mantiene con las empresas que optan a la contratación pública. Marí Olano se ha abstenido en más de seis procesos en cinco meses para evitar una incompatibilidad, algunos de ellos con millones de euros públicos en juego.

]]> <![CDATA[Los hospitales de Madrid marcan su récord de adjudicaciones opacas: cientos de millones en contratos troceados y sin detallar]]> Madrid bate el récord de adjudicaciones opacas en los hospitales: 1.000 millones de gasto con conceptos difusos

El análisis de más de cuatro millones de contratos menores, sujetos a los mínimos controles y pensados para comprar productos de poco valor, muestra troceos de miles de compras y el uso de descripciones genéricas que no permiten rastrear qué se está comprando exactamente

Por qué la sanidad en España es un terreno abonado para contratar a dedo con “manga ancha”

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El Hospital Puerta de Hierro, en Madrid, presentó en mayo de 2023 el primer fármaco eficaz contra el síndrome del corazón rígido, una enfermedad cardíaca rara.

El medicamento, comercializado por Pfizer como VYNDAQEL (tafamidis), empezó a financiarse en junio de ese año.
Desde entonces, el Hospital Puerta de Hierro ha gastado 7,2 millones de euros a comprar este medicamento. Lo anormal es la forma de adquirirlo.

Cada punto que ves en pantalla representa uno de los 545 contratos menores idénticos que el hospital ha firmado con Pfizer para comprar este fármaco según el día de la adquisición.
La figura del contrato menor es una fórmula opaca que la administración tiene para adjudicar contratos cuando los importes son menores a 15.000 euros. La decisión de a quien comprar, además, es a dedo.
Para evitar el límite de los 15.000 euros (sin IVA), el Hospital Puerta de Hierro firmó contratos troceados de VYNDAQUEL 61mg cada dos, cinco o siete días.

Casi siempre, incluso varios el mismo día. Solo el 2 de enero se firmaron hasta 17 contratos para comprar este fármaco. En total, 221.000€ en 24 horas.
Esta fórmula no es una excepción. El análisis de más de 4 millones de contratos menores adjudicados por la Comunidad de Madrid entre 2016 y 2024 muestra cómo los hospitales públicos de la región se gastan miles de millones de euros en adjudicaciones troceadas con las farmacéuticas.

A veces, como en el caso del Hospital Puerta de Hierro, detallando exactamente el medicamento que se está comprando -TAFAMIDIS 61 MG CAPS (VYNDAQEL)-. En otros casos, con descripciones aún menos transparentes.
Roche es una de las mayores farmacéuticas del mundo con sede en Suiza. Desde 2019, ha sido la 3º compañía más beneficiada por los contratos menores de la Comunidad de Madrid con 149 millones de euros.

Gran parte de estos ingresos salen de miles de contratos con exactamente el mismo concepto.
Los puntos en rojo destacan los contratos menores que el hospital Gregorio Marañón ha adjudicado a Roche solo especificando que es para suministro de "Medicamentos oncológicos".
En total, 12,6 millones de euros en 1.162 contratos.
Esta fórmula se repite en otros hospitales de la comunidad madrileña. Solo en contratos que se limitan a la descripción de "Medicamentos oncológicos" del Hospital 12 de Octubre, Ramón y Cajal, Clínico San Carlos o el Infanta Cristina, la farmacéutica suiza se ha embolsado 54 millones de euros en miles de adjudicaciones pensadas para importes inferiores a 15.000 euros.
El fraccionamiento de contratos en la sanidad madrileña no se limita exclusivamente a los medicamentos con patentes de elevado precio. También al material médico que los profesionales sanitarios usan de forma habitual.
Medtronic, con sede en Irlanda, es la empresa que más factura en contratos menores a los hospitales madrileños. Desde 2016 suma 300 millones de euros en 97.000 contratos por tecnología y material sanitario.

Los puntos muestran solo los contratos a dedo que el Clínico San Carlos adjudicó a esta empresa entre enero de 2016 y septiembre de 2017.
Hasta entonces, el hospital detallaba sus contratos al milímetro: "Catéter balón de 46MM. diam. P/Endoprótesis de aorta", "Grapadora circular 31MM. C/Grapas de titanio long. eje 35cm (un solo uso)" o "Marcapasos bicameral compatible con resonancia ensura"
Pero en octubre de 2017, el detalle de los contratos se difumina. A partir de entonces, el hospital empezó a adjudicar miles de contratos solo especificando lo siguiente en la descripción de cada adjudicación: "Material quirúrgico, asistencial y curas"
Solo el Hospital Clínco ha adjudicado 6.103 contratos menores a Medtronic entre 2018 y 2024 por un valor total superior a los 25 millones de euros. El único detalle: "Material quirúrgico, asistencial y curas"
Una fórmula que Madrid y otras comunidades autónomas han usado durante años para contratar de forma directa con las farmacéuticas.

En 2024, los hospitales madrileños adjudicaron más de 1.000 millones de euros en contratos menores. Es decir, uno de cada diez euros del presupuesto sanitario se abonaron sin pasar por concurso público.

“La contratación menor de los hospitales pertenecientes al Servicio Madrileño de Salud se realiza de forma generalizada, llegando a convertir en práctica habitual lo que es una excepción en la contratación pública”. La advertencia figuraba en un informe de la Cámara de Cuentas de Madrid publicado en 2019. Seis años más tarde, la situación no solo no se ha corregido sino que ha empeorado.

La adjudicación de contratos por parte de los hospitales públicos con los mínimos controles a través de una figura opaca como el contrato menor, pensada para pequeños importes (hasta 15.000 euros), ha alcanzado una cifra récord en 2024: más de 1.000 millones de euros se repartieron de este modo, uno de cada diez euros del presupuesto anual de la Consejería de Sanidad.


Récord de contratos menores en los hospitales madrileños en 2024

Evolución del importe de los contratos menores adjudicados por los hospitales de la Comunidad de Madrid y el resto del gobierno autonómico entre 2016 y 2024

Fuente: Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid


El análisis exhaustivo de más de cuatro millones de contratos menores suscritos entre 2016 y 2024, realizado por elDiario.es con los datos del Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, revela anomalías como, por ejemplo, la firma de 40 acuerdos por “medicamentos de alto impacto” el 17 de marzo de 2022 en el Hospital 12 de Octubre de Madrid con la farmacéutica Vertex. Todos suman 434.000 euros, pero se adjudicaron de 15.000 en 15.000.

Estas anomalías, reveladas por elDiario.es por primera vez en 2018, han vuelto de nuevo a la arena política después de que Más Madrid presentara varias preguntas parlamentarias en la Asamblea de Madrid tras una denuncia ciudadana.

En la mayoría de hospitales, los conceptos del contrato –salvo en Puerta de Hierro, Príncipe de Asturias o Fuenlabrada que siguen usando el nombre del medicamento o la pieza de la máquina que se necesitaba– se emborronan por vaguedades más generales y difíciles de rastrear: “material de laboratorio”, “material quirúrgico, asistencial y curas” o “medicamentos oncológicos” –el concepto en el que se gastaron más millones entre 2016 y 2024–.

En la siguiente tabla se pueden consultar las fórmulas más repetidas que los hospitales más grandes han usado para adjudicar miles de contratos menores a la misma farmacéutica. En todos los casos, el único detalle son expresiones genéricas y de los documentos es imposible averiguar cuántas pastillas, unidades o dosis se están comprando.


Miles de contratos por el mismo concepto: así fraccionan los hospitales de Madrid

Listado de farmacéuticas que han recibido miles de adjudicaciones de contratos menores de un mismo hospital por exactamente el mismo objeto del contrato. Los datos se refieren a contratos menores adjudicados por la Comunidad de Madrid entre 2016 y 2024


La fórmula del contrato menor permite que la compra de medicamentos a grandes farmacéuticas, la mayoría con patentes de elevado precio, se haga de forma opaca: sin concurso público y tampoco como un negociado sin publicidad, que obliga a que el proceso se someta a fiscalización y se publique en el BOE o el BOCAM, en el caso de la Comunidad de Madrid. El 90% de los contratos de este tipo que adjudica el Gobierno de Madrid los hacen directamente los hospitales públicos.

En muchos casos, esta contratación se hace forma paralela a adquirir el mismo medicamento o suministro por contratación habitual. Es el caso del Hospital 12 de Octubre que ha adjudicado distintos contratos millonarios a Vertex para adquirir medicamentos contra la fibrosis quística como adjudicaciones habituales mientras firma cientos de contratos menores solo especificando que son para “Medicamentos de alto impacto”.

En el siguiente gráfico se muestran ejemplos de fraccionamientos de contratos menores en la Comunidad de Madrid. Es decir, compras de fármacos con la misma descripción, del mismo hospital y a la misma farmacéutica en el mismo día.


Así se trocean contratos menores el mismo día en la sanidad madrileña

Número de contratos menores adjudicados por el mismo hospital, a la misma empresa y el mismo medicamento en cada día. En rojo, se destacan las fechas en las que el los contratos firmados ese día superan los 15.600€ con IVA, límite para adjudicar medicamentos como contrato menor

Fuente: Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid


La ley de transparencia obliga desde 2015 a publicar los contratos menores de cada administración. La Comunidad de Madrid ofrece en el Portal de la Contratación un listado y en el manual interno para subirlos se pide que “se identifique y describa suficientemente el objeto del contrato” evitando “descripciones con las que los ciudadanos no puedan saber qué es lo que se ha contratado”.

“Poner objetos muy difuminados permite meter más cosas, no solo medicamentos, y eso es tensar la cuerda”, sostiene Carlos Amoedo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de A Coruña, que asegura que en el caso de fármacos, “hay un carril más ancho para la contratación de este modo” porque “nadie entendería que se pare la compra de un medicamento” por la burocracia.

El problema es el “abuso”. La revista médica Ocronos publicó este año un artículo que utilizaba este término y relacionaba el abuso con “la flexibilidad, agilidad, comodidad” pero también con una “muy mala planificación por parte de los órganos de contratación”. “Salvo que haya una pandemia, no es tan difícil manejar los históricos de demanda, saben más o menos cuánto van a necesitar”, subraya Amoedo.

elDiario.es ha preguntado tanto a la Consejería de Sanidad como a la patronal de las farmacéuticas, Farmaindustria, sobre estos datos, pero al cierre de este texto no ha obtenido respuesta. En el pasado, la Comunidad de Madrid ha justificado esta manera de contratar fraccionada bajo tres argumentos: se hace “a demanda” del número de pacientes que lo necesitan, es “más rápida” y al darse, sobre todo, en medicamentos bajo patente el concurso público pierde sentido porque “implica más tiempo y poner a trabajar a muchos administrativos”.

No solo pasa en Madrid

La concatenación de contratos menores para comprar los mismos productos una y otra vez ha sido señalado en informes de fiscalización de varias comunidades autónomas. No es una práctica que se dé solo en Madrid. El último escándalo se produjo en Andalucía, donde el asunto saltó a la justicia. La intervención de la Junta señaló directamente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) por “fragmentar contratos de manera indebida y masiva” en el año posterior al inicio de la pandemia. Se repartieron más de 458 millones de euros encadenando y fraccionando contratos menores.

En Madrid, no todos los hospitales lo hacen igual de mal. A la cabeza de contratos menores está el Hospital Gregorio Marañón, con más de 1.000 millones gastados entre 2016 y 2024 en 405.608 contratos. Le sigue el Clínico con un récord de acuerdos que llega a 496.558 por valor de 881 millones de euros, el Ramón y Cajal con 829 millones y el 12 de octubre con 822 millones. Entre los cuatro suman el 40% del importe gastado en contratos menores de toda la Comunidad de Madrid en la última década.


Los hospitales de Madrid que más contratos menores adjudicaron

Importe y número de los contratos menores adjudicados por los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid entre 2016 y 2024

Fuente: Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid


Entre 2016 y 2017, el Clínico San Carlos pagó más de 3,5 millones de euros a Gilead para comprar su fármaco Harvoni para tratar la hepatitis C y otros 5,3 millones en adquirir Genvoya, Truvada y Viread para el VIH. Pero desde 2018 el desglose cambia: hay cientos de contratos con descripciones genéricas. Hasta 904 acuerdos por 8,6 millones de euros para comprar “Medicamentos antirretrovirales” y 99 contratos menores por “Medicamentos para hepatitis C” por 777.000 euros. Muchos, el mismo día. Por ejemplo, en marzo de 2023 se contrataron varios días donde se adjudicaron 12 contratos menores el mismo día a Gilead por “Medicamentos antirretrovirales”.

Los centros Puerta de Hierro y Príncipe de Asturias, aunque firman contratos por el mismo concepto el mismo día, son mucho más exactos en la descripción de lo que están pagando, según el análisis realizado por este medio a partir de los contratos publicados en el Portal de la Contratación, cuyo valor probablemente está infraestimado porque hay trimestres en los que algunos hospitales no reflejan ni un solo contrato.

José Manuel Freire, profesor de la Escuela Nacional de Salud Pública y exportavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, asegura que “no hay ninguna razón para no poner el producto que se contrata”. “Esta problemática no solo tiene que ver con que hay concentraciones de gasto que pueden ser sospechosas sino con una gestión muy cuestionable” que el experto vincula con los presupuestos de los hospitales, agotado normalmente antes de que acabe el año. “Para hacer un contrato hay que tener crédito. Si no tienen dinero para hacer un acuerdo marco más eficiente y surge la emergencia, lo hacen por contrato menor y a veces terminan retrasando el pago y asumiendo intereses”, diagnostica. 


Las farmacéuticas y empresas más beneficiadas por los contratos menores de Madrid

Importe y número de los contratos menores adjudicados a cada empresa por la Comunidad de Madrid entre 2016 y 2024

Fuente: Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid


No planificar adecuadamente, advierte el artículo de la revista Cronos, da espacio a que se abuse “injustificadamente de procedimientos de adjudicación menos competitivos”, aumenta el riesgo de que se “incrementen las prácticas corruptas” y redunda, finalmente, “en un mayor gasto público y una menor competencia”. Las alternativas, salvo momentos puntuales, deberían ser “el acuerdo marco regulado o un sistema dinámico de adjudicación”, dice la publicación.

La empresa más beneficiada por estos contratos es Medtronics Ibérica, especializada en tecnología sanitaria, que se embolsó más de 300 millones entre 2016 y 2024. La farmacéutica Janssen es la segunda en la lista tras firmar casi 40.000 contratos menores que suman 223 millones. Roche se coloca en el tercer lugar con más de 38.000 contratos con la mínima fiscalización por valor de más de 212 millones.

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