La Consejería de Educación y Formación Profesional de la Junta de Extremadura ha modificado recientemente su Relación de Puestos de Trabajo (RPT), el documento oficial que fija la plantilla, las retribuciones y los requisitos de la administración pública, con un cambio que afecta a dos de sus jefaturas de servicio y que beneficia a la hermana del 'número dos' del departamento, el secretario general de Educación, José Pedro Catalán (PP).

La Orden, aprobada el 6 de julio y publicada en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) tres días después, realiza un trasvase de categorías en la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa. En concreto, la Jefatura del Servicio de Innovación baja del nivel 29 al nivel 28, mientras que la de Inclusión realiza el camino contrario y sube del nivel 28 al nivel 29.

En la administración autonómica, el nivel determina el complemento de destino, una parte fija de la nómina que aumenta según la escala de responsabilidad (siendo el nivel 30 el máximo posible para un funcionario). La plaza que ha subido de nivel, y consecuentemente de retribución, la ocupa la hermana de Catalán, el segundo cargo con más peso en la Consejería tras la propia consejera, y que llegó al puesto a principios de mayo, tras la firma del pacto de gobierno entre PP y Vox.

La modificación publicada en el DOE no se limita al cambio de nivel de destino, sino que introduce un ajuste técnico en los requisitos para optar a la plaza y mantiene el complemento específico más alto. En la administración, el grupo A1 exige título universitario superior (licenciatura o grado), mientras que al grupo A2 se accede también con diplomatura o grado técnico. Con el cambio, la Jefatura del Servicio de Inclusión (la que sube de nivel) pasa a ser de adscripción exclusiva para el grupo “S A1”. Esto significa que ningún funcionario del grupo A2 puede optar a ese puesto.

Las contradicciones entre la versión oficial y el DOE

A preguntas de elDiario.es Extremadura sobre los criterios técnicos que justifican este cambio y sobre la existencia de un posible conflicto de intereses por la relación familiar del secretario general y la persona que ocupa la jefatura de servicio beneficiada, la Consejería de Educación no ha hecho ninguna mención al parentesco ni ha aclarado si existió alguna medida de transparencia o protocolo de abstención.

La Junta ha justificado la decisión asegurando que buscaba “dar la posibilidad a los maestros para que también tengan cabida en la administración” y que su intención era que todos los servicios “sean igual de importantes e igualmente remunerados, evitando puestos clave de primera y segunda categoría” mediante la “evolución de la categoría 1.2 a 1.1”. Asimismo, ha señalado que ha atendido esta medida “por solicitud”.

Sin embargo, la lectura directa del documento publicado en el DOE muestra varias contradicciones con esta versión oficial. Por un lado, no había categorías que “evolucionar”, ya que en el anexo oficial ninguno de los dos puestos ha cambiado el complemento específico (el plus salarial fijado por la especial dedicación o incompatibilidad del puesto), puesto que ambas jefaturas figuraban con el subconcepto 1.1 antes de la modificación y lo mantienen exactamente igual tras ella.

Por otro lado, los puestos tampoco se han igualado ni han quedado en el mismo nivel salarial, ya que la Orden ha bajado a una jefatura para subir a la otra, manteniendo así la brecha jerárquica y retributiva entre un puesto de nivel 29 y uno de nivel 28.

Finalmente, aunque la Consejería argumenta que busca dar espacio a los docentes de colegio, el cuerpo de maestros pertenece al grupo A2; al exigir que la Jefatura del Servicio de Inclusión sea exclusivamente para el grupo A1, el propio documento impide que un maestro pueda acceder a esa plaza en concreto.

Otros cambios menores y ajustes en el ámbito rural

Aunque la Orden del DOE modifica formalmente otros puestos de la consejería, como la adscripción de las Delegaciones Provinciales o la exigencia de méritos informáticos en la Sección de Contratación, se trata de ajustes puramente técnicos u organizativos que no conllevan ningún cambio salarial. El único movimiento que altera el nivel retributivo y la escala de sueldos entre los funcionarios de la Consejería es, precisamente, el trasvase ejecutado entre la Jefatura de Innovación y la de Inclusión.

En la misma respuesta enviada a este diario, la Consejería ha confirmado que la Dirección General de Inclusión ha pasado a depender directamente de la consejera por la “importancia y proyección” del área. En la práctica, esta reestructuración retira la supervisión directa del secretario general sobre el departamento en el que trabaja su hermana.

La misma orden que modifica estos puestos directivos aprueba otros cambios en la plantilla de la Consejería. Entre ellos figura la eliminación (amortización) de dos plazas de personal laboral en la Escuela Hogar Nuestra Señora de los Dolores, en Alburquerque (un cocinero y un camarero-limpiador), y la reducción de jornada al 80% para el personal de atención educativa (cuidadores) en centros escolares de la zona de Coria.

El macrocontrato del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) de Barcelona, valorado en hasta 900 millones de euros y destinado a prestar cuidados en el hogar a personas mayores y dependientes, ya tiene vencedores provisionales. La propuesta de adjudicación, pendiente de ratificación definitiva y publicada en la plataforma de contratación de la Generalitat, reparte el servicio entre dos grandes empresas del sector: Serveo, la compañía controlada por el fondo de inversión Portobello y anteriormente integrada en Ferrovial; y Atende, la filial de servicios sociales de Clece (del grupo ACS, la constructora que preside Florentino Pérez).

Si la adjudicación definitiva responde a esta propuesta, supondría que por primera vez en 45 años la cooperativa catalana Suara, especializada en servicios sociales, se queda fuera de la atención domiciliaria que presta el consistorio gobernado por Jaume Collboni. La otra empresa que gestionaba hasta ahora el servicio era Servisar (de DomusVi).

De esta forma, el servicio de cuidados en el hogar barcelonés se quedaría sin la presencia de ninguna empresa o entidad del sector social catalán para los próximos años. La aparición de grandes firmas en este ámbito ya generó polémica en 2016, durante el primer mandato de Ada Colau, cuando filiales de ACS y Sacyr ganaron lotes del mismo servicio frente a la entidad ABD.

Desde Suara aseguran a elDiario.es que han recibido con “incredulidad” y “desconcierto” la noticia, puesto que en la última valoración de sus servicios una auditoria externa contratada por el consistorio les puso un 9,10 sobre 10.

La licitación actual del Ayuntamiento de Barcelona, que es para los próximos tres años, divide el contrato de los cuidados públicos a domicilio en cuatro lotes, en el que se agrupan los distritos. Son contratos que en su conjunto adjudicarán por un importe de 452 millones de euros, pero que al ser prorrogables hasta cinco años –y contando otros costes extra–, ascienden a un máximo de 923 millones.

Reparto por distritos

El primer y el segundo lote se los llevaría –a falta de resolución definitiva– Serveo. El primero es de los distritos de Ciutat Vella y Sant Martí, por un importe de 113,375 millones, pese a que por puntos ganaba Atende (la filial de Clece), que se quedó fuera por tener una propuesta económica demasiado baja. El segundo de Serveo corresponde a Eixample, Sants-Montjuïc y Les Corts, por un importe de 105,396 millones de euros. En total, la empresa de multiservicios dirigida por Salvador Urquía se adjudica contratos por 218 millones en la ciudad.

Serveo facturó 1.800 millones en 2025, con un beneficio de 38 millones. En 2024, Ferrovial vendió su 24% de la empresa a Portobello, un fondo de inversión español con participación en empresas como Angulas Aguinaga, Ian Alimentación y Legálitas.

La propuesta de adjudicación del tercer y cuarto lote van para Atende, filial de servicios sociales de Clece, empresa multiservicios propiedad de ACS. Cuidará a las personas de los distritos de Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia y Horta por 110,621 millones de euros y de las de Nou Barris y Sant Andreu por 118,734 millones de euros. El Grupo Clece facturó 2.000 millones en 2025.

El Servicio de Atención Domiciliaria atiende anualmente a unas 20.000 personas en la capital catalana. Además de Suara, Ohla y Servisar se han quedado fuera de la carrera.

Una de las novedades del contrato es que prevé subidas salariales del 8% en los primeros dos años y del 5% en los dos posteriores, hasta alcanzar una subida del 26% en 2029. El precio por hora previsto para la atención personal alcanzará los 35 euros en el tercer año, el de la limpieza cotidiana los 31,93 euros por hora, la limpieza en profundidad 25,67 euros y el mantenimiento básico 38,50 euros por hora.

Entre los costes totales previstos de 435 millones de euros en los tres primeros años, 379 son costes salariales, 15 son de funcionamiento, 15 más son gastos generales de gestión y 24 millones van destinados a los márgenes empresariales.

Suara defiende su modelo

La cooperativa Suara, que gestiona servicios parecidos en numerosos municipios (L’Hospitalet de Llobregat, Sant Boi del Llobregat, Rubí, Esplugues del Llobregat o Sant Adrià del Besòs), queda ahora pendiente de la revisión del expediente.

Mientras tanto, defienden la oferta presentada. “Respondía a un modelo de atención real, pensado para la persona, sólido e innovador, construido desde los valores de la economía social, sustentada en la experiencia acumulada, el conocimiento del servicio y el compromiso”, apuntan.

L'Agència Valenciana Antifrau torna a reclamar a l'Ajuntament de València que pose en marxa mecanismes de vigilància en els contractes públics. Després de detectar una sèrie d'irregularitats en un contracte de subministrament per als Bombers de València, l'organisme emet una bateria de recomanacions al govern de María José Catalá, que en tres anys no ha posat en marxa el pla ètic aprovat durant el mandat anterior. La primera és posar en marxa el Comité Ètic i la Comissió Antifrau, que fa anys que existeixen sobre el paper sense haver-se activat.

Antifrau ha emés una resolució en què constata que es van fer uns plecs a mida per a una empresa, Aprolis Iberia, que va tindre informació privilegiada i va mentir en les declaracions de conflicte d'interés. Com ha informat elDiario.es, es tracta d'un contracte de 153.430 euros per a subministrar tauletes i sistemes embarcats per als vehicles d'emergència dels bombers, un import que es va incrementar en prop de 15.000 euros. L'agència ha constatat que hi va haver informació privilegiada a favor de l'empresa, que va ser l'única que es va presentar al concurs, i apunta a un pacte de preus entre els fabricants. L'Ajuntament defensa que la denúncia es va arxivar a la Fiscalia —encara que Antifrau investiga la part administrativa— i que el departament de Bombers que dirigeix Juan Carlos Caballero ha proporcionat tota la informació a l'agència.

La Fiscalia va arxivar la denúncia el 2024, però l'organisme encapçalat per Eduardo Beut pot investigar irregularitats administratives que no siguen constitutives de delicte per a determinar responsabilitats al marge de les penals, com és el cas. En aquest expedient, Antifrau assenyala que van fallar els controls de l'Ajuntament: l'empresa va mentir en unes declaracions i no consta que es comprovara.

De l'anàlisi de les comunicacions aportades, “es desprén una relació prèvia entre la mercantil adjudicatària i l'Ajuntament de València. No obstant això, en el DEUC presentat per l'empresa licitadora consta que aquesta no ha assessorat ni ha intervingut d'una altra manera en la preparació del procediment de contractació”. Això pot donar lloc a un conflicte d'interés, assenyala Antifrau, atés que el licitador disposa de documentació addicional prèvia. En el procediment es donen diversos casos que els òrgans de fiscalització consideren “pràctiques potencialment fraudulentes” o “banderes roges” en la contractació pública.

Antifrau conclou que les especificacions tècniques del sistema contractat coincideixen amb una proposta comercial que l'empresa que després va guanyar, Aprolis Iberia, havia enviat a l'Ajuntament abans de la licitació. La mateixa empresa va negar haver participat en la redacció dels plecs i va signar una declaració d'absència de conflicte d'interessos. L'òrgan considera que el fabricant i l'empresa que va guanyar el concurs van pactar un preu per a l'Ajuntament i que disposaven d'informació privilegiada. Les especificacions tècniques del contracte coincideixen amb una proposta comercial que va enviar sis mesos abans l'empresa que va guanyar el concurs. En els informes, l'Ajuntament no explica per què es donen aquestes limitacions tan concretes.

L'agència recomana a l'Ajuntament que pose en marxa el Comité Ètic de Contractació i el Pla Antifrau. Així mateix, recomana l'elaboració i la remissió d'un informe tècnic d'avaluació i seguiment que detalle de manera pormenoritzada les mesures correctores adoptades per a esmenar les disfuncions organitzatives detectades en aquest expedient, “l'anàlisi dels incompliments concrets del Pla de Mesures Antifrau que van propiciar la irregularitat” i “el cronograma d'implantació de les eines tecnològiques de control preventiu recomanades”. L'ens que dirigeix Eduardo Beut es mostra molt més contundent en aquest escrit, que arriba poc després d'una resolució sobre el regidor de Contractació, José Marí Olano. En aquesta, com va informar elDiario.es, Antifrau aprecia “una debilitat en el sistema d'autoprotecció” del consistori, “en evidenciar-se que els mecanismes de la DACI no van operar amb l'eficàcia preventiva requerida”.

L'organisme també planteja una qüestió que sembla de sentit comú: que l'Ajuntament vigile els procediments i consulte bases de dades per a previndre conflictes d'interés. En concret, demana: “S'hauria de valorar l'exigència d'una DACI específica des de l'inici de l'expedient per a tot el personal que intervinga en la preparació, redacció, validació o avaluació d'expedients de contractació. El formulari inclourà una manifestació expressa de no haver mantingut contactes bilaterals amb operadors econòmics ni haver rebut fitxes tècniques orientatives”.

Com que els dispositius ja van ser lliurats, Antifrau suggereix que s'anul·le el contracte i només s'abone a l'empresa el cost dels equips, perquè no obtinga cap benefici econòmic.

“Tu els passes informació a l'Ajuntament del que ha de traure”

La Regidoria de Bombers, que dirigeix Juan Carlos Caballero, va traure a licitació un contracte per a dotar els efectius d'emergències d'un sistema informàtic i de suports. En la memòria, el departament de Bombers apunta que “es considera necessari equipar inicialment els 20 vehicles de primera intervenció amb un sistema embarcat que integre tota la informació rellevant per a la resolució del servei i garantisca una navegació i una comunicació instantànies amb la resta d'agències involucrades (POLO, CICU, CNP...) durant tot l'incident d'emergència, des de l'alarma fins a la finalització de l'emergència”. La Regidoria va traslladar l'expedient al Servei de Contractació a finals de 2023, que es va fer càrrec del procediment.

Antifrau compta amb una cadena de correus electrònics entre Alfaland (actualment Aprolis Iberia, que va guanyar el concurs) i Zebra Technologies en què es tanca un preu per a presentar l'oferta abans que es publicara el concurs. S'ha aportat a l'expedient la gravació d'una conversa telefònica en què responsables d'Alfaland parlen de “fer la consultoria” als Bombers: “Tu els passes informació a l'Ajuntament o als bombers sobre el que han de traure” o “ja estem parlant amb el fabricant que proporcionarà el maquinari (...) tenim el preu protegit”. També s'han analitzat comunicacions entre treballadors responsables d'adaptar els vehicles i l'empresa licitadora, en què s'assenyala: “Inflarem lleugerament el preu (...) podrem oferir el millor preu”, i s'adjunten els detalls tècnics que cal tindre en compte abans que es publique la licitació. L'informe de l'Ajuntament amb les prescripcions tècniques no es va elaborar fins set mesos després. “Abans de publicar-se la licitació, ja són coneixedors del que necessita l'Ajuntament de València”, assenyala Antifrau, que també constata que se'ls informa de quan es publicaran els plecs.

“Resulta acreditat que un funcionari ha mantingut converses amb l'empresa que resultarà posteriorment adjudicatària” des de l'any 2022, assenyala Antifrau, que apunta a un inspector en cap dels Bombers en els correus electrònics, encara que no li atribueix cap irregularitat, sinó únicament el contacte amb diverses empreses. D'ací es desprén que hi va haver unes consultes preliminars de mercat que no es van comunicar. Aquestes consultes poden ser habituals en els procediments de contractació, per a tindre una idea del cost, però han de constar en els expedients i han de quedar degudament documentades. L'Ajuntament sí que va reflectir contactes amb una desena de mercantils, inclosa la que va guanyar el concurs, però l'empresa els va negar formalment en les declaracions remeses a l'Ajuntament. Heus ací un dels grans errors del sistema.

La Agencia Valenciana Antifraude vuelve a reclamar al Ayuntamiento de València que ponga en marcha mecanismos de vigilancia en los contratos públicos. Tras detectar una serie de irregularidades en un contrato de suministro para los Bomberos de València, el organismo emite una batería de recomendaciones al gobierno de María José Catalá, que en tres años no ha puesto en marcha el plan ético que tiene aprobado desde el pasado mandato. La primera, poner en marcha el Comité Ético y la Comisión Antifraude, que llevan años sobre el papel sin haberse activado.

Antifraude ha emitido una resolución en la que constata que se hicieron unos pliegos a medida para una empresa, Aprolis Iberia, que tuvo información privilegiada y mintió en las declaraciones de conflicto de interés. Como ha informado elDiario.es, se trata de un contrato de 153.430 euros para suministrar tablets y sistemas embarcados para los vehículos de emergencia de los bomberos, un precio que se hinchó en cerca de 15.000 euros. La agencia ha constatado que hubo información privilegiada en la firma, que fue la única que se presentó al concurso, y apunta a un pacto de precios entre los fabricantes. El Ayuntamiento defiende que la denuncia se archivó en Fiscalía -aunque Antifraude investiga la parte administrativa- y que el departamento de Bomberos que dirige Juan Carlos Caballero ha proporcionado toda la información a la agencia.

La Fiscalía archivó la denuncia en 2024, pero el organismo encabezado por Eduardo Beut puede investigar irregularidades administrativas que no sean un delito para encontrar responsabilidades al margen de las penales, como es el caso. En este expediente, Antifraude señala que fallaron los controles del Ayuntamiento: la empresa mintió en unas declaraciones y no consta que se comprobara.

Del análisis de las comunicaciones aportadas, “se desprende una relación previa entre la mercantil adjudicataria y el Ayuntamiento de València. Sin embargo, en el DEUC presentado por la empresa licitadora consta que esta no ha asesorado ni ha intervenido de otra manera en la preparación del procedimiento de contratación”. Esto puede dar lugar a un conflicto de interés, señala Antifraude, dado que el licitador tiene documentación adicional previa. En el proceso se dan varios casos que los órganos de fiscalización consideran “prácticas potencialmente fraudulentas” o “banderas rojas” en la contratación pública.

Antifraude concluye que las especificaciones técnicas del sistema contratado con una propuesta comercial que la empresa que después ganó, Aprolis Iberia, había enviado al Ayuntamiento antes de la licitación. La misma empresa negó haber participado en la redacción y firmó una declaración de ausencia de conflicto de intereses. El órgano considera que el fabricante y la empresa que ganó el concurso pactaron un precio para el Ayuntamiento y que tenían información privilegiada. Las especificaciones técnicas del contrato coinciden con una propuesta comercial que envió seis meses antes la empresa que ganó el concurso. En los informes, el Ayuntamiento no explica por qué se dan esas limitaciones tan concretas.

La agencia recomienda al Ayuntamiento que ponga en marcha el Comité Ético de contratación y el plan Antifraude. Asímismo, recomienda la elaboración y remisión de un informe técnico de evaluación y seguimiento que detalle de forma pormenorizada las medidas correctoras adoptadas para subsanar las disfunciones organizativas detectadas en este expediente, “el análisis de los incumplimientos concretos del Plan de Medidas Antifraude que propiciaron la irregularidad” y “el cronograma de implantación de las herramientas tecnológicas de control preventivo recomendadas”. El ente que dirige Beút se muestra mucho más contundente en este escrito, que llega poco después de una resolución sobre el concejal de contratación, José Marí Olano. En ella, como informó elDiario.es, Antifraude ve “una debilidad en el sistema de autoprotección” del consistorio, “al evidenciarse que los mecanismos de la DACI no operaron con la eficacia preventiva requerida”.

El organismo también plantea una cuestión que parece de sentido común: que el Ayuntamiento vigile los procesos y consulte bases de datos para prevenir conflictos de intereses. En concreto, pide: “Se debería valorar la exigencia de una DACI específica desde el inicio del expediente para todo el personal que intervenga en la preparación, redacción, validación o evaluación de expedientes de contratación. El formulario incluirá una manifestación expresa que no haber mantenido contactos bilaterales con operadores económicos ni haber recibido fichas técnicas orientativas”.

Como los dispositivos ya fueron entregados, Antifraude sugiere que se anule el contrato y solo se abone a la empresa el coste de las herramientas, para que no obtenga beneficio económico.

“Tú le pasas información al Ayuntamiento de lo que tiene que sacar”

La concejalía de Bomberos que dirige Juan Carlos Caballero sacó a licitación un contrato para dotar de un sistema informático y soportes a los efectivos de emergencias. En la memoria, el departamento de Bomberos apunta que “se considera necesario equipar inicialmente los 20 vehículos de primera intervención con un sistema embarcado que integre toda la información relevante para la resolución del servicio y garantice una navegación y comunicación instantánea con el resto de agencias involucradas (POLO, CICU, CNP…) durante todo el incidente de emergencia, desde la alarma hasta la finalización de la emergencia”. La concejalía trasladó el expediente al Servicio de Contratación a finales de 2023, que se hizo cargo del proceso.

Antifraude cuenta con una cadena de correos entre Alfaland (actualmente Apolis Iberia, quien ganó el concurso) y Zebra Technologies cerrando un precio para presentar la oferta antes de que saliera el concurso. Se ha aportado al expediente la grabación de una conversación telefónica en el que responsables de Alfaland hablan de “hacer la consultoría” a los bomberos: “Tú le pasas la información al Ayuntamiento o a los bomberos de lo que tienen que sacar” o “ya estamos hablando con el fabricante que va a proporcionar el hardware (...) tenemos el precio protegido”. También se han analizado comunicaciones con trabajadores responsables de adaptar los vehículos y la empresa licitadora, que señalan: “Inflaremos ligeramente el precio (...) podremos ofertar el mejor precio” y se adjuntan los detalles técnicos a tener en cuenta, antes de que salga la licitación. El informe del Ayuntamiento con las prescripciones técnicas no se realiza hasta 7 meses después. “Antes de publicarse la licitación, ya son conocedores de lo que necesita el Ayuntamiento de València”, señala Antifraude, que también constata que se informa de cuándo van a salir los pliegos.

“Resulta acreditado que un funcionario ha mantenido conversaciones con la empresa que resultará posteriormente adjudicataria” desde el año 2022, señala Antifraude, que apunta a un inspector jefe de bomberos en los mails, aunque no le atribuye irregularidades, sino solo el contacto con varias empresas. De ahí se desprenden unas consultas previas de mercado que no se comunicaron. Las consultas pueden ser habituales en procesos de contratación, para tener una idea del coste, pero han de constar en los expedientes y deben documentarse. El Ayuntamiento sí reflejó contactos con una decena de mercantiles, incluida la que ganó, pero la empresa las negó formalmente en las declaraciones remitidas al Ayuntamiento. He ahí uno de los grandes fallos en el sistema.

Los conflictos de intereses en la contratación del Ayuntamiento de València parecen estar a la orden del día. Así lo atestiguan las sucesivas investigaciones de la Agencia Valenciana Antifraude, que ha recibido varias denuncias sobre contratos del consistorio.

La coalición Compromís ha revelado este martes una resolución del organismo antifraude, ya publicado en su página web como informe final de actuaciones, que aprecia irregularidades en un contrato de suministro de sistemas y equipos informáticos para los bomberos de València, canalizado por el Ayuntamiento. Los valencianistas denuncian, en base a la información de Antifraude, que el contrato se hizo “a medida” de la empresa que finalmente se llevó la contratación. Se trata de un contrato para de 153.420 euros para equipar los vehículos de Bomberos de València con tabletas y sistemas embarcados, suscrito en 2023.

La denuncia fue archivada en Fiscalía, pero la Agencia Antifraude destaca problemas en los mecanismos de control del Ayuntamiento de València.

El informe de Antifraude señala que los pliegos técnicos “coinciden con la propuesta de colaboración remitida meses antes por la empresa adjudicataria” y constata que la firma participó en su elaboración, algo que negó en las declaraciones de ausencia de conflicto de intereses. “Existen evidencias documentales de que la empresa adjudicataria participó en la determinación de los requisitos técnicos y en la fijación del precio estimado antes de la convocatoria de la licitación”, dice el informe de Antifraude, que a continuación señala: “Esta participación previa sitúa a la empresa en una posición de ventaja competitiva que vulnera los principios de igualdad de trato y discriminación”. La empresa firmó una declaración de ausencia de conflicto de intereses, por lo que Antifraude cree que “pudiéndose exigir responsabilidades administrativas y/o penales”.

Entre las irregularidades destacadas, el organismo que dirige Eduardo Beut señala un incremento en casi 15.000 euros del contrato, que no están justificados. Pero se detiene especialmente en un acuerdo para pactar los precios entre el fabricante y la adjudicataria: “La existencia de un acuerdo de precios entre el fabricante y la adjudicataria meses antes de que la licitación fuera pública, prueba un acceso anticipado a información confidencial”, subraya el organismo. “El operador económico disponía de información anticipada sobre las especificaciones técnicas”, recalca la resolución. En el expediente, Antifraude acredita con correos electrónicos y testimonios que la empresa hinchó el precio de la licitación.

La Agencia también abronca al consistorio la falta de procedimientos de control. Reclama que se revise el contrato de oficio y que se activen los planes de prevención del fraude municipal. Como ya sucedió con contratos del concejal José Marí Olano, el organismo recuerda que existe un plan de integridad y ética en la contratación, con unos procedimientos y canales que se tienen que cumplir.

Los valencianistas señalan al concejal de Bomberos, Juan Carlos Caballero, por el expediente: “Es la mano derecha de Catalá y, por tanto, el responsable de este contrato que ya tarda en dar todas las explicaciones”, según denuncia la portavoz de Compromís, Papi Robles. El también concejal valencianista Ferran Puchades destaca que Antifraude describe un acceso a información privilegiada, un pacto de “precio protegido” entre el fabricante y la adjudicataria, específico para el Ayuntamiento de València y cerrado antes de que la licitación fuera pública.

El Ayuntamiento de Valencia destaca que la Fiscalía ya archivó la supuesta denuncia. Además, el Departamento de Bomberos, Prevención, Intervención en Emergencias y Protección Civil ofreció toda la información requerida por la Agencia Antifraude y atenderá las peticiones que se le requieran como ha hecho siempre.

El Instituto Catalán de Oncología (ICO), organismo de referencia de tratamiento e investigación del cáncer perteneciente al departamento de Salud de la Generalitat, relevó el pasado jueves a sus dos máximos responsables económicos pocos meses después de que este periódico revelase diversas irregularidades en la gestión financiera y contractual del ente.

La dirección general informó a sus empleados que había cesado a la directora de gestión económica, Marta A., así como a su ‘número 2’, el jefe del servicio económico y financiero, Carles L.

La directora de gestión económica ha sido despedida y se abrirá un proceso para cubrir su vacante. Su segundo dejará de tener un puesto de responsabilidad en las finanzas de la entidad y pasará al área de “Sistemas de información e Inteligencia Artificial” para “iniciar el proceso de digitalización de la gestión económica”.

Desde el ICO no han querido hacer ningún comentario sobre los ceses ni confirmar o desmentir que están relacionados con las irregularidades desveladas por esta redacción. La conselleria de Salud tampoco ha querido hacer ninguna declaración.

El ICO es un ente con cuatro centros en diversos hospitales de la red pública asistencial —Bellvitge, Girona, Tarragona y Badalona— dedicado a la prevención, la asistencia, la investigación y la formación especializada en el cáncer. Actualmente, es el centro oncológico de referencia para más del 40% de la población adulta de Catalunya.

En enero, elDiario.es reveló que bajo la anterior dirección el ICO troceó un gran número de contratos entre 2023 y 2025 —de manera “irregular”, según concluyó una investigación interna— para esquivar los preceptivos concursos públicos.

Buena parte de los contratos estaban relacionados con las obras de remodelación de las oficinas de Servicios Generales del ente. El organismo, a su vez, pagó por duplicado servicios que ya tenía licitados.

La investigación interna por esos hechos apuntó a una “negligencia grave” en la gestión presupuestaria del ICO, cuya financiación depende íntegramente del Govern, y confirmó que la “gestión inadecuada” del dinero de la entidad había implicado sobrecostes “excesivos y descontrolados” para el erario público.

El organismo incoó entonces expedientes a media docena de directivos de la entidad, a pesar de que algunos de ellos ya habían abandonado el ICO. Algunos de estos responsables habrían propiciado, según la documentación obtenida, prácticas contrarias a la normativa de contratación pública que tuvieron un “impacto económico y reputacional” para el ICO.

Consultada en enero, una fuente oficial del ICO aseguró que se había activado un “plan de actuación para diagnosticar, analizar y supervisar el estado de los procesos de contratación” para evitar que “situaciones similares” se repitieran en el futuro.

Un análisis posterior de la contratación elaborado por esta redacción, sin embargo, confirmó que el descontrol financiero del ICO, cuyo presupuesto asciende a cientos de millones de euros, era mucho mayor del que había revelado la investigación interna de este organismo.

Al menos durante el último lustro, el ICO estuvo fraccionando los contratos de todo tipo de servicios valorados en cientos de miles de euros. Los encargos a dedo iban desde el traslado de pacientes en ambulancia o todo el servicio de mensajería, hasta el punto de que había particulares que estuvieron facturando al ente más de 50.000 euros al año sin concurso por trasladar muestras de sangre en su vehículo particular.

El relevo en la cúpula económica de este organismo llega apenas dos años después de que el antiguo director general del ICO, Ramon Salazar, dimitiera de su cargo por haber cobrado pagos de hasta siete farmacéuticas sin declararlos al portal de Transparencia.

El caso, distinto al revelado en este artículo, fue publicado por El Periódico de Catalunya y fue el primer aviso sobre el descontrol en la gestión económica del ICO, al destaparse también que Salazar estaba detrás de una empresa que organizaba jornadas anuales sobre cáncer, patrocinadas por laboratorios, bajo el sello de instituciones sanitarias públicas de Catalunya.

La contratación pública de mascarillas en España se guio por la ley de la selva durante los meses más mortales de la pandemia. Las administraciones públicas gastaron 2.000 millones de euros en material sanitario cuando los controles habían saltado por los aires. El decreto que impuso el Estado de Alarma en el país permitió comprar de emergencia a cualquiera y sin concurso cuando fallecían cientos de personas al día. No había concurrencia de ofertas, se contrataba a dedo, sin límite de precios ni acreditación de solvencia o experiencia en el sector. Todo valía en pandemia para sobrevivir a un virus que mató en España a más de 150.000 personas entre 2020 y 2023. Decenas de empresarios, algunos ni eso, se enriquecieron como nunca a cuenta de la compra de mascarillas en China y su venta a administraciones públicas españolas que buscaban a ciegas un material vital en esos momentos.

La Fiscalía Anticorrupción alertó por escrito sobre este 'antisistema', perfecto para alimentar la corrupción: “La Administración Pública puede adjudicar un contrato directamente a una empresa preseleccionada, en lugar de utilizar un procedimiento competitivo normal. Esta excepción [de la contratación de emergencia] tiene como fin que los compradores públicos adquieran suministros y servicios de primera necesidad en el plazo más breve posible (…) Este tipo de adquisiciones de emergencia son una herramienta de contratación que por sus características inherentes resultan vulnerables ante ciertas prácticas ilícitas”.

La pandemia dejó en España cientos de casos de empresarios o comisionistas que lograron, por la emergencia, un enriquecimiento obsceno pero legal. Como Víctor de Aldama, el nexo corruptor del Ministerio de Transportes que tras sobornar con dinero y regalos al ministro José Luis Ábalos y a su principal asesor, Koldo García, logró el primer gran negocio millonario de su vida con la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia.  

Soluciones de Gestión fue la empresa recomendada por Aldama, que para entonces ya pagaba el apartamento donde vivía la pareja sentimental del ministro Ábalos. Logró vender 20 millones de mascarillas por más de 50 millones de euros al Ministerio de Transportes, al Ministerio del Interior y a las comunidades de Canarias y Baleares. De ese dinero público, 15 millones de euros se quedaron en los bolsillos del dueño de Soluciones de Gestión (nueve millones) y de Víctor de Aldama (seis).

Antes del juicio en el Supremo del caso mascarillas, la Fiscalía Anticorrupción avisó de que no había nada anómalo en ese procedimiento: “La contratación pública efectuada en los contratos objeto de la denuncia no presenta irregularidades significativas, sin que se hayan detectado fallos como la falta de solvencia del adjudicatario en el cumplimiento de los requisitos exigibles en cualquier proceso de adjudicación de contratos públicos por emergencia y COVID-19”.

Durante el juicio, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, pidió que Aldama devolviera al menos los 3,7 millones de euros que había ganado por el material vendido al Ministerio de Transportes previo soborno a sus dirigentes. “Por el delito de aprovechamiento de información privilegiada, multa de 3.713.981 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de dos meses en caso de impago, y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por tiempo de un año”, escribió.

Los siete magistrados del Supremo que juzgaron el caso decidieron por unanimidad que Aldama no cumpliera los 4,5 años de cárcel de la condena y, además, le perdonaron la multa de los 3,7 millones de euros ganados. La sentencia considera poco relevante la información privilegiada con la que Aldama hizo negocio en el Ministerio donde tenía comprado a su principal responsable. “La relevancia de la información sobre la futura licitación, además de ser de muy escasa entidad dada la situación de la pandemia, el Estado de Alarma y normativa circundante, sucede que resultaba accesoria para la obtención del beneficio económico, que, como finalidad, establece el artículo 442 del Código Penal; pues la existencia de otros licitadores, como hemos descrito, en virtud de las influencias descritas, no eran ponderadas”, señala la sentencia.

Los magistrados creen y así lo defienden en el fallo que “no ha mediado prueba sobre que el suministro de mascarillas se haya pactado en condiciones perjudiciales para la Administración, ni que el precio fuera excesivo”. El empresario corrupto Víctor de Aldama vendió las mascarillas a 2,5 euros por unidad, lo que según el Supremo es prueba de que no se puso un precio excesivo y el suministro no se pactó en condiciones perjudiciales para la Administración.

El hermano de Isabel Díaz Ayuso, de nombre Tomás, se alió con un amigo de su pueblo que tenía una empresa de ropa infantil, Priviet, para suministrar a la Comunidad de Madrid hasta 250.000 mascarillas a seis euros la unidad, casi el triple que los precios ofrecidos por Aldama. El material era muy parecido, comprado en China a dos euros en las mismas primeras semanas de la pandemia en España.

La importancia que los magistrados del Supremo dieron al precio fijado por Aldama fue, sin embargo, irrelevante para la Fiscalía Anticorrupción cuando decidió archivar la investigación al hermano de Díaz Ayuso porque, según dijo un alto cargo de esa institución, “la avaricia no es delito”. Aquel expediente se cerró con una excusa administrativa: “Aunque Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha tenido una relación comercial con Priviet por la que ha percibido una comisión, para que esta mercantil estuviera incursa en la prohibición de contratar aquel tendría que ser su administrador o accionista de más del 10% y, además, darse el conflicto de intereses con el órgano de contratación, que no es la presidenta de la Comunidad ni su Consejo de Gobierno”.

Los correos electrónicos de la oferta de Tomás Díaz Ayuso iban a nombre del dueño de la empresa de ropa infantil, Priviet, y, por tanto, los funcionarios de la Comunidad de Madrid no podían saber que detrás de esa propuesta estaba el hermano de la presidenta, argumentaron los fiscales.

El Supremo destacó en su sentencia que 2,5 euros por unidad era un precio que se situaba por debajo de la media del precio medio pagado en España en marzo de 2020 (3,38 euros) y en abril (3,65 euros). De los 37 contratos que formalizó la Comunidad de Madrid en aquellas fechas, el de las mascarillas del hermano de Ayuso fue el cuarto más caro. 

El delito fiscal después del beneficio empresarial

La rapiña en la pandemia añadió una variante derivada de la avaricia. Algunos de los que se enriquecieron a cuenta de la compraventa de mascarillas durante la emergencia intentaron después engañar a Hacienda para que su beneficio fuera aún mayor. Es el caso de Alberto Luceño, quien junto a Luis Medina logró a dedo un contrato millonario para vender material sanitario chino al Ayuntamiento de Madrid a uno de los precios más caros en aquel momento (seis euros por mascarilla).

La Audiencia Provincial absolvió a ambos del delito de estafa agravada al considerar que no había quedado probado que engañaran a los responsables municipales ocultando que iban a cobrar una comisión de seis millones por la operación. Sin embargo, Luceño fue condenado por fraude a Hacienda a casi tres años de cárcel y 3,5 millones de multa.

Algo parecido le ocurrió al novio de Isabel Díaz Ayuso, comisionista en una compraventa de mascarillas entre dos empresas privadas. Ganó dos millones de euros (el 4,5% de la operación) pero engañó a Hacienda con facturas falsas para ahorrarse el pago de 155.000 euros en impuestos, según determinó la Agencia Tributaria. Ahora se enfrenta a una petición de la Fiscalía de tres años y nueve meses de cárcel por dos delitos fiscales.

El Ayuntamiento de la Vila Joiosa, del PP, pagó más de 300.000 euros sin contrato a la empresa que presta el servicio de socorrismo en las playas. Lo hizo sin pasar por procedimientos de contratación pública y sin fiscalización previa, al menos en tres ocasiones, y con un tirón de orejas de la Intervención municipal, que apreció un riesgo de fraccionamiento de contratos sin justificar y varias irregularidades.

Así consta en las resoluciones a las que ha tenido acceso elDiario.es, donde los servicios jurídicos municipales recogen una serie de malas prácticas en la contratación del servicio en 2025. Ambas responden tres autorizaciones del reconocimiento extrajudicial de crédito y omisión de la función interventora, tres pagos por los servicios del pasado verano -junio, julio y agosto-, una fórmula que puede emplearse pero ha de ser excepcional. En concreto, es un pago de 76.230 euros -que corresponden a la mitad de junio- y dos de 126.636 euros, por dos meses concretos. La empresa a la que se dirigen las facturas es la Asociación de Ayuda en Carretera-DYA, que ya había prestado otros servicios al municipio y lo hace en otras ciudades de Alicante.

En las resoluciones, la Intervención señala que se ha contratado un servicio “sin expediente de contratación, sin licitación pública, sin contrato formalizado y sin fiscalización previa. El servicio se ha venido prestando mediante contratos menores reiterados con el mismo objeto, proveedor y condiciones”. La Intervención apunta que se da una “utilización indebida del contrato menor y fraccionamiento”, y señala: “El recurso reiterado a contratos menores con el mismo objeto, proveedor y condiciones evidencia una fragmentación indebida del contrato y una elusión del procedimiento legal de licitación, infringiendo lo dispuesto en el artículo 118.3 y vulnerando los principios del artículo 1 de la LCSP”.

La Intervención afea también una falta de planificación y la “vulneración de los principios rectores de la contratación pública”; en concreto, el principio de transparencia, “al evitar la publicidad mediante procedimientos abiertos”; la libre concurrencia, “al limitar el acceso de posibles licitadores mediante adjudicaciones directas no justificadas” y el “principio de eficiencia y economía, al impedir la optimización de recursos públicos mediante licitación competitiva”. Asimismo, concluye, no se remitió el expediente previamente para su control, como marca la norma. Con todo, pese a que la contratación podría declararse nula, el proceso no se revisó de oficio.

Desde el ayuntamiento que dirige el popular Marcos Zaragoza explican que durante ese periodo el consistorio estaba realizando la nueva licitación del contrato de socorrismo y se produjo una demora en los plazos debido a cuestiones administrativas. “Al ser un servicio que garantiza la seguridad en las playas, el Ayuntamiento prorrogó por urgencia el servicio con la empresa adjudicataria hasta ese momento. En 2026, el servicio de socorrismo se está desarrollando con el contrato actual con total normalidad”, señalan.

L'Ajuntament de la Vila Joiosa, del PP, va pagar més de 300.000 euros sense contracte a l'empresa que presta el servei de socorrisme a les platges. Ho va fer sense seguir els procediments de contractació pública i sense fiscalització prèvia, almenys en tres ocasions, amb un advertiment de la Intervenció municipal, que va apreciar un risc de fraccionament de contractes sense justificar i diverses irregularitats.

Així consta en les resolucions a les quals ha tingut accés elDiario.es, en què els serveis jurídics municipals recullen una sèrie de males pràctiques en la contractació del servei l'any 2025. Ambdues resolucions responen a tres autoritzacions de reconeixement extrajudicial de crèdit i d'omissió de la funció interventora, corresponents a tres pagaments pels serveis prestats l'estiu passat —juny, juliol i agost—, una fórmula que pot emprar-se però que ha de ser excepcional. En concret, es tracta d'un pagament de 76.230 euros —corresponent a la segona meitat de juny— i de dos més de 126.636 euros cadascun, corresponents a dos mesos concrets. L'empresa destinatària de les factures és Asociación de Ayuda en Carretera-DYA, que ja havia prestat altres serveis al municipi i també ho fa en altres ciutats d'Alacant.

En les resolucions, la Intervenció assenyala que s'ha contractat un servei “sense expedient de contractació, sense licitació pública, sense contracte formalitzat i sense fiscalització prèvia. El servei s'ha prestat mitjançant contractes menors reiterats amb el mateix objecte, proveïdor i condicions”. La Intervenció apunta que hi ha una “utilització indeguda del contracte menor i fraccionament” i assenyala: “El recurs reiterat a contractes menors amb el mateix objecte, proveïdor i condicions evidencia una fragmentació indeguda del contracte i una elusió del procediment legal de licitació, infringint el que disposa l'article 118.3 i vulnerant els principis de l'article 1 de la LCSP”.

La Intervenció també retreu una manca de planificació i la “vulneració dels principis rectors de la contractació pública”; en concret, del principi de transparència, “en evitar la publicitat mitjançant procediments oberts”; de la lliure concurrència, “en limitar l'accés de possibles licitadors mitjançant adjudicacions directes no justificades”, i del “principi d'eficiència i economia, en impedir l'optimització de recursos públics mitjançant una licitació competitiva”. Així mateix, conclou que l'expedient no es va remetre prèviament per al control preceptiu, tal com estableix la norma. Amb tot, malgrat que la contractació podria declarar-se nul·la, el procediment no es va revisar d'ofici.

Des de l'Ajuntament, que dirigeix el popular Marcos Zaragoza, expliquen que durant aquest període el consistori estava tramitant la nova licitació del contracte de socorrisme i que es va produir una demora en els terminis per qüestions administratives. “Com que es tracta d'un servei que garanteix la seguretat a les platges, l'Ajuntament va prorrogar per urgència el servei amb l'empresa adjudicatària fins a aquest moment. El 2026, el servei de socorrisme s'està desenvolupant amb el contracte actual amb total normalitat”, assenyalen.

El diputado regional Miguel González de Legarra ha denunciado nuevos detalles sobre la Fundación Rioja Salud y su gerente, Juan Carlos Oliva. Sobre este, ha alertado de prácticas que califica de “extraordinariamente preocupantes”, que consisten en “rodearse de personas afines, concentrar el poder de decisión, debilitar los controles internos y actuar como si una fundación pública fuera una propiedad privada”. En concreto, Legarra ha asegurado que se “realizan contrataciones de personas cercanas a su entorno personal y profesional sin que se hayan convocado los correspondientes procesos públicos de selección”.

Miguel González de Legarra ha señalado además que “tampoco se están promoviendo procesos de movilidad, ni de promoción interna, con lo que también se están vulnerando los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben presidir toda contratación pública, incluidas las del sector público”.

Y esta situación ha provocado que el Área de Recursos Humanos de la Fundación Rioja Salud “se haya negado a avalar estas prácticas irregulares”, según ha dicho el dipuptado. Ante este plante de su departamento interno, la solución que ha encontrado Oliva ha sido “contratar a dedo a un nuevo trabajador que se sitúa por encima del propio departamento de Recursos Humanos, contratación que también se ha hecho sin proceso selectivo y con el objetivo de eludir los procedimientos internos y las exigencias que fija el propio Convenio Colectivo”.

El diputado socialista ha explicado que la consecuencia de todo esto es que “desde el pasado 20 de diciembre, el Comité de Empresa, cuya participación en los procesos selectivos es obligatoria según el artículo 15 del Convenio Colectivo de la Fundación, no está interviniendo en ninguna convocatoria de selección de personal impulsada por la Dirección Gerencia de la Fundación Rioja Salud”.

Miguel González de Legarra ha insistido en que el Partido Popular y el Gobierno de Gonzalo Capellán “tratan a las entidades del sector público como si fueran suyas”. Porque Juan Carlos Oliva “sigue siendo gerente porque María Martín quiere que siga siendo gerente, y esta responsabilidad alcanza también al presidente Capellán”. Por eso, “exigimos explicaciones públicas, transparencia y rendición de cuentas”. Lo que reclamamos, ha añadido el diputado socialista, es que “se aporte al Parlamento de La Rioja toda la información y toda la documentación vinculada a la gestión de los recursos humanos de la Fundación Rioja Salud y del CIBIR que se viene negando o escamoteando sistemáticamente a los diputados”.

Además, González de Legarra ha señalado que Oliva “percibe un salario de 74.848 euros anuales, cuando los gerentes del Consorcio de Extinción de Incendios, del Instituto de Estudios Riojanos o de la ADER reciben una retribución equiparable a la de un director general, 69.515,36 euros, o cuando el viceconsejero de Salud cobra 72.825,65 euros”.

González de Legarra ha recordado que ya en el anterior mandato de María Martín como consejera de Salud “se deslizaron sospechas de irregularidades administrativas en numerosas contrataciones que, aparentemente, vulneraban el Convenio Colectivo de la Fundación, y que incluso llegaron a provocar la negativa del Comité de Empresa a firmar las actas de los procesos de selección por falta de garantías”. Pues bien, ese mismo patrón de conducta en la selección de personal “se está repitiendo en la actualidad, y con la llegada de Juan Carlos Oliva a la gerencia también sabemos que se ha llegado al extremo de realizar contrataciones de personas cercanas a su entorno personal y profesional sin que se hayan convocado los correspondientes procesos públicos de selección”.

El jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria, José Antonio Osorio, ha defendido ante la jueza que instruye la causa por el accidente mortal de la pasarela de El Bocal en Santander --en la que está investigado como director facultativo del proyecto de la senda costera en 2014-- que él cumplió con la normativa y ha insistido en achacar el colapso de la estructura de madera a la falta de mantenimiento, de lo que ha responsabilizado al Ayuntamiento.

Así lo ha manifestado este viernes en su declaración durante cerca de hora y media ante la magistrada, en una jornada en la que también han comparecido los otros dos técnicos de Costas y el ingeniero que diseñó la pasarela -y que están igualmente investigados-- y dos testigos-peritos. La sesión se ha prolongado durante más de seis horas y ha concluido, pasadas las cuatro de la tarde, con la citación de Osorio.

Según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de su declaración, ha alegado que cumplió el pliego de prescripciones técnicas particulares cuando se decidió que el material de las piezas de sujeción de las vigas de madera fuera metal galvanizado -y no acero inoxidable, que según algunos informes periciales sería lo más recomendable dada la proximidad al mar de la pasarela-.

De acuerdo con el perito judicial, la causa última del derrumbe de la estructura fue un fallo de la unión de vigas tras la rotura de un herraje por la corrosión. Ocurrió el pasado 3 de marzo cuando un grupo de siete estudiantes atravesaban el paso y cayeron al agua: seis murieron y una resultó herida grave.

Además, el jefe de Costas se ha reafirmado ante la titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander, como ya ha venido haciendo a través de la documentación aportada por su letrado al procedimiento, en que la 'culpa' del desprendimiento fue la ausencia de mantenimiento de la pasarela siniestrada, y no cuestiones relacionadas con el proyecto en sí.

Y en este sentido, ha reiterado que el mantenimiento corresponde al Ayuntamiento, aunque no haya habido una cesión formal de los trabajos ejecutados por Costas (las obras no fueron recepcionadas, según la administración municipal y de acuerdo también con la jueza).

“Con la conciencia tranquila”

José Antonio Osorio, que estaba citado a las doce del mediodía, ha acudido al complejo judicial Las Salesas de Santander “con la conciencia tranquila”, según han trasladado desde su entorno a esta agencia. Ha empezado a declarar sobre las dos y media de la tarde y ha terminado pasadas las cuatro. Ha respondido solo a preguntas de su abogado -y de la jueza y la fiscal-, como también han hecho la mayoría de los investigados citados esta jornada.

En concreto, solo han contestado a estas partes el ingeniero de Fronda que diseñó el puente accidentado, Manuel Méndez -que ha comparecido durante poco más de media hora- y el jefe de Servicio de Proyectos y Obras de Costas desde que se instaló la infraestructura en 2014 y hasta su jubilación en 2023, José Luis Tejerina, quien ha permanecido unos 45 minutos en el salón de actos donde se ha desarrollado la sesión.

Mientras, su sucesor en este cargo y quien lo ostenta en la actualidad, Enrique Rodríguez, ha respondido a todos los personados: 17 partes en total, de las que nueve son acusaciones. Ha declarado durante aproximadamente una hora y veinte minutos.

Peritos-testigos

Al margen de las comparecencias de los cuatro técnicos investigados --condición en la que están además la agente de la Policía Local y la gestora del 112 que recibieron el día anterior a la tragedia las llamadas de alerta sobre el mal estado del paso de madera y que ya declararon-- este viernes también se han celebrado dos testificales-periciales.

En la primera estaban citados dos ingenieros, uno de caminos y otro agrónomo, que firmaron el proyecto general de la senda costera, aunque solo ha comparecido uno de ellos durante unos veinte minutos. Y en la segunda, ha declarado el jefe de obra de la mercantil contratista constructora de la senda (Dragados) por espacio cercano a la hora y cuarenta minutos.

Cálculos de estructura y correos electrónicos

En este caso, las preguntas se han centrado en cuestiones relacionadas con cálculos de la estructura, más que los materiales empleados en su construcción, y en los correos electrónicos que se intercambió con Osorio y que el representante legal de este último ha incorporado al procedimiento. En esos emails, el jefe de obra de Dragados le confirmó que Fronda era la “responsable del diseño, fabricación y montaje” de las estructuras.

Y por eso, “valorando las previsibles causas inmediatas del colapso de la pasarela, entre ellas un defecto de diseño estructural o constructivo” --según periciales que obran en la causa--, la magistrada acordó también dirigir la acción penal contra el ingeniero industrial de Fronda, al considerarle “responsable último” del proyecto técnico conforme al cual se ejecutó.

Por su parte, Osorio está investigado como director facultativo de la obra de la pasarela ya que, a juicio de la instructora, le correspondía dirigir la ejecución material de los trabajos, velar por su adecuación al proyecto y advertir toda insuficiencia o incumplimiento normativo sobre el diseño estructural, elección de materiales u otros detalles constructivos que pudieran comprometer la seguridad de las pasarelas de la senda costera.

Negligencia grave

Para la jueza, la falta de mantenimiento del puente podría constituir una “negligencia grave” que justifica la acción penal por posible comisión de seis delitos de homicidio y otro delito de lesiones (todos por imprudencia grave).

En el accidente fallecieron seis jóvenes, del municipio cántabro de Camargo, Vizcaya (3), Almería y Guadalajara, y otra chica más de Álava resultó herida grave. Formaban un grupo de estudiantes del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) La Granja de Heras, en Medio Cudeyo, que hacían la ruta de la senda costera.

La instructora del caso por el suceso de El Bocal, en el que fallecieron seis personas y una resultó herida grave tras ceder una pasarela de una senda costera en la zona norte de Santander, ha rechazado iniciar acción penal contra el responsable de Dragados, la empresa contratista que ejecutó las obras de la senda costera y, además, se ha vuelto a ratificar en atribuir toda la responsabilidad del mantenimiento de la senda en la Demarcación de Costas.

En un auto hoy dado a conocer, la magistrada inadmite la petición del Ayuntamiento de Santander de dirigir la acción penal contra los responsables de la contratista y de declarar su eventual responsabilidad civil. Y es que, según señala la resolución, no existe “indicio alguno que permita atribuir a los responsables de la entidad contratista una conducta negligente con relevancia causal o coadyuvante en la producción del resultado investigado”.

De la investigación realizada hasta ahora, se desprende indiciariamente que la pasarela colapsó por “determinadas deficiencias asociadas al diseño de la obra, singularmente en lo relativo a la robustez de la solución adoptada y a la idoneidad del elemento empleado para los herrajes de apoyo”, y por “la ausencia de las labores de inspección, control, conservación y mantenimiento que resultaban exigibles”.

Pues bien, en cuanto a la actuación de Dragados, “no consta que la ejecución material de la obra se hubiera apartado de las determinaciones contenidas en el proyecto aprobado, ni de las instrucciones recibidas por la dirección facultativo”.

Y “tampoco se ha puesto de manifiesto la existencia de defectos de ejecución concretos imputables a la contratista que hubieran contribuido al proceso de degradación que finalmente desembocó, presuntamente, en el colapso de la estructura”.

La responsabilidad del mantenimiento es de Costas

El auto también da respuesta a una petición de la Demarcación de Costas, que solicitó requerir al Ayuntamiento de Santander para que aportara cierta documentación relativa a las actuaciones llevadas a cabo por la entidad local en materia de inspección, conservación y mantenimiento de distintos elementos en la senda costera.

Así, pedía Costas que, por ejemplo, se solicitara el contrato de mantenimiento de Parques y Jardines de Santander para conocer su ámbito de actuación, el plan de Sostenibilidad Turística Santander Norte Litoral-Costa Quebrada, o los proyectos del Ayuntamiento en base a los cuales se llevaron a cabo actuaciones de mantenimiento y conservación de otros espacios que fueron parte del proyecto de la senda costera, como el Mirador de Ciriego o La Maruca.

A esta petición de Costas se adhiere la representación procesal del jefe de Proyectos y Obras de la Demarcación hasta el año 2023, investigado en la causa, pues considera que “resulta crucial determinar si el Ayuntamiento de Santander mediante actos propios y la inclusión de elementos de la senda costera en sus contratos de servicios públicos ha venido ejerciendo de facto las competencias de mantenimiento, lo que determinaría su responsabilidad”.

Pues bien, la magistrada decide no acoger estas pretensiones, y ello porque, tal y como explica en la resolución, esa responsabilidad ya quedó determinada en el auto dictado el 23 de marzo, resolución que es firme dado que ninguna parte la recurrió.

En aquel auto se estudió la documentación que aportaron tanto Costas como el Ayuntamiento de Santander y se concluyó que las obras de la senda costera “en modo alguno habían finalizado”, no fueron recepcionadas por el Ayuntamiento y “era y es Demarcación de Costas en Santander la única responsable de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento de tales unidades de obra”.

De hecho, fue aquel auto el que determinó que “podría existir negligencia en el adecuado mantenimiento de la pasarela siniestrada” y acordó seguir la acción penal contra “aquellas personas que por el cargo que ostentaban y ostentan pueden tener responsabilidad directa en su deber de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento de la pasarela”, esto es, los responsables de Costas.

No existen hechos nuevos

La instructora señala en su auto que ya “se resolvió de forma expresa la cuestión relativa a la atribución de las obligaciones de conservación y mantenimiento” de la pasarela, determinando que “tales obligaciones correspondían a la Demarcación de Costas”, “con exclusión de cualquier responsabilidad atribuible al Ayuntamiento de Santander”.

“La cuestión concerniente a la titularidad de las obligaciones de mantenimiento y conservación de la infraestructura litigiosa ha quedado definitivamente resuelva en esta fase procesal, sin que resulte admisible promover ahora una revisión indirecta de tal pronunciamiento mediante la solicitud de diligencias encaminadas a reabrir un debate ya decidido”, añade.

Y finaliza: “La petición no se sustenta en la aparición de hechos nuevos ni en elementos probatorios sobrevenidos”, “la diligencia pretendida no persigue, por tanto, el esclarecimiento de circunstancias novedosas relevantes para la investigación, sino la reconsideración de una valoración jurídica y fáctica ya efectuada por resolución firme”.

El concejal de Izquierda Unida de Santander, Keruin Martínez, ha anunciado este martes que su formación llevará al próximo Pleno municipal una moción para exigir al equipo de Gobierno (PP) que ponga en marcha el Observatorio Municipal de la Contratación para fiscalizar los grandes contratos externalizados del Ayuntamiento

La creación de este órgano fue aprobada en 2019 y ratificada en 2020 pero “sigue sin estar operativo casi siete años después”, ha denunciado en un comunicado el edil.

Martínez ha advertido de que Santander mantiene “un modelo de servicios públicos profundamente dependiente de la externalización”, con contratos que afectan a ámbitos esenciales como la limpieza viaria, la recogida de residuos, el abastecimiento de agua, los parques y jardines, la limpieza de colegios y dependencias municipales, el alumbrado o distintos servicios de mantenimiento.

El edil ha subrayado que “cuando un servicio público se entrega a una empresa privada, el Ayuntamiento no se quita responsabilidad: al contrario, tiene que controlar más, fiscalizar mejor y garantizar que se cumplen los pliegos, las inversiones, las condiciones laborales y la calidad del servicio que recibe la ciudadanía”.

Según ha expresado Martínez, las experiencias de los últimos años han “evidenciado que los mecanismos actuales de control son insuficientes”, y al respecto ha apuntado a “conflictos laborales en servicios externalizados, quejas de vecinos y usuarios por posibles incumplimientos de condiciones previstas en los pliegos, retrasos en nuevas licitaciones, contratos vencidos, prórrogas forzosas y servicios que han seguido prestándose, una vez finalizados los contratos, mediante fórmulas extraordinarias”.

El concejal ha puesto como ejemplos los “problemas históricos” en la gestión de servicios externalizados, señalando que “Santander no necesita otro caso como el de las basuras”, ni “otro expediente fallido en Parques y Jardines”.

Martínez se ha referido también al “incumplimiento del contrato de explotación del mercado de Puertochico”, formalizado en 2017 con un plazo no superior a un año, pero “diez años después, es evidente que este contrato no se ha cumplido, porque ni está totalmente rehabilitado, ni totalmente operativo”, lo que ha calificado como “absolutamente incomprensible”.

El edil ha enfatizado que “lo que estamos viendo no son incidencias aisladas, sino un problema estructural de planificación, seguimiento y control”. En su opinión, “Santander paga cada vez más por grandes contratos, pero la ciudadanía no siempre recibe servicios a la altura de ese esfuerzo económico”.

Más de 80 millones en externalizaciones

Martínez ha recordado que el análisis presupuestario del ejercicio 2026 cifra en más de 80 millones de euros el volumen destinado a contratos externalizados, un volumen que “no ha dejado de crecer en las últimas dos décadas”.

En este contexto, Martínez ha concluido que el Observatorio Municipal de la Contratación, cuya creación apoyaron todos los partidos políticos en 2020, “tiene que formar parte ordinaria de la gestión municipal” y ha reprochado al Partido Popular que “sigue sin buscar un modo de controlar con más eficiencia los contratos más importantes de la ciudad”.

L’Agència Valenciana Antifrau considera que els mecanismes de control de l’Ajuntament de València no funcionen correctament. Almenys, no els que han de garantir processos nets en la contractació pública.

En l’informe que l’organisme ha elaborat arran d’una denúncia sobre el regidor de contractació, que es va abstindre almenys en sis contractes per haver treballat amb empreses que concorren a les licitacions, l’Agència veu “febleses” en el sistema d’autoprotecció del consistori. En concret, adverteix que les declaracions d’absència de conflicte d’interessos “no van operar amb l’eficàcia preventiva requerida”. José Marí Olano, president de la Mesa de Contractació entre abril i desembre del 2025, no va identificar les empreses que podrien provocar aquest conflicte, cosa que l’Agència retrau en un informe provisional, que falta completar amb les al·legacions del regidor responsable de contractació. En concret, censura que no s’identifique l’empresa ni hi haja un acord sobre la decisió d’abstenció: “Ha de poder saber-se en l’expedient la causa concreta”, afig l’informe.

Les declaracions d’absència de conflicte d’interessos (DACI) són un document obligatori en la gestió de fons europeus que “suposa una manifestació explicita del seu compromís d’imparcialitat i objectivitat en el seu acompliment professional”. Són obligatòries per a totes les persones que intervenen en els processos de contractació, que a més han de comunicar al seu superior jeràrquic qualsevol potencial conflicte d’interessos perquè adopte una decisió. Els que participen en l’òrgan de contractació han de subscriure la DACI una vegada coneguts els licitadors i amb caràcter previ a la valoració de les ofertes.

Antifrau assenyala que es dona “una contradicció amb la declaració inicial de la DACI” en un dels contractes, cosa que “podria ser interpretada com una deficiència en els protocols preventius”. Segons un dels expedients analitzat, relatiu als horts urbans d’Orriols (amb finançament europeu), en la sessió del 15 de maig, de l’obertura de l’oferta econòmica, se subscriu una declaració d’absència de conflicte d’interés a l’inici de la reunió. Aquell dia la Mesa, segons figura en la Plataforma de Contractació de l’Estat, acorda proposar l’adjudicació del contracte de 316.000 euros a Agricultores de la Vega. El 5 de juny, abans de qualificar la documentació, es dona una incidència: “El president no pot subscriure una declaració d’absència de conflicte per a aquest punt i manifesta la seua abstenció formal”, per haver prestat serveis professionals a una de les empreses en els dos últims anys. L’edil se n’adona tard i remet un escrit als serveis jurídics, com ja va informar elDiario.es.

“El sistema d’integritat dels fons europeus exigeix que la DACI siga un compromís real. La falta de manifestació de la causa d’abstenció des del primer moment, havent subscrit el document, afebleix la traçabilitat del control preventiu”, assenyala el text en l’anàlisi. Recorda en aquest cas la resolució del Síndic de Greuges, que ja va plantejar a l’Ajuntament aquesta mateixa qüestió, instant el regidor a donar aquesta informació.

Malgrat això, i als múltiples intents de l’oposició per conéixer aquestes dades, el regidor no identifica les empreses. “Aquesta incoherència és una feblesa en el sistema d’autoprotecció de l’entitat local, en evidenciar-se que els mecanismes de la DACI no van operar amb l’eficàcia preventiva requerida”, subratlla l’informe d’Antifrau. A més, l’organisme subratlla que el Pla de Mesures Antifrau del consistori preveu que els possibles conflictes d’interessos han de comunicar-se immediatament a l’òrgan de contractació i al comité ètic. Per això veu una “vulneració” d’aquest protocol i denuncia una “falta de diligència” per “no comunicar el conflicte d’interés al comité ètic o unitat d’integritat”. Per a què estan les mesures si no s’executen, sembla que es pregunta el document.

En la investigació es ressenya la formació del regidor Marí Olano, que és advocat de l’Estat, on “rau” la “gravetat d’aquest cas”: “Es pressuposa un estàndard de diligència superior en la identificació de possibles conflictes d’interessos”, apunta. L’edil de contractació ha fet al·legacions a l’informe, que l’Ajuntament no ha fet públiques. Va ser apartat de la presidència de la Mesa de Contractació al desembre, més d’un mes després de l’inici de les investigacions d’Antifrau.

El protocol municipal recomana paralitzar processos

El pla de mesures antifrau de l’Ajuntament de València recomana paralitzar els processos en qüestió. En el sistema de riscos, identifica el conflicte d’interessos com una “bandera roja”. Si se’n detecta una, el responsable de l’operació ha d’informar el Servei de Contractació, perquè paralitze el “procés de contractació”. Aquest sistema “no implica necessàriament l’existència de frau, però sí que indica que una determinada àrea d’activitat necessita atenció addicional per a descartar o confirmar un frau potencial”, diu el pla municipal. En el cas de Marí Olano, el mateix regidor es va abstindre per a evitar el conflicte d’interessos, encara que l’anàlisi rau en el fet de si ho va fer com calia.

La Agencia Valenciana Antifraude considera que los mecanismos de control del Ayuntamiento de València no funcionan correctamente. Al menos, no los que deben garantizar procesos limpios en la contratación pública.

En el informe que el organismo ha elaborado a raíz de una denuncia sobre el concejal de contratación, que se abstuvo en al menos seis contratos por haber trabajado con empresas que concurren a las licitaciones, la Agencia ve “debilidades” en el sistema de autoprotección del consistorio. En concreto, advierte que las declaraciones de ausencia de conflicto de intereses “no operaron con la eficacia preventiva requerida”. José Marí Olano, presidente de la Mesa de Contratación entre abril y diciembre de 2025, no identificó a las empresas que podrían provocar ese conflicto, algo que la Agencia afea en un informe provisional, que falta completar con las alegaciones del concejal responsable de contratación. En concreto, censura que no se identifique a la empresa ni exista un acuerdo sobre la decisión de abstención: “Debe poder conocerse en el expediente la causa concreta”, añade el informe.

Las declaraciones de ausencia de conflicto de intereses (DACI) son un documento obligatorio en la gestión de fondos europeos que “supone una manifestación explicita de su compromiso de imparcialidad y objetividad en su desempeño profesional”. Son obligatorias para todas las personas que intervienen en los procesos de contratación, que además deben comunicar a su superior jerárquico cualquier potencial conflicto de intereses para que adopte una decisión. Quienes participan en el órgano de contratación deben suscribir la DACI una vez conocidos los licitadores y con carácter previo a la valoración de las ofertas.

Antifraude señala que se da “una contradicción con la declaración inicial de la DACI” en uno de los contratos, algo que “podría ser interpretado como una deficiencia en los protocolos preventivos”. Según uno de los expedientes analizado, relativo a los huertos urbanos de Orriols (con financiación europea), en la sesión del 15 de mayo, de la apertura de la oferta económica, se suscribe una declaración de ausencia de conflicto de interés al inicio de la reunión. Ese día la mesa, según figura en la Plataforma de Contratación del Estado, acuerda proponer la adjudicación del contrato de 316.000 euros a Agricultores de la Vega. El 5 de junio, antes de calificar la documentación, se da una incidencia: “El presidente no puede suscribir una declaración de ausencia de conflicto para este punto y manifiesta su abstención formal”, por haber prestado servicios profesionales a una de las empresas en los dos últimos años. El edil se da cuenta tarde y remite un escrito a los servicios jurídicos, como ya informó elDiario.es.

“El sistema de integridad de los fondos europeos exige que la DACI sea un compromiso real. La falta de manifestación de la causa de abstención desde el primer momento, habiendo suscrito el documento, debilita la trazabilidad del control preventivo”, señala el texto en el análisis. Recuerda en este caso la resolución del Síndic de Greuges, que ya planteó al Ayuntamiento esta misma cuestión, instando al concejal a dar esta información.

Pese a ello, y a los múltiples intentos de la oposición por conocer estos datos, el concejal no identifica a las empresas. “Esta incoherencia es una debilidad en el sistema de autoprotección de la entidad local, al evidenciarse que los mecanismos de la DACI no operaron con la eficacia preventiva requerida”, subraya el informe de Antifraude. Además, el organismo subraya que el Plan de Medidas Antifraude del consistorio prevé que los posibles conflictos de interese deben comunicarse de inmediato al órgano de contratación y al comité ético. Por ello ve una “vulneración” de este protocolo y denuncia una “falta de diligencia” al “no comunicar el conflicto de interés al comité ético o unidad de integridad”. Para qué están las medidas si no se ejecutan, parece preguntarse el documento.

En la investigación se reseña la formación del concejal Marí Olano, que es abogado del Estado, donde “reside” la “gravedad de este caso”: “Se presupone un estándar de diligencia superior en la identificación de posibles conflictos de intereses”, apunta. El edil de contratación ha realizado alegaciones al informe, que el Ayuntamiento no ha hecho públicas. Fue apartado de la presidencia de la Mesa de Contratación en diciembre, más de un mes después del inicio de las investigaciones de Antifraude.

El protocolo municipal recomienda paralizar procesos

El plan de medidas antifraude del Ayuntamiento de València recomienda paralizar los procesos en cuestión. En el sistema de riesgos, identifica el conflicto de intereses como una “bandera roja”. Si se detecta una, el responsable de la operación debe informar al Servicio de contratación, “para que proceda a la paralización del proceso de contratación”. Este sistema “no implica necesariamente la existencia de fraude, pero sí indica que una determinada área de actividad necesita atención adicional para descartar o confirmar un fraude potencial”, dice el plan municipal. En el caso de Marí Olano, el propio concejal se abstuvo para evitar el conflicto de intereses, aunque el análisis radica en si lo hizo como debía.

La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) ha advertido de la paralización de obras en España como la pavimentación de carreteras, debido al alza de los precios registrada en las últimas semanas como consecuencia del impacto provocado por la guerra en Oriente Medio, según recoge Europa Press.

En una rueda de prensa convocada para presentar su último informe anual de necesidades de inversión en infraestructuras, su presidente, Julián Núñez, ha alertado de que algunas empresas han experimentado subidas de precios de hasta el 50% en el 90% de sus presupuestos.

“Dudo que se estén ejecutando obras como la pavimentación de carreteras con los precios del betún que hay actualmente, a lo que se suman subidas en el hormigón por encima del 10% o del acero y aluminio, que están generando mucha incertidumbre”, ha señalado.

Por ello, Núñez ha insistido al Gobierno para que adopte una solución urgente de modo que todas las obras puedan acogerse a la revisión de precios de sus contratos con las distintas administraciones y poder trasladar esas subidas de precios y terminar las obras, como ya se hizo con el estallido de la guerra en Ucrania en 2022.

Por ahora, Seopan no ha identificado un problema en la cadena de suministro como sí pasó tras la pandemia de coronavirus. Sin embargo, dada la situación de bloqueo en el paso de Ormuz, el sector está alerta por si llega a afectar a los suministros, en cuyo caso señala que los incrementos de precios serían “mucho más significativos”.

La patronal de las concesionarias ya ha trasladado al Gobierno una serie de propuestas ante esta coyuntura, pero también para aplicarse de forma estructural, y ha recibido una respuesta positiva del Ministerio, aunque desde el Ejecutivo les han advertido de la compleja situación parlamentaria y de la dificultad para aprobar medidas en el Congreso sin consenso.

Por otra parte, Núñez también ha incidido en la baja ejecución presupuestaria del plan de reparación de daños en infraestructuras, instalaciones y servicios de los municipios afectados por la dana de 2024, dotado de 1.621 millones de euros. Por ahora, solo se han licitado 14 contratos por un total de 19,1 millones de euros, el 1,2% del presupuesto total, correspondiendo el 0,9% a ayuntamientos y el 0,3% a la empresa estatal Tragsa.

Núñez ha atribuido ese bajo porcentaje al cambio de criterio que hubo en su día para dejar de licitar contratos de emergencia, lo que supone extender los plazos para garantizar que los ayuntamientos con pocos recursos puedan preparar los contratos con la debida diligencia.

Mantener las infraestructuras requiere más de 12.000 millones

Por otro lado, Seopan ha estimado que las necesidades de inversión en España solo para mantener y conservar las infraestructuras ya existentes ascienden a 127.341 millones de euros en la próxima década, lo que supone un presupuesto de casi 12.700 millones de euros cada año.

Sin embargo, el país necesitará también construir nuevas infraestructuras y adaptar las ya existentes, lo que requiere de otros 280.000 millones de euros, ascendiendo la suma global de necesidades de inversión en infraestructuras en España durante los próximos 10 años a 407.341 millones de euros.

En el capítulo de mantenimiento, el cálculo de 127.341 millones de euros se distribuye en 58.369 millones para la conservación de carreteras, 20.280 millones para el mantenimiento ferroviario y 48.692 millones en infraestructuras hidráulicas.

“Es preocupante que en 2024 invirtamos solo el 52% de lo que se invertía en 2009 y que áreas tan urgentes como el transporte, el abastecimiento de agua y la gestión de aguas residuales hayan pasado de representar el 3,9% del gasto público total en 2008 al 1,7% en 2024. Es momento de pasar de una etapa de infrafinanciación a una de impulso decidido, con visión estratégica y una apuesta firme por la inversión y la colaboración público-privada”, ha indicado Núñez.

Frente a todo ello, la patronal de las concesionarias plantea un cambio de modelo que se base en tres pilares: mayor inversión pública, reactivación de la colaboración público-privada y nuevas fórmulas de financiación.

En este sentido, asegura que la tarificación viaria es la alternativa más eficaz para garantizar la conservación y calidad de las carreteras sin aumentar impuestos ni comprometer otros servicios públicos.

Seopan ha calculado que un sistema de pago por uso por distancia con un promedio de 111 euros anuales por usuario permitiría generar hasta 43.260 millones de euros en una década, destinados a la conservación de la red, la transición ecológica y la digitalización, además de aportar 4.100 millones de euros de recaudación por el impuesto de Bienes Inmuebles de Características Especiales (Bices) en 2.680 municipios.

Varapalo para España en su trato a los interinos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha hecho pública este martes una sentencia en la que señala que “las medidas previstas en España para sancionar la utilización abusiva” de contratos temporales en el sector público “no resultan conformes con el Derecho de la UE”. El Gobierno responde que la sentencia no es sancionadora y no afecta a la normativa española.

El Tribunal de Justicia considera que estas medidas -la transformación de estos contratos en una relación laboral indefinida no fija; el pago de indemnizaciones al trabajador en el momento de la extinción de la relación laboral; el régimen de responsabilidad de las Administraciones Públicas y la convocatoria de procesos selectivos que tienen en cuenta la experiencia anterior del trabajador y el tiempo de servicio dedicado por este al desarrollo de sus tareas- “no parecen permitir sancionar debidamente esta utilización abusiva ni eliminar las consecuencias del incumplimiento del Derecho de la UE”.

Relación laboral indefinida no fija

Según el TJUE, la transformación de los sucesivos contratos de duración determinada en una relación laboral indefinida no fija “no constituye una medida adecuada para sancionar debidamente los abusos”, ya que “supone mantener una relación laboral de naturaleza temporal”, de manera que no se acaba con “la situación de precariedad del trabajador afectado”. El TJUE recuerda que “la estabilidad en el empleo ha sido concebida como un componente primordial de la protección de los trabajadores”.

El Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública ha respondido que la sentencia no impone una sanción ni afecta a la normativa española, ya que “el Acuerdo Marco (directiva europea) no impone a los Estados miembros una obligación general de transformar en contratos por tiempo indefinido los contratos de trabajo de duración determinada”, informa Germán Aranda.

Lo considera, por tanto, una sentencia “meramente aclaratoria” como respuesta a la prejudicial planteada por el Tribunal Supremo, que preguntó si el marco constitucional era contrario a la directiva. Sin plantear qué medidas tomará para adaptarse a la sentencia del TJUE, el ejecutivo defiende que seguirá trabajando por reducir la temporalidad, así como defiende las medidas llevadas a cabo hata la fecha, que han permitido reducir la temporalidad en el sector público del 39% en 2023 al 32,7% en la actualidad.

Indemnizaciones

Además, la Justicia europea descarta que las indemnizaciones previstas por la normativa española que se pagan con la extinción de la relación laboral puedan eliminar las consecuencias del incumplimiento del Derecho de la UE en todas las situaciones de utilización abusiva de sucesivos contratos de personal interino.

Convocatoria de procesos selectivos

A lo que hay que añadir que el TJUE señala que “tampoco constituye una medida adecuada para prevenir y sancionar los abusos la convocatoria de procesos selectivos” porque aunque “se valoran la experiencia previa del trabajador afectado y el tiempo de servicio dedicado al desarrollo de sus tareas, esta valoración no se limita a aquellos candidatos que hayan sido víctimas de esos abusos”. Además, el Tribunal europeo incide en que “es posible que el trabajador en cuestión no participe en el proceso selectivo o que no lo supere” y que “la valoración de la experiencia y del tiempo de servicio mencionados parece favorecer a todos los trabajadores temporales que tengan dicha experiencia, incluidos los que no hayan padecido el abuso”.

Responsabilidad de las Administraciones Públicas

Por otro lado, en lo que respecta al régimen de responsabilidad de las Administraciones Públicas, el TJUE señala que dicho régimen “no constituye una medida adecuada, en el sentido de la cláusula 5, cuando tiene un carácter ambiguo, abstracto e imprevisible y no va acompañado de otras medidas efectivas, disuasorias y proporcionadas que permitan eliminar las consecuencias del incumplimiento del Derecho de la Unión”. Por este motivo, señala al Tribunal Supremo que debe comprobar “si el régimen de responsabilidad previsto en la legislación española ”se basa en disposiciones nacionales precisas, previsibles y aplicables en la práctica, de modo que permita sancionar debidamente a la Administración Pública“.

En esta ocasión la decisión judicial del tribunal europeo viene por el Caso Obadal: Una trabajadora viene desempeñando funciones de cuidadora de niños como personal laboral desde marzo de 2016 en un centro educativo público dependiente de la Comunidad Autónoma de Madrid. Su relación laboral se ha basado en seis contratos de duración determinada de interinidad sucesivos, todos ellos destinados a cubrir una vacante o a sustituir a un trabajador.

Los tribunales españoles dictaron que la relación laboral como relación “laboral indefinida no fija”, con el argumento de que sus sucesivos contratos de duración determinada habían sido objeto de una utilización abusiva. Esto significa que la trabajadora permanecerá en su puesto hasta que este se cubra definitivamente mediante un proceso selectivo y que recibirá una indemnización en el momento de la extinción de su relación laboral. Tras esta decisión, la trabajadora continuó con la pelea judicial y elevó su caso al Tribunal Supremo con el objetivo de que de declare su relación laboral como fija.

Sin embargo, el Supremo elevó, una vez más, una consulta a Luxemburgo para que el TJUE aclare si la normativa y la jurisprudencia de España relativas al concepto de relación laboral indefinida no fija son conformes con los requisitos derivados de la cláusula 5 del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de duración determinada, es decir, si contienen medidas adecuadas para sancionar dichos abusos en el sector público.

El Acuerdo Marco sobre el Trabajo de duración determinada es una norma europea que busca mejorar la calidad del empleo temporal, garantizando la no discriminación frente a trabajadores fijos y, en teoría, limita el abuso de contratos sucesivos.

El Ayuntamiento de Sevilla se ha visto obligado a frenar el proceso para externalizar la limpieza de los colegios públicos, después de que las principales patronales del sector hayan recurrido los pliegos de la licitación. Esta pausa llega justo cuando el camino parecía haberse despejado merced al acuerdo alcanzado con la plantilla municipal que ponía fin a meses de conflicto.

Tras sortear el escollo de la presión sindical con el pacto firmado el pasado Viernes de Dolores, el Consistorio se enfrenta ahora a un nuevo impedimento: dos recursos interpuestos por las principales patronales del sector de la limpieza en España, la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel) y las Asociaciones Federadas de Empresarios de Limpieza Nacionales (Afelin), al entender que el precio ofertado –25 millones de euros– es muy ajustado, tal y como ha adelantado El País y ha podido confirmar SevillaelDiario.es.

La impugnación de los pliegos mantiene en suspenso el procedimiento a la espera de su revisión por parte de la Secretaría General. Pese a ello, desde el Ayuntamiento restan importancia a la paralización actual del proceso y la enmarcan en el funcionamiento habitual de la contratación pública. Según indican fuentes municipales a este medio, se trata de un “trámite administrativo” habitual cuando se registran recursos en una licitación pública, algo que ocurre “cada semana en todas las áreas”.

En este sentido, subrayan que la suspensión no pone en riesgo el proceso ni altera los planes del Gobierno local, sino que responde a la necesidad de analizar y resolver los recursos antes de continuar con la adjudicación. Una vez superado este paso, añaden, la licitación se reanudará y seguirá su curso.

Costes “insuficientes” para cubrir el servicio

Los recursos presentados por las principales patronales del sector de la limpieza cuestionan dos aspectos clave de los pliegos aprobados por el Ayuntamiento hispalense. En primer lugar, el presidente de la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel), Juan Ignacio Beltrán, señala a este periódico que “los costes previstos no son suficientes para cubrir el servicio, ya que los gastos reales estarían por encima de lo contemplado en la licitación”.

Además del precio ofertado, Beltrán apunta a una infraestimación del absentismo laboral, un factor especialmente relevante en el sector: “En la limpieza el absentismo ronda el 13%, mientras que la media está en el 7%; si no se calibra bien, supone un sobrecoste importante”.

Desde Aspel, su presidente informa que anualmente interponen entre 50 y 60 recursos sobre licitaciones públicas relacionadas con la limpieza cuyos pliegos no cumplen los parámetros adecuados para las empresas. En cuanto a los plazos, Beltrán indica que la resolución no debería demorarse en exceso. “Son procedimientos más ágiles que los judiciales; en aproximadamente un mes se sabrá si se estiman o no los recursos”, explica. En función de esa decisión, el Ayuntamiento podría rechazar la propuesta, introducir cambios en los pliegos o, en el otro extremo, optar por sacar una nueva licitación.

El proceso continúa

En la misma línea que el Gobierno local, el secretario de la sección sindical de CSIF en el Ayuntamiento, Rafael Román, enmarca la situación dentro de la normalidad de este tipo de procesos y asegura que la suspensión de los plazos no compremete ni el procedimiento ni el acuerdo alcanzado el viernes 27 de marzo. “Se suspende el plazo, no el pliego, y el procedimiento sigue adelante”, resume.

En cuanto al acuerdo con la plantilla, el representante sindical precisa que el conflicto también queda en suspenso mientras se cumplan los plazos pactados con el alcalde, aunque advierte de que podría reactivarse si estos no se respetan.

Con todo, la situación resulta llamativa por el momento en el que se produce. El conflicto por la limpieza de los colegios ha sido uno de los principales focos de tensión en la ciudad en los últimos meses, hasta el punto de provocar protestas, encierros y movilizaciones por parte de la plantilla municipal de limpieza en contra de la privatización.

El pulso se dio por cerrado hace apenas unos días con un acuerdo entre el Ayuntamiento y los sindicatos, que garantizaba el mantenimiento del empleo y rebajaba la conflictividad generada por el anuncio de externalización del servicio. Ese pacto puso fin a semanas de enfrentamiento y permitió encauzar una tensión que había ido en aumento desde principios de año.

Ahora, con el procedimiento en pausa, el proceso entra en una fase técnica que, según las fuentes consultadas, no debería prolongarse en exceso ni tener mayores consecuencias sobre el desarrollo de la licitación.

Se llama Gerard Giménez Adsuar, es ingeniero de inteligencia artificial y analista de datos y acaba de lanzar dos webs que permiten a cualquier usuario consultar todos los contratos públicos de las administraciones catalanas y todas las subvenciones concedidas durante los últimos años. “Toda la información proviene de bases de datos oficiales y abiertas, lo único que he hecho es ponerlas a disposición de quien quiera consultarlas”, resume, quitando hierro a lo que se ha convertido en un verdadero fenómeno en las últimas semanas.

Contractes.cat y subvencions.cat son las dos webs desde las que se pueden buscar con precisión entre el conjunto de contratos públicos y subvenciones que se han formalizado desde todas las administraciones catalanas, lo que incluye Generalitat, ayuntamientos, diputaciones y otras entidades públicas. Al menos en teoría, porque una incidencia técnica, que según el Govern está en vías de solucionar, ha desconectado de la plataforma desde el martes pasado los datos de subvenciones de los entes locales.

Toda la información que incluyen estos portales estaba ya disponible en los archivos del Govern, pero nunca nadie había hecho que fuese tan sencillo navegar entre la maraña de números. “Yo solo he hecho fácil el acceso a unos datos que ya eran públicos y que de hecho la administración tiene la obligación legal de publicar”, asegura este experto en datos nacido en Caldes de Montbui (Barcelona) hace 32 años.

De hecho, el proyecto se inició mucho tiempo atrás, cuando el analista comenzó a mirar en los archivos que el Govern ponía a disposición pública. “Encontré que el portal de contratación oficial no daba posibilidades de seguir hacia dónde iba el dinero público, ni de comparar o tener una visión histórica… así que se me ocurrió hacerlo más accesible”, indica. “Ojalá el propio Govern hubiera hecho una web así que pueda entender cualquiera”, añade.

Lo que ha hecho este analista de datos en sus dos webs es introducir las bases de datos que el Govern pone a disposición pública, pero con un buscador muy potente en el que aparece todo escribiendo simplemente el nombre de una entidad que otorga, una empresa o particular que recibe, o incluso el concepto del contrato o la subvención. Con 20 millones de subvenciones y 1,7 millones de contratos accesibles a un clic, los portales resultan muy atractivos.

Pero, además, Giménez fue un paso más allá y añadió una funcionalidad que convierte a estas webs en una herramienta mucho más potente: cruzó las bases de datos públicas con los nombres propios vinculados a empresas y organismos que figura en el registro mercantil.

Todo es conforme a la legalidad, porque todos son registros públicos. Pero el resultado es algo que no se había visto nunca, al menos en la contratación y subvenciones de la Generalitat: uno puede introducir un nombre propio y el sistema le devuelve todos los contratos que sus empresas han recibido de organismos públicos, ordenadas por conceptos, fechas y administración otorgante.

“No me gusta que se utilice para atacar a ningún colectivo”

Giménez había hecho un primer prototipo de sus webs hace ya cuatro años, pero había dejado el proyecto sin continuidad. Sin embargo, hace unos meses lo retomó. “Ahora hay herramientas que permiten construir este tipo de webs sin demasiado esfuerzo, algo importante porque yo tengo un trabajo al que tengo que atender”, explica Gerard, que es autónomo y se dedica a cuestiones relacionadas con datos e inteligencia artificial.

La página de contractes.cat se acabó publicando el 8 de febrero, aun sin conectarla con la parte de datos del registro de la propiedad, que implementó dos semanas después. Además de la información sobre contratos en crudo, la herramienta incluía también estadísticas, ránkings y diferente información útil. Pocos días más tarde, lanzó también subvencions.cat, en este caso con un formato más sencillo.

Desde ese momento las páginas han registrado miles de visitas. “Hemos llegado a tener 5.000 usuarios en un día. Puede parecer poco, pero ten en cuenta que esto lo estoy difundiendo yo solo, a mí me parecen muchísimas”, observa. Su trabajo se convirtió rápidamente en uno de los temas de conversación en redes y, el pasado martes, el diputado del PP Alejandro Fernández lo citó en el Parlament durante una pregunta formulada a Salvador Illa.

“Es curioso el tipo de cosas que busca la gente”, reflexiona Gerard. “Lo que llama más la atención son las subvenciones, pero también se busca mucho el propio ayuntamiento, sectores concretos… y después hay cosas sorprendentes. Yo no me esperaba que interesasen tanto los contratos y ayudas con el sector de los castellers, pero aparece todo el rato como una de las cosas más buscadas”, indica.

Este éxito ha ido en paralelo a que algunas cuentas en redes hayan utilizado la información accesible para cargar contra subvenciones recibidas por entidades relacionadas con la inmigración, con el colectivo LGTBI o con colectivos feministas. Algunos de los mensajes iban acompañados de apreciaciones racistas o insultantes.

“Vi a gente, sobre todo relacionada con Aliança Catalana, diciendo cosas sobre ayudas con el nombre de 'Mohamed' que no me gustaron. Lo mismo cuando se usa para atacar iniciativas LGTBIQ+. No me gusta nada que esto se utilice para atacar a ningún colectivo”, explica Gerard.

De hecho, durante algunos días el fenómeno tomó un vuelo que llego a hacer que el propio autor de la web escribiera un mensaje en el que decía: “Me gustaría que subvencions.cat no se utilizara para atacar a ningún colectivo. ¿Dónde ha quedado juzgar a las personas por el contenido de su carácter y no por el color de su piel, que decía Martin Luther King. En todo caso, el énfasis debe ponerse en los políticos para que no cometan irregularidades a la hora de dar subvenciones. Señalar a un grupo étnico simplemente para recibirlo es muy pobre de espíritu”.

Dudas en los cambios de los datos por parte del Govern

Cuando las webs estaban en la cresta de la ola, algo ocurrió con la base de datos pública que alimentaba la web de subvencions.cat, la web que estaba siendo más visitada.

“El martes por la tarde, el buscador no funcionaba. Algunos usuarios me alertaron. Miramos si era un problema nuestro, pero luego comprobamos que nos habían cerrado el acceso. Primero pensé que quizás era algo automático por habernos pasado de peticiones, pero después vi que no era eso, sino que simplemente la base de datos había quedado cerrada para todo el mundo”, explica.

En conversación con este diario, Gerard descartaba ninguna mala praxis y atribuía la desconexión de los datos a alguna cuestión de carácter técnico. Mientras la web estuvo sin servicio, la conectó a otro repositorio, también público, y que ofrecía unos datos con diferencias mínimas.

Sin embargo, el jueves por la mañana, los datos oficiales de subvenciones volvieron a estar operativos. “Tenemos identificado que han quitado la información sobre algunos organismos. En peso económico, yo diría que han quitado sobre un 10%”, afirma el autor de las webs.

Según han podido observar, el Govern habría sacado de la recopilación pública lo referente, sobre todo, a las subvenciones otorgadas por las entidades locales, es decir, diputaciones y ayuntamientos. “Desconozco si había datos que no debían ser públicos o lo han quitado por otras razones”, asegura Giménez.

Desde el Departamento de Economía, responsables del archivo de datos, explican que lo que ha ocurrido es una incidencia técnica que están en vías de resolver lo antes posible. Además, indican, mientras dura este problema que afecta a los datos sobre subvenciones de los entes locales, toda la información puede sacarse de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, dependiente del Gobierno central, donde esa información sigue disponible.

El 11 de agosto de 2020, la interventora general del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Blanca Pons, paralizó un contrato de emergencia para la compra de “equipamiento médico inventariable para contingencia del COVID-19”, por valor de 28,8 millones de euros.

En un informe fiscal de disconformidad “con efectos suspensivos”, al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, la interventora puso “reparos” a la adjudicación a dedo, sin publicidad ni concurrencia competitiva, y paralizó el expediente alegando dos motivos: el primero, que ya había “concluido el estado de alarma” decretado por la pandemia de la COVID-19 [el 21 de junio de 2020]; y el segundo, que aquel expediente de gasto no venía avalado por acuerdo del Consejo de Gobierno, extremo obligatorio cuando un contrato excede de los ocho millones de euros.

Aquel fue el último informe de control previo de la interventora jefe del SAS, y el último, también, que paralizó un contrato de emergencia a una clínica privada, porque dos meses después el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno suprimiría la fiscalización previa, en el Consejo de Gobierno del 6 de octubre, para sustituirla por el control financiero permanente, esto es, auditorías a posteriori.

Los reparos que puso la interventora jefa del SAS en aquel último informe de fiscalización previa (verano de 2020) reaparecerían, dos años después, en casi una veintena de auditorías internas, ya bajo el sistema de control financiero permanente (a posteriori). Los interventores provinciales del SAS plasmaron en esos informes las “irregularidades” en la contratación de emergencia con clínicas privadas, que hoy sirven de base a dos investigaciones judiciales por prevaricación y malversación de fondos.

El PSOE y Podemos están personados como acusación popular. Los socialistas, que han recurrido el archivo de la causa en otro juzgado de Sevilla, denuncian una relación “causa efecto” entre la paralización de un contrato de emergencia por parte de la Intervención del SAS, en agosto de 2020, y la modificación urgente del sistema de fiscalización interna para dichos contratos, aprobada sólo meses después.

Siete fechas clave: de agosto a octubre de 2020

El 14 de marzo de 2020, el Gobierno de España decretó el estado de alarma por la pandemia de la COVID-19 que incluía, entre otras medidas, una flexibilización de las leyes de contratación del sector público para agilizar la respuesta de las comunidades a la crisis sanitaria desatada por el virus.

Ese mismo mes, el entonces director gerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán, firmó las primeras resoluciones “para la contratación de emergencia de servicios sanitarios complementarios para procesos quirúrgicos y procedimientos diagnósticos”, que daba cobertura a la tramitación de urgencia para expedientes de gasto millonario a dedo con clínicas privadas.

“Son muchos los pacientes que, durante el estado de alarma, a causa de la suspensión de la actividad asistencial programada, han visto pospuestos sus estudios diagnósticos, y vencidos sus plazos garantizados de respuesta asistencial”, justifica una resolución del 15 de julio de ese año.

El Gobierno central prorrogó seis veces el estado de alarma, del 14 de marzo al 21 de junio de 2020. A partir de esta última fecha, la Intervención Central del SAS consideró que la contratación sistemática por la vía de urgencia con la sanidad privada no estaba justificada y, el 11 de agosto, emitió un informe “de disconformidad con efectos suspensivos” que paralizó por primera vez un contrato a dedo.

En ese escrito, Pons también advertía de que las resoluciones de Guzmán que daban cobertura a ese contrato (del 13 y 20 de marzo) estaban “suscritas sin firma digital”. Se acababa de crear un precedente que comprometía el sistema de adjudicación directa del SAS con la sanidad privada.

Apenas una semana después, el 17 de agosto, la viceconsejera de Salud, Catalina García [hoy consejera de Medio Ambiente], respondió elevando a la Intervención General de la Junta de Andalucía un contrainforme, suscrito por el director general de Gestión Económica del SAS, José Antonio Miranda, que exponía sus “discrepancias” con los reparos que habían paralizado aquel contrato de 29 millones.

Ese contrainforme, al que ha tenido acceso elDiario.es, recoge los argumentos de Salud “contra el primer motivo de reparo” de la Intervención del SAS (esto es, ya había “concluido el estado de alarma”) y “contra el segundo motivo de reparo” (el Consejo de Gobierno no había autorizado un expediente de gasto superior a los ocho millones de euros, como establece la Ley de Presupuestos de Andalucía).

Dos motivos de reparto, uno desestimado y otro obviado

Sobre el primer reparo, la Consejería de Salud critica la “falta de fundamentación expresa”; advierte de “la intrascendencia de que la tramitación de emergencia se realice una vez concluido el estado de alarma, habida cuenta que se ampara en la normativa aplicable ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19”; y alega que “la firma digital no resultaba exigible en este caso ni se enmarcaba dentro de un procedimiento electrónico”.

La entonces interventora general de la Junta (Amelia Martínez, hoy viceconsejera de Hacienda) recibió ese contrainforme de la Consejería de Salud el 20 de agosto y, de inmediato, instó a los servicios jurídicos del Gobierno andaluz a resolver el conflicto entre ambas partes.

Sin embargo, Martínez obvió el primer motivo de reparo expuesto por la interventora jefa del SAS en su informe, y pidió a los letrados que se posicionaran exclusivamente sobre “el segundo”.

Un mes después, el 14 de septiembre, el Gabinete Jurídico de la Junta emitió un informe que desbloqueó el contrato de emergencia de 28,9 millones. El documento, que obra en poder de los jueces, da la razón a la Consejería de Salud al concluir que la autorización del Consejo de Gobierno a un expediente de gasto superior a los ocho millones no era preceptiva en este caso.

Pero los letrados no se pronuncian en ningún momento sobre el principal reparo que expuso la interventora jefa del SAS (esto es, que el estado de alarma había concluido cuando Salud autorizó ese nuevo contrato de emergencia a dedo), porque la interventora general de la Junta no preguntó sobre este punto.

Las acusaciones ven aquí un punto ciego en la investigación, porque consideran que es el asunto mollar de la polémica. ¿Tiene amparo legal la contratación a dedo dos años y medio después de que el Gobierno central derogase el Real Decreto que habilitó a las comunidades para sortear los controles regulares y agilizar el gasto directo? ¿Dos años y medio después de que la Consejería de Hacienda advirtiera al SAS, por escrito, de que esa ley estaba “plenamente derogada” y que “el recurso a la contratación de emergencia” orientado a “hacer frente al COVID-19” debía tener “carácter excepcional y residual”. 

El 17 de septiembre, la Intervención General de la Junta desestimó el informe desfavorable de la auditora jefa del SAS y levantó la suspensión del contrato que ésta había paralizado un mes antes. En su escrito, Martínez resta importancia a la ausencia de una “firma digital”, recogida en el primer motivo de reparo, pero tampoco se pronuncia sobre la contratación a dedo una vez concluido el estado de alarma.

Lo que sí hizo la interventora general de la Junta, según consta en su escrito, es una consulta a la Asesoría Jurídica de la Consejería de Hacienda para solicitar un “informe facultativo sobre el segundo motivo de reparo objeto de la discrepancia”. Ese informe avaló la decisión de Salud, al concluir que “en el caso de que la cuantía total estimada de un contrato de emergencia sea igual o superior a 8.000.000 euros, no es legalmente exigible que previamente autorice el gasto el Consejo de Gobierno”.

El SAS logró un aval de la Intervención General y del Gabinete Jurídico de la Junta para contratar a dedo con la sanidad privada “sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público, incluso el de la existencia de crédito suficiente”. Y, a pesar de todo, los reparos de los auditores del SAS a estirar la contratación de emergencia más allá del estado de alarma quedaron en sin evaluar, persistiendo el riesgo de que volvieran a paralizar otro expediente de gasto.

Un mes después, el 6 de octubre de 2020, el Consejo de Gobierno aprobó el polémico acuerdo que retiró los controles previos a los contratos sanitarios de emergencia, para sustituirlo por la fiscalización a posteriori. Este acuerdo desactivó los reparos que había planteado la principal responsable de fiscalización del SAS dos meses antes, y que paralizaron el contrato dedo de 28,9 millones. El mismo acuerdo aparece citado en todos los informes de disconformidad que los auditores del SAS emitieron a posteriori, sobre la contratación con la sanidad privada en los ejercicios 2021, 2022, 2023 y 2024.

Tras retirar los controles previos por acuerdo del Consejo de Gobierno, el SAS sistematizó la contratación a dedo con clínicas privadas, ligadas a las resoluciones del director gerente del 15 de julio de 2020, y prorrogadas hasta 2024. Esas adjudicaciones, que alcanza los 243 millones de euros, aún son objeto de investigaciones judiciales.

Una decisión clave sin autor material

Los altos cargos de la Junta que aparecen en esta secuencia de informes y contrainformes fueron citados a declarar en calidad de imputados o de testigos ante el juez de Sevilla que abrió la primera investigación por un supuesto delito de prevaricación en los contratos sanitarios de emergencia, entre 2020 y 2024: Blanca Pons, Miguel Ángel Guzmán, Catalina García, José Antonio Miranda y Amelia Martínez. Los tres últimos gerentes del SAS fueron imputados, pero la causa de Sevilla fue archivada, y la investigación sigue su curso en un juzgado de Córdoba y otro de Cádiz.

Una de las líneas de investigación apuntaba precisamente al Consejo de Gobierno y su decisión de retirar los controles previos a los contratos de emergencia. En su declaración ante el juez, los responsables directos admitieron que aquel acuerdo se adoptó sin “informe preceptivo”. Una semana antes, el 29 de septiembre de 2020, la ex interventora general de la Junta había firmado la “memoria” para proponer el cambio de fiscalización previa por el control financiero permanente a determinados gastos, pero en esa lista no incluyó los contratos de emergencia del SAS.

Martínez aseguró ante el juez que esa decisión se adoptó verbalmente en un consejillo –la reunión de los viceconsejeros que prepara el orden del día del Consejo de Gobierno– entre la exviceconsejera de Salud, Catalina García, y el exnúmero dos de Hacienda, Roberto Ochoa. Y estos, a su vez, señalaron a los “técnicos” del SAS, incluido el ex responsable de Contabilidad, José Antonio Miranda. Cuatro altos cargos de la Junta justificaron las prórrogas a la contratación de emergencia con la sanidad privada, pero ninguno se hizo responsable directo de aquella decisión.

Las dos interventoras responsables de los informes desfavorables que censuraron la adjudicación a dedo a clínicas privadas se ratificaron ante el juez en los “incumplimientos detectados”. Las dos admitieron que se plantearon pedir un informe de actuación a la Consejería de Hacienda, una alerta por un posible delito de menoscabo de fondos, pero que finalmente lo descartaron al observar “cierta mejoría” en la contratación posterior.