Más de 2.200 colillas fueron retiradas de la garganta de Cuartos, en Losar de la Vera, durante una jornada de limpieza organizada por la asociación La Vera Limpia, en colaboración con el Centro de Educación Ambiental de Cuacos de Yuste. La actuación forma parte de una campaña de sensibilización que persigue reducir uno de los residuos más abundantes y contaminantes que aparecen cada verano en las zonas de baño naturales de la comarca.

Los organizadores recuerdan que una sola colilla puede contaminar más de 500 litros de agua debido a las sustancias tóxicas que contiene, además de tardar entre 12 y 15 años en descomponerse, convirtiéndose en un residuo persistente que afecta tanto al ecosistema acuático como a la fauna.

La iniciativa no se limita a la recogida de residuos. En la garganta de Cuartos se ha instalado un expositor con ceniceros reutilizables para que las personas fumadoras puedan utilizarlos durante su estancia y devolverlos después al soporte una vez vaciados. La campaña pretende ofrecer una alternativa sencilla para evitar que las colillas terminen en el agua o dispersas por el entorno.

El proyecto tiene además un marcado carácter educativo. Un cartel instalado junto al expositor recoge el mensaje de decenas de escolares de la comarca bajo el lema: 'Los niños y las niñas de los colegios de La Vera piden que respeten su futuro y no tiren las colillas'. En él se recuerda el impacto ambiental de este residuo y se anima a los visitantes a utilizar los ceniceros fabricados dentro de la iniciativa y a devolverlos para que otras personas puedan hacer uso de ellos.

La campaña tiene continuidad en el tiempo. El Centro de Educación Ambiental de Cuacos de Yuste lleva años impulsando acciones de sensibilización para reducir la presencia de colillas en las gargantas veratas, mientras que La Vera Limpia ha reforzado en los últimos años este trabajo mediante jornadas periódicas de voluntariado y educación ambiental. Según el balance de la asociación correspondiente a 2024, sus voluntarios llegaron a retirar 25.000 colillas en diferentes espacios naturales de la comarca, de las que 14.000 procedían de actuaciones realizadas en la garganta de Cuartos, una de las zonas de baño con mayor afluencia durante el verano.

Residuos

Cada temporada, miles de personas disfrutan de las piscinas naturales de La Vera. Esa elevada afluencia convierte estos espacios en lugares especialmente sensibles a la acumulación de residuos, por lo que las entidades impulsoras insisten en que la conservación del entorno depende tanto de las labores de limpieza como de la responsabilidad individual de quienes lo visitan. “Quiero resaltar que nuestra labor es activismo real, no tenemos ni pedimos subvenciones. Recogemos basura, divulgamos e intentamos que nos hagan caso en las mil administraciones que hay y que ninguna se responsabiliza”, así de tajante se expresa una de sus impulsoras, Soraya Paniagua.

La imagen de los escolares reclamando a los adultos que cuiden el paisaje que heredarán encierra, además, un mensaje que trasciende la propia campaña. En numerosas ocasiones son los niños y las niñas quienes, tras recibir educación ambiental en las aulas, trasladan esos hábitos a sus familias y se convierten en los mejores embajadores del respeto por el medio natural. Iniciativas como esta demuestran que la concienciación no consiste únicamente en retirar residuos, sino en sembrar una cultura de cuidado y corresponsabilidad que permita que espacios tan valiosos como las gargantas de La Vera puedan seguir disfrutándose en las mismas condiciones por las generaciones futuras.

Más de un millar de personas, interesadas por la salud de sus riñones, han sido atendidas en las tres primeras semanas del proyecto RADAR, una iniciativa de cribado para la detección precoz de la Enfermedad Renal Crónica (ERC) desarrollada en la comarca cacereña de La Vera, dentro del Área de Salud de Navalmoral de la Mata, con la colaboración del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres y nueve farmacias de la zona.

El proyecto, que comenzó el pasado 29 de junio, ha permitido acercar a la población rural una actuación preventiva de gran valor sanitario, favoreciendo la identificación precoz de posibles casos de Enfermedad Renal Crónica no diagnosticada y promoviendo hábitos de prevención y cuidado de la salud renal en poblaciones donde el acceso a revisiones y pruebas puede ser más complicado.

Las farmacias participantes han sido las de Jarandilla de la Vera, Losar de la Vera, Villanueva de la Vera, Madrigal de la Vera, Guijo de Santa Bárbara y Robledillo de la Vera, donde los farmacéuticos han colaborado en la realización de los cribados y han ofrecido información personalizada a los vecinos sobre la importancia del diagnóstico temprano de esta patología.

La Enfermedad Renal Crónica constituye uno de los principales problemas de salud pública debido a que suele evolucionar de forma silenciosa y puede permanecer sin síntomas durante años. Detectarla de manera precoz permite retrasar su progresión, reducir complicaciones y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres se pone en valor, una vez más, el compromiso de la farmacia comunitaria con la salud pública y su capacidad para colaborar en programas de prevención y detección precoz, especialmente en el medio rural, donde las oficinas de farmacia desempeñan un papel esencial como primer punto de contacto con el sistema sanitario.

Esta iniciativa reafirma el valor de la farmacia comunitaria como aliada estratégica del sistema sanitario, contribuyendo a la prevención, al diagnóstico precoz y a la mejora de la salud de la población a través de servicios profesionales cada vez más próximos y accesibles.

El proyecto RADAR es fruto de la colaboración entre distintas entidades comprometidas con la prevención y la detección precoz de la enfermedad renal crónica. Impulsado por el Servicio Extremeño de Salud y Fundesalud, con la colaboración de Boehringer Ingelheim y el aval del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres y la asociación de pacientes ALCER Cáceres.

Nuestro alcalde está a punto de iniciar la obra “estrella” de su legislatura, esa pequeña obra faraónica con la que pretende pasar a la posteridad colocando una placa con su nombre al finalizar los trabajos: la llamada “remodelación” de la avenida Virgen de la Montaña.

Si no estamos atentos, caemos en la trampa. Las palabras no siempre significan lo que deberían, sino, en ocasiones, todo lo contrario. 'Progreso', por ejemplo, puede significar 'retroceso'; 'mejorar' puede acabar siendo 'empeorar'. En lo que respecta al proyecto de remodelación de la avenida Virgen de la Montaña, quizá deberíamos leer: 'ejecución de la destrucción de nuestro bulevar'.

Todos los cacereños somos conscientes de que esta avenida necesita una actuación que solucione el deterioro provocado por años de abandono y de intervenciones parciales llevadas a cabo por las diferentes corporaciones municipales. También lo vemos así desde CáceresVerde. Es necesario acometer una restauración integral: ampliar los acerados para dar más espacio al peatón, renovar las conducciones de agua, mejorar la accesibilidad, actualizar el alcantarillado, la red eléctrica, la telefonía y la fibra óptica, restaurar alcorques y setos, reparar o sustituir los pavimentos y renovar el asfaltado. En definitiva, abordar una actuación que mejore el estado actual de la avenida y evite la sucesión de averías y obras que hemos sufrido durante los últimos años.

Sin embargo, el proyecto planteado por el equipo de gobierno, con Rafael Mateos al frente, no propone una restauración, sino una remodelación que, según la mayoría de los técnicos y expertos consultados por CáceresVerde y otras entidades como Adenex, constituye un grave error urbanístico desde varios puntos de vista. Si esta actuación sigue adelante, cambiará por completo la estructura de la avenida al eliminar el bulevar central para construir una gran acera-plaza en el lado de los números pares.

Esta avenida y su bulevar forman parte del ensanche proyectado en la ciudad durante los años treinta del siglo pasado, siendo alcalde Antonio Canales y bajo la dirección del arquitecto municipal Ángel Pérez, homenajeado por la actual corporación. El Ayuntamiento ha recibido numerosos informes, escritos y alegaciones avalados por especialistas como el profesor Antonio Campesino; el profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla Julián Sobrino, experto en arquitectura y patrimonio; e incluso por el Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura, en los que se solicita mantener el bulevar y la estructura principal de la avenida por su valor patrimonial, al ser la única vía urbana que conserva el sentido histórico de aquel ensanche ejecutado hace casi un siglo.

Todos esos informes insisten, además, en la importancia de preservar la estructura actual de la avenida por su función como refugio climático natural. El dosel que forman sus cuatro alineaciones de árboles mantiene la vía en sombra durante buena parte del día en primavera y verano, reduciendo significativamente el efecto del calor.

Este proyecto nació viciado desde el principio. Durante la campaña electoral, el entonces candidato a la Alcaldía presentó un vídeo sobre esta avenida que, aunque se aseguró reiteradamente que era solo una infografía y que el arbolado se respetaría, ha terminado convirtiéndose en el modelo exacto del proyecto finalmente aprobado. Cuando el Ayuntamiento licitó la redacción del proyecto, la empresa adjudicataria presentó tres alternativas. Ninguna fue sometida al conocimiento de la ciudadanía ni al proceso participativo previo que, por la envergadura y el coste de la actuación, resultaba exigible. El equipo de gobierno ha incumplido su propia normativa en materia de participación ciudadana al no abrir ese proceso antes de definir un proyecto que, salvo cambios mínimos, coincide con la idea inicial del alcalde.

Tampoco se respetaron los procedimientos establecidos en el Reglamento de Distritos y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Cáceres. Resulta llamativo que un proyecto de más de 600 páginas y considerado la actuación emblemática del mandato iniciara su supuesto proceso participativo en pleno mes de agosto, concediendo únicamente veinte días hábiles para presentar alegaciones. Difícilmente puede calificarse de otra manera que como un trámite para cubrir el expediente.

A pesar de ello, se registraron más de 160 alegaciones, muchas de ellas respaldadas por sólidos argumentos técnicos, que fueron desestimadas. Además, CáceresVerde, junto con Adenex, presentó más de 1.600 firmas de ciudadanos contrarios a la ejecución del proyecto, igualmente ignoradas por el equipo de gobierno.

A la contra de Europa

En un momento en que las principales ciudades europeas apuestan por naturalizar calles y plazas para mitigar los efectos del cambio climático, esta actuación avanza en sentido contrario. Además de afectar a un elemento del patrimonio urbano reciente de Cáceres, supondrá la desaparición de un refugio climático emblemático al eliminar 26 árboles de gran porte y dos de los setos que conforman el actual bulevar. Donde hoy hay vegetación, sombra y frescor habrá más superficie pavimentada y espacios duros, favoreciendo la creación de una isla de calor.

El diseño urbano equilibrado que representa el bulevar central será sustituido por una avenida asimétrica, con una gran acera-plaza en uno de sus laterales. Ello beneficiará especialmente a los residentes y establecimientos del lado de los pares, mientras perjudicará a quienes viven y desarrollan su actividad en la acera de los impares, que soportarán mayor tráfico, ruido y calor. Todo ello con el objetivo de facilitar la ampliación de terrazas, en detrimento de un espacio público pensado para el paseo y la convivencia. Además, los negocios hosteleros situados en la acera de los impares deberán cruzar una calzada de doble sentido para atender las terrazas, con las dificultades y riesgos que ello supone para trabajadores y clientes.

Desde CáceresVerde queremos pedir a la ciudadanía que despierte de la indiferencia que supone aceptar que decisiones de esta trascendencia se adopten sin una verdadera participación pública. La implicación de los vecinos en las decisiones que afectan a su vida cotidiana debe ser uno de los pilares de la política municipal. Lamentablemente, con el actual equipo de gobierno, ese principio brilla por su ausencia.

No a la desaparición del bulevar de la avenida Virgen de la Montaña. Es nuestro bulevar. Es nuestra historia. Es nuestra sombra.

La portavoz y consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, se ha convertido este viernes en la primera presidenta del Partido Popular en la provincia de Cáceres. con un respaldo del 99,27% de los votos en el congreso celebrado en la capital cacereña.

Manzano, que sustituye a Laureano León, que ha estado al frente del PP cacereño durante 22 años, era la única candidatura presentada para el cargo y ha estado arropada por la presidenta regional del PP y de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, además de recibir un video de felicitación del presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo.

La nueva presidenta del PP provincial es doctora en Derecho y profesora titular de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Extremadura, y en el ámbito político fue concejala del PP en el Ayuntamiento de Cáceres entre 2019 y 2023, y vicesecretaria de Economía y Hacienda del PP de Extremadura y diputada en la Asamblea autonómica.

La dirigente popular ha llamado a la unidad de la formación para afrontar el próximo ciclo electoral y ha defendido un proyecto centrado en el municipalismo, la igualdad de oportunidades entre territorios y la recuperación de la Diputación cacereña.

Manzano recibió 689 votos de los 694 válidos emitidos por los compromisarios, con cinco votos en blanco y cuatro nulos. En total participaron en la votación 698 de los 703 electores llamados a las urnas.

La vista puesta en la Diputación

Tras ser proclamada presidenta, pidió al partido concentrar todos sus esfuerzos en las próximas citas con las urnas porque “quedan 310 días para ganar las elecciones”. En su discurso previo a la votación, situó a los alcaldes, concejales y portavoces del partido en los 223 municipios de la provincia como “los verdaderos protagonistas” del proyecto político.

Asimismo, defendió que las diputaciones provinciales deben garantizar la prestación de servicios públicos, contribuir al equilibrio territorial y favorecer que los ciudadanos puedan desarrollar su proyecto de vida en el medio rural.

Entre las prioridades de la nueva dirección provincial, Manzano citó el fortalecimiento de los servicios públicos, el impulso al desarrollo económico, el acceso a la vivienda y la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz.

La nueva presidenta también aprovechó su intervención para cargar contra la gestión del PSOE al frente de las diputaciones provinciales. “Lo hemos visto de manera muy reciente en la Diputación de Badajoz. Son auténticas agencias de colocación. Nuestras diputaciones, en lugar de atender y servir a los municipios, se convierten en instrumentos que utiliza el PSOE para su propio interés”, afirmó sin mencionar explícitamente el caso judicial de David Sánchez.

Tras su proclamación endureció el tono contra el PSOE al asegurar que el PP gobierna “para los ciudadanos” y no “en beneficio propio”. “Nosotros no colocamos a nuestros hermanos, no colocamos a nuestra gente. Nosotros colocamos a los cacereños que se han formado aquí, que han trabajado aquí y que quieren seguir haciendo crecer nuestra provincia”.

La también consejera extremeña defendió la gestión económica del Ejecutivo de María Guardiola y aseguró que las rebajas fiscales impulsadas por la Junta han permitido recaudar 366 millones de euros más que al inicio de la legislatura. Asimismo, reclamó una reforma de la financiación local, criticó que Extremadura reciba “cero euros de 21.000 millones” en el reparto de recursos estatales y prometió que, cuando el PP gobierne la Diputación cacereña, sus inversiones se distribuirán con criterios de “justicia” y no “por colores”.

Manzano presentó también la nueva dirección provincial, en la que mantiene a Juan Luis Rodríguez Campos como secretario general y sitúa al alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, como coordinador general y responsable de Política Municipal. La ejecutiva incorpora además una docena de vicesecretarías para reforzar áreas como Organización, Comunicación, Economía, Agricultura, Cohesión Territorial, Infraestructuras, Juventud y Acción Electoral.

La dirigente popular aseguró que, cuando el PP gobierne la Diputación de Cáceres, la institución estará “al servicio de todos y cada uno de los cacereños” y dejará de ser “un instrumento” político para convertirse en una administración orientada a garantizar un desarrollo equilibrado entre los municipios y una distribución “justa” de las inversiones.

Por su parte, el presidente provincial saliente, Laureano León, reivindicó durante su despedida el legado construido por las anteriores generaciones del partido y defendió la necesidad de preservar ese patrimonio político adaptándolo “a los nuevos tiempos”.

León cedió el testigo a Manzano asegurando que será “una presidenta valiente”, “extraordinaria” y “brillante”, con una “grandísima capacidad de trabajo”. Además, se mostró convencido de que bajo su liderazgo el PP ampliará su implantación institucional. “No solo vamos a volver a gobernar la Diputación Provincial de Cáceres, sino que vamos a superar los gobiernos municipales”.

Arqueólogos que trabajan en la búsqueda de una fosa común vinculada a la Batalla de Villamesías (Cáceres) han localizado restos de al menos seis personas en el cementerio de esta localidad de la comarca de Trujillo.

Un hallazgo que consideran compatible con las víctimas de los enfrentamientos y la represión registrados el 2 de agosto de 1936 y que sitúa “muy cerca” la localización de la fosa buscada durante décadas, ha informado la Diputación provincial en un comunicado.

Los trabajos, impulsados por la Diputación de Cáceres dentro de un proyecto de recuperación de la memoria democrática, han consistido hasta el momento en la realización de siete sondeos arqueológicos, uno de los cuales ha permitido localizar restos humanos dispuestos de forma incompatible con un enterramiento ordinario.

Las codirectoras de la intervención, Ana María Rabazo y Laura Gutiérrez, han explicado durante una visita al yacimiento que los cuerpos aparecen en distintas orientaciones, “algunos boca abajo y superpuestos entre sí”, además de conservar vestimenta correspondiente a la época, circunstancias que consideran indicios “muy relevantes” de que podrían corresponder a personas asesinadas en agosto de 1936.

Según ambas arqueólogas, existe una probabilidad cercana al 80 por ciento de que el hallazgo corresponda a la fosa común cuya existencia han señalado durante generaciones los vecinos de Villamesías y cuya ubicación coincide con el lugar donde permanece instalada una placa en memoria de quienes murieron “por la libertad y la democracia”.

La excavación no ha podido continuar en profundidad porque los restos se prolongan bajo la actual línea de nichos del cementerio, por lo que cualquier nueva intervención requerirá un proyecto específico y la correspondiente autorización administrativa para actuar en esa zona.

Durante la visita, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha comprometido el respaldo económico para dar continuidad a la investigación y ha emplazado al Ayuntamiento de Villamesías a impulsar los trámites necesarios para desarrollar una segunda fase de las excavaciones.

Los trabajos, ejecutados por la empresa Fotex, constituyen la primera fase de un proyecto financiado con 100.000 euros por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, de los que 50.000 euros se destinan a las actuaciones previstas en Villamesías y otros 50.000 a una futura intervención en el municipio cacereño de Almoharín, cuya ejecución comenzará una vez concluya esta primera fase.

El Ayuntamiento de Cáceres ha acordado interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional para tratar de evitar la retirada de la Cruz de los Caídos de la plaza de América, tras agotar la vía administrativa.

La Secretaría de Estado de Memoria Democrática ha desestimado el recurso de reposición presentado por el consistorio en mayo contra la inclusión del monumento en el Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática.

La resolución del Ministerio mantiene que la cruz debe figurar en el Catálogo, un paso previo a su retirada, una decisión que el Ayuntamiento rechaza por considerar que el monumento “forma parte del patrimonio urbano de la ciudad y carece actualmente de exaltación de la dictadura franquista”.

La decisión ha sido adoptada este viernes por la Junta de Gobierno Local, que ha tomado conocimiento de la resolución estatal, la cual pone fin a la vía administrativa.

El consistorio acudirá ahora a la jurisdicción contencioso-administrativa dentro del plazo legal de dos meses con el objetivo de defender su posición en este procedimiento. Con este acuerdo, el Ayuntamiento da cumplimiento al anuncio realizado este jueves durante el pleno municipal por el portavoz del Gobierno local, Ángel Orgaz, quien avanzó que el recurso ante la Audiencia Nacional se formalizaría “en las próximas semanas”.

La estrategia judicial del equipo de Gobierno municipal comenzó el pasado mes de mayo, cuando presentó un recurso de alzada —resuelto en sentido desfavorable— y anunció que acudiría a los tribunales si el Ejecutivo central mantenía la orden de retirada del monumento, como así ha sido.

Además, el pasado 3 de julio la Junta de Gobierno Local acordó personarse en el recurso contencioso-administrativo promovido por Vox, después de que la Audiencia Nacional admitiera a trámite la demanda presentada por esta formación política contra la resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

La defensa de la Cruz volvió este jueves a centrar el enfrentamiento político en el pleno municipal, donde PP y Vox escenificaron un frente común para mantener el monumento; mientras que PSOE y Unidas Podemos (UP) abandonaron la sesión al considerar que debatir una moción en favor de su permanencia suponía actuar en contra de la Ley de Memoria Democrática. Durante ese debate, el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, aseguró que el consistorio seguirá “peleando para que la Cruz se mantenga donde siempre ha estado”.

Por su parte, el portavoz municipal, Ángel Orgaz, calificó la actuación del Ministerio de “chapuza interesada” y defendió que el monumento “no tiene simbología franquista alguna” tras la modificación de su inscripción acordada por el pleno municipal hace décadas.

La plaza de América de Cáceres no es solo un punto de tránsito urbano; es un archivo de piedra donde la historia de España continúa reescribiéndose entre decretos, recursos judiciales y debates sobre la memoria democrática. La Cruz de los Caídos, el gran monolito que preside este espacio desde la Guerra Civil, ha vuelto a situarse en el centro de un intenso conflicto político, patrimonial y judicial que ha trascendido el ámbito municipal para llegar a la Audiencia Nacional.

La construcción de la Cruz de los Caídos de Cáceres no fue un hecho aislado, sino parte de una estrategia impulsada por el franquismo para apropiarse simbólicamente del espacio público desde los primeros compases de la Guerra Civil. Mucho antes de que el régimen levantara grandes complejos monumentales como el Valle de los Caídos, construido entre 1940 y 1958 mediante el trabajo forzado de miles de presos políticos, las ciudades comenzaron a llenarse de cruces, placas y monumentos destinados a legitimar la victoria militar y consolidar el nuevo poder.

En ese contexto, la cruz cacereña posee una relevancia histórica singular. Diversos estudios la sitúan como el primer monumento de estas características levantado en España con la iconografía propia del nuevo régimen franquista.

El Ayuntamiento de Cáceres autorizó oficialmente su construcción el 9 de septiembre de 1937, apenas un año después del golpe de Estado. La rapidez con la que se tramitó el proyecto respondía a las directrices de la denominada Comisión de Estilo en las Conmemoraciones de la Patria, organismo encargado de unificar la estética monumental del nuevo Estado mediante una arquitectura concebida como instrumento de propaganda política.

El borrado de la memoria republicana

Aquellas cruces no pretendían únicamente recordar a los fallecidos del bando sublevado. Su finalidad era mucho más amplia: convertir plazas, avenidas y edificios públicos en escenarios permanentes de legitimación del golpe militar y de la posterior dictadura, sacralizando la victoria franquista a través de símbolos visibles y duraderos.

La ubicación elegida tampoco fue casual. La cruz no se levantó en un espacio vacío, sino exactamente sobre el lugar que ocupaba la Fuente del Lápiz, conocida popularmente por los cacereños como La Palmatoria. Aquella fuente había sido construida en 1934, durante la Segunda República. Apenas tres años después fue demolida deliberadamente para levantar en su lugar el nuevo monumento franquista.

Desde el punto de vista urbanístico, la operación constituyó un ejemplo de sustitución simbólica del espacio público: un elemento civil, de uso cotidiano y asociado al periodo republicano desaparecía para dejar paso a un monumento de carácter político, religioso y triunfalista. La transformación del paisaje urbano pretendía hacer visible el cambio de régimen y borrar físicamente los símbolos del anterior orden democrático.

Exaltación del golpe de Estado

La cruz fue construida con mármol procedente de la Sierra de Alconera (Badajoz), con un coste de 28.041 pesetas, y respondía plenamente al lenguaje monumental del nacionalcatolicismo.

Su aspecto original estaba muy alejado del que presenta actualmente. Incorporaba águilas de San Juan, relieves del yugo y las flechas e inscripciones inequívocas de exaltación franquista. En uno de sus frentes podía leerse: '18 de julio de 1936. ¡Arriba España! Saludo a Franco' y, en el otro, 'A los hijos de esta ciudad que dieron su vida por España una, grande y libre'.

La inauguración oficial tuvo lugar el 10 de mayo de 1938 y constituyó uno de los mayores actos propagandísticos celebrados en Cáceres durante la guerra. La ciudad recibió la visita de Pilar Primo de Rivera, jefa nacional de la Sección Femenina de Falange, que permaneció varios días en la capital.

Las crónicas de la época describen un enorme despliegue propagandístico: más de 15.000 falangistas desfilaron ante el monumento portando alrededor de 300 banderas oficiales y, durante la ceremonia, se soltaron más de un millar de palomas blancas para representar la supuesta paz alcanzada bajo el nuevo orden.

Sin embargo, aquella escenografía ocultaba una realidad muy distinta. Mientras el régimen convertía la cruz en símbolo de victoria, la provincia vivía una intensa represión política contra quienes habían defendido la legalidad republicana. Entre las víctimas figuró Amado Viera Amores, alcalde socialista de Valencia de Alcántara, fusilado en 1936 junto a otras 48 personas y arrojado a un pozo minero. Para muchas familias represaliadas, la presencia cotidiana de la cruz en el centro de Cáceres simbolizaba precisamente el triunfo de quienes habían protagonizado el golpe militar y la posterior represión.

La Transición y la primera resignificación

Con la llegada de la democracia, el monumento volvió a convertirse en motivo de controversia. En 1984, el Ayuntamiento de Cáceres, gobernado por el socialista Juan Iglesias Marcelo, planteó retirar la simbología más claramente vinculada al franquismo. La propuesta encontró la oposición de Alianza Popular y finalmente se alcanzó una solución intermedia. Se eliminaron las referencias explícitas al general Franco, al 18 de julio y al yugo y las flechas; la inscripción original fue sustituida por otra más neutra —'La ciudad de Cáceres, en memoria de sus hijos muertos por la patria'— y se incorporó un escudo constitucional de España de bronce con el objetivo de adaptar el monumento al nuevo marco democrático.

Pese a esas modificaciones, las águilas talladas en la piedra permanecieron, un elemento que los informes de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática consideran suficiente para mantener su consideración de símbolo franquista.

La polémica actual tampoco surgió de forma repentina. En 2004, durante el mandato del alcalde popular José María Saponi, el pleno del Ayuntamiento aprobó una propuesta presentada por Izquierda Unida para remodelar íntegramente la plaza de América.

El acuerdo contemplaba expresamente la retirada de la cruz y su sustitución por un monumento dedicado a la paz. Sin embargo, aquella decisión nunca llegó a ejecutarse. Ni los posteriores gobiernos del Partido Popular ni los del Partido Socialista impulsaron el proyecto, que quedó archivado durante más de dos décadas pese a las reiteradas reclamaciones de colectivos memorialistas.

2026: Memoria democrática frente a patrimonio

La controversia resurgió con fuerza en abril de 2026, cuando la Secretaría de Estado de Memoria Democrática incluyó la Cruz de los Caídos en el catálogo estatal de símbolos contrarios a la memoria democrática e instó formalmente al Ayuntamiento a retirarla.

Los informes técnicos sostienen que, aunque durante la Transición desaparecieron algunos de los elementos más explícitos de exaltación franquista, el monumento mantiene suficientes vestigios de aquella simbología como para seguir constituyendo un elemento de homenaje a la dictadura.

Frente a esa interpretación, el Ayuntamiento de Cáceres ha decidido personarse en el recurso contencioso-administrativo junto a Vox. Su principal argumento es que el monumento ha sido resignificado con el paso del tiempo y que la mayoría de los cacereños ya no lo identifican como un símbolo franquista, sino como un elemento patrimonial, religioso o simplemente como un punto de referencia urbano. De hecho, se defienden expresiones como “quedamos en la Cruz” porque “siguen formando parte del lenguaje cotidiano de muchos vecinos para fijar un lugar de encuentro”, aunque en realidad no se sabe bien si es en la avenida de España, Antonio Hurtado, Gil Cordero o la avenida de Alemania.

Paralelamente, la Junta de Extremadura ha iniciado la recopilación de informes para estudiar la declaración del monumento como Bien de Interés Cultural (BIC), una medida que elevaría al máximo nivel su protección patrimonial y abriría un conflicto competencial con el Gobierno central.

La Audiencia Nacional toma las riendas

A finales de junio de 2026, la Audiencia Nacional admitió a trámite el recurso presentado contra la orden estatal de retirada. La decisión paraliza, al menos de forma cautelar, cualquier actuación hasta que exista una sentencia firme.

Mientras el Gobierno central defiende que la retirada responde al cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática —que contempla sanciones económicas para las administraciones que incumplan sus obligaciones—, quienes defienden la permanencia del monumento consideran que la admisión del recurso supone una victoria frente a lo que califican de “cruzfobia”.

Casi noventa años después de que sustituyera a una fuente republicana en el corazón de Cáceres, la Cruz de los Caídos continúa dividiendo a instituciones, partidos políticos y ciudadanía. Lo que fue un monumento levantado para glorificar un golpe de Estado y una dictadura, para algunos ha pasado a formar parte del paisaje urbano y del patrimonio histórico de la ciudad. Será ahora la Justicia quien determine si esas cuatro grandes piedras siguen siendo memoria, patrimonio o ambas cosas al mismo tiempo.

La Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado a un total de 76 años de prisión a tres integrantes de la familia propietaria del Gran Circo África al considerar acreditado que sometieron durante años a una familia de trabajadores a un régimen continuado de “violencia, humillaciones, explotación laboral y agresiones sexuales a los menores”. La sentencia absuelve a una cuarta acusada y descarta finalmente los delitos de trata de seres humanos.

Los magistrados sitúan los hechos entre 2020 y 2024, periodo durante el que las víctimas, un matrimonio y sus dos hijos menores, convivieron con los acusados mientras el circo recorría distintas localidades españolas.

La investigación se inició después de que la mujer lograra escapar y, días más tarde, también huyera su marido para denunciar los hechos ante la Guardia Civil, cuando el circo se encontraba en la provincia de Cáceres. A partir de esa denuncia, la Guardia Civil puso en marcha el operativo, liberó a los menores y se iniciaron las diligencias judiciales.

La causa fue instruida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Trujillo, que posteriormente la remitió a la Audiencia Provincial de Cáceres para su enjuiciamiento.

La resolución considera probado que el matrimonio fue sometido de forma “reiterada a golpes, amenazas, insultos y actos vejatorios”, en un contexto de “absoluta dominación”. El tribunal afirma que las agresiones y humillaciones constituyeron un trato “degradante” y añade que algunos episodios alcanzaron una intensidad “calificable de torturador”, expresión empleada en la sentencia para describir la gravedad de la violencia ejercida sobre las víctimas.

Abusos y agresiones a los menores

Según los hechos declarados probados en la sentencia, recogida por EFE, también los dos hijos de la pareja fueron objeto de “agresiones físicas, amenazas y castigos”, además de verse obligados a realizar distintas tareas dentro del circo. La Audiencia concluye igualmente que dos de los condenados les impusieron “actos de naturaleza sexual”, algunos grabados con teléfonos móviles, y destaca que esos vídeos, incorporados a la causa, resultaron determinantes para corroborar los testimonios de las víctimas.

El fallo condena al propietario del circo y a uno de sus hijos por un delito contra los derechos de los trabajadores, al apreciar que aprovecharon la “extrema vulnerabilidad económica de la familia para imponerles unas condiciones laborales abusivas”.

Los tres acusados son además responsables de cuatro delitos contra la integridad moral, uno por cada miembro de la familia.A ello se suman varias condenas por agresiones sexuales a menores, una tentativa, y por elaboración de material pornográfico infantil, en función de la participación atribuida a cada procesado.

No obstante, la Sala absuelve a los acusados de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral y sexual que sostenía inicialmente la Fiscalía.

180.000 euros de indemnización

Los magistrados consideran acreditada la explotación y los malos tratos, pero entienden que durante el juicio no quedó demostrado, “con la certeza exigible” en el proceso penal, que las víctimas tuvieran completamente anulada su libertad de movimientos ni que existiera una finalidad de explotación sexual en la captación de los menores o un propósito de difusión o beneficio económico con las grabaciones.

La sentencia también absuelve a una cuarta persona procesada al apreciar dudas sobre su intervención en una de las grabaciones y concluir que el resto de imágenes que se le atribuían carecían de relevancia penal.

En materia de responsabilidad civil, los tres condenados deberán indemnizar conjunta y solidariamente a las cuatro víctimas con 180.000 euros: 50.000 euros para la madre, 30.000 para el padre y 50.000 euros para cada uno de los dos hijos.

Los informes médico-forenses incorporados al procedimiento reflejan que los dos menores precisan tratamiento psicológico por las secuelas derivadas de los hechos, mientras que la madre presenta importantes consecuencias emocionales que afectan a su vida cotidiana.

Además de las penas de prisión, la Audiencia impone distintas órdenes de alejamiento, prohibiciones de comunicación, periodos de libertad vigilada e inhabilitación para desarrollar actividades profesionales, docentes o de ocio que impliquen contacto habitual con menores

El debate de una moción presentada por Vox sobre la Cruz de los Caídos de la plaza de América provocó este jueves el abandono del salón de plenos por parte de los doce concejales y concejalas del Grupo Socialista y de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Cáceres.

La decisión se produjo después de que el alcalde, Rafael Mateos, rechazara la petición de ambos grupos para retirar la iniciativa del orden del día. Socialistas y Unidas Podemos argumentaron que el Ayuntamiento “no puede utilizar sus órganos de Gobierno para aprobar medidas contrarias a la ley”, en referencia a la Ley de Memoria Democrática.

La portavoz del Grupo Socialista, Belén Fernández, ha esgrimido que las instituciones democráticas tienen la obligación de velar por el cumplimiento de la legalidad“ sosteniendo que la propuesta debatida ”promueve abiertamente el incumplimiento de la Ley de Memoria Democrática“. A su juicio, ”no podemos normalizar ni ser partícipes de lo que resulta una perversión democrática y una grave degradación institucional“.

Fernández ha añadido que tanto el Ayuntamiento, gobernado por el PP, como Vox ya han recurrido por la vía judicial las decisiones adoptadas sobre este asunto y defendió que corresponde esperar a las resoluciones y acatarlas “por puro respeto democrático”.

Asimismo, el PSOE ha recordado que el pleno municipal aprobó por unanimidad en 2004, durante el mandato del entonces alcalde José María Saponi, un acuerdo para retirar el monolito y sustituirlo por un monumento a la paz. Los socialistas sostienen que la posición actual del Gobierno municipal contradice aquel acuerdo y supone un cambio respecto a la postura que Rafael Mateos defendía cuando era portavoz de la oposición.

Y es que la moción presentada por Vox proponía que el Ayuntamiento manifestara su compromiso con la permanencia de la Cruz de la plaza de América en su ubicación actual, rechazara la aplicación de la Ley de Memoria Democrática para su retirada, instara al Gobierno de España a modificar esa norma y solicitara a la Junta de Extremadura medidas para garantizar su protección patrimonial, además de impulsar actuaciones de conservación y mantenimiento del monumento.

Para Consuelo López, portavoz de la coalición morada, resulta “incomprensible que Rafael Mateos, regidor de esta ciudad, defienda con tanto empeño un símbolo que representa a quienes acabaron con la vida de un alcalde democrático de Cáceres, Antonio Canales. Del mismo modo, cuesta entender que reivindique un elemento sin valor artístico ni arquitectónico mientras impulsa la desaparición del último bulevar de la ciudad, auténtico patrimonio cacereño”.

A su juicio, el problema de fondo es otro: “Mientras miles de jóvenes y familias encuentran cada vez más dificultades para acceder a una vivienda digna y destinan una parte desproporcionada de sus ingresos al alquiler, el Gobierno municipal sigue poniendo el foco en la defensa de un símbolo franquista en lugar de dedicar todos sus esfuerzos a impulsar medidas que faciliten el acceso a la vivienda. Esa diferencia de prioridades revela una forma de gobernar alejada de las preocupaciones reales de la ciudadanía”. López ha añadido que “el equipo de Gobierno parece haber convertido el incumplimiento de las leyes en su modus operandi, como demuestran la Ley de Memoria Democrática y la Ley de Vivienda”.

Desde AMECECA, colectivo ciudadano presente también en el salón de Plenos y que lleva más de 30 años trabajando para restaurar la dignidad y la memoria de las víctimas republicanas de la Guerra Civil y la posguerra en la ciudad, se insiste en que “sigue sorprendiendo la posición del alcalde al afirmar que no hay vecinos de Cáceres que quieran retirar la cruz de los caídos”. Para la organización, el abandono de la sesión plenaria por parte de los grupos municipales del PSOE y Unidas Podemos “refleja con claridad la posición favorable de muchos cacereños a retirar este monumento franquista del espacio público”. Recuerdan, además, que “estos grupos representan prácticamente la mitad de la ciudadanía en el consistorio”.

Por ello, concluye AMECECA, “queda nuevamente en evidencia que el alcalde faltó a la verdad cuando aseguró que no conocía a ningún cacereño partidario de retirar la cruz y que todo respondía a una imposición de Madrid”.

Así pues, la moción de Vox para blindar patrimonialmente la Cruz de los Caídos de la plaza de América ha sido aprobada con el apoyo del PP y la ausencia deliberada de PSOE y Unidas Podemos, lo que permitió al alcalde, Rafael Mateos, afirmar que salió “por unanimidad”.

Los trabajos para localizar y exhumar los restos de 15 víctimas de la represión franquista han comenzado en el cementerio municipal de Conquista de la Sierra (Cáceres), en una intervención promovida por la Diputación Provincial que responde, principalmente, a la petición de la familia del poeta Manuel Gómez Sánchez, fusilado en agosto de 1936 junto a otras 14 personas.

La actuación, encomendada a la Sociedad de Ciencias Aranzadi y financiada por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, forma parte del convenio suscrito el pasado mes de mayo entre la Diputación de Cáceres, Aranzadi y la Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres (AMECECA), que también contempla una intervención en el cementerio de la capital cacereña prevista para el próximo mes de septiembre.

Según ha informado la Diputación de Cáceres, los testimonios orales recopilados en colaboración con la asociación cultural local Las Tejoneras sitúan la fosa en las proximidades del muro del cementerio municipal, donde esta semana han comenzado las labores de localización mediante una intervención arqueológica y antropológica.

Los trabajos se desarrollarán en dos fases. La primera consistirá en la búsqueda de la fosa y la posible recuperación de los restos óseos, mientras que la segunda, prevista a partir de septiembre, incluirá el estudio antropológico forense y los análisis genéticos que permitan avanzar en la identificación de las víctimas.

La institución provincial ha destacado que se trata de la primera intervención de estas características que se lleva a cabo en Conquista de la Sierra, donde el equipo de Aranzadi confía en localizar la fosa y recuperar los restos de las 15 personas que, según la documentación y los testimonios recopilados, fueron fusiladas el 24 de agosto de 1936.

El proyecto se enmarca en las actuaciones impulsadas por el Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Cáceres para la localización, exhumación e identificación de víctimas de la represión franquista, con el objetivo de favorecer su identificación y atender las demandas de sus familiares

El Boletín Oficial de la Provincia ha publiado la cuarta convocatoria de ayudas de la Diputación Provincial para el fomento de comunidades energéticas locales participadas por municipios de la provincia de Cáceres y constituidas con el acompañamiento de la OTC Diputación de Cáceres. Esta línea de subvenciones aumenta su dotación hasta los 600.000 euros, 100.000 más que el año anterior, y están destinadas a proyectos promovidos en localidades de hasta 20.000 habitantes y por entidades locales menores.

En el marco de estas ayudas podrán financiarse proyectos de instalaciones solares fotovoltaicas para autoconsumo colectivo impulsados por comunidades energéticas ya constituidas o en proceso de creación por una cuantía máxima de 68.000 euros. Concretamente, serán subvencionables los gastos necesarios para ejecutar, legalizar y poner en marcha las instalaciones, así como la compra y montaje de equipos, materiales, sistemas de monitorización, cableado y estructuras. También podrán financiarse los trámites para la puesta en funcionamiento del autoconsumo colectivo, la adaptación de contratos eléctricos, la redacción de proyectos técnicos, la dirección de obra, las tasas administrativas y, cuando sea necesario, las actuaciones de refuerzo de la red eléctrica.

Quedan excluidos de estas ayudas los gastos ordinarios de consumo eléctrico, los impuestos recuperables, los proyectos que no cuenten con las autorizaciones o permisos exigidos y las instalaciones vinculadas a edificios que hayan recibido ayudas para autoconsumo en los cinco años anteriores.

Las solicitudes deberán presentarse de manera telemática a través de la sede electrónica de la Diputación de Cáceres en el plazo máximo de un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOP.

Madrigal de la Vera, situado al norte de la provincia de Cáceres, es uno de los municipios extremeños más vinculados al entorno de la Sierra de Gredos. Su localización en la vertiente sur del macizo explica la abundancia de gargantas, cursos de agua y zonas de baño que forman parte del día a día durante los meses más calurosos. Entre todos estos espacios destaca la Garganta de Alardos, un enclave natural que se ha convertido en uno de los principales atractivos del municipio.

Este curso de agua discurre entre roca granítica y vegetación de ribera antes de alcanzar la zona más transitada de Madrigal. A lo largo de su recorrido se forman distintos remansos y pozas que funcionan como piscinas naturales, con diferentes niveles de profundidad y varios accesos repartidos por el entorno. No es un recinto acondicionado ni una instalación cerrada, sino un espacio abierto en el que es el propio río el que define la forma del baño.

Además, la garganta tiene un papel territorial relevante. En este tramo actúa como frontera natural entre Extremadura y Castilla y León, en un área de transición entre la montaña y los pueblos de La Vera. Esta ubicación la convierte en un punto de referencia para quienes buscan refrescarse en el interior, especialmente en verano, cuando las altas temperaturas incrementan la afluencia a las charcas del municipio.

La imagen más característica del lugar se encuentra junto al puente de Alardos, también conocido como Puente Viejo. Esta estructura de piedra cruza la garganta y enmarca una de las zonas de baño más concurridas. Bajo sus arcos se concentra gran parte de la actividad en verano, aunque el interés del enclave no se limita a ese punto, ya que el cauce ofrece otros espacios cercanos para quienes prefieren moverse por la zona.

Varias pozas naturales en un mismo entorno

La Garganta de Alardos forma un conjunto de piscinas naturales a su paso por Madrigal de la Vera. El agua baja desde la Sierra de Gredos y avanza entre rocas, dando lugar a charcos de distintos tamaños que se utilizan como zonas de baño durante el verano. Esta configuración permite que no todo dependa de un único punto, sino que se puedan encontrar distintos tramos según la profundidad, la cantidad de gente o la facilidad de acceso.

Entre las pozas más conocidas se encuentran Los Maquis, La Caldera, El Rubioso, La Paloma, El Negro, El Cardenillo y La Piscina o Puente Viejo. Cada una presenta características propias, por lo que es importante prestar atención al terreno. Las piedras, la corriente y los cambios de profundidad forman parte del entorno natural y obligan a actuar con precaución, sobre todo si se acude con menores o en días de mayor afluencia.

La zona situada bajo el puente es la que suele concentrar a más bañistas. En uno de sus laterales hay una pequeña estructura de hormigón que actúa como presa y ayuda a retener el agua en ese tramo. Esta intervención, junto con la amplitud del charco y la presencia del puente, ha hecho que este punto sea el más identificado con la piscina natural de Madrigal.

El atractivo del baño se debe también a la temperatura del agua. Al proceder de la sierra, se mantiene fresca incluso en los días de más calor, lo que refuerza su uso como refugio estival. A esto se suma el entorno, rodeado de paredes rocosas y vegetación, que lo diferencia de otras zonas de baño más urbanizadas.

El puente y el entorno de La Vera

El puente de Alardos es uno de los elementos que mejor definen el paraje. La construcción cuenta con un gran arco de medio punto, una anchura aproximada de tres metros y un único ojo visible sobre la garganta. Además de permitir el paso sobre el cauce, se ha convertido en la referencia visual del lugar y en uno de los puntos más reconocibles de Madrigal de la Vera.

La presencia de esta estructura añade un componente patrimonial a la visita. La piscina natural situada a sus pies no solo sirve como zona de baño, sino también como punto desde el que observar el paisaje de la comarca. Desde allí se aprecia la combinación de agua, roca y vegetación que caracteriza a muchos rincones de La Vera, una zona del norte de Cáceres marcada por las gargantas que descienden desde Gredos.

El entorno permite además completar la jornada con un paseo por Madrigal de la Vera y sus alrededores. La localidad conserva elementos de la arquitectura tradicional de la comarca y forma parte de una zona donde el turismo de naturaleza tiene un peso importante durante el verano. En este contexto, Alardos destaca como uno de los espacios más visitados, tanto por su fácil acceso como por la variedad de zonas de baño que ofrece.

En cualquier caso, la visita requiere respetar el carácter natural del lugar. Durante la temporada alta la afluencia puede ser elevada, especialmente en la zona del puente, por lo que es importante actuar con cuidado y evitar conductas que puedan alterar el cauce o ensuciar el entorno. La Garganta de Alardos mantiene su atractivo precisamente por la combinación de agua limpia, paisaje de sierra y un uso responsable de un espacio compartido.

De este modo, la piscina natural de Madrigal de la Vera se ha consolidado como uno de los principales puntos de baño del norte de Cáceres. Sus pozas, el puente que cruza la garganta y la cercanía de la Sierra de Gredos explican que este enclave sea una opción habitual para quienes buscan alternativas de interior durante los meses más calurosos.

Al mismo tiempo que Felisa hacía la mudanza, convertía aquel traslado en una verdadera declaración de resistencia. Tras su último ingreso hospitalario en Cáceres, decidió que el final de su vida no podía desarrollarse lejos de su origen. Eligió regresar a la casa donde nació, al lugar donde aprendió lo que significaba una familia y donde, con los años, disfrutó en pequeñas dosis de la suya propia. Este regreso no ha sido por simple nostalgia, sino con la convicción de que si le quedaba un capítulo por vivir, quería hacerlo allí donde todo empezó; en su pueblo, en Torrejoncillo.

Su rutina en el pueblo cacereño está lejos de la soledad que tantos temen en la vejez. Su día a día es una coreografía de cuidados y afecto. El servicio de enfermería a domicilio del centro de salud de Torrejoncillo mantiene a raya su salud, combinando la medicina moderna con la cercanía de quienes conocen su nombre y su historia.

En casa, Margarita —su cuidadora interna, colombiana— es mucho más que apoyo doméstico ya que además de compañía, es su confidente y amiga. Y los fines de semana, cuando ella descansa, otra Margarita, también de Colombia y con la misma calidez y profesionalidad, toma el relevo. Una coincidencia que parece confirmar que el destino de Felisa está sostenido por manos generosas y corazones abiertos. “Son una maravilla mis dos Margaritas, limpias, trabajadoras, ordenadas y me quieren mucho. Sin ellas, todo esto no sería posible”.

Una puerta siempre abierta

La casa de Felisa es un enclave de puertas que se abren y se cierran, una rareza en tiempos de recelo. El tránsito es constante: primas, sobrinos, hijos, sus parejas, nietos y nieta… todos confluyen en ese espacio que se ha convertido en el epicentro de la familia. A Felisa le encanta esa vitalidad. Conserva una inteligencia rápida, una ironía fina y un humor templado por años de sacrificios y apreturas.

Rodeada de sus recuerdos —la foto de su madre riendo en el patio, los objetos de su hija fallecida, los recuerdos de sus hijos ya adultos— se siente plena. “Es muy emocionante verla feliz, descansando en su sillón entre sus recuerdos. Ha recuperado la libertad de no tener que llamar para ser visitada; cualquiera entra, saluda y se sienta a compartir un rato, un café o simplemente la compañía”, se comenta en casa.

El entramado social que la rodea hace posible este pequeño milagro. Personas de la iglesia le llevan la comunión; el cura del pueblo, cuando su agenda lo permite, se desvía de su camino al asilo para charlar con ella; uno de los “manitas” del pueblo le arregla una cortina o una lámpara con la misma diligencia que si fuera su propia madre.

Las vecinas, sin ser familia directa, actúan como tal. Las primas ejercen como tales. Además no dejan de llegar regalos de la huerta: calabacines, tomates, frutas… pequeñas ofrendas que son, en realidad, recordatorios de afecto comunitario. “En el mundo rural, una no desaparece: nos recordamos, nos atendemos, nos cuidamos”. “Incluso el señor del bar de al lado, Pedro me trae una caja entera de botellines de cerveza para cuando tengo muchas visitas”, ríe Felisa.

El destino que firmaríamos

Felisa es plenamente consciente de su situación. Sabe que su cuerpo acusa el desgaste de los años —las curas, el oxígeno a ratos, la insulina que se administra con destreza y que controla su hija Teresa desde una aplicación móvil, — pero insiste en que es feliz. Tiene “por fin” recursos suficientes, el cariño de los suyos y la paz de estar en su lugar en el mundo. No quiere ni oír hablar de una residencia: entiende que para algunas personas es la única vía, pero para ella, su casa es su templo, su vida. Y va a hacer todo lo posible para mantenerse en ella. “No sabemos cómo va a ser el futuro, pero desde luego yo ya he preparado toda la logística para que mi futuro sea en mi casita”.

Verla así, gestionando su salud desde el móvil mientras recibe visitas, compartiendo ironías y disfrutando de la luz que entra por su patio, es un regalo de vida. Felisa demuestra que el mayor éxito de una vida de trabajo y dificultades es llegar a la meta con la libertad de elegir dónde cerrar los ojos cada noche, rodeada de la historia que ella misma construyó.

Lo que ocurre en la casa de Felisa puede parecer una historia sin brillo para grandes titulares, pero es casi un milagro en un tiempo que ya no facilita milagros. En un país donde la vejez suele vivirse entre ausencias, burocracias y residencias saturadas, ella ha logrado algo excepcional: envejecer acompañada, en su casa, en su pueblo, sostenida por una red humana que aún resiste. Lo sencillo —una puerta abierta, un qué tal estás hoy, un calabacín de la huerta— pertenece ya a un mundo que cada vez cuesta más imaginar.

Pero su historia guarda otra dimensión: Felisa es una de esas personas que regresan a la España vaciada cuando ya parecía que no quedaba nada a lo que volver. Y ese regreso solo es posible porque dos mujeres inmigrantes —dos cuidadoras que han hecho del pueblo su hogar— sostienen la vida cotidiana con una dedicación que desmiente el tópico de que el medio rural es impermeable a la diversidad. Ellas no solo cuidan; también fijan población, mantienen vivo un oficio imprescindible y encarnan la mezcla que permite que un municipio siga siendo un lugar habitable.

En esa casa, en esa rutina compartida, se cruzan dos movimientos que rara vez aparecen juntos en los discursos oficiales: el retorno de una mujer mayor a su pueblo y la llegada de nuevas vecinas que encuentran en la Extremadura rural una oportunidad de vida. Es ahí donde la historia de Felisa deja de ser íntima para convertirse en política: demuestra que la España vaciada quizás no se repuebla con grandes planes, sino con vínculos concretos, con cuidados, con la decisión de quedarse y de acompañar.

La gestión de los recursos de transporte sanitario aéreo en Extremadura ha generado una fuerte indignación entre profesionales del sector. La raíz del conflicto es la reciente redistribución de las aeronaves operadas por la empresa Avincis, que ha dejado a la base de Cáceres con un equipo incapaz de operar durante las horas de más calor, justo cuando la región registra temperaturas extremas.

La base de Cáceres contaba desde el pasado 29 de junio con un Leonardo AW109S Grand. Este modelo cuenta con mejores prestaciones de vuelo que el Agusta A109 (modelo más antiguo que utiliza habitualmente el servicio), estando especialmente preparado para mantener la operatividad durante los meses de verano. Esta aeronave permanecía en Cáceres pendiente de terminar los trámites administrativos para su puesta en marcha definitiva.

Sin embargo, el pasado viernes, el helicóptero con base en Don Benito sufrió una avería técnica. Ante esta emergencia, la respuesta fue inmediata: el Leonardo AW109S Grand que estaba en Cáceres fue trasladado a la base pacense para cubrir el hueco. Esta decisión dejó a Cáceres operando nuevamente con el Agusta A109, cuyas capacidades se ven notablemente condicionadas cuando aumentan las temperaturas ambientales.

Limitaciones de vuelo y ocho activaciones suspendidas

Los profesionales del transporte sanitario aéreo explican que el Agusta A109 presenta restricciones de rendimiento cuando se combinan temperaturas elevadas, altitud y peso operativo. Estas circunstancias reducen la capacidad de sustentación de la aeronave, obligando a limitar o suspender operaciones por motivos de seguridad.

Las consecuencias asistenciales han sido inmediatas. Según las fuentes consultadas por elDiario.es Extremadura, se han dejado de realizar ocho activaciones desde que se produjo el cambio. El pasado martes, el helicóptero de Cáceres quedó inoperativo a partir de las 14:00 horas precisamente por estas limitaciones derivadas del calor. De haber permanecido en la base el Leonardo AW109S Grand, la aeronave habría podido continuar prestando servicio con normalidad.

La parálisis del servicio ha afectado a emergencias críticas, entre ellas un SCACEST (síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST). Al no poder movilizar el helicóptero, el traslado desde Montánchez hasta el hospital tuvo que realizarse por vía terrestre, aumentando los tiempos de respuesta. Ese mismo día, otros dos códigos infarto requirieron una respuesta asistencial que también se vio comprometida.

Agravio comparativo

Miembros de la plantilla sanitaria de Cáceres denuncia un “agravio comparativo”. Los profesionales consideran incomprensible que la aeronave de mejores prestaciones permaneciera bloqueada en su base por cuestiones administrativas y que, en cuanto surgió un problema en Don Benito, fuera desplazada de forma inmediata. A su juicio, esta gestión ha priorizado la cobertura de una base a costa de reducir la capacidad de respuesta de la otra en plena ola de calor, el momento en que las limitaciones del modelo antiguo condicionan con mayor frecuencia la seguridad del transporte aéreo.

El SES, por su parte, confirma que el helicóptero de mayores prestaciones ha sido destinado temporalmente a Don Benito mientras se repara la aeronave averiada de esa base. En su respuesta a elDiario.es Extremadura, el organismo sostiene que ambas bases continúan operativas y que el servicio “se está prestando con normalidad”.

Sin embargo, no responde a las preguntas planteadas por este medio sobre las razones por las que esa aeronave no llegó a incorporarse previamente al servicio en Cáceres, pese a encontrarse ya en la base cacereña, ni aclara si durante estos días se han producido incidencias o cancelaciones de activaciones relacionadas con las limitaciones operativas derivadas de las altas temperaturas.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha dado un paso definitivo para blindar el valor histórico de uno de los epicentros de la represión del franquismo en Extremadura. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el inicio del procedimiento para declarar la antigua Prisión Provincial de Cáceres como Lugar de Memoria Democrática, al certificar que el emblemático complejo reúne “valores materiales, históricos, intangibles o simbólicos” de primer orden vinculados a la Guerra Civil y a la dictadura franquista.

La publicación de esta resolución implica de inmediato la anotación preventiva del edificio en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática. Esto supone, a efectos prácticos, la aplicación provisional de todo el régimen de protección integral contemplado en la ley estatal vigente, abriendo un periodo definitivo de tramitación de un máximo de 12 meses.

La historia de los muros de la prisión cacereña arrastra una profunda paradoja democrática. El penal comenzó a levantarse originalmente bajo el amparo de la Segunda República como un proyecto de modernización penitenciaria. Sin embargo, el estallido del golpe de Estado de julio de 1936 truncó por completo su naturaleza legal y el edificio pasó a ser un “importante centro de reclusión de opositores políticos, reales o supuestos, al nuevo Estado franquista en construcción”, según detalla textualmente el expediente ministerial.

De la represión en la Guerra Civil al horror del franquismo

Ante la falta de registros oficiales sistemáticos de la época, la documentación histórica rescatada revela que el hacinamiento y la violencia marcaron la rutina del recinto. Distintos expedientes penitenciarios cifran en unos 1.100 el número de personas recluidas solo en noviembre de 1937. Además, las investigaciones confirman que al menos 338 presos procedentes de las cárceles “vieja” y “nueva” de Cáceres fueron sacados de sus celdas para ser ejecutados antes de que concluyera la guerra en abril de 1939.

Entre las víctimas de la represión figura un nombre íntimamente ligado a la propia construcción del edificio: Antonio Canales González. Quien fuera alcalde de Cáceres e impulsor de la edificación del centro penitenciario durante el periodo republicano acabó siendo fusilado por las tropas franquistas el 25 de diciembre de 1937, en una ejecución masiva junto a otras 34 personas.

El uso de la cárcel de Cáceres como herramienta punitiva contra la disidencia no cesó con el fin de la contienda. El penal mantuvo su actividad durante toda la posguerra y reactivó su importancia política bien entrada la década de 1960. Durante esos años, las celdas llegaron a albergar a alrededor de 200 opositores activos al régimen dictatorial, en su inmensa mayoría militantes detenidos por su vinculación organizativa al Partido Comunista de España (PCE) y al sindicato Comisiones Obreras (CCOO).

Para la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática, el inmueble destaca por recoger “hechos de singular relevancia” vinculados directamente a “la lucha de la ciudadanía española por sus derechos y libertades”. Con esta declaración legal se busca, según el texto del acuerdo, “que el recuerdo de quienes fueron encarcelados en este lugar, o asesinados entre sus muros por su defensa de la libertad y la justicia, no se borre nunca de la historia”.

El Ministerio ha puntualizado que la declaración como Lugar de Memoria Democrática no interferirá ni alterará las actividades o el uso actual que se le da al edificio. No obstante, obligará por ley a incorporar medidas físicas e institucionales de identificación, señalización e investigación histórica. Las instalaciones contarán próximamente con placas, paneles informativos detallados y recursos audiovisuales destinados a explicar pedagógicamente a los visitantes el verdadero significado histórico del penal cacereño.

La Audiencia Provincial de Cáceres ha confirmado las condenas impuestas a tres vigilantes de seguridad por la agresión a un asistente durante el festival Extremúsika del año 2023 (celebrado en el recinto ferial de Cáceres) al desestimar los recursos de apelación presentados contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal.

La Sala ratifica la pena de dos años de prisión para el principal acusado por un delito de lesiones con instrumento peligroso, así como las multas de 450 euros impuestas a otros dos empleados de la empresa de seguridad por su participación en la agresión.

Los hechos se remontan a la madrugada del 15 de octubre de 2023, cuando el lanzamiento de varias bengalas por parte de asistentes al festival, celebrado en el recinto ferial de Cáceres, provocó un altercado que obligó a intervenir al personal de seguridad y generó el descontento de parte del público.

Según recoge la sentencia, en un momento de la intervención el principal acusado sujetó por la espalda a un asistente que se encontraba entre los presentes y, “sin que mediara justificación, le golpeó en la cabeza con la defensa extensible que portaba”. Tras caer al suelo, la víctima fue también “agredida por los otros dos vigilantes condenados”.

En su recurso, el principal acusado alegó vulneración del derecho a la presunción de inocencia al considerar “incorrecta” la valoración de la prueba realizada por el juzgado. Sin embargo, la Audiencia rechaza ese argumento y sostiene que las conclusiones alcanzadas en la sentencia recurrida son “totalmente razonables y lógicas”.

Los magistrados consideran que el recurso pretende sustituir la valoración efectuada por el órgano judicial por la interpretación interesada del recurrente, una estrategia de defensa que califican de “legítima”, pero “inadmisible en este caso”, dada la existencia de una prueba de cargo “sólida y correctamente valorada”.

La resolución añade que la prueba practicada durante el juicio desvirtúa plenamente la presunción de inocencia reconocida en el artículo 24.2 de la Constitución, por lo que confirma íntegramente las condenas impuestas en primera instancia.

Con este fallo, la Audiencia Provincial mantiene las penas impuestas a los tres vigilantes y da por acreditada la agresión ocurrida durante el festival, sin apreciar motivos para modificar la resolución recurrida.

El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha estrenado este viernes en Cáceres su nuevo Centro Operativo Regional (COR), en el que la Junta ha invertido más de 4 millones de euros y que cuenta con tecnología para realizar un seguimiento de los incendios forestales en tiempo real.

Las instalaciones centralizan la planificación, coordinación y seguimiento de todos los incendios forestales en la región durante las 24 horas del día y los 365 días del año.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha inaugurado el nuevo edificio, ubicado en el barrio de Aldea Moret. Guardiola ha asegurado que la infraestructura supone “un salto cualitativo al Plan Infoex” y sitúa a la región “a la vanguardia a nivel nacional” gracias a la incorporación de tecnología que permite monitorizar los incendios y realizar su seguimiento “en tiempo real”, facilitando la toma de decisiones durante las emergencias.

La presidenta ha explicado que el COR constituye “el epicentro de los incendios forestales” en Extremadura, ya que recibirá información de todos los fuegos que se declaren en la comunidad, “desde un conato hasta un gran incendio”. Además, ha agradecido el trabajo de los 92 profesionales que desarrollan su labor en estas instalaciones, a quienes ha trasladado su apoyo ante el inicio de las semanas de mayor riesgo.

Nuevas unidades de bomberos forestales

Guardiola ha aprovechado la inauguración para realizar un balance de la evolución del operativo desde el inicio de la legislatura y ha defendido que el Gobierno autonómico está construyendo “un nuevo Infoex”. En este sentido, ha señalado que el dispositivo cuenta actualmente con 138 bomberos forestales más durante todo el año, después de equiparar las plantillas destinadas a labores de prevención y extinción.

Asimismo, ha destacado el incremento de medios materiales del operativo, con la incorporación de dos nuevos aviones anfibios desde 2023, hasta alcanzar cuatro aeronaves de este tipo, además de seis coordinadores de zona más y 92 vehículos adicionales para reforzar la capacidad de respuesta frente a los incendios forestales.

En materia de organización, Guardiola ha recordado la aprobación del nuevo Plan de Ordenación de Recursos Humanos, consensuado con las organizaciones sindicales, que contempla la creación de 85 nuevas plazas de bomberos forestales entre este año y el próximo. Esto permitirá que Cáceres, Plasencia y Don Benito dispongan de dos unidades de bomberos forestales, mientras que Coria, Zafra y Trujillo contarán por primera vez con una unidad permanente.

La presidenta también ha resaltado la firma de protocolos de actuación conjunta con Castilla-La Mancha y Castilla y León para facilitar la intervención de los dispositivos de extinción en una franja de 5 kilómetros a ambos lados de los límites autonómicos, eliminando trámites administrativos que, según ha señalado, retrasaban la respuesta ante las emergencias.

Respecto a la prevención, Guardiola ha recordado que Extremadura cuenta ya con su primer Plan Forestal, dotado con 364 millones de euros, de los que más de 200 millones se destinan a actuaciones preventivas. Y que en 2025 la Junta destinó 111 millones de euros a prevención de incendios; una cifra que supone “41 millones más” que en ejercicios anteriores y representa “un 60% más” de inversión.

Un centro operativo las 24 horas

Por su parte, el jefe del Servicio del Plan Infoex, David Jorge, ha explicado que el nuevo COR sustituye a unas instalaciones construidas en la década de los ochenta que habían quedado “obsoletas” y que ya no respondían “ni al espacio ni a las necesidades que la lucha contra incendios requiere en estos momentos”.

El nuevo edificio dispone de casi 2.000 metros cuadrados distribuidos en dos plantas dentro de una parcela de más de 14.000 metros cuadrados. Jorge ha puntualizado que el inmueble alberga una sala de gestión de incendios dotada de “la última tecnología”, que permanecerá operativa “las 24 horas al día, los 365 días al año”, así como una sala de crisis desde la que se constituirá el mando regional cuando la simultaneidad de incendios así lo requiera.

“Este va a ser el lugar de referencia, el lugar donde se reciba y analice toda la información necesaria relacionada con cada uno de los incendios que se produzcan en esta región”., ha dicho.

El responsable del Infoex ha añadido que desde este centro “el mando directivo tomará todas las decisiones necesarias para dar una respuesta rápida, segura y, sobre todo, eficaz”, al tiempo que ha agradecido el compromiso de los trabajadores del operativo y el apoyo del Ejecutivo autonómico para hacer realidad unas instalaciones que ha considerado “tan necesarias” para el servicio.

Durante el acto, el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha destacado la colaboración entre el Ayuntamiento y la Junta de Extremadura para hacer posible el proyecto, que ha incluido la construcción de un nuevo vial de acceso al complejo mediante un convenio entre ambas administraciones y una inversión superior a los 500.000 euros.

La película 'Día de caza', dirigida por Pedro Aguilera y producida por Gonita Films con el respaldo de la Junta, llega este viernes a las salas comerciales de toda España, una comedia dramática rodada mayoritariamente en la región que está protagonizada por Carmen Machi, Rossy de Palma y Blanca Portillo, acompañadas por Zoé Arnao.

El filme ofrece una revisión contemporánea y en clave femenina de 'La caza', la obra maestra de Carlos Saura. La historia sigue a Blanca, Rosa y Carmen, tres amigas de mediana edad que, tras mucho tiempo sin reunirse, deciden pasar una jornada cazando conejos en una finca heredada por una de ellas, acompañadas por Diana, la joven y reservada sobrina de Rosa, según detalla la Junta en nota de prensa.

Este reencuentro, que comienza entre risas y confidencias, deriva poco a poco en un intenso enfrentamiento marcado por el calor, los recuerdos del pasado y las tensiones personales, convirtiéndose en un retrato de las relaciones humanas, los conflictos generacionales y las heridas que permanecen abiertas con el paso del tiempo.

El largometraje ha contado con el apoyo de la Junta de Extremadura, a través de la convocatoria de ayudas a la producción de largometrajes de 2023, con una aportación de 250.000 euros.

Según la Junta, esto reafirma el compromiso de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes con el impulso de la industria audiovisual y la consolidación de Extremadura como un territorio de referencia para el desarrollo de producciones cinematográficas. Además de este apoyo económico, 'Día de caza' mantiene una estrecha vinculación con Extremadura al haber desarrollado aproximadamente el 90% de su rodaje en la región, utilizando localizaciones situadas en la provincia de Cáceres.

La elección de estos escenarios pone de manifiesto el atractivo del patrimonio histórico, natural y paisajístico extremeño para la producción cinematográfica, así como la capacidad de la comunidad autónoma para acoger rodajes de primer nivel.

La participación de la Junta en este proyecto se encuadra en su estrategia de apoyo continuado al sector audiovisual, que en los últimos años ha favorecido la llegada de producciones nacionales e internacionales, la creación de empleo especializado y la proyección de Extremadura como un territorio cada vez más atractivo para la industria cinematográfica.

La Filmoteca de Extremadura, con el objetivo de acercar esta producción al público extremeño, tiene previsto incluir 'Día de caza' en su programación al comienzo de la nueva temporada, a partir del próximo mes de septiembre.

La película podrá verse en las cuatro sedes estables de la Filmoteca, reforzando así su compromiso con la difusión del mejor cine contemporáneo y con la exhibición de aquellas obras que cuentan con la participación y el apoyo de la Junta de Extremadura.

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por Vox contra la resolución del Gobierno central que acordó incluir la Cruz de los Caídos de Cáceres en el Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática y ordenó su retirada del espacio público.

En rueda de prensa, el portavoz del Grupo Municipal Vox, Eduardo Gutiérrez, ha informado este miércoles de que el recurso fue presentado el pasado 17 de junio y admitido a trámite dos días después por la Audiencia Nacional, una vez agotada la vía administrativa tras la desestimación del recurso de alzada interpuesto contra la resolución estatal, que daba tres meses para retirar el monumento.

Gutiérrez ha recalcado que su partido mantiene una estrategia de actuación “constante” en defensa de la permanencia del monumento desde 2020, con iniciativas parlamentarias, recursos administrativos y acciones judiciales encaminadas a evitar su retirada.

Según ha recordado, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática acordó el pasado 17 de abril la inclusión de la Cruz de Cáceres en el catálogo de símbolos contrarios a la memoria democrática, una decisión que conlleva su retirada del espacio público.

El dirigente de Vox ha explicado que el recurso sostiene, entre otros argumentos, que la resolución vulnera la protección del patrimonio histórico, afecta a la autonomía municipal y no tiene en cuenta el valor cultural, urbano e histórico que, a juicio de la formación, posee la Cruz de los Caídos para la ciudad.

Asimismo, ha recordado que el Ayuntamiento emitió el pasado febrero un informe desfavorable a la inclusión del monumento en el citado catálogo, posición que Vox considera un “respaldo” a la permanencia del elemento en su ubicación actual.

Además de la vía judicial, Gutiérrez ha indicado que Vox ha impulsado distintas iniciativas institucionales, entre ellas una proposición no de ley registrada en el Congreso en 2020 y otra presentada este año, así como una propuesta de pronunciamiento registrada en la Asamblea de Extremadura para reclamar la paralización de la retirada.

El portavoz municipal ha reiterado que la cruz cacereña constituye un “elemento integrado” en el patrimonio histórico, cultural, urbano y religioso de Cáceres, por lo que rechaza que pueda ser considerada un símbolo de exaltación política o de enfrentamiento. 

Recurso de alzada de la Junta de Extremadura

Por su parte, la Junta de Extremadura ha presentado un recurso de reposición contra la retirada de la Cruz de los Caídos de Cáceres por entender que no incumple ninguna ley y, si lo desestiman acudirá al contencioso administrativo, según ha avanzado el consejero de Cultura, Laureano León.

El consejero ha rechazado el acto administrativo del Gobierno de España, cuya Secretaría de Estado de Memoria Democrática acordó el pasado 17 de abril la inclusión de la Cruz de Cáceres en el catálogo de símbolos contrarios a la memoria democrática, una decisión que conlleva su retirada del espacio público.

Por otro lado, la Junta sigue los trámites para el expediente de la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) del monumento, un proceso que “no es fácil ni rápido”, ha apuntado León.

Para el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, la petición de retirada es una “cortina de humo del Partido Socialista” para “tapar sus vergüenzas y desviar la atención y atacar al PP”. “Si se resuelve de forma desfavorable o si se desestima por silencio administrativo, acudiremos también a la vía judicial”, ha dicho Mateos sobre el otro recurso presentado por el consistorio.

A su juicio, la sociedad cacereña no ve ningún tipo de vestigio franquista en la Cruz de los Caídos, un símbolo que se “resignificó” en su día. 

La jefa de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Cáceres, Nuria Gómez Carmona, ha recibido este martes el Distintivo al Mérito al Servicio Público en el Territorio, una distinción concedida por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en reconocimiento a su trayectoria profesional y a su labor al servicio de la ciudadanía.

El galardón ha sido entregado en un acto celebrado en Santiago de Compostela, presidido por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en el que se ha reconocido a diez empleadas y empleados públicos de diferentes puntos de España por su dedicación y excelencia en el desempeño de sus funciones. En el acto ha estado acompañada por el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana Álvarez.

Quintana ha destacado que el trabajo desarrollado por Gómez Carmona “ha trascendido el ámbito administrativo para convertirse en un referente en la prevención, la sensibilización y la lucha contra la violencia de género, siempre desde la cercanía, el rigor y la vocación de servicio a la ciudadanía”.

Cuarenta años de experiencia

Diplomada en Trabajo Social y graduada en Antropología Social y Cultural por la Universidad de Extremadura, Nuria Gómez acumula más de cuarenta años de experiencia profesional en la provincia de Cáceres. A lo largo de su carrera ha desempeñado distintas responsabilidades en diversas administraciones públicas, especialmente en los ámbitos de la atención social, la igualdad y la protección de las personas más vulnerables.

Desde la creación de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Cáceres, hace ya 19 años, dirige este servicio, desde el que coordina la respuesta institucional frente a la violencia de género en la provincia y promueve la colaboración entre las distintas administraciones y organismos implicados en la protección de las víctimas.

Su labor también ha estado centrada en el impulso de las políticas públicas de protección integral frente a la violencia de género y en la formación de profesionales de distintos ámbitos. De forma paralela, ha desarrollado una intensa actividad de prevención y sensibilización en centros educativos de la provincia, fomentando entre adolescentes y jóvenes los valores de igualdad, respeto y rechazo a cualquier manifestación de violencia contra las mujeres.

Este reconocimiento se suma a otras distinciones recibidas a lo largo de su trayectoria profesional, entre ellas el Premio 25N del Ayuntamiento de Cáceres, la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco, además de otros galardones concedidos por la ciudad de Plasencia y la Mancomunidad Tajo-Salor por su compromiso en la lucha contra la violencia machista y la defensa de la igualdad.