Las administraciones locales españolas han consolidado su apuesta por la cooperación internacional al desarrollo y la solidaridad en emergencias tras alcanzar los 100 millones de euros en aportaciones conjuntas, lo que supone un incremento de 10 millones respecto a los datos registradas hace cuatro años. Así lo ha subrayado este miércoles en Madrid el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, durante la celebración de la Comisión de Cooperación para el Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Morales, que ha presidido la sesión de trabajo, ha puesto en valor el papel determinante que juegan ayuntamientos y diputaciones en el engranaje de la ayuda oficial al desarrollo. A su juicio, el aumento presupuestario registrado refleja un compromiso firme del municipalismo español con la cooperación descentralizada y las actuaciones de auxilio humanitario ante contingencias globales.

En el marco de este balance, el dirigente cacereño ha resaltado la rápida respuesta articulada desde las entidades locales con la movilización de 500.000 euros destinados a paliar los efectos devastadores del reciente terremoto en Venezuela, una actuación que demuestra “un ánimo de solidaridad muy fuerte” por parte del tejido institucional municipalista.

Capacitación en ciudadanía global para responsables locales

Además de analizar las cifras financieras de cooperación, el encuentro de la FEMP ha abordado la puesta en marcha de planes formativos específicos en materia de ciudadanía global dirigidos a técnicos municipales, concejales y alcaldes. El objetivo principal de esta iniciativa pasa por dotar a los responsables públicos locales de un conocimiento más amplio sobre los mecanismos de respuesta ante emergencias y la gestión de proyectos de desarrollo.

El presidente de la comisión ha defendido la utilidad práctica de estos encuentros por su capacidad para generar un impacto directo tanto en la gestión inmediata de las crisis como en la transferencia de conocimiento hacia administraciones de países del sur global. La comisión de la FEMP sirve como punto de encuentro periódico para que los representantes locales coordinen iniciativas conjuntas alineadas con la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

“Las fundaciones son un paraguas protector”, afirmó durante su intervención en el Museo Helga de Alvear de Cáceres, donde subrayó que estas organizaciones permiten asegurar recursos y estabilidad para que la atención a las personas con discapacidad no dependa de las circunstancias ni de quienes impulsan temporalmente los proyectos.

El fundador de la Fundación Placeat aprovechó el acto para reivindicar también un cambio de mirada sobre la discapacidad. A su juicio, las limitaciones no residen en las personas, sino en las barreras que impone el entorno, por lo que reclamó avanzar en accesibilidad universal y en la construcción de itinerarios de apoyo que acompañen a las personas durante todas las etapas de su vida.

“Facilitemos el entorno y la persona podrá estar”, resumió Valverde, quien puso además el foco en el papel decisivo de las familias y de las redes comunitarias de apoyo. La inclusión, sostuvo, es una tarea permanente que requiere planificación, compromiso colectivo y una visión a largo plazo.

AFEX, en manos de su presidente, Carlos Zamora, reconoció así la trayectoria de una de las figuras más destacadas del movimiento asociativo extremeño. Durante más de tres décadas, Valverde ha trabajado para mejorar las oportunidades y la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. Presidió la asociación Placeat entre 1991 y 2024 y, en 2010, impulsó la creación de la Fundación Placeat, destinada a garantizar la continuidad y el desarrollo de los recursos de apoyo a este colectivo.

Su labor ha trascendido el ámbito de la atención social. Fue cofundador y coordinador de la Semana de Extremadura en la Escuela, dirigió el Centro de Educación Especial Ponce de León e impulsó los Juegos Extremeños del Deporte Especial (JEDES), iniciativas que contribuyeron a favorecer la participación y la visibilidad de las personas con discapacidad.

A ello se suma su compromiso con la cultura y el patrimonio regional. Ha promovido la conservación y difusión de la memoria bibliográfica extremeña a través de la Biblioteca de Temas y Autores Extremeños (BITAEX), además de ejercer como cronista oficial de Galisteo.

Su trayectoria ha sido distinguida con reconocimientos como la Medalla de Extremadura, concedida en 2010; la Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio y el nombramiento como Hijo Predilecto de Plasencia, ambos en 2019.

La entrega del galardón se celebró durante una jornada organizada por AFEX en el Museo Helga de Alvear, dedicada a reflexionar sobre inclusión, emprendimiento y tercer sector. El programa incluyó la mesa redonda Más allá de las barreras: emprendimiento e inclusión, en la que participaron el director gerente de Placeat, Ramón Rubio Lucio; la presidenta de AEXPAINBA y patrona de la Fundación Magdalena Moriche, Magdalena Moriche; y el gerente de la Fundación ASMI, Javier Aguza, bajo la moderación del director general de Servimedia, José Manuel González Huesa.

Con este reconocimiento, AFEX distingue una trayectoria que simboliza el papel desempeñado por las entidades sociales en la defensa de derechos, la generación de oportunidades y la construcción de una sociedad más inclusiva. El premio toma el relevo de los concedidos en anteriores ediciones a Helga de Alvear y Antonio Ventura, referentes también de la vida cultural y social extremeña.

Las excavaciones en el cementerio municipal Nuestra Señora de la Montaña de Cáceres han arrojado sus primeros hallazgos científicos. El equipo del departamento de Antropología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi ha confirmado la localización de las primeras evidencias de restos de víctimas de la represión franquista. Se trata de osamentas compatibles con hombres jóvenes que presentan lesiones traumáticas en el cráneo causadas por proyectiles de arma de fuego, confirmando sobre el terreno lo registrado en la investigación documental previa.

Los trabajos comenzaron el pasado 5 de octubre tras años de tramitación y de espera por parte de las familias. Las estimaciones de la intervención apuntan a que en el denominado Cuartel 4 del antiguo Limbo, ubicado bajo el actual Memorial a las víctimas, se localizan al menos ocho filas de fosas clandestinas que albergan los restos de entre 153 personas (según las previsiones iniciales en la zona de intervención) y hasta cerca de 300 víctimas en el conjunto del área, lo que podría convertir este enclave en la mayor fosa común excavada hasta la fecha en Extremadura.

La actuación forma parte del proyecto 'Exhumación de las fosas del Cementerio Nuestra Señora de la Montaña y estudio antropológico forense de los restos de víctimas de la guerra civil y de la represión franquista en la ciudad de Cáceres', una iniciativa impulsada mediante un convenio entre la Diputación de Cáceres, la Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres (AMECECA) y la propia Sociedad de Ciencias Aranzadi, con financiación de la corporación provincial y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

Avanzar hacia la identificación genética

Tras las dos primeras semanas centradas en la delimitación arqueológica y la apertura de las primeras catas, el equipo técnico inicia ahora la fase de recuperación minuciosa, documentación y análisis antropológico forense de los restos. Todo el proceso seguirá protocolos científicos para el contraste de muestras biológicas y pruebas de ADN con los familiares y allegados localizados por AMECECA, con el objetivo de lograr su identificación y posterior entrega a sus allegados.

La asociación memorialista y la Diputación de Cáceres han recibido el hallazgo con “satisfacción y emoción”, calificando los primeros resultados como un “paso histórico y trascendental” en el camino iniciado en 2010 hacia la verdad, la justicia y la reparación para los represaliados y sus familias en la capital cacereña.

Las primeras quejas llegaron apenas cinco días después de la entrega de las llaves. Han pasado casi cuarenta años y las humedades, las grietas y los problemas estructurales siguen formando parte del paisaje cotidiano de Río Vístula 1, un bloque de viviendas de protección oficial del barrio cacereño de Aldea Moret cuya historia ha terminado convertida en una reclamación ante el Defensor del Pueblo. Las vecinas sostienen que el origen del conflicto no está solo en el deterioro del inmueble, sino en una anomalía institucional: el Ayuntamiento de Cáceres es, al mismo tiempo, promotor histórico de la promoción, propietario mayoritario y la autoridad encargada de fiscalizar el estado del edificio.

Para comprender la magnitud del conflicto es necesario remontarse a 1982, cuando se impulsó la construcción de 144 viviendas de protección oficial, promovidas directamente por el Ayuntamiento con financiación pública. Los archivos históricos revelan que la edificación nació marcada por importantes deficiencias técnicas: complicaciones geológicas, hundimientos del terreno por la presencia de antiguas galerías mineras y modificaciones de última hora en la cimentación.

Las viviendas fueron entregadas oficialmente en 1988. Menos de una semana después, los primeros adjudicatarios ya habían registrado denuncias por humedades, filtraciones e inundaciones. En 1989, ante la persistencia de grietas y fallos estructurales, numerosos adjudicatarios se negaron a formalizar la compraventa en escritura pública. En 2001, los servicios técnicos municipales redactaron un informe que documentaba el grave deterioro del Bloque III y señalaba patologías muy similares a las que se denuncian hoy, sin que ninguna corporación haya adoptado desde entonces una solución definitiva.

La doble cara municipal

El bloque en cuestión se compone de 48 viviendas, garaje comunitario y patio central. Sin embargo, la definición de su titularidad es el origen de un conflicto administrativo y contable que ha paralizado la gestión durante años. Según las certificaciones registrales, el Ayuntamiento figura como titular de aproximadamente 30 de las 48 viviendas, lo que equivale a un 62,23% de la cuota de participación. Por el contrario, el Inventario Municipal solo reconoce 20 viviendas bajo su titularidad pública. Esta discrepancia, causada por contratos privados no inscritos, escrituras no formalizadas y renuncias no tramitadas, ha impedido determinar con exactitud el reparto de las cargas económicas.

Según las quejas vecinales, a pesar de ostentar la mayoría absoluta de la propiedad, el Ayuntamiento ha operado con un doble rasero. Como propietario, acumula impagos sistemáticos de cuotas comunitarias. Aunque en los plenos municipales la Alcaldía actual llegó a afirmar que se encontraba “al corriente de pago”, la documentación revela que el consistorio no abonaba las cuotas regulares desde 2016–2020. “Como autoridad urbanística, dicta órdenes de ejecución duras, exige catas estructurales, reparaciones de fachada e inspecciones bajo amenaza de ejecución subsidiaria e imposición de hasta diez multas coercitivas mensuales”, se lamenta la representante vecinal Cristina Escarmena.

La comunidad califica este esquema como una perversión del sistema: la administración ahoga económicamente a la comunidad al no pagar sus cuotas y luego la sanciona por no ejecutar obras de mantenimiento que la propia falta de los ingresos municipales impide financiar.

La degradación del edificio alcanzó niveles de emergencia entre finales de 2025 y el verano de este año. En diciembre, Escarmena registró quejas por filtraciones masivas procedentes de los pisos superiores, todos de titularidad municipal, que habían calado los techos de cocina, baño y lavadero. Tras el derrumbe de la fachada del edificio colindante en la calle Río Tíber 6, Urbanismo amplió las inspecciones a Río Vístula 1 por compartir la misma arquitectura y el mismo riesgo de apoyo insuficiente del cerramiento.

A principios de año, el Ayuntamiento notificó a la comunidad el expediente disciplinario DIS‑MSG‑0002‑2026, que exigía perforaciones sistemáticas en toda la fachada en apenas un mes y bajo amenaza de multas coercitivas. Poco después, los días 7 y 8 de febrero, la Policía Local intervino de urgencia en el Tercero 12 (una vivienda municipal deshabitada) ante filtraciones constantes, caída de agua y riesgo inminente de desprendimiento. El falso techo se desplomó y el agua avanzó por el Segundo 12, también municipal, hasta inundar el Primero 12, propiedad de Escarmena, obligándola a abandonar su vivienda por riesgo eléctrico y acumulación de moho.

Además, el temor a un vicio de origen por el apoyo insuficiente de la hoja exterior de ladrillo llevó al consistorio a exigir una inspección técnica mediante taladros en cada paño y altura del cerramiento. La resolución advertía de ejecución subsidiaria (las obras se realizarían de oficio y se cargarían íntegramente a la comunidad) e imponía hasta diez multas coercitivas mensuales. La medida generó un profundo rechazo entre las familias: la comunidad carecía de recursos para costear las catas, asfixiada por la desaparición de su administrador y por los impagos del propio Ayuntamiento, y denunciaba que el consistorio utilizaba su brazo sancionador contra particulares mientras incumplía sus obligaciones como propietario mayoritario.

En plena emergencia estructural, el informe entregado al Defensor del Pueblo explica que técnicos del Instituto Municipal de Asuntos Sociales acudieron al edificio para adjudicar seis viviendas sociales. Solo pudieron entregar tres: una sin puerta de entrada, otra con ventanas tapiadas y ninguna con enganches básicos de luz, agua o gas. La entrega se produjo apenas doce días después de que Urbanismo notificara el expediente por riesgo de colapso.

Ya en febrero, informes técnicos confirmaron que la cubierta del edificio, formada por planchas de fibrocemento con amianto, se encuentra agrietada y ha superado su vida útil. La comunidad exige, por lo tanto, su retirada conforme al Real Decreto 396/2006.

La quiebra contable

La representante vecinal ha explicado también a este periódico que a la ruina física se sumó un colapso de gestión originado por el fraude privado y la inacción pública. A principios de 2024, la empresa administradora desapareció sin dejar rastro, apropiándose de toda la documentación comunitaria y dejando un agujero contable de entre 12.000 y 15.000 euros. La comunidad denunció el caso ante la Policía Nacional.

Sin recursos para contratar un nuevo administrador, un grupo de vecinas asumió la gestión: regularizaron el CIF comunitario, diligenciaron el libro de actas paralizado durante 40 años, obtuvieron el certificado digital y solicitaron notas simples de las 48 fincas para reconstruir la identidad jurídica del edificio.

Pero el episodio más grave para la supervivencia de las 48 familias estalló la pasada primavera. El edificio no dispone de contadores individuales: solo dos comunitarios, uno averiado desde 2015. La deuda acumulada asciende a 127.309,28 euros. La factura del agua incluye la tasa municipal de basuras; al no pagar el Ayuntamiento el recibo principal, la tasa se envía a Recaudación con recargos de demora ejecutivos contra los vecinos.

Según el informe, el Ayuntamiento pagaba la tasa de basuras mediante compensaciones unilaterales, cobrándose los tributos municipales a costa de las cuotas comunitarias que debía a la finca, mientras dejaba impagado el consumo de agua. En junio, publicó edictos exigiendo el pago en diez días bajo amenaza de corte de suministro y baja de oficio de los contratos. La medida afecta tanto a vecinos cumplidores como a inquilinos vulnerables.

El peregrinaje plenario y el rodillo administrativo

Entre enero y julio, la comunidad acudió a siete plenos consecutivos. La Alcaldía negó la titularidad municipal del bloque, afirmó estar al corriente de pago, intentó aplicar la prescripción a deudas anteriores a 2020, prometió órdenes de pago que luego rectificó y anunció informes técnicos a costa de la comunidad.

En agosto, la Resolución 2026006761 estimó parcialmente el recurso de reposición, reconoció la imposibilidad de los plazos iniciales y ordenó iniciar la ejecución subsidiaria para contratar un Proyecto Técnico de Actuaciones Prioritarias, repercutiendo su coste sobre la comunidad. El vecindario denuncia que la inspección en la que se fundamenta la resolución se realizó sin notificación previa y que la licitación del proyecto técnico vuelve a expropiar la voluntad de la Junta de Propietarios.

Mientras tanto, el grupo municipal de Podemos denunció públicamente el deterioro generalizado de las viviendas sociales en Aldea Moret —incluidas las de Río Vístula, Ródano y Primero de Mayo— y señaló que el estado del parque público evidencia un abandono prolongado. Según trasladó su portavoz, Consuelo López, el desprecio hacia la vivienda social es visible en el barrio: ventanas y puertas tapiadas, pisos entregados sin enganches de luz o agua y edificios sin mantenimiento. El grupo sostiene que Cáceres arrastra un grave problema habitacional y que “el equipo del alcalde, Rafael Mateos, lo agrava manteniendo el patrimonio municipal en condiciones lamentables y negándose a declarar la ciudad como zona tensionada, una medida que permitiría activar mecanismos de protección adicionales”.

Por su parte, el Ayuntamiento de Cáceres sostiene que ya ha regularizado las cuotas comunitarias pendientes, (pero solo las correspondientes a recibos de 2022 y de los pisos que reconoce su titularidad), y que se encuentra al corriente de sus obligaciones como propietario. Afirma también que actúa como administración responsable de la conservación del inmueble: el 4 de septiembre aprobó iniciar la ejecución subsidiaria y encargar el proyecto técnico que determine las intervenciones en la fachada de Ródano, la cubierta y sus filtraciones, los sistemas de evacuación de aguas, los elementos estructurales con pérdida de revestimiento y la ventilación de la cámara inferior. Los informes municipales descartan un riesgo de colapso estructural, aunque reconocen deficiencias que requieren obras para garantizar condiciones adecuadas de seguridad y habitabilidad. Defiende que cumple en los dos planos que le competen, como propietario y como autoridad urbanística, y recuerda que el coste de las obras será repercutido a la comunidad según normativa, sin perjuicio de su participación proporcional. La comunidad, entretanto, mantiene su reclamación ante el Defensor del Pueblo, convencida de que la raíz del conflicto no se resuelve con la regularización de cuotas ni con un proyecto técnico aislado, sino con una revisión integral de cuatro décadas de gestión pública.

El petitorio ante el Defensor del Pueblo

Ante el agotamiento de la vía administrativa y la imposibilidad económica de sufragar un pleito contencioso, el escrito solicita la intervención directa del Defensor del Pueblo bajo nueve peticiones fundamentales: investigación integral de la actuación municipal; aclaración registral definitiva; fiscalización económica; protección del suministro de agua; evaluación técnica independiente; límites a la ejecución subsidiaria; transparencia y derecho de defensa; evaluación del riesgo por amianto; y examen de esa doble condición municipal.

El texto concluye con una frase que resume el espíritu de la reclamación: “Cuando un problema permanece documentado durante más de cuarenta años sin resolverse, deja de ser únicamente un problema de conservación de un edificio para convertirse en una cuestión de buena administración, de responsabilidad pública y de confianza de la ciudadanía en sus instituciones porque esto no se trata de partidos políticos sino de una administración que es de todos”. La reclamación presentada ante el Defensor del Pueblo aspira ahora a cerrar un conflicto que dura casi cuarenta años. Porque para quienes viven allí, la historia de Río Vístula 1 ya no es solo la de un bloque de viviendas en mal estado, sino la de una promesa pública que nunca llega a cumplirse.

La dictadura franquista no se sostuvo únicamente sobre la victoria militar de 1939, sino también sobre una compleja red de leyes, tribunales, sanciones y mecanismos de control que durante décadas persiguieron a miles de personas. Cómo funcionó ese engranaje represivo en la provincia de Cáceres, quiénes lo dirigieron, a quiénes castigó y de qué manera condicionó la vida cotidiana de los vencidos es el objeto de La represión franquista en Cáceres, el libro del historiador Francisco Javier Ruiz Cano. Presentado en la Biblioteca Pública de Cáceres junto al investigador José María Izquierdo Calle, la obra, adaptación de su tesis doctoral, constituye hasta la fecha uno de los estudios más exhaustivos sobre la implantación y el funcionamiento de la maquinaria represiva franquista en la provincia cacereña entre 1936 y finales de los años cincuenta.

La investigación tiene su origen en la tesis doctoral Implantación, consolidación y actuación represiva de la dictadura franquista en la provincia de Cáceres: el Gobierno Civil, el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas y el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, dirigida por Juan Andrés Blanco Rodríguez, y se sitúa en diálogo con los estudios de Julián Chaves Palacios y Sergio Riesco Roche.

El libro parte del análisis del alzamiento militar del 18 de julio de 1936, que no sólo desencadenó una guerra civil de casi tres años, sino que supuso el desmantelamiento inicial del Estado republicano y de sus instituciones democráticas. Desde los primeros días del conflicto, los sublevados comenzaron a configurar un nuevo orden institucional de carácter autocrático y represivo, inspirado inicialmente en modelos totalitarios europeos como el italiano y el alemán. Aunque tras la Segunda Guerra Mundial el régimen viró hacia un autoritarismo menos abiertamente fascista, sus instituciones mantuvieron siempre prácticas sistemáticas de violencia política, justificadas por la doctrina del Nacional-Catolicismo y amparadas en leyes represivas como la Ley de Responsabilidades Políticas, la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo, la Ley de Seguridad del Estado o la Ley de Bandidaje y Terrorismo.

Ruiz Cano subraya que, aunque el régimen rara vez empleó la palabra “represión”, esta figuraba en textos legales que pretendían legitimar la lucha contra la disidencia. La violencia política se elevó a norma y se institucionalizó mediante disposiciones jurídicas que otorgaron apariencia de legalidad a la persecución de la disidencia política y social. El nuevo sistema derivó hacia la aplicación jerarquizada de la aniquilación y la exclusión, sustentado en la retórica de la España y la AntiEspaña.

La represión comenzó con la justicia militar —los consejos de guerra— y continuó con leyes de excepción y tribunales especiales. El libro explica que era necesario implantar la dictadura en todas las demarcaciones provinciales, por lo que la violencia del Nuevo Estado tuvo una repercusión significativa a nivel local y regional, golpeando con severidad también a la provincia de Cáceres.

El libro analiza no sólo las modalidades represivas, sino también las instituciones que las ejercieron y los actores que las dirigieron, así como los grupos sobre los que recayeron. El periodo estudiado (1936-1959) abarca desde la toma de la provincia por los sublevados hasta el final del mandato del último gobernador civil analizado, en un momento en que el régimen ya estaba consolidado.

Reconstrucción del proceso

A lo largo de cinco capítulos, Ruiz Cano reconstruye el proceso mediante el que la dictadura franquista se implantó y consolidó en la provincia de Cáceres, desde las tensiones sociales previas al golpe de Estado hasta la consolidación definitiva de su aparato represivo. El primero estudia las condiciones socioeconómicas de la provincia y las tensiones sociales previas al golpe, que explican su rápida adhesión a la sublevación. Cáceres era una provincia agraria con un profundo desequilibrio entre propietarios y trabajadores: grandes fincas en manos de una minoría, pequeñas y medianas explotaciones en manos del grueso de la población, y una crisis agraria que generó protestas y movilizaciones. La reforma agraria avanzó lentamente, lo que incrementó la crispación social. El Frente Popular ganó las elecciones de febrero de 1936 y los sindicatos, especialmente UGT, protagonizaron reivindicaciones. Falange supo aprovechar la tensión y aglutinar apoyos, convirtiéndose en un rival del gobierno republicano. Todo ello explica que la ocupación de Cáceres el 19 de julio de 1936 se produjera sin apenas resistencia.

Desde ese momento comenzó a configurarse un sistema represivo que fue articulándose a través de distintas instituciones y mecanismos de control. El Gobierno Civil quedó en manos de los sublevados y se crearon instituciones como el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas y el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, sustentadas en las leyes de 1939 y 1940, con el objetivo de castigar y controlar al disidente y estructurar un sistema autocrático basado en el control social.

El libro explica que el personal político que ocupó los organismos del nuevo orden fue renovado por personas jóvenes, excombatientes y con inicios políticos en los años treinta. Sin embargo, la presencia de Falange en Cáceres fue escasa: sólo uno de los gobernadores civiles procedía de sus filas. La unificación del cargo de Jefe Provincial de FET de las JONS con el de Gobernador Civil (1938-1945) no evitó los conflictos entre familias del régimen, que mantuvieron su identidad ideológica pese a integrarse en el Partido Único.

Todos los dirigentes aplicaron severas formas de represión. El Gobierno Civil inició depuraciones que, en sus primeros momentos, fueron paralegales. El Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas impuso sobre todo sanciones económicas, destierros e inhabilitaciones, debido a la escasa resistencia republicana y al empobrecimiento de la provincia. La reforma de 1942 suspendió muchas causas. El Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo dictó pocas penas de prisión y ninguna de la máxima gravedad, debido al bajo grado masónico de los acusados y a su escasa vinculación con las élites republicanas. La mayoría de las condenas fueron confinamientos.

La violencia afectó a dirigentes republicanos, corporaciones municipales, jornaleros, militantes de UGT y PSOE, y mujeres, que recibieron un doble castigo por su condición de género y por transgredir los principios nacional-católicos. Se castigó a madres solteras, prostitutas y mujeres sospechosas de relaciones con otras mujeres. Adoptó múltiples formas: paralegal, institucionalizada, económica, social y psicológica.

La resistencia

El único foco de resistencia fue la guerrilla antifranquista, pero su debilidad y la abundancia de delatores facilitaron su neutralización por la Guardia Civil. Con su desaparición se consolidó definitivamente el engranaje represivo en la provincia, donde la violencia política estableció una división entre vencedores y vencidos y afectó a todos los aspectos de la vida cotidiana.

El libro concluye que la represión franquista en Cáceres reprodujo el modelo de exclusión y control social característico del régimen, y que su estudio permite completar el mapa de la implantación y represión de la dictadura en España. Su presentación en la capital cacereña refuerza la importancia de seguir investigando la violencia política en Extremadura y de documentar con rigor la actuación de las instituciones franquistas en la provincia.

Al final, La represión franquista en Cáceres trasciende el análisis de leyes, tribunales e instituciones para mostrar el impacto humano de un sistema concebido para controlar, castigar y excluir. Detrás de cada expediente, cada destierro o cada confinamiento aparecen vidas marcadas por el miedo, la pérdida y el silencio. Con una investigación rigurosa y ampliamente documentada, Francisco Javier Ruiz Cano, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Salamanca y especializado en el estudio de la violencia política y las estructuras represivas del franquismo, reconstruye con detalle la implantación de la maquinaria represiva en la provincia y contribuye a completar el mapa de la represión franquista en España desde una perspectiva local imprescindible para comprender el alcance real de la violencia ejercida por el régimen.

La batalla judicial por la Cruz de los Caídos, situada en la céntrica plaza de América de Cáceres, entra en una nueva fase. La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por el Ayuntamiento de Cáceres contra la resolución del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática que acordó la inclusión del monumento en el catálogo estatal de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, y, por lo tanto, exigir su retirada.

Con la admisión a trámite, la justicia abre la vía para examinar el fondo de la decisión ministerial, por lo que la estrategia legal del ayuntamiento, gobernado por el PP, pasa ahora por conseguir la paralización inmediata y preventiva del procedimiento de retirada. En el escrito remitido a la Audiencia Nacional, el consistorio ha solicitado de forma expresa la adopción de medidas cautelares para mantener la situación actual de la cruz mientras se resuelve el litigio. El objetivo del equipo de Gobierno es evitar la ejecución del desmantelamiento de forma previa al pronunciamiento de los tribunales, un escenario que, a juicio del Ejecutivo local, podría provocar que una eventual sentencia favorable a sus intereses llegara “cuando la cruz ya haya sido retirada y pueda haber sufrido daños irreparables”.

El portavoz del Gobierno local, Ángel Orgaz, ha defendido este viernes la actuación de la administración municipal en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, reiterando la postura política fijada por el Ejecutivo municipal: “La posición de este ayuntamiento era que la cruz no se toca”. “Lo que nosotros hemos solicitado es una medida cautelar que paralice la decisión del Gobierno de España y que no se lleve a efecto hasta que no haya una sentencia judicial”, ha explicado Orgaz.

El recurso ante la Audiencia Nacional se produce tras el rechazo del Gobierno central a los requerimientos de la administración municipal. El Ministerio acordó la inclusión del monumento en el catálogo oficial el pasado 25 de mayo de 2026. Posterior a esa fecha, el Ayuntamiento de Cáceres interpuso un recurso de reposición que fue desestimado formalmente por el Ministerio el 9 de julio de 2026.

Tras este portazo en la vía administrativa, la corporación municipal acudió a los tribunales. La admisión a trámite deja ahora en manos de la Audiencia Nacional la decisión sobre las medidas cautelares urgentes, cuyo fallo determinará si la Cruz de los Caídos permanece en la plaza de América mientras se prolongue el proceso judicial.

No obstante, el Gobierno extremeño de PP y Vox ha iniciado otro frente para proteger la Cruz de los Caídos con la incoación del expediente como Bien de Interés Cultural.

La Diputación de Cáceres ha reafirmado su compromiso con el tejido cultural de la provincia al renovar su respaldo a la muestra 'Indómita de Cine y Cultura de la Vera', un evento que ya encara los preparativos de su décima edición con el propósito de reforzar su proyección y reivindicar el potencial de los entornos rurales como escenarios de propuestas de vanguardia.

El presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Morales, ha mantenido un encuentro de trabajo con la directora de la muestra, Mané Cisneros, quien le ha trasladado el balance de la última convocatoria celebrada a finales de julio. Según ha informado la corporación provincial, el balance destaca una “respuesta positiva del público y una importante repercusión en términos de comunicación y visibilidad”.

Durante la reunión, Cisneros ha puesto en valor el respaldo institucional recibido desde los inicios del proyecto, un acompañamiento al que ha calificado de “absolutamente fundamental” para garantizar la continuidad y el crecimiento de una iniciativa concebida para acercar la cultura contemporánea al ámbito rural. En la misma línea, ha subrayado la necesidad de mantener la colaboración entre las administraciones públicas y la iniciativa privada para impulsar proyectos culturales con verdadera capacidad de repercusión.

Por su parte, la Diputación de Cáceres ha incidido en que este tipo de colaboraciones responden a su estrategia de descentralizar la oferta cultural, ampliar el acceso de los ciudadanos a los circuitos artísticos y dinamizar económicamente y socialmente los municipios de la provincia.

Tras los positivos resultados cosechados este verano, la organización trabaja ya en una cita muy especial con motivo de su décimo aniversario. Esta próxima edición buscará potenciar su impacto visual, ensanchar su llegada a nuevos públicos y servir como altavoz para demostrar la plena capacidad del medio rural extremeño no solo para acoger, sino también para crear propuestas culturales de primer nivel.

Las urgencias hospitalarias de las ocho áreas de salud de Extremadura cuentan con 107 profesionales asistenciales más que en 2023 y han recibido casi dos millones de euros en reformas y nuevos equipamientos tecnológicos. Este es el balance de gestión que ha defendido la directora gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES), Encarnación Solís, durante la Comisión de Salud en la Asamblea de Extremadura. Sin embargo, los grupos de la oposición han dibujado un escenario contrapuesto de colapso y saturación en los centros de la región, advirtiendo de que las plantillas están “al límite” y haciéndose eco del descontento de los profesionales: “A veces salimos llorando de trabajar”.

La comparecencia parlamentaria ha evidenciado el abismo entre la versión del Gobierno de María Guardiola y la realidad que denuncian los sanitarios. Frente a la acusación de la oposición de restar gravedad a la situación, la máxima responsable del SES ha afeado al PSOE y a Unidas por Extremadura que utilicen “incidencias concretas” para “mantener permanentemente abierta una polémica sobre las urgencias” y proyectar una imagen que, a su juicio, “no se corresponde con la realidad” del sistema sanitario regional.

Testimonios al límite y dimisiones en Cáceres

El foco del debate parlamentario se ha situado de forma prioritaria en el Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres. La diputada socialista Isabel Gil Rosiña ha denunciado que la plantilla médica del hospital cacereño sigue desbordada un mes después de que el Colegio Oficial de Médicos de Cáceres trasladara formalmente su preocupación al ejecutivo autonómico. Según el PSOE, los trabajadores se sienten “engañados” porque continúan sin cubrirse las ausencias y no han llegado los cuatro médicos comprometidos por la administración.

Rosiña ha advertido de que la falta de estabilidad en los equipos repercute de forma directa en la atención al paciente: la contratación de facultativos solo para guardias rompe la continuidad asistencial y aplaza decisiones críticas en la UCI (como la retirada de sedación o extubaciones) hasta que regresa el equipo habitual, lo que incrementa el tiempo de estancia hospitalaria y la carga de trabajo.

Por su parte, el diputado de Unidas por Extremadura, José Antonio González Frutos, ha calificado la crisis de las urgencias como “el síntoma de un fallo estructural del sistema” y ha recordado la dimisión este verano de la coordinadora de Urgencias y del responsable de los MIR en el área de Cáceres. González Frutos ha criticado que la Junta responda parcheando el servicio con “guardias voluntarias de residentes” y la externalización de turnos en la UCI, instando al SES a “dejar de jugar con las palabras” y asumir responsabilidades ante un personal que “ya no puede más”.

Desglose por áreas: 107 contrataciones y dos millones de inversión

Para rebatir las críticas, la gerencia del SES ha detallado el reparto de las 107 contrataciones realizadas desde 2023 -46 médicos, 36 enfermeros y 25 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE)— entre todas las áreas de la región.

El área de Badajoz encabeza los refuerzos con 25 profesionales asistenciales más, seguida de Llerena-Zafra con 21 incorporaciones y Cáceres con 19, donde el Hospital San Pedro de Alcántara ha pasado de dos a tres médicos de guardia. Asimismo, Plasencia suma 16 sanitarios más; Mérida añade nueve profesionales y eleva su plantilla médica de 32 a 39 facultativos (un crecimiento próximo al 22%); Don Benito-Villanueva incorpora a siete; Coria suma seis; y las urgencias de Navalmoral de la Mata ganan cuatro médicos, pasando su plantilla facultativa de nueve a 13 profesionales, lo que representa un incremento del 44%.

Junto al incremento de personal, Solís ha detallado una inversión de 621.000 euros en obras de acondicionamiento de salas de espera, áreas de observación, zonas de triaje, salas de curas y circuitos asistenciales, a los que se añaden 1,37 millones de euros en equipamiento tecnológico (ecógrafos, respiradores, desfibriladores y electrocardiógrafos) orientados a agilizar los diagnósticos y garantizar una mayor seguridad en casos graves.

El ex director gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES), Jesús Vilés Piris, se incorporó a la sanidad privada solo seis días después de su cese, pero solicitó la compatibilidad el mismo día que María Guardiola firmó el decreto de cese. Vilés obtuvo la autorización de compatibilidad, y con ello el permiso para unirse a la clínica privada, tras declarar que realizaría tareas estrictamente asistenciales sin funciones de mando.

La Junta de Extremadura le dio luz verde sin conocer que Clínica Parque San Francisco, centro gestionado por Clínica Quirúrgica Cacereña S.A.U. (Grupo Hospitales Parque) lo fichó como 'director médico', puesto que el responsable de la sanidad pública extremeña entregó su contrato al día siguiente de que elDiario.es Extremadura desvelara su nuevo destino laboral. Casi un mes antes, el 9 de junio, el Registro de Conflictos de Intereses resolvió el expediente de Vilés definitivamente de forma favorable.

Cronología: de la declaración al contrato

Para entender cómo la Junta de Extremadura declara de forma favorable la compatibilidad del exgerente del SES para trabajar en la sanidad privada hay que remontarse al 5 de mayo. Ese día, María Guardiola decreta el cese de Vilés (decreto 58/2026, publicado en el Diario Oficial de Extremadura al día siguiente). Apenas unas horas después del acuerdo de cese el 5 de mayo, Vilés registró telemáticamente su declaración de actividades tras el cese.

En ese escrito, el exresponsable sanitario comunicó que pretendía incorporarse a Hospitales Parque como “médico con funciones de apoyo organizativo interno”, limitadas a la atención asistencial de pacientes y la elaboración de turnos, garantizando por escrito que no asumiría funciones directivas, representación mercantil ni capacidad decisoria.

Las condiciones pactadas en el sector privado se formalizaron seis días después. El 11 de mayo de 2026, Vilés suscribió su contrato indefinido ordinario con Clínica Quirúrgica Cacereña S.A.U.. En la cláusula primera y en el punto tercero de su anexo laboral, la categoría asignada fue de forma expresa la de director médico, dependiendo del Director del Negocio de Hospitales. No obstante, en el clausulado anexo se estipulaba que las funciones se orientarían a la coordinación clínica y se excluía expresamente la relación de alta dirección.

Compatibilidad concedida sin revisar el contrato

Pese a haber formalizado el acuerdo laboral en mayo, Vilés no remitió copia del mismo a la Administración autonómica durante la instrucción del expediente. Sobre la base exclusiva de su declaración del 5 de mayo y tras recabar informes internos de Recursos Humanos y Contratación del SES, el Registro de Conflictos de Intereses emitió el 9 de junio de 2026 un informe favorable que declaró compatible la actividad y acordó su inscripción y depósito.

El órgano autonómico concluyó que el desempeño de tareas estrictamente asistenciales no vulneraba la Ley 1/2014 del estatuto de los cargos públicos de Extremadura, asumiendo la manifestación de Vilés de que no ejercería responsabilidades ejecutivas.

La documentación laboral no tuvo entrada formal en el Registro hasta el 1 de julio. Vilés envió entonces un correo electrónico al departamento de Transparencia adjuntando el contrato y solicitando copia del dictamen emitido semanas atrás. El envío del documento se produjo 24 horas después de que elDiario.es Extremadura publicara su investigación sobre el fichaje privado de Vilés y la Consejería de Salud se vio obligada a dar explicaciones, una exigencia a la que se sumaron el PSOE y Unidas por Extremadura.

La vinculación entre Vilés y la clínica cacereña ya contaba con antecedentes: antes de su nombramiento al frente del SES en 2023, el facultativo había sido director médico de SegurCaixa Adeslas en Cáceres, aseguradora con vinculaciones con el centro hospitalario, motivo por el cual tuvo que formalizar su abstención en los procedimientos de contratación pública del SES relacionados con esta mercantil durante su etapa en el cargo.

El cortometraje Hachazo, codirigido por el cineasta alcantareño Pablo Magro y Sebastián Reyes Morales, sumará una nueva parada internacional tras ser seleccionado para competir en el Trikala International Comedy Film Festival (TICFF), que celebrará su primera edición en la ciudad griega de Trikala entre el 16 y el 25 de octubre.

La elección supone un nuevo reconocimiento para esta producción extremeña, que continúa ampliando su recorrido fuera de España después de cosechar premios en festivales de India y Rusia. En concreto, la película obtuvo el galardón al Mejor Debut en el Tamizhagam Film Festival, celebrado en India, y el premio al Mejor Cortometraje Detectivesco en el festival Gold of Kotlovka, en Rusia.

Natural de Alcántara, Pablo Magro consolida así la proyección internacional de su primer trabajo cinematográfico, una comedia negra que ha conseguido abrirse paso en distintos certámenes del circuito independiente.

El festival griego nace con el objetivo de reivindicar la comedia en todas sus vertientes, desde la sátira hasta la animación. Además de las proyecciones a concurso, el programa incluirá talleres, clases magistrales y encuentros profesionales destinados a fomentar el intercambio entre cineastas emergentes, creadores consolidados y público.

Dos detectives y una desaparición

Hachazo adopta la fórmula del falso documental para contar una historia tan absurda como intrigante. La trama sigue a dos detectives encargados de investigar la misteriosa desaparición de un novio durante su despedida de soltero, una premisa que sirve de punto de partida para una sucesión de situaciones disparatadas en las que se mezclan el misterio y el humor negro.

La obra nació durante el Máster de Cinematografía y Artes Visuales de School Training, en Málaga, y está codirigida por Pablo Magro y Sebastián Reyes Morales. La distribución corre a cargo de la firma malagueña Dreamview Distribution.

El cortometraje también puede verse de forma gratuita en HorrorHound TV, plataforma estadounidense especializada en cine de terror y producciones independientes.

Un proyecto surgido durante su etapa de formación

Pablo Magro, natural de Alcántara, desarrolló Hachazo como su primer cortometraje tras completar su formación en producción audiovisual y ampliar sus estudios cinematográficos en Málaga.

Junto a él figura como codirector Sebastián Reyes Morales, nacido en Caracas, quien orientó su trayectoria profesional hacia el ámbito audiovisual tras una formación inicial vinculada a la informática. Especializado posteriormente en guion y dirección cinematográfica en School Training, ha participado en proyectos como La Reconquista, Camelia Carmín y La Herradura, además de intervenir como extra en la serie La chica de nieve.

La presencia de Hachazo en el certamen de Trikala amplía el alcance internacional del proyecto y abre una nueva ventana de difusión para el trabajo de sus dos directores. Tras los reconocimientos obtenidos en India y Rusia, la comedia negra continuará ahora su recorrido europeo con una nueva oportunidad para conquistar al público y al jurado griegos.

A comienzos del siglo XX, cuando en los pueblos de Extremadura la vida seguía marcada por la tierra y por la incertidumbre de cada cosecha, la idea de marcharse “a hacer las Américas” era casi un sueño colectivo. En La Vera, ese sueño tomó una forma inesperada: unos hombres que los vecinos recuerdan como los Ganchos comenzaron a recorrer la comarca alrededor de 1912 y 1913 prometiendo trabajo, salario, vivienda y escuela para los hijos e hijas en un lugar tan remoto que apenas podía imaginarse: Hawái. Para familias que acababan de sufrir un ciclón y vivían de una economía rural precaria, aquella propaganda sonaba a salvación.

Los carteles aparecieron en las calles, las conversaciones se multiplicaron de casa en casa y pronto comenzaron a formarse listas de quienes estaban dispuestos a cruzar el océano. Entre ellos, vecinos de Jarandilla de la Vera y Guijo de Santa Bárbara. Lo que no sabían es que estaban a punto de protagonizar una de las historias migratorias más desconocidas de Extremadura.

Más de un siglo después, esa historia volvió a abrirse por una pregunta aparentemente sencilla. Manuel Trinidad, antropólogo y bibliotecario de la Universidad de Extremadura, investigaba la emigración española a Hawái tras la exposición 'Emigrantes invisibles', centrada en los andaluces que viajaron al archipiélago. Si había andaluces en aquellas listas, ¿por qué no iba a haber extremeños? La búsqueda confirmó que sí: 632 personas de Extremadura embarcaron en distintos barcos de carbón desde Gibraltar rumbo a Hawái. Trinidad bautizó su investigación como Proyecto Harpalion, en referencia al primer barco vinculado a la partida de extremeños. Entre los nombres aparecieron 66 personas relacionadas con Jarandilla. Y entre ellos, sin que él lo supiera, estaba la familia de Ana María Rodríguez.

Cuando Ana María recibió aquel correo y revisó la documentación, encontró los nombres de los Moreno Godoy. Al principio no se lo dijo a Trinidad: apenas lo conocía y aquel investigador era, para ella, un extraño que pedía ayuda para localizar descendientes de unos emigrantes perdidos en el tiempo. Aun así, decidió colaborar. Sin saberlo, estaba abriendo una puerta que llevaba décadas cerrada en su propia familia.

Silencio

Ana María sabía que su abuela, Áurea, había intentado marcharse a América junto a su padre, pero en casa apenas se hablaba de aquella historia. Había dolor, pérdidas y un silencio que se había transmitido de generación en generación. Hasta que Ana recordó algo que su abuela le repetía cuando ella era niña, en aquellas noches en las que dormían juntas y Áurea le hablaba del muelle, de los monos y, sobre todo, del mar. Para una niña que había crecido tierra adentro, el mar era una revelación. “Hija, soy la única del pueblo que ha visto el mar”, decía siempre antes de repetir la misma frase: “Tienes que contar nuestra historia”.

La Vera de hace un siglo era un territorio profundamente ligado al campo. La emigración era una salida cada vez más presente, pero la propuesta de Hawái tenía algo distinto: no se trataba de pagar un pasaje y buscar fortuna, sino de aceptar un contrato que prometía estabilidad. En ese contexto, muchas familias confiaron. Entre ellas, la de Áurea.

Patricio Robles, bisabuelo de Ana María, se inscribió para el viaje junto a su hija de 13 años. También estaban su cuñado Eugenio Moreno Godoy y Emilia Berrocoso. Desde Jarandilla y Guijo emprendieron el camino hacia Gibraltar. En total, 63 jarandillanos y cinco vecinos de Guijo iniciaron aquel desplazamiento que, para muchos, sería el primer salto fuera de su mundo conocido.

Pero la emigración no fue la aventura prometida. Las condiciones del viaje eran duras y algunas familias tuvieron que enfrentarse a la muerte de sus hijos durante la travesía. Tres niños fallecieron: Eulogio Burcio, de dos años; José María Berrocoso, de apenas dos meses; y Eleuterio Berrocoso, de dos años también. Sus nombres, recuperados hoy, devuelven la dimensión humana a una historia que podría parecer solo un episodio migratorio. Eran niños con padres, con pueblo, con futuro truncado en un barco de carbón.

La historia de Áurea tuvo un giro inesperado. Cuando llegó el momento de embarcar, Patricio decidió quedarse. No fue cobardía, insiste Ana María, sino el vínculo con su tierra: “La tierra le tiraba demasiado”. Padre e hija permanecieron en Gibraltar unos seis meses trabajando en la casa de un jefe naviero. Cuando lograron ahorrar algo de dinero, emprendieron el regreso. No podían pagar el viaje, así que volvieron andando desde Gibraltar hasta Jarandilla. Aquel retorno se convirtió en otra aventura familiar transmitida de generación en generación.

Desde luego es que existen historias que se construyen sobre grandes acontecimientos. La de Ana María se sostiene sobre una decisión aparentemente sencilla: embarcar o quedarse. Si Patricio hubiera subido a aquel barco, la historia familiar habría sido otra. “Si mi bisabuelo hubiese embarcado, yo no habría nacido”, resume Ana María, consciente de cómo una decisión tomada hace más de un siglo sigue resonando en su propia vida.

Lo que comenzó con un correo electrónico se convirtió para ella en una investigación y, sobre todo, en un compromiso con la memoria. La historia de Áurea dejó de ser solo la de su abuela para convertirse en la de todos aquellos extremeños que abandonaron sus pueblos buscando un futuro prometido al otro lado del océano. Por eso, La niña de pelo rojo es mucho más que un relato familiar: es la historia de una comarca que, durante un breve periodo, miró hacia uno de los lugares más lejanos y exóticos del mundo.

La investigación tuvo además una consecuencia inesperada. Ana María formó parte de la comisión que consiguió que descendientes de aquellos veratos que emigraron a Hawái en 1913 regresaran a La Vera. Familias separadas por más de un siglo pudieron reencontrarse con la tierra de sus antepasados. Los nombres escondidos en documentos volvieron a tener rostros. Y los descendientes pudieron caminar por los mismos pueblos desde los que partieron sus bisabuelos y tatarabuelos. La emigración, en cierto modo, cerraba un círculo.

Ana María Rodríguez García nació en Jarandilla en 1966. Decoradora de profesión, su vínculo con la cultura verata atraviesa décadas: desde 1985 forma parte de la Rondalla Virgen del Sopetrán, donde baila, canta y toca el tambor; ha trabajado en la formación de nuevas generaciones de bailarines; ha participado en iniciativas de la Ruta del Emperador Carlos V; y en 2023 recibió el reconocimiento Veratísima por su labor de difusión cultural. Pero ninguna de esas actividades explica tanto su relación con la memoria como aquellas palabras que escuchaba de niña: “Cuéntalo”.

Eso es lo que ha hecho. Ha contado la historia de Áurea. Ha recuperado los nombres de quienes se fueron. Ha contribuido a que los descendientes puedan volver a mirar hacia Jarandilla. Y ha demostrado que una historia perdida en una lista de pasajeros puede convertirse de nuevo en memoria viva. Porque hace más de cien años, una niña de pelo rojo cruzó el camino hacia el mar. Y más de un siglo después, su nieta ha conseguido que aquella niña vuelva a casa. Ese regreso simbólico está hoy recogido en un libro ya publicado, La niña del pelo rojo, donde Ana María reconstruye y comparte la memoria que su abuela le pidió conservar.

Cáceres discute estos meses qué hacer con la Cruz de los Caídos, si debe considerarse patrimonio cultural o si es, como fue desde su origen, un símbolo de exaltación franquista. Pero mientras la Junta intenta revestirla de una nueva significación, la ciudad mantiene otros vestigios que no son restos arqueológicos ni piezas neutras de la historia: son huellas políticas que sobrevivieron a la dictadura y se integraron en el paisaje urbano como si fueran parte natural de la ciudad. Lo explico en mi blog.

Uno de ellos está en las inmediaciones de la Plaza de Toros: el monumento al Regimiento Argel 27. No es un detalle menor que su autor fuera Ángel Pérez, arquitecto municipal y responsable también del proyecto de la Cruz de los Caídos, tal como recoge el expediente elaborado en 2026 para la declaración de la cruz como Bien de Interés Cultural. Ese documento menciona expresamente el monumento al Argel entre sus obras. La relación entre ambos símbolos no es casual: nacieron en la misma cultura política, la que convirtió la victoria de los sublevados en motivo de celebración pública.

El Argel 27 tampoco fue una unidad ajena al golpe. El Ejército de Tierra sitúa su origen en el Regimiento de Segovia y confirma que en 1935 pasó a denominarse Regimiento de Infantería Argel número 27. Durante la Guerra Civil, sus miembros instruyeron a soldados del bando sublevado en las nuevas unidades de carros de combate. En Cáceres, además, fueron militares del Argel quienes proclamaron el estado de guerra el 19 de julio de 1936. Las tropas sublevadas tomaron el control de las instituciones y el alcalde republicano Antonio Canales fue apartado de su cargo. La historia del regimiento está entrelazada con la del golpe en la ciudad.

Por eso el monumento no nació para recordar una trayectoria militar compleja, sino para celebrar una victoria política. En 1940, apenas un año después del final de la guerra, autoridades políticas, militares, religiosas y falangistas se reunieron en el Ayuntamiento para acudir a rendir homenaje al regimiento. Antes pasaron por Aguas Vivas, donde se inauguraron nuevas calles con nombres de batallas del bando sublevado: Escamplero, Belchite, Brunete, Alfambra. La documentación sobre el callejero franquista sitúa en 1939 la denominación de la plaza del Perejil como Plaza del Regimiento Argel. Las calles se engalanaron con banderas, guirnaldas y mantones. Hubo aplausos, vítores, discursos e himnos. Y mientras se celebraba la victoria, en la cercana Plaza de Toros seguían encerrados presos bajo el control del Campo de Prisioneros de Los Arenales, cuya existencia aparece incluso en el Boletín Oficial del Estado de 1940.

Nobleza obliga

Hay palabras que, vistas desde hoy, resultan inquietantes. 'Nobleza obliga' fue el lema de una suscripción abierta en 1937 para premiar a quienes proporcionaban información a las autoridades militares durante la oleada represiva que desembocó en las ejecuciones de las Navidades de aquel año. La documentación publicada sobre esos hechos recoge las cantidades entregadas y el destino de las aportaciones. En aquella Cáceres concreta, la delación era una actividad recompensada. Las palabras también formaban parte de la maquinaria política.

El monumento permaneció en el Paseo del Perejil hasta 1965. No desapareció por decisión democrática: se trasladó por las necesidades de la transformación urbana. Ese año se acometió una nueva ordenación del tráfico que supuso también la desaparición del Parque del Perejil. Pero el monumento no se retiró. Volvió a ser protagonista de los actos de conmemoración del aniversario del golpe. El alcalde era Alfonso Díaz de Bustamante y Quijano, según recoge el Ayuntamiento de Cáceres. La celebración fue todavía más fastuosa. El diario católico Extremadura dedicó una página entera a glosar los méritos del regimiento.

La historia militar admite reorganizaciones, cambios de nombre y nuevas misiones. Pero no todas las etapas tienen el mismo significado político. La dictadura quiso atribuir al Argel 27 una gloria vinculada a su participación en el golpe y en la guerra del lado sublevado. Eso se celebraba en 1940. Eso se conmemoraba en 1965.

Hoy el monumento conserva dos leyendas: una sobre su reinauguración en 1965 y otra sobre su restauración en 2007. Ese año se aprobó la Ley de Memoria Histórica, que establecía medidas para retirar símbolos de exaltación de la sublevación militar, la Guerra Civil y la dictadura. La coincidencia temporal no permite afirmar por sí sola por qué se restauró el monumento ni quién decidió hacerlo, pero sí invita a formular una pregunta: ¿qué significa que un monumento nacido para homenajear al bando vencedor siga formando parte del paisaje urbano y haya sido restaurado en democracia?

No se trata de borrar la historia. Es exactamente lo contrario: contarla. Retirar un símbolo franquista no destruye memoria. Mantenerlo tampoco la garantiza. La memoria necesita contexto, explicación y honestidad. El problema de estos monumentos no es la piedra. Es aquello que la piedra recuerda.

Cáceres discute ahora si la Cruz de los Caídos debe ser considerada patrimonio cultural. El expediente reconoce que nació en 1937 como homenaje a los caídos del bando sublevado y que originalmente incorporaba referencias explícitas a la sublevación y a Franco, aunque fueron eliminadas en 1984. Ese debate debería servir para mirar alrededor. Porque la cruz no es el único vestigio. Está la fachada de Santa María, donde permanecen elementos de exaltación. Está el monumento al Argel. Está un callejero que durante años convirtió batallas de la guerra en parte del paisaje cotidiano.

Y está, sobre todo, una historia que durante demasiado tiempo se ha contado desde la perspectiva de quienes ganaron.

Nueva York aparece ya como el siguiente destino en una trayectoria que nunca ha aceptado la comodidad de la línea recta y que se ha construido a base de intuición, riesgo laboral y una necesidad permanente de creación. Antes incluso de que su obra llegara al Carrousel del Louvre, Elena Olmos (Cáceres, 30 años) había levantado una identidad artística y profesional que desborda cualquier etiqueta: periodista, actriz y pintora que ha transitado por redacciones como TVE, Telemadrid y Atresmedia, que ha sobrevivido a la precariedad madrileña sin renunciar a la formación y que ha convertido la falta de recursos en una escuela propia. Su presencia en la muestra internacional Women in Art, celebrada en París, no ha sido un punto de llegada sino un impulso para seguir creciendo. Por eso, mientras su nombre circula en el circuito expositivo europeo, Olmos prepara ya su marcha a Estados Unidos para estudiar en la Art Students League de Nueva York, decidida a reforzar la técnica que sostiene su obra y a abrir un nuevo capítulo en una trayectoria que se expande sin aparentes límites.

Alquiler y poco más

La llegada de Olmos a Madrid, hace unos once o doce años, estuvo marcada por la ausencia de colchones económicos. Desembarcó en la capital “con una mano delante y otra detrás”, obligada a encadenar jornadas maratonianas en empleos de atención al público en tiendas como Zara o Massimo Dutti y papeles de figuración en telenovelas como Acacias 38 para costearse la vida y la licenciatura de Periodismo. El salario apenas alcanzaba para pagar el alquiler y los escasos ahorros se destinaban a clases de teatro e interpretación, lo que le impidió matricularse en academias de dibujo.

Sin recursos para una educación formal en artes plásticas, convirtió el espacio cultural madrileño en su propia escuela autodidacta. En su tiempo libre recorría las salas del Museo del Prado, el Museo Thyssen-Bornemisza, CaixaForum y diversas galerías alternativas con un cuaderno en blanco en el que anotaba reflexiones espontáneas y copiaba directamente las obras de los grandes maestros para comprender sus composiciones. Aquella investigación solitaria tomó un cariz profesional durante el confinamiento de 2020, cuando comenzó a utilizar su propio cuerpo como lienzo inspirándose en la libertad de Yves Klein. Fue entonces cuando comprendió que su producción pictórica debía consolidarse seriamente.

El salto al espacio expositivo del Louvre llegó a través de un correo electrónico firmado por Salma, la directora italiana de una galería internacional que le ofrecía una de las últimas plazas disponibles para Women in Art. Olmos sospechó inicialmente que se trataba de spam o de un fraude digital, por lo que no respondió de inmediato. Solo tras analizar la propuesta con su pareja y con su madre decidió aceptar la invitación.

Contención técnica

El proceso de creación exigió un notable ejercicio de contención técnica. Acostumbrada a trabajar en lienzos de gran formato —de entre dos metros y medio y cuatro metros de longitud, donde busca sentirse una figura pequeña que no eclipsa la obra—, tuvo que adaptarse al formato reducido de un metro por un metro requerido por la organización. El resultado fue Pulse-Couleur Brute, una pieza que enfrenta verdes y naranjas tecnológicos evocadores de la estética del microchip con tonos tierra y materia orgánica. La obra busca construir belleza frente a la destrucción del presente, conectando pasado y futuro para interpretar el momento actual. Fiel a su espíritu aventurero, rechazó los servicios de transporte convencionales y trasladó la pintura en coche junto a su pareja, completando un trayecto de 1.300 kilómetros hasta París.

Crítica periodística

Su exigencia de veracidad en las informaciones enlaza de forma directa con su desencanto hacia el periodismo actual. A pesar de haber consolidado una trayectoria profesional en cadenas como TVE, Telemadrid y Atresmedia, Olmos reconoce sentirse decepcionada por el poco cuidado con el que se elabora la información, dominada por dinámicas de copia y pega, polarización constante y una desinformación abrumadora. No renuncia de forma definitiva a la comunicación, pero condiciona su regreso a la existencia de espacios mediáticos que aporten sentido crítico, análisis riguroso y valores humanistas.

A sus 30 años, consciente de que el reconocimiento internacional no debe sustituir a la solidez técnica, ha decidido apartarse temporalmente de la rutina laboral para invertir las ganancias obtenidas por la venta de sus cuadros en su propia formación. En octubre se trasladará a Estados Unidos para matricularse en la Art Students League of New York, donde realizará un curso especializado en la creación de figuras a través del color y el contraste, abordando lo que considera su principal vulnerabilidad técnica. Durante su estancia en la metrópoli investigará además conceptos como el de plétora de cara a proyectos expositivos futuros.

Más allá del ámbito académico, Olmos reivindica el derecho a ejercer una identidad poliédrica sin ceder a las presiones de la especialización obligatoria. Frente a quienes cuestionaron en sus comienzos su solvencia periodística por dedicarse también a la pintura, la actuación o la danza, defiende la creación como un acto de rebeldía vital y se niega a ocultar su sensibilidad. Sostenida por el refugio de su entorno familiar —donde tomar un café con su abuela en Cáceres sigue siendo el núcleo esencial de su identidad por encima de cualquier hito en el Louvre—, afronta la incertidumbre sin miedo, convencida de que el arte es la prueba tangible de que la sociedad sigue viva frente a la indiferencia.

La plataforma social Stop Alquileres Abusivos Cáceres ha convocado para este jueves, 8 de octubre, a las 19:00 horas, un minuto de silencio en la Plaza Mayor en memoria de Maricarmen, la mujer de 87 años cuyo caso de desahucio ha causado una gran indignación en todo el país. 

Bajo el lema 'Asesinada por la especulación', las organizaciones en defensa del derecho a la vivienda denuncian el impacto desgarrador que la crisis habitacional y los desalojos provocan en la salud e integridad de las personas vulnerables y de edad avanzada. Los convocantes responsabilizan de este desenlace a los fondos de inversión e inversores inmobiliarios que promueven subidas inasumibles en las rentas de alquiler. 

La cita pretende ser no solo un acto de duelo e in memoriam, sino también un punto de movilización social y denuncia ante la pasividad institucional frente al problema de la vivienda y la especulación en el mercado inmobiliario. Colectivos vecinales de la capital cacereña han animado a la ciudadanía a acudir a la Plaza Mayor para mostrar su repulsa y exigir medidas urgentes que garanticen el acceso y la permanencia en una vivienda digna.

Los trabajos para exhumar la fosa común del cementerio municipal de Cáceres han comenzado este miércoles con unas estimaciones que apuntan a la posible localización de hasta 300 cuerpos. Por la dimensión del enclave, la actuación podría convertirse en la mayor exhumación de una fosa común realizada hasta la fecha en la región.

El inicio de las labores sobre el terreno se produce tras completar la tramitación administrativa y obtener los permisos correspondientes. La intervención se enmarca en el convenio suscrito entre la Sociedad de Ciencias Aranzadi, la Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres (AMECECA) y la Diputación de Cáceres para investigar, localizar, exhumar e identificar a víctimas de la represión franquista, y cuenta con financiación de la propia corporación provincial y de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

Debido a la envergadura del espacio, los trabajos se prolongarán durante varios meses y se ejecutarán de forma gradual por fases. Según señalan desde la Diputación de Cáceres, las fuentes documentales y los estudios históricos previos ubican los restos de varios centenares de represaliados justamente en el ámbito que hoy ocupa el Memorial dedicado a las víctimas en el propio camposanto cacereño.

El equipo técnico de Aranzadi ha arrancado las tareas con la delimitación arqueológica y la apertura de las primeras catas y áreas de excavación. A esta fase inicial le seguirá la recuperación minuciosa de los restos, su documentación científica y el posterior análisis antropológico forense. Durante todo el proceso se aplicarán los protocolos científicos para el contraste de muestras biológicas y la realización de pruebas genéticas, con el fin de avanzar en la identificación de los represaliados y posibilitar su devolución a los allegados.

Desde AMECECA han subrayado que el arranque de los trabajos supone “un paso esperado durante años” por los familiares y descendientes de las víctimas. La entidad ha participado activamente en la recogida de testimonios, el análisis de documentación histórica y la búsqueda de allegados para facilitar los cotejos de ADN. Desde la organización de las obras han precisado además que se extremarán las precauciones para no interferir en la actividad habitual del cementerio durante el desarrollo de la investigación.

Sacar adelante un festival, cruzar los dedos por el tiempo y que después parezca que todo fue fácil. La decimoquinta edición del Cáceres Blues Festival ha puesto un punto seguido después de meses de trámites, cambios y decisiones de última hora, con un concierto en COCEMFE como uno de los momentos más especiales y una apuesta renovada por cuidar el escenario, el patrimonio y al público. Y, este año, con un gesto inaugural que marcó el tono de la edición: el festival se abrió con Koko Blues, una propuesta que recorre la historia de la mujer en el blues y que subrayó desde el primer minuto la presencia femenina en el cartel, donde cuatro de las nueve bandas estuvieron lideradas por mujeres.

Cuando un festival termina y el público se marcha, queda la sensación de que todo ha sucedido de una manera bastante sencilla. Se encienden las luces, salen las y los músicos, suena la música, la gente baila, se sirven cervezas y, unas horas después, el espacio vuelve a quedar vacío. Si además no llueve, el sonido funciona, los artistas llegan a tiempo y no ocurre nada especialmente grave, parece que todo estaba previsto.

Pero un festival no se parece demasiado a eso desde dentro.

Jorge Quesada acaba de cerrar la edición número 15 del Cáceres Blues Festival con una mezcla bastante reconocible de cansancio y satisfacción. Han sido meses de trabajo y, especialmente desde mayo, una sucesión de trámites, gestiones, problemas que resolver y decisiones que tomar para poner en pie una nueva edición de un festival que ya tiene un lugar consolidado en la agenda cultural de Cáceres.

Durante toda la semana, las previsiones meteorológicas insistían en que el sábado iba a llover. No un poco, sino prácticamente con la seguridad que permiten los modelos meteorológicos. Quesada llegó a tener a la inteligencia artificial pendiente de los distintos pronósticos para intentar averiguar qué iba a pasar. Las predicciones eran contundentes. Así que el sábado por la mañana, a las diez, estaba recogiendo tres carpas para tenerlas preparadas por si eran necesarias que finalmente no lo fueron.

Y esa pequeña diferencia entre que llueva y que no llueva puede ser, en un festival al aire libre, mucho más importante de lo que parece. Puede determinar que una edición sea recordada como un éxito o que la organización tenga que afrontar una sucesión de problemas logísticos que cambian por completo el desarrollo previsto.

El domingo, de hecho, sí llegó la lluvia, pero para entonces el festival tenía previsto el escenario de la clausura en el Corral de las Cigüeñas y todo estaba preparado y cubierto con carpa. La despedida pudo celebrarse con normalidad y con la música de Cooking Raw Blues, una banda con integrantes de Madrid y de La Vera, que puso el punto final a una edición que Quesada considera especialmente satisfactoria.

El festival empieza mucho antes de que llegue el primer músico

Quesada asumió la organización en mayo, cuando el calendario ya apretaba. El festival no partía de cero: estaba consolidado, existía una experiencia previa y la antigua asociación había dejado buena parte del camino aprendido. “Nos han ayudado muchísimo y nos han guiado en cómo ir haciendo cada trámite”, explica.

Pero que un festival esté consolidado no significa que organizarlo resulte sencillo. Al contrario. Hay permisos, contratos, escenarios, electricidad, sonido, alojamientos, barras, seguros, artistas, horarios, espacios, logística, proveedores, cartelería, comunicación y una larga lista de asuntos que tienen que encajar al mismo tiempo. Y cuando se trata, además, de un festival gratuito, la estructura económica depende necesariamente del respaldo de las instituciones y de la colaboración de empresas y entidades.

En esta edición, el Cáceres Blues Festival ha contado con apoyo económico de la Junta de Extremadura, la Diputación de Cáceres, el Ayuntamiento de Cáceres y la Universidad de Extremadura. El Ayuntamiento ha aportado también apoyo logístico, incluida la cesión del espacio, el escenario y la electricidad. A eso se han sumado los colaboradores del festival: el Corral de las Cigüeñas, Cervezas Ámbar, el Hotel Alfonso IX y Sonido Barragán.

La parte musical, paradójicamente, ha sido probablemente una de las más sencillas de resolver. Dentro de la asociación hay personas con un amplio conocimiento del circuito del blues y de los artistas y bandas que pueden formar parte de un cartel. La dificultad estaba en conseguir que todo lo demás funcionara alrededor de la música. Y eso, durante estos meses, ha significado resolver problemas prácticamente a diario. Hasta que llega el momento en que se encienden las luces y, desde fuera, parece que todo estaba controlado.

Un concierto que cambió el sentido del festival

Si la organización tuviera que quedarse con un solo momento de toda la edición, no elegiría necesariamente uno de los grandes conciertos. Se quedaría con una mañana. Antes del festival, la organización había pensado mantener una actividad que ya había realizado otros años: llevar a los colegios una propuesta de divulgación sobre el blues y acercar la música a los estudiantes. Sin embargo, este año la respuesta de los centros educativos consultados no fue la esperada.

En lugar de abandonar la idea, se decidió cambiarla. El resultado fue un concierto solidario en COCEMFE. Allí tocaron Los Eslim. Se montó el escenario en el patio y se sacó a los usuarios del centro para que pudieran participar de la actividad. Y aquella mañana terminó convirtiéndose, para la organización, en algo más importante que una actividad paralela del programa. “Si tuviera que quedarme con un evento de todo el festival sería con ese”, explica Quesada. Porque allí el objetivo no era llenar una plaza ni conseguir que cientos de personas acudieran a un concierto. Era algo bastante más sencillo y, al mismo tiempo, bastante más difícil de medir: llevar cultura musical a personas que no siempre tienen las mismas posibilidades de acceder a ella y conseguir que pasaran un rato agradable.

“Poder llevarles cultura y hacerles pasar un rato agradable creo que es un trabajo que debería hacer la sociedad si queremos hablar de un acceso a la cultura universal”, sostiene. Para Quesada, esa idea también tiene que ver con la aspiración de una ciudad que quiere ser capital cultural. No solo con organizar grandes acontecimientos, sino con preguntarse a quién llegan y quién puede participar en ellos.

Por eso aquella mañana en COCEMFE terminó siendo, para él, uno de los momentos que mejor explican el sentido del festival.

Un escenario que se mueve seis metros y cambia la plaza

También hubo cambios que quizá el público no identificó conscientemente, pero que formaban parte de una de las apuestas de esta edición: mejorar el espacio. El escenario se desplazó unos seis metros hacia la izquierda respecto a anteriores ediciones y se giró aproximadamente treinta grados.

El cambio tenía varios objetivos. Por un lado, abrir el pasillo que se formaba a la derecha del escenario y evitar que se produjera allí un embudo de personas. Por otro, mejorar la visibilidad de la parte posterior de la catedral de Santa María. También se desplazó la mesa de sonido hacia la derecha para alejarla de la zona de las barras.

Son decisiones que pueden parecer menores cuando se observa el festival desde el público, pero que tienen una importancia considerable cuando se trata de conseguir que cientos de personas puedan moverse por un espacio histórico con comodidad.

La organización también iluminó en azul una de las torres del entorno, incorporó una pantalla gigante al escenario y cuidó especialmente la estética de esta edición. Se mantuvo la identidad gráfica del festival y se reforzó la decoración con fotografías de la propia asociación, distribuidas por las barras y las zonas de merchandising.

Había, además, una dificultad evidente: estaban trabajando en un espacio monumental en el que no se podían pegar carteles ni colocar elementos de cualquier manera sobre las paredes. La solución fue tan sencilla como visual: utilizar cuerdas, como si se tratara de un tendedero, para colgar la información. Allí aparecieron los carteles de las barras, las indicaciones sobre la prohibición de servir alcohol a menores y las fotografías, entre otros contenidos. El mismo criterio se mantuvo en las distintas zonas del festival, incluida la de merchandising y la zona de los puestos de comida.

La idea era que el espacio se reconociera como festival sin que el festival terminara imponiéndose sobre el patrimonio.

Ocho horas después, todo vuelve a estar limpio

Hay otra cifra que los organizadores consideran especialmente importante, aunque no sea una de las que suelen aparecer en los carteles de un festival. Ocho o diez horas después de terminar la actividad, el espacio estaba de nuevo completamente limpio. Incluso, sostiene, “igual o mejor” de lo que la organización se lo había encontrado.

La cuestión no es menor cuando el escenario está instalado en el entorno monumental de Cáceres. La posibilidad de seguir celebrando actividades culturales en estos espacios depende también de que quienes los utilizan sean capaces de respetarlos. Para la organización, dejar el espacio en buenas condiciones forma parte del propio festival.

Y también lo ha hecho el sonido. Durante toda la actividad se realizó un control monitorizado del volumen. Según los datos facilitados por la organización, los niveles se mantuvieron entre seis y ocho decibelios por debajo del límite legal durante todo el festival. La intención era doble: cumplir con los límites establecidos y conseguir que eso no significara renunciar a la calidad sonora.

Quesada atribuye buena parte del resultado al trabajo de Juan Carlos Barragán, responsable del sonido, a quien define como “el mejor técnico de Santa María” y, con una sonrisa, quizá también “de Extremadura”.

Un festival lleno, pero sin efecto lata de sardinas

El público respondió. Una de las características más destacable es que el festival estuvo muy lleno, pero sin que esa afluencia se tradujera en una sensación de agobio. Había espacio para bailar y para desplazarse. No era, explica, esa imagen habitual de algunos grandes conciertos en los que el público intenta colocarse lo más cerca posible del escenario y termina comprimido, “como una sardina en lata”. Aquí la experiencia era otra. La gente podía disfrutar de la música, moverse y mantener una cierta comodidad incluso con el espacio lleno.

Ese equilibrio entre afluencia y comodidad también estaba detrás de algunas de las decisiones organizativas de esta edición. Una de ellas fue la incorporación de los llamados “pistoleros de cerveza”: personas con mochilas que recorren el recinto repartiendo cerveza, una fórmula que ya se utiliza en otros festivales y que la organización decidió probar en Cáceres. “El viernes funcionó especialmente bien”.

Más socios pese a subir la cuota

Otra de las buenas noticias para el festival ha llegado por el lado de la asociación. El número de socios se ha duplicado respecto al año anterior, pese a que la cuota ha pasado de 15 a 25 euros.

La organización quiso compensar ese esfuerzo haciendo que quienes sostienen el festival durante el resto del año tuvieran una experiencia especialmente cuidada durante los días del evento. Los socios contaron con descuentos en las barras y en el merchandising y tuvieron acceso a una comida en el Corral de las Cigüeñas que este año se reservó exclusivamente para ellos. En torno a 150 personas participaron en esa comida. También tuvieron un aseo privado. Puede parecer un detalle pequeño, pero la organización lo planteó desde una idea muy sencilla: cuando estás viendo a un grupo que te gusta, no quieres perderte parte del concierto porque tienes que hacer cola para utilizar un servicio. “Queríamos hacerles sentir especiales”, explica la dirección de esta última edición. Al fin y al cabo, son quienes ayudan a que el festival pueda continuar. Y la respuesta de este año ha sido contundente.

Camisetas, fotografías y una ciudad que vuelve a sorprender

El merchandising también ha funcionado por encima de las previsiones. La organización había preparado camisetas para esta edición y prácticamente ha agotado las existencias. Pero uno de los efectos que más satisfacción ha producido entre quienes organizan el festival no tiene que ver con las ventas. Tiene que ver con los músicos. Buena parte de los artistas que llegaron desde fuera de Extremadura no conocían Cáceres de primera mano. Y, según explica Quesada, muchos se han marchado sorprendidos por la ciudad.

La experiencia de llegar a la parte antigua, recorrerla y tocar en un espacio como el entorno de Santa María termina siendo también una forma de promoción de la propia ciudad. “Se han ido todos enamorados de Cáceres”, resume. El festival, en ese sentido, funciona también como una pequeña embajada cultural. Los músicos llegan para tocar y terminan descubriendo una ciudad que después pueden contar en otros lugares.

El Hotel Alfonso IX y un escenario más pequeño

La programación no se limitó al escenario principal. El Hotel Alfonso IX volvió a acoger actividades y organizó una comida con su tradicional arroz, además de una sesión vinculada al festival. También se inauguró allí una exposición de acuarelas de José Luis Naranjo. Según la organización, todas las obras expuestas fueron vendidas.

Y esta edición incorporó además un nuevo espacio: el escenario de Los Siete Jardines. Allí se planteó un concierto más íntimo, con Lino Vishnudatt, Troy Nahumko y otros invitados vinculados al circuito de festivales. El formato era diferente al del escenario principal. Menos público, mayor cercanía y una relación distinta entre los músicos y quienes estaban escuchando. También se llenó. Y también dejó la sensación de que el festival puede crecer sin necesidad de hacerlo siempre hacia escenarios más grandes.

Una noche sin teléfono

Y, por supuesto, están las cosas que no aparecen en ningún programa. El viernes, después de una jornada especialmente intensa porque es el día en que se concentra buena parte del montaje, Quesada terminó cerca de las dos de la madrugada. Entonces descubrió que no tenía su teléfono.

No sabe con certeza si lo perdió o si alguien se lo llevó. Lo que sí sabe es que durante aproximadamente una hora la situación se convirtió en una auténtica pesadilla. El móvil no era un objeto cualquiera. Era el contacto con los grupos, con el hotel, con proveedores y con buena parte de las personas que tenían que estar coordinadas al día siguiente. Y el festival no podía esperar. El teléfono acabó apareciendo en el Corral de las Cigüeñas, y ha extraído una conclusión práctica para próximas ediciones: encontrar alguna manera de llevar el teléfono perfectamente localizado cuando se está en medio de una organización de este tamaño. Una cinta, un cordón, un lacito. Lo que sea.

La organización desde alguien que no viene del blues

Hay otra particularidad en la persona que este año ha estado al frente de la organización. Quesada no procede específicamente del mundo del blues. Él mismo se define, con humor, como una especie de “tecnócrata del blues”. Pero cuenta con una junta directiva en la que sí hay personas que conocen profundamente el género y su circuito.

Entre ellas está Troy, al que señala como una referencia y como alguien que lleva toda la vida vinculado al blues. Y está también Roser, presidenta de la Asociación de Blues de España, una de las grandes conocedoras del género y una persona que, por su presencia habitual en festivales, conoce de primera mano cómo funcionan estos acontecimientos.

Para Quesada, contar con ese conocimiento dentro de la asociación ha permitido que su papel no consistiera en tener que saberlo todo sobre el blues, sino en conseguir que todas las piezas necesarias para que el festival funcione estuvieran en su sitio. La música necesita músicos. Pero un festival necesita mucho más.

La memoria, las facturas y la lista de cosas que mejorar

Al final, cuando todo se recoge y la ciudad vuelve a su ritmo, queda esa certeza íntima que no aparece en ninguna memoria ni en ninguna factura: que durante tres días un grupo de personas consiguió que Cáceres respirara de otra manera. Que hubo quien descubrió el blues por primera vez, quien volvió a enamorarse de una plaza que creía conocer, quien sintió que la música también podía llegar a un patio de COCEMFE o a un escenario pequeño en Los Siete Jardines. Que la lluvia decidió esperar, que las mujeres ocuparon el lugar que tantas veces se les negó en la historia del género y que un festival gratuito, sostenido por una asociación y por una ciudad, volvió a demostrar que la cultura no es un lujo, sino una forma de estar juntos. Así que cuando se apagan las luces y solo queda el cansancio, lo que permanece es una emoción sencilla y difícil de explicar: la de saber que, contra todos los pronósticos, Cáceres tuvo su fin de semana de blues y lo hizo suyo. Hasta el año que viene.

Al norte de la provincia de Cáceres, presidiendo un elevado promontorio junto al embalse de Gabriel y Galán, se alza el singular Castillo de Granadilla. Esta fortaleza militar se mantiene firme en medio de una antigua villa medieval que quedó desierta a mediados del siglo pasado. A diferencia de otros baluartes de la región de Extremadura, su arquitectura destaca por una marcada e inconfundible influencia italiana en sus líneas constructivas. Su majestuosa torre sigue elevada sobre un paisaje dominado por el agua y la memoria histórica.

Los orígenes de esta fortificación se remontan al siglo IX, cuando las tropas musulmanas fundaron el enclave bajo el nombre de Hins Qanatir para vigilar las rutas comerciales del río Ambroz. Durante el periodo almohade en el siglo XII, la plaza reforzó sus defensas para consolidar el control de la zona. En el año 1160, el rey Fernando II de León conquistó la población, procediendo a su reconstrucción y otorgándole el título de villa un decenio más tarde. Tras varios traspasos señoriales, la villa quedó bajo la tutela militar de la Orden de Santiago.

La configuración del castillo actual respondió al impulso señorial de la Casa de Alba durante la segunda mitad del siglo XV. Fue don García Álvarez de Toledo, primer duque de Alba, quien ordenó levantar la fortaleza de cantería entre los años 1473 y 1478 sobre los cimientos de la antigua alcazaba islámica. Para la ejecución de tan compleja estructura se contó con la supervisión del corregidor Juan Salado y la dirección técnica del maestro Juan Carrera, además del perito Vasco de Troya para los aljibes y Tomás Bretón en el diseño de cavas y fosos defensivos.

Desde el punto de vista arquitectónico, la fortaleza extremeña ofrece un diseño de gran originalidad caracterizado por su singular planta polilobulada. La estructura consta de un cuerpo prismático central de base cuadrada al que se adosan cuatro torreones semicilíndricos en sus caras planas, logrando un notable equilibrio simétrico. Los muros fueron erigidos con una depurada sillería de granito y concebidos para resistir el fuego de artillería de la época. Este trazado geométrico, casi único en España, fusiona el pragmatismo defensivo tardomedieval con el refinamiento estético italiano.

A lo largo de los siglos, la fortaleza adaptó sus usos a las cambiantes necesidades de la villa, derivando hacia funciones administrativas e institucionales. En el año 1830, la estructura del castillo experimentó una transformación trascendental al ser convertida en recinto penitenciario. Sus subterráneos abovedados, conocidos como las Salas de Justicia, junto a la zona inferior de la torre, albergaron la cárcel y las mazmorras del municipio. Esta severa etapa carcelaria aprovechó la solidez de sus muros graníticos para el confinamiento de prisioneros de la comarca.

El devenir de la fortificación y del poblado cambió trágicamente a mediados del siglo XX con la construcción del embalse de Gabriel y Galán. En la década de 1950, bajo el régimen franquista, el gobierno declaró la villa de Granadilla como zona de futura inundación y procedió a la expropiación forzosa de sus tierras y viviendas. Los habitantes se vieron obligados a abandonar gradualmente sus hogares, culminando el desalojo definitivo en el año 1964. De este modo, la próspera villa quedó transformada en un silencioso e inquietante pueblo fantasma desprovisto de vida humana.

Error de cálculo

Sin embargo, la historia de Granadilla reservaba una paradójica sorpresa para el destino de su patrimonio arquitectónico y defensivo. Pese a las predicciones técnicas que motivaron el desalojo masivo de la población, el agua del pantano nunca llegó a inundar las calles ni las estructuras del casco urbano. El castillo y la muralla circular permanecieron a salvo, manteniéndose erguidos en la península que se forma cuando el embalse alcanza su máxima capacidad. Gracias a este error de cálculo hidráulico, la majestuosa fortaleza se ha mantenido intacta y en pie hasta nuestros días.

Reconocido su incalculable valor patrimonial, el conjunto amurallado de Granadilla fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en el año 1980. Cuatro años más tarde, la villa fue incluida en el Programa de Recuperación de Pueblos Abandonados, iniciándose las obras que devolvieron la estabilidad al castillo y a su torre. En la actualidad, la fortaleza pertenece a la Confederación Hidrográfica del Tajo y acoge un Centro de Vigilancia Rural contra Incendios, además de erigirse en un interesante destino turístico que revive la memoria histórica de Extremadura.

La plataforma Stop Alquileres Abusivos Cáceres ha vuelto a concentrarse esta vez frente a la sede del Partido Popular, en la calle San Pedro de Alcántara, para denunciar que el acceso a la vivienda “es un derecho y no un negocio” y para señalar directamente al PP por el bloqueo de las medidas que, a su juicio, podrían aliviar la situación de miles de familias. Después de manifestarse la semana pasada en la Subdelegación del Gobierno, esta protesta llega en un momento de tensión política tras el debate en el Congreso de los decretos relacionados con vivienda, que la plataforma consideraba insuficientes pero necesarios para frenar la escalada de precios y la precariedad habitacional.

La movilización, marcada por pancartas y consignas como 'Alquileres indefinidos', 'La vivienda es un derecho y nos lo quieren robar', 'Hace falta ya una huelga general', 'Pisos dignos, precios justos' o '¿De qué me sirve conseguir la beca si se la queda mi casero?', ha puesto de nuevo el foco en el encarecimiento de los alquileres y en las dificultades crecientes para acceder a un hogar digno en la ciudad. Para el colectivo, el decreto debatido en el Congreso, aunque “muy lejos de lo que necesitamos”, suponía un alivio inmediato para miles de personas que viven al límite de sus posibilidades económicas.

Los y las integrantes de Stop Alquileres Abusivos reclaman un cambio de modelo que deje de tratar la vivienda como un bien especulativo y la sitúe como un derecho universal, equiparable a la sanidad o la educación dentro del Estado del bienestar. “Estamos en un punto de no retorno, la gente ha despertado y se está impugnando el modelo completo, por eso vamos hacia la huelga general”, sostienen. Reconocen que el caso de Maricarmen —una vecina cuya situación se ha convertido en símbolo de la lucha por la vivienda también en Cáceres— tiene una “potencia simbólica enorme”, pero insisten en que el problema es estructural y afecta a miles de hogares.

La protesta ha subrayado también la distancia entre las instituciones y las necesidades reales de la ciudadanía. “El Parlamento está claramente al servicio del rentismo”, han afirmado durante la concentración, convencidos de que la batalla por la vivienda se libra ya en las calles y no en los escaños. El movimiento asegura estar en un momento de organización popular “barrio a barrio, bloque a bloque”, con la mirada puesta en una posible huelga general en confluencia con los sindicatos de clase, como respuesta a lo que consideran un bloqueo político que agrava la emergencia habitacional en Cáceres y en el conjunto del país.

Mientras avanzaba la marcha desde la sede del PP hacia la plaza Mayor y, después, hacia la plaza de la Concepción, el grupo inicial fue creciendo a cada tramo. Vecinas, estudiantes, familias y trabajadores se iban sumando al paso de la columna, atraídos por el sonido de las llaves que los manifestantes agitaban en alto como gesto simbólico de la lucha por un hogar digno. El recorrido transcurrió de forma pacífica, con un ambiente de determinación colectiva y una idea compartida: la defensa de los derechos habitacionales no es una causa aislada, sino un movimiento que se ensancha a medida que más personas reconocen en su propia vida la urgencia de un cambio profundo.

Pasaron los aplausos, se entregaron los trofeos y la ciudad celebró sin estridencias la primera edición de los Premios Cacereños del Deporte. Pero el hueco que dejó la categoría de Mejor Deportista Absoluta Femenina no se cerró con la gala. Con los días, ese vacío ha empezado a incomodar cada vez más. Y no solo a quienes lo vieron desde fuera. Varios clubes deportivos de Cáceres —algunos con una trayectoria larga en deporte femenino— han contactado con elDiario.es para expresar su rechazo y su enfado. Hablan de sorpresa, de desánimo y, sobre todo, de miedo a que vuelva a ocurrir. “Si esto pasa en la primera edición, ¿qué nos garantiza que no vuelva a pasar?”, se preguntan.

Ese malestar no quieren que se convierta en silencio, el mismo silencio que mantiene el Ayuntamiento desde que este periódico le trasladó preguntas para poder explicar lo sucedido. Las entidades deportivas se hacen esas mismas preguntas: cuántas candidaturas hubo realmente, quién presentó la propuesta descartada, qué requisito concreto no cumplía y si la deportista tuvo la oportunidad de subsanarlo. También quieren saber por qué, una vez descartada la única candidatura, no se activó ninguna alternativa. Y si el Gobierno local piensa revisar las bases para evitar que una categoría absoluta femenina pueda quedarse sin representación en futuras ediciones.

La preocupación no es nueva. La ausencia de una ganadora en la categoría femenina llegó incluso al Pleno municipal. Fue la concejala de Podemos, Consuelo López, quien pidió explicaciones al Gobierno local. La respuesta fue mínima: sí hubo una candidata, pero no cumplía los requisitos de las bases. Nada más. Ni qué requisito era, ni si se le ofreció subsanar, ni por qué no se buscó una alternativa. Esa falta de detalle es, precisamente, lo que ahora alimenta el malestar entre los clubes.

En la práctica, la primera edición dejó a las mujeres sin el principal reconocimiento individual. La única deportista premiada fue la luchadora Sonia Rubio Herguijuela, distinguida como Promesa Femenina. El resto de galardones individuales recayeron en hombres: Guillermo Gracia Núñez como Mejor Deportista Absoluto Masculino; Álvaro Pozo Marroyo como promesa masculina; Carlos Corcho Portillo como entrenador; Sergio Salomé Vizuete como juez, árbitro u oficial; además de la Gimnastrada y el Club Polideportivo Licenciados Reunidos. El Premio Cacereño del Deporte fue para Jesús Luis Blanco Morales.

Las bases exigían estar empadronado en Cáceres desde hacía al menos un año, contar con licencia deportiva en vigor, haber obtenido resultados en competiciones oficiales durante 2025 y no estar cumpliendo sanción deportiva. Para la categoría femenina absoluta se añadía haber competido en categoría absoluta. Las candidaturas podían presentarlas federaciones extremeñas, la Universidad de Extremadura, entidades deportivas de Cáceres y centros escolares. Y, como salvaguarda, la Concejalía de Deportes podía presentar una propuesta cuando ninguna entidad lo hiciera, pero no salvó nada.

Quejas

Desde los clubes cacereños se lamentan de que las bases no dicen qué hacer cuando sí se presenta una candidatura y esta resulta no válida. Existe la posibilidad de subsanar documentación, pero no se prevé un mecanismo para activar una nueva búsqueda de candidatas si, tras la revisión, no queda ninguna propuesta admitida. Ese vacío procedimental quedó expuesto de forma evidente en esta primera edición.

Los clubes que han contactado con este periódico temen que, si nada cambia, la categoría femenina absoluta pueda volver a quedar desierta. Se preguntan si el Ayuntamiento considera que las bases funcionaron como estaban diseñadas o si, a la vista de lo ocurrido, deberían modificarse. Algunas entidades plantean incluso posibles soluciones: abrir un nuevo plazo cuando una candidatura sea descartada, habilitar a la concejalía para presentar una propuesta en ese momento o reforzar la difusión de la convocatoria entre clubes y federaciones para evitar que el jurado reciba tan pocas opciones.

Todas esas propuestas chocan con un obstáculo: la falta de respuesta institucional. No hay respuestas para los grupos municipales, ni para los clubes ni para la prensa.

Mientras ese silencio se mantiene, el malestar crece. Porque lo que ocurrió en la primera edición no es solo un hecho puntual, es una señal de alarma que muchos clubes y deportistas temen que pueda repetirse si nadie se toma la molestia de corregirlo.

La situación ha abierto un debate que ya no se limita a una edición fallida, sino a la necesidad de garantizar que el reconocimiento deportivo municipal cumpla estándares mínimos de igualdad, transparencia y seguridad jurídica. Varios clubes recuerdan que la propia normativa estatal en materia de igualdad —como la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres— obliga a las administraciones públicas a promover la participación equilibrada y a evitar prácticas que puedan generar discriminación indirecta. Reclaman que el Ayuntamiento revise las bases, incorpore mecanismos de subsanación y alternativas claras y asegure que ninguna categoría femenina pueda volver a quedar desierta por un vacío administrativo que, a día de hoy, nadie ha explicado.

Pero hay más

Más allá del vacío en la categoría femenina absoluta, varios clubes sostienen que las bases, tal y como están diseñadas, no reflejan la realidad del deporte cacereño. Están pensadas para categorías absolutas de competición y, a tenor de los premiados, se ajustan a perfiles de élite que poco tienen que ver con el día a día de las escuelas y entidades locales. Lo dicen desde su propia experiencia: aunque algunas escuelas participaron en dos de las categorías, sabían de antemano que estaban lejos de poder optar a esos galardones porque para llegar a la élite —como quienes han sido reconocidos este año— hay que partir del deporte base, ese que sostienen familias y clubes sin apenas recursos, sin ayudas públicas y con el apoyo limitado de patrocinadores. Comparado con la infraestructura que respalda a los premiados, la distancia es enorme. Y si ese es el espejo que se ofrece ahora, se preguntan qué queda para los deportistas que hoy entrenan con ilusión en Cáceres si ni siquiera encuentran un reconocimiento que se ajuste a su realidad.

A esa sensación de desajuste entre las bases y la realidad del deporte cacereño se suma otra comparación que varios clubes ponen sobre la mesa: otros ayuntamientos de la región —como el Casar de Cáceres, Quintana de la Serena o Jerez de los Caballeros— llevan años reconociendo a sus deportistas con criterios más amplios, donde incluso la participación en categorías autonómicas tiene cabida y donde las escuelas y clubes de base encuentran un espacio de representación. Dicen que allí los premios funcionan como un espejo real de su tejido deportivo, no como un trámite. Por eso, algunos interpretan que la convocatoria cacereña ha estado más vinculada al objetivo de exhibir el sello de 'Ciudad Europea del Deporte' que a construir un sistema de reconocimientos capaz de abarcar todas las trayectorias, desde la élite hasta quienes sostienen el deporte día a día en pistas municipales, pabellones y escuelas sin apenas recursos.

Extremadura Digital Day nació en 2018 como una intuición compartida por seis profesionales del sector tecnológico. Ocurrió en Cáceres, con pocos recursos, mucha voluntad y una idea sencilla: reunir a quienes estaban construyendo tecnología en la región y abrir un espacio donde conocerse, aprender y colaborar. Aquel primer encuentro reunió a 200 personas y dejó claro que había una energía latente. Ocho años después, este sábado, el Complejo Cultural San Francisco acogerá la séptima edición de EDD26, un evento que espera superar las 500 personas y que ya no pertenece a quienes lo iniciaron, sino a una comunidad entera.

EDD se ha convertido en un punto de encuentro que ha traído a Cáceres a algunos de los mejores ponentes tecnológicos de España y Europa, ha conectado empresas con talento local y ha propiciado contrataciones, proyectos compartidos y nuevas iniciativas empresariales. También ha contribuido a que compañías tecnológicas internacionales se fijaran en Extremadura, instalaran centros de trabajo y los hicieran crecer. Nada de esto puede atribuirse únicamente al evento, pero sí a la red de relaciones y oportunidades que ha ido generando edición tras edición.

La organización insiste en que el mérito no está en las cifras, sino en el modo en que se ha construido: desde la comunidad y para la comunidad. Con presupuestos modestos, sin ánimo de lucro y con un modelo basado en el trabajo voluntario de organizadores, colaboradores y entidades que han confiado en el proyecto. Lo que entra vuelve al propio EDD y, cuando ha sobrado, se ha destinado a apoyar otras iniciativas tecnológicas de la región mediante recursos, materiales, conocimiento o experiencia. Ese espíritu ha permitido que el encuentro se mantenga vivo incluso tras el paréntesis de la pandemia.

Este sábado, EDD26 abrirá sus puertas con una propuesta que quiere ampliar su alcance y acercar la tecnología a toda la ciudadanía. El evento contará con tres salas simultáneas —Magellan, Lucushost y Ariadnex— y 25 ponentes que abordarán cuestiones como inteligencia artificial, desarrollo de software, automatización, ciberseguridad, accesibilidad, empleo, diseño, educación, liderazgo, datos y diversidad. La recepción comenzará a las 8.15 y las actividades se prolongarán hasta las 18.30.

La inteligencia artificial será uno de los ejes del programa, con sesiones que explorarán sus aplicaciones prácticas y sus implicaciones en ámbitos como el empleo, la productividad o la educación. También habrá espacio para proyectos emergentes, como Flood Detector, desarrollado por cuatro jóvenes estudiantes extremeñas y que simboliza el talento que empieza a formarse desde edades tempranas.

Junto a la programación profesional, el encuentro habilitará una zona abierta al público con acceso gratuito, donde cualquier visitante podrá experimentar con tecnologías sin necesidad de conocimientos previos. Habrá robótica, impresión 3D, simuladores, gafas de realidad virtual y aumentada, videojuegos Arcade, juegos de mesa y talleres como Animals Life, que combina tecnología analógica y digital mediante sonido, luz e imagen. La entrada gratuita debe obtenerse previamente a través de la web de Extremadura Digital Day.

Con nombres y apellidos

El crecimiento del evento ha sido paralelo al del ecosistema tecnológico cacereño, que ha visto nacer comunidades, iniciativas y empresas que hoy forman parte de una red más amplia y sólida. La organización reconoce especialmente la labor de Daniel Castañera, Raúl Bordallo, Ricardo Regalado, Carlos G. Rodríguez, Antonio Gordillo Guerrero, Francisco J. Hermoso Baños, María Palomino Trejo, Sergio Fernández Rincón y del añorado Joaquín Guillén Melo, pero subraya que EDD hace tiempo que dejó de ser de seis, de ocho o de un grupo concreto: es de todas las personas que han puesto algo de su parte para que exista.

Extremadura Digital Day mantiene su propósito inicial de conectar profesionales, compartir conocimiento y generar oportunidades, pero aspira también a sacar la tecnología del ámbito estrictamente especializado y convertirla en una experiencia accesible para jóvenes, familias, estudiantes y cualquier persona interesada en descubrir nuevas herramientas. En un momento en que la inteligencia artificial y la automatización están transformando sectores enteros, el encuentro quiere reforzar la idea de que la tecnología no es solo un espacio profesional, sino un territorio común.

EDD nació como una apuesta y hoy es una comunidad. Por eso, quienes lo organizan dicen que este sábado toca presumir: no del evento en sí, sino de las cientos —probablemente miles— de personas que han contribuido a que Extremadura tenga un espacio propio en el mapa tecnológico nacional.